---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 445 diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 14:24 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le da dispensa a la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Viernes 29 de septiembre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 241 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria en la Plaza de la Ciudadela, situada en avenida Balderas esquina Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

De ciudadano diputado.

Del secretario de Marina, almirante Marco Antonio Peyrot González.

Iniciativa del Congreso de Nuevo León

Que deroga el artículo 42-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se establecen el calendario y las bases para el desarrollo de las comparecencias ante el Pleno de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada. (Votación)

Por el que se integran las comisiones ordinarias de la LX Legislatura. (Votación)

De la Cámara de Senadores

En el que transcribe acuerdo para crear una comisión bicamaral en materia de seguridad nacional. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto, que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala. (Dispensa de todos los trámites)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Concepción Ojeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

De Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como lo establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue y determine la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrito por las diputadas Claudia Cruz Santiago y Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el secretario de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca expliquen su negativa a otorgar recursos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca, y entreguen un informe de la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 para los servicios educativos de dicha entidad, suscrito por los diputados Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez, Othón Cuevas Córdova, Joaquín de los Santos Molina y Daisy Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los miembros de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como a su vicepresidente, a cumplir las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y se sujeten a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y autoridades administrativas del estado de Chiapas a no interferir en las funciones legislativas, así como para abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales de dicha entidad, suscrito por diputados del estado de Chiapas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a las compras realizadas por turistas extranjeros, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Osiel Castro de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Celso David Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión de investigación de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo y de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para instaurar un código de ética para diputados federales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca para que realicen las reasignaciones presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación en dicha entidad, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados la celebración del día internacional de las personas con discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo para que instruya a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Sagarpa, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la región cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que los titulares de la Secretaría de Salud, de la Semarnat y de la Sagarpa informen sobre las acciones que se han emprendido hasta el momento para evitar la entrada en nuestro país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones vigentes del gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los valles de Cuatrociénegas y Hundido y las sierras La Fragua y La Madera, se protejan, conserven y reparen los daños ambientales causados, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Yolanda Rodríguez Ramírez y Ricardo Cantú Garza, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de competitividad y desarrollo regional, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para llevar a cabo en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión una revisión a fondo de la operación del Fonden, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal coadyuve en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico y sea implantado un programa de reactivación del turismo en el DF, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las autoridades correspondientes se concluyan las reparaciones en la carretera Cuernavaca-Acapulco y se realicen los estudios técnicos para reducir el peaje en tanto no se concluya dicha reparación, a cargo del diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la Segob para que investiguen la intervención ilegal de comunicaciones privadas, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que recategorice el área natural protegida Parque Nacional Pico de Tancítaro, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para constituir una comisión plural de legisladores y exhortar al Ejecutivo federal a no utilizar la fuerza pública para solucionar el conflicto en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a evitar el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto y fortalecer el diálogo, la negociación y el uso de la política en dicha entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo de 2000 a 2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora cese sus ataques en contra del diario El Imparcial y sus editores, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que establezca mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que exhorta a dicho gobierno a poner en libertad a presos políticos cubanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se manifiesta en favor de la promoción oficial para lograr que el castillo de Chichén Itzá quede incluido entre las siete nuevas maravillas del mundo, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal suspenda sus actividades de promoción de los programas sociales federales en el proceso electoral de 2006 en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo sostenible de las zonas de sierra y de montaña, suscrita por los diputados María Oralia Vega Ortiz y Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la renovación de las dirigencias de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como de los despidos injustos de la sección 11 de dicho sindicato, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía coadyuve con las autoridades competentes del estado de Sinaloa para la solución del problema financiero de la universidad autónoma de dicho estado, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 sean considerados recursos suficientes para la reconstrucción de un tramo carretero en el estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Tijuana realicen las acciones necesarias que permitan la depuración de los elementos de la policía municipal, así como para implantar un programa de acción emergente tendente a abatir los altos índices de criminalidad en dicho municipio, a cargo del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado Dren de Tehuacán, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instale una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el país, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las responsabilidades y el origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, así como las condiciones laborales y de seguridad e higiene de los trabajadores mineros, antes y después de esos hechos, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, a la Profepa y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla que remitan a esta soberanía los estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxatépetl, a cargo del diputado Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la continuación de los festejos por el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, suscrita por los diputados Patricia Villanueva Abraján y Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados intervenga ante el Ejecutivo federal para que sean liberados y entregados a todos los productores agrícolas del país, los apoyos al ingreso objetivo a la competitividad y a la productividad agrícola que corresponden al ciclo otoño-invierno 2005-2006 y se convoque a la creación de una comisión especial que, en coordinación con el gobierno federal, dé seguimiento a su cumplimiento, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que forme una comisión intersecretarial con objeto de reestructurar los precios al consumidor del gas natural, del gas licuado y de las gasolinas, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de ganadería, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Estado que intervienen en los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de Pemex-Refinación analicen y revaloren la demanda de juicio de amparo, que dicho organismo interpuso contra diversos artículos de la recientemente publicada Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación, y de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Salud, a solicitud del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Agenda política

Comentarios sobre el Ejército Mexicano, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiséis de septiembre de dos mil seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con veintisiete minutos del martes veintiséis de septiembre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y de la misma manera la aprueba.

El diputado Eduardo Ortiz Hernández, remite comunicación por la que informa que opta por el cargo de diputado federal electo a la Sexagésima Legislatura. De enterado, archívese en su expediente.

Cuatro oficios de la Asamblea Legislativa con los que informa de:

La apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Cuarta Legislatura. De enterado.

La declaración de la Instalación Legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Cuarta Legislatura. De enterado.

La integración de la Comisión de Gobernación y de su Mesa Directiva. De enterado.

La toma de protesta a los diputados electos por principio de mayoría relativa y a los diputados electos según el principio de representación proporcional, así también informa la integración de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos correspondientes al mes de septiembre del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio de la Cuarta Legislatura. De enterado.

Oficios de los Congresos de los estados de:

México, con el que informa la conformación de la Junta de Coordinación Política. De enterado.

Michoacán, con el que informa la integración de la Mesa Directiva de la Septuagésima Legislatura, del Congreso del estado de Michoacán, para el periodo del quince de septiembre de dos mil seis al catorce de enero de dos mil siete. De enterado.

La Secretaría da lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación. En votación económica la Asamblea lo aprueba.

A las doce horas con cinco minutos, el Presidente instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de cuatrocientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

La Secretaría da lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece los Lineamientos para Acreditar las Asistencias de las diputadas y diputados a las Sesiones Plenarias, así como para la justificación de las inasistencias. Desde su curul el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones, de las que la Presidencia toma nota. En votación económica la asamblea lo aprueba.

La Presidencia, informa que se llevará a cabo el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en las materias de política económica y política social. En la primera ronda, se les otorga la palabra para el análisis en materia económica a los diputados: Aida Marina Arvizu Rivas, de Alternativa; Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

José Manuel del Río Vírgen, de Convergencia; Verónica Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y Gustavo Ramírez Villarreal, del Partido Acción Nacional. En la segunda ronda de oradores se les otorga la palabra a los diputados: Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, de Alternativa;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Adriana Díaz Contreras, del Partido de la Revolución Democrática y Felipe González Ruíz, del Partido Acción Nacional. En la tercera ronda de oradores se les concede la palabra a los diputados: Horacio Emigdio Garza Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Neftalí Garzón Contreras, del Partido de la Revolución Democrática y José Antonio Díaz García, del Partido Acción Nacional. Para rectificación de hechos, se les concede la palabra a los diputados de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, alternadamente: Faustino Soto Ramos; Ricardo Rodríguez Jiménez; José Antonio Almazán González; Lorenzo Daniel Ludlow Kuri; Alberto Amaro Corona; María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero; Jesús Evodio Velásquez Aguirre; Carlos Armando Reyes López; Antonio Soto Sánchez y Andrés Bermúdez Viramontes. Desde sus respectivas curules el diputado José Luis Aguilera Rico, de Convergencia realiza una observación con respecto al orden de la lista de oradores y el Presidente hace aclaraciones; y el diputado Sergio Hernández Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de orden, que la Presidencia atiende. Continúan con la rectificación de hechos los diputados: Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, de Convergencia; Adriana Dávila Fernández, del Partido Acción Nacional; José Luis Aguilera Rico, de Convergencia; José Víctor Sánchez Trujillo, del Partido Acción Nacional; Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Partido Acción Nacional; Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta dos interpelaciones del diputado Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional; finaliza el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Partido de la Revolución Democrática. Para el análisis en materia de política social, en la primera ronda, se le concede la palabra a la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Desde su curul el diputado Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, solicita la verificación del quórum y la Presidencia, solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia, para tal efecto. Continúa con el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza. La Secretaría informa del registro de cuatrocientos ocho diputados y diputadas, con lo que se confirma la existencia de quórum. Continúan con el análisis los diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo; Ramón Valdés Chávez, de Convergencia; Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México y María Oralia Vega Ortíz, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Desde su curul, la diputada Layda Elena Sansores San Román, de Convergencia, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado. Desde su curul el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, hace comentarios sobre el quórum y la Presidencia hace las aclaraciones. Finalizan los diputados: Daniel Dehesa Mora, del Partido de la Revolución Democrática y

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del Partido Acción Nacional. Con el registro de trescientos noventa y cinco diputadas y diputados, se confirma la existencia de quórum. En la segunda ronda de oradores se les otorga la palabra a los diputados: Delio Hernández Valadés, de Alternativa; Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Juan Abad de Jesús, de Convergencia; Álan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Holly Matus Toledo, del Partido de la Revolución Democrática y María Gabriela González Martínez, del Partido Acción Nacional. En la tercera ronda de oradores, se les confiere la palabra a los diputados: Juana Leticia Herrera Ale, del Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática y

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Ector Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados César Horacio Duarte Jáquez y José Edmundo Ramírez Martínez, respectivamente, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Para rectificación de hechos se les otorga la palabra a los diputados: Marco Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática y Nabor Ochoa López, del Partido Acción Nacional. El diputado Marco Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática, contesta alusiones personales. Continúan, alternadamente, con la rectificación de hechos, los diputados de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional: Rosario Ignacia Ortiz Magallon; Alfonso Othón Bello Pérez; Víctor Varela López y Jesús Vicente Flores Morfín. Para alusiones personales se le otorga la palabra al diputado Varela López. Para rectificación de hechos, continúan alternadamente los diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional: Rafael Plácido Ramos Becerril; Esmeralda Cárdenas Sánchez; César Flores Maldonado; Laura Angélica Rojas Hernández; Othón Cuevas Córdova, quien acepta interpelación del diputado José Manuel Minjares Jiménez, del Partido Acción Nacional y el diputado Ernesto Ruíz Velasco de Lira. La asamblea considera en votación económica que el asunto se encuentra totalmente analizado. La Presidencia informa que la versión estenográfica de esta sesión se remitirá al Presidente de la República para su conocimiento, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las veinte horas con trece minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves veintiocho de septiembre de dos mil seis a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 241 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón el próximo 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria en Plaza de la Ciudadela, situada en avenida Balderas esquina Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Marilina Borona del Valle, directora del Museo de la Ciudad del México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: diputado Christian Martín Lujano Nicolás, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado Adrián Pedrozo Castillo.

DIPUTADO QUE OPTA POR CARGO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que, además de haber gestionado y obtenido mi licencia al cargo de diputado local del estado de Yucatán, lo que implica mi separación definitiva del cargo de elección antes señalado, le informo que a partir del 29 de agosto del año en curso opto y tomo la decisión expresa, formal y legal de asumir el cargo de diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Hago de su conocimiento lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de septiembre del 2006.--- Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Archívese en su expediente.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Marina.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Ciudad.

Agradeceré a usted de no existir inconveniente alguno, sea retirado mi oficio número A.1530 de fecha 28 de agosto pasado, mediante el cual solicito se me conceda el permiso para aceptar y portar la condecoración de la medalla de la conmemoración del sexagésimo aniversario de la Gran Victoria en la Segunda Guerra Mundial al ``Fortalecimiento de la Confraternidad Bélica'', el cual por error involuntario fue entregado en esa honorable Cámara de Diputados.

Lo anterior a fin de realizar el trámite de autorización correspondiente, de conformidad con el procedimiento establecido en la administración pública federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo con las seguridades de mi alta estima y especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de septiembre de 2006.--- Almirante Marco Antonio Peyrot González (rúbrica), secretario de Marina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como lo solicita el secretario de Marina, almirante Marco Antonio Peyrot González, se retira su solicitud. Comuníquese a la Comisión de Gobernación.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúa abierto el sistema electrónico de asistencia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.

Diputados Antonio Xavier López Adame, Jacinto Gómez Pasillas y María Eugenia Jiménez Valenzuela, secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión extraordinaria del día de hoy, la LXX Legislatura del honorable Congreso del estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se acordó presentar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, por derogación del artículo 42-A.

En virtud de lo anterior, acompañamos al presente copia del expediente número 3551, que contiene el acuerdo número 681, aprobado el día de hoy; el dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la iniciativa promovida por el grupo legislativo del Partido Acción Nacional para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente, agradeciéndoles nos hagan saber el turno dado a nuestra promoción.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviar1e un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 14 de septiembre de 2006.---Diputada Rosaura Gutiérrez Duarte (rúbrica), Secretaria; Diputado Héctor René González González (rúbrica), Secretario.»

«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.

Honorable asamblea:

Los suscritos, ciudadanos Rodolfo Moreno Rodríguez, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, en nuestro carácter de diputados a la LXX Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, e integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, en uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, acudimos a esta tribuna a proponer iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta por derogación del artículo 42-A, para que éste Congreso la haga suya y la remita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atento a lo que dispone la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La autoridad fiscal ha sido dotada por el legislador de facultades que le permiten verificar el debido cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, determinar contribuciones omitidas o para comprobar la comisión de delitos fiscales; facultades que se establecen actualmente en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Dichas facultades de comprobación se han ido ampliando en el transcurso del tiempo y, atendiendo al avance de la doctrina sobre el comportamiento de los contribuyentes o de los métodos y sistemas dirigidos a lograr la mayor disposición de éstos para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Desafortunadamente en ejercicio de estas facultades de comprobación, la autoridad fiscal puede llevar a cabo procedimientos contrarios no sólo a las propias disposiciones hacendarias, sino también en oposición a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que la Constitución consigna en favor de los gobernados.

Pero no sólo la autoridad fiscal es vulnerable a la ilegalidad en el desempeño de sus funciones, también el legislador puede incurrir en error al aprobar disposiciones que en sí resultan inconstitucionales, sin percatarse de ello, sino hasta el momento en que los Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso el propio Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa así lo han resuelto.

Es el caso del artículo 42-A del ordenamiento fiscal, que al efecto transgrede la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es cierto la aplicación de la norma tributaria corre a cargo de la autoridad fiscal, ésta procede al amparo de la disposición emanada del legislativo federal, que indebidamente la ha facultado para una acción que deriva en violación clara de una garantía constitucional, pues al solicitar --en términos del ordinal cuya derogación pretendemos-- informes o documentos con el objetivo único de planear y programar actos posteriores de fiscalización, atenta contra un derecho primordial del gobernado, ya que tal proceder de la administrativa no está encaminado directamente a comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

De tal manera lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis elevada a jurisprudencial que se transcribe bajo el siguiente rubro:

Fiscalización. La solicitud de información o documentación prevista por el artículo 42-A (vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho), del Código Fiscal de la Federación, para planear y programar los actos relativos, viola la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional.

La garantía de seguridad jurídica que se contiene en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal implica, en principio, que ningún gobernado puede ser molestado sino a través de un mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin embargo, el legislador no puede facultar a cualquier autoridad para emitir todo tipo de actos de molestia, sino que está obligado a hacerlo dentro de las facultades y límites que impone el marco jurídico al que debe sujetarse cada autoridad, en función de las obligaciones que correlativamente tienen los gobernados; de ahí que tratándose de las autoridades fiscales, el legislador sólo puede facultar a éstas para emitir los actos de molestia que, en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir para los gastos públicos, tiendan a verificar su cumplimiento, pues sólo en relación con ésta se justifican sus facultades e incluso su existencia.

En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el referido artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación, al facultar a las autoridades fiscales para solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, con el fin de planear y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo 48 del propio código y sin que tal solicitud signifique que las citadas autoridades estén iniciando el ejercicio de sus facultades de comprobación, viola la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque el citado artículo 42-A permite que el contribuyente sea molestado por las autoridades fiscales, sin que el acto de molestia guarde relación alguna con su obligación de contribuir a los gastos públicos.

Esto es, si las facultades de las autoridades fiscales sólo se justifican en función de la obligación constitucional de los gobernados de contribuir a los gastos públicos y si la solicitud de datos, informes o documentos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no está encaminada a verificar el cumplimiento de esa obligación, resulta inconcluso que el aludido artículo 42-A del código tributario es violatorio de la mencionada garantía de seguridad jurídica.

Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, septiembre de 2000; Pleno y Salas, página 25. Tesis: P. CLV/2000.

Efectivamente, al amparo de la tesis que antecede es dable insistir por la constitucionalidad que debe observar toda ley emanada del Legislativo. En el caso, siendo que el ordinal a que aludimos en la presente infringe el mandamiento constitucional de protección a la garantía de seguridad jurídica, es que solicitamos al Pleno de este Poder Legislativo que tenga a bien hacer suya esta propuesta, instando al Congreso de la Unión a procurar con la reforma que proponemos se eviten actos de molestia indebidos por parte de la autoridad fiscal sobre los gobernados.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la atenta consideración de esta honorable Asamblea aprobar el siguiente proyecto de decreto para que éste sea a su vez sea remitido al honorable Congreso de la Unión:

Decreto

Único.Se reforma por derogación del artículo 42-A la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 42-A. Derogado.

Atentamente.

Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005.--- El grupo legislativo del Partido Acción Nacional, diputados: Rodolfo Moreno Rodríguez (rúbrica), Arturo Becerra Valadez (rúbrica), Hiram Luis de León Rodríguez (rúbrica), Francisco Apolonio Gozález González (rúbrica), Hugo René Martínez Cantú (rúbrica), Marcos Mendoza Vázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Serafín Parra Casanova (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Zeferino Salgado Almaguer (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el calendario y las bases para el desarrollo de las comparecencias ante el Pleno de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso General asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país.

Segundo. Que el primer párrafo del artículo 93 constitucional prevé que los secretarios de despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos, pudiendo ser citados por cualquiera de las Cámaras.

Tercero. Que el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

Cuarto. Que, de acuerdo al artículo 33 de la LOCGEUM, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Quinto. Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la LOCGEUM, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno, proyectos de punto de acuerdo sobre asuntos que deban ser desahogados en ese órgano.

Sexto. Que para profundizar el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República y el diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a diversos funcionarios a los que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, así como proponer las bases conforme a las cuales se desahogarán las comparecencias.

Con base en los considerandos expuestos y con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o., 33 y 34 de la LOCGEUM, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo Federal ante el Pleno, en el marco de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el calendario y formato dispuesto en el presente acuerdo.

Segundo. Las comparecencias se celebraran conforme al siguiente calendario:

Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato:

I. Intervención por parte del funcionario compareciente, a efecto de que informe sobre el estado de su respectivo ramo, hasta por 10 minutos.

II. Una primera ronda de pregunta-respuesta-réplica.

Intervendrán los grupos parlamentarios en el siguiente orden:

GPPAN

GPPRD

GPPRI

GPPVEM

GPC

GPPT

GPNA

GPA

III. Una segunda ronda de pregunta-respuesta-réplica.

Intervendrán los grupos parlamentarios en el siguiente orden:

GPPAN

GPPRD

GPPRI

GPPVEM

GPC

GPPT

IV. Una tercera ronda de pregunta-respuesta-réplica.

Intervendrán los grupos parlamentarios en el siguiente orden:

GPPAN

GPPRD

GPPRI

GPNA

GPA

GPPAN

V. El desahogo de las intervenciones por grupo parlamentario en cada una de las rondas anteriores se dará de la siguiente manera:a) Cada grupo parlamentario participará hasta por 5 minutos para formular cada pregunta.

b) El funcionario compareciente contará hasta con 5 minutos para cada respuesta.

c) Cada réplica del grupo parlamentario podrá ser hasta por 2minutos.VI. Los Grupos Parlamentarios podrán designar a diferentes diputados para intervenir en los turnos que les correspondan.

Cuarto. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio.

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de septiembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala.

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para que pueda ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una Visita de Trabajo a la República de Guatemala.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 28 de septiembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 28 de septiembre de 2006.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Antes de continuar el trámite, pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 469 diputadas y diputados.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Proyecto de decreto. Artículo Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para que pueda ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre del 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala.

Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México Distrito Federal, a 28 de septiembre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo (desde la curul): A favor.

El diputado Iñigo Antonio Francisco Laviada Hernández (desde la curul): Iñigo Laviada, a favor.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (desde la curul): Violeta Lagunes, a favor.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Que siga de viaje el Presidente.

El diputado Venancio Luis Sánchez Jiménez(desde la curul): Sánchez Jiménez a favor.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): A favor

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Señor Presidente, se emitieron 410 votos en pro, 17 en contra y 23 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos. Aprobado el proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

COMISION BICAMARAL EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Primero.Que el Senado de la República y la Cámara de Diputados integren la Comisión Bicameral en materia de Seguridad Nacional y se dé así cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

Segundo.El Senado de la República se pronuncia en contra de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, que en materia de seguridad en México éste ha externado y exhorta respetuosamente al gobierno de Estados Unidos de América a seguir privilegiando los canales institucionales de cooperación en la lucha conjunta contra el crimen organizado.

Tercero.Ante la ola de violencia que se vive en el país, el Senado de la República demanda a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, redoblar esfuerzos en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia organizada en todo el país, entendiendo por supuesto que se trata de un delito de competencia federal haciendo un especial énfasis en la inseguridad que priva en el estado de Michoacán, sin soslayar los hechos delictivos en otros estados de la República. Al efecto se citen para que comparezcan ante esta soberanía al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.''

Atentamente

México, DF, a 28 de septiembre de 2006.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En el apartado de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene la palabra el diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús de León Tello:Con su permiso, señor Presidente. Por razones de economía parlamentaria solicito, señor Presidente, tenga a bien acordar que el texto de la iniciativa que hoy presento se tenga por reproducido íntegramente en el Diario de los Debates, ya que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Honorable Asamblea. En ejercicio de mi facultad legislativa presento una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctimas del delito.

Es de explorado derecho que la víctima u ofendido del delito, son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes materiales, las víctimas suelen ser víctimas de un orden jurídico y de una praxis ministerial, como judicial, que en lugar de facilitarles las cosas se las dificultan de tal manera y en forma sistemática a grado que resulta ineficaz el ejercicio en sus derechos fundamentales.

Los ofendidos no sólo sufren por el daño que les causa el delincuente sino que además tienen que defenderse contra la falta de protección jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas jurídicas en el contenido esencial de sus derechos fundamentales. Es así que los ofendidos padecen un calvario procesal. Se les niega las copias de su denuncia, no hay quien los asesore, les esconden el expediente, congelan la investigación que solicitan, no les reciben las pruebas que aportan, etcétera. El problema es que la ineficacia de los derechos a favor de las víctimas u ofendidos se debe en mucho a la imprecisión de las pretensiones que el orden jurídico debe de proteger.

Basta observar que en la práctica les niegan las copias del expediente, justamente porque la ley no señala en forma categórica que se les debe de entregar. No le procuran una asistencia profesional porque no tiene derecho a la asesoría pública, como sí se le reconoce al inculpado. Si la averiguación se paraliza por negligencia o mala fe del Ministerio Público, no puede pedir amparo porque sólo puede impugnar cuando se determina el no ejercicio de la acción penal, mas no cuando se archiva la averiguación o se omite practicar pruebas conducentes para preparar la acción penal. En fin, un largo etcétera le sucede a este protagonista del drama penal, que primero no tiene reconocidos sus derechos y que ahora que los tiene, paradójicamente son tan limitados que es más grande su frustración por su nula protección.

El Estado mexicano por tanto se debe preocupar por el más débil, como es la víctima del delito, pues la construcción de un sistema penal en el Estado social y democrático de derecho por el que pugnamos los mexicanos no sólo debe girar en torno a los derechos del inculpado sino también y sobre todo, en la garantía efectiva de los derechos que tienen las víctimas que se ven lastimadas por el delincuente.

Efectivamente, la legislación federal se ha preocupado poco por diseñar instituciones que tiendan a salvaguardar los derechos de la víctima. No hay una tradición garantista por profundizar en estos derechos. Es la primera parte de la injusticia, porque una lectura del principio de dignidad humana que reconoce nuestra Constitución es tratar a las personas como fines en sí mismos y no como instrumentos y obliga a sostener que la víctima u ofendido del delito debe ser, sin duda, más protegido por la ley. No obstante, el avance de los derechos províctima, es relativamente reciente. El texto original de la Constitución de 1917 no contiene ninguna referencia; nada más reconocía los derechos de los inculpados.

Por su parte, la legislación procesal penal de 1934 negó al ofendido desde un principio, la posibilidad de ser parte en el procedimiento penal. No fue sino hasta los años 80, cuando la legislación federal reconoce por primera vez y de manera más puntual un conjunto de derechos del ofendido dentro del proceso penal sin señalar de manera expresa el carácter de parte; se le otorgan por ley algunos derechos procesales que luego terminan por constitucionalizarse en el año de 1999.

Ese fue un momento importante, se estableció un catálogo de derechos fundamentales a favor del ofendido y la víctima, aunque el tránsito de esta efectividad en la realidad ha sido lento, tortuoso y distorsionado por la falta de claridad de las normas. Es por ello que desde 1966 estos temas forman parte de la agenda legislativa del PAN y para resolver los problemas actuales de estos derechos a través de una orientación legislativa províctima, que ahora se busca consolidar con la presente iniciativa.

Esta iniciativa tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito a partir de tres propuestas, que son: el derecho fundamental al defensor público; el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño y el derecho fundamental a impugnar por vía judicial los actos que afecten su derecho a acceder a la justicia penal en los términos que establezca la ley. Una propuesta actual es garantizar el derecho a la igualdad en el procedimiento penal. No se justifica que el inculpado tenga a la defensa pública y su contraparte, el ofendido, no cuente con esa garantía.

Muchos de los problemas de la ineficacia de los derechos províctima residen en la falta de asesoría legal, pues aunque el Ministerio Público es el encargado en representarlo, lo cierto es que como autoridad emite actos dentro del procedimiento penal que pueden afectar el interés del ofendido en perseguir el delito y por ende es necesario que esté debidamente asesorado para poder ejercer plenamente sus derechos.

Por otra parte, la actual legislación ha sido omisa en ofrecer garantías eficaces para lograr el acceso a mecanismos ágiles y sencillos para hacer efectivo el pago de la reparación del daño. La tendencia actual de la legislación penal es evitar al máximo la pena de prisión como castigo para sustituirla por otras que logren una mayor readaptación social. No siempre generan que la concesión de los beneficios o sustitutivos penales estén condicionados a la garantía de la reparación del daño, con lo cual se logra un despropósito, porque por un lado se beneficia a una parte del proceso penal que cometió el delito y por el contrario se perjudica a otra parte, que es la víctima, al no verse recompensado por lo menos, con la garantía de la reparación del daño en caso de que el inculpado se acoja a algún beneficio.

Por tal razón propongo que se establezca como requisito para cualquier beneficio procesal o algún sustitutivo o conmutación de la pena concedido al inculpado dentro del proceso penal, se garantice o se pague la reparación de los daños y perjuicios en favor de las víctimas.

Finalmente, la tercera propuesta legislativa reside en avanzar en el control del monopolio de la acción penal, que es una orientación de la política legislativa del PAN desde 1966. El PAN fue el que se propuso que se legislara, para que el amparo fuera procedente contra el no ejercicio de la acción penal y su desestimiento.

A partir de que los tribunales federales han conocido de estos temas, se han generado nuevos problemas, en donde el control constitucional ha sido insuficiente para tutelar en forma efectiva los intereses del ofendido.

Así, el archivo de la averiguación, la violación a la coadyuvancia del ofendido, la violación a dictar la restitución provisional en el goce de los derechos u otras figuras equivalentes, obligan a precisar que este tipo de actos, que equivalen a la no persecución del delito, deben tener un control jurisdiccional, pues de nada sirve tener derecho a impugnar el inejercicio, si por otra parte no se puede impugnar el archivo o la reserva de la averiguación, que al final terminará con la acción penal por la falta de pruebas.

Por lo que propongo, por un lado, crear un sistema de control de legalidad, por vía jurisdiccional, sobre el monopolio de la acción penal, así como perfeccionar el control constitucional para tutelar de manera efectiva este derecho del ofendido o víctimas del delito. Con estas propuestas sin duda estaremos avanzando en una legislación a favor de las víctimas, que debe ser prioridad para la nación. Por su atención muchas gracias. Es cuanto señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario del PAN

Jesús de León Tello, diputado federal del Partido Acción Nacional, en ejercicio de su facultad legislativa, presenta iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Preámbulo

La víctima u ofendido del delito son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes materiales, las víctimas luego son víctimas de un orden jurídico y de una praxis tanto ministerial como judicial que, en lugar de facilitarle las cosas, se las dificulta de manera real, sistemática y estructural a grado tal, que resulta ineficaz el ejercicio de sus derechos fundamentales.

No sólo sufren por el daño que les causa el delincuente sino que, además, tienen que defenderse contra la falta de protección jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas normativas en el contenido esencial de sus derechos fundamentales.

La víctima u ofendido están indefensos. No se encuentran en igualdad de armas para enfrentar al Ministerio Público, al juez, al inculpado y a su defensor. La ley, por un lado, tiene un alcance restringido y los jueces, por su parte, no tienen una vocación garantista para desarrollar el discurso de los derechos pro víctima.

Desde esta perspectiva, es necesario que se reelabore el discurso legislativo, a fin de que la omisión perenne del legislador y el inactivismo judicial anclado en un paleopositivismo infuncional no sean los principales cómplices del delincuente en la vulneración de esos derechos. Éstos, efectivamente, padecen un calvario procesal. Se le niegan las copias de su denuncia, no hay quien lo asesore, le esconden el expediente, congelan la investigación que solicita, no le reciben las pruebas que aporta; en fin, la víctima no deja de ser, como señala Carlos Franco, ``algo menos que un espectador y algo más que un impertinente para los funcionarios''.

La ineficacia de los derechos a favor de las víctimas u ofendidos se debe en mucho a la imprecisión de las pretensiones morales que el orden jurídico debe proteger; es decir, lo que sucede es que la Constitución y las leyes secundarias no definen de manera garantista el contenido esencial de los derechos pro víctima, pues basta observar que en la práctica le niegan las copias del expediente, justamente porque la ley no señala categóricamente que se le deben entregar; no le procuran una asistencia profesional porque no tiene derecho a la asesoría pública, como sí se le reconoce el inculpado; si la averiguación se paraliza por negligencia o mala fe del Ministerio Público, no puede pedir el amparo porque sólo puede impugnar cuando se determina el no ejercicio de la acción penal, mas no cuando se archiva la averiguación o se omite practicar pruebas conducentes para preparar la acción penal; en fin, un largo etcétera sucede a ese ``tercer protagonista de la justicia penal'', como le llamo Enrico Ferri, que primero no tenía reconocidos sus derechos y que ahora que los tiene, paradójicamente, son tan limitados, estrechos y rígidos, que es mayor su frustración por su nula protección, debido a que tanto la ley como la interpretación de los jueces no son nada garantistas, lo cual confirma la frase de ser entre los débiles ``la parte más débil en el procedimiento penal''.

Existen antecedentes. La historia legislativa contra víctima es un marco referencial que permite explicar este problema. La legislación federal se ha preocupado poco por diseñar instituciones que tiendan a salvaguardar los derechos de la víctima. No hay una tradición garantista por profundizar en estos derechos. En efecto, la política criminal en el siglo XX se olvidó de proteger de manera eficaz a la persona que resulta afectada en sus valores fundamentales cuando se actualiza históricamente un tipo penal.

Es la primera parte de la injusticia, porque una lectura moral del principio de dignidad humana que reconoce nuestra Constitución y que forma parte de la doctrina panista que asume como válida la fórmula kantiana de tratar a las personas como fines en sí mismos y no como meros instrumentos, obliga a sostener que la víctima u ofendido que ven lesionados sus intereses por un hecho sancionado como delito deben ser sin duda los más protegidos por la ley: a todos nos debe interesar tutelar las expectativas mínimas que se deben reconocer a la que resulta víctima de un delincuente.

El Estado mexicano, por tanto, se debe preocupar por el más débil, como es la víctima del delito, pues la construcción de un sistema penal en el estado social y democrático de derecho por el que pugna el Partido Acción Nacional no sólo debe girar en torno a los derechos del inculpado sino, también y sobre todo, en la garantía efectiva de los derechos que tienen por objeto proteger los intereses que se ven lastimados por el delito.

No obstante ello, el avance de los derechos pro víctima es relativamente reciente. El texto original de la Constitución de 1917 no contiene ninguna referencia; nada más reconocía los derechos de los inculpados.

Por otra parte, la legislación procesal penal de 1934 negó al ofendido desde un principio la posibilidad de ser parte en el procedimiento penal, lo cual significaba la ausencia total de las expectativas mínimas que se necesitaban reconocer para poder acceder a la justicia penal; nada más se le reconocía su pretensión resarcitoria bajo un paradigma civilista.

Se trata, pues, de una etapa legislativa donde predomina la visión patrimonialista de los derechos de la víctima, mas no de la idea de los derechos fundamentales como pretensiones innegociables, inalienables e imprescriptibles. Es decir, el tratamiento legislativo del ofendido o la víctima del delito es única y exclusivamente para reconocerle la pretensión económica de obtener la reparación del daño como parte accesoria, pero no para garantizarle la posibilidad real de defender sus derechos para acceder a la justicia penal, porque ello dependía de la institución que lo representa socialmente en la persecución del delito, el Ministerio Público como ente público que sustituye la justicia de propia mano de la víctima por la justicia penal del Estado que tiene por objeto imponer las penas a los delincuentes en un sistema acusatorio, previo debido proceso legal. El problema surge, sin embargo, cuando ni siquiera se le reconoce un papel activo en la defensa de sus derechos fundamentales, porque son sujetos aislados, las víctimas, que nada más pueden ejercer, con grandes limitaciones, el derecho patrimonial a la reparación del daño con relación al delito, porque el Ministerio Público es la instancia que lo representa y que, por tanto, es el único que puede ejercer sus derechos. Nada más que si no lo hace, aunque fuera arbitrario, ilegal o negligente, la víctima no podía hacer absolutamente nada. Se tenía que resignar sin cuestionar; se trataba de una obligación de tolerar la impunidad del delito porque el Ministerio Público es una institución de buena fe que resulta inescrutable por la teoría del monopolio de la acción penal que durante mucho tiempo defendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mayoría de la doctrina nacional.

Así, la tradición legislativa, jurisprudencial y doctrinaria en México escribió la primera página de injusticia en perjuicio de la víctima, a grado tal que se le consideró el ``don nadie'' del procedimiento penal; incluso, alguna parte de la teoría ve todavía con desdoro el hecho de que tal personaje del drama penal haya ganado terreno en los últimos años bajo el discurso de los derechos pro víctima, porque al seguir las premisas conservadoras niegan injustificadamente la posibilidad del ofendido de cuestionar muchos de los actos que afectan sus derechos; tan es así, que el lugar que actualmente ocupa la víctima u ofendido del delito en la Constitución ha puesto en crisis los principios autoritarios en que se sustenta el monopolio de la acción penal que originaron una disfunción en el Ministerio Público, como señaló en su momento Juventino Castro y que desde 1966 el panismo lo denunció como parte del régimen autoritario.

Ello es así, pues la jurisprudencia federal consolidó la historia de injusticia contra el más débil. Durante toda la quinta hasta la octava épocas judiciales, la Suprema Corte de Justicia mantuvo el criterio de negar al ofendido la posibilidad de ampararse contra el abuso del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Si éste no integraba el expediente, o bien, integrada la averiguación no acusaba o acusaba deliberadamente mal para liberar al delincuente, el ofendido no podía reclamar por la vía de amparo su derecho a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento.

No fue sino hasta la reforma constitucional de 1994 en la que participo activamente el Partido Acción Nacional y que luego se consolidó con la reforma de la Ley de Amparo hasta el año 2000 a propósito de una iniciativa que presentó mi partido en 1994, cuando de manera expresa se estableció por el legislador la posibilidad de impugnar las resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal.

La práctica judicial, por tanto, no se distinguió por ser activista en los derechos del ofendido. Se tuvo que hacer una reforma constitucional para modificar la doctrina de los jueces federales sobre el monopolio de la acción penal que sigue atada a dogmas absurdos sobre los problemas actuales por los que atraviesa el control constitucional del monopolio de la acción penal, aunque hay que reconocer de suyo una tendencia actual por reivindicar los derechos del ofendido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera muy gradual comienza a recomponer el estatus que moralmente merece la víctima de un delito.

Pues bien, la ruta legislativa del tema indica que hasta los años ochenta del siglo XX la legislación federal no reconoció por primera vez y de manera más puntual un conjunto de derechos del ofendido en el proceso penal. Sin señalar de manera expresa el carácter de parte, se le otorgan por ley algunos derechos procesales que luego terminaron por constitucionalizarse en 1999.

Ése fue un momento importante: se estableció un catálogo de derechos fundamentales en favor del ofendido y la víctima, aunque el tránsito de su efectividad en la realidad ha sido lento, tortuoso y distorsionado por la falta de claridad que generan las diversas falacias, dogmas y simulaciones que desdibujan el proceso penal por lo que respecta al monopolio de la acción penal. Así, llegamos a un punto donde es necesario revisar el contenido de las normas en relación con los ofendidos del delito.

Si la ley no es clara o, más bien, poco proteccionista, mientras que, por otro lado, la interpretación de los jueces no es nada garantista ante la laguna o ambigüedad de la ley, el legislador tiene que entrar, por consecuencia, a suplir estas deficiencias mediante una reforma clara, puntual y eficaz.

Por ello, desde 1966 esos temas forman parte de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional y, por tanto, debe seguir formando parte de la plataforma legislativa 2006-2009 para resolver los problemas actuales de estos derechos a través de una orientación legislativa pro víctima que ahora se busca consolidar con la presente iniciativa de reformas, pues incluso las propuestas que aquí se plantean forman parte de los compromisos de la campaña presidencial de nuestro candidato Felipe Calderón, actual presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, y de la tradición parlamentaria del PAN.

En suma, la presente iniciativa de reformas de diversos ordenamientos tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, a partir de tres propuestas que forman parte de la ideología y la plataforma legislativa del Partido Acción Nacional, como son

El derecho fundamental al defensor público.

El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño.

El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales.

Para fundamentar estas tres ideas, me permito exponer la situación actual de los derechos del ofendido o víctima del delito.

1. Los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito

Un Estado social y democrático de derecho debe reconocer que el sistema de justicia penal debe brindar el propósito de tutelar los bienes jurídicos del inculpado, del ofendido y de toda la sociedad. Sólo una solución global que involucre la instauración de figuras jurídicas que garanticen los intereses de los principales afectados que aparecen en la escena penal brindará normas justas para enfrentar el problema de la inseguridad social que se origina con motivo de la comisión de hechos delictivos.

Ello es así, pues toda garantía individual que determine la persecución de los delitos ante los tribunales debe apostar a un justo equilibro entre las prerrogativas que tienen el inculpado, el ofendido y la sociedad en el enjuiciamiento criminal.

Debemos partir asimismo de que la víctima debe ser la protagonista en el proceso penal, ya que nadie como ella tiene el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado, equilibrando la respuesta de los órganos de control social, pero protegiendo y garantizando el respeto de los derechos de las víctimas.

Los derechos de los ofendidos hasta hace poco tiempo se encontraban diseminados en el ámbito nacional, respectivamente, tanto en la legislación federal y las legislaciones estatales secundarias. Mediante la reforma constitucional de 1994 se adicionó un cuarto párrafo al artículo 21 constitucional, y se otorgó un papel protagónico al permitirles impugnar por vía jurisdiccional la no persecución de los delitos, siendo hasta 2000 cuando se constitucionalizaron los derechos de las víctimas u ofendidos del delito.

México ha suscrito la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, por la resolución 40/34, que considera, entre otras cosas, 17 principios fundamentales para la protección de las víctimas del delito y 4 para las víctimas de abuso de poder.

En la práctica, lamentablemente, tales derechos han sido desprotegidos: la inexistencia de mecanismos jurídicos que garanticen una participación real del ofendido ha originado que no se le brinde verdadera asesoría legal, o que no obtenga una efectiva reparación del daño, o que no conozca la situación de su caso, etcétera.

Por tal razón, la Constitución debe reformarse para otorgar garantías individuales que salvaguarden los derechos inherentes de todo ofendido o víctima del delito. O, en otras palabras expresado, es necesario que el Constituyente revisor fortalezca en el contexto nacional las prerrogativas de aquéllos, a fin de que tengan la posibilidad de proteger sus derechos. Lo importante, por consecuencia, es consolidar en la norma fundamental las garantías mínimas de que deben gozar el ofendido o víctima de algún delito, pues lo que ha impedido satisfacer su legítima demanda a una justicia penal es la falta de instrumentos que tiendan a proteger tal interés.

El Estado debe garantizar la convivencia pacífica de la sociedad y el cumplimiento de la ley; debe perseguir el delito con instrumentos idóneos y aplicados de manera eficaz y eficiente.

El Estado también tiene la obligación de prestar apoyo total y protección inmediata a la víctima del delito, satisfaciendo así uno de los reclamos más sentidos de la población, crear mecanismos para garantizar los derechos y las garantías de las víctimas y los ofendidos del delito.

Ése es el objetivo de esta reforma.

2. La doctrina panista sobre la ley de los débiles. El principio de dignidad humana

Desde 1939, el Partido Acción Nacional ha sostenido que la persona humana tiene que gozar del conjunto de libertades fundamentales para asegurar su libre desenvolvimiento en la sociedad, doctrina que luego ha sido desarrollada en 1965 con la idea de que el ser humano no puede ser tratado como mero instrumento de personas, grupos o instituciones, con lo cual se ha llegado a la proyección en el año 2002 para afirmar el discurso de los derechos humanos como parte fundamental del sistema democrático.

Estos principios doctrinales fundamentan la presente iniciativa, pues la práctica ministerial, los precedentes judiciales y la crítica de la doctrina pro víctima nos permiten plantear la necesidad de reformar el ordenamiento legal, a fin de que el papel de la víctima u ofendido del delito se fortalezca con la ley del más débil, como sostiene Luigi Ferrajoli, que no es sino la de los derechos y las garantías fundamentales que protejan de manera eficaz sus expectativas que moralmente son la respuesta correcta para resolver los problemas que enfrenta cualquier persona cuando tiene la desgracia de sufrir en sus bienes un delito.

Es tiempo, pues, de que pensemos más en las personas que en las cosas para ir construyendo una legislación pro víctima basada en el principio de tutela efectiva de la dignidad humana, inviolable desde el punto de vista constitucional, premisa en la que se sustenta la ideología panista para construir un futuro con derechos humanos para que vivamos mejor.

3. La historia parlamentaria y las plataformas legislativas del PAN sobre el ofendido o víctima del delito

La agenda legislativa pro víctima no es nueva para mi partido. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 20 de diciembre de 1966, por conducto del diputado Salvador Rosas Magallón, propuso por primera vez la posibilidad de impugnar por vía jurisdiccional la no persecución del delito, como parte de un derecho fundamental de la víctima. La historia parlamentaria revela que en ese momento no hubo la disposición para dictaminar sobre el particular hasta que en 1994 se reformó la Constitución, por lo que el 29 de noviembre de 1995 diputados del Partido Acción Nacional presentaron de nuevo una iniciativa de ley que reformaba el artículo 10 y adiciona una fracción al artículo 114 de la Ley de Amparo, para establecer la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y su desistimiento.

Frente a esos antecedentes, los compromisos de campaña de Felipe Calderón, presidente electo, sostienen la necesidad de consolidar el acceso de la victima al proceso de justicia penal, garantizando en todo momento la protección de su integridad, dignidad e identidad.

En tal sentido, existen, entre otras, tres propuestas concretas:

-- Profesionalizar y garantizar la gratuidad de la defensa legal, fortaleciendo la figura del defensor público.

-- Velar por la reparación del daño físico, moral o patrimonial de quienes sufren directamente el delito o las consecuencias de éste.

-- Promover la revisión de las facultades monopólicas del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal.

Bajo estas tres orientaciones, presento tres propuestas legislativas que implican 1. El derecho al defensor público; 2. El fortalecimiento del derecho a la reparación del daño; y 3. El control de legalidad del no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes.

Por todo lo anterior, presento el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se reforman las fracciones I y IV del inciso b) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona el tercer párrafo de la fracción IV del mismo artículo 20, y adiciona una fracción VII, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A. ...

I. a X. ...

B. ...

I. Desde el inicio del procedimiento penal será informado de sus derechos fundamentales previstos en esta Constitución y, cuando lo solicite, será informado del desarrollo del mismo. En todo caso, le serán facilitados todos los datos que solicite y que consten en el proceso.

Asimismo, tendrá derecho desde el inicio del procedimiento penal a una asesoría adecuada, por abogado con título profesional. Si no quiere o no puede nombrar a un asesor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Ministerio Público o el juez le designarán un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

II. a III. ...

IV. ...

La ley fijará procedimientos sencillos y ágiles para hacer efectivas las resoluciones en materia y de reparación del daño; asimismo, todo beneficio o sustitutivo penal a favor del inculpado o reo que se le conceda estará condicionado a la reparación del daño en los términos que establezca la ley. En todo caso, la reparación del daño prescribirá en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta.

V. Cuando la víctima u ofendido sean menores de edad o no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, no estarán obligados a carearse con el inculpado o procesado.En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley;

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio;y

VII. A impugnar por vía judicial los actos que afecten su derecho a acceder a la justicia penal en los términos que establezca la ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión, dentro de los seis meses siguientes en que entre en vigor este decreto, realizará las reformas legales correspondiente para hacer efectivos los derechos de las víctimas u ofendidos del delito consagrados en el presente decreto; asimismo, deberá establecer las previsiones necesarias a fin de garantizar presupuestal e institucionalmente una infraestructura profesional y suficiente de defensores públicos para asegurar este derecho de manera real y efectiva.

Tercero.Las legislaturas de los estados de la república y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de losnueve meses siguientes en que entre en vigor este decreto, harán las adecuaciones necesarias en sus Constituciones y leyes para tutelar los derechos de la víctima u ofendidos del delito consagrados en el presente decreto; asimismo, deberán establecer las previsiones indispensables para garantizar presupuestal e institucionalmente una infraestructura profesional y suficiente de defensores públicos para asegurar este derecho de manera real y efectiva.

Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Jesús de León Tello (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Jesús de León. Tal y como lo ha solicitado el diputado insértese íntegra la exposición de motivos en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la misma consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Concepción Ojeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Concepción Ojeda Hernández:Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticatiene que ver con la necesidad de modificar las relaciones de poder entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión. Nos referimos al formato del Informe Presidencial, el cual se viene realizando en México desde el año de 1825, cuando el 1 de enero en ese año, el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, inició con este ritual añejo de la clase política mexicana que sobrevive hasta ahora. En los últimos años la ceremonia del Informe Presidencial ha pasado del ritual al escándalo, de los largos y prolongados aplausos a los reclamos y exigencias por justicia y democracia, hasta el ostentoso cerco militar, con agresiones a legisladores por parte de elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal Preventiva. Los ciudadanos ya no esperan el mensaje político sino un ritual tradicional, producto de un exacerbado presidencialismo que prevalece aún.

En consecuencia, es oportuno destacar que nuestra transición a la democracia se encuentra en crisis por los excesos del Presidente de la República, el cual en todo momento se propuso eliminar los principios y valores democráticos que lo llevaron a ocupar esta alta responsabilidad. Se hace importante cuestionarnos ¿qué queremos que sea el informe? ¿el día del Presidente de la República? ¿el encuentro entre dos órganos del Estado mexicano con el que se inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso? ¿la ceremonia en la que el Ejecutivo presenta un resumen de lo que propiamente se conoce como Informe Presidencial? ¿o que dicha comparecencia del Ejecutivo se convierta en el escenario más importante para el intercambio de opiniones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de preguntas e interpelaciones directas de los legisladores al Presidente de la República? Hoy más que nunca es necesario reajustar el funcionamiento del Congreso Mexicano a la realidad de los nuevos tiempos.

Requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita presidencial; que sea capaz de ejercer por la vía del control parlamentario y de sus instrumentos, un verdadero contrapeso al Ejecutivo. Tal y como está concebido en nuestra Constitución y como se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el Informe Presidencial no ha logrado ser un mecanismo eficaz de control parlamentario ni un diálogo entre poderes; incluso cada primero de septiembre se reconoce que dicho formato es caduco e inoperante.

Para el Partido de la Revolución Democrática, el acartonado formato del Informe de Gobierno es obsoleto. Por lo tanto, nos pronunciamos porque se establezca un diálogo responsable y serio entre las Cámaras del Congreso de la Unión y el Jefe del Ejecutivo, donde se confronten las posturas e ideas sobre la política nacional e internacional e inclusive sobre aquellos aspectos de coyuntura política respecto de los cuales los ciudadanos quieren y desean saber; de esta manera la ciudadanía podrá valorar libremente a quién le asiste la razón política. Este mecanismo se puede lograr a través de preguntas directas o interpelaciones de los legisladores, sean éstos de cualquier fracción parlamentaria. Los cuestionamientos directos al Poder Ejecutivo se convierten en importantes instrumentos para obtener información del gobierno sobre cuestiones puntuales y concretas.

Esto permitiría un efectivo uso de las facultades de control del Poder Legislativo y la creación de espacios de diálogo entre las diversas fuerzas políticas, lo que contribuiría a una renovación de nuestra cultura democrática. No es lo mismo tener al Presidente de la República cada primero de septiembre para presentar su Informe, que las Cámaras celebren sesiones periódicas, tal vez menos solemnes, pero más operativas y eficientes. Los países con arraigadas prácticas democráticas permiten en sus sistemas el diálogo fluido e inmediato entre el titular de la administración y los parlamentarios, siendo éste un acto típicamente republicano ya que al contrario, la sola asistencia del Jefe de Estado a la apertura de las sesiones del Parlamento en el que da un discurso inaugural es una reminiscencia de las monarquías que sólo mantienen esa vieja práctica como mero protocolo y sólo en esa calidad es con la que ha acudido el Presidente al Congreso como jefe de Estado, cuando también debería hacerlo en calidad de jefe de gobierno.

Diputado Presidente. Dado que el texto íntegro de la iniciativa se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicito su integración al Diario de Debates. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Concepción Ojeda Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, Concepción Ojeda Hernández y Valentina Valia Batres Guadarrama, diputadas federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Atenuar los efectos de la lucha contra el poder, o por el poder, desde Maquiavelo hasta nuestros días, ha sido una constante en la teoría constitucional, sin duda a través de la división de poderes es donde se ha buscado normar una parte de esas luchas en la misma Constitución.

Con Aristóteles encontramos los primeros antecedentes sobre el principio de división de poderes, advirtiendo dentro de la polis la existencia de tres poderes: un poder legislativo o asamblea deliberante; una fuerza ejecutiva o cuerpo de magistrados y los aplicadores o intérpretes de la ley, o sea, el actual cuerpo judicial. No obstante lo anterior, el principio de división de poderes, como lo conocemos en la actualidad, nace en el siglo XVIII, cuando se establece el Estado liberal de derecho, antes sólo existía el Estado absolutista, atemperar las facultades omnipotentes del rey fue una de las principales tareas de esa época.

Es con teóricos como Locke o Montesquieu que el principio de la división de poderes nace vinculado a la libertad y a la lucha contra la concentración de poder en una sola persona u órgano de Estado; el segundo de ellos, en su frase ``que el poder controle al poder'', convierte el principio en un verdadero dogma constitucional, verbigracia, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señala: ``toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución''.

En su versión más simple se concibió la separación de manera rígida y absoluta, pero teóricos como Duguit, Charles Eisenmann, entre otros, señalaron que era un error pensar en una separación de poderes total, pues la experiencia histórica revela la necesidad de la cooperación, solidaridad e interdependencia entre ellos, por lo que actualmente la teoría de la división de poderes ya no se concibe con la misma rigidez original, sino como una distribución de facultades entre órganos del Estado necesitados todos ellos de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas, distinción y supremacía de poderes, o bien como una forma de equilibrio recíproco.

Esto es así porque la moderna teoría de la Constitución reconoce como parte esencial del proceso del poder político el control del mismo; en efecto, dicho proceso tiene tres etapas sucesivas, cada una presupuesto de la siguiente; a saber: la obtención del poder político, el ejercicio de dicho poder y por último, el control del mismo.

Es esta última parte la que le da estabilidad y, en consecuencia, funcionalidad al poder en su ejercicio, ya que el control aporta un elemento indispensable en las relaciones entre gobernantes y gobernados: un poder controlado y, por ende, limitado, es mucho más aceptable para los destinatarios del mismo que un poder despótico, desorbitado y arbitrario.

Es aquí donde llegamos al quid del control del poder por el propio poder; si el poder limitado y controlado es por esa circunstancia aceptado por sus destinatarios, dicho control se convierte en un factor de legitimidad del mismo poder.

Ahora, ¿cuál es la razón por la que el constitucionalismo moderno ha hecho tantos esfuerzos por controlar el poder? La magnitud de dicho esfuerzo es sólo explicable en la medida del mal que se pretende evitar: el ejercicio arbitrario, ilimitado y despótico del poder ha sido una constante en la mayor parte de la historia de los hechos políticos; sólo unos cuantos decenios ha conocido la humanidad de pleno respeto a sus libertades por parte de la autoridad estatal en más de 70 siglos de civilización.

Es por esto que tan indispensables para nuestro Estado constitucional de derecho son los instrumentos de control del poder y, en particular, aquellos que la doctrina denomina interorgánicos; es decir, a través de los cuales un órgano del Estado impide la extralimitación en sus funciones de órgano Estatal.

Con base en el principio de la división de poderes los diferentes sistemas de gobierno han establecido mecanismos institucionales para controlar el ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes; sin embargo, dependiendo de los regímenes las funciones de control cuentan con naturaleza diferenciada, en virtud que cada uno de ellos define la superioridad de un poder sobre otro, o bien, el equilibrio entre ellos.

El control es un elemento inseparable del concepto de Constitución, si se pretende que ésta sea eficaz, pues el control no sólo forma parte de un concepto político, como sostenía Carl Schmitt, sino de una concepción jurídica, de tal manera que si y solo si existe control de la actividad estatal y se encuentra plasmado en la Ley Suprema puede la Constitución desplegar su fuerza normativa y el control puede ser entendido como norma.

En el Estado constitucional de derecho, la función principal de un Poder Legislativo, además de la legislativa, es la función de control, controlar la acción del gobierno es una de sus principales funciones.

En los sistemas presidenciales, como el nuestro, el Congreso de la Unión suele ejercer un limitado control sobre el Ejecutivo en razón de que no cuenta con facultades específicas de acción jurídica propias de un sistema parlamentario, por lo que las funciones de control que este ejerce sobre el Ejecutivo es de carácter indirecto, mediante sanciones políticas y no jurídicas, en la mayoría de los casos.

En México, durante el siglo XX conocimos un sistema de partido hegemónico, en el cual la abrumadora mayoría de legisladores federales y locales pertenecían a ese instituto político, del cual el Presidente de la República era el jefe real.

Esta variante del sistema presidencial es legado del Constituyente de Querétaro de 1916-1917, quien plasmó en la Ley Fundamental el predominio del tlatoani moderno al investirlo con muchas facultades, pero también otorgó a los otros dos poderes las facultades necesarias para su control; pese a ello, a lo largo de nuestra historia las características del sistema político han propiciado que los controles no operen con toda eficacia en la realidad.

El presidencialismo mexicano fue el principal artífice del Estado posrevolucionario, encontrando la principal fuente del gobierno autoritario a través de la hegemonía del llamado partido de Estado y de la centralización que promovió el pacto corporativo; las facultades metaconstitucionales del Presidente de la República provocó un cúmulo de contrariedades al espíritu constitucional, al cancelar cualidades republicanas de la división de poderes y la distribución federalista del poder, dato más que suficiente para explicar entre nosotros la carencia de controles por parte del Legislativo respecto al Ejecutivo y el notorio desequilibrio entre ellos.

Es indiscutible que la construcción práctica del presidencialismo en México configuró una institución diferente de lo que marcaban los límites teóricos del modelo ideal que resultó funcional para los requerimientos políticos y sociales del país durante largas décadas; sin embargo, ante la transición democrática en que se encuentra inmerso el país es necesario un cambio en nuestro sistema constitucional que procure no limitar facultades de unos para favorecer a otros, sino robustecer las de todos.

La noción de control político debe vincularse con la de responsabilidad pública, y ésta en una concepción democrática determinada por la existencia de una voluntad razonable y libre; por ello, el Poder Legislativo mexicano, encarnado en la figura del Congreso de la Unión, debe jugar un papel más importante para atemperar y acotar el poder del Presidente, siendo necesario que el sujeto controlado tenga conocimiento de que sus actos están sujetos a calificación y que el control provocará efectos en la sociedad y, consecuentemente, en las decisiones del electorado.

Regular los medios de control con efectos político-valorativos de la acción del Ejecutivo federal es nuestro objeto; los cuales, dada su regulación deficiente en el texto constitucional presentan deficiencias en términos democráticos.

Por ello proponemos reformar el artículo 69 constitucional para cambiar el formato del informe presidencial, entendiéndose por tal la comparecencia que realiza el titular del Poder Ejecutivo ante el órgano legislativo para dar cuenta del estado que guarda la administración pública del país, con la finalidad de transformar este acto jurídico en un verdadero medio de control del Legislativo al Ejecutivo y crear un espacio de debate con las fuerzas representadas al interior del Congreso de la Unión, principalmente con los líderes de la oposición. De esta manera, es necesario pugnar por la inclusión de sistemas de control en la norma fundamental con el propósito de racionalizar el poder y lograr un equilibrio y balance del poder político, con el fin de evitar que los detentadores abusen de él.

En dos Constituciones federales mexicanas, la de 1824 y 1857 se estableció, por una parte, la obligación del Presidente de presentar ante el Congreso, de manera oral, sus informe y, por otra, la facultad del presidente del Poder Legislativo de contestar en términos generales el mismo.

Por lo que respecta al principio de oralidad, éste intento modificarlo Benito Juárez, a través de la convocatoria para la elección de los Supremos Poderes de 14 de agosto de 1867, que en su tercer punto señalaba lo siguiente:

``Que las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, o los informes que el segundo tenga que dar al primero, no sean verbales, sino por escrito, fijándose si serán directamente del Presidente de la Republica, o de los secretarios de despacho''.

No obstante lo anterior, fue hasta la expedición de la Constitución de 1917 cuando se introdujo el principio de que los informes del Presidente de la República ante el Congreso de la Unión en las aperturas de sesiones ordinarias o extraordinarias serían por escrito.

Conforme al artículo 69 constitucional vigente, el Presidente de la República asistirá ante el Congreso, reunido este en sesión pública y conjunta el día de apertura de sesiones ordinarias del primer periodo, en el que presentará un informe escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

A diferencia de nuestras leyes fundamentales del siglo XIX, el texto del artículo 69 constitucional omite la obligación del Presidente del Congreso de contestar el informe presidencial, al respecto resulta pertinente precisar que dicha obligación está prevista en el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo anterior, en el texto constitucional no se establece la obligación del Presidente de la República de dar lectura al informe; no obstante esta omisión, ha sido una saludable costumbre, iniciada por el primer Presidente de México, dar lectura al mismo; el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el discurso que el Presidente de la República pronuncie en la apertura será contestado por el Presidente del Congreso en términos generales; de la lectura de este artículo no se desprende el carácter obligatorio de que el Presidente de la República pronuncie un discurso y, mucho menos, en que la lectura del mismo sea el informe que ha presentado por escrito.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que por supremacía constitucional y técnica jurídica es necesario establecer ambas obligaciones en la Constitución, en virtud de que así aseguramos que el Presidente de la República, a través de ese acto, ponga en conocimiento no sólo al Congreso de la Unión sino a todos los ciudadanos de la actividad anual del Ejecutivo, sirviendo el propio órgano colegiado como escenario de información y de responsabilidad pública al contestar a través de su Presidente el informe que rinda, ya que el mismo no debe ser un simple acto informativo o protocolario o agotarse con su lectura; por el contrario, este debe ser sujeto de análisis y critica de los legisladores y los propios ciudadanos, constituyéndose así como un acto de control parlamentario y de control político.

En efecto, al preceptuar el artículo 69 Constitucional que el informe que rinda el titular del Ejecutivo sea solo por escrito, despoja a tal acto de los más elementales rasgos de un instrumento de control por parte del Congreso hacia el Presidente de la Republica y de responsabilidad de éste hacia aquél, pues el discurso que el propio titular del Ejecutivo lee en la apertura de sesiones del Congreso es un mero convencionalismo constitucional que nada aporta al debate público de las ideas en los órganos deliberativos y sí muchas rencillas y afrentas provoca entre los titulares tanto del propio Ejecutivo como del legislativo, pues no existe forma de canalizar los cuestionamientos que el parlamento desee hacer al gobierno ni la oportunidad inmediata de este para responder a los mismos.

Los países con arraigadas prácticas democráticas permiten en sus sistemas el diálogo fluido e inmediato entre el titular de la administración y los parlamentarios, siendo éste un acto típicamente republicano, ya que, al contrario, la sola asistencia del jefe de Estado a la apertura de las sesiones al parlamento en el que da un discurso inaugural es una reminiscencia de las monarquías, que sólo mantienen esa vetusta práctica como mero protocolo y sólo en esa calidad es con la que ha acudido el Presidente de México al Congreso, como jefe de Estado, cuando también debería hacerlo en su calidad de jefe de gobierno.

Este es el objetivo de la reforma, darle mayor contenido democrático a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, despojándola de una vez de sus atisbos monárquicos incompatibles con una república que azarosamente avanza hacia la consolidación de su régimen democrático.

Tal y como se encuentra redactado la primera parte del artículo 69 constitucional, éste no constituye un mecanismo de control parlamentario directo, en virtud de que el titular del Ejecutivo de forma alguna entra en comunicación con la representación popular, sólo lo hace de forma indirecta a través de las comparecencias de los secretarios de Estado o bien de los titulares de la administración pública paraestatal, a quienes sí se les puede cuestionar y, en su caso, fincar las responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución; sin duda la comparecencia que hace en la apertura del primer periodo de sesiones, aunque es de naturaleza constitucional constituye un mero acto protocolario, que ante los nuevos tiempos democráticos que vive el país debe cambiar para establecer una comunicación directa entre el primer mandatario y la soberanía popular.

Así pues, la finalidad del informe presidencial será que el Congreso compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo en la sesión de apertura y en las posteriores a la presentación del propio informe, pero también está la finalidad de que el pueblo, titular de la soberanía, conozca de las actividades del Ejecutivo y las opiniones de sus representantes populares respecto de éstas, de tal forma que la representación nacional y el pueblo se pondrán en contacto, fortaleciendo así la democracia en México.

Desde una perspectiva más democrática, un nuevo formato del informe presidencial impulsará la colaboración y el intercambio de puntos de vista, un diálogo serio y riguroso entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, propiciando que se confronten sus posturas e ideas sobre la política nacional e internacional; empero, esta relación no podrá lograrse si no se establece en el texto del artículo 69 la facultad de los legisladores de hacer preguntas directas al titular del Ejecutivo federal con respeto, talento y agudeza política que el acto impone.

Sobre el particular, resulta indispensable que el Presidente de la República esté presente y escuche los planteamientos que los legisladores le formulen para que pueda dar cabal respuesta a éstos; establecer en el texto constitucional la oportunidad que los legisladores expresen su posición política acerca de la gestión del Ejecutivo fortalece el estado de derecho y la democracia, ya que con ello los partidos de oposición y las minorías serán escuchadas y en consecuencia tomadas en cuenta.

Las transformaciones que se han dado en México durante la última década del siglo XX y los albores del presente, nos han dado muestras del papel de suma importancia que debe jugar el Poder Legislativo en la consolidación del sistema democrático mexicano, por ello es necesario adecuar la normatividad que regula el funcionamiento del Congreso mexicano para que responda a la realidad que imponen los nuevos tiempos, hoy más que nunca la nación mexicana requiere de un legislativo fortalecido y capaz de ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo.

Por ello resulta trascendental la iniciativa que el día de hoy se presenta ante esta soberanía, ya que es necesario establecer en la Constitución un nuevo esquema para el desahogo del formato presidencial para lograr un verdadero equilibrio de poderes que debe regir en todo sistema democrático, en este tenor se propone:

Señalar expresamente en la Constitución las obligaciones del Presidente de la República para que dé lectura al informe que presenta por escrito, asegurando a través de éste que exista un conocimiento reciproco de la actividad anual del Poder Ejecutivo y la respuesta que el Presidente del Congreso dé al mismo;

Establecer en el texto de la Ley Suprema que el titular del Ejecutivo en la sesión de apertura del primer periodo de sesiones este presente cuando los partidos políticos con representación en el Congreso den su posicionamientos y le cuestionen sobre el estado que guarda la administración pública federal; y

Que el titular del Ejecutivo federal dé respuesta a los cuestionamientos que los legisladores hagan dentro de la comparecencia ante el Congreso de la Unión.

Hoy más que nunca es necesario reajustar el funcionamiento del Congreso mexicano a la realidad de los nuevos tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, fuera de la órbita presidencial, que sea capaz de ejercer, por la vía del control parlamentario y de sus instrumentos, un verdadero contrapeso al Ejecutivo.1 Tal y como está concebido en nuestra Constitución y como se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el informe presidencial no ha logrado ser un mecanismo eficaz de control parlamentario, ni un diálogo entre poderes. Incluso cada primero de septiembre se reconoce que dicho formato es caduco e inoperante.

Para el Partido de la Revolución Democrática, el acartonado formato del informe de gobierno es obsoleto; por tanto, nos pronunciamos porque se establezca un diálogo responsable y serio entre las Cámaras del Congreso de la Unión y el jefe del Ejecutivo, donde se confronten las posturas e ideas sobre la política nacional e internacional, e inclusive sobre aquellos aspectos de coyuntura política respecto de los cuales los ciudadanos quieren y desean saber. De esta manera la ciudadanía podrá valorar libremente a quién le asiste la razón política, por ello se propone adicionar un segundo párrafo al propio artículo 69, con la finalidad de que cualquiera de las dos Cámaras pueda citar al titular del Ejecutivo federal para que informe sobre los anteriores tópicos, y la misma sesión se realice conforme a lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Este mecanismo se puede lograr a través de preguntas directas o interpelaciones de los legisladores, sean éstos de cualquier fracción parlamentaria. Estos cuestionamientos directos al titular del Poder Ejecutivo se convierten en importantes instrumentos para obtener información del gobierno sobre cuestiones puntuales y concretas, lo cual permitirá hacer un efectivo uso de las facultades de control del poder legislativo y la creación de espacios de diálogo entre las diversas fuerzas políticas, lo que contribuiría a una renovación de nuestra cultura democrática.

Sin duda la frase de Voltaire que reza: ``podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tienes para decirlo'', adquiere hoy gran importancia para establecer un nuevo esquema democrático y un espacio para el debate sobre los grandes temas de la nación, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el siguiente, al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. El día que inicie el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el Presidente de la República asistirá a sesión del Congreso General, en el que leerá y entregará por escrito un informe en el que manifieste el estado que guarde la administración pública del país; una vez que haya concluido su intervención hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso, en el que fijarán la posición de su grupo y formularán preguntas respecto al informe presentado, en los términos establecidos por la ley. Al término de las intervenciones el Presidente de la República hará nuevamente el uso de la voz para responder los cuestionamientos de los legisladores y emitir un mensaje final; acto seguido, el Presidente del Congreso hará uso de la palabra para contestar el informe en términos concisos y generales.

Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá citar al Presidente de la República para que informe sobre el estado de cualquier situación de emergencia nacional o de trascendencia política para el país, en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo Segundo. Se reforman los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o.

1. En los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ingreso del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los grupos parlamentarios que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos.

2. Al finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, el Presidente de la República hará uso de la palabra para dirigir un mensaje sobre el tema o los temas para los que fue citado. En el caso de interpelaciones el Presidente de la Cámara correspondiente preguntará al Presidente de la República si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

3. A continuación los legisladores podrán formular sus preguntas en un tiempo no mayor de 3 minutos cada una.

4. Al final de cada una de ellas, el Presidente de la República hará uso de la palabra para dar respuesta y al concluir las mismas emitirá un mensaje final. Acto seguido, el Presidente del Congreso hará uso de la palabra para contestar el informe en términos concisos y generales.

5. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Formato del informe presidencial. Estudio y propuestas de modificación al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Servicio de Investigación y Análisis. Dirección General de Bibliotecas. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura.

Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputadas: Concepción Ojeda Hernández, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Concepción Ojeda. Como ha sido solicitado insértese íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ARTICULO 81 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Mauricio Ortiz Proal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregó a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:«Iniciativa que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI

En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

Las condiciones políticas del país se han transformado drásticamente. Los avances en el proceso de consolidación de nuestra democracia electoral, la pluralidad que distingue a los colegios parlamentarios, la autonomía de los poderes federales y el marco institucional y de libertades que priva en nuestro orden normativo, son algunos de los avances que se han logrado. El camino no ha sido sencillo y aún falta mucho por recorrer; no obstante, estamos ciertos de que la continuidad de los esfuerzos de organizaciones y líderes sociales, instituciones docentes y académicas, partidos políticos, medios de comunicación, gremios y sectores económicos, gobierno y, sobre todo, de la población, seguirán contribuyendo en la diversidad con ideas, trabajo, principios y valores al desarrollo de México.

Sin embargo, estas transformaciones exigen una actitud reflexiva respecto de las instituciones que se deben perfeccionar, así como de aquellas que conviene implantar. En este sentido, el andamiaje jurídico-electoral de nuestro país debe corresponder con nuestra realidad político-social. Sin caer en la tentación de los maniqueísmos, debemos evaluar con serenidad nuestras instituciones para conservar aquellas que cumplen su función, actualizar las que se han rezagado e instaurar las que exige el México que queremos para nuestros hijos.

En este sentido, la pluralidad expresada en el fortalecimiento del sistema de partidos ha provocado elecciones muy competidas. Este hecho positivo exhibe un aspecto sano del sistema político mexicano. Sin lugar a dudas, la competencia democrática enaltece a la nación. No obstante, tal y como sucedió en la reciente elección presidencial, una cerrada contienda electoral, particularmente en un escenario multipartidista, conduce a una fragmentación del voto cuyo efecto es que quien se alce con el triunfo electoral, lo hará con un porcentaje de votos que muy difícilmente alcanzará la mayoría absoluta.

Esto implica el riesgo de contar con un Presidente de la República cuya legitimidad pudiera ser cuestionada, además de carecer del respaldo popular necesario para el más óptimo desempeño de sus funciones, máxime si se considera la naturaleza eminentemente presidencialista de nuestro régimen político. Adicionalmente, esta clase de situaciones provoca desencuentros y fricciones de altos costos para el país.

Así entonces, se considera que en las actuales condiciones políticas que privan en México ya no resulta conveniente conservar el sistema de una sola vuelta electoral, por lo que se propone una reforma constitucional para establecer la figura de la segunda vuelta electoral únicamente para la elección de Presidente de la República.

Los objetivos que se lograrían con la segunda vuelta electoral van desde la obtención de un verdadero consenso ciudadano en favor del titular del Ejecutivo federal, lo que en última instancia se traduce en una mayor legitimidad, hasta la generación de un ambiente político adecuado para la construcción de alianzas electorales que a la postre pueden convertirse en coaliciones de gobierno que doten a nuestro sistema político de la operatividad que tanta falta le ha hecho en los últimos años.

El también llamado balotaje favorece el entendimiento entre los partidos políticos y genera un escenario propicio para la cooperación, con lo que sienta condiciones de gobernabilidad adecuadas. Y para comprender mejor esta institución, conviene repasar sus antecedentes y elementos a la luz de lo que sucede en México.

En la Declaración del Milenio1 de las Naciones Unidas --considerada como la más firme y unánime declaración formulada hasta la fecha por los Estados miembros de las Naciones Unidas sobre gobernabilidad democrática-- el secretario general de Naciones Unidas reflexionaba sobre la imperiosa necesidad de incrementar la gobernabilidad en los cientos de países en todas las latitudes del orbe que han transitado con éxito hacia sistemas políticos democráticos.2 La razón de ello es simple, sin gobernabilidad democrática, señalaba Annan, quedan minadas las posibilidades de mejora y crecimiento. La reflexión de Kofi Annan no podía ser más actual con relación a los tiempos que vive México.

En este sentido, cabe destacar que son muchos los países que han adoptado la segunda vuelta electoral como forma de elección del Presidente de la República, por citar algunos:3

Constitución de Francia

Artículo 7.

La elección del Presidente de la República se efectuará por mayoría absoluta de los votos depositados. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, habrá una segunda votación en el segundo domingo siguiente. Solamente podrán presentarse en ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera votación.

Los comicios se abrirán por convocatoria del gobierno, la elección del nuevo presidente se celebrará veinte días por lo menos y treinta y cinco días a lo sumo antes de la expiración de los poderes del presidente en ejercicio.

Constitución de Austria

Artículo 60.

(1) El Presidente Federal es elegido por la nación sobre la base del sufragio igualitario, directo, secreto y personal. Si hubiera sólo un candidato, la elección deberá tener lugar bajo la forma de un referéndum.

(2) Resultará electo aquel candidato que obtenga más de la mitad de los votos validos, si no resultara esa mayoría deberá celebrarse una segunda votación. En ella sólo puede votarse validamente por uno de los dos candidatos que hubieren obtenido la mayor cantidad de votos en la primera votación; pero cada uno de los dos grupos de sufragantes que han presentado esos dos candidatos pueden nominar para la segunda votación a otro individuo para remplazar a su candidato original.

Constitución de Portugal

Artículo 129.

1. Será electo Presidente de la República el candidato que obtenga más de la mitad de los votos validamente expresados, no se considerará como tales a los votos en blanco.

2. Si ninguno de los candidatos obtuviere ese número de votos se procederá a una segunda votación hasta el vigésimo primer día subsiguiente a la primera votación.

3. A esta votación sólo concurrirán los dos candidatos más votados que no hubieren retirado su candidatura.

Constitución de Brasil

Artículo 77.

1o. La elección del presidente y del vicepresidente de la República se realizará simultáneamente noventa días antes del término del mandato presidencial vigente.

La elección del Presidente de la República importará la del vicepresidente que se hubiere presentado con él.

2o. Será considerado electo el candidato que, presentado por un partido político obtuviese la mayoría absoluta de votos sin que sean computados los en blanco y los nulos.

3o. Si ningún candidato alcanzare la mayoría absoluta en la primera votación se procederá a una nueva elección dentro de los veinte días posteriores a la proclamación de los resultados, concurrirán a dicha votación los dos candidatos más votados y se considerará electo aquel que obtuviere la mayoría absoluta de los votos validos.

Constitución de Perú

Artículo 203.

El Presidente de la República es elegido por sufragio efectivo directo y por más de la mitad de los votos validamente emitidos.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a segunda elección dentro de los treinta días siguientes entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas.

En el ámbito legislativo nacional el tema tampoco es nuevo, sin embargo y, como se apuntó arriba, las circunstancias hoy lo hacen apremiante. Las iniciativas sobre la segunda vuelta electoral en la elección presidencial que buscan asegurar a quien ocupe la Presidencia de la República un manto de elemental gobernabilidad inicial en su mandato han estado presentes desde la LVII Legislatura.4

Durante la LVIII Legislatura se presentaron dos iniciativas5 más sobre el tema de la segunda vuelta electoral, que aunque distintas en sus alcances, ambas retornaron como argumento central el problema de la legitimidad a través de una más amplia base de votantes en aras de una mayor gobernabilidad.

De igual manera, las iniciativas del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez y del diputado Leonardo Álvarez Romo (LIX Legislatura) centran su argumentación en la gobernabilidad, aunque la última no propone una segunda vuelta electoral sino un método alternativo por medio del cual los votantes enlistan a los candidatos por orden de su preferencia.

La ausencia de gobernabilidad está ligada a la parálisis en los proyectos y políticas de Estado y, con ello, a una caterva de retrasos e incumplimientos socioeconómicos en detrimento de la población.

Desde una óptica eminentemente política, la pluralidad puede llegar a poner en riesgo la legitimidad y consecuentemente la gobernabilidad, cuando se tiene gobiernos surgidos de procesos electorales cerrados cuyo soporte popular es minoritario. Por ello, la figura legal aquí propuesta busca armonizar la pluralidad con la gobernabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 81. La elección del Presidente de la República será directa y por mayoría absoluta.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos. No procederá la sustitución de candidatos. Los partidos políticos o coaliciones que participen en la segunda vuelta electoral no podrán recibir ninguna clase de financiamiento ni tampoco aportaciones o donativos.

La elección presidencial se sujetará a las reglas generales que sean aplicables de conformidad a las leyes de la materia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 A/RES/55/2, Declaración del Milenio, Naciones Unidas.

2 Op. cit. ``Hasta fines del decenio de 1970, había sólo 40 países que poseían sistemas democráticos de gobierno, mientras que para 2005 hay más de 170 países gobernados democráticamente''.

3 Estudio comparado teórico-práctico y legislativo sobre la segunda vuelta electoral. Francisco Josué de Andrea Sánchez. UNAM. 2005.

4 El diputado Rafael Alberto Castilla Peralta presentó el 17 de marzo de 1998 la iniciativa sobre la segunda vuelta en la elección presidencial.

5 El 19 de abril de 2001 el diputado Fernando Ortiz Arana presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 99 de la Constitución Política; el 21 de agosto de 2002 el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta presenta también una iniciativa que busca implementar la segunda también para el caso de diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señor Presidente. Convergencia propone una reforma que permita que tengamos una nueva hacienda pública. Esta propuesta contiene una serie de cambios que además, va a ayudar para que quienes sean miembros del Servicio de Administración Tributariapuedan ser ratificados básicamente por la Cámara de Diputados.

Como sé que hay interés en continuar con la negociación de las comisiones y como esta iniciativa reviste una importancia particular para quitarle el control al secretario de Hacienda y Crédito Público al designar él a los otros tres funcionarios superiores y --- como lo decía la compañera que me hizo el favor de anteceder en el uso de la palabra--- nosotros vamos a dejar completa la iniciativa de ley que va a permitir reformar el artículo 9o. de la Ley del SAT.

Proponemos, por tal motivo, una iniciativa de decreto que modifique el artículo 9º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para que quede de la siguiente manera: ``La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se va a integrar por el secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros designados dentro de entre los empleados superiores de Hacienda. El secretario de Hacienda presidirá la Junta de Gobierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de Hacienda que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Gobierno''. Así está redactado en este momento y nosotros creemos que el secretario de Hacienda y Crédito Público tiene ya cuatro votos seguros.

Por tal motivo, creemos que la hacienda pública ---y particularmente el Servicio de Administración Tributaria--- puede ser y debe ser un instrumento que permita recaudar más impuestos y permita una autonomía para poder resolver este tipo de problemas que en lo general se están dando.

Proponemos que quede de la siguiente manera. El artículo 9º de la Ley del SAT debe decir: ``La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por: Uno. El secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros del Servicio de Administración Tributaria propuestos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente para ejerce ese cargo. La Presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa cada seis meses y el presidente sólo podrá ser suplido bajo causas graves o de fuerza mayor''.

De esta forma tendríamos un Servicio de Administración Tributaria rico, además será ratificado por esta soberanía y permitirá que las decisiones en este órgano sean verdaderamente consensuadas. No queremos, compañeras y compañeros, que por ningún motivo pase lo que en otros lados ---donde se tiene control de todo el órgano--- porque en ese momento se toman decisiones que no benefician en nada, como sucedió el día de ayer en Oaxaca donde ---en un acto que parece a los ojos de Convergencia, irresponsable--- se haya reformado la Ley Electoral para alargar el periodo de los diputados, ofreciéndoles una serie de pequeñas cosas que no le sirven a nadie.

Esta iniciativa estoy seguro que ustedes en su momento la van a dictaminar, la van a aprobar y le van a dar al Servicio de Administración Tributaria un nuevo rumbo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales, presenta la siguiente iniciativa, que modifica el artículo noveno de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales retos de la Hacienda Pública a lo largo de la presente administración fue elevar la recaudación tributaria y, en general, incrementar los ingresos públicos.

En abril de 2001 se presentó a la Cámara de Diputados una propuesta del Ejecutivo federal, denominada ``nueva hacienda pública'', dicha propuesta contenía una serie de iniciativas fiscales y presupuestarias que buscaban responder a la necesidad de incrementar los recursos que el sector público requería para hacer frente a sus obligaciones emanadas de la Constitución Política.

Las iniciativas en materia fiscal contemplaban modificaciones al Impuesto al Valor Agregado, eliminando exenciones y tasa cero; la tasa marginal del Impuesto sobre la Renta para personas físicas se reduciría de 40 por ciento a 32 por ciento y también el número de tramos; en el caso del Impuesto sobre la Renta para personas morales se aplicaría una tasa uniforme de 32 por ciento; y se eliminaría el impuesto a los dividendos así como los esquemas preferenciales a ciertos sectores, reincorporándose la deducción inmediata de las inversiones fuera de las principales áreas metropolitanas.

Para los años subsecuentes, tanto el Ejecutivo federal como en ésta Cámara de Diputados se han propuesto diversas iniciativas en materia tributaria, que han incluido el incremento de tasas impositivas, la derogación de regímenes especiales, el incremento de la base de contribuyentes, los impuestos a las transacciones financieras, así como un sin numero de nuevas modalidades tributarias.

El resultado de todo esto ha sido francamente negativo, la debilidad de los ingresos públicos sigue siendo una preocupación constante de la hacienda pública, la dependencia petrolera de las finanzas nacionales se ha acentuado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha opinado recientemente sobre la urgencia de implantar en nuestro país la tan comentada reforma fiscal; más aún, ya algunas voces vuelven a traer el tema del IVA a la mesa de discusión.

Es un hecho es que muy pocas iniciativas y propuestas han buscado solucionar uno de los elementos más débiles del sistema tributario mexicano, que es precisamente la administración tributaria.

Resulta absurdo para los contribuyentes y más incomprensible para muchos legisladores, que constantemente escuchemos a las autoridades hacendarias preocupadas por la insuficiencia de la recaudación tributaria, cuando nos damos cuenta de que nuestro organismo diseñado para aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, año con año nos presenta cifras y datos que alarmantemente nos hacen darnos cuenta que no sabemos recaudar impuestos y mucho menos vigilar nuestras fronteras para evitar la entrada de mercancía ilegalmente introducida al país.

Para corroborar lo anterior, sólo basta señalar que, de acuerdo con los informes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que en diciembre del 2000 los créditos fiscales irrecuperables fueron de 63 mil 603 millones de pesos, para el mes de junio de 2006 se ubicaron en 158 mil 998 millones de pesos, y tan sólo en el primer semestre del presente año el Servicio de Administración Tributaria perdió 9 mil 227 juicios de los 21 mil 426 en que participó.

Estos resultados nos deben de obligar a llevar a cabo urgentes reformas a nuestro Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede ni debe seguir siendo juez y parte en materia tributaria en el país, porque los resultados seguirán siendo los que todos conocemos.

En este contexto, la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece en su artículo tercero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto, así como de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.

Sin embargo este objetivo que la propia Ley del SAT persigue, queda prácticamente anulado en la práctica, ya que para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el SAT cuenta con una Junta de Gobierno, que se integra por 7 miembros.

Quien preside dicho órgano de gobierno es el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez designa a tres consejeros, que por Ley deben ser empleados superiores de Hacienda; en otras palabras estos consejeros responden enteramente a la voluntad de decisión de su jefe (el secretario de Hacienda).

De manera adicional, la Ley establece que el Presidente de la República designará a tres consejeros independientes, dos de los cuales deberán ser a propuesta de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.

Como se puede observar, el esquema actual de conformación de la Junta de Gobierno del SAT, le otorga al secretario de Hacienda, un absoluto control de la misma, al tener cuándo menos cuatro de los siete asientos del órgano gobierno, lo que convierte al SAT en un organismo absolutamente dependiente de la decisiones del secretario de Hacienda, lo que contraviene su autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, establecida en su artículo tercero.

Pero no sólo eso, esta conformación del órgano de gobierno del SAT, contraviene los principios básicos del gobierno corporativo y necesariamente está influyendo en los malos resultados obtenidos por la entidad.

Para terminar con este problema de gobernabilidad y conflicto ``entre'' intereses, y restaurar el equilibrio, la iniciativa busca modificar la designación de los consejeros que actualmente designa el secretario de Hacienda para que tengan que ser ratificados por la Cámara de Diputados o por la Comisión Permanente, en su caso, para desempeñar la función de consejero del SAT, aun cuando hayan sido ratificados de manera previa por el Senado, dada su condición de empleados superiores de Hacienda, tal y como actualmente lo establece la ley.

Lo anterior parte de la premisa de que no cualquier servidor público superior de Hacienda puede ser consejero del SAT.

Por todo lo anterior, el suscrito, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto que modifica el artículo noveno de la Ley del Servicio de Administración Tributaria

Artículo 9o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria dice:

La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por

I. El secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros designados por él de entre los empleados superiores de Hacienda. El secretario de Hacienda presidirá la Junta de Gobierno y podrá ser suplido por otro empleado superior de Hacienda que sea distinto de los designados para integrar la Junta de Gobierno, y

II. ...

Artículo 9o. de la Ley del SAT debe decir:

La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria se integrará por:

I. El secretario de Hacienda y Crédito Público y tres consejeros del SAT propuestos por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados o en su caso la Comisión Permanente, para ejercer ese cargo. La presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa cada seis meses y el presidente sólo podrá ser suplido bajo causas graves o de fuerza mayor. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Aguilar Jiménez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Como se sabe, la crisis del sistema educativo mexicano tiene múltiples expresiones, como es el bajo desempeño de nuestros estudiantes y el rezago educativo que sobrepasa los 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no lograron terminar la educación básica y media superior.

No podemos dejar de señalar que la falta de la formación de lectores tempranos y de una visión pedagógica de la educación, son otros elementos que están detrás de la crisis de nuestro sistema educativo. Resulta claro que los factores causales de nuestra crisis educativa comienzan por la propia visión que tienen de ella los gobernantes neoliberales, quienes la ven como una inversión productiva cuya meta es la formación de individuos competitivos, poseedores de saberes y habilidades suficientes y que constituyen el capital cultural de una nación.

Desde la perspectiva del Partido del Trabajo y de su grupo parlamentario, la educación tiene que ser vista como una poderosa palanca para formar seres humanos con un conocimiento global de nuestra realidad.

Debe concebirse como el medio para desarrollar la sensibilidad de los seres humanos para valorar nuestra riqueza ambiental, nuestra visión de progreso y la importancia de la libertad en todos los ámbitos; para construir mejores seres humanos, como tales, que la sociedad y la historia le regresen a cada individuo el conocimiento de todos, porque de la visión que se tiene de la educación se desprenden proyectos para impulsar los cambios sociales que beneficien a la colectividad y que sea base para orientar la política cultural del Estado.

En este contexto resulta claro que para tener un sistema educativo que responda a los intereses funcionales de nuestra sociedad tenemos que crear una infraestructura material y humana que sea capaz de mantener su funcionamiento en condiciones deseables. Tenemos que preparar a nuestros maestros en todas las modalidades y niveles educativos, tenemos que adecuar nuestros planes y programas de estudio conforme a los cambios específicos y globales que lo vayan requiriendo.

Por esta razón, nosotros pensamos que es necesario formar a los cuadros docentes de nuestro país con una visión pedagógica que les permita coordinar el aprendizaje bajo una nueva orientación, suprimiendo la visión receptiva de los alumnos que, hasta nuestros días, ha predominado en nuestra nación.

Cuando nuestro sistema educativo haga énfasis en desarrollar las habilidades de los alumnos en el campo de las matemáticas, la investigación, la interpretación, análisis, síntesis y la evaluación de conjunto, habremos creado las condiciones necesarias para tener resultados tangibles en la calidad de la enseñanza que se imparte en México. Es decir, se deben generar procesos de enseñanza que modifiquen las condiciones actuales de nuestro sistema educativo. Sólo así podremos tener resultados positivos en la evaluación de nuestros alumnos.

Por esta razón, para nosotros la evaluación de la educación debe sustentarse en criterios objetivos de medición, pero también debe informarse a la sociedad en su conjunto cuáles son esos criterios de medición de la evaluación educativa en los cuales fallan y en cuáles tienen ventajas nuestros estudiantes.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe informar no sólo de resultados, sino fundamentalmente, qué contenidos y habilidades se manejan más y cuáles no. Debe informar sobre resultados de los exámenes, pero no sólo dar puntajes sino que informe de los contenidos en los que los estudiantes muestran más dificultades en su manejo, porque para nosotros está claro que entregar puntajes no mide habilidades, como ocurre actualmente.

Para evitar la manipulación de los informes que se hagan sobre la evaluación educativa de nuestra nación requerimos de una institución que sea autónoma e independiente de cualquier poder por encima de ella.

Estamos proponiendo también elevar a rango de ley la existencia y funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que sean las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión las que decidan su orientación y destino y expresen el sentir de la voluntad del pueblo mexicano. Es decir, nuestra propuesta es que el actual decreto que da origen a la existencia pase a ser una ley, porque de esa manera se garantiza la permanencia del organismo para que no quede al capricho del Ejecutivo federal, tal como está actualmente.

Pensamos que sólo teniendo una institución que sea autónoma podremos tener la certeza de los informes que haga sobre el estado de la educación en nuestro país. Podrá ser la base para tomar decisiones correctas, para corregir fallas y consolidar nuestras ventajas en este campo.

Sólo así podremos tener la seguridad de que la evaluación de la educación ---mediante criterios que midan la capacidad en el manejo de las habilidades cognoscitivas por parte de nuestros alumnos--- y podremos saber en qué medida se han alcanzado las metas y objetivos de nuestro sistema educativo.

Compañeras y compañeros diputados. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, para que se expida la Ley que Crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Solicito a usted, señor Presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa quede íntegra insertada en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Esta iniciativa la suscriben los diputados del Partido del Trabajo Ricardo Cantú Garza, Jaime Cervantes, Rubén Aguilar, Rodolfo Solís, Abundio Peregrino García, María Mercedez Maciel Ortíz, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán y Silvano Garay Ulloa. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Como se sabe, la crisis del sistema educativo mexicano tiene múltiples expresiones.

Una de ellas es el bajo desempeño de nuestros estudiantes, que se refleja a la hora de ser evaluados, mediante la aplicación de los exámenes de admisión para ingresar a la secundaria, el bachillerato y la licenciatura en las escuelas públicas, porque el grueso de los alumnos no acreditan esos exámenes.

También el rezago educativo es otra expresión de esa crisis, toda vez que millones de mexicanos no terminan sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato, por carecer de los medios más elementales, ya que tienen que trabajar en lugar de estudiar.

No podemos dejar de señalar que la falta de la formación de lectores tempranos y de una visión pedagógica de la educación, son otros elementos que están detrás de la crisis de nuestro sistema educativo.

Sin embargo, lo que realmente ha inquietado a la sociedad y al gobierno mexicanos, es el hecho de ser exhibidos a nivel internacional, porque nuestros estudiantes no logran buenos niveles en las evaluaciones que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE para una muestra de cerca de 100 países.

Esas evaluaciones revelan que la mayoría de los estudiantes mexicanos tienen un bajo desempeño en habilidades de comprensión de lectura, matemáticas y ciencias.

Por lo tanto, la pregunta obligada es: ¿Donde está la falla?

Resulta claro que los factores causales de nuestra crisis educativa, comienzan por la propia visión que tienen de ella los gobernantes neoliberales, quienes la ven como una inversión productiva, cuya meta es la formación de individuos competitivos, poseedores de saberes y habilidades eficientes y que constituyen el capital cultural de una nación.

En este contexto, la evaluación de la educación la ven como un poderoso instrumento para superar la crisis de nuestro sistema educativo.

Desde la perspectiva del Partido del Trabajo y de su grupo parlamentario, la educación tiene que ser vista como una poderosa palanca para formar seres humanos con un conocimiento global de nuestra realidad.

Los procesos educativos deben ser vistos como el medio para desarrollar la sensibilidad de los seres humanos para valorar nuestra riqueza ambiental, nuestra visión de progreso y la importancia de la libertad en todos los ámbitos.

Por lo tanto, de la visión que se tenga de la educación, se desprenden proyectos para impulsar los cambios sociales que beneficien a la colectividad y que sea la base para orientar la política cultural del Estado.

En este contexto, resulta claro que para tener un sistema educativo que responda a los intereses funcionales de nuestra sociedad, tenemos que crear una infraestructura material y humana que sea capaz de mantener su funcionamiento en condiciones óptimas.

Tenemos que preparar a nuestros maestros en todas las modalidades y niveles educativos. Tenemos que adecuar nuestros planes y programas de estudio conforme los cambios específicos y globales lo vayan requiriendo.

Por esa razón, nosotros pensamos que es necesario formar a los cuadros docentes de nuestro país con una visión pedagógica, que les permita coordinar el aprendizaje bajo una nueva orientación, suprimiendo la visión receptiva de los alumnos que hasta nuestros días ha predominado en nuestra nación.

Una vez que estemos educando a nuestros estudiantes a tener una comprensión lectora, a aplicar y relacionar los conocimientos que adquieren para resolver problemas de la vida real, estaremos formando alumnos competitivos.

Cuando nuestro sistema educativo haga énfasis en desarrollar las habilidades de los alumnos en el campo de las matemáticas, la investigación, la interpretación, el análisis, la síntesis y la evaluación de conjunto, habremos creado las condiciones necesarias para tener resultados tangibles en la calidad de la enseñanza que se imparte en México.

Es decir, se deben generar procesos de enseñanza que modifiquen las condiciones actuales de nuestro sistema educativo, sólo así podremos tener resultados positivos en la evaluación de nuestros alumnos. Por esa razón, para nosotros la evaluación de la educación debe sustentarse en criterios objetivos de medición.

Pero también, debe informarse a la sociedad en su conjunto, cuáles son esos criterios de medición de la evaluación educativa, en cuáles fallan y en cuáles tienen ventajas nuestros estudiantes.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe informar no sólo de resultados, sino fundamentalmente qué contenidos y habilidades se manejan más y cuáles no.

Debe informar sobre resultados de los exámenes, pero no sólo dar puntajes, sino que informe de los contenidos que los estudiantes muestran más dificultades en su manejo, porque para nosotros está claro que entregar puntajes no mide habilidades, como ocurre actualmente.

Para evitar la manipulación de los informes que se haga sobre la evaluación educativa de nuestra nación, requerimos de una institución que sea autónoma e independiente de cualquier poder por encima de ella.

Estamos proponiendo también, elevar a rango de ley la existencia y funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que sean las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, las que decidan su orientación y destino y exprese el sentir de la voluntad del pueblo mexicano.

Es decir, nuestra propuesta es que el actual decreto que da origen a su existencia, pase a ser una ley, porque de esa manera se garantiza la permanencia del organismo, para que no quede al capricho del Ejecutivo federal, tal como está actualmente.

Pensamos que sólo teniendo a una institución que sea autónoma, podremos tener la certeza de que los informes que haga sobre el estado de la educación en nuestro país, podrán ser la base para tomar decisiones correctas para corregir fallas y consolidar nuestras ventajas en este campo.

Sólo así podremos tener la seguridad de que la evaluación de la educación, mediante criterios que midan la capacidad en el manejo de las habilidades cognoscitivas por parte de nuestros alumnos, podremos saber en qué medida se han alcanzado las metas y objetivos de nuestro sistema educativo.

Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,para quedar como sigue:

Artículo Único. Se expide la Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Artículo 1. Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México, que podrá establecer oficinas en cualquier lugar de la República.

Artículo 2. El Instituto tendrá por objeto ofrecer a las autoridades educativas de naturaleza federal y locales, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos. Será objeto de los programas, servicios y acciones del Instituto la educación de tipo básico, en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria y la de tipo medio superior de bachillerato o profesional, tanto en modalidad escolar, en escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, como en las modalidades no escolarizada y mixta, incluyendo la educación para adultos, la educación especial, la indígena y la comunitaria. La educación superior no será objeto de la actividad del Instituto.

Artículo 3. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto solicitará a la Secretaría de Educación Pública la información pertinente y necesaria para poder llevar a cabo las evaluaciones respecto del sistema educativo nacional, así como fijar los lineamientos generales conforme a los cuales, establece los criterios para evaluar las diferentes modalidades y niveles de nuestro sistema educativo.

Corresponderá al Instituto:

I. Desarrollar y mantener en operación un sistema de indicadores que permita valorar en forma objetiva, la calidad del sistema educativo nacional, en los niveles que le corresponden;

II. Apoyar la realización de evaluaciones nacionales de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, cubriendo por muestreo o en forma censal y en ciclos anuales o multianuales, todos los grados, ciclos y áreas curriculares de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes;

III. Desarrollar modelos para la evaluación de las escuelas de los tipos, niveles y modalidades educativos de su competencia, y apoyar su utilización en el sistema educativo nacional;

IV. Apoyar, a solicitud de las autoridades estatales correspondientes, la extensión de la evaluación educativa a que se refieren las tres fracciones anteriores en las entidades de la República;

V. Apoyar, a solicitud de las autoridades educativas federales o estatales, la evaluación de programas proyectos prioritarios;

VI. Diseñar instrumentos y sistemas de evaluación educativa adecuados a los diferentes tipos, niveles, grados y áreas de los currículos; apoyar en su aplicación o, en su caso, supervisar la aplicación, así como coadyuvar en el análisis e interpretación de la información que arrojen, actuando siempre con respeto al principio de equidad;

VII.- Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación, difundir los resultados de los análisis y desarrollar actividades de capacitación en materia de evaluación educativa,

VIII. Dar a conocer a la sociedad mexicana mediante un informe semestral, por todos los medios posibles, el estado que guarda el desempeño de nuestro sistema educativo en todas sus modalidades y niveles, así como informar los criterios que utilizó para evaluar el desempeño educativo, es decir, dicho informe debe incluir en qué contenidos de la enseñanza tienen ventajas nuestros educandos y en cuáles muestran más dificultades en su manejo, con el propósito de tomar decisiones que consoliden o mejoren el desempeño escolar, y

IX.- Realizar estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del país en los proyectos internacionales al respecto, con la participación que conforme a las disposiciones legales corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Artículo 4. En el desarrollo de sus funciones, el Instituto buscará contribuir al mejoramiento de la educación, en el marco de los principios que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. En particular, se regirá por las siguientes orientaciones generales:

I. Buscará alcanzar la mayor calidad en el desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación, atendiendo la confiabilidad y validez, en todas sus dimensiones;

II. Señalará con claridad los usos aceptables y deseados de cada evaluación;

III. Devolverá la información procesada, a quienes contribuyeron a su generación;

IV. Reconocerá la importancia de la función de evaluación de centros escolares, zonas de supervisión y autoridades educativas locales, orientando su trabajo a complementar, apoyar y alimentar la realización de esta función;

V. Cuidará que los resultados de las evaluaciones que se realicen no sean utilizados por sí solos para tomar decisiones sobre individuos, y menos de carácter punitivo, entendiendo que su propósito es el de retroalimentar al sistema educativo nacional y a los subsistemas estatales en cuanto tales, para que mejoren su operación y resultados, como elemento de estímulo y apoyo;

VI. Tendrá en cuenta las diferentes circunstancias que puedan afectar a personas, escuelas o subsistemas y evitará comparaciones que no consideren tales posibles diferencias teniendo siempre presente el principio de búsqueda de la equidad en el análisis de resultados de la evaluación;

VII. Procurará que en todas sus líneas de actividad exista un componente de innovación que genere nuevos instrumentos y nuevas formas de enfrentar la evaluación, en función de las necesidades del sistema educativo;

VIII. Tratará siempre de realizar sus funciones con la mayor eficiencia posible, evitando el desperdicio de tiempo y recursos;

IX. Procurará que los resultados de las evaluaciones permitan comparar en el tiempo, y

X. Se esforzará por participar en todos los eventos pertinentes de evaluación internacional.

Artículo 5. Para el cumplimiento de sus propósitos el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Definir e instrumentar, una política nacional de evaluación, que contribuya a la elevación de la calidad de la educación. La política nacional de evaluación educativa deberá precisar: a) Los puntos de referencia con los que se deberán comparar los resultados obtenidos para llegar a juicios de valor sobre la calidad educativa, tanto en una perspectiva transversal como en una longitudinal;

b) Las consecuencias de la evaluación, en términos de apoyos compensatorios, estímulos, medidas preventivas o correctivas y financiamiento;

c) Lo relativo a la difusión pública de los resultados de la evaluación, cuidando tanto el justo derecho de las personas a la privacidad, como el de la sociedad a que se le rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos y el funcionamiento de servicios de interés general, y

d) La distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y subsistemas, y la del sistema educativo nacional en su conjunto;

II. Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación de políticas y acciones relacionadas con la calidad educativa, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

III. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

IV. Promover, coordinadamente con la Secretaría de Educación Pública y otras entidades de la Administración Pública Federal, así como con entidades privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a mejorar la calidad educativa;

V. Concertar acuerdos y convenios con la autoridad educativa de estados y municipios y, en su caso, con entidades privadas, para promover políticas y programas tendientes a la elevación de la calidad educativa, y

VI. las demás que le otorgan este decreto y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo 6. El patrimonio del Instituto se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio;

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento;

III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste;

IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor, y

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal.

Artículo 7. Serán órganos de administración del Instituto la Junta Directiva y el Director General. El Instituto contará con un Consejo Técnico, un Consejo Consultivo y las demás unidades que se señalen en su estatuto orgánico.

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por:

I. El Director General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien la presidirá;

II. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

III. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México'

IV. El Director General del Instituto Politécnico Nacional; y

V. El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.

El Presidente de la Junta Directiva invitará a participar como miembros de la misma a: un representante de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro, Asociación Civil; el Presidente de Transparencia Mexicana, Asociación Civil; un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Asociación Civil; el Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Civil; un representante de la Comisión de Educación del Sector Empresarial; y un representante de Observatorio Ciudadano de la Educación, Asociación Civil.

Los integrantes de la Junta Directiva designarán a sus respectivos suplentes. La pertenencia a la Junta será honoraria

Los cargos de secretario y prosecretario de la Junta Directiva serán ocupados respectivamente por quien sea designado por el Director General del Instituto para la Evaluación de la Educación, y por la persona que designe la propia Junta, a propuesta de su Presidente.

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades indelegables:

I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto, relativas a la productividad, comercialización de servicios, investigación y administración general;

II. Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;

III. Fijar las bases así como los montos mínimos, máximos y actualizaciones de las cuotas de recuperación por los servicios que preste el Instituto;

IV. Expedir las normas generales para que el Director General pueda disponer, cuando fuere necesario, de los activos fijos del Instituto que no correspondan al objeto del mismo;

V. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y el dictamen de los auditores externos;

VI. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales, la elaboración de las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios;

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepción de aquellos de su propiedad que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la Federación;

VIII. Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento;

IX. Designar al Presidente y a los miembros del Consejo Técnico del Instituto; así como autorizar las remuneraciones por la realización de los trabajos específicos que les encomiende el propio Consejo;

X. Designar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos de los dos niveles administrativos inferiores al de aquél, así como concederles licencias;

XI. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el proyecto de estructura orgánica, previa opinión de las dependencias competentes; así como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;

XII. Sancionar los acuerdos del Consejo Técnico en relación con todos los asuntos de naturaleza académica y técnica del trabajo del Instituto;

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Director General, con la intervención que corresponda al Comisario y a los Consejos Técnico, y Consultivo:

XIV. Aprobar las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y con cargo a terceros, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando lo conducente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y

XV. Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque su Presidente. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y siempre que la mayoría de sus asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto el Director General del Instituto, el Secretario, el Prosecretario y el Comisario.

Artículo 11. El Director General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados. El nombramiento deberá recaer en la persona que acredite experiencia en el campo de la evaluación educativa. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados realizará una auscultación entre los miembros de la comunidad académica del país, para conformar una terna que será propuesta al Pleno de la Cámara, la que designará de entre uno de ellos al Director General. El Director General durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo más.

Artículo 12. El Director General del Instituto, tendrá las facultades siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto;

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva;

III. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta Directiva el Estatuto Orgánico del Instituto, así como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y Servicios al Público;

IV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;

V. Formular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta Directiva;

VI. Nombrar al personal del Instituto;

VII. Someter a la Junta Directiva y publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto para mejorar su desempeño, y

IX. Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 13. El Consejo Técnico del Instituto estará integrado por dieciséis expertos en los campos de la evaluación o de la investigación educativa.

Los miembros del Consejo Técnico serán designados por la Junta Directiva en consideración a sus méritos personales. Las propuestas respectivas serán presentadas debidamente fundadas por los miembros de la propia Junta Directiva. El Consejo Técnico será presidido por uno de sus miembros, designado para ello por la Junta Directiva. El Presidente durará cuatro años en su cargo.

Los miembros del Consejo Técnico durarán en su cargo ocho años, pudiendo ser designados nuevamente por una sola vez.

Artículo 14. El Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Establecer los lineamientos técnicos y académicos que guiarán el trabajo del Instituto en materia de evaluación educativa y tomar las decisiones correspondientes, con base en lo que establezca el Estatuto;

II. Asesorar a la Junta Directiva y al Director General para el mejor desempeño de sus atribuciones y dictaminar sobre las cuestiones de naturaleza técnica y académica que dichas instancias sometan a su consideración;

III. Conocer los programas de trabajo anuales y de mediano plazo que elabore la Dirección General y, en su caso, recomendar a la Junta Directiva su aprobación, o proponer los ajustes técnicos que considere necesarios;

IV. Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el Instituto, indicando si reúne las condiciones para ser utilizados operativamente, así como valorar sus aspectos académicos y técnicos, y

V. Evaluar técnica y académicamente los informes que presente la Dirección General respecto de los resultados de los programas de trabajo del Instituto y, en su caso, recomendar su aprobación por la Junta Directiva.

Artículo 15. El Consejo Técnico celebrará sesiones plenarias ordinarias dos veces al año y las extraordinarias que convoque su Presidente. El Director General del Instituto participará en las sesiones del Consejo Técnico con voz pero sin voto.

El Consejo Técnico funcionará también en subcomités, de conformidad con lo que se disponga en el estatuto orgánico.

Artículo 16. La Junta Directiva instruirá al Director General del Instituto para la formación del Consejo Consultivo al que serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las treinta y dos entidades integrantes de la Federación.

El Consejo Consultivo fungirá como órgano de consulta del Instituto y como enlace para fortalecer la colaboración entre las autoridades educativas federal y locales en materia de evaluación educativa. Fungirá como Secretario Técnico del Consejo Consultivo, a quien designe el Director General para la Evaluación de la Educación. La pertenencia a este órgano será honoraria.

Artículo 17. El Consejo Consultivo se reunirá en las fechas y lugares que el propio Consejo acuerde. El Secretario Técnico convocará a reuniones cuando menos dos veces al año. El Director General del Instituto participará en las sesiones con voz pero sin voto.

Artículo 18. El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades serán nombrados y removidos por la Junta Directiva del Instituto, de la cual dependerán.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

El Instituto proporcionará al titular del órgano de control interno los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus facultades.

Artículo 19. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario, y un suplente, quienes serán designados por la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 20. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por las disposiciones legales aplicables, reglamentarias del artículo 123 constitucional.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Estatuto Orgánico deberá expedirse en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Tercero. El primer Consejo Técnico deberá quedar integrado en un plazo de treinta días a partir del nombramiento del Director General del Instituto. Para la substitución de sus primeros integrantes, se sorteará el orden en que deberán ser reemplazados, en grupos de cuatro cada año, a partir del quinto. La regla de permanencia de ocho años comenzará a aplicarse a los miembros del Consejo Técnico que designará la Junta Directiva a partir del quinto año de operación del Instituto.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a 28 de septiembre de 2006.

Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedez Maciel Ortíz, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Félix Castellanos Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Como ha sido solicitado, insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ARTICULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Alternativa, para presentar iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con su venia, señor Presidente. Asimismo, por economía de tiempo, no daré lectura a la iniciativa, por lo que le pido se inserte en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros diputados. El nuevo rol que le está tocando jugar al Congreso mexicano se tiene que ir reflejando en un proceso de modernización política en el interior de este Palacio y de sus respectivos actores.

Si bien salimos de un presidencialismo metaconstitucional a partir de 1997 que estamos inaugurándonos en gobiernos compartidos o gobiernos divididos, el Poder Legislativo está adquiriendo un peso, una relevancia que nos implica repensar al sistema político mexicano en su conjunto y a tener una eficaz y eficiente división de poderes.

Uno de los puntos más importantes para arrancar la modernización del Poder Legislativo es otorgarle una nueva legitimidad funcional. Esta nueva legitimidad funcional para arrancar ---desde nuestro punto de vista--- significa ampliar los periodos ordinarios de sesiones.

La historia de este país en el siglo XIX. Se establecían dos periodos ordinarios de sesiones con aproximadamente seis meses y medio; se clausura prácticamente con la dictadura de Porfirio Díaz y con los regímenes de la Revolución Mexicana solamente se trabajaba un periodo ordinario. Es hasta 1986 cuando se vuelven a reinsertar dos periodos ordinarios de sesiones. Solamente se trabajaban cinco meses al año. Hasta la reforma de 2004 empezamos a trabajar seis meses y medio.

La propuesta es que se pueda trabajar para poder tener una agenda legislativa donde se desahoguen no solamente nuestras iniciativas, sino abatir los grandes rezagos. Por ejemplo, la Legislatura pasada, en un 70 por ciento los trabajos en comisiones no se realizaron por falta de quórum.

Es así como tenemos que pensar que del 15 de enero al 31 de julio se tiene que ampliar este segundo periodo ordinario de sesiones, porque cuando uno se mete a realizar los estudios comparados en Estados Unidos laboran 12 meses; Italia, España, Francia, nueve meses; los parlamentos latinoamericanos nueve meses y medio; Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá, 10 meses. Entonces, para poder tener no solamente un cambio en la forma de legislar ---que la cantidad de meses no implica que sea la calidad legislativa---, eso depende de la técnica legislativa que esté instrumentando cada grupo parlamentario.

Sin embargo, tenemos ejemplos en los Congresos estatales. Baja California y Michoacán laboran 12 meses al año. Hoy la ciudadanía demanda que seamos un Congreso de tiempo completo, un Congreso que no solamente tenga la capacidad de relegitimarse, de obtener confianza y una nueva legitimidad, porque estamos siendo evaluados por la prensa. Las constantes encuestas nos ponen en un nivel de credibilidad muy bajo, inclusive más abajo que los policías.

No solamente tenemos el monitoreo legislativo del CIDE que nos está evaluando constantemente de manera cuantitativa, no así de manera cualitativa. Es necesario que los nuevos diputados tomen no solamente consensos operativos para que podamos diseñar aquí la nueva arquitectura política que necesita el país, esto es fundamental antes de querer transformar en macro. Antes de entrar a una reforma del Estado necesitamos hacer una revisión profundamente autocrítica de cuál es nuestro rol aquí.

Este país se merece que le demos resultados como diputados y como un Poder Legislativo emergente, dentro de la debilidad del viejo presidencialismo metaconstitucional. Muchísimas gracias y espero que podamos construir no solamente el nuevo rostro de este Poder Legislativo. Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ayer fueron los tiempos de la Presidencia, hoy es el tiempo del Poder Legislativo.

Es innegable que los tiempos cruciales por los que transitamos son de prueba para la consolidación de una efectiva división de poderes e impulsar una nueva gobernanza en el país.

Hoy nadie niega la imperiosa necesidad de fortalecer integralmente al Poder Legislativo federal: resulta evidente que el Congreso debe asumir un papel mucho más activo en la vida nacional, a fin de equilibrar su relación con el Ejecutivo y el camino institucional será reivindicando sus atribuciones constitucionales de manera plena.

La nueva realidad de nuestro sistema político mexicano ha sido transitar de un sistema presidencialista, que conlleva la connotación peyorativa de la distorsión del sistema presidencial por el abuso de poderes más allá de los constitucionalmente atribuidos por un sistema de gobierno compartido y/o dividido, cuyo fenómeno implica conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y el reto es impulsar diseños institucionales que permitan en el Poder Legislativo contar con los instrumentos necesarios que hagan posible la deliberación y la obtención de acuerdos que impulsen el desarrollo del país.

Este es el reto: si queremos que el nuevo Poder Legislativo mexicano tenga la legitimidad funcional que le exige la circunstancia actual, entonces deberá ser capaz de armonizar la pluralidad política y social del México actual.

Estamos convencidos que uno de los primeros pasos que debemos dar para lograr lo anterior será privilegiar la duración de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso.

Esto es, si queremos fortalecer el espacio de la reflexión, discusión, deliberación y acuerdos expresado en leyes y normas de convivencia y bienestar para la sociedad, entonces se requerirá de un mayor compromiso para avanzar en las grandes tareas de la agenda nacional y poder así facilitar la fecundidad legislativa y los entendimientos necesarios con el Ejecutivo.

Como antecedentes de esta preocupación, nuestro Congreso mexicano ha tenido distintas fechas de inicio y duración de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso.

En el siglo antepasado, el Congreso se inclinó por la realización de dos periodos ordinarios al año.

La Constitución de 1824 prescribió que el Congreso se reuniría todos los años el primero de enero y las sesiones las clausuraría el 15 de abril, optándose por la prorroga hasta por 30 días útiles si se consideraba conveniente o a petición del Presidente. En la Constitución de 1836, integrada por las Siete Leyes Constitucionales, estableció dos periodos ordinarios de sesiones; el primer periodo duraría del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo, del 1 de julio hasta haber agotado los asuntos previstos por la Constitución, concernientes al Presupuesto de Egresos y a la Cuenta Pública. En las bases orgánicas de 1843 se establecieron los mismos periodos de sesiones, con la modalidad de que el segundo periodo se fijaron tres meses de duración, igualándolo con el primer periodo, y facultando al segundo de conocer, además del Presupuesto, Cuenta Pública y la Ley de Ingresos.

Posteriormente, la Constitución Federal de 1857 también establece dos periodos ordinarios de sesiones al año; el primero inicia el 16 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, y el segundo, del 1 de abril al último de mayo, conociendo asuntos eminentemente hacendarios. Las reformas de 1874 permiten que el primer periodo pueda prolongarse por 30 días más, y el segundo hasta por 15 días. Cabe hacer notar que, sumados los dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso, son seis meses y medio, sin contar los periodos extraordinarios, lo que, según Emilio O. Rabasa, conformaban un Congreso, que reunido por mucho tiempo, y fecundo legislativamente, en un peligroso rival del Poder Ejecutivo, y que traería como consecuencia un riesgo para la división y equilibrio de poderes.

Lo que siguió fue el surgimiento de una dictadura de alrededor de tres décadas, con la consecuente nulificación de un Poder Legislativo gradualmente avasallado por el Ejecutivo.

No obstante lo anterior, en la Constitución de 1917 se discutió y se argumentó que el Ejecutivo requería ser fortalecido para garantizar la implementación del programa de la Revolución Mexicana; así entonces, se estableció un solo periodo ordinario de sesiones, comprendido del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. La reacción del Congreso no se dejó esperar, mientras el país estrenaba una nueva Constitución, los legisladores presentaban una iniciativa para volver al sistema de dos periodos ordinarios de sesiones, cosa que no tuvo éxito, ya que prevalecía el argumento del ejecutivo fuerte. El saldo: durante el siglo XIX, el Congreso tuvo siete meses y medio como duración de sus dos periodos ordinarios de sesiones, frente al régimen de la Revolución Mexicana con tan sólo cuatro meses y un solo periodo ordinario de sesiones.

Fue hasta abril de 1986, cuando se restablece un segundo periodo ordinario de sesiones al año. Iniciando el primer periodo el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, y el segundo, del 15 de abril hasta el 15 de julio. Cabe resaltar que en este sistema de doble periodo ordinario de sesiones se tiene la característica del principio improrrogable y, en consecuencia, de su posible conclusión anticipada.

Posteriormente, en septiembre de 1993 se reforman los artículos 65 y 66 constitucionales. Se estableció que a partir de 1995 el Congreso celebrará su primer periodo de sesiones del 1 de septiembre y no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre; y que se podría extender hasta el 31 de diciembre cuando el Presidente de la República inicia su periodo de gobierno. Esto tiene que ver, sobre todo, con el tiempo disponible por el nuevo Presidente para la presentación de las iniciativas de carácter financiero, como son la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el siguiente año. El segundo periodo comprenderá del 15 de marzo al 30 de abril.

Finalmente, en agosto de 2004 se reforma el artículo 65, en su primer párrafo, para fijar el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de febrero de cada año. En consecuencia, tenemos en vigencia dos periodos ordinarios de sesiones que van del 1 de septiembre al 15 de diciembre, de tres meses y medio, y cuatro meses, cada inicio de sexenio. Y el segundo periodo del 1 de febrero al 30 de abril, tres meses; en suma, el Congreso sesiona seis meses y medio cada año legislativo.

Comparando nuestro Congreso con los de otros países, el saldo promedio de la duración de sus periodos ordinarios de sesiones resulta negativo:

Argentina, nueve meses; Brasil, nueve meses y medio; Canadá, diez meses; Colombia, nueve meses y medio; Estados Unidos, doce meses; República Dominicana, mínimo de seis meses y prorrogable hasta diez; Guatemala, sesiona todo el tiempo necesario; Honduras, nueve meses y medio; Paraguay, nueve meses y medio; Uruguay, diez meses, Venezuela doce meses y Panamá, ocho meses; de igual manera, España, Italia y Francia sesionan nueve meses e Inglaterra sesiona seis meses.

Por otra parte, si revisamos nuestros Congresos locales, nos encontraremos con una gran diversidad en la duración de sus periodos ordinarios de sesiones, que van desde los Congresos de Baja California y Michoacán, que duran todo el año, hasta Jalisco, donde tan sólo son de cinco meses. Pero lo relevante es que la duración de los periodos ordinarios de sesiones en promedio son de seis meses y medio, esto es, igual que el Congreso federal, y por consecuencia, nos debe llamar a reflexión y concluir que es la primera causa directa para tener un Congreso limitado, improductivo y poco eficaz para cumplir con sus obligaciones constitucionales como órgano estatal de control y fiscalizador, ya no se diga incapaz de enfrentar el rezago legislativo.

Ahora bien, frente a la opinión pública es bien sabido que el Congreso goza de una muy baja percepción de aprobación, más bien, el Poder Legislativo está reprobado, en sus niveles promedio de aceptación de la ciudadanía, por considerarlo improductivo y ajeno a la solución de los verdaderos problemas nacionales.

Por la falta de modernización de su régimen interno, el Congreso tiene alarmantes niveles de improductividad en el trabajo en comisiones, registrando en la pasada legislatura un ausentismo del 70 por ciento de reuniones no celebradas por falta de quórum.

La causa: ausencia de un reglamento parlamentario que fije de manera imperativa las prerrogativas de los diputados; sus derechos; pero también, las obligaciones y sanciones de los mismos.

Es por ello, que proponemos llevar a cabo una reforma amplia y profunda, que a primera vista parecerá simple: la ampliación, al máximo, de los periodos ordinarios de sesiones, para que el Congreso disponga del tiempo necesario para planear, programar y ejecutar su programa legislativo o su agenda legislativa anualizada. Actualmente se dispone de los órganos de gobierno o de dirección, como es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sin embargo es necesario fortalecer esta instancia.

Por otra parte, las comisiones de trabajo legislativo tienen frente a sí un gran reto: trabajar permanentemente todo el año, sin ningún pretexto, a fin de solucionar los graves problemas políticos, con la necesaria reforma del Estado mexicano, los problemas sociales y económicos que no admiten dilación y que nos reclaman nuestras ciudadanas y ciudadanos.

En síntesis, la nación demanda un Congreso de tiempo completo, pero trabajando todo el año, y la única solución es la ampliación de los dos periodos ordinarios de sesiones a diez meses y únicamente dos meses de receso, sólo así el Congreso asumirá de manera legítima sus atribuciones constitucionales, con responsabilidad y compromiso permanente frente a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Articulo Único: Se reforma el párrafo primero del artículo 65 y el párrafo primero del artículo 66, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de enero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

...

Artículo 66.- Cada periodo de sesiones durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado De la Torre. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTATUTO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Manuel Minjares Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez:Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Vengo aquí a esta tribuna a presentar una iniciativa de reformas al Estatuto de Gobierno delDistrito Federal, con objeto de posibilitar la creación de policías delegacionales al tenor de las siguientes razones.

En los últimos 10 años, la Ciudad de México se ha convertido en la más insegura de todo el país y una de las más inseguras del mundo, hecho que deteriora definitivamente la calidad de vida de los capitalinos y de sus visitantes.

Día con día nos sentimos amenazados en nuestras vidas, en nuestro patrimonio, en nuestras familias; al mismo tiempo, la corrupción que impera en los cuerpos policíacos, agravada muy notoriamente durante las tres últimas administraciones del Gobierno de la Ciudad, provoca que los ciudadanos desconfíen y vean como potenciales delincuentes a quienes deberían protegerlos de éstos últimos. Pero esto, compañeros, no es una simple percepción.

De conformidad con la III Encuesta Nacional de Inseguridad presentada por el doctor Luis de la Barreda Solórzano, presidente del Instituto Ciudadano de Estudios de Seguridad Pública, se indica que la incidencia delictiva en el Distrito Federal es superior a los 20 mil delitos por cada cien mil habitantes, que supera con mucho el promedio nacional que es de 11 mil 246 delitos en la misma proporción. Ese mismo estudio muestra que 86 por ciento de los capitalinos nos sentimos inseguros en la Ciudad de México.

Durante la pasada campaña electoral, los candidatos del PAN en el Distrito Federal recibimos la demanda constante de quienes hoy representamos para actuar decididamente en contra de la inseguridad. Así, los candidatos a jefe de gobierno y a jefes delegacionales se comprometieron a tomar las medidas necesarias en el ámbito de su propia competencia.

Sin embargo, actualmente los jefes delegacionales ---que por cierto entrarán en funciones el próximo domingo, primero de octubre--- se ven impedidos de tomar acciones efectivas contra la delincuencia en sus demarcaciones territoriales, debido a que no cuentan con atribuciones para ejercer el mando de cuerpo policiaco alguno.

En tal sentido, quienes hoy somos legisladores federales de Acción Nacional debemos proponer los cambios a las leyes que permitan a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, naturalmente los jefes delegacionales, quienes son además los primeros que reciben los reclamos de sus gobernados sin tener capacidad de respuesta efectiva ante estos problemas.

Estimamos que con la medida que proponemos, se deberán obtener mejores resultados en materia de seguridad pública, ya que se eliminarían los inconvenientes que hoy se suscitan al tener la responsabilidad exclusiva de la seguridad en manos del gobierno central que, por otro lado, ha quedado demostrado en diferentes ocasiones que el criterio para asignación de efectivos en cada una de las demarcaciones territoriales muchas veces tiene que ver ---y está determinado--- por la preferencia partidista que hayan mostrado los electores en la elección, de tal modo que se castiga no a las autoridades delegacionales, sino a los ciudadanos que votaron por una preferencia determinada.

Además, la semana pasada escuchaba yo a un destacado titular de un noticiero matutino de radio, el señor Leonardo Curzio, con una crítica muy certera sobre las habilidades de la policía capitalina. Yo estoy perfectamente de acuerdo con el señor Curzio, cuando señala que los policías capitalinos para lo que más nos sirven es para cuidar porros que bloquean avenidas como Reforma, como el Periférico, como Insurgentes a cada rato y eso tiene definitivamente que cambiar.

En tal sentido, proponemos las siguientes reformas al Estatuto de Gobierno: proponemos que la seguridad pública delegacional se lleve a cabo a través de la policía delegacional, la cual estará integrada por la Policía Preventiva y de Vialidad, dependiente de cada delegación con todas las unidades y agrupamientos que prevean las disposiciones administrativas respectivas.

Se establece que el mando inmediato de la policía delegacional corresponde a los jefes delegacionales, quienes serán los responsables de brindar los servicios de seguridad pública en la demarcación territorial correspondiente, atendiendo lineamientos y políticas que para tal efecto se establezcan con pleno respeto a las atribuciones conferidas a las autoridades de seguridad pública, del Distrito Federal y de la Federación.

Adicionalmente, estamos previendo que la actuación de dichos cuerpos policíacos tendrá como base fundamental el Servicio de Carrera Policial a fin de lograr su profesionalización con objeto de alcanzar una mejor y más eficaz prestación del servicio; así como el desarrollo integral de sus elementos, ampliando la capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad.

Se determina en la iniciativa que las autoridades delegacionales y locales en materia de seguridad pública en el ámbito de sus competencias ---cuando se requiera--- podrán coordinarse operativa y administrativamente en sus actividades.

Y finalmente, con el fin de lograr una debida planeación y establecimiento de objetivos, indicadores y estrategias claras en materia de seguridad pública en las delegaciones se propone establecer la obligación de que los jefes delegacionales elaboren un programa delegacional de seguridad pública que deberá contener, cuando menos, un diagnóstico pormenorizado de la seguridad pública en cada delegación; los objetivos a alcanzar mediante la implementación del programa; las metas sustantivas a lograr e indicadores de desempeño, así como consecuentemente, las estrategias y líneas de acción a implementar para el logro de los objetivos y metas trazadas.

Y, por último, en consonancia con la propuesta del candidato ganador de la elección presidencial del 2 de julio pasado, también prevemos que los programas delegacionales de seguridad pública fomenten la participación ciudadana como mecanismo de prevención y evaluación en la materia.

Señor Presidente. En obvio de tiempo entrego esta iniciativa solicitando atentamente que se inserte en el Diario de los Debates; y esta iniciativa, además del de la voz, la suscriben el diputado Obdulio Ávila Mayo, el diputado Efraín Arizmendi Uribe, el diputado Benjamín González Roaro, la diputada María Nieves Noriega, el diputado Adrián Fernández Cabrera, el diputado Christian Lujano Nicolás y la diputada Gabriela González Martínez. Eso es todo.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Minjares Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y fracciones I y IV del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que faculta a las Delegaciones del Distrito Federal para que puedan tener cuerpos de seguridad pública delegacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ciudad de México, capital de la República, divide su territorio en 16 demarcaciones político administrativas comúnmente conocidas como delegaciones políticas. La concentración humana y el modo de vida son eminentemente urbanos, salvo en las delegaciones de Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que conservan en forma parcial, características rurales.

Desde su fundación, la Ciudad de México constituyó un centro de actividad política y cultural. A partir del surgimiento del México independiente fue la sede del Gobierno de la República, lo que trajo como consecuencia una excesiva centralización que repercutió en casi todos los aspectos de la vida del país.

Este fenómeno propició, junto con otros factores, una aguda explosión demográfica, tanto de habitantes permanentes como de población flotante, a la que contribuyeron en forma determinante los flujos de inmigración provenientes de diversas entidades federativas de la República, primordialmente del campo.

En las últimas décadas los impulsos centralizadores en torno al Distrito Federal han cedido a favor de la desconcentración. Además, el crecimiento de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ha sido equiparable a la tasa media anual a nivel nacional, sin embargo, no deja de ser impresionante en número de habitantes que residen en una de las concentraciones más pobladas a nivel mundial.

De conformidad con el INEGI, la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, considerando a la que vive en los municipios del estado de México conurbados con el Distrito Federal, rebasa aproximadamente los 20 millones de habitantes.

Por ello, los servicios públicos deben considerarse como destinados, en principio y de manera general, a una población potencial de 20 millones, y en consecuencia los recursos y las estrategias para su desarrollo, deben calcularse sobre dicha cifra.

En efecto, como sabemos la expansión de la ciudad durante los últimos 80 años, el aumento explosivo de su población, la creciente complejidad urbana, el desarrollo de la diversidad social y la pluralidad política, así como la fórmula que hacía descansar la administración del Distrito Federal en los poderes federales mostró de manera evidente sus limitaciones. Efectivamente, durante mucho tiempo los habitantes del Distrito Federal fueron despojados de sus derechos políticos electorales, carecieron de la libertad de elegir mediante elecciones democráticas a sus autoridades locales, ante el argumento de ser esta ciudad el asentamiento de los poderes federales.

Sin embargo, se fue abriendo paso a la construcción de las instituciones de gobierno representativo del Distrito Federal en lo relativo a su gobierno interior y para que los ciudadanos ejercieran sus derechos políticos sobre la participación en el gobierno de dicha entidad. Acción Nacional ha sido, sin género de duda, uno de los mayores promotores en esta cruzada por la democratización del Distrito Federal.

Destacan como parte de dicho proceso la reforma de 1988 que estableció la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, electa por los ciudadanos de la entidad. Otra reforma fue la de 1996 que estableció la elección directa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y se previó que a partir del año 2000 los delegados políticos serían electos por voto directo de los ciudadanos de cada demarcación político administrativa. En octubre de 1999 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitió la elección de Jefes Delegacionales en julio del 2000.

Todas estas reformas estuvieron inscritas en la coincidencia de esfuerzos para transformar la naturaleza jurídico política del Distrito Federal y, de esta manera, establecer autoridades locales representativas y responsables ante los habitantes de la ciudad, y con ello contar con órganos inmediatos que comprendieran y atendieran de mejor manera las necesidades de los habitantes de esta ciudad.

Ahora bien, toda reforma a las instituciones de gobierno del Distrito Federal, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, debe buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental.

En este sentido, el diagnóstico que arroja la experiencia reciente, a casi nueve años después de la primera elección del Jefe de Gobierno y transcurridos 6 años de la gestión de sus primeros Jefes Delegacionales electos, señala una serie de aspectos en el arreglo institucional y la organización jurídico, político, administrativa del Gobierno, que se consideran exigen ser redefinidos a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la labor gubernamental.

Que si bien las sucesivas reformas a la organización política de la entidad han significado enormes avances en su democratización, también es cierto que hoy plantean nuevos retos y necesidades, entre las que destaca una definición más clara de las competencias, principalmente entre la administración pública centralizada y las delegaciones, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel de la ciudad como capital del país y sede de los poderes de la Unión.

Sin duda, son muchas las demandas que se requiere satisfacer en la Ciudad de México, pero la que más preocupa hoy día, es la de la seguridad pública. Demanda social no exclusiva de esta urbe sino en general del país y en muchas partes del mundo.

Efectivamente, en todos los estratos sociales la demanda esencial y fundamental, tal vez sólo superada por la solución a la problemática económica, es la seguridad pública.

De conformidad con la tercera encuesta nacional de inseguridad, la Ciudad de México es una de las más inseguras, este estudio presentado por el titular del ICESI, indica que la incidencia delictiva es superior a los 20 mil delitos por cada 100 mil habitantes, superando el promedio nacional que es de 11 mil 246 delitos. Es claro que la Ciudad de México es una de las más inseguras del país, el 86% de los capitalinos se siente inseguro en la ciudad de México.

Hoy la sociedad reclama con mayor vigor, que el Gobierno lleve con eficacia las tareas de garante de los derechos humanos y particularmente los relativos a la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

No se puede negar, que la seguridad pública debe y es una prioridad del gobierno. El escenario social de inseguridad pública es generalizado, el aumento de la criminalidad es una realidad.

Por ello debe ser una prioridad de las autoridades del Distrito Federal la función de seguridad pública. Porque la inseguridad es condición de inviolabilidad para todo modelo de desarrollo y bienestar social.

En efecto, la criminalidad refleja altos índices de crecimiento y sus formas de actuación son más sofisticadas y violentas. La delincuencia se incrementa y sus operaciones, configuran un peligroso elemento disociador del orden social.

En el Distrito Federal como en algunas otras ciudades se intensifica la presencia de grupos y bandas de delincuentes y de un fenómeno grave que pudiera denominarse como la masificación de la criminalidad, es decir, la proliferación de individuos que hacen de la comisión del delito su ocupación habitual.

La Ciudad de México es una de las que más se vive la aguda sensación de que la impunidad prevalece y de que la prevención de los delitos, la persecución jurídica de los delincuentes y la aplicación de las sanciones no han dado los resultados esperados.

Es a todas luces que los habitantes de la ciudad de México, vive preocupada por la inseguridad de las calles, caminos, en las casas, en los negocios, en el trabajo y en los sitios públicos. Hoy la sociedad está ofendida ante la frecuente ola de delitos y la impunidad de quienes violan la ley; con justa razón la sociedad tiene desconfianza en los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia, con justa razón tiene derecho a reclamar una función pública eficaz, ya que por sus negativos resultados, brilla por su ausencia.

De la evolución de los índices delictivos en el Distrito Federal, resulta incuestionable que la Ciudad de México se ha visto afectada en los últimos por un considerable crecimiento de la criminalidad. Las causas de esta problemática se originan en parte por la acelerada transformación en las formas de vida de la sociedad actual.

El fenómeno delictivo es consecuencia de diversos factores y fenómenos, podemos decir que particularmente se debe a la pérdida de valores, a la desintegración familiar, a la falta de oportunidades en el empleo, a la proliferación de las llamadas ciudades perdidas o asentimientos humanos irregulares conglomerados que por sus características son de difícil acceso a las autoridades, lo que facilita que los delincuentes se refugien en ellos. De hecho, los delincuentes se han enfrentado a un riesgo mínimo por la comisión de delitos.

La seguridad pública, en el caso del Distrito Federal se estima debe ser una función a cargo no sólo de las autoridades locales centrales sino Delegacionales, para que ambos ámbitos competenciales tengan como obligación directa la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

No es posible que al ser las delegaciones el primer órgano político y de gobierno en donde se suscitan de manera directa la comisión de conductas delictivas, estas se encuentren imposibilitadas para poder dirigir, coordinar y supervisar de manera directa los servicios de seguridad pública en su demarcación territorial. Es necesario dotar a las autoridades ubicadas en el primer nivel de interacción con la sociedad, de instrumentos necesarios para tratar de contrarrestar el flagelo de la criminalidad que afecta día a día y de manera creciente al Distrito Federal.

En efecto, se requiere un cambio de fondo para que las autoridades locales del Distrito Federal puedan cumplir la responsabilidad en la prevención del delito, por lo que los servicios de seguridad a cargo del gobierno local necesitan como opción gubernativa urgente y como requerimiento social, dar un paso decisivo hacia la corresponsabilidad en materia de seguridad pública, mediante una reforma que sustente la creación de una policía delegacional con funciones preventivas, que sirvan como complemento a las funciones que en la materia ya viene realizando la autoridad local central.

Se estima, que con esta medida se deberán obtener mejores resultados en materia de seguridad pública, ya que se eliminarían los inconvenientes que hoy se suscitan con la responsabilidad exclusiva de seguridad pública del Distrito Federal en manos de la autoridad central, como son la falta de inmediatez en las estrategias, la ausencia de diagnósticos más precisos sobre el mapa criminal en las delegaciones, la centralización en la toma de decisiones sin considerar con oportunidad la planeación con la autoridad delegacional, la sujeción de la política policial a intereses partidistas, la rigidez para la realización de programas de seguridad pública a nivel de demarcación territorial e incluso a nivel de colonias, la incapacidad de la autoridad gubernativa inmediata para preservar bienes cuando se vean amenazados por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia y riesgos inminentes, entre otros aspectos negativos.

Asimismo, con esta propuesta se evitaría el manejo discrecional y selectivo que algunas veces realiza la Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal, respecto de la asignación de elementos policiales a las delegaciones, tomando en consideración preferencias políticas, en donde se beneficia o castiga a los habitantes de determinadas delegaciones, en función de colores partidarios.

Por su parte, la creación de una policía delegacional favorecería una mayor cobertura operativa para prevenir el delito. En este contexto, se busca con esta iniciativa que tanto las autoridades centrales como delegacionales del Distrito Federal tengan competencia para alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención y sanción de las infracciones administrativas, y a su vez ser auxiliares en la persecución de los delitos.

Esta reforma se inspira en la imperiosa necesidad de asegurar a los habitantes del Distrito Federal la protección a su integridad física y material y el de hacer valer la fuerza misma de la ley como sustento de la convivencia, premisas éstas que son fundamento esencial de toda organización política, de la que no debe estar ajena las delegaciones, más aún cuando tienen naturaleza de órganos político-administrativos y cuyo titular es electo popularmente, lo que les da el carácter de organización política inmediata.

El combate efectivo de la criminalidad del Distrito Federal pasa necesariamente por una política eficiente de prevención del delito, tanto a nivel local pero también delegacional, y por ello es necesario contar con cuerpos de seguridad profesionales y capaces de prevenirlo, con policías con vocación y ética, con policías inmediatas y disponibles pero a su vez coordinadas y corresponsables, en el orden local y delegacional.

Que la prevención del delito y la capacidad institucional para preservar el orden, no sólo dependen de la aceptación social de las normas, sino también de la organización institucional efectiva que evite las condiciones que alientan la ruptura del orden.

Que modernizar la capacidad inhibitoria del delito es una tarea prioritaria del gobierno, porque la delincuencia es actualmente el peor enemigo de la sociedad mexicana. Hemos de enfatizar la necesidad de fortalecer la promoción de una cultura de la legalidad, a la vez que dar un impulso substancial a las tareas de prevención del delito.

Que la propuesta de crear una policía delegacional preventiva corresponde a las tareas de reorganización y distribución de funciones que en los últimos años se ha venido otorgando a autoridades locales del Distrito Federal.

Que el diagnóstico de la seguridad pública en la Ciudad de México, presenta una carencia fundamental que es no contar con un cuerpo policial particular en las delegaciones, capaz de afrontar conforme a sus propias particularidades la tarea de prevenir el delito en el orden de su demarcación territorial.

La creación de la policía preventiva delegacional, es un paso importante, porque reconoce la necesidad de que desde la visión, diagnóstico y realidad delegacional se establezcan acciones para evitar la comisión de delitos; además, permitirá la racionalización y distribución de recursos técnicos y humanos, la complementación de esfuerzos entre las autoridades centrales y delegacionales, para lo cual la presente propuesta de reforma también propone un esquema de comunicación y colaboración permanente entre ambas instancias, a fin de evitar la dispersión o dislocación de políticas y tareas en materia de seguridad pública, como circunstancia que pueda alentar la ineficacia.

El grupo parlamentario del PAN ha hecho hincapié en la importancia que para el desarrollo de la seguridad pública del Distrito Federal significa tener un cuerpo preventivo especial y especializado en las delegaciones y por ello, la importancia de aprobar la presente reforma que se somete a la consideración de esta soberanía.

Por lo expuesto, y debido a la importancia que tiene la seguridad pública como función prioritaria del gobierno, y ante la convicción sobre la visión integral en seguridad pública, junto con la de un auténtico federalismo y el respeto pleno que como orden de gobierno debe tener el Distrito Federal, es que se hace necesario reformar el esquema jurídico actual en materia de seguridad pública del Distrito Federal, ya que no resulta de ninguna manera justificado que las delegaciones no cuenten con sus propios cuerpos policiales, ya que es tanto como desconocer dicha necesidad para el caso de los municipios, ya que si bien ambas entidades públicas tienen naturaleza distintas, lo cierto es que no se les puede negar a las mismas su calidad de ser las organizaciones políticas más inmediatas de la sociedad.

Actualmente el marco jurídico previene que las delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, entre otras. Sin embargo en las leyes respectivas se prevé la participación de las delegaciones solamente desde la coadyuvancia, con la autoridad central del Distrito Federal, despojando a éstas de la posibilidad de contar con una institución en materia de seguridad pública propia a sus realidades y mando.

Lo anterior, sin duda, contradice el espíritu de autonomía de que fueron dotadas las delegaciones políticas del Distrito Federal, de autoridad próxima o cercana a la comunidad política, de audiencia pública y de recorridos periódicos para conocer las necesidades de su demarcación, al no permitir un ejercicio eficaz de la seguridad pública en la ciudad.

Las autoridades delegacionales representan el nivel de gobierno y administración pública más cercano al lugar donde se presentan las necesidades y los problemas sociales, conocen a fondo la naturaleza de los problemas y carencias que existen y la manera en cómo la comunidad los vive, enfrenta y sufre.

Resulta pues, indispensable, instrumentar las adecuaciones legislativas que permitan salvaguardar el ámbito competencial y la funcionalidad de este nivel de gobierno, así como su coordinación con los demás niveles de gobierno en acciones de interés general.

Por ello, si hemos de querer que las estrategias, decisiones, previsiones y políticas públicas en materia de seguridad pública para el Distrito Federal, sean de lo más optimo posible; es indispensable que las autoridades delegacionales como las responsables inmediatas y directas de gobierno de esta ciudad, sea quien asuman también la responsabilidad en la materia.

Más aún ello es razonable, cuando está reconocido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que las delegaciones tienen competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre otras materias, también la de seguridad pública, por lo que resulta justificable ahondar a este respecto.

Incluso, cabe acotar que al dotar legalmente a las autoridades delegacionales para que también ellas cuenten con cuerpos policíacos, permitirá el impulso democratizador del Distrito Federal, el del auténtico federalismo y una mejor respuesta de las autoridades domésticas en esta materia, mediante una distribución de responsabilidades y funciones.

Con la propuesta que se plantea, se busca que las autoridades delegacionales y locales puedan cumplir a mayor cabalidad sus compromisos, programas, acciones y estrategias en materia de seguridad pública. Ello es más importante si se parte de la premisa, que la organización en esta materia, se manifiesta a través de los hombres y mujeres que la integran, a fin de que garantice la eficacia en su actuación y del buen despacho de los asuntos en seguridad pública en cada demarcación territorial del Distrito Federal.

Estamos conscientes que con esto no se resuelve el problema, sabemos que se requiere, desde luego, entre otros, de recursos presupuestales, capacidad organizativa, dedicación, trabajo altamente profesional, de ética en el servicio, por citar algunos. No obstante, sí estamos convencidos que para llegar a eso es indispensable y primordial que sean ambas autoridades locales y delegacionales del Distrito Federal las que concurran y contribuyan, dentro del ámbito de sus atribuciones, en ser garantes de la seguridad pública de la entidad.

Lo anterior, tiene mayor justificación cuando se ha establecido a nivel constitucional que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios; luego entonces, debe dotarse a las instancias de gobierno de la Ciudad de México, de mejores atribuciones en esta materia, en este caso de la facultad de las delegaciones de contar con sus instancias de seguridad pública.

Efectivamente, en esta tarea tan sentida y tan relevante para la sociedad, ninguno de los niveles o instancias de gobierno puede permanecer al margen, es, como claramente se señala, un compromiso sustantivo del Estado mexicano. Entendida la seguridad pública como un proceso que va desde la prevención del delito, hasta la ejecución de las sentencias, pasando por la persecución de los delincuentes y la aplicación de sanciones, es incuestionable que la parte de este proceso que más interesa y preocupa a la sociedad es la preventiva.

Se trata ante todo de evitar que el delito se cometa, de preservar los derechos a la vida, a la integridad física, al disfrute de los bienes, y también el derecho a vivir en una sociedad armónica, no amenazada por la delincuencia, no lastimada en su tranquilidad.

El propósito del gobierno debe ser el combate a la delincuencia en todas las etapas que el concepto de seguridad pública engloba, pero sin duda enfatizando la preventiva, acción ésta que se pretende asuma a cabalidad la autoridad delegacional.

En tal sentido se proponen las siguientes reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal:

Se determina que la seguridad pública que llevan a cabo las delegaciones es una función que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Se propone que la seguridad pública delegacional se lleve a cabo a través de la policía delegacional la cual estará integrada por la policía preventiva y de vialidad, dependiente de cada delegación, con todas las unidades y agrupamientos que prevean las disposiciones administrativas respectivas.

Se establece que el mando inmediato de la policía delegacional corresponde a los jefes delegacionales; quienes serán los responsables de brindar los servicios de seguridad pública en la demarcación territorial correspondiente, atendiendo los lineamientos y políticas que para tal efecto se establezcan, con pleno respeto a las atribuciones conferidas a las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal y de la Federación.

Por otra parte, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento y actuación de los cuerpos de seguridad pública delegacionales, se prevé que la actuación de los miembros de seguridad pública delegacional se sujete, invariablemente, a los principios de legalidad, eficiencia, protección social, respeto a los derechos humanos, profesionalismo y honradez.

Se determina para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, que los miembros de seguridad pública delegacional tendrá autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones, así como que contarán con unidades necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones, atendiendo a criterios territoriales y de especialización.

Adicionalmente, se prevé que la actuación de dichos cuerpo de seguridad tendrá como base fundamental el servicio de carrera policial, a fin de lograr su profesionalización con el objeto de alcanzar una mejor y más eficaz prestación del servicio así como el desarrollo integral de sus elementos, ampliando así su capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad observando siempre los principios antes señalados.

Se prevé que en la ley que se expida se deberá establecer lo relativo a requisitos para ingreso y permanencia; un sistema institucional de evaluación del desempeño, de méritos y la fijación de criterios objetivos para determinar promociones o separación; un régimen especial de estímulos y previsión social, que reconozca las peculiaridades de la actividad policial; un esquema de deberes, de prohibiciones y derechos; y finalmente, un mecanismo de imposición de sanciones.

Se determina que las autoridades delegacionales y locales en materia de seguridad pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se requiera, podrán coordinarse operativa y administrativamente en sus actividades.

La coordinación entre las corporaciones policiales, tendrán por objeto establecer uniformidad de criterios en materia de seguridad pública para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones.

En ese sentido, se plantea que la coordinación que al efecto se realice entre las autoridades delegacionales y las autoridades locales, verse cuando menos en aspectos como el establecimiento, actualización, sistematización e intercambio oportuno de información; la realización de acciones conjuntas de capacitación y las estrategias necesarias para combatir la comisión de infracciones y delitos; el diseño y establecimiento de operativos de inspección y vigilancia conjunta; la instrumentación y ejecución de campañas de fomento a la prevención del delito; entre otros aspectos.

En este mismo orden de ideas, se prevé que el instrumento jurídico idóneo para materializar las acciones de coordinación que se acuerden entre una Delegación y otra, o entre una delegación y la autoridad local o federal, sean los convenios de coordinación, por ello se precisa que las delegaciones podrán coordinar sus actividades mediante la celebración de convenios generales o específicos de seguridad pública, ya sea con otra Delegación o incluso con autoridades locales o federales, según sea el caso.

Con el fin de lograr una debida planeación y establecimiento de objetivos, indicadores y estrategias claras en materia de seguridad pública en las Delegaciones, se propone establecer la obligación de los Jefes Delegacionales de elaborar un Programa Delegacional de Seguridad Pública, que deberá contener cuando menos un diagnóstico pormenorizado de la seguridad pública en la delegación, los objetivos a alcanzar mediante la implementación del programa, las metas sustantivas a lograr e indicadores de desempeño, así como consecuentemente, las estrategias y líneas de acción a implementar para el logro de los objetivos y metas trazadas.

De igual manera, se prevé que el Programa Delegacional de Seguridad Pública de cada delegación deberá tomar en cuenta la participación ciudadana, como mecanismo de prevención y evaluación ciudadana en la materia.

En este mismo sentido y a fin de que el Programa Delegacional respectivo guarde congruencia con el implementado por el gobierno del Distrito Federal, se precisa que el Programa delegacional deberá ser congruente con las políticas, planes y objetivos previstos por el referido Programa de Seguridad Pública para Distrito Federal.

Por otra parte, es preciso señalar que la iniciativa, es respetuosa del principio constitucional, consistente en que corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública donde habitual o transitoriamente reside, por lo que consecuentemente se mantiene dicha disposición en el artículo 34 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y se dispone que corresponde al Ejecutivo federal el mando de dichas fuerzas en el Distrito Federal, y para mayor claridad mediante el principio de reenvío se dispone que ello tal y como lo establece la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política.

Por las consideraciones expuestas, es que los abajo firmantes sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII, así como se adiciona del párrafo cuarto al décimo segundo al artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 117. ...

...

...

I. a VII. ...

VIII. Garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes en toda la Delegación, así como preservar y guardar el orden y la tranquilidad pública, en los términos previstos en el presente artículo.

IX. a XI. ...

La función a cargo de las delegaciones en materia de seguridad pública tendrá como fines la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos.

La seguridad pública delegacional se llevará a cabo a través de la policía delegacional, la cual estará integrada por la policía preventiva y de vialidad dependiente de cada Delegación.

El mando inmediato de la policía delegacional corresponderá a los jefes delegacionales; quienes serán los responsables de brindar los servicios de seguridad pública en la demarcación territorial correspondiente, atendiendo los lineamientos y políticas que para tal efecto se establezcan, con pleno respeto a las atribuciones conferidas a las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal y de la Federación.

Para el adecuado cumplimiento de los asuntos de su competencia, la policía delegacional contará con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones.

La actuación de los miembros de policía delegacional se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, protección social, respeto a los derechos humanos, profesionalismo y honradez.

Para asegurar el desempeño profesional de las actuaciones de la policía delegacional, se organizará y desarrollará el Servicio Profesional de Carrera Policial. La ley establecerá los requisitos y procedimientos de ingreso y permanencia, así como un sistema institucional de evaluación del desempeño, de méritos y la fijación de criterios objetivos para determinar promociones o separación; un régimen especial de estímulos y previsión social; un esquema de deberes, prohibiciones y derechos y un mecanismo de imposición de sanciones.

Las delegaciones estarán facultadas para celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios con otras delegaciones, autoridades locales o federales, para efecto de coordinarse en la prestación del servicio de seguridad pública. La coordinación que al efecto se realice deberá versar cuando menos en el establecimiento, actualización, sistematización e intercambio oportuno de información; la realización de acciones conjuntas de capacitación; el establecimiento de estrategias conjuntas para combatir la comisión de infracciones y delitos; el diseño y establecimiento de operativos de inspección y vigilancia conjunta; la instrumentación y ejecución de campañas de fomento a la prevención del delito.

Los Jefes Delegacionales deberán elaborar un Programa Delegacional de Seguridad Pública, que deberá contener cuando menos un diagnóstico pormenorizado de la seguridad pública en la delegación, los objetivos a alcanzar mediante la implementación del programa, las metas sustantivas a lograr, así como las correspondientes estrategias y líneas de acción a implementar.

En todo caso, el Programa Delegacional de Seguridad Pública deberá tomar en cuenta la participación ciudadana, como mecanismo de prevención y evaluación ciudadana en la materia.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Manuel Minjares Jiménez (rubrica), Obdulio Ávila Mayo (rubrica), Efraín Arizméndi Uribe (rubrica), Benjamín González Roaro (rubrica), María Nieves Noriega (rubrica), Adrián Fernández Cabrera (rubrica), Christian Lujano Nicolás (rubrica) y Gabriela González Martínez (rubrica), Raúl Cervantes Andrade.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Minjares. Como ha sido solicitado...

El diputado Raúl Cervantes Andrade (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame tantito, diputado Minjares. Sonido en la curul del diputado Cervantes Andrade. Dígame, diputado.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Gracias, Presidente. Diputado Minjares, si usted no tiene inconveniente en que me pueda adherir a esta iniciativa, por estar en concordancia también con la plataforma y el análisis que ha hecho el Partido Revolucionario Institucionalen elDistrito Federaly por ser una preocupación el que se profesionalice y se individualice las estrategias de seguridad pública en elDistrito Federal. Eso sería todo.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez:Con muchísimo gusto, diputado Cervantes y más viniendo de un amigo como es usted. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Agréguese también a los diputados que han firmado esta iniciativa del diputado Cervantes. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el señor diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: ha sido y es un tema recurrente en esta Asamblea el propósito de redistribuir los recursos entre los tres órdenes de gobierno.

Del análisis que hemos realizado en los archivos parlamentarios encontramos una gran cantidad de iniciativas en uno u otro sentido, en proporciones diferentes. Lo cierto es que el tema es necesario continuar abordándolo, más aún cuando en la reciente jornada cívica ---a propósito del cambio de poderes en la que participamos como candidatos--- fue una de las demandas más sentidas de los pueblos, de las comunidades, de los municipios, el traer a esta tribuna propuestas para avanzar en términos reales en esa redistribución.

La soberanía de los estados y la libertad de los municipios, en efecto son principios indeclinables que hoy enfrentan nuevos obstáculos, como en otros momentos de la historia nacional. En la Constitución del 17, los artículos 115 y 116 establecieron el imperativo de acabar con el centralismo y construir un federalismo actuante.

Sin embargo, en el proceso de construcción de las instituciones y de las bases materiales de desarrollo de la nación, primero las entidades federativas quedaron supeditadas a las decisiones centrales. Posteriormente, cuando se dieron avances fueron los municipios quienes enfrentaron las inercias concentradoras, ahora, respecto de los gobiernos de los estados.

Hoy en día la transferencia de recursos a estados y municipios se integra en el denominado presupuesto federal descentralizado que ha evolucionado a partir de las iniciativas y los acuerdos parlamentarios a favor de un equilibrio justo y razonable en el reparto de los recursos públicos.

El gasto federalizado se integra por las participaciones federales, Ramo 28; las aportaciones federales, Ramo 33; los convenios de descentralización, a mi juicio limitados, toda vez que las reglas de operación con un carácter centralista son impuestas por el Ejecutivo federal; las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica y normal; y desde luego, el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas.

La construcción de estos instrumentos ---hay que reconocerlo--- ha sido gradual. Cabe destacar la descentralización de la educación y de la salud a partir de 1990, que todavía trae problemas inerciales por la forma en que se dio dicha descentralización y que afecta a los estados que al momento de darse la descentralización tenían menores recursos que otros.

En 1996, sin embargo, se da un paso importante al crearse el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto en su orden estatal como municipal e incorporarse al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

A partir de ahí ha habido otros avances: el Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Programa de Infraestructura para el Desarrollo y Bienestar de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas.

Pero queda claro que más allá del avance cualitativo, más bien, más allá del avance cuantitativo en las cifras ---que en efecto lo hay--- el problema estriba en que sigue siendo un proceso de transferencia de recursos en cierta forma provisional, en cierta forma sujeto a las coyunturas de las negociaciones y tal es el caso, por ejemplo, que el día de hoy se anuncia por parte de la Secretaría de Hacienda que habrá un recorte de presupuesto al Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en cerca de 10 mil millones de pesos.

Nos parece que, desde luego, hace falta una reforma integral. Lo ideal sería construir una propuesta que dimensione todos los factores inherentes al problema, pero hay que recordar ---compañeras, compañeros diputados--- que el proceso legislativo es por aproximaciones; de modo que esta Asamblea tendrá que abordar por lo menos los siguientes temas: la ampliación y redistribución de las participaciones federales que es motivo de esta iniciativa, insisto, en ese proceso de aproximación, a construir una propuesta integral que nos permita tener un consenso aceptable sobre el tema; la reforma al rubro de Aportaciones Federales, Ramo 33, para consolidar los servicios de educación, salud y seguridad pública, especialmente en la parte compensatoria para los estados de menor desarrollo; la ampliación del Fondo de Infraestructura Social, del Ramo 33; la inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal y no como un ramo administrativo más que esté sujeto a los vaivenes de las negociaciones o al estado de ánimo del secretario de Hacienda y Crédito Público; y finalmente, la descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente gasto federalizado.

No es posible que el gobierno federal continúe ejerciendo acciones en los municipios y aún los gobiernos de los estados continúen realizando acciones: entregas de despensas, programas asistenciales en los municipios, cuando es facultad de ese orden de gobierno ejecutar dichas acciones de acuerdo al 115 constitucional.

Hoy presento, señor Presidente, esta iniciativa que es una parte pequeña de esta reforma integral; qué bueno que se anuncie disposición por parte del Presidente Electo para avanzar en este sentido en la agenda legislativa que ha anunciado.

Hay varias iniciativas presentadas que están en los archivos de la Cámara, de muchos compañeros senadores que hoy son diputados federales, de muchos senadores que fueron diputados federales y que recogen esta preocupación, pero urge un esfuerzo de síntesis para buscar un consenso, insisto, en bien de los pueblos, de las comunidades.

Por estas razones, la propuesta ---de que hago entrega a la Secretaría--- propone iniciar un proceso riguroso a partir de la definición respecto a la ampliación del Fondo General de Participaciones que hoy es del 20 por ciento de la recaudación federal participable, para incrementarlo al 25 por ciento.

Asimismo, se propone que la proporción mínima ---independientemente de que las Legislaturas de los estados han establecido rangos diversos de dichas participaciones asignables a los municipios--- sea del 30 por ciento.

De esta manera, compañeras y compañeros diputados, por un lado se garantizaría el fortalecimiento de las finanzas de los estados, aspecto crucial para mantener su orden interno y a la vez se acercan las soluciones a los pueblos y a las comunidades a través de los ayuntamientos más fortalecidos.

Presento esta iniciativa, señor Presidente, en sus términos, que pido se inscriba en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos (Resumen)

1. Consideraciones Generales

Desde la época colonial, el ayuntamiento ha desempeñado un papel fundamental para garantizar gobernabilidad y desarrollo en las comunidades. Es evidente que, desde tiempos inmemoriales, es en el ámbito y en la vida de los pueblos en donde existe el imperativo de un orden, de un espacio de organización para el desarrollo y el bienestar o, por lo menos, para garantizar la armonía o un acuerdo mínimo de convivencia entre los habitantes de esos referentes geográficos. No es casual, entonces, que una de las primeras instituciones en la época de la colonia haya sido justamente el municipio.

Durante las luchas de Independencia y de la Reforma, pervive el desiderátum del municipio libre y se agrega el afán por consolidar el federalismo en la que ha sido una lucha permanente de los pueblos y las regiones de México. La soberanía de los estados y la libertad de los municipios, son principios indeclinables que hoy enfrentan nuevos obstáculos, como en otros momentos de la historia nacional.

La Constitución de 1917, en los artículos 115 y 116, estableció el imperativo de acabar con el centralismo y construir un federalismo actuante, a partir del fortalecimiento de los estados y los municipios. Sin embargo, en el proceso de construcción de las instituciones y de las bases materiales del desarrollo de la nación; primero las entidades federativas quedaron supeditadas, nuevamente, a las decisiones centrales. Posteriormente, cuando se dieron avances en la descentralización de recursos y facultades de la federación a los estados, fueron los municipios quienes enfrentaron las inercias concentradoras ahora, respecto de los gobiernos de los estados.

En tal contexto, debemos asumir que la distribución de los recursos de la hacienda pública es un reflejo de los términos en que se comparte el poder público entre los tres órdenes de gobierno. De ahí su complejidad y el interés que entraña para la vida de los municipios y de los pueblos. Si algún reclamo recibimos en la reciente jornada cívica, para la renovación de los poderes, fue la indignante falta de recursos para hacer frente a necesidades elementales de las comunidades rurales y las colonias populares; la notable falta de capacidad de respuesta de los ayuntamientos para hacer frente al crecimiento urbano y al rezago de las poblaciones rurales; la estrechez de programas centrales como Hábitat o el Programa de Infraestructura en las Comunidades Indígenas; la soberbia de funcionarios federales o estatales que entregan recursos y ejecutan obras, sin atención ni respeto a los ayuntamientos; en fin, el inaceptable peregrinar a que se ven obligados los comités de obras, los presidentes municipales, las autoridades subalternas o los propios legisladores ante las burocracias federal o estatales.

2. Antecedentes

Hoy en día, la transferencia de recursos a estados y municipios se integra en el denominado gasto federalizado que ha evolucionado a partir de las iniciativas y los acuerdos parlamentarios que han sintetizado la búsqueda de un equilibrio justo y razonable en el reparto de los recursos públicos. El gasto federalizado se integra por: a) las participaciones federales (Ramo 28); b) la aportaciones federales (Ramo 33); c) los convenios de descentralización que, a mi juicio, constituyen un esquema limitado de desconcentración, toda vez que las reglas de operación establecidas por el propio Ejecutivo federal son excesivamente centralistas y d)el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (Ramo 39).

La construcción de estos instrumentos ha sido gradual. En 1982, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 115 constitucional que amplió las facultades de los ayuntamientos y provocó una redistribución de los recursos fiscales. En 1990, se inicia la descentralización de los servicios de educación y de salud, aún con vacíos en el financiamiento a cargo de los estados. En 1996, se da otro paso fundamental al incorporarse a la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente estatal y municipal y, posteriormente, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

En materia de financiamiento a los municipios no ha habido, desde entonces, una medida de esa magnitud que contribuya a materializar la libertad que la Constitución de la república consagra a los municipios. Por el contrario, los fondos de aportaciones a los municipios, han sido el pretexto para que la federación y no pocos estados de la república, transfieran responsabilidades a los ayuntamientos sin que exista la correspondiente transferencia de recursos.

3. Comportamiento del Gasto Federalizado

En el resumen del gasto federalizado en el periodo 2000-2006 a precios constantes, integrado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se observa que, en su conjunto, el gasto federalizado creció 25 por ciento, en tanto que el Ramo 33 y el Ramo 28 lo hicieron únicamente en 15 por ciento. Más aún la posición del Ramo 28, ``Participaciones a Entidades Federativas y Municipios'', pasó del 46.8 por ciento del gasto descentralizado al 45.3 por ciento y, el Ramo 33, del 47.8 al 45.4 por ciento.

Cabe precisar que los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, Ramo 33, el 81 por ciento lo administran los gobiernos estatales: el 63 por ciento en materia de educación básica; el 12 por ciento en servicios de salud; el 3 por ciento en múltiples actividades; el 1 por ciento en seguridad publica; el 1 por ciento en educación tecnológica y adultos; y el 1 por ciento para infraestructura social estatal. En tanto que para el ámbito municipal, las aportaciones representan el 19 por ciento (10 por ciento para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones del DF y el 9 por ciento para la infraestructura social municipal).

Además, el Ramo 33 es la principal fuente de ingreso en la mayoría de los gobiernos municipales, ya que representa e143.11 por ciento de sus ingresos en promedio.

4. Iniciativas Recientes

Diputados y senadores, miembros de las últimas dos legislaturas, han presentado diversas iniciativas tendientes a modificar la inequitativa distribución que hoy prevalece en la distribución de los recursos federales. Sin embargo, no se ha logrado un acuerdo central, en parte porque las diversas propuestas provocan nuevos desequilibrios entre los estados y los municipios. En realidad, la reforma tiene que ser de carácter integral de modo que utilicemos los diversos instrumentos, como son las participaciones, las aportaciones, el reordenamiento y descentralización de los programas federales, y el objeto y distribución del Programa de Apoyo a las Entidades Federativas; todos ellos integrados en el gasto federalizado.

En efecto, la preocupación de los legisladores ha sido permanente y tiene antecedentes inmediatos. Así el entonces senador Jesús Ortega, del PRD, presentó una iniciativa integral para modificar radicalmente el sistema de coordinación fiscal. En esta tentativa propuso la ampliación del Fondo General de Participaciones del 20 al 24 por ciento de la recaudación federal participable.

Por su lado, el senador César Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó el 26 de noviembre del 2002, otra iniciativa que incluye un nuevo capítulo relativo a las Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

El 5 de diciembre del 2002, el entonces senador Genaro Borrego Estrada propuso una amplia iniciativa de reformas a la ley, que es motivo de esta iniciativa, haciendo énfasis en el capítulo relativo a los Fondos de Aportaciones.

En los archivos de esta Cámara se registra, entre otras, una iniciativa de reformas a los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 29 de septiembre de 2005, por el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN. Dicha iniciativa fue turnada el 4 de octubre de 2005 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El contenido de dicha iniciativa es fundamentalmente el siguiente:

La iniciativa en comento propone elevar del 20 al 22 el porcentaje mínimo que cada entidad federativa destine a sus municipios, respecto de la recaudación que se realice en cada una de ellas, del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, así como del impuesto sobre automóviles nuevos.

De igual forma, pretende que el porcentaje mínimo de participaciones que reciban los municipios respecto del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, sea del 22 por ciento, en lugar del 20 por ciento que establece actualmente la ley.

En la exposición de motivos el legislador hizo evidente que, de acuerdo a las facultades que son inherentes a los Congresos de los estados, tales asignaciones superan el 25 por ciento en diversas entidades federativas.

El 14 de diciembre de 2005, el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se pretende reformar la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de cambiar las condiciones de distribución de la recaudación federal participable de las entidades federativas y municipios colindantes con la frontera o los lugares por los que se realice materialmente la entrada o salida del país de bienes que se importen o exporten; privilegiando a los municipios sobre las entidades federativas. Esta iniciativa fue turnada el 2 de febrero del 2006 a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la fecha está pendiente.

Cabe destacar que el ordenamiento legal de referencia fue reformado, por última vez, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2005, sólo en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

5. Propuesta

Es posible concluir que, no obstante los esfuerzos realizados y el avance logrado a través de los acuerdos pactados en esta asamblea, existe una gran dispersión de programas y de recursos y enfrentamos un centralismo ineficaz y antidemocrático que está ahogando la vida de los pueblos, de las comunidades y de los municipios.

Es por estas razones que proponemos iniciar un proceso riguroso de debate y de presentación de iniciativas, con una primera definición respecto a la ampliación del Fondo General de Participaciones que hoy es del 20 por ciento de la recaudación federal participable, para incrementarlo al 25 por ciento. Además, se propone que la proporción mínima, independientemente que las legislaturas de los estados han establecido rangos diversos, de las participaciones asignables a los municipios, sea del 30 por ciento. De esta manera, por un lado se garantiza el fortalecimiento de las finanzas de los estados, aspecto crucial para mantener su orden interno y, a la vez, se acercan las soluciones a los pueblos y a las comunidades, a través de los ayuntamientos más fortalecidos. En tal contexto propongo el siguiente

Proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifican los párrafos primero de los artículos 2o. y 6o. de La Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

Artículo 6o.Las aportaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30 por ciento de las cantidades que correspondan al estado. ...

Transitorio.Los recursos adicionales necesarios provendrán de la reducción del gasto corriente del gobierno federal y de la supresión de programas federales que tengan por objeto acciones que sean competencia de los estados y los municipios.

Mucho le agradeceré que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México DF,a 29 de septiembre del 2006.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en tanto se integra la Comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Solís Parga del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar iniciativa que reforma el articulo 125 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga:Gracias. Antes de iniciar y haciendo uso también de mi tiempo, solicitaría respetuosamente al diputado José Manuel Minjares Jiménez fuera tan amable de retirar el calificativo de porros a los ciudadanos que ejercen sus derechos cívicos, sus libertades ciudadanas y sus derechos políticos independientemente de que traigan huaraches o calzones de manta.

Con la venia de la Presidencia. Con la introducción de las nuevas tecnologías al proceso productivo de las grandes empresas, se ha logrado incrementar la productividad laboral y la rentabilidad de los grandes conglomerados que hoy tienen su base tanto en nuestro territorio, como en el extranjero. Son de sobra conocidas las repercusiones favorables que produjeron sobre la producción y la administración empresarial las innovaciones que lograron en la industria microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la biotecnología.

La articulación de estas nuevas tecnologías con el nuevo esquema japonés y administración laboral hizo que se potenciara la productividad, porque impulsa el trabajo en equipo. Las nuevas tecnologías de la informática y el modelo laboral japonés fueron adoptados en México desde los años 80 por todas las grandes empresas, tanto del campo, como de la ciudad.

Ahora los grandes conglomerados buscan por todos los medios de implantar el esquema de flexibilización de los contratos colectivos de trabajo para imponer el trabajo a destajo y por hora, aunque es importante señalar que en algunas industrias y servicios ya predomina el trabajo por horas y sin ninguna prestación, donde cientos de miles de jóvenes se ven obligados a laborar bajo estas condiciones por las necesidades que tienen de subsistir.

Los beneficios económicos que han recibido los empresarios de este país por los cambios tecnológicos operados y las nuevas relaciones laborales sólo han sido para ellos, porque para los trabajadores no hay nada hasta ahora; por el contrario, los salarios reales han caído en promedio en más de 60 por ciento en los últimos 20 años. Además, el desempleo es tan alto en nuestra nación, que la población ha tenido que recurrir al sector informal que ocupa actualmente el 40 por ciento de la población económicamente activa, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Para nuestro grupo parlamentario los beneficios de las nuevas tecnologías deben llegar a los bolsillos de los trabajadores, no sólo el elevamiento de los salarios reales, sino también mediante una efectiva participación en el reparto de las utilidades que generan las empresas de nuestro país.

Para ello es necesario establecer en la Ley Federal del Trabajo la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, para que se garantice el reparto de esos beneficios, porque constituye la única forma de evitar las trampas de los empresarios para escamotear el reparto de utilidades de sus trabajadores.

Nuestra propuesta es que cuando menos cinco trabajadores integrantes del Sindicato titular del contrato colectivo de trabajo deben representar a los trabajadores en cada empresa, en los consejos de administración con el propósito de que se les entregue la información relativa a la producción trimestral y anual de cada empresa y la información relativa a los ingresos brutos y netos por las ventas que realizan en esos periodos para que puedan conocer y calcular el monto de las utilidades a repartir por el patrón, anualmente.

Como se sabe, cada año se quedan sin recibir el beneficio del reparto de utilidades más del 50 por ciento de trabajadores, pues este reparto de utilidades continúa siendo una prestación que escamotean los empresarios bajo diversas argucias legales. Para nadie es desconocido que miles de empresas utilizan diversas estrategias para no pagarlas y recurren al maquillaje de sus carátulas fiscales, o bien sólo pagan algunas compensaciones que representan sólo bonos simbólicos a sus trabajadores.

Este reparto también se violenta por la doble contabilidad que tienen los patrones. Incluso, en mayo de 2005 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver que el reparto de utilidades debe calcularse bajo el concepto de utilidad fiscal, toda vez que los patrones pretendían realizar este reparto descontando de esta prestación las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores por sus empresas.

Además, con las nuevas disposiciones aprobadas sobre el costo de ventas del impuesto sobre la renta, será un factor que incidirá en contra del reparto de utilidades. Por esa razón estamos proponiendo transparentar la generación de riqueza de las empresas para que el reparto de utilidades llegue efectivamente a los generadores de la riqueza material, que son los trabajadores.

La sociedad mexicana está demandando mayor transparencia no sólo en la gestión pública, sino también en la gestión privada. Por eso se creó la Ley de Acceso a la Información Pública, que representa un paso importante en la transparencia de la gestión gubernamental.

Estamos proponiendo transparentar la creación de las riquezas que realizan los trabajadores a sus empresas y el legítimo derecho que tienen de saber cuánto les corresponde por su participación en esa generación de riqueza. Será una manera de evitar que más del 50 por ciento de los trabajadores inscritos en el IMSS vean escamoteado este beneficio que les corresponde anualmente.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo primero a la fracción I del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 1o. Se adiciona un párrafo primero corriéndose en su orden el actual párrafo primero para pasar a ser párrafo segundo de la fracción I del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 125. En cada empresa que está obligada al reparto de utilidades conforme se establece en esta ley, los trabajadores tendrán cinco representantes en el Consejo de Administración de éstas, quienes serán integrantes del Sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, con el propósito de que se les entregue la información relativa a los estados financieros fiscales de cada mes y anualmente, para que puedan conocer y calcular el monto de las utilidades a repartir por el patrón para el año que corresponda.

Dicha información deberá ser dada a conocer a todos los trabajadores de la empresa de que se trata.

Artículo único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a usted, señora Presidenta, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Firman: diputado Ricardo Cantú Garza, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Abundio Peregrino García, diputada María Mercedez Maciel Ortíz, diputado Santiago Pedro Cortés, diputado Silvano Garay Ulloa, diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, diputado Joaquín Humberto Vela González, diputado Anuario Luis Herrera Solís, diputada Rosa Elia Romero Guzmán y el de la voz, Rodolfo Solís Parga. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo primero a la fracción I del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Como se sabe, la revolución tecnológica que se gestó en Estados Unidos desde principios de los años setenta del siglo pasado, con el descubrimiento del microprocesador y su conversión en insumo clave de la industria microelectrónica, de la computación y de las telecomunicaciones, modificó radicalmente las condiciones productivas, laborales y políticas de todos los países.

Esta revolución industrial tiene su base en Estados Unidos y se extendió a los países industrializados y a algunas economías emergentes. Sus repercusiones se observan en todos los ámbitos de la vida de las naciones.

En el ámbito especifico de los mercados laborales, el nuevo método de producción Toyota desplazó el modelo laboral fordista-taylorista. El nuevo modelo japonés consiste en lo fundamental en la flexibilización de las relaciones laborales, porque se opone a los contratos colectivos de trabajo para hacer surgir el trabajo a destajo y por hora e impulsa la intensificación de la explotación del trabajador y eleva la productividad y la rentabilidad del capital.

En el caso específico de México, el modelo Toyota predomina ya en todas las grandes empresas, tanto del campo como de la ciudad. Sin embargo, queda por implantar el esquema de flexibilización de los contratos colectivos de trabajo para imponer el trabajo a destajo y por hora.

También predomina ya el trabajo por horas y sin prestación en algunas industrias y los servicios de la economía mexicana, donde cientos de miles de jóvenes se ven obligados a laborar en esas condiciones por la necesidad que tienen de subsistir.

La situación descrita va en correspondencia con la contrarreforma laboral que propone el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo.

Esa contrarreforma consiste básicamente en introducir contratos laborales temporales, ampliar los de prueba, reducir y, en su caso, anular la antigüedad, golpear y menoscabar el derecho a la libre sindicalización y a la huelga e impedir la injerencia del Estado en normatividades de defensa de los intereses de los trabajadores, entre otras cosas.

En síntesis, significa la pérdida de las conquistas laborales y un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores.

Por otra parte, los beneficios de la revolución tecnológica no han significado ningún mejoramiento en las condiciones de vida de los mexicanos, pese al aumento que se ha dado en la productividad laboral desde fines de los años ochenta del siglo pasado, así como en la rentabilidad de las grandes empresas exportadoras. Por el contrario, los salarios reales han caído en promedio en más de 60 por ciento en ese lapso.

Además, el desempleo es tan alto en nuestra nación, que la población ha tenido que recurrir al sector informal, que ocupa actualmente 40 por ciento de la población económicamente activa, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queda claro que el capital y su representante, el Estado, tienen el propósito de institucionalizar todas y cada una de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías para incrementar la explotación del trabajo y elevar las ganancias de las empresas, sin impulsar políticas salariales que mejoren las condiciones de vida de la población, ni mecanismos de compensación social contra las repercusiones de la apertura económica y de las nuevas tecnologías.

Para nuestro grupo parlamentario, los beneficios de las nuevas tecnologías deben llegar a los bolsillos de los trabajadores, no sólo mediante el elevamiento de los salarios reales sino, también, mediante una efectiva participación en el reparto de las utilidades que generan las empresas de nuestro país.

Para ello es necesario establecer en la Ley Federal del Trabajo la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas para garantizar el reparto de esos beneficios, porque constituye la única forma de evitar las trampas de los empresarios para escamotear el reparto de las utilidades a sus trabajadores.

Nuestra propuesta es que cuando menos cinco trabajadores, integrantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, deben representar a los trabajadores de cada empresa en los consejos de administración, con el propósito de que se les entregue la información relativa a los estados financieros fiscales de cada mes y anualmente, para que puedan conocer y calcular el monto de las utilidades por repartir por el patrón para el año que corresponda.

Como se sabe, cada año se quedan sin recibir el beneficio del reparto de utilidades más de 50 por ciento de trabajadores, pues el reparto de utilidades continúa siendo una prestación que escamotean con diversas argucias legales los empresarios.

Para nadie es desconocido que miles de empresas utilizan diversas estrategias para no pagarlas y recurren al maquillaje de sus carátulas fiscales; o bien, sólo pagan algunas compensaciones que representan sólo abonos simbólicos a sus trabajadores. El reparto también se violenta por la doble contabilidad que tienen los patrones y los despachos de contadores expertos para evadir ese beneficio.

Incluso, en mayo de 2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tuvo que resolver que el reparto de utilidades debe calcularse bajo el concepto de utilidad fiscal, toda vez que los patrones pretendían realizar ese reparto descontando de esta prestación las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores por sus empresas.

Además, con las nuevas disposiciones aprobadas sobre el costo de ventas del impuesto sobre la renta será un factor que incidirá contra el reparto de utilidades.

Por esa razón, estamos proponiendo transparentar la generación de riqueza de las empresas para que el reparto de utilidades llegue efectivamente a los generadores de la riqueza material, los trabajadores.

Hoy, la sociedad mexicana está demandando mayor transparencia no sólo en la gestión pública sino, también, en la gestión privada. Por eso se creó la Ley de Acceso a la Información Pública, que representa un paso importante en la transparencia de la gestión gubernamental.

Hoy estamos proponiendo transparentar la creación de la riqueza que realizan los trabajadores a sus empresas y el legítimo derecho que tienen de saber cuánto les corresponde por su participación en esa generación de riqueza.

Será una manera de evitar que más de 50 por ciento de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social sean escamoteados de este beneficio, que les corresponde anualmente, pues tenemos claro que los industriales recurren a trampas legales para evadir el reparto de utilidades.

Para muchos de ellos, el reparto está en franco desuso; y si a esta filosofía patronal agregamos la visión empresarial de los gobiernos neoliberales que hemos tenido desde 1983, queda claro que al paso que va este reparto, pronto desaparecerá si no ponemos un alto a los empresarios voraces.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo primero a la fracción I del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo primero, corriéndose en su orden el actual párrafo primero para pasar a ser párrafo segundo, de la fracción I del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 125. ...

En cada empresa que está obligada al reparto de utilidades, conforme se establece en esta ley, los trabajadores tendrán a cinco representantes en el consejo de administración de éstas, quienes serán integrantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, con el propósito de que se les entregue la información relativa a los estados financieros fiscales de cada mes y anualmente, para que puedan conocer y calcular el monto de las utilidades por repartir por el patrón para el año que corresponda. Dicha información deberá ser dada a conocer a todos los trabajadores de la empresa de que se trate.

Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga;

II. a IV. ...

Transitorio

Artículo Único. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil seis.

Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedes Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Félix Castellanos Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado Solís. Atendiendo a su petición, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en tanto se integra dicha Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco:Muchas gracias, señora Presidenta. En virtud de estar publicada la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria solicito se inserte en su totalidad en el Diario de Debates.

Por iniciativa del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez y a nombre de los diputados de Acción Nacional, de Nuevo León, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma por adición diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, en base a la siguiente exposición de motivos.

México es un país en constante desarrollo. El contexto mundial nos obliga a ser cada día más competitivos en los aspectos sociales, económicos, políticos, educativos y en todo aquél que influya en el bienestar de nuestra población. En contraste, son muchas y muy variadas las problemáticas que hay que solventar a fin de competir de igual a igual, en un ambiente globalizado, con otras potencias mundiales.

En ese contexto, la educación de calidad es una herramienta que nos permite ir erradicando nuestras debilidades, dando paso a una sociedad cada día más capaz de competir en el mundo en todos los campos del conocimiento. Hoy en día son miles los mexicanos que participan en la economía global, ya sea como empresarios o como el recurso humano de grandes empresas transnacionales; lo anterior es posible en virtud de que han tenido la oportunidad de recibir una educación adecuada a la realidad actual, y capaz de dotarlos del conocimiento y las herramientas indispensables para destacar en el campo laboral, lo mismo en nuestro país que en el extranjero.

Por lo antes expuesto, debemos hacer énfasis en que nuestros jóvenes puedan tener acceso en todo momento a la educación de calidad que les permita aspirar a un futuro mejor. En nuestro país contamos con instituciones de gran calidad educativa, tanto en el ámbito público como en el privado. Debemos esforzarnos por dotar de más recursos públicos al sistema educativo oficial a fin de que se tenga una cobertura total a lo largo del país. Obviamente, también debe trabajarse en lograr aumentar la calidad de dicha educación a fin de no rezagarnos en ese tema.

Mientras tanto, no podemos ignorar que la educación privada es una opción muy socorrida por todas aquellas personas que, o bien no alcanzan un lugar en el plantel público o buscan una primaria, secundaria o universidad que les dé un plus en su educación y un plantel que los dote de las herramientas tecnológicas más modernas, con el fin de acceder más rápido al conocimiento técnico y científico que el mundo laboral exige. En tal virtud, debemos reconocer que cada día son más los mexicanos y mexicanas que optan por matricularse en escuelas privadas. Es el caso de que miles de padres de familia hacen sacrificios enormes en el terreno económico a fin de sufragar la educación de sus familias, obviamente buscando un futuro mejor para sus hijos.

Por lo antes expuesto y en tanto logramos una mejora educativa integral y una cobertura total creo de elemental justicia apoyar mediante una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a todos aquellos padres de familia que invierten en la educación de sus hijos matriculándolos en escuelas privadas, a fin de que pueda acreditarse en el pago del impuesto sobre la renta el pago de las colegiaturas, tanto de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato como de la educación superior. Lo anterior hasta por la misma cantidad que el Estado eroga anualmente por alumno en cada nivel de educación.

Con la reforma que se propone ayudaríamos a muchas familias mexicanas a hacerles un poco más ligera la carga económica que la educación de sus integrantes significa, y a su vez, se motiva a que las mismas familias inviertan más en educación con el incentivo de que dichos gastos podrán ser acreditados contra el impuesto sobre la renta.

Lo anterior, obviamente, sin afectar en lo más mínimo a la educación pública toda vez que dichas familias seguirán contribuyendo al gasto educativo público a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de tal forma que al pagar el IVA, el ISR, la tenencia y en general todos los impuestos federales que la ley establece, las familias mexicanas contribuyen al gasto federal educativo haciendo posible la mejora en la cantidad que tanto requerimos.

Solamente para terminar. Esta posible erogación que debería de hacer el gobierno federal en relación a su obligación de dotar de educación en preprimaria, primaria y secundaria, la deducción que se haría nunca rebasaría lo que ya actualmente se está erogando por tales conceptos. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Juan Enrique Barrios Rodríguez, en su carácter de diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman por adición, diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior en base a la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país en constante desarrollo, el contexto mundial nos obliga a ser cada día más competitivos en los aspectos sociales, económicos, políticos, educativos y en todo aquel que influya en el bienestar de nuestra población: en contraste son muchas y muy variadas las problemáticas que hay que solventar a fin de competir de igual a igual en un ambiente globalizado con otras potencias mundiales.

En ese contexto, la educación de calidad, es una herramienta que nos permite ir erradicando nuestras debilidades, dando paso a una sociedad cada día más capaz de competir en el mundo en todos los campos del conocimiento; hoy en día son miles los mexicanos que participan en la economía global, ya sea como empresarios, o como el recurso humano de grandes empresas transnacionales, lo anterior es posible en virtud de que han tenido la oportunidad de recibir una educación adecuada a la realidad actual y capaz de dotarlos del conocimiento y las herramientas indispensables para destacar en el campo laboral, lo mismo en nuestro país que en el extranjero.

Por lo antes expuesto, debemos hacer énfasis en que nuestros jóvenes puedan tener acceso en todo momento a la educación de calidad que les permita aspirar a un futuro mejor; en nuestro país contamos con instituciones de gran calidad educativa, tanto en el ámbito público como el privado, debemos esforzarnos por dotar de más recursos públicos al sistema educativo oficial, a fin de que se tenga una cobertura total a lo largo y ancho del país; obviamente también debe trabajarse en lograr aumentar la calidad de dicha educación a fin de no rezagarnos en este tema; mientras tanto, no podemos ignorar que la educación privada es una opción muy socorrida por todas aquellas personas que o bien no alcanzan un lugar en el plantel público, o buscan una primaria, secundaria ó universidad que les de un plus en su educación y un plantel que los dote de las herramientas tecnológicas más modernas con el fin de acceder más rápido al conocimiento técnico y científico que el mundo laboral exige; en tal virtud debemos reconocer que cada día son más los mexicanos y mexicanas que optan por matricularse en escuelas privadas; es el caso que miles de padres de familia hacen sacrificios enormes en el terreno económico, a fin de sufragar la educación de su familia; obviamente buscando un futuro mejor para sus hijos.

Por lo antes expuesto y en tanto logramos una mejora educativa integral y una cobertura total, creo de elemental justicia apoyar mediante una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta a todos aquellos padres de familia que invierten en la educación de sus hijos, matriculándolos en escuelas privadas, a fin de que puedan acreditarse en el pago del impuesto sobre la renta, el pago de las colegiaturas tanto de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, como de la educación superior; lo anterior hasta por la misma cantidad que el estado eroga anualmente por alumno en cada nivel de educación.

Con la reforma que se propone ayudaríamos a muchas familias mexicanas a hacerles un poco más ligera la carga económica que la educación de sus integrantes significa y a su vez se motiva a que las mismas familias inviertan más en educación con el incentivo de que dichos gastos podrán ser acreditados contra el impuesto sobre la renta. Lo anterior obviamente sin afectar en lo más mínimo a la educación pública, toda vez que dichas familias seguirán contribuyendo al gasto educativo público, a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales de tal forma que al pagar el IVA, el ISR, la tenencia y en general todos los impuestos federales que la ley establece, las familias mexicanas contribuyen al gasto federal educativo haciendo posible la mejora en la calidad que tanto requerimos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113. Los patrones, para determinar mensualmente el impuesto a retener a sus trabajadores acreditarán contra el impuesto determinado, el monto de las colegiaturas que paguen los trabajadores conforme a lo establecido en el artículo 229, para que dicho acreditamiento se efectué, los trabajadores deberán comunicarlo por escrito al patrón, acompañando copia de los comprobantes de las colegiaturas pagadas.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 229. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto que resulte en la declaración anual, las colegiaturas efectivamente pagadas para sí, para su cónyuge, para sus descendientes o ascendientes en línea recta o para dependientes sobre los que se ejerza una tutela legal, efectuadas a planteles o instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

El acreditamiento anual por un mismo estudiante, en ningún caso podrá exceder de la cantidad establecida en el nivel escolar cursado, conforme a la siguiente:

Tabla Nivel escolar Monto anual máximo

Educación preescolar $11,100.00

Educación primaria 10,100.00

Educación secundaria 15,500.00

Educación profesional técnico 15,200.00

Bachillerato preparatoria 21,800.00

Educación superior 48,800.00

En la declaración anual se proporcionará la siguiente información:

a) Nombre y registro federal de contribuyentes de la escuela, institución o universidad.

b) Nombre y grado escolar del estudiante.

c) La relación de parentesco con el contribuyente.

El acreditamiento anual podrá efectuarse proporcionalmente en los pagos provisionales.

En el ejercicio que el estudiante cambie de nivel, se aplicará el acreditamiento anual en la proporción de los meses cursados en cada nivel escolar. En el caso del estudiante que curse simultáneamente dos o más niveles escolares, el contribuyente elegirá el monto máximo del acreditamiento.

En caso del pago anticipado de colegiaturas, el acreditamiento procederá en la parte que corresponda de los servicios educativos prestados en cada año de calendario.

Contra este acreditamiento no procede devolución, ni compensación alguna, sin embargo la parte no acreditada en un ejercicio podrá acreditarse en los siguientes ejercicios hasta agotarse.

En ningún caso se podrá acreditar por uno o varios contribuyentes, una cantidad superior a la establecida en este artículo según corresponda al nivel escolar, por un mismo estudiante.

Las cantidades establecidas en este artículo se actualizarán en los términos del artículo 177 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa presentada en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra esta Comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

A continuación voy a dar lectura a las proposiciones con punto de acuerdo que se han recibido, con la solicitud de que sean turnadas directamente a comisiones

INTERVENCION DE COMUNICACIONES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: La primera. Los diputados Emilio Gamboa Patrón y Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entregaron a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación investiguen la intervención ilegal de comunicaciones privadas.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la Segob a investigar la intervención ilegal de comunicaciones privadas, suscrita por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados Raúl Cervantes Andrade y Emilio Gamboa Patrón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

l. En días recientes, la sociedad ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación electrónica de la divulgación de conversaciones privadas sostenidas entre personajes de nuestra vida política con diferentes actores sociales y de la vida empresarial mexicana, la característica principal es que dichas conversaciones han sido obtenidas por medios ilegales.

2. Para ser concreto, nos referimos a las llamadas telefónicas sostenidas entre los entonces senadores Fidel Herrera Beltrán, Emilio Gamboa Patrón y el empresario Kamel Nacif. Dicha conversación telefónica privada fue divulgada el día martes 12 de septiembre del año en curso.

Consideraciones

l. Sin prejuzgar respecto a la presunta comisión de conductas ilícitas derivadas de las conversaciones privadas antes referidas, puesto que la función investigadora, por disposición constitucional, corresponde exclusivamente al Ministerio Público y la determinación de las sanciones es una facultad exclusiva de los jueces, nos permitimos hacer notar que para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, las comunicaciones privadas son inviolables.

2. El principio constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, fue introducido a nuestro marco legal, con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996. De acuerdo con especialistas mexicanos1 el texto original de la Constitución de 1917 no mencionaba las comunicaciones privadas, ni para establecer el derecho a su inviolabilidad, ni para autorizar su intervención. El constituyente se preocupó, únicamente, de proteger, de todo registro la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, y de sancionar penalmente su violación. El olvido del constituyente se explica, por el hecho de que, a principios del siglo XX, las comunicaciones telefónicas no se encontraban tan difundidas como en la actualidad, y no existían las intervenciones de las comunicaciones privadas (telefónicas y de otro tipo). Quiere esto decir que, en éste, como en tantos otros casos, la necesidad de la reglamentación legal, surge como el resultado de avances tecnológicos que hacen posible la reglamentación de conductas antes no concebibles.

3. El tema de la intervención de comunicaciones privadas surgió a finales de 1995, con motivo de una iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que proponía que se permitiera al Ministerio Público la intervención de las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas, de acceso a bancos y sistemas informáticos, computacionales o similares, conectados a los sistemas telefónicos o la colocación secreta de medios de escucha en domicilios o video grabaciones en algún lugar privado (fin de la cita).

4. Es decir, la protección constitucional a la privacidad de las conversaciones surge como una necesidad social de brindar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger su derecho a la intimidad, es decir, el mantener las conversaciones privadas, fuera del alcance de terceros.

5. El tema materia de la presente proposición no tiene nada que ver con lo dispuesto por el artículo sexto constitucional, que consagra el derecho de hacer pública una idea y prohíbe a las autoridades el inquirir judicialmente o administrativamente sobre esa manifestación. Es decir, la garantía no permite al Estado que impida la manifestación de las ideas. Por el contrario, el texto agregado al artículo 16 constitucional con la reforma de 1996 a que hemos hecho referencia, se refiere, en cambio, al derecho de mantener las comunicaciones privadas fuera del conocimiento de terceros. No obstante, es cierto que ambas garantías guardan alguna relación entre ellas, puesto que las dos protegen, de alguna forma, la comunicación de ideas, pero la forma en que lo hacen es totalmente contraria: La garantía del artículo sexto, protege el derecho de hacer pública una idea; la garantía del artículo 16, consagra el derecho de impedir que se haga pública una comunicación privada.

6. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 ha sostenido que el poder revisor de la Constitución, al establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas dispuso que dicha obligación es oponible y por ende, exigible, tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional.

7. Finalmente, consideramos que en un estado de derecho, se deben respetar las garantías individuales y los principios constitucionales, por ello, no podemos permitir que se siga violentando el orden jurídico so pretextode hacer del conocimiento público ``supuestas'' negociaciones entre personajes de la vida política y empresarios o ciudadanos, utilizando para ello a los medios de comunicación, cuando lo que se debiera hacer en cualquier estado de derecho, es presentar las denuncias correspondientes acompañadas de los elementos jurídicos que le permitan al Ministerio Público, en ejercicio de las facultades constitucionales, realizar las investigaciones correspondientes y deslindar las responsabilidades a que haya lugar.

Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, así como al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades, ordenen que se inicie de inmediato una investigación sobre supuestos vínculos del diputado Emilio Gamboa Patrón con el empresario Kamel Nacif, así como la intervención ilegal de comunicaciones privadas a que se refiere el presente punto de acuerdo y, en su caso, determine ejercer la acción penal correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables.

Notas:

1 Zamora Pierce, Jesús. Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

2 Tesis Aislada 2a CLXI/2000, Novena Época, Instancia Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre 2000, página 428, Registro No. I90651, intitulada ``Comunicaciones Privadas. Las Pruebas Ofrecidas dentro de un Juicio Civil, obtenidas por un gobernado sin respetar la inviolabilidad de aquéllas constituyen un ilícito constitucional, por lo que resultan contrarias a derecho y no deben admitirse por el juzgador correspondiente''. Y Tesis Aislada 2a CLX/2000, Novena Época, Instancia Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre 2000, página 428, Registro No. 190652, intitulada ``Comunicaciones privadas. El Derecho a su Inviolabilidad, consagrado en el Artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución Federal, es oponible tanto a las autoridades como a los gobernados, quienes al transgredir esta prerrogativa incurren en la comisión de un ilícito constitucional''.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre del año 2006.--- Diputados: Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Emilio Gamboa Patrón (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación. En tanto se integran las Comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE MICHOACAN

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:El diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat que recategorice el área natural protegida Parque Nacional Pico de Tancítaro.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat que recategorice el área natural protegida Parque Nacional Pico de Tancítaro, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados que firman al calce, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de las áreas naturales protegidas radica en que se constituyen como un instrumento de política ambiental cuya finalidad es la conservación de la biodiversidad en la medida en que mantienen poblaciones viables de todas las especies y subespecies endémicas, raras, sujetas a protección especial; y aquellas sujetas de manera particular a los cambios ambientales que puedan alterar naturalmente su abundancia o distribución.

Se crean con la finalidad de conservar espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, constituyéndose como porciones del planeta, terrestreso acuáticas en donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectadoy que están sujetasa regímenes especiales de protección1; sirviendo también para el mantenimiento del número y la distribución de comunidades y sus hábitats, sin perjuicio de los cambios ambientales que pudieran alterar esta distribución.

Ejemplo claro de lo anterior, lo constituye el área natural protegida Pico de Tancítaro. Es un volcán que fue decretado como parque nacional, contando con 29,316 hectáreas, constituyéndose como una región vital para la conservación de los bosques, y de gran importancia para el ambiente.

El parque presenta grandes bosques de encino en sus partes bajas y cañadas; bosques de pino en sus áreas medias; y oyameles en las zonas más húmedas, dando una gran variedad de paisajes que invitan a realizar largas caminatas disfrutando de los colores y las formas de sus numerosas cañadas e impresionantes pendientes.

Por su extensión y accidentado terreno, en él se puede encontrar una muestra de la fauna típica de la región montañosa del país, como armadillos, ardillas, zorras, liebres, venado cola blanca y una gran variedad de aves canoras.

Cabe señalar que dada la riqueza natural que alberga fue decretado, el 27 de julio de 1940, como parque nacional Pico de Tancítaro. En la actualidad se estima que 6,502 personas habitan dentro del parque nacional siendo la población más grande Nuevo San Juan Parangaricutiro al contar con 11,938 habitantes.

El decreto de creación del parque establece que los terrenos ubicados dentro de los límites señalados continuarán en posesión de sus respectivos dueños; coexistiendo diferentes regímenes para la tenencia de la tierra, a saber, pequeña propiedad; tenencia comunal y ejidal quedando prohibida la expropiación.

No obstante el decreto que caracteriza a este volcán como parque nacional; existe dentro de él una problemática relacionada con la falta de recategorización del área natural protegida que permita una clara delimitación de las obras y actividades permitidas y prohibidas.

Resulta de suma preocupación esta situación, toda vez que ello impide a las autoridades poder autorizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que existen en el área; abriendo la puerta a situaciones que atentan a un desarrollo equilibrado como lo es el cambio de uso de suelo forestal a agrícola con el impacto ambiental negativo que implica.

Específicamente, la zona presenta problemas derivados de cultivos perennes frutales como el aguacate, mismos que de acuerdo a estudios reconocidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Semarnat, se han incrementado casi 10 diez veces en los últimos 20 veinte años; junto con problemas de otra índole tales como los incendios forestales.

Más aún, no debe dejarse de lado que el Pico de Tancítaro es un área que resulta fundamental para el mantenimiento del ciclo hidrológico en la región, al estar conformado por 16 cuencas hidrológicas que en su conjunto representan una superficie de 678 km², lo que le confiere gran importancia dentro del ciclo de captación de agua y recarga de acuíferos.

Cabe destacar también que de acuerdo con un estudio técnico justificativo de la Secretaría, la vocación del suelo es eminentemente forestal; constituyendo la base para el desarrollo de por lo menos 40,000 habitantes del área que conforman 82 poblaciones y comunidades dedicadas al cultivo de aguacate, durazno, manzana y pera.

De estas poblaciones sobresale la comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro; ubicada en las colinas del Pico de Tancítaro, contando con un predio de poco más de dos mil hectáreas dentro del perímetro del área natural protegida; y la cual, debido al manejo sustentable de los bosques, ha sido preservada y sujeta de reconocimiento tanto nacional como internacional dado el programa de conservación al cual ha sido sujeto.

No obstante ello, actualmente la comunidad se encuentra ante el problema de que la falta de publicación del decreto mediante el cual se recategoriza el área natural protegida, ha impedido dar cumplimiento a la autorización que se tiene relativa al Programa de Manejo Forestal para 10 anualidades, de las cuales la décima anualidad se debería de ejecutar dentro del polígono del parque nacional Pico de Tancítaro.

Desafortunadamente para la comunidad, la sustentabilidad de la región y el futuro del parque nacional, se encuentran en riesgo debido a la falta de la citada recategorización del área natural protegida.

Peor aún, esto pone en riesgo al proyecto de sustentabilidad comunitaria que ha permitido la preservación de los recursos naturales y servido como ejemplo a un sinnúmero de comunidades en nuestro país representando un modelo para la región latinoamericana.

Es por ello, que toda vez que el lunes 30 de diciembre de 2002, fue publicado en el Diario Oficial el aviso por el que se informa al público en general que están a su disposición los estudios realizados para justificar la expedición del decreto por el que se pretende recategorizar el parque nacional Pico de Tancítaro, por el de área de protección de flora y fauna, localizado en el estado de Michoacán, así como la modificación de su superficie; consideramos urgente la publicación del decreto mediante el cual se recategoriza el área natural protegida parque nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con lo establecido por los ordenamientos legales aplicables, a saber, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de áreas naturales protegidas.

De la misma forma, solicitamos que en tanto se cumpla con lo anterior, se autorice el manejo sustentable del predio de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, correspondiente a la décima anualidad del citado Programa de Manejo Forestal; ello, con el objeto de continuar con las actividades forestales sustentables del área y de conservar la riqueza natural de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro; y por ende, del área natural protegida.

Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que publique a la brevedad la recategorización del actual Parque Nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de áreas naturales protegidas.

Segundo.- En tanto no se decrete la recategorización del actual Parque Nacional Pico de Tancítaro, se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que autorice el manejo sustentable del predio de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro en los términos de la legislación aplicable.

Notas

1 Carlos Alcérreca et al, Fauna Silvestrey áreas naturales protegidas,Fundación Universo Veintiuno, México, 1988, p.69.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

MENORES MIGRANTES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: La diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob establezca mecanismos de salvaguarda a los derechos e integridad de los menores migrantes.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que establezca mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda, diputada integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, tiene como una de sus principales funciones el garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, así como el apego estricto a la ley, con independencia de su situación jurídica y actuando en congruencia con lo que pide el gobierno mexicano para sus connacionales en otros países.

Así, como entidad encargada de la aplicación de las normas migratorias, el Instituto Nacional de Migración debe encargarse del aseguramiento de los extranjeros que entran a nuestro territorio y que no cumplen con lo que la Ley General de Población establece.

Es de reconocerse también, que el fenómeno migratorio de no nacionales a nuestro país ha ido mutando en cuanto a complejidad. En décadas pasadas eran los hombres lo que se introducían en nuestro país con la intención de llegar a la frontera norte e internarse en los Estados Unidos de América. En aquellos años, las políticas migratorias norteamericanas permitían el flujo de entrada y salida de su territorio, de una manera más laxa.

Con los acontecimientos suscitados en la ciudad de Nueva York, en el año de 2001, las políticas norteamericanas han sido endurecidas, lo que no ha permitido el flujo que, en otras décadas, se venía haciendo de trabajadores latinoamericanos. Por ello, los hombres o mujeres que han logrado establecerse en territorio norteamericano se han visto en la necesidad de llevar consigo a sus familias y, en ocasiones, muchas de las esposas e hijos, son detenidos por las autoridades migratorias norteamericanas y deportados de su territorio. Otras tantas, son detenidas por autoridades migratorias mexicanas por lo que la infraestructura y recursos humanos del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias encargadas de la aplicación de la Ley de Población, se ha visto superadas.

De ahí, que hoy día es necesario el establecimiento de mayores mecanismos o instrumentos institucionales para la salvaguarda de los derechos de los migrantes.

En los informes dados por la autoridad migratoria mexicana no se ha hecho el distingo del número de menores de 18 años que han sido asegurados y repatriados de nuestro territorio a sus lugares de origen. Grupos sociales calculan que, por lo menos el 10 por ciento de las personas aseguradas son menores.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de los Diputados considera que es necesario que se lleven a cabo mayores acciones para que sean garantizados los derechos de los menores migrantes a fin de que sean asegurados e internados en centros especiales a fin de garantizar sus derechos humanos y su integridad física y moral. Debe llevar a cabo políticas migratorias que cumplan con los siguientes aspectos:

Proteger a los menores migrantes y sus familias, tanto en su integridad física, como moral.

Mantener un enfoque nacional, internacional e interinstitucional para garantizar un trato digno a los menores migrantes y sus familias en nuestro país.

Asegurar en todo momento el respeto de sus derechos humanos, su dignidad, así como su integridad física como moral.

Promover acuerdos de carácter internacional que permitan acciones coordinadas eficientes entre los distintos gobiernos de los diferentes países.

Por lo expuesto, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo, de manera eficiente y eficaz, la implantación de mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a fin de que lleve a cabo las medidas necesarias para el cumplimento de dicho objetivo, tales como la suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdos de colaboración con gobiernos locales y extranjeros, convenios con instituciones públicas o privadas en el ámbito federal y local, además de programas permanentes de protección a los derechos humanos, integridad física y moral de los menores migrantes y sus familias.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha de su presentación.--- Diputada Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:El diputado Juan Manuel Parás González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 sean considerados recursos suficientes para la reconstrucción de un tramo carretero en el estado de Nuevo León.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos suficientes para reconstruir un tramo carretero en Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González, del Grupo Parlamentario del PRI

Juan Manuel Parás González, diputado federal por el XII distrito del estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a la consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La infraestructura carretera nacional, representa uno de los motores del desarrollo económico y social del país. Contar con una red de caminos eficiente propicia, entre muchas otras cosas, el impulso del desarrollo regional y el impulso del comercio regional, facilita la comunicación entre las comunidades que integran cada estado, y reduce la brecha de equidad entre las zonas urbanas y las regiones rurales.

Nuevo León es un estado con una gran aportación a la economía nacional. Su industria, su campo, su gente, contribuyen día a día al crecimiento del país.

Una de las demandas más constante en el curso de mi campaña política, fue la de dar una atención prioritaria a la red carretera de nuestra entidad. Hay un caso que demanda atención inmediata, la carretera que une el municipio de Los Herreras, Nuevo León, con la autopista Monterrey-Reynosa, la cual se encuentra sumamente deteriorada, lo que pone en riesgo la seguridad de sus usuarios, limita una comunicación eficaz con la capital del estado y la frontera, y desincentiva el desarrollo de la zona en todos los órdenes.

Ha sido una constante de los últimos años, dar atención prioritaria a la red carretera nacional, con lo cual se reconoce su posición estratégica. En ese sentido, solicito que en el marco de la formulación y discusión del Presupuesto de Egresos de 2007, se asignen recursos fiscales para la reconstrucción del tramo carretero referido.

Los recursos federales canalizados a infraestructura y obra pública, son redituables, garantizan la atención a una demanda social y generan expansión económica y bienestar a la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a considerar en la formulación del Presupuesto de Egresos 2007, recursos destinados a la reconstrucción de la carretera que une el municipio de Los Herreras, Nuevo León, con la autopista Monterrey-Reynosa.

Segundo. Que la Cámara de Diputados, en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos 2007 destine los recursos suficientes para la obra descrita.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.--- Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE COAHUILA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:El diputado Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional entregó a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las responsabilidades y el origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, así como las condiciones laborales y de seguridad e higiene de los trabajadores mineros, antes y después de esos hechos, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Vengo a esta tribuna con el ánimo y con el firme propósito para proponer que, de manera inmediata, retomemos la estafeta y se continúe la investigación de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, de la región carbonífera de Coahuila.

El 28 de febrero de 2006 fue aprobada por el Pleno de la LIX Legislatura la creación de un grupo de trabajo de diputados integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para conocer e investigar sobre las condiciones laborales y de seguridad e higiene de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, proposición que fue aprobada por mayoría.

El grupo de trabajo presentó sus conclusiones al Pleno de esta soberanía, las que contienen dos puntos básicos que deben ser tomados como la base para continuar la tarea:

1. A la fecha no se cuenta con elementos técnicos y científicos que permitan identificar las causas del lamentable incidente (acontecimiento imprevisible, negligencia o error humano).

2. En razón de lo anterior, tampoco está en posibilidad de efectuar el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Sin embargo, como sucede siempre en estos hechos de historias comunes, quienes han perdido toda esperanza y han sido abandonados a su suerte por la administración federal son los marginados, los sin rostro, los que tienen en sus pulmones enfermizos los materiales que socavan y que generan las riquezas de que nunca gozarán.

Debemos agregar a las mujeres, hijos e hijas, a los jóvenes y a los viejos que perdieron en esa tragedia a 65 familiares y que hoy reclaman justicia, justicia que debe ser garantizada para que se conozca por qué murieron, se deslinden las responsabilidades y se aplique el castigo a los culpables.

No podemos condenarlos al olvido, como sucede en muchos casos desgraciadamente. En el olvido con sus rencores, sus frustraciones y sus demandas, las cuales serán siempre una parte de la labor de esta soberanía, ya que somos los únicos a quienes han recurrido para depositar sus esperanzas.

Existen culpables, tanto de parte de la empresa como de los funcionarios de la administración federal responsables, pero esto debe ser el resultado de una investigación exhaustiva a la cual debemos comprometer toda nuestra fuerza, como uno de los poderes de la república, y que, inmersos en el compromiso con la sociedad, nos debemos a los asuntos que esta demanda, asuntos que forman parte de los grandes retos a que nos enfrentaremos durante esta legislatura.

Debemos tener el tiempo suficiente, la tecnología necesaria y, sobre todo, la voluntad de hacerlo. Por ellos, por los mineros marginados de los beneficios que ellos generan, debemos atender de inmediato este reto al cual nos obligan los acontecimientos.

Como diputado federal del estado de Coahuila, y estoy seguro de que todos ustedes, me he comprometido con ir hasta el fondo para obtener la información y el conocimiento de los hechos ahí sucedidos. Las malas condiciones en que laboraban, la falta de vigilancia de las condiciones de seguridad por quien es responsable y la negligencia cometida son elementos que están a la vista, por lo que debemos atender e investigar los hechos.

Por todo lo anterior, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial de investigación para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, así como las condiciones laborales y de seguridad e higiene de los trabajadores mineros, antes y después de estos hechos.

La comisión especial estará integrada por los diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en esta soberanía, con el número proporcional a dicha representación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La comisión especial presentará un informe, así como las recomendaciones que se desprenden de aquél, al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Palacio de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.--- Diputado Yerico Abramo Masso (rúbrica).»La Presidenta diputadaMaría Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal:Se concede la palabra al diputado Pedro Landero López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal suspenda sus actividades de promoción de los programas sociales federales en el proceso electoral de 2006 en el estado de Tabasco.

El diputado Pedro Landero López:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas. El próximo 15 de octubre de 2006se llevarán a cabo elecciones para renovar los poderes en el estado de Tabasco. Sin embargo, para nadie es desconocida la historia de fraudes electorales en dicha entidad, así como las intromisiones de los gobernadores en turno en los procesos locales, al grado de que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónanuló hace seis años la elección a gobernador. Qué decir del derroche de recursos públicos en los gastos de campaña del entonces candidato Roberto Madrazo, quien para realizar el fraude electoral en Tabasco gastó más de 70 millones de dólares, más que lo que Bill Clinton gastó en los Estados Unidos.

De ahí la necesidad de que este proceso electoral se desa-rrolle dentro de la normalidad democrática y con garantía plena para que los tabasqueños puedan elegir de manera libre a sus autoridades y sin que servidores públicos ---sean éstos locales o federales--- desvíen recursos o programas sociales para beneficiar a algún candidato o coaccione el voto bajo amenazas, como lo hiciera el subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad del gobierno de Tabasco, el ``mapache'' José del Carmen Domínguez Nares, quien de manera intolerante y haciendo mal uso de sus funciones amenazó veladamente a los transportistas tabasqueños con revolcarles sus concesiones si portaban en sus vehículos propaganda del candidato de ``Por el bien de todos'', como lo pueden escuchar ustedes en este audio.

``... la renovación de la concesión, es muy importante. Y permítanme, hoy es sábado y en teoría no estoy en funciones. Una de las cosas que yo necesito para renovar la concesión es que apoyemos a este hombre, ... Yo no quiero ver camionetas de ustedes, una que sea con propaganda de Raúl Ojeda; prefiero verlas sin propaganda, así de fácil. Mejor no les pongan nada, no los voy a obligar a que le pongan la propaganda ..., porque tampoco se vale de que nos autoengañemos; las camionetas las traen todas llenas de propagandas del PRI, pero van a votar por el PRD y ... hablando del PRD; nos estamos engañando. Mejor que no traiga nada o que traiga la ..., así de plano. Si yo llego a ver una propaganda o una camioneta, un vehículo con propaganda del PRD, lo voy a encerrar. Legalmente lo único que puedo hacer es ponerle una multa de 3 mil 500 pesos, pero lo voy a encerrar. Puedo condonarle la multa, pero cuatro o cinco días está la camioneta en el corralón ...; así le he hecho a los taxistas y ahí va desapareciendo uno a uno la propaganda; son bastantes. Y les he dicho derecho: '¿Por qué me detiene? ---Porque trae propaganda del PRD. Mejor no traiga nada, prefiero que no traiga nada'. Nosotros necesitamos dar la renovación de la concesión antes que termine el gobierno de Manuel Andrade. Ya nos vamos, pero ... El licenciado Manuel quiere que se haga un evento ...''

Les traje esto como prueba para que no digan que esto es mentira. Sólo la certeza y transparencia en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria, a fin de construir un verdadero estado de derecho, con el cual retome el rumbo democrático que tanto necesitamos los mexicanos.

Honorable Asamblea: coadyuvemos para que los autores políticos de nuestro país permitan ---con sus propuestas y no con argucias y manipulaciones electoreras--- el ejercicio del voto libre y secreto de los tabasqueños; que sea la voluntad ciudadana la que determine quién debe de gobernar.

Y por ello, y en virtud de las consideraciones expuestas, solicito al Pleno de esta soberanía sea aprobado este punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Señora Presidenta. En términos del artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, le solicito que la votación a efectuarse sea nominal.

Firman esta proposición todos los diputados del PRD de Tabasco y demás compañeros parlamentarios.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suspender sus actividades de promoción de los programas sociales federales en el proceso electoral de 2006 en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con fundamento en los siguientes

Hechos

En el pasado proceso electoral federal de 2006, los ciudadanos del estado de Tabasco determinaron respaldar la opción que representa la izquierda mexicana, acudiendo a las urnas masivamente y estableciendo con claridad su respaldo a la Coalición por el Bien de Todos.

No obstante lo anterior, los gobiernos estatal y federal mantuvieron por la vía de los hechos prácticas que por su naturaleza son contrarias a los principios democráticos de la República. Estrategias como el condicionamiento y compra del voto a cambio de apoyos gubernamentales significaron el común denominador en las pasadas campañas electorales.

Hoy, en las vísperas del proceso electoral local, el PRIAN ha enfocado sus esfuerzos en bajar a como dé lugar a nuestro candidato al gobierno del estado, César Raúl Ojeda Zubieta, de las preferencias del electorado tabasqueño. Para ello, han empezado a operar, como es su costumbre, de manera ilegal, llegando al extremo de mentir en temas que son muy sensibles para los ciudadanos de nuestra entidad.

El negro precedente que deja la calificación del espurio presidente electo Calderón por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se establece que el uso tramposo del aparato de gobierno es valido, ha servido de punto de partida para que los gobiernos emanados del PRI y los delegados federales panistas actúen en consecuencia condicionando los programas federales como los que opera la Secretaría de Desarrollo Social.

Ejemplo de lo anterior es la afirmación realizada en días pasados por el candidato del PAN al gobierno del estado de Tabasco --con el único objetivo evidente de restar votos al perredismo--, quien declaró a la opinión pública, en el acto más vil de desesperación política de que se tenga memoria en nuestra entidad, que el próximo primero de diciembre el espurio Calderón Hinojosa decretará que Tabasco formará parte de las entidades con tarifas eléctricas preferenciales y así se pondrá punto final al grave conflicto de la resistencia civil en contra de los abusos en los cobros de energía eléctrica, impulsado por nuestro instituto político.

Esto, compañeras y compañeros legisladores, se llama incongruencia y oportunismo político. Es increíble que el partido que se ha caracterizado por ser él más ferviente opositor a la lucha por esta causa, hoy venga a querer lavarse la cara en un afán totalmente electorero.

Ante los comicios que se llevarán a cabo en Tabasco el 15 de octubre, priistas y panistas se coordinan y repiten la estrategia de la pasada elección presidencial: es decir, medran con las necesidades más apremiantes de los tabasqueños y tabasqueñas más humildes, con el fin de evitar el triunfo del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, César Raúl Ojeda Zubieta. El PRIAN, pretende hacer en Tabasco lo que con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó demostrado, pero que a los magistrados les faltó convicción patriótica y les sobraron intereses personales: la premeditada y perversa intromisión de ese traidor a la democracia que se ostenta como Presidente de la República y de las cúpulas empresariales que no están dispuestos a dejar ni las prebendas ni los multimillonarios negocios que al amparo del poder federal, logran sexenio tras sexenio. En suma, en Tabasco existen claras evidencias de que se quiere vulnerar, una vez más, el ejercicio del voto público de los ciudadanos tabasqueños.

Compañeros legisladores, ante la peor crisis política de nuestro país, ocasionada por el presidente Fox, los líderes empresariales, los jerarcas religiosos y las cúpulas de la telecracia mexicana, urge el ejercicio de control de esta Soberanía sobre los actos del titular de la administración federal, de cara a la renovación del gobierno del estado, de las 17 presidencias municipales y del Congreso local. No hay certidumbre y ni garantías. En Tabasco no hay legalidad en los actos de la administración, porque no se da el imperio de la ley.

Honorable Asamblea: coadyuvemos para que los actores políticos de nuestro país permitan con sus propuestas y no con argucias y manipulaciones electoreras, el ejercicio del voto libre y secreto de los tabasqueños. Que sea la voluntad ciudadana la que determine quien debe de gobernar.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados firmantes sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender de inmediato sus actividades de promoción de los programas federales en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de 2006.

Diputado Pedro Landero López (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedro Landero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ha solicitado la votación nominal. ¿Hay cinco diputados más que se adhieran a la solicitud suya?

Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Alberto Esteva. Sonido a la curul del diputado. Adelante, diputado.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Ciudadano diputado Presidente, le pediríamos que verifique el quórum para que puedan venir a votar quienes han salido a comer.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La votación le dará la verificación del quórum, diputado.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos. La votación es para saber si se considera, o no, de urgente resolución.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciérrese el sistema de votación.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Vamos a tomar de viva voz los ciudadanos diputados que han llegado una vez que se cerró el sistema. Tómela empezando por el lado derecho. Tomen la votación los Secretarios.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De viva voz:

El diputado Carlos Madrazo Limón(desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido a los diputados den su nombre y el sentido de su voto para que se tome nota.

La diputada Blanca Luna Becerril(desde la curul): Abstención.

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco(desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si lo pueden gritar de viva voz nos ahorraríamos tiempo.

El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez (desde la curul): Guillermo Velázquez, en contra.

El diputado Osiel Castro de la Rosa(desde la curul): Osiel Castro, en contra.

El diputado Antonio Vasconcelos Rueda(desde la curul): Antonio Vasconcelos, a favor.

La diputada Silvia Luna Rodríguez (desde la curul): Abstención.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (desde la curul): En contra.

La diputada Mónica Arriola Gordillo (desde la curul): Mónica Arriola, abstención.

El diputado Antonio Xavier López Adame (desde la curul): En contra.

El diputado Javier Faustino Estrada González (desde la curul): En contra.

El diputado Antonio Berber Martínez (desde la curul): Antonio Berber, en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría que prendan un micrófono atrás y que se acerquen los diputados que están atrás a ese mismo micrófono para dar el sentido de su voto.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Díaz Mena, en contra.

El diputado Francisco Dávila García(desde la curul): Dávila, en contra.

El diputado Arturo Flores Grande(desde la curul): Flores Grande Arturo, en contra.

La diputada Alma Hilda Medina Macías (desde la curul): Medina Alma Hilda, en contra.

El diputado Víctor Samuel Palma César (desde la curul): Samuel Palma, en contra.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): En contra.

El diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): A favor.

La diputada Layda Elena Sansores San Román(desde la curul): A favor.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): A favor.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): A favor.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada Holly Matus Toledo(desde la curul): Holly Matus, a favor.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez(desde la curul): A favor.

El diputado Robinson Uscanga Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): A favor.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Othón Cuevas Córdova(desde la curul): A favor.

La diputada Concepción Ojeda Hernández (desde la curul): A favor .

El diputado Benjamín Hernández Silva (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez(desde la curul): Carlos Martínez, a favor.

El diputado Rafael Villicaña García (desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): Rosa Elva Soriano, a favor.

El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido(desde la curul): A favor.

El diputado Erick López Barriga (desde la curul): Para corregir el sentido de mi voto, a favor.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda(desde la curul): Benítez Ojeda, en contra.

La diputada Lorena Martínez Rodríguez(desde la curul): Lorena Martínez, en contra.

El diputado Mariano González Zarur (desde la curul): En contra.

El diputado Pedro Montalvo Gómez(desde la curul): En contra.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): En contra.

El diputado Luis Ricardo Aldana Prieto(desde la curul): En contra.

La diputada Elda Gómez Lugo(desde la curul): En contra.

El diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano(desde la curul): En contra.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): En contra.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho(desde la curul): Mi voto es en contra.

El diputado Daniel Amador Gaxiola(desde la curul): En contra.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (desde la curul): En contra.

La diputada Gloria Rasgado Corsi (desde la curul): Para corregir, a favor.

El diputado Isael Villa Villa (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez(desde la curul): En contra.

La diputada María Mercedes Corral Aguilar(desde la curul): En contra.

El diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri(desde la curul): En contra.

El diputado Alberto Narcizo Amador Leal (desde la curul): En contra.

El diputado José Inés Palafox Núñez(desde la curul): En contra.

El diputado Ariel Castillo Nájera (desde la curul): Abstención.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar?

El diputado Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Señor Presidente, se emitieron 142 votos a favor; 290 votos en contra y 15 abstenciones. No hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Túrnese a la Comisión de Gobernación y en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo solicitando se investigue y determine la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Gracias señor Presidente; señoras y señores legisladores: las y los suscritos, legisladores federales de los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia, Partido Alternativa Socialdemocrática y Campesina y el Partido del Trabajode la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente.

Los Estados Unidos Mexicanos soberanamente se han constituido política y jurídicamente como un estado laico. La lucha histórica para lograrlo ha constituido un motor fundamental para lograr contar con las instituciones mínimas que permitan desarrollar al máximo uno de los principales fundamentos de la República, la separación del Estado y de la iglesia.

El 12 de enero del 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público autónomo descentralizado de la administración pública federal y lo consideramos como un logro a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país. Como máximo órgano del Instituto la Junta de Gobierno tiene entre sus facultades la de designar y remover, a propuesta de la Secretaría Técnica, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.

Entre sus facultades está la de proponer a la presidencia del Instituto las políticas generales en materia de equidad y género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres que habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales nacionales e internacionales.

Tenemos conocimiento de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, es una persona vinculada a las más altas jerarquías de la iglesia católica pues, entre otros cargos a lo largo de su historia, ha sido designada personalmente por el papa Juan Pablo II en el año 2004 como miembro constitutivo del Pontificio Consejo para la Cultura, además fue nombrada por la Santa Sede a la Organización de Estados Americanos en 1999 y en el 2000 y también lo ha sido ante la Cepal en el 2004.

El nombramiento de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich constituye una afrenta para nuestro sistema de gobierno republicano y laico. Una persona que tiene nombramiento del Estado Vaticano para representar a la Santa Sede no puede representar también al Estado mexicano. Queremos finalmente resaltar que no se trata de discutir sobre las preferencias y libertades religiosas de nadie en particular, pero sí poner el acento sobre el conflicto de intereses jurídicos y programáticos en que estaría incurriendo el Instituto Nacional de las Mujeres con este nombramiento, al insistir en una cuestión fundamental que mucho le ha costado al pueblo mexicano, como es el de constituirnos en una república laica.

Por lo anterior, proponemos someter a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.

Único. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su intervención para investigar y determinar la improcedencia e ilegal actuación como representante del Estado Vaticano a través de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

También solicito, señor Presidente, que este escrito sea insertado en el Diario de los Debates, e igualmente estamos pidiendo que sea una votación nominal. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue y determine la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrito por las diputadas Claudia Cruz Santiago y Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos legisladores y legisladoras federales de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, de Convergencia y del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Estados Unidos Mexicanos soberanamente se han constituido política y jurídicamente como un Estado laico. Mucho es lo que ha costado a lo largo de la historia a los mexicanos y a las mexicanas lograr que los principios del laicismo se plasman en la Carta Magna y que trascienden al seno de la conciencia social de nuestra época.

La lucha histórica por significar un Estado laico ha constituido un motor fundamental para lograr contar con las instituciones mínimas que permitan desarrollar al máximo uno de los principios fundamentales de la República: la separación Iglesia-Estado.

El 12 de enero de 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como organismo público autónomo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, como un logro en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país.

El Inmujeres tiene como objeto general promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto federales como estatales.

El Inmujeres se integra para su administración por la Junta de Gobierno, la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Consultivo, el Consejo Social y la Contraloría Interna.

Como máximo órgano del instituto, la Junta de Gobierno celebra sesiones ordinarias y extraordinarias en las que, entre otras, tiene las siguientes facultades: designar y remover, por propuesta de la Presidencia, a la secretaria técnica,quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.

Tenemos conocimiento de que la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria técnica del Inmujeres, es una persona vinculada a las más altas jerarquías de la Iglesia Católica, pues, entre otros cargos de su larga trayectoria en organizaciones vinculadas con ese credo, fue designada personalmente por el papa Juan Pablo II, en el año 2002, ``miembro del Pontificio Consejo de Justicia y la Paz'', de igual manera, en 2004 como ``miembro consultivo del Pontificio Consejo para la Cultura''; fue nombrada para representar a la santa sede ante la Organización de Estados Americanos en dos ocasiones: en 1999 y en 2000, también lo fue ante la Comisión Económica para América Latina en 2004.

Uno de los requisitos legales que debe reunir quien ostente el cargo de secretaria ejecutiva del instituto es contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con los objetivos del instituto como son entre otros:

La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres.

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres, de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género.

En ese sentido, llama la atención y, aún más, nos sorprende que una representante del Estado Vaticano, con ese carácter y con esa ostentación formal y material, haya sido nombrada como Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, ya que es justamente la iglesia católica quien no solo se opone abiertamente al avance del reconocimiento de los humanos de las mujeres en nuestro país y a nivel mundial, sino también a nuestro ordenamiento legal.

Basta citar sólo un ejemplo: la inclusión en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud de la píldora de anticoncepción de emergencia, regulada por la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM-005-SSA2-1993, que obliga a todas las instituciones de salud pública en el país a ofrecerla y proporcionarla dentro de las gamas de los métodos de anticoncepción a quien lo solicite, así como a brindar información y consejería correspondientes y a suministrarla cuando la usuaria lo requiera.

Al respecto el cardenal Norberto Rivera Carrera declaró: ``no hay que poner un arma así en manos de la gente para que maten a niños inocentes'' asimismo, el obispo de Isidro Guerrero consideró injusto que ``tres o cuatro personas enfermas, esquizofrénicas y paranoicas (sin identificar a nadie por su nombre) estén determinando el rumbo de un país de tantos valores y tanta espiritualidad como es México'', al aprobar la píldora de anticoncepción de emergencia.

Incluso, el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, les hace eco, al refrendar, sin que nadie se lo solicitara, su ``compromiso indeclinable con la vida'' y, al amparo de su fe (y en contra de la decisión tomada por la Secretaría de Salud), asegura que tal medida se someterá a revisión: ``no podemos admitir una ciencia consagrada a la destrucción masiva, sea en las armas en general, sea en la medicina, sea en cualquier ámbito, la ciencia sólo se justifica si sirve a la vida'' (La Jornada, julio 20 de 2005).

Lo anterior constituye una afrenta para nuestro sistema de gobierno republicano y laico, más aún que una persona que tiene un nombramiento desde el Vaticano pueda ser representante de esa sede de un Estado extranjero ante instancias de instituciones nacionales.

Es inaceptable que en nuestro orden institucional laico haya representantes del Estado Vaticano y prácticamente con ese carácter en el seno de las instancias de decisión y de gobierno, en este caso del Instituto Nacional de las Mujeres.

Queremos finalmente resaltar que no se trata de discutir sobre las preferencias y libertades religiosas de nadie en particular, pero si poner el acento sobre una cuestión fundamental que mucho le ha costado al pueblo de México conquistar como es el caso de constituirnos en una república laica.

Consideramos que si nos encontramos en el año de los festejos del centenario del benemérito don Benito Juárez, debiéramos hacerle honores pronunciándonos en reflejar su pensamiento y su obra en las instituciones que deseamos perfeccionar y construir.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su intervención para investigar y determinar la improcedencia de la ilegal actuación como representante del Estado Vaticano a través de María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria técnica del Instituto Nacional de las Mujeres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.--- Diputados: Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Humberto López-Lena Cruz (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Araceli Escalante Jasso, Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Elsa Conde Rodríguez.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y, como ha sido solicitado, si hay otros cuatros diputados que respalden la petición, ábrase el sistema de registro hasta por cinco minutos para saber si este asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Informo a ustedes que terminados los cinco minutos ya no habrá votos fuera del sistema electrónico.

(Votación...)

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Ciérrese el sistema electrónico. Damos los resultados de la votación, ciudadano Presidente. 230 a favor, 174 en contra, 11 abstenciones, por lo que no se configuran los dos tercios de la votación requerida.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de la Función Pública. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra a Carlos Altamirano Toledo para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que el titular de la Secretaría de Educación Pública y el gobernador del estado de Oaxaca expliquen su negativa para otorgar recursos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca suscrita por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Altamirano Toledo:Con su permiso, señor Presidente. Oaxaca no es botín de nadie; Oaxaca no es asunto de color: ni amarillo ni azul ni tricolor. La crisis que hoy se debate en Oaxaca es asunto de interés nacional.

Compañeras y compañeros legisladores. Oaxaca vive una crisis política en donde la violencia y la ingobernabilidad han robado la paz y la tranquilidad de los oaxaqueños, quienes han sufrido daños cuantiosos en su economía con la pérdida de empleos y el cierre de negocios.

El paro magisterial afecta a millones de niños y niñas, quienes no asisten a clases desde hace más de cuatro meses y no se vislumbra solución alguna. Sus padres viven en la incertidumbre y en la desesperación porque están en riesgo de perder el año escolar. Los oaxaqueños clamamos y demandamos una solución urgente a la crisis, tal y como lo exigen el magisterio y la asamblea popular.

Nosotros, los legisladores federales oaxaqueños de la fracción del PRD, de Convergencia y del Trabajo nos solidarizamos con esta lucha y exigimos desde esta tribuna al gobierno federal y al Senado de la República, la pronta solución al conflicto. Pedimos una solución basada en el diálogo y en la negociación.

Esta crisis que vive Oaxaca tuvo su origen en una demanda laboral del magisterio oaxaqueño, que solicitaba mejoras salariales y laborales, en los cuales hay un rezago histórico inaceptable que coloca a los maestros no sólo en situaciones precarias para desarrollar su trabajo, porque esto incide en la educación de miles de escolares. Que por la torpeza política de un gobernador que hoy no gobierna Oaxaca, sino que se ha dedicado a viajar y a atender otros asuntos, se ha convertido en un conflicto político, social y popular.

Desde el inicio del conflicto magisterial, que hoy cumple más de cuatro meses, los docentes solicitaron al titular de la Secretaría de Educación Pública y al gobernador del estado, que explicaran las razones para no dar respuesta a la demanda de rezonificación salarial y el otorgamiento de recursos suficientes. La única respuesta a esta solicitud ha sido, hasta la fecha, que no hay dinero y, en el peor de los casos, el silencio.

Nosotros afirmamos que ese argumento de que no había dinero es falso, mienten quienes lo han esgrimido. ¿Y por qué decimos que mienten?, porque los números del Presupuesto de 2006 hablan por sí mismos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Cámara de Diputados aprobó 111 mil 233 millones de pesos al rubro de previsiones salariales para el sector educativo.

Este monto se distribuyó en los siguientes conceptos: 7 mil 727 millones a incremento en las percepciones. Éstos son los recursos destinados para otorgar el incremento salarial anual al magisterio y a los trabajadores de la educación en todo el país; casi 700 millones para creación de plazas y 2 mil 809 millones a otras medidas de carácter económico, laboral y contingente. En consecuencia, este concepto precisamente es para que las autoridades educativas y los gobiernos estatales cuenten con recursos para enfrentar y resolver problemas como el de la rezonificación que demanda el magisterio oaxaqueño.

Adicionalmente, en el mismo Presupuesto del año de 2006 se aprobaron recursos adicionales de 700 millones de pesos para el saneamiento del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, contenido en el Ramo 33. Esto lo pueden ver en el anexo 19C del decreto de Presupuesto de este año. Por lo tanto, había recursos para atender la demanda y si no era así, cabía que las autoridades de la SEP y las del estado informaran en qué se han aplicado los recursos aprobados por la Cámara de Diputados. No desconocemos que el problema laboral de los maestros...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya.

El diputado Carlos Altamirano Toledo:Concluyo, señor Presidente. El problema laboral de los maestros tiene un rezago histórico, pero también es necesario que el gobierno del estado explique en qué y cómo se han aplicado los recursos que recibe de la Federación.

Solicitamos, señor Presidente, dispensar la lectura del punto de acuerdo que se asienta en el Diario de Debates y que se decida, en votación nominal, si es de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el secretario de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca expliquen su negativa a otorgar recursos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca, y entreguen un informe de la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para los servicios educativos de dicha entidad, suscrito por los diputados Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez, Othón Cuevas Córdova, Joaquín de los Santos Molina y Daisy Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideran que en el conflicto del estado de Oaxaca, el paro de los labores de los docentes responde a demandas justas y legítimas del magisterio como son las mejores condiciones salariales y labores, en las cuales hay un rezago histórico inaceptable; porque no solo se coloca a los maestros en situaciones precarias para desarrollar su trabajo, sino también porque esto incide en la educación de miles de escolares.

Desde el inicio del conflicto magisterial, que hoy cumple más de tres meses, los docentes solicitaron al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, explicara las razones para no dar respuesta a su demanda de rezonificación salarial, otorgando recursos suficientes. La única respuesta a esta solicitud ha sido, hasta la fecha, que ``no hay dinero''.

Ese argumento de que ``no hay dinero'' es falso. Mienten quienes lo han esgrimido. ¿Y por qué decimos que mienten?, porque los números hablan por sí solos. Veamos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Cámara de Diputados aprobó 11 mil 233 millones 141 mil 168 pesos al rubro de Previsiones Salariales para el sector educativo.

Ese monto total se distribuyo en los siguientes conceptos:

7 mil 727 millones 747 mil pesos a: incremento a las percepciones. Estos son los recursos destinados para otorgar el incremento salarial anual al magisterio y a los trabajadores de la educación en el país, entre otras cosas.

696 millones 137 mil pesos a: Creación de plazas.

Y, 2 mil 809 millones de pesos a: Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente''.

En consecuencia, este último concepto precisamente es para que las autoridades educativas y los gobiernos estatales cuenten con recursos para enfrentar y resolver problemas como el de la rebonificación que demanda el magisterio oaxaqueño.

Adicionalmente, también en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se aprobaron recursos adicionales de 700 millones de pesos para el saneamiento del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) contenido en el Ramo 33. Esto se puede constatar en el Anexo 19 C del decreto de Presupuesto de 2006.

Con el presente se anexan fotocopias del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2006, donde están aprobados los recursos anteriormente señalados.

El vocero de la Presidencia de la Republica, Rubén Aguilar, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación, que la rezonificación implicaba una erogación de un mil 600 millones de pesos. Por tanto, de esta estimación hecha por el funcionario foxista perfectamente pueden ser cubiertos con los recursos contenidos en el rubro presupuestal ``Otras de carácter económico, laboral y contingente''.

Y si no es así, cabe que las autoridades de la SEP informen en qué han aplicado los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para ese rubro por 2 mil 809 millones de pesos y los 700 millones adicionales para el saneamiento del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

No desconocemos que el problema laboral de los maestros oaxaqueños tiene un rezago histórico, pero también es necesario que el gobierno del estado de Oaxaca explique en qué y cómo ha aplicado los recursos que recibe de la Federación para la educación en esa entidad federativa.

Es preciso mencionar que en este año de 2006al gobierno de Oaxaca, la Federación, vía el Ramo 33, le transfirió recursos por un total 9 mil 755 millones de pesos, para educación básica que comprende servicios personales, otros y gastos de capital; así como para la educación de adultos.

Ese monto ubica al estado de Oaxaca como el tercero en recibir mayores recursos federales, por abajo únicamente de los estados de México y Veracruz.

Para los oaxaqueños es importante conocer la información relativa al gasto federal que en materia educativa ha realizado el gobierno estatal; saber en qué se ha gastado, en qué se ha invertido; porque en la base magisterial hay claros indicios de que los recursos federales pudieron haber sido destinados a la campaña presidencial de Roberto Madrazo y de los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, expuesto y fundamentado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tames Guerra, y al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, informen a esta soberanía las razones de su negativa a la solicitud de magisterio de Oaxaca para no otorgar los recursos para la rezonificación salarial de los maestros de la entidad; toda vez que la Cámara de Diputados aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 el concepto denominado ``Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente'' por un total de 2 mil 809 millones 256 mil 400 pesos, contenidos en el rubro de `` Previsiones Salariales'' para el sector educativo del país y 700 millones de pesos adicionales para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.

Segundo.-En su defecto, el secretario Tames Guerra y el gobernador Ruiz Ortiz entreguen a esta soberanía un informe financiero detallado que explique en qué y cómo han gastado los recursos de sus respectivos ámbitos de competencia, aprobados por la Cámara de Diputados en el citado decreto de Presupuesto de 2006.

Tercero.- A efecto de lo anterior, se aprueba la integración de una Comisión plural de trabajo de diputados y diputadas para que el secretario de Educación Pública y el gobernador del estado de Oaxaca sostengan una reunión de trabajo e informen a esta soberanía lo dispuesto en los acuerdos primero y segundo del presente punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.--- Diputados: Carlos Altamirano Toledo, Othón Cuevas, Daniel Dehesa Mora, Joaquín de los Santos Molina, Daisy Hernández Gaytán, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Sonido en la curul del diputado Esteva. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Señor Presidente, quisiera que me diera oportunidad de preguntarle al ponente, porque faltaban tres segundos para que terminara su intervención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya concluyó su intervención, diputado. Gracias. Ya tenía el reloj en ceros, ya concluyó su intervención. Gracias, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera de urgente resolución. Dígame, diputado. Sonido en la curul. Dígame, diputado.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Señor Presidente, se le está pidiendo el uso de la palabra para interrogar al ponente. Le pido por favor que sea usted imparcial y que se asuma como Presidente de la Mesa Directiva y no como panista. Le estoy pidiendo el uso de la palabra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No acepto sus juicios, diputado. Soy Presidente de todos ustedes y estoy actuando de manera imparcial. No le acepto diálogos, señor diputado. Ya concluyó su intervención. No hay preguntas y estamos en votación.

Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico y que consulte, hasta por cinco minutos, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a los señores diputados que están colocando mantas en el recinto, que las retiren por respeto al recinto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 125 votos a favor, 279 en contra y seis abstenciones. No se reúne la votación calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PROYECTO MAESTRO MAIZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los miembros de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados cumplan y se sujeten a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Si bien es cierto que hemos debatido en esta primera semana de esta Legislatura temas de agenda política, no podemos dejar de lado lo que es la gran problemática que atraviesa nuestro campo mexicano.

Hoy vengo a referirme al tema de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, mejor conocido como maíces transgénicos. La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exponer en ésta la más alta tribuna de la nación lo siguiente.

Como en todos tiempos, la ilegalidad toca a todos los ámbitos de la vida institucional del país. Los hechos electorales recientemente han mancillado nuestra democracia pero la situación que daré a conocer pone en peligro nuestra identidad.

El maíz es la base de nuestra alimentación y es nuestro cimiento cultural desde nuestros ancestros. Para demostrar la relevancia nacional de este cultivo, no requiero demostrarles su realidad de que somos el centro y origen de este cereal.

A pesar del desmantelamiento y abandono de nuestra agricultura, sigue siendo nuestro principal producto agropecuario. Este cultivo hoy se encuentra en peligro ante la voracidad de empresas transnacionales que les urge que nuestro país adopte tecnologías a cualquier precio, situación de la cual se han hecho cómplices funcionarios que han demostrado su falta de interés por defender lo que nos pertenece y que no les importa que se incumpla la ley, no les importa que se exponga a nuestros productores a una terrible dependencia tecnológica y tampoco les importa brindar nuestro patrimonio genético en charola de plata.

Nada importa frente a los poderosos intereses económicos de las transnacionales. Conocemos bien la forma de operar de Monsanto en otras partes del mundo; corrompe funcionarios a cambio de permisos y contamina campos para cobrar regalías de inmediato.

Desde el año pasado Monsanto ---la empresa más poderosa en producción de semillas en el mundo--- nos amenazó: o se sembraba en un plazo de un año su maíz en México o se iban del país. Su amenaza permeó entre funcionarios sin escrúpulos. Y desde esas fechas se ha intentado establecer el Proyecto Maestro Maíz con recursos públicos y en el campo de Inifap, para experimentar con líneas de tres empresas ---Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences--- un experimento que ya se había realizado y cuyo resultado demostró la poca efectividad de las líneas probadas para atacar la problemática nacional.

Al pretender autorizar este proyecto se ha pasado por alto la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados publicada a fines del año pasado.

La consulta determinada en el artículo 33 de la citada ley se realiza de manera tardía. Cuando se llevó a cabo la consulta el resultado que la Sagarpa informó a la prensa fue que era necesario concluir la construcción de un marco jurídico. En especial para decidir sobre la autorización o rechazo de las solicitudes o utilización del maíz transgénico era necesario desarrollar el régimen de protección especial para el maíz establecido en la Ley de Bioseguridad.

El mencionado régimen especial de protección al maíz quedó establecido en la Ley de Bioseguridad, después de arduos debates; sin embargo, dicho régimen no se encuentra desarrollado. Para su construcción la comunidad de científicos, productores, ambientalistas y consumidores han demandado que se considere su opinión.

Otra de las obligaciones que la Ley de Bioseguridad impone en su artículo séptimo transitorio es la irrefutable necesidad de las disposiciones reglamentarias. Esta obligación no puede ser desatendida. El reglamento de esta ley es indispensable, en virtud de la serie de especificaciones técnicas que a lo largo del articulado se mencionan como parte de las disposiciones reglamentarias.

Éstos son algunos ejemplos de las carencias absolutas de observancia del marco jurídico, en un tema tan sensible como es la bioseguridad de organismos genéticamente modificados, sobre todo para el caso del maíz.

Quiero recordarles que Estados Unidos no ha permitido la liberación comercial del trigo transgénico, bajo el argumento de que es la base fundamental de su alimentación. ¿Por qué en México el maíz sí?

Por todo lo anterior, me permito poner a sus consideraciones la siguiente proposición como único punto de acuerdo. Exhorto y exijo a los miembros de las instituciones de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a que cumplan con las obligaciones que les impone esta ley y se ajusten a las disposiciones legales en la materia ante el proyecto Maíz. Asimismo, invito a todas las fracciones parlamentarias a que fortalezcamos y defendamos esta proposición. Por una vida sana con alimento sano. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los miembros y al vicepresidente de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a cumplir las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y a sujetarse a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Héctor Narcia Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exponer en esta, ``la más alta tribuna de la nación'', como, en estos tiempos, la ilegalidad toca todos los ámbitos de la vida institucional del país. Los hechos electorales recientes han mancillado nuestra democracia, pero la situación que daré a conocer pone en peligro nuestra identidad.

El maíz es base de nuestra alimentación, nuestro cimiento cultural e identitario. Para demostrar la relevancia nacional de este cultivo no requiero recitar aquí suave patria tu superficie es de maíz, o demostrarles que somos el centro de origen de este cereal, o bien, como, a pesar del desmantelamiento de nuestra agricultura sigue siendo nuestro principal producto agropecuario.

Este cultivo hoy se encuentra en peligro ante la voracidad de empresas trasnacionales que les urge que nuestro país adopte su tecnología a cualquier precio. Situación de la cual se han hecho cómplices funcionarios que han demostrado su falta de interés por mantener lo que nos pertenece. No importa que se incumpla la ley, no importa que se exponga a nuestros productores a una terrible dependencia tecnológica, no importa brindar nuestro patrimonio genético en charola de plata; nada importa frente a los poderosos intereses. Conocemos bien el modus operandi de Monsanto en otras partes del mundo: corrompe funcionarios a cambios de permisos y contamina campos para cobrar regalías de inmediato.

Desde el año pasado Monsanto, la empresa más poderosa en producción de semillas en el mundo, nos amenazó: o se sembraba en el plazo de un año su maíz en México o se iban del país. Aunque los verdaderos mexicanos hemos reiterado ``que se vayan''; su amenaza permeó entre funcionarios sin escrúpulos y desde esas fechas se ha intentado establecer el Proyecto Maestro Maíz para experimentar con siete líneas de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences. Singularmente el experimento se realiza con recursos públicos y en campos del Inifap, un experimento que cabe mencionar ya se había realizado y cuyo resultado demostró la poca efectividad de las líneas probadas para atacar la problemática nacional.

En cada intento por autorizar este proyecto se ha intentado pasar por alto la recién publicada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. A fines del año pasado no se realizó la consulta pública determinada en el artículo 33 de la Ley; más adelante en enero de este año después de realizarse la consulta, la misma Sagarpa en comunicado de prensa (045/05), informo ``que una vez que finalice la construcción del marco normativo sobre el Régimen Especial de Protección al Maíz establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en coordinación con las dependencias que integran la Cibiogem, procederá a la decisión sobre la autorización o rechazo de las solicitudes que se sometieron hasta hoy a consulta pública.''

El mencionado Régimen Especial de Protección al Maíz quedó establecido en la Ley de Bioseguridad después de arduos debates, sin embargo no se encuentra descrito en la ley. Para su construcción la comunidad de científicos, productores, ambientalistas y consumidores ha demandado que se realice una amplia consulta y se considere su opinión. De hecho se tienen importantes avances que deben tomarse en cuenta para proteger al maíz como una de nuestras riquezas.

Otra de las obligaciones que la Ley de Bioseguridad impone, en su artículo séptimo transitorio es que ``Las disposiciones reglamentarias relativas a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Primero de la presente ley, así como las correspondientes a los Capítulos I y II del Título Octavo de este mismo ordenamiento, se deberán expedir en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.''

Esta obligación, que de por sí ha sido incumplida, porque el plazo venció en septiembre de 2005, no puede ser desatendida. El reglamento de esta ley es indispensable en virtud de las serie de especificaciones técnicas que a lo largo del articulado se mencionan como parte de las disposiciones reglamentarias. En particular las que se refieren al Capítulo IV llamado De la Coordinación y Participación, del Título Primero, que en el artículo 20 establece que ``Las funciones específicas del Consejo Consultivo Científico y los mecanismos para que la renovación de sus miembros sea progresiva y escalonada, se establecerán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley. Los dictámenes técnicos que emita el Consejo Consultivo Científico deberán ser considerados por la Cibiogem en las decisiones que adopte.'' No podemos imaginar que la Cibiogem tome una decisión sin este Consejo Consultivo Científico que a la fecha no se ha integrado y que ni siquiera se ha diseñado el reglamento para su integración.

Estos son algunos ejemplos de la carencia absoluta de observancia del marco jurídico en un tema tan sensible como es la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados sobretodo en el caso del maíz. Permítanme recordarles que Estados Unidos no ha permitido la liberación comercial del trigo bajo el argumento que es la base de la alimentación de los estadunidenses.

Por todo lo anterior, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los miembros de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Francisco Mayorga; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege; de Salud, doctor Julio Frenk Mora; de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra; Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y de Economía, licenciado Sergio García de Alba, así como al director general del Conacyt, doctor Gustavo Chapela en su calidad de vicepresidente de la Cibiogem a que cumplan con las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y se sujeten a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.--- Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Narcia. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Vuelvo a hacer un llamado respetuoso a los diputados que colocaron las mantas, que nos hagan favor de retirarlas, por respeto al recinto parlamentario.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Víctor Ortiz del Carpio, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo y autoridades administrativas del estado de Chiapas a no intervenir en las funciones legislativas, a nombre de diputados del estado de Chiapas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Ortiz del Carpio:Con su permiso, Presidente...

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor diputado. Sonido a la curul del diputado.

El diputado José Luis Aguilera Rico(desde la curul): Señor Presidente, solamente quisiera hacer una observación a los comentarios que ha vertido por segunda ocasión.

Es muy claro el artículo 6o. de nuestra Constitución, donde usted más que nadie debe de velar por las manifestaciones de las ideas. Yo le pido que se disculpe con los diputados que colocaron las mantas en manifestación de sus propias ideas. Por respeto a la Cámara de Diputados, usted no es ---y lo quiero decir así--- no está facultado para coartar la libertad de expresión de ningún representante popular. Usted es diputado, nosotros también somos diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia le aclara que tengo la facultad de resguardar el orden en esta Cámara y que las ideas se manifiestan en la tribuna. Para eso estamos en un Parlamento, para expresar las ideas. Y lo digo con todo respeto para usted y para todos. Creo que nos merecemos respeto en este recinto y una vez que han hecho esta manifestación, pido respetuosamente que retiren estas mantas. Adelante señor diputado.

El diputado Víctor Ortiz del Carpio:Con su permiso, Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y autoridades administrativas del estado de Chiapas a no interferir en las funciones legislativas, y a abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales de dicha entidad.

En ejercicio de la facultad conferida a los diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y a las autoridades administrativas del estado de Chiapas a no interferir en la funciones legislativas, así como a abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales, al tenor de las siguientes

Consideraciones I. En fechas recientes, funcionarios del estado de Chiapas han iniciado una ofensiva política en medios de comunicación locales en contra de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del estado. Es evidente un estado de persecución en contra de nuestros compañeros diputados a través de la Fiscalía General del estado y de la Secretaría de Gobierno, presionando a la aprobación de un paquete de reformas a la Constitución local y a diversas disposiciones secundarias, sin que éstas se encuentren plenamente consensuadas y discutidas, no sólo entre los miembros del órgano legislativo sino también entre la sociedad chiapaneca.

II. En este ataque político, disfrazado de reclamo jurídico, se acusa a los legisladores locales de nuestro partido del supuesto delito de ``omisión legislativa'', sin fundamentar legal y políticamente sus pretensiones, violando el fuero constitucional de que gozan todos los legisladores locales, así como su autonomía en la toma de decisiones que sólo incumben al Congreso del estado de Chiapas.

III. El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local ha apoyado aquellas iniciativas de ley provenientes del Ejecutivo estatal siempre y cuando sean benéficas para los chiapanecos y las han rechazado cuando son contrarias a los derechos de los mismos.

IV. Nuestros compañeros diputados no están cerrados al diálogo, pero tampoco aceptan imposiciones. Mucho menos habrán de aprobar reformas hechas al vapor. Porque es el caso que, para el cumplimiento por homologación de una obligación constitucional federal, el Ejecutivo estatal debió --desde marzo del año en curso-- elaborar y presentar la iniciativa de ley que estableciere el sistema integral de justicia para menores en el estado de Chiapas, así como diversas iniciativas de reformas a la Constitución y a la legislación secundaria para dar congruencia jurídica a dichas disposiciones. Trascurrió el tiempo y no lo hizo.

En su descuido, pretende involucrar al Congreso local y, en particular, a nuestros diputados locales de la bancada priísta, ya que éstos se han negado a sesionar de forma extraordinaria evitando con esto la aprobación improvisada y atropellada de dichas iniciativas de reforma y creación legislativa. Cabe señalar, que el paquete de iniciativas fue recibido por el Congreso local el 29 de agosto, durante el periodo de receso de las sesiones de ese Congreso estatal.

V. Es evidente que se ha consumado una flagrante violación a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Ejecutivo estatal. La presión y persecución que sufren nuestros homólogos locales priístas es una clara represalia por su negativa a ser cómplices de la ilegalidad.

Las amenazas públicas del fiscal general del estado en contra de nuestros diputados locales representan la intromisión de un órgano administrativo sobre un ente soberano, como el Legislativo chiapaneco, poniendo en peligro el principio de la división de poderes, protegido por los artículos 49 y 116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando fundado dar trámite a este asunto como de obvia y urgente resolución, los diputados priístas de Chiapas sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al fiscal general del estado de Chiapas, así como a las autoridades locales involucradas a garantizar pleno respeto a la investidura y fuero constitucional de los diputados locales de todos los partidos, principios consagrados en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 15 de la Constitución chiapaneca.

Diputados: Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Areli Madrid Tovilla, Elmar D. Díaz Solórzano, Andrés Carballo Bustamante, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Arnulfo Cordero Alonso.»

Es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado Víctor Ortiz. Consulte la Secretaría a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa... Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, no hay dos terceras partes, consecuentemente no se aprueba.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido a la curul del diputado Zatarain.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Señor Presidente Zermeño, de procedimiento y atendiendo a la petición que usted hizo respecto a las mantas que están ahí enfrente, solicito se lea el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de este Congreso, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 22, numeral 3, de la Ley Orgánica.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: ``El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara. Asimismo hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo''.

El diputado Carlos Altamirano Toledo(desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Carlos Altamirano.

El diputado Carlos Altamirano Toledo (desde la curul): Señor Presidente, los diputados de Oaxaca y del PRD, queremos hacer la aclaración, que no estamos faltando el respeto a la Cámara, vamos a retirar las mantas como usted lo ha solicitado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, señor diputado.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a turistas extranjeros.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Gracias, señor Presidente. Señoras y señores diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a las compras realizadas por turistas extranjeros.

El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Cámara el presente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del impuesto al valor agregado a las compras realizadas por turistas extranjeros, con base en las siguientes

Consideraciones 1. Que el turismo en México es un sector que contribuye al desarrollo nacional, regional y local, influyendo positivamente en los ámbitos económico y social, ya que representa el 7.7% del Producto Interno Bruto, generando ocupación para casi 1.8 millones de personas, cuyos salarios superan en un 30% el promedio general de la economía. Asimismo, la actividad es una importante generadora de divisas, proyectando para este año una captación superior a los 12 mil millones de dólares por concepto de la visita de turistas extranjeros.

2. Que durante el año 2005, llegaron a México alrededor de 22 millones de turistas extranjeros, por lo que el país recibió más de 11 mil millones de dólares ubicándonos en el séptimo lugar entre los principales destinos a nivel internacional como receptor de turistas y en el catorceavo como captador de ingresos derivado de ese concepto.

3. Que los países líderes en el sector, entre los que se encuentran socios comerciales de México como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Argentina, entre otros, han llevado a cabo exitosamente el reembolso del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan, acción que hace más atractivos sus centros turísticos estimulando la venta de mercancías, además de hacer más atractiva la estancia de los turistas extranjeros.

4. Que para México el establecimiento del reembolso a los visitantes extranjeros, significa aumentar el gasto de los turistas internacionales con la misma infraestructura con la que actualmente cuenta el país, además de favorecer las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que incrementa el consumo, al estimular un mayor gasto.

5. Que a pesar de que en nuestro país la medida fue aprobada en diciembre de 2005 y entró en vigor a partir del 1 de julio del presente año, la reglamentación propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, hace que el esquema no alcance el beneficio esperado, ya que limita por mucho el desenvolvimiento de la medida en las condiciones actuales.

6. Que la limitación para que participen en el sistema sólo los establecimientos comerciales que expidan comprobantes fiscales digitales, limita severamente el número de comercios que pudieran ofrecer este incentivo y, por consecuencia, también el número de turistas que pudieran beneficiarse de esta medida puesto que actualmente sólo unas 900 empresas facturan de esa manera en todo el país, de las cuales la gran mayoría son empresas grandes que manejan pocas ventas a turistas extranjeros. Por ejemplo, en Cancún, principal centro receptor de turistas internacionales, no más de tres empresas cuentan con dicho sistema.

7. Que el actual reglamento no permite los pagos en efectivo, ni de parte del turista al adquirir el bien, ni de parte de la empresa concesionada al hacer la devolución del IVA, limitando la transacción a medios electrónicos como las tarjetas de crédito o débito, medida que ningún país aplica, que no aporta nada en términos de prevención de fraudes y que anula el principal atractivo para realizar mayores compras, puesto que a nivel mundial más del 75% de los turistas optan por cobrar su devolución en efectivo.

8. Que es poco claro el reglamento y genera problemas, ya que de su redacción se interpreta que se debe de agregar el IVA al monto mínimo de compra establecido en el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es de $1,200 pesos, lo que aunado a que en México existen dos tasas de IVA diferentes, 10% en la frontera y 15% para el resto del país, genera confusión pues produce dos montos mínimos de compra diferentes, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 32 de dicha ley, ya que invariablemente el impuesto debe estar incluido en el precio al consumidor final como es el caso de los turistas extranjeros.

9. Que las restricciones y complejidades de las reglas publicadas no reflejan en lo absoluto el espíritu original de la ley aprobada por el honorable Congreso de la Unión, misma que trata de provocar un mayor gasto de los turistas extranjeros en nuestro país promoviendo la competitividad del sector turístico en México y beneficiando a los comercios y a la población en general.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía, exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en especial, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a que presente en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de esta fecha, una propuesta de reglamento para simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a turistas extranjeros a que hace referencia el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, rescatando para ello la experiencia que existe en países que aplican esta medida.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de septiembre del año 2006.--- Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Osiel Castro de la Rosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

El diputado Osiel Castro De la Rosa:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La agroindustria mexicana de la caña de azúcar representa una actividad de gran importancia para el país, pues permite la creación de 440 mil empleos directos y 2.5 millones de indirectos en el campo mexicano.

El sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios y una población cercana a 11 millones de habitantes.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar. Para su proceso se requiere mano de obra: en el campo, para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial, los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos importantes.

El valor del azúcar, como producto terminado, es de 2 mil 500 millones de dólares, lo que representa 0.4 del PIB nacional y 8.4 del sector alimentos, bebidas y tabaco.

Asimismo, la agroindustria mexicana de la caña de azúcar tiene importancia fundamental en la dieta de los mexicanos como principal fuente de calorías. De tal manera, nuestro país ocupa el séptimo lugar en consumo de azúcar.

Durante los últimos 15 años, la producción de azúcar pasó de 3.6 a 5.8 millones de toneladas. Asimismo, el indicador combinado de productividad campo-fábrica pasó de 6.0 a 8.5 toneladas de azúcar por hectárea de caña cultivada.

Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera la caña de azúcar un producto básico estratégico y de interés público.

De igual manera, el cultivo de la caña de azúcar es bien visto como una oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, temas pendientes por tratar en la LX Legislatura, ya que se observa generaría de manera inmediata fuertes inversiones y miles de empleos directos en el sector agrícola e industrial.

También debe recordarse que tanto en la LVIII como en la LIX Legislaturas se ha acordado la creación de una comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria azucarera.

Asimismo, debe considerarse que como resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 2008 el azúcar se incorporará a la apertura comercial, por lo que es indispensable que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente de manera efectiva al nuevo entorno económico, logrando que dicha situación lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para los productores y sus familias.

Por lo anterior, someto a la consideración de todos ustedes el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta honorable asamblea la constitución de la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, encargada del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, a fin de proponer alternativas que permitan a los productores nacionales enfrentar con éxito la apertura comercial prevista para 2008, en beneficio de sus familias y del campo mexicano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputados: Osiel Castro de la Rosa, Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Édgar Mauricio Duck Núñez, María Victoria Gutiérrez Lagunes, Iñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, César Augusto Verástegui Osros, Pedro Pulido Pecero, Marcos Salas Contreras, Marco Antonio Pierrot Solís, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbricas).»

Someto para que se cree de urgente u obvia resolución, compañeros. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución. Dígame, diputado Juan Guerra. Sonido a la curul del diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Presidente, el efecto de publicar el orden del día y los puntos que se discuten y de que se acuerden en la Junta de Gobierno es para que a nadie se nos sorprenda ni con trámites ni con solicitudes que no vienen anotados. Este punto viene solicitado con turno a comisión, eso es por un lado.

Por otro lado, el diputado coordinador de la bancada de Acción Nacional el otro día se opuso a que comisiones se acordaran aquí en el Pleno, entonces en razón de eso le propongo que se apeguen a lo que ya está establecido.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado, pero no puedo yo evitar que un diputado que sube a tribuna solicite de obvia y urgente; yo le pediría a los señores coordinadores que al inscribir los puntos de acuerdo no cambien los turnos en tribuna. Lo ha solicitado el diputado y hay que consultar a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la Asamblea.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Jesús Velasco Oliva:En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente no hay dos terceras partes; consecuentemente, no se aprueba.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Celso David Pulido Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cree la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

El diputado Celso David Pulido Santiago:Con su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

Los legisladores que firmamos al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La agroindustria de la caña de azúcar en nuestro país constituye una importante fuente de generación de ingresos y empleos directos e indirectos para un sector importante de la población que se localiza en 15 estados de la República.

Con 59 ingenios azucareros y cerca de 160 mil productores de caña de azúcar, la agroindustria azucarera nacional registra una producción anual promedio de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en una participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar, de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país.

Es por ello que, al alentar el sostenimiento y crecimiento de la agroindustria de la caña de azúcar, bajo la tutela del Estado mexicano, se cumple la responsabilidad constitucional de ejercer la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, siendo que esta actividad económica ocupa un papel fundamental para miles de familias mexicanas, al impulsar la generación de empleos y una mejor distribución del ingreso y de la riqueza nacional.

En este contexto, en las LVIII y LIX Legislaturas y en el ámbito de las facultades del Pleno de la honorable Cámara de Diputados se aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

En la LIX Legislatura se determinó que el objetivo de la Comisión de referencia se dirige a encargarse del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, proponer alternativas y coadyuvar a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía alimentaría.

Otro aspecto que debe considerarse es el conocido proceso polémico que se suscitó entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión en la aprobación y promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que por lo mismo y ante la gama de aspectos que contiene la producción, comercialización y distribución de azúcar, así como la relación de productores y de ellos con los propietarios de los ingenios resulta de particular importancia que la Cámara de Diputados contribuya, desde su perspectiva, a la mejor desenvolvimiento del sector y sus actores.

De manera adicional, se tienen los impactos que resultaron de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de nuestro país, que han dado lugar a fuertes controversias con los llamados países socios y discrepancias con las políticas de gobierno que han atentado en contra de esta relevante agroindustria nacional; basta recordar la firma de las conocidas como ``cartas paralelas'', en noviembre de 1993, que se dirigen a restringir los volúmenes de las exportaciones de México al mercado de Estados Unidos y favorecer la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa y de maíz amarillo de Estados Unidos para producir este jarabe en México.

Todo ello dio lugar a la sustitución del azúcar en el consumo industrial nacional por el jarabe de maíz de alta fructosa, en condiciones de desventaja para la agroindustria azucarera y para los maiceros mexicanos.

Además, se requiere evaluar los cuestionados procesos de expropiación de los ingenios azucareros llevados a cabo por el gobierno de Vicente Fox y observar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que se violentaron disposiciones jurídicas en el procedimiento de expropiación; así como la participación del Fondo de Empresas Expropiadas, donde hay aspectos relacionados con la firma de contratos y su ingerencia en el reconocimiento de organizaciones de productores.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que la Cámara de Diputados, en las dos legislaturas anteriores, ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer soluciones a la problemática de la industria azucarera, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba la creación de la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, encargada del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, así como de proponer alternativas y coadyuvar a la conciliación, integración y propuesta de soluciones entre las instancias del Ejecutivo federal y los agentes productivos, en beneficio del desarrollo sustentable de las regiones y en aras de nuestra soberanía alimentaría.

Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputados: David Pulido Santiago (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TRAMITE ADUANERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión de Investigación de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y suscrita por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, Partido del Trabajo y de Alternativa.

El diputado Pablo Trejo Pérez:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En representación de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y Alternativa, integrantes de esta LX Legislatura vengo a presentar un punto de acuerdo para la integración de una comisión especial que investigue el pago, origen, cobro, destino e impacto del derecho de trámite aduanero bajo los siguientes antecedentes.

En 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió que el manejo de la recaudación del derecho de trámite aduanero DTA sea a través de la empresa privada, para lo que fue contratada la empresa Integradora de Servicios, Sociedad Anónima, ISSA. No obstante, por irregularidades que presentó dicha empresa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rescindió el contrato y constituyó en Nafin un fideicomiso denominado Aduanas 1, con una aportación inicial de 200.5 millones de pesos, instruido por el entonces subsecretario Francisco Gil Díaz.

Posteriormente, ese fideicomiso constituyó la Empresa Integradora de Servicios Operativos, ISOSA, para realizar los servicios de procesamiento electrónico de datos de la propia Secretaría de Hacienda y del SAT, de la cual, por cierto, Gil Díaz es accionista.

Considerando que de los resultados de las revisiones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas del 2001 al 2004 se detectaron diversas irregularidades en el capítulo de Hacienda, relativas al fideicomiso de Aduanas 1 y a la empresa ISOSA, irregularidades que ascienden a un monto de 9 mil 985 millones de pesos y que se refieren a entregar y enterar a la Tesorería de la Federación los recursos recaudados por conceptos del derecho de trámite aduanero, rubro previsto en la Ley Federal de Derechos y que fueron depositados en el fideicomiso Aduanas 1.

Que derivado de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a diciembre del año de 2005 se logró recuperar sólo el 25 por ciento del total del monto observado, esto es, dos mil 457 millones de pesos.

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria no entregaron la información requerida por el órgano técnico de fiscalización de esta Cámara de Diputados argumentando que la empresa ISOSA es una empresa privada, aun cuando Nafin posee el 99 por ciento de las acciones de ISOSA, características que la hacen empresa pública, además de que el manejo de los recursos que recauda se derivan del pago por las operaciones aduaneras que se efectúan utilizando los pedimentos o documentos correspondientes en los términos de la Ley Aduanera, por lo que representan un ingreso para el erario público.

No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una controversia en contra de la Auditoría Superior de la Federación objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del DTA, con el argumento de que eran privados.

El 14 de agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Secretaría de Hacienda, negando así la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y por consecuencia a ISOSA. Es por ello que resulta indispensable que esta soberanía constituya una comisión investigadora de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al DTA toda vez que está afectando el erario público, además de que constituye un problema generalizado de la administración pública donde sólo se evidencia la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Proposición con punto de acuerdo. Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados conforme una comisión investigadora, una comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas públicas el pago del derecho de trámite aduanero.

Segundo. La comisión de investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Tercero. La comisión de investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2006. Acompañan este punto de acuerdo 137 firmas que integran los grupos parlamentarios señalados. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión de investigación de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, y de Alternativa

Los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de una Comisión Investigadora, una comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del Derecho de Trámite Aduanero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es de señalarse que el primero de enero de 1992 entró en vigor la modificación al artículo 8-B de la Ley Aduanera (actualmente artículo 16), la cual estableció que las personas que realizaran operaciones aduaneras, tanto de importación como de exportación, pagaran una cuota como contraprestación de los servicios que prestaran diversos particulares. Lo anterior permitió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara a estos últimos la prestación de distintos servicios relacionados con los procesos aduaneros, toda vez que por el Tratado de Libre Comercio no estaba preparada para administrar el volumen y complejidad de las operaciones aduaneras y recaudatorias que se esperaban, ya que se requerían robustas aplicaciones informáticas, mejor infraestructura tecnológica y personal capacitado en la operación y desarrollo de sistemas, y fortalecer la infraestructura física de las aduanas.

En 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió que el manejo de los sistemas relacionados con la recaudación del Derecho del Trámite Aduanero (DTA) sería realizado a través de empresas privadas, derivado de lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público licitó este servicio, adjudicándoselo a la empresa privada denominada Integradora de Servicios SA de CV (ISSA).

Sin embargo, como resultado de irregularidades detectadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la empresa Integradora de Servicios, SA de CV (ISSA), se le rescindió el contrato y constituyó el fideicomiso 954-8 en Nafin, denominado Aduanas I, con una aportación inicial instruida por el entonces subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, de 200.5 millones de pesos, tal y como consta en el estudio para el recurso 685 promovido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública contra el Sistema de Administración Tributaria, producto de la solicitud de información que hiciera un ciudadano sobre el Fideicomiso Aduanas I, donde el órgano desconcentrado mintió al señalar que el Fideicomiso Adunas I estaba constituido con recursos privados, cuando la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que se contó con una aportación inicial de recursos públicos por la cantidad antes señalada.

Con fundamento en el artículo 8-B de la Ley Aduanera se le otorgó la autorización correspondiente a este Fideicomiso, lo que llevó en su momento a constituir la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y de despacho aduanero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, así como otros servicios a las empresas del sector público.

Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2001 y 2002, la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en el capítulo de Hacienda, relativas al Fideicomiso Aduanas I y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) entre las que se destaca:

a) No se entregaron a la Tesorería de la Federación la totalidad de ingresos, correspondientes a la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) previsto en la Ley Federal de Derechos.

B) Los ingresos obtenidos por la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero fueron depositados en el Fideicomiso Aduanas I.

C) En el año 2001, el monto no entregado a la Tesorería de la Federación por concepto del Derecho de Trámite Aduanero, fue de 2 mil 250 millones de pesos; tampoco fueron enterados los recursos correspondientes a 2 mil 295 pedimentos de exportación.

D) En el ejercicio fiscal de 2002 se observaron irregularidades por 2 mil dos millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el Derecho de Trámite Aduanero, que se cobra a importadores y exportadores mismos que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación.

Asimismo de la Cuenta Pública 2003 se observaron irregularidades de 2 mil 586 millones de pesos; de la Cuenta Pública 2004, 836 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación señaló que el monto total observado por estos conceptos es de 9 mil 985 millones de pesos, los que se depositaron en Nacional Financiera, dentro del Fideicomiso privado Aduanas I.

Con base en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2005 se recuperaron 2 mil 457 millones de pesos, 25 por ciento del monto total observado, recursos que el Fideicomiso privado Aduanas I devolvió a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005. Dentro de su reporte se agrega que ni el Sistema de Administración Tributaria, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le proporcionaron información, manifestando que ISOSA es una empresa privada, aún cuando Nacional Financiera (Nafin) posee 99 por ciento de las acciones de ISOSA, lo que hace que esta empresa tenga características de empresa pública. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que los traspasos se han hecho al amparo del acuerdo suscrito entre el subsecretario de Ingresos y el tesorero de la Federación, en el cual se contempla la constitución del citado Fideicomiso, constituido con los fondos de ingresos ``ajenos'', entre los que incluye al Derecho de Trámite Aduanero.

Asimismo el fideicomitente del Fideicomiso Aduanas I es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Sistema de Administración Tributaria y su Comité Técnico está conformado por servidores públicos de este último y de Nafin.

Es de señalarse que en el año 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una controversia constitucional en contra de la Auditoría Superior de la Federación, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del Derecho de Trámite Aduanero con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado Fideicomiso y por consecuencia a ISOSA.

No obstante lo anterior, en mayo de 2004 se constituyó el Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), aportando recursos públicos por parte del Servicio de Administración Tributaria y recursos depositados que derivan de la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera que pagan los importadores y exportadores, y que son de carácter privado. Situación que fue resaltada durante la discusión de la controversia constitucional 84/2004, por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien se refirió al FACLA y al proceso de transparencia señalando: ``Podemos apreciar que prudente, legalmente y correctamente la Secretaría corrigió el mecanismo para el pago de las prestaciones, ya que ahora es la propia Tesorería la que recibe todos los recursos y transfiere los correspondientes a la fiduciaria, situación totalmente distinta a la del asunto que ahora nos ocupa, toda vez que en éste, la normatividad aplicable disponía que las propias oficinas autorizadas (los bancos) distribuyeran los recursos captados entre lo que correspondería a la Tesorería, por concepto de Derecho de Trámite Aduanero, y al Fideicomiso Aduanas I, por concepto de contraprestaciones, sin que este dinero ingresara jamás a la Tesorería''.

Ahora bien, de conformidad con el artículo primero, los derechos que establece la Ley Federal de Derechos, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. Asimismo se establece en dicho numeral que cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio que grava esa Ley, se proporcione total o parcialmente por los particulares, deberán disminuirse el cobro del derecho que se establece por el mismo en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del servicio total.

En el artículo 49 de la Ley de mérito se establece que se pagará el Derecho de Trámite Aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, agregando que, la recaudación de los derechos de trámite aduanero, se destinará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte el artículo 50-B establece que, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero a que se refieren dichos preceptos, cuando importen o exporten gas natural, así como por el aprovisionamiento de combustible a embarcaciones de matrícula extranjera arrendados por dichos organismos para la realización de los fines que les son propios.

Con base en lo anterior tenemos que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria han hecho importaciones y exportaciones, cumpliendo con lo señalado en la Ley Federal de Derechos, sin embargo existe poca transparencia del destino que se le han dado a estos recursos.

Es absurdo que se establezca que el Fideicomiso Adunas I sea ente de naturaleza privada, cuando se ``nutre'' del impuesto que el Sistema de Administración Tributaria cobra a importadores y exportadores que cruzan la frontera mexicana incluyendo los del sector público, denominado Derecho de Trámite Aduanero, tal y como se señala en la información estadística publicada en la página electrónica del INEGI, en la que queda de manifiesto el monto en millones de dólares que desde los años de 1998 a 2005 el sector público ha hecho en exportaciones e importaciones, recursos que a todas luces son públicos.

Si bien es cierto que, las transacciones comerciales con el exterior del sector público son menores que las realizadas por el privado, también lo es que estas representan un ingreso para el erario público, ingreso que debido a la discrecionalidad y la poca transparencia con los que se han conducido los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, constituyen un quebranto en las finanzas públicas de nuestro país, aunado a que Ley Aduanera no prevé la figura de Fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero.

Es por ello que, resulta indispensable que esta soberanía constituya una Comisión Investigadora de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al cobro del Derecho de Trámite Aduanero, toda vez que esta situación es francamente alarmante y no es un asunto aislado, es un problema generalizado en la administración pública, que demuestra la falta de vocación de servicio de la burocracia del gobierno del cambio y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

La administración, la procuración de justicia y el Poder Legislativo se quedarían cortos si no se llega hasta sus últimas consecuencias, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación son elementos suficientes para constituir una Comisión Investigadora a efecto de conocer toda clase de artimañas financieras para esconder el origen, monto y destino de los recursos financieros por el Derecho de Trámite Aduanero de las paraestatales que señalan en el artículo 93 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados conforme una Comisión Investigadora, una Comisión que Investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del Derecho de Trámite Aduanero.

Segundo. La Comisión de Investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Tercero.La Comisión de Investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006.--- Suscriben los diputados: Pablo Trejo Pérez, Maricela Contreras Julián, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Miguel Ángel Solares Chávez, Lourdes Alonso Flores, Isidro Pedraza Chávez, Víctor Hugo García Rodríguez, Andrés Lozano Lozano, Valentina Valia Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Maribel Luisa Alva Olvera, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel Ángel Navarro Quintero, Ramón Félix Pacheco LLanes, Javier González Garza, Ricardo Cantú Garza, Jaime Cervantes Rivera, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Abundio Peregrino García, Rodolfo Solís Parga, Rubén Aguilar Jiménez, Francisco Sánchez Ramos, Silbestre Alvarez Ramón, Raymundo Cárdenas Hernández, Raciel Pérez Cruz, Susana Monreal Ávila, Francisco Javier Calzada Vázquez, Odilón Romero Gutiérrez, Mónica Fernández Balboa, Enrique Cárdenas Del Avellano, Adriana Díaz Contreras, Francisco Márquez Tinoco, Miguel Ángel Peña Sánchez, V. Luis Sánchez Jiménez, Juan Hugo de la Rosa García, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Alliet Mariana Bautista Bravo, Holly Matus Toledo, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Daisy Selene Hernández Gaytán, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Alberto Amaro Corona, Alejandro Martínez Hernández, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Octavio Martínez Vargas, Alejandro Sánchez Camacho, Adrián Pedrozo Castillo, Armando Barreiro Pérez, Martín Zepeda Hernández, Javier Hernández Manzanares, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Marcos Matías Alonso, Rafael Franco Melgarejo, Salvador Ruiz Sánchez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, José Antonio Saavedra Coronel, Juan Adolfo Orcí Martínez, Faustino Soto Ramos, Carlos Sánchez Barrios, Cuitlahuac Condado Escamilla, Rosa Elva Soriano Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Humberto Wifredo Alonso Razo, Sergio Hernández Hernández, Carlos Ernesto Navarro López, Irineo Mendoza Mendoza, José Antonio Almazán González, Rosario Ortiz Magallón, José Jacques y Medina, Francisco Martínez Martínez, Santiago López Becerra, Juan Darío Arreola Calderón, Víctor Gabriel Varela López, Gloria Rasgado Corsi, Higinio Chávez García, Efraín Morales Sánchez, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Antonio Soto Sánchez, Carlos Roberto Martínez Martínez, Daniel Dehesa Mora, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva, Carlos Altamirano Toledo, Miguel Ángel Arellano Pulido, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Jaime Espejel Lazcano, Pedro Landero López, Ma. Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Concepción Ojeda Hernández, Neftalí Garzón Contreras, Carlos Morales Vázquez, Claudia Cruz Santiago, Irene Aragón Castillo, Juan Manuel San Martín Hernández, Alma Lilia Luna Munguía, Amador Campos Aburto, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Camerino Eleazar Márquez Madrid, David Mendoza Arellano, Martín Ramos Castellanos, Emilio Ulloa Pérez, Aleida Alavez Ruiz, Aída Marina Arvizu Rivas, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Armando García Méndez, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Ramón Almonte Borja, Víctor Aguirre Alcaide, Othón Cuevas Córdova, Héctor Narcia Álvarez, Ma. Mercedez Maciel Ortíz, Silvia Oliva Fragoso, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Daniel Torres García, Rafael Ramos Becerril, Ruth Zavaleta Salgado, David Sánchez Camacho, Aurora Cervantes Rodríguez, Rosa Elia Romero Guzmán, Anuario Luis Herrera Solís, Moisés Félix Dagdug Lützow, María Elena Torres Baltazar, Alejandro Chanona Burguete, Elías Cárdenas Márquez, Layda Elena Sansores San Román, Robinson Uscanga Cruz, José Manuel del Río Virgen, Juan Abad de Jesús, Jorge Godoy Cárdenas, Alberto Esteva Salinas, Patricia Castillo Romero, María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene el uso de la tribuna el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para instaurar un código de ética para diputados federales.

En vista de que no se encuentra el diputado en la sala vamos a pasar al siguiente punto.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca realice las reasignaciones presupuestales para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación en dicha entidad.

El diputado Ariel Castillo Nájera:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: la educación pública ha sido crucial en la transformación del país, en la estabilidad política y social y en la movilidad social ascendente que permitió a lo largo de gran parte del siglo XX construir un país menos injusto.

En el aula se ha construido la patria; pero a pesar de que la educación pública es condición ``sine qua non'' para formar a las nuevas generaciones en los conocimientos y valores indispensables para su superación y para que el país se inserte con eficiencia en un mundo globalizado, en los últimos años se han generado nudos que dificultan avanzar hacia un proyecto educativo para el México del siglo XXI.

Es imperativo definir qué educación requerimos para qué proyecto de país. Avanzar en ese sentido reclama una visión de largo plazo. Avanzar hacia una educación de calidad, con equidad y pertinencia como política de Estado; una educación con elevados niveles de aprendizaje y aprovechamiento escolar que nos dé competitividad en el entorno internacional. En el cumplimiento de esos propósitos el maestro es una pieza central.

Para Nueva Alianza es impostergable concretar una profunda transformación de la enseñanza y del sistema educativo nacional abatiendo rezagos y las iniquidades y en consecuencia, replantearnos la pertinencia de la política educativa, su financiamiento, la inversión por alumno, la infraestructura y el equipamiento tecnológico, la formación, capacitación, actualización y superación de los docentes, las condiciones salariales del magisterio, la atmósfera socioeconómica, educativa y cultural en la familia, la comunidad y la escuela, la competencia de la autoridad educativa, entre otros aspectos.

El futuro de México está en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el compromiso real, actuante del gobierno y la sociedad con la educación.

En el estado de Oaxaca, uno de los elementos que contribuyó al estallido del conflicto social es la falta de sensibilidad con la que se abordan las demandas de los maestros y en especial, la de rezonificación salarial.

El reclamo de los maestros oaxaqueños de concluir el proceso de rezonificación que se inició en 94 es justo, pero además no se trata de una reivindicación privativa del magisterio de Oaxaca. Actualmente, en sólo seis de las 32 entidades federativas los salarios de los trabajadores de la educación se encuentran en el tabulador tres, es decir, alrededor del 73 por ciento de los maestros no se encuentran rezonificados.

Esos rezagos deterioran el salario y el nivel de vida del magisterio y contribuyen a la profundización de las desigualdades existentes entre regiones, entre entidades federativas y aun al interior de las mismas, pues sin desconocer los esfuerzos sostenidos por incrementar el salario de los maestros, aún falta mucho por hacer.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Oaxaca a que, en el marco de la responsabilidad compartida que tienen con la educación, realicen en el presente ejercicio fiscal las reasignaciones o transferencias presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el marco de los compromisos contraídos con el magisterio nacional, antes de concluir la presente administración establezca, con toda puntualidad el programa especificando plazos y términos para concluir el proceso de rezonificación salarial para todos los trabajadores de la educación del país.

Tercero. Se exhorta al Presidente de la República mexicana, Vicente Fox Quesada, para que considere dentro del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, los recursos necesarios para atender el proceso de rezonificación e incluya, dentro de sus recomendaciones la proyección presupuestal para los años subsecuentes, sin menoscabo de la proyección de las previsiones salariales que año con año deben preverse.

Y por último, solicito se inscriba el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación en dicha entidad, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

Hoy que --como nunca-- reconocemos lo mucho que la educación pública ha aportado a la estabilidad política y social del país, también es imperativo advertir que se ha incrementado la cuota de responsabilidad del sector docente, haciendo responsables a los maestros de prácticamente todos los males que aquejan a la educación, olvidando que han sido justamente los maestros que, en medio de grandes crisis, han impedido que el desastre se convierta en catástrofe.

Para Nueva Alianza, es impostergable concretar una profunda transformación de la enseñanza y del sistema educativo nacional, con el propósito de consolidar en todos los niveles una nueva hazaña centrada en la calidad, la equidad y la pertinencia, conscientes de que necesitamos de una educación con elevados niveles de aprendizaje y aprovechamiento escolar, que nos de competitividad en el entorno internacional.

Debemos asumir el gran compromiso de abatir el vergonzante rezago que arrastramos en materia educativa, en consecuencia es preciso replantearnos: la pertinencia de la política educativa, su financiamiento, la equidad, la inversión por alumno, la infraestructura y el equipamiento tecnológico, la formación, capacitación, actualización y superación de los docentes, las condiciones salariales del magisterio, la atmósfera socioeconómica, educativa y cultural en la familia, la comunidad y la escuela, la competencia de la autoridad educativa, entre otros aspectos.

Hoy --más que nunca-- estamos ciertos de que el conocimiento, la información y la comunicación son piezas claves para la generación de la riqueza, la estabilidad del Estado y la movilidad social.

El futuro de México esta en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el explícito compromiso de la sociedad con la educación.

En el estado de Oaxaca uno de los elementos que contribuyó al estallido social, es la ausencia de respuestas a los reclamos de los distintos sectores de la población, de manera particular, en el caso de los maestros la falta de sensibilidad con la que se abordan sus demandas, en especial el tema de la rezonificación salarial.

Es cierto, es una demanda justa de los maestros, el pugnar por la conclusión del proceso de rezonificación que se inició en 1994, no se trata de una reivindicación privativa de los maestros oaxaqueños.

Actualmente en sólo seis, de las treinta y dos entidades federativas, los salarios de los trabajadores de la educación se encuentran en el Tabulador 3, es decir, alrededor del setenta y cinco por ciento de los maestros no se encuentran rezonificados.

Por ello, es imperioso reconocer que prevalecen rezagos importantes que deterioran el salario del magisterio y contribuyen a la profundización de las desigualdades existentes entre regiones, entre entidades federativas y aún al interior de las mismas, y que a pesar de que se ha procurado el incremento sostenido del salario, éste no ha recuperado su poder adquisitivo derivado principalmente de los vaivenes económicos de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca a que --en el marco de la responsabilidad compartida que tienen con la educación del pueblo oaxaqueño--, realicen en el presente ejercicio fiscal las reasignaciones o transferencias presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el marco de los compromisos contraídos con el magisterio nacional, antes de concluir la presente administración, establezca con toda puntualidad la proyección, especificando plazos y términos en los que deberá concluirse el proceso de rezonificación salarial para todos los trabajadores de la educación del país.

Tercero. Se exhorta al presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, para que considere dentro del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, los recursos necesarios para atender el proceso de rezonificación, e incluya dentro de sus recomendaciones la proyección presupuestal para los años subsecuentes, sin menoscabo de la proyección de las previsiones salariales que año con año deben llevarse a cabo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputados: Miguel Ángel Jiménez Godinez, Mónica Arriola Gordillo, Ariel Castillo Nájera, Blanca Luna Becerril Humberto Dávila Esquivel, Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas, Silvia Luna Rodríguez, Manuel Cárdenas Fonseca.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las Comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE SINALOA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Eduardo Felton González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo respecto al problema que vive la Universidad del estado de Sinaloa.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Con su permiso, diputada Presidenta. Corrigiendo solamente el tema, es sobre el problema de la Autónoma de Sinaloa en nuestro estado. Si queremos consolidar nuestra democracia, necesariamente requerimos consolidar a nuestras universidades públicas. Es la educación el único camino como superaremos nuestras deficiencias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que esta soberanía coadyuve con las autoridades competentes de Sinaloa para la solución del problema financiero de la universidad autónoma de dicho estado.

``Si queremos consolidar nuestra nueva democracia, necesariamente requerimos consolidar a nuestras universidades públicas, es la educación el único camino como superaremos nuestras deficiencias''.

Compañeras y compañeros diputados, es de todos conocido el grave recorte presupuestal que la Secretaría de Hacienda ha venido realizando a diferentes universidades públicas en nuestro país.

Nunca encontraremos ni avalaremos razonamiento por más mínimo que éste fuera, que justifique recorte alguno de su presupuesto a ninguna universidad pública de nuestro México.

Hace alrededor de dos meses, la centenaria Casa Rosalina, fundada por don Eustaquio Buelna Pérez, la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, recibió del Congreso del estado de Sinaloa un nuevo marco normativo, mediante la Ley Orgánica Universitaria.

En este documento se ha privilegiado la oportunidad de buscar mejores niveles académicos pasando por encima de los intereses políticos que habían mantenido a la universidad como rehén de grupos hacia el interior de la institución.

Por ello la UAS enfrenta ahora una paradoja, mientras en un campo --el académico--, existe la posibilidad de que surja victoriosa, en otro --el financiero--, corre el riesgo de hundirse.

Es preocupante escuchar de voz del actual rector Héctor Melesio Cuen Ojeda, la grave situación económica por la que atraviesa la máxima institución educativa en Sinaloa, la cual realiza un muy importante trabajo en educación media y superior, a grado tal que la cobertura estatal esta por encima de la media nacional. Sin embargo el financiamiento por alumno de la universidad se localiza por debajo de la media nacional, representando un gasto por alumno de 21 mil pesos contra un promedio 35 mil pesos que se otorga a otras universidades.

La Universidad Autónoma de Sinaloa es --en cuanto a población estudiantil-- la cuarta mas grande del país, con 106 mil alumnos y una planta laboral de 10 mil personas, el inadecuado manejo de recursos de las últimas administraciones y la falta de previsión le consume el 25 por ciento de su presupuesto en pensiones y jubilaciones, por tales motivos en los últimos meses la universidad ha vivido como coloquialmente decimos ``de prestado''.

Aunado a lo anterior hace unos días, nos enteramos que la bolsa económica asignada, determinada para distribuirse entre aquellas instituciones de educación superior que tienen grandes problemas económicos denominado Fondo de Equidad, representó en el año 2004: 220 millones de pesos, en el 2005: 287 millones de pesos, y para este año se contemplan solamente 161 millones de pesos. No obstando esta drástica reducción de recursos de más de 125 millones en dicho fondo, estos recursos le están siendo regateados a nuestra universidad, acción que seria catastrófica para la educación pública en nuestro país.

El problema no es solo de Sinaloa. Lo he comentado anteriormente. Son varias las universidades públicas que están siendo afectadas por esta mala decisión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Algo tenemos que hacer, compañeras y compañeros diputados por nuestras universidades y lo tenemos que hacer ¡¡ya!!

Por todas estas consideraciones y ante el peligro inminente de un colapso financiero en la Universidad Autónoma de Sinaloa, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados coadyuve con los diputados locales del estado de Sinaloa, el ejecutivo del estado y las autoridades universitarias para la solución del grave problema financiero por el que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Segundo. Solicitar con carácter de urgente, una entrevista con el secretario de Hacienda y Crédito Público y con el secretario de Educación Pública, a efecto de solicitar su intervención y resolución inmediata en cuanto al Fondo de Equidad retenido hasta la fecha actual.

Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica).»

He de comentar, compañeros y compañeras, que el día de hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa no pagó ni un solo peso a los maestros en nuestra entidad. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en tanto se integra la Comisión...

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputado? Si le dan sonido, por favor al diputado. El diputado Ojeda, por favor.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho(desde la curul): Muchas gracias, diputada Presidenta. Únicamente para solidarizarnos con ese punto de acuerdo que acaba de presentar el compañero diputado Carlos Felton. Todos los diputados federales del PRI, de Sinaloa, estamos de acuerdo en que apoyemos de inmediato a la Universidad de nuestro estado. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota, muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública...

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Al diputado Juan Guerra, por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Gracias. Simplemente para expresar que todo el grupo parlamentario del PRD apoya la solicitud que se ha presentado y que se le entreguen inmediatamente recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota, señor diputado. ¿Alguien más?

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido al diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Para manifestar por parte del grupo parlamentario de Nueva Alianza, que hacemos propio el pronunciamiento que hizo el diputado Felton y suscribimos en todos sus términos el punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor diputado. Se toma nota.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Arreola, le dan sonido, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Sí, gracias señora Presidenta. Para manifestar que el grupo parlamentario del Partido del Trabajose solidariza con este punto de acuerdo y así como decía el contenido del mismo, revisemos la situación de todas las universidades públicas del país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor diputado, se toma nota. ¿Alguien más?

El diputado Faustino Javier Estrada González (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor sonido al diputado.

El diputado Faustino Javier Estrada González(desde la curul): De igual manera, el Partido Verde se suma a esta propuesta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. ¿Nadie más? Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en tanto se integra la Comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

El diputado Roberto Badillo Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Roberto Badillo, si le dan sonido, por favor. ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Roberto Badillo Martínez(desde la curul): Compañera diputada únicamente para manifestar que la Universidad Veracruzana se encuentra en las mismas condiciones que se expuso con respecto a la Universidad de Sinaloa.

Entonces propongo que también se incluya en la petición que se hizo por parte del Partido Acción Nacional. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le solicita, señor diputado, presentar por escrito, seguramente será en la próxima sesión que se le puedan incluir.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto diputado? Diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Señora Presidenta. El turno que está dando es exclusivamente a la Comisión de Educación. La súplica del grupo parlamentario de Nueva Alianza es que también se turne a la Comisión de Presupuesto, a ambas comisiones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con gusto, diputado. Túrnese a las dos comisiones por favor. Tómese nota por la Secretaría.

El diputado José Rosas Aispuro Torres (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Rosas Aispuro Torres(desde la curul): Diputada Presidenta, nada más para solidarizarme con el problema de la Universidad de Sinaloa, para comentar que éste es un problema que viven la gran mayoría de las universidades públicas y en el caso particular de mi estado, Durango, también esta institución está pasando por una seria situación de crisis muy delicada, en la que pedimos también que este asunto, yo solicitaría que se integre realmente a las comisiones que ya están por conformarse, espero que en unos momentos más, tanto a la de Educación, de Presupuesto y --- a mí me parece--- una reunión urgente con el secretario de Hacienda y elsecretario de EducaciónPública, para que vayamos planteando los problemas que vive la educación en este país, pero particularmente la educación superior, y en este caso, las universidades públicas. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor diputado.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Pedro Cortés.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés(desde la curul): Para solidarizarnos con el punto de acuerdo y abundar en la propuesta que hace el diputado de Durango en el sentido de que la Universidad Juárez del estado de Durango está en quiebra, al igual que están varias universidades del país, por lo que solicitamos que sea agregada también en este punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputados. Se solicita a la Secretaría se incorporen a la versión estenográfica las peticiones de los diferentes diputados para hacerlas llegar a las comisiones que se han mencionado.

El diputado Víctor Aguirre Alcaide (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Aguirre, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Aguirre Alcaide(desde la curul): Para solidarizarme con la propuesta que se presentó, el apoyo a la Universidad de Sinaloa. En el mismo sentido se encuentran varias universidades del país y hablo por mi estado, Guerrero; ahorita la Universidad Autónoma de Guerrero está atravesando por un déficit financiero de más de mil 200 millones de pesos. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Si nos permiten continuar con la sesión y las diferentes inquietudes que manifiestan los diputados las puedan turnar a esta Mesa para poderlas incorporar a la versión estenográfica, respecto a las diferentes peticiones de otras universidades, para continuar con la sesión.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid(desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Camerino Márquez.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid(desde la curul): En los mismos términos, solidarizarnos y sumar a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la curul): Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Peña, adelante.

El diputado Miguel Angel Peña Sánchez(desde la curul): Desde luego que hay un gran déficit económico en las universidades del país y yo estaría planteando a este Pleno, que está considerando de manera clara y objetiva que hay un déficit de apoyo a las universidades del país, que sea generalizado para todos los estados y para la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma en cuenta, señores diputados y se les hace el llamado a los diputados que van a formar parte de estas comisiones puedan integrar estas inquietudes que se han vertido el día de hoy. Si nos permiten pasar al siguiente punto...

El diputado Martín Ramos Castellanos(desde la curul): Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputado Martín?

El diputado Martín Ramos Castellanos(desde la curul): Gracias, Presidenta. También para solidarizarnos al planteamiento que hacen en relación a las universidades públicas y también queremos sumar ahí a la Universidad Autónoma de Chiapas y yo creo que es importante subirle la cortina a la educación.

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Continuando con la sesión tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo ponga en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez:Con su permiso, diputada Presidenta. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióny otras instancias competentes, ponga en práctica acciones que conduzcan al mejoramiento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada e informe a esta soberanía sobre el resultado de este exhorto.

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23 numeral uno, inciso f) y 42 numeral uno, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Diputadas y diputados. No voy a leer el texto íntegro, está ya publicado en la Gaceta Parlamentaria, pero hay una rea-lidad muy objetiva que todos conocemos. El campo mexicano ha sido sometido a una crisis y a un abandono total por los sucesivos gobiernos que hemos padecido, requerimos urgentemente que el campo mexicano, que los productores agrícolas sean incentivados en la producción. Necesitamos que se incremente a los productores el precio de garantía, principalmente a los productores de maíz, frijol, cebada y otros granos que producimos en este país.

Diputadas y diputados: México tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y con Europa y en esos países se privilegia, se apoya, se subsidia a los productores del campo y se les subsidia fuertemente; nosotros este país, México, lo tenemos abandonados. Hay 24 millones de mexicanos en extrema pobreza en el campo. Estamos permitiendo que ingresen importaciones de maíz, que ingresen importaciones de frijol, de soya y no hay ninguna posibilidad, ningún planteamiento, ningún programa de apoyo a los productores en el campo.

Por eso yo le pido a esta soberanía, le planteo a ustedes ---compañeras y compañeros diputados---, sin que veamos los colores de los partidos en los que militamos, que reflexionemos en los compromisos que inclusive cada uno de nosotros hicimos al recorrer los distritos electorales en nuestros estados de origen, las promesas de campaña que se hicieron de apoyar a los productores en el campo. Es urgente que esta soberanía que representa al pueblo de México y que no adoptemos la posición de defender únicamente la posición ...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, señor diputado. El diputado Pedro Cortés, desea hacerle una pregunta.

El diputado Pedro Cortés(desde la curul): Al final de la intervención del orador.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez:Sí, con mucho gusto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Bien. Me permito leer, después de esta argumentación, me permito leer el punto de acuerdo.

Se exhorta al Poder Ejecutivo para que instruya a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación para que ponga en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada utilizando los instrumentos operativos de que se disponga a la fecha, adaptándolos en lo que sea necesario, ampliando su cobertura y creando los programas que de manera efectiva logren tal objetivo, destacando sin que a ello se restrinja las acciones encaminadas a eliminar las negativas consecuencias del intermediarismo innecesario y a poner en marcha de manera plena las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Dos. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que informe a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallada sus contenidos y alcances.

Tres. Que se constituya un grupo de trabajo plural integrado por legisladores de las diversas comisiones vinculadas al campo, para dar puntual seguimiento al cumplimiento del punto de acuerdo mediante las acciones que se estimen pertinentes.

Diputados, diputadas. México necesita, igual que cualquier otro país para sustentar, para fortalecer su economía, respaldar y fortalecer la economía campesina. Necesitamos unir nuestros esfuerzos para que los productores sean subsidiados y sean adquiridos sus productos a un precio razonable que les permita vivir con dignidad y seguir produciendo en beneficio de este país. Concluyo, diputada. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada la Sagarpa, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.

Dentro de esta perspectiva de razonamiento, el Estado debe de ejercer a plenitud el derecho a la soberanía y seguridad alimentaría y nutricional expresado en la autodeterminación para producir, industrializar y distribuir alimentos; sustentado en el derecho humano fundamental a la alimentación y nutrición adecuadas a un sano desarrollo humano.

El campo mexicano ha jugado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población, también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, al resto de la economía.

Además ha sido objeto de la llamada ``doble exacción'', porque al consumir los bienes y servicios del resto de la economía, lo ha hecho a aprecios que conllevan márgenes de rentabilidad, incluso mayores al promedio, que permiten la reproducción del resto de los sectores, bajo condiciones de competitividad.

Esto ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir alrededor del 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000.

Ante una situación de esta naturaleza y frente a las negativas consecuencias en torno al campo que ha traído el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, entre las que solamente destacamos algunos aspectos sobre las importaciones agropecuarias de México; éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.

El consumo de bienes agropecuarios ha crecido sostenidamente durante el periodo de vigencia del TLCAN, la producción nacional, si bien se ha incrementado, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna, de tal manera que se ha hecho uso del expediente de las importaciones para llenar la brecha creciente entre consumo y producción nacional, es decir, se ha estado ante un déficit permanente, cuando menos hasta el año 2003.

Prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país, más del 40 por ciento de algodón semilla y de ajonjolí; en granos básicos, el país importa el 61.4 por ciento del arroz palay, el 19.7 por ciento del maíz y el 42.6 por ciento del trigo que se consume.

Por otra parte, es pertinente destacar que la política hacia el campo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, se traduce en apoyo integral a los procesos productivos y se canalizan de manera sistemática enormes recursos para proteger a los productores, a su economía agroalimentaria y, en particular, a su balanza comercial. Una política semejante, como es sabido, se aplica en la Unión Europea.

Estas políticas favorecen a los productores de Norteamérica y han coadyuvado de manera sustantiva al incremento de las importaciones de granos básicos de México, lo que ha ido en detrimento de la economía rural del país.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, vigente desde diciembre del 2001, en su artículo 179 reconoce como productos básicos y estratégicos tanto el maíz como el frijol, debido a la importancia que han tenido en la dieta tradicional de la población mexicana, y a que han constituido cultivos donde se han concentrado los esfuerzos productivos de la gran mayoría de los productores rurales y, en esa medida, han sido elementos básicos de su alimentación y de su ingreso.

A pesar de que la cebada aglutina también a un importante segmento de la población rural del país, pues ocupa la quinta posición en volumen de producción a nivel nacional, no se encuentra reconocida con el carácter anterior.

Las importaciones de frijol aun no han sido significativas, sin embargo, las cifras oficiales muestran una importación del orden de las 80 mil toneladas, ante una producción nacional de alrededor de 1.2 millones de toneladas. Para el caso de la cebada, para el año 2001 las importaciones representaron el 9 por ciento de la producción nacional; sin embargo, para 2005, ante una producción nacional de alrededor de un millón de toneladas, las importaciones se estiman del orden de las 283 mil toneladas; han pasado a representar un porcentaje cercano al 30 por ciento.

Los dos casos mencionados muestran que dos granos que involucran a importantes segmentos de la población rural y que contribuyen de manera sustantiva al ingreso de la población rural, están sujetos a las variaciones del mercado internacional, en el caso de la cebada, y en el caso del frijol se empiezan a observar incrementos de las importaciones, lo que de manera drástica podría aumentarse a partir de la liberación total de su importación.

El Poder Ejecutivo federal opera a través de sus dependencias --principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-- diversos programas que pueden ser utilizados para proteger los productos básicos y estratégicos y aquellos que aunque no están legalmente reconocidos también lo son, como la cebada. Entre éstos está el de Ingreso-Objetivo y el Procampo; estos programas deben de orientarse a incrementar el ingreso de los productores, de tal manera que se disminuyan las importaciones, se mejore el ingreso familiar promedio rural, mediante los aumentos sostenidos a la producción, y se avance en la dirección de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tienen los cultivos señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al Poder ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, utilizando los instrumentos operativos de que se disponga a la fecha, adaptándolos en lo que sea necesario, ampliando su cobertura y creando los programas que de manera efectiva logren tal objetivo, destacando, sin que a ello se restrinja, las acciones encaminadas a eliminar las negativas consecuencias del intermediarismo innecesario y a poner en marcha de manera plena las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

2. Se exhorta al Poder Ejecutivo a informar a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallada sus contenidos y alcances.

3. Que se constituya un grupo de trabajo plural integrado por legisladores de las diversas comisiones vinculadas al campo para dar puntual seguimiento al cumplimiento del punto de acuerdo, mediante las acciones que se estimen pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con qué objeto, diputado Rubén Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): Solamente para hacer algunos muy breves comentarios a nombre del grupo parlamentario del PRI, en congruencia con lo que siempre hemos defendido, y por supuesto, por la situación que atravesamos todos los productores del país de Durango, Chihuahua, Zacatecas. Por supuesto que la fracción parlamentaria del PRI...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Señor diputado, discúlpeme, todavía no está a discusión el punto. Se está preguntando si es de urgente resolución.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): En su momento le solicito atentamente, me permita hacer uso de la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con mucho gusto, diputado. Adelante, por favor, consulte la Secretaría a la Asamblea.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, por favor, diputada.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Lo único que quiere es adherirse.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si es de urgente resolución van a pasar los oradores a dar su propuesta.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Señora Presidenta...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítanle por favor al diputado tomar la palabra para sumarse a este punto. Señor diputado, tiene usted el uso de la palabra. Le dan sonido, por favor, al diputado Escajeda.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): ...decía que a nombre del grupo parlamentario y congruentes con la posición que siempre hemos asumido justamente de apoyar estos temas, el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto se suma a los votos del PRI para apoyar la urgente u obvia resolución en este tema.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor diputado. El diputado Andrés Bermúdez, del PAN, por favor.

El diputado Andrés Bermúdez Viramontes(desde la curul): Nada más quiero decirles que es tiempo de hacerles justicia a los campesinos y que me uno a la propuesta de ellos. Acción Nacional está para proponer, para apoyar todas las propuestas que beneficien al pueblo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, señor diputado. Diputado del PT, por favor, si le dan sonido en su curul.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés(desde la curul): A nombre de los diputados del Partido del Trabajo, solidarizarnos con el punto de acuerdo por la siguiente circunstancia. Estamos a escasos días, a diez días de la cosecha de frijol, de una abundante cosecha de frijol en este país, pero en este momento no existe un esquema de comercialización que les garantice a los productores un ingreso. Por esa razón nos solidarizamos con el punto de acuerdo. Pero además solicitamos que se agregue el exhorto para los gobernadores de los estados que también tienen una responsabilidad con los productores. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor diputado. Pasamos a la votación, por favor. La diputada Irma Piñeyro, de Nueva Alianza, por favor, si le dan sonido.

La diputada Antonia Irma Piñeyro Arias(desde la curul): Presidenta, para sumarnos a la propuesta del compañero, en nombre de la fracción de Nueva Alianza

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. La diputada de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García:Soy la señora María Gloria Valenzuela de Rubio, del estado de Sinaloa. Me uno a la propuesta puesto que nuestros productores de mi estado están padeciendo este grave problema. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Por favor sonido a la curul de la diputada Layda Sansores San Román.

La diputada Layda Elena Sansores San Román(desde la curul): Para adherirnos a la propuesta del estado de Campeche, Layda Sansores.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. Solicito consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En vista de que todas las fracciones han estado de acuerdo, se consulta a la Asamblea si se abre a discusión. En votación económica le solicito a la Secretaría lo consulte, por favor, si se aprueba que sea sin discusión solamente.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado, señora Presidenta, por mayoría.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese por favor.

REGION SUR-SURESTE DE MEXICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado:Tiene el uso de la tribuna la diputada Elizabeth Morales García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Sesión y Seguimiento de Programas y Presupuestos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

La diputada Elizabeth Morales García:Buenas tardes. Con su permiso, Presidenta. Hemos coincidido todas las fracciones parlamentarias y todos los diputados aquí presentes en trabajar por los que menos tienen, en trabajar por los que más necesitan, por la gente más humilde. En nuestras propuestas de agenda legislativa y en estos posicionamientos hemos priorizado el combate a la pobreza.

Pues bien, justamente la gente más humilde se encuentra en la zona sur-sureste del estado, 8 de los 11 estados con mayor marginación están justamente en esta zona, 8 de los 11 estados en todo el país. Oaxaca, sí, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, son sólo algunos ejemplos. En esta zona hay aproximadamente 30 millones de habitantes y se concentra el 74 por ciento de la población indígena. Hablar de pobreza no es una palabra, la pobreza es una condición de vida, una condición de vida, de tristeza, de desesperación, de desesperanza.

Es condenado a muerte un padre de familia que enferma de insuficiencia renal y no cuenta con los recursos para comprar las cajas de diálisis que cuestan 550 pesos cada tercer día. Y qué hablar del trasplante de riñón.

Es dejar en la oscuridad a una joven, a una madre de familia, a una persona de la tercera edad, cuando la ciencia ha encontrado la solución a las cataratas, un lente intraocular, pero cada uno cuesta de 1,500 a 3,500 pesos y la operación 20 mil pesos por ojo, no tienen para pagarla, serán ciegos porque son pobres.

Es el estar sujeto a la amputación de miembros por diabetes. Mi estado, Veracruz, es el primer lugar en diabetes en todo el país y una de cada dos personas está sujeta a la amputación de pierna, de pie y hasta de las dos piernas.

Hablar de pobreza es que vivan en casas, con piso de tierra, levantadas con láminas de zinc, con lámina de cartón o simplemente con plásticos y que cuando llueve con las inclemencias del tiempo se vengan abajo.

En los estados del sur-sureste hay municipios que tienen condiciones de marginación iguales a países de Africa; sin embargo, en otras zonas, como es el norte, hay municipios que se equiparan a país del primer mundo, hay grandes desigualdades y cuando grandes desigualdades se dan, se requiere de más trabajo, de más apoyo y con mayor intensidad.

Los estados del sur-sureste tienen grandes necesidades. Sí, pero también grandes oportunidades. Por ejemplo, el 99 por ciento de la producción de petróleo y sus derivados se da en esa zona, se concentran las tres cuartas partes de las aguas nacionales.

Veracruz ---otra vez como ejemplo--- es el segundo gran productor de gas natural. ¿Qué se necesita? Hacer esta zona competitiva, que haya empleo, que haya buenos salarios, que se pueda sustentar una calidad de vida. Pero ¿cómo lograrlo? Se requiere inversión, inversión en educación, en servicios básicos, inversión en salud, en infraestructura, en vías de comunicación, en vías de comunicación que unan al sur con la zona norte del país donde está el potencial económico, que lo crucen de un océano al otro a través del Istmo de Tehuantepec.

La Comisión Sur-Sureste justamente tiene estas atribuciones: gestionar, conseguir, proponer y lograr recursos para los estados de estas zonas. Sé que tenemos coincidencias. Después de mí pasará un compañero del PRD y más adelante una compañera del PAN.

Y comencé diciendo que ha sido parte de nuestras propuestas, de todos. Por eso propongo que la Comisión Especial de Gestión y Seguimiento de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Región Sur-Sureste no solamente se establezca; que se establezca como prioridad. La pobreza, compañeros, la pobreza no espera. Allá afuera está la gente observando, pidiendo, exigiendo que demos respuestas a sus problemas, pero que las demos ya. Por eso les invito a pasar de los dichos a los hechos. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentan proposición con punto de acuerdo a fin de crear la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los resultados de la pasada elección federal arrojaron una nueva composición de las fuerzas políticas nacionales. Por ello, las instituciones mexicanas deberán adaptarse a este nuevo orden, en el que la población reclama a sus representantes populares que ejerzamos con amplitud nuestras facultades, bajo el auspicio del diálogo nacional que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

Con esa premisa, los diputados de las entidades federativas de la región sur-sureste del país hemos convenido en la suscripción de esta proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que durante el ejercicio constitucional de la LX Legislatura asuma funciones para gestionar, dar seguimiento y opinar sobre los programas y proyectos de desarrollo destinados a tan importante región de México.

Las necesidades de esta parte del país son muchas y de índole diversa. Los estados que constituyen la región son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas entidades federativas cuentan con una población aproximada de 30 millones de habitantes; asimismo, la región concentra 74 por ciento de la población indígena del país que aún espera la mejor respuesta de esta soberanía a su reclamo de incorporarse al desarrollo general de la nación.

Por otra parte, la formación de los estados que hemos mencionado presentan una dispersión considerable respecto a otras regiones del país, por lo que requerimos un esfuerzo mayor para hacer llegar los servicios y demás satisfactores a que la ciudadanía tiene derecho. De las 10 entidades federativas que presentan condiciones de marginalidad, 8 pertenecen a la región sur-sureste. El rezago se hace más evidente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

No pretendemos enumerar las apremiantes necesidades que sufre esta importante región del país. Lo que pretendemos es solucionar las más urgentes, de tal manera que vayamos estrechando las diferencias con otros polos de desarrollo regional. Tenemos recursos naturales suficientes para incorporarnos plenamente al desarrollo nacional.

Una vez que se haya considerado lo anterior, solicitamos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con base en lo prescrito en los artículos 34 y 42, que haga suya esta expresión democrática, y proponga a la consideración de esta asamblea la creación de la comisión especial para la gestión y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades legales, proponga al Pleno de esta representación parlamentaria la creación de la Comisión Especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México en la Cámara de Diputados.

México, DF, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Araceli Escalante Jasso (rúbrica), Arturo Martínez Rocha, Antonio Díaz Athié, Andrés Carballo Bustamante, Arnulfo Cordero Alfonso, Elmar Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Jorge Lescieur Talavera (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), José Murat(rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján, Jorge Estefan Chidiac, Alberto Amador Leal, Wenceslao Herrera Coyac, Mario Mendoza Cortés, Eduardo Espinoza Abuxapqui (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez, Alfonso Izquierdo Bustamante, Ricardo Aldana Prieto, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Gerardo Lagunes Gallina, Pedro Montalvo Gómez, Daniel Pérez Valdés, María del Carmen Pinete Vargas, Emilio Gamboa Patrón, José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elizabeth Morales García. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

REGION SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial Encargada de Impulsar y dar Seguimiento a Programas y Proyectos de Desarrollo Regional Sur-Sureste.

El diputado Juan Darío Lemarroy Martínez:Con su permiso, señor Presidente. Habremos de convertir este espacio de participación en la suma de voluntades y en la suma de los esfuerzos para que quienes sean beneficiados y reciban las oportunidades, sea nuestra gente, la gente que menos tiene. Coincido con la compañera diputada que me antecedió en el uso de la voz.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste.

La región sur-sureste es una de las más atrasadas en desarrollo humano y desarrollo económico del país, por lo que los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática interesados impulsar el desarrollo de la región proponemos a esta soberanía la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste del país.

Por considerar que es necesario impulsar proyectos de desarrollo en esta región para abatir la pobreza y carencia de recursos que permea en los estados que comprenden esta zona.

Esta región abarca los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los cuales presentan grandes rezagos en diversos sectores los cuales deben abatirse.

Los diputados de la LX legislatura estamos interesados en cooperar en la coordinación y en el desarrollo para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios regionales de la región. Buscando en todo momento un equilibrio en el desarrollo del país.

De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales tienen carácter transitorio, estableciendo la extinción de este tipo de comisiones al final de la legislatura correspondiente.

Con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta soberanía en el marco de sus atribuciones crea una Comisión Especial plural de legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de impulsar y dar seguimiento, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.

Segundo. Responderá la Comisión Especial con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en turnados, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.

Cuarto. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de septiembre de 2006.--- Diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lemarroy. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

REGION SUR-SURESTE DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sobre el mismo asunto y para presentar otra proposición con punto de acuerdo tiene la palabra la diputada María Sofía Castro Romero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

La que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de estas

Consideraciones

Durante las dos anteriores legislaturas el Pleno camaral ha establecido por consenso de todos los grupos parlamentarios la creación de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; este órgano ha sido indispensable desde que el Poder Legislativo ha considerado primordial fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas y programas que en el ámbito de la administración pública se han emprendido para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de la región sur-sureste del país, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

De todos es conocido que el desarrollo nacional no ha sido homogéneo, particularmente en los estados del país situados en regiones del sur y del sureste; cuestiones de tipo social, económico, geográfico y político han creado atraso y marginación. Esta realidad requiere un esfuerzo en el honorable Congreso de la Unión que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región y abatir el rezago económico, las injusticias sociales y sobre todo los desequilibrios regionales.

Por ello, en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprenden la región sur-sureste de México, resulta pertinente que, mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación, a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a la convocatoria formulada por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional y seguir avanzando de manera sostenida en los programas y acciones en beneficio del desarrollo del sur-sureste del país.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2000 demuestran que en las nueve entidades de esta zona nacional se presentan las siguientes características: en la región habitan 28 millones de habitantes, 43 por ciento de la población total, 74.4 por ciento de la población indígena habita en esta región, el índice de escolaridad promedio es de 6.7 años, lo cual es comparativamente menor a la muestra de escolaridad promedio del resto del país, que es de 7.6 años. Asimismo, otros datos demuestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del territorio; ello dificulta, sin lugar a duda, la provisión de servicios públicos e infraestructura. Dentro de estas localidades pequeñas, en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento (sin caminos y fuera del círculo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en condiciones sumamente precarias.

De igual manera, el censo muestra que las diez entidades con mayor grado de marginación en la República Mexicana, ocho pertenecen a la región sur-sureste. El rezago es evidente principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde existen altos niveles de desnutrición infantil, baja escolaridad promedio y una pobre dotación de infraestructura básica (carreteras, energía y servicios). De los 851 municipios del país considerados por el Consejo Nacional de Población como de alta y muy alta marginación, donde radican 10.6 millones de habitantes, 714 (83.9 por ciento) se concentran en la región sur-sureste, habitando en ellos 8 millones de habitantes. De hecho, en esta región más de la mitad de los municipios tienen alta y muy alta marginación, y casi uno de cada tres de sus habitantes vive en estos municipios.

Es en ese sentido que Acción Nacional expresa su profunda preocupación por la realización apremiante de acciones y programas encaminados a potenciar el desarrollo del sur-sureste de México en todos sus aspectos, a efecto de integrarlas al desarrollo nacional, coincidiendo en que es necesario dar un definitivo impulso al desarrollo de esa zona nacional y cerrar esa preocupante brecha entre regiones.

Como consecuencia de ello, surge la necesidad de que en el Poder Legislativo federal exista un órgano parlamentario adecuado para abocarse a su solución, a través de la creación de normas e instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y que, a su vez, también contribuyan al desarrollo nacional.

Es importante señalar que durante la anterior Legislatura, la Comisión Sur-Sureste, en uso de sus atribuciones constitucionales impulsó, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 2006 numerosos proyectos de impacto regional.

Destacan proyectos de infraestructura carretera, portuaria, hospitalaria, modernización de pasos fronterizos, entre otros. Todos esos proyectos de inversión son de mediano y largo plazo, que muchas veces, por no contar en el tiempo con la fuente de financiamiento se quedan inconclusos, por lo que es de vital importancia garantizarles inversión en el Presupuesto de Egresos 2007 que les den la viabilidad y sustento financiero para todo su periodo de vida y consecuentemente se asegure su conclusión.

Por las anteriores consideraciones, y atendiendo a la necesidad de legislar al respecto, cuidando que leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en el sur-sureste del país, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.

Segundo. La comisión especial estará integrada por treinta diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al particular determine la Junta de Coordinación Política.

Las propuestas de diputadas y diputados que corresponda presentar a los diversos grupos parlamentarios recaerán preferentemente en legisladores provenientes de entidades del sur-sureste de México.

Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para la región sur-sureste de México.

Cuarto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará hasta el término de la LX Legislatura.

Quinto. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determina la Junta de Coordinación Política.

Sexto. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputada María Sofía Castro Romero (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Sofía Castro. Túrnese esta proposición para crear la Comisión Especial Sur-Sureste a la Junta de Coordinación Política.Sonido a la curul del diputado Toledo.

El diputado Luis Jorge Toledo(desde la curul): Presidente. En virtud de que esta propuesta de comisión especial ha sido respaldada por los tres partidos políticos más importantes y yo no tengo ninguna duda que las demás fracciones parlamentarias lo apoyan. Yo pediría que se turnara ahorita y que fuera de urgente u obvia resolución para que pudiéramos ahorita votar y apoyar de una vez que se forme esta Comisión, ya que tiene el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya están turnadas a la Junta de Coordinación, señor diputado. Se van evidentemente a procesar ahí. Yo le pediría que esperáramos ya la conformación de las comisiones y que sea la Junta de Coordinación la que resuelva una petición que evidentemente tiene consenso general.

CUENCA DE BURGOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Robinson Uscanga Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

El diputado Robinson Uscanga Cruz:Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Los diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la creación de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

En la LIX Legislatura fue creada la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, ubicada en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Involucra a 98 municipios con una superficie geográfica de 28 mil 960 kilómetros cuadrados. Se encuentra asentada en las regiones hidrológicas 24 y 25. Comprende siete cuencas hidrológicas e incorpora seis áreas naturales protegidas.

En esta región se encuentra el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente importa miles de millones de metros cúbicos de gas, representa 78 por ciento de la producción nacional de este energético y 22 por ciento de la producción total nacional de gas.

El yacimiento se encuentra en su primera fase de explotación con prospectiva de aprovechamiento de 110 mil kilómetros cuadrados, que sumaría a la Cuenca de Burgos, la de Salinas y la de Piedras Negras.

Actualmente la demanda de este energético se encuentra 15 por ciento arriba del nivel de la oferta y las proyecciones indican que de continuar así, para el año 2006 la demanda podría ser 26 por ciento mayor que la oferta, lo que es previsible, ya que ha sido calificado mundialmente como el energético del futuro.

Para México y Petróleos Mexicanos es importante porque dará la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que reclame su crecimiento industrial y más aún, le permitirá exportar con los beneficios extraordinarios para la economía nacional.

El proyecto integral Cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Producción contempla cinco proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo. Tiene como objetivo explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de mil 400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un período de 12 años.

La explotación de la Cuenca también se extiende a otros productos como el aceite ligero y el gas condensado e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea; tiene prevista una inversión del orden de los 52.8 miles de millones de dólares; creará fuentes de empleo en la región y generará una derrama económica nacional.

El proyecto Cuenca de Burgos tendrá un elevado impacto en la región noreste del país, por lo que se debe considerar un crecimiento sustentable y equilibrado de la economía, así como el desarrollo de infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida en la comunidad de la región.

Por lo anteriormente expuesto, expresamos el punto de acuerdo. Primero. Se instale la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyo propósito será dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción para la explotación de los yacimientos energéticos en esa región.

Detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada y su impacto ambiental para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que concluya, señor diputado.

El diputado Robinson Uscanga Cruz:Concluyo, señor Presidente.

Segundo. La Comisión Especial contará en su integración con los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General, y

Tercero. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LX Legislatura. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, proponen la creación de la comisión especial de la cuenca de Burgos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1. En la LIX Legislatura fue creada la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyos diputados consideraron diversos puntos de especialistas sobre los yacimientos de gas natural no asociado que se encuentra en esta región. También consideraron la superficie geográfica de 28 mil 960 kilómetros cuadrados, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que involucra 98 municipios.

2. La cuenca de Burgos tiene el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente importa miles de millones de metros cúbicos de gas, representa 78 por ciento de la producción nacional de este energético y 22 por ciento de la producción total nacional de gas y se encuentra en la cuenca de Burgos, asentada en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua y comprende siete cuencas hidrológicas; además, la región incorpora seis áreas naturales protegidas.

3. En la cuenca de Burgos ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación el yacimiento de gas no asociado, además, con posibilidades prospectivas de explotación de 110 mil kilómetros cuadrados, que sumaría a la cuenca de Burgos la de Salinas y la de Piedras Negras.

4. En 1945, Petróleos Mexicanos inició la explotación en esta cuenca del yacimiento del gas natural no asociado. Sólo a mediados de los años ochenta esa fuente de poder natural adquirió relevancia, tanto por su alto valor energético como por ser el menos contaminante durante su proceso de combustión, cualidades que se reflejan en su óptimo aprovechamiento y en mayor limpieza ambiental, amen de la redituabilidad económica del producto, ya sea en su uso o en la venta.

5. Actualmente, la demanda de este energético se encuentra 15 por ciento arriba del nivel de la oferta. Las proyecciones indican que, de continuar así, para 2006 la demanda podría ser 26 por ciento mayor que la oferta, lo cual es previsible, ya que ha sido calificado mundialmente como el energético del futuro. Para México y Petróleos Mexicanos es importante porque dará la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual y los que reclame su crecimiento industrial y, más aún, le permitirá exportar, con los beneficios extraordinarios para la economía nacional.

6. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Producción considera 5 proyectos de exploración y 16 de desarrollo; tiene como objetivo explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de mil 400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años.

7. La explotación de la cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados; también se extiende a otros productos, como el aceite ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.

8. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 prevé una inversión del orden de 52.8 miles de millones de dólares, se ajustará a los esquemas que autorice la ley o que en el futuro decida esta soberanía, creará fuentes de empleo en la región y generará una derrama económica nacional.

9. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 tendrá una elevada trascendencia en la región noreste del país, por lo que debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado de la economía, principalmente de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes. Por ello conviene impulsar la creación de fondos con recursos de Petróleos Mexicanos, y de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida en las comunidades de la cuenca de Burgos y elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos.

10. Asimismo, será necesario impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.

11. La explotación de esos recursos, propiedad de la nación, involucra a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se sitúa la cuenca de Burgos y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento cabal del Proyecto Integral Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie directamente a los habitantes de la región en todo sentido, a fin de que se afirme el desarrollo regional y mejore la economía nacional.

Por lo mismo, proponemos la creación de una comisión especial para la cuenca de Burgos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica, y 58 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al Proyecto Integral Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región.

Detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.--- Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Uscanga. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CUENCA DE BURGOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel González Salum, sobre el mismo tema, para la creación de una Comisión Especial sobre la Cuenca de Burgos. Tiene la palabra, diputado.

El diputado Miguel Ángel González Salum:Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados. Para mi estado, Tamaulipas, y para los estados de Nuevo León y de Coahuila, reviste una especial importancia la creación de esta Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

Sabemos que en la pasada Legislatura la Junta de Coordinación Política tuvo a bien crear la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos, cuyo objeto en general fue darle seguimiento al proyecto integral que desarrolla Petróleos Mexicanos en esa región del norte de nuestro país.

Se han invertido durante la presente administración ---y al cierre del 2005--- más de cuatro mil millones de dólares en la cuenca de Burgos, lo que habla de la importancia estratégica de esa región como potencial gasífero del país, ya que en ella se concentra más de cinco millones de millones de pies cúbicos de gas que equivale a una quinta parte de las reservas totales de gas no asociado; por ahora, la cuarta parte de la producción nacional.

Sin embargo, sabemos que un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país debe de considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que debemos vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiere el desarrollo del proyecto, aprovechando al mismo tiempo el agua del subsuelo en esa zona semiárida por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas que están involucradas en esta zona, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la Federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía, el cumplimiento del proyecto integral de la cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía y considerando que en la cuenca de Burgos, en efecto, se constituye la reserva de gas no asociado al petróleo más importante del país y que actualmente también la producción de gas seco en esa zona es de más de mil millones de pies cúbicos diarios, lo que representa el 80 por ciento del total.

También que Burgos tiene la misma potencialidad productiva que tiene el sur de Texas y en los últimos 60 años hemos producido sólo un 10 por ciento de lo que el lado norteamericano. Que la inversión total a través de los contratos de servicios múltiples ascenderá a más de 8 mil millones de dólares y que todo el proyecto integral estima una inversión cercana a los 20 mil millones.

Por todo lo anteriormente expuesto ante esta honorable soberanía, su servidor, Miguel Ángel González Salum, a nombre de la fracción del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta el posicionamiento a favor, mediante el cual nos sumamos a la solicitud de los integrantes de Convergencia para la creación de una Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos que vigile el desarrollo sustentable y equilibrado de la zona, beneficiando directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Solicito igualmente, señor Presidente, que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos que hemos suscrito los diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI y que ha sido publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la región cuenca de Burgos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Durante abril del 2004 y por solicitud de los diputados federales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la LIX Legislatura, a través de su Junta de Coordinación Política, tuvo a bien crear la Comisión Especial de la región de la cuenca de Burgos, cuyo objeto fue dar seguimiento al proyecto integral que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región y detectar la problemática que dicha explotación haya generado en los municipios y estados en los que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental, a fin de manifestarlo oportunamente y poder realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos ( Pemex) ha invertido durante la presente administración y al cierre del 2005 más de 4 mil millones de dólares en la cuenca de Burgos, lo que ha dado como resultado que la producción de gas natural en la cuenca haya crecido más de 30 por ciento respecto a su nivel del año 2000, aumentando de mil millones a más de mil 300 millones de pies cúbicos al día, lo que habla de la importancia estratégica de esta zona como potencial gasífero del país, ya que en ella se concentran más de cinco millones de millones de pies cúbicos de gas, equivalente a una quinta parte de las reservas totales de gas no asociado, además de que contribuye, al día de hoy, con la cuarta parte de la producción nacional.

La región conocida como cuenca de Burgos abarca una superficie de 28 mil 960 kilómetros cuadrados, que comprende 17 mil 160 kilómetros cuadrados en 11 municipios del estado de Tamaulipas, 10 mil 600 kilómetros cuadrados en 10 municipios del estado de Nuevo León y mil 200 kilómetros cuadrados en 7 municipios del estado de Coahuila, asimismo se asienta en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua, y comprende siete cuencas hidrológicas.

Tiene una superficie con posibilidades prospectivas de explotación de 110 mil kilómetros cuadrados y sumaría a la cuenca de Burgos las de Sabinas y Piedras Negras.

Es tan importante el proyecto que se desarrolla en la región, que dará muy pronto a México la posibilidad de satisfacer la demanda actual, la que exija su crecimiento industrial y le permitirá en el futuro exportar.

En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició desde 1997 los trabajos exploratorios y de desarrollo de campos en la cuenca de Burgos, que forman parte del proyecto integral cuenca de Burgos 2000-2012, que contempla 5 proyectos de exploración y 16 proyectos de desarrollo, cuyo objetivo es explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de mil 400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un período de 12 años, por parte de Pemex Exploración y Producción extendiendo las posibilidades de explotación de aceite ligero y de gas condensado, así como al aprovechamiento del agua subterránea.

Sin embargo sabemos que un proyecto de tan elevado impacto en la región noreste del país debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable de la economía de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, por lo que es conveniente impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidades de la cuenca de Burgos; elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea que en el proceso de exploración detecte Pemex, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos; impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental, y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.

Por ser del interés general de la nación y comprender ámbitos que involucran no sólo los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se ubica la cuenca de Burgos, sino que implicará la explotación de recursos propiedad de la nación y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento del proyecto integral de la cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie a los habitantes de la región, preservando la sustentabilidad de su economía, proponemos crear la comisión especial para la región cuenca de Burgos.

Considerando

Que los momentos que vivimos en el contexto nacional nos impulsan y obligan a observar formas y prácticas del quehacer político con mayor entereza para coadyuvar en el cumplimiento de las acciones de gobierno vigilando las normas y el desarrollo que tanto reclama nuestra sociedad.

Que en la LX Legislatura nos esforzamos por darle continuidad y mejoramiento a todo aquello que signifique proporcionar un mayor impulso a la economía y producción de las diferentes ramas de la sociedad.

Que en la cuenca de Burgos, en efecto, se constituye la reserva de gas no asociado al petróleo más importante del país, con una superficie de 50 mil kilómetros cuadrados y el área cuenta con posibilidades de mayor extensión, lo que permitiría alcanzar los 110 mil kilómetros cuadrados, si se consideran, además de Burgos, las cuencas geológicas de Sabinas y Piedras Negras.

Que actualmente la producción de gas seco en esta zona cubre una superficie de 29 mil kilómetros cuadrados y se obtienen más de mil millones de pies cúbicos diarios. Representando esta producción el 80 por ciento del total de gas no asociado y casi una cuarta parte de la producción total de gas en México.

Que Burgos tiene la misma potencialidad productiva que el sur de Texas. Sin embargo, en esta región, donde se ha perforado una vigésima parte de los pozos del sur de Texas, hemos obtenido en los últimos 60 años sólo un diez por ciento de lo producido en el lado estadounidense.

Que a pesar de que Petróleos Mexicanos ha intensificado recientemente su actividad en la zona, logrando elevar la producción de gas en más de 500 por ciento durante la última década, esto no ha sido suficiente.

Que se pretende duplicar la producción actual de Burgos hasta alcanzar dos mil millones de pies cúbicos diarios, para lo cual será necesario perforar 900 pozos anualmente durante seis años y construir la infraestructura asociada para la extracción, proceso, transporte y comercialización del gas.

Que la inversión total, a través de los contratos de servicios múltiples, ascenderá a más de ocho mil millones de dólares y considerando que todo el proyecto integral estima una inversión cercana a los 20 mil millones de dólares durante el aprovechamiento de la cuenca de Burgos.

Que es un reto para todos conciliar el aspecto productivo con la protección del entorno, vigilando se cumplan las más altas normas de seguridad industrial y protección ambiental, obligándonos a dedicar la mayor atención y empeño a los aspectos de orden ecológico.

Que a pesar de los avances, la producción nacional todavía no es suficiente para atender las crecientes necesidades de gas natural de nuestro país.

Que el progreso de la región de la cuenca de Burgos extienda más allá de nuestros estados la integración de las regiones productivas en crecimiento y el desarrollo sustentable.

Que ante la necesidad diaria y actual de conjuntar trabajos y esfuerzos entre todos los órganos y las instituciones del gobierno mexicano, sobre todo en la región donde diario laboran miles de mexicanos; donde son susceptibles de ser relegadas las empresas de origen mexicano por empresas extranjeras y donde el riesgo a cada minuto de una debacle ecológica es permanente.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante ésta Honorable Soberanía, elevamos solicitando se considere de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de la región cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al proyecto integral de la cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región denominada cuenca de Burgos; y detectar la problemática que dicha explotación haya generado en los municipios y estados en los que se encuentra localizada, así como su impacto ambiental, para manifestarlo oportunamente y poder realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Segundo. La Comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial de la región cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Diputados: Miguel Ángel González Salum, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Horacio E. Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano, Tomás Gloria Requena, Yerico Abramo Masso, Javier Guerrero García, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Rodrigo Medina de la Cruz, Juan Manuel Parás González, Juan Francisco Rivera Bedoya, Ramón Salas López.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González. Como ha sido solicitado, insértese íntegramente el texto de esta proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

GRIPE AVIAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que los titulares de la Secretaría de Salud, Semarnat y Sagarpa informen sobre las acciones que han emprendido hasta el momento para evitar la entrada a nuestro país del virus de la gripe aviar.

El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, destinado a prevenir la entrada del virus de la gripe aviar en México, con base a las siguientes consideraciones.

Primero. Hasta el 23 de febrero de 2006, el virus de la influencia aviar ha sido reportado en 34 países de Europa, Asia y África. De los 241 humanos infectados por el ``H5N1'', como se le conoce al virus, murieron 146 hasta junio del presente año.

En Francia, el mayor productor avícola de la Comunidad Europea, se confirmó recientemente el primer brote de esta enfermedad y en la India hasta la fecha se han registrado medio millón de pollos exterminados.

Segundo. La Organización Panamericana de la Salud ha declarado que la posibilidad de que el virus llegue a las Américas es latente, aunque reconoció que el riesgo de transmisión entre humanos es mínimo, a no ser que aparezca una nueva cepa del virus de fácil contagio entre las personas, por lo que su propagación mundial sería rápida y prácticamente inevitable. Sobre esta posibilidad, la Secretaría de Salubridad y Asistencia advierte que de no tomar las medidas precautorias necesarias la gripe aviar pudiera atacar el 35 por ciento de la población mexicana en tan solo seis meses.

Los reportes científicos indican que en caso de darse una pandemia mundial, el número de víctimas humanas podría fluctuar de dos hasta 100 millones de personas infectadas y el número de aves que tendrían que ser sacrificadas son incalculables. Hasta ahora, más de 140 millones de aves murieron o fueron exterminadas por la epidemia de gripe aviar en Asia, desde que irrumpió en este continente en el año 2003.

Tercero. El 24 de febrero de este año, nueve organizaciones ambientalistas con representación en México, entre ellas Greenpeace, IFAW y la WWF, en una carta dirigida al Presidente Fox externaron su preocupación por la posible entrada y dispersión de la gripe aviar en México, subrayando la urgencia de cerrar totalmente la importación de aves silvestres, dado que según el National Wildlife Health Center de Estados Unidos, más de 80 especies son portadoras del virus.

Cuarto. Los ambientalistas revelan que se está importando a México un promedio anual de 80 mil aves silvestres y que tan solo en el 2003 el tráfico alcanzó 165 mil aves provenientes de todo el mundo, por lo que entre las acciones preventivas que recomiendan son: prohibir la importación de todas las especies de aves silvestres; incrementar el esfuerzo de inspección de cargamentos de aves en puertos, aeropuertos, fronteras, carreteras, vías de tren y evitar la matanza de aves silvestres como método para controlar la gripe aviar; aislar también las aves silvestres nacionales o exóticas en cautiverio e informar y educar al público en general sobre los riesgos asociados con trabajar o mantener aves silvestres en sus domicilios.

Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha declarado su intención de cerrar la importación de aves silvestres de aquellos países donde se ha registrado el virus, sin precisar qué países ni en qué momento realizará esta acción. Sin embargo, como señalan los denunciantes, no existe un verdadero control sobre la importación de aves a México y lo propuesto por la Semarnat no cubre la posible llegada de aves portadoras del virus desde países donde aún no se ha detectado su presencia, pero por la triangulación en el tráfico ilegal global de aves a menudo no se sabe de dónde realmente vienen los ejemplares.

Por otro lado, consideramos necesario que esta soberanía conozca el desempeño de la Sagarpa frente a esta amenaza, ya que de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal es una de las instituciones responsables de establecer las medidas zoosanitarias para prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.

Asimismo, es necesario para este caso la coordinación con el SAT para que las aduanas en fronteras y puertos establezcan a la mayor brevedad posible, medidas estrictas para evitar la entrada de aves silvestres portadoras del virus.

Sexto. Aunado al peligro que representa la importación de aves silvestres, en México tenemos otro gran riesgo: las aves migratorias, de las cuales el destacado ornitólogo Manuel Grosselet, reporta que en nuestro territorio existen 75 especies de pájaros que tienen poblaciones compartidas entre América y Asia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero. Que la Secretaría de Salud, Semarnat y Sagarpa rindan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han emprendido hasta el momento para evitar la entrada a nuestro país del virus de la gripe ``aviar'', así como las partidas presupuestales destinadas a este fin, y

Segundo. Se urge a la Secretaría de Salud, Semarnat y Sagarpa a que coordinen esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales, principalmente fronterizos, con el fin de evitar la introducción de aves silvestres y se difundan las medidas preventivas para impedir la entrada de este virus en territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que los titulares de la Secretaría de Salud y de la Semarnat informen sobre las acciones que han emprendido para evitar la entrada en nuestro país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo destinado a prevenir la entrada del virus de la gripe aviar en México, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Hasta el 23 de febrero 2006, el virus de la influenza aviar ha sido reportado en 34 países de Europa y Asia, entre los que destacan Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Japón, Corea, India, Iraq e Irán entre otros. De los 170 humanos infectados por el H5N1 murieron 92. En Francia, el mayor productor avícola de Europa, se confirmó el primer brote de gripe aviar en la industria avícola de la Unión Europea. En la India van medio millón de pollos exterminados.

Segundo. La Organización Panamericana de la Salud informa que se justifica la preocupación de que el H5N1 llegue a las Américas, aunque precisó que es mínimo el riesgo de la enfermedad entre humanos, ``a no ser que aparezca una nueva cepa del virus fácilmente transmisible entre las personas''. En caso de que se dé esta mutación del virus, advierte que ``una vez que se establezca la transmisión de esta cepa en la población general de un país, la propagación mundial será prácticamente inevitable y rápida''.

En caso de darse una pandemia el número de víctimas humanas sería de 2 a 100 millones. Las aves que se sacrificarían son incalculables. Hasta ahora más de 140 millones de aves murieron o fueron sacrificadas por la epidemia de gripe aviar en Asia desde que irrumpió el H5N1 en este continente en 2003.

Tercero. Cada gobierno tiene que resolver cómo alertará al público de los peligros sin crear pánico, y cómo lo convencerá de la necesidad de tomar medidas precautorias para evitar en lo posible el surgimiento de una situación catastrófica.

El 24 de febrero, nueve organizaciones ambientalistas con representación en México, destacadas por su defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el bienestar humano, entre ellas: Greenpeace, IFAW y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) externaron en una carta dirigida al presidente Vicente Fox su preocupación por la posible entrada y dispersión de la gripe aviar en México, subrayando la urgencia de cerrar totalmente la importación de aves silvestres, dado que, según el National Wildlife Health Center de Estados Unidos, más de 80 especies son portadoras del virus H5N1.

Cuarto. Los ambientalistas revelan que se está importando a México un promedio anual de 80 mil aves silvestres, y que tan sólo en 2003 se importaron 165 mil de todo el mundo. Las organizaciones apuntan que el tráfico de aves silvestres hacia México, además de proceder de países europeos, asiáticos y americanos, comprende decenas de miles de aves provenientes de países africanos tales como Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Malí, Liberia, Congo, Uganda y Sudáfrica, país donde se ha recomendado a la población alejarse de los mercados donde se vendan aves silvestres de países cercanos a Nigeria.

Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha declarado su intención de cerrar la importación de aves silvestres de aquellos países donde se ha registrado el virus, sin precisar cuáles son ni en qué momento tomará esta acción. Sin embargo, como señalan los firmantes, no existe un verdadero control sobre la importación de aves a México, y lo propuesto por la Semarnat no cubre la posible llegada de aves portadoras del virus desde países donde aún no se ha detectado su presencia. Además, por la triangulación en el tráfico ilegal global de aves, a menudo no se sabe de dónde realmente vienen los ejemplares.

Sexto.Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Comari-no, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Grupo Ecologista del Mayab, Grupo de los Cien Internacional, Marea Azul y el IFAW, Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat proponen que se tomen de manera urgente las siguientes medidas: ``prohibir la importación de todas las especies de aves silvestres; incrementar el esfuerzo de inspección de cargamentos de aves legales e ilegales en puertos, aeropuertos, fronteras, carreteras, vías de tren, etcétera; evitar la matanza de aves silvestres como método para controlar la gripe aviar; aislar a las aves silvestres nacionales o exóticas en cautiverio; e informar y educar al público en general sobre los riesgos asociados con trabajar o mantener aves silvestres''.

Advierte Defenders of Wildlife, que ``México está jugando a la ruleta rusa con la gripe aviar, ya que cualquier día puede entrar un cargamento de aves infectadas dentro de las decenas de miles de aves silvestres que son importadas para el mercado de mascotas''.

También vale la pena recordar que, como señala el ornitólogo Manuel Grosselet, hay 75 especies de pájaros migratorios que tienen poblaciones compartidas entre América y Asia, principalmente aves playeras y patos, como el ganso de collar --lo que no significa de ninguna manera que haya que matarlos.

Finalmente compañeros legisladores vale la pena preguntarnos ¿Qué es más urgente, prevenir la entrada de la gripe aviar en México, protegiendo así a la salud pública, a la industria avícola, y a las más de mil especies de aves que han sido registradas en el país, o seguir permitiendo el tráfico legal e ilegal de aves silvestres para abastecer el mercado de mascotas?

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Que las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales rindan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han emprendido hasta el momento para evitar la entrada en nuestro país del virus de la gripe aviar.

Segundo. Se urge a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que coordinen esfuerzos con el fin de cerrar la introducción de aves silvestres y evitar así que la gripe aviar entre en territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre de 2006.--- Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Víctor Manuel Torres. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería, en tanto se integran las Comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a todos ustedes su atención, por favor. Se ha recibido un oficio de la Junta de Coordinación Política al que me voy a permitir dar lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones Ordinarias de la LX Legislatura, mismo que se encuentra agendado en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el día de hoy.

A este respecto es de mencionar que la integración de las comisiones se presentará a consideración del Pleno mediante dos proyectos de acuerdo: el primero que contiene la integración de 39 comisiones ordinarias y el segundo que incluye las restantes comisiones, a saber, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y Economía.

En este mismo sentido me permito comunicarle que de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo relativo al Orden del Día de las sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, esta Junta de Coordinación Política acordó solicitar que el debate sobre el segundo acuerdo se sujete a las siguientes reglas:

Posicionamiento por parte de los grupos parlamentarios que lo soliciten, en orden creciente hasta por 7 minutos.

Intervención, en su caso, de 2 oradores en pro y 2 en contra hasta por 5 minutos cada uno.

Inmediatamente consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso de no considerarse así, se repetirá el procedimiento enunciado en el punto anterior y lo correspondiente al presente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política.»

Solicito a la Secretaría dé lectura al primer dictamen en tanto se distribuye entre los diputados el dictamen impreso que se está procesando y que en unos minutos más lo tendrán ustedes en su poder.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de 39 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33; 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales;

Segunda. Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la referida ley, la Cámara de Diputados cuenta con 39 comisiones ordinarias y con cuatro comisiones ordinarias con tareas específicas, que se mantienen de legislatura en legislatura;

Tercera. Que las comisiones ordinarias deberán constituirse durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros, salvo la Jurisdiccional y la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que tendrán entre 12 y 16 diputados la primera y 20 diputados la segunda, según lo establecen los artículos 43, numeral 1, y 40, numerales 2 y 5, de la Ley Orgánica;

Cuarta. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política, prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica, proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas;

Quinta. Que para la integración de las comisiones la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, y al hacer dichas propuestas postulará también a los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, de conformidad con el artículo 43, numerales 2 y 3, del citado ordenamiento, y

Sexta. Que la Cámara de Diputados de la LX Legislatura está integrada por ocho grupos parlamentarios, compuestos a su vez de la siguiente forma: Partido Acción Nacional, 206 diputados; Partido de la Revolución Democrática, 127 diputados; Partido Revolucionario Institucional, 106 diputados; Partido Verde Ecologista de México, 17 diputados; Convergencia, 17 diputados; Partido del Trabajo, 13 diputados; Nueva Alianza, 9 diputados; y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 5 diputados.

Séptima. Que la Junta de Coordinación Política consideró conveniente presentar al Pleno dos acuerdos para la integración de comisiones ordinarias. El primero de ellos contiene la conformación de 39 comisiones, y el segundo aborda de manera particular, en razón de la naturaleza de sus funciones, la integración de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 39, 40 y 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de 39 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas.

Artículo Primero. Se constituyen e integran las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura de la siguiente manera:

I. Comisión de Agricultura y Ganadería

PAN

1. ARMENDARIZ GARCIA, PEDRO Secretario

2. FELIX HOLGUIN, ARMANDO JESUS Secretario

3. LAVIADA HERNANDEZ, IÑIGO ANTONIO Secretario

4. OVIEDO OVIEDO, ERNESTO Secretario

5. BERMUDEZ VIRAMONTES, ANDRES

6. CASTRO DE LA ROSA, OSIEL

7. DOMINGUEZ SERVIEN, FRANCISCO

8. ESCAROZ SOLER, GERARDO ANTONIO

9. LARA COMPEAN, DAVID

10. MORALES RAMOS, JOSE NICOLAS

11. PLASCENCIA ALONSO, FRANCISCO JAVIER

12. SANCHEZ TRUJILLO, JOSE VICTOR

PRD

13. MENDOZA MENDOZA, IRINEO

14. NARCIA ÁLVAREZ, HÉCTOR Secretario

15. PULIDO SANTIAGO, CELSO DAVID

16. CAMPOS ABURTO, AMADOR

17. MENDOZA MALDONADO, FAUSTO FLUVIO

18. MONREAL ÁVILA, SUSANA

19. SAAVEDRA CORONEL, JOSÉ ANTONIO

20. ZAZUETA AGUILAR, JESÚS HUMBERTO

PRI

21. PADILLA GUTIÉRREZ, HÉCTOR Presidente

22. PÉREZ VALDÉS, DANIEL Secretario

23. VILLA VILLA, ISAEL Secretario

24. LESCIEUR TALAVERA, JORGE MARIO

25. AGUILAR ACUÑA, DIEGO

26. ESCAJEDA JIMÉNEZ, JOSÉ RUBÉN

27. ROJAS GUTIÉRREZ, CARLOS

PVEM

28. CASTELLANOS CORTÉS, SARA ISABEL

CONVERGENCIA

29. SAMPERIO MONTAÑO, JUAN IGNACIO

PT

30. HERRERA SOLÍS, ANUARIO LUIS

II. Comisión de Asuntos Indígenas

PAN

1. DIAZ GORDILLO, MARTHA CECILIA Secretaria

2. GOMEZ LEYVA, SILVIO Secretario

3. RIVERA RIVERA, JOSE GUADALUPE Secretario

4. DIAZ GARIBAY, FELIPE

5. DIAZ MENA, JOAQUIN JESUS

6. FRAILE GARCIA, FRANCISCO ANTONIO

7. GONZALEZ SANCHEZ, MA. DOLORES

8. LANDEROS GONZALEZ, RAMON

9. MACIAS ZAMBRANO, GUSTAVO

10. SALUM DEL PALACIO, JORGE ALEJANDRO

11. VALENZUELA GARCIA, MARIA GLORIA

12. VAZQUEZ MARTINEZ, ALBERTO

PRD

13. MATÍAS ALONSO, MARCOS Presidente

14. ALONSO RAZO, HUMBERTO W. Secretario

15. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOS ROBERTO

16. AGUIRRE ALCAIDE, VÍCTOR

17. CHÁVEZ GARCÍA, HIGINIO

18. CONDADO ESCAMILLA, CUITLÁHUAC

19. FRANCO MELGAREJO, RAFAEL

20. ALONSO FLORES, LOURDES

PRI

21. HERRERA COYAC, WENCESLAO Secretario

22. GÓMEZ LUGO, ELDA

23. LAGUNES GALLINA, GERARDO

24. ORDAZ JIMÉNEZ, ISMAEL

25. DÍAZ SOLÓRZANO, ELMAR DARINEL

26. MENDÍVIL AMPARAN, GUSTAVO ILDEFONSO

27. GEBHARDT GARDUZA, YARY

PVEM 28. GARCÍA NORIEGA, MARÍA GUADALUPE JOSEFINA

CONVERGENCIA

29. VARELA LAGUNAS, JOSÉ LUIS

PT

30. HERRERA SOLÍS, ANUARIO LUIS

III. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

PAN

1. MORELOS BORJA, MARIA ESPERANZA Presidenta

2. CUEN GARIBI, MARCELA Secretaria

3. ROJAS HERNANDEZ, LAURA ANGELICA Secretaria

4. BRACHO GONZALEZ, CARLOS AUGUSTO

5. DEGANTE ROMERO, SILVIA EMILIA

6. GUTIERREZ LAGUNES, MARIA VICTORIA

7. JIMENEZ RAMOS, MARIA ESTHER

8. LOPEZ SILVA, RUBI LAURA

9. MEDINA MACIAS, ALMA HILDA

10. QUINTERO BELLO, JORGE

11. RINCON VARGAS, MIRNA CECILIA

12. RODRIGUEZ VIZCARRA VELAZQUEZ, ADRIANA

PRD

13. ARAGÓN CASTILLO, IRENE

14. SÁNCHEZ CAMACHO, DAVID Secretario

15. ZEPEDA HERNÁNDEZ, MARTÍN

16. VALLEJO ESTÉVEZ, MARIO

17. VILLICAÑA GARCÍA, RAFAEL

18. ALONSO RAZO, HUMBERTO W.

19. ALVA OLVERA, MARIBEL LUISA

20. SAAVEDRA CORONEL, JOSÉ ANTONIO

PRI

21. ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI, EDUARDO Secretario

22. PINETE VARGAS, MARÍA DEL CARMEN

23. LAGUNES GALLINA, GERARDO

24. CORDERO ALFONSO, ARNULFO ELÍAS

25. HERRERA ALE, JUANA LETICIA

26. MOCTEZUMA PEREDA, FERNANDO QUETZALCÓATL

27. CABALLERO CAMARGO, GUSTAVO FERNANDO

CONVERGENCIA

28. TAGLE MARTÍNEZ, MARTHA ANGÉLICA

29.

30.

IV. Comisión de Ciencia y Tecnología

PAN

1. FLORES MORFIN, JESUS VICENTE Secretario

2. VEGA CORONA, ANTONIO Secretario

3. ARREDONDO IBARRA, SALVADOR

4. DOMINGUEZ SERVIEN, FRANCISCO

5. GARCIA REYES, BEATRIZ EUGENIA

6. LIZAOLA DE LA TORRE, ALONSO MANUEL

7. MONTES SANCHEZ, FABIAN FERNANDO

8. PEYROT SOLIS, MARCO ANTONIO

9. RAMIREZ BARBA, ECTOR JAIME

10. RAMOS COVARRUBIAS, HECTOR MANUEL

11. VERDIN SALDAÑA, JAIME

12. ZAMBRANO ELIZONDO, JAVIER MARTIN

PRD

13. GONZÁLEZ GARZA, JAVIER

14. TORRES GARCÍA, DANIEL

15. MARTÍNEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO

16. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO

17. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SERGIO Secretario

18. DEHESA MORA, DANIEL

19. GUTIÉRREZ CALZADILLA, JOSÉ LUIS

20. MARCOS MATIAS, ALONSO

PRI

21. PEÑUELAS ACUÑA, MAYRA GISELA Secretaria

22. SOSA CASTELÁN, GERARDO

23. RAMÍREZ MARTÍNEZ, JOSÉ EDMUNDO

24. BARAJAS DEL TORO, SALVADOR

25. HERRERA COYAC, WENCESLAO

26. AMADOR GAXIOLA, DANIEL

PVEM 27. CHOZAS Y CHOZAS, OLGA PATRICIA

CONVERGENCIA

28. AGUILERA RICO, JOSÉ LUIS

PT

29. ARREOLA ORTEGA, PABLO LEOPOLDO

NUEVA ALIANZA

30. LUNA RODRÍGUEZ, SILVIA Presidenta

V. Comisión de Comunicaciones

PAN

1. DAVILA FERNANDEZ, ADRIANA Secretaria

2. OCHOA LOPEZ, NABOR Secretario

3. FUENTES ORTIZ, JOSE GUILLERMO

4. GUDIÑO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER

5. HERNANDEZ NUÑEZ, ELIA

6. LIZAOLA DE LA TORRE, ALONSO MANUEL

7. MALAGON RIOS, MARTIN

8. MENDEZ MENESES, APOLONIO

9. PAREDES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

10. ROMAN ISIDORO, DEMETRIO

11. VASCONCELOS RUEDA, ANTONIO

12. VEGA CORONA, ANTONIO

PRD

13. AMARO CORONA, ALBERTO

14. ARREOLA CALDERÓN, JUAN DARÍO

15. RASGADO CORSI, GLORIA Secretaria

16. GÁLVEZ RODRÍGUEZ, FERNEL ARTURO

17. MARTÍNEZ PADILLA, HUGO EDUARDO

18. SÁNCHEZ BARRIOS, CARLOS

19. CALZADA VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER

20. MÁRQUEZ TINOCO, FRANCISCO

PRI

21. CÁRDENAS MONROY, OSCAR GUSTAVO Presidente

22. GONZÁLEZ ZARUR, MARIANO

23. BENÍTEZ OJEDA, LUIS ENRIQUE

24. ABRAMO MASSO, YERICÓ

25. DUARTE JÁQUEZ, CÉSAR HORACIO Secretario

26. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, EDUARDO

27. GONZÁLEZ SALUM, MIGUEL ÁNGEL

PVEM

28. PUENTE SALAS, CARLOS ALBERTO Secretario

NUEVA ALIANZA

29. PIÑEYRO ARIAS, IRMA Secretaria

30.

VI. Comisión de Cultura

PAN

1. LEMUS MUÑOZ LEDO, RAMON IGNACIO Secretario

2. NORIEGA BLANCO, MA. NIEVES Secretaria

3. CORRAL AGUILAR, MARIA MERCEDES

4. CUEN GARIBI, MARCELA

5. GARMENDIA HERNANDEZ, YOLANDA MERCEDES

6. GONZÁLEZ MARTINEZ, MARIA GABRIELA

7. LANDERO GUTIERREZ, ALEJANDRO

8. LANDEROS GONZALEZ, RAMON

9. MORELOS BORJA, MARIA ESPERANZA

10. MURILLO TORRES, JOSE LUIS

11. VERDIN SALDAÑA, JAIME

12. VILLANUEVA ARJONA, JUAN MANUEL

PRD

13. ULLOA PÉREZ, EMILIO Presidente

14. LANDERO LÓPEZ, PEDRO

15. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO

16. SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, JOSÉ ALFONSO Secretario

17. VARELA LÓPEZ, VÍCTOR GABRIEL

18. AGUIRRE ALCAIDE, VÍCTOR

19. CERVANTES RODRÍGUEZ, AURORA

20. OJEDA HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN

PRI

21. PAGÉS LLERGO REBOLLAR, MARÍA BEATRIZ Secretaria

22. RUIZ CHÁVEZ, SARA LATIFE

23. PEÑUELAS ACUÑA, MAYRA GISELA

24. ORTIZ DEL CARPIO, VÍCTOR

25. OLIVARES VENTURA, HÉCTOR HUGO

26. CANAVATI TAFICH, JESÚS RICARDO

PVEM

27. CASTELLANOS CORTÉS, SARA ISABEL

CONVERGENCIA

28. SALVATORI BRONCA, MARÍA DEL CARMEN

NUEVA ALIANZA

29. LUNA BECERRIL, BLANCA Secretaria

30.

VII. Comisión de Defensa Nacional

PAN

1. GONZALEZ BETANCOURT, JORGE JUSTINIANO Presidente

2. ARREDONDO VELAZQUEZ, JESUS Secretario

3. OROZCO RUIZ VELAZCO, MARCO HERIBERTO Secretario

4. ARANDA OROZCO, GERARDO

5. CARRASCO ALTAMIRANO, DIODORO

6. CASTRO MUÑOZ, JUAN DE DIOS

7. FUENTES ORTIZ, JOSE GUILLERMO

8. HURTADO PEREZ, NELLY ASUNCION

9. LAGUNES VIVEROS, VIOLETA DEL PILAR

10. LANDERO GUTIERREZ, ALEJANDRO

11. LARIOS CORDOVA, HECTOR

12. PEYROT SOLIS MARCO ANTONIO

PRD

13. FLORES MALDONADO, CÉSAR

14. GONZÁLEZ GARZA, JAVIER

15. LUNA MUNGUÍA, ALMA LILIA Secretaria

16. SANDOVAL RAMÍREZ, CUAUHTÉMOC

17. PULIDO SANTIAGO, CELSO DAVID

18. RÍOS GAMBOA, RAÚL

19. SÁNCHEZ CAMACHO, DAVID

20. SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, JOSÉ ALFONSO

PRI

21. BADILLO MARTÍNEZ, ROBERTO Secretario

22. GONZÁLEZ CALDERÓN, MARTHA HILDA

23. ROJAS GUTIÉRREZ, CARLOS

24. MONTALVO GÓMEZ, PEDRO

25. BENÍTEZ OJEDA, LUIS ENRIQUE

26. BELTRÁN MONTES, ISRAEL

27. CARBALLO BUSTAMANTE, ANDRÉS

PVEM

28. GUERRERO RUBIO, PILAR

CONVERGENCIA

29. VALDÉS CHÁVEZ, RAMÓN

30.

VIII. Comisión de Desarrollo Metropolitano

PAN

1. AVILA MAYO, OBDULIO Presidente

2. SANCHEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO Secretario

3. VILLANUEVA ARJONA, JUAN MANUEL Secretario

4. BOLAÑOS AGUILAR, JAVIER

5. GOMEZ LEYVA, SILVIO

6. LUJANO NICOLAS, CHRISTIAN MARTIN

7. MENDOZA MORALES, LUCIA SUSANA

8. OLVERA HIGUERA, EDGAR ARMANDO

9. PARRA NORIEGA, LUIS GUSTAVO

10. PLASCENCIA ALONSO, FRANCISCO JAVIER

11. SANCHEZ GIL, CARLOS RENE

12. VALLADOLID RODRIGUEZ, ANTONIO

PRD

13. CHÁVEZ GARCÍA, HIGINIO

14. DE LA ROSA GARCÍA, JUAN HUGO

15. SAN MARTÍN HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL

16. ESPEJEL LAZCANO, JAIME

17. MARTÍNEZ VARGAS, OCTAVIO

18. PÉREZ CRUZ, RACIEL

19. ARREOLA CALDERÓN, JUAN DARÍO Secretario

20. OLIVA FRAGOSO, SILVIA

PRI

21. GONZÁLEZ CALDERÓN, MARTHA HILDA Secretaria

22. ORTIZ PROAL, MAURICIO

23. CÁRDENAS MONROY, OSCAR GUSTAVO

24. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, LORENA

25. OLIVARES MONTERRUBIO, ALEJANDRO

26. CANAVATI TAFICH, JESÚS RICARDO

CONVERGENCIA

27. GODOY CÁRDENAS, JORGE

NUEVA ALIANZA

28. JIMÉNEZ GODÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL

29.

30.

IX. Comisión de Desarrollo Rural

PAN1. AMEZOLA FONCECA, GERARDO Secretario

2. SANCHEZ TRUJILLO, JOSE VICTOR Secretario

3. VERASTEGUI OSTOS, CESAR AUGUSTO Secretario

4. CASTRO DE LA ROSA, OSIEL

5. DOMINGUEZ SERVIEN, FRANCISCO

6. ESCAROZ SOLER, GERARDO ANTONIO

7. MACIAS ZAMBRANO, GUSTAVO

8. MEDELLIN VARELA, ANTONIO

9. MURILLO FLORES, FRANCISCO JAVIER

10. RUEDA GOMEZ, FRANCISCO

11. VALENZUELA GARCIA, MARIA GLORIA GUADALUPE

12. VICTORIA ALVA, JUAN

PRD

13. NAVARRO LÓPEZ, CARLOS ERNESTO Presidente

14. BRITO GONZÁLEZ, MODESTO Secretario

15. DÍAZ CONTRERAS, ADRIANA

16. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO

17. MENDOZA MENDOZA, IRINEO Secretario

18. PEDRAZA CHÁVEZ, ISIDRO

19. RAMOS CASTELLANOS, MARTÍN

20. SÁNCHEZ RAMOS, FRANCISCO

PRI

21. ORTIZ DEL CARPIO, VÍCTOR Secretario

22. BELTRÁN MONTES, ISRAEL Secretario

23. BARAJAS LÓPEZ, RAMÓN

24. CORDERO ALFONSO, ARNULFO ELÍAS

25. GUERRERO JUÁREZ, JOEL

26. MENDÍVIL AMPARÁN, GUSTAVO ILDEFONSO

27. GÓMEZ LUGO, ELDA

PVEM

28. GARCÍA NORIEGA, MARÍA GUADALUPE JOSEFINA

CONVERGENCIA

29. ABAD DE JESÚS, JUAN

PT

30. PEDRO CORTÉS, SANTIAGO GUSTAVO

X. Comisión de Desarrollo Social

PAN

1. LOPEZ SILVA, RUBI LAURA Secretaria

2. PRIEGO TAPIA, GERARDO Secretario

3. CARBAJAL MENDEZ, LILIANA

4. COLLADO LARA, BEATRIZ

5. CONTRERAS COETO, JOSE LUIS

6. GARCIA VIVIAN, RAUL

7. GOMEZ LEYVA, SILVIO

8. GONZÁLEZ MORAN, OSCAR

9. JIMENEZ RAMOS, MARIA ESTHER

10. OCHOA LOPEZ, NABOR

11. OROZCO RUIZ VELAZCO, MARCO HERIBERTO

12. SANCHEZ DIAZ DE RIVERA, ANTONIO

PRD

13. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SERGIO

14. LEYVA PIÑON, ANA YURIXI Secretaria

15. MATÍAS ALONSO, MARCOS

16. PEÑA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL Secretario

17. SANCHEZ BARRIOS, CARLOS

18. SÁNCHEZ CABRALES, RAFAEL ELÍAS

19. SÁNCHEZ CAMACHO, ALEJANDRO

20. VARELA LÓPEZ, VÍCTOR GABRIEL Secretario

PRI

21. OLIVARES VENTURA, HÉCTOR HUGO Presidente

22. MENDOZA CORTÉS, MARIO Secretario

23. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, NEMESIO

24. SANDOVAL PAREDES, SERGIO

25. TOLEDO LUIS, JORGE

26. RUIZ CHÁVEZ, SARA LATIFE

27. ORDAZ JIMÉNEZ, ISMAEL

PVEM

28. VELASCO RODRÍGUEZ, VERÓNICA

PT

29. ARREOLA ORTEGA, PABLO LEOPOLDO Secretario

NUEVA ALIANZA

30. DÁVILA ESQUIVEL, HUMBERTO

XI. Comisión de Distrito Federal

PAN

1. GONZÁLEZ MARTINEZ, MARIA GABRIELA Secretaria

2. LUJANO NICOLAS, CHRISTIAN MARTIN Secretario

3. AVILA MAYO, OBDULIO

4. CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA

5. FERNANDEZ CABRERA, ADRIAN

6. MADRAZO LIMON, CARLOS

7. MINJARES JIMENEZ, JOSE MANUEL

8. NORIEGA BLANCO, MA. NIEVES

9. OLVERA HIGUERA, EDGAR ARMANDO

10. RODRIGUEZ AHUMADA, LUIS FERNANDO

11. ROJAS HERNANDEZ, LAURA ANGELICA

12. SANCHEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO

PRD

13. VILLANUEVA ALBARRÁN, GERARDO Presidente

14. BARREIRO PÉREZ, ARMANDO

15. MORALES SÁNCHEZ, EFRAÍN

16. SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA , JOSÉ ALFONSO

17. CRUZ SANTIAGO, CLAUDIA LILIA

18. BATRES GUADARRAMA, VALENTINA VALIA

19. FLORES SALAZAR, GUADALUPE SOCORRO

20. MONTALVO ROJAS, VICTORIO RUBÉN Secretario

PRI

21. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, EDUARDO Secretario

22. PAGÉS LLERGO REBOLLAR, MARÍA BEATRIZ

23. CÁRDENAS MONROY, OSCAR GUSTAVO

24. QUIÑONES CANALES, LOURDES EULALIA

25. CERVANTES ANDRADE, RAÚL

26. CANAVATI TAFICH, JESÚS RICARDO

27. MOCTEZUMA PEREDA, FERNANDO QUETZALCÓATL

CONVERGENCIA

28. ESTEVA SALINAS, ALBERTO

NUEVA ALIANZA

29. ARRIOLA GORDILLO, MÓNICA

ALTERNATIVA

30. ARVIZÚ RIVAS, AÍDA MARINA

XII. Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

PAN

1. ACOSTA DAVILA, CONSTANTINO Secretario

2. CURIEL PRECIADO, LEOBARDO Secretario

3. MEDINA RODRIGUEZ, DELBER Secretario

4. RODRIGUEZ URESTI, ENRIQUE Secretario

5. CASTRO MUÑOZ, JUAN DE DIOS

6. FLORES MORFIN, JESUS VICENTE

7. GONZÁLEZ MARTINEZ, MARIA GABRIELA

8. GONZALEZ ROARO, BENJAMIN ERNESTO

9. LEMUS MUÑOZ LEDO, RAMON IGNACIO

10. MURILLO FLORES, FRANCISCO JAVIER

11. RUBIO CHAVEZ, JOSE IGNACIO ALBERTO

12. SOLANO MUÑOZ, JOSE DE JESUS

PRD

13. BRAVO PADILLA, ITZCÓATL TONATIUH Presidente

14. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SERGIO

15. LIZÁRRAGA PERAZA, VÍCTOR MANUEL

16. PEDROZO CASTILLO, ADRIAN Secretario

17. OJEDA HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN

18. SOLARES CHÁVEZ, MIGUEL ÁNGEL

19. CÁRDENAS HERNÁNDEZ, RAYMUNDO

20. ROMERO GUTIERREZ, ODILON

21. SANDOVAL PAREDES, SERGIO Secretario

PRI

22. MOTA HERNÁNDEZ, ADOLFO

23. SOSA CASTELÁN, GERARDO

24. AISPURO TORRES, JOSÉ ROSAS

25. AMADOR GAXIOLA, DANIEL

26. PINETE VARGAS, MARÍA DEL CARMEN

PVEM

27. ESTRADA GONZÁLEZ, FAUSTINO JAVIER

CONVERGENCIA

28. VARELA LAGUNAS, JOSÉ LUIS

PT

29. PEREGRINO GARCÍA, ABUNDIO Secretario

NUEVA ALIANZA

30. CASTILLO NÁJERA, ARIEL Secretario

XIII. Comisión de Energía

PAN

1. MALDONADO GONZALEZ, DAVID Presidente

2. GUERRA SANCHEZ, MA. DE JESUS Secretaria

3. LIZAOLA DE LA TORRE, ALONSO MANUEL Secretario

4. ARREDONDO IBARRA, SALVADOR

5. BARRIOS RODRIGUEZ, JUAN ENRIQUE

6. MANUELL-GOMEZ ANGULO, DOLORES DE MARIA

7. MEJIA GARCIA, LUIS ALONSO

8. MOHAMAR DAINITIN, OSCAR MIGUEL

9. PADILLA OROZCO, RAÚL ALEJANDRO

10. RIVERO RIVERO, ROLANDO

11. RODRIGUEZ PRATS, JUAN JOSE

12. TAMAYO HERRERA, YADIRA IVETTE

PRD

13. ALMAZÁN GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO

14. DAGDUG LUTZOW, MOISÉS FÉLIX

15. MENDOZA ARELLANO, DAVID

16. PACHECO LLANES, RAMÓN FÉLIX Secretario

17. SÁNCHEZ CABRALES, RAFAEL ELÍAS

18. SOTO SÁNCHEZ, ANTONIO

19. FERNÁNDEZ BALBOA, MÓNICA

20. LANDERO LÓPEZ, PEDRO

PRI

21. ORIHUELA BÁRCENAS, JOSÉ ASCENSIÓN Secretario

22. ALDANA PRIETO, LUIS RICARDO Secretario

23. DUARTE JÁQUEZ, CÉSAR HORACIO

24. BERNAL GUTIÉRREZ, ANDRÉS MARCO ANTONIO

25. MARTÍNEZ ROCHA, ARTURO

26. GONZÁLEZ ZARUR, MARIANO

27. AMADOR LEAL, NARCISO ALBERTO

PVEM

28. ARÉVALO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO Secretario

CONVERGENCIA

29. USCANGA CRUZ, ROBINSON Secretario

PT

30. VELA GONZÁLEZ, JOAQUÍN HUMBERTO

XIV. Comisión de Equidad y Género

PAN

1. LIMAS FRESCAS, MARIA SOLEDAD Secretaria

2. RINCON VARGAS, MIRNA CECILIA Secretaria

3. ALCARAZ HERNANDEZ, ALMA EDWVIGES

4. CORRAL AGUILAR, MARIA MERCEDES

5. GARCIA MULLER, MARTHA M. PAN

6. GARCIA REYES, BEATRIZ EUGENIA

7. GUERRA SANCHEZ, MA. DE JESUS

8. HURTADO PEREZ, NELLY ASUNCION

9. MORELOS BORJA, MARIA ESPERANZA

10. MORGAN FRANCO, ROCIO DEL CARMEN

11. PRIEGO TAPIA, GERARDO

12. ROJAS HERNANDEZ, LAURA ANGELICA

PRD

13. CONTRERAS JULIÁN, MARICELA Presidenta

14. ARAGÓN CASTILLO, IRENE

15. CERVANTES RODRÍGUEZ, AURORA

16. CRUZ SANTIAGO, CLAUDIA LILIA

17. FLORES SALAZAR, GUADALUPE SOCORRO Secretaria

18. MATUS TOLEDO, HOLLY

19. SÁNCHEZ CAMACHO, DAVID

20. ALVA OLVERA, MARIBEL LUISA

PRI

21. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, BERTHA YOLANDA Secretaria

22. ESCALANTE JASSO, ARACELI DEL CARMEN

23. PEÑUELAS ACUÑA RAMÍREZ, MAYRA GISELA

24. VEGA ORTIZ, MARÍA ORALIA

25. HERRERA ALE, JUANA LETICIA

26. GÓMEZ LUGO, ELDA

27. PAGÉS LLERGO REBOLLAR, MARÍA BEATRIZ

PVEM

28. GUERRERO RUBIO, PILAR Secretaria

CONVERGENCIA

29. TAGLE MARTÍNEZ, MARTHA ANGÉLICA Secretaria

NUEVA ALIANZA

30. LUNA BECERRIL, BLANCA

XV. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

PAN

1. SANCHEZ DIAZ DE RIVERA, ANTONIO Presidente

2. ESCOBAR JARDINEZ, ADOLFO Secretario

3. MANUELL-GOMEZ, ANGULO DOLORES DE MARIA Secretaria

4. ARANDA OROZCO, GERARDO

5. DEL VALLE TOCA, ANTONIO

6. FELIX HOLGUIN, ARMANDO JESUS

7. JIMENEZ DEL CASTILLO, MA. DE LOS ANGELES

8. MAAWAD ROBERT, LUIS XAVIER

9. MAGALLON ARCEO, LEONARDO MELESIO DE JESUS

10. OVIEDO OVIEDO, ERNESTO

11. SANCHEZ GIL, CARLOS RENE

12. SANCHEZ JUAREZ, CLAUDIA

PRD

13. CUEVAS CÓRDOVA, OTHÓN Secretario

14. GARCÍA RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO

15. PÉREZ CRUZ, RACIEL Secretario

16. FLORES MALDONADO, CÉSAR

17. LEMARROY MARTÍNEZ, JUAN DARÍO

18. RAMOS BECERRIL, RAFAEL PLÁCIDO

19. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, VENANCIO LUIS

20. DÍAZ CONTRERAS, ADRIANA

PRI

21. GUERRERO JUÁREZ, JOEL Secretario

22. SERRANO ESCOBAR, ENRIQUE

23. GONZÁLEZ GARCÍA, SERGIO

24. HERRERA COYAC, WENCESLAO

25. SANDOVAL PAREDES, SERGIO

26. MÉNDEZ LANZ, VÍCTOR MANUEL

27. MOCTEZUMA PEREDA, FERNANDO QUETZALCÓATL

CONVERGENCIA

28. CASTILLO ROMERO, PATRICIA OBDULIA DE JESÚS

PT

29. ROMERO GUZMÁN, ROSA ELIA

30.

XVI. Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

PAN

1. ENRIQUEZ FLORES, ARMANDO Presidente

2. MACIAS ZAMBRANO, GUSTAVO Secretario

3. MADRAZO LIMON, CARLOS Secretario

4. RAMIREZ VILLARREAL, GUSTAVO Secretario

5. CONTRERAS COETO, JOSE LUIS

6. HURTADO PEREZ, NELLY ASUNCION

7. LANDEROS GONZALEZ, RAMON

8. LEZAMA ARADILLAS, RENE

9. LIMAS FRESCAS, MARIA SOLEDAD

10. MORGAN FRANCO, ROCIO DEL CARMEN

11. TORRES TORRES, CARLOS ALBERTO

12. VELAZQUEZ GUTIERREZ, JOSE GUILLERMO

PRD

13. ALVAREZ RAMON, SILBESTRE

14. BAUTISTA BRAVO, ALLIET MARIANA

15. FERNANDEZ BAOLBOA, MÓNICA

16. LOPEZ BECERRA, SANTIAGO

17. MARQUEZ TINOCO, FRANCISCO Secretario

18. MENDOZA FLORES, ROBERTO

19. SÁNCHEZ JIMENEZ, VENANCIO LUIS

20. ARREOLA CALDERON, JUAN DARIO

PRI

21. AISPURO TORRES, JOSÉ ROSAS Secretario

22. IZQUIERDO BUSTAMANTE, ALFONSO ROLANDO

23. OLIVARES MONTERRUBIO, ALEJANDRO

24. REYNA GARCÍA, JOSÉ JESÚS

25. VALENCIA DE LOS SANTOS, VÍCTOR LEOPOLDO

26. CARBALLO BUSTAMANTE, ANDRÉS

27. ESPINOSA ABUXAPQUI, EDUARDO ELÍAS

PVEM

28. LARREGUI NAGEL, ERIKA

CONVERGENCIA

29. TAGLE MARTÍNEZ, MARTHA ANGÉLICA

PT

30. AGUILAR JIMÉNEZ, RUBÉN

XVII. Comisión de Función Pública

PAN

1. ALCALDE VIRGEN, MOISES Secretario

2. VELAZQUEZ GUTIERREZ, JOSE GUILLERMO Secretario

3. ALCARAZ HERNANDEZ, ALMA EDWVIGES

4. ARREDONDO VELAZQUEZ, JESUS

5. CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA

6. CARBAJAL MENDEZ, LILIANA

7. DE LA TORRE SANCHEZ, JOSE

8. FLORES GRANDE, ARTURO

9. GONZALEZ ROARO, BENJAMIN ERNESTO Presidente

10. LEZAMA ARADILLAS, RENE

11. MENDEZ MENESES, APOLONIO

12. SALAS CONTRERAS, MARCOS

PRD

13. DÍAZ CONTRERAS, ADRIANA

14. VELÁZQUEZ AGUIRRE, JESUS EVODIO Secretario

15. DE LOS SANTOS MOLINA, JOAQUÍN CONRADO

16. DEL TORO MARIO, ENRIQUE

17. RAMOS BECERRIL, RAFAEL PLACIDO

18. MORALES VÁZQUEZ, CARLOS ORSOE

19. TORRES BALTAZAR, MARIA ELENA

20. TORRES GARCÍA, DANIEL

PRI

21. CÁRDENAS DEL AVELLANO, ENRIQUE Secretario

22. ALCÁNTARA NÚÑEZ, JESÚS SERGIO

23. PADILLA GUTIÉRREZ, HÉCTOR

24. MENDOZA CORTÉS, MARIO

25. CARBALLO BUSTAMANTE, ANDRÉS

26. GUERRERO GARCÍA, JAVIER

27. BIEBRICH TORRES, CARLOS ARMANDO

PVEM

28. NOTHOLT GUERRERO, ALAN

29.

30.

XVIII. Comisión de Gobernación

PAN

1. CARRASCO ALTAMIRANO, DIODORO Presidente

2. BARRIOS RODRIGUEZ, JUAN ENRIQUE Secretario

3. CARBAJAL TEJADA, ROGELIO Secretario

4. CASTAÑO CONTRERAS, CRISTIAN

5. DE LEON TELLO, JESUS

6. MONRAZ IBARRA, MIGUEL ANGEL

7. MORENO ALVAREZ, MARIO EDUARDO

8. ORTEGA MARTINEZ, MARIA DEL PILAR

9. PARRA NORIEGA, LUIS GUSTAVO

10. PRIEGO TAPIA, GERARDO

11. VAZQUEZ MARTINEZ, ALBERTO

12. ZAMBRANO ELIZONDO, JAVIER MARTIN

PRD

13. HERNÁNDEZ MANZANARES, JAVIER

14. RUIZ SÁNCHEZ, SALVADOR

15. BATRES GUADARRAMA, VALENTINA VALIA Secretaria

16. CONTRERAS JULIÁN, MARICELA

17. LEMARROY MARTÍNEZ, JUAN DARÍO

18. PÉREZ CRUZ, RACIEL

19. SANTOS ARREOLA, FRANCISCO JAVIER

20. VILLANUEVA ALBARRÁN, GERARDO

PRI

21. AMADOR LEAL, NARCISO ALBERTO Secretario

22. IZQUIERDO BUSTAMANTE, ALFONSO ROLANDO Secretario

23. REYNA GARCÍA, JOSÉ JESÚS

24. BIEBRICH TORRES, CARLOS ARMANDO

25. CAMACHO QUIROZ, CÉSAR OCTAVIO

26. MOTA HERNÁNDEZ, ADOLFO

PVEM

27. LAVARA MEJÍA, GLORIA Secretaria

CONVERGENCIA

28. SANSORES SAN ROMÁN, LAYDA ELENA Secretaria

PT

29. PEDRO CORTÉS, SANTIAGO GUSTAVO Secretario

NUEVA ALIANZA

30. CASTILLO NÁJERA ARIEL

XIX. Comisión Jurisdiccional

PAN

1. DUCK NUÑEZ, EDGAR MAURICIO Secretario

2. BARRIOS RODRIGUEZ, JUAN ENRIQUE

3. BORREGO ESTRADA, FELIPE

4. CHAVEZ GARCIA, DANIEL

5. FLORES GRANDE, ARTURO

6. LAGUNES VIVEROS, VIOLETA DEL PILAR

PRD

7. SANTOS ARREOLA, FRANCISCO JAVIER Secretario

8. HERNÁNDEZ MANZANARES, JAVIER

9. ESPEJEL LAZCANO, JAIME

10. ALMONTE BORJA, RAMÓN

PRI

11. MADRID TOVILLA, ARELI Presidenta

12. RIVERA BEDOYA, JUAN FRANCISCO

13. IZQUIERDO BUSTAMANTE, ALFONSO ROLANDO

PVEM

14. LAVARA MEJÍA, GLORIA

CONVERGENCIA

15. CÁRDENAS MÁRQUEZ, ELÍAS

NUEVA ALIANZA

16. CÁRDENAS FONSECA, MANUEL

XX. Comisión de Justicia y Derechos Humanos

PAN

1. BORREGO ESTRADA, FELIPE Secretario

2. FLORES GRANDE, ARTURO Secretario

3. LAGUNES VIVEROS, VIOLETA DEL PILAR Secretaria

4. NAVARRO SUGICH, CARLOS ALBERTO Secretario

5. CARBAJAL MENDEZ, LILIANA

6. CARBAJAL TEJADA, ROGELIO

7. DE LEON TELLO, JESUS

8. DEGANTE ROMERO, SILVIA EMILIA

9. LIMAS FRESCAS, MARIA SOLEDAD

10. LOPEZ REYNA, OMEHEIRA

11. PARRA NORIEGA, LUIS GUSTAVO

12. TAMAYO HERRERA, YADIRA IVETTE

PRD

13. ARELLANO PULIDO, MIGUEL ANGEL Secretario

14. OLIVA FRAGOSO, SILVIA

15. BATRES GUADARRAMA, VALENTINA VALIA

16. BAUTISTA BRAVO, ALLIET MARIANA

17. LOZANO LOZANO, ANDRÉS

18. MONTALVO ROJAS, VICTORIO RUBÉN

19. ZAZUETA AGUILAR, JESÚS HUMBERTO

20. ESCANDÓN CADENAS, RUTILIO CRUZ

PRI

21. CAMACHO QUIROZ, CÉSAR OCTAVIO Presidente

22. LESCIEUR TALAVERA, JORGE MARIO Secretario

23. RIVERA BEDOYA, JUAN FRANCISCO Secretario

24. CERVANTES ANDRADE, RAÚL

25. VILLANUEVA ABRAJÁN, PATRICIA

26. RÍOS CAMARENA, ALFREDO ADOLFO

PVEM

27. ESTRADA GONZÁLEZ, FAUSTINO JAVIER Secretario

CONVERGENCIA

28. DEL RÍO VIRGEN, JOSÉ MANUEL

PT

29. GARAY ULLOA, SILVANO

NUEVA ALIANZA

30. ARRIOLA GORDILLO, MÓNICA

XXI. Comisión de Juventud y Deporte

PAN

1. BARRADAS MIRAVETE, GREGORIO Secretario

2. MONRAZ IBARRA, MIGUEL ANGEL Secretario

3. TORRES TORRES, CARLOS ALBERTO Secretario

4. ARELLANO ARELLANO, JOEL

5. BORBOA BECERRA, OMAR ANTONIO

6. ENRIQUEZ MARTINEZ, LUIS RODOLFO

7. FRANCO CAZAREZ, RICARDO

8. LEMUS MUÑOZ LEDO, RAMON IGNACIO

9. MEDINA MACIAS, ALMA HILDA

10. NAVARRO SUGICH, CARLOS ALBERTO

11. PLASCENCIA ALONSO, FRANCISCO JAVIER

12. SALAZAR MADERA, MARIO ALBERTO

PRD

13. HERNÁNDEZ GAYTÁN, DAISY SELENE Secretaria

14. OJEDA HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN

15. PULIDO SANTIAGO, CELSO DAVID

16. VELÁZQUEZ AGUIRRE, JESÚS EVODIO

17. RAMOS CASTELLANOS, MARTÍN

18. SÁNCHEZ RAMOS, FRANCISCO

19. LEYVA PIÑON, ANA YURIXIPRD

20. VILLICAÑA GARCÍA, RAFAEL

PRI

21. MORALES GARCÍA, ELIZABETH Presidenta

22. LAGUNES GALLINA, GERARDO Secretario

23. BARAJAS DEL TORO, SALVADOR

24. CABALLERO CAMARGO, GUSTAVO FERNANDO

25. MONTALVO GÓMEZ, PEDRO

26. ABRAMO MASSO, YERICÓ

27. MOTA HERNÁNDEZ, ADOLFO

PVEM

28. ELIZONDO GARRIDO, FRANCISCO Secretario

CONVERGENCIA

29. AGUILERA RICO, JOSÉ LUIS Secretario

PT

30. ROMERO GUZMÁN, ROSA ELIA

XXII. Comisión de Marina

PAN

1. DESCHAMPS FALCON, ANGEL RAFAEL Secretario

2. PEYROT SOLIS, MARCO ANTONIO Secretario

3. ARIZMENDI URIBE, EFRAIN

4. BUGANZA SALMERON, GERARDO

5. CARDENAS SANCHEZ, ESMERALDA

6. FERNANDEZ CABRERA, ADRIAN

7. MAGALLON ARCEO, LEONARDO MELESIO DE JESUS

8. MEJIA GARCIA, LUIS ALONSO

9. OCHOA LOPEZ, NABOR

10. PULIDO PECERO, PEDRO

11. TORRES HERRERA, VICTOR MANUEL

12. VICTORIA ALVA, JUAN

PRD

13. ROMERO GUTIÉRREZ, ODILÓN

14. CHÁVEZ GARCÍA, HIGINIO

15. CONDADO ESCAMILLA, CUITLÁHUAC

16. CRUZ SANTIAGO, CLAUDIA LILIA

17. NAVARRO LÓPEZ, CARLOS ERNESTO

18. NAVARRO QUINTERO, MIGUEL ANGEL

19. ALVA OLVERA, MARIBEL Secretaria

20. AMARO CORONA, ALBERTO

PRI

21. BLANCO PAJÓN, JOSÉ LUIS Secretario

22. TOLEDO LUIS, JORGE

23. ALDANA PRIETO, LUIS RICARDO

24. GONZÁLEZ ZARUR, MARIANO

25. GONZÁLEZ GARCÍA, SERGIO

26. CHAURAND ARZATE, CARLOS

27. MARTÍNEZ ROCHA, ARTURO

PVEM

28. ESTRADA GONZÁLEZ, FAUSTINO JAVIER

CONVERGENCIA

29. DEL RÍO VIRGEN, JOSÉ MANUEL Presidente

30.

XXIII. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PAN

1. DE LEON TELLO, JESUS Secretario

2. ESPINOSA PIÑA, JOSE LUIS Secretario

3. MENDOZA MORALES, LUCIA SUSANA Secretaria

4. BOLAÑOS AGUILAR, JAVIER

5. DAVILA FERNANDEZ, ADRIANA

6. DIAZ GARCIA, JOSE ANTONIO

7. FLORES DOMINGUEZ, EMILIO RAMON RAMIRO

8. FUENTES ORTIZ, JOSE GUILLERMO

9. GUERRA SANCHEZ, MA. DE JESUS

10. LUJANO NICOLAS, CHRISTIAN MARTIN

11. ROMO JIMENEZ, MARTHA ANGELICA

12. TORRES HERRERA, VICTOR MANUEL

PRD

13. ALAVEZ RUÍZ, ALEIDA

14. LÓPEZ TORRES, MA. SOLEDAD

15. HERNÁNDEZ SILVA, BENJAMÍN Secretario

16. VILLICAÑA GARCÍA, RAFAEL

17. DE LA ROSA GARCÍA, JUAN HUGO

18. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOS ROBERTO

19. BARREIRO PÉREZ, ARMANDO

20. MENDOZA FLORES, ROBERTO

PRI

21. COLÍN GUADARRAMA, MARÍA MERCEDES Secretaria

22. GONZÁLEZ CALDERÓN, MARTHA HILDA

23. ORIHUELA TREJO, JOSÉ AMADO

24. ZATARAIN GONZÁLEZ, CARLOS ERNESTO

25. MÉNDEZ LANZ, VÍCTOR MANUEL

26. ORIHUELA BÁRCENAS, JOSÉ ASCENSIÓN

PVEM

27. COBO TERRAZAS, DIEGO Presidente

28. LÓPEZ RAMÍREZ, SERGIO AUGUSTO

CONVERGENCIA

29. LÓPEZ LENA, CRUZ HUMBERTO

30.

XXIV. Comisión de Participación Ciudadana

PAN

1. GARCIA MULLER, MARTHA M. Secretaria

2. GONZALEZ RUIZ, FELIPE Secretario

3. CUEN GARIBI, MARCELA

4. ESCOBAR JARDINEZ, ADOLFO

5. FLORES GRANDE, ARTURO

6. FRANCO CAZAREZ, RICARDO

7. GUTIERREZ LAGUNES, MARIA VICTORIA

8. MENDOZA MORALES, LUCIA SUSANA

9. MUÑOZ SERRANO, JOSE ANTONIO

10. PALAFOX NUÑEZ, JOSE INES

11. SANCHEZ DIAZ DE RIVERA, ANTONIO

12. VASCONCELOS RUEDA, ANTONIO

PRD

13. MENDOZA ARELLANO, DAVID Secretario

14. CUEVAS CÓRDOVA, OTHÓN

15. GARCÍA RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO

16. MORALES VÁZQUEZ, CARLOS ORSOE

17. DE LA ROSA GARCÍA, JUAN HUGO

18. LÓPEZ ROJAS, ALBERTO

19. MATUS TOLEDO, HOLLY

20. VALLEJO ESTÉVEZ, MARIO

PRI

21. ORTIZ PROAL, MAURICIO Secretario

22. DÍAZ SOLÓRZANO, ELMAR DARINEL

23. VEGA ORTIZ, MARÍA ORALIA

24. COLÍN GUADARRAMA, MARÍA MERCEDES

25. PATRÓN MONTALVO, JESÚS MANUEL

26. BARAJAS DEL TORO, SALVADOR

27. ESCAJEDA JIMÉNEZ, JOSÉ RUBÉN

CONVERGENCIA

28. ESTEVA SALINAS, ALBERTO Presidente

ALTERNATIVA

29. HERNÁNDEZ VALADÉS, DELIO

30.

XXV. Comisión de Pesca

PAN

1. DIAZ MENA, JOAQUIN JESUS Secretario

2. FELTON GONZALEZ, CARLOS EDUARDO Secretario

3. PULIDO PECERO, PEDRO Secretario

4. RODRIGUEZ AHUMADA, LUIS FERNANDO Secretario

5. BUGANZA SALMERON, GERARDO

6. CURIEL PRECIADO, LEOBARDO

7. ENRIQUEZ MARTINEZ, LUIS RODOLFO

8. ESCAROZ SOLER, GERARDO ANTONIO

9. GUDIÑO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER

10. GUTIERREZ LAGUNES, MARIA VICTORIA

11. LAVIADA HERNANDEZ, IÑIGO ANTONIO

12. MEDINA RODRIGUEZ, DELBER

PRD

13. MORALES VAZQUEZ, CARLOS ORSOE Presidente

14. ORCI MARTÍNEZ, JUAN ADOLFO Secretario

15. CONDADO ESCAMILLA, CUITLÁHUAC

16. GÁLVEZ RODRÍGUEZ, FERNEL ARTURO

17. HERNÁNDEZ SILVA, BENJAMÍN

18. LIZÁRRAGA PERAZA, VÍCTOR MANUEL

19. NAVARRO LÓPEZ, CARLOS ERNESTO

20. ÁLVAREZ RAMÓN, SILBESTRE

PRI

21. ZATARAIN GONZÁLEZ, CARLOS ERNESTO Secretario

22. GONZÁLEZ GARCÍA, SERGIO Secretario

23. VARGAS LANDEROS, GERARDO OCTAVIO

24. PADILLA GUTIÉRREZ, HÉCTOR

25. OJEDA CAMACHO, GILBERTO

26. MÉNDEZ LANZ, VÍCTOR MANUEL

27. BLANCO PAJÓN, JOSÉ LUIS

PVEM

28. GARCÍA NORIEGA, MARÍA GUADALUPE JOSEFINA Secretaria

CONVERGENCIA

29. VALDÉS CHÁVEZ, RAMÓN

PT

30. PEREGRINO GARCÍA, ABUNDIO

XXVI. Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

PAN

1. BERMUDEZ VIRAMONTES, ANDRES Presidente

2. GONZALEZ SANCHEZ, MA. DOLORES Secretaria

3. BRACHO GONZALEZ, CARLOS AUGUSTO

4. CARDENAS GUTIERREZ, GUSTAVO ADOLFO

5. CHAVEZ GARCIA, DANIEL

6. FIGUEROA ORTEGA, DAVID

7. GARCIA GONZALEZ, CARLOS ALBERTO

8. HERNANDEZ NUÑEZ, ELIA

9. LOPEZ REYNA, OMEHEIRA

10. MORALES RAMOS, JOSE NICOLAS

11. PEREZ CUELLAR, CRUZ

12. VALLADOLID RODRIGUEZ, ANTONIO

PRD

13. DE LOS SANTOS MOLINA, JOAQUÍN CONRADO

14. AMARO CORONA, ALBERTO

15. ÁLVAREZ RAMÓN, SILBESTRE

16. JACQUES Y MEDINA, JOSÉ Secretario

17. LÓPEZ BARRIGA, ERICK

18. MÁRQUEZ MADRID, CAMERINO ELEAZAR

19. ARELLANO PULIDO, MIGUEL ANGEL

20. SANDOVAL RAMÍREZ, CUAUHTÉMOC

PRI

21. RAMÍREZ MARTÍNEZ, JOSÉ EDMUNDO Secretario

22. MENDOZA CORTÉS, MARIO

23. VILLA VILLA, ISAEL

24. GEBHARDT GARDUZA, YARY

25. BADILLO MARTÍNEZ, ROBERTO

26. DÍAZ ATHIE, ANTONIO DE JESÚS

27. CÁRDENAS DEL AVELLANO, ENRIQUE

PVEM

28. RAMÍREZ CERDA, ANA MARÍA

CONVERGENCIA

29. AGUILERA RICO, JOSÉ LUIS

NUEVA ALIANZA

30. PIÑEYRO ARIAS, IRMA

XXVII. Comisión de Puntos Constitucionales

PAN

1. CARDENAS SANCHEZ, ESMERALDA Secretaria

2. MARTINEZ VALERO, DORA ALICIA Secretaria

3. ACOSTA DAVILA, CONSTANTINO

4. BORREGO ESTRADA, FELIPE

5. CARBAJAL TEJADA, ROGELIO

6. DIAZ DE LEON TORRES, LETICIA

7. ESPINOSA PIÑA, JOSE LUIS

8. MEDINA RODRIGUEZ, LIZBETH EVELIA

9. ORTEGA MARTINEZ, MARIA DEL PILAR

10. PEREZ CUELLAR, CRUZ

11. RODRIGUEZ PRATS, JUAN JOSE

12. TAMAYO HERRERA, YADIRA IVETTE

PRD

13. CÁRDENAS HERNÁNDEZ, RAYMUNDO Presidente

14. FERNANDEZ BALBOA, MÓNICA Secretaria

15. ESPEJEL LAZCANO, JAIME

16. GUERRA OCHOA, JUAN NICASIO

17. LOZANO LOZANO, ANDRÉS

18. MONTALVO ROJAS, VICTORIO RUBÉN

19. ORTIZ MAGALLÓN, ROSARIO IGNACIA

20. RUIZ SÁNCHEZ, SALVADOR

PRI

21. BIEBRICH TORRES, CARLOS ARMANDO Secretario

22. REYNA GARCÍA, JOSÉ JESÚS Secretario

23. RÍOS CAMARENA, ALFREDO ADOLFO

24. MADRID TOVILLA, ARELI

25. RIVERA BEDOYA, JUAN FRANCISCO

26. PALMA CÉSAR, VÍCTOR SAMUEL

27. CERVANTES ANDRADE, RAÚL

PVEM

28. LAVARA MEJÍA, GLORIA

CONVERGENCIA

29. CASTILLO ROMERO, PATRICIA OBDULIA DE JESÚS Secretaria

PT

30. GARAY ULLOA, SILVANO Secretario

XXVIII. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

PAN

1. DIAZ GARCIA, JOSE ANTONIO Secretario

2. LUDLOW KURI, LORENZO DANIEL Secretario

3. MORGAN FRANCO, ROCIO DEL CARMEN Secretaria

4. ARREDONDO IBARRA, SALVADOR

5. BERMUDEZ VIRAMONTES, ANDRES

6. DE LA TORRE SANCHEZ, JOSE

7. DESCHAMPS FALCON, ANGEL RAFAEL

8. IRAGORRI DURAN, ENRIQUE

9. MALDONADO GONZALEZ, DAVID

10. MEDINA RODRIGUEZ, DELBER

11. VERDIN SALDAÑA, JAIME

12. ALAVEZ RUÍZ ALEIDA

PRD

13. DAGDUG LUTZOW, MOISÉS FÉLIX Secretario

14. RÍOS GAMBOA, RAÚL

15. TORRES BALTAZAR, MA. ELENA

16. CÁRDENAS HERNÁNDEZ, RAYMUNDO

17. GARZÓN CONTRERAS, NEFTALÍ

18. PACHECO LLANES, RAMÓN FÉLIX

19. RASGADO CORSI, GLORIA

PRI

20. BENÍTEZ OJEDA, LUIS ENRIQUE Secretario

21. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, EDUARDO

22. FLORES SANDOVAL, PATRICIO

23. ESCALANTE JASSO, ARACELI DEL CARMEN

24. MORALES GARCÍA, ELIZABETH

25. BELTRÁN MONTES, ISRAEL

26. CÁRDENAS DEL AVELLANO, ENRIQUE

PVEM

27. VELASCO RODRÍGUEZ, VERÓNICA Presidenta

28. PUENTE SALAS, CARLOS ALBERTO

CONVERGENCIA

29. LÓPEZ LENA, HUMBERTO Secretario

PT

30. SOLÍS PARGA, RODOLFO

XXIX. Comisión de Recursos Hidráulicos

PAN

1. MEDELLIN VARELA, ANTONIO Secretario

2. MENDEZ MENESES, APOLONIO Secretario

3. TORRES HERRERA, VICTOR MANUEL Secretario

4. ARMENDARIZ GARCIA, PEDRO

5. BOLAÑOS AGUILAR, JAVIER

6. GONZALEZ RUIZ, FELIPE

7. LARA COMPEAN, DAVID

8. PALAFOX NUÑEZ, JOSE INES

9. PAREDES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

10. RAMOS COVARRUBIAS, HECTOR MANUEL

11. STEFANONNI MAZZOCCO, MARTIN

12. VERASTEGUI OSTOS, CESAR AUGUSTO

PRD

13. MENDOZA MALDONADO, FAUSTO FLUVIO

14. BRITO GONZÁLEZ, MODESTO

15. CERVANTES RODRÍGUEZ, AURORA

16. LUNA MUNGUÍA, ALMA LILIA

17. MENDOZA MENDOZA, IRINEO

18. CONDADO ESCAMILLA, CUITLAHUAC Secretario

19. ALONSO FLORES, LOURDES

20. ORTEGA MARTÍNEZ, ANTONIO

PRI

21. PATRÓN MONTALVO, JESÚS MANUEL Presidente

22. MENDÍVIL AMPARÁN, GUSTAVO ILDEFONSO Secretario

23. ESCAJEDA JIMÉNEZ, JOSÉ RUBÉN Secretario

24. VARGAS LANDEROS, GERARDO OCTAVIO

25. SALAS LÓPEZ, RAMÓN

26. OLIVARES VENTURA, HÉCTOR HUGO

27. MONTALVO GÓMEZ, PEDRO

PVEM

28. COBO TERRAZAS, DIEGO

PT

29. PEDRO CORTÉS, SANTIAGO GUSTAVO

30.

XXX. Comisión de Reforma Agraria

PAN

1. CEJA ROMERO, RAMON Presidente

2. DIAZ DE LEON TORRES, LETICIA Secretaria

3. MEDINA RODRIGUEZ, LIZBETH EVELIA Secretaria

4. ARANDA OROZCO, GERARDO

5. BARRADAS MIRAVETE, GREGORIO

6. CURIEL PRECIADO, LEOBARDO

7. DIAZ GORDILLO, MARTHA CECILIA

8. FRANCO CAZAREZ, RICARDO

9. RIVERA RIVERA, JOSE GUADALUPE

10. RUBIO CHAVEZ, JOSE IGNACIO ALBERTO

11. STEFANONNI MAZZOCCO, MARTIN

12. VICTORIA ALVA, JUAN

PRD

13. AGUIRRE ALCAIDE, VÍCTOR Secretario

14. LANDERO LOPEZ, PEDRO

15. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRO

16. PEDRAZA CHÁVEZ, ISIDRO

17. ROMERO GUTIÉRREZ, ODILÓN

18. GÁLVEZ RODRÍGUEZ, FERNEL ARTURO

19. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CARLOS ROBERTO

20. NARCIA ÁLVAREZ, HÉCTOR

PRI

21. SALAS LÓPEZ, RAMÓN Secretario

22. MADRID TOVILLA, ARELI

23. TOLEDO LUIS, JORGE

24. ORTIZ DEL CARPIO, VÍCTOR

25. RÍOS CAMARENA, ALFREDO ADOLFO

26. BLANCO PAJÓN, JOSÉ LUIS

27. GLORIA REQUENA, TOMÁS

PT

28. ARREOLA ORTEGA, PABLO LEOPOLDO

29.

30.

XXXI. Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

PAN

1. JIMENEZ DEL CASTILLO, MA. DE LOS ANGELES Secretaria

2. DELGADO OSCOY ALEJANDRO, ENRIQUE

3. FLORES MORFIN, JESUS VICENTE

4. LEZAMA ARADILLAS, RENE

5. MEDINA MACIAS, ALMA HILDA

6. RODRIGUEZ PRATS, JUAN JOSE

7. VELAZQUEZ GUTIERREZ, JOSE GUILLERMO

PRD

8. ESPEJEL LAZCANO, JAIME Secretario

9. ESCANDON CADENAS, RUTILIO

10. MARTÍNEZ PADILLA, HUGO EDUARDO

11. GUERRA OCHOA, JUAN N. PRD

PRI

12. CHAURAND ARZATE, CARLOS Presidente

13. ZATARAIN GONZÁLEZ, CARLOS ERNESTO

14. MEDINA DE LA CRUZ, RODRIGO

15. PALMA CÉSAR, VÍCTOR SAMUEL

PVEM

16. CASTELLANOS CORTÉS, SARA ISABEL

CONVERGENCIA

17. CÁRDENAS MÁRQUEZ, ELÍAS

PT

18. GARAY ULLOA, SILVANO

NUEVA ALIANZA

19. LUNA RODRÍGUEZ, SILVIA

ALTERNATIVA

20. GARCÍA MÉNDEZ, ARMANDO

XXXII. Comisión de Relaciones Exteriores

PAN

1. BUGANZA SALMERON, GERARDO Presidente

2. CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA Secretaria

3. MOHAMAR DAINITIN, OSCAR MIGUEL Secretario

4. CASTAÑO CONTRERAS, CRISTIAN

5. DIAZ GARIBAY, FELIPE

6. DUCK NUÑEZ, EDGAR MAURICIO

7. ENRIQUEZ FLORES, ARMANDO

8. GONZALEZ SANCHEZ, MA. DOLORES

9. LANDERO GUTIERREZ, ALEJANDRO

10. PEREZ CUELLAR, CRUZ

11. RODRIGUEZ AHUMADA, LUIS FERNANDO

12. TORRES GOMEZ, ARTEMIO

PRD

13. DEL TORO, MARIO ENRIQUE

14. JACQUES Y MEDINA, JOSÉ

15. PEÑA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL

16. SANDOVAL RAMÍREZ, CUAUHTÉMOC Secretario

17. ZAZUETA AGUILAR, JESÚS HUMBERTO

18. ULLOA PÉREZ, EMILIO

19. BAUTISTA BRAVO, ALLIET MARIANA

20. SOTO SÁNCHEZ, ANTONIO

PRI

21. OLIVARES MONTERRUBIO, ALEJANDRO Secretario

22. DÍAZ ATHIE, ANTONIO DE JESÚS Secretario

23. MURAT CASAB, JOSÉ

24. AGUILAR SOLÍS, SAMUEL

25. QUIÑONES CANALES, LOURDES EULALIA

26. CAMACHO QUIROZ, CÉSAR OCTAVIO

27. PALMA CÉSAR, VÍCTOR SAMUEL

CONVERGENCIA

28. CHANONA BURGUETE, ALEJANDRO

PT

29. SOLÍS PARGA, RODOLFO Secretario

NUEVA ALIANZA

30. CASTILLO NÁJERA, ARIEL

XXXIII. Comisión de Salud

PAN

1. RAMIREZ BARBA, ECTOR JAIME Presidente

2. MUÑOZ SERRANO, JOSE ANTONIO Secretario

3. VIEYRA OLIVARES, ADRIANA REBECA Secretaria

4. ARENAS GUZMAN, MARGARITA

5. ARIZMENDI URIBE, EFRAIN

6. CORRAL AGUILAR, MARIA MERCEDES

7. GARCIA REYES, ANGEL HUMBERTO

8. GARCIA REYES, BEATRIZ EUGENIA

9. GARMENDIA HERNANDEZ, YOLANDA MERCEDES

10. QUINTERO BELLO, JORGE

11. RUBIO CHAVEZ, JOSE IGNACIO ALBERTO

12. VALENZUELA GARCIA, MARIA GLORIA GUADALUPE

PRD

13. ALVA OLVERA, MARIBEL LUISA

14. DEHESA MORA, DANIEL

15. MATUS TOLEDO, HOLLY

16. MORALES SÁNCHEZ, EFRAÍN Secretario

17. NAVARRO QUINTERO, MIGUEL ANGEL

18. CONTRERAS JULIÁN, MARICELA

19. DE LOS SANTOS MOLINA, JOAQUÍN CONRADO

20. MENDOZA FLORES, ROBERTO

PRI

21. VEGA ORTIZ, MARÍA ORALIA Secretaria

22. VILLANUEVA ABRAJÁN, PATRICIA

23. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, NEMESIO

24. OJEDA CAMACHO, GILBERTO

25. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, LORENA

26. MORALES GARCÍA, ELIZABETH

27. GLORIA REQUENA, TOMÁS

PVEM

28. CHOZAS Y CHOZAS, OLGA PATRICIA Secretaria

CONVERGENCIA

29. ABAD DE JESÚS, JUAN Secretario

PT

30. CANTÚ GARZA, RICARDO

XXXIV. Comisión de Seguridad Pública

PAN

1. CASTRO ROMERO, MARIA SOFIA Secretaria

2. OLVERA HIGUERA, EDGAR ARMANDO Secretario

3. SERRATO CASTELL, LUIS GERARDO Secretario

4. BARRADAS MIRAVETE, GREGORIO

5. CASTRO MUÑOZ, JUAN DE DIOS

6. DESCHAMPS FALCON, ANGEL RAFAEL

7. GONZALEZ BETANCOURT, JORGE JUSTINIANO

8. JIMENEZ DEL CASTILLO, MA. DE LOS ANGELES

9. LEURA GONZALEZ AGUSTIN

10. MADRAZO LIMON, CARLOS

11. MURILLO TORRES, JOSE LUIS

12. STEFANONNI MAZZOCCO, MARTIN

PRD

13. BARREIRO PÉREZ, ARMANDO Secretario

14. LOZANO LOZANO, ANDRÉS

15. ARELLANO PULIDO, MIGUEL ANGEL

16. OLIVA FRAGOSO, SILVIA

17. SANTOS ARREOLA, FRANCISCO JAVIER

18. GARCÍA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO

19. MÁRQUEZ MADRID, CAMERINO ELEAZAR

20. MORALES SÁNCHEZ, EFRAÍN

PRI

21. MEDINA DE LA CRUZ, RODRIGO Presidente

22. VARGAS LANDEROS, GERARDO OCTAVIO Secretario

23. VILLANUEVA ABRAJÁN, PATRICIA Secretaria

24. BADILLO MARTÍNEZ, ROBERTO

25. GEBHARDT GARDUZA, YARY

26. ALCÁNTARA NÚÑEZ, JESÚS SERGIO

27. VALENCIA DE LOS SANTOS, VÍCTOR LEOPOLDO

PVEM

28. ELIZONDO GARRIDO, FRANCISCO

CONVERGENCIA

29. SANSORES SAN ROMÁN, LAYDA ELENA

30.

XXXV. Comisión de Seguridad Social

PAN

1. ARIZMENDI URIBE, EFRAIN Secretario

2. ARELLANO ARELLANO, JOEL

3. ARENAS GUZMAN, MARGARITA

4. BELLO PEREZ, ALFONSO OTHON

5. GARCIA REYES, ANGEL HUMBERTO

6. GONZALEZ ROARO, BENJAMIN ERNESTO

7. JOAQUIN COLDWELL, ADDY CECILIA

8. LEURA GONZALEZ, AGUSTIN

9. MORENO ALVAREZ, MARIO EDUARDO

10. RODRIGUEZ JIMENEZ, RICARDO

11. RODRIGUEZ URESTI, ENRIQUE

12. SANDOVAL MUNGUIA, JUAN MANUEL

PRD

13. NAVARRO QUINTERO, MIGUEL ANGEL Presidente

14. ALMONTE BORJA, RAMÓN

15. GARZÓN CONTRERAS, NEFTALÍ Secretario

16. GUTIÉRREZ CALZADILLA, JOSÉ LUIS

17. ORTIZ MAGALLÓN, ROSARIO IGNACIA Secretaria

18. PEDROZO CASTILLO, ADRIÁN

19. RAMOS BECERRIL, RAFAEL PLÁCIDO

20. DEHESA MORA, DANIEL

PRI

21. AGUILAR SOLÍS, SAMUEL Secretario

22. PÉREZ VALDÉS, DANIEL

23. MUÑOZ SERNA, ROGELIO

24. ESTEFAN CHIDIAC, CHARBEL JORGE

25. VELASCO PÉREZ, JUAN CARLOS

26. AYALA ALMEIDA, JOEL

27. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, LORENA

PVEM

28. RAMÍREZ CERDA, ANA MARÍA

CONVERGENCIA

29. VALDÉS CHÁVEZ, RAMÓN

PT

30. PEREGRINO GARCÍA, ABUNDIO

XXXVI. Comisión de Trabajo y Previsión Social

PAN

1. DEL TORO DEL VILLAR, TOMAS Presidente

2. SANCHEZ GIL CARLOS, RENE Secretario

3. SANDOVAL MUNGUIA, JUAN MANUEL Secretario

4. BELLO PEREZ, ALFONSO OTHON

5. BERBER MARTINEZ, ANTONIO

6. BORBOA BECERRA, OMAR ANTONIO

7. COLLADO LARA, BEATRIZ

8. FRAILE GARCIA, FRANCISCO ANTONIO

9. MAGALLON ARCEO, LEONARDO MELESIO DE JESUS

10. RAMIREZ VILLARREAL, GUSTAVO

11. REYES LOPEZ, CARLOS ARMANDO

12. ROMAN ISIDORO, DEMETRIO

PRD

13. ALMAZÁN GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO Secretario

14. GUTIÉRREZ CALZADILLA, JOSÉ LUIS

15. LEYVA PIÑÓN, ANA YURIXI

16. ORTIZ MAGALLÓN, ROSARIO IGNACIA

17. PACHECO LLANES, RAMÓN FÉLIX

18. PEDROZO CASTILLO, ADRIÁN

19. ALMONTE BORJA, RAMÓN

20. IBARRA FRANQUEZ, SONIA NOELIA

PRI

21. VELASCO PÉREZ, JUAN CARLOS Secretario

22. ALDANA PRIETO, LUIS RICARDO

23. RAMÍREZ STABROS, JESÚS

24. MUÑOZ SERNA, ROGELIO

25. AGUILAR ACUÑA, DIEGO

26. BARBA HERNÁNDEZ, ALFREDO

27. FLORES SANDOVAL, PATRICIO

PVEM

28. ARÉVALO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO

PT

29. CANTÚ GARZA, RICARDO

NUEVA ALIANZA

30. DÁVILA ESQUIVEL, HUMBERTO Secretario

XXXVII. Comisión de Transportes

PAN

1. DELGADO OSCOY, ALEJANDRO ENRIQUE Secretario

2. IRAGORRI DURAN, ENRIQUE Secretario

3. SALAS CONTRERAS, MARCOS Secretario

4. AMEZOLA FONCECA, GERARDO

5. DAVILA GARCIA, FRANCISCO

6. DEL TORO DEL VILLAR, TOMAS

7. DEL VALLE TOCA, ANTONIO

8. GONZALEZ RUIZ, FELIPE

9. MALAGON RIOS, MARTIN

10. MOLLINEDO HERNANDEZ, AGUSTIN

11. MONTES SANCHEZ, FABIAN FERNANDO

12. PAREDES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

PRD

13. FRANCO MELGAREJO, RAFAEL

14. LEMARROY MARTÍNEZ, JUAN DARÍO Secretario

15. LUNA MUNGUÍA, ALMA LILIA

16. LOPEZ BECERRA, SANTIAGO

17. LIZÁRRAGA PERAZA, VÍCTOR MANUEL

18. RASGADO CORSI, GLORIA

19. SÁNCHEZ CABRALES, RAFAEL ELÍAS

20. LÓPEZ BARRIGA, ERICK

PRI

21. CABALLERO CAMARGO, GUSTAVO FERNANDO Secretario

22. RAMÍREZ STABROS, JESÚS Secretario

23. VELASCO PÉREZ, JUAN CARLOS

24. ALCÁNTARA NÚÑEZ, JESÚS SERGIO

25. BARAJAS LÓPEZ, RAMÓN

26. MUÑOZ SERNA, ROGELIO

27. TOLEDO LUIS, JORGE

CONVERGENCIA

28. USCANGA CRUZ, ROBINSON

PT

29. ROMERO GUZMÁN, ROSA ELIA

30. AGUILAR JIMÉNEZ, RUBÉN Presidente

XXXVIII. Comisión de Turismo

PAN

1. CARDENAS GUTIERREZ, GUSTAVO ADOLFO Secretario

2. DAVILA GARCIA, FRANCISCO Secretario

3. GARMENDIA HERNANDEZ, YOLANDA MERCEDES Secretaria

4. ENRIQUEZ FLORES, ARMANDO

5. FELTON GONZALEZ, CARLOS EDUARDO

6. GUDIÑO ORTIZ, FRANCISCO JAVIER

7. JOAQUIN COLDWELL, ADDY CECILIA

8. LUDLOW KURI, LORENZO DANIEL

9. RAMOS COVARRUBIAS, HECTOR MANUEL

10. RODRIGUEZ VIZCARRA VELAZQUEZ, ADRIANA

11. ROMO JIMENEZ, MARTHA ANGELICA

12. VIEYRA OLIVARES, ADRIANA REBECA

PRD

13. MARTÍNEZ VARGAS, OCTAVIO Presidente

14. CAMPOS ABURTO, AMADOR Secretario

15. FRANCO MELGAREJO, RAFAEL

16. HERNÁNDEZ SILVA, BENJAMÍN

17. MÁRQUEZ TINOCO, FRANCISCO

18. SORIANO SÁNCHEZ, ROSA ELVA Secretaria

19. LÓPEZ TORRES, MA. SOLEDAD

20. ORCI MARTÍNEZ, JUAN ADOLFO

PRI

21. RUIZ CHÁVEZ, SARA LATIFE Secretaria

22. GUERRERO JUÁREZ, JOEL

23. ESPINOSA ABUXAPQUI, EDUARDO ELÍAS

24. ORIHUELA BÁRCENAS, JOSÉ ASCENSIÓN

25. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, BERTHA YOLANDA

26. OJEDA CAMACHO, GILBERTO

27. HERRERA ALE, JUANA LETICIA

PVEM

28. GUERRERO RUBIO, PILAR

CONVERGENCIA

29. SALVATORI BRONCA, MARÍA DEL CARMEN Secretaria

ALTERNATIVA

30. GARCÍA MÉNDEZ, ARMANDO Secretario

XXXIX. Comisión de Vivienda

PAN

1. ARELLANO ARELLANO, JOEL Secretario

2. GARCIA VIVIAN, RAUL Secretario

3. ORTIZ HERNANDEZ, EDUARDO Secretario

4. CHAVEZ GARCIA, DANIEL

5. ENRIQUEZ MARTINEZ, LUIS RODOLFO

6. GARCIA MULLER, MARTHA M. PAN

7. GONZÁLEZ MORAN, OSCAR

8. MURILLO TORRES, JOSE LUIS

9. SANCHEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO

10. SANCHEZ JUAREZ, CLAUDIA

11. SERRATO CASTELL, LUIS GERARDO

12. SOLANO MUÑOZ, JOSE DE JESUS

PRD

13. LÓPEZ ROJAS, ALBERTO

14. TORRES BALTAZAR, MA. ELENA Secretaria

15. VALLEJO ESTÉVEZ, MARIO

16. LÓPEZ TORRES, MA. SOLEDAD

17. MENDOZA ARELLANO, DAVID

18. SAN MARTÍN HERNÁNDEZ, JUAN MANUEL

19. VILLANUEVA ALBARRÁN, GERARDO

20. ZEPEDA HERNÁNDEZ, MARTÍN

PRI

21. AGUILAR ACUÑA, DIEGO Presidente

22. ESCALANTE JASSO, ARACELI DEL CARMEN Secretaria

23. GLORIA REQUENA, TOMÁS

24. DÍAZ SOLÓRZANO, ELMAR DARINEL

25. BARBA HERNÁNDEZ, ALFREDO

26. QUIÑONES CANALES, LOURDES EULALIA

27. AYALA ALMEIDA, JOEL

PVEM

28. LÓPEZ RAMÍREZ, SERGIO AUGUSTO

CONVERGENCIA

29. USCANGA CRUZ, ROBINSON

PT

30. CERVANTES RIVERA, JAIME

Artículo Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de septiembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor Secretario. Permítame Secretario. ¿Con qué objeto, diputado Rodríguez Prats? Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Presidente, en virtud de que se ha distribuido ya la lista, todos las fracciones parlamentarias ya tenemos ejemplares, yo solicitaría, respetuosamente, se suspenda la lectura y pasemos a la votación directamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura de este primer dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de la lista de las comisiones.

Los ciudadanos que estén a favor, sírvanse manifestarlo... Es mayoría simple, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se suspende la lectura. Consulte la Secretaría si se aprueba este primer dictamen en las comisiones que han sido puestas a su consideración...

El diputado Juan Manuel Parás González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Parás.

El diputado Juan Manuel Parás González(desde la curul): Señor Presidente. Una pequeña omisión que hubo en la lectura en la Comisión de Asuntos Indígenas, por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Wenceslao Herrera va de Secretario y por una omisión involuntaria quedó pendiente ese nombramiento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está mal leído, pero está de manera correcta en el dictamen impreso. ¿No está? Toma nota la Secretaría para corregir el dictamen. Gracias diputado.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Marina Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas(desde la curul): En el mismo sentido, señor Presidente, para hacer una corrección al dictamen en la Comisión de Turismo, en el número 30, el diputado Armando García Méndezes Secretario, por favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se toma nota y se hace la corrección.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Armando García, Secretario. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el dictamen, este primer dictamen de las comisiones ordinarias que ha sido puesto a su consideración.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría inicie la lectura del segundo dictamen presentado por la Junta de Coordinación Política respecto de las Comisiones Ordinarias de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Economía, en tanto llega el segundo dictamen impreso.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las Comisiones Ordinarias de Economía, de Hacienda y Crédito, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame Secretaria. Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Señor Presidente, insistiría en la misma petición, en virtud de que ya tenemos la integración de las cuatro comisiones, que se pueda omitir su lectura. Si así lo tiene usted a bien acordar, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría a la Asamblea, en virtud de que ya se cuenta con el dictamen impreso, si se evita la lectura. Ya se leyó el dictamen, se están leyendo los nombres de los integrantes de las comisiones. Pregunte la Secretaría en votación económica si se evita ya la lectura. Sonido a la curul del diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Gracias señor Presidente. Lo que pasa es que ese dictamen no se ha repartido. Si quiere nos esperamos o que sigan leyendo. Como usted quiera.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se está repartiendo. Siga leyendo Secretaria.

El diputado Javier González Garza(desde la curul): Se está repartiendo en este momento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí. Continúe la lectura, Secretaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de las comisiones ordinarias de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y la designación de sus mesas directivas

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33; 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales;

Segunda. Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 39 y 40 de la referida ley, la Cámara de Diputados cuenta con 39 comisiones ordinarias y con cuatro comisiones ordinarias con tareas específicas, que se mantienen de legislatura en legislatura;

Tercera. Que las comisiones ordinarias deberán constituirse durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta 30 miembros, salvo la Jurisdiccional y la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que tendrán entre 12 y 16 diputados la primera y 20 diputados la segunda, según lo establecen los artículos 43, numeral 1, y 40, numerales 2 y 5, de la Ley Orgánica;

Cuarta. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política, prevista en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica, proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas;

Quinta. Que para la integración de las comisiones la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, y al hacer dichas propuestas postulará también a los diputados que deban presidir y fungir como secretarios de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, de conformidad con el artículo 43, numerales 2 y 3, del citado ordenamiento, y

Sexta. Que la Cámara de Diputados de la LX Legislatura está integrada por ocho grupos parlamentarios, compuestos a su vez de la siguiente forma: Partido Acción Nacional, 206 diputados; Partido de la Revolución Democrática, 127 diputados; Partido Revolucionario Institucional, 106 diputados; Partido Verde Ecologista de México, 17 diputados; Convergencia, 17 diputados; Partido del Trabajo, 13 diputados; Nueva Alianza, 9 diputados; y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 5 diputados.

Séptima. Que la Junta de Coordinación Política consideró conveniente presentar al Pleno dos acuerdos para la integración de comisiones ordinarias. El primero de ellos contiene la conformación de 39 comisiones, y el segundo aborda de manera particular, en razón de la naturaleza de sus funciones, la integración de las siguientes comisiones: Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34 numeral 1 inciso c), 39, 40 y 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y la designación de sus mesas directivas.

Artículo Primero. Se constituyen e integran las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura de la siguiente manera:

Comisión de Economía

PAN

1. Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Presidenta

2. Reyes López, Carlos Armando Secretario

3. Salum del Palacio, Jorge Alejandro Secretario

4. Zambrano Elizondo, Javier Martín Secretario

5. Berber Martínez, Antonio

6. Castro Romero, María Sofía

7. García González, Carlos Alberto

8. Maawad Robert, Luis Xavier

9. Martínez Valero, Dora Alicia

10. Ortiz Hernández, Eduardo

11. Rodríguez Jiménez, Ricardo

12. Ruiz Velasco de Lira, Ernesto

PRD

13. Martínez Vargas, Octavio

14. Ríos Gamboa, Raúl

15. Ruiz Sánchez, Salvador

16. Peña Sánchez, Miguel Ángel

17. Sánchez Camacho, Alejandro

18. Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Secretario

19. Monreal Ávila, Susana

20. Varela López, Víctor Gabriel

PRI

21. Serrano Escobar, Enrique Secretario

22. Cordero Alfonso, Arnulfo Elías Secretario

23. Amador Leal, Narciso Alberto

24. Ortiz Proal, Mauricio

25. Abramo Masso, Yerico

26. Orihuela Trejo, José Amado

27. González Salum, Miguel Ángel

PVEM

28. López Ramírez, Sergio Augusto

Convergencia

29. Godoy Cárdenas, Jorge Secretario

PT

30. Vela González, Joaquín Humberto

Comisión de Hacienda y Crédito Público

PAN

1. Figueroa Ortega, David Secretario

2. Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Secretario

3. Rodríguez Jiménez, Ricardo Secretario

4. Aguilar López, José Alejandro

5. Ceja Romero, Ramón

6. De la Torre Sanchez, José

7. López Cisneros, José Martín

8. Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel

9. Minjares Jiménez, José Manuel

10 Padilla Orozco, Raúl Alejandro

11. Parra Jiménez, Dolores María del Carmen

12. Salum del Palacio, Jorge Alejandro

PRD

13. Calzada Vázquez, Francisco Javier

14. Bravo Padilla, Itzcoatl Tonatiuh

15. Márquez Madrid, Camerino Eleazar Secretario

16. Saavedra Coronel, José Antonio Secretario

17. Soto Sánchez, Antonio Secretario

18. Trejo Pérez, Pablo

19. Guerra Ochoa, Juan N.

20. Soto Ramos Faustino

PRI

21. Estefan Chidiac, Charbel Jorge Presidente

22. Garza Garza, Horacio Emigdio Secretario

23. Ordaz Jiménez, Ismael Secretario

24. Murat Casab, José

25. Chaurand Arzate, Carlos

26. Aguilar Solís, Samuel

27. Aispuro Torres, José Rosas

PVEM

28. Puente Salas, Carlos Alberto Secretario

Convergencia

29. Samperio Montaño, Juan Ignacio Secretario

PT

30. Vela González, Joaquín Humberto Secretario

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

PAN

1. Padilla Orozco, Raúl Alejandro Presidente

2. Ramírez Pech, Edgar Martín Secretario

3. Aguilar López, José Alejandro

4. Alcalde Virgen, Moisés

5. Arredondo Velázquez, Jesús

6. Cuevas Melo, Abel Ignacio

7. Delgado Oscoy, Alejandro Enrique

8. Iragorri Durán, Enrique

9. Rueda Gómez, Francisco

10. Ruiz Velasco de Lira, Ernesto

11. Salazar Madera, Mario Alberto

12. Torres Gómez, Artemio

PRD

13. Altamirano Toledo, Carlos Secretario

14. Monreal Ávila, Susana Secretaria

15. Flores Maldonado, César

16. López Barriga, Erick Secretario

17. Orci Martínez, Juan Adolfo

18. Ramos Castellanos, Martín

19. Soto Ramos, Faustino

20. Trejo Pérez, Pablo

PRI

21. Guerrero García, Javier Secretario

22. Ayala Almeida, Joel Secretario

23. Estefan Chidiac, Charbel Jorge

24. Duarte Jáquez, César Horacio

25. Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio

26. Ramírez Stabros, Jesús

27. Rojas Gutiérrez, Carlos

PVEM

28. González Martínez, Jorge Emilio Secretario

Convergencia

29. Chanona Burguete, Alejandro Secretario

PT

30. Cantú Garza, Ricardo Secretario

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

PAN

1. Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Secretaria

2. Salazar Madera, Mario Alberto Secretario

3. Valladolid Rodríguez, Antonio Secretario

4. Alcalde Virgen, Moisés

5. Ávila Mayo, Obdulio

6. Cuevas Melo, Abel Ignacio

7. López Cisneros, José Martín

8. Muñoz Serrano, José Antonio

9. Murillo Flores, Francisco Javier

10. Parra Jiménez, Dolores María del Carmen

11. Ramírez Pech, Edgar Martín

12. Rivero Rivero, Rolando

PRD

13. Ortega Martínez, Antonio Presidente

14. Soto Ramos, Faustino

15. Trejo Pérez, Pablo Secretario

16. Altamirano Toledo, Carlos

17. Bravo Padilla, Izcoatl Tonatiuh

18. Del Toro Mario, Enrique

19. Escandón Cadenas, Rutilio Cruz

20. Martínez Padilla, Hugo Eduardo

PRI

21. Sosa Castelán, Gerardo Secretario

22. Murat Casab, José

23. Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Secretario

24. Garza Garza, Horacio Emigdio

25. Serrano Escobar, Enrique

26. Colín Guadarrama, María Mercedes PRI

27. Guerrero García, Javier PRI

PVEM

28. Notholt Guerrero, Alan Secretario

Convergencia

29. Cárdenas Márquez, Elías Secretario

PT

30. Cervantes Rivera, Jaime Secretario

Artículo Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados

Palacio Legislativo, México, D.F., a 29 de septiembre de 2006.--- Junta de Coordinación Política: Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica en abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica en abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica en abstención), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Aída Marina Arvizú Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.»

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Samuel Aguilar.

El diputado Samuel Aguilar Solís(desde la curul): Diputado Presidente, en virtud de que se ha distribuido a todos los diputados y diputadas el documento, le solicito atentamente que se pueda obviar la lectura del dictamen, del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilar. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en virtud de que ha sido distribuido el dictamen, si se obvia la lectura del mismo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Está a discusión el acuerdo. Se han inscrito para fijar posición, la diputada Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa; el diputado Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza; el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; el diputado Javier Guerrero García, del PRI; el diputado Javier González Garza, del PRD; y el diputado Juan José Rodríguez Prats, del PAN. Tiene la palabra hasta por siete minutos la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: en principio queremos reconocer la disposición de los partidos mayoritarios para escuchar la opinión del grupo parlamentario Alternativa, en relación con la distribución de comisiones en esta LX Legislatura.

Con una modesta representación en esta Cámara, de apenas cinco diputados, proporcionalmente nuestro grupo no pudo aspirar a presidir comisión ordinaria alguna. Éste es un hecho inédito, pues en ejercicios anteriores con un número igual de legisladores, hubo fracciones que tuvieron la posibilidad de presidir por lo menos una. Pero no sólo eso, contrario a lo que establece la Ley Orgánica que nos gobierna, en su artículo 43, fracción IV, nuestro grupo solicitó participar en 12 comisiones, no en la dirigencia, no, como integrantes de esas comisiones. Como respuesta hemos obtenido la concesión de participar en cuatro.

Conscientes de las circunstancias extraordinarias de esta Legislatura, hemos optado por el diálogo y por aceptar formar parte de las negociaciones que dieron origen al dictamen que distribuye 39 comisiones y al cual hemos dado nuestro voto a favor, aun cuando en ese dictamen la presencia de Alternativa es prácticamente inexistente.

Sin embargo, queremos llamar a la reflexión y dejar asentado que aún con la presencia más minoritaria en esta honorable Asamblea, ésta se la debemos al voto de casi un millón de ciudadanos. ¿Qué lectura harán nuestros votantes de esta distribución de comisiones que se hace hoy en la Cámara? La respuesta que han dado y que darán los grupos mayoritarios, básicamente se fundamenta en el criterio de proporcionalidad, por ello, por decir lo menos, desconcertante, que en el segundo dictamen, donde se distribuyen las comisiones relacionadas con la economía de nuestro país y de primerísimo orden, la proporcionalidad ha pasado a un segundo término y más bien asistiremos a la imposición de una mayoría anunciada, misma que da cuenta de una alianza política del PAN y del PRI, absolutamente válida por cierto.

Pero la ciudadanía y los legisladores, a quienes se les impondrá esta mayoría, tenemos derecho a que se nos dé una explicación, no de su alianza, no, sino de la política económica que juntos dibujarán en los próximos años.

Tenemos derecho a conocer los argumentos políticos y programáticos que comparten el PRI y el PAN para consumar hoy esa alianza.

Señoras y señores legisladores. No es cosa menor, en manos del PRI y del PAN se queda el diseño de política económica en nuestro país; sobre esa política queremos escuchar argumentos. Lo que para Alternativa queda claro es que este Congreso no puede continuar con las viejas formas de hacer política. Debemos de extender una carta de defunción al regateo, al toma y daca, y a los acuerdos tras bandera.

El PAN y el PRI también están obligados, frente a los millones de personas que no votaron por ellos y que optaron por un partido distinto, a exponer cuáles son sus razones para desestimar su voto. Y este mensaje queremos que lo reflexionen, sobre todo el Partido Acción Nacional.

El PAN y el Presidente Electo Felipe Calderón no han dejado de repetir que han entendido el mensaje de las urnas. Es el momento de demostrar si el PAN desea echar más leña al fuego de la polarización o quiere contribuir a la inauguración de una nueva etapa en la vida parlamentaria de México. El PAN, hoy, tiene en sus manos la oportunidad de empezar a normalizar esta situación o de meter al país en años y en años de encono.

Recuerden el caso del nombramiento de los Consejeros del Instituto Federal electoral. Recuerden los agravios que todas y todos, todos y todas hemos vivido en este Congreso. Alternativa los exhorta a ustedes, legisladores y legisladoras del PAN, a que reflexionen una vez más su posición. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante Gracias diputada Conde. Tiene la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel del grupo parlamentario de Nueva Alianza hasta por siete minutos.

El diputado Humberto Dávila Esquivel:Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nueva Alianza celebra que la razón y la concordia se hayan privilegiado para la integración de las comisiones. Nueva Alianza, con vocación democrática, invita a los partidos mayoritarios a que siempre se respete la pluralidad del Congreso, que fue mandato del electorado.

La integración de las comisiones constituye la gran oportunidad de sentar las bases para un trabajo legislativo respetuoso de las diferencias, pero con la unidad de nuestras fuerzas políticas nacionales.

Nueva Alianza insistirá para que sean las ideas y las causas de la nación y no el revanchismo ni la confrontación política la que define las relación entre los partidos. El grupo parlamentario de Nueva Alianza trabajará por México desde cada una de sus curules y de las comisiones en donde tenga voz para representar los intereses de la sociedad y una nueva forma de hacer política.

En Nueva Alianza ratificamos el compromiso de consolidar nuestra democracia y la gobernabilidad del país. Para Nueva Alianza es fundamental cumplir cabalmente con la responsabilidad de entregar buenas cuentas a la sociedad. Defenderemos las causas ciudadanas que nos dieron un lugar en este Congreso y particularmente en nuestra gran causa que es la educación.

Nueva Alianza honrará su compromiso con la ciudadanía de trabajar desde todas las comisiones en donde tenga un espacio y lo demostrará con hechos. Pero al mismo tiempo advierte que, los próximos tres años día con día, seremos vigilantes proactivos, permanentes críticos de la actuación que desarrollemos al interior de las comisiones. Y cuestionaremos con toda calidad moral cuando no se cumpla con el compromiso de legislar por México.

Nueva Alianza es un partido con vocación parlamentaria. Creemos firmemente que la reforma política en México transita por la consolidación del sistema democrático y particularmente a través del fortalecimiento del Poder Legislativo.

Nuestra democracia cuesta mucho y representa poco. Es importante que los órganos de representación política reproduzcan fielmente la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La democracia es una forma de gobierno que tiene como fundamento el equilibrio entre los poderes y la rendición de cuentas.

El Legislativo tiene que ser el contrapeso vigilante del desempeño del Ejecutivo, esa es su esencia y su naturaleza, la rendición de cuentas también tiene que estar fundamentada en el equilibrio de los poderes, en la rendición de cuentas del Ejecutivo, Legislativo, el primer paso para poder garantizar un verdadero equilibrio democrático. Desde esta tribuna exhortamos a las diferentes expresiones y fuerzas política del país a que siempre la concordia y la armonía, y teniendo como visión a México, sean las que prevalezcan. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados, señoras diputadas: los grupos parlamentarios mayoritarios han puesto en esta Cámara un dictamen que lastima severamente la pluralidad y también lastima el desarrollo político y económico que la sociedad espera de esta Legislatura.

El Poder Legislativo debe servir como contrapeso del Ejecutivo, la propia Constitución establece y define la división de poderes. El objetivo es y debe ser el contrapeso que equilibre para que tenga vigor el régimen democrático.

La pobreza y polarización social y económica que ahora vive la sociedad, no es más que el resultado de un proyecto económico que socializa las pérdidas y privatiza para unos cuantos las ganancias. Complicidades basadas en la corrupción como un denominador de las últimas administraciones, las que no han encontrado un contrapeso en el Legislativo, en virtud de que han controlado las comisiones económicas en esta Cámara de Diputados, así se han aprobado en detrimento de la sociedad presupuestos que privilegian el rescate bancario por encima del gasto social, por encima del gasto productivo; o bien jugosas remuneraciones y prebendas para funcionarios de alto nivel en detrimento del gasto para combatir la pobreza.

Esta situación también ha permitido que a través del tiempo se haya construido un régimen tributario que descansa sobre las clases de menores ingresos, sobre los causantes cautivos y sobre Pemex, y que permite que los grandes consorcios financieros y empresariales operen en México como un verdadero paraíso fiscal.

Como ejemplo podemos citar la venta de Banamex, por la cual no se pagaron impuestos, o las millonarias devoluciones de impuestos realizadas a Jumex y a otros muchos que han gozado inclusive de la representación de hombres prominentes de la política que han caído en tráfico de influencias o en prevaricato. Muchos de ellos se han constituido en las comisiones económicas y de vigilancia, han permitido impunidades que han deteriorado la credibilidad, autoridad y legitimidad del Estado mexicano.

El Fobaproa, el rescate carretero, la constitución de fideicomisos, el manejo de los excedentes petroleros son una pequeña muestra de lo costoso que ha resultado para nuestra sociedad el permitir que se haya roto el sano contrapeso que establece la división de poderes. Los diputados y las diputadas somos representantes de la nación, pero también del interés público; en tal virtud, no pueden existir estos conflictos de interés entre los que diseñan las políticas públicas y los que vigilan y aprueban que estas políticas públicas se lleven a cabo con eficiencia y eficacia para beneficio del pueblo.

Es decir, los grupos que diseñan la política económica, social o presupuestaria, no pueden tener como contraparte a los mismos grupos para que los vigilen, aprueben o califiquen. Este es el conflicto de interés y claramente atenta contra los principios de eficiencia gubernamental.

Algunos creen que la política es cuestión de proyectos, de proyectos personales que sólo beneficien a ellos; han gobernado este país con atraso que ofende y lastima a la sociedad. Toman decisiones desde el punto que les otorgue a ellos un beneficio personal. Es el momento, señoras, señores, para que las comisiones se repartieran de acuerdo con lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica, con un objetivo claro: fortalecer la democracia, fortalecer la división de poderes, fortalecer la transparencia, pero sobre todo, fortalecer el interés público y la rendición de cuentas.

Señoras, señores diputados. Desafortunadamente han sido precisamente los intereses de los partidotes que han gobernado este país los que tomaron la decisión de repartirse las comisiones económicas a su antojo. Lástima, porque lastima a la sociedad, a la política, a la negociación, al acuerdo para darle gobernabilidad democrática a este país.

Compañeras y compañeros: estamos en un momento que definirá el rumbo de la patria y con ello el destino de más de 100 millones de mexicanos. Enfrentamos problemas de desigualdad, de reparto de la riqueza, de empleo; en suma, de bienestar social. Por ello Convergencia, en congruencia con la social democracia que representa y en estricto apego a lo que establece la división de Poderes, no está de acuerdo con este dictamen. Muchísimas gracias por su atención.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río. Tiene la palabra el diputado Javier Guerrero García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.

El diputado Javier Guerrero García:Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: subo a esta alta tribuna para hacer hincapié en que el acuerdo parlamentario es lo único que puede dar viabilidad a una vida democrática más sólida en nuestro país.

El haber logrado en estos días un acuerdo para que la gran mayoría de las comisiones sean asignadas a los distintos grupos parlamentarios nos debe dar pauta para determinar cómo resolver el funcionamiento de esta Legislatura.

Es además, un primer paso para hacer de forma conjunta una revisión de cómo está funcionando la estructura de las comisiones en el Congreso, para hacer más eficiente y productivo el trabajo parlamentario.

Los ciudadanos demandan que el trabajo legislativo sea abierto y claro en razón de defender el bienestar de la comunidad. Todos estaremos de acuerdo de que es en las comisiones donde se hace el trabajo sustantivo de las Legislaturas. Es ahí donde se construye legalidad e institucionalidad y donde deben de estar representados los intereses de todos.

El trabajo parlamentario tiene un soporte fundamental en la tarea de las comisiones. El método, la consistencia y los criterios de las comisiones son importantes para elevar el nivel de la productividad legislativa pero, más que eso, son fundamentales para profundizar en la calidad de la tarea legislativa.

La exigencia y la expectativa de los ciudadanos con respecto a nuestro desempeño como diputados es evidente. Estar a la altura de esa expectativa es una responsabilidad de esta Legislatura.

Hay un cúmulo de rezagos, problemas y demandas insatisfechas que requieren respuestas en el ámbito institucional y jurídico y en el de las políticas públicas. En esa perspectiva, debemos evaluar y transformar el trabajo de las comisiones.

No es posible ver a las comisiones como cotos de poder, como espacios para hacer transitar posturas facciosas o intereses de minorías. Tenemos que hacer un profundo trabajo de revisión y transparentar las responsabilidades y atribuciones de las comisiones legislativas para adecuarlas a la nueva situación del país.

La estructura actual corresponde a un régimen de Ejecutivo preponderante. Debemos transitar hacia una estructura que dé cuenta del nuevo equilibrio de poderes que se ha construido. Debemos dar certidumbre a un Congreso plural que tiene la representación no sólo de los tres partidos con mayor presencia en el electorado del país, sino de otras expresiones políticas que manifiestan parte importante del electorado, reflejado en este tipo de expresiones.

No tomar en cuenta esta nueva situación y no reivindicar cuál es el camino que debe de tomar el país sería erróneo.

La tarea es ayudar desde el Congreso a gobernar. La tarea es tener en el Congreso un Congreso que represente claramente expresiones para el acuerdo político entre las fracciones, entre los partidos y entre los ciudadanos.

Mi intervención parte de que es necesario dar a la política económica un espacio de certeza para nuestro país, certeza que implica no recorrer el camino de la confrontación y no cometer los errores del pasado.

Acudimos a la negociación entre fracciones con el mejor ánimo de impulsar aspiraciones legítimas e intereses de nuestros representados. Lo hicimos agotando los argumentos del diálogo y la disposición para llegar a acuerdos. Han sido reuniones complejas y difíciles. Logramos el acuerdo por consenso en 39 comisiones y creo que debemos enfatizar este hecho por su propia relevancia.

En el tema de las comisiones económicas, no hemos podido construir consenso para que el PRI presidiera la Comisión de Hacienda.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Guerrero. Sonido a la curul del diputado Isidro Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Quiero, señor Presidente, que le pregunte al orador si me puede contestar una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta, diputado Guerrero?

El diputado Javier Guerrero García: Con mucho gusto, al término de mi intervención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Al final de su intervención, diputado Pedraza.

El diputado Javier Guerrero García:En el tema de las comisiones económicas no hemos podido construir consenso para que el PRI presidiera la Comisión de Hacienda. No obstante, hay en el PRI experiencia y una base social que nos avala en la perspectiva de impulsar el trabajo legislativo en materia de política hacendaria.

Déjenme decir por qué. Fuimos parte importante en el impulso de la Convención Nacional Hacendaria. Tenemos acuerdos pendientes en esta materia. Nuestro compromiso es impulsarlos, es hacer de la Comisión de Hacienda y de las otras comisiones donde estemos representados y presidiendo espacios para el trabajo profesional y la construcción de acuerdos.

Nosotros reivindicamos encabezar la Comisión de Hacienda y de estar con una presencia sólida en las Comisiones de Vigilancia, de Economía y de Presupuesto, porque creemos que es necesario recuperar una serie de tareas que implica en primer lugar fortalecer la acción del Estado en la rectoría económica.

Soslayamos esto por la experiencia lograda no sólo en los gobiernos anteriores de mi partido, sino por la experiencia desarrollada en gobiernos estatales y municipales que encabezamos ahora. No queremos esta tarea a partir de ser la primera, segunda, tercera u otra fuerza dentro de esta LX Legislatura.

Es importante el hecho de que muchos de los acuerdos logrados por la Conago y por la Convención Nacional Hacendaria no fueron operados porque no hubo respaldo en el Congreso. Esa experiencia hay que reivindicarla y recordar la tarea que mi partido impulsó en la Convención y en otros foros, con ello refrendamos la tarea pendiente que la nación tiene con el federalismo.

Reivindicamos el compromiso con la nación a partir de posturas equilibradas que no rompan más con el tejido social y los acuerdos para una gobernabilidad eficiente y responsable. Lo hacemos por tres razones fundamentales: coadyuvar a construir la gobernabilidad en el Congreso, que redundará en la gobernabilidad del país; nuestro ánimo y disposición para legislar en la pluralidad, para tender puentes y, para más allá de las visiones particulares, dar respuesta a los problemas del país; y nuestra experiencia federalista, que reconoce las carencias de una hacienda y un presupuesto que valore a estados y regiones en razón directa a sus necesidades.

Nadie en este país puede definir una línea inamovible respecto al acontecer político, económico y social. La nación se debate en encontrar las respuestas que definan nuestro futuro y aseguren a las nuevas generaciones certezas de que puedan pensar en un futuro estable y equitativo. Los consensos parlamentarios pueden ser ahora un ejemplo para que los acuerdos en otros espacios fluyan.

Hacemos un llamado a encontrar las razones válidas para determinar la asignación de estas cuatro comisiones que han detenido el acuerdo parlamentario. Hagámoslo con una actitud generosa, que plantee en principio la posibilidad de los acuerdos y la viabilidad de las tareas que esta Legislatura tiene enfrente, en razón a la coyuntura actual y a las necesidades del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Guerrero. Sonido a la curul del diputado Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Señor Presidente, quiero preguntarle al compañero diputado que me conteste si, en revisión de un correcto funcionamiento de las comisiones, incluye el que al PRD no se respete el orden de poder acceder a las presidencias de las comisiones, como está establecido en la proporcionalidad de este Congreso.

El diputado Javier Guerrero García:Una revisión del funcionamiento y de las estructuras de las comisiones no tiene que ver con el orden de la prelación entre las fracciones; en todo caso es un asunto de acuerdos de carácter parlamentario. Una revisión de la estructura y del funcionamiento tiene que ver con la necesidad de que el trabajo en comisiones trascienda a la burocratización del trabajo parlamentario mismo y establezca criterios de productividad y de compromiso con el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Javier Guerrero. Tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por siete minutos.

El diputado Javier González Garza:Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar quiero manifestar que en todo este proceso hemos tenido la comprensión de los coordinadores, la compañera coordinadora de Alternativa y sobre todo la paciencia de la Mesa Directiva de esta honorable Asamblea. Muchísimas gracias por todo esto.

Quiero denunciar, y por supuesto estoy en contra de lo que mi tocayo Javier acaba de decir, quiero denunciar que se rompieron las reglas. Teníamos una regla, hicimos comisiones en grupos y la regla era muy clara, de esos grupos de comisiones el primero que escogía era el PAN, por ser la primera fuerza; el segundo era el PRD; el tercero era el PRI y así nos fuimos en todos esos paquetes. Cuando llegamos al final, a las económicas, se rompió la regla. Y entonces el PAN acepta que el PRI escoja en lugar del PRD. Y eso quiere decir un rompimiento de las reglas que nos habíamos dado para eso. Eso lo quiero denunciar.

Las preguntas que todo el país se hace son: Sí, ¿por qué no aceptaron que la segunda fuerza del Congreso que representa cerca de 15 millones de votos, presidiera alguna de las comisiones de ingresos o egresos? ¿Por qué prefieren pactar las cúpulas del PAN y las cúpulas del PRI, en materia económica?

Sólo hay una razón, representan al mismo sistema económico, el que empobreció a nuestro país y mantiene en la miseria a más de 40 millones de mexicanos, porque son lo mismo, porque transitan en la ruta de defender los grandes capitales a los que con cinismo les llaman ``papá''; porque quieren mantener los instrumentos legales para preservar los paraísos fiscales en beneficio de sus grandes financiadores; porque juntos quieren continuar el camino de las privatizaciones, abrir las puertas de la inversión privada donde la rectoría corresponde sólo al Estado.

Son lo mismo, porque así han actuado, como cuando aprobaron el Fobaproa y el IVA a medicinas y alimentos o modificaciones al régimen de pensiones. Están juntos porque quieren mantener el sistema presidencialista, planificador nacional que otorga recursos a discreción y al administrador único de los programas del gobierno. Quieren que el Congreso sea el viejo y cansado empleado del Ejecutivo, donde se apruebe lo que se les mande desde Los Pinos, renuncian a su libertad de legisladores para aceptar la sujeción a otro poder. Por eso nos excluyeron, porque esas cúpulas son iguales en lo económico, en lo político y en lo moral; nosotros no.

Proponemos algo distinto, queremos darle dignidad al Congreso, para que sea un órgano independiente que responda nada más a los mexicanos y represente los intereses de todos y no de unos cuantos. Proponemos una visión distinta en el manejo de la economía, ellos lo saben y el país también. Nosotros estamos comprometidos y cumpliremos nuestra promesa de campaña: ``Por el bien de todos, primero los pobres''. Nosotros queremos regular el gasto... Venga, venga. Nosotros queremos regular el gasto excesivo del Ejecutivo; validar las políticas públicas y hacer una mejor asignación de los recursos públicos. Ellos no aceptan... con todo respeto tiene usted razón. Ellos no aceptan...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado. No se aceptan los diálogos y les pido respeto al orador.

El diputado Javier González Garza:... no aceptan la austeridad en el gobierno, para acabar con los altos sueldos de los funcionarios del gobierno y erradicar los gastos discrecionales. Tampoco quieren colocar como prioridad el desarrollo social, educación, el empleo, la salud, el apoyo a los productores y sobre todo, que a través de la política económica abatamos la profunda desigualdad que impera en el país, de la que son los responsables.

Nosotros sabemos la urgencia de acabar con los regímenes fiscales de privilegio y de crear una profunda reforma fiscal que aminore la carga de los que menos ganan.

Nosotros queremos más recursos para los gobiernos estatales y municipales, nosotros queremos transparencia en el manejo de los recursos, acabar con las pensiones millonarias de los ex presidentes. Es indigno que ellos vivan en la opulencia cuando otros no tienen lo mínimo.

Queremos reordenar la deuda pública transparentando su monto real, deseamos resolver en definitiva la cuestión del Fobaproa, los otros hoyos negros como los Pidiregas, el rescate carretero y los créditos de la llamada banca de desa-rrollo. Nosotros estableceremos, como lo hizo Andrés Manuel en el Distrito Federal, el derecho a la pensión alimentaria para todos los adultos mayores de 70 años.

Por todo lo anterior y con el fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa para el erario público, nos proponemos reorientar estos recursos hacia programas sociales e inversiones útiles para la nación en proyectos prioritarios. Por eso, esas cúpulas no aceptaron que presidiéramos las Comisiones de Presupuesto o de Hacienda, porque defienden el viejo régimen de los privilegios y nosotros representamos otro proyecto de nación.

Nosotros no pedíamos las comisiones por ostentación o ambición de poder; lo hacemos convencidos de que así contribuíamos...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Concluya por favor, señor diputado. Les pido silencio, por favor.

El diputado Javier González Garza: ... lo hacemos porque estamos convencidos, queremos contribuir a las transformaciones del país. Necesitamos eliminar esas cúpulas corruptas que siguen esquilmando a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente. Desde luego que me sumo al reconocimiento que hace el diputado Javier González Garzaal buen trabajo y al buen desempeño de la Junta de Coordinación Política, para alcanzar los acuerdos que hoy se están ventilando en este Pleno.

Y me gustaría iniciar por una reflexión histórica, uno de los debates tal vez más brillantes en los destellos que ha tenido el Poder Legislativo. Fue allá, en septiembre de 1912 entre dos grandes tribunos: uno de ellos venido del ``Porfiriato'', Querido Moheno, buscando cerrarle espacios a Francisco I. Madero y diciendo que no pretendían ser un partido de la obstrucción y que se inclinaban por ser un partido de oposición. Luis Cabrera, del Partido Liberal Constitucionalista, defendía las tesis de Madero y quería que se le diera flexibilidad, espacio de maniobra al Ejecutivo federal.

Y en el fondo, señores diputados del PRD, ese es el dilema que ustedes tienen: ser partido de obstrucción o ser partido de oposición, leal y acatando el compromiso democrático. Es una lección que tiene que ver con su pasado; desde siempre ustedes tuvieron la duda de la ruptura, la salida violenta o caminar por la vía electoral del estado de derecho y el compromiso democrático.

Así como en el PAN se venía cada discusión en cada sexenio en relación a abstención-participación, el debate entre ustedes era acatar las normas o violarlas, y ese dilema se repite ahora. En ese dilema están atrapados, continúan teniendo que elegir de su pasado. Por el bien de México, inclínense por un compromiso democrático y un respeto al estado de derecho.

Respondo, respondo a la pregunta de Alternativa Social-demócrata y Campesina. Sabemos ---y estoy respondiendo a las soluciones que aquí se hicieron-- sabemos cuál es la política económica a seguir. Definitivamente las causas de la pobreza ya han sido estudiadas, lo que necesitamos precisar son las causas de la riqueza y generar riqueza.

Que haya un derecho que estimule la competitividad y por eso buscamos tener presencia en las comisiones económicas, porque estamos promoviendo una plataforma electoral que nos llevó al triunfo; porque tenemos todo el derecho de buscar capacidad de maniobra para el Ejecutivo y para el titular de la Presidencia. Con mucho gusto acepto interpelaciones. Con mucho gusto acepto interpelaciones...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, no se permiten los diálogos y les vuelvo a solicitar lo mismo: respeto al orador.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Y le refuto al orador de Convergencia. Analicemos cualquier sistema parlamentario...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado Rodríguez Prats. Sonido a la curul del diputado Esteva.

El diputado Alberto Esteva Salinas(desde la curul): Para preguntar al ponente en qué partido militaba antes de estar en Acción Nacional.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. ¿Acepta usted una pregunta del señor diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Desde luego que sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí la acepta. Responda, por favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Mire, señor diputado, esa pregunta me la han formulado en muchísimas ocasiones. El sistema político mexicano que dejamos atrás, fue un sistema de partido hegemónico, presidencialismo exacerbado, y yo atravesé ese pasillo y renuncié en esta tribuna. Lo hice señalando mis argumentos, señalando mis razones, porque al final de cuentas ---lo he considerado siempre-- los partidos, como los definió Manuel Gómez Morín, son instrumentos para canalizar vocación política y me siento muy orgulloso de haber tocado las puertas del Partido Acción Nacional.

Me invitaron del Partido de la Revolución Democrática, me invitaron del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido del Trabajo, y yo opté por tocar las puertas del PAN y me siento muy orgulloso y aquí estoy en defensa de sus tesis.

Discrepo del orador de Convergencia. Nada es hoy más plural que este Congreso y nada estamos con mayor obligación que llegar a acuerdos y asumir los compromisos que hemos adquirido con el electorado. De ninguna manera se aplastó el derecho de las minorías. No es el viejo criterio de la cláusula de gobernabilidad. El Partido Acción Nacional asume su compromiso de gobernar con transparencia y por eso qué mayor confianza, qué mayor espíritu democrático, qué mayor ejercicio de congruencia que pedirle al Partido de la Revolución Democrática que presida la Comisión de Vigilancia.

Vigilen los recursos. Vigilen los recursos, vean cómo se ejercen. Para eso es la oposición. Desde la oposición también se gobierna. Desde la oposición; y si les interesa tanto el destino de los pesos y los centavos, ahí en la Comisión de Vigilancia pueden desempeñar un muy eficiente trabajo.

¿Qué significa, qué significa, señores del PRD, hoy ser de eso que ustedes llaman de izquierda? Significa no resistirse a los cambios. La izquierda también se puede tornar regresiva. La izquierda también puede ser reaccionaria cuando no entiende su función social. La izquierda, en lugar de responder a la inconformidad y promover el cambio, puede detenerlo. Cuidado si caen en eso.

No se es de una ideología de una vez y para siempre. Hay situaciones cambiantes y hay el compromiso de la congruencia. Sean congruentes, sean congruentes si promueven los cambios que este país requiere. El Partido de la Revolución Democrática es una institución, por eso no se puede mandar al diablo a las instituciones. Es una institución los partidos políticos. Y de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, es una institución, es una entidad de interés público. Pongan por sobre el interés partidista el interés de la nación, México se los reclama.

Coincido con el señor diputado Javier Guerrero cuando habla de la importancia de las comisiones. El artículo 39 de nuestra Ley Orgánica es muy claro. Ahí se deposita el trabajo legislativo, ahí es en donde se van a discutir en serio y a profundidad las iniciativas. El Poder Legislativo en México todavía tiene que caminar por un largo proceso en su maduración, no tiene muchas experiencias en el pasado de vida auténtica y de Asamblea verdaderamente representativa y que delibere. Y mucho del trabajo mal hecho ha sido porque no han funcionado las comisiones. Llegan los dictámenes ---hay que denunciarlo--- llegan los dictámenes directamente al Pleno y aquí se recaban las firmas. Eso nos debe avergonzar y que definitivamente más que la importancia de la comisión, la importancia está en el asunto que se discuta. Démosle seguimiento a cada asunto. Que a cada iniciativa que se presenta recaiga un debate y que a cada debate recaiga un dictamen.

Concluyo con una reflexión de Carlos Castillo Peraza cuando decía que hay algo peor que una república sin democracia y es: una democracia sin república. Hagamos un ejercicio republicano para asumir nuestros deberes. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats.

Hay un acuerdo de la Junta de Coordinación donde están inscritos para fijar posiciones los que ya lo hicieron y está la discusión abierta, también por acuerdo de la Junta de Coordinación, para hablar en pro y para hablar en contra. Están inscritos para hablar en contra el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero y el diputado Juan Guerra Ochoa. Y para hablar en pro el diputado Horacio Garza y el diputado Rogelio Carbajal. Así está pactado, diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente..

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado Del Río.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Comentarle, con todo respeto, señor Presidente, que el señor legisladorJuan José Rodríguez Pratsse refirió al legislador de Convergencia y es su servidor, y solamente para poder hacer un comentario a esta alusión personal, le ruego, si usted lo autoriza, me permita el uso de la tribuna, si no...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene usted el uso de la palabra, diputado Del Río, para alusiones personales.

Sonido en la tribuna, por favor. Permítame, diputado. Al personal encargado del sonido...

El diputado José Manuel del Río Virgen:Hay complot. Ya se oye. Compañeras y compañeros diputados, les quiero rogar con todo respeto que me permitan contestarle a una persona a la que yo conozco desde hace mucho tiempo y le tengo un aprecio muy personal fuera de esta Cámara e incluso en esta Cámara.Juan José Rodríguez Pratses un gran legislador. Sin embargo se refirió al legislador de Convergencia y tengo ---de acuerdo con la ley, con la moral y la ética--- la obligación de contestar a lo que se refirió el señor diputado Juan José Rodríguez Prats.

Tengo en mis manos, tengo en mis manos los temas legislativos para la agenda nacional del señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa. De ahí copié, qué bueno que lo felicito, porque de ahí copié la frase que utilicé y la voy a leer textualmente, porque dice: ``Un primer paso hacia la construcción de acuerdos políticos ---página cinco párrafo tercero--- es conveniente que los programas públicos se formulen con una visión plural incluyente, enfocando su diagnóstico y soluciones a lo largo y ancho de todo el país, privilegiando la negociación''. Hay una tradición parlamentaria, todos le entendemos aquí, los que estamos, los 500 le entendemos perfectamente bien.

Todos reconocemos que el Partido Acción Nacional tiene más diputados que cualquiera otra fracción parlamentaria, pero luego sigue el PRD y luego el Partido Revolucionario Institucional, y en ese orden teníamos derecho a irnos repartiendo las comisiones para evitar que siga existiendo la crispación que en este momento hay en todo el país.

Compañeras, compañeros, no es a gritos, tampoco a sombrerazos, es con negociaciones políticas en lo que no estuvimos de acuerdo, es que no hubo la inclusión total a una negociación política, que aquí lo único que no tenemos es precisamente los puentes de comunicación.

Precisamente no se privilegió el documento que recomienda el licenciado Felipe Calderón Hinojosa y que acabo de leer textualmente, está copiado de una y de otra parte, por lo tanto, señoras, señoras...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Con todo gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Manuel Minjares.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): Nada más para que le pregunte al orador si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta diputado Del Río?

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con todo gusto señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante diputado Minjares.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): Para enterarlo y que se entere la Asamblea. En la Asamblea Legislativa delDistrito Federal, donde el PRD es mayoría, las Comisiones de Hacienda...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado, está haciendo la pregunta y pido respeto.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): ... de Presupuesto y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda están encabezadas, todas y cada una, por un diputado del PRD ¿está usted enterado de eso?, ¿esa es la pluralidad a la que se invoca?

El diputado José Manuel del Río Virgen:Compañero diputado, quiero decirle que yo no tengo la culpa, soy diputado de Convergencia...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Silencio por favor, continúe diputado Del Río. Les pido guardar silencio por favor.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Señores diputados del Partido Acción Nacional, les quiero pedir solamente para poderle contestar al diputado Minjares un segundo de su atención. Estoy leyendo la posición del licenciado Felipe Calderón, no estoy leyendo otra posición, estoy leyendo... si me lo permiten, no es con gritos, compañeros, miren, no estamos en una asamblea universitaria, no estamos tampoco en una actitud de estarnos aquí vociferando.

Yo respeto a los legisladores de Acción Nacional y respeto a todos ustedes; no veo por qué tienen que estar gritando, tienen que guardar, cordura, mesura, nos está oyendo la patria, nos está viendo la patria, requieren ustedes de posiciones legislativas, de congruencia parlamentaria y de capacidad para el debate, estoy contestando una pregunta.

También hay que conocer la ley y el reglamento, cuando se contesta una pregunta...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, diputados, les pido guarden silencio y escuchen al orador, para que termine de contestar la pregunta.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Muchas gracias, por cierto, entonces termino de contestarle al diputado Manuel Minjares. La pluralidad entraña que se respeten a todos los grupos parlamentarios, la pluralidad entraña que en este Congreso podamos llegar a acuerdos que beneficien a todas las fracciones parlamentarias para que estén perfectamente bien representados todo los intereses.

Respecto a la Asamblea del Distrito Federal, quiero decirle compañero que lo lamento que así sea; si así es, verdaderamente me apena porque la pluralidad es para todos. Y también decirle que lamento mucho, lamento mucho que aquí no se haya respetado el principio de pluralidad que en esta hoja se señala.

Continúo mi exposición, señor Presidente.

Hablaba yo de que era muy importante que pudieran participar en esa tradición parlamentaria por el número de diputados, los que vienen en orden ascendente. ¿Por qué? Porque en mi exposición primaria decía que hay conflicto de intereses que siempre han acusado, incluso a diputados y a senadores, de prevaricato. Han acusado a diputados, a diputados y senadores de que se han dedicado a defender intereses de grandes trasnacionales, de empresas multimillonarias o de grandes y poderosos hombres de negocios.

Por ese motivo era importante que tuviera el segundo partido en número de diputados, la comisión o de Hacienda o de Presupuesto. Estoy de acuerdo que ninguna comisión es pequeña, todas las comisiones tienen la importancia que los legisladores les dan. Pero, de acuerdo con la tradición parlamentaria, era importante que se pudiera dar primero a los que tienen más número de diputados una comisión de las económicas importantes: Presupuesto, luego Hacienda, luego Economía, luego la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación o de Vigilancia. En ese orden se pudieron haber entregado.

Sin embargo, no se privilegió esa pluralidad ni tampoco el interés superior de la nación. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Del Río.

Para hablar en contra del proyecto de dictamen enviado por la Junta de Coordinación, tiene la palabra el diputado Miguel Angel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Miguel Angel Navarro Quintero:Con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea: vengo en nombre del Partido de la Revolución Democrática, a demostrar nuestra inconformidad y con esto dejar testimonio de que no estamos de acuerdo hoy en día, de los resultados que suman el Partido Acción Nacionaly el Partido Revolucionario Institucionaly que definitivamente humilla a nosotros como partido político y aleja los acuerdos de gobernabilidad nacional.

Aquí se han hecho múltiples menciones, esas menciones que en algunos despiertan aplausos ligeros pero no reflexiones profundas. La experiencia se traduce en beneficios para muchos. Pero hoy vemos que no es así, tenemos un régimen que ha empobrecido al pueblo de México paulatinamente, en una forma verdaderamente insultante.

Para algunos hablar del Banco Mundial o de la OCDE, es mandato puro. Pues yo quisiera decirles algunos testimonios. En el último documento de la OCDE, en la página 44 menciona: Que en los dos deciles más pobres se distribuyen menos del cinco por ciento del ingreso nacional; mientras que los dos deciles más ricos reciben más del 50 por ciento.

Esto habla que México vive en un estado de desigualdad que es necesario que abordemos; es por eso que nosotros apoyamos en el pasado, en el presente y en el futuro, las tesis políticas de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas situaciones nos llevan a hablar claro a ustedes; los mismos que impidieron que Andrés Manuel fuera Presidente de México son los mismos que impiden que tengamos comisiones para que no sean ustedes testificados en sus innumerables actos de corrupción. Y esta situación la podemos ver cuando los resultados habrían de hablar.

Tenemos que en el documento del Banco Mundial se menciona que en Canadá se recauda el 17 por ciento del producto interno bruto, mientras que en México se recauda tan sólo el 4.7 por ciento. También debemos hablar del último documento del Banco Mundial que menciona: ``Si bien México cuenta con los elementos principales de un sistema sólido de administración del financiamiento público, aún no se está trabajando para que el gasto concuerde con las prioridades del gobierno ni para que las decisiones y los resultados sean transparentes''.

Éstos son documentos del Banco Mundial. Los resultados hacendarios no se han traducido en beneficios sociales; 500 mil personas se van año con año de México; el desempleo es galopante; los enfermos no encuentran medicamentos; no tiene pensiones la gente adulta mayor; los niños desafortunadamente abandonan la escuela; se multiplica el consumo de droga y esto habla de un desastre social, un desastre social que nos habla por sí solo que la política económica ha sido rebasada por las necesidades sociales.

En el Partido de la Revolución Democrática no estamos de acuerdo, porque somos la segunda fuerza política en esta Cámara de Diputados. Nosotros exigimos que se nos respeten nuestras preferencias en cuanto a comisiones, sin despreciar ninguna. Nosotros queremos la Comisión de Hacienda o la Comisión de Presupuesto, no aceptamos que en el pasado eran de las oficinas de gobierno donde llamaban para impedir decisiones de la oposición. Hoy no estamos de acuerdo y no nos faltamos el respeto a la inteligencia, que sean los poderes fácticos de la nación los que estén por arriba de los poderes públicos.

México, México votó por Presidente de la República y Felipe Calderón aspiraba a ser gerente únicamente de los intereses económicos, por eso protestamos hoy en día y dejamos testimonio de que no aceptamos las alianzas perversas de dos grupos políticos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Navarro Quintero. Tiene la palabra el diputado Horacio Garza Garza para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Horacio Emigdio Garza Garza:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: pensamos que el equilibrio en la distribución de las comisiones está en todo el paquete de las mismas. Pensamos que hay una diferencia entre catalogar una comisión y otra. La Comisión de Vigilancia y la Comisión de Presupuesto son exclusivas de esta Cámara y la Comisión de Hacienda tiene concurrencia con el Senado, por eso se negoció en la Junta de Gobierno. Ahí estuvo privilegiado el diálogo y ahí se resolvió esta distribución.

Queremos impulsar en este Congreso, en esta Cámara, a través de las comisiones que nos hemos distribuido equitativamente, el federalismo hacendario. Queremos la redistribución de potestades tributarias y atribuciones. Queremos replanteamiento de la ley y todo el sistema de coordinación fiscal para fortalecer a los estados y municipios.

Queremos que ese federalismo no quede en el discurso, que quede en los hechos. Y pensamos que si Acción Nacional va a manejar, va a dirigir la Comisión de Presupuesto, es lógico, con un gobierno que va a comenzar y que requiere gobernabilidad presupuestaria. Y pensamos que si al PRD le ha tocado o va a presidir la Comisión de Vigilancia, va con ese perfil y con esa vocación y creemos que lo va a hacer muy bien.

Y queremos sumarnos a ese esfuerzo porque tenemos la convicción de que antes de cualquier reforma hacendaria necesitamos la vigilancia y la fiscalización preventiva y correctiva para acabar con los abusos y desequilibrios en el presupuesto.

Y queremos que las fórmulas se cambien porque los coeficientes y los asignables y los elementos que las integran ya no funcionan; están desactualizados. Queremos que en esos coeficientes no haya privilegios fiscales, que haya justicia hacendaria.

Queremos que se privilegie la función social a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las participaciones de los estados. Queremos que el principio de reciprocidad y redistribución de los ingresos funcione a plenitud para que tengamos un federalismo que acabe con ese centralismo hacendario que ha sido ineficaz y que no ha funcionado.

Esa es la posición de nuestro Partido en esta distribución de las comisiones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Horacio Garza. Tiene la palabra, para hablar en contra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Guerra Ochoa, del PRD.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Muchas gracias, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros. Bueno, el argumento que se ha presentado aquí, entre otros, de que este agandalle ---y lo adelanto, violación de la Ley Orgánica---, es porque se privilegió el criterio de la experiencia es muy malo.

Yo reconozco que en el PRI hay muy mala experiencia, pero la hay. La prueba es que el secretario de Hacienda se lo regaló el PRI al PAN. Evidentemente que hay esa mala experiencia.

Pero aun dentro de esa bancada, hay gente con más experiencia que el candidato que pone. A él no lo ponen por experiencia, lo ponen por compromisos que tiene Emilio Gamboa con el ``Gober Precioso'' y con toda esa conversación que hizo también con Kamel Nacif. No es por experiencia, porque entonces nos podrían haber mandado a otro con más experiencia.

El argumento de que...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Juan Guerra. Sonido a la curul del diputado Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Diputado, si me acepta una pregunta el diputado Guerra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta, diputado Guerra?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Con mucho gusto.

El diputado Emilio Gamboa Patrón(desde la curul): ¿Me podría concretizar, diputado, cuál es mi compromiso con el gobernador de Puebla?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Sí, con mucho gusto. El diputado Emilio Gamboa no estaría ni siquiera en ese compromiso de coordinador si no es por los amarres que hizo con todos los gobernadores y, por favor, no se invente que no los tiene.

Para empezar, tiene ahí un compromiso. Y para empezar está una cosa que todavía nos tendría que aclarar, que aquí queda todavía esa conversación que tuvo con Kamel Nacif, todavía tenemos dudas de si va obedecer a intereses extra cámaras o si va a obedecer a los intereses de la Constitución y de esta Cámara; esa duda persiste porque usted sube y baja leyes de acuerdo al interés de particulares incluso metidos en la pederastia.

El argumento de que este asunto, y el agandalle es legal, se sustenta en una interpretación de este artículo 43 de la Ley Orgánica, que habla de la proporcionalidad y la pluralidad. Dicen: ah, pero este criterio no se puede llevar a la presidencia de las comisiones. ¿Por qué no se puede llevar si, de acuerdo a la importancia que le da un Pleno y que le da cada Cámara a estas comisiones, cómo es que no tiene que estar representada la proporcionalidad y la pluralidad?

Le pido que se ponga el orden, señor Presidente, para poder seguir interviniendo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido guardar silencio para que el orador pueda continuar. Adelante diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Decía que no se puede llevar. Pero en esta iniciativa, por cierto de Ley Orgánica, si hubiera dudas, si en verdad hubiera dudas en esta iniciativa de Ley Orgánica que establece la proporcionalidad y la pluralidad, que presentó el PRI, es importante en la exposición de motivos ``si hubiera alguna duda lo que quedó claro'' ---dice así---, ``en cuanto a la integración de las comisiones ---dice la exposición de motivos--- la iniciativa depositada en la Junta de Coordinación Política, la atribución de formular al pleno la propuesta correspondiente, tomando en cuenta criterios de pluralidad y proporcionalidad, estos criterios se tomarán también en consideración para definir la presidencia de cada comisión''.

Perdónenme pero vienen a violentar la Ley Orgánica, les guste o no les guste. Y no me importa en cuántos discursos se amparan. Aprendan cuando menos a practicar y a respetar la Ley Orgánica que rige a este Congreso, si no es pura palabrería y demagogia para encubrir que por agandalles, por intereses diversos particulares, están incluso violentando la Ley Orgánica.

Ciertamente en las iniciativas que manda, o propuestas, Felipe Calderón habla de bajar el ISR y aquí nos vienen a presumir que tienen grandes ideas. Yo sólo les quiero pedir una cosa, tumben el régimen consolidado y que los grandes ``holdings'', las corporaciones paguen impuestos. Por favor, no le sigan cargando al que menos tiene. Que aprendan a pagar impuestos como en todo el mundo. Aquí no hay mercado, aquí hay privilegios fiscales, aquí hay monopolios. Para eso están, para proteger esos intereses. Eso es lo que hacen y no lo van a justificar con la palabrería que dicen.

Pero lo grave que acaba de ocurrir aquí es lo siguiente. El problema es que nosotros sí hemos dicho que le apostamos a este espacio para dialogar. Sí hemos dicho que queremos construir acuerdos. Decimos que negamos al espurio, pero que estamos dispuestos aquí a construir acuerdos. Pero no vamos a construir acuerdos sobre la base de la violación a la ley y el agandalle. ¿Cómo los podemos siquiera convencer de la reforma del Estado?, reforma del Estado que ustedes defendieron cuando eran oposición y hoy se han montado en el presidencialismo autoritario, perfeccionándolo para ejercerlo al interés de ustedes y de unos cuantos poderosos.

¿Cómo vamos a abordar la reforma del Estado?, si ustedes, para satisfacer intereses oscuros extra camarales, evidentemente hacen una alianza con el PRI, violentando la Ley Orgánica, y la quieren justificar con toda la palabrería. ¿Cómo vamos a llegar a ...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado Juan Guerra. ¿Con qué objeto diputado? Sonido en la curul del diputado Domínguez. Dígame diputado.

El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Señor Presidente, nada más para ver si el compañero diputado me aceptaría una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta diputado?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante diputado:

El diputado Francisco Domínguez Servién(desde la curul): Compañero diputado, este gobierno siempre ha privilegiado a los empresarios que generan empleo en este país y no como ustedes que han propiciado ambulantaje, ``panteras'', dentro delDistrito Federal. Y le voy a hacer una segunda.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Déjeme anoto la primera. No sé cuál es la pregunta, pero la anoto.

El diputado Francisco Domínguez Servién(desde la curul): ¿Díganos a dónde lo mandamos a estudiar, a la UNAM? Si no entiende qué es la presidencia de la Comisión de Vigilancia, que ya se las estableció aquí mi compañero Rodríguez Prats. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Sí le voy a contestar, con mucho gusto.

A nosotros también nos interesa mucho apoyar la generación de empleos y la inversión productiva, pero lo que no vamos a apoyar es que los ``holdings'' no paguen impuestos. ¿Qué ley ---yo les pregunto, para que lo transmitan a esa gente que protegen--- qué ley, qué ley quieren que apliquemos en México? ¿Una ley de tipo europea para regular los poderes fácticos? Esa ley implicaría que pagarían... allá se cobra del 30 al 50 por ciento de impuestos en relación al producto interno bruto.

En Estados Unidos les parece la ley. Hay una ley antimonopolios donde nadie puede tener más del treinta y tantos por ciento del mercado y se capta el 22 por ciento. Por favor, aquí no se capta ni el 16 por ciento. Los encubren, son unos privilegios y todavía desvergonzadamente les quieren entregar Pemex; que se modernicen esos grandes ``holdings'', que aprendan a generar empleos y a pagar impuestos; se modernicen como se hace en todo el mundo. Claro que incluso a ellos los queremos apoyar, pero a costa de que paguen impuestos y no sigan atrás de ustedes manipulando a esta Cámara y viendo cómo sacan presidentes y leyes para que les favorezcan a ellos y luego todavía promueven que pague el IVA en alimentos el que menos tiene. Cuestiones, incluso, inmorales.

Ahora sabemos muy importante y no desmerece la Comisión ---por supuesto--- de Vigilancia. El asunto aquí de la violación de la ley no es porque ésta sea menos importante, sino porque como grupo parlamentario ---segunda fuerza--- teníamos el derecho y lo dijimos claro: ``Si ustedes agarran Presupuesto, nosotros Hacienda''. Si ustedes agarran Hacienda porque nunca hemos desconocido ese derecho que tienen, entonces nosotros agarraríamos la otra Comisión porque tenemos ese derecho, pero en lugar de respetar este derecho que viene en la ley, ustedes se confabulan, se amafian para violentar la ley. Ése es el problema; no es que no sea importante la Comisión de Vigilancia.

Y reitero, lo más grave de todo esto... No. El tiempo. Apenas si estoy terminándole de contestar, señor. Hombre, pues entonces para qué pregunta.

Y lo más grave de todo esto ---lo repito--- es que éste es un espacio. No lo quieren preservar, quieren la ``ley de la selva'', quién quiere la ``ley del agandalle''; van a seguir invocando leyes sin ni siquiera poder construir acuerdos. No nos den ejemplo; nosotros sí queremos que cambie este país, pero entendemos muy bien el espacio que esto significa... A ver, si me quieren hacer una pregunta, señor Presidente, está muy agitado ahí el diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No debe haber diálogo. Les pido respeto al orador y concluya su respuesta, diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Bien. Termino diciéndoles esto: ¿Quieren la ``ley de la selva''? ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren hablar de leyes, de democracia, de todas estas cosas y venir aquí a justificar..., y venir aquí a justificar que ni siquiera son capaces de respetar la Ley Orgánica? ¿Qué nos va a regir? ¿Qué tanto estamos perdiendo, se dan cuenta de lo que estamos perdiendo? O sea, ¿realmente valen la pena esos compromisos? ¿Vale la pena ese agandalle por no preservar este espacio? ¿De qué se trata? Se los dejo a su consideración, y ciudadano Presidente, en términos del artículo 124 y 135 del Reglamento, que al terminar este debate le ruego le dé lectura, le voy a pedir reservar de esto una parte para simple y sencillamente hacer una propuesta de modificación. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Guerra. Tiene la palabra el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Gracias, señor Presidente. ``Democracia con república; pesos y contrapesos; división de poderes''. Eso significa darle a una democracia república y dentro de esa república este Congreso juega un papel fundamental en este sistema de pesos y contrapesos.

No hay mejor instrumento que cualquier oposición pueda tener para vigilar, para fiscalizar, para escrutar a un gobierno, que una Comisión de Vigilancia.

Hace años, hace décadas, Acción Nacional presentó una iniciativa de ley justamente para que el segundo grupo parlamentario en importancia presidiera esta Comisión, justamente para vigilar al gobierno, para vigilar sus recursos y el ejercicio de los mismos.

Señoras diputadas del PRD y señores diputados del PRD, si ustedes están tan preocupados por los ingresos y por los egresos del gobierno federal, tienen el mejor instrumento en sus manos: vigilarlos a través de la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y ese compromiso de la historia de Acción Nacional, hoy lo venimos a refrendar en este inicio de Legislatura: que el segundo grupo mayoritario en esta Cámara presida esa Comisión, atribución exclusiva de revisar los recursos que son de esta Cámara de Diputados.

Este acuerdo que hoy estamos proponiendo, señoras diputadas y señores diputados, cumple desde luego con los extremos del artículo 43 de la Ley Orgánica; lo cumple en su integración, porque las 43 comisiones que aquí se están proponiendo, están integradas de acuerdo a la pluralidad de esta Cámara; porque también refleja, desde luego, en su número de presidencias, la proporcionalidad de la integración de los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados. Nosotros no estamos violentando el derecho de ningún grupo parlamentario, ni mucho menos del segundo mayoritario en presidir las comisiones que les corresponden de acuerdo a su número de diputados.

Señoras diputadas y señores diputados del PRD, nadie puede exigir lo que no está dispuesto a dar. Ya son dos Legislaturas en la Asamblea del Distrito Federal, no sólo una, como lo había hecho referencia el diputado Manuel Minjares, en donde el PRD preside no sólo Hacienda, no sólo Presupuesto; preside también la Comisión de Vigilancia del Gobierno del Distrito Federal.

Señoras diputadas del PRD, señores diputados del PRD, nosotros en congruencia venimos aquí a proponer este dictamen porque queremos que nuestro gobierno, el gobierno de México, sea escrutado por una fuerza distinta al de que hoy será el próximo Ejecutivo. Queremos que sea vigilado por un diputado distinto al del partido del Presidente de la República.

Por eso, señoras diputadas...

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Carbajal. Sonido en la curul del diputado Lozano. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Andrés Lozano Lozano(desde la curul): Diputado, para que si por su conducto pudiera cuestionar al orador, si me es posible hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta, diputado Carbajal?

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: Con todo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Lozano.

El diputado Andrés Lozano Lozano(desde la curul): Gracias, diputado. Hace un momento se refería usted a la situación que prevalece en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera preguntarle al orador si es de su conocimiento que elDistrito Federalse compone de 40 distritos locales, de los cuales 37 los ganó la Coalición y los otros tres el partido que usted representa; si también conoce que en la Asamblea Legislativa, la composición es de más del 50 por ciento más uno, lo cual genera condiciones totalmente distintas a las que prevalecen en esta Cámara y que hace que esa pluralidad se represente en las comisiones de manera distinta. Porque si no lo conoce, entonces estaríamos refiriéndonos como iguales ante situaciones jurídico, político y electorales totalmente distintas.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada: De igual forma, como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que las comisiones se integran y son decididas por mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa, de igual forma, señor diputado, las comisiones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, son definidas por mayoría de votos.

Precisamente por eso, precisamente por eso nosotros venimos a proponer un acuerdo que refleja justamente esta pluralidad y que en este paquete de comisiones reservadas, sean presididas de acuerdo a la pluralidad representada en esta Cámara de Diputados.

Señoras diputadas y señores diputados. A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a pedir su voto en pro de la integración de estas cuatro comisiones. Acción Nacional lo hace honrando, honrando la historia del gobierno del PAN, de las propuestas del PAN...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame diputado Carbajal, permítame. Sonido a la curul de la diputada Ruth Zavaleta.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Sí, nada más preguntarle al orador si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta?

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Con todo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Zavaleta.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado(desde la curul): Le quiero preguntar al orador si sabe que en la Asamblea Legislativa tienen 17 diputados y tienen 10 comisiones; y que además, esas 10 comisiones fueron propuestas por su grupo parlamentario y fueron aceptadas por unanimidad por todo ese grupo y así fueron votadas y fueron agradecidas, inclusive, por su líder parlamentario. Quiero preguntarle al diputado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Carbajal.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Sí, sí lo sé. Termino diciendo, señor Presidente y con ello concluyo mi intervención...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Carbajal. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Para ver si me acepta una pregunta el orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta del diputado Isidro Pedraza?

El diputado Rogelio Carbajal Tejeda: Con todo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Es una pregunta muy simple y muy sencilla. Quiero que el compañero diputado me pueda contestar si discierne la diferencia entre lo que es elegir libremente y lo que es imponer, porque se está tratando de que ustedes eligen por nosotros. Quiere decir que nos imponen comisiones. En el caso de esto, quiero que me diga claramente si entiende la diferencia entre elección libre e imposición.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Por supuesto...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Permítame, diputado Carbajal. Le pediría a los diputados que fumen en este recinto, hagan favor de hacerlo afuera. Adelante, diputado Carbajal.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Por supuesto que entiendo la diferencia, señor diputado y por eso llevo diez años de mi vida en Acción Nacional.

Y justamente por eso, justamente por eso y porque entiendo la libertad de esta Cámara, precisamente por eso hoy les vengo a proponer votar a favor de este dictamen ---insisto-- honrando la tradición del PAN de que sea la primera oposición la que vigile los recursos que ejerce el gobierno federal emanado de Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Carbajal. Agotada la lista de oradores, solicito al diputado Juan Guerra envíe por escrito la propuesta y pido a la Secretaría, lea los artículos que solicitó el diputado Juan Guerra. El 124 del Reglamento y el 125.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:``Artículo 124. En la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados''.

``Artículo 125. Leída por primera vez una adición y oídos los fundamentos que quiera exponer su autor, se preguntará inmediatamente si se admite o no a discusión. Admitida, se pasará a la comisión respectiva. En caso contrario, se tendrá por desechada''.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dé lectura por favor la Secretaría, a la propuesta presentada por el diputado Juan Guerra.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:``Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se solicita la reserva al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones de trabajo en la LX Legislatura y con fundamento en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Propuesta de modificación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las comisiones de trabajo en la LX Legislatura para quedar como sigue:

Comisión de Hacienda y Crédito Público, PRD, Presidente Francisco Javier Calzada Vázquez; PAN Secretario; PRI Secretario; PRD Presidente; Partido Verde, Convergencia; PT; Panal, Alternativa.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, queda como está: PAN, Presidente; PRI Secretario; PRD Secretario, Verde Ecologista, Convergencia; PT; Panal, Alternativa.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, queda como está: PRI Presidente, PAN, Secretario, PRI Presidente; PRD Secretario; Verde Ecologista; Convergencia; PT; Panal; Alternativa.

Comisión de Economía queda como está: PRI Presidente; PAN Secretario; PRD Secretario, Verde Ecologista, Convergencia; PT Panal; Alternativa.

Suscribe diputado Juan Guerra Ochoa''.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta hecha por el diputado Juan Guerra.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan las modificaciones.

Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se de-secha la propuesta presentada por el diputado Juan Guerra. En consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo en sus términos.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo en sus términos.

Los diputados que estén por la afirmativa...

Los diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas.

Yo quisiera hacer un breve comentario sobre lo que acabamos de votar, dejar muy en claro que las comisiones de dictamen legislativo que hoy aprobamos en esta Cámara, son órganos plurales que pertenecen a la Cámara de Diputados. Yo exhortaría a sus integrantes y de manera especial a los presidentes, a actuar con la imparcialidad y con la objetividad que amerita un trabajo plural de la responsabilidad de presidir y de integrar las comisiones.

Adelante, señor Secretario.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 3 de octubre de 2006.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Banco de México

Informes del Banco de México sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2006; sobre la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite informe de la Secretaría de Economía, sobre la evaluación de los resultados alcanzados en el periodo enero-agosto de 2006, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Comparecencia del licenciado Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (a las 21:17 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 3 de octubre a las 11:00 horas en donde recibiremos la comparecencia del licenciado Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- o ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 53 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 445 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 469 diputados.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3.
• Puntos de acuerdo aprobados: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 22.
• Legisladores por grupo parlamentario que intervinieron durante la sesión: 88.
• PAN-16, PRD-25, PRI-22, PVEM-3, Convergencia-9, PT-5, Nueva Alianza-5, Alternativa-3.
• Se recibió:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 comunicación del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, por la que informa que opta por el cargo de diputado federal electo a la LX Legislatura;
• 1 oficio delsecretario de Marina, almiranteMarco Antonio Peyrot González, con el que requiere se retire la solicitud de permiso constitucional para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia, presentada en la sesión del 19 de septiembre pasado;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos,Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que transcribe acuerdo para integrar la Comisión Bicamaral en materia de seguridad nacional;
• 1 iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León;
• 2 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 2 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PT;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Alternativa.
• Se aprobó:
• 1 minuta con proyecto de decreto que concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos,Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de octubre de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Guatemala.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Abramo Masso, Yerico(PRI) Estado de Coahuila: 87
• Aguilar Jiménez, Rubén(PT) Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 48
• Aguilar Solís, Samuel(PRI) Comisiones Legislativas: 165
• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Chiapas: 104
• Aguirre Alcaide, Víctor(PRD) Estado de Sinaloa: 121
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Estado de Sinaloa: 121
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Estado de Chiapas: 106
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Estado de Oaxaca: 98
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 69
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Sinaloa: 120
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Comisiones Legislativas: 161
• Badillo Martínez, Roberto(PRI) Estado de Sinaloa: 120
• Bermúdez Viramontes, Andrés(PAN) Importaciones agropecuarias: 125
• Carbajal Tejada, Rogelio(PAN) Comisiones Legislativas: 179
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Estado de Sinaloa: 120, 121
• Cárdenas Gutiérrez, Gustavo Adolfo(PAN) Impuesto al Valor Agregado: 106
• Castillo Nájera, Ariel(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 116
• Castro de la Rosa, Osiel(PAN) Agroindustria de la caña de azúcar: 107
• Castro Romero, María Sofía(PAN) Región Sur-Sureste de México: 129
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Estatuto del Gobierno del Distrito Federal: 69
• Cervantes Andrade, Raúl(PRI) Intervención de comunicaciones: 81
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Estado de Michoacán: 82
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Comisiones Legislativas: 166
• Cruz Santiago, Claudia (PRD) Instituto Nacional de las Mujeres: 95
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Comisiones Legislativas: 166
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa). Artículos 65 y 66 constitucionales: 57
• De León Tello, Jesús(PAN) Artículo 20 constitucional: 29
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Comisiones Legislativas: 168, 173
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Ley del Servicio de Administración Tributaria: 45
• Domínguez Servién, Francisco(PAN) Comisiones Legislativas: 178
• Escajeda Jiménez, José Rubén(PRI) Importaciones agropecuarias: 125
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Comisiones Legislativas: 172
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Estado de Oaxaca: 100
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Verificación de quórum: 91
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Estado de Sinaloa: 120
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Estado de Sinaloa: 118
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Comisiones Legislativas: 177
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Intervención de comunicaciones: 81
• Garza Garza, Horacio Emigdio(PRI) Comisiones Legislativas: 176
• González Garza, Javier(PRD) Comisiones Legislativas: 162, 170
• González Garza, Javier(PRD) Importaciones agropecuarias: 125
• González Salum, Miguel Ángel(PRI) Cuenca de Burgos: 134
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Agroindustria de la caña de azúcar: 109
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Comisiones Legislativas: 176
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Estado de Sinaloa: 120
• Guerrero García, Javier(PRI) Comisiones Legislativas: 168
• Landero López, Pedro(PRD) Estado de Tabasco: 88
• Lemarroy Martínez, Juan Darío (PRD) Región Sur-Sureste de México: 128
• Lozano Lozano, Andrés(PRD) Comisiones Legislativas: 179
• Márquez Madrid, Camerino Eleazar(PRD) Estado de Sinaloa: 121
• Minjares Jiménez, José Manuel(PAN) Comisiones Legislativas: 174
• Minjares Jiménez, José Manuel(PAN) Estatuto del Gobierno del Distrito Federal: 60
• Morales García, Elizabeth(PRI) Región Sur-Sureste de México: 126
• Narcía Álvarez, Héctor (PRD) Proyecto Maestro Maíz: 101
• Navarro Quintero, Miguel Ángel(PRD) Comisiones Legislativas: 175
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Estado de Sinaloa: 119
• Ojeda Hernández, Concepción(PRD) Artículo 69 constitucional - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 36
• Orozco Ruiz Velasco, Marco Heriberto (PAN) Ley del Impuesto sobre la Renta: 78
• Ortiz del Carpio, Víctor(PRI) Estado de Chiapas: 104
• Ortiz Proal, Mauricio(PRI) Artículo 81 constitucional: 42
• Parás González, Juan Manuel(PRI) Comisiones Legislativas: 161
• Parás González, Juan Manuel(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 86
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Comisiones Legislativas: 169, 180
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Estado de Sinaloa: 121
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Importaciones agropecuarias: 126
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Estado de Sinaloa: 121
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Importaciones agropecuarias: 122
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Importaciones agropecuarias: 126
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Agroindustria de la caña de azúcar: 109
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Menores Migrantes: 85
• Ramos Castellanos, Martín(PRD) Estado de Sinaloa: 122
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Comisiones Legislativas: 161, 162
• Sansores San Román, Layda Elena(Convergencia) Importaciones agropecuarias: 126
• Solís Parga, Rodolfo(PT) Ley Federal del Trabajo: 74
• Toledo, Luis Jorge (PRI) Región Sur-Sureste de México: 131
• Torres Herrera, Víctor Manuel(PAN) Gripe aviar: 137
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Trámite aduanero: 111
• Uscanga Cruz, Robinson(Convergencia) Cuenca de Burgos: 131
• Valenzuela García, María Gloria Guadalupe(PAN) Importaciones agropecuarias: 126
• Zataraín González, Carlos Ernesto(PRI) Estado de Chiapas: 105
• Zavaleta Salgado, Ruth(PRD) Comisiones Legislativas: 180

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10 Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	INASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Gutiérrez Gustavo Adolfo	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32 Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34 Castro Romero María Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Cuevas Melo Abel Ignacio	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De la Torre Sánchez José	ASISTENCIA
46 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
47 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
48 Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
49 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
50 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	INASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
61 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
62 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
63 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
64 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
65 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
66 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	INASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	INASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	INASISTENCIA
86 González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87 Gudiño Ortíz Francisco Javier	INASISTENCIA
88 Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
89 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
90 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
91 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
92 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
93 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
94 Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
95 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
96 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
97 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
98 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
99 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
100 Lara Compeán David	ASISTENCIA
101 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
102 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
103 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
104 Leura González Agustín	ASISTENCIA
105 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
106 Limas Frescas María Soledad	INASISTENCIA
107 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
108 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
109 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
110 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
111 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
112 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
113 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
114 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
115 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
116 Magallón Arceo Leonardo Melesio de Jesús	ASISTENCIA
117 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
118 Maldonado González David	ASISTENCIA
119 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
145 Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
146 Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
147 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
148 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
149 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
150 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
152 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
153 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
154 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
155 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
156 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
157 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
158 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
159 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
160 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
161 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
163 Reyes López Carlos Armando	INASISTENCIA
164 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
165 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
166 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
169 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
170 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
172 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
173 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
174 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
176 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
178 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
179 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
180 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
182 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
184 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
185 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
186 Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
187 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 196
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 10
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1 Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6 Alonso Razo Humberto Wifredo	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13 Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17 Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	CÉDULA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24 Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	CÉDULA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50 Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	CÉDULA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54 Lemarroy Martínez Juan Dario	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	CÉDULA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	INASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
73 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
74 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
75 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
76 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
77 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
78 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
79 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
80 Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
81 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
82 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
83 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
84 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
85 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
86 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
88 Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
89 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
90 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
91 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
92 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
93 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
94 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
95 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
96 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
97 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
98 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
99 Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
100 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
101 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
102 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
103 Sánchez Cabrales Rafael Elías	INASISTENCIA
104 Sánchez Camacho Alejandro	CÉDULA
105 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
106 Sánchez Jiménez Venancio Luis	ASISTENCIA
107 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
109 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
110 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
111 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
112 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
113 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
115 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
116 Torres García Daniel	ASISTENCIA
117 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
118 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
119 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
120 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	CÉDULA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth	CÉDULA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 115
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	INASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11 Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23 Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	CÉDULA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	INASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio Antonio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	INASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57 Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	INASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100 Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102 Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 99
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 García Noriega María Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
9 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
10 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
11 Lavara Mejía Gloria	INASISTENCIA
12 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
13 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
14 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
15 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
16 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
6 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
7 Herrera Solís Anuario Luis	INASISTENCIA
8 Maciel Ortíz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
9 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
10 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
11 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
12 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
13 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 12
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 13

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Barradas Miravete Gregorio
2 Barrios Rodríguez Juan Enrique
3 Díaz Garibay Felipe
4 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro
5 García Müller Martha Margarita
6 González Ruiz Felipe
7 Gudiño Ortíz Francisco Javier
8 Limas Frescas María Soledad
9 Pérez Cuéllar Cruz
10 Reyes López Carlos Armando
Faltas por grupo: 10

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Condado Escamilla Cuitlahuac
2 Martínez Vargas Octavio
3 Mendoza Mendoza Irineo
4 Sánchez Cabrales Rafael Elías
Faltas por grupo: 4

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Alcántara Núñez Jesús Sergio
2 Ayala Almeida Joel
3 Domínguez Domínguez Nemesio
4 González García Sergio
5 Ochoa González Arnoldo
Faltas por grupo: 5

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Lavara Mejía Gloria
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Herrera Solís Anuario Luis
Faltas por grupo: 1