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ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Pido a los señores de los medios que se sirvan tomar sus lugares porque va a dar inicio la sesión. Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 315 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 11:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 10 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Presidente de la Mesa Directiva.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a la cacería de focas en Canadá. (Votación)

Por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007 en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite su propuesta del sistema de evaluación del desempeño, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (Turno a Comisión)

Con el que remite información correspondiente al bimestre enero-febrero de 2007 relativa a la evaluación económica de los ingresos y los egresos, en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y las entidades, con desglose mensual.

Con el que remite informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes a febrero de 2007.

Con el que remite el documento que contiene los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para 2008, sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos, para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Turno a Comisión)

Con el que remite fe de erratas sobre las principales variables macroeconómicas para 2008. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite solicitud de permiso del ciudadano Francisco Eduardo Cué Pérez para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud de permiso del ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud de permiso de los ciudadanos David Suárez Gómez, Salvador Suárez Moctezuma y Nora Laura Rivera Fernández para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que remite solicitudes de permiso de los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Con el que remite la carpeta de resultados de la participación del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada los días 2 y 3 de marzo de 2007 en Georgetown, Guyana.

Con el que remite el sexto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. (Turno a Comisión)

Once, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que establece las características de la séptima moneda de plata conmemorativa del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley por la que se Establece el Salario Estudiantil para las Personas que Cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 4o.-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley para la Protección de las Madres Solteras, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley General de Mediación Familiar, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscrita por los diputados Octavio Fuentes Téllez y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García para prestar servicios en las embajadas de Austria y de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV.

De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión abierta y cerrada la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo para que se declare Tlatelolco zona de monumentos arqueológicos.

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias a fin de que se declare la ciudad de Lerdo, Durango, zona de monumentos históricos.

De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo relativo al acceso de objetos ceremoniales en zonas arqueológicas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de diversas entidades federativas atiendan las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua solucione el problema del abasto de agua potable en diversos municipios de Michoacán.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de la Comisión Nacional del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México y al municipio de Naucalpan a atender la situación del río Hondo.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Turismo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a los municipios aledaños al Cañón del Sumidero a implantar un programa de saneamiento permanente.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo a la concesión de beneficios de libertad anticipada a las personas que se encuentren en centros de readaptación social federales o estatales.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo relativos al inicio de operaciones del Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas en materia de Ley Agraria.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda.

De la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley Federal de Vivienda.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas en materia de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas en materia de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo décimo sexto transitorio al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal de Protección al Maguey.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De las Comisiones Unidas Salud, y de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Posicionamiento sobre la violencia de género contra las mujeres en Zongolica, Veracruz, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos a adoptar las medidas necesarias para frenar la ola de violencia contra las mujeres y las niñas, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los esfuerzos realizados en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP y al gobernador de Michoacán a atender la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones de la Ley Minera para la explotación y el aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF auditar los recursos federales que integran la Cuenta Pública de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y las acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Semarnat los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida 300 hectáreas situadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF que instaure los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normativa en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar mediante la SSP y la PGR programas para proteger a los periodistas en el país, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a difundir los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar mediante la Semarnat los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que se castigue a los miembros del Ejército Mexicano que han participado en violaciones de derechos humanos de mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR que informen sobre los alcances y la eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el Puente Remolino, en Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federales realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare como región fronteriza la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales'', en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa para analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional de carga a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, que establece las condiciones para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar medidas a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar la operación Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar mediante la Semarnat sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía mediante la SHCP y la Sener sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación de la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, a las escuelas y a los departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe respecto a la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y a los posibles atentados cometidos en agravio de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a estimular los microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco a modificar su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse con relación a la controversia constitucional interpuesta contra el Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de vialidad de cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos respectivos para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la tala inmoderada en la Sierra Madre de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a asignar recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade a incentivar la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementar el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen, a través de una política de Estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol, correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP revisen el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista estadounidense Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el Presidente del Congreso del estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir dentro del PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar los Convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al combate de la violencia de género contra las mujeres migrantes irregulares en la frontera sur, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena, así como al ISSSTE a informar si existe alguna persona que sea beneficiaria de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas que detonen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad médica familiar número 10 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir para la reapertura del puente internacional Suchiate, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a integrar una Comisión Estatal Coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada y se asignen los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que cruza el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua ubicados a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausurar los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia a hacer frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instrumentar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco que soliciten a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Fútbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en sus programas alimenticios, a partir de un padrón de productores nacionales definido por el DIF nacional, suscrita por los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia que vive el estado de Tabasco por la delincuencia organizada y el narcotráfico, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de su delegación en Sinaloa vigile que se cumpla la normatividad relativa a la contratación de menores de edad y de los trabajadores jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SSP y de la SCT a intervenir para detener los hechos de extorsión en las terminales de autobuses del país, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993, los trabajadores agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a revisar y modificar las reglas para otorgar el título de concesión para administrar la devolución del IVA que ha sido trasladado a los extranjeros con calidad de turistas, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros a nivel nacional a donar pólizas contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Sedena se instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores federales y a los organismos involucrados en la organización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, para que el mecanismo de votación para la elección de los legisladores infantiles se realice con la mayor legalidad, suscrita por los diputados Marcela Cuén Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Economía, revise las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las llamadas bebidas energizantes, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al gobierno federal recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para el saneamiento del río y cuencas del Zahuapan, estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar un grupo de trabajo que se encargue del análisis y revisión del esquema actual de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias competentes, ponga en práctica acciones que conduzcan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir el dictamen final de la NOM sobre el uso de betaagonistas no autorizados en los animales, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT y del vocal ejecutivo del IPAB para que informen respecto de las causas y consecuencias del conflicto colectivo de Mexicana de Aviación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los presidentes municipales a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos económicos decomisados por las autoridades sean destinados al fortalecimiento de las políticas y los programas contra las adicciones, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la legislatura local, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y del estado de Chiapas a establecer en forma permanente el programa de atención para erradicar la enfermedad del tracoma en las comunidades indígenas de la entidad, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a intensificar las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a implementar acciones en materia de seguridad pública en el estado Veracruz, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SE que libere los recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las empresas de solidaridad para proyectos productivos de la leche en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría integral al ejercicio de la administración de la Conaliteg en el periodo 2001-2006, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Profeco que den un informe de los programas y acciones enfocadas a verificar la calidad del agua embotellada, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del Estado de Jalisco a informar sobre los avances y el estado actual de la averiguación previa número 15058/2006, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de un programa de radio en el estado de Aguascalientes, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a solicitar al gobierno del estado de Veracruz su anuencia u opinión sobre los permisos para la celebración de carreras de caballos, peleas de gallos o algún otro juego o sorteo en dicha entidad, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos e incentivos para los adeudos de la población en situación de pobreza para la regularización de terrenos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa informe sobre el Programa de Subsidios Aserca para la próxima cosecha en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos de seguridad social para los pescadores de alta mar, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar, a través de la Sectur, la incorporación del municipio de Boca del Río, Veracruz, en el programa del Fonatur, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a garantizar las condiciones de seguridad para los comerciantes situados en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín de Texmelucan, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo que atienda el problema de contaminación de la región Tula-Tepeji-Huichapan, Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a un proceso de debate, desarrollo metodológico e innovación para una reforma integral del sistema nacional de salud y de la normatividad en la materia, a cargo del diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a realizar, de manera conjunta, acciones para instituir la semana nacional de la cultura de la protección de los animales, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través de las dependencias correspondientes, las reglas de operación del programa Oportunidades para 2007, a fin de incluir como beneficiarios de becas educativas a estudiantes de primero y segundo grados de primaria, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de pseudoefedrina, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal solicitar y promover que en el próximo periodo de sesiones de la ONU se elabore una convención en materia de derechos de las personas adultas mayores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar exhaustivamente las transferencias presupuestales asignadas a Tabasco; a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena el asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a emprender las acciones necesarias para que en los actos que promueva considere por lo menos el cinco por ciento de los espacios para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Guerrero y de Acapulco a implantar un programa de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una investigación sobre la situación que afecta a las alumnas del instituto La Villa de las Niñas, de Chalco, estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a destinar recursos suficientes para la mejora de las carreteras que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar ilícitos los anuncios clasificados en los periódicos donde se ofrecen servicios de masajes y otros que promueven los estereotipos sexistas discriminatorios para la mujer y la prostitución invisible, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

A las Comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la violencia y los feminicidios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.

Con motivo del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintinueve de marzo de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Seiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura

Presidencia del diputado

Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veinticuatro minutos del jueves veintinueve de marzo de dos mil siete, con la asistencia de trescientos veintisiete diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados:

El gobierno del estado de Tlaxcala.

La Dirección General de Caminos y Puentes Federales.

Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, en relación a dictamen negativo de puntos de acuerdo, de la Comisión de Comunicaciones, publicado en la Gaceta Parlamentaria el veintiocho de marzo de dos mil siete. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Junta de Coordinación Política, comunica cambio en la integración de la Comisión de Participación Ciudadana. De enterado.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres, que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo dos mil siete-dos mil doce, elabore un programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra la mujeres y el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. Para hablar sobre el tema interviene la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la Asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que la administración general de aduanas no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en el mes de febrero de dos mil siete. Se remite a la Comisión de Economía.

El Servicio de Administración Tributaria, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Se recibe del Ejecutivo federal, iniciativa con proyecto de Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Se turna a la Comisión de Economía.

La Cámara de Senadores remite:

a) Solicitudes del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión de Justicia presente el dictamen correspondiente a:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: dos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales y se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas.

Minuta con proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se adicionan la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia.

Se turnan a la Comisión de Justicia.

b) Minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Octavio Fuentes Téllez, diputado suplente electo en el cuarto distrito del estado de Chihuahua, y acompañado de una comisión designada, rinde su protesta y entra en funciones de inmediato.

Se recibe del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia.

El diputado Leonardo Magallón Arceo, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento sesenta y dos, y doscientos sesenta y cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , de Alternativa, remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Gilberto Ojeda Camacho , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo mil cuatrocientos once del Código de Comercio.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Economía.

José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, que reforma el artículo diez de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jesús Arredondo Velázquez , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A las doce horas con dieciséis minutos se registra una asistencia de cuatrocientos catorce diputadas y diputados.

Victorio Montalvo Rojas , del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo trescientos veinticuatro-Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Justicia, a petición del promovente.

Andrés Carballo Bustamante , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Alberto Amaro Corona , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

César Horacio Duarte Jáquez , a nombre propio y del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena , ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.

Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Juan Francisco Rivera Bedoya , del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Carlos Ernesto Zataráin González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

César Octavio Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Carlos Armando Biebrich Torres , del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Desde su curul, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Eduardo de la Torre Jaramillo , de Alternativa, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial de la Reforma del Estado.

Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

La presidencia informa a la Asamblea que hace suya la solicitud para abordar el tema relativo al fallecimiento de la mujer indígena Ernestina Ascensio Rosario y en votación económica, por mayoría simple, la Asamblea no autoriza abordar el tema anunciado.

Con una asistencia de trescientos cuarenta y cinco diputadas y diputados, se confirma la existencia de quórum.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios las diputadas: Maricela Contreras Julián , Valentina Valia Batres Guadarrama y Alma Lilia Luna Munguía , todas del Partido de la Revolución Democrática; Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia; Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia; María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo y Alliet Mariana Bautista Bravo , del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, hace observaciones y la Presidencia solicita la lectura de los artículos quinto y vigésimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.

Para realizar comentarios desde sus respectivas curules intervienen los diputados: Isidro Pedraza Chávez y Maricela Contreras Julián , ambos del Partido de la Revolución Democrática; Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia; Alliet Mariana Bautista Bravo , Gerardo Villanueva Albarrán , Holly Matus Toledo y Sergio Hernández Hernández , todos del Partido de la Revolución Democrática; María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo; Aurora Cervantes Rodríguez , Susana Monreal Ávila y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , todos del Partido de la Revolución Democrática y María del Pilar Ortega Martínez , del Partido Acción Nacional y en su oportunidad la Presidencia hace las aclaraciones.

Con un resultado de ciento diecinueve votos en pro, doscientos quince en contra y siete abstenciones, no se acepta la modificación del orden del día para incorporar el tema relativo al fallecimiento de la mujer indígena Ernestina Ascensio Rosario en el municipio de Zongolica, Veracruz y abordarlo inmediatamente.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Secretario de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, den inmediata atención a los pasajeros afectados por la suspensión de Línea Aéreas Azteca. En sendas votaciones económicas la Asamblea acepta su inclusión en el orden del día y aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Comisión de Gobernación remite dictámenes con proyecto de decreto que concede permisos a:

Los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García, para prestar servicios en las Embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la Condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Son de Primera Lectura.

La Presidencia declara que en virtud de no existir condiciones para continuar con el desarrollo de la sesión, ésta se levanta a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes diez de abril de dos mil siete a las once horas.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Edificio.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes en sentido negativo de proposiciones con punto de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Cultura

Dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Desarrollo Rural

Dictamen por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Economía

Dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Unidas de Economía, y de Reforma Agraria

Dictamen por el que se desechan dos proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al gobierno federal a intervenir en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los pobladores de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, en Mulegé, Baja California Sur, a investigar la situación financiera de dicha empresa y a formar una comisión plural que apoye las pesquisas.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Hacienda y Crédito Público

Dictamen por el que no son de aprobarse 121 proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Radio, Televisión y Cinematografía

Dictamen por el que queda sin materia la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se cita al director del Canal 11 para que explique la línea editorial de esa emisora y la censura aplicada al programa Diálogos en Confianza y el despido injustificado de personal de éste.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Trabajo y Previsión Social

Dictamen por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura.

Fecha de publicación: 3 de abril.

Seguridad Pública

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República a investigar las posibles conductas ilícitas de elementos de la Agencia Federal de Investigación, al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video.

Fecha de publicación: 4 de abril.

Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social

Dictamen por el que no son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo por las que se cita a comparecer al director del Infonavit para que informe sobre la efectividad de la ley de ese instituto en el conjunto La Margarita, en Puebla, y las unidades habitacionales del país, y por la que se solicita al mismo funcionario que se presente ante dichos órganos legislativos para aportar datos sobre las edificaciones correspondientes a la llamada Línea 1.

Fecha de publicación: 4 de abril.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura en relación con asuntos que son competencia de este órgano legislativo

Honorable Asamblea

La Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 58, 60, 65, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Diversos diputados federales que integraron los grupos parlamentarios de la LIX Legislatura, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposiciones con punto de acuerdo, consistentes en solicitudes o exhortos efectuados a las autoridades tanto federales como estatales para que se abocaran a la atención de diversas cuestiones conforme a sus facultades y competencias.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura.

3. En este sentido, son materia del presente dictamen las siguientes proposiciones:

a) Con punto de acuerdo, para exhortar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, a que en las negociaciones en el marco del acuerdo sobre el comercio de servicios de la Organización Mundial de Comercio, presenten una postura firme de apoyo a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas de la UNESCO; presentado por los diputados Inti Muñoz Santini y Rafael Flores Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de de la Revolución Democrática. Turnado a la Comisión de Cultura el día 9 de diciembre de 2004, agregar a los considerandos un tercero que establezca lo siguiente: y considerando que dicha convención ya entró en vigor el pasado día 18 de marzo del año en curso, y que el titular del Ejecutivo ha emitido un decreto promulgatorio el pasado 18 de marzo del presente año sobre esta convención, en el que establece que el estado mexicano se reserva la aplicación del artículo 20 de dicha convención, sosteniendo que la implementación de ésta, se hará de manera armónica y compatible con los tratados internacionales, especialmente con el acuerdo que da origen a la organización mundial de comercio y otros tratados internacionales.

b) Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del estado de México, a emitir la declaratoria de zona arqueológica del Albarradón de Ecatepec de Morelos contemplando la problemática actual y los nuevos hallazgos, con la finalidad de que se permita garantizar la seguridad de este patrimonio nacional, así como llevar a cabo las acciones necesarias para el establecimiento y desarrollo de los museos temáticos del Albarradón de Ecatepec de Morelos y la implementación de un programa integral de rescate; presentado por el diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Turnado a la Comisión de Cultura el día 25 de abril de 2006.

c) Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Gobierno del Distrito Federal, a emitir la declaratoria de zona arqueológica de Cuicuilco, contemplando la problemática actual y los nuevos hallazgos; presentado por el diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Turnado a la Comisión de Cultura el día 25 de abril de 2006.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. Como ha quedado descrito, las proposiciones con punto de acuerdo arriba enunciadas fueron presentadas y turnadas a la Comisión de Cultura durante el periodo de ejercicio 2003-2006 de la LIX Legislatura.

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso f), y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones tienen por tarea dictaminar o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

III. Para resolver los asuntos acumulados durante la pasada legislatura, los diputados integrantes de esta comisión se abocaron al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes, con el fin de acatar el mandato establecido en la ley.

IV. Con fecha 12 de febrero del año en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con puntos de acuerdo presentados durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.

V. En el acuerdo mencionado, se establecen lineamientos para que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados dictaminen las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura pendientes de dictamen, y lo comuniquen a más tardar el 31 de marzo de 2007 al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

VI. Así, conforme al artículo cuarto del referido acuerdo, esta comisión procede a analizar las proposiciones con punto de acuerdo que les fueron turnadas.

VII. En este sentido, los integrantes de la comisión llevaron a cabo una primera revisión con el fin de identificar todas aquellas proposiciones que se consideren extemporáneas o que ha desaparecido su materia, razón o motivo que les dio origen, o que el propósito perseguido con el punto de acuerdo correspondiente haya desaparecido o haya dejado de ser posible o viable, en los términos del mismo artículo cuatro del acuerdo.

VIII. Del análisis efectuado sobre las proposiciones con punto de acuerdo que se han mencionado, se destaca lo siguiente:

a) En algunos casos, los puntos de acuerdo han sido superados por el transcurso del tiempo, es decir, sus objetivos ya se han realizado o bien resultan extemporáneos, por lo que carecen de actualidad.

b) Otras proposiciones han sido satisfechas debido a las reformas legislativas, o bien, a que las autoridades ejecutaron los actos que son materia de la proposición.

c) Ciertos puntos de acuerdo, fueron dirigidos a autoridades específicas y cuyos funcionarios han concluido en desempeño de sus funciones, por lo que han quedado sin materia.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Cultura, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen y que han sido descritas en el capítulo de antecedentes.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a los 28 días del mes de marzo de 2007.

Por la Comisión de Cultura, diputados: Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), presidente; Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Blanca Luna Becerril , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar , Marcela Cuén Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González (rúbrica), Francisco Martínez Martínez , María Esperanza Morelos Borja , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña , María del Carmen Salvatori Bronca , Víctor Gabriel Varela López , Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, relativo a tres proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura referentes a exhortos a dependencias del ámbito agropecuario

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural le fueron turnadas, para su análisis y dictamen correspondiente, tres proposiciones con punto de acuerdo en la LIX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Durante la anterior legislatura fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Rural, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, diversas proposiciones con punto de acuerdo consistentes esencialmente en una serie de exhortos hechos a las autoridades de las diferentes dependencias y entidades del ramo agropecuario para que se abocaran al cumplimiento de diversos compromisos en el ámbito de su competencia.

En tal sentido, son materia del presente dictamen las siguientes proposiciones:

1. Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo. Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural el 29 de abril de 2004.

2. Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural afectada por Contingencias Climatológicas. Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural el 19 de octubre de 2004.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la república a reformar los artículos segundo y duodécimo del Programa de Apoyos Directos al Campo. Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural el 11 de noviembre de 2004.

Consideraciones

1. Como ha quedado descrito, las proposiciones con punto de acuerdo arriba enunciadas fueron presentadas y turnadas a la Comisión de Desarrollo Rural durante el periodo de ejercicio 2003-2006 de la LIX Legislatura.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso f), y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones tienen por tarea dictaminar o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

3. Para resolver los asuntos acumulados durante la pasada legislatura, los diputados integrantes de esta Comisión de la LX Legislatura se abocaron al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes, con el fin de acatar el mandato establecido en la ley.

4. El pasado 12 de febrero la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.

En dicho acuerdo se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.

El objetivo del mismo es que las comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados dictaminen dichas proposiciones presentadas durante la pasada legislatura pendientes de dictamen, y lo comuniquen a más tardar el 31 de marzo de 2007 al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Conforme al artículo cuarto del acuerdo en comento, ``las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados procederán a analizar las proposiciones con punto de acuerdo que les fueron turnadas como comisión única o en la que aparezcan en primer lugar en el turno de comisiones unidas, para efecto de:

a) Identificar todas aquellas proposiciones que se consideren extemporáneas o que han desaparecido su materia, razón o motivo que les dio origen, o que el propósito perseguido con el punto de acuerdo correspondientes haya desaparecido o haya dejado de ser posible o viable.

b) Clasificar las proposiciones de acuerdo en función de la resolución que corresponda, en negativas, de información y por dependencia.

c) Elaborar y aprobar, en su caso, el dictamen correspondiente, utilizando el mecanismo de dictamen plural o colectivo, en cuanto sea posible de acuerdo con los propósitos señalados en los considerandos de este acuerdo.

d) Comunicar los dictámenes que se aprueben, en los términos de este artículo, al Presidente de la Mesa Directiva, a más tardar el 31 de marzo de 2007.

De las tres proposiciones que se encuentran en el supuesto anterior, se hizo una revisión con el fin de identificar si se consideran extemporáneas o bien que haya desaparecido su materia, razón o motivo que les dio origen, o en el último de los casos que el propósito perseguido con el punto de acuerdo correspondiente haya desaparecido o dejado de ser posible o viable, en los términos del mismo artículo cuatro del acuerdo.

Del análisis realizado de las proposiciones con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, se destaca lo siguiente:

a) Los puntos de acuerdo han sido superados por el transcurrir del tiempo, es decir, sus objetivos, ya se han realizado o bien en este momento resultan extemporáneos, por lo que carecen de actualidad.

d) Los puntos de acuerdo fueron dirigidos a autoridades específicas y los funcionarios que en ese momento fungían como responsables, tanto del Poder Ejecutivo Federal como de alguna secretaría de Estado, han concluido el desempeño de sus funciones, por lo que han quedado sin la materia correspondiente.

e) Finalmente, algunas preocupaciones y propuestas previstas en las proposiciones con punto de acuerdo continúan siendo parte de los temas incluidos en el programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen y que han sido descritas en el capítulo de antecedentes y consideraciones.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil siete.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos , Israel Beltrán Montes (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Modesto Brito González , secretarios; Francisco Domínguez Servién ; Juan Victoria Alva (rúbrica); María Guadalupe García Noriega , Francisco Javier Murillo Flores , Gerardo Antonio Escaroz Soler , Antonio Medellín Varela (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Gustavo Macías Zambrano , Francisco Rueda Gómez , María Valenzuela García (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez , Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Juan Abad de Jesús (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, sobre diversas proposiciones presentadas durante la LIX Legislatura y que corresponden a asuntos que son competencia de este órgano legislativo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones:

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que se otorgue un precio especial en la venta de gas licuado de petróleo a las personas adultas mayores, para uso domestico, aplicable en toda la Republica Mexicana, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 11 de septiembre de 2003.

2. Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se adopten las medidas conducentes para otorgar una reducción de 50 por ciento en las tarifas por consumo de electricidad de uso domestico a los adultos mayores, aplicable en toda la Republica Mexicana, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 2 de octubre de 2003

3. Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a que en las negociaciones con Estados Unidos de América pugne por un mercado equitativo de edulcorantes, presentada por el diputado Lázaro Arias Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión del jueves 30 de octubre de 2003.

4. Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 29 de abril de 2004.

5. Con punto de acuerdo, a fin de pedir al Ejecutivo federal que, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aplique de manera urgente un diferimiento para la inversión extranjera en nuestro país por lo que respecta al autotransporte, como medida de efecto equivalente ante el incumplimiento por parte de Estados Unidos de América de los acuerdos que sobre dicha actividad contiene el referido tratado, a cargo del diputado Francisco Juan Ávila Camberos, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 29 de abril de 2004.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que incluya el municipio de Tetla, Tlaxcala, en la zona de cobertura del programa marcha hacia el sur, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 28 de febrero de 2005.

7. Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo de la federación a que excluya la educación de los mexicanos del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 28 de abril de 2005.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no disminuir el arancel de las importaciones de productos de acero, a cargo del diputado Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 14 de diciembre de 2005.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la república a actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 14 de diciembre de 2005.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar la constante alza del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, a cargo del diputado Alfonso Moreno Morán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 21 de febrero de 2006.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías correspondientes para enviar un informe detallado de los argumentos que el país empleó en el proceso legal ante el órgano de apelación de la OMC relativo a los edulcorantes, denominado ``México-medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas'', a cargo del diputado Marco Antonio Torres Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 23 de marzo de 2006.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a apoyar la exportación de melón mexicano a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 25 de febrero de 2004.

13. Con punto de acuerdo, respecto a la solicitud de Estados Unidos de América para celebrar consultas con el gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio acerca de las medidas fiscales de México sobre los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 13 de abril de 2004.

14. Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a regularizar la actividad económica informal, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 28 de septiembre de 2004.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Economía a publicar una resolución provisional con una cuota compensatoria para las importaciones de pierna de cerdo procedentes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 14 de diciembre de 2004.

16. Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a instaurar, en el ámbito de su competencia, las acciones legales pertinentes para impedir la entrada ilegal de artesanías, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 28 de abril de 2005.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a cumplir lo establecido en la NOM-125-SCFI-1998 y emitir con la mayor brevedad la NOM-125-SCFI-2003, a cargo de la diputada Norma Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto de 2005

18. Con punto de acuerdo, respecto al fallo de la Secretaría de Economía contra los porcicultores nacionales relativo a las importaciones de pierna de cerdo a nuestro país, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, presentada el 25 de enero de 2006.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a presentar un informe sobre la asignación de cupos de importación de pollo fresco o refrigerado durante los últimos tres años en los estados de la frontera norte del país, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 2 de febrero de 2006.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a los congresos locales a emitir el marco jurídico y regulatorio para coordinar la operación de las casas de empeño, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 2 de febrero de 2006.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a actualizar el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 21 de febrero de 2006.

22. Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a revisar, a través y junto con las autoridades correspondientes, si las compañías gaseras instaladas en el Valle de México se ajustan a las normatividades respectivas, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión del jueves 29 de abril de 2004.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades con comunidades en estado de desastre y a la Procuraduría Federal del Consumidor a emprender acciones para evitar y castigar las prácticas de comercio abusivas en dichas zonas y las cercanas a ellas, a cargo del diputado Edmundo G. Valencia Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 14 de diciembre de 2005.

24. Con punto de acuerdo, para revocar el permiso de explotación minera a la compañía Linear Gold en Motozintla, Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 2 de febrero de 2006.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profepa a dar a conocer el procedimiento administrativo abierto por dicha dependencia en el caso de la contaminación con transgénicos en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 25 de abril de 2006.

26. Con punto de acuerdo, a fin de que la Profeco solicite al gobierno federal que suspenda toda publicidad que tenga la frase ``si seguimos por este camino, México será mejor que ayer'', porque es una afirmación engañosa, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 28 de marzo de 2006.

27. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profeco que refuerce las medidas de detección y supervisión de venta de gasolina, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 25 de abril de 2006.

28. Con punto de acuerdo, para combatir las importaciones irregulares por contrabando y triangulaciones de chile seco, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 14 de diciembre de 2005.

29. Con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a otras agencias del gobierno federal a no expedir permisos de instalación a toda planta regasificadora o almacenadora de gas natural licuado, o a cualquier otra industria contaminante de riesgo, en áreas específicamente prohibidas en los planes de desarrollo urbano de los núcleos de población de los municipios, de acuerdo con la vocación del terreno y con las reglamentaciones y normatividades que exige la ley de protección civil, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada día 29 de abril del 2004.

30. Con punto de acuerdo, a fin de convocar a la realización de la primera Convención Nacional para el Crecimiento Económico y la Recuperación y Dignificación del Empleo, a cargo del diputado Tomas Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentado el día 29 de abril de 2004.

31. Con punto de acuerdo, para solicitar a las Secretarías de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor que se cumpla la norma oficial mexicana NOM-155 SCFI-2003 y se forme el consejo nacional de la leche, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 19 de octubre de 2004.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, así como a los titulares de las instituciones que forman la Banca de Desarrollo, a impulsar el microcrédito y los programas referidos a éste y, en su caso, a estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del crédito en 2005, proclamado por la ONU año internacional del microcrédito, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada día 28 de abril de 2005.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a conducirse con arreglo a la Constitución en el próximo encuentro trilateral de mandatarios de la región del TLCAN, a cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo respecto al Capítulo Agropecuario del TLCAN y a presentar a esta soberanía el balance de los 11 años de dicho acuerdo comercial, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 28 de abril de 2005.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la SHCP a mantener las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé terminados, así como cualquier componente importado y que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 4 de noviembre de 2005.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a apoyar la industria del Tequila, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 11 de noviembre de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, de fecha 7 de febrero de 2007, la Comisión de Economía somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. Durante las sesiones celebradas en esta Cámara de Diputados en las fechas correspondientes a la presentación de las proposiciones con puntos de acuerdo listadas anteriormente, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al Pleno de las proposiciones con puntos de acuerdo competencia de esta comisión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva en turno acordó dar el siguiente trámite: `` Túrnense a la Comisión de Economía'', lo anterior para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Las proposiciones con punto de acuerdo ya mencionadas tienen por turno a la Comisión de Economía, con el carácter de comisión única los primeros 28 asuntos y primera en turno los últimos 7 y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo atendiendo a lo establecido en los artículos tercero y cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación signado el 7 de febrero del 2007 y publicado en la Gaceta Parlamentaria del lunes 12 de febrero del mismo año.

Consideraciones

Primera. Que el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establece los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, que entró en vigor el día 13 de febrero del año en curso.

Segunda. Que es habitual que de una legislatura a otra se entregue un listado de asuntos con carácter de pendientes de dictaminación, en función de que éstos no alcanzaron a ser concluidos en la legislatura correspondiente.

Tercera. Las proposiciones con punto de acuerdo particularmente son cuantiosas y se sustentan la mayor de la ocasiones en eventos contingentes y transitorios que pierden la actualidad de vigencia por el solo transcurso del tiempo, desapareciendo con ello la materia, razón o motivo que les dio origen además en otros casos simplemente dejan de ser viables o posibles.

Cuarta. Que los asuntos referentes a revisiones de costos en materia de gas licuado y tarifas eléctricas, el beneficio directo no siempre se reflejada en las personas a que se dirige en las propuestas, además la afectación de los ingresos federales no brinda una solución al problema, sino que desvirtúa la prestación del servicio o afecta el mercado directamente, el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que ``a toda propuesta de aumento o creación de gasto..., deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso...''

Quinta. Que México desde los años ochentas ha emprendido una impetuosa integración comercial con el resto del mundo, por lo que ha venido impulsando las operaciones de comercio exterior y caracterizándonos como una de las economías más abiertas del mundo con 12 tratados internacionales firmados con las principales economías del mundo y que dichos tratados en materia comercial son sujetos a revisiones y adecuaciones como es el caso de la reforma realizada a la Ley de Comercio Exterior, que modificó lo referente a incompatibilidades que existían con los acuerdos antidumping y sobre subvenciones, la eliminación del impuesto especial a la producción y servicios impuesto al endulzante conocido como jarabe de maíz de alta fructosa.

Sexta. Que es prioritario impulsar las acciones que promuevan la competitividad de las empresas mexicanas, con el objetivo de fomentar la inversión y el empleo, las propuestas legislativas en análisis han quedado desfasadas por otros proyectos legislativos en cuanto a su objetivo, es el caso del aumento en la demanda y el nivel de precios que han beneficiado a la industria siderúrgica nacional, generándose condiciones de colocación que han sido aprovechadas por los empresarios nacionales del ramo.

Séptima. Que los diputados de la Comisión de Economía concluyen que cada una de las propuestas se refiere a eventos específicos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el transcurso del tiempo, por cambios en las circunstancias que los motivaron y resultan extemporáneas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con puntos de acuerdo materia del presente dictamen e identificados al inicio del mismo.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2007.

La Comisión de Economía. Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo , Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria, sobre dos proposiciones con punto de acuerdo que exhortan al gobierno federal a intervenir en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los pobladores de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, en Mulegé, Baja California Sur, a investigar la situación financiera de dicha empresa y a formar una comisión plural que apoye las pesquisas

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes:

1) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales intervengan en el conflicto entre la empresa Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, en el municipio de Mulegé, en el estado de Baja California Sur, y solicitar a la Junta de Coordinación Política conforme una comisión plural para acudir a dicho estado, presentada por el diputado Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de octubre de 2006. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados; y

2) Proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal integre una comisión plural que se encargue de realizar una investigación sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé, del estado de Baja California Sur, así como de la situación financiera de dicha exportadora, presentada por el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de octubre de 2006. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

Las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo descritas, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada en esta Cámara de Diputados con fecha 19 de octubre de 2006, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de las proposiciones con punto de acuerdo que presentaron los diputados Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria''.

Tercero. El interés y principal objetivo de los legisladores que presentaron las proposiciones con punto de acuerdo coinciden en

Que la autoridad federal intervenga en el conflicto suscitado entre la empresa Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), y los ejidatarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Mulegé, del estado de Baja California Sur, para dar solución.

Consideraciones

Primera. Que, con base en los antecedentes indicados, las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria, con las atribuciones señaladas, se abocaron a dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en sus fracciones III, XXVII, XXVIII y XXIX, corresponde a la Secretaría de Economía (SE) el despacho de los asuntos referentes a las políticas de industrialización, distribución y consumo de los productos minerales, además de la formulación y conducción de las políticas nacionales en la materia, el fomento del aprovechamiento de esos recursos, llevar el catastro minero y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar. Por otra parte, también concierne a la SE otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera.

Tercera. Que ESSA es una sociedad mexicana, legalmente constituida el 7 de abril 1954 mediante escritura pública número 4625 y en los términos de la LOAPF constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria e inscrita en el Registro de la Administración Pública Federal Paraestatal bajo el número 10101, perteneciente al sector minero, con participación del Fideicomiso de Fomento Minero, coordinada sectorialmente por la SE; y su objeto es la explotación y exportación de la sal marina.

Cuarta. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de nuestra Constitución Política

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación...

Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas...

Quinta. Que mediante declaratorias publicadas durante los años 1953 a 1955 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fueron incorporadas al patrimonio de la entonces Comisión de Fomento Minero (CFM) las zonas salineras aledañas a la laguna Ojo de Liebre y Guerrero Negro, para la explotación de salinas formadas por el mar. Posteriormente, en 1956, la CFM concedió la explotación de sal marina de esos terrenos a la empresa ESSA.

Sexta. Que en 1971 los ejidos Benito Juárez y Díaz Ordaz fueron dotados de tierras por el presidente de la república, dentro de las cuales se asignaron las correspondientes a ESSA. Debido a lo anterior, ESSA suscribió con los ejidos en 1987 un convenio de pago por compensación de ocupación de superficie ejidal, cubriendo el pago convenido hasta 1986 y un pago anual a partir de 1987. Posteriormente se suscribieron convenios de ocupación temporal en 1994, mismo que fue inscrito debidamente en el Registro Público de Minería y en el Registro Agrario Nacional. Posteriormente, los ejidatarios, con fines económicos, solicitaron la terminación del convenio de 1994, un pago por indemnización y la restitución de tierras del ejido, presentando lo anterior ante el Tribunal Agrario y encontrándose en periodo conciliatorio.

Séptima. Que con fecha 14 de noviembre de 2006 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, con intermediación de la Secretaría General de Gobierno del estado de Baja California Sur y la Secretaría de Gobernación, así como la intervención de funcionarios de la SE, de la delegación estatal de la Procuraduría Agraria, del líder estatal de la Confederación Nacional Campesina y el diputado local, se reunieron los líderes y representantes legales de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz y los funcionarios de la empresa ESSA, a efecto de formalizar las propuestas y pretensiones expresadas durante el conflicto, logrando la aceptación y firma de dos instrumentos jurídicos, consistentes, el primero en un convenio modificatorio del convenio de ocupación temporal de 1994; y el segundo, denominado ``convenio de concertación''. Con la firma de los anteriores convenios se logró dar fin al conflicto, toda vez que las pretensiones fueron satisfechas conforme a lo estipulado en la Ley Minera y la Ley General de Bienes Nacionales.

Octava. Que el objeto principal de los puntos de acuerdo presentados ha sido exhortar a las autoridades federales competentes para que intervengan en el conflicto entre los ejidatarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz y la empresa ESSA; y, a su vez, se den las condiciones propias para resolverlo. De conformidad con lo antes expuesto, los convenios suscritos por los agentes involucrados dan fin a dicho conflicto, toda vez que el gobierno federal ha realizado las acciones pertinentes para la solución, siendo el caso de que lo aceptado y convenido por las partes en los convenios modificatorio del de ocupación temporal de 1994 y de concertación logra satisfacer las pretensiones reclamadas.

Novena. Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria, que dictaminan, reconocen y concluyen que la intención del legislador respecto de lo solicitado en los puntos de acuerdo en estudio claramente se ha visto satisfecha con la actuación de la autoridad federal competente, al haberse firmado los convenios respectivos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo objeto del dictamen, por haber quedado sin materia al haber sido satisfecha la pretensión principal.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcalde (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cázares (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Tomás Gloria Requena (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez , Héctor Narcia Álvarez , Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , Juan Victoria Alva , Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Félix Castellanos Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, relativo a 121 proposiciones con punto de acuerdo turnadas durante la LIX Legislatura sobre materias que son competencia de este órgano legislativo

Marzo 28, 2006

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados fueron turnadas, para su estudio y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, del inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe emite la presente resolución a las proposiciones con punto de acuerdo recibidas por la LIX Legislatura de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En el periodo del 4 de septiembre de 2003 al 23 de agosto de 2006 fueron turnadas a esta comisión 121 proposiciones con punto de acuerdo sobre diversos temas; a continuación se relacionan las proposiciones en comento:

1. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a revisar en forma estricta los mecanismos y estructuras autorizadas para las comisiones que cobran las Afore, en el Sistema de Ahorro para el Retiro, presentada por el diputado Carlos Mireles Morales, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el 9 de octubre de 2003.

2. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para que diseñen de inmediato instrumentos para incorporar a la economía informal, a sistemas formales que garanticen seguridad social y se simplifique el régimen fiscal de pequeño contribuyente, presentada por el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de octubre de 2003.

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a aclarar la situación de los ciudadanos extranjeros, especialmente de origen Coreano, presuntos miembros de organización delictivas que trafican con productos de contrabando, presentada por el diputado Jorge A. Kahwagi Macari, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, el 4 de noviembre de 2003.

4. Proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía apruebe que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 que se mantenga la previsión de canalizar los ingresos excedentes por la venta de petróleo a inversión en infraestructura en los estados y se apliquen al financiamiento de proyectos de infraestructura de impacto social que presenten los ayuntamientos del país, presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, el 4 de noviembre de 2003.

5. Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados solicite al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reconsidere el criterio aplicado, a partir del actual ejercicio fiscal, para devolver el IVA a los productores agropecuarios, presentada por el diputado José Mario Wong Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 6 de noviembre de 2003.

6. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a homologar el precio del diesel marino, en beneficio de los armadores de buques de investigación oceanográfica universitaria, presentada por el diputado Pablo Anaya Rivera, el 13 de noviembre de 2003.

7. Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se liberen los recursos presupuestados para el desarrollo del Programa de Acuacultura y Pesca, que forma parte del Programa Alianza Contigo, en apoyo de la flota camaronera nacional de pesca de altura, presentada por el diputado Alejandro Higuera Osuna, el 13 de noviembre de 2003.

8. Proposición con punto de acuerdo para recomendar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a que tome en cuenta los efectos fiscales y económicos que tendrían el decremento de 15 a 10 por ciento de la tasa del IVA y el incremento de las tasas del IEPS, con objeto de evitar el aumento del contrabando y la adulteración, presentada por el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del PVEM, el 18 de Noviembre de 2003.

9. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, contra la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para derogar los incisos G) y H) de la fracción primera del artículo segundo y el inciso f) de la fracción primera del artículo octavo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se mantengan y continúen vigentes las actuales disposiciones contempladas en los artículos referidos, presentada por el diputado Carlos Blackaller Ayala, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el 18 de noviembre de 2003.

10. Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a las coordinaciones de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del Servicio de Administración Tributaria a retirar los retenes y volantas que instala la Policía Fiscal Federal en las operaciones realizadas en las carreteras del estado de Nuevo León, presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 18 de noviembre de 2003.

11. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a realizar un cabal cumplimiento de las asignaciones presupuestales para el campo expresadas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, presentada por la diputada Eliana García Laguna, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 11 de febrero de 2004.

12. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, y a la Comisión Reguladora de Energía a replantear la fórmula del precio del gas natural en México, presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 10 de marzo de 2004.

13. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reforma del acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, que entró en vigor el 9 de agosto de 2003, presentada el 3 de marzo de 2004, presentada por el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, el 3 de marzo de 2004.

14. Proposición con punto de acuerdo para recomendar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público para que a través de sus órganos desconcentrados exista una mayor coordinación en el diseño y propuesta de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de costos ambientales, presentada por el diputado Raúl Piña Horta, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, el 1 de abril de 2004.

15. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a girar sus instrucciones a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para que adopten las medidas necesarias a fin de establecer tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica para los productores agropecuarios del estado de Chihuahua, presentada por el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, en nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD, el 1 de abril de 2004.

16. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a abrogar el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

17. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la titular del Ejecutivo federal que instruya a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que fijen la tarifa especial 1F al estado de Chihuahua y a todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados, presentada por los diputados Omar Bazán Flores y Jesús Bueno, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

18. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a fijar el esquema de operación del estímulo económico a los productores de agave Tequilana weber azul, agave que marca la Norma Oficial Mexicana, agave Fourcroydes iem, Dasylirion SPP o Agave augustifolia (Espadín Azul), para ser utilizado en la elaboración del tequila, mezcal, bebida de henequén o sotol, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

19. Proposición con punto de acuerdo a fin de que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación busquen los instrumentos y mecanismos con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz para que los agricultores de menores ingresos que se encuentran inscritos en el padrón del Procampo y los ganaderos con hasta 50 unidades animal tengan acceso a precios preferenciales en los costos de camionetas nacionales, para sus labores del campo, disminuyendo así la posible adquisición de vehículos importados, presentada por el diputado Rafael Candelas Salinas del PRD, el 29 de abril de 2004.

20. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a incluir el factor humedad en los criterios para la aplicación de tarifas eléctricas y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la tarifa IF en la región sur del estado de Sinaloa, presentada por el diputado Alejandro Higuera Osuna, del Grupo Parlamentario del PAN, el 29 de abril de 2004.

21. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a detener los embargos precautorios en contra de las cooperativas campechanas que se dedican a la pesca ribereña hasta que no se realice una investigación seria, presentada por el diputado Abraham Bagdadi Estrella, del Grupo Parlamentario del PRD, el 29 de abril de 2004.

22. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Gobierno del SAT que dé prioridad a la celebración de convenios con micro, pequeños y medianos empresarios para la condonación total o parcial de multas y recargos de créditos fiscales derivados de contribuyentes federales, presentada por Integrantes de la Comisión de Economía el 29 de abril de 2004.

23. Proposición con punto de acuerdo a fin de que se exhorte a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a evitar las diversas irregularidades en el proceso de traspaso de cuentas entre administradoras de fondos para el retiro, presentada por el diputado Oscar Martín Ramos Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

24. Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la formación de un grupo de trabajo con representantes de las áreas correspondientes del Ejecutivo federal para analizar las tarifas eléctricas, presentada por el diputado Juan Manuel Dávalos Padilla, el 29 de abril de 2004.

25. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a abrogar el decreto publicado el 7 de febrero de 2002 por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, presentada por el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 29 de abril de 2004.

26. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se modifiquen las tarifas que se venían aplicando en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a ``1C'' y para el área correspondiente al polígono de Thiessen, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto a ``1D'', presentada por el diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

27. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Administración Central de Transferencia de Bienes de la Administración General de Aduanas, al SAT, al SAE y a la SHCP, a fin de agilizar las donaciones de bienes incautados y prevenir pérdidas cuantiosas, presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, el 29 de abril de 2004.

28. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal a supervisar la actuación de los jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado ``contrabando técnico'', presentada por el diputado Omar Bazán Flores de fecha 29 de abril de 2004.

29. Proposición con punto de acuerdo para adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, presentada por el diputado Baruch Barrera Zurita, del Grupo Parlamentario del PAN, el 19 de octubre de 2004.

30. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que implante un Programa de Condonaciones Fiscales y Adeudos Administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas, presentada por la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 19 de octubre de 2004.

31. Proposición con punto de acuerdo para que en la Ley de Ingresos de la Federación se otorgue un estímulo fiscal a los cruceros, yates y embarcaciones turísticas extranjeros en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de octubre de 2004.

32. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita opinión y recomendaciones de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Ecología y de Desarrollo Social, respecto al impacto que en sus ámbitos de competencia puede tener la aplicación del Impuesto Especial sobre producción aplicables al gas licuado de petróleo para la combustión automotriz, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Partido Convergencia, el 28 de octubre de 2004.

33. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía que simplifiquen los requisitos y documentación necesarios y agilicen la realización de trámites y tiempos para la importación de vehículos y equipos donados destinados a seguridad pública, protección civil y bomberos, presentada por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de octubre de 2004.

34. Proposición con punto de acuerdo para que en la elaboración del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se considere dentro de las facilidades administrativas y estímulos fiscales otorgar estímulos fiscales sobre el IVA y el IEPS a los contribuyentes que promuevan y fomenten la cultura física y el deporte, presentada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares y suscrita por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de octubre de 2004.

35. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una tarifa ``1 G'', referida al cobro de la energía eléctrica en localidades con temperatura promedio mensual en verano de 35 grados, presentada por el diputado Norberto Corella Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, el 9 de noviembre de 2004.

36. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implantar una campaña de difusión y concientización sobre el régimen de pequeños contribuyentes, presentada por el diputado Salvador Márquez Lozornio, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de octubre de 2004.

37. Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público incluya en las normas sustantivas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la regulación relativa alas facilidades administrativas al pago de los impuestos provenientes del extranjero, presentada por el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de octubre de 2004.

38. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a condonar, mediante una resolución de carácter general, el pago de contribuciones a cargo de los pequeños contribuyentes y accesorios por haber sido afectados con la reforma del artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vigor desde el 1 de enero de 2004, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Partido de Convergencia, el 9 de noviembre de 2004.

39. Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes analicen la posibilidad de desaparecer el Fideicomiso del Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas y sus ingresos y obligaciones sean asumidas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, presentada por el diputado Tomás Trueba Gracián, del Grupo Parlamentario del PAN, el 11 de noviembre de 2004.

40. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir la reducción de tarifas en los programas de subsidios, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad, presentada por el diputado Miguel Amezcua Alejo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 30 de noviembre de 2004.

41. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público a iniciar una revisión de las tarifas domésticas del suministro y venta de energía eléctrica, en el estado de Jalisco, a fin de homologarlas y beneficiar a los ciudadanos, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del PRI, el 7 de diciembre de 2004.

42. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social a instrumenten un sistema de contabilidad laboral para el turismo y velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en las actividades de turismo en nuestro país, presentada por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 28 de febrero de 2005.

43. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al secretario técnico del IPAB y al director de Cintra a comparecer e informar sobre la operación de la venta de Cintra, presentada por el diputado Jesús González Schmal del Partido Convergencia, el 14 de marzo de 2005.

44. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a fijar la tarifa eléctrica 1E en los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, del norte del estado de Tamaulipas, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de abril de 2005.

45. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de energía, a revisar con carácter de urgente las tarifas cobradas por el servicio de gas natural, por parte de la empresa Gas Natural México, en el estado de Nuevo León, presentada por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de abril de 2005.

46. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad para que establezcan la tarifa 1F en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de abril de 2005.

47. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar un exhaustivo análisis de las tarifas que aplican al servicio doméstico en todas las localidades del estado de Chihuahua, presentada por el diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de abril de 2005.

48.Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Administración General de Aduanas a presentar un informe detallado sobre el reporte del destino de las asignaciones solicitadas por las dependencias del gobierno federal y entidades federativas, en el cual se detalle el criterio de distribución de dichos bienes, presentada por la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD, el 28 de abril de 2005.

49. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cerrar la frontera a los autos de procedencia extranjera internados en el país de forma ilegal, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de junio de 2005.

50. Proposición con punto de acuerdo para incluir en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2005 la disposición relativa al otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine, presentada por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, el 14 de octubre de 2005.

51. Proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que, al dictaminar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 considere la inclusión de un estímulo fiscal a los pequeños contribuyentes en materia del impuesto al valor agregado, presentada por el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de noviembre de 2005.

52. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir al titular de la unidad de Coordinación con Entidades Federativas para que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de noviembre de 2005.

53. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SHCP a suspender la convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, presentada por el diputado Javier Villacaña Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 4 de noviembre de 2005.

54. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a esta soberanía a revisar la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto de millones de pesos aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación de 2006, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, el 24 de noviembre de 2005.

55. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto que exente del pago del impuesto al activo del ejercicio fiscal 2005 a los contribuyentes de pequeñas y medianas empresas, presentada por el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, el 8 de diciembre de 2005.

56. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que obsequie la petición del Consejo Estatal para la Reducción de las Tarifas Eléctricas en el Estado de Yucatán, para que se apliquen las tarifas de verano de la CFE en esa entidad federativa, presentada por la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, en nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, el 8 de diciembre de 2005.

57. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Relaciones Exteriores que dictaminen la posibilidad de que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se financie la factura petrolera del Acuerdo de San José, hasta por 50 millones de dólares, presentada por el diputado Arturo Robles Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

58. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la empresa paraestatal Pemex a homologar el precio de venta al público de las gasolinas Premium y Magna, en el estado de Chiapas con los precios referenciales que tienen los estados fronterizos del norte del país, presentada por el diputado César Amín González Orantes, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

59. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a las comisiones que dictaminaron el proyecto de Ley de Ingresos 2005 a mantener la posibilidad de que los municipios y estados participen de los ingresos provenientes de las administraciones portuarias integrales que se encuentren en sus jurisdicciones, presentada por la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

60. Proposición con punto de acuerdo para que se haga una reserva a la Ley de Ingresos para adicionar un artículo séptimo transitorio al dictamen de dicha ley, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

61. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a nulificar y desistirse, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del proyecto internacional de comercio para establecer una aduana mexicana en Kansas City, Estados Unidos de América, para el trance de mercancías entre estos dos países, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

62. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que devuelva al personal del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que recibió su fondo de pensión en una sola exhibición, el pago del impuesto sobre la renta que se les retuvo indebidamente, presentada por el diputado Jesús Schmal de Convergencia, el 8 de diciembre de 2005.

63. Proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INEGI reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, suscrita por la diputada Ivonne A. Ortega Pacheco, presentada por el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

64. Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de reclasificar las tarifas eléctricas de la 1D a al 1E para el consumo de uso doméstico de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, presentada por el diputado Érick A. Silva Santos, del Grupo Parlamentario del PRI, el 2 de febrero de 2006.

65. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a intervenir a través de los conductos legales y administrativos competentes, como garante de los derechos laborales en el estado, con la finalidad de que el resto de los fideicomisos que se adeudan a los ex obreros del sector azucarero sean pagados conforma a derecho, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, el 2 de febrero de 2006.

66. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a posponer la entrada en vigor de la Segunda Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2005, relativa al consumo de combustibles para transportes, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del PRI, el 2 de febrero de 2006.

67. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y a esta soberanía a promover la aprobación de una Reforma Hacendaria y analizar la aplicación de disposiciones fiscales relacionadas con el pago del impuesto sobre la renta, presentada por la diputada Consuelo Camarena Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 7 de marzo de 2006.

68. Proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras no autoricen la bursatilización de 85 por ciento de la participación accionaria del gobierno federal pretendida por Grupo Aeroportuario del Pacífico, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 22 de Marzo de 2006.

69. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Dirección del Fifonafe a elaborar y presentar un diagnóstico objetivo sobre la situación financiera, administrativa y operativa del fideicomiso, así como exhortar a la SRA a dotar de recursos financieros fiscales para el adecuado funcionamiento del Fifonafe, y el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores, presentada por el diputado J. Miguel Luna Hernández, en nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI e independiente, el 25 de abril de 2006.

70. Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo a que instruya al secretario de Hacienda para que, ante el escenario que la misma secretaría proyecta, de una reducción al presupuesto, en el gasto del sector Salud, se atienda con responsabilidad social sin reducción alguna, presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, el 30 de septiembre de 2003.

71. Proposición con punto de acuerdo para revisar y modificar los criterios de asignación de los recursos del Ramo 33, con el propósito de incrementar éstos a los municipios de alta y muy alta marginación, presentada por el diputado Elpidio Concha Arellano, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el 23 de octubre de 2003.

72. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al honorable Congreso del estado de Quintana Roo que se sirva estudiar, aprobar y emitir la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa, para la constitución de un tribunal con facultades jurisdiccionales, para dirimir los conflictos que se presentan en esta materia, presentada por el diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, el 4 de noviembre de 2003.

73. Proposición con punto de acuerdo para que en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se precise con toda claridad la calidad y destino que conforme a su naturaleza jurídica, deben tener los ingresos propios y autogenerador del Instituto Politécnico Nacional, reconociéndoles su carácter patrimonial y la libre disposición de ellos, presentada por el diputado Marcos Morales Torres, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de noviembre de 2003.

74. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud para que establezcan medidas compensatorias, estudiar y analizar las cargas fiscales y contar con los mecanismos que permitan adquirir productos alimenticios que preserven la salud y eleven la calidad de vida de la población con padecimiento de diabetes mellitus, presentada por la diputada Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de noviembre de 2003.

75. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos generados por el Instituto Politécnico Nacional, en los meses de noviembre y diciembre de 2003, ingresen al patrimonio del Instituto y éste pueda disponer de ellos para la operación y funcionamiento de las diversas instancias, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez del PRD, el 13 de noviembre de 2003.

76. Proposición con punto de acuerdo relativo a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, presentada por el diputado Pedro Ávila Nevárez, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el 9 de diciembre de 2003.

77. Proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía, con base en las consideraciones jurídicas y atendiendo a la circunstancia de abundancia de agua que presenta la región sur-sureste, proceda a la revisión e inclusión de todos los municipios de la región por parte de la Semarnat o la Comisión Nacional de Agua, presentada por el diputado Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRD, el 15 de diciembre de 2003.

78. Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público conozca la problemática que los trabajadores de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones Pemex, y se lleve a cabo la investigación necesaria con el propósito de dar cumplimiento a la demanda planteada, presentada por el diputado Marcelo Herrera Herbert, del Grupo Parlamentario del PRD, el 15 de diciembre de 2003.

79. Proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal informe a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el uso y aplicación de gasto en varios fideicomisos de los cuales no rinde cuentas en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas del gobierno federal, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, el 10 de marzo de 2004.

80. Proposición con punto de acuerdo por el que solicitan la comparecencia de la directora general de la Lotería Nacional, a fin de que informe sobre la creación del fideicomiso Transforma México y el uso y destino de los recursos excedentes de esa institución pública, presentada por las diputadas Martha Palafox Gutiérrez y Consuelo Muro Urista, del Grupo Parlamentario del PRI, el 18 de febrero de 2004.

81. Proposición con punto de acuerdo para solicitar la construcción de una unidad de medicina familiar plus del IMSS en Nuevo Laredo, Tamaulipas, suscrita por los diputados José Manuel Abdalá de la Fuente y Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI, el 3 de marzo de 2004.

82. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que, de los ingresos netos de Pronósticos Deportivos que se enteran a la Tesorería de la Federación, el 8 por ciento se destine para el fomento al deporte de los municipios del país, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Grupo Parlamentario del PRI, el 1 de abril de 2004.

83. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se tomen acciones inmediatas y permanentes para garantizar la recuperación completa y oportuna de los recursos autogenerados correspondientes a las instituciones públicas de educación superior, presentada por el diputado Salvador Martínez Della Rocca, en nombre de diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI, el 29 de abril de 2004.

84. Proposición con punto de acuerdo para que se envíe comunicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Servicio de Administración Tributaria, para que no emita las reglas de carácter general sobre los equipos del control volumétrico a que hace referencia la fracción V del numeral 28 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de abril de 2004.

85. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique la procedencia y operación de los llamados proyectos para prestación de servicios, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, del Grupo Parlamentario del PRD, el 25 de agosto de 2004.

86. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el gobierno federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de septiembre de 2004.

87. Proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía para que disminuyan el arancel mixto de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, correspondientes a los vehículos automotores usados, el 8 de febrero de 1999, y que aún se encuentra vigente, presentada por el diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del PAN, el 11 de noviembre de 2004.

88. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cerrar la frontera a los autos de procedencia extranjera internados al país en forma ilegal, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el 30 de noviembre de 2004.

89. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta el Ejecutivo federal a ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a través de diversas instituciones coordinadas por el INEGI se lleve a cabo un censo nacional de sociedades cooperativas, presentada por el diputado Israel Tentory García del PRD, el 30 de noviembre de 2004.

90. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que se realice la fiscalización de los recursos públicos en custodia del servicio de administración y enajenación de bienes, presentada por el diputado Tomás Cruz Martínez del PRD, el 7 de diciembre de 2004.

91. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México a reforzar las medidas de seguridad en los billetes en circulación de todas las denominaciones, que hagan más complicada o, en su caso, imposible la falsificación, presentada por el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 10 de febrero de 2005.

92. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo Federal a rectificar y derogar, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el punto 2.12.17 de la sexta resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2004, presentada por la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de febrero de 2005.

93. Proposición con punto de acuerdo para que la iniciativa de Ley por la que se Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos, presentada el 9 de diciembre de 2004, sea dictaminada; presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de abril de 2005.

94. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que integre una subcomisión que tenga como finalidad emprender los estudios necesarios para analizar la viabilidad de emprender el Sistema Nacional de Banca y Crédito Regional, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, el 4 de noviembre de 2005.

95. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del titular del Servicio de Administración Tributaria, a precisar las disposiciones que se indican en relación con el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, presentada por la diputada Nora Elena Yu Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, el 4 de noviembre de 2005.

96. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SAE a donar al municipio de Penjamo, o bien, al gobierno del estado de Guanajuato, los restos de las bodegas y terreno ubicados en la ex hacienda de Corralejo de la estación ferrocarrilera Corralejo II, del municipio de Penjamo, Guanajuato, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 10 de noviembre de 2005.

97. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al director general de Banobras a explicar los criterios que utilizaron en la autorización de créditos para el desarrollo urbanístico Macuspana Siglo XXI, situado en la margen derecha del río Puxcatan, en Macuspana, Tabasco, presentada por el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 8 de diciembre de 2005.

98. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Presidencia de la República a constituir, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un fondo financiero sustentable de los excedentes del Fondo de la Cafeticultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y que se aplique en las zonas cafetaleras afectadas por los fenómenos naturales de los últimos días, presentada por el diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, en nombre de integrantes de la Comisión Especial del Café, el 8 de diciembre de 2005.

99. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, adelantar el pago del apoyo del programa de estímulos al campo Procampo, presentada por el diputado Rafael Flores Mendoza del PRD, el 8 de diciembre de 2005.

100. Proposición con punto de acuerdo para solicitar que se incluya en el dictamen del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006, las disposiciones de que se reduzcan el 50 por ciento los impuestos aplicables a gasolina, diesel y gas licuado de petróleo, para combustión automotriz y lubricantes que adquieran los prestadores de servicios públicos de transportes de pasajeros con tarifa fija, presentada por el diputado René Meza Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI, el 8 de diciembre de 2005.

101. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Baja California Sur a considerar el rechazo definitivo al aumento del impuesto sobre la nómina, hospedaje y del nuevo impuesto cedular contenido en el proyecto de Ley de Hacienda de dicho estado, presentada por la diputada Ivón Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, el 25 de enero de 2006.

102. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a dejar sin efecto por el SAT y la Administración General de Aduanas la autorización para la prestación de servicios de facilitación de reconocimiento aduanero a cinco empresas de procedencia extranjera, por considerar que ello puede atentar en contra de seguridad nacional y soberanías nacionales, presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, el 25 de enero de 2006.

103. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas del sector petrolero de la Subsecretaría de Ingresos establezca en las fronteras norte y sur de México un precio tope a la gasolina Pemex Magna, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el 25 de abril de 2006.

104. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar un análisis de las tarifas que aplican al servicio eléctrico doméstico en el municipio de Mexicali, Baja California, presentada por el diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN, el 25 de abril de 2006.

105. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar auditorías aleatorias a franquicias de Petróleos Mexicanos, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, el 23 de agosto de 2006.

106. Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador y a la Cámara de Diputados del estado de Jalisco a llevar a cabo la tramitación y cumplimiento de sus obligaciones encaminadas a cubrir los adeudos que como producto del fraude realizado a los ahorradores de Jalisco, con la firma del convenio ante el Fideicomiso para la Liquidación de los Ahorradores Defraudados de las Cajas de Ahorro, encaminados al pago por parte de los gobiernos federal y estatal, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, el 21 de octubre de 2003.

107. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Gobierno del IPAB que no haga ninguna transacción a espaldas del Congreso, único facultado para dar el aval a los pagarés Fobaproa y ser convertidos a deuda pública, presentada por la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, el 10 de marzo de 2004.

108. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender, con la mayor brevedad, la transmisión de los spots publicitarios en radio y televisión, que promueven la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el desprestigio de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, que han manifestado inconformidad con dicho ordenamiento, presentada por el diputado David Ferreira Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 5 de abril de 2004.

109. Proposición con punto de acuerdo a fin de que el Pleno de la Cámara de Diputados exhorte a la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a detener el canje de pagarés de Fobaproa hasta que no se observe el estricto cumplimiento del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, presentada por el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 5 de abril de 2004.

110. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a redoblar sus esfuerzos para celebrar los convenios internacionales que permitan establecer las medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas para fijar un tipo de cambio más justo en la transferencia de remesas, presentada por el diputado Pedro Álvarez Narváez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 19 de octubre de 2004.

111. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que emita un informe sobre los trabajos realizados, tomando en cuenta que uno de sus objetivos es investigar e informar periódicamente al Pleno de la Cámara de Diputados sobre el avance de su programa de trabajo, presentada por la diputada Angélica Díaz del Campo, del Grupo Parlamentario del PRD, el 9 de diciembre de 2004.

112. Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incorpore la aduana de Salina Cruz, Oaxaca, en el anexo 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, para tramitar el despacho aduanero de las mercancías que en dicho anexo se enlistan, presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de diciembre de 2004.

113. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Financiera Rural y a la Consar a clarificar la situación que guardan los recursos tomados del SAR para fondear la liquidación del Banrural y la constitución de la Financiera Rural, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 8 de febrero de 2005.

114. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México a verificar que las sociedades de información crediticia cumplan cabalmente las disposiciones señaladas en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, presentada por el diputado Salvador Márquez Lozornio, del Grupo Parlamentario del PAN, el 19 de abril de 2005.

115. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que cree un grupo de trabajo que estudie, evalúe y proponga soluciones de los factores que limitan la capacidad de la banca comercial para otorgar crédito a muchas actividades productivas y elabore propuestas de modificación a la legislación aplicable, con el fin de resolver ese grave problema, presentada por el diputado Juan José García Ochoa del PRD, el 28 de abril de 2005.

116. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público y al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural que adopten las medidas necesarias para que se proceda a pagar a los trabajadores del sistema de Banrural un incremento de 10 por ciento en sus jubilaciones y pensiones, presentada por el diputado Pablo Franco Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, el 28 de abril de 2005.

117. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Banco de México que informe respecto de las monedas conmemorativas de la unión de los estados de la República Mexicana cuyas especificaciones se establecen en el Diario Oficial de la Federación del día 19 de diciembre de 2002, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, presentada por el diputado Benito Chávez Montenegro, del Grupo Parlamentario del PRI, el 7 de marzo de 2006.

118. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Economía, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a investigar y supervisar la constitución, operación, funcionamiento y proliferación de empresas en el supuesto de ilegalidad, dedicadas al préstamo de dinero en efectivo y de servicios crediticios, presentada por la diputada Carla Rochín Nieto, del Grupo Parlamentario del PAN, el 25 de abril de 2006.

119. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a disminuir, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de las comisiones que cobran las instituciones de crédito y se establezcan medidas para canalizar recursos financieros crediticios a los sectores productivos generados de empleo, presentada por la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI, el 25 de abril de 2006.

120. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplique la tarifa 1-F para el suministro y venta de energía eléctrica en todos los municipios de Baja California Sur, presentada por el diputado Isidro Camarillo Zavala, diputado independiente, el 8 de diciembre de 2005.

121. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer un mecanismo para recuperar el importe de los descuentos a los usuarios de gas natural de uso doméstico y aplicar en la región de Piedras Negras, Coahuila, los beneficios que otorgan los decretos de fechas 16 de mayo y 12 de septiembre de 2005, presentada por el diputado Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de Diciembre de 2005.

Segundo.El 7 de febrero la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos expidió el acuerdo por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, en el que se estableció, en el artículo tercero, que el Presidente de la Mesa Directiva, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica publicará en la Gaceta Parlamentaria, a más tardar el 28 de febrero de 2007, una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar.

Tercero. El 14 de marzo de 2007, de conformidad con el acuerdo Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 7 de febrero de 2007, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el listado de proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura con modificación de turno, siendo para la Comisión de Hacienda y Crédito Público 39 puntos de acuerdo en materia fiscal y financiera.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Con base en el acuerdo tomado por esta Comisión de Hacienda y Crédito Público en sesión plenaria del 5 de octubre de 2006 para disminuir el rezago legislativo de asuntos pendientes que la anterior legislatura no alcanzó a dictaminar, se determinó desechar las proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura, ya que estos se sustentan en eventos contingentes y transitorios que pueden perder su actualidad de vigencia en unos cuantos meses, por lo que desaparece la materia que los motivó por el mero transcurso del tiempo.

Por lo que corresponde a la materia fiscal, los puntos de acuerdo se refieren a exhortos a las autoridades hacendarias para que se atendiera a diversos sectores de contribuyentes. Las proposiciones planteaban también la inclusión de estímulos fiscales o la inclusión de determinada partida de gasto en las leyes de ingresos de los ejercicios 2004, 2005 y 2006, respectivamente.

Asimismo, se presentan proposiciones de punto de acuerdo que abordan temas financieros, destacando las solicitudes de información sobre el IPAB o pidiendo al Banco de México disminuir los cobros por servicios financieros.

En el mismo sentido, se cuenta con puntos de acuerdo que hacen énfasis para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, para que se modifiquen o reestructuren las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, en virtud de las altas temperaturas que en esos años se registraban en algunas regiones del país.

Es el caso que estas proposiciones con punto de acuerdo obedecen a la coyuntura del momento en que se presentaron por lo que la dictaminadora considera que por el transcurso del tiempo o por haber cambiado las condiciones que motivaron su presentación, quedan ahora sin materia para ser objeto de atención.

Asimismo en sesión plenaria del 18 de octubre de 2006 de esta comisión se consideró conveniente precisar que, no obstante dar por no aprobados estos puntos de acuerdo, si algún diputado decidía retomar algún tema, éste podría presentarse y en su caso ser objeto de dictamen, dando como plazo 15 días a partir del 19 de octubre de 2006 para presentarlos nuevamente, lo cual no ocurrió.

Finalmente, también se incluyeron los 39 puntos de acuerdo turnados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en el listado de proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura con modificación de turno, publicados en la Gaceta Parlamentaria el 14 de marzo de 2007, de conformidad con el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, del 7 de febrero de 2007.

Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público emiten la presente resolución sobre los puntos de acuerdo de la LIX Legislatura, por lo que se somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las 121 proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público relacionadas en el capítulo de antecedentes del presente dictamen.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Archívense los asuntos como definitivamente concluidos.

Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de Marzo de 2007.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Garza Garza (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), José de la Torre Sánchez , Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por InfoRed, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por InfoRed, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó, promovido por el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 12 de diciembre de 2006.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo descrita y somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 12 de diciembre de 2006 se dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el juicio de revisión constitucional presentado por InfoRed, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó, promovido por el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

2. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

3. Mediante el oficio número D.G.P.L.60-II-3-230, de fecha 12 de diciembre de 2006, se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para los efectos de formular el dictamen correspondiente.

4. En la multicitada proposición con punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Primero. Esta representación nacional, con pleno respeto de la división de poderes que establece nuestro marco constitucional, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por Grupo Monitor, de José Gutiérrez Vivó, a fin de que Grupo Radio Centro cumpla el pago del laudo que resolvió la Corte Internacional de Comercio a favor de Grupo Monitor con fecha 31 de enero de 2004.

Segundo. Solicitamos a las autoridades competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, sean entregados los transmisores de las frecuencias 1320 y 1560 de amplitud modulada que desde hace tres años han dejado de ser revisadas por los equipos técnicos de Monitor, afectándose las transmisiones que realiza este grupo radiofónico.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados a revisar la legislación en la materia para agilizar la modernización de las transmisiones de las frecuencias de amplitud modulada.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. En 2002 se planteó un juicio arbitral por InfoRed y José Gutiérrez Vivó (Grupo Monitor) contra Radio Centro. El arbitraje se dio bajo los auspicios de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, teniendo como sustento la cláusula arbitral incluida en el contrato. En 2004, el tribunal arbitral decidió por mayoría de votos el laudo definitivo, en el que concedió razón a Monitor y declaró la resolución del contrato por causas imputables a Radio Centro, al que condenó además al pago de los daños y perjuicios causados.

II. Grupo Radio Centro se inconformó y presentó un incidente de nulidad del laudo arbitral. En noviembre de 2004 se dictó interlocutoria, en la que se consideró adecuada la vía incidental y se declaró la nulidad del laudo arbitral. InfoRed, SA de CV, y José Elías Gutiérrez Vivó promovieron juicio de amparo indirecto contra la misma autoridad y el señalado acto reclamado, en el cual se concedió el amparo a InfoRed, SA de CV, y José Elías Gutiérrez Vivó. Por otro lado, se negó la protección constitucional a Grupo Radio Centro, SA de CV. Inconforme con dicha resolución, Grupo Radio Centro interpuso recurso de revisión. Asimismo, José Elías Gutiérrez Vivó e InfoRed, SA de CV, interpusieron recurso de revisión adhesiva. El tribunal colegiado dictó sentencia, en la cual, con fundamento en el artículo 94 de la Ley de Amparo, dejó insubsistente la sentencia recurrida, por considerar que el juicio debió tramitarse como amparo directo; y después de analizar los conceptos de violación, concedió el amparo tanto a InfoRed, SA de CV, y José Elías Gutiérrez Vivó como a Grupo Radio Centro, SA de CV, exclusivamente por la condena en costas que les fue impuesta en la sentencia reclamada. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa, InfoRed, SA de CV, y José Elías Gutiérrez Vivó, interpuso recurso de revisión, por lo que el tribunal colegiado del conocimiento remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. El Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión, sin perjuicio del examen que posteriormente se hiciera para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Se dispuso turnar el asunto al ministro Juan N. Silva Meza para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. De conformidad con el acuerdo del tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de enero de dos mil siete, se resolvió lo siguiente:

Primero. Es procedente el recurso de revisión a que este toca 1225/2006 se refiere.

Segundo. En la materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida.

Tercero. Vuelvan los autos al Decimotercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria; notifíquese. Con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al indicado tribunal colegiado y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

IV. Debe considerarse que por lo que respecta a exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el recurso de revisión constitucional interpuesto por Grupo Monitor, de José Gutiérrez Vivó, a fin de que Grupo Radio Centro cumpla el pago del laudo que resolvió la Corte Internacional de Comercio a favor de Grupo Monitor con fecha 31 de enero de 2004, esta dictaminadora considera no procedente el exhorto referido, atendiendo al hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución correspondiente con fecha treinta de enero de dos mil siete del amparo directo en revisión 1225/2006.

V. Esta comisión, por lo que se refiere a solicitar a las autoridades competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, sean entregados los transmisores de las frecuencias 1320 y 1560 de amplitud modulada, se trata de cuestiones completamente ajenas a su ámbito de competencia, de conformidad con las materias que le corresponden en términos de la primera parte del artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por tratarse de una controversia entre particulares de carácter civil, carece de facultades y elementos para solicitar a las autoridades competentes, toda vez que no se puede comprobar la posesión de dichos transmisores.

VI. A más de lo anterior, tal y como se señala en el punto de acuerdo que nos ocupa, en el punto tercero, donde se exhorta a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados a revisar la legislación en la materia para agilizar la modernización de las transmisiones de las frecuencias de amplitud modulada, el 2 de julio de 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México''. En ese documento, la SCT anunció oficialmente que México adopta como norma técnica para conducir su ``migración'' hacia la TV digital el sistema estadounidense A/53 desarrollado por el ATSC. En este orden de ideas, en próximas fechas tendrá que emitirse un acuerdo similar al emitido en materia de televisión digital, pero en materia de estaciones de radio, tanto de FM como de AM. Aunado a esto, el 21 de febrero del año en curso, esta comisión dictaminadora llevó a cabo una reunión de trabajo con el arquitecto Héctor Osuna Jaime, comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en la que expresó que el pleno de la Cofetel, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno en su conjunto y el presidente Calderón tienen un compromiso de ayudar a la transición digital de todas las estaciones permisionadas y concesionadas de AM y FM para que en el resultado final de esta transición se cuente con mayor pluralidad, presencia y evolución que sea adecuada para todos los radiodifusores del país, por lo que la SCT continúa los estudios para determinar el estándar que debe ser utilizado en México, así como la política que se seguirá para el caso.

Por las consideraciones expuestas, es de resolverse y se

Resuelve

Primero. Con base en las consideraciones vertidas en el presente dictamen, se estima que ha quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días de mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), Humberto López Lena Cruz , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra , Israel Beltrán Montes (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández , María de Jesús Martínez Díaz, Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras , Enrique Iragorri Durán (rúbrica), David Maldonado González , Delber Medina Rodríguez , Elizabeth Morales García , Ramón Félix Pacheco Llanes , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , Raúl Ríos Gamboa , Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), María Elena Torres Baltazar , Jaime Verdín Saldaña .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, sobre el punto de acuerdo a fin de citar al director del Canal 11 para que explique la línea editorial de esa emisora y la censura aplicada al programa Diálogos en Confianza y el despido injustificado de personal de éste

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de citar al director de Canal 11 para que explique ``la línea editorial del canal y la censura al programa Diálogos en Confianza y el despido injustificado de personal de dicho programa'', presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de enero de 2004.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo descrita y somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 28 de enero de 2004, en sesión celebrada por la Comisión Permanente del primer receso del primer año del ejercicio de la LIX Legislatura se dio cuenta al Pleno con la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Equidad y Género, y de Cultura''.

3. Mediante el oficio número D.G.P.L.59-II-3-339, de fecha 28 de enero de 2004, se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para los efectos de formular el dictamen correspondiente.

4. En la multicitada proposición con punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Único. Que se cite a comparecer, a la brevedad, al señor Julio di Bella, director de Canal 11, ante las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Equidad y Género; y de Cultura, a fin de que explique la línea editorial del canal y las acciones de censura al programa Diálogos en Confianza, así como los despidos injustificados del personal que interviene en dicho programa.

5. Con fecha 12 de febrero de 2007 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación. Dicho acuerdo establece en el artículo 1o. que el programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo se desarrollará desde el día de su publicación y hasta el 31 de marzo de 2007. Asimismo, el artículo 3o. establece que el Presidente de la Mesa Directiva publicará en la Gaceta Parlamentaria una lista de acuerdos de modificación de turno de todas las proposiciones con punto de acuerdo a que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar.

6. Aunado al numeral 5 de los antecedentes, el 14 de marzo de 2007 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el comunicado de la Mesa Directiva por medio del cual se informa sobre la modificación de turno de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la pasada legislatura pendientes de dictaminación, quedando la presente proposición con punto de acuerdo turnada únicamente a esta comisión.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El mismo precepto constitucional impone al Estado la obligación de garantizar el derecho a la información.

II. Bajo este lineamiento constitucional, el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión señala que ``el derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes''.

En este sentido, las estaciones de radio y televisión, que operan mediante concesión o permiso, guían su barra programática con base en las libertades de expresión y programación anteriormente citadas.

III. En el caso específico de Canal 11, estación de televisión permisionada al Instituto Politécnico Nacional, bajo las siglas de XEIPN, éste es considerado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de dicho instituto como un órgano de apoyo dependiente del mismo, otorgándole la función sustancial de difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y nuestra idiosincrasia, respecto del extranjero, en términos del artículo 32 del citado ordenamiento.

Correlativamente, los reglamentos Interno y Orgánico del Instituto Politécnico Nacional precisan en los artículos 219 y 26, respectivamente, que corresponde a la estación de televisión XEIPN Canal 11 producir programas que contribuyan a fortalecer sus fines, que son culturales, educativos, deportivos y de orientación social.

IV. Por tal razón, una vez analizada la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, dentro del marco jurídico señalado, se obtiene que ésta se centra fundamentalmente en los temas de la política editorial y el despido de algunos trabajadores del programa Diálogos en Confianza, que se transmite a través del Canal 11.

V. En este orden de ideas, esta comisión determina que no es procedente la aprobación de la multicitada proposición con punto de acuerdo toda vez que, por tratarse de una cuestión que únicamente concierne a la vida interna de la emisora, no se justifica la intervención de esta unidad legislativa, sobre todo si se considera que las estaciones de radio y televisión concesionadas o permisionarias tienen las prerrogativas que les confieren los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es decir, la plena libertad de programación.

VI. A más de lo anterior, debe considerarse que, tal y como se señala en el punto de acuerdo que nos ocupa, el Canal 11 es un medio que pertenece a un organismo público, es decir, al Instituto Politécnico Nacional; luego entonces, considerando que, de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Orgánica de dicho instituto, éste ``es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública'', resulta aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 11, fracción VIII, de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra dispone:

Artículo 11. La Secretaría de Educación Pública tendrá las siguientes atribuciones:

VIII. Coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al gobierno federal, con apego al artículo tercero constitucional cuando se trate de cuestiones educativas...

Del análisis del artículo anterior se desprende que, de resultar procedente alguna intervención motivada por el cuestionamiento de la línea editorial de un programa de carácter educativo, como es Diálogos en Confianza, transmitido a través de una emisora perteneciente a un órgano público desconcentrado del gobierno federal, ésta evidentemente excede el ámbito de competencia de la comisión que ahora dictamina.

VII. Cabe destacar que esta comisión tampoco se aboca al estudio de la proposición con punto de acuerdo por lo que se refiere a la posible transgresión de derechos laborales con motivo de los supuestos despidos injustificados, ni a las ``acciones de censura'' (sic) del programa citado, toda vez que se trata de cuestiones completamente ajenas a su ámbito de competencia, de conformidad con las materias que le corresponden en términos de la primera parte del artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si se considera que, en todo caso, se estaría en presencia de un conflicto de naturaleza interna entre la televisora en cuestión y sus trabajadores, así como que no se aportan los elementos de prueba suficientes con los que se demuestre que ha existido ``censura''.

VIII. Conforme a lo establecido en los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo y 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo a fon de citar al director del Canal 11 para que explique ``la línea editorial del canal y la censura al programa Diálogos en Confianza y el despido injustificado del personal de dicho programa'', presentado por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de enero de 2004.

Segundo. Archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días de mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra , Israel Beltrán Montes (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández , María de Jesús Martínez Díaz, Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras , Enrique Iragorri Durán (rúbrica), David Maldonado González , Delber Medina Rodríguez , Elizabeth Morales García , Ramón Félix Pacheco Llanes , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , Raúl Ríos Gamboa , Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), María Elena Torres Baltazar , Jaime Verdín Saldaña .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Solicitar que se investigue lo relativo a la empresa Carbontec, SA de CV, de la isla de Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, presentado por el diputado Pérez Medina Juan (PRD), el 2 de octubre de 2003.

2. Se exhorte a las autoridades laborales y del Instituto Mexicano del Seguro Social a tener una justa resolución en el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo entre el IMSS y el sindicato, presentado por el diputado Vega y Galina Roberto Javier (PRI), el 14 de octubre de 2003.

3. Exhortar al Ejecutivo federal a realizar diversas acciones ligadas con las elecciones para la renovación de las dirigencias locales en el sindicato petrolero, presentado por el diputado Carrillo Soberón Francisco Javier (PRD), el 23 de octubre de 2003.

4. Exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a instruir al encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una investigación sobre los procedimientos de elección para renovar las dirigencias sindicales de las secciones 14, 22, 26, 29, 44 y 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, situadas en los estados de Tabasco y de Veracruz. Presentada por De la Vega Asmitia José Antonio Pablo (PAN) el 4 de diciembre de 2003.

5. Exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindicales, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados a que se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular presentada por el diputado Trueba Gracián Tomás Antonio (PAN), el 20 de abril de 2004.

6. Convocar a la realización de la primera convención nacional para el crecimiento económico y la recuperación y dignificación del empleo presentada por el diputado Cruz Martínez Tomás (PRD), 29 de abril de 2004.

7. Solicita que se cite a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que informe si existe ya un acuerdo, bajo su coordinación, a fin de impulsar una reforma fast trackde la Ley Federal del Trabajo en el presente periodo de sesiones presentada por el diputado Franco Hernández Pablo (PRD), el 28 de septiembre de 2004.

8. Se solicita al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que investigue por qué se omitió la atención médica al trabajador de la empresa Compañía Hulera Euzkadi, SA de CV, señor Jesús Salvador García Álvarez, fallecido el 24 de agosto de 2004, e intervenga de manera inmediata a efecto de que se otorguen las prestaciones médicas previstas en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social a los trabajadores en huelga de la mencionada empresa presentada por el diputado Franco Hernández Pablo (PRD), el 14 de octubre de 2004.

9. Exhortar al director general y a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a cesar inmediatamente la represión de que son objeto los trabajadores; respetar su condición de trabajadores y reconocerles el derecho a la sindicación presentada por el diputado Pérez Medina Juan (PRD), el 9 de noviembre de 2004.

10. Exhorta al titular del Ejecutivo federal a suprimir, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, del Catálogo de Profesiones y Oficios la correspondiente al salario profesional de enfermero (A) con título presentada por la diputada Díaz Salazar María Cristina (PRI), el 30 de noviembre de 2004.

11. Conminar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cumplir una solicitud, aprobada por la del Congreso de la Unión el 18 de agosto de 2004, de realizar una inspección a la empresa Ajemex, SA de CV, para verificar las condiciones laborales de los repartidores del producto denominado Big-Cola presentado por el diputado Treviño Rodríguez José Luis (PAN), el 12 de enero de 2005.

12. Solicita la intervención del secretario del Trabajo y Previsión Social para impedir el despido de los trabajadores y actores afiliados a la Asociación Nacional de Actores que participan en el doblaje de la serie televisiva Los Simpsonspresentada por el diputado Salinas Narváez Javier (PRD), el 19 de enero de 2005.

13. Exhorta a los titulares de la SHCP y de la STPS a instaurar un sistema de contabilidad laboral del turismo y velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector, presentada por el diputado Cárdenas Sánchez Nancy (PRD), el 28 de febrero de 2005.

14. Se solicita al IMSS que explique a esta soberanía su responsabilidad en la solución del conflicto laboral con la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, donde se vieron alterados los derechos en materia de seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores presentada por diputados integrantes de Convergencia, el 28 de febrero de 2005.

15. Punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas secretarías que revisen el incumplimiento de Pemex a las medidas de seguridad y de las empresas contratistas al requisito de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como que realicen las investigaciones conducentes y finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar presentada por el diputado Carrillo Soberón Francisco Javier (PRD), el 28 de abril de 2005.

16. Exhortar al secretario de Energía, así como a los directores generales de Pemex, del IMSS y del Infonavit, a resolver el problema suscitado con viudas y trabajadores petroleros integrados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, presentada por la diputada Gastélum Bajo Diva Hadamira (PRI), el 28 de abril de 2005.

17. Exhorta a diversas autoridades con el objeto de que los trabajadores de la empresa mexicana Cananea SA de CV reciban el pago de 181 millones de dólares que les adeudan dicha empresa y el patrón sustituto presentada por el diputado Carrillo Soberón Francisco Javier (PRD), el 28 de abril de 2005.

18. Exhorta al Ejecutivo federal y al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que a partir del año 2006, se fije un incremento real del 2 por ciento en el salario mínimo presentada por la diputada Padierna Luna María de los Dolores (PRD), el 4 de noviembre de 2005.

19. Se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integre una subcomisión para el estudio de la posibilidad de establecer una Ley del Trabajo Doméstico presentada por la diputada Padierna Luna María de los Dolores (PRD), el 4 de noviembre de 2005.

20. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del ISSSTE a abstenerse de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP. Presentada por el diputado Fernández Saracho Jaime (PRI), el 14 de diciembre de 2005.

21. Se exhorta a la Sagarpa, a la STPS, a la SS y a la SEGOB, intervengan en el problema de los trabajadores de la Moscamed en Chiapas y Tabasco presentada por el diputado Herrera Solís Belizario Iram (PRI), el 21 de febrero de 2006.

22. Sobre el conflicto sindical y laboral de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, en el estado de Michoacán presentado por el diputado Pérez Medina Juan (PRD), el 7 de marzo de 2006.

23. Se exhorta a los titulares de la SCT y de la STPS, intervengan ante el director de Sepomex, a efecto de que sean reinstalados los trabajadores Juan Antonio Salazar Marín y José Zubiri Ríos y otros, presentado por el diputado Cruz Martínez Tomás (PRD), el 16 de marzo de 2006.

24. Se exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, reinstalen en sus cargos a los profesores Tonatihu Herrera Gutiérrez, Tania Meza y Pablo Vargas, así como respetar cabalmente sus derechos humanos y constitucionales presentada por el diputado Ramos Hernández Emiliano Vladimir (PRD), el 23 de marzo de 2006.

25. Se exhorta al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, cumpla con el acuerdo emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que ordena declarar improcedente la cancelación del registro sindical a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Técnica del estado de San Luis Potosí, presentado por el diputado Pérez Medina Juan (PRD), el 23 de marzo de 2006.

26. Se exhorta a la Dirección del Fifonafe a elaborar y presentar un diagnóstico objetivo sobre la situación financiera, administrativa y operativa del Fideicomiso; y a la SRA, a dotar de recursos financieros fiscales para su adecuado funcionamiento y a respetar los derechos laborales de sus trabajadores, presentado por el diputado Luna Hernández J. Miguel (PRD), el 25 de abril de 2006.

27. Se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir ante el titular de la STPS por las declaraciones vertidas en detrimento de la integridad moral y humana de los mineros en Pasta de Conchos, Coahuila presentado por el diputado Ramón Valdez Jesús María (PRI), el 25 de abril de 2006.

28. Se exhorta al Ejecutivo federal a remover al secretario del Trabajo y Previsión Social; y, junto con el gobernador de Michoacán, a dar prioridad a las vías del diálogo y la negociación en la solución del conflicto con los trabajadores de Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y con el sindicato minero presentada por el diputado Franco Hernández Pablo (PRD), el 25 de abril de 2006.

29. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública, así como solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Auditoría Superior de la Federación para que investiguen y adopten las medidas correspondientes con relación a diversas denuncias presentadas con motivo de procesos laborales contra la CFE presentado por el diputado Nava Díaz Alfonso Juventino (PRI), el 25 de abril de 2006.

30. Solicita la presencia del titular de la STPS ante el Pleno de la Comisión Permanente o su similar de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a diversos aspectos relacionados con la problemática minera de la República Mexicana, presentado por el diputado Ramón Valdez Jesús María (PRI), el 27 de abril de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este Dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas bajo la fórmula de Comisiones Unidas, entre las que estaba incluida esta Comisión de Trabajo y Previsión Social en primer lugar, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En la Gaceta Parlamentaria del 28 de febrero de 2007, apareció un acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva en el que modificó el turno de diversas proposiciones con punto de acuerdo, entre las que se encuentran las listadas en el proemio de este dictamen.

Consecuente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

Consecuentemente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2007.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica a favor), PAN; Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica a favor), PAN; Carlos Rene Sánchez Gil (rúbrica a favor), PAN; Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica a favor), PRI; José Antonio Almazán González , PRD; Humberto Dávila Esquivel (rúbrica a favor), Nueva Alianza; Ramón Almonte Borja (rúbrica a favor), PRD; Luis Ricardo Aldana Prieto , PRI; Francisco Antonio Fraile García (rúbrica a favor), PAN; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica a favor), PAN; Carlos Armando Reyes López (rúbrica a favor), PAN; Alfonso Othón Bello Pérez , (rúbrica a favor), PAN; Antonio Berber Martínez (rúbrica a favor), PAN; Rolando Rivero Rivero (rúbrica a favor), PAN; José Antonio Arévalo González , PVEM; Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica a favor), PAN; Demetrio Román Isidoro (rúbrica a favor), PAN; Beatriz Collado Lara (rúbrica a favor), PAN; Patricio Flores Sandoval (rúbrica a favor), PRI; Ramón Felix Pacheco Llanes, PRD; Ricardo Cantú Garza (rúbrica a favor), PT; Ana Yurixi Leyva Piñón , PRD; Rogelio Muñoz Serna , PRI; Alfredo Barba Hernández (rúbrica a favor), PRI; Sonia Noelia Ibarra Franquez , PRD; Adrián Pedrozo Castillo , PRD; Rosario Ignacia Ortiz Magallón , PRD; José Luis Gutiérrez Calzadilla , PRD; Diego Aguilar Acuña (rúbrica a favor), PRI; Jesús Ramírez Stabros (rúbrica a favor), PRI.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, atinente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República a investigar las posibles conductas ilícitas de elementos de la Agencia Federal de Investigación al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República a investigar las posibles conductas ilícitas de agentes de la Agencia Federal de Investigación, AFI, al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3, 45, en su numeral 6, fracción f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 65, 83, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo, por lo que sus integrantes se abocaron al estudio y análisis de éste con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de febrero de 2006, la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a investigar las conductas ilícitas en que incurrió personal policial de la Agencia Federal de Investigación al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición de referencia a la Comisión de Seguridad Pública.

3. Con fecha 13 de marzo de 2007 se sometió a consideración de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen en sentido positivo, que fue desechado por el pleno por siete votos en contra, cinco en pro y una abstención, por lo que se solicitó a esta secretaría técnica elaborar un proyecto en sentido negativo.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, a partir de las siguientes

Consideraciones

1. La diputada Cristina Portillo Ayala sostiene que la realización de un video, difundido en televisión nacional los primeros días de diciembre de 2005 respecto a la detención de una banda de secuestradores, implicaría que elementos de la Agencia Federal de Investigación habrían preparado la escena del secuestro y fabricado testigos, previo al día en que se llevó a cabo el operativo, con lo cual se demuestra que la Agencia Federal de Investigación actúa de manera arbitraria, al margen de las leyes, en la lucha contra el crimen organizado.

2. Asimismo, la diputada expone que en el esfuerzo de prevenir y combatir la incidencia delictiva y el crimen organizado, como representantes populares se debe reconocer la necesidad de dotar de instrumentos jurídicos adecuados a las policías y cuerpos de seguridad teniendo presente que el combate de la delincuencia debe darse con absoluto respeto de la ley.

3. Que, por lo anterior, es de señalarse que el crimen organizado afecta de manera importante la seguridad pública en nuestro país, siendo de interés público que las acciones de procuración de justicia no estén en duda. Por tanto, es necesario revisar con responsabilidad que la estructura de la Agencia Federal de Investigación esté diseñada para combatir la delincuencia a partir de investigaciones profesionales, y que desarrolle sus actividades con eficiencia y profesionalismo, plena legalidad en sus operaciones y respeto de los derechos humanos.

Resolutivos

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar los razonamientos expresados por la diputada proponente, se considera que cada uno de ellos se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que los planteamientos resultan ahora extemporáneos y el punto de acuerdo que se solicita carece en la actualidad de materia.

Y con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, publicada el 12 de febrero de 2007, esta comisión dictaminadora no estima necesario entrar en el análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar el punto de acuerdo solicitado.

Consecuentemente, la Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Seguridad Pública se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

Segundo. Archívense el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Édgar Armando Olvera Higuera, Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Miguel Ángel Arellano Pulido , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social, relativo a dos proposiciones con punto de acuerdo: por la que se cita a comparecer al director del Infonavit para que informe respecto a la efectividad de la ley de ese instituto en el conjunto La Margarita, en Puebla, y a las unidades habitacionales del país; y por la que se solicita al mismo funcionario que se presente ante dichos órganos legislativos para aportar datos sobre las edificaciones correspondientes a la llamada Línea 1

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores para que informe sobre la efectividad de la Ley del Infonavit en el conjunto habitacional La Margarita, en Puebla, Puebla, y en general sobre los conjuntos habitacionales del país.

De igual manera, a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social, les fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general del Infonavit, ante las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social para que informe el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones unidas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar las proposiciones en comento.

Antecedentes

1. Con fecha catorce de julio de dos mil cuatro, el diputado Germán Martínez Cázares presentó, en nombre de la diputada Myriam Arabian Couttolenc, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que informe sobre la efectividad de la Ley del Infonavit en el conjunto habitacional La Margarita en Puebla, Puebla, y en general sobre los conjuntos habitacionales del país.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó dicha proposición a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social.

2. Con fecha trece de septiembre de dos mil cinco, la diputada Myriam Arabian Couttolenc presentó ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general del Infonavit ante las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social para que informe el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1.

Esta propuesta fue turnada, en la misma fecha, a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social.

Estas comisiones, una vez analizadas las proposiciones de referencia, someten ante este honorable Pleno el presente dictamen, bajo las siguientes

Consideraciones

En lo relativo a la propuesta para que se cite a comparecer al director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores para que informe sobre la efectividad de la Ley del Infonavit en el conjunto habitacional La Margarita, en Puebla, Puebla, y en general sobre los conjuntos habitacionales del país, se destaca que, además, se propone crear una subcomisión especial de la Comisión de Seguridad Social para atender la problemática que viven diversos conjuntos habitacionales financiados por el Infonavit, particularmente el de La Margarita, en la ciudad de Puebla, Puebla.

Entre los problemas de dicha unidad, destacan que la administración de los locales comerciales comunes al conjunto es ajena a propietarios y vecinos; que hay construcciones privadas y enmallado en áreas comunes y de donación; y venta a particulares de áreas del conjunto habitacional.

El 22 de noviembre del 2005 la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Social acordó instalar una mesa de trabajo para atender las proposiciones antes planteadas, donde participaron los integrantes de la mesa de trabajo, la diputada promovente, representantes de los habitantes y autoridades del Infonavit.

El 6 de diciembre de 2005 se instaló la mesa de trabajo, obteniendo los siguientes acuerdos:

a) El grupo seria coordinado por el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI).

b) Propuesta de la diputada Myriam Arabian Couttolenc para el diagnóstico del problema.

c) El 26 de enero de de 2006 se realizó la segunda reunión de trabajo, en donde se presentan avances del diagnóstico.

d) El 9 de mayo de 2006, el subdirector general del Infonavit hizo llegar a la presidencia de la comisión el memorandum con el dictamen jurídico elaborado por el notario público número 86.

La proposición plantea, además, que a través de un mecanismo, la subcomisión que cree la comisión formule iniciativas de ley que atiendan la problemática planteada.

En términos de la normatividad de la materia, los trabajadores deben adquirir tanto la propiedad de las viviendas como las copropiedades correspondientes al condominio, que para el caso son, tanto las correspondientes al régimen, como las correspondientes a todo el conjunto habitacional.

Las comisiones dictaminadoras convienen en destacar que del dictamen jurídico remitido a la Comisión de Seguridad Social, se desprende que:

El Infonavit adquirió un millón de metros cuadrados, que forman la unidad habitacional La Margarita, lotificándose en 44 manzanas, quedando lotes y manzanas que forman unidades jurídicas diferentes e independientes entre sí.

Se constituyeron en cinco instrumentos denominados ``condominio uno'' al ``condominio cinco'', setecientos ochenta y tres regímenes de propiedad en condominio, y sólo se constituyeron cinco mil setecientas treinta y nueve viviendas, por lo que doscientas setenta y tres viviendas no existen dentro de la unidad La Margarita, como se desprende de las escrituras, sino que son casas habitación de propiedad privada que no estén bajo el régimen de condominio.

El Infonavit, al constituir dichos regímenes afectó las manzanas ya señaladas; en consecuencia, al ser unidades jurídicas independientes, los bienes de propiedad común sólo pueden existir dentro de los lotes y manzanas sobre los que se construyeron los regímenes de propiedad en condominio; de la escritura de extinción de fideicomiso, basta excluir los lotes y manzanas que fueron objeto del régimen de propiedad en condominio, para saber que no está incluido y se le revirtió en propiedad al Infonavit; se donó un número de manzanas y 240 mil 845 metros cuadrados, tal como consta en la enajenación.

Como consecuencia y por exclusión es posible determinar que las manzanas 32, 35, 36, 39 y 41 son propiedad del Infonavit, ya que no fueron objeto de ningún régimen de propiedad en condominio, donación o venta, según escritura de lotificación a esta superficie habrá que restarle las afectaciones locales o estatales por vialidades, ya que dicho instrumento no las contiene.

No se encontró, en las escrituras de propiedad en condominio, las áreas comunes, pero por definición legal, y en los términos de los reglamentos de la propiedad en condominio, éstas sólo pueden existir dentro de las manzanas y lotes objeto de los condominios, por lo que todas aquellas manzanas y lotes que no hayan sido objeto del régimen de propiedad en condominio, o de donación al ayuntamiento, son propiedad del Infonavit, por objeto de la extinción del fideicomiso y reversión de la propiedad.

Lo anterior basado en los asientos regístrales donde se localizan 2 planos con motivo de la lotificación de la unidad habitacional La Margarita, que al ser registrado en su época hace prueba plena al no ser levantamientos topográficos actuales. Dicha unidad habitacional se conforma de

1. 5 mil 739 viviendas sujetas al régimen de propiedad en condominio conformadas dentro de 783 regímenes de propiedad en condominio.

2. Áreas comunes propiedad de las viviendas señaladas.

3. 273 viviendas de propiedad particular no sujetas al régimen de propiedad en condominio.

4. Vialidades propiedad del ayuntamiento, así como de propiedad que no es parte de las vialidades generales del mismo.

5. Manzanas y lotes propiedad del Infonavit, considerando que a estas habrá que restarle las afectaciones locales o estatales por vialidades, ya que la escritura de lotificación no las contiene.

6. Dos manzanas propiedad del IMSS y una propiedad de terceros.

Asimismo podrían existir expropiaciones en vialidades del gobierno estatal, aunque no existe ninguna en el registro público de la propiedad.

Concluyendo que dicha unidad está conformada por propiedad en condominio, propiedad particular tanto de organismos del estado como de particulares, así como de bienes del patrimonio del dominio público. En otras palabras es inexacto que todo lo que esta dentro del millón de metros cuadrados que conforman la unidad habitacional La Margarita es propiedad de los titulares de las 6 mil 2 viviendas.

Esta proposición con punto de acuerdo está atendida con la instalación de la mesa de trabajo entre el Infonavit, la Comisión de Seguridad Social y los dueños.

La otra parte de la proposición referente a citar a comparecer al director del Infonavit está también incluida en otra proposición con punto de acuerdo, y considerando que dentro del programa de trabajo de las dos comisiones dictaminadoras están contempladas invitaciones a funcionarios de institutos de seguridad social, pueden darse por resueltas ambas y estar a dicha presencia para en todo caso y a petición de interesados volver a tratar el asunto.

Las comisiones que dictaminan dejan constancia de que hay, presentada con anterioridad, otra proposición con punto de acuerdo que solicita también la comparecencia del director general del Infonavit, presentada por la misma promovente del punto de acuerdo que se analiza.

Ambas proposiciones son coincidentes en los planteamientos y en la petición de la comparecencia del director general del Infonavit, por lo que las comisiones unidas decidieron analizarla en un solo acto, y considerando que lo que se busca es limpiar de problemas administrativos las unidades habitacionales construidas por el instituto, se puede manifestar que la instalación de la mesa de trabajo hasta llegar al dictamen jurídico elaborado por un notario público, por lo que ambos son asuntos atendidos y resueltos, quedando únicamente pendiente la comparecencia del director del Infonavit; prudencialmente es previsible volver a analizar este punto, si hay argumentos para ello, y por lo pronto desechar las proposiciones con punto de acuerdo anteriormente citadas.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social, someten a la consideración de éste honorable pleno, el siguiente:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que informe sobre la efectividad de la Ley del Infonavit en el conjunto habitacional La Margarita en Puebla, Puebla, y en general sobre los conjuntos habitacionales del país, turnada a la Comisión de Seguridad Social, por las razones expuestas en las correspondientes consideraciones.

Segundo. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general del Infonavit ante las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social para que informe el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1, turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social, por las razones expuestas en las correspondientes consideraciones.

Tercero. Archívense como asuntos totalmente concluidos.

Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de febrero del año 2007.

La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti , Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla , Adrián Pedrozo Castillo , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Daniel Pérez Valdés , Rogelio Muñoz Serna , Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda , Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García .

La Comisión de Vivienda, diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), presidente; Aracely del Carmen Escalante Jasso (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar , Claudia Sánchez Juárez , Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez , Martha M. García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas , Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández , Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez , Robinson Uscanga Cruz , Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

CACERIA DE FOCAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la cacería de focas en Canadá

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Gloria Lavara Mejía , del Grupo Parlamentario del PVEM, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se suma a la condena internacional por la cruel matanza de focas arpa del Canadá y demanda su inmediata terminación; asimismo se pronuncia por impulsar políticas públicas de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales y las especies de flora y fauna silvestres, y;

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, que considere la posibilidad de promover la intervención de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, con el fin de terminar la cacería de focas arpa.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 9 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado; comuníquese.

LEY FEDERAL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que esta secretaría debe presentar a la Cámara de Diputados su propuesta del sistema de evaluación del desempeño (SED), al que se refiere el artículo 111 de la citada Ley, a más tardar en marzo de 2007.

Para dar cumplimiento al ordenamiento mencionado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, 111 y sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y 7o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le comunico lo siguiente:

1. Mediante un documento anexo al presente se entrega la propuesta mencionada, con lo que se da cumplimiento al mandato de la LFPRH.

2. De acuerdo con el artículo 111 de la LFPRH, el SED comprende la evaluación de los programas para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la administración pública federal (APF), y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como para aplicar las medidas conducentes.

Los indicadores que son la base del SED, deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. Los resultados a los que se refiere este precepto deberán ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

3. El SED que se presenta a la Cámara de Diputados se integra por dos componentes principales:

a) Un mecanismo de evaluación objetiva, participativa y transparente de los programas del Gobierno, que contribuya a orientar las asignaciones presupuestarias a partir de los resultados y la eficacia de los propios programas, y

b) Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que permita que el sector público eleve sustancialmente su productividad y modernice procesos específicos de manera obligatoria, que se traduzcan en menores costos y mejores prácticas de actuación en beneficio de la sociedad.

4. El SED forma parte de una estrategia integral, junto con el presupuesto basado en resultados (PBR) y el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). La implantación sistémica del PBR, del SED y del PMG permitirá cumplir con lo establecido en la LFPRH y mejorar sustancial mente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia del gasto público federal.

5. Con base en el SED se llevará a cabo la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, esta secretaría, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han emitido los ``Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal'', a fin de definir algunas de las bases del sistema integral de gestión pública para resultados y del SED. Los Lineamientos tienen como propósito regular la materia de evaluación, en congruencia con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades, la elaboración de la matriz de indicadores de desempeño y los sistemas de monitoreo.

6. Por otra parte, se pondrá en operación el PMG, que establecerá compromisos de modernización en áreas estratégicas comunes para toda la APF, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y la atención a la población, reducir costos, incrementar la productividad y utilizar tecnologías modernas y mejores prácticas de gestión.

7. En el ámbito del PBR, el SED y el PMG, participarán de forma coordinada esta Secretaría, la SFP y el Coneval. Asimismo, la Cámara de Diputados tendrá a su disposición un conjunto amplio y sistemático de información que la apoyará en sus funciones en materia presupuestaria, en los términos de las disposiciones aplicables y del SED.

Quedo de usted y le reitero mi consideración más distinguida.

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Ernesto Cordero Arroyo (rúbrica), subsecretario de Egresos.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información correspondiente al bimestre enero-febrero de 2007 relativa a la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, con desglose mensual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Secretario.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a febrero de 2007.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con febrero de 2006.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para febrero de 2007.

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a febrero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Secretario de Hacienda y Crédito Público.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ciudadano Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en los artículos 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le remito, el documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2008: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), secretario.»

CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Francisco Eduardo Cué Pérez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Filipinas en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de gobernación.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras, pueda desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Por lo anterior me permito anexar para la integración a su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de su constancia de residencia, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Salvador Suárez Moctezuma.

Puesto: Mecánico/plomero.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre:Nora Laura Rivera Fernández.

Puesto: Telefonista en la Sección Consular.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.Nombre:David Suárez Gómez.

Puesto: Asistente de información en la Sección de Asuntos Públicos.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitas se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Emily Chávez Daumas.

Puesto: Secretaria particular.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Cote d'Ivoire en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Nombre: Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo.

Puesto: Asistente del Servicio de Prensa.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Francesa en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de su currículum vitae y de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Nombre: Pedro Vega Juárez.

Puesto: Chofer.

Lugar de Trabajo: Embajada de Malasia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Nombre: Valente Ojeda Vargas.

Puesto: Mensajero.

Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

XIX REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL GRUPO DE RIO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente le acompaño, para los fines procedentes, original del oficio número DEP-0648/07, signado el 23 del mes en curso por la ciudadana Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la carpeta de resultados de la participación del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en la decimonovena Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada el 2 y 3 de marzo de 2007 en Georgetown, Guyana.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito enviarle la carpeta de resultados de la participación del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en la decimonovena Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada el 2 y 3 de marzo de 2007 en Georgetown, Guyana.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar al senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; y al diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la carpeta de resultados de la participación del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en la decimonovena Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada el 2 y 3 de marzo de 2007 en Georgetown, Guyana.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

«XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río

Resultados

Georgetown, República Cooperativa de Guyana, 2- 3 de marzo de 2007

1. Valoración General

La XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política --Grupo de Río--, se llevó a cabo en Georgetown, República Cooperativa de Guyana, los días 2 y 3 de marzo de 2007. Este encuentro estuvo precedido por una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y una de coordinadores nacionales, los días 1 de marzo y 28 de febrero respectivamente.

La agenda considerada por los países miembros del Grupo incluyó diversos temas de interés, entre ellos: Asuntos Humanos y Sociales que impactan en el proceso de desarrollo de la región; y la Democratización de las Relaciones Internacionales y Relaciones Asimétricas.

En el marco de la Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno sostuvieron un encuentro privado para abordar los principales problemas que enfrentan los países de América Latina y el Caribe, especialmente el enorme reto de definir acciones pertinentes para contribuir al abatimiento de los rezagos sociales y la pobreza de manera solidaria y mediante la cooperación en la región.

Al término del encuentro se adoptó la Declaración de Turkeyen (Anexo 1) que contiene importantes compromisos y pronunciamientos sobre la agenda regional e internacional.

El texto de la declaración reconoce que es fundamental la superación de las asimetrías para una integración equitativa y justa así como el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos que permitan resolver las grandes desigualdades que existen en la región.

En cuanto al tema de democratización de las relaciones internacionales, los mandatarios se comprometieron a promover mayor transparencia en la operación de los organismos internacionales y enfatizaron la necesidad de fortalecer el multilateralismo como herramienta para mantener y reforzar el principio de igualdad entre los Estados.

Los mandatarios reconocieron que la pobreza continúa representando una seria amenaza en la región, y reafirmaron su compromiso para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Asimismo, reiteraron su voluntad por continuar promoviendo el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Consenso de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo.

Además de la declaración de Turkeyen se adoptaron las siguientes declaraciones sobre temas de especial relevancia para la región, y en cuya negociación, México tuvo una participación señaladamente activa:

Declaración sobre asuntos sociales y humanos (Anexo 2)

Declaración sobre la situación en Haití y el papel de la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, Minustah (Anexo 3)

Declaración sobre la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (Anexo 4)

Declaración sobre la iniciativa de la lucha contra el hambre y la pobreza (Anexo 5)

Declaración de solidaridad con Bolivia (Anexo 6)

Comunicado sobre las Malvinas (Anexo 7)

Decisión de los ministros de relaciones exteriores sobre el fortalecimiento del Grupo de Río (Anexo 8)

2. Valoración respecto a los objetivos planteados

La cumbre de Georgetown fue una ocasión propicia y privilegiada para transmitir un mensaje político --contundente-- sobre la prioridad que otorga el gobierno de México a sus vínculos con los países de América Latina y el Caribe.

Entre las iniciativas promovidas por México destaca la ruta para fortalecer al Grupo de Río. A partir de la propuesta mexicana se llevó a cabo una intensa negociación para otorgar al grupo un nuevo perfil que habrá de mejorar los consensos regionales; así como contribuir a resolver problemas que enfrenta la región y a sostener una interlocución más eficiente con otros países y otras regiones del mundo.

En el texto de la decisión de los ministros de relaciones exteriores, respaldada por los mandatarios, se advierte el reconocimiento al grupo como el único mecanismo de consulta y concertación política regional, y como el de mayor representación frente a la comunidad internacional, así como a su relevante trabajo de interlocución con otros grupos de países. De ahí la decisión de hacer más eficiente al mecanismo y de adaptar su agenda a las nuevas exigencias y retos regionales e internacionales.

Con esa misma aspiración de preservar y fortalecer al Grupo de Río, México obtuvo el respaldo de los países miembros para ocupar la Secretaría Pro-Tempore del Mecanismo y para hospedar la XXI reunión de jefes de Estado y de gobierno. Por tal motivo y, desde el pasado 2 de marzo, México integra también la llamada troika del Grupo de Río junto con Guyana y República Dominicana.

Con esta responsabilidad, México promoverá el mejoramiento de los diálogos institucionalizados del grupo con otros países y grupos de países, así como la concertación de posiciones en los principales foros multilaterales, particularmente en la ONU y OEA.

Es indispensable, y así fue acordado en Guyana, mejorar los procedimientos del grupo para que el diálogo y la concertación regional con otros países y grupos de países, contribuyan a hacer más fuerte y más respetada la voz de América Latina y El Caribe en el mundo.

Fortalecer al Grupo de Río significa fortalecer también nuestras propias capacidades para resolver y atender los enormes retos que enfrenta la región en su conjunto. Esa nueva ruta dio inicio en la Cumbre de Georgetown.

3. Encuentros bilaterales

La Cumbre del Grupo de Río fue igualmente una ocasión propicia para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa sostuviera conversaciones con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Michelle Bachelet; y con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Taina. El encuentro permitió reactivar el diálogo México-ABC (Argentina, Brasil, Chile), con el propósito de instrumentar un mecanismo cuatripartito para profundizar y ampliar las relaciones entre México y Sudamérica. Con ello se cumplimenta el compromiso 98 de las ``100 acciones, para los primeros 100 días de gobierno''.

Con el presidente Lula da Silva se acordó profundizar las relaciones de cooperación científica y tecnológica entre Petrobas y Petróleos Mexicanos, para avanzar en la exploración de nuevos procedimientos en la extracción crudo en aguas profundas en el Golfo de México. Del mismo modo, el presidente Lula ofreció asistencia técnica a México para proyectos vinculados a la generación de biodiesel y etanol.

El presidente Calderón reiteró la invitación a los presidentes de Argentina, Brasil y Chile para visitar a nuestro país; La presidenta de Chile, Michelle Bachelet realizará una visita de Estado a México los días 19, 20 y 21 de marzo, durante la cual se instalará el Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile, suscrito el 26 de enero de 2006, en Viña del Mar, Chile. Se acordó también la vista del presidente Lula da Silva, durante el mes de julio de 2007.

El presidente Calderón se reunió también con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, con quien intercambió puntos de vista sobre los temas más relevantes de la agenda bilateral, así como del trabajo conjunto que México y República Dominicana realizarán en el marco de la troika del Grupo de Río.

Sostuvo igualmente un encuentro bilateral con el señor Bharrat Jagdeo, presidente de Guyana y anfitrión de la cumbre, que fue propicio para identificar diversas acciones de cooperación entre ambos países, así como de la posibilidad de hacer converger empresas mexicanas en la inversión extranjera que recibe este país.

El presidente Calderón sostuvo una reunión --muy importante-- con el Secretario General de la Comunidad del Caribe (Caricom), señor Edwin Carrington, con quien acordó promover el establecimiento de un mecanismo renovado de cooperación y colaboración con todos los países de esta gran región de la que somos parte.

Anexo 1

Declaración de Turkeyen

1) La XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política --Grupo de Río-- se llevó a cabo en Turkeyen, Guyana, el 2 y el 3 de marzo de 2007 bajo la Presidencia de su excelencia Bharrat Jagdeo, presidente de Guyana. La troika del Grupo fue también representada por su excelencia Jorge Enrique Taiana, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, y su excelencia Leonel Fernández Reyna, presidente de República Dominicana.

2) Considerando que el 18 de diciembre de 2006 se conmemoró el XX Aniversario del establecimiento del Grupo de Río, los jefes de Estado y de gobierno expresaron su satisfacción por el éxito logrado por el mecanismo al cumplir con los objetivos que se ha fijado desde la adopción de la declaración de Río de Janeiro de 1986. Señalaron su especial satisfacción con los resultados obtenidos frente a la ampliación y sistematización de la cooperación y concertación política entre los Estados miembros, a través de un proceso de consultas periódicas sobre temas de interés común.

3) Alentados por el progreso y los logros de los últimos 20 años, y convencidos de la relevancia del Grupo de Río como un instrumento viable y necesario para el diálogo político, los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron la importancia del Grupo, como un espacio privilegiado para la consulta, coordinación y concertación política de América Latina y el Caribe, y reiteraron su compromiso con los consensos políticos y principios identificados en el acta de Veracruz de 1999.

4) Con ese motivo, respaldaron la decisión adoptada en Guyana por los cancilleres que establece una ruta hacia el fortalecimiento del Grupo de Río y hacia un perfil más dinámico en favor de la concertación política y del trabajo de interlocución regional y frente a otras regiones y países, así como en los principales foros multilaterales.

5) Reconocieron que el compromiso histórico del Grupo de Río por la defensa del multilateralismo, basado en el pleno respeto a los principios de derecho internacional, es un paradigma que garantiza su trascendencia como bloque regional, por ello los jefes de Estado y de gobierno renovaron su compromiso de respaldar la participación amplia y democrática de los Estados miembros del Grupo de Río en las instancias internacionales, en aras de contribuir a la búsqueda del equilibrio, la paz y la seguridad en la comunidad internacional.

6) Señalaron que se ha logrado un progreso sustancial en toda la región de América Latina y el Caribe para la consolidación y fortalecimiento de la democracia, el mantenimiento de la paz y la seguridad, la promoción del desarrollo, el combate al terrorismo y al crimen transnacional organizado y al problema mundial de las drogas y la promoción de la integración, la unidad y la solidaridad regional. A nivel internacional, el Grupo de Río representa un interlocutor legítimo y confiable, manteniendo el diálogo con varios países y asociaciones de países continuamente en expansión. Además, el Grupo ha emergido como un interlocutor válido de cambio a nivel mundial con una capacidad comprobada para contribuir significativamente a la resolución de las crisis socio-económicas y socio-políticas.

7) Los jefes de Estado y de gobierno reconocieron que la creciente participación de los Estados más pequeños de la región en el Grupo de Río, ha constituido un paso favorable hacia una mayor inclusión teniendo con ello una voz más fuerte a nivel global. En este sentido se reconoció además que el diálogo político y la cooperación incrementada entre las subregiones de América Latina y el Caribe, especialmente entre los países de la Comunidad del Caribe, Caricom, y América Latina contribuirían para un mejor funcionamiento del Grupo de Río. En momentos en que los mecanismos de integración subregional están desarrollando crecientemente sus propios parámetros de alcance regional e internacional, los jefes de Estado y de gobierno subrayaron la necesidad de que el grupo mantenga su perfil de interlocución regional y extrarregional. Por lo tanto expresaron su determinación de hacer todos los esfuerzos para fortalecerlo.

8) Los jefes de Estado y de gobierno destacaron que la profundización de la integración regional, fundada en principios de cooperación, complementariedad y solidaridad, es una alternativa fundamental para la reducción de la pobreza, y para evitar que efectos negativos de la globalización profundicen las asimetrías que contribuyen a la marginalidad económica, social y política. Es fundamental la superación de las asimetrías para una integración equitativa y justa, así como el desarrollo de mecanismos concretos y efectivos que permitan resolver las grandes desigualdades que existen en nuestra región. En ese sentido, tomaron nota de los esfuerzos que se realizan a fin de desarrollar medidas y acciones específicas y efectivas, en el marco de políticas comunes para superar las asimetrías en los procesos de integración regional.

9) En este contexto agradecieron a la Secretaría Pro Témpore de Guyana por el excelente trabajo en la elaboración del Informe sobre el tratamiento de las asimetrías en el contexto de la cooperación regional, y tomaron nota del mismo a fin de que pueda ser utilizado como base para la promoción de medidas especificas y practicas para la superación de tales asimetrías, especialmente de las necesidades especiales de las economías pequeñas y vulnerables de la región. Acordaron mantener este importante tema en la agenda del Grupo de Río a fin de profundizar futuras discusiones para lograr una integración regional balanceada y armónica.

10) Los jefes de Estado y gobierno examinaron la situación actual en Haití y aprobaron la Declaración del Grupo de Río sobre la situación en Haití y el papel de la misión internacional de Naciones Unidas para Haití, Minustah, emitida en Turkeyen, Guyana, el 3 de marzo de 2007.

11) Los jefes de Estado y de gobierno hicieron notar que los desastres de origen natural o antrópico, acrecentados por el calentamiento global, representan una amenaza significativa al bienestar de sus países y aumentan las vulnerabilidades económicas y sociales de los países en desarrollo, especialmente de los Estados pequeños y vulnerables. Al reconocer la relación intrínseca entre la reducción de desastres, el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza entre otros, los jefes de Estado y de gobierno reconocieron la necesidad de fortalecer la capacidad de prevención, respuesta y atención de las naciones ante los desastres a través de la adopción de políticas apropiadas y el incremento de la cooperación internacional para apoyar esfuerzos nacionales. También reconocieron la importancia de la declaración y el marco de acción de Hyogo, el Programa interamericano para el desarrollo sostenible y el Plan de acción de Barbados, para los países que son parte del mismo, al tratar la problemática de los desastres.

12) Reconocieron en ese orden, la urgente necesidad de fortalecer las redes de defensa civil latinoamericanas y caribeñas, y tomaron nota del aporte que ha venido brindando la República Bolivariana de Venezuela, a través de la brigada internacional de tarea humanitaria ``Simón Bolívar''.

13) Al examinar otras dimensiones de la seguridad regional, los jefes de Estado y de gobierno expresaron su profunda preocupación por la realización continua de actos de terrorismo en algunas regiones del mundo. Rechazaron enérgicamente el terrorismo en todas sus formas, y reafirmaron que cualquiera sea su origen o motivación no tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo y su financiación mediante la más amplia cooperación y con pleno respeto a las obligaciones impuestas por el derecho interno y el derecho internacional, en particular de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

14) Los jefes de Estado y de gobierno, reafirmaron el compromiso de sus países en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con un enfoque integral y equilibrado, basado en la vigencia del principio de responsabilidad compartida, en virtud del cual, resaltan la importancia de la cooperación internacional con respeto a la soberanía de cada Estado.

15) Con el objeto de contribuir a la democratización de las relaciones internacionales, los jefes de Estado y de gobierno se comprometieron a promover cambios necesarios para lograr mayor transparencia dentro de los organismos internacionales y enfatizaron la necesidad de fortalecer el multilateralismo como herramienta para mantener y reforzar el principio de igualdad entre los Estados. Renovaron su llamado en favor de instituciones multilaterales más democráticas, y la necesaria reforma de esas instituciones para mejorar la atención de los desafíos que implica --para los países en desarrollo-- un mundo cada vez más globalizado.

16) En ese contexto, los jefes de Estado y de gobierno expresaron su reconocimiento por los resultados del Taller sobre democratización de las relaciones internacionales, llevado a cabo en Georgetown, el 13 de noviembre de 2006, y tomaron nota del Plan de acción que resultara del mismo. Reafirmaron la necesidad e importancia de seguir trabajando conjuntamente en la construcción de un sistema internacional más democrático y más justo, que permita el logro de una paz duradera en un marco de desarrollo sostenido, tanto en lo económico como en lo social.

17) Al reafirmar su inquebrantable adherencia al principio del multilateralismo, expresaron su apoyo a iniciativas encaminadas a establecer una nueva asociación mundial que ofrezca respuestas prácticas y eficaces a la necesidad de un nuevo paradigma para la promoción del desarrollo humano y social. En este sentido, acordaron considerar la propuesta de Guyana sobre un nuevo orden humano mundial y emitieron un llamado a una consideración favorable de una resolución sobre el papel de las Naciones Unidas para promover un nuevo orden humano mundial, según aparece expreso en estos momentos en la agenda de la Asamblea de las Naciones Unidas.

18) Al reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos y, en particular, los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, como medio idóneo para combatir el hambre y la pobreza, y garantizar así la inclusión social, los jefes de Estado y de gobierno valoraron de manera positiva los esfuerzos que realiza la Organización de los Estados Americanos, OEA, para adoptar la Carta Social de las Américas; la cual, junto con la Carta Democrática Interamericana, estimaron que fortalecerá el Sistema interamericano de promoción y defensa de los derechos humanos. En ese sentido, reiteraron el compromiso de sus países con el mandato establecido en la resolución AG/RES 2241 (XXXXVI-O/06) de la Asamblea General de la OEA, y expresaron su confianza en que el actual proceso de negociaciones sobre la Carta Social de las Américas concluirá exitosamente. En ese sentido, brindaron su respaldo a la iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela para celebrar, una vez concluidos los trabajos respectivos, una Asamblea general extraordinaria en dicho país para aprobar ese fundamental instrumento hemisférico.

19) Los jefes de Estado y de gobierno comprometieron su apoyo al proceso de reforma de la ONU, que debe tender al fortalecimiento de la organización multilateral más representativa, basado en tres pilares: desarrollo, paz, seguridad y derechos humanos.

20) Los jefes de Estado y de gobierno han valorado los progresos en el proceso de reforma de las Naciones Unidas en los últimos años que, entre otros, han permitido la conformación del Consejo de Derechos Humanos. Por otra parte, destacaron el establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz, y subrayaron la importancia de que cumpla con su mandato relativo a la asistencia en apoyo a los esfuerzos nacionales, para la reconstrucción de las sociedades de países afectados por situaciones de post-conflicto, a solicitud de los Estados concernidos.

21) Asimismo, resaltaron la necesidad de redoblar esfuerzos en los temas pendientes como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, Ecosoc por sus siglas en inglés), la reforma administrativa y la coherencia del sistema para lograr el objetivo de contar con una organización fortalecida en el actual contexto internacional. En ese sentido, al destacar el trabajo de consulta y coordinación de las representaciones permanentes ante las Naciones Unidas, resaltaron la importancia de redoblar los esfuerzos de coordinación de posiciones en los temas de relevancia en ese ámbito.

22) Los jefes de Estado y de gobierno saludaron al secretario general Ban Kimoon por el inicio de su mandato al frente de la organización.

23) Los jefes de Estado y de gobierno se comprometieron a alentar progresos en el objetivo del desarme nuclear, particularmente a promover avances sustantivos en las labores del primer comité preparatorio de la conferencia de las partes encargada del examen de la aplicación del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 2010, a celebrarse en Viena, Austria, del 30 de abril al 11 de mayo de 2007.

24) Igualmente, al reconocer la aportación de América Latina y el Caribe como precursora de las zonas libres de armas nucleares, los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron la plena vigencia del régimen de desnuclearización establecido en 1967 por el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y, al efecto, se congratularon por el mensaje político que constituyó la conmemoración del 40 aniversario del Tratado de Tlatelolco, el pasado 14 de febrero.

25) Los jefes de Estado y de gobierno, profundamente preocupados porque la pobreza continúa representando una seria amenaza en la región, reafirmaron su compromiso para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Señalaron con satisfacción la existencia de informes de organismos internacionales según los cuales en algunos países de la región los indicadores sociales apuntan hacia una reducción significativa en los niveles de pobreza, con la perspectiva ansiada de que pudieran alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Sin embargo, reconocieron que para la mayoría de los Estados miembros, la erradicación de la pobreza y el hambre siguen siendo desafíos que se deben enfrentar con mayor intensidad y compromiso. Felicitaron a su vez a su excelencia Bharrat Jagdeo, presidente de Guyana por su presentación sobre los aspectos humanos y sociales del desarrollo dentro de la región, y sus implicaciones para el desarrollo nacional, la paz, el orden y la estabilidad de la región. En virtud de lo cual, los jefes de Estado y de gobierno aprobaron una declaración sobre asuntos sociales y humanos.

26) Los jefes de Estado y de gobierno coincidieron en que para responder al desafío a la pobreza y el hambre y alcanzar el mayor desarrollo económico y social de sus pueblos se requiere centrar los esfuerzos en la población en situación de mayor vulnerabilidad con un énfasis especial en las acciones tendientes a lograr la educación universal, los servicios básicos de salud y agua potable, el bienestar de niños, niñas y mujeres y los programas para el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes de ambos sexos, así como la equidad de género. Por lo tanto, acordaron impulsar políticas de desarrollo dentro de sus respectivos Estados para asegurar un enfoque que priorice los programas dirigidos a la reducción de la pobreza y el combate al hambre así como el logro de los objetivos de desarrollo del milenio.

27) En ese mismo contexto, los jefes de Estado y de gobierno reiteraron su voluntad por continuar promoviendo la implantación coordinada del conjunto de las medidas que constituyen el Consenso de Monterrey sobre financiamiento para el desarrollo, incluyendo el desarrollo de fuentes nuevas e innovadoras de financiamiento, teniendo en cuenta el proceso de revisión de alto nivel que tendrá lugar en Doha, Qatar en el año 2008. Al efecto decidieron establecer un grupo de trabajo para definir la posición del Grupo de Río frente a esta conferencia.

28) El Grupo de Río continuará trabajando para asegurar que el tema de desarrollo, en particular en los países en desarrollo, continúe ocupando un lugar central en la agenda internacional, junto con llamar a hacer realidad concreta los compromisos asumidos por los países desarrollados de destinar el 0.7 por ciento del PIB a la ayuda oficial para el desarrollo.

29) En este sentido, hicieron notar los problemas asociados con la globalización en los países de la región, especialmente los estados pequeños. Reiteraron la importancia de tomar en cuenta las necesidades especiales de las economías pequeñas y vulnerables para permitirles afrontar con efectividad estos desafíos y promover su desarrollo económico social sostenible.

30) En ese sentido, reconociendo la existencia de factores externos que obstaculizan el crecimiento económico sostenible de nuestros Estados, reafirmamos la importancia del mantenimiento de la cooperación internacional hacia los países de renta media, incluidos lo de renta media baja, a fin de complementar sus esfuerzos nacionales para, el cumplimiento de sus programas de desarrollo y los objetivos de desarrollo del milenio. Asimismo, destacaron la celebración del Foro internacional sobre países de renta media baja, programado a celebrarse en San Salvador durante la primera semana de octubre de 2007.

31) Los jefes de Estado y de gobierno destacaron la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para elevar el desarrollo económico y social de sus pueblos, especialmente como una herramienta privilegiada para alcanzarlo. En este sentido, ratificaron los compromisos emanados de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en sus fases de Ginebra y Túnez, encaminados a promover y consolidar una sociedad de la información inclusiva que coadyuve a superar la brecha digital. También reconocieron la importancia de la realización del primer foro sobre gobernanza de Internet, celebrado en Atenas en el mes de noviembre de 2006, en el que, desde una óptica participativa y multidisciplinaria, se abordaron los temas de transparencia, seguridad, diversidad y acceso con miras a promover y garantizar el desarrollo de una red universal confiable, segura y accesible a toda la población. Finalmente, los jefes de Estado y de gobierno subrayaron la importancia del plan regional de América Latina y el Caribe para la sociedad de la información, eLAC2007, como la iniciativa regional más importante en la materia, y tomaron nota de la celebración en San Salvador de la segunda conferencia regional sobre la sociedad de la información, con el objetivo de evaluar la aplicación del plan de acción 2007, y formular el plan de acción 2010, en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y las metas del plan de acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

32) Destacaron la importancia de una sociedad de información centrada en la gente, inclusiva, no discriminatoria y orientada a! desarrollo, visualizada por los objetivos del desarrollo del milenio. Asimismo, valoraron la necesidad de superar la brecha digital y reafirmaron la vigencia de principios multilaterales, democráticos, transparentes y de múltiples grupos de interesados para el adecuado funcionamiento del Internet.

33) Los jefes de Estado y de gobierno acordaron que el Grupo de Río continuará el diálogo sobre la promoción de mecanismos financieros innovadores compartiendo experiencias positivas con miras a ampliar las propuestas existentes así como también proponer nuevas iniciativas para consideración colectiva.

34) Un aspecto importante del funcionamiento del Grupo de Río es su dialogo y contacto con países, grupos de naciones y organizaciones extra regionales. Los jefes de Estado y de gobierno acordaron que el Grupo de Río siga fortaleciendo y expandiendo su contacto con estos países y asociaciones de países con un enfoque orientado a la acción para asegurar resultados positivos y provechosos en beneficio de los grupos participantes y también como aportaciones hacia el mejoramiento de la situación política, social y económica internacionales.

35) Los jefes de Estado y de gobierno acogieron con satisfacción la iniciativa de celebrar la Cumbre Sudamericana de Integración Energética a efectuarse en la República Bolivariana de Venezuela en abril de 2007, como evidencia de los avances en materia de integración energética de los países sudamericanos.

36) Los jefes de Estado y de gobierno agradecieron al gobierno de la República Dominicana su generosa oferta de ser el .anfitrión de la XX Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Grupo de Río y aceptaron el ofrecimiento de los Estados Unidos Mexicanos para ser anfitrión de la XXI Reunión de Jefes de Gobierno del Grupo de Río.

37) Expresaron su gratitud y felicitaron al presidente, gobierno y pueblo de Guyana por su cordial hospitalidad, la excelente organización y el encomiable esfuerzo realizado para asegurar el éxito de esta XIX Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política del Grupo de Río, celebrada por primera vez en un país miembro de Caricom.

38) Dispuesto en Turkeyen, Guyana, el 3 de marzo de 2007 en los idiomas inglés, español y portugués, siendo los tres textos de igual autenticidad.

Anexo 2

Declaración sobre Asuntos Sociales y Humanos

XIX Cumbre del Grupo de Río

Turkeyen, Guyana, 2 y 3 de marzo de 2007.

El Grupo de Río juega un papel único y prominente como una forma de diálogo y consulta entre los países de América Latina y el Caribe. Con los años, el Grupo ha promovido la cooperación y la acción para combatir la pobreza, el hambre y la inequidad, así como para mejorar la salud y educación en la región.

Los jefes de Estado y de gobierno reunidos durante la Decimonovena Cumbre del Grupo de Río en Turkeyen, Guyana, reconocieron el progreso logrado hasta el momento y reafirmaron la necesidad de incrementar los esfuerzos colectivos para darle atención a estos problemas.

Luego de una revisión de la situación relativa al hambre y la pobreza, resolvieron buscar iniciativas concretas e innovadoras, según se refleja en la Declaración sobre el Hambre y la Pobreza que ellos han emitido durante esta cumbre.

Los jefes de Estado y de gobierno afirmaron que la iniquidad requiere de una acción urgente, total e integrada que tome en cuenta que dicho fenómeno es la más seria en nuestra región, comparada con cualquiera otra región del mundo.

Reiteraron que la educación es un derecho humano fundamental y piedra angular en las sociedades democráticas y prósperas. La educación de niños y adultos es igualmente crucial para erradicar la transmisión de la pobreza de una generación a otra. Con el objeto de establecer el avance social, educar a los jóvenes y adultos para ser educados, productivos y competitivos, acordaron infundir ímpetus renovados al esfuerzo para lograr el acceso universal a la educación, la erradicación del analfabetismo adulto y la promoción de la excelencia en la investigación y el desarrollo de la educación superior.

Tomando en consideración los millones de personas en la región que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, la incidencia de la mortalidad materno infantil, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y en general la inexistencia de seguro médico, los jefes de Estado y de gobierno reafirmaron su compromiso con la agenda de Salud para las Américas, según se encuentra en estos momentos en discusión entre los Estados miembros de la Organización Panamericana de Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Apuntaron su preocupación con respecto a las condiciones de los niños en la región, y enfatizaron que la garantía de los derechos del niño asegura el registro de nacimientos, el acceso a una buena atención médica, la nutrición adecuada, sanidad y agua potable. Reconocieron la importancia de sentar bases más sólidas para el aprendizaje y el éxito personal, así como para la protección de los niños contra la violencia, el abuso, el abandono, la explotación y la discriminación.

Tomando nota de los desafíos y dificultades que afrontan nuestras sociedades para mejorar las condiciones sociales en la región, los jefes de Estado y gobierno resolvieron mejorar y estrechar la operación y coordinación para lograr un mayor desarrollo de América Latina y el Caribe. También decidieron establecer un grupo de trabajo permanente para darle seguimiento a muchos de los asuntos identificados durante las deliberaciones.

Turkeyene, Guyana, 3 de marzo de 2007

Anexo 3

Declaración de los Jefes de Estado de Gobierno del Grupo de Río sobre la situación en Haití y el papel de la misión internacional de Naciones Unidas para Haití, Minustah

Los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del Grupo de Río, reunidos con ocasión de la XIX Cumbre en Turkeyen, Guyana, los días 2 y 3 de marzo del 2007, habiendo examinado la situación actual en Haití:

Renovaron el compromiso de cooperación con la reconstrucción integral de Haití, incluyendo la consolidación de la institucionalidad democrática, de la capacidad de gestión del Estado y el logro de una paz duradera en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos.

Convencidos de que el pueblo haitiano es el actor principal de los esfuerzos de desarrollo del país, reconocieron que con el advenimiento de la democracia, Haití ha entrado en una nueva etapa de su historia. Destacaron los avances logrados por el gobierno del presidente René Préval en los ámbitos de desarrollo político, económico y social. Recordaron a este respecto que los principales desafíos siguen siendo la inseguridad, la lucha contra la extrema pobreza y la mortalidad materna infantil, la acción de bandas armadas, el problema mundial de las drogas y, en general, la vulnerabilidad institucional haitiana.

Valoraron el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos, resaltaron la labor desempeñada por las Naciones Unidas y su Misión de Estabilización en Haití (Minustah) y tomaron nota de la renovación del mandato hasta el 15 de octubre del 2007 de conformidad con la resolución 1743 (2007) del Consejo de Seguridad, y valoraron la presencia de la Minustah en función de apoyar al gobierno y al pueblo haitianos para fortalecer las instituciones democráticas, el desarrollo integral y la seguridad del país.

Destacaron la importancia de la acción concertada de los países latinoamericanos a favor de Haití, en especial de aquellos contribuyentes a la Minustah y, en ese sentido, tomaron nota de las conclusiones de la reunión del ``Mecanismo 2x9 sobre Haití'' realizada en Lima el 12 de febrero pasado, en particular las propuestas y estrategias sugeridas para hacer más eficiente el desempeño y labor de la presente operación de paz, mediante la priorización de proyectos sociales de impacto rápido, especialmente en las zonas que han sufrido con mayor rigor el impacto de la violencia del crimen organizado, aplicar efectivamente el programa de desarme, desmovilización y reinserción, y saludaron la próxima reunión de dicho ``mecanismo'' que, copresidida por Perú, en su calidad de coordinador del ``Grupo de Amigos de Haití en el Consejo de Seguridad de la ONU'' y Guatemala, como anfitrión, tendrá lugar en la ciudad de Guatemala, en el segundo semestre del presente año.

Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río rindieron un sentido homenaje a todos los cascos azules y civiles inocentes que han entregado sus vidas por la paz en Haití.

Coincidieron en que el desarrollo socio-económico de Haití requiere del apoyo sostenido de la comunidad internacional y, por ello, exhortaron a los países e instituciones donantes para que aceleren la puesta a disposición de sus promesas de contribuciones, especialmente para proyectos de cooperación dirigidos a erradicar la pobreza, a mejorar los servicios básicos de salud y a propiciar el fortalecimiento de las instituciones en Haití. Asimismo, invitaron a los donantes a cooperar con las reformas a la justicia y a la Policía Nacional haitiana, y a poner en práctica proyectos de desarrollo que atiendan las prioridades y necesidades urgentes identificadas por las autoridades de Haití.

Finalmente, los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río reconocieron el importante papel que ha venido siendo jugado por la comunidad caribeña en el proceso de reconstrucción que en estos momentos se evidencia en Haití y tomaron nota con beneplácito del continuado compromiso de la comunidad en el apoyo al proceso y la asistencia que reciben el pueblo y gobierno de Haití con el objeto de consolidar la paz y promover la estabilidad, y el desarrollo sostenido.

Turkeyen, Guayana, 3 de marzo de 2007

Anexo 4

Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Ríos sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río se congratularon por la reciente conclusión en diciembre del año pasado de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo del mismo, lo cual constituye un paso importante de la comunidad internacional para cambiar la percepción de la discapacidad y asegurar la promoción, protección y garantía del disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad.

En este sentido, se comprometieron a apoyar la pronta entrada en vigor de esta Convención y el Protocolo Facultativo, que estarán abiertos a la firma de los Estados, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de este año.

Georgetown, Guyana, 3 de marzo de 2007.

Anexo 5

Declaración de los Jefes de Estado Gobierno sobre la Iniciativa de la Lucha contra el Hambre y la Pobreza

La iniciativa de la lucha contra el hambre y la pobreza en enero del 2004, que siguió con una reunión de jefes de Estado y gobierno que apoyan la iniciativa en septiembre del 2004, donde se presentó el informe del Grupo Técnico sobre mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo, y en la Conferencia de Paris de marzo del 2006, cuando se creó el Grupo Piloto sobre mecanismos financieros innovadores para el desarrollo, se ha registrado un intenso y positivo debate internacional, que ha profundizado el diálogo y la cooperación en este ámbito.

Hoy el tema es una realidad objetiva y está inserto en la agenda de discusión de las principales cumbres y conferencias internacionales, entendiendo que éstos mecanismos innovadores, son complementarios y adicionales al compromiso del 0.7 por ciento de asistencia oficial para el desarrollo asumido por la comunidad internacional, tal como se recogió en la Declaración de la Cumbre sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en 2005.

Es una cuestión objetiva que, en función de las actuales tendencias y condiciones internacionales, resulta casi imposible alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en muchos países y regiones del mundo, donde prevalecen condiciones de pobreza extrema y de grave iniquidad económica y social.

Si bien existen progresos en varios países desarrollados respecto de los compromisos y plazos adquiridos para cumplir con el criterio acordado en materia de la ayuda oficial al desarrollo, no obstante prevalece una situación determinante que afecta la disposición de recursos necesarios para el combate contra el hambre y la pobreza.

Se ha avanzado de la palabra a la acción y en septiembre del 2006, la comunidad internacional fue testigo del establecimiento de UNITAID que se sustenta en los recursos obtenidos de uno de estos mecanismos innovadores, el cual se basa en la aplicación voluntaria de una tasa/contribución solidaria a los pasajes aéreos, cuyos fondos son destinados a UNITAID para combatir las graves pandemias que afectan a países en desarrollo, y los mantienen en situación de pobreza, como son el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, a través de la compra de medicinas y procedimientos de diagnóstico de buena calidad y a precios competitivos.

El hambre es una de las peores formas de violación de los derechos humanos, por ello la lucha contra la pobreza y el hambre es un desafío ético, político y económico para todos, pues sus consecuencias afectan tanto países pobres como a países ricos. Por ello es necesario explorar nuevas formas de cooperación internacional entre países, promoviendo políticas que permitan avanzar hacia una globalización más participativa y con rostro humano.

En ese contexto, los jefes de Estado y de gobierno de los países que integran el Grupo de Río, reunidos en esta ocasión en Guyana, reiteramos nuestro compromiso y voluntad política de apoyo a la iniciativa de la lucha contra el hambre y la pobreza, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para continuar este diálogo constructivo sobre la base de la discusión a favor de la aplicación de las diversas opciones propuestas en el menú de instrumentos innovadores incluidos en el Informe Técnico, respondiendo al objetivo común y compartido de atender el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

Turkeyen, Guyana, a 3 de marzo del 2007

Anexo 6

Declaración de Solidaridad con Bolivia

Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río, reunidos en Turkeyen, Guyana, en ocasión de la Decimonovena Cumbre del Grupo, expresaron su total solidaridad con el gobierno y pueblo de Bolivia quienes en estos momentos sufren los efectos desastrosos de inundaciones sin precedentes en varios lugares del país, y ratificaron su continuo apoyo a los esfuerzos de alivio y reconstrucción. Extendieron además sus condolencias a las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos.

Turkeyen, Guyana, a 3 de marzo de 2007

Anexo 7

Comunicado del Grupo de Río sobre las Malvinas

Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río reafirman su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la cuestión de las Islas Malvinas.

Recuerdan el interés regional en que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones, a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Turkeyen, Guyana, a 3 de marzo de 2007

Anexo 8

Decisión de los Ministros de Relaciones Exteriores sobre el Fortalecimiento del Grupo de Río

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río reunidos en el marco de la XIX Reunión de jefes de Estado y de gobierno, reconocieron el valioso trabajo de consulta y concertación política desarrollado por el grupo a lo largo de sus veinte años de existencia, así como su relevante contribución en el diálogo sostenido con otras regiones y países, y destacaron igualmente la utilidad de las posiciones adoptadas por el grupo en los foros multilaterales.

Sobre la base del documento anexo presentado por México, expresaron su convicción de la importancia de preservar al Grupo de Río como mecanismo de diálogo, consulta y concertación política de América Latina y el Caribe, y decidieron al efecto aprobar las siguientes medidas para fortalecerlo y perfeccionar sus procedimientos:

a)Instituir una periodicidad bienal para las reuniones de jefes de Estado y de gobierno sin perjuicio de que puedan ser convocadas reuniones extraordinarias cuando así se estime necesario.

b) Instituir una periodicidad anual para las reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores sin perjuicio de que se puedan convocar encuentros extraordinarios si el caso lo amerita.

c) Fortalecer el trabajo y la responsabilidad que tiene encomendada la Secretaría Pro-Témpore (SPT) y la troika del Grupo de Río. Con ese propósito y con base en la propuesta contenida en el documento presentado por México, así como en las reflexiones y propuestas de Colombia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Uruguay y Venezuela (igualmente anexas) que se derivaron al respecto, los coordinadores nacionales presentarán una recomendación en la próxima reunión de cancilleres en República Dominicana.

d) La SPT podrá activar un ``dispositivo de 12 horas''. Este dispositivo podrá ser habilitado por la SPT sólo en el caso de que algún tema de coyuntura o urgente de carácter regional o internacional requiera de una acción o una posición concertada del grupo. Para estos casos, la SPT agotará un plazo de consultas de 12 horas con todos los países miembros y una vez cumplido, será suficiente para definir el respectivo curso de acción a nombre del grupo.

e) Recomendar a la STP en turno que se coordine permanentemente con las presidencias rotativas o secretariados de otros grupos regionales, con miras a prevenir redundancias y conflictos en las agendas respectivas.

Georgetown, Guyana, a 1 de marzo de 2007

Ideas para fortalecer al Grupo de Río

1. Del patrimonio del Grupo

El Grupo de Río es el único foro de consulta y concertación política en el que participan prácticamente todos los países de América Latina y del Caribe.

Es precursor de la llamada diplomacia periódica en la cumbre y se ha constituido en voz regional durante casi veinte años. No existe un ejercicio cercano o similar en toda la historia de nuestros países.

Ha sido foro privilegiado de consulta política entre cancilleres y mandatarios sobre problemas muy relevantes que han afectado a la región y, con ese motivo, en diversas ocasiones ha concertado y definido posiciones o cursos de acción para contribuir a solucionarlos. Soluciones regionales a problemas regionales.

Sólo para citar algunos ejemplos, el grupo ha adoptado posiciones que han contribuido de forma relevante en la atención y solución de diversos problemas o crisis que han enfrentado nuestros países en lo individual: Colombia (Quito, Ecuador, IX Cumbre; Cartagena, Colombia, XIV Cumbre; Santiago, Chile, XV Cumbre; San José, Costa Rica, XVI Cumbre; Cusco, Perú, XVII Cumbre); Venezuela (Buenos Aires, Argentina, VI Cumbre; San José, Costa Rica, XVI Cumbre; Cusco, Perú, XVII Cumbre); Haití (Santiago, Chile, VII Cumbre y Río de Janeiro, Brasil, VIII Cumbre); Nicaragua (Santiago, Chile, VII Cumbre y Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre); Argentina (Santiago, Chile, XV Cumbre y Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre); Bolivia (Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre); Costa Rica (Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre); Ecuador (Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre).

También se ha posicionado sobre temas de especial relevancia para la región en su conjunto, tales como: Defensa y promoción de la democracia (Asunción, Paraguay, XI Cumbre y Cartagena, Colombia, XIV Cumbre); Fortalecimiento de la ONU y reforma del Consejo de Seguridad (Asunción, Paraguay,XI Cumbre); Lucha contra el terrorismo (Río de Janeiro, Brasil, XVIII Cumbre); Posición regional contra medidas unilaterales (Asunción, Paraguay, XI Cumbre); Lucha contra el narcotráfico (Río de Janeiro, Brasil, VIII Cumbre); Desarrollo Social (Quito, Ecuador, IX Cumbre);Integración Regional (Quito, Ecuador, IX Cumbre); Posición regional sobre la crisis financiera internacional, sobre la situación económica internacional; comercio internacional y mercado petrolero (Panamá, XII Cumbre y Santiago, Chile, XV Cumbre); Financiamiento para el Desarrollo (Santiago, Chile, XV Cumbre).

Además, el grupo ha adoptado más de 140 declaraciones, comunicados y decisiones sobre estos y otros asuntos relevantes para nuestros países.

El Grupo de Río ha contribuido a fortalecer la presencia y capacidad de negociación de la región ante la comunidad internacional, al tiempo que se ha constituido en el principal interlocutor frente a países y grupos de naciones de otras regiones del mundo: 13 reuniones ministeriales institucionalizadas con la Unión Europea; 12 con el Consejo de Cooperación del Golfo; 9 con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; A con los países de la Liga Árabe; 3 con el Grupo GUAM; de 16 reuniones ministeriales con la República Popular de China; 10 con Japón; 10 con Corea del Sur; 9 con India y 9 con la Federación de Rusia; 9 con Canadá; 2 con Israel y una reunión con Ucrania.

El Grupo de Río ha representado un importante Foro para la discusión de temas de interés regional, así como para concertar posiciones comunes en el marco de organismos internacionales.

2. Señales de debilitamiento del G-Río

Desde finales de la década de los años ochenta del siglo pasado se identificaron algunas señales de debilitamiento del Grupo, asociadas fundamentalmente a los factores siguientes:

a) Al surgimiento de otros foros subregionales o biregionales con formatos similares y con reuniones periódicas a nivel de cancilleres y Mandatarios.

b) A la ampliación indiscriminada de la agenda temática del grupo que incluyó, además, algunos temas de carácter técnico que dificultaron el diálogo y la concertación.

c) Duplicidad o superposición con las agendas de otros mecanismos subregionales.

d) Un seguimiento precario de los temas, decisiones y acuerdos adoptados por el Grupo

e) La ausencia de un ejercicio de actualización y mejoramiento de los procedimientos de consulta y concertación frente a la ampliación de la membresía del Grupo.

Al efecto, se realizaron diversos pronunciamientos y ejercicios para fortalecer al Grupo y se adoptaron algunas medidas, posiblemente modestas, para mejorar sus procedimientos. Fue el caso de las declaraciones de Cochabamba (X aniversario); de la declaración de Santiago (XV Cumbre), y del Acta de Veracruz, México, en 1999.

3. Planteamientos recientes de algunos países para fortalecer al Grupo

La mayoría de los miembros han señalado recientemente que es necesario preservar el Grupo de Río como mecanismo de concertación política regional y que sería conveniente rehabilitarlo y readecuarlo al nuevo contexto regional e internacional, reconociendo su valiosa labor de concertación política desplegada a lo largo de veinte años, así como su contribución al diálogo con otros países y grupos de naciones. Al efecto se han sugerido, entre otras, las siguientes acciones:

Organizar de manera más eficiente los encuentros de los jefes de Estado y de gobierno. El formato de las reuniones cumbre y de cancilleres deben ser más ágiles y cortas posibles, a fin de privilegiar el diálogo directo y franco, así como un mayor contacto personal.

Delimitar la agenda del Grupo de Río al tratamiento de pocos temas, particularmente en el diálogo de los jefes de Estado en el que se podría abordar un solo tema.

Emitir pronunciamientos oportunos basados en las consultas previas necesarias entre los países miembros, a través de un contacto fluido y ágil, a fin de fortalecer el papel del grupo en el escenario internacional.

Evitar caer en la reiteración de temas tradicionales, o que ya son abordados en el marco de otros mecanismos regionales y sobre los cuales el grupo ya tiene una posición definida o son parte de sus valores y patrimonio.

Mejorar y hacer más eficientes los diálogos que sostiene el Grupo de Río con otros países y grupos de naciones, especialmente los que se llevan a cabo en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es necesario dar a esas reuniones mayor seguimiento y contenido a las agendas.

Realizar un ejercicio de racionalización de las cumbres. Se ha sugerido la bianualización de las reuniones de jefes de Estado y de gobierno.

Identificar y promover nuevos escenarios de concertación y diálogo regional (inclusión de temas de actualidad).

4. Hacia una ruta de fortalecimiento y readecuación del Grupo

En efecto, luego de veinte años el grupo requiere una vez más readecuarse a la nueva realidad regional e internacional. De ahí que, con base en los pronunciamientos recientes descritos en el apartado anterior, así como en las consultas realizadas, se sugiere una nueva ruta hacia el fortalecimiento del grupo:

f) Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno. Se sugiere que sean bianuales con el siguiente formato:

Una Declaración política breve (de no más de dos cuartillas), toda vez que el patrimonio y valores fundamentales del Grupo de Río se encuentran contenidos en los diversos documentos adoptados por el mecanismo desde 1986.

Una sesión plenaria pública en el que se aborde un solo tema central propuesto por el país anfitrión.

Una sesión privada con una agenda abierta que privilegie el debate franco y la discusión entre los mandatarios. De ser conveniente, en la conferencia de prensa, a cargo de la troika, se difundiría un mensaje sucinto sobre las deliberaciones de la sesión privada.

La bianualidad de la cumbre supondría que la Secretaría Pro Témpore (SPT) sería ejercida por un período de dos años y que la troika ejercerá las responsabilidades que tiene encomendadas por el mismo lapso.

g) Encuentros de Ministros de Relaciones Exteriores. Se sugiere que se realicen dos veces al año. No incluye la reunión en el marco de la AGONU (dedicada a fijar posición sobre los encuentros con otros países y grupos de países) y tampoco el encuentro que se programa previo a la cumbre.

Se sugiere privilegiar el diálogo político en temas de especial interés para la región y, al igual que para las reuniones de mandatarios, el país anfitrión sugiera un tema principal.

Se sugiere que los cancilleres promuevan, en alguno de sus dos encuentros, un debate sobre los avances en tres temas que tienen especial significado para la región: i) Combate a la pobreza; ii) Integración regional; iii) Posibles cursos de acción sobre temas coyunturales.

h) Un concepto y un ejercicio renovado de ``troika ampliada''. Se sugiere retomar el concepto de la ``troika ampliada'' con facultades y un perfil renovado, para mejorar el trabajo y la capacidad de reacción de la SPT.

Una troika ampliada y fuerte estaría integrada por:

i) Los tres países tradicionalmente responsables de la troika regular (SPT anterior, en curso y próxima);

ii) Por un país de la Caricom y otro del SICA (preferentemente sus respectivos Presidentes en funciones)

iii) Dos de los países que hayan residió al menos en dos ocasiones la SPT (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú --hasta hoy-- y que no figuren en la troika Básica) participarían cada dos años en la troika ampliada, en orden alfabético y observando estrictamente el principio de rotación.

iv) Tres países que de manera voluntaria se comprometan a asumir esta responsabilidad durante dos años y que no pertenezcan a la troika básica o que se encuentren en el ejercicio de la responsabilidad atribuida a los dos países de la categoría mencionada en el numeral anterior.

Una troika ampliada y fuerte tendría las siguientes responsabilidades:

v) Las que le ha asignado el grupo a la troika, como las de definir las agendas del grupo en sus diferentes niveles de negociación y/o de interlocución con otros países y grupos de países; las de proponer documentos negociación, consulta o apoyo; las de representación del grupo; las de apoyo pleno a las responsabilidades asignadas a la SPT; entre otras.

vi) Representar al Grupo en los diálogos con grupos de países. En esta responsabilidad, la troika ampliada puede hacerse acompañar de los países que deseen participar en el diálogo respectivo. La troika regulardel G-Río atenderá los diálogos tradicionales del grupo con países en lo individual. En su caso, podrá hacerse acompañar hasta por la totalidad de los países que integran la troika ampliada.

vii) Aprobar decisiones o posiciones y representar al grupo en el caso extremo de que la SPT active un ``dispositivo de 12 horas''. Este dispositivo podrá ser habilitado por la SPT sólo en el caso de que algún tema de coyuntura o urgente de carácter regional o internacional requiera de una acción o una posición concertada del Grupo. Para estos casos, la SPT agotará un plazo de consultas de 12 horas con todos los países miembros y una vez cumplido, el consenso de la Troika ampliada será suficiente para definir el respectivo curso de acción a nombre del grupo.

viii) Otras que le asigne el grupo.

De estimarse conveniente, en su primer año de mandato la SPT podrá transferir a otro país integrante de la troika ampliada, la organización y sede de una o más de las reuniones de coordinadores nacionales y cancilleres del grupo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones del Presidente de la República, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o de la Ley de Planeación, con el presente envío el sexto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, correspondiente a la administración que concluyó el 30 de noviembre pasado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o de la Ley de Planeación, me permito enviar el sexto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, correspondiente a la administración que concluyó el 30 de noviembre pasado. En dicho informe se señalan las acciones realizadas y los resultados alcanzados en las áreas de desarrollo humano y social, crecimiento con calidad, seguridad, orden y respeto, así como buen gobierno.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 14 de marzo de 2007.--- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-619 signado el 6 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CFT/D01/P/054 /2007 suscrito el 28 del citado mes por el arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a presentar sus comentarios a la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Ciudadano licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo ``Cofetel''), me refiero al oficio de fecha 12 de febrero del año en curso, por virtud del cual se nos notificó el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta comisión a analizar y presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comentarios relativos a la iniciativa de ley de decreto por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-b, 30-C, 30-D, 30-3, y se reforman los artículos 12, 18, 38 y 70 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para lo cual tengo a bien manifestarle que la opinión que a continuación se vierte, fue elaborada sobre el anteproyecto de dictamen de dicha iniciativa, a solicitud de integrantes de la Comisión de Comunicaciones de esa soberanía, (en lo sucesivo será referido como ``dictamen'').

La Cofetel en su carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, la cual está dotada de autonomía plena para dictar sus resoluciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo ``LFT''), una vez analizado en los términos que se indican a continuación el contenido y alcance del dictamen, por medio de la presente se emite a esa soberanía diversas consideraciones que se indican a continuación.

1. Alcance de la opinión. En estricto apego al principio de división de poderes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo ``Constitución''), así como de la atribución de facultades que competen, respectivamente, a los poderes legislativo y ejecutivo federales, y de manera específica a este órgano autónomo, se procedió en forma exclusiva al análisis del articulado contenido en el dictamen, no así de su parte de antecedentes y considerandos ya que se estima que el contenido de dichos apartados compete, en exclusiva, a la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen.

Dada la premura con la cual fue solicitada la opinión de este órgano, y reiterando el respeto irrestricto de la Cofetel a las actividades de esa soberanía, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, las consideraciones que se contienen en la presente comunicación son de carácter general, sin entrar al análisis detallado de todas y cada una de las disposiciones contenidas en el dictamen.

2. Carácter prioritario. En este orden ideas, la Cofetel reconoce el carácter prioritario de la comunicación vía satélite conferido a dicha actividad de orden público por el artículo 28 de la Constitución, situación que, desde el punto de vista jurídico, distingue a esta rama de las telecomunicaciones del resto de las actividades concesionadas, permisionadas o sujetas a registro, reguladas por la LFT.

Lo anterior se explica dada las características específicas y únicas que privan en la industria satelital a nivel mundial. Las posiciones orbitales geoestacionarias y las órbitas satelitales se asignan a los diversos países por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, organismo multilateral dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Los insumos fundamentales para realizar la comunicación vía satélite en beneficio de la población, esto es las posiciones orbitales y las órbitas satelitales, constituyen per seun recurso esencial que, por sus características técnicas y su método de administración y asignación, --los cuales se desahogan a nivel internacional y no doméstico--, revisten en la práctica el carácter prioritario que les concede la Constitución.

3. Relevancia de la comunicación vía satélite. Es así como, a nivel internacional, todos los países pugnan por la asignación de posiciones y órbitas que les permitan, mediante la utilización de infraestructura que trasciende a los límites de la atmósfera terrestre, la comunicación de la totalidad de su territorio en beneficio primordial de sus habitantes.

Asimismo, por su naturaleza, la comunicación vía satélite permite, en adición, la prestación de servicios derivados de la explotación de las órbitas y posiciones a que se ha hecho referencia, que no se limitan a las fronteras geográficas de los países en cuestión. A partir de esta realidad, la industria de la comunicación vía satélite mexicana se encuentra habilitada para exportar la prestación de servicios a otros países del continente americano e inclusive a otras latitudes del orbe.

4. Industria satelital nacional. La industria de la comunicación vía satélite nacional atraviesa, desde hace algunos años, por momentos difíciles. Lo anterior, debido a los problemas financieros que aquejaron a la principal empresa del sector, mismos que derivaron en un procedimiento de carácter concursal.

La situación financiera del sector a nivel internacional, que también es compleja, aunada a la particular y muy difícil situación enfrentada por la industria nacional, ha generado un retraso en la modernización y crecimiento de este rubro del mercado de las telecomunicaciones, así como que la concentración de mercado inmediatamente posterior a la privatización del denominado sistema satelital mexicano, hace casi una década, permanezca en buena medida sin variación relevante.

Se aclara que, de conformidad con la LFT, el mercado mexicano fue abierto a la prestación de servicios de comunicación vía satélite por sistemas satelitales extranjeros, situación que se considera ha generado una mayor competencia y oferta de servicios. Lo anterior, sin perjuicio del carácter estratégico que, para cualquier país, tiene el desarrollo de su propia industria satelital.

A la luz de las condiciones antes indicadas, y en congruencia con los objetivos primigenios de la LFT, consistentes en el desarrollo de infraestructura, la promoción de la competencia y la cobertura social, todos ellos en beneficio de la población, resulta deseable que el futuro de industria satelital del país se garantice mediante la solvencia legal, económico-financiera y técnica, de sus participantes.

5. Descripción general de la propuesta de dictamen. El dictamen propone la reforma de la LFT a efecto de garantizar, a través de nuevos procedimientos, la solvencia legal, económico-financiera y técnica de los futuros concesionarios de comunicación vía satélites que exploten posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, en estricto apego a los principios de derecho administrativo atingentes a cualquier actividad de orden público sujeta al requisito de la concesión y, de manera particular, al carácter prioritario que, de conformidad con la Constitución, tiene esta actividad.

Es así como esta comisión considera que la ratio legisde las reformas se ajustan al marco jurídico constitucional y legal que aplica a la comunicación vía satélite desde 1995, el cual, no obsta mencionar, fue aprobado por todos los partidos representados en el honorable Congreso de la Unión.

Se considera que el dictamen refuerza diversas salvaguardas que la LFT y la práctica administrativa derivada de la misma ha establecido a efecto de promover la prestación eficiente y continua de los servicios de telecomunicaciones a lo largo y ancho del país. En este sentido, es importante manifestar que, en opinión de este órgano, las salvaguardas adicionales propuestas, a través del dictamen, como actualmente prevé su texto, deben limitarse en exclusiva a la comunicación vía satélite nacional, dado su carácter prioritario a la luz de la Constitución y de los razonamientos antes expuestos.

Finalmente, la Cofetel estima prudente formular a esa soberanía un comentario específico, a efecto de evitar que la imposición de barreras a la entrada que pudieran afectar la competitividad de la industria satelital nacional.

En este sentido, este órgano regulador considera que, amén de la capacidad legal, en estricto apego al marco jurídico vigente en materia de inversión extranjera y de la capacidad económico-financiera, la capacidad técnica requerida para llevar a cabo la operación de sistemas y redes satelitales que exploten posiciones y órbitas asignadas al país, se acredite en términos generales mediante una probada experiencia en la industria de las telecomunicaciones y no, como establece el artículo 30-C, fracción I, incisos b y c, mismos que a la letra establecen:

Artículo 30-C.Para efectos del procedimiento a que se refiere el artículo 11-A de la presente ley, la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberá obligatoriamente tomar en consideración lo siguiente:I.Que los interesados en adquirir o adjudicarse las acciones o partes sociales representativas del capital social de sociedades mercantiles o personas morales a las que se refiere el artículo 11-A comprueben y acrediten fehacientemente:a. (...)

b. Tener experiencia y capacidad probada en la operación y/o comunicación vía satélite;

c. Conforme a lo que dispone el artículo 12-A de esta Ley, la sociedad mercantil que adquiera las acciones o partes sociales deberá contar con un accionista o socio que detente la inversión mexicana, el cual debe tener relaciones convencionales o contractuales, directa o indirectamente, con una o varias empresas vinculadas con la operación de redes publicas de telecomunicaciones en nuestro país relacionadas a la comunicación vía satélite para garantizar la viabilidad continuidad y marcha de la industria satelital mexicana;

En este tenor de ideas, se sugiere respetuosamente, conservando la ratio legis subyacente, matizar el alcance de estas disposiciones a efecto de establecer que el interesado deberá comprobar y acreditar fehacientemente, por lo que se refiere al inciso b en comento, tener experiencia y capacidad probada en la operación de redes públicas de telecomunicaciones y, por lo que se refiere al inciso c, en caso de ser necesario, tener la capacidad de establecer relaciones convencionales o contractuales, directa o indirectamente, con una o varias empresas satelitales con cobertura global.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Arquitecto Héctor Osuna Jaime (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-191, signado el 9 de noviembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120/UCE/CECU/286/2007, suscrito el 12 del actual por el ciudadano Roberto Cruz Castro, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al impulso de un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, y en atención al oficio número SEL/300/5246/ 06, adjunta se servirá encontrar opinión emitida por la secretaría técnica ``A'' del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con relación al punto de acuerdo turnado a esta secretaría, referente a impulsar un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2007.--- Roberto Cruz Castro (rúbrica), coordinador de enlace.»

«Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Licenciado José de Jesús Arias Rodríguez, coordinador ejecutivo de la oficina de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.--- Presente.

Me refiero a su atento comunicado con número 0596, mediante el cual solicita la opinión de este consejo nacional respecto al contenido del punto de acuerdo único, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su sesión del 10 de noviembre de 2006, en el cual ``se solicita al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo con las dependencias federales, tales como Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y las demás que para el caso se requieran, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca para destinar recursos económicos necesarios que permitan resarcir las pérdidas millonarias de los sectores productivos del estado''.

Sobre el particular, me permito enviarle copia del oficio número DGJ/3562/06, mediante el cual la Dirección General Jurídica de este órgano desconcentrado emite opinión respecto del mencionado punto de acuerdo.

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2007.--- Carmen Quintanilla Madero (rúbrica), secretaria técnica ``A''.»

«Conaculta.

Licenciada Carmen Quintanilla Madero, secretaria técnica ``A'' del Conaculta.--- Presente.

Doy respuesta a la comunicación de su Dirección de Información y Seguimiento de Acuerdos con el número de registro STA CG/06003063, de fecha 14 de diciembre del presente año, por medio del cual solicita la opinión de esta dirección general respecto al contenido del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión del pasado 10 de noviembre, en el cual se solicita al gobierno federal, por medio de la SHCP, llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo con las dependencias federales, tales como la SEP, la Secretaría de Economía, la Sectur, el Fonatur y el Conaculta y las demás que para el caso se requieran, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, para destinar los recursos económicos necesarios que permitan resarcir las pérdidas millonarias de los sectores productivos del estado.

Al respecto, me permito comentar que se considera apropiado establecer el programa mencionado, pues uno de los objetivos es proteger y recuperar el centro histórico del estado de Oaxaca, tomando en cuenta que es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la Unesco.

Cabe mencionar que se considera que la SHCP sea la encargada de implantar dicho programa, contando con el apoyo de las demás dependencias federales que sean necesarias. Por otra parte, es importante asegurar que se cuente con los recursos económicos para ejecutar el programa emergente.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Atentamente

México, DF, a 19 de diciembre de 2006.--- Licenciada Norma Rojas Delgadillo (rúbrica), directora general.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-400, signado el 8 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Mercedez Maciel Ortíz , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120/UCE/CECU/321/2007, suscrito el 14 del actual por el Roberto Cruz Castro, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a imprimir por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007 ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para los niños de México, en conmemoración del 90 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, y en atención al oficio número SEL/300/566/07, adjunta se servirá encontrar usted la respuesta emitida por la Dirección General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, organismo sectorizado de esta secretaría, referente al punto de acuerdo en el que exhorta se imprima por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007 ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para los niños de México.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- Roberto Cruz Castro (rúbrica), coordinador de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Rafael Domínguez Morfín, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.

En atención a su oficio número UR/120/194/2007, referencia 0096, del 19 de febrero, relacionado con el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 8 de febrero pasado, en el sentido de que por única vez durante el ciclo escolar 2006-2007 se imprima el título Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comentar a usted que para cotizar e imprimir el libro en cuestión, la Conaliteg requiere datos como formato, interiores, forros, acabados y total de ejemplares; además, conocer el nombre de la instancia que proporcionará los recursos financieros para llevar a cabo el citado trabajo.

Lo anterior se debe a que la Conaliteg no cuenta con recursos para realizar ediciones que no estén en su programa de producción.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

21 de febrero de 2007.--- Licenciado Miguel Agustín Limón Macías (rúbrica), Director General.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

FRONTERA NORTE

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-703 signado el 22 de febrero último por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, original del similar número DEP-0619/07 suscrito el 20 del actual por la ciudadana Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria el 22 de febrero de 2007, en el que señala:

``Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta Sonora, los cuales estuvieron encabezados por el director del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, Michel Chertoff.''

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de marzo de 2007.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría o de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 22 de febrero de 2007, en el que señala:

``Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora, los cuales estuvieron encabezados por el director del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, Michel Chertoff.''

Sobre el particular, anexos se remiten los siguientes comentarios:

El gobierno de México ha rechazado en repetidas ocasiones la construcción de muros o barreras a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Si bien se reconoce que los Estados Unidos pueden realizar obras en su territorio en ejercicio de su soberanía, se ha reiterado que las fronteras deben ser un espacio de cooperación y entendimiento.

La construcción de bardas a lo largo de la frontera contrasta con el espíritu de cooperación que prevalece entre ambas naciones para abordar la temática fronteriza.

Es condenable toda incursión a territorio nacional por agentes de gobiernos extranjeros, o por personas que actúan por cuenta de gobiernos extranjeros, por atentar en contra de la soberanía y la integridad territorial del Estado mexicano. El gobierno de México reprueba la incursión realizada por tres cuadrillas de trabajadores estadounidenses que realizaban trabajos para erigir y reparar vallas metálicas en la zona de Douglas, Arizona.

Por virtud del Tratado de 1944, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), está facultada para vigilar la aplicación del tratado y resolver todos los conflictos que se originen derivados de su observancia y ejecución.

Consecuentemente, la sección mexicana de la CILA exigió inmediatamente a su contraparte estadounidense de dicha comisión que en el futuro se evite este tipo de incursiones. Asimismo, las autoridades mexicanas se reunieron con el responsable de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona para transmitir directamente el reclamo de México por la incursión y solicitar el retiro inmediato del equipo y el personal.

Una vez realizado el retiro exigido por México, la sección mexicana de la CILA ha corroborado que la línea fronteriza México-Estados Unidos no ha sufrido alteración alguna y que la integridad del territorio mexicano permanece intacta en los términos previstos en los tratados vigentes entre México y Estados Unidos.

Se ha confirmado que el señor Michael Chertoff, titular del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, no incursionó en territorio mexicano. El día de los hechos el señor Chertoff no se encontraba en Douglas, Arizona.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de marzo de 2007.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), Directora General.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ZONA ARQUEOLOGICA DE TULUM

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-716 signado el 27 de febrero próximo pasado por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número PFPA 0267 suscrito el 21 del mes en curso por el ingeniero Ignacio Loyola Vera, procurador federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al apartado segundo del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar los permisos de construcción dentro de la zona protegida como Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su atento oficio SEL/300/996/07 de fecha 28 de febrero de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que fuera turnado a esta procuraduría para su atención y respuesta, me permito manifestarle:

En cuanto al punto segundo que a la letra dice: ``Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la revisión de permisos de construcción dentro de la zona protegida como Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum''

Hago de su conocimiento que el pasado viernes 9 de marzo de 2007 personal adscrito a la Semarnat, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de esta procuraduría y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos reunimos a efecto de iniciar la revisión de los permisos de construcción de esa zona.

Los trabajos de dicha reunión continuarán bajo la premisa de la coordinación interinstitucional de las dependencias mencionadas.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

La Ley al Servicio de la Naturaleza

México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- Ingeniero Ignacio Loyola Vera (rúbrica), procurador federal de Protección al Ambiente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

VOLUMEN II

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.60-II-6-828 signado el 15 del actual por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedez Maciel Ortíz , Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/000128/2007 suscrito el 15 del citado mes por María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de la prestación de servicios de atención médica, la propuesta de prohibir y sancionar la retención de pacientes en establecimientos que prestan servicios de salud, pretendiendo garantizar el pago del servicio brindado por los mismos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica, que presentó el diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 15 de marzo de 2007.

Al respecto, me permito acompañar oficio DGPOP/- 06/0373, suscrito por el doctor Francisco J. Bañuelos Téllez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, agradeciendo su valiosa intervención para remitir dicha información a la comisión correspondiente para su desahogo y al diputado promovente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación Social.--- Presente.

Por instrucciones de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, subsecretaria de Innovación y Calidad y en atención al oficio 170/UCVPS/DGAVS/192/2007, anexo los comentarios a la siguiente proposición con punto de acuerdo que le fue turnada para opinión a esta subsecretaría: proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de servicios de atención médica, del diputado Efraín Morales Sánchez del PRD.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Doctor Francisco J. Bañuelos Téllez (rúbrica), Coordinador de Asesores.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

CAZA DE BALLENAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-236, signado el 14 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el original del similar número DEP-0462/07, suscrito el 21 del actual por la Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores..

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2006, en el que señala:

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que envíe a esta soberanía la información actual y pormenorizada sobre la postura de nuestro país frente al restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo de la Unión a que se emita una enérgica protesta contra el restablecimiento de la caza comercial de ballenas por el gobierno de Islandia.

Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta su oposición a la decisión unilateral del gobierno de Islandia de restablecer la caza comercial de ballenas.

Sobre el particular, anexa se remite copia del texto entregado durante la Démarche conjunta, celebrada el pasado 18 de diciembre en Tokio, mediante la cual 27 países, entre ellos México, se opusieron de manera contundente a la caza de ballenas realizada por Japón en la Antártica, así como del texto entregado el 1 de noviembre de 2006, en Reijkiavik, en el cual 24 países, México incluido, manifestaron su oposición a la reanudación de la caza comercial promovida por Islandia.

Asimismo, se remite la respectiva traducción de cortesía de ambos documentos, realizada por esta cancillería.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

«Documento de posición Traducción de cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores

Gestión conjunta de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, República Checa, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelandia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos de América

Nosotros, los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelandia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos de América, en conjunto con la Comisión Europea, manifestamos nuestra profunda desilusión por la decisión del gobierno de Islandia de reiniciar la caza comercial de ballenas en aguas islandesas, a pesar de la moratoria acordada internacionalmente.

Además, estamos profundamente preocupados por la intención de Islandia de capturar nueve ballenas rorcuales, las cuales han sido clasificadas como ``en peligro'' en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), y se incluyen en el Apéndice I de la CITES, junto con treinta ballenas minke comunes. No concordamos con esta acción propuesta, la cual se añade a las capturas actuales de ballenas minke comunes bajo el plan de investigación que Islandia ha implementado desde 2003.

Durante la Vigésima Segunda Sesión del Comité de Fauna de la CITES --Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-- celebrada en Perú en julio pasado, la propuesta de Islandia de incluir la población central de ballenas rorcuales del Atlántico norte en la revisión periódica fue aceptada. No obstante, el Ministerio de Pesca de Islandia ha establecido sus propios límites de captura, sin esperar el resultado de esta revisión.

De manera similar, Islandia ha establecido sus cuotas utilizando criterios que no se han presentado o revisado y aprobado por el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Nos preocupa profundamente que el gobierno de Islandia se asigne a sí mismo una cuota que no ha sido aprobada conforme a las disposiciones internacionales aplicables, aun antes de que los posibles efectos sobre las poblaciones de ballenas hayan sido evaluados propiamente y revisados por especialistas de los organismos reconocidos como competentes en el manejo de recursos balleneros.

Deseamos resaltar los significativos beneficios económicos y sociales que resultan de la creciente industria de observación de ballenas de Islandia, y expresar que la decisión de iniciar la caza comercial de ballenas puede debilitar seriamente estos beneficios. Somos de la opinión que la decisión de iniciar la caza comercial envía una mala señal con relación a la creciente industria de observación de ballenas de Islandia.

Hacemos un llamado a Islandia a respetar la moratoria y detener sus operaciones balleneras comerciales. Consideramos que las cuotas para la caza comercial de ballenas determinadas y hechas efectivas en ausencia de cualquier sistema acordado de manejo debilita el funcionamiento apropiado de la CBI.

Reiteramos la oposición de nuestros países por esta operación y urgimos al gobierno de Islandia a reconsiderar su posición y revertir esta decisión no necesaria, así como abandonar sus operaciones actuales. Nos permitimos recordar a Islandia que 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelandia, Perú, Portugal, San Marino, España, Suecia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América) registraron una objeción formal ante el gobierno de Estados Unidos (en su carácter de depositario del instrumento de adhesión de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas) a la reserva de Islandia sobre caza comercial de ballenas cuando reingresó a la CBI en 2002.

1 de noviembre de 2006

Documento de posición Traducción de cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores

Gestión conjunta de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelandia, Perú, Portugal, San Marino, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos

Nosotros, los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, la República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelandia, Perú, Portugal, San Marino, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, presentamos nuestros respetos al gobierno de Japón y deseamos expresar nuestras serias preocupaciones sobre la flota ballenera japonesa que zarpará el 15 de noviembre hacia aguas de la Antártica, con el fin de realizar una temporada adicional de caza científica letal de ballenas como parte de la implementación del segundo Programa Japonés de Investigación Ballenera bajo Permisos Especiales en la Antártica (Jarpa II, por sus siglas en inglés).

Estamos profundamente preocupados por los planes del gobierno de Japón de cazar hasta 935 ballenas minke de la Antártica y 10 ballenas rorcuales este año. Si bien tomamos nota de la posición de Japón de que sus programas Jarpa de caza científica no son inconsistentes con la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, enfatizamos que es innecesario el uso de métodos letales para obtener información científica y que los datos apropiados con propósitos de manejo pueden ser obtenidos usando técnicas no letales. Consideramos que la caza científica de Japón debilita los esfuerzos internacionales para conservar y proteger a las ballenas. Por tal motivo, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) ha adoptado continuamente resoluciones urgiendo a Japón a abstenerse de la caza científica letal.

Nos alarma también que a partir del próximo año el Jarpa II incluirá 50 ballenas rorcuales y 50 jorobadas. Deseamos recordar al gobierno de Japón que las ballenas rorcuales y jorobadas continúan clasificadas como ``en peligro'' y ``vulnerables'', respectivamente, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En consecuencia, reiteramos nuestra profunda preocupación de que el Jarpa II afectará a largo plazo la viabilidad de estas especies en las áreas IV, V y VI del Océano Austral.

Adicionalmente, se estima que de un tercio a la mitad de las ballenas jorobadas que serán capturadas por el Jarpa II de 2007/2008 en adelante son conocidas por los investigadores en las costas este y oeste de Australia, Nueva Zelandia, Nueva Caledonia y Tonga y han sido catalogadas en fotografías como parte de los programas de investigación científica no letal existentes. Estamos seriamente preocupados de que estos programas de investigación científica no letal sean afectados por el Jarpa II. Además, algunas de las ballenas jorobadas que serán perseguidas por el Jarpa II en sus áreas veraniegas de alimentación pertenecerán probablemente a poblaciones pequeñas y vulnerables que pasan el invierno en el Pacífico sur, incluyendo algunas que continúan críticamente en peligro.

Reiteramos la fuerte oposición de nuestros países a la caza ballenera científica letal. Reconocemos y alabamos la preocupación ambiental del gobierno de Japón en muchas otras áreas y de manera decidida urgimos a Japón a cesar inmediatamente toda su investigación científica letal de ballenas bajo el Jarpa II.

18 de diciembre de 2006.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-632, suscrito el 8 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Lilia Guadalupe Merodio Reza , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/ 573 /2007, signado el 16 del actual por la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, así como dos anexos que contienen el número y el costo de las declaratorias de emergencia y de desastre de 2006, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal emitir la declaratoria de desastre natural en virtud de los daños provocados por los frentes fríos recientes en los municipios del estado de Veracruz; y a modificar las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/558/07, del 9 de febrero anterior, con el que remitió para su atención copia del oficio número D.G.P.L.60-II-6-632, del 8 del propio mes, mediante el que el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión transcriben los puntos de acuerdo aprobados en sesión de la misma fecha, y mediante los cuales solicitan ``al titular del Poder Ejecutivo que se emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, vigentes en virtud de los daños provocados por los frentes fríos recientes en los municipios del estado de Veracruz'' y ``la Cámara de Diputados se pronuncia porque se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación''.

Sobre el particular, he de agradecer a usted que sea el amable conducto, de considerarlo adecuado y oportuno, para informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Respecto al primer punto de acuerdo, resulta conveniente considerar las disposiciones legales aplicables que, en sentido estricto, impiden atender favorablemente la solicitud formulada por la Cámara de Diputados. En efecto, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXIX-I, la materia de protección civil es una facultad concurrente de los tres órdenes de gobierno: federación, estados y municipios. Por ello, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil (LGPC) establece con toda precisión que ``la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. En caso de que ésta supere su capacidad de respuesta, acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables''.

Por otra parte, el artículo 15 de la LGPC señala: ``Es responsabilidad de los gobernadores de los estados, del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los presidentes municipales la integración y el funcionamiento de los sistemas de protección civil de las entidades federativas y de los municipios, respectivamente, conforme a lo que establezca la legislación local en la materia''.

De la lectura de los dispositivos legales antes transcritos se desprende con toda claridad que la intervención de las autoridades federales en materia de protección civil es de coadyuvancia y de complementación de los esfuerzos y responsabilidades de las autoridades locales.

Por ello, el artículo 29 de la LGPC, estatuye: ``Cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos''. Corresponde a la federación ``destinar recursos del Fondo de Desastres autorizado para la atención de emergencias y desastres, en la realización de acciones preventivas, ante circunstancias que valorarán los órganos administrativos correspondientes que se deriven de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 de este ordenamiento'' (artículo 30, fracción III, de la LGPC), pero ello tomando en cuenta lo establecido en ``el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las disposiciones administrativas en la materia (las que) regularán los medios, formalidades y demás requisitos para acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres, atendiendo al principio de inmediatez''.

La facultad para requerir la emisión de una declaratoria de desastre corresponde a ``los gobiernos de las entidades federativas cuando la atención de los daños causados por el desastre rebase su capacidad operativa y financiera'' (artículo 35, fracción I de la LGPC), determinándose incluso que ``las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre'' (artículo 35 de la LGPC). Tales razones nos impiden jurídicamente atender de manera favorable la solicitud formulada por la Cámara de Diputados.

Por otra parte, en los considerandos de los puntos de acuerdo de que se trata se fundamenta la solicitud en el hecho de que se presentaron en el estado de Veracruz dos frentes fríos, los números 30 y 31, que afectaron a la población de diversos municipios de la entidad, ``generando un drástico descenso de temperatura, nublados y lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país''.

Sin embargo, en los términos de las disposiciones administrativas aplicables en la materia a las que se refieren los artículos antes transcritos de la LGPC, es decir, el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 19 de septiembre de 2006, se determina que no es facultad de esta Coordinación General de Protección Civil decidir motu proprio si es procedente o no emitir una declaratoria de desastre, pues en el caso de fenómenos hidrometeorológicos, el dictamen técnico para decidir finalmente si se trata desastre que amerite la emisión de una declaratoria, corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En efecto, el artículo 3, fracción XXII, del acuerdo en cita señala que se entenderá por instancias técnicas facultadas los ``entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, siendo éstos la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; la Conagua, para el caso de los fenómenos hidrometeorológicos; y el Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos''.

Dicho dispositivo responde a cuestiones de orden técnico y funcional, pues cada una de las instancias señaladas es la que de acuerdo con la normatividad en vigor tiene las atribución correspondientes en sus respectiva materia y, sin lugar a dudas, la instancia capacitada técnicamente para determinar si un fenómeno meteorológico (en el caso de que se trata una helada) es o no atípica, es Conagua, la que cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para acreditar los extremos de un desastre de esta naturaleza y fue ella precisamente la que determinó en su oportunidad que no era procedente emitir la declaratoria de desastre solicitada por el gobierno del estado de Veracruz, toda vez que no se consideró que el fenómeno por el que se requirió fuera atípico.

Para llegar a la consideración anterior, de manera expresa Conagua precisó: ``La ocurrencia del fenómeno meteorológico denominado 'frente frío' está relacionada con la circulación general de la atmósfera y es una condición normal durante el periodo de invierno. En nuestro país estas condiciones se presentan dependiendo de las características propias de la circulación atmosférica de 4 a 6 mensualmente, por lo que en los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente no se considera como un fenómeno perturbador''; y agrega: ``Las condiciones que se presentaron al paso del frente frío número 30 no rebasaron los umbrales de los parámetros por temperatura mínima por debajo de 0° Celsius (helada atípica) y velocidad de viento. Las magnitudes que fueron registradas en las estaciones climatológicas convencionales y automáticas representativas de los municipios en estudio están dentro de los rangos de la oscilación que se considera como climáticamente normal''. Es decir, no se trata de una opinión subjetiva sino, por el contrario, es una opinión técnica con el suficiente sustento científico y tecnológico que permite determinar con toda precisión si una situación puede ser considerada atípica o, por el contrario, normal como lo fue el caso que nos ocupa.

En consecuencia, se considera que si un fenómeno meteorológico está dentro de los parámetros de la normalidad, para una zona determinada, es un fenómeno previsible, y si se trata de fenómenos previsibles, se trata de una situación programable y, por ende, debe ser atendida de acuerdo con los programas sociales ordinarios de atención a la población y en consecuencia las entidades federativas tienen la obligación de prever las acciones correspondientes dentro de sus presupuestos regulares, o en su caso, de acuerdo con su propia Ley de Protección Civil, crear los programas especiales y en su caso programas emergentes para atender este tipo de situaciones que cíclicamente se presentan en las entidades federativas y que, en consecuencia, año con año se presentan las mismas afectaciones.

Por ello es imprescindible trabajar en mecanismos que aseguren la inversión estatal adecuada para atender a su población, pues se trata de una obligación legal de las autoridades estatales y municipales. Igualmente, es necesario trabajar con mecanismos que permitan validar cómo y cuándo se ve rebasada la capacidad financiera para hacer frente a las emergencias, pues en la práctica desde el principio hasta el fin de un ejercicio fiscal, algunas entidades federativas solicitan constantemente la emisión de declaratorias de emergencia y aseguran verse rebasadas en su capacidad, sin que acrediten de manera fehaciente esta circunstancia.

Por último, respecto al segundo punto de acuerdo, con el que la Cámara de Diputados solicita que ``se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales'', me permito hacer del conocimiento de ese órgano colegiado que éstas han venido siendo transformadas para establecer un marco jurídico-operativo que permita actuar con la mayor oportunidad, eficacia y eficiencia para atender los estragos que ocasionan los fenómenos perturbadores, así como para actuar con la mayor transparencia, evitando con ello que las decisiones de la autoridad encargada de su aplicación y en consecuencia de la entrega de los recursos, sea discrecional.

Por ello se han fijado reglas claras y aplicables a todas las instancias involucradas, tanto entidades federativas, como dependencias de la administración pública federal. Así, desde las primeras Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1999, éstas han sido modificadas en varias ocasiones, en febrero y noviembre de 2000, marzo de 2001, marzo de 2002, mayo de 2003, octubre de 2004, y las actualmente en vigor, publicadas en septiembre de 2006, esto es, no han permanecido estáticas sino que, por el contrario, se han venido transformando de acuerdo con las experiencias en su aplicación, y en beneficio de los intereses de la población afectada por las emergencias y los desastres, pues a través de los años los plazos para la entrega de los recursos y de los bienes tanto a la población, en el caso de las declaratorias de emergencia, como a las entidades federativas y a las dependencias federales en el caso de las declaratorias de desastre, se han reducido drásticamente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración y afecto.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 16 de marzo de 2007.--- Licenciada Laura Gurza Jaidar (rúbrica), coordinadora general de Protección Civil.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

RODOLFO RINCON TARACENA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-779, signado el 6 del actual por los diputados Jorge Zermeño Infante y José Gildardo Guerrero Torres , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia de los similares números SDHAVSC/FADP/0270/-2007 y SDHAVSC/FEADP/DGPP/180/2007, suscritos el 22 y 21 del citado mes por el doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas; y el licenciado Marco Antonio García Hernández, jefe de departamento encargado de la Coordinación de las Averiguaciones Previas en las Delegaciones de la citada fiscalía, mediante los cuales dan respuesta al punto de acuerdo relativo a la desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena, ocurrida el 20 de enero último.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Distinguido licenciado Salinas Torre:

En alcance al similar número SDHAVSC / FEADP / DGPP / 180 / 2007, de fecha 21 de marzo del presente año, sirva el presente para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que mediante el oficio número 51/2007, de fecha 20 de marzo de 2007, suscrito por el licenciado Jorge Martínez Vargas, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco, encargado de conocer delitos cometidos contra periodistas, respecto a la averiguación previa número PGR/TAB/VHSA-IV/245/D/2007, iniciada por el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio del señor Rodolfo Rincón Taracena, quien en lo conducente notificó lo siguiente:

... Consecuentemente, se considera que no es procedente la atracción de las investigaciones que se practican en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, dado que hasta el momento no se encuentra acreditada la conexidad de algún delito del orden común con el federal, tal como establecen los acuerdos número A/136/05 y A/031/06, emitidos por el procurador general de la República, en sus puntosséptimoyquinto, respectivamente;y, en tal sentido, se estima que no se colman los extremos que señala el artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Penales...

No obstante lo anterior, y como se informó en el oficio a que se da alcance, esa representación social de la federación inició la averiguación previa número PGR/TAB/ VHSA-IV/245/D/2007, independiente de la de la Procuraduría General de Justicia del Tabasco, a efecto de establecer si existe competencia federal en los hechos.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Doctor Octavio Alberto Orellano Wiarco (rúbrica), fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Distinguido licenciado Salinas Torre:

Sirva el presente para hacer de su conocimiento que mediante el oficio número PGR/ST/0465/2007, de fecha 15 de marzo de 2007, suscrito por el licenciado Jorge Leonel Sánchez Ruiz, secretario técnico del procurador general de la República, se remitió el oficio número SEL/300/1089/ 07, de fecha 9 de marzo del presente año, suscrito por usted, así como copia del acuerdo de fecha 6 de marzo de 2007, celebrado en el Palacio Legislativo en la Cámara de Diputados, en cuyo punto cuarto se acordó lo siguiente: ``Se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la PGR, para que atraiga el caso y le dé el debido seguimiento''; esto, con relación a la desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena, reportero del diario Tabasco Hoy, desaparecido el 20 de enero de 2007.

Atendiendo a lo expuesto, con fecha 14 de marzo de 2007 y mediante el oficio número SDHAVSC / FEADP / DGPP / 163 / 2007, se solicitó al licenciado Jorge Martínez Vargas, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República en Tabasco, encargado de conocer sobre delitos cometidos contra periodistas, informar a esta fiscalía especial sobre los avances de dicha acta y que, previo estudio de las diligencias practicadas, se valorara la procedencia de la atracción de las investigaciones.

Asimismo, no omito hacer de su conocimiento que dicho servidor público, el 20 de marzo del presente año, informó que con fecha 12 de marzo de 2007 el acta circunstanciada número PGR/TAB/VHSA-IV/10/D/2007 fue elevada a la categoría de averiguación previa, correspondiéndole el número AP/PGR/TAB/VHSA-IV/245/D/2007.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- Licenciado Marco Antonio García Hernández (rúbrica), jefe de departamento encargado de la Coordinación de las Averiguaciones Previas en las Delegaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL.60-II-6-719 signado el día 27 febrero último por los CC. diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112.1.- 202 suscrito el 29 del mes en curso por la ciudadana Micaela Aguilar González, directora general adjunta de Concertación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a informar sobre el calendario de ejecución, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/998/07, del 28 de febrero de 2007, a través del cual nos comunica el

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que den fiel cumplimiento a la disposición por la cual la Cámara de Diputados aprobó, de manera extraordinaria, seiscientos millones de pesos para el desarrollo regional en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se solicita atentamente a la Sagarpa que informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días naturales, sobre el calendario de ejecución, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, anexa al presente encontrará fotocopia del oficio número 510.-1189, del 23 de marzo de 2007, elaborado por la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas de la Oficialía Mayor, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Micaela Aguilar González, directora general adjunta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ciudadana Micaela Aguilar González, directora general adjunta de Concertación de la Coordinación General de Política Sectorial.--- Presente.

Me refiero a su oficio número 112.1.-140, de fecha 13 de marzo del presente año, mediante el cual remite a esta oficialía mayor una copia del oficio número SEL/300/998/07, del 28 de febrero de 2007, firmado por el licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, con el que remite el ``punto de acuerdo aprobado en el Pleno de la del Congreso de la Unión'' que se transcribe a continuación:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que den fiel cumplimiento a la disposición por la cual la Cámara de Diputados aprobó, de manera extraordinaria, seiscientos millones de pesos para el desarrollo regional en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se solicita atentamente a la Sagarpa a que informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días naturales, sobre el calendario de ejecución, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, le adjunto copia simple proveniente de la información proporcionada por la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de esa subsecretaría, a fin de dar respuesta a su solicitud.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2007.--- Licenciado Carlos Gutiérrez Jaime (rúbrica), director general de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Carlos Gutiérrez Jaime, director general de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número 510.- 1005, del 15 de marzo pasado, relacionado con la solicitud de información sobre el calendario de ejecución, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados a las estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, a fin de dar respuesta al punto de acuerdo aprobado en el Pleno de la del Congreso de la Unión el 1 de febrero pasado.

Al respecto, anexa al presente se remite la información proporcionada al efecto por la Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Miguel Delgado Torrecillas (rúbrica), coordinador administrativo.»

«De acuerdo con la fe de erratas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 publicada el 17 de enero del presente año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) para los estados del sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) cuenta con un presupuesto de 561.8 millones de pesos, recursos que serán ejercidos bajo la normatividad del Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo.

Sobre este monto modificado, que dividido en partes iguales corresponde a 187.27 millones de pesos para cada uno de los tres estados, se solicitó a los gobiernos estatales correspondientes que presentaran propuestas de acciones como las siguientes:

Desarrollo de programas de trabajo y supervisión de agencias de desarrollo rural (ADR) bajo la metodología del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA-FAO).

Proyectos. de inversión, asistencia técnica y consolidación organizativa que tengan impacto estructural en el territorio y surjan preferentemente del trabajo de promoción de las ADR-PESA, del Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE), del Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (Patmir) y del Programa de Microcuencas, entre otros.

De conformidad con las propuestas recibidas a la fecha de los estados de referencia en torno a programas de trabajo y supervisión de ADR bajo la metodología PESA-FAO, está en proceso una transferencia de recursos por 250.11 millones de pesos para la operación de 35 agencias de desarrollo rural y acciones y proyectos derivados: 68.78 millones de pesos para Chiapas, 74.27 para Guerrero y 107.06 para Oaxaca. Adicionalmente, se aplicarán 20 millones de pesos de ejecución nacional para asesoría al microfinanciamiento rural en las tres entidades federativas. Todos estos apoyos han sido acordados con las secretarías de Desarrollo Rural de los gobiernos estatales y la ampliación presupuestal correspondiente se formalizará mediante addendum al anexo técnico 2007 del Programa de Desarrollo Rural.

Por lo que se refiere a la aplicación de los 291.67 millones de pesos restantes, se está en espera de las propuestas por parte de los tres estados, de proyectos en regiones de alta y muy alta marginalidad que tengan impacto regional y generen cambios estructurales, preferentemente derivados del trabajo de las ADR del PESA, o de los programas que buscan impactos estructurales para el desarrollo de dichas regiones, como son PIASRE, Patmir y Microcuencas. De la misma manera que las anteriores, las nuevas propuestas que presenten los estados para el ejercicio de los recursos restantes serán analizadas por la Subsecretaría de Desarrollo Rural y consensuadas con los gobiernos de los estados, antes de formalizar los recursos requeridos en addendum del anexo técnico del Programa de Desarrollo Rural.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-669, signado el 15 de febrero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00.04.08.- 094, suscrito el 13 del actual por la MCC Heidi Storsberg Montes, coordinadora general de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a ese organismo asignar recursos suficientes para sanear la laguna de Cajititlán, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 15 de febrero de 2007, relacionado con el saneamiento de la laguna de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Al respecto, me permito enviar a usted el memorando número BOO.03.2.03.-032, de fecha 12 de marzo de 2007, elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, por el cual se informa de las acciones que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) tiene programadas para sanear dicho cuerpo de agua y de los recursos que se requieren para su ejecución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- MCC Heidi Storsberg Montes (rúbrica), coordinadora general de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua.»

« Comisión Nacional del Agua.

MCC Heidi Storsberg Montes, coordinadora general de Atención Institucional Comunicación y Cultura del Agua.--- Presente.

Me refiero a su similar número BOO.00.04.08.180, del 21 de febrero del año en curso, con el cual entregó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con referencia al saneamiento de la laguna de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; y en específico a la solicitud de preparar un informe para dar la debida atención.

Al respecto, le informo que la CEAS de Jalisco presentó una propuesta de inversión para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento por mil 118.570 millones de pesos (mdp), financiando parcialmente la federación con 533.160 mdp. Entre las acciones se tiene considerada la construcción de colectores en Tlajomulco de Zúñiga, por un importe de 73.070 mdp, de los cuales 36.535 corresponderían a recursos federales. Asimismo, se programan el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal por 38.400 mdp, siendo recursos federales 19.200 mdp.

Sin embargo, los requerimientos son superiores a la disposición de recursos federales, por lo cual está entre las acciones prioritarias que realice la CEAS atender el punto de acuerdo referido.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2007.---Ingeniero Milton Henestrosa Zárate (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Bueno Tenorio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa en relación con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, remitida a esa colegisladora el 16 de marzo de 2006.

La Presidenta dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Juan Bueno Torio, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, respetuosamente solicita que, en uso y cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito respetuosamente que, en pleno uso de sus facultades, formule excitativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Justicia y Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en razón de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 25 de abril de 2005, los senadores Orlando Alberto Paredes Lara, César Camacho Quiroz y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de adiciones y reforma de diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y del Código Penal Federal en materia de gasolina y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo.

II. Subsiguientemente, en sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 14 de febrero de 2006, la senadora Lydia Madero García y el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. En consecuencia, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Energía; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Estudios Legislativos, Primera, que fue dictaminada en comisiones el 28 de febrero de 2006. Posteriormente, el 16 de marzo del mismo año el dictamen fue aprobado en el Pleno y turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

IV. El 22 de marzo de 2006 fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. En este mismo acto fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia y de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente, que no ha sido presentado, por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes

Consideraciones

Primero. Corresponde al Estado, mediante la aplicación del derecho penal, la obligación de brindar protección a la sociedad y sus instituciones por lo cual es un deber otorgar certidumbre jurídica y, asimismo, fortalecer los instrumentos normativos que permitan la intervención de las autoridades para el combate a la delincuencia latu sensu.

Segundo. Las iniciativas, que fueron dictaminadas y aprobadas en el Pleno de la Cámara de Senadores, tienen el objeto de tipificar las conductas que hasta la fecha no se encuentran dentro del marco jurídico penal, estableciendo con ello penas relativas para los autores de éstas, aplicadas con base en el grado de su responsabilidad, y las circunstancias que originan consumar el acto u omisión, provocando con ello un menoscabo tanto económico como social y que van en consecuencia en perjuicio del Estado.

Tercero. Por ende, la finalidad es castigar prácticas ilegales ligadas fundamentalmente al robo, la adulteración y la comercialización de combustibles, cuyas prácticas generan pérdidas millonarias, que van en detrimento del patrimonio de Petróleos Mexicanos, y generan y fortalecen redes de delincuencia organizada.

Cuarto. El mercado negro se ha vinculado con algunos de los establecimientos enfocados al consumidor final, adulterando combustibles, actividad que genera a las organizaciones del hampa grandes ganancias, por lo que dicha adulteración con solventes ha permitido el acrecentamiento tanto económico como funcional de las organizaciones delictivas; asimismo, ha lesionado notablemente el patrimonio familiar, al afectar el funcionamiento de sus vehículos.

Quinto. La corrupción se ha expandido hasta involucrar a funcionarios, quienes otorgan datos fehacientes sobre las características particulares de la red de transportación del país, y de los flujos de éstos, lo que ha generado el establecimiento de depósitos clandestinos, que ponen en riesgo la integridad física de la gente. De igual manera, es generador de daños ecológicos irreversibles.

Sexto. Se pretende terminar inmediatamente con toda relación contractual que se tenga con el infractor y prohibir el establecimiento de alguna otra en lo sucesivo.

Séptimo. Se pretende el aumento de una sanción mínima de tres a seis años, en lo referente al internamiento en el territorio nacional de cualquier sustancia que sea utilizada de manera ilícita, con el fin de alterar o modificar los combustibles, así como la utilización ilegal de combustibles sujetos a un beneficio fiscal, así como restituir de forma inmediata a Pemex los combustibles que se hubieran asegurado, y lo relacionado con alterar o reducir de manera lícita las propiedades o componentes de los combustibles objeto de comercialización.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones Unidas de Energía, y de Justicia y Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados para que formulen el dictamen correspondiente al proyecto de decreto mencionado.

Atentamente

Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Atentamente

México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos, 3 con una fracción V bis; 5 con una fracción XII; 66 bis, y 74 párrafos octavo, noveno y décimo, pasando los actuales párrafos octavo, noveno y décimo a ser décimo primero, décimo segundo y décimo tercero; y se reforman los artículos 7, párrafos primero y tercero; 9, párrafo segundo; 37, párrafos segundo y cuarto; 74, párrafo séptimo; 76, párrafo primero, y 79, párrafo noveno, todos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ...

I. a V. ...

V. bis. Rendimiento Neto, en singular o en plural, a los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las Sociedades de Inversión.

La Junta de Gobierno de la Comisión deberá autorizar la metodología que se establezca para construir los indicadores de Rendimiento Neto, fijando en dicha metodología el periodo para su cálculo;

VI. a XIV. ...

Artículo 5.- ...

I. a XI. ...

XII. Dictar reglas de carácter general para determinar la forma en que las administradoras deberán remunerar a sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación laboral con la administradora, le presten sus servicios a través de terceros, o sean independientes;

XIII. a XVI. ...

Artículo 7.- La Junta de Gobierno estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá, el Presidente de la Comisión, dos vicepresidentes de la misma y otros trece vocales.

...

...

...

Los cinco vocales restantes serán designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público debiendo ser cuatro representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y uno de los correspondientes a los patrones, que formen parte del Comité Consultivo y de Vigilancia y que ostenten la mayor representatividad.

...

Artículo 9.- ...

Habrá quórum con la presencia de nueve de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. El Presidente de la Junta de Gobierno dirigirá los debates, dará cuenta de los asuntos y tendrá voto de calidad en los casos de empate.

...

Artículo 37.- ...

Para promover un mayor Rendimiento Neto a favor de los trabajadores, las comisiones por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas.

...

Cada administradora deberá cobrar la comisión sobre bases uniformes, cobrando las mismas comisiones por servicios similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar contra trabajador alguno, sin perjuicio de los incentivos o bonificaciones que realicen a las subcuentas de las cuentas individuales de los trabajadores por su ahorro voluntario, o por utilizar sistemas informáticos para realizar trámites relacionados con su cuenta individual o recibir información de la misma.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 66 bis. La persona designada como director general o su equivalente de una administradora o institución que realice funciones similares, pública o privada, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, deberá tener un perfil profesional y ético conforme a lo siguiente:

I. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;

II. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa;

III. No estar realizando ni haber realizado en los últimos dos años, funciones de regulación de entidades del sistema financiero mexicano;

IV. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, y no haber sido condenado por delito que amerite privación de la libertad o encontrarse inhabilitado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y

V. No estar desempeñando o haber desempeñado en los últimos dos años previos a su designación, cargo alguno de cualquier índole en partidos o agrupaciones políticas, ni en organizaciones de trabajadores o de patrones o cargos de elección popular.

En el caso de las Administradoras o instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, el director general o su equivalente, adicionalmente deberá ser ciudadano mexicano.

Artículo 74.- ...

...

I. a IV...

...

...

...

...

Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor Rendimiento Neto, en el período de cálculo inmediato anterior. La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber entre los Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una administradora a otra.

Los trabajadores que ejerzan su derecho de traspasar su cuenta individual de una administradora a otra que haya registrado un Rendimiento Neto mayor, deberán permanecer al menos doce meses en la última administradora elegida.

Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Comisión, atendiendo a las circunstancias del mercado, la competencia entre administradoras y otros factores que permitan propiciar las mejores condiciones de competitividad en beneficio de los trabajadores, podrá establecer un plazo menor al del año para que éstos ejerzan su derecho al traspaso.

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione con otra administradora. En el caso de fusión entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada.

...

...

...

Artículo 76.- Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora, serán asignados a las administradoras que hayan registrado un mayor Rendimiento Neto, de conformidad con los criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno.

...

Artículo 79.- ...

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...

...

...

...

...

...

En caso de fallecimiento del trabajador, tendrán derecho a disponer de los recursos de sus subcuentas de ahorro voluntario de la cuenta individual, las personas que el titular de la cuenta haya designado para tal efecto y, a falta de éstas, las personas que señale la legislación aplicable en cada caso.

...

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37, párrafos séptimo y octavo del artículo 74 y primer párrafo del artículo 76, que entrarán en vigor nueve meses después a la fecha de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas que a la entrada en vigor del presente Decreto desempeñen el cargo de director general de una administradora deberán en un plazo no mayor de treinta días hábiles manifestar por escrito no encontrarse en el supuesto de la fracción V del artículo 66 bis.

ARTÍCULO TERCERO.- Los acuerdos, circulares, reglas de carácter general, acuerdos delegatorios y demás disposiciones y actos administrativos de carácter general, expedidos por la Comisión antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en vigor y conservarán plena validez y eficacia jurídica, en lo que no se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO.- En términos del presente Decreto, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, establecerá un programa de difusión para la comprensión de los alcances en materia de la simplificación de las comisiones, el énfasis en rendimiento neto, y el fomento de una cultura de ahorro para el retiro.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que establece las características de la séptima moneda de plata conmemorativa del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Atentamente

México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SÉPTIMA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL QUINTO CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza la emisión de una séptima moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor nominal: Cinco pesos.

b) Forma: Circular.

c) Diámetro: 40.0 (cuarenta milímetros).

d) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.

e) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.

f) Peso: 27.0 (veintisiete gramos).

g) Contenido: 24.975 g. (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.

h) Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más.

i) Tolerancia en Peso: Por unidad: 0.216 g. (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramo), ambas en más o en menos.

j) Canto: Estriado.

k) Cuños: Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda ``ESTADOS UNIDOS MEXICANOS''. Rodeando a éste y siguiendo en contorno del marco, los escudos nacionales de los otros países participantes en la séptima emisión de la moneda conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso.

Reverso: Desfasada del centro al campo izquierdo, la figura de un jugador de pelota, de pie y en acción correspondiente a la cultura Maya de Chichén Itzá, del período clásico, con atavío ritual que se compone de: penacho de plumas de ave, orejeras, collar de jade, paños de piel de jaguar sobre el taparrabo que le cubren en el tórax y la cadera, rodillera, muñequeras y sandalias, también de piel; en el campo derecho superior, una esfera de caucho (pelota); centrado, en el campo superior, la leyenda ``DISCIPLINAS DE ORO OLÍMPICO MEXICANO''. En el campo derecho, entre 13 líneas verticales en conjunto, siluetas de 6 disciplinas deportivas (ecuestre, clavados, caminata, box, natación y halterofilia); en el campo izquierdo superior, el número ``2008'', bajo éste, el signo de pesos ``$'', continuo el número ``5'', en el campo inferior, paralela al marco y desfasada a la izquierda, la leyenda ``ENCUENTRO DE DOS MUNDOS''; en el campo inferior derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 397 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

CONDECORACIONES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de los dictámenes.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se dispensa la lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 9 y 12 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García puedan prestar servicios en las embajadas de Austria y de Estados Unidos de América en México, y en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 20 de marzo de 2007 se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno extranjero serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Marcos Romano Hassán para prestar servicios como secretario en la Oficina Comercial, en la Embajada de Austria en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano José Octavio Pérez Nava para prestar servicios como investigador en la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Patricia Garza García para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Aguilar Treviño para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro García García para prestar servicios como cajero clase S en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, ambos en un solo acto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Unidad de Posgrado, que nos honran con su visita esta mañana. Muchas gracias. Sean bienvenidos.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Víctor Ortiz del Carpio (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Luna Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares (desde la curul): Para manifestar el sentido a favor.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): A favor.

El diputado David Figueroa Ortega (desde la curul): A favor.

La diputada Beatriz Collado Lara (desde la curul): Beatriz Collado, a favor.

El diputado Ariel Castillo Nájera (desde la curul): A favor.

La diputada María Oralia Vega Ortiz (desde la curul): Oralia Vega, a favor.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría a los diputados que no han votado, si se acercan aquí al frente y de viva voz van diciendo sus votos.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): Samperio Montaño, a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si se acercan al frente por favor y de viva voz dicen su voto.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado David Maldonado González (desde la curul): A favor.

El diputado Joaquín Humberto Vela González (desde la curul): A favor.

El diputado Raciel Pérez Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Hernández Silva (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Guerrero García (desde la curul): A favor.

El diputado Faustino Soto Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Ríos Gamboa (desde la curul): A favor.

El diputado Rolando Rivero Rivero (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Díaz de León Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (desde la curul): A favor.

La diputada Alma Hilda Medina Macias (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Se emitieron 383 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 383 votos pasan al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV

Honorable Asamblea:

A la Comisión de la Función Pública fue turnada durante la LIX Legislatura, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; y a la Auditoría Superior de la Federación, a conocer y sancionar los resultados de dicho proceso, presentada por el diputado Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 25 de abril de 2006.

En virtud del análisis y estudio de la citada proposición con punto de acuerdo, los integrantes de esta comisión dictaminadora, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se fundamenta en los siguientes

Antecedentes

Primero. El 25 de abril de 2006, el diputado Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; y a la Auditoría Superior de la Federación, a conocer y sancionar los resultados de dicho proceso.

Segundo. En la misma fecha, dicha proposición con punto de acuerdo fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de la Función Pública de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen.

Tercero. El diputado proponente sugiere el siguiente acuerdo:

Se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones necesarias y pertinentes respecto al proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; asimismo, solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados que autorice a la Auditoría Superior de la Federación conocer y sancionar los resultados de dicho proceso de enajenación, a efecto de garantizar la transparencia en el procedimiento y que el precio final de venta no haya significado una merma en los ingresos a las arcas públicas de nuestro país.

Consideraciones

I. Respecto a esta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; y a la Auditoría Superior de la Federación, a conocer y sancionar los resultados de dicho proceso, podemos señalar que se pretende exhortar a la Secretaría de la Función Pública a actuar conforme a lo establecido en la fracción XVII artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es el que establece las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública:``Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley; y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida''.

De esta manera, mediante la citada propuesta se resalta una obligación que tiene la secretaría, que se encuentra perfectamente establecida en la ley.

I. Por otra parte, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece en su artículo 4 quiénes son sujetos de fiscalización superior:

Artículo 4. Son sujetos de fiscalización superior, los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y las demás entidades fiscalizadas.III. El punto de acuerdo es considerado como un pronunciamiento de alguno de los órganos del Poder Legislativo que produce efectos de definición respecto de posibles soluciones a problemas de carácter nacional o regional.

IV. Con fecha 7 de noviembre de 2006 se realizó una reunión de la mesa directiva de esta comisión y, a propuesta del diputado presidente, se acordó solicitar a la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en los artículos 39 y 45, numerales 1, 2 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 65 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la Secretaría de la Función Pública informe a esta comisión acerca del estado que guarda el asunto referido en la proposición en comento.

Derivado de lo anterior, el 29 de noviembre de 2006, mediante el oficio número SACN/300/346/2006, suscrito por el licenciado Roberto Anaya Moreno, subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, la Secretaría de la Función Pública dio contestación a la petición formulada por esta comisión. En dicho escrito se establece lo siguiente:

Por lo que corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV, (...) le informo que la enajenación de la compañía aérea se realizó por la empresa Cintra, la cual si bien tiene como accionista al IPAB por encontrarse dentro del rescate bancario, no maneja recursos públicos y, por tanto, no es posible practicar auditoría alguna a dicha operación comercial.Lo anterior permitió a este órgano legislativo conocer el seguimiento que la Secretaría de la Función Pública está dando al asunto planteado.

V. Por último, es menester aclarar que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no está facultada para autorizar a la Auditoría Superior de la Federación, ya que dicha comisión legislativa actúa de conformidad con las facultades establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por lo que sólo parcialmente se acuerda favorable la proposición en estudio, para el efecto de exhortar a la Secretaría de la Función Pública.

Con base en lo antes expuesto, la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de sus atribuciones, revise el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, SA de CV; y en el caso de que resultasen irregularidades de servidores públicos, se proceda conforme al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Segundo. Que se informe a esta Cámara, en un plazo no mayor de tres meses, de los resultados de dicha revisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 21 de febrero de 2007.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García , René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), María Elena Torres Baltazar , Víctor Hugo García Rodríguez .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se considera suficientemente discutido.

PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION CON CONTENIDO SEXUAL Y VIOLENTO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión abierta y cerrada la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, a fin de que se restrinja la transmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo antes descrita y somete el presente dictamen a la consideración de esta honorable asamblea, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1.En sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2005, se dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión, tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, a fin de que se restrinja la transmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores, presentada por el diputado Manuel López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.

3. En la multicitada proposición con punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que haga las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, para delimitar claramente lo que esta materia representa una práctica contraria a la moral, a la integridad o bien cause una influencia nociva.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión tanto abierta como cerrada, la Ley federal de Radio y Televisión y su reglamento, a fin de que se restringa (sic)la transmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores.

4. Con fecha 12 de febrero de 2007 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, dicho acuerdo establece en su artículo 1 que el programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo se desarrollará desde el día de su publicación y hasta el día 31 de marzo de 2007; asimismo, su artículo 3o., establece que el Presidente de la Mesa Directiva publicará en la Gaceta Parlamentaria una lista de acuerdos de modificación de turno de todas aquéllas proposiciones con punto de acuerdo a las que se haya asignado un turno plural de comisiones unidas, para el efecto de que únicamente se mantenga el turno de la comisión ordinaria mencionada en primer lugar.

5. Aunado al numeral 4 de los antecedentes, el 14 de marzo de 2007 se publicó en la Gaceta Parlamentaria el comunicado de la Mesa Directiva por medio del cual se informa sobre la modificación de turno de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la pasada legislatura pendientes de dictaminación; quedando la presente proposición con punto de acuerdo turnada únicamente a esta comisión.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, la actividad desarrollada por los medios electrónicos de comunicación es considerada de interés público, por lo que el Estado debe protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

II. Esta disposición legal es reiterada en el precepto 1o. del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, al tenor siguiente:

``Artículo 1o.La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales.''III. A fin de cumplir con la función social de la radio y la televisión, en el artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia se establece que las transmisiones en medios electrónicos de comunicación procurarán evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

Para los efectos del precepto de referencia, el artículo 72 de dicho cuerpo normativo señala que, independientemente de las demás disposiciones relativas, la transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la juventud, en su caso, deberán anunciarse como tales al público en el momento de iniciar la transmisión respectiva.

IV. Con la finalidad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las disposiciones citadas en el apartado que antecede, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión contempla un sistema de autorizaciones y clasificaciones para las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados; en este sentido, en su artículo 24 se precisan las distintas clasificaciones que pueden otorgarse a los materiales televisivos y los horarios de transmisión que corresponden a cada una de estas clasificaciones.

Conforme a los lineamientos reglamentarios de referencia, la difusión de materiales aptos para adolescentes y adultos --con clasificación ``B''-- sólo puede efectuarse a partir de las 20:00 horas; mientras que las transmisiones con clasificación ``B-15'' --aptas para adolescentes mayores de 15 años y adultos-- únicamente se pueden realizar a partir de las 21:00 horas. Tal y como lo estipula el acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados, emitido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de marzo de 2007.

V. Por disposición del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la función estatal de vigilancia y control del contenido de las transmisiones a través de los medios electrónicos de comunicación, se ejerce por conducto de la Secretaría de Gobernación. De este modo, el reglamento interior de esa dependencia federal confiere a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía las atribuciones a que se refiere el artículo 25 de dicho cuerpo normativo, entre las que se encuentran las de ``regular la transmisión de materiales de radio y televisión'' (fracción V), ``resolver las solicitudes de autorización para transmitir públicamente material grabado o filmado para cualquier tipo de programas de radio o televisión... y clasificarlos de conformidad con las normas aplicables, vigilando su observancia'' (fracción VIII), y ``supervisar y vigilar que las transmisiones de radio y televisión a través de sus distintas modalidades de difusión cumplan con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, sus respectivos reglamentos y títulos de concesión.'' (fracción XV).

VI. De la lectura de los preceptos antes citados se desprende, en primer término, que la función social que realizan las estaciones de radio y televisión, se manifiesta --entre otros aspectos-- evitando la difusión de materiales que constituyan influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; por otra parte, se obtiene también que la unidad administrativa competente, es decir, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, tiene la atribución de supervisar y vigilar que los medios electrónicos de comunicación realicen su actividad cumpliendo con la función social encomendada, concretamente por cuanto hace al acatamiento de los horarios de transmisión de los distintos materiales televisivos, de conformidad con las clasificaciones que les correspondan.

VII. La proposición con punto de acuerdo que nos ocupa reitera el contenido de las disposiciones legales y reglamentarias en comento, conminando al estricto cumplimiento del marco normativo aplicable, en atención a la naturaleza de la actividad de interés público y a la función social encomendada a los medios electrónicos de comunicación.

Las solicitudes a que se contrae el punto de acuerdo se sustentan en el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias que confieren a la Secretaría de Gobernación --por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía-- las facultades de vigilancia y supervisión sobre el contenido de los programas televisivos, y la atribución de otorgar autorizaciones y clasificaciones a los materiales grabados, a efecto de que éstos se difundan en el horario que les corresponda, de acuerdo con sus características.

En tal virtud, esta dictaminadora considera que dicho punto de acuerdo debe ser aprobado, sin embargo, estiman pertinente realizar algunas modificaciones, como se indica a continuación:

En el punto de acuerdo primero de la proposición del diputado López Villarreal se señala: ``se solicita a la Secretaría de Gobernación, haga las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, para delimitar claramente lo que en esta materia representa una práctica contraria a la moral, a la integridad o bien cause una influencia nociva.''

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, la facultad reglamentaria contemplada en el artículo 89, fracción I, constitucional --consistente en proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión--, corresponde al Presidente de la República; de ahí que el titular de una secretaría de Estado carezca de atribuciones para reformar ordenamientos reglamentarios. Por ello, debe sustituirse el término ``haga'', por la expresión ``proponga al titular del Ejecutivo Federal''.

Por su parte, en el punto de acuerdo segundo de la proposición en dictamen se indica: ``se solicita a la Secretaría de Gobernación aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, a fin de que se restringa (sic) la transmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores.''

La mención de ordenamientos legales debe incluir al Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, por ser éste el que resulta exactamente aplicable a las emisoras de televisión restringida; al respecto, sus artículos 23, 36 y 39 establecen:

Artículo 23. La programación que se difunda a través de las redes, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá contribuir a la integración familiar, al desarrollo armónico de la niñez, al mejoramiento de los sistemas educativos, a la difusión de nuestros valores artísticos, históricos y culturales, al desarrollo sustentable, y a la propalación de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; para tales efectos, será también aplicable lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 36. En lo no previsto por la ley y el presente reglamento en materia de contenidos, se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 39. Los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a sus instalaciones a los inspectores de la Secretaría y de la Secretaría de Gobernación, así como a otorgarles la información y facilidades para que realicen sus funciones en términos de ley.

El contenido de la programación quedará bajo la vigilancia de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presente reglamento y, en lo no previsto, por la Ley Federal de Radio y Televisión.

Además, se considera que debe emplearse la expresión ``televisión restringida'', en lugar de ``televisión cerrada'', pues este último calificativo no está contemplado en el cuerpo reglamentario aplicable.

Finalmente, con el propósito de evitar interpretaciones erróneas, a partir de las cuales se pudiera argumentar que la solicitud se refiere únicamente a aquellos programas que contienen sexo y violencia al mismo tiempo, mas no a los que sólo muestran escenas de sexo o de violencia, se debe sustituir la expresión ``contenido sexual y violento'', por ``contenido sexual y/o violento''.

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación que proponga al titular del Ejecutivo federal las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión, para delimitar claramente lo que en esta materia representa una práctica contraria a la moral, a la integridad o bien cause una influencia nociva.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión, tanto de señal abierta como restringida, la Ley Federal de Radio y Televisión, su reglamento y el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, en el ámbito que corresponda a cada uno de estos ordenamientos, a fin de que se restrinja la transmisión de programas con contenido sexual y/o violento en horarios para menores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), presidenta; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lutzow (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra , Israel Beltrán Montes (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández , María de Jesús Martínez Díaz, Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras , Enrique Iragorri Durán (rúbrica), David Maldonado González , Delber Medina Rodríguez , Elizabeth Morales García , Ramón Félix Pacheco Llanes , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , Raúl Ríos Gamboa , Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), María Elena Torres Baltazar , Jaime Verdín Saldaña .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Juventud y Deporte fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de punto de acuerdo, suscrito por el diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX legislatura, a fin de que esta Cámara de Diputados exhorte al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del gobierno federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI, 45, párrafo 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 1 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. El 25 de julio de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal.

Tercero. En sesión celebrada el día primero de marzo de 2005 se presentó una proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Jorge Triana Tena y se turnó a esta comisión el presente proyecto de punto de acuerdo, para su estudio y dictamen.

Cuarto. Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX legislatura procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes

Consideraciones

I. La importancia de las acciones del Estado por encaminar atinadamente el desarrollo de los jóvenes dentro de la población y en atención a sus demandas de educación, empleo, salud, cultura, deporte, el impulso a la apertura de oportunidades económicas, inclusión social, entre otras, el gobierno federal ha tenido que implementar políticas públicas dirigidas al desarrollo de este sector, así como a la creación de instituciones encargadas del despacho de asuntos de la juventud.

En otras entidades federativas, los gobiernos locales han implementado áreas especialmente dedicadas a la atención de los asuntos de la juventud, y éstas han dado paso a una coordinación interinstitucional con el gobierno federal para que los programas de éste enfocados hacia los jóvenes permeen de manera más eficaz en el sector.

El gobierno federal creó el Instituto Mexicano de la Juventud para poder canalizar todos los asuntos que tuvieran que ver directamente con la población juvenil del país. Esta institución tiene como propósito promover, generar e instrumentar políticas públicas integrales de juventud para que éstas puedan responder a las necesidades de los jóvenes, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional, así como propiciar su esparcimiento.

El Gobierno del Distrito Federal creó el Instituto de la Juventud del Distrito Federal para operar, atender y despachar las políticas y asuntos de los jóvenes de la Ciudad de México, fungiendo como un eje estratégico de operación para vincular las acciones del gobierno de la ciudad con el sector juvenil de la población del Distrito Federal.

El Instituto Mexicano de la Juventud se ha dado a la tarea de promover y coordinar el Programa Nacional de Juventud 2002-2006, donde se esbozan las acciones que tiene el gobierno federal a fin de generar mejores resultados e impactos de los programas dirigidos a los jóvenes.

Las políticas encaminadas a los jóvenes son un desafío constante y una tarea insoslayable, la cual requiere mayor atención en el marco de las acciones gubernamentales del Distrito Federal.

Los programas en materia juvenil tienen como finalidad contribuir a mejorar las condiciones de vida, a la participación social, a favorecer la socialización, a impulsar las adecuadas políticas de juventud, entre muchas otras, por lo que es de gran trascendencia llevar a cabo las acciones que permitan este desarrollo.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud precisa el objeto del instituto, el cual es, entre otras cosas, definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país, así como asesorar y promover la planeación de acciones destinadas al mejoramiento del nivel de vida de la juventud, así como en sus expectativas en los distintos ámbitos del acontecer nacional.

Para el impulso y desarrollo de la juventud, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo 4o., define las atribuciones que tiene el organismo para el cumplimiento de su objetivo.

En el marco de sus atribuciones contenidas en el artículo 49, fracción II, de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal establece que el Instituto de la Juventud del Distrito Federal debe crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias del gobierno federal.

II. Esta comisión dictaminadora considera viable la propuesta, en virtud de que el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal tienen como atribuciones la creación de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, de conformidad con la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, según lo dispuesto en el artículo 48:

Entre las funciones del Instituto de la Juventud del Distrito Federal se encuentran elaborar un plan estratégico de desarrollo integral de la juventud del Distrito Federal; crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias del gobierno federal, del gobierno central del Distrito Federal, demarcaciones territoriales, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que realicen trabajo con jóvenes o que tengan relación con las temáticas juveniles.

Asimismo, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en su artículo 4o., fracción I, establece como atribuciones del instituto ``concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas para promover las políticas, acciones y programas tendentes al desarrollo integral de la juventud''.

Por ello, los integrantes de esta comisión estimamos conveniente que se exhorte al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal para que, en el marco de sus atribuciones legales, celebre un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud en el que se promuevan los programas del gobierno federal en apoyo de la juventud.

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal y al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, en el ámbito de sus respectivas competencias, a suscribir un convenio de colaboración a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del gobierno federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, el 6 de diciembre de 2006.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), secretarios; Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Jericó Abramo Masso, Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cázares (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos , Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera , Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Rafael García Villicaña.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

ZONA ARQUEOLOGICA DE TLATELOLCO

La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo para que se declare Tlatelolco zona de monumentos arqueológicos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por los artículos 58, 60, 65, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha veinticinco de abril de dos mil seis, el diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que se declare una zona arqueológica en Tlatelolco, ubicada en la ciudad de México, Distrito Federal.

2. En la referida fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura.

Contenido de la propuesta

El proponente señala que la zona arqueológica de Tlatelolco es la más grande del área metropolitana, y en su proposición, lleva a cabo un recorrido cronológico de la evolución del lugar, además de hacer una descripción de los inmuebles que se ubican en lo que se denomina plaza de las tres culturas.

Asimismo, el diputado proponente indica que las autoridades federales tienen la obligación de proteger el patrimonio cultural y de establecer museos temáticos, todo ello con la finalidad de difundir los hallazgos que desde el año de 1999 se han descubierto con motivo de la ejecución del plan de manejo de la zona arqueológica y museo del Techan de Tlatelolco.

En este tenor, el diputado proponente solicita la intervención del Ejecutivo federal, para que, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se declare una zona arqueológica en Tlatelolco, ubicada en la ciudad de México, Distrito Federal.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los miembros de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

I. El artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

``Artículo 73. ...

I. a XXIV. ...

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república.''

II. Por su parte, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece como de utilidad pública, la protección, conservación y recuperación de nuestro patrimonio cultural.

III. El ordenamiento legal invocado, en su artículo 28, indica que son monumentos arqueológicos, los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

IV. De igual forma, los artículos 5o., 37, 39 y 44, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son del tenor literal siguiente:

``Artículo 5o. Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

El presidente de la república, o en su caso el secretario de Educación Pública, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 37. El presidente de la república, mediante decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta ley y su reglamento.

Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente, a que se refiere el artículo 21 y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 39. Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia.

Artículo 44. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.''

V. Esta comisión concuerda con la propuesta de la promovente, en el sentido de que todo el patrimonio cultural debe ser protegido por el Estado, para preservarlo y difundirlo.

VI. No obstante lo anterior, y en razón de que en las últimas cuatro décadas han sido innumerables los trabajos realizados por parte de importantes arqueólogos, restauradores, antropólogos y demás profesionales, que ha tenido como resultado múltiples investigaciones, las cuales se incrementaron de tal manera que la zona arqueológica de Tlatelolco es la más grande del área metropolitana de la ciudad de México y continúan los trabajos conforme a los descubrimientos hechos en, por lo menos, los últimos 50 años, que se debe proteger y rescatar esta importante zona de monumentos arqueológicos.

VII. En este sentido, se requiere una acción decidida del Estado para que el patrimonio cultural deba ser preservado; en consecuencia, esta dictaminadora modifica en su redacción el punto de acuerdo planteado por el proponente, para efectos de que las autoridades competentes realicen una ampliación a la declaratoria establecida desde 1953, considerando los nuevos hallazgos.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Cultura someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realicen las gestiones necesarias a fin de declarar zona de monumentos arqueológicos a Tlatelolco, ubicado en la ciudad de México, Distrito Federal, así como llevar a cabo las acciones necesarias para el establecimiento y desarrollo de los museos temáticos de la ciudad de Tlatelolco y la implementación de un programa integral para su rescate.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que realice las gestiones necesarias a fin de que Tlatelolco sea declarado patrimonio de la humanidad por el comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido a su importancia cultural.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal a los 28 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Cultura, diputados: Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), presidente; Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Blanca Luna Becerril , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar , Marcela Cuén Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González (rúbrica), Francisco Martínez Martínez , María Esperanza Morelos Borja , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña , María del Carmen Salvatori Bronca , Víctor Gabriel Varela López , Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reservan para su votación en conjunto.

ESTADO DE DURANGO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias para que se declare la ciudad de Lerdo, Durango, zona de monumentos históricos

Honorable Asamblea

La Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 58, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, la diputada María Salomé Elyd Sáez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que se declare una zona de monumentos históricos en la ciudad de Lerdo, municipio del mismo nombre, en el estado de Durango.

2. En la referida fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura.

Contenido de la propuesta

La proponente señala que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece como de utilidad pública la protección, conservación y recuperación de nuestro patrimonio cultural.

El ordenamiento legal invocado indica que son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en nuestro país. El artículo 41 refiere que la zona de monumentos históricos es el área que comprende varios monumentos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pasados de relevancia para el país.

Así, la proponente considera que la ciudad de Lerdo, en el estado de Durango, ocupa la región que era lugar de recreo desde tiempos del Marquesado de Aguayo, en la comarca lagunera.

Aunado a lo anterior, la diputada proponente aporta diversos datos que refuerzan su petición:

--- En 1598 se funda San Juan de Casta (León Guzmán);

--- En 1731 se solicita a la Real Audiencia se deslinden las tierras del Reino de Vizcaya por su compra al Marqués de Aguayo.

--- En 1836 don Juan Nepomuceno Flores adquiere estas tierras logrando un imperio agrícola con el cultivo del algodón, ganadero con industria metalúrgica y minera.

--- Lerdo se erigió como villa en el año de 1867 y recibió el título de ciudad en 1875.

Además, refiere la proponente, la ciudad de Lerdo ayuda a conservar y engrandecer la identidad nacional, histórica, arquitectónica, monumental y urbanística con diversas edificaciones, como son la capilla del Sagrado Corazón de Jesús; el quiosco de la Plaza de las Armas; los monumentos a la Madre, a Benito Juárez, al General Francisco Villa y al piloto aviador Francisco Sarabia Tinoco; el sitio de ejecución de Ladislao López; los Chalets Tarín y el Gorosave; la hacienda de la Iglesia de la Goma; la iglesia de Villa Juárez y casas habitación.

En este sentido, la diputada proponente solicita la intervención del Ejecutivo federal, y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se declare una zona de monumentos históricos en la ciudad de Lerdo, municipio del mismo nombre, en el estado de Durango.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los miembros de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

Consideraciones

I. El artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

``Artículo 73. ...

I. a XXIV ...

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república.''

II. De igual forma, los artículos 5o., 37, 41 y 44, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es del tenor literal siguiente:

``Artículo 5o. Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

El presidente de la república, o en su caso el secretario de Educación Pública, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 37. El presidente de la república, mediante decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta ley y su reglamento.

Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente, a que se refiere el artículo 21 y publicarse en el ``Diario Oficial'' de la Federación.

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

Artículo 44. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.''

III. Esta comisión concuerda con la propuesta de la promovente, en el sentido de que la ciudad de Lerdo, en el etado de Durango debe ser declarada zona de monumentos históricos, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio cultural de dicha ciudad.

IV. A mayor abundamiento, la importancia de la ciudad de Lerdo, Durango, no sólo es por ser una de las ciudades más grandes y pobladas de esa entidad federativa, sino también por su historia, de la cual son fiel reflejo sus monumentos históricos, pues es reconocida por todos los historiadores y restauradores, como una ciudad con riquezas culturales que deben ser protegidas. Su aportación a la historia nacional, está fuera de toda duda.

V. En este sentido, se requiere una acción decidida del Estado para que el patrimonio histórico deba ser preservado y, en su caso, mejorado ante la planificación moderna y los intereses económicos de la ciudad.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Cultura, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se realicen las gestiones necesarias a fin de declarar en la ciudad de Lerdo, municipio del mismo nombre, del estado de Durango, una zona de monumentos históricos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Cultura, diputados: Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), presidente; Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Blanca Luna Becerril , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar , Marcela Cuén Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González (rúbrica), Francisco Martínez Martínez , María Esperanza Morelos Borja , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña , María del Carmen Salvatori Bronca , Víctor Gabriel Varela López , Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

ZONAS ARQUEOLOGICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo relativo al acceso de objetos ceremoniales en zonas arqueológicas

Honorable Asamblea

La Comisión de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58, 60, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha veinticinco de abril de dos mil seis, el diputado Leonardo Álvarez Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que permita la introducción en zonas arqueológicas de instrumentos musicales, sahumerios de copal, plumas y todos los objetos ceremoniales cuya función sea la promoción, práctica y preservación de las tradiciones culturales de México.

2. En la referida fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura.

Contenido de la propuesta

El proponente señala que las plumas constituyen, para muchos pueblos indígenas, un instrumento chamánico por medio del cual se llevan a cabo rituales de purificación o de conexión. Por su parte, con el copal se preparan los rituales y se purifican los ambientes y las personas, y la música acompaña las danzas.

Todo lo anterior, a juicio del diputado proponente, son manifestaciones ricas de nuestra cultura, pues son creencias de nuestro país que son transmitidas a través de diversos grupos promotores de la mexicanidad, quienes más respetan nuestros centros ceremoniales.

En este sentido, el diputado proponente solicita la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que permita el acceso a los visitantes con objetos ceremoniales a las zonas arqueológicas del país.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los miembros de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

I. En términos de lo previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se consideran de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de la zona de monumentos. A su vez, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia señala como objetivos generales de esa institución la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto.

II. La protección del patrimonio cultural arqueológico o histórico es facultad exclusiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues el mismo es, a su vez, considerado de utilidad pública, por lo que no puede estar sujeto a la voluntad de los particulares.

III. A su vez, el promovente de la proposición con punto de acuerdo señala con meridiana claridad que, en la aplicación de las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia antes señaladas, se ha incurrido en excesos y se ``confundió el vandalismo con la cultura'', en referencia al hecho de que existen grupos artísticos que son portadores y reproductores de las tradiciones culturales mexicanas y que, bajo cualquier pretexto, se les impide el acceso a las zonas arqueológicas.

IV. Aun suponiendo, sin conceder, que dicha circunstancia se presente, toda vez que el diputada promovente no aporta mayores elementos de convicción sobre las circunstancias que señala, lo cierto es que es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia salvaguardar y proteger el patrimonio cultural de la nación y éste no puede estar sujeto a actos de particulares que, si bien es cierto que son parte de nuestra cultura nacional, también es cierto que con sus actividades pueden poner en riesgo el patrimonio cultural, tal como sucedería, por ejemplo, en el caso de que las brasas de un sahumerio o un ``bracero'', se llegaran a depositar en los pastos de alguna zona arqueológica, con los consecuentes daños que implicarían no sólo para los monumentos arqueológicos sino también para la población que, en su momento, se encuentre visitando dicho lugar.

V. Esta comisión concuerda con la propuesta del promovente; sin embargo, la autoridad deberá valorar, bajo criterios técnicos, que la introducción de cualquier objeto ceremonial que sea utilizado en la práctica y preservación de las tradiciones culturales de México no represente un riesgo para el patrimonio arqueológico ni para las personas, y con base en ello se permita el acceso a los visitantes que porten dichos objetos para tal finalidad, por lo que esta dictaminadora, con el fin de dar congruencia a la solicitud, modifica la redacción, para quedar como más adelante se indica.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Cultura someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realice una valoración técnica para que, en su caso, los visitantes a las zonas arqueológicas del país accedan con objetos ceremoniales, con la finalidad de que manifiesten y practiquen las tradiciones culturales milenarias de México, a efecto de contribuir al fortalecimiento de las tradiciones culturales de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 28 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Cultura, diputados: Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), presidente; Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Blanca Luna Becerril , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar , Marcela Cuén Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González (rúbrica), Francisco Martínez Martínez , María Esperanza Morelos Borja , José Luis Murillo Torres (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña , María del Carmen Salvatori Bronca , Víctor Gabriel Varela López , Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de diversas entidades federativas a atender las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de abril de 2006, los diputados Israel Tentory García y Pascual Sigala Páez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de diversas entidades federativas, a que atiendan las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua, emitidas en los veredictos del 20 de marzo de 2006.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la comisión determinaron analizar la propuesta y emitir el dictamen para realizar el exhorto a que se refieren los diputados proponentes.

II. Análisis del contenido de la proposición

El Tribunal Latinoamericano del Agua, creado en 1998, es una instancia internacional autónoma e independiente, un espacio alternativo de justicia en materia ambiental, que surge ante la insuficiente capacidad de respuesta de las instancias gubernamentales nacionales en la resolución de conflictos ambientales. Sin embargo, sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes, aunque durante sus audiencias se siguen procedimientos formales, en los que las partes presentan sus puntos de vista ante un jurado. Vale decir que, si el caso lo amerita, el tribunal emite recomendaciones a instituciones o empresas cuando se le plantean casos de iniquidad, ecocidio y gestión gubernamental inapropiada en el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico en América Latina.

Como parte de sus actividades, el tribunal participó en el IV Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en nuestro país en el mes de marzo de 2006, llevando a la arena de los debates algunos de los casos más emblemáticos en materia de usos y eventuales abusos de los recursos hídricos en toda América Latina.

Según los legisladores proponentes, los casos fueron elegidos minuciosamente por una comisión científico-técnica compuesta por profesionales y técnicos involucrados en la temática. Durante las audiencias en México se presentaron 13 casos de afectación ambiental e hídrica de 10 países latinoamericanos, de los cuales. México presentó 6 casos, los cuales se enlistan enseguida:

1. Trasvase de agua de la región del sistema Cutzamala a la cuenca México, Distrito Federal:Se resolvió que es inadecuada la construcción de grandes obras de trasvase para importar agua de lugares lejanos, con el consiguiente despojo de los pobladores locales, por lo cual se recomienda cancelar la cuarta etapa del sistema Cutzamala.

2. Proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el río Papagayo, en el estado de Guerrero:Se resolvió que los derechos agrarios de las comunidades afectadas y el control del territorio y sus recursos naturales deben ser garantizados como lo marca la Constitución, por lo que debe respetarse la diversidad cultural, la existencia de comunidades indígenas y sus derechos agrarios, formas de gobierno, usos y costumbres.

El tribunal recomendó que el proyecto hidroeléctrico debe suspenderse, ya que no se demuestran los beneficios a la población local, su contribución al desarrollo regional ni la protección al medio ambiente.

3. Contaminación y afectación costero/marina en la bahía de Zihuatanejo: Se determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han incurrido en negligencia y omisiones en el control de las actividades potencialmente degradatorias para prevenir el impacto ambiental en la bahía de Zihuatanejo.

El tribunal recomendó a la alcaldía de Zihuatanejo, entre otras cosas, convocar a una mesa permanente de ``Resolución de conflictos ambientales'', en la que participen organizaciones de la sociedad civil.

4. Afectación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. Estados de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Durango. Michoacán, Jalisco, Nayarit y Zacatecas:Se exhortó a las autoridades competentes a que ordenen suspender la construcción de la presa del Arcediano en la barranca de Juanacatlán, hasta que no se realice un estudio integral sobre sus implicaciones para la salud humana y se estudien alternativas de manejo hidráulico que respeten los ecosistemas. También se recomendó implementar un programa para reducir los volúmenes de consumo de agua y estimular la reutilización del recurso hídrico; garantizar que los vertimientos provenientes de actividades agropecuarias, industriales y agroindustriales se ajusten a los parámetros nacionales o a la normatividad internacional; que se organicen mesas de negociación de conflictos ambientales y que, en la medida de lo posible, se devuelvan las aguas a sus cauces naturales, asegurando el nivel mínimo del lago.

En el caso de Jalisco y Guadalajara, se recomendó el desarrollo de un programa de rehabilitación de cuencas y el financiamiento de acciones de las comunidades que aseguren la viabilidad a largo plazo de la cuenca.

5. Contaminación industrial en los ríos Atoyac y Xochiac, estados de Tlaxcala y Puebla:Se determinó que las industrias asentadas en el parque industrial Quetzalcóatl que descargan sus aguas residuales en el río Atoyac son responsables por su contaminación. Se señaló que las instituciones gubernamentales violaron la legislación mexicana al no controlar debidamente los vertidos de aguas residuales de estas industrias.

El tribunal resolvió que las empresas, junto con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles, deben participar en el diseño y desarrollo de un plan de rehabilitación de la cuenca del río Atoyac.

6. Derrame petrolero en río y playa Coatzacoalcos, Veracruz.Se señaló que Pemex ha violado leyes nacionales e internacionales con el inadecuado manejo de materiales peligrosos que provocan emergencias ambientales en la cuenca del río Coatzacoalcos.

El tribunal determinó que la paraestatal debe elaborar un plan de contingencia y difundirlo ente las poblaciones aledañas para guiar a los habitantes en caso de emergencia; adoptar medidas adecuadas de prevención y mantenimiento de maquinaria y equipo, y capacitar a su personal y a la población en su área de influencia para la implementación de dicho plan. Pemex y la industria petroquímica deben reportar al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes todas sus descargas de sustancias tóxicas al agua, aire y suelo.

Estos veredictos fueron dados a conocer el 20 de marzo de 2006 y pueden ser consultados directamente en la página oficial del Tribunal Latinoamericano del Agua; www.tragua.com/tla1.htm.

Analizados los planteamientos argumentativos presentados por los diputados proponentes, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes:

III. Consideraciones

A. Derivado de la Declaración de Johannesburgo, organizada como parte de las actividades para concretar los Objetivos del Milenio de la ONU, surgen en la región de América Latina y el Caribe espacios e instancias para dar continuidad a las consultas intergubernamentales con las autoridades ambientales más importantes;

B. Tales instancias representan un eje fundamental para dar cumplimiento tanto a los Objetivos del Milenio como a las iniciativas regionales que persiguen los mismos fines, como la Iniciativa para el Desarrollo Sustentable para América Latina y el Caribe y el Plan de Acción Regional;

C. Una de estas instancias es el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuyas resoluciones, más que una condena, constituyen recomendaciones y alternativas para la solución de las controversias.

D. Aunque la dirección del tribunal reconoce que hay una tendencia en los casos de que la parte denunciada desconozca la jurisdicción del tribunal, por ser éste de carácter ético y no jurídico, también han señalado que en anteriores audiencias en Centroamérica sí ha existido respuesta a través de comunidades institucionales, empresariales o ministeriales.

E. Al revisar los veredictos de los seis casos de México, resulta que prácticamente las recomendaciones emitidas por el tribunal tendrían que ser atendidas en su totalidad por dependencias y empresas públicas del gobierno federal, así como de gobiernos de diversas entidades federativas, gobiernos municipales y, en algunos casos, empresas privadas.

F. Es fundamental que esta Cámara de Diputados, como representación de la soberanía nacional, apoye las recomendaciones que el Tribunal Latinoamericano del Agua emitió sobre los seis casos arriba mencionados, aunque estas resoluciones no tengan un carácter vinculante.

Por lo anterior, expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos considera procedente el punto de acuerdo propuesto y, en consecuencia, pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

IV. Resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados de Guerrero, Jalisco, México, Puebla y Tlaxcala, así como del Distrito Federal, para que a través de las dependencias y empresas públicas consideradas en los seis casos de México que fueron sometidos a consideración del Tribunal Latinoamericano del Agua se atiendan las recomendaciones emitidas por éste en sus veredictos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar , Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz , David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva al final para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua a solucionar el problema del abasto de agua potable en diversos municipios de Michoacán

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 24 de agosto de 2005, el diputado Inelvo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a solucionar el problema del abasto de agua potable que tienen los poblados de San Antonio la Labor y Puertecitos del municipio de Apatzingán así como el poblado de El Junco, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la comisión determinaron analizar la propuesta y emitir el dictamen para realizar el exhorto a que se refiere el diputado proponente.

II. Análisis del contenido de la proposición

En la proposición que se analiza, el diputado proponente se refiere a la solicitud que le hicieron llegar habitantes de los poblados de San Antonio la Labor y Puertecitos del Municipio de Apatzingán, así como del poblado El Junco, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, respecto de las múltiples solicitudes y trámites que han venido realizando desde 1999, a fin de que las autoridades competentes puedan dotarlos del servicio de agua potable, sin que hasta la fecha lo hayan conseguido.

De igual manera, el diputado proponente refiere que actualmente en esa región, el agua tiene uso preferente para riego, en lugar de ser destinada para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esta circunstancia, en palabras del legislador, ha provocado la muerte de varias personas por consumir agua de mala calidad.

Lo anterior, manifiesta el proponente, no hace sino subrayar el hecho de que las familias pobres, especialmente de las zonas rurales, son quienes llevan la peor parte de esta ausencia de infraestructura y servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el país que, en el medio rural, alcanza el 30% de la población.

Sobre el particular, el legislador proponente llama la atención sobre el informe de México en el 2004 relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado por el Ejecutivo Federal, en el cual señala textualmente que:

``La cobertura de agua potable aumentó de 78.4% en 1990 a 89.4 en el año 2003; esto es, la proporción de la población sin ese servicio se redujo de 21.6 a 10.6% en el periodo. Esto significa casi 30 millones de personas más con acceso a este servicio. No obstante, persisten rezagos en las zonas rurales donde la cobertura apenas llega al 70.5% (en contraste con el 95.8% de las zonas urbanas).''

De igual forma, refiere que existen cuatro principios fundadores en torno al agua, que son.

1. El acceso al agua en cantidad (40 litros por día para uso doméstico) y calidad suficientes, debe ser reconocido como un derecho constitucional humano y social, universal, indivisible e imprescindible.

2. El agua debe ser considerada como un bien común que pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivientes del planeta.

3. Compete a la autoridad pública asegurar el financiamiento para concretizar el lema de ``agua potable para todos''.

4. Los ciudadanos deben participar, sobre las bases representativas y directas, a la definición y realización de la política del agua, desde el nivel local al mundial.

En este contexto, resulta por demás preocupante que los tres poblados rurales de mérito lleven más de seis años realizando trámites y solicitudes ante la Comisión Nacional del Agua para tratar de conseguir que una parte del agua de riego con la que actualmente cuentan, pueda ser utilizada para consumo humano, sin que a la fecha hayan conseguido respuesta positiva por parte de la autoridad, circunstancia que viene a agravarse con las acciones que en contra de estas gestiones han realizado un grupo de personas que se hacen llamar Frente Cívico de Parácuaro, quienes han suspendido la obra en dos ocasiones.

Por lo anterior y,

III. Considerando

1. Que, la protección de la calidad y abastecimiento de los recursos hídricos se orienta fundamentalmente a la aplicación de criterios integrados en el desarrollo, manejo y uso de los mismos.

2. Que en la cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo, se adoptó el compromiso de reducir el número de personas que no tienen acceso al agua potable.

3. Que una de las prioridades de las políticas públicas debe ser al abastecimiento y saneamiento de agua para la población, teniendo como metas a alcanzar: cantidad, calidad, cobertura, continuidad y costo.

4. Que tienen que establecerse las bases para llegar a acuerdos entre las partes y que las autoridades deben coadyuvar a la resolución de este añejo conflicto.

5. Que esta Cámara de Diputados es asiento de la Representación Nacional y que, como tal, es depositaria del grave compromiso de actuar en defensa de los intereses de sus representados.

6. Que es urgente la intervención de las autoridades competentes para atender el reclamo de los pobladores de San Antonio la Labor y de Puertecitos del municipio de Apatzingán, así como del poblado El Junco, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, respecto de las múltiples solicitudes y trámites que han venido realizando desde 1999, a fin de que las autoridades competentes puedan dotarlos del servicio de agua potable, sin que hasta la fecha lo hayan conseguido.

Para esta comisión dictaminadora es procedente la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua para que solucione el problema de abasto de agua potable que tienen los poblados de San Antonio la Labor y Puertecitos, del municipio de Apatzingán, así como del poblado El Junco, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos, aprueba y pone a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

IV. Resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a solucionar el problema de abasto de agua potable que tienen los poblados de San Antonio la Labor y Puertecitos del municipio de Apatzingán, así como del poblado El Junco, municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo del 2007.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar , Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva al final para su votación en conjunto.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de la Comisión Nacional del Agua

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 28 de marzo de 2006, la diputada Modesta Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que explique las acciones operativas y administrativas por las que se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, en el trayecto de la cuenca Lerma-Chapala.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la comisión determinaron analizar la propuesta y emitir el dictamen correspondiente.

II. Análisis del contenido de la proposición

La diputada proponente refiere que la cuenca del río Santiago es una de las más contaminadas de México y apunta que las condiciones hidrológicas que presenta la región Lerma-Chapala son verdaderamente delicadas y las padecen de manera directa quienes habitan en la zona.

Sobre el particular, y a efecto de comprender la trascendencia de la propuesta en análisis, la proponente señala que debe subrayarse el hecho de que las industrias ubicadas a lo largo de la cuenca, tales como la metalmecánica, metalúrgica, electromecánica, de pinturas, de baterías, química, petroquímica, minera y tenería, entre otras, generan grandes cantidades de desechos líquidos, los cuales contienen, entre otros contaminantes, iones de metales como cadmio, cromo, mercurio, plomo, cobre, zinc y arsénico, y que estos metales representan una grave amenaza para el medio ambiente y para todos los sistemas vivientes de la región, debido a su alta toxicidad según un documento elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por otro lado, refiere que es importante destacar que el río Santiago recibe descargas de industrias como Ciba, Celanese y Nestlé, entre otras, y que el vertimiento de descargas industriales es uno de los más graves problemas del río Santiago. En algunas muestras de sedimentos del río Santiago se encontraron compuestos muy tóxicos, tales como hidrocarburos policíclicos aromáticos, benzaldehídos, xilenos, furanos y fenol, según se desprende de un informe de la Universidad de Guadalajara.

Aunado a lo anterior, destaca la diputada proponente, otro grave problema que impacta considerablemente en la salud de los más de 70 mil pobladores que habitan al borde del río es la cascada, cuya caída de 20 metros en el puente que comunica a El Salto y Juanacatlán forma una represa que dispara aún más la contaminación, puesto que no existe corriente de agua que mueva los desechos tóxicos.

En palabras de la legisladora, la alta toxicidad ha afectado de manera directa a la población y ha implicado el nacimiento cada vez más frecuente de niños y niñas con leucemia y cáncer, además de que ha acarreado graves problemas de piel y ojos, problemática que enfrenta la insensibilidad de las autoridades locales, estatales y federales para su atención.

La diputada proponente llama la atención sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, norma que es a todas luces violentada y puesta de lado por quienes vierten sus residuos tóxicos a este cuerpo de agua, a juzgar por los estudios de la Universidad de Guadalajara que muestran cantidades significativas de metales pesados en los sedimentos de los ríos Verde y Santiago.

Preocupados por la situación de este importante vaso lacustre (del lago Chapala), organismos no gubernamentales, naciones y extranjeros, también han realizado estudios de sus aguas, los cuales arrojan como resultado la alta contaminación de sus aguas con las cuales se surte a casi 22 por ciento de la población nacional. A la luz de los resultados que arrojan los estudios citados, además de otros no incluidos en el análisis, la diputada proponente concluye que el agua que corre por su cauce no es apta para consumo humano ni para la preservación de la biodiversidad de la región.

De otra parte, la legisladora señala que, dado que no se tiene conocimiento sobre la aplicación de 50 millones de pesos que la Cámara de Diputados etiquetó para la rehabilitación y modernización de esta importante infraestructura en el Presupuesto de Egresos de 2005, se concluye que la autoridad competente no toma medidas para modificar en la práctica las acciones ni hábitos productivos, en detrimento de la región y del país en su conjunto.

Analizados los motivos y argumentos esgrimidos por la diputada proponente, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes

III. Consideraciones

1. La formación natural de las cuencas no reconoce de límites estatales o municipales, y por ello los conflictos generados en la zona deben ser afrontados desde una perspectiva regional.

2. Los impactos causados por los proyectos o acciones en un lugar determinado se manifiestan en distintos sitios de los programados, lo cual implica, en el caso que se analiza, que el recurso agua no deba ser el único por considerar, pues no deben perderse de vista la integridad de la región y las condiciones del resto de los recursos naturales, así como el tema de la salud de la población afectada, y lo relativo a las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el área.

3. La protección de la calidad y cantidad de los recursos hídricos se orienta fundamentalmente a la aplicación de criterios integrados en el desarrollo, manejo y uso de los mismos.

4. Una de las prioridades de las políticas públicas debe ser el abastecimiento y saneamiento de agua para la población.

5. Esta Cámara de Diputados es asiento de la representación nacional y, como tal, es depositaria del grave compromiso de actuar en defensa de los intereses de sus representados.

6. Es urgente la intervención de la autoridad competente para atender la gravísima situación que enfrenta la cuenca Lerma-Chapala y, por tanto, procedente citar al director general de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que comparezca ante la Cámara de Diputados, en su calidad de autoridad responsable de la aplicación de la norma oficial mexicana arriba citada, para que informe sobre las acciones que está tomando la dependencia a su cargo para evitar la descarga de residuos tóxicos en la cuenca del río Santiago y las sanciones que se han impuesto en esta materia, así como las razones por las cuales se permite a las empresas seguir contaminando la cuenca con sus residuos.

Por lo anterior, expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos considera que es procedente el punto de acuerdo propuesto y, en consecuencia, pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

IV. Resolutivo.

Punto de Acuerdo

Único. Se cita al titular de la Comisión Nacional del Agua a comparecer ante la Cámara de Diputados a fin de que informe acerca de las acciones y medidas que esa dependencia federal ha tomado con base en las normas oficiales mexicanas que establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, en aguas y bienes nacionales, en el trayecto de la cuenca Lerma-Chapala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica en contra), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz , David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva al final para su votación en conjunto.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México y al municipio de Naucalpan a atender la situación del río Hondo

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de abril de 2006, la diputada Concepción Cruz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Naucalpan, a atender la situación del río Hondo y de la población que habita los márgenes de éste.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la Comisión determinaron analizar la propuesta y emitir el dictamen para realizar el exhorto a que se refiere el diputado proponente.

II. Análisis del contenido de la proposición

La proposición motivo del presente dictamen llama la atención de esta soberanía sobre la situación que enfrenta actualmente el municipio de Naucalpan, estado de México, derivada del impacto que el llamado río Hondo --que corre por el territorio de ese municipio-- tiene sobre quienes habitan en sus márgenes y que se expresa no solamente en malos olores generados por las aguas negras que son vertidas al río, sino por las enfermedades que provoca la contaminación que este cuerpo de agua presenta.

A decir de la legisladora proponente, el problema crece con cada día que pasa, en razón del crecimiento sin control de irregulares asentamientos humanos sobre la ribera del río Hondo, cuyos habitantes se cuentan por miles. Tal aglomeración de personas ha hecho prácticamente imposible su reubicación, a pesar de los intentos gubernamentales en este sentido. Este crecimiento irregular de la población ha propiciado la contaminación que sufre el río por dos causas principalmente: el vertido de aguas negras crudas que hacen las comunidades, y el vertido de basura en su cauce.

Los asentamientos humanos irregulares y la contaminación de río han producido una mezcla explosiva que ha generado que los habitantes de esta zona padezcan graves consecuencias por el desbordamiento de sus aguas, sobre todo en época de lluvias. Sin embargo, la difícil situación que de por sí enfrentan quienes habitan ahí, se agrava cuando representantes de la Comisión Nacional del Agua (CNA) les imponen sanciones económicas.

Frente a tal situación, resulta ya impostergable que las autoridades competentes busquen alternativas para encontrar soluciones orientadas a sanear el río, ya sea mediante la construcción de colectores marginales que conduzcan las aguas negras a plantas de tratamiento o bien entubar el cauce para evitar que se siga arrojando basura en sus aguas.

Asimismo, resulta fundamental crear conciencia en la ciudadanía de no tirar basura en el río, por las nefastas consecuencias que esto genera tanto para la salud como por el riesgo de desbordamiento de sus aguas que incluso pueden implicar la pérdida de vidas humanas y esta medida solamente puede ser aplicada con éxito con la participación de gobierno y sociedad.

De igual trascendencia resulta el establecimiento de programas para reubicar a la población que actualmente vive en dicha zona, particularmente la que se encuentra en las áreas de mayor riesgo, y obtener el compromiso de la Comisión Nacional del Agua para dejar de imponer sanciones a las personas allí asentadas durante la ejecución de dicho programa.

Según la diputada proponente, dado que el río Hondo nace en el Distrito Federal y cruza por el municipio de Huixquilucan, el diseño de cualquier medida para atender a esta problemática demanda el concurso de diferentes instancias y niveles de gobierno, ya que, según sus propias palabras, no basta colectar las aguas negras generadas en la región, sino que es necesario que el agua que se capta en la parte alta del municipio de Huixquilucan vaya a las zonas de control que se tienen, como la presa El Sordo, para que pueda nutrir y fortalecer los mantos acuíferos que hay en el municipio de Naucalpan. De igual forma, que con obras complementarias para impedir el arrastre de arena proveniente de minas areneras localizadas aguas arriba y un desazolve intensivo, se ayudaría a las familias de esa zona densamente poblada, a vivir sin el riesgo de sufrir las consecuencias de un desbordamiento futuro del río.

Analizados los motivos expuestos por la diputada proponente, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes:

III. Consideraciones

A. Los pobladores del municipio de Naucalpan, especialmente quienes habitan a la orilla del río Hondo, viven en un estado de permanente riesgo para su salud y su seguridad, por la situación descrita en el apartado anterior.

B. El río Hondo nace en una delegación del Distrito Federal y atraviesa por el municipio de Huixquilucan, antes de llegar a Naucalpan, arrastrando las aguas negras allí generadas.

C. Es urgente la aplicación de medidas para resolver la problemática, y que dichas medidas deben ser tomadas con el concurso de las autoridades gubernamentales competentes.

D. Una de las prioridades de las políticas públicas es el abastecimiento de agua para la población.

E. Esta Cámara de Diputados es asiento de la representación nacional y que, como tal, es depositaria del grave compromiso de actuar en defensa de los intereses de sus representados.

F. El saneamiento de los ríos representa una cuestión fundamental y debe ser una de las principales metas de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos considera procedente el punto de acuerdo propuesto y, en consecuencia, pasa a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

IV. Resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Naucalpan para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo la construcción de los colectores marginales del río Hondo, a lo largo de todo el municipio de Naucalpan, así como para que tomen las medidas necesarias a efecto de limpiar las aguas de este río y evitar que se siga arrojando basura a sus aguas.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Naucalpan, para que establezcan un programa de reubicación de las personas asentadas sobre la ribera del río Hondo, principalmente las que se encuentran en zonas de alto riesgo, con el compromiso de que la Comisión Nacional del Agua no les imponga sanciones durante el proceso de ejecución de dicho programa de reubicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Turismo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a los municipios aledaños al Cañón del Sumidero a implantar un programa de saneamiento permanente

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de noviembre de 2005, el diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, a implementar un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y la protección de especies en categoría de riesgo.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos determinaron analizar la propuesta y emitir el dictamen para realizar el exhorto a que se refiere el diputado proponente.

II. Análisis del contenido de la proposición

El diputado proponente expone un asunto de importancia mayúscula que tiene que ver con la preservación del medio ambiente y la riqueza ecológica de la zona sureste del país, específicamente en el estado de Chiapas, donde se ubica el Cañón del Sumidero.

Según informa el legislador proponente, en esta zona es capaz de convivir el bosque tropical subcaducifolio con el bosque tropical caducifolio, y éstos con el bosque de coníferas y el bosque de pino y encino, además de otra vegetación secundaria, como matorrales y pastizales; asimismo, el diputado proponente señala la convivencia de diversas especies de la fauna silvestre, entre las que destaca el pelícano café, lechuza mono, tucán cuello amarillo, mono araña, tigrillo, murciélago, ardilla gris, hormiguero arborícola, leoncillo, jabalí, venado cola blanca, cocodrilo, garza blanca, gavilán, hocofaisán y zorrillo aristado.

Estas características, además de los vestigios arqueológicos, conforman parte del patrimonio cultural de la nación, identifican este majestuoso balcón geológico del Sumidero, cruzado a lo largo de su fondo por el río Grijalva, con una extensión aproximada de 30 kilómetros, lo que lo convierte en un laboratorio viviente ideal para propiciar actividades científicas, educativas y culturales.

Este parque nacional, decretado así el 8 de diciembre de 1980, se ubica dentro de los límites de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Nuevo Usumacinta y San Fernando, en el estado de Chiapas, y tiene una extensión de 21 mil 789 hectáreas.

El parque es administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyas oficinas regionales se encuentran en la capital chiapaneca.

Desafortunadamente, a los mexicanos nos consta que la belleza y majestuosidad del lugar se ven empañadas por el fenómeno de invasión de predios donde se asientan irregularmente nuevos habitantes, con la consecuente extracción de madera para la construcción de vivienda rústica y las descargas de aguas negras crudas al cauce del río Grijalva, además de las descargas de residuos sólidos provenientes del río Sabinal, sin contar con la presencia cada vez más constante de caza y pesca furtiva e ilegal.

Cabe destacar que cada año, durante la temporada de lluvias, toneladas de basura invaden, contaminan y afean este hermoso lugar, al grado de que trabajadores de la Conanp y de la Secretaría de Turismo de Chiapas extraen diariamente alrededor de 12 toneladas de basura del río Grijalva y ni así logran limpiar el afluente. De este lamentable espectáculo son testigos miles de turistas, nacionales y extranjeros.

En el cauce del río Grijalva se pueden encontrar troncos, ramas, ripio, lirio acuático, botellas, plásticos diversos y hasta animales muertos. Este problema esta íntimamente ligado a la temporada de lluvias, pues cada año sus diversos afluentes arrastran hacia el cañón la basura de unas 180 comunidades y colonias de 14 municipios del estado, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villacorzo, Acalá, San Fernando y Berriozábal.

Se considera que la afluencia del río Sabinal, que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, aporta hasta 40 o 50 por ciento de la contaminación en el Grijalva, de ahí que ninguna campaña de limpieza sea suficiente para mantener limpio el cañón.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, en el año 2001 se sacaron de la zona del cañón 4 mil 400 toneladas de madera, 905 toneladas de lirio acuático y 16 mil 500 bolsas con plástico; y en 2002 la cifra alcanzó 2 mil 985 toneladas de madera, 246 de lirio acuático, 295 de ripio y 13 mil 726 bolsas con plástico.

Durante el mes de agosto del año 2005, en el cañón del Sumidero se encontró tanta basura, que ocupó casi un kilómetro de su cauce, pero las autoridades de la región no se pusieron a trabajar en labores de limpieza sino hasta que el hecho fue denunciado públicamente por los medios televisivos nacionales.

Seiscientos elementos del Ejército Mexicano, Armada de México y Policía Sectorial trabajaron en el saneamiento, habiendo recogido mil 200 toneladas de basura que contaminaba las aguas del cañón, durante los tres días en que fue cerrado a la navegación.

Los fuertes temporales que durante 2005 afectaron toda la zona sureste del país, particularmente el estado de Chiapas, como los huracanes Emily y Stan, y los que en la actual temporada de lluvias que se auguran de igual o mayor intensidad, convocan a la urgencia impostergable de tomar acciones de prevención y protección que sean necesarias para salvaguardar la región del cañón del Sumidero y se evite la contaminación de su entorno, en las que participen todas las instancias involucradas.

Analizadas las argumentaciones vertidas por el diputado proponente, la Comisión de Recursos Hidráulicos expone las siguientes

III. Consideraciones

A. Este lugar, formado de paredes abruptas que alcanzan hasta mil metros de altura, da cobijo a una abundante vegetación selvática que permite la presencia de microambientes de climas diferentes del de la región.

B. Las singulares características del cañón del Sumidero en materia de biodiversidad en fauna y flora silvestre, clima, topografía y geología le valieron ser considerado parque nacional.

C. La formación natural de zonas como la del cañón del Sumidero no reconoce de límites estatales o municipales, ni de competencias entre niveles de gobierno, y demanda por ello que la problemática que enfrenta sea atendida desde una perspectiva integral.

D. El negativo impacto ambiental provocado por la actividad humana, sumado al desastroso impacto que conllevan los fenómenos meteorológicos durante la temporada de lluvias en la zona, es de tales proporciones, que tiene la capacidad de expresarse y replicar sus nocivos efectos en toda la región.

E. No deben perderse de vista la integridad de la región y las condiciones de vulnerabilidad de sus recursos naturales; por ello, la solución que demanda la problemática planteada no puede ser responsabilidad de una sola instancia gubernamental o civil.

F. Es urgente la intervención de la Comisión Nacional del Agua en la implementación de acciones en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el gobierno del estado de Chiapas y los de los municipios aledaños al cañón del Sumidero, para dar una solución integral a la problemática expuesta.

G. Esta Cámara de Diputados es asiento de la representación nacional y, como tal, es depositaria del grave compromiso de actuar en defensa de los intereses de la nación.

Por lo anterior, expuesto y fundado, la Comisión de Recursos Hidráulicos considera procedente el punto de acuerdo propuesto y, en consecuencia, pone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

IV. Resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el gobierno del estado de Chiapas y los gobiernos de los municipios aledaños al cañón del Sumidero, a implementar un programa integral de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a verificar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 en el río Grijalva y zonas contiguas al cañón del Sumidero y, en su caso, sancionar a los presuntos responsables de desechar aguas residuales que superen los límites máximos permisibles de contaminantes previstos en dicho ordenamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo , presidente; Antonio Medellín Varela , Apolonio Méndez Meneses , Víctor Manuel Torres Herrera , Lourdes Alonso Flores , Cuitláhuac Condado Escamilla , José Rubén Escajeda Jiménez , Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán, secretarios; Pedro Armendáriz García , Edmundo Javier Bolaños Aguilar , Modesto Brito González , Aurora Cervantes Rodríguez , Diego Cobo Terrazas , Felipe González Ruiz , David Lara Compeán , Alma Lilia Luna Munguía , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Irineo Mendoza Mendoza , Pedro Montalvo Gómez , Héctor Hugo Olivares Ventura , Antonio Ortega Martínez , José Inés Palafox Núñez , Francisco Javier Paredes Rodríguez , Santiago Gustavo Pedro Cortés , Héctor Manuel Ramos Covarrubias , Ramón Salas López , Martín Stefanonni Mazzocco , Gerardo Octavio Vargas Landeros , César Augusto Verástegui Ostos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva al final para su votación en conjunto.

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo a la concesión de beneficios de libertad anticipada a las personas que se encuentren en centros de readaptación social federales o estatales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen correspondiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, procedan a poner en libertad a los sentenciados por delitos federales, que han calificado para obtener beneficios de libertad anticipada.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 fracción f) ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 65, 83, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo, por lo que sus integrantes se abocaron al estudio y análisis del mismo con base en los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 6 de noviembre de 2003, el diputado Pedro Ávila Nevárez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de su Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, se proceda con la mayor brevedad a poner en libertad a los sentenciados por delitos federales en reclusorios estatales o federales que han calificado para obtener beneficios de libertad anticipada.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.

3. Con fecha 13 de marzo de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

Contenido

El diputado proponente señala que uno de los aspectos centrales del sistema de procuración y administración de justicia, es el relativo al fin que deben tener las sanciones penales, pasando del concepto retribucionista de la pena, se ha llegado a dar un sentido humano a la misma, asociado al futuro del infractor y del orden social.

Asimismo, señala que la readaptación social debe tener como fin reubicar al sentenciado en el camino de la conducta lícita. En este sentido, las autoridades del Estado han establecido diversas medidas para sustituir la pena de prisión, atendiendo a la gravedad; así como para otorgar beneficios de libertad anticipada, como el tratamiento en preliberación, la libertad preparatoria o la condena condicional, para los cuales se contemplan en la ley supuestos en los cuales deberán ubicarse los sentenciados, así como las condiciones que deberán cumplir.

Que al respecto, el diputado proponente sostiene que la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados establece los beneficios de libertad anticipada, los supuestos en los cuales deben ubicarse los sentenciados, las condiciones que deben cumplir, así como el procedimiento para resolver sobre su otorgamiento o no, dentro del cual se contemplan estudios que toman en cuenta la capacidad y voluntad del sentenciado para reintegrarse a la sociedad.

No obstante la vigencia del marco jurídico que regula los beneficios citados, expone el diputado proponente, existe un grave rezago en su otorgamiento por parte de las instancias competentes, lo cual no contribuye a reducir los graves problemas de sobrepoblación y, asimismo, limita la readaptación social de los sentenciados.

Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora, se suma a la propuesta del diputado proponente, de agilizar los procedimientos que tienen como fin el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada que permitan avanzar hacia la readaptación social de los sentenciados.

2. Que esta comisión es consciente de los problemas que enfrentan muchos de los Centros de Readaptación Social, entre éstos la sobrepoblación, y de la forma en la cual los beneficios de libertad anticipada contemplados en la ley de la materia, se constituyen en una alternativa para avanzar hacia la readaptación social de los sentenciados y reducir el problema de sobrepoblación.

3. Que en nuestro país, la readaptación social de las personas sentenciadas a cumplir una pena de prisión, forma parte de las garantías de seguridad jurídica, reconocida en el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que los beneficios de libertad anticipada descritos en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, juegan un papel muy importante en el proceso de readaptación social, pues el sentenciado interno debe acreditar a la autoridad encargada de la ejecución de penas, generalmente un consejo técnico interdisciplinario, que el tratamiento proporcionado en el centro de readaptación ha logrado inculcarle la voluntad de vivir con respeto a las leyes.

5. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora, tiene presente la Recomendación General No. 11 sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos de reclusión de la República Mexicana, formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada el 14 de febrero de 2006, que en su apartado de antecedentes señala:

``A pesar de su importancia, en nuestro país, existe falta de información a los reclusos sobre el procedimiento y aplicación de los beneficios de libertad anticipada, discrecionalidad en su otorgamiento, retraso excesivo en su tramitación, así como deficiencias en la reglamentación que regula el procedimiento y la aplicación de los mismos, lo cual provoca violaciones a los derechos humanos de petición, a la readaptación social, a la legalidad y a la seguridad jurídica.''

La recomendación citada, nos demuestra que las limitaciones en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada son vigentes.

6. Que esta comisión dictaminadora, tiene presente las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, aprobadas por el Consejo Económico y Social, en sus resoluciones de 31 de julio de 1957 y de 13 de mayo de 1977, que en el apartado 35.1, relativo a información y derecho de queja de los reclusos, señala:

``A su ingreso cada recluso recibirá información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida penitenciaria.''

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, aprueban el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública; así como a los gobernadores de los estados, por conducto de sus autoridades competentes, en las entidades que presenten rezago en el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, a conceder dichos beneficios a las personas que se encuentren en Centros de Readaptación federales o estatales y cumplan las condiciones y requisitos previstos en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2007.

Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Edgar Armando Olvera Higuera , Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. Se reserva para su votación al final.

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo al inicio de operaciones del Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa

Honorable Asamblea

A la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al secretario de Seguridad Pública para poner en operación, con la mayor brevedad, el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; siendo competente y habiendo analizado el contenido, por lo que esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo referida, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrada el día 28 de octubre del año 2004, el diputado Armando Leyson Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al secretario de Seguridad Pública para poner en operación, con la mayor brevedad, el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen la proposición de referencia a la Comisión de Seguridad Pública.

3. Con fecha 13 de marzo de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la función de seguridad pública esta a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como la coordinación que deberá existir entre ellos para establecer un sistema nacional de seguridad pública, tal como se transcribe a continuación:Artículo 21. ...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

3. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala en su artículo 30 bis, el despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, tales como la administración del Sistema Federal Penitenciario, así como promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, tal como se transcribe a continuación:

Artículo 30 bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. ...

XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XXIV. a XXV. ...

XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y

XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

4. Que es la Secretaría de Seguridad Pública la dependencia de la Administración Pública Federal centralizada que tiene por objeto prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de la política criminal del Poder Ejecutivo Federal y que entre otras funciones le corresponde la de participar en la celebración de convenios de colaboración con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

5. Que la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

6. Que es en esta Ley donde se encuentran, entre otros, la regulación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización y reasignación.

7. Que en la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 25. ...

I. a VI. ...

VII. Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.

8. Que con base en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos que se designan al Presupuesto de Egresos de la Federación se distribuyen entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública con aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Publica y es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de quien se entregan a las entidades federativas el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).

9. Que el artículo 45 de la Ley mencionada establece que el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, de las entidades federativas y el Distrito Federal, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

...

...

...

...

10. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2000, señala que fueron destinados la cantidad de $154,068,110.00 M.N. para el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

11. Que en el año 2000, el entonces gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Juan S. Millán Lizárraga, en su segundo informe de gobierno, manifestó la construcción del Centro de Readaptación Social en Guasave, Sinaloa, anunciando la conclusión de las obras del Centro de Readaptación Social para el año siguiente, es decir, en el año 2001.

Asimismo, el actual gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Jesús Alberto Aguilar Padilla, rindió su segundo informe de gobierno en el año de 2006, en el cual se refirió a los avances en el proceso para iniciar operaciones en Penal de Guasave, Sinaloa.

12. En el tercer Informe anual de actividades 2005-2006, rendido al C. gobernador constitucional del estado de Sinaloa, Jesús A. Aguilar Padilla, por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, informó que durante el primer encuentro formal entre el presidente de la República y el gobernador del estado de Sinaloa se trataron, entre otros asuntos, la posibilidad de poner en operación el penal de Guasave para trasladar a internos del orden federal que se encuentran recluidos en distintos centro de la entidad.

Resultando

1. Esta comisión dictaminadora se identifica con el interés del proponente del punto de acuerdo, de transparentar las acciones de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, en este caso, las relativas a la construcción, así como la puesta en funcionamiento del Centro de Readaptación Social en Guasave, Sinaloa.

2. Esta comisión dictaminadora tiene conocimiento de que en la actualidad, la población penitenciaria del fuero federal recluida en los penales de Sinaloa constituye aproximadamente el 38 por ciento de la población total, que oscila entre los 2,500 y 2,600 internos, de los cuales solamente 825 de ellos se encuentran procesados, y que el resto ya ha sido sentenciado.

3. Esta comisión dictaminadora esta consciente de la importancia que conlleva la creación de nuevos centros de readaptación social, así como la puesta en funcionamiento de estos para poder enfrentar el problema de la sobrepoblación que se ha venido suscitando en éstos, y así poder mejorar las condiciones de los internos que actualmente forman parte de la población penitenciaria y que se encuentran en condiciones por demás deplorables para la dignidad humana y que de esta manera no se contribuye en alcanzar la readaptación social de los internos.

4. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en el ámbito de su competencia a poner en funcionamiento el Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa, ya que hace 6 años se concluyó la obra del mismo y desde el año pasado se han hecho referencias al inicio de operaciones.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, informe a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sobre el estado que guarda el inicio de operaciones de Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita atentamente que la información sea remitida a esta soberanía dentro de un término de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2007.

Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Edgar Armando Olvera Higuera , Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se inicie una campaña de difusión masiva a nivel nacional de los derechos de las personas adultas mayores.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores, fue presentada ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de marzo de 2006; y publicada en la Gaceta Parlamentaria del mismo día.

2. Esta proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En la Gaceta Parlamentaria del 12 de febrero de 2007 apareció un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación, entre las que se encuentra la propuesta motivo del presente dictamen.

Consideraciones

Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por la diputada proponente, se considera que el objetivo, planteado en marzo de dos mil seis, de iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores a cargo de las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se dirige al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el organismo rector, de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa en el tema, de acuerdo con e artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que, entre otras, le otorga las siguientes atribuciones:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y nacional;

(...)

III. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas adultas mayores;

(...)

V. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los estados y municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

VI. Convocar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatales y municipales dedicadas a la atención de las personas adultas mayores, así como a las instituciones de educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la política social del país en la materia y en el programa de trabajo del instituto;

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores;

(...)

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

(...)

XI. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;

(...)

XV. Establecer principios, criterios y normas para la elaboración de la información y la estadística, así como metodologías y formulaciones relativas a la investigación y el estudio de la problemática de las personas adultas mayores;

XVI. Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la información sobre las personas adultas mayores, relativa a los diagnósticos, programas, instrumentos, mecanismos y presupuestos, que estarán para su consulta y que se coordinarán con el INEGI y el Conapo;

XVII. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como promover estudios e investigaciones especializadas sobre la problemática de las personas adultas mayores, para su publicación y difusión;

(...)

XX. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las demandas y necesidades de la población de las personas adultas mayores en los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de gobierno;

XXI. Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como de las políticas públicas a implementar;

(...)

XXIII. Promover la coordinación de acciones y programas que realicen otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, que tengan como destinatarios a las personas adultas mayores, buscando con ello optimizar la utilización de los recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones;

(...)

XXV. Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de las personas adultas mayores, así como los resultados de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica;

(...)

XXVII. Promover, fomentar y difundir en las actuales y nuevas generaciones, una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a las personas adultas mayores en un clima de interrelación generacional, a través de los medios masivos de comunicación;

(...)

Lo anterior sin perjuicio de lo que disponen las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal y del DIF o la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De lo previamente expuesto se desprende que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es el Organismo encargado de Impulsar las acciones de Estado y la sociedad para promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores; e iniciar y coordinar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores, y que la coordinación con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados; organismos descentralizados de la administración pública federal, así como los órganos constitucionales autónomos, es una atribución con la que cuenta.

Esta comisión comparte la inquietud de la legisladora proponente de que se haga llegar a toda la ciudadanía y específicamente a las personas adultas mayores, cuáles y en qué consisten tales derechos y, por ello, se ha consensuado la conveniencia de solicitar a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores.

Segundo. En todo caso deberá cumplirse con la suficiencia presupuestal necesaria al efecto.

Dado en la sala de juntas de la comisión, a 28 de marzo de 2007.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), presidenta; Marcela Cuén Garibi (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina , Fernando Q. Moctezuma Pereda (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel , Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Consulte a la Secretaría de la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas referentes a la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

En los términos previstos por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea los siguientes:

I. Antecedentes

Durante la LIX Legislatura, en sesiones celebradas los días 2 de febrero y 28 de marzo de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Reforma Agraria, dos ``iniciativas con proyecto de decreto que reforman el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Agraria''.

La Comisión de Reforma Agraria de la LX Legislatura, realizó el estudio y análisis de las iniciativas que constituyen el llamado rezago legislativo (iniciativas de la LIX Legislatura); por lo que a efecto de desahogar el trabajo legislativo pendiente, se emite el presente dictamen relativo a dos iniciativas que reforman el artículo 17 de la Ley Agraria, en los siguientes términos:

II. Objeto de las iniciativas

Se refieren fundamentalmente a la sucesión de derechos parcelarios, mediante la cual el ejidatario ejerce la facultad de designar a quien deba sucederle en los derechos sobre su parcela y demás inherentes, plasmando así su voluntad sucesoria.

La iniciativa presentada el 2 de febrero de 2006, por el diputado federal Hidalgo Contreras Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, propone la siguiente reforma:

``Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá de ser depositada ante el Registro Agrario Nacional o formalizada mediante testamento ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.''

Por otra parte, la iniciativa presentada el 28 de marzo de 2006, por el diputado federal René Meza Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, propone:

``Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá estar también firmada por la cónyuge, la concubina o el concubinario, según proceda y se depositará en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.''

La problemática expuesta, se relaciona con la facultad que otorga la Ley Agraria al ejidatario de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre su parcela y demás inherentes.

En el primer caso, la iniciativa propone considerar una figura de derecho privado regulada por el Código Civil; con ello, se pretende facilitar el procedimiento de sucesión de derechos de los sujetos agrarios estableciendo en el artículo 17 de la Ley Agraria, la figura del testamento.

Por otra parte, en el segundo caso, la iniciativa propone como requisito para formalizar la lista de sucesión, que deba estar firmada por la cónyuge, la concubina o el concubinario. El objeto es proteger el patrimonio de familia, argumentando que con el texto vigente, se deja abierta la posibilidad de que el titular de los derechos, deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente del ejidatario.

III. Consideraciones

Actualmente la discusión respecto a la sucesión en materia agraria, se dirige en dos vertientes, una que respeta y hace hincapié en la naturaleza social del ámbito agrario sobre el derecho personal a heredar; y otra, que existe una tendencia que reconoce el acto de la sucesión, como un derecho del ámbito familiar, reconociendo el respeto de la voluntad de la persona para heredar; el primero tiene que ver con las características propias de la tierra como propiedad social; el segundo, como un acto personal vinculado con el derecho de familia.

Los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, hacen referencia a este derecho de sucesión; establecen un régimen especial acorde al carácter social de la propiedad. En este orden de ideas se emiten las siguientes consideraciones respecto de cada una de las iniciativas.

a) Respecto a la propuesta de establecer que la lista de sucesión deberá de ser depositada ante el Registro Agrario Nacional o formalizada mediante testamento ante fedatario público, es preciso señalar:

El artículo 17 de la Ley Agraria, establece el derecho del ejidatario para designar a la persona que habrá de sucederle en los derechos, señalando además el procedimiento para ello. En materia de sucesión la Ley Agraria, establece disposiciones particulares distintas al derecho privado establecido en el Código Civil.

La razón de señalar disposiciones específicas en materia de sucesión, es porque la materia agraria, como un derecho eminentemente social, requiere de disposiciones particulares que consideren las condiciones especiales de los sujetos agrarios; un ejemplo, es la Ley de Amparo la cual contiene un libro primero de disposiciones generales y un libro segundo relativo al amparo agrario.

De acuerdo a la Ley Agraria, el ejidatario sólo puede heredar los derechos sobre su parcela, a un solo sujeto, siendo titular de derechos y no de la propiedad; con la sucesión, se transmiten también los derechos inherentes a su calidad de ejidatario, por lo que, no es en sí un testamento; el hecho de que se mantenga esta disposición tiene que ver con el fraccionamiento de la propiedad y la desintegración del núcleo agrario. Sin embargo, es claro que dicha norma ha provocado numerosos conflictos intrafamiliares en materia agraria.

El régimen especial de sucesión, limita la facultad del titular para heredar los derechos sobre la tierra, por otro lado, restringe también el acceso a la tierra de los hijos o de las personas con derecho a heredar.

No obstante que con la propuesta se pretende facilitar el derecho a heredar para hacer mas ágil la tramitación y formalización, también es cierto que de aprobarse la propuesta crearía incertidumbre dentro del régimen de propiedad del ejido, además de que vulnera el principio de certeza del acto jurídico, al establecer una figura del derecho privado dentro del derecho social agrario.

Por no existir la figura jurídica de testamento dentro de la legislación agraria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Agraria vigente, deberán observarse las disposiciones que al respecto establece el Código Civil Federal, derivando con ello una situación de incongruencia.

Como ejemplo de incongruencia, entre otros, podemos citar lo establecido en los siguientes artículos del Código Civil Federal:

Artículo 1283. El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima.

Artículo 1344. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes.

Artículo 1374. Es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, según lo establecido en este Capítulo.

Artículo 1512. El testador expresará de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el notario y, en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado.

b) Sobre la propuesta de que la lista de sucesión deberá estar también firmada por la cónyuge, la concubina o el concubinario, según proceda; es menester señalar lo siguiente:

La iniciativa, hace referencia a la importancia de la parcela como patrimonio de familia, por ello, señala que deben protegerse los derechos de aquellas personas con quien el ejidatario tiene relación de parentesco o dependen económicamente de él.

El problema surge cuando el ejidatario designa como sucesor a una persona distinta a la familia o al núcleo; esta situación, según se señala, afecta la integración y sustento de la familia, así como al propio núcleo agrario, el texto vigente, deja abierta la posibilidad de que el titular de los derechos, deje desprotegidos y sin sustento a los miembros de su familia, así como a quienes dependen económicamente de él.

Sin embargo, es necesario señalar que el Código Civil Federal establece en su artículo 1295, que el Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte.

Si bien es cierto, que esta iniciativa en estudio, propone proteger los derechos de la pareja del ejidatario al momento de su muerte, también lo es, que con la propuesta se afecta y vulnera un derecho eminentemente personal, unilateral y solemne.

El hecho de que se establezca como requisito el que deba ir firmado por una tercera persona, rompe con los principios fundamentales de la sucesión agraria.

Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Agraria; presentada ante el Pleno de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, el 2 de febrero de 2006 por el diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley Agraria; presentada ante el Pleno de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, el 28 de marzo de 2006, por el diputado René Meza Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tercero. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Comisión de Reforma Agraria, diputados: Ramón Ceja Romero , presidente (rúbrica); Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco , Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Martha Cecilia Díaz Gordillo , Ricardo Franco Cázares (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Tomás Gloria Requena (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez , Héctor Narcia Álvarez , Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez , Alfredo Adolfo Ríos Camarena , José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez , José Ignacio Alberto Rubio Chávez , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE VIVIENDA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo de nuestra soberanía, la iniciativa con proyecto decreto presentada por los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pertenecientes a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

Antecedentes

1. Con fecha 21 de febrero de 2006, los diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pertenecientes a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentaron al Pleno de esta representación nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Vivienda.

2. En sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Vivienda'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio número DGPL.59-II-4-2107 para su dictaminación.

De acuerdo a los antecedentes mencionados los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fundan su iniciativa en referencia en los siguientes motivos que se exponen:

Que México al igual que muchos países de América Latina, enfrenta enormes rezagos en vivienda producto de la falta de una política de Estado y de una creciente pobreza derivada de la concentración del ingreso y de un desempleo incontrolable. Señalan en torno al empleo que más de 12 millones de trabajadores se encuentran en la economía informal y que, por tal motivo, carecen de seguridad social y de prestaciones sociales, como un crédito para la obtención de su vivienda. Agregan, que los trabajadores formales cuentan con las garantías que el ISSSTE e IMSS les brindan como derechohabientes, lo que no sucede con los trabajadores informales; quienes encuentran escasas oportunidades en la adquisición de un crédito en instituciones como Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y menos oportunidades aún en instituciones privadas, como los bancos, desarrolladoras, inmobiliarias e hipotecarias.

Añaden que a pesar de la baja en las tasas de interés en los últimos años y de la enorme difusión que han tenido los créditos hipotecarios por parte de las instituciones privadas, los requisitos que deben reunir los solicitantes de vivienda son inaccesibles y a un costo muy elevado.

Argumentan que frente a la falta de una política de Estado que resuelva de fondo el problema de la vivienda, se han creado un número importante de asociaciones civiles y organizaciones sociales que con base en la cooperación y la gestión ante las autoridades federales y las locales, adquieren vivienda para las clases populares mas desprotegidas. Añaden, que es necesario abrir canales de participación a la sociedad organizada que busca al igual que las instituciones del Estado, trabajar en la dotación de viviendas para muchos mexicanos. Por lo cual, la iniciativa que presentaron a la consideración del Pleno de esta representación nacional, pretende incorporar la participación y experiencia de estas organizaciones en la evaluación, diagnóstico y diseño de los programas de vivienda a nivel local, estatal y federal. Señalan, que estos grupos promotores de vivienda han evolucionado y se han especializado, conservando en la práctica el espíritu de organización de las clases desprotegidas, con el fin de conseguir una morada para sus familias.

Que de acuerdo con la Ley Federal de Vivienda, compete únicamente al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, elaborar junto con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los estudios y requerimientos de tierra urbana para vivienda, sin la participación hasta el momento de las organizaciones relacionadas con el tema. Peor aún agregan, dicha ley no ofrece promoción a los grupos sociales, ni a los particulares, por lo que creen necesario puntualizar dichos términos.

Que de aprobarse esta iniciativa, se incorporaría a las organizaciones sociales en las soluciones para avanzar en la construcción de vivienda popular y se lograría aminorar el déficit en la materia.

Comentan, que en diversos informes presentados por Sociedad Hipotecaria Federal en el 2005, reconoce la labor que las organizaciones sociales y las asociaciones de vivienda han realizado por su cuenta, en la planeación, balance, diseño, análisis, construcción y desarrollo de viviendas, por lo que recomienda al gobierno federal considerarlas para estos temas.

Y por ultimo, proponen reformar y adicionar el artículo 22, en su párrafo primero; el artículo 24, en su párrafo segundo, fracción IV; y el artículo 25, en su párrafo segundo de la (abrogada) Ley Federal de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 para quedar como siguen:

Artículo 22. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y de acuerdo con lo previsto en el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, en el Programa Sectorial de Vivienda, así como en los planes de desarrollo urbano municipal, realizará estudios que determinen, a nivel nacional, los requerimientos de tierra urbana para vivienda. La misma Secretaría podrá coordinar dichos estudios con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las organizaciones sociales y los grupos populares desarrolladores de vivienda que, conforme a su experiencia y conocimiento, aporten iniciativas para los mismos, en los términos que en cada caso convenga.

Artículo 24. ...

Fracciones I. a III. ...

Fracción IV. ...

La Secretaría de Desarrollo Social dará un trato equitativo a las organizaciones sociales y a los particulares para el desarrollo de viviendas, que acepten y convengan que los productos de la comercialización de las áreas o predios se sigan utilizando en acciones de vivienda de interés social.

Artículo 25. ...

Con base en lo anterior, la Secretaría elaborará junto con las organizaciones sociales y particulares desarrolladores de vivienda, un catálogo de terrenos aptos para destinar programas de vivienda, siempre y cuando la participación de éstas corresponda a un estudio fundamentado para garantizar los preceptos mencionados en el presente párrafo, considerando las condiciones básicas de equipamiento urbano y factibilidad de introducción de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y electricidad, con el menor costo posible.

Los integrantes de esta Comisión considera necesario referirse a las argumentaciones que hemos reproducido, a fin de dejar su validez o su improcedencia bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. Los integrantes de la Comisión que dictaminan la presente iniciativa coinciden que el problema en el déficit de la vivienda no es sólo exclusivo de México, sino generalizado en la mayor parte de los países que integran América latina como la región del mundo más urbanizada y la de mayor concentración demográfica al inicio del siglo XXI. Zona donde se acentúan las desigualdades económicas entre los diversos sectores sociales que integran los países de la región, persistiendo graves problemas de economía informal, subempleo, crecimiento de la pobreza, rezagos en alimentación, educación, servicios de salud, infraestructura y vivienda.

El problema del déficit habitacional en esta región del mundo, muestra un rezago histórico que ha tenido una capacidad de atención limitada debido al crecimiento desmesurado de la población y la falta de un crecimiento económico estable y significativo que permita afrontar las condiciones de pobreza y marginación.

En el caso de México el problema habitacional no ha sido la excepción, la oferta de créditos no alcanza a cubrir la creciente demanda de aquellos derechohabientes y población en general que carecen de una vivienda como patrimonio y fuente de ahorro e inversión. Sin embargo, ha sido posible fijar metas y propuestas de una política nacional de vivienda, que contenga un diseño en los programas de subsidio a la vivienda dirigida por una parte a los trabajadores asalariados comprendidos en el apartado A y B del artículo 123 constitucional (a través de Infonavit, Fovissste) y por la otra parte, a los sectores más pobres y de mas bajo ingreso, que no cuentan con un trabajo estable e ingresos seguros a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Segundo. Que conforme a la fracción XII, del apartado A, del artículo 123 constitucional que establece: ``Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones''.

Por lo anterior, se considero de utilidad social expedir una ley que contemplara la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Además, de regular las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones.

Cabe señalar, que este precepto constitucional (artículo 123) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972, consagra la socialización del derecho de los trabajadores a la habitación. Ello significa, en esencia, que fue sustituida la obligación patronal, individualizada, frente a un acreedor concreto, por una obligación social, con destinatario indiferenciado y orientado a la creación de un fondo nacional cuya administración se encomienda a una institución descentralizada tripartita, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La cual tiene por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir una vivienda digna.

Tercero. Que conforme al inciso f de la fracción XI, del apartado B, del artículo 123 constitucional que establece: ``Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Cabe señalar, que dichas aportaciones que se hagan al citado fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos''.

Por lo anterior, se establece en el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que para los fines a que se refieren las fracciones XI, inciso f) del apartado B) del artículo 123 constitucional; el inciso h) de la fracción VI del artículo 43 y las fracciones XIII y XIV del artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se constituirá el Fondo de la Vivienda que tiene por objeto por una parte, establecer y operar un sistema financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, o bien, a través del otorgamiento de una garantía personal, en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva. Además, de coordinar y financiar los programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores que carezcan de ellas; y los demás que esta Ley establece.

Para los integrantes de esta comisión los destinatarios del derecho a la vivienda como lo consigna el párrafo sexto, del artículo 4 constitucional, es ``toda familia que tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa''; entre los sectores que tienen este derecho y que además los contempla nuestra máxima norma jurídica se encuentran los trabajadores, con base a la fracción XII, del apartado A e inciso f, de la fracción XII, del apartado B del artículo 123 constitucional (Infonavit, Fovissste).

Cuarto. Que a fin de atender las necesidades habitacionales de los sectores no asalariados, que no cuentan con un trabajo estable e ingresos seguros que constituyen al llamado sector informal, el gobierno mexicano destinó una parte de su presupuesto autorizando la constitución del fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) en abril de 1981. Organismo que forma parte de la administración pública paraestatal, su organización y funcionamiento están sujetos a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales publicada el 14 de mayo de 1986 y al contrato constitutivo del fideicomiso.

Que el fideicomitente es el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el fiduciario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, institución de banca de desarrollo, Banobras. Este fideicomiso es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Cabe señalar, que el Fonhapo es el organismo que tiene por objeto financiar la demanda nacional de crédito para vivienda de los sectores de más bajos ingresos, que no cuentan con un trabajo estable e ingresos seguros, que constituyen al llamado sector informal, operando un sistema de financiamiento acorde a su presupuesto y capacidad de crédito, contribuyendo a la formación de un patrimonio propio y digno de cualquier mexicano.

Cabe señalar que el FONHAPO, atiende a través de agentes operadores y organismos estatales de vivienda la demanda de financiamiento para mejorar, adquirir o construir vivienda social de población preferentemente no asalariada, con ingresos individuales de hasta 2.5 veces el salario mínimo vigente en el DF o de hasta 4 veces el salario mínimo vigente en el DF, mediante un sistema de crédito accesible que contribuya a la consolidación del patrimonio familiar con programas que buscan fomentar el mejoramiento de una vivienda ya existente, la construcción por etapas de vivienda o bien la introducción de servicios básicos. Además, este fondo busca financiar los programas de vivienda de los organismos del sector público federal, estatal y municipal; sociedades cooperativas y todas aquellas organizaciones legalmente constituidas que tengan como finalidad la construcción de vivienda popular. Además, de los programas de vivienda para productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros del sector rural, con cargo a los recursos destinados al ``Fondo Nacional para la Vivienda Rural''.

También busca financiar la adquisición y construcción de vivienda o conjuntos habitacionales populares, para que sean dados en arrendamiento y fomentar, apoyar y desarrollar mecanismos que permitan el abaratamiento de insumos para la vivienda.

Otros objetivos relevantes del Fonhapo, es la de otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas populares y para el financiamiento a programas de parques de materiales que se integran como apoyo a la vivienda popular, así como, descontar, redescontar o dar en redescuento títulos de crédito derivados de préstamos otorgados en operaciones que tengan relación con los fines del fideicomiso; Garantizar la amortización y el pago de intereses de documentos o valores que, con intervención de instituciones de crédito, que se emitan para destinar los recursos procedentes de ellos al cumplimiento de los fines del propio fideicomiso. En general, realizar todos aquellos actos jurídicos que se hagan necesarios, incluyendo la constitución de fideicomisos sin administración propia, para apoyar los procesos de recuperación de cartera que así lo ameriten.

Cabe resaltar, que los créditos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares son gestionados por los representantes de los grupos o instituciones pertenecientes a los sectores público y social. Siendo el sector público quien gestiona la mayor parte de las acciones debido a que los institutos estatales de vivienda, son los organismos con más participación de los créditos del Fonhapo, contando con mayores reservas territoriales y con recursos propios.

Quinto. Que esta comisión de dictamen considera que la iniciativa que propone reformar y adicionar el artículo 22, en su párrafo primero; el artículo 24, en su párrafo segundo, fracción IV; y el artículo 25, párrafo segundo de la Ley Federal de Vivienda (abrogada), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en su ámbito de validez espacial y de temporalidad ha dejado de tener vigencia y aplicación jurídica, debido a que se propone adicionar a una Ley Federal de Vivienda que ha sido abrogada por la hoy vigente Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 2006, la cual contempla en diversos artículos, la participación de los diversos sectores sociales en la concertación de la política nacional, programas, acciones e instrumentos en materia de vivienda. Tal es el caso del párrafo tercero del artículo 1; fracción II y IV del artículo 8; párrafo segundo del artículo 9; párrafo primero artículo 12; fracción V, apartado A, artículo 17; fracción III y VIII del artículo 18; fracción V, artículo 29; fracción VII del artículo 30; párrafo primero del artículo 39; artículo 41; artículo 42; artículo 54 y artículo 55 de la citada ley.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Vivienda someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 22, en su párrafo primero; el artículo 24, en su párrafo segundo, fracción IV y el artículo 25, en su párrafo segundo de la Ley Federal de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, propuesta presentada por los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pertenecientes a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 22 días del mes de febrero de 2007.

La Comisión de Vivienda, diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Araceli Escalante Jasso (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivian (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez , Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez , Martha Margarita García Müller (rúbrica), Oscar González Moran (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas , Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Alejandro David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández , Lourdes Eulalia Quiñónez Canales, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez , Robinson Uscanga Cruz , Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final en conjunto.

LEY FEDERAL DE VIVIENDA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley Federal de Vivienda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo de nuestra soberanía, la iniciativa con proyecto decreto presentada por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para adicionar una fracción VIII al artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

Antecedentes

1. Con fecha 3 de noviembre de 2005, la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido del Verde Ecologista de México, perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta representación nacional, la iniciativa con proyecto de decreto de adición de una fracción VIII del artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda.

2. En sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Vivienda'', lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio número DGPL.59-II-4-1768 para su dictaminación.

De acuerdo a los antecedentes mencionados, Su autora funda dicha iniciativa en las siguientes consideraciones:

Que las viviendas que hoy se construyen están repletas de elementos nocivos para la salud, que incluso algunas organizaciones ambientales están efectuando campañas sobre los tóxicos en el hogar. Expone que estos elementos nocivos los encontramos muchas veces en los propios materiales de construcción de viviendas como el cemento, que contiene metales pesados como cromo o zinc; las pinturas y los barnices derivados del petróleo y las cuales emanan elementos volátiles tóxicos como xileno, cetonas y tolueno; el PVC como un material altamente tóxico en su fabricación y en su combustión.

Propone a la bioconstrucción como una tecnología que pretende crear hábitats saludables y cómodos, que casi no contaminen utilizando materiales ecológicos que se aplican por su alto nivel de calidad (los morteros de cal y los estucos, las pinturas de silicato), en el mercado existen varias marcas de pinturas y barnices ecológicos de gran calidad, fáciles de aplicar y a precios competitivos y accesibles) que se utilizan en proyectos de alto nivel como restauración de palacios y viviendas de lujo.

Agrega que una vivienda ecológica puede disponer de los mismos adelantos que una vivienda convencional con materiales mas sanos y con ventajas que se centran en un mayor ahorro energético, lo que conlleva a un menor impacto medioambiental de nuestra casa y a una reducción del tiempo de mantenimiento de la vivienda, que a la larga se notará en el bolsillo del ciudadano.

Que es recomendable contratar a un profesional que conozca del uso de esta tecnología (la bioconstrucción) y realizar un estudio geobiológico del terreno donde se edificará la vivienda, (características geográficas, climatológicas y culturales del lugar) además, se debe establecer una estrecha colaboración con los propietarios para que el proyecto sea adaptado a las necesidades reales de los que van a vivir en él. Además se debe elegir para la estructura piedra, bloques y ladrillos de cerámica, tierra, adobe, tapial, bloques de tierra estabilizada y madera (maciza o en paneles); elección que depende del diseño que se realice en función a los materiales que se encuentren en la zona. Ventanas, puertas y vigas deben ser de madera tratada con productos naturales y provenientes de talas controladas, lo mejor es que sean de una certificación forestal.

Asimismo, plantea que la conservación de los recursos naturales, la correcta utilización de las actuales fuentes de energía primaria y la búsqueda de fuentes alternas deben ser objetivos medulares dentro de las nuevas propuestas de construcción. Añade que las viviendas pueden contribuir en la disminución del gasto de agua mediante la instalación de grifos y emisores de cierre automático, electrodomésticos de bajo consumo, sistemas de auto limpieza de servicios, así como la ubicación de depósitos en las cubiertas para aprovechar el agua de lluvia y la condensación térmica de la atmósfera, a fin de aprovechar y utilizar elementos o materiales ecológicos en la construcción de viviendas. Como ejemplos cita, la utilización de tejas naturales de barro cocido para favorecer la transpiración en el interior de la vivienda, la utilización de placas impermeabilizantes bajo las baldosas del terrazo que pueden impedir el ascenso de la humedad del suelo, así como los techos pueden ser aislados con paneles de corcho negro natural o poliestireno expandido, hermetismo que evitará en gran medida, la contaminación acústica.

Considera que las casas en su interior deben ser sanas y estimulantes, a fin de protegernos como una segunda piel, de la contaminación y los rigores meteorológicos exteriores, pero para ello, comenta es necesario que la estructura urbanística de las ciudades del futuro deberán contar con un diseño de viviendas que consuman en menor número los recursos naturales, que ofrezcan mayor calidad ambiental y que consigan una mejor integración entre su entorno natural y el cultural.

Y finalmente, propone adicionar una fracción VIII al artículo 2 de la (abrogada) Ley Federal de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 para quedar como sigue:

Artículo 2. Los lineamientos generales de la política nacional de vivienda son los siguientes:

I. a VII. ...

VIII. El mejoramiento de los procesos de producción de la vivienda y la promoción de sistemas constructivos ecológicamente apropiados;

Consideraciones

Esta Comisión considera necesario referirse a las argumentaciones que hemos reproducido, a fin de dejar su validez o su improcedencia.

Examínenos a las proposiciones concretas de la iniciativa que nos ocupa:

Primero. Que los integrantes de la Comisión que dictaminan coinciden en los beneficios energéticos, ambientales, económicos y sociales que podría traer a nuestro país la implementación de la bioconstrucción como un modo armónico en las aplicaciones tecnológicas, funcionales y estéticas de vinculación con el entorno natural o urbano de la vivienda, con el objetivo de lograr hábitats que respondan a las necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras y que para que ésta cumpla sus propósitos, es necesario aplicarla de manera generalizada, asimismo, contar con la colaboración tanto de las autoridades federales como locales, empresarios en la construcción y de sus habitantes. Con el propósito de obtener los beneficios expuestos por la autora de la iniciativa en dictamen.

Segundo. Para esta comisión es evidente que en materia de construcción y urbanismo nuestra legislación ha adoptado criterios de sustentabilidad, aplicada en diseños y tecnologías que permitan reducir el derroche de materiales y energía, que eviten focos de contaminación y contribuyan a la salud física y emotiva de sus habitantes.

Actualmente en México, las políticas de construcción de vivienda establecidas en la Ley de Vivienda (publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 2006), están basadas en los criterios de calidad y de sustentabilidad, título sexto, capítulo único, en sus artículos 71, 77 y 78 que a la letra dicen:

Artículo 71. con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Artículo 77. La Comisión fomentará la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en vivienda y saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación y cumplan con los principios de una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, promoverá que las tecnologías, sean acordes con los requerimientos sociales, regionales y a las características propias de la población, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación tecnológicas.

Artículo 78. El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos los cuales deberán considerar la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicios; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Por lo anterior, es evidente para esta comisión que en materia de construcción de vivienda nuestra legislación vigente contempla grandes adelantos en la utilización de materiales de alta calidad de aplicación de ecotécnicas y de tecnologías en vivienda y saneamiento, de bajo costo y alta productividad que cumplen con parámetros de certificación respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

Tercero. Que esta Comisión de dictamen considera que la iniciativa que propone adicionar una fracción VIII al artículo 2 de la Ley Federal de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en su ámbito de validez espacial y de temporalidad ha dejado de tener vigencia y aplicación jurídica, debido a que se propone adicionar a una Ley Federal de Vivienda que ha sido abrogada por la hoy vigente Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 2006.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Vivienda con relación al dictamen que se analiza en los términos previstos por los artículos 39, fracción XXXIX, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión que suscribe presenta a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto de adición de la fracción VIII del artículo 2° de la Ley Federal de Vivienda propuesta por la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán diputada perteneciente al Grupo Parlamentario del PVEM de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. Archivése el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los 7 días del mes de noviembre del dos mil seis.

Comisión de Vivienda, diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), presidente; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Raúl García Vivian (rúbrica), Araceli Escalante Jasso (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), secretarios; Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Daniel Chávez García (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Oscar González Morán (rúbrica), ), José Luis Murillo Torres , Alejandro Sánchez Domínguez , Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Alberto López Rojas , Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), David Mendoza Arellano , Juan Manuel San Martín Hernández , Gerardo Villanueva Albarrán , Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera , Robinson Uscanga Cruz , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente del 31 de mayo de 2006, el diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. La Mesa Directiva turnó el 5 de junio de 2006 la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz propone reformar y adicionar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que el Consejo Directivo se integre con 20 consejeros, en lugar de 13.

Asimismo, la fracción I se modificaría para que en lugar de 7 consejeros representantes de la serie ``A'', de certificados de aportación patrimonial, se cuente con 10, al adicionar a los secretarios de Educación Pública, de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto, con la finalidad de que la institución cuente con mayores elementos de juicio para el análisis y la eventual aprobación de proyectos relacionados con la materia de cada una de esas secretarías, como son ampliación de la infraestructura educativa y de salud, así como promoción de la sutentabilidad ambiental, materias fundamentales para abatir los niveles de pobreza y desigualdad en el país.

Además, se propone reformar la fracción II del mismo artículo 17, para pasar de 6 a 9 consejeros de serie ``B'', de certificados de aportación patrimonial. En este punto, se incrementa el número de representantes del ámbito municipal, pasando de 2 a 6 presidente municipales, lo cual --consideramos-- es una medida inicial si se toma en cuenta que en el país hay 2 mil 480 municipios, la mayoría de los cuales requiere apoyos para infraestructura.

Finalmente, en el mismo artículo se propone adicionar el segundo párrafo de la fracción II, para establecer de manera puntual las consideraciones que se deben tener para la designación de los consejeros representantes de los estados y los municipios. Tomado en cuenta la heterogeneidad de la población y las diferencias tan marcadas que prevalecen en el territorio nacional, se establece que se designe a un gobernador del norte, uno del centro y otro del sur del país, pretendiendo darle con esto mayor sentido de equidad y buscando una visión de desarrollo regional en las decisiones del Consejo Directivo de la institución.

Por otra parte, se propone que los presidentes municipales que se designen para integrar el Consejo Directivo también representen la diversidad y heterogeneidad que privan en este ámbito de gobierno, por lo que se deberá integrar por lo menos un representante de las áreas urbana y rural, así como uno con población indígena significativa en su municipio. De igual forma, se designarán los otros tres alcaldes en función de los índices de pobreza que registren sus municipios, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión resulta competente para dictaminar la iniciativa del diputado Alfonso Nava Díaz, la cual estima improcedentes las consideraciones que se señalan, toda vez que con fecha 24 de junio de 2002 se modificó la composición del Consejo Directivo de esa institución, la cual es funcional, ya que por su conducto se toman todas las decisiones que le son inherentes en términos primordialmente de la Ley Orgánica, su reglamento, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de las demás leyes y normativa aplicable, atendiéndose adecuadamente las diversas peticiones que son propias al objeto de la institución sin distinción alguna por razones de ubicación urbana, rural o indígena; heterogeneidad de la población; índices de pobreza o filiación partidista de los estados o municipios requirentes de apoyo financiero por parte de esa institución, habiendo impulsado un importante número de proyectos dentro de su ámbito de competencia.

Asimismo, el 1 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso III Bis del artículo 6o. de la Ley Orgánica, facultando a la institución para ``promover programas de financiamiento para ampliar la cobertura de los servicios públicos y generar la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas''.

Adicionalmente a lo expuesto, para el caso de llevar a cabo la reforma propuesta del artículo 17 de la Ley Orgánica, se tendrían que ajustar los artículos 18 de la misma ley y 16 de su reglamento orgánico, lo cual, en este último caso, es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En caso de llevarse a cabo la modificación propuesta, en el sentido de incrementar a 20 el total de consejeros miembros del Consejo Directivo de dicha entidad (10 por la serie ``A'' y 9 por la serie ``B''), se estaría fuera de los criterios establecidos en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativos a las mejores prácticas bancarias, en el cual se señala que el número preferente para integrar los consejos directivos se encuentra como mínimo 5 y máximo 15.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 5 de junio de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 27 de abril de 2006, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

El 12 de mayo de 2006, la Mesa Directiva turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de esta honorable Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari propone reformar el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para otorgar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la facultad de verificar que no exista una afianzadora que pueda efectuar la operación solicitada por un promovente con el fin de permitir que una empresa que opera en otro país pueda ofrecer el servicio. A su vez, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sería la encargada de dar contestación al promovente en cualquiera de los dos sentidos.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina estima improcedentes las propuestas que se señalan en la iniciativa sujeta a estudio, toda vez que en el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de comprobar esta circunstancia y, en su caso, de autorizar que la fianza se contrate con una empresa extranjera, directamente o a través de una institución de fianzas del país.

Al respecto el artículo en comento señala:

Artículo 4

Se prohíbe contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar actos de personas que en el territorio nacional deban cumplir obligaciones, salvo los casos de reafianzamiento o cuando se reciban por las instituciones de fianzas mexicanas como contragarantía.''

Las fianzas que en contravención a lo dispuesto en este artículo se llegaren a celebrar, no producirán efecto legal alguno.

Sin embargo, cuando ninguna de las instituciones de fianzas facultadas para operar en el país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de fianzas que se le hubiera propuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa comprobación de estas circunstancias, otorgará una autorización específica para que la persona que necesite la fianza la contrate con una empresa extranjera, directamente o a través de una institución de fianzas del país.

Se prohíbe a toda persona la intermediación en las operaciones a que se refieren el primer párrafo de este artículo y el artículo 3o. de esta ley.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 12 de mayo de de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DEL BANCO DE MEXICO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracciones II y III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México.

Los integrantes de la Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión ordinaria del 23 de febrero de 2006, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria los diputados integrantes de esta honorable Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, con base en lo siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa propone reformar el artículo 26 de la Ley del Banco de México, adicionando un tercer párrafo, a efecto de que el Banco Central expida las normas para que en circunstancias económicas extraordinarias establezca una tasa de interés promedio, que sea aplicada a todos los créditos que se hayan otorgado en el sistema financiero mexicano, contratados antes de dicha circunstancia. El promedio de dicha tasa se debe construir tomando en consideración el nivel que haya alcanzado en nuestra economía la tasa de interés interbancaria de los últimos 7 años previos al evento.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina considera que no es de aprobarse la adición de un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley del Banco de México por lo siguiente:

a) La tasa de interés se determina en el mercado de conformidad con los flujos financieros que se presentan en la economía, por lo que no es viable fijarla por el Banco de México en los términos propuestos, ya que traería distorsiones graves en los mercados financieros.

b) Fijar la tasa de interés en periodos de crisis para los créditos podría provocar que los bancos no pudieran enfrentar sus obligaciones por los depósitos de ahorro y a la vista, así como por los préstamos de instituciones de crédito nacionales y extranjeros toda vez que la tasa de interés se incrementaría, dada la astringencia financiera, sobre todo respecto a las obligaciones que se tienen con el exterior. Para mantener la solvencia de los bancos se tendrían que otorgar subsidios, los cuales en un ambiente de crisis no serían sostenibles por el sector público, en virtud de que su costo financiero sería demasiado elevado o implicaría desatender sectores vulnerables de la sociedad, en momentos donde más necesitarían el apoyo del sector público.

c) Por otra parte, no es posible garantizar que el ciclo económico tenga una duración de 7 años, que según la propuesta sería la que se tomaría para fijar la tasa de interés (promedio de los 7 años), dado que los ciclos económicos no son estables, ya que las crisis son diferentes y cada una con sus características específicas.

De lo expuesto se desprende que el Banco de México se encuentra facultado plenamente para normar la intermediación y los servicios financieros tales como: tasas de interés y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, sin perjuicio de que dichas características se ajusten a las disposiciones legales aplicables que al efecto expida el propio Banco Central, anteponiendo siempre como principal objetivo la protección de los intereses del público.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la iniciativa objeto de este dictamen no se justifica en los términos y condiciones en los que se plantea, por lo que no es de aprobarse y ponen consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, presentada en la LIX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 23 de febrero de 2006.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de Marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se reserva para su votación al final.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 10 de mayo de 2005, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la siguiente forma:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal se refiere a que en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro se observa una distinción entre los trabajadores que cotizan en el sistema general de seguridad social, mediante aportaciones canalizadas, primero por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con aportaciones para rubros como la pensión, cuyos fondos son manejados por las Afore, mientras que el otro sistema es el propio de los trabajadores que cotizan en el sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, la ley de la materia no distingue claramente la situación de los trabajadores al servicio del Estado en los poderes de las entidades federativas.

Por lo anterior, la iniciativa propone reformar el artículo 74 Bis de la citada ley, para reconocer el derecho que tienen los trabajadores que en algún momento cotizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que tienen una cuenta individual con una Afore, a fin de solicitar que esos fondos se concentren en la administradora que corresponda y que maneje su cuenta en el sistema estatal de ahorro para el retiro.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión, conforme al análisis de la iniciativa, considera que no es procedente la propuesta, toda vez que se permitiría a los trabajadores que hayan cotizado al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social retirar los recursos acumulados en su cuenta individual cuando en virtud de una nueva relación laboral se encuentren inscritos en las instituciones de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado de las entidades federativas o el Distrito Federal.

Aun cuando se comparte el propósito de otorgar portabilidad para los derechos pensionarios de los trabajadores que cotizan a los distintos sistemas de seguridad social, se requiere una reforma integral que permita la compatibilidad de todos los sistemas.

Por tanto, esta comisión estima que no existen las condiciones para que los sistemas estatales o del Distrito Federal reciban los recursos de manera que refuercen el ahorro individual del trabajador y ofrezcan las garantías que este requiere, por lo que permite al trabajador retirar los recursos de su cuenta individual y pondría en riesgo el destino de los mismos.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal el 10 de mayo de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final, en conjunto.

LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del 31 de marzo de 2005, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone modificar la Ley Orgánica de Nacional Financiera con el fin de fortalecer su papel en la dirección, conducción y fortalecimiento de las actividades de fomento e inversión, apoyando las diversas actividades productivas con que tiene contacto y así contribuir dinámicamente al desarrollo del mercado interno.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión resulta competente para dictaminar la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández y estima improcedentes las consideraciones que se señalan, toda vez que el objeto de Nacional Financiera (Nafin) considera en el artículo 2o. de su Ley Orgánica la promoción del ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y, en general, al desarrollo económico y regional del país.

Por lo anterior, se considera que el desarrollo del mercado interno ya se encuentra implícito en el objeto de esa institución de banca de desarrollo.

Además, el artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nafin señala diversas facultades a fin de que este banco de desarrollo atienda oportunamente los sectores industrial, comercial y de servicios, que contribuyen, conforme a su objeto, al desarrollo del mercado interno.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 31 de marzo de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación en conjunto.

LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas referentes a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos mexicanos, se presentaron iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, en la forma siguiente:

1. Iniciativa que adiciona el inciso e) de la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. Iniciativa que abroga la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, presentada por los diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Juan Bárcenas González, Manuel Pérez Cárdenas, José Luis Flores Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2004 presentó el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

2. En la sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2005 presentaron los diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Juan Bárcenas González, Manuel Pérez Cárdenas, José Luis Flores Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa que abroga la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; en esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria los diputados integrantes de esta honorable Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de las iniciativas antes enunciadas, con base en lo siguiente:

Descripción de las iniciativas

1. La iniciativa presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán propone que no podrán ser consejeros independiente las personas que se encuentren o hayan estado vinculadas directa e indirectamente con el proceso de desincorporación y el rescate bancario en nuestro país, a efecto de posibilitar una administración transparente de la banca popular, protegerla de malos manejos y fortalecer su sistema de operación en un ambiente sano que contribuya al crecimiento económico y genere círculos virtuosos en la economía, promoviendo el crédito, la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro.

2. La iniciativa presentada por los diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Juan Bárcenas González, Manuel Pérez Cárdenas, José Luis Flores Hernández la cual propone:

La abrogación de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.

Establecer las bases para transformar a la institución en una sociedad anónima, institución de banca múltiple, regulada conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los términos en los que la institución deberá adecuar sus operaciones a la normatividad aplicable a las instituciones de banca múltiple.

La desincorporación de la institución como empresa paraestatal, para permitir el proceso de socialización de la misma, mediante la enajenación de las acciones representativas del capital social de la institución transformada a las federaciones y entidades de ahorro y crédito popular autorizadas conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular; a los empleados de la misma, así como a entidades internacionales que aporten capital y experiencias exitosas de sistemas de ahorro y crédito popular en otros países y a organismos multilaterales que promuevan, mediante la aportación temporal de capital el proceso de socialización de la institución, sin que esas entidades internacionales y organismos multilaterales puedan controlar, de manera individual o conjunta, la mayoría del capital social de la sociedad.

Dictar principios generales conforme a los cuales deberá regirse el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SA, Institución de Banca Múltiple, incluyendo el establecimiento de un régimen de gobierno corporativo consistente con las mejores prácticas corporativas y la legislación aplicable a fin de asegurar la transparencia y equidad en la toma de decisiones por los distintos órganos corporativos de la institución, la prestación por parte de la institución de los servicios que conforme a su objeto social pueda o deba prestar en condiciones no discriminatorias, sobre bases tarifarias equitativas y se abstendrá de establecer barreras técnicas, contractuales o tarifarias que impidan el acceso de cualquier usuario a dichos servicios.

Consideraciones de la comisión

1. De la iniciativa del diputado Luis Antonio González Roldán, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estima improcedentes las consideraciones que se señalan en la iniciativa sujeta a estudio, toda vez que la finalidad de incorporar en los órganos de gobierno de las sociedades nacionales de crédito a los consejeros independientes recae en contar con miembros que no estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y cuya labor principal sea contribuir con una visión imparcial a la planeación estratégica de la sociedad y las demás funciones que son propias del consejo, de tal manera que cuenten con objetividad e independencia en la toma de decisiones, es decir, que no interfieran intereses personales, comerciales o políticos en las decisiones que tome como consejero. Establecer como prohibición para ser consejero independiente no haber estado vinculado directa o indirectamente en el rescate bancario, no garantiza que las personas que se encuentren en dicho supuesto, cuenten con esa objetividad e independencia.

La claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción. El supuesto legal que se propone es general y ambiguo, excluye a cualquier persona que haya estado vinculada directa o indirectamente con el rescate bancario, sin importar su posición en el mismo; es decir, si era funcionario del gobierno, accionista o empleado de banco, si tenía o no poder de decisión en dicho procedimiento, con lo que se deja en estado de indefensión a las personas que aspiren a ocupar un cargo como consejero independiente dentro de esta institución.

Asimismo, se está prejuzgando la actuación de aquellas personas que estuvieron vinculadas directa o indirectamente en el rescate bancario y se presupone que actuaron deshonestamente, e inclusive, ilícitamente.

2. De la iniciativa presentada por los diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Juan Bárcenas González, Manuel Pérez Cárdenas, José Luis Flores Hernández que propone la abrogación de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la que dictamina estima improcedentes las consideraciones que se señalan en la iniciativa sujeta a estudio, toda vez que de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas. Es decir, el objeto de la banca de desarrollo es promover el desarrollo de determinados sectores de la economía.

En el caso del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros establece que dicha institución tiene por objeto promover el ahorro, el financiamiento y la inversión entre los integrantes del sector (sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares, federaciones y confederaciones, entidades todas constituidas según la Ley de Ahorro y Crédito Popular); en otras palabras: promover el ahorro, el financiamiento y la inversión popular.

Así mismo, el Bansefi es encargado de llevar a cabo acciones para ejecutar el Programa de Fortalecimiento al Ahorro Popular.

El número de integrantes del sector autorizadas para operar conforme la Ley de Ahorro y Crédito Popular es aún muy pequeño, lo que indica un bajo grado de madurez en el sector.

A diferencia de la banca comercial, la banca de desarrollo desarrolla y opera proyectos a mediano y largo plazo, prefiriendo proyectos de beneficio colectivo. Tanto la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, como la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fueron publicadas en junio del 2001, por lo que se continúa en el desarrollo y operación de nuevos productos que fortalezcan la operación y rentabilidad del sector, y se requiere continuidad por parte del Estado para lograr dicho objetivo.

Aunado a lo anterior, deberá considerarse que la banca comercial, hasta la fecha, no se ha interesado demasiado en los sectores populares, por lo que no existen instrumentos financieros especializados para este tipo de mercado, con lo que la socialización del Bansefi ocasionaría dejar a este sector sin acceso no sólo al ahorro, sino a créditos a bajo costo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que no son de aprobarse las iniciativas objeto de este dictamen, en los términos que se plantea y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las dos iniciativas objeto de este dictamen:

1. Iniciativa que adiciona el inciso e) de la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 29 de septiembre de 2004 y la

2. Iniciativa que abroga la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, presentada por los diputados Gustavo Enrique Madero Muñoz, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Juan Bárcenas González, Manuel Pérez Cárdenas, José Luis Flores Hernández, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 11 de noviembre de 2005.

Segundo. Archívese los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas referentes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores integrantes de la LIX Legislatura, presentaron las siguientes iniciativas en materia de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 2o y adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 3o y un inciso h) a la fracción I del artículo 8o, correspondientes al capítulo I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2005.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso a) de la fracción I del artículo 8o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de noviembre de 2005.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de cada una de las iniciativas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Descripción de las iniciativas

1. En la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 2o y adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 3o y un inciso h) a la fracción I del artículo 8o, correspondientes al capítulo I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, se menciona que el rompope es considerado actualmente como bebida con contenido alcohólico, al cual se le aplica el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) no sólo al alcohol sino al resto de sus ingredientes, lo que genera un doble pago del impuesto: a la compra de alcohol y a la venta por el total del producto.

Asimismo, se señala que aunque la Ley General de Salud define al rompope como una bebida con graduación alcohólica entre 10° y 14° G.L., muchos rompopes en su gran mayoría de elaboración casera, contienen una menor graduación, aproximadamente de 6° G.L., por lo que se considera que debe ser calificado como un producto alimenticio y postre mexicano de consumo familiar, ello aunado a que su proceso de producción es el resultado de la cocción de una mezcla de leche, azúcar y huevo a alta temperatura, a la cual al final se le adiciona el alcohol exclusivamente como conservador.

Por lo anterior, en la iniciativa de referencia se propone exentar a las bebidas que por su contenido a base de productos alimenticios, requieran adicionar en su proceso de elaboración un contenido alcohólico de hasta 6° G.L., como conservador.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso a) de la fracción I del artículo 8o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, la cual propone exentar del pago del impuesto especial sobre producción y servicios a las enajenaciones de alcohol desnaturalizado, siempre que se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, XI, XII y XIV de la ley de la materia y otras que establezcan las disposiciones fiscales.

Lo anterior, por considerar que el alcohol desnaturalizado se utiliza principalmente como material de curación, antiséptico y germicida de uso externo. Además, la exposición de motivos menciona que la exención propuesta sería de gran beneficio para un sector enorme de la población, porque el alcohol desnaturalizado es un producto adquirido en hospitales públicos y privados y la exención evitaría que los particulares y el propio sector público adquieran un bien encarecido por el impuesto especial sobre producción y servicios.

Consideraciones de la comisión

1. En la iniciativa del diputado José Manuel Carrillo Rubio, que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 2o y adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 3o y un inciso h) a la fracción I del artículo 8o, correspondientes al capítulo I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

En esta ley el artículo 1o, fracción I, en relación con el artículo 2o, fracción I, inciso A), establece como sujetos al pago del impuesto a las personas físicas y morales que enajenen o importen definitivamente en territorio nacional, bebidas con contenido alcohólico y cerveza.

Ahora bien, el artículo 3o, fracción I, inciso a), de la citada ley, establece que se entiende como bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 3o. ...I. ...a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3° G.L., hasta 55° G.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor.

b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50 por ciento a base de vino de mesa, producto de la fermentación natural de frutas, pudiéndose adicionar agua, bióxido de carbono o agua carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas, aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, así como aquéllas que se elaboran de destilados alcohólicos diversos de los antes señalados.

...

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establece que la enajenación de bebidas alcohólicas se encuentra sujeta al pago del impuesto, cuando tales bebidas a la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3° G.L., sin hacer alusión de los componentes que se utilicen para su elaboración, así como de los atributos que el alcohol les otorgue.

En el caso particular, al señalar que el alcohol actúa como conservador, así como la forma en la que habitualmente se acostumbra consumir el rompope, no son elementos que se tomen en consideración para gravar una bebida alcohólica por parte de la ley citada.

Por lo anterior, el rompope al ser una bebida que contiene una graduación alcohólica superior a 3° G.L., es considerada como bebida alcohólica y, por tanto, afecta al impuesto especial sobre producción y servicios, independientemente que en su proceso de elaboración existan algunos otros elementos, como son la leche, el huevo y la canela.

Por lo que hace a la afirmación, relativa a que las personas que enajenan bebidas alcohólicas pagan dos veces el impuesto, se estima infundada, toda vez que la ley permite el acreditamiento del impuesto pagado por la adquisición de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, cuando se destine a la enajenación de bebidas alcohólicas.

En efecto, el artículo 4o, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establece:

Artículo 4o ...

Las personas físicas y morales que adquieran alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, así como los importadores de dichos bienes, podrán acreditar el impuesto pagado por la enajenación o importación de los mismos, contra el que causen por la enajenación de bebidas alcohólicas. Cuando los bienes antes citados sean utilizados para la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas, podrán acreditarlo contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo.

...

Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que el exentar del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación del rompope llevaría a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, ya que al otorgar una exención del gravamen no disminuye el valor de los bienes que se ofertan, sin embargo, representa un incremento en el margen de utilidad de la comercializadora, con el consecuente perjuicio del fisco.

Asimismo, exentar al rompope del impuesto especial sobre producción y servicios, daría lugar a que los contribuyentes de otro tipo de bebidas alcohólicas pudiesen argumentar que por razones de materia prima empleada en la producción o hábitos de consumo, les fuere aplicable una exención similar a sus bebidas.

Finalmente, propone reformar el artículo 2º, inciso A), sustituyendo el concepto de bebidas con contenido alcohólico, por el de bebidas alcohólicas, lo que es incorrecto, ya que la ley contempla en su artículo 3o, fracción I, tanto a las bebidas alcohólicas como a las bebidas refrescantes, así como que también dicha medida sería contraria al principio de equidad tributaria.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso a) de la fracción I del artículo 8o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández.

Al respecto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público que dictamina considera que los productores de bebidas alcohólicas se han manifestado respecto del crecimiento que ha tenido la comercialización de bebidas adulteradas; de ahí que a partir de 2004 se haya establecido un gravamen a la enajenación e importación de alcohol desnaturalizado, al ser considerado una de las principales materias primas para la elaboración de toda bebida destilada, que hasta esa fecha se encontraba libre del impuesto especial sobre producción y servicios. Con esta medida se estableció una carga fiscal a dicho insumo, cuando éste se destine al comercio informal.

En efecto, el gravamen no constituye una carga efectiva para los contribuyentes formales y sí una medida que desalienta la economía informal, en virtud de que permite a los primeros acreditar el impuesto pagado por la enajenación o importación del alcohol desnaturalizado, contra el que se cause por la enajenación de bebidas alcohólicas, mientras que los segundos al no poderlo acreditar tienen que absorber la carga derivada del citado impuesto, generándose un incremento en el costo de sus productos.

Es de destacar que los contribuyentes formales utilizan el alcohol desnaturalizado para la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas, lo que les permite acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios pagado por la enajenación o importación del citado alcohol desnaturalizado, contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo en las declaraciones de pagos provisionales, las retenciones del mismo impuesto efectuadas a terceros, así como contra el impuesto al activo o el impuesto al valor agregado.

Por otro lado, es de comentarse que los contribuyentes que enajenan o importan alcohol desnaturalizado cumplen hoy día con las obligaciones establecidas en el artículo 19 de esta Ley por lo que la propuesta consistente en exentar del pago del impuesto a las enajenaciones e importaciones de alcohol desnaturalizado, estableciendo la condicionante de que se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI, VIII, XI, XII y XIV de la citada ley, se considera una medida insuficiente, ya que podría darse el supuesto de que un productor que cumpliera con las disposiciones de la ley vendiera a una persona que adquiera alcohol para elaborar bebidas clandestinas u otras actividades del comercio informal, el cual no tendría carga fiscal, perdiéndose así el sentido de desalentar el consumo de dichos insumos dentro de la economía informal.

Respecto al alcohol desnaturalizado adquirido en hospitales públicos y privados, la exención evitaría que los particulares y el propio sector público adquirieran un bien encarecido por el impuesto especial sobre producción y servicios. Actualmente se encuentra exento del pago del citado impuesto, la enajenación de alcohol desnaturalizado en envases cuya capacidad no exceda de hasta 20 litros, cuando la enajenación se realice a hospitales privados, así como a dependencias del sector salud y de hasta 1 litro, cuando la enajenación se efectúe con el público en general, esto mismo se consideró en el decreto del Ejecutivo federal ``Por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se mencionan'' publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004, se estableció en su artículo sexto lo siguiente:

Artículo Sexto. Se exime del pago del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la enajenación de alcohol desnaturalizado en envases cuya capacidad no exceda de los límites y supuestos que a continuación se señalan, siempre que el contribuyente no repercuta en el precio en el que se enajenen dichos bienes ni en forma expresa y por separado, el impuesto antes citado:I. En envases de hasta 20 litros, cuando la enajenación se realice a hospitales privados, así como a dependencias del sector salud.

II. En envases de hasta un litro, cuando la enajenación se efectúe con el público en general.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones que anteceden, el alcohol desnaturalizado deberá encontrarse debidamente envasado y etiquetado de conformidad con las disposiciones aplicables.

Los contribuyentes a que hace referencia este artículo podrán acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios pagado en la adquisición de alcohol desnaturalizado contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo en las declaraciones de pagos provisionales, las retenciones del mismo impuesto efectuadas a terceros, el impuesto al activo o el impuesto al valor agregado, hasta agotarse.

Si efectuado el acreditamiento a que se refiere este artículo contra los pagos provisionales o definitivos correspondientes al mes de diciembre del año de que se trate, resultara un remanente de saldo a favor, se podrá solicitar la devolución del mismo, caso en el que deberán acompañar a la solicitud correspondiente, copia de las facturas en las que conste el precio de adquisición del alcohol desnaturalizado.

Para poder aplicar el acreditamiento a que se refiere este artículo, los contribuyentes deberán llevar los registros que permitan identificar, por períodos trimestrales, el valor y volumen de las adquisiciones de alcohol desnaturalizado, según sea el caso, así como el valor y volumen de las enajenaciones realizadas por tipo de presentación.''

Por lo expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público no estima viable aprobar la propuesta contenida en esta iniciativa.

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público no considera procedente las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Especial sobre Producción y Servicios antes descritas, por lo que pone a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas siguientes:

1. Proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 2o y adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 3o y un inciso h) a la fracción I del artículo 8o, correspondientes al capítulo I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el diputado José Manuel Carrillo Rubio, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 28 de abril de 2005.

2. Proyecto de decreto por el que se modifica el inciso a) de la fracción I del artículo 8o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el 24 de noviembre de 2005.

Segundo. Archívese los presentes asuntos, como total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres , José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con puntos de acuerdo por los que se dese-cha la minuta que reforma las leyes General de Salud, y del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Salud, y de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN) en la pasada legislatura.

En virtud del análisis y estudio del proyecto que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI; 45, párrafo 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 58, 60, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la minuta del Senado de la República.

II. En el capítulo de ``Contenido de la minuta'' se exponen los motivos y alcances de las minutas en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'' la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara ofrece los razonamientos económicos, jurídicos, sociales y demás que se desprenden de los argumentos realizados a la minuta por parte de la Cámara revisora y que sustentan la decisión de los diputados.

IV. En el capítulo ``Resolutivo'' se da cuenta a esta soberanía del fallo final que en el Pleno se expone.

Antecedentes

Primero. Iniciativa presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN) en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 20 de abril de 2004.

Segundo. Dictamen de primera lectura presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 5, 7 y 12 de octubre de 2004.

Tercero. Dictamen a discusión presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de octubre del 2004 y aprobado en votación nominal por 383 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones.

Cuarto. Minuta presentada en sesión ordinaria del Senado de la República el 19 de octubre de 2004.

Contenido de la minuta

I. De la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, obligar al Instituto Mexicano de la Juventud para que elabore en coordinación con las dependencias y entidades federales, programas de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva sensibles a las necesidades de la juventud.

Incluir dentro de la Ley General de Salud, como parte de la educación para la salud, la orientación y capacitación a la población en: adicciones, educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y Sida.

Y por último, establecer de forma permanente, la coordinación entre las instituciones para aplicar las acciones y programas de prevención de los problemas de salud a que están expuestos los jóvenes mexicanos.

Consideraciones

La Cámara revisora desechó en su totalidad los proyectos por no considerarlos viables, y atendiendo al artículo 72 constitucional, inciso d), si examinado de nuevo el proyecto de ley o decreto fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Para mayor abundamiento se transcribe el artículo en mención:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Las comisiones dictaminadoras coincidimos en que esta propuesta dirigida a la juventud mexicana, quienes por su dinámica poblacional adquieren características particulares, es considerada importante para otorgar la atención que este sector requiere.

Es importante necesario contar con los instrumentos jurídicos mínimos, que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales de la sociedad, aplicando diferentes políticas públicas que coadyuven al desarrollo de los jóvenes mexicanos.

El modificar la Ley General de Salud así como la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para otorgarle a éstas atribuciones especiales y obligar a dichas instituciones a realizar acciones y establecer programas de promoción y educación para la salud, dirigidos a los jóvenes mexicanos, podría provocar duplicidad en el desarrollo de acciones institucionales, que más bien podrían retardar y/o paralizar la coordinación que para estos asuntos ya tiene la Secretaría de Salud a su cargo.

Por ello, podemos concluir que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, resulta valiosa por su gran contenido social, pero claramente innecesaria, puesto que pretende regular aspectos normativos cuya coordinación en forma general lleva a cabo la Secretaría de Salud, lo cual podría provocar duplicidad en la realización de programas, además de que en lo específico, el IMJ ya cuenta con atribuciones para la atención y tratamiento de estos temas, tal y como lo establece su estatuto orgánico.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos resuelto desechar en sus términos las minutas que nos fueron enviadas por la Cámara revisora por lo cual sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea los siguientes:

Resolutivos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de fecha 7 de septiembre de 2005.

Segundo. Archivase el expediente como asuntos totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre de dos mil seis.

Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Rafael García Villicaña.

Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo décimo sexto transitorio al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LVIII Legislatura.

Las Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72, inciso G), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 3 de diciembre de 2002, el diputado Eduardo Andrade Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo décimo sexto transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

2. En la misma fecha y por instrucciones de la Mesa Directiva de esta soberanía, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

3. Posteriormente, el 24 de febrero de 2005, los diputados Pablo Anaya Rivera y Martín Vidaña Pérez, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados en la LIX legislatura, excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para que presentaran a la brevedad posible dictamen de la iniciativa en comento.

4. En sesión celebrada el 27 de abril de 2006, las Comisiones Unidas presentaron dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo décimo sexto transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero no alcanzó a ser puesto a discusión en el Pleno.

5. Por acuerdo de la Mesa Directiva y de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los dictámenes de proyectos de ley o decretos y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura quedan en la LX Legislatura con el carácter de proyectos, y tal es el caso de este asunto.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la iniciativa de referencia, materia del presente dictamen:

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa en discusión busca adicionar un artículo décimo sexto transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de establecer que los créditos que fueron otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 febrero de 1992, tengan que considerarse otorgados en pesos y no en veces de salario mínimo, tal y como se encontraba contenido en la ley en dicho periodo; realizando la obvia reestructuración de estos créditos, dando así por terminado el cobro de los mismos a los trabajadores en el caso de haber cubierto lo contratado y devolviendo las cantidades que correspondan a aquellos que hayan terminado de cubrir los créditos adquiridos y hayan pagado una cantidad mayor al correspondiente por su crédito.

2. El promovente de la iniciativa menciona que el origen de esta reforma busca resarcir los daños que en lo particular se generaron a diversas unidades habitacionales del Infonavit, pero que afectaron a una gran cantidad de familias que en todo el país contrataron créditos con la institución en el mismo periodo. Es de notar que se otorgaron alrededor de 174,315 créditos bajo este esquema y mediante la disposición establecida por una circular girada por el consejo de administración, según datos del propio Infonavit.

3. Las razones por las cuales se propone la iniciativa tiene que ver con una modificación al tipo de créditos que otorgaba el Infonavit, los cuales se realizaban hasta el año de 1987 en pesos. Cabe mencionar que en esta década se dieron diversos acontecimientos que repercutieron de forma nociva en la estabilidad económica, entre ellos el incremento en la inflación que derivó en la devaluación de la moneda mexicana. Para responder al efecto de la inestabilidad económica y que repercutía en las propias finanzas del Infonavit, esta institución introduce como base para el otorgamiento de los créditos la forma de ``múltiplos del salario mínimo vigente en el Distrito Federal'' a fin de resarcir los problemas de la institución y hacer financiable la asignación de los créditos y el valor de los mismos. Esta modificación se lleva a cabo a través de una circular girada por el instituto como una disposición administrativa a partir de 1987. El promovente argumenta que esta modalidad de otorgamiento de los créditos, se realiza sin un fundamento legal, pues el cobro de los mismos en estos términos no se encontraba inscrito en la legislación correspondiente, por lo que de esa fecha y hasta el 24 de febrero de 1992 (fecha en que se realiza la modificación en la ley) los créditos son contratados de forma ilegal, en veces de salario mínimo vigente.

4. Es así como el 24 de febrero de 1992 se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit y otros, para establecer legalmente la determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo, que de hecho ya se estaban realizando para los cerca de 180 mil créditos adquiridos, por medio de la circular girada desde 1987. De este modo el cobro de los créditos hasta la fecha se hace legalmente en veces de salario mínimo. Pero los contratantes de créditos antes del 92 tuvieron que adquirir los mismos sin un sustento legal, pues antes del 92 la ley especificaba el cobro de los créditos en pesos, y la circular no tenía un sustento para su aplicación a los contratantes de créditos en ese periodo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de los proyectos, los miembros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

Consideraciones

1. En el periodo comprendido entre 1987 y 1992, las crisis económicas ocasionaron una seria devaluación del peso mexicano perdiendo éste su valor adquisitivo, situación que orilló al Instituto Nacional del Fondo la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a cambiar el esquema de otorgamiento y recuperación de los créditos a un sistema indexado a salario mínimo, ya que los esquemas de tasa fijas en épocas inflacionarias requieren que la tasa de interés que se cobra en los créditos sea suficiente para mantener el valor de lo prestado y la principal ventaja de un esquema de crédito indexado a un indicador económico que varía en forma semejante a la inflación, es que sí permite mantener el valor del dinero prestado y aún cuando el pago se incremente en el tiempo, este incremento sería proporcional al salario, lo que permitiría que el esfuerzo del acreditado para el pago se mantuviera constante.

2. Las acciones emprendidas por parte del Infonavit para el cobro de los créditos en veces de salario mínimo, se instrumentan a través de una circular girada por el Consejo de Administración, mediante la cual se establecía que a partir del 10 de junio de 1987, el cobro de los créditos se daría en múltiplos del salario mínimo vigente. Esta acción fue conocida como el ``Nuevo Sistema para la Recuperación de los Créditos''. Dicho sistema pretendía sanear las cuentas del instituto, las cuales se vieron afectadas por la inflación que producía que los créditos otorgados en pesos perdieran su valor, afectando las finanzas de la institución. Es de notar que esta acción del consejo se encontraba respaldada por la Asamblea General, quien tenía la responsabilidad de aprobar las propuestas en materia de créditos que el Consejo de Administración propusiera.

3. De este modo, los créditos que se otorgaron a partir de 1987 y hasta la reforma del 1992 se dieron por medio del sistema de veces de salario mínimo. De hecho, los mismos créditos fueron suscritos por los contratantes estableciendo claramente el cobro a través de la modalidad de veces de salario mínimo vigente. Esto es posible, de conformidad con lo manifestado por la institución, basándose en la ley vigente hasta el 24 de febrero de 1992, cuyo artículo 10, menciona que:

``Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. a IV. ...

V. Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos y para la operación de los depósitos a que se refiere esta Ley;''

4. De hecho, en las reformas que se hicieron en 1992 a la ley, se estableció una mayor independencia al Consejo de Administración, pues se abroga la fracción V antes mencionada y se le permite aprobar de forma directa, sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea General, las reglas para el otorgamiento de los créditos a los trabajadores.

``Artículo 16. El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

1. a VIII. ...

IX. Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos;''

Además de esta modificación, se abroga lo dispuesto en el artículo décimo de la misma ley. En el mismo decreto se establece que los créditos se tendrían que otorgar en veces de salario mínimo, tal y como se observa en el artículo 44 de la Ley del Infonavit:

``Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengaran intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.''

5. En fecha 16 de octubre se recibió opinión de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, enviada al C. Presidente de la Comisión de Seguridad Social, oficio No. SEL/UEL/311/DGAEGFSC/2525/06, que contiene, la opinión sobre la iniciativa que nos compete.

En oficio fechado el 11 de noviembre del año 2004, el Lic. Jorge Pulido Vázquez, subdirector general de la Subdirección General Jurídica y de Fiscalización, argumenta lo siguiente:

``Al respecto le manifestamos que no se considera conveniente hacer una reforma a la Ley del Infonavit, en el sentido de reversar los créditos otorgados en el periodo agosto de 1987 a marzo de 1992 en VSM a monetario, por lo siguiente:

a) En el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 1987, se reforman diversos artículos de las reglas generales para el otorgamiento de créditos de Infonavit y se establecen las facultades del Consejo de Administración para determinar los sistemas de amortización de los créditos.

b) El artículo 44 de la Ley del Infonavit en su versión anterior al 24 de febrero de 1992, no indicaba expresamente que los créditos otorgados debían ser pagados en monetario, en VSM o en alguna otra condición, por lo tanto estos créditos fueron contratados en VSM sin haber violado ningún ordenamiento legal.

c) Los contratos de crédito otorgados o novados en SBM fueron debidamente firmados por los acreditados expresando su consentimiento y voluntad de contratar o novar en su caso, con las consecuencias inherentes a ello.

d) Además de la expresión de la voluntad de las partes al contratar, el cumplimiento voluntario por medio del pago de amortizaciones da por ratificada tácitamente la obligación contraída.

e) Además de las razones legales expuestas, es importante señalar que el costo financiero para el Fondo de la Vivienda atentaría en contra del principio de igualdad del fondo pues los derechohabientes no acreditados, subsidiarían a los que ya recibieron crédito.''

Por otra parte, la Lic. Rosalía Ramos Troconis, de la Coordinación Consultiva Institucional, de la Subdirección Jurídica del Infonavit, argumenta lo siguiente:

``1. El artículo 44 de la Ley del Infonavit anterior al 24 de febrero de 1992, no indicaba expresamente que los créditos otorgados debieran ser otorgados en pesos o bien pudieran ser indexados en veces el salario mínimo o cualquier otro índice; por lo tanto estos créditos fueron contratados en pesos indexados para su cobro, en veces el salario mínimo sin haber violado ningún ordenamiento legal.

2. La Ley del Infonavit vigente en 1987, en su artículo 10, fracción V, disponía que la Asamblea General tendría entre sus atribuciones y funciones la de establecer las reglas para el otorgamiento de créditos y para la operación de los depósitos a que se refería la ley del Infonavit. Por su parte el artículo 16 del ordenamiento legal citado señalaba que el Consejo de Administración entre sus atribuciones y funciones, que estaba facultado para emitir y establecer los criterios y lineamientos pertinentes a las Reglas de Otorgamiento de Créditos, dentro de las cuales se encontraba establecida la forma de amortizar los créditos.

3. La determinación del Instituto de llevar a cabo el cobro de los créditos en veces el salario mínimo, el cual fue pactado en los contratos respectivos, de ninguna manera implica la aplicación retroactiva de ley alguna. Es decir, la ley se modificó en 1992 sólo para plasmar a nivel de ley la forma de operar del Instituto y que había sido determinada con absoluta legalidad por sus órganos competentes, desde 1987. La ley no se aplicó en forma retroactiva, pues no se cambiaron las condiciones que venían existiendo desde 1987. La retroactividad se hubiera dado, si se hubiesen cambiado a veces el salario mínimo, los créditos contratados sin indexación.

4. Por otro lado, es inexacto lo que se afirma en la segunda de las conclusiones del dictamen en comento, en el sentido de que ``tampoco es de justicia que este sacrificio sea impuesto a los acreditados que además sufrieron la novación de créditos en monetario a veces el salario mínimo, lo cual no ocurrió. Como se explicó, tampoco existió ninguna aplicación retroactiva de la ley.

5. Por último, cabe señalar que el primer sistema crediticio del Infonavit del año de 1972 no consideraba la actualización del saldo insoluto del crédito, el saldo permanecía con igual valor a pesar del efecto inflacionario de los precios lo que ocasiona que el plazo para el pago tienda a reducirse en la medida en que aumentan los salarios. De esta manera, aunque en términos nominales los créditos otorgados se amortizan totalmente, existe una descapitalización real de la cartera de crédito, tanto más acelerada cuanto mayor sea la inflación.

6. No obstante lo anterior, el Infonavit ha llevado a cabo las siguientes acciones para resolver la problemática de lo cual tienen conocimiento los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se estableció una reestructura del crédito especial para estos acreditados, en condiciones de alto beneficio para ellos, sin violentar preceptos legales y con ofertas realistas de solución, que comprenden: eliminación de todos los intereses moratorios; eliminación de todos los gastos de cobranza; quita condicionada al pago del 46.59% del saldo de la deuda; el crédito queda al corriente a partir de la firma del convenio; mantiene el plazo original del crédito; pago mensual a través de cuota fija, ajustada a la capacidad de pago del acreditado.

La única condición para este apoyo, es que se firme el convenio y que los acreditados se mantengan al corriente con el pago.

7. Consecuencias en el caso que se aprobara la iniciativa. Se hizo una corrida financiera para determinar los saldos que tendría esta cartera de haberse administrado en pesos. Para esta corrida se tomo la base de 173,315 créditos originados en el periodo sujeto de la reforma. Actualmente esta cartera tiene un saldo de 16,106 millones de pesos y de hacerse la conversión el saldo quedaría en 3,200 millones de pesos, arrojando una diferencia en el activo de créditos del instituto de 12,839 millones de pesos y la generación de un monto a devolver de 1,858 millones de pesos por pagos en exceso correspondientes a 71,031 créditos.

Por todo lo anterior, se concluye que no se considera de ninguna forma conveniente este cambio en la ley, pues como se señala los afectados finales serían los propios derechohabientes del Infonavit.''

6. De igual manera, el Instituto manifiesta que el resultado de aceptar que se adicione un artículo décimo sexto transitorio actualmente representaría un costo de 34 mil 629 millones de pesos, lo cual, coinciden los integrantes de las comisiones unidas, quebrantaría las finanzas de la institución.

7. Es necesario destacar que el Infonavit hizo llegar a las comisiones dictaminadoras, en fecha 5 de marzo, una propuesta para la reestructuración de los créditos así como para la recuperación de la cartera vencida, la cual reza a la letra:

``1. Conversión de VSM a monetario.

Honrando las condiciones contratadas entre acreditados e Instituto, se continuará con la recepción de expedientes por los que cada acreditado demuestre que el crédito se contrató en monetario y que se ha administrado en VSM, para efectuar los recálculos propios de la conversión, que darán como resultado un nuevo saldo del crédito o bien la cantidad a devolverle.

En caso de no existir la escritura correspondiente, se tomarán como soporte otros documentos que acrediten la voluntad de las partes al momento de la contratación.

2. Créditos correctamente administrados en VSM con problemas de cartera vencida, pero con voluntad de pago.

De acuerdo a la revisión que se realice del crédito y las condiciones de su titular, se buscará la alternativa de solución, entre los productos de la Cobranza Social (que se explican más adelante) para ofrecerla al acreditado y formalizarla mediante la firma de un convenio de reestructura. Dichos productos eliminan los intereses moratorios y gastos de cobranza; pueden implicar una quita al saldo del crédito y/o apoyo en el factor de pago corriente.

Modelo de Cobranza Social

Los créditos otorgados por el Infonavit, tienen un plazo máximo de pago de 30 años, a lo largo de los cuales la situación económica de un acreditado puede variar considerablemente.

Mediante la oferta de 34 diferentes productos de reestructura, que se adaptan a la capacidad de pago de prácticamente la totalidad de los deudores que enfrentan problemas de pago, el Instituto ha brindado apoyo solidario a más de 253 mil familias en todo el país que, al tener voluntad de pago y aprovechando estas opciones, han protegido su patrimonio.

Como parte de esta estrategia, en el caso particular de Veracruz se han resuelto más de 9,316 casos.

La estrategia de Cobranza Social, contempla el acercamiento con los acreditados desde el momento en que se detecta su primera omisión de pago. Dependiendo de la problemática, se ofrecen productos de reestructura contemplados bajo el concepto ``Solución y Cuenta Nueva''.

Este esquema contempla principalmente un apoyo para aquellos acreditados que ven disminuida su capacidad económica para pagar conforme al crédito que contrataron, pero que demuestran voluntad para honrar su compromiso. El Instituto ofrece descuentos temporales o permanentes en la mensualidad, dependiendo de lo que los ingresos del acreditado permitan, siempre y cuando éste se comprometa a mantenerse al corriente. Así, gana el acreditado que mantiene su patrimonio con un menor pago mensual y ganan el resto de los derechohabientes que pueden obtener un crédito o ganar intereses en su ahorro.

Todo aquel acreditado que tenga un problema de pago, puede encontrar solución al mismo. El Instituto no procede legalmente, sino hasta que se han agotado todas las instancias de arreglo posible. En la mayoría de los casos, las acciones judiciales se emprenden porque el deudor no es localizable, la vivienda está desocupada o invadida.

El programa de Cobranza Social ofrece, entre otras, las siguientes alternativas:

Fallecimientos, incapacidad total o parcial permanente del 50% o más e invalidez definitiva

Liberación inmediata del adeudo por auto seguro. En los dos últimos casos debe haber al menos 2 años sin relación laboral.

Jubilados y Pensionados

Establecer el factor de pago en cuota fija como un 25% máximo respecto al importe de la pensión.

Traspasos irregulares y hogares donde no se encuentra el titular

Pueden firmar convenios los ocupantes que tengan poder notarial. También lo pueden hacer esposas o concubinas que lo acrediten.

Acreditados con empleo que se han mantenido siempre al corriente

Para créditos contratados hasta julio de 1995, se tiene la opción de liquidar el saldo total con un 30% de descuento.

Otra opción es la de establecer un factor de pago en cuota fija, generalmente menor al actual, pero suficiente para liquidar el nuevo saldo en el plazo remanente del crédito.

El acreditado puede optar por liquidar el adeudo a su cargo después de la quita, para liberar la hipoteca.

Acreditados sin relación laboral formal con omisiones y que no pueden pagar la mensualidad

Se disminuye el factor de pago de acuerdo con su capacidad y del plazo remanente del crédito.

En aquellos casos en que sí se localiza a los acreditados, a éstos se les hacen diversas ofertas por espacio de 9 meses. Sólo cuando se agotan todas las instancias de solución, se procede por la vía judicial; sin embargo, aún durante el proceso judicial se tiene la posibilidad de convenir.

Como es de su conocimiento, cada crédito que no se paga, impide que un nuevo derechohabiente compre su casa con un préstamo del Instituto. De ahí la importancia de que el acreditado pague el dinero que se le prestó, a efecto de que el Instituto otorgue más créditos y pague mejores rendimientos al ahorro de millones de otros trabajadores.

Adicionalmente a su función social, la actividad crediticia del Infonavit tiene una fuerte repercusión en la economía nacional, derivada del dinamismo de la industria que construye vivienda para ser adquirida con créditos del Instituto.

En los últimos seis años, la actividad crediticia del Instituto a nivel nacional, ha generado una inversión superior a 380 mil millones de pesos.

Mantener finanzas sanas mediante la recuperación del dinero prestado, es condición fundamental para que el Infonavit siga contribuyendo al desarrollo económico y social del país.''

8. De lo anterior se observa que el Instituto proporciona alternativas de pago, e incluso de reestructuración de los créditos a los acreditados que han caído en mora por su difícil situación económica. Las comisiones unidas consideran necesario que se mantengan y fortalezcan las opciones de regularización de los créditos a fin de beneficiar a los trabajadores.

9. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social coinciden al señalar que el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) deberá acordar, proponer y coordinar las acciones pertinentes para dar solución a la problemática que motivó la iniciativa de mérito, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores acreditados y su patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del inciso G) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa que adiciona un artículo Décimo Sexto Transitorio al decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, presentada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura.

Segundo. Descárguese de los asuntos pendientes e infórmese al promovente.

Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a los 7 días del mes de marzo del año 2007.

Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica en contra), presidente; Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica en contra), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica en contra), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Daniel Dehesa Mora (rúbrica en contra), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna , Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez , Jesús González Macías, Ramón Valdés Chávez (rúbrica en contra), Abundio Peregrino García .

Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica en contra) secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Leonardo Melesio de J. Magallón Arceo (rúbrica), José Antonio Arévalo González , Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica en contra), Ricardo Cantú Garza , Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rogelio Muñoz Serna , Alfredo Barba Hernández , Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica en contra), Rosario Ignacia Ortiz Magallón , José Luis Gutiérrez Calzadilla , Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Para este asunto se han anotado el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallóny el diputado Ramón Almonte Borja. Tiene la palabra el diputado Ramón Almonte Borja.

El diputado Ramón Almonte Borja:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, acudo a esta tribuna a defender los intereses de los trabajadores de México.

En efecto, de acuerdo con la iniciativa presentada por un diputado del Partido Revolucionario Institucional, se buscaba que esta Cámara de Diputados aprobara la adición de un artículo dieciséis transitorio a la Ley del Infonavit, con el propósito de que muchos miles de trabajadores mexicanos pudieran lograr que el Infonavit les regresara lo que indebidamente les había cobrado.

El argumento principal en las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social fue en el sentido de que, de aprobarse ese artículo dieciséis transitorio, se causaría un quebranto al Infonavit. Yo me pregunto ¿es posible que le causemos un quebranto al ladrón cuando lo desposeemos del bien que nos ha robado? Evidentemente que no.

Lo mismo pasa en este caso. Los créditos que el Infonavit otorgó en el periodo comprendido del 30 de junio de 1987 al 24 de febrero de 1992 se nos entregaron a los trabajadores mexicanos contrariando fundamentalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 44 de la Ley del Infonavit vigente en el periodo que menciono establecía que los créditos de vivienda para los trabajadores de México deberían entregarse o deberían otorgarse en numerario y teniendo en consideración el 4 por ciento de interés anual sobre saldos insolutos.

Sin embargo, el Infonavit mediante un acuerdo del Consejo de Administración estableció que esos créditos deberían otorgarse a los trabajadores mexicanos en veces salarios mínimos y con 9 por ciento anual de interés sobre saldos insolutos.

Esta disposición del Consejo de Administración del Infonavit resulta inconstitucional en atención a que atenta en contra del artículo 133 de nuestra Carta Magna, que establece la supremacía de la ley. Es decir, un acuerdo del Consejo de Administración no puede estar por encima de lo que establece la Ley del Infonavit, en atención a que, por un lado se contiene renuncia de derechos por parte de los trabajadores, y esa renuncia de derechos está prohibida por los artículos 5 y 33 de la Ley Federal del Trabajo.

Luego entonces, el motivo de acudir a esta tribuna es con la finalidad de que votemos contra la decisión de las Comisiones Unidas de Seguridad, y de Trabajo y Previsión Social, para el efecto de que esta iniciativa de ley que adiciona el artículo 16 transitorio de la Ley del Infonavit regrese a comisiones y podamos lograr que los trabajadores de México puedan recibir de vuelta el dinero que le pagaron en exceso al Infonavit, o bien, que aquellos que aún no han cubierto la totalidad de esos créditos puedan en esta fecha tenerse por cubiertos; y además, que el Infonavit les regrese lo que de manera indebida le han pagado al Infonavit.

Por esa razón, compañeros, ustedes y yo somos diputados, se supone que somos conocedores de la Constitución y el hecho de que adicionemos el artículo 16 transitorio a la Ley del Infonavit implica precisamente trabajar en beneficio de los trabajadores de México. Muchas gracias; gracias, Presidente.

En las consideraciones narradas, compañeros, entonces pido a esta honorable Cámara de Diputados que emitamos voto particular en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Almonte. Tiene la palabra la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón:Señor Presidente, diputados y diputadas de esta legislatura, subo a esta tribuna para ratificar el voto particular en contra de la iniciativa del diputado Almonte, que me antecedió en la palabra.

Me parece importante hacer mención de que la iniciativa que se presentó en ambas comisiones, y que se votó mayoritariamente a favor para que no se pudiera establecer, tiene una afectación a 174 mil 315 trabajadores que en ese periodo lograron su financiamiento para obtener la vivienda.

El cambio que se hizo en el Consejo de Administración fue con un criterio de solventar a la institución, sin ver cuál es la afectación que se traduce para los trabajadores que en ese periodo lograron su vivienda.

En este dictamen, que no es de discusión de si los contratos que fueron firmados por los deudores del Infonavit en ese periodo son o no legales y contienen la obligatoriedad de ser cumplidos, lo que se analiza es la injusticia que representa que un trabajador beneficiado con un crédito por el que debía pagar una cantidad determinada tenga que pagar cuatro o cinco veces más la cantidad prestada, en detrimento de su salario, sobre todo cuando ese saldo exagerado no obedece a cambios en la ley decretados por el Poder Legislativo.

Es decir que en esta Cámara de Diputados no podemos avalar una propuesta que signifique violentar no solamente el derecho de los trabajadores a la vivienda, como un derecho humano, sino que además se afecte el ingreso de estos trabajadores. Se ha tenido que establecer un mecanismo en donde ellos y ellas, las trabajadoras que han sido involucradas en este marco de negociación, tuvieran que estar pagando y revisando de manera permanente ante la institución una regulación diferente para que ellos y ellas pudieran cumplir el finiquito del adeudo que tuvieron para adquirir su vivienda.

Sin embargo, ni siquiera este mecanismo se les otorga a los trabajadores que adquirieron su vivienda. No han tenido un mecanismo para poder negociar un adeudo que no fue responsabilidad de ellos, sino que fue adquirido por cambios que se hicieron de manera inconstitucional en la ley.

Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que hacemos un llamado para que se vote en contra de esta propuesta de comisiones unidas y beneficiemos a trabajadores que todavía hasta la fecha siguen pagando un adeudo en el que no tuvieron que ver, sino que fue una imposición que se hizo de acuerdo con un voto emitido en el Consejo de Administración.

Es en ese sentido el llamado y para que la institución del Infonavit pueda cumplir el objetivo para el cual fue formado: la posibilidad de que los trabajadores tengan derecho a una vivienda digna. En ese sentido va la exhortación a que su voto sea en negativo sobre este voto en particular. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Ortiz Magallón. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero:Con su permiso, señor Presidente. Ojalá que el tema en cuestión generara un debate para satisfacción de muchos trabajadores de México. Yo me preguntaría cuál sería la condición de cada uno de nosotros al saber que el patrimonio que un día trató de adquirir, hoy desafortunadamente se ha perdido.

Pero también hay circunstancias de fondo, donde pareciera que hay falta de seriedad en el Poder Legislativo. El problema en cuestión viene arrastrándose desde la legislatura número LVIII a una iniciativa propuesta por el diputado Andrade, miembro del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa que entró en discusión de primera lectura en la última sesión de la LIX Legislatura. Y entró con el voto de aprobación de dicho dictamen.

Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado y es menester que todos nosotros, que todas las compañeras diputadas pongamos atención en un problema que es demasiado delicado. De 1987 a 1992 el Infonavit otorgó créditos en pesos; sin embargo, por circunstancias diversas que argumenta el Infonavit, estos créditos fueron cambiados a veces salario mínimo. Esto ha hecho que alrededor de 180 mil trabajadores que habían adquirido créditos de vivienda, hoy en día un gran número de ellos se encuentren imposibilitados para pagarlos.

Y aquí es un problema con múltiples aristas que tenemos que analizar. Los que ya concluyeron su pago quieren que se les regrese lo que se pagó de más. Los que no han terminado de pagar quieren que su deuda ya no se tome en cuenta.

El Infonavit, por otra parte, ha mostrado disposición para una negociación y desde el punto de vista legal hoy en día se cuestiona que los acuerdos de la Asamblea del Infonavit y los acuerdos del consejo del Infonavit jamás podrán estar por arriba de la propia ley de la institución, y es una ley que se modificó después de que se otorgaron los créditos. Esto no es posible: que la ley del Infonavit se haya modificado en 1992, cuando los créditos fueron otorgados en 1987.

Es una circunstancia de justicia el hecho de que le encontremos entre todos una solución al grave problema social que esto acarrea. Y sobre todo, cuando observamos que la deuda que tienen los trabajadores con el Infonavit ha sido vendida a las hipotecarias en un afán de bursatilizar la deuda.

Hagan de cuenta que se están bursatilizando los derechos sociales de los mexicanos, los derechos constitucionales; y las hipotecarias no tienen ningún rubor, están corriendo de sus viviendas a los trabajadores, trabajadores que ya pagaron su deuda.

El Partido de la Revolución Democrática está a favor de las instituciones, pero está en contra de la injusticia. No podemos permitir que deudas que se adquirieron en pesos hoy han sido cambiadas a veces salario mínimo; pero además que, haciendo a un lado al Congreso, hoy en día la deuda se esté vendiendo a hipotecarias y se les esté corriendo a los trabajadores por no tener posibilidades de pagar. Deudas que jamás ellos adquirieron en los montos que se les quieren cobrar.

Por eso, con todo respeto, nosotros le pedimos particularmente al Partido Revolucionario Institucional que, haciendo eco a la propuesta que hizo a esta soberanía el 3 de diciembre de 2002, a la cual se sumaron exhortativas el 24 de febrero de 2005 a través de diputados de la propia fracción parlamentaria, pudiéramos ser congruentes y apoyar la iniciativa que la LVIII y LIX Legislaturas nos propusieron. Ellos estuvieron de acuerdo y que, por lo tanto, fuéramos en contra no del Infonavit, porque no se trata de ir en contra del Infonavit, pero sí en contra de políticas que lesionan el de por sí raquítico patrimonio de los trabajadores de México.

Ésa es nuestra voluntad; ésa es nuestra propuesta, y eso es nuestro compromiso con los trabajadores de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Navarro. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos votando este punto de acuerdo en particular que fue impugnado, fue reservado por los oradores que han hecho uso de la tribuna. En caso de votarse en contra se regresaría a comisiones, en caso de aprobarse el dictamen de la comisión queda firme el dictamen en sus términos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si los puntos de acuerdo de este dictamen se aprueban o se desechan.

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Se aprueban los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.

LEY DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la diputada de la LIX Legislatura, Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día 31 de mayo de 2006.

Esta comisión, con fundamento en el artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 39 numerales 1, 2, fracción III, que corresponde a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y su numeral 3; así como los artículos 43 y 44; el artículo 45 en su numeral 6, incisos e) y f) y el primer párrafo de su numeral 7, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, 56; 60; 87, 88; 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboró el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

I. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables asume como vulnerabilidades las características de desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; que requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia; fenómeno social multifactorial, que implica sentimientos de riesgo, inseguridad, indefensión, abandono y desventaja; con menoscabo al ejercicio de los derechos de las personas y/o su integridad.

II. En sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el día 31 de mayo de 2006, la diputada de la LIX Legislatura Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

III. Con esa misma fecha se turnó a la Comisión de Desa-rrollo Social de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el oficio de la Mesa Directiva CP2R3AE-343, obrando en el legajo 530; posteriormente corregido y asignado al 535 del año tercero y bajo el índice A, F, de la Comisión Permanente.

En sesión de la del Congreso de la Unión, de fecha 19 de julio de 2006, se dio cuenta de la comunicación de doce de julio de dos mil seis, por medio de la cual la diputada a la LIX Legislatura, María Beatriz Zavala Peniche, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, declina y solicita modificar el turno de la iniciativa materia del presente dictamen.

En la misma fecha, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó, mediante oficio CP2R3A-1256, el asunto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, obrando en el mismo legajo pero bajo el índice AM, Z.

IV. Esta comisión, con fundamento en el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableció subcomisiones de trabajo temáticas y especializadas: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas discriminadas.

V. Con fecha 15 de febrero de 2007, la Subcomisión de Adultos Mayores hizo la revisión del presente expediente y proyecto de dictamen.

Con fecha 28 de marzo de 2007, se reunió el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su discusión y aprobación.

Contenido de la Iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa objeto del presente dictamen es que, en cada familia mexicana exista un claro compromiso por otorgar los alimentos que comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, previamente establecido en los artículos 304 y 308 Código Civil, pero que para efectos de conocimiento y difusión es necesario que se establezca tal cual en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. En su exposición de motivos, señala la legisladora que el grupo de población de adultos mayores día tras día se va incrementando en todas las sociedades del mundo, sin duda relacionado con los adelantos que se han dado en torno a la salud, permitiendo con ello que la vida de las personas se prolongue y ésta sea de mejor calidad y que, para el caso de México, se ha dado un cambio demográfico y social en los últimos años. Afirma que, como consecuencia, tenemos que día tras día la población envejece. Lo anterior, con base en una disminución de la fecundidad de nuestra población en edad fértil y, a la vez, una disminución de la mortalidad.

3. Citando un reporte de 1998 del Consejo Nacional de Población (Conapo), la diputada sostiene que (...) como fenómeno sociodemográfico, la relevancia del envejecimiento está determinada por la manera en que las desventajas de la vejez afectan el funcionamiento social y económico, tanto en lo individual como en lo colectivo. Estos efectos no serán resultado sólo de la vejez individual, sino que vendrán enmarcados y en interrelación con las condiciones socioeconómicas generales en que se desarrolla en cada sociedad (...).

4. Para ilustrar lo anterior, citando nuevamente al Conapo; recuerda que en 1930, los hombres vivían en promedio 35 años y las mujeres 37 años, mientras que, seis décadas más tarde, en 1995, la duración media de la vida se duplicó: 71 y 76 años, respectivamente. Basándose en estimaciones de la Secretaría de Salud, a partir de un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Acta Sociológica, en su número 30, septiembre--diciembre del año 2000, explica la proponente que, para el año 2020, México ocupará el noveno lugar mundial en la población de mayores de 60 años, mientras que, estimaciones de la ONU, consideran que para 2025 este número se incrementará a 17 millones. En otro momento, apunta que, para el año 2015, habrá 15 millones de adultos mayores y para 2050 sumarán 42 millones.

5. Posteriormente, la diputada Figueroa Romero expresa que reflexionar en torno de la ancianidad tiene que ir más allá de las estadísticas y más allá de saber que es mayor la esperanza de vida para cada persona. Lo importante es legislar para que realmente la vida de estas personas sea mejor, y no se vean llenas de carencias al llegar a formar parte del sector de la tercera edad. Es necesario crear instrumentos que permitan asegurar la vida de nuestra población que está envejeciendo, y puedan tener una vida plena.

La elaboración del dictamen de esta iniciativa se realiza de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

1. Congruente con el Antecedente I, esta comisión es competente para conocer el tema, de acuerdo con el turno recibido.

2. Esta Comisión se manifiesta coincidente con la idea de que cada persona comprenda la importancia del cuidado y la protección que requieren las personas adultas mayores en México, y que en cada familia se cumpla la función social establecida en el artículo 308 del Código Civil Federal de otorgarles alimentos, que comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, sin embargo, incorporarla en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores implica sobreregulación legislativa.

3. La comisión considera que, si bien son válidos los argumentos de la exposición de motivos, no justifican una sobreregulación, debido a que ya se encuentran previstos en el Código Civil.

El impacto de la propuesta de adición en la Ley se ilustra de la siguiente manera:

Por cuanto hace al reenvío al Código Civil (Federal), la idea se ilustra de la siguiente manera:

Por otra parte, es importante mencionar que el artículo 304 del Código Civil Federal señala textualmente:

Artículo 304. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.

En todo caso, existe en el mismo código la referencia a lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, de acuerdo con su artículo 311:

Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Por lo demás, es necesario no causar densidad y repetición en el marco legal mexicano con normas que producen sobreregulación.

Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 72 literal G; 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 39 numerales 1, 2 fracción III, que corresponde a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y su numeral 3; así como los artículos 43 y 44; el artículo 45 en su numeral 6, incisos e) y f) y el primer párrafo de su numeral 7, así como los demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, 56; 60; 87, 88; 93, 94 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscriben el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la diputada a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 31 de mayo del año 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la Sala de Juntas de la comisión, a los 28 días del mes de marzo del año 2007.

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina , Alma Hilda Medina Macias (rúbrica), Fernando Q. Moctezuma Pereda (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel , Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final en conjunto.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en fecha 13 de septiembre de 2005, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.

3. El día 13 de marzo de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

Contenido

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, tiene los siguientes objetivos:

Precisar el derecho de todo interno a recibir educación por parte del Estado.

Que los sentenciados que cursen y acrediten los niveles escolares, puedan recibir la documentación oficial correspondiente a los estudios cursados.

Para sustentar las reformas y adiciones propuestas, el autor de la iniciativa expone los siguientes razonamientos:

I. Que referirse al sistema penitenciario de nuestro país, es entrar a un mundo complejo y triste, donde existe sufrimiento y poca readaptación. Los Centros de Readaptación Social del país, federales o estatales, incluidas las cárceles municipales, mantienen diversas limitaciones en lo relativo a los procesos de readaptación social.

No obstante las normas en materia de readaptación social, las condiciones en los Centros de Readaptación no son las adecuadas para el cumplimiento de su objeto, prevaleciendo el hacinamiento, la falta de trabajo, estudio, capacitación y diversas formas de violencia, entre otros problemas.

II. La educación es un elemento indispensable para la readaptación social del sentenciado, quién de acuerdo con el artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, tiene derecho a recibir educación, siendo necesario también el certificar los estudios realizados a través de los documentos oficiales correspondientes.

III. Sostiene el diputado proponente, que se debe establecer en la legislación aplicable en materia de readaptación social de los sentenciados, el valor de la educación en el carácter humano, para contribuir al pleno desarrollo de la persona.

IV. Un elemento fundamental para promover una mejor calidad de vida en las personas que cumplen una pena privativa de libertad, es mejoramiento de su nivel educativo, que constituye uno de los elementos más sólidos para avanzar en su readaptación social.

V. Fomentar en los sentenciados el hábito por aprender, debe ser parte esencial del proceso de readaptación social.

VI. La educación es uno de los elementos más importantes para lograr el desarrollo humano y seguirá siendo la principal actividad para ayudar a la superación y crecimiento personal, lo cual traerá como consecuencia el avanzar en el desarrollo integral de la nación.

VII. Sostiene el diputado proponente, que con el objeto de estimular al proceso educativo de las personas que cumplen una pena privativa de la libertad, los estudios que realicen al interior de los Centros de Readaptación Social, deben ser reconocidos con la expedición de los certificados correspondientes, por parte de las instituciones educativas.

VIII. Por las consideraciones expresadas, el diputado propone la reforma al artículo 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación de los Sentenciados.

Consideraciones

1. Esta comisión dictaminadora, comparte el interés del diputado proponente de avanzar en el establecimiento de un marco jurídico más eficaz para la readaptación de las personas sentenciadas al cumplimiento de una pena privativa de libertad.

2. No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora considera innecesarias las reformas planteadas al artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, para establecer el derecho de todo interno a recibir educación y la obligación de las autoridades competentes de tramitar y entregar al interno la documentación que acredite los niveles escolares cursados dentro de algún centro de readaptación social.

En cuanto al derecho a recibir educación, éste ya se encuentra plenamente reconocido en los artículos 3 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Respecto a la obligación de expedir la documentación oficial que acredite los niveles escolares cursados, forma parte de los servicios educativos que proporciona el Estado de manera exclusiva.

4. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los principios rectores que orientarán el sistema penal. Con relación a la educación y capacitación para el trabajo en los centros de readaptación social, el segundo párrafo el artículo 18, establece:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

...

Con base en este párrafo, las autoridades competentes deben crear las condiciones necesarias para brindar los servicios educativos dentro de los centros de readaptación social.

5. Que el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3o de la Constitución Política Federal para todos los mexicanos, implica necesariamente el otorgamiento de un documento oficial que lo acredite, como se reglamenta en la Ley General de Educación y Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, mismo que a continuación se transcribe:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado ---Federación, estados, Distrito Federal y municipios---, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo citado, todo individuo tiene derecho a recibir educación incluyendo, necesariamente, a las personas privadas de su libertad en algún centro de readaptación social.

6. La obligación del Estado, para la acreditación y certificación de estudios se encuentra regulada, en los artículos 60 y 64 de la Ley General de Educación, que establecen:

Artículo 60. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.

Artículo 64. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.

El acuerdo secretarial respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

7. Que la acreditación y certificación de estudios, señalada en los artículos 60 y 64 de la Ley General de Educación, la realiza la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. De acuerdo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, que establece:Artículo 41.- Corresponde a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Acreditar y certificar, en coordinación con las unidades administrativas, órganos desconcentrados, entidades paraestatales agrupadas en el sector de la Secretaría y autoridades educativas locales competentes, los conocimientos y aptitudes adquiridos a través del sistema educativo nacional, expidiendo, en su caso, los certificados, títulos o grados que procedan;

...

8. Que finalmente, esta comisión dictaminadora tiene conocimiento de los servicios educativos que brinda la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Capacitación para el Trabajo, a través de los cuales se ha logrado capacitar, en el ciclo 2006-2007, a cerca de 6,460 internos en 22 Estados de la República.

Mediante esta instrucción, se proporciona a las personas un programa de actividades y de capacitación laboral basada en la adquisición conocimientos teórico-prácticos que les permiten desarrollar sus habilidades, destrezas y aptitudes con lo cual se logra fortalecer su integración emocional y económica.

Cabe señalar, que al concluir su instrucción los internos de los centros de readaptación social reciben un diploma con reconocimiento de validez oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública.

Por lo anteriormente expuesto y, después de estudiar detenidamente el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados; presentada por el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de fecha 13 de septiembre del año 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2007.

Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Edgar Armando Olvera Higuera , Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa que adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competentes y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 28 de abril de 2005, el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

2. En esa misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen.

3. El día 13 de marzo de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

Contenido de la iniciativa

De la lectura de la exposición de motivos se desprende que la iniciativa presentada por el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos tiene como propósito central adicionar la Ley de la Policía Federal Preventiva, con el objeto de establecer que sus servidores públicos, se abstengan de utilizar sistemas de comunicación personal en el horario en que presten servicios, y disponer únicamente de aquellos que le sean proporcionados para el desempeño de sus actividades oficiales

Lo anterior, se propone a dicho del diputado iniciante, en razón de que dicha conducta resta crédito a la imagen institucional del cuerpo policial, ya que estando en servicio, son diversos los asuntos que atienden mediante tales sistemas de comunicación que no siendo parte del servicio mismo propician el descuido de la encomienda y repercuten en la ineficacia o los nulos resultados en los cometidos asignados.

Por lo que el diputado promovente afirma que la prohibición expresa para el empleo de cualquier artefacto de comunicación ajeno a los implementos propios del servicio impactaría de manera directa a la población al otorgar mayor certidumbre y certeza en la ejecución y desempeño del servicio de Seguridad Pública.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una competencia federal para expedir leyes en materia de seguridad nacional, como lo señala la fracción XXIX-M del artículo 73 que se transcribe a continuación:Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;

XXIV. a XXX. ...

2. Que la Seguridad Pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

3. Que el párrafo sexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios de la actuación de los servidores públicos de las corporaciones policíacas, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 21. ... ... ... ... ...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

...

4. Que la Ley de la Policía Federal Preventiva publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva, misma que tiene como función primordial salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

5. Que esta ley establece que las relaciones jerárquicas en la institución, sus estructuras normativas y operativas, organización territorial y las atribuciones de mando, dirección y disciplina, son determinados en el Reglamento Interior de la Policía Federal Preventiva.

6. Que el Reglamento de la Policía Federal Preventiva, publicado en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 26 de abril de 2000, prevé en su capítulo primero, denominado ``De los Deberes y Sanciones'', en los artículos 132 y 133, establece los principios de disciplina, legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, tal y como a continuación se transcriben:

Artículo 132. Para los efectos de este reglamento, la disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.

La disciplina es la base del funcionamiento y organización de la Institución, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente una autoridad y sus subordinados.

Artículo 133. La actuación de los integrantes de la Institución se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

7. Que el Reglamento mencionado anteriormente, establece las sanciones a los elementos que incumplan los deberes establecidos en la Ley de la Policía Federal Preventiva, este Reglamento y demás disposiciones aplicables, mismas que serán impuestas a través de una resolución formal de la Comisión de Honor y Justicia, y se impondrán sin perjuicio de las que correspondan aplicar por responsabilidad administrativa o penal.

8. Que el artículo 135 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, establece entre los deberes de los integrantes de la Institución, el de mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio.

9. Que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, establece que son sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

10. Que esta misma ley, establece que todos los servidores públicos deberán utilizar los recursos que tengan asignados para el desempleo de su cargo o comisión, exclusivamente para los fines a los que se designen.

11. Que el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y que será sancionado penalmente todo acto que atente contra la libertad y privacidad de ellas, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 16. ...

... ... ... ... ... ... ...

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

...

...

12. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

13. Que el artículo 13 de la ley mencionada, establece entre lo que se clasifica como información reservada, se encuentra aquella que comprometa a la seguridad pública, ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos y la impartición de justicia.

14. Que por lo que hace a la propuesta del diputado Chávez Dávalos de adicionar una fracción XI al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, para establecer el que los elementos de la corporación se abstengan de utilizar, en horas de servicio, medios móviles de comunicación personal conocidos o por conocerse, debiéndose sujetar su comunicación única y exclusivamente a los mecanismos, medios y aparatos que para tal efecto le sean entregados de manera oficial y como parte de sus implementos de servicio, esta comisión dictaminadora no la considera viable, en virtud de la Ley de la Policía Federal Preventiva, así como su Reglamento establecen que los elementos que hagan uso indebido de su equipo y no cumplan sus funciones serán acreedores a sanciones de naturaleza administrativa o penal, según lo determine la Comisión de Honor y Justicia.

15. Que además de lo anterior, los elementos de la Policía Federal Preventiva, como servidores públicos tienen la obligación de hacer uso de los equipos que les son asignados exclusivamente para cumplir con sus funciones, mismos que al incurrir en el incumplimiento de dicha función, son sujetos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

16. Que también es importante hacer notar que los miembros de la Institución, en el cumplimiento de sus funciones reciben información de acuerdo a su categoría o nivel jerárquico y ámbito de actuación, misma que de ser información de carácter reservada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deberán de respetar, y en caso de incurrir en el incumplimiento de dicha disposición, serán sujetos de sanciones.

17. Que finalmente, esta comisión dictaminadora, considera que la prohibición de que los elementos de la Policía Federal Preventiva utilicen equipos personales no pertenecientes a la corporación durante el desarrollo de sus funciones, no resuelven el problema de hacer eficiente y eficaz su labor.

Por lo antes expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, presentada por el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos el 28 de abril de 2005.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo de 2007.

Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Edgar Armando Olvera Higuera , Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL MAGUEY

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal de Protección al Maguey

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura en la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Protección al Maguey, a cargo del diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 40, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

A. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados efectuada el 27 de abril de 2004, el diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Protección al Maguey.

B. En la misma fecha, y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este órgano legislativo dispuso el turno a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y dictamen, de la iniciativa anteriormente referida.

C. Con fecha 14 de noviembre de 2006, esta comisión analizó la presente iniciativa, procediendo a dictaminarla bajo la siguiente

Valoración

I. En su exposición de motivos, la iniciativa de ley establece que el maguey ha sido y es una planta nacional, de importancia comercial, y por su nula protección está desapareciendo de nuestro paisaje.

II. Esta planta también ha sido y es materia prima para la vivienda de un sector importante de mexicanos y es artesanía con el trabajo fino de sus fibras.

III. Sin embargo, en la actualidad existe una grave problemática en torno al robo, incluso a mano armada, de la cutícula de esta planta, que en una sola noche destruyen, con el consecuente impacto económico y el daño a la salud de los productores al saberse afectados en lo que era la inversión de su vida.

IV. La planta de maguey está en peligro de extinción, pues 60 por ciento de la población magueyera ha desaparecido en los últimos 20 años y se redujo su explotación a sólo 5 productos de esa planta, como son la obtención del pulque a partir del aguamiel, la extracción indiscriminada del mexiote, o cutícula del maguey; la recolección del gusano blanco y rojo del maguey y la producción del mezcal, actividades de las que se desprenden cadenas productivas como la alimentaria, la de artesanías y mezcalera, las cuales aprovechan la piña de la planta, las pencas y raíz.

V. Con la protección de la ley a la planta del maguey se permitirían la explotación racional y, con ello, la generación de empleos directos e indirectos que impactarían en el arraigo familiar y mejorarían las expectativas de desarrollo regional.

VI. El eje de la iniciativa es establecer un marco normativo que proteja la planta de maguey, permitiendo su explotación racional, y coadyuve a la generación de empleos directos e indirectos, mejorando el desarrollo regional para los estados productores.

VII. Los aspectos relevantes de esta ley son los siguientes:

i) Otorgar protección a la planta de maguey en todas sus variedades, así como regular la coordinación entre dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil a fin de salvaguardarla.

ii) Constituir la comisión nacional del maguey, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica y administrativa para fungir como órgano regulador de las actividades económicas dependientes del uso del maguey.

iii) Fomentar el apoyo a organizaciones de productores, a efecto de proteger y aprovechar la producción del maguey.

iv) Integrar a los productores a un padrón nacional del maguey.

Consideraciones

Primero. Que Mesoamérica y Aridoamérica son escenarios del origen y evolución del maguey. En ambas regiones esta planta ha sido utilizada, desde los primeros pobladores hasta la actualidad, para satisfacer y complementar una serie de necesidades básicas: alimento, forraje, medicamentos y construcción, entre otras.

Segundo. Que de este vegetal se obtienen bebidas, dentro de las cuales sobresale el pulque: Esta bebida tienen un registro que data de 300 años antes de Cristo; representaba un importante papel social, ya que por motivos religiosos estaba contenida de fuerzas espirituales que la asociaban con una gran cantidad de dioses que están plasmados en la mayoría de los códices mexicanos.

Tercero. Que para estados de la República Mexicana como Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, México y Zacatecas, el maguey representa una planta indispensable para la conservación de la fertilidad de las tierras de cultivo, puesto que parte de su territorio está compuesta por tierras de zonas áridas y semiáridas.

Cuarto. Que es necesario apoyar la demanda de miles de campesinos, en el sentido de proteger su patrimonio y, en general, la riqueza nacional que representa aún el maguey.

Quinto. Que en atención a esta demanda, en la legislatura pasada se inició el proceso de análisis, discusión y búsqueda de consensos para aprobar una ley que respondiera a la utilización sostenible del maguey y que en el centro de la misma se ubique a los productores.

Sexto. Que este proceso arrancó el 27 de julio de 2005, con la cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, que se celebró en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En esta reunión se hizo una presentación de la iniciativa por parte del diputado promovente de la misma y se acordó la realización de foros regionales de consulta para analizar la iniciativa en comento.

Séptimo. Que posteriormente, y en cumplimiento del anterior acuerdo, se celebraron los siguientes foros regionales:

i) Los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2005, en San Luis Potosí, SLP.

ii) Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2005, en Tlaxcala, Tlaxcala.

iii) En Oaxaca, Oaxaca.

Octavo. Que en los foros celebrados se identificaron algunas omisiones importantes, así como deficiencias en el texto de la propuesta original, algunas únicamente de forma y otras de fondo.

Noveno. Que al hacer una valoración integral del texto completo de la iniciativa, se observan deficiencias en cuanto a su estructura que, de rehacerla, implicaría generar un texto diferente del presentado originalmente.

Décimo. Que la iniciativa no viene acompañada de un estudio del impacto presupuestal, de aprobarse la misma, toda vez que esto último implicaría la creación de la comisión nacional del maguey.

Décimo Primero. Que a pesar de la importancia social, económica y ambiental de la iniciativa de ley bajo dictamen, no se logró el suficiente consenso político entre todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura para impulsarla y, en su caso, lograr su aprobación.

Décimo Segundo. Que, en este orden de ideas, podemos concluir que la iniciativa con proyecto de ley en comento no contiene el suficiente sustento técnico y jurídico que justifique su aprobación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Protección al Maguey, presentada por el diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto Brito González , Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , María Guadalupe García Noriega , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Gustavo Macías Zambrano , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , Francisco Javier Murillo Flores , Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Rueda Gómez , Francisco Sánchez Ramos , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DE INVESTIGACION, DESARROLLO BIOTECNOLOGICO Y BIOSEGURIDAD

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad, a cargo del diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 40, 43, 45, en su numeral 6, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 89, 93, 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente

Metodología

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión dictaminadora procedió al estudio y análisis de la iniciativa materia del dictamen, conforme a los siguientes apartados:

A. En el primero se consignan los ``Antecedentes'' de la propuesta en estudio;

B. En el segundo se hace la ``Valoración'' de la iniciativa, motivando los razonamientos y fundando argumentos del dictamen;

C. En el tercero se presentan las ``Consideraciones'' que dan sustento a los razonamientos que orientaron el presente dictamen; y

D. Finalmente, se presentan las conclusiones y el dictamen de la iniciativa.

Antecedentes

A. Durante la sesión ordinaria de la LVIII Legislatura celebrada el 25 de abril de 2002, el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad.

B. En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, dispuso su turno mediante el oficio número D.G.P.L. 58-II-1-825 a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y correspondiente dictamen.

Valoración

En su exposición de motivos, los diputados promoventes de la iniciativa hacen alusión a los resultados de la denominada ``Revolución Verde'', la cual se caracterizó por un cambio de paradigma en las prácticas agrícolas, que consistió en el uso de semillas producidas con nuevos enfoques genéticos y en nuevas prácticas agrícolas que implicaron el uso masivo de fertilizantes, plaguicidas e intensas labores de cultivo.

No obstante el incremento del volumen de producción, en el mundo y en nuestro país, como resultado de esta innovación tecnológica, ésta arrojó una serie de efectos indeseables, tales como perjuicios sanitarios y ambientales, dependencia tecnológica, dependencia de semillas y material genético, elevación del gasto de energía derivada de uso del petróleo, desplazamiento de muchas variedades de plantas locales por unas pocas, concentración del uso de la propiedad agrícola y disminución del PIB del sector, entre otros.

A partir de la década de los años ochenta surgieron compañías de producción agropecuaria y los cazadores de tecnologías útiles para los negocios, quienes comenzaron a utilizar los descubrimientos de la investigación genética que desembocó en una nueva ingeniería genética agrícola centrada en la transferencia de unos pocos genes para obtener variedades más resistentes a plagas o capaces de crecer en medios hostiles, o aun de presentar mejores características para su industrialización o conservación.

El resultado inmediato de la ingeniería genética aplicada a la producción agrícola ha sido que los recursos naturales genéticos adquieran un alto potencial de valor comercial y estratégico, por lo que empresas e investigadores del primer mundo han comenzado a presionar por la posesión de tales recursos y aun a registrarlos (o intentarlo) como propiedad intelectual en los países industrializados sin el consentimiento y participación de los países productores de tales recursos.

De esta manera, las empresas transnacionales pueden pesar negativamente sobre los países del tercer mundo, al convertirse en dueños de especies enteras, de sus recursos genéticos, de la experiencia acumulada durante milenios por los agricultores; dejarían fuera de la producción a los campesinos y pequeños agricultores, acentuando la polarización social y del ingreso, y --sobre todo-- se convertirían en factor de dominación y presión política, como se demostró durante la Guerra Fría con el uso de las cosechas de trigo como arma.

Por otra parte, existe una disputa científica centrada en particular sobre los posibles efectos de la plantación masiva de plantas transgénicas y aun sobre el uso de productos que contengan derivados de dichas plantas, disputa relacionada con la evaluación de los riesgos ambientales y humanos producidos por el uso de organismos genéticamente modificados.

Para hacer frente a éstas y otras amenazas consideradas en la exposición de motivos de la ley en comento, se consideró necesario que el Estado adopte una política definida en materia de investigación, desarrollo biotecnológico y bioseguridad que permita salvaguardar los recursos naturales del país, en el sentido que lo establece el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, y en particular se ponga a salvo el material genético, tal como lo propone el proyecto de ley.

Considerando lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Rural realizó el estudio correspondiente, del cual se desprenden las siguientes

Consideraciones

Esta iniciativa aborda uno de los temas más importantes de la agenda ambiental del país, i.e. la regulación mediante una legislación adecuada del manejo, uso, distribución y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) construidos a partir de la biotecnología moderna, cuya presencia en el mundo en general y en México en particular amenaza la soberanía y seguridad alimentaria, la diversidad biológica y genética y la salud humana.

Los OGM contienen genes de otra especie, que son introducidos mediante técnicas de ingeniería genética. El ADN de estos organismos es una combinación genética, lo cual es posible gracias a la intervención del hombre.

La preocupación sobre estos OGM ocurre cuando son liberados al ambiente ya que, como cualquier ser vivo, éstos interactuarán con el resto de seres vivos del ecosistema, aun cuando se argumenta que al saber qué genes se introdujeron y a priori se pueda prever cierto comportamiento del organismo huésped, no se puede predecir cuál será el impacto final en el ecosistema.

El tipo de interacciones en un ecosistema es muy diverso. Hay interacciones a nivel molecular, químicas, de comportamiento. Éstas pueden ser de beneficio mutuo entre dos organismos, de parasitismo (sólo una se beneficia), de coexistencia, o de interacción puente o intermedia entre un organismo y otro, etcétera.

Por otro lado, la expresión genética, en gran medida, está regulada por condiciones ambientales; esto es, un gene se puede expresar o no, dependiendo de la temperatura, de la interacción con otro organismo, de las condiciones de agua disponible, entre otros. Lo único de lo que podemos estar seguros es que un OGM, como cualquier ser vivo, cumplirá su ciclo de vida: crece, se desarrolla y se reproduce, trasmitiendo a su progenie sus características genéticas inéditas.

Dada la relevancia del tema, desde 1999, durante la LVII Legislatura, se realizaron intentos por establecer un marco jurídico que diera respuesta a la demanda que la sociedad mexicana, desde esa fecha, ha venido planteando en el sentido de contar con un adecuado marco jurídico en la materia.

De esta manera, en abril de 1999 se presentó por un grupo de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezados por el diputado Alejandro Jiménez Taboada, durante la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la primera iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Un año después, es decir, en abril de 2000, el diputado Fernando Castellanos Pacheco, integrante del Partido de Acción Nacional, sometió a esta soberanía una iniciativa de ley de bioseguridad, la cual no tuvo el eco necesario para generar una discusión que permitiera arribar a algún consenso.

Ambas iniciativas fueron turnadas en su momento, para su dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Agricultura, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados.

No obstante los intentos para legislar en relación con este tema, concluyó dicha legislatura quedando pendiente el trabajo legislativo de dictaminación y, en su caso, de aprobación de ambas iniciativas.

Una vez instalada la LVIII Legislatura, en octubre de 2001 el diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una nueva iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, con tan sólo siete artículos, que igual que las anteriores careció de suficiente fuerza para provocar el debate en torno al tema.

No fue sino hasta febrero de 2002 cuando la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la misma LVIII Legislatura, retomó nuevamente el análisis y la discusión pendientes en torno a los OGM. Esta comisión inició un proceso de consulta pública con un enfoque sectorial; es decir, convocaron por mesas separadas al sector académico, al empresarial y a las organizaciones no gubernamentales.

Desafortunadamente, el anteproyecto de dictamen sobre las iniciativas de ley en bioseguridad elaborado por la comisión mencionada no llegó a ver la luz, ya que ni siquiera entró a discusión con las otras dos comisiones encargadas en conjunto de dictaminar las iniciativas.

Finalmente, en el contexto de estos esfuerzos por parte de los legisladores, el 25 de abril de 2002 el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó para su dictamen la iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad, que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara dictó a su trámite a la Comisión de Desarrollo Rural.

Cabe mencionar que pese a los esfuerzos realizados en diversos momentos y prácticamente por las diversas fracciones políticas, desafortunadamente ninguno de los esfuerzos legislativos realizados durante la LVII y LVIII legislaturas llegó a feliz término, al no dictaminarse alguna de las iniciativas propuestas.

Con lo anterior, queda de manifiesto que éste constituye un tema sumamente difícil y complejo para su abordaje, análisis y discusión. En él se entrecruzan fuertes intereses económicos y políticos, principalmente los de las empresas transnacionales, con los intereses y los derechos de las comunidades indígenas, que son dueñas originales del conocimiento y de la biodiversidad, así como con la preocupación de la sociedad en general por el efecto de los organismos transgénicos sobre la salud humana (riesgos por liberación y efectos nos deseados en la salud humana como resultado de su uso), así como el derecho constitucional a la información de todos los mexicanos.

Esto explica en parte la gran dificultad que existió durante dos legislaturas para arribar a los consensos necesarios para la aprobación de una ley al respecto.

En particular, por lo que se refiere a la Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad, propuesta por el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, en comento, algunos investigadores del Departamento de Biotecnología Ambiental del Colegio de la Frontera Sur el 3 de septiembre de 2002 hicieron una serie de observaciones en el siguiente sentido:

a) Esta ley debería establecer y dejar claramente establecido que su objeto es velar y promover que los avances biotecnológicos contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Pareciera que la única preocupación de la ley es la independencia alimentaria.

b) La ley tiene un claro enfoque hacia la conservación de los recursos naturales, lo cual es justo y necesario. Sin embargo, no promueve el desarrollo de una biotecnología propia, que limite importaciones y dependencia biotecnológica.

c) Se observa en esta ley un desbalance hacia el lado punitivo, el cual, lejos de promover, inhibirá la investigación nacional en biotecnología.

d) Se considera necesario precisar algunos de los términos que contempla el texto propuesto de ley.

e) La ley pretende abarcar todos los aspectos que cubren la biotecnología; sin embargo, al particularizar en los diferentes artículos, se mencionan generalmente plantas, animales y microorganismos, pero no menciona los hongos.

f) Asimismo, menciona frecuentemente la agricultura y los alimentos como objetos de esta ley, pero poco se menciona sobre la pesca o la salud humana, que también son objetos de importantes adelantos biotecnológicos.

Con base en lo anterior, se considera que si bien esta iniciativa fue oportuna en el tiempo en que se presentó y constituyó un avance significativo, su contenido resultó insuficiente, por lo que no se pudo avanzar en su dictamen.

Posteriormente a la aparición de esta iniciativa de ley, el tema se mantuvo en la mesa del análisis y la discusión y volvió a ser tema de amplio debate y discusión en las últimas legislaturas, particularmente al final de la LVIII Legislatura e inicio de la LIX.

Así, durante los dos primeros años de la LVIII Legislatura, el tema permaneció en un compás de espera, y no fue sino hasta el tercer año que lograron avanzar en el proceso de aprobación.

El 12 de noviembre de 2002 se presentó al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley de Bioseguridad de OGM, suscrita por 17 legisladores del PRD, del PRI, del PAN, del PVEM y de CD.

Después de un proceso de consulta a través de la página electrónica en Internet denominada Foro de Consulta sobre la Iniciativa de Ley de Bioseguridad de OGM, abierta del 13 de noviembre de 2002 al 7 de febrero de 2003, se sometió al Pleno de esta Cámara y se aprobó dicha iniciativa con 87 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa, pese a que fue aprobada en la Cámara de Senadores en la fecha arriba mencionada, siguió sufriendo cambios el viernes 25 de abril y finalmente fue remitida a la Cámara de Diputados para ser revisada, discutida y aprobada la tarde del 28 de abril del mismo año.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez que se aprueba una iniciativa de ley en la cámara de origen, se envía la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley en cuestión a la cámara revisora, hecho que ocurrió al final del segundo periodo ordinario de sesiones (y último) del tercer año de la LVIII Legislatura.

Para que una iniciativa de ley se pueda enviar a su vez al Ejecutivo como tal, es necesaria la aprobación de ambas. Como esto no sucedió por término de la legislatura, en un intento por preparar el terreno para los legisladores de la LIX Legislatura se convocó en la Cámara de Diputados, en julio de 2003, a una reunión de trabajo para analizar nuevamente la minuta del proyecto de decreto de la Ley de Bioseguridad de OGM, donde se volvieron a manifestar las posiciones a favor, de representantes de la Semarnat y la Sagarpa, de algunos legisladores, representantes de medianos y grandes productores agrícolas y algunos académicos, y por el otro, en contra de organizaciones no gubernamentales, representantes de los pequeños productores del campo, investigadores y representantes de la sociedad civil.

El 14 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bioseguridad de OGM, la Cámara de Senadores hizo lo propio el 15 de febrero de 2005, y finalmente el 18 de marzo de 2005 fue publicada por el Poder Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación.

Ante este hecho consumado, la Comisión de Desarrollo Rural considera necesario revisar e impulsar reformas en la presente legislatura a la Ley de Bioseguridad de OGM vigente, que incluyen:

Pugnar por una verdadera bioseguridad, a efecto de que se garantice el principio de precaución estipulado en el Protocolo de Cartagena, que proteja nuestra biodiversidad, salud y economía.

Evitar la importación de transgénicos (principalmente maíz).

Garantizar la participación campesina en todas las negociaciones internacionales.

Proteger y defender nuestra riqueza biológica.

Proteger los derechos comunitarios sobre los recursos genéticos.

Impulsar un amplio programa nacional de semillas que promueva el rescate de nuestra diversidad genética.

Revisar y renegociar las medidas sanitarias a fin de garantizar que las importaciones de Estados Unidos y Canadá cumplan los requisitos de la bioseguridad, vigencia y etiquetado para ser alimentos sanos.

Oponerse a la privatización de la diversidad biológica.

Defender los derechos campesinos e indígenas sobre los recursos, bienes comunes y patrimonio de la humanidad.

Oponerse a las patentes sobre la vida, a la siembra de organismos genéticamente modificados, defender el maíz nativo e impulsar la agricultura sustentable.

En atención a las consideraciones y razonamientos anteriormente expuestos, esta comisión dictaminadora emite las siguientes

Conclusiones

1. No obstante que la iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad, propuesta por el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, en nombre de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura, constituyó un importante esfuerzo y aportación en materia legislativa, ésta terminó siendo insuficiente.

2. Dada la importancia, complejidad y amplitud del tema, la iniciativa de ley motivo del presente dictamen quedó rebasada y subsumida en el texto de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa de Ley de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad, presentada por el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, en nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto Brito González , Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa , Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién , Gerardo Antonio Escaroz Soler , María Guadalupe García Noriega , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Joel Guerrero Juárez , Gustavo Macías Zambrano , Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , Francisco Javier Murillo Flores , Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Rueda Gómez , Francisco Sánchez Ramos , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

De la Comisión de Economía, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, presentada por las diputadas Nora Elena Yú Hernández y Rebeca Godínez y Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de enero de 2006. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Que en sesión celebrada en la Comisión Permanente, el día 18 de enero de 2006, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentaron las diputadas Nora Elena Yú Hernández y Rebeca Godínez y Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados''.

Tercero. Mediante acuerdo de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la LIX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el jueves 7 de septiembre, se comunica a esta soberanía que dichos dictámenes pasan a esta legislatura en calidad de proyectos de dictamen para someterse a consideración de las comisiones competentes, como lo es el presente asunto.

Cuarto. Mediante oficio CE/0001/06, de fecha 26 de octubre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de ésta y otras iniciativas que constituyen el rezago legislativo heredado de la LIX Legislatura, pendiente de trámite.

Quinto. Las legisladoras proponen lo siguiente:

Adicionar un artículo 17 Bis para establecer que, en el caso de donaciones, la Secretaría de Economía pueda eximir de regulaciones y restricciones no arancelarias aquellas importaciones de origen y destino específico, y

Adicionar un artículo 24 Bis para otorgar, cuando existan causas que lo justifiquen, prórroga de permisos previos y de cupos a que se refieren los artículos 21 y 24 de la ley, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la secretaría mediante reglas.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Tercera. Que la Ley Aduanera tiene por objeto regular la entrada y salida del territorio nacional, de las mercancías y los medios en que se transportan, el despacho aduanero y los hechos o actos que se deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.

Cuarta. Que la Ley Aduanera establece los requisitos que deben cumplir las importaciones que serán objeto de donación: 1) las mercancías deben ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de asistencia social; 2) las mercancías importadas deberán ir a formar parte del patrimonio del beneficiario; 3) el donante deberá ser extranjero y no podrá donarse mercancía que ya se encuentre en territorio nacional antes de la donación, y 4) se debe cumplir, en los casos que se requiera, con las ``regulaciones y restricciones no arancelarias'' a las que la importación de la mercancía esté sujeta.

Quinta. Que las regulaciones y restricciones no arancelarias, que señala la legislación en materia de comercio exterior, son medidas que el gobierno adopta para controlar la entrada de mercancías al país, que puedan dañar a la salud pública, la seguridad nacional o la industria y el comercio de nuestra nación, y se concretan en la presentación de ``permisos previos'', ``cupos máximos'', ``marcado de país de origen'', ``certificaciones'', ``cuotas compensatorias'', y demás instrumentos que se consideren adecuados.

Sexta. Que los cupos son una regulación no arancelaria, en México cualquier persona física o moral puede importar mercancías pagando sus aranceles correspondientes sin contar con un cupo, porque el certificado de cupo permite importar o exportar mercancías; si, como se señala en la propuesta, no causan impuestos al comercio exterior las donaciones, no resulta necesario modificar el artículo 17 Bis de la LCE ni incluir en esta propuesta a los cupos.

Séptima. Que al momento de importar una mercancía donada, el Agente Aduanal debe presentar una autorización que permite su entrada para fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de asistencia social, así como los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, los cuales se tramitan ante las diferentes secretarías de Estado.

Octava. Por lo que respecta al artículo 24 Bis, ya el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior incluye la figura de prorrogas automáticas para permiso previo, y las aduanas las aplican de manera automática, a petición del interesado; cabe destacar que esta disposición no aplicaría cuando el permiso previo esté vinculado a un cupo.

Novena. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina reconocen y concluyen que el objetivo que persigue esta iniciativa es loable, y resulta imperiosa la necesidad de agilizar aquellos mecanismos y normas que corresponden a la entrada de mercancías, principalmente aquellas que respondan a donativos; sin embargo, no es la vía más adecuada la propuesta planteada, en virtud de que propiciaría una entrada sin control de mercancías bajo el argumento de que se trata de bienes para donación.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, presentada por las diputadas Nora Elena Yú Hernández y Rebeca Godínez y Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo de 2007.

La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica en contra), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica en contra), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica en contra), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final en conjunto.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

La Secretaria diputada Ana Lilia Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa que reforma los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de abril de 2006. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 27 de abril de 2006, los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante oficio CE/0001/06, de fecha 26 de octubre de 2006, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía de la LX Legislatura del contenido de esta y otras iniciativas que constituyen el rezago legislativo heredado de la LIX Legislatura, pendiente de trámite.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Reformar los artículos 62 y 89 de la Ley de Sociedades Mercantiles para actualizar la denominación de la unidad monetaria establecida en esos ordenamientos.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la unidad del sistema monetario del país es el peso, y que las únicas monedas circulantes serán: los billetes emitidos por el Banco de México, con las denominaciones que fijen sus estatutos, las monedas metálicas emitidas por esa Institución y demás características que señalen los decretos relativos.

Tercera. Que el decreto que estableció la nueva Unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, inició su vigencia el 1º de enero de 1993, y la nueva unidad monetaria fraccionó en cien centavos a la anterior, en términos prácticos tuvo el efecto de quitarle 3 ceros a la moneda.

Cuarta. Que el artículo noveno transitorio del decreto del 22 de junio de 1992, por el que se crea una nueva Unidad Monetaria, textualmente dice: ``Las excepciones en moneda nacional contenidas en leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones, que hayan entrado en vigor con anterioridad al 1º de enero de 1993, se entenderán referidas a la unidad monetaria que se sustituye''.

Quinta. Que el 7 de septiembre de 2005, esta comisión resolvió en sentido positivo el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante el cual se reforma el artículo 89, fracción II, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para actualizar las cantidades establecidas bajo la antigua unidad monetaria, y el Pleno de esta soberanía coincidió con esta resolución aprobándolo con 360 votos a favor y cero en contra.

Sexta. Que el decreto que reforma la fracción II del Artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, actualizando la denominación de la unidad monetaria fue igualmente aprobado por la colegisladora y Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 28 de julio de 2006.

Séptima. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante su Tesis Jurisprudencial 2/2005 aprobada el 7 de febrero de 2005, que la expresión en moneda nacional contenida en leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones en vigor con anterioridad al 1 de enero de 1993, se deberá considerar su conversión, computo o interpretación a la unidad monetaria en vigor.

Octava. Que en cuanto hace al texto vigente del artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se ajusta a los principios de legalidad y de seguridad jurídica y no obstruye o complica los negocios en este país.

Novena. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que uno de los preceptos legales que se pretende modificar ya se actualizó y publicó en el Diario Oficial de la Federación, asimismo, no existe conflicto en las leyes cuando se hace referencia a la antigua unidad monetaria en el artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo tanto, el estas reformas no constituyen ninguna contribución fundamental al marco jurídico nacional.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el C. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo de 2007.

Por la Comisión de Ecionomía; diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Carlos Armando Reyes López , Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero , Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Angel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación al final.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

En la sesión celebrada el 5 de septiembre de 2006 fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el senador José Antonio Haghenbeck Cámara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza bajo la siguiente

Metodología

Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa anteriormente mencionada desarrollan su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta, así como de los trabajos previos de las comisiones.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

El 25 de octubre de 2005, el senador José Antonio Haghenbeck Cámara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de nuestra honorable colegisladora la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En la misma fecha la mesa directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, para su respectivo estudio y dictamen.

En sesión celebrada con fecha 27 de abril de 2006, por la honorable Cámara de Senadores fue aprobado el proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Posteriormente, en sesión celebrada con fecha 5 de Septiembre de 2006 por la honorable Cámara de Diputados, se recibió el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ésta honorable Cámara de Diputados turnó la citada minuta a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En la minuta en estudio se manifiesta que la obesidad constituye un problema de salud pública y actualmente es uno de los padecimientos epidémicos más importantes en varios países, incluido México.

Asimismo, en la misma se asegura que es de suma importancia prevenir, combatir y controlar la obesidad de la población mexicana, por lo que se requieren reformas para abatir el desconocimiento e ignorancia sobre la correcta nutrición como factor fundamental en la aparición de malos hábitos alimenticios, mismos que se reflejan en trastornos y desórdenes alimenticios, como es el caso del sobrepeso y obesidad.

Finalmente determina que los jóvenes y niños pueden ser fácilmente influenciados por publicidad que presenta promociones y ofertas que incitan al consumidor a comprar e ingerir productos de bajo valor nutricional y/o alto contenido energético, provocando que se agrave el problema de sobrepeso y obesidad.

III. Consideraciones

El derecho a la salud es una de las más importantes prerrogativas de las personas no sólo porque constituye un valor fundamental para su desarrollo sino porque además, dignifica al hombre. El artículo 4o. de nuestra Constitución Política consagra dicho derecho y determina, para tal efecto, que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

Pese a que concordamos con la idea de que es de suma importancia controlar los problemas de sobrepeso y obesidad en la población, particularmente en menores y jóvenes, es preciso señalar que la minuta en estudio resulta improcedente por diversos factores.

Actualmente la Ley General de Salud ya contempla en su artículo 2 el derecho de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, supuesto de carácter general que indiscutiblemente abarca el supuesto contenido en la propuesta de la minuta que establece que corresponde a la Secretaría de Salud promover investigaciones sobre los efectos del consumo de productos con bajo contenido nutricional y alto valor energético, del abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo.

En el mismo sentido, es menester destacar que existe una Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, que reglamenta todo lo relativo a la educación para la salud en materia alimentaria, por lo que la propuesta de readicionar una fracción X al artículo 115 de la Ley en comento, no se considera viable.

En cuanto a la adición de un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consideramos que dicha propuesta resulta ilegal desde diferentes puntos de vista.

Por un lado estigmatiza cierto tipo de alimentos, cómo si éstos fueran los únicos posibles causantes del problema de la obesidad, ignorando el carácter multifactorial del problema, además de que sólo se limita a regular a aquellos productos sobre los que se efectúen promociones y ofertas, dejando de lado a otros productos que siendo igualo más perjudiciales para la salud en materia de obesidad y sobrepeso.

La propuesta citada no está debidamente motivada, ya que no justifica científicamente ni de alguna otra manera en forma contundente, ni vincula el hecho de que la prohibición de ofertas y promociones tendrá un efecto positivo en la salud alimentaria de la población.

En el mismo orden de ideas, cabe señalar que la propuesta no hace una valoración del impacto económico ni de otras repercusiones que podría tener su implementación en el mercado nacional, particularmente en el comercio y en la empresa. Incluso en la minuta no se acuerda, suponiendo que la propuesta fuera viable, un tiempo razonable para que los sujetos obligados cumplan con la disposición.

Además, la propuesta resulta a todas luces inconstitucional, debido a que, por un lado, viola la garantía de libertad al comercio, consagrada en el artículo 5 de nuestra Carta Magna, toda vez que prohíbe o impide el ejercicio de un trabajo lícito.

Igualmente, nuestra Constitución consagra, en su artículo 25, que la ley debe alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, además de proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, principio que es francamente vulnerado por la adición contenida en la minuta.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OCT) y demás Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país establecen la prohibición expresa de elaborar, adoptar, mantener o aplicar medidas que se conviertan en restricciones o barreras injustificadas al comercio.

Cabe señalar que por definición todo alimento es nutritivo, por lo que ninguno pude calificarse a priori y en forma tan general como de bajo o alto valor, pues algunos alimentos no nutritivos o de bajo valor nutritivo, solo aportan hidratos de carbono, sin embargo, los hidratos de carbono son tan importantes como otros nutrimentos constituyendo la base de la alimentación y hasta considerados de primordial importancia después del agua y del oxígeno.

Al introducir conceptos como el de bajo contenido nutricional y alto valor energético, y al no estar definidos con precisión, su naturaleza y alcances podrían generar mayor incertidumbre jurídica e incluso vulnerar el principio de seguridad jurídica que se encuentra consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que en las leyes General de Salud o Federal de Protección al Consumidor no se especifica cuáles son los alimentos o características de los productos con bajo contenido nutricional y alto valor energético, dejando en estado de indefensión a los gobernados y permitiendo una discrecionalidad excesiva de la autoridad, al dejar a su arbitrio la determinación de cuáles serían los productos que estarían sujetos a la aplicación de la ley.

Se vulnera y se limita sin justificación la libertad de comercio consagrada en los artículos 5o. y 28 constitucionales, al establecer la prohibición de ofertas y promociones de determinados productos.

Por otro lado es importante tomar en cuenta que ya existe un marco regulatorio en donde se establece claramente las disposiciones en materia de publicidad, de productos y servicios, en la Ley General de Salud, en su reglamento en materia de publicidad, y en la Ley Federal del Consumidor.

El reglamento de publicidad de la Ley General de Salud tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades de competencia de la Ley General de Salud, especificando el tipo de publicidad que está permitida.

La minuta no aporta una solución integral al problema del sobrepeso y de obesidad, fomenta el prejuicio de algunos alimentos, considerándolos como únicos responsables de este problema, soslayando las medidas recomendadas por los especialistas en salud, como son el ejercicio regular, alimentación balanceada, entre otros.

Adicionalmente no se considera en la propuesta la urbanización paulatina de nuestra sociedad, que elevó el nivel del sedentarismo que no solamente se debe a causas como la actividad laboral, sino también por las opciones de entretenimiento, como ver la televisión por tiempos prolongados, los innovadores juegos de video o la Internet, que han desplazado la actividad física como una opción atractiva.

Finalmente, la propuesta podría provocar conflictos con los tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia económica, en donde se compromete a no realizar actos que desfavorezcan a los productos de otra nación y restringirle la publicidad a los productos de procedencia extranjera propiciaría que éstos acudan al auxilio y protección de sus gobiernos, que en su caso propiciaría sanciones de carácter económico en contra de nuestro país y de las industrias mexicanas que en sus territorios se publicitan, golpeando a rubros en los que México se encuentra beneficiado en aquellos mercados en razón de la preferencia del público; por ejemplo, el tequila, que a nivel mundial representa una atractiva opción en el mercado de licores, y en represalia pudieran restringirle su derecho a publicitarse en sus respectivos territorios.

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía que dictaminan comparten la preocupación de la Colegisladora sobre las consecuencias de una inapropiada nutrición los efectos del abuso del consumo de ciertos alimentos; sin embargo, reconocen y concluyen que no es la vía modificar los artículos como pretende la propuesta bajo análisis, dado que actualmente existen normas que regulan la calidad en los procesos de comercialización, pero la cantidad del producto que se ingiere es y debe ser responsabilidad del consumidor.

Por lo anteriormente expuesto los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Economía someten a la consideración de esta soberanía para su valoración y en su caso aprobación el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Segundo. Se devuelve al Senado de la República, con fundamento en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para sus efectos constitucionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús , Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .

La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica en contra), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narciso Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert , Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila , José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez , Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez , Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica en contra), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica en contra), Víctor Gabriel Varela López , Joaquín Humberto Vela González , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Para este asunto se han inscrito la diputada Susana Monreal Ávila, el diputado Alejandro Sánchez Camachoy el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado. Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila.

La diputada Susana Monreal Ávila:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros integrantes de esta Cámara de Diputados, acudo a esta tribuna para pedirles el voto en contra de este dictamen negativo que desecha el proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Saludy el 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en razón de que en nuestro país desde hace décadas los problemas de nutrición infantil se han polarizado.

Persiste, por un lado, la desnutrición y por el otro el aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad, siendo éste último un problema que se presenta principalmente en las zonas urbanas del país, las cuales representan más de 75 por ciento del total de la población. La obesidad constituye un problema de salud pública y actualmente es uno de los padecimientos epidémicos de muchos países.

Se ha comprobado que el sobrepeso y la obesidad constituyen, entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. La obesidad durante la infancia y la adolescencia es el desa-rrollo de una compleja interacción entre los factores genéticos, psicológicos, ambientales y factores socioeconómicos.

Actualmente muchos de los problemas relacionados con la alimentación tienen que ver con el desconocimiento o ignorancia sobre la correcta nutrición, proporcionando malos hábitos alimenticios, lo que produce trastornos y desórdenes de alimentación como sobrepeso y obesidad, ya que generalmente lo que se consume contiene un elevado índice de carbohidratos y calorías.

Estudios recientes revelan que el comer muchas golosinas o distintos productos conocidos genéricamente como ``comida chatarra'', provoca obesidad e incrementa la posibilidad en el afectado de desarrollar trastornos de salud.

La alimentación o consumo excesivo de comida chatarra se caracteriza por un contenido excesivo de calorías, grasas y sodio, y generalmente con un bajo valor nutricional y definitivamente con un alto contenido energético, poco saludable a la larga.

La comida chatarra que es como se generaliza a los productos que encontramos prácticamente en cualquier lugar como son golosinas, refrescos, frituras, pizzas, entre otros, incluyendo una gran cantidad y variedad de alimentos que en muchos casos se presentan en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, pero en otros casos estas condiciones no son justamente por lo que se destacan.

Estas nuevas formas de comer tan atractivas, especialmente para los niños y jóvenes, en general están bien presentadas, tienen buen sabor, son baratas, se pueden comer rápidamente, en cualquier lado y de pie.

Lamentablemente estos productos no son en la mayoría de los casos más que comida hipercalórica, con exceso de grasas y especialmente de sal que si se utilizan en forma habitual, sus consecuencias seguras, que será sin lugar a dudas el sobrepeso y la obesidad, por supuesto, con sus complicaciones inmediatas de salud, como las ya mencionadas.

Sabemos que el fin último de la publicidad son las ventas y que lograrlo se tiene que orientar a grupos masivos específicos con atractivos básicos para captar la atención de los receptores, pero no podemos permitir que el fin de la publicidad en alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente de los de bajo valor nutricional o elevado contenido energético, estén por encima de la salud pública.

La publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas debe desarrollarse dentro de los límites que protejan en forma adecuada la salud individual y colectiva de la población, ya que la correcta alimentación de los seres humanos contribuye en forma destacada al desarrollo de sus facultades físicas y mentales, así como su capacidad de trabajo y participación social. Concluyo, señor Presidente.

Concluyo diciendo que es necesario señalar que en la sesión celebrada el 25 de octubre del 2005 el senador José Antonio Hagenbeck Cámara integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos en mención.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y posterior dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

Finalmente en la sesión celebrada el 25 de abril del 2006 de la honorable Cámara de Senadores fue aprobado el proyecto de decreto de manera unánime, que reforma diversas disposiciones de esta ley, por tanto, les pido a los diputados integrantes de esta Cámara no desechemos por el bien de la salud de nuestros hijos, pero también por el bien de la salud pública. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Monreal. Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camachodel grupo parlamentario del PRD.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente. Asistimos a esta tribuna para fijar posición, una posición que está a favor de la salud pública, posición a favor de las niñas y los niños de nuestro país, posición a favor de los jóvenes y de los adultos, es decir, a favor de todos.

Una encuesta de carácter nacional de salud y nutrición del año 2006, de la Secretaría de Salud, nos señala que los niños de cinco años y también las niñas de esta edad, en un 3 por ciento padecen el problema de obesidad.

De los niños y las niñas de 8 años de edad 51 por ciento tienen el problema de obesidad, y en los niños y las niñas de 11 años de edad la obesidad se incrementa a 62 por ciento.

Estamos hablando, sin duda, de un problema de salud pública, es importante señalar cómo en otros estados de la república, como en Coahuila, como en Jalisco, en Baja California, se van tomando medidas para ayudar a este asunto de salud pública.

Es importante subrayar que estudios en Estados Unidos, Europa y América Latina revelan que en general los niños y las niñas ven entre 20 y 30 horas de televisión por semana, y el riesgo de obesidad por influencia de la televisión es de 86 por ciento.

Por eso, el grupo parlamentario del PRD votamos en la Comisión de Economía a favor de la propuesta del senador José Antonio Hagenbeck del PAN, pero nos llama la atención, compañeras y compañeros, porque esta actitud del PRI y del PAN no es gratuita, tampoco es casual.

El Consejo Mexicano de la Industria de Productores de Consumo (Con México) empezó su oficio de cabildeo dos semanas después de que fue aprobado el decreto por el Senado y además aprobado por unanimidad para regular la publicidad. Es decir, tenemos en nuestro poder un oficio de Con México del 18 de mayo de 2006, firmado por Enrique de la Madrid Cordero, presidente ejecutivo, en donde se opone a lo establecido en el decreto en comento. Inclusive, los cabilderos de Con México honraron a la Comisión de Economía con su presencia el día que se votó este dictamen en la Comisión de Economía.

Quiero recordarles que empresas que pertenecen a Con México son precisamente Bimbo, Barcel, Coca-Cola, Grupo Gamesa, Jumex, Jugos del Valle, Nestlé de México, Sabritas, entre otros muchos productos. Sin duda alguna, éste es el interés que mueve a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.

Tan sólo en dos cuartillas, el dictamen desecha un problema que afecta a más de 40 por ciento de nuestros niños y jóvenes; a 72 por ciento de las mujeres y a 67 por ciento de los hombres adultos que tienen sobrepeso u obesidad. Por eso no nos extraña que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN pongan sobre los intereses colectivos de la salud pública los intereses privados de estas grandes empresas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Tiene la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado:Con su permiso señor Presidente. A lo largo de la historia de nuestro país se han desarrollado e implementado diversas políticas y programas de alimentación y nutrición, desde aquéllas con carácter asistencial hasta los programas condicionados a la inversión y desarrollo de capital humano.

Diversos programas han recorrido distintas estrategias de apoyo, incluyendo los subsidios a la producción de alimentos, los subsidios al consumo de alimentos, la distribución directa de canastas de alimentos, la distribución de alimentos dirigidos a los grupos de edad vulnerable y a la orientación alimentaria. Varias de estas estrategias se han combinado en programas de coordinación intersectorial.

En México más de 40 por ciento de los hogares reciben algún tipo de ayuda alimentaria. El sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan a cerca de 70 por ciento de la población. En 71.9 son mujeres y hombres 66.7 por ciento, entre los 30 y 60 años de edad en ambos sexos. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas incluyendo las cardiovasculares, diabetes y cáncer.

El jueves 22 de marzo, en esta tribuna, el diputado Efraín Arizmendi Uribe lo menciona en su intervención. Textualmente en uno de los párrafos dice: hoy en día las enfermedades crónicas degenerativas ---como aquí se ha dicho--- las enfermedades del corazón, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el cáncer, consumen gran cantidad de recursos porque no se curan, nada más se controlan.

Voy a hacer referencia también a un documento que ya el compañero Alejandro Sánchez hizo referencia; es de la organización de Con México, el Consejo Mexicano de la Industria de la Producción de Consumo, Asociación Civil, fechado el 18 de mayo de 2005, 2006 ---perdón.

En uno de sus párrafos manifiesta, el presidente de esta organización, que coincide plenamente con los ciudadanos senadores ---de uno de ellos que había propuesto esta iniciativa.

Dice: en la importancia de tomar medidas para responder a los crecientes problemas de obesidad y sobrepeso que enfrenta nuestro país. Ahí plenamente este organismo Con México, acepta que es de importancia atender estos problemas.

Por eso es que nosotros, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, estamos por el sentido como viene la minuta de la Cámara de Senadores: apoyar a esa iniciativa. Y quiero hacerles mención de que el artículo 115, que se está proponiendo por la Comisión de Salud, es nada más proponer la investigación sobre efectos del consumo de productos de bajo contenido nutricional y alto contenido de valor energético. Y también, el artículo 49 de la Ley de Protección del Consumidor dice que no se podrán hacer promociones y ofertas con productos de bajo contenido nutricional y alto contenido de valor energético.

Entonces, compañeras diputadas, compañeros diputados, nosotros les pedimos con toda responsabilidad que votemos en favor de como viene la minuta propuesta por un senador del PAN. Que no permitamos que las niñas y los niños de este país, a través de los programas televisivos y de radio y donde promueven estos productos, puedan llegar a tener un problema de obesidad y consecuentemente los problemas que aquí mencionamos ya.

Entonces, muchas gracias por su atención y les pedimos esa responsabilidad en su voto. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Mendoza Maldonado. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros, yo quiero hacer un llamado a la conciencia, a que le pongamos atención a este punto porque luego votamos aberraciones que no vamos a saber cómo explicarlo. Les quiero decir lo que estamos desechando.

Es una minuta que viene avalada por el Senado, por todos los grupos parlamentarios y que lo que dice es muy concreto.

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo...

Fracción IX. Promover investigaciones sobre los efectos del consumo de producto de bajo contenido nutricional y alto valor energético, del abuso en el consumo de los mismos y de las acciones para controlarlo.

Esto es necesario porque la obesidad es una epidemia, somos el primer lugar en países con el porcentaje más alto de obesidad; qué de malo tiene que la Secretaría investigue esto en materia de alimentación.

Segundo. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar de la siguiente forma:

Artículo 49. No se podrán realizar promociones y ofertas sobre productos de bajo contenido nutricional y alto valor energético.

Yo sí les llamo a la conciencia. ¿Estamos defendiendo a la población y a las instituciones o a empresas que producen productos de bajo contenido nutricional? O sea, a mí no me interesa si es Bimbo, si es Pepsico; lo que no podemos los diputados es que pareciera que estamos siendo sobornados por estos grupos para simple y sencillamente prohibirle a la Secretaría de Salud que no investigue sobre el contenido proteico de los alimentos y que no se prohíba la difusión de aquellos alimentos que generan enfermedades que son de las más graves que tenemos: las de desnutrición y de obesidad en el país.

Yo sí les llamo, ¿de qué se trata? Y les pido que votemos en conciencia. Cómo vamos a rechazar, a permitir que rechacemos una minuta que viene avalada por todos los grupos, que está viendo una situación de salud, que está viendo una situación de protección y que de repente este Congreso se coloque como cabildero de parte de algunos grupos que venden alimentos chatarra, que no quiere que se investigue nada, que no quiere que se prohíba la difusión de alimentos que no son alimentos, sino que más bien son daño a la salud.

¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer como Congreso?, ¿ser empleados y cabilderos de grupos que no están contribuyendo a la salud? ¿O a defender a la población y a las instituciones? Sí les pido, por favor, que no pasemos este paquete y que tomemos en conciencia esta situación; o que nos diga el área, la Comisión, quien quiera defenderlo, una sola razón de por qué estamos desechando esto; que cuando menos defiendan y den la cara, porque simple y sencillamente algo que ya viene de consenso: ``Oye, vamos porque me habló Pepsico o me habló Bimbo y no quiere que se investiguen sus alimentos y el daño que éstos ocasionan a la salud''.

Yo digo nombres, pero aquí no vienen nombres. Aquí ---repito--- lo único que se dice es que la Secretaría de Salud investigue sobre productos de bajo contenido nutricional y que no se podrán realizar promociones y ofertas sobre productos sobre productos de bajo contenido nutricional y alto valor energético.

Mi pregunta es, si esta minuta la desechamos ---que viene del Senado---, ¿a quién estamos defendiendo ya como Congreso? Por lo menos aclaren eso; ya no sé lo que estamos haciendo. Aquí del lado de quién estamos y qué intereses estamos defendiendo.

Ojalá votemos ---les pido reflexionen---, votemos en conciencia y no nos prestemos a que el Congreso sea utilizado por algunos grupos económicos a quienes no les importa la salud de México ni tampoco si las instituciones investigan o no el contenido nutricional de los alimentos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Guerra. Ha solicitado la palabra también el diputado Octavio Martínez, del grupo parlamentario del PRD y el diputado Samuel Aguilar, posteriormente.

El diputado Octavio Martínez Vargas:Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros, habría que remontarnos al origen de esta iniciativa. Un senador de Acción Nacional ---senador de Acción Nacional--- es quien estructura esta modificación tan importante, hace un análisis profundo de las consecuencias, las enfermedades de obesidad en nuestro país y da cauce a este trámite. Es aprobado por unanimidad en el Senado de la República, llega a la Cámara la minuta y queremos desecharla. Oh, sorpresa, cuando debiésemos estar ocupados por la salud de los mexicanos y de las mexicanas y principalmente de la niñez.

Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, etcétera. Creo, compañeras y compañeros diputados, que debemos hacer una reflexión a este punto muy concreto, a efecto de no desechar este punto.

Habría que estar muy atentos, ocuparnos de este tema que es un tema de salud pública, que es un tema que tiene que ver, sin duda, con el desarrollo de nuestro país, con el desarrollo de nuestras regiones.

Creo que había ---más bien no creo---, había voces al interior de la Comisión de Economía del grupo parlamentario del PRI y del PAN que tenían dudas sobre este tema. Hoy debiésemos de estar atentos. Creo que es un tema muy importante, es un tema quizá de los más destacados que estemos viendo en este período y que tenemos que ponerle atención. Se trata de un problema de salud. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Samuel Aguilar Solís:Gracias, diputado Presidente. Amigas y amigos. En el mes de diciembre tuvimos, tanto en la Comisión de Hacienda como aquí en el pleno, una amplia discusión sobre el tema específico de los refrescos. Seguramente todos lo recordaremos.

Hoy lo traigo a colación porque efectivamente, los mismos elementos que se dieron en aquella ocasión, siguen siendo válidos para esta minuta en contra de la comida chatarra que ha enviado el Senado de la República y que me parece que debemos de respaldar plenamente.

Hemos hablado que las instituciones de salud se encuentran en crisis en un punto específico que son los fondos de salud y, uno de esos puntos específicos es justamente el problema de las enfermedades crónico-degenerativas entre las que se encuentra el problema de la diabetes.

El problema de la obesidad en nuestro país es un problema de salud pública, compañeras y compañeros; y ese problema de salud pública está también desfinanciando los fondos de las propias instituciones de salud.

Independientemente de los temas de carácter preventivo y educacional que tenemos como mexicanos y como legisladores que emprender, es importante también recuperar lo que otros legisladores en la Cámara de Senadores han estado presentando. Es cierto y puede ser que técnicamente no esté especificado en esa iniciativa cuáles son los elementos de contenido nutricional que deba de tener uno u otro producto.

En el periodo pasado presenté una iniciativa justamente, que señala de manera específica en la Ley de Salud cuáles deben de ser los elementos para ser declarado que es un alimento con contenido nutricional o no; y me parece que éste es el momento de que vayamos avanzando en ese sentido. Por lo mismo, me parece que también en términos de técnica legislativa, la Comisión que ha dictaminado esto tenía que haber considerado que no solamente tenía una minuta de la Cámara de Senadores, sino que existía una iniciativa de esta legislatura para poder haber dictaminado en su conjunto.

Por eso mismo y porque el problema de la obesidad, el problema de la diabetes se convierten en un tema de salud pública y porque es justamente uno de los temas centrales del desfinanciamiento de los fondos de salud de las instituciones de seguridad social, es que debemos de apoyar la minuta de la Cámara de Senadores y avanzar en contra del contenido de toda esta comida chatarra que día con día está generando los problemas de salud en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Samuel Aguilar. Tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, del grupo parlamentario del PAN.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez:Con su venia, señor Presidente. Compañeros, efectivamente este dictamen surgió del PAN, pero yo considero ---como consideramos todas y todos los que estamos aquí presentes--- que tenemos una libertad de pensamiento.

Todos podemos ir a favor o en contra de tal o cual cosa y aunque haya surgido como un proyecto por parte de Acción Nacional, sabemos nosotros también que esto, a través del estudio que ya se hizo del análisis de buscar todo el fondo del problema, no está llegando a resolver. Muchos de ustedes en lo personal y en lo particular me lo hicieron saber inclusive.

Esto se los comento porque, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que buscar en este claro problema es, ¿cómo verdaderamente podemos atacar el problema de obesidad? Hoy sabemos que el problema de obesidad en México existe. No nos tapamos los ojos, tampoco decimos que no existe, pero queremos encontrar soluciones que verdaderamente resuelvan un problema sin ocasionarnos un siguiente problema.

Desde el punto de vista económico todo mundo sabemos que viendo toda la cadena productiva de cualquier sector, hay que analizar cómo es como se afecta y desde el punto final que la comercialización y desde el principio de origen que es el campo, ahí puede haber una afectación.

No estamos de ninguna manera en desacuerdo ni en contra de atacar el problema. Por supuesto que se tiene que atender, pero consideramos que definitivamente el problema es mucho más de fondo que el hecho de que un producto se está consumiendo o dejando de consumir.

El problema tiene que ver muchísimo más con problemas de tipo cultural. Hoy problemas muy de fondo a donde hay que ir, ahí, en las familias y hay que ir ahí a verdaderamente resolver sin provocar un siguiente problema ---ustedes y yo lo sabemos--- que el problema de generación de empleos es uno de los principales problemas a los que estamos tratando ---entre todos--- de encontrarle la solución.

Y a través de esta propuesta y de esta iniciativa que no iba a resolver el problema, sí podía generar otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones que habría que resolver posteriormente. Realmente se quedaba corta no podía realmente, no estaba aportando lo que se debía, necesitamos encontrar y eso fue el acuerdo que tuvimos dentro de la Comisión de Economía misma y estoy seguro que también de la Comisión de Salud, de encontrar un problema, una solución real del problema.

Yo les comento lo siguiente, simple y sencillamente, hablando ahorita que se tomó lo de los refrescos, yo les comento que nosotros vemos en todas las construcciones a nuestros albañiles, a los hombres de trabajo, comiendo con refresco, necesitan de esas calorías. Nada más que ninguno de ellos está obeso por la cantidad de trabajo que está haciendo constantemente y el tipo de trabajo que hace, que es duro, que es fuerte.

Sin embargo, nuestros niños están dentro de las escuelas sin hacer ejercicio porque no hay realmente un programa adecuado de deporte, y en las tardes se pasan todo el tiempo sentados viendo televisión. Ahí están los papás, en donde tienen que buscar también otras alternativas y no solamente ir contra esta parte que estamos nosotros en este momento debatiendo.

Los invito a que lo analicemos y que vayamos a construir una verdadera iniciativa que nos dé la herramienta, no estemos debatiendo en este sentido cosas que no estamos atacando, todas las aristas se deben atacar. Gracias, gracias señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Rodríguez Vizcarra. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este punto de acuerdo en específico es de aprobarse...

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Samuel Aguilar.

El diputado Samuel Aguilar Solís(desde la curul): Señor Presidente, de manera respetuosa, le solicito consulte a esta Asamblea si el dictamen de la Comisión se regresa a comisiones justamente por los argumentos aquí esgrimidos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría, como ha sido solicitado...

El diputado Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla (desde la curul): Diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla(desde la curul): Sí Presidente, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticatambién solicita que este dictamen negativo, que proviene de una minuta del Senado, se regrese a comisiones, en respaldo y en coincidencia con lo que acaba de plantear el diputado Aguilar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Rodríguez Vizcarra.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez(desde la curul): Señor Presidente, me parece bien el que regrese a comisiones. Quiero comentarles que tal cual como está en este momento, todos los miembros de la Comisión ---bueno, la mayoría de los miembros integrantes de la Comisión de Economía--- votaron a favor de que se dese-chara por los términos en los que está. De hecho, ésa era nuestra propuesta, trabajar en una nueva iniciativa. Pero estamos de acuerdo en que en lugar de una nueva iniciativa, pueda ser regresada a comisiones y volver a trabajar con las modificaciones que se le tengan que hacer a este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se regresa a comisiones el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si el dictamen se regresa a las comisiones unidas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se devuelve este punto de acuerdo a las comisiones unidas.Sonido a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Señor Presidente, nada más que quede en la versión que no es cierto que la mayoría de los miembros de la Comisión votamos porque se desechara este dictamen. No fue así, para que no quede asentado que fue por aprobación de todos los integrantes; no fueron todos. La fracción del PRD estuvo en contra de que se desechara ese dictamen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está asentado; pero está firmado por mayoría. Así llegó el dictamen a la Mesa Directiva. Ya quedó en el Diario de los debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse todos los demás puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban todos los demás puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

ERNESTINA ASCENSIO ROSARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es sobre la violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, Veracruz. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y diputados: Aída Marina Arvizu Rivas, Blanca Luna Becerril, Rosa Elia Romero Guzmán, María del Carmen Salvatori Bronca, Pilar Guerrero Rubio, Pedro Montalvo Gómez, Maricela Contreras Juliány María del Pilar Ortega Martínez. Tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Gracias, señor Presidente. Si la Constitución no existe para una mujer pobre, anciana, indígena; no existe para nadie y que no nos demos cuenta de esto es muy grave.

Para Ernestina Ascencio Rosario, su familia y sus vecinos en su comunidad ésa es la realidad.

El artículo 17 de la Constitución que establece el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, en este caso no le hace sentido a nadie. Evidentemente me refiero a la actuación de las dependencias involucradas tanto a nivel federal como estatal en las investigaciones. A todas luces resulta inaceptable el agravio generado a la ciudadanía de este país con el tratamiento ligero, poco escrupuloso, en suma irresponsable, que se ha dado hasta hoy en este asunto.

El caso nos refleja una nación donde para las instituciones señaladas anteriormente, la procuración de justicia se reduce a la mera emisión de boletines de prensa donde se incriminan y se exculpan con declaraciones que pretenden más convencer a la opinión pública que alcanzar la verdad de los hechos.

¿Y dónde está la transparencia tan llevada y tan traída de las instituciones? No hay un solo elemento en ninguna de las páginas Web de las instituciones involucradas, que dé cuenta de las investigaciones que se están haciendo en el caso.

En primera instancia el Gobierno de Veracruz y Subprocuraduría General de Justicia no sólo no concluyen sus pesquisas, sino que los procedimientos inicialmente realizados han sido descalificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ser ciertas las afirmaciones de dicho órgano autónomo, estamos ante un caso extremo de incompetencia e incapacidad.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional emite comunicados, en el mejor de los casos, que rayan en la ingenuidad, al afirmar el 6 de marzo que peritos especialistas llevan a cabo dictámenes forenses consistentes en comparar el líquido seminal recogido en el cuerpo de la occisa, para afirmar un mes después, repito, un mes después, que nunca se contó con las pruebas para realizar tal comparación. ¿Acaso el secretario de la Defensa fue mal informado o nos está mintiendo?

Cuando el 7 de marzo me entrevisté con él, me reiteró la realización de dichas pruebas para demostrar si hubo o no participación del personal militar en la violación de Ernestina. ¿Debo dudar de su palabra? ¿Debo dudar entonces también de su palabra empeñada en el caso de Castaños, Coahuila, cuando me dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional no protege delincuentes?

En tercer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es ajena a esta perversa forma de esclarecimiento de los hechos, al emitir otros tantos comunicados de prensa los días 14 y 29 de marzo, donde señala las ineficiencias de la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Pero se cuida a la fecha, de presentar el informe final de la investigación por tratarse, según la propia visitadora, de una investigación que sigue abierta. Si ése es el caso ¿qué sentido tiene que haya hecho tales comunicados?

Finalmente el Presidente de la República emite el 13 de marzo una declaración que no puede calificarse sino de ligera, en la que descalifica toda la posibilidad de muerte violenta sin que ninguna instancia hubiera concluido sus investigaciones.

Debo recordarles que en este momento la palabra del Presidente está en juego. La función de cualquier institución es generar certeza. Y la actuación de la Procuraduría de Veracruz, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Presidencia de la República sólo ha generado duda e incredulidad. Lo dijimos y lo reiteramos, el mayor daño a las instituciones es el que generan los responsables de las mismas al emitir mensajes contradictorios.

No han sido los pobladores de la sierra de Zongolica o los medios de comunicación o los partidos opositores los que atentan contra las instituciones y su credibilidad, son los propios encargados de su conducción, que con tales mensajes sólo generan incertidumbre; pero sobre todo, dejan en total indefensión a la ciudadanía. Ernestina, mujer anciana, pobre e indígena, para ella no hay justicia, para su familia no hay justicia y para su comunidad no hay justicia; pero sobre todo, no hay consuelo a su dolor.

Por eso nosotros solicitamos que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y particularmente a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, ya que la Procuraduría del estado ha sido incapaz de resolver el asunto.

Al mismo tiempo propongo integrar una comisión de investigación conformada por legisladores de todos los grupos parlamentarios que tengan por cometido aclarar la profundidad de los hechos que ahora debatimos; así como para que conozca también los avances y la situación que guarda el caso de las mujeres agredidas en la ciudad de Castaños, Coahuila.

Reconozco que éste último no es el motivo que ahora nos ocupa. Pero tanto en Zongolica como en Castaños se presentan al menos tres similitudes básicas que resultan por demás preocupantes son agresiones contra mujeres en las que se presume la participación del personal militar y donde las instancias locales, por lo menos de manera eufemística lo digo, han tenido dificultades para resolver los casos. Tal comisión deberá concluir sus trabajos y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de dos meses.

Compañeras y compañeros diputados, este caso es muy importante y no podemos dejarlo de lado, no es un asunto contra las mujeres, es un problema de justicia que no ha sido resuelto y que parece que no va a ser resuelto y que los diputados tenemos que poner lo que toca de nuestra parte.

Le pido al Presidente de la Mesa que mi solicitud de Comisión Especial se turne a la Junta de Coordinación Política. Gracias.

«Posicionamiento sobre la violencia de género contra las mujeres en Zongolica, Veracruz, presentada por la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Si la Constitución no existe para una mujer anciana, pobre, indígena, no existe para nadie. Y que no nos demos cuenta de esto es muy grave. Para Ernestina Ascensio Rosario, su familia y vecinos, en la comunidad de Tetlatzinga es esa su realidad. El artículo 17 de la Constitución General de la República que establece el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial en este caso no tiene sentido. Evidentemente me refiero a la actuación de las dependencias involucradas tanto a nivel federal como estatal en las investigaciones. A todas luces resulta inaceptable el agravio generado a la ciudadanía del país con el tratamiento ligero, poco escrupuloso, en suma, irresponsable, que se ha dado hasta la fecha de tal asunto. Hoy, el caso nos refleja una nación donde para las instituciones señaladas la procuración de justicia se reduce a la mera emisión de boletines de prensa, donde se incrimina o exculpa con declaraciones, que pretenden más convencer a la opinión pública que alcanzar la verdad de los hechos. ¿Y dónde está la tan llevada y traída transparencia de las instituciones?

En primera instancia, el gobierno de Veracruz y su Procuraduría General de Justicia estatal no sólo no concluyen sus pesquisas, sino que los procedimientos inicialmente realizados han sido descalificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ser ciertas las afirmaciones de dicho organismo autónomo, estamos ante un caso extremo de incompetencia e incapacidad.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional emite comunicados que, en el mejor de los casos, rayan en la ingenuidad al afirmar el 6 de marzo que ``Peritos especialistas llevan a cabo dictámenes forenses, consistentes en comparar el líquido seminal recogido en el cuerpo de la hoy occisa'' para afirmar un mes después, repito, un mes después, que nunca se contó con las muestras para realizar tal comparación. ¿Acaso el secretario de la Defensa Nacional fue mal informado o está mintiendo? Cuando el 7 de marzo me entrevisté con él, me reiteró la realización de dichas pruebas para demostrar si hubo o no participación de personal militar en la violación de Ernestina. ¿Debo dudar de su palabra? ¿Debo dudar entonces también de su palabra empeñada sobre el caso de Castaños, Coahuila cuando me dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional no protege delincuentes?

En tercer lugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es ajena a esta perversa forma de esclarecimiento de los hechos, al emitir otros tantos comunicados de prensa los días 14 y 29 de marzo donde señala las ineficiencias de la procuraduría de justicia de Veracruz pero se cuida, a la fecha, de presentar el informe final de la investigación, por tratarse, según la visitadora encargada ``de una investigación que aún sigue abierta''. Si es el caso, ¿qué sentido tienen tales comunicados?

Finalmente el Presidente de la República emite el 13 de marzo una declaración que no puede calificarse sino de ligera, en la que descalifica toda posibilidad de muerte violenta, sin que ninguna instancia hubiera concluido sus investigaciones. La palabra del Presidente está en juego.

La función de cualquier institución es generar certeza. Y la actuación de la Procuraduría de Veracruz, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la propia Presidencia de la República sólo genera duda e incredulidad. Lo dijimos al secretario de Gobernación y lo reiteramos ahora: el mayor daño a las instituciones es el que generan los responsables de las mismas, al emitir mensajes contradictorios. No han sido los pobladores de la Sierra de Zongolica o los medios, o los partidos opositores los que atentan contra las instituciones y su credibilidad. Son los encargados de su conducción que, con tales mensajes, sólo generan incertidumbre, pero sobre todo dejan en totalmente indefensa a la ciudadanía.

Ernestina era mujer, anciana e indígena. Para ella, su familia y su comunidad no hay justicia, y para su dolor no hay consuelo. Esta Cámara de Diputados debe tomar cartas en el asunto para impedir que los agravios cometidos contra esta mujer queden en la impunidad. Solicitamos que la PGR atraiga el caso, particularmente a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, ya que la Procuraduría del estado se ha mostrado incapaz de resolverlo.

Asimismo, propongo integrar una comisión de investigación, conformada por legisladores de todos los grupos parlamentarios, que tenga por cometido aclarar a profundidad los hechos que ahora debatimos, así como para que se conozcan los avances y la situación que guarda el caso de las mujeres agredidas en Castaños, Coahuila. Reconozco que este último no es el motivo que ahora nos ocupa, pero tanto en Zongolica como en Castaños se presentan al menos tres similitudes básicas que me resultan por demás preocupantes: son agresiones contra mujeres, en el que se presume la participación de personal militar, y en donde las instancias locales han tenido dificultades para resolverlo a la brevedad. Tal comisión deberá concluir sus trabajos y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de dos meses. Compañeros legisladores. Lo anterior es lo mínimo que podemos hacer. Mil gracias.

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Blanca Luna Becerril:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, una de las más graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres por su incidencia y repercusiones en la vida familiar y social es la violencia.

El 47 por ciento de las mujeres mexicanas la padecen, nuestro país se encuentra dentro de las 15 naciones del mundo con más homicidios dolosos de mujeres y forma parte de los 30 países con las tasas más altas de violación.

La violencia de género es, en México, un fenómeno que afecta a las mujeres de todos los niveles educativos y de todas las clases y grupos sociales. Esta situación se agrava cuando existen factores de vulnerabilidad como son: la pobreza, la escasa educación, la falta de información y acceso a la misma. La trágica muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahuátl de 73 años de edad, ha estado llena de contradicciones y declaraciones encontradas. Lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza sobre las investigaciones realizadas. Esta muerte, como la de muchas otras mujeres debe ser esclarecida.

El caso de Ernestina es un claro ejemplo de la condición de marginación en la que viven muchas mujeres mexicanas. Tenemos que incrementar los mecanismos de defensa y promoción para que las mujeres mexicanas puedan vivir libres de violencia y discriminación.

La actuación de las autoridades en los distintos ámbitos de competencia debe estar apegada al estado de derecho. No solamente con el fin de buscar la verdad y la justicia, sino porque requerimos fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país.

Nueva Alianza, rechaza enfáticamente cualquier acto de violencia contra las mujeres y exige el mayor esfuerzo de las autoridades para prevenirla y castigarla. Su erradicación debe ocupar un sitio prioritario en la agenda, como un principio de convivencia básica.

Pedimos que las autoridades efectúen la investigación de manera responsable, con objetividad y veracidad, para que el resultado aumente la confianza en las instituciones. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Blanca Luna Becerril . Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán , del grupo parlamentario del PT. Esta Presidencia da un saludo a los alumnos de la escuela Preparatoria Cuatro de la delegación Miguel Hidalgo, que se encuentran con nosotros.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es del conocimiento nacional el fallecimiento de la señora Ernestina Ascencio Rosario, quien era una persona de edad avanzada, originaria de la comunidad de Tetlazinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa, enclavado en la sierra de Zongolica, Veracruz, que es una región netamente indígena.

La causa de ese fallecimiento ha sido señalado, por los familiares de la víctima y sus vecinos, como resultado de una violación sexual multitudinaria ejecutada por varios militares, pertenecientes al Cuartel Militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería, con base en el municipio de Orizaba, Veracruz.

Nos ha causado asombro e indignación haber escuchado, de labios de Felipe Calderón, decir que la causa de ese deceso fue por una gastritis. Porque, desde nuestra opinión, su obligación no es exculpar al Ejército, sino instruir la realización de una investigación a fondo en relación con las causas de la muerte de esta anciana y de la actuación de los militares involucrados en este acto criminal.

También nos produce extrañeza y tristeza ver como el señor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tire por la calle el poco prestigio de esta institución para defender lo indefendible en este asunto.

Queremos señalar que la muerte de esta anciana sólo es la punta de lo que sucede realmente en la sierra de Zongolica, Veracruz, desde 1977 hasta nuestros días.

Con el pretexto de perseguir a guerrilleros, esa zona ha sido militarizada desde ese entonces y la violación a las garantías individuales y los derechos humanos de la población indígena asentada en esa región ha sido documentada de manera amplia y profusa en toda la prensa nacional e internacional.

Por lo tanto, el caso que hoy nos ocupa es uno de cientos de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos de indígenas en la región.

Desde esta tribuna retamos a quienes nieguen esta realidad, a carearse con los habitantes de esas comunidades y comprobar lo que aquí estamos aseverando.

Al gobierno de Calderón le debe quedar claro que los habitantes de esa región no quieren más presencia de los militares. Por esa razón han solicitado por escrito a los gobiernos estatal y federal, la salida inmediata de los militares y han puesto como condición que jamás vuelvan a pisar un solo pedazo de la sierra de Zongolica, Veracruz, porque en ese lugar hay indígenas dedicados al trabajo para poder subsistir, que no son guerrilleros.

Es más, el gobierno federal y estatal deberían de preocuparse por la situación de miseria extrema en la que vive casi la totalidad de los habitantes de esa región y no andar asesinando y violando a sus habitantes.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, apoyamos el punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán . Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del grupo parlamentario de Convergencia.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es imposible permanecer inertes ante hechos tan penosos como el acaecido el pasado 26 de febrero en Zongolica, Veracruz, de donde soy diputada.

Mantenerse pasivo cuando una de nuestras mujeres indígenas veracruzanas, Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años; una persona de la tercera edad que merecía una vida digna y muere a causa de complicaciones en diversos órganos vitales provocados por una violación múltiple, según los términos del primer reporte médico.

El hecho fue perpetrado, presumiblemente, por soldados del cuartel militar de San Antonio, asentados en diferentes lugares de la sierra de Zongolica.

Como resultado de lo anterior, hemos debido escuchar declaraciones irresponsables que en nada ayudan, sino que entorpecen y confunden los procedimientos; e incluso, quizás han orientado el resultado de las investigaciones hacia un determinado sentido, tal como la vertida por el Ejecutivo federal cuando en entrevista concedida al periódico La Jornada, el pasado mes de marzo, comentó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino y que el resultado de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida.

El 29 de marzo, a un mes de lo sucedido, escuchamos las declaraciones vertidas por el presidente de la CNDH, las cuales resultan verdaderamente sorprendentes, al afirmar que los estudios técnico-científicos efectuados hasta el momento, descartan muerte por violación; y por el contrario, indican anemia provocada por úlceras gástricas, declaración paradójicamente coincidente con lo antes manifestado por el Ejecutivo, misma que a la luz, expresada por el primer visitador de la CNDH Raúl Plascencia el pasado 4 de abril, refiere contrastes importantes, cuando afirmó que la Comisión no había terminado su investigación y que no se podía determinar aún si había violación o no, declaraciones que nos conducen a preguntarnos:

¿Por qué Soberanes fue categórico en negar que hubo violación? Sobre todo cuando Plascencia también expresó que aún no se habían tomado en cuenta las pruebas terminales que el Ejército afirmó tener en su poder.

Por todo lo anteriormente expuesto, Convergencia se pronuncia para que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparezca ante el pleno de esta Cámara de Diputados a explicar detalladamente los resultados de la investigación realizadas sobre la muerte de esta mujer indígena, que tanto ha lastimado a todas las mujeres mexicanas, y que esto se haga antes de que realice la opinión integral sobre el caso y emita la recomendación correspondiente.

Actualmente, señoras y señores diputados, nos encontramos en un intenso debate entre el derecho a la vida de un embrión y la despenalización plena del aborto, ¿pero qué decidir de la vida cuando el homicidio y la violación la truncan ante la insensibilidad de la propia autoridad?, ¿cómo se defiende el derecho a la vida en estos casos, señoras y señores diputados?

Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente a la Presidencia someta a la consideración del pleno esta petición y muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María del Carmen Salvatori. Tiene el uso de la palabra la diputada Pilar Guerrero Rubio del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Pilar Guerrero Rubio:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia de género que se suscita en nuestro país es un lamentable ejemplo más de que la agresión hacia las mujeres es una desgracia que permea en nuestra sociedad.

Recordemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, que establece claramente que la violencia contra las mujeres, es todo acto de brutalidad basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Sin duda alguna el tema que hoy nos ocupa es determinante, pues este tipo de violencia es desafortunadamente un hecho nacional, que no respeta clases sociales, condición económica, nivel educativo, credo o raza, y peor aún, es un acto que se consuma de manera encubierta.

Particularmente las mujeres indígenas son uno de los grupos de la población que más sufren por la violencia y cuyo número de casos va en aumento. Son por mucho las más vulnerables por su situación de pobreza, atraso que las sitúa entre las mujeres más victimizadas por todo tipo de maltrato.

También son víctimas de la delincuencia organizada, muchas veces son esclavizadas a trabajos forzosos o abusadas en nombre de usos y costumbres arraigados por prácticas culturales.

Pero si el panorama es desolador y doloroso en las comunidades rurales, las mujeres indígenas que tienen que emigrar hacia las ciudades difícilmente encuentran empleo permanente y además reciben salarios inferiores a los hombres, se ven forzadas a aceptar cualquier trabajo, así se trate de la prostitución o de condiciones laborales deplorables, pues en sus lugares de origen estarían peor.

En la mayoría de los casos tienen que vivir en la indigencia, sin que sean atendidas por las autoridades, todo ello constituye una violación contra su dignidad e integridad. Las vejaciones que tienen que soportar no sólo las afectan a ellas sino también a sus hijos pequeños, que muchas veces las acompañan, y la situación se agrava para quienes son adultas mayores. Muchas mujeres indígenas están conscientes de que para muchos no sólo son inexistentes sino que se no se les tiene aprecio. Nadie sabe lo que padecen en los campos de cultivo, en las calles o en los lugares de trabajo, porque la indiferencia convierte su realidad en algo muy parecido al limbo.

Por ello, los abusos que padecen nos obligan a pugnar por la humanización de la procuración de justicia, pero no sólo eso, estamos obligados a luchar por acabar con la violencia del tipo que sea.

El caso de Ernestina exige una actuación enérgica y efectiva para que se conozca la verdad. Que este caso no acabe en el abandono. Que se investiguen las causas reales y no se hagan juicios breves en la prensa.

Aprovechemos la reciente conmemoración del Día Internacional de las Mujeres para promover la protección irrestricta de los derechos humanos de las mujeres; para concientizar a la población en general sobre el respeto y el valor de las mujeres al interior de nuestra sociedad. Cada día es más claro que el pleno desarrollo de México necesita tomar en cuenta a las mujeres, pues no sería posible proyectar nuestro progreso sin dar a las mujeres el papel preponderante que posee.

Resulta ineludible que desde esta alta tribuna contribuyamos a reconocer las prerrogativas, a defender la dignidad y a valorar la integridad de todas las mujeres pero en particular de las indígenas. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Pilar Guerrero Rubio . Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso, Presidenta. Han transcurrido 44 días desde que la mañana del domingo 25 de febrero del presente año fue hallada moribunda en la comunidad de Tetlanzingo, del municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz, distrito al que respetuosamente represento, la señora Ernestina Ascensio Rosario siendo trasladada al hospital de Río Blanco, en donde falleció al día siguiente, 26 de febrero del año en curso. Durante este período, sin duda la justicia ha sido puesta a prueba. La gravedad de este hecho ha llamado la atención local y nacional, convirtiéndose en un asunto que conmocionó al país entero, constituyendo un clamor generalizado la demanda de justicia expedita y clara para que se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Sin embargo, a contracorriente de la necesidad de certeza jurídica, este lamentable suceso ha desbordado cauces institucionales convirtiéndose en un escenario de supuestos excesos de declaraciones e inclusive ejercicio extralimitado de facultades que lejos de aclarar la situación y darle tranquilidad a la población acerca del debido funcionamiento de los órganos de procuración de justicia, han polarizado acerca del debido funcionamiento de los órganos de procuración de justicia y necesariamente un problema para el cual la ley tiene su curso adecuado.

Recordemos que tras el hallazgo de la señora Ascensión, la Procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la agencia especializada en delitos sexuales en Ciudad Mendoza. La Procuraduría del estado de Veracruz ha tenido como imperativo concluir una averiguación profesional y profunda antes de emitir determinaciones, decisiones finales o resoluciones que pudieran ser materia de duda o cuestionamiento.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió visitadores a la zona y anunció la investigación de las denuncias de los familiares de la fallecida y de diversos organismos civiles de derechos humanos.

Sin esperar al término de las investigaciones judiciales, a los pocos días el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes, ofrece información en donde emite conclusiones terminantes sobre las razones del deceso de la víctima contenidas en un documento llamado Informe Final, aduciendo razones propias de un médico legista.

Ante la reacción nacional, el primer visitador de dicha Comisión ha emprendido un esfuerzo mediático para negar lo afirmado por el titular llegando a asegurar que sólo se leyeron los resultados de las dos necropsias y el primer dictamen médico.

El apresuramiento de la Comisión y sus contradicciones han motivado fuertes dudas sobre su desempeño, contraviniendo el trabajo de muchos años de la misma para acreditar su seriedad y profesionalismo, que le ha ganado la confianza ciudadana, generando el cumplimiento con el espíritu del Constituyente Permanente que reformó el artículo 102 de nuestra Carta Magna y crea el ombudsman que insertó a México en las tendencias modernizadoras de las democracias que salvaguardan los derechos humanos.

Todo este esfuerzo está hoy en tela de duda por una actuación que causa sorpresa y que es atípica. Esta situación requiere explicaciones tanto para los familiares de la señora Ernestina ---que en paz descanse---, para el pueblo de México, así como para esta representación nacional.

Es preciso fortalecer la legalidad y la certeza, al tiempo que se garantiza el respeto y la credibilidad en nuestras instituciones fundamentales. Por ello, mi grupo parlamentario considera que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se extralimitó gravemente en sus facultades.

Recordemos que el artículo 21 constitucional atribuye sólo al Ministerio Público la investigación de los delitos y la misma delegación jurídica realiza las constituciones locales en sus propios ministerios públicos.

Por lo anterior, dada la seriedad de esta situación, nos parece necesario que esta representación popular intervenga, con el afán de restablecer la certeza jurídica en dos sentidos. Por un lado, citando a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que explique su actuación y las razones de las conclusiones que dio a conocer públicamente.

En segundo lugar, para solicitar que en los términos, se proponga incorporar como coadyuvante ante el Ministerio Público, a un diputado por cada grupo parlamentario representado en este Congreso para el caso en comento. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Pedro Montalvo Gómez . Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Maricela Contreras Julián:Compañeras y compañeros, el tema que nos convoca a fijar un posicionamiento en esta tribuna no es para denostar el papel que de-sempeña el Ejército Mexicano, institución que goza de un reconocimiento entre la sociedad; de lo que se trata es de exigir el respeto al derecho que tenemos como mexicanas y mexicanos, de contar con información fidedigna sobre las conductas de las que presuntamente han participado algunos efectivos militares, de exigir transparencia en las instituciones para que exista credibilidad por parte de la población.

Hemos sido testigos de la triste y lamentable muerte de Ernestina Ascencio Rosario. Ha dejado esto al descubierto el trabajo sucio de algunos actores políticos, para cobijar con el manto de la impunidad a los probables responsables del vil y cruel asesinato en contra de una mujer indígena de 73 años de edad. Han existido una serie de denuncias por parte de familiares de Ernestina, de autoridades y pobladores del municipio de Soledad Atzompa, en el sentido de que su muerte fue a causa de una agresión física y sexual.

Derivado de ello las primeras pruebas periciales de las autoridades ministeriales del estado de Veracruz, el informe médico forense, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas, el dictamen del subprocurador estatal y las declaraciones del procurador del estado, coincidieron con que el cuerpo de Ernestina presentaba huellas evidentes de una violación tumultuaria.

Sin embargo, por las irresponsables e inoportunas declaraciones de Felipe Calderón, afirmando que la muerte de Ernestina se debió a una gastritis crónica no atendida, los cauces de la investigación tomaron otro sentido y pusieron en tela de juicio las investigaciones que estaban llevando a cabo autoridades de la Defensa Nacional y del estado de Veracruz.

Si la muerte fue a causa de gastritis, señor Calderón, estamos frente al fracaso de su Seguro Popular, programa del que tanto alarde se hace.

Luego de estas torpes declaraciones se empezó a tejer un entramado, fue entonces cuando el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, en una actitud de subordinación se erigió en juzgador y señaló que la muerte de Ernestina Ascencio se debió a una anemia aguda ya que no había indicios de una violación, aun cuando ahora sabemos que todas estas indagatorias aún no han finalizado. Esto lo afirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a tan solo dos días de las declaraciones hechas por Calderón, que se erigió con funciones de médico forense.

Así lo sostuvo la franca contradicción con la que informaba el 3 de marzo, pues mencionaba que había procedido a realizar una queja de oficio sobre el caso de Ernestina, quien según sus palabras, falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infringidas.

La actitud ---digamos--- servil del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso ha estado marcada por una serie de imprecisiones y contradicciones en la información que han proporcionado hasta el momento, preocupados más por hacer valer lo dicho por Calderón que por realmente resolver el asunto.

Aquí cabe preguntarse lo siguiente. Si no hubo violación, ¿por qué la Sedena mediante dos comunicados de prensa del 19 y el 20, decía que especialistas llevaban a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comprobar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa y con muestras de sangre que se tomen del personal militar, ¿y por qué insistía en el semen encontrado en el cuerpo de Ernestina en este segundo comunicado?

Si para la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay ninguna evidencia de ataque físico a Ernestina y la muerte se debió a una hemorragia interna, ¿por qué se ve en una fotografía del cuerpo de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza?

La actitud de José Luis Soberanes en lugar de condenar la violación de los derechos humanos de las mujeres, lo único que hizo fue continuar con el engaño que pretende hacerse a la sociedad ante la verdadera causa de la muerte de Ernestina, además, creemos que las amenazas de denunciar a los médicos legistas y demás autoridades locales que han sostenido que sí hubo violación en contra de Ernestina es una medida de presión para que se retracten de su dicho y modifiquen los resultados que arrojan la verdadera causa de muerte de Ernestina.

Esto no excluye que se tendrá que presentar por parte de las autoridades del estado de Veracruz toda la información necesaria para contribuir a esclarecer qué fue lo que realmente sucedió.

Compañeros diputados y diputadas, manifestamos que la violencia contra esta mujer es reflejo del atentado a los derechos a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psicológica de la víctima y de las mujeres, todo esto es en sí un obstáculo para el desarrollo de las mujeres.

En el caso de la muerte de Ernestina Ascencio, la obligación de todas las autoridades involucradas debe ser el de proporcionar información veraz sobre el curso de las investigaciones, sin emitir juicios a priori, sin que ninguna dependencia o institución secunde o solape las declaraciones irresponsables de Felipe Calderón.

Finalmente le solicitamos respetuosamente, diputada Presidenta de la Mesa Directiva y a todos los presentes en este recinto legislativo, que brindemos un minuto de silencio a la memoria de Ernestina Ascencio Rosario y de todas las mujeres que han fallecido por la violencia que se ha ejercido sobre ellas. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputada, para el minuto de silencio que está pidiendo usted, ¿ahorita o terminando todos los oradores? Vamos a tomar un minuto de silencio, por favor.

(Minuto de silencio)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias a todos. Esta Presidencia da un cordial saludo y bienvenida a los ciudadanos del Grupo de la Sierra Norte de Puebla, que hoy nos acompañan.

Tiene el uso de la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez : Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:Señoras diputadas, señores diputados, no podemos iniciar un debate serio, cuando de inicio se pretende desacreditar sin mayores argumentos a las instituciones sólidas que tanto trabajo le ha costado construir a este país.

Para Acción Nacional no pasa desapercibida la gran preocupación en torno al fallecimiento de Ernestina Ascencio Rosario y a las dudas causadas en torno a las investigaciones sobre las causas de su deceso. Empero, debo manifestar a ustedes el posicionamiento que en el tema tiene nuestro partido.

Los hechos: es importante señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha externado desde el inicio toda la disposición y colaboración para que, con la Procuraduría estatal, se esclarezca tan lamentable hecho.

Considero importante destacar que a instancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, previas las formalidades de ley, se realizó la exhumación del cadáver y se llevó a cabo una nueva necropsia en la que participó personal médico especializado de la Comisión Estatal de la Procuraduría General de la Justicia Militar. Participaron también peritos de la Procuraduría estatal del estado de Veracruz, sustentando el desarrollo de esta actividad pericial con las actuaciones militares que al efecto se levantaron.

De los resultados preliminares de la nueva necropsia, donde intervinieron peritos, médicos y forenses de las procuradurías en comento, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede llegar a determinarse, de acuerdo con lo que estos dictámenes señalaron, que la causa de la muerte ---de acuerdo con estos dictámenes, preciso--- no fue por violación y por traumatismo, sino por un problema gastrointestinal mal tratado y nunca diagnosticado, en la primera autopsia.

Señalamos, sin duda y como lo han venido manifestando, que hay dudas todavía en torno a la investigación; y la posición del Partido Acción Nacional es buscar que se investigue a fondo cualquier indicio para esclarecer de manera plena y satisfactoria este lamentable deceso.

Sin embargo, no omito comentar que nuestra función como legisladores es respetar por supuesto las leyes vigentes en nuestro país. De esa manera es como debemos transitar hacia la legalidad. No podemos, señores ---entonces--- señalar juicios a priori.

Acción Nacional señala como inaceptable el que se diga en esta tribuna que el Presidente Calderón ha absuelto o condenado a algún presunto responsable en los delitos que presuntamente se cometieron.

Por supuesto que el Presidente Calderón no ha hecho estas manifestaciones, antes bien, es preciso señalar que el Presidente Calderón ha sido categórico en el respeto al estado de derecho y en garantizar que este respeto al estado de derecho se dará en nuestro país.

Ha sido categórico también en el combate hacia el crimen organizado y esta posición del Presidente Calderón ha sido, además, patente en las muestras que ha dado el gobierno del Presidente Calderón.

Se dice también que las instituciones que están encargadas del esclarecimiento han cometido irregularidades y, por eso, Acción Nacional refrenda el compromiso para que se investigue a fondo este lamentable deceso.

Por lo tanto, nos sumamos a la propuesta de que se genere una comparecencia a las comisiones unidas con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que dé informe pertinente y detallado sobre las investigaciones en torno al caso, a esta Cámara de Diputados.

Estamos de acuerdo también, señora y señores diputados, en que esta Cámara se pueda constituir como asesor en la coadyuvancia de las investigaciones de la Procuraduría del estado de Veracruz en torno a las investigaciones. No sin recordar antes las limitaciones de la coadyuvancia que están precisadas por el artículo 20 constitucional, inciso b), fracción II, que señala a la letra: Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que se cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Es decir, éste será el límite de la coadyuvancia con la que nosotros, como órgano legislativo, pudiéramos intervenir, siempre y cuando el ofendido estuviese de acuerdo, porque por encima de cualquier cosa está nuestro respeto al estado de derecho.

Quiero hacer patente, finalmente, nuestro respeto a las instituciones y pedir y exhortar a los órganos involucrados en la investigación, que ésta se lleve de acuerdo con lo que señalan los preceptos legales. Éste es el compromiso de Acción Nacional, pero no venimos a cuestionar a priori instituciones.

Recordemos que la función del Poder Legislativo de ninguna manera es erigirse en tribunal para calificar, para determinar, para absolver o para condenar cualquier conducta ilícita; para ello hay un órgano encargado de aplicar la justicia y no es el Poder Legislativo. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega. Se han inscrito para rectificación de hechos, los diputados Alliet Mariana Bautista Bravo , del grupo parlamentario del PRD, y el diputado Juan José Rodríguez Prats , del grupo parlamentario del PAN.

Tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Y la pregunta es, ¿cómo murió Ernestina Ascencio Rosario?

En primerísimo lugar, la verdad; la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posibles en la sociedad mexicana: ser mujer, ser indígena, ser mayor de edad.

En condiciones que deben quedar totalmente aclaradas y también porque van de por medio la credibilidad ---como ya lo expresó aquí la diputada que me antecedió en la palabra--- de los sistemas de justicia estatal, federal y militar; la credibilidad también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la credibilidad, también, del señor Calderón.

En este caso, el ombudsman nacional violó su propia normatividad y emitió una opinión a los medios de comunicación sobre la investigación abierta aún. ¿Por qué en la segunda necropsia practicada a la víctima no se siguieron los protocolos médicos y de criminalística establecidos específicamente para estos casos estando presente el personal pericial y de la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No se aplicaron los protocolos médicos que se establecen en los estándares para llevar esos asuntos de criminalidad hacia mujeres violadas que están sometidos igual, internacionalmente.

Soberanes antes de opinar debió emitir una recomendación confiable y sustentable en las evidencias y pruebas que haya podido recabar y que le hayan sido enviadas por la Procuraduría. Sin embargo, ante la anticipación de Soberanes, antes de haber concluido la investigación, hace pensar en la ausencia de la imparcialidad y confiabilidad del representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El dudoso desempeño de Soberanes en el caso de la mujer indígena hace pensar que su permanencia en el cargo no sea idónea, sobre todo por la ausencia de la principal característica que debe tener un ombudsman, que es la confiabilidad, su imparcialidad y su veracidad en la realización de todas y cada una de las actividades inherentes a su cargo.

También es indispensable que las tareas de investigación de la Fiscalía Especial del caso, a cargo de la fiscal Alatriste, concluyan para poder conocer la resolución de la autoridad competente, ya que no está dentro de las facultades ni del Presidente de la República ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos poder emitir un juicio a este asunto.

De no llegarse pronto a los resultados que la sociedad espera en este caso de la señora Ernestina, podría ser materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o, en su defecto, de la PGR; que solicite la coadyuvancia de personal médico pericial que actualmente se desempeña en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No debe descartarse que ante la incapacidad de las instituciones que debieran impartir justicia en México, el caso de la señora Ernestina se trate en las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana o la Corte Penal Internacional.

Esclarecer completamente el caso de la señora Ernestina, en donde existe la presunta responsabilidad de algunos miembros del Ejército, no debilita a las instituciones, compañeros, al contrario, sancionar conforme a la ley a quienes hayan tenido alguna responsabilidad en la institución castrense la hace más confiable, más honorífica y contribuye realmente al fortalecimiento de un estado social y democrático de derecho en México.

Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, lo único que queremos saber es cómo murió Ernestina.

También les quiero decir que han sido sistemáticas y reiteradas las acusaciones de violaciones del Ejército por organismos internacionales, como es el caso de Coahuila, donde reiteradamente se les ha podido documentar ---Amnistía Internacional tiene estos asuntos--- y queremos que no sea el tribunal castrense quien lo tenga que decidir; queremos también y tenemos propuestas para que el respeto a los derechos humanos también se pueda cumplir en el Ejército.

El equilibrio de poderes es uno de ellos y por ello estamos aquí. No nos vamos a convertir en tribunal, compañeros, pero sí vamos a estar a la altura de las circunstancias. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Bautista Bravo. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su venia, señor Presidente. Pedí la palabra en rectificación de hechos para esclarecer algunos puntos que cierren el margen a la duda o a la especulación.

En primer lugar, el Partido Acción Nacional, como partido además, que está en el poder, en el Poder Ejecutivo federal, ratifica su compromiso primero con los hechos. Vamos a los hechos, cuáles son los hechos.

Podría decirse que la justicia es la verdad del derecho. Por lo tanto, tenemos que precisar qué fue lo que sucedió, como aquí se ha dicho, y qué fue lo que aconteció. Y definitivamente estamos de acuerdo en que venga el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que pueda explicar los trabajos que se hicieron para esclarecer esta situación y este asunto que viene al caso.

De ninguna manera pretendemos ocultar o pretendemos soslayar esta investigación y estas facultades. Pero sí quiero llamar la atención de ustedes, señores diputados, de algunos puntos que son sumamente delicados.

En primer lugar, nosotros hemos sido muy celosos de la división de poderes. Hemos sido muy celosos de la atribución de las Cámaras y del Congreso de la Unión. Y aquí, para muchos de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra ya se hizo la investigación, ya se hizo la acusación, ya se hizo la condena y ya se ha dictado sentencia. La institución de la Inquisición estaría envidiando estas facultades que aquí creo que se han ejercido, sin tener ningún fundamento legal.

Tenemos una enfermiza tendencia hacia la autoflagelación y lo primero que ponemos en duda muchas veces es a las instituciones. Creo que ahí está una de las grandes tareas de nuestra consolidación democrática: fortalecer a las instituciones.

Yo quiero aquí recordarles que el testimonio más importante, la declaración de mayor trascendencia en este asunto, corresponde a la hija de la señora Ernestina Ascencio, que declara que su madre antes de fallecer le dijo: fui atacada por unos uniformados. ¿Y qué tan sólo en el Ejército hay uniformados? ¿Qué no podría haber aquí una hipótesis de trabajo de investigación en el sentido de que hay intereses para que el Ejército salga de esta zona? ¿Por qué tenemos que condenar de inmediato a la institución? ¿Por qué tenemos que negarle atribuciones a los que están haciendo la investigación correspondiente?

Aquí se ha dicho que la Constitución es para todos. Desde luego que es para todos. Pero hay ordenamientos legales, hay instancias, hay instituciones. Y quiero pedirle a la Presidencia ordene la lectura del artículo 21 ---y si se me permite que sea suspendido el tiempo---, en su primer párrafo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante. La Secretaría dé lectura al artículo 21, solicitado por el diputado Rodríguez Prats.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de la policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 30 días y 6 horas. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente que no excederá en ningún caso de 36 horas.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : ... es facultad exclusiva del Ministerio Público investigar delitos. Pero si no cumpliera el Ministerio Público, se reformó desde 1994 y 1995 la Constitución, para que pueda interponerse el amparo...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Rodríguez Prats. Sonido a la curul del diputado Raymundo Cárdenas. Es que está pidiendo la palabra también el otro diputado. Adelante, diputado Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández : ¿Le podría preguntar al orador si acepta una interpelación?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una interpelación del diputado Raymundo Cárdenas?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández(desde la curul): Diputado Rodríguez Prats, de acuerdo con lo que usted está señalando, ¿qué fue lo que hizo Felipe Calderón, cuando señaló que la señora había fallecido por anemia o por gastritis crónica?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Simplemente repetir, a un interrogatorio al que fue sometido, lo que ya había investigado la autoridad correspondiente. Bueno, pues estamos respetando las instancias y las instituciones.

Miren ustedes, el Partido Acción Nacional no se niega a la investigación. Quiero decirles que junto con el Partido Revolucionario Institucional vimos la posibilidad del 97, o sea que atrajera la Suprema Corte de Justicia y nombrara a un ministro o a un juez de distrito para que investigara el asunto. Nos aclararon los abogados ---y creo que es correcta la apreciación--- que en materia de investigación de delitos no le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y esto se decidió precisamente en el caso de Mario Marín, en Puebla. Está para investigar violaciones a garantías individuales.

Buscamos en el 93 la creación de las comisiones especiales; tampoco se da el caso porque éste es para analizar las políticas públicas de las Secretarías de Estado o de los departamentos. Y hemos aceptado la asesoría en coadyuvanza y le voy a decir por qué, diputado Raymundo Cárdenas. Porque Diego Valadés ---que para mí es uno de los juristas más importantes--- habla de las facultades latentes que tiene el Congreso y que podemos ejercer sin necesidad de acuerdos y de puntos que sean aprobados por este pleno.

Marina Arvizu aquí señaló que acudió al secretario de Defensa y el secretario de Defensa la recibió. ¿Cuál es la limitante para que vayan los diputados y se entrevisten con el señor procurador de Justicia de Veracruz, o con el señor Ministerio Público y que se le pregunte inclusive, cómo va llevando la investigación. O sea, desde luego, que éstas son facultades latentes que tiene el Congreso, el diputado de ese distrito lo puede hacer.

Entonces, no nos limitemos, no nos amarremos, pero también seamos respetuosos de las atribuciones y de las facultades de cualquier órgano del poder, porque al rato yo puedo venir aquí para decir que en Tabasco se cree también una comisión para investigar el atentado contra el secretario de Seguridad Pública y entonces, convertimos al Congreso en un asambleísmo muy peligroso que puede atentar contra las instituciones.

Imagínense ustedes si una comisión declarará que el Ejército falló, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos falló, que el procurador de Justicia de Veracruz, falló. Entonces, estamos entrando en una seria confrontación y éste es el temor y ésa es la inquietud y por eso me he permitido subir a esta tribuna, para esclarecer perfectamente cuál es la función de esta asesoría: la de la coadyuvancia; y definitivamente tenemos que confiar en las instituciones.

El señor secretario de la Defensa lo dijo ``no hay interés en ocultar ni de proteger a nadie''. Y cuando ha sucedido ---estoy respondiendo a la pregunta del diputado Raymundo Cárdenas--- díganme, díganme en qué artículo del Reglamento está que haya una limitación para contestar una pregunta...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, permítame diputado. Les pido respeto para el orador. ¿Ya concluyó la respuesta, diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Ya la concluí, señor Presidente, para satisfacción de mis atentos compañeros...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado David Mendoza, sonido a su curul, por favor. Sonido a la curul del diputado David Mendoza. ¿Dígame, diputado? Sonido a su curul.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Para hacer una pregunta al orador, si la acepta.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Desde luego, mi estimado diputado Montalvo, a sus órdenes.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Muchas gracias. El hecho es que su intervención me parece un tanto fuera de lugar, en términos de que se invoca a la ley, cuando fue el titular del Ejecutivo el que violó esa ley. Él es el que juzgó, investigó, el que investigó y juzgó el hecho, sin que esta soberanía en ejercicio de sus facultades el día de hoy, cree una Comisión que siga atentamente estas investigaciones.

Me parece que está fuera de lugar su intervención en términos jurídicos y es por ello que le quiero preguntar el porqué la intención de Acción Nacional de doble filo. Por qué por un lado validan el juicio que hizo el titular del Ejecutivo, y por el otro, hoy vienen a decir que están profundamente de acuerdo con que se lleve a cabo esta investigación, cuando ya la están descalificando de antemano. Muchas gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Tengo entendido, señor diputado, y lo remitiría a las declaraciones textuales del señor Presidente electo, legal y de facto de México, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y puede usted remitirse a sus declaraciones, en el sentido de que se investigara y se llegara a fondo.

Que él había recibido como Ejecutivo ---y esto es obvio--- de la Secretaría de la Defensa en sus atribuciones, un informe en donde se consignaba que la razón o la causa de la muerte de Ernestina Ascencio era una gastritis aguda que le provocó anemia.

Pero repito, no estamos hablando de nubes, no estamos hablando de ilusiones; estamos hablando de hechos concretos. Pueden hacerse las investigaciones que se quieran; no nos estamos oponiendo. Simplemente he subido a la tribuna y por esa razón he pedido la palabra, diputado; ésta es la razón de mi intervención, de que se deslinde perfectamente, para que no haya duda de las funciones y de lo que estamos aprobando.

El Partido Acción Nacional va a votar a favor, lo dijo aquí la diputada Pilar Ortega, en el sentido de que se cite a comparecer a los funcionarios que sean y de que se pueda crear una asesoría a la coadyuvancia, así ha firmado el punto de acuerdo nuestro coordinador. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Vamos a investigar. No hay de ninguna manera la decisión de ocultar, pero lo que pasa, diputado, y aquí está el verdadero dilema del PRD, es que ustedes están con las instituciones o se aprovecha el más mínimo asunto para pegarle a las instituciones. Este es el dilema que ustedes tienen, ese es el dilema que ustedes tienen que dilucidar. Este es el dilema en el que se han debatido toda la vida. Si caminan por el estado de derecho, por las instituciones, o si están para agraviar y pegarle a las instituciones y deteriorar el estado de derecho.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Han levantado la mano algunos diputados. La diputada Alliet Bautista. Dígame, diputada.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): Sí, para saber si el diputado orador me acepta una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta de la diputada Bautista?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con mi extremada fascinación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Sí, señor diputado. Si el día 3 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que había abierto esta queja de oficio sobre el caso de la señora Ernestina y el día 9 de marzo detectó omisiones e inconsistencias del personal de la Procuraduría del estado de Veracruz, ¿por qué el día lunes 12, antes que nadie, Felipe Calderón ya estaba al tanto de los resultados de la necropsia y atribuyó el fallecimiento a una gastritis crónica no atendida?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Porque el secretario de la Defensa se lo informó, o sea, se estaban haciendo investigaciones paralelas. Pero repito, no negamos la investigación. Vamos a abrir, hombre; no hay ningún propósito de ocultar a nadie. Lo que el PAN sí quiere dejar en claro, es que defendemos las instituciones.

Algún clásico ya dijo que ``al diablo las instituciones''. Nosotros estamos en contra de esa tesis porque definitivamente las instituciones, que son los partidos políticos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que hemos estado de acuerdo, que se le dé seguimiento a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve, que en muchísimos casos ha sido aprobado por este Congreso, casos de Oaxaca, caso de Salvador Atenco, en otros casos se han investigado y ha dado su declaración y hemos estado de acuerdo.

Esa es nuestra defensa, nuestra defensa, del Poder Legislativo en sus atribuciones. Que no se convierta esta Asamblea en juez, que no esté invadiendo la función del Poder Judicial, que no definitivamente sea una moderna Santa Inquisición, como aquí se ha exigido y como aquí se ha venido a exponer.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Sí, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Señor Presidente, para ver si me acepta una pregunta el orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta una pregunta de la diputada Arvizu, diputado?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, sobre todo viniendo de la diputada Marina Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas(desde la curul): Quisiera que me explicara, porque ya no entiendo, a ver, aquí tenemos dos problemas. El primero es el más grave, es un problema de procuración de justicia; el segundo es un asunto de violación de derechos humanos. Entonces estamos intentando crear una comisión plural de diputados para apoyar, coadyuvar ¿con el Gobierno de Veracruz?

El Gobierno de Veracruz fue descalificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos pidiendo que venga Soberanes aquí a darnos una explicación, la cual está muy bien, pero eso no resuelve el problema.

En Alternativa creemos en las instituciones. La Procuraduría General de la República tiene una Fiscalía Especial contra Delitos hacia las Mujeres. Pongamos a funcionar las instituciones.

Mi pregunta es: ¿por qué no el PAN apoya que sea la PGR a través de esta Fiscalía la que le dé seguimiento al caso? Y esta comisión plural de diputados, atendamos y acompañemos a esta Fiscalía que fue creada para eso, ése es el problema que tenemos, creamos instituciones y luego no las utilizamos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, diputada. A ver, aclaremos un poco las cosas. Yo no creo que haya sido violación de derechos humanos, es un homicidio, en el peor de los casos; fue un homicidio que hay que investigar como delito.

Ahora, yo recuerdo su intervención, la cual suscribimos, de que haya la comparecencia del presidente de la Comisión y que la Junta de Coordinación Política, me parece muy acertado, pueda analizar con base en lo que opinen los abogados... Con mucho gusto les acepto otras interpelaciones, no se desesperen, no se desesperen, estén tranquilos. Entonces usted misma sugiere que sea la Junta de Coordinación Política la que pueda ser con los abogados, con sustento, qué es lo que procedería.

Si vamos con el fiscal especial del instituto de la mujer contra la violencia, adelante contra los feminicidios, adelante. Hay instituciones, afortunadamente hay instituciones, lo que no queremos es que se invadan esas instituciones, no una comisión de aquí venga con el riesgo terrible de confrontarse con otras instituciones y entonces estemos deteriorando el estado de derecho, por eso permití que se leyera el artículo 21 que deja muy claro y esclarece cuáles son las funciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Sonido en la curul de la diputada Aurora Cervantes.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Gracias, Presidente, para pedirle atentamente que con todo respeto le solicite al diputado en tribuna que me responda a una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted?

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Cervantes.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez(desde la curul): Diputado, en una de sus afirmaciones usted dijo que en el Partido de la Revolución Democráticanos basamos en las declaraciones de la hija de la señora, ahora defendida por nosotros, y me parece que no es así, estoy segura de que no es así, por una razón muy sencilla.

Primero, hubo declaraciones de la Procuraduría de Justicia de Veracruz en las que la Procuraduría misma afirmaba que fue una violación tumultuaria; luego hubo declaraciones de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en las que se comentaba en esas declaraciones, documentadas hoy en el periódico Reforma, en un artículo de Miguel Ángel Granados Chapa, en donde se dice que el secretario afirmó que había elementos extraños vestidos como militares que habían ejercido esa violación, entonces implícito reconoció la violación, reconoció el delito.

Pero hubo otras declaraciones en contra, diciendo que no había tal delito, que había muerto de gastritis, aquí por lo menos tenemos una duda de cuál es la verdad.

Y creo otra cosa ---y estoy perfectamente convencida---, la primera, una de las funciones esenciales de un legislador, es su función representativa; si tenemos una función representativa estamos defendiendo el derecho de las y los mexicanos a un acceso a la justicia, a la justicia sin matices y sin argumentos legales o legaloides. Entonces, ¿por qué ---me pregunto yo--- usted dice que nos estamos erigiendo en tribunal?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señora diputada, con todo respeto le pediría que concrete su pregunta al diputado Rodríguez Prats.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez(desde la curul): Si, señor, entonces le pregunto si ¿sabe usted en qué consiste la función representativa y en qué consiste la declaración transparente de la justicia? ¿Y en qué consisten además las funciones en general de la Cámara de Diputados y de los diputados en particular? Muchas gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto señora diputada. En primer lugar, no me pareció que me haya usted preguntado a mí, más bien se estaba usted interrogando a sí misma, pero con mucho gusto le respondo.

En primer lugar, si vamos a la versión estenográfica ---y hasta donde recuerdo--- dice que el testimonio más importante era la declaración de la hija, no dije que era el único testimonio, me parece que así lo afirmé, pero repito podemos irnos a la versión estenográfica.

Con mucho gusto le voy a enviar, y lo hago con todo respeto diputada, un libro que me editó el Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama Desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano. Ahí analizó los principios y las funciones del Congreso mexicano, ahí está la primer función que yo creo que es la de control, es la función más importante, la de control. ¿Dónde están los centavos? ¿Qué haces con los recursos que te damos Poder Ejecutivo? ¿A dónde está la tarea que debes cumplir para los mexicanos?

La segunda función es la de representación, hemos traído aquí el caso, yo no me he negado ni el PAN se ha negado a que se discuta el caso. Lo que estamos viendo es a través de qué instituciones vamos a esclarecer todas las dudas.

Y en tercer lugar la función legislativa, que para muchos estudiosos es la menos importante de las funciones, fíjense ustedes, no la de hacer leyes.

En los parlamentos europeos, por ejemplo, hay lo que es delegación legislativa que casi todo le corresponde al Ejecutivo y la facultad de investigar está fundamentalmente en el Poder Legislativo. Facultad de investigar, facultad de control y facultad de representación.

Tiene usted toda la razón y dado que me preguntó que si las conocía yo, con mucho gusto le mando este testimonio escrito que me va a dar mucha satisfacción, si usted me hace el honor de leerlo.

Creo que he terminado, señor Presidente. No me parece ya conveniente que en halago de mi vanidad siga yo respondiendo interpelaciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su permiso, señor Presidente. Quiero llamar la atención del pleno. Es difícil entender la posición del PAN. Por un lado, nos dicen que no se han negado al debate; sin embargo tuvimos que tomar la tribuna para presionar y se abriera este debate.

Segundo, dicen que han sido celosísimos en la división de poderes. ¿A quién le toca juzgar? Tuvimos aquí una exposición muy amplia de a quién le toca juzgar y no vemos que el señor Felipe Calderón esté en esa lógica. El dictaminó anticipadamente por qué había muerto Ernestina Ascencio. Compañeros, de verdad son incongruentes.

No, no vamos con su lógica. Aquí ha habido coincidencia de todos los grupos parlamentarios en que la investigación no puede darse por terminada y que falta mucha claridad en esta investigación. Ha sido la posición de todos los grupos parlamentarios.

Entonces, lo que hay en punto de acuerdo aquí es que venga a comparecer el titular de la CNDH para que nos explique cómo es que la investigación dio un giro de 180 grados y cómo esta declaración tan importante que es la de la hija de Ernestina, no tiene cabida en el resultado que da a conocer el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Vaya. Necesitamos congruencia, necesitamos todos los hilos, necesitamos claridad. Están pecando de paranoia porque son ustedes los que adelantan los juicios de esta Cámara de Diputados. Nosotros no hemos juzgado; nosotros advertimos contradicción entre los comunicados del Ejército Nacional, de Sedena, donde ellos mismos en un comunicado advierten que están haciendo la comparación de un líquido seminal en la occisa con los supuestos militares involucrados en la violación.

Después advierte en otro comunicado la Sedena, que a lo mejor no fueron militares, sino fueron gente adversa al Ejército Mexicano la que perpetró estos hechos para denigrar el papel del Ejército. No hay congruencia. Por fin, ¿se dieron o no estos hechos? Lo que se merece este caso es claridad. Estamos hablando de que Ernestina simboliza a un grupo vulnerable de esta sociedad y merece justicia y claridad su muerte. En eso estamos de acuerdo, compañeros. Estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de la gente adulta mayor y estamos hablando de las mujeres. En eso hay que meternos.

Quien no ha respetado los tiempos ha sido el señor Calderón. Quien no respeta la congruencia ha sido la Sedena. Demos tiempo para que termine esta investigación. Mucho se lo merece Ernestina y por memoria de todas las mujeres que han sido violentadas y violadas por elementos de la fuerza pública, llámese Ejército o llámese policía. Démosle paso para que termine esta investigación con toda la claridad que merece.

Yo quiero terminar dándole la fortaleza al punto de acuerdo. Hablamos de la comparecencia y será el mismo titular Soberanes, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien nos venga a determinar si hacen falta más comparecencias o no en el caso. Si está satisfecha o no la investigación, toda vez que damos cuenta de todos los reportajes y pruebas que no vemos sustanciadas en el resultado que dio a conocer el titular de la CNDH; y dos, que nos hemos enterado que no hay resultado final.

Entonces, juicios a priori, no son los nuestros, compañeros, no hemos sido la bancada del PRD ni las de los grupos opositores las que hemos hecho juicios a priori, estamos advirtiendo una bola de contradicciones en el informe.

Juzgamos todos y juzga la sociedad, y a ésa no le pueden quitar ese papel y los juzgará a ustedes y nos juzgará a nosotros. Démosle fortaleza al punto de acuerdo para poder pasar a esclarecer la muerte de Ernestina Ascencio. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Tiene la palabra la diputada Adriana Dávila Fernándezdel grupo parlamentario del PAN.

La diputada Adriana Dávila Fernández:Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados, con mucha extrañeza veo que el Partido de la Revolución Democráticaseñala respeto a un hecho que nos ha conmocionado a todos. Pide además un debate serio y exige que aquí en tribuna se discuta un tema tan importante; pero también con esa extrañeza veo que se ridiculiza a quien en este momento merece todo nuestro respeto y que está muerta.

Las pancartas que permanentemente vemos en esta tribuna origen del PRD y de Valentina Batres, permanentemente molestando, permanentemente descalificando, permanentemente haciendo uso de este recinto, cual si fuera cualquier recinto y no una institución que merece todo el respeto.

Se pidió aquí un minuto de silencio y ese minuto de silencio no fue capaz de rebasar el respeto con estas caras que vemos en las tribunas de los diputados del PRD. Vergüenza debería darles.

El lamentable deceso de la señora Ernestina Ascencio, en la sierra de Zongolica, Veracruz, ha dejado evidenciado efectivamente y coincidimos, lo vulnerable de los procedimientos operativos en la impartición de justicia. Hoy en día contamos con dos necropsias practicadas por la Procuraduría de Justicia de Veracruz y la otra por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los dos dictámenes legales afirman cosas distintas: una señala que el fallecimiento es producto de traumatismos y violación; la otra, que murió por enfermedades mal atendidas. Alguien miente; sí es cierto. Debemos buscar la verdad con evidencia científica y señalar además, y castigar a los embusteros que ponen en duda a las instituciones del país.

El compromiso del grupo parlamentario de Acción Nacional para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es irrenunciable. Somos sensibles a las demandas sociales, en el sentido de castigar a los que violentan los derechos humanos, pero también siempre apegados a la búsqueda de la verdad, no haciendo juicios a priori.

Como lo señalamos en la sesión última para que no quede duda a los compañeros del PRD, este grupo parlamentario no huye al debate, de lo que sí huimos, de lo que sí no queremos y no compartimos es que el objetivo de los debates sea únicamente denostar a las instituciones que permanentemente han sido denostadas aquí en esta tribuna por parte del PRD.

Por cierto, es importante decir que este caso lo investigó, lo llevó a cabo la Procuraduría de Justicia Militar, la Procuraduría también del estado de Veracruz. Es cierto, no se ha terminado de investigar. No es, compañeras y compañeros legisladores, con notas o reportes periodísticos, con interpretaciones de terceros como vamos a llegar a la verdad.

Le recuerdo al Partido de la Revolución Democrática que efectivamente el licenciado Calderón hizo una declaración al periódico La Jornada, en una entrevista que le fue hecha, pero también le recuerdo al PRD, para que señale perfectamente lo que ocurrió en esa entrevista, que más adelante en las notas ---porque supongo que leen ese periódico--- en esa entrevista el Presidente señala e instruye para que se haga una investigación permanente, exhaustiva y da además, no como un hecho ni como una circunstancia única y de verdad, que haya algún culpable. No señaló culpables como lo está haciendo el PRD. Todos, absolutamente todos, el PAN, queremos justicia y para obtener justicia en cualquier caso debemos tener conocimiento y certeza de los hechos, tener claras las causas del lamentable deceso de doña Ernestina.

El doctor José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su desempeño profesional ha demostrado autonomía. O le pregunto a los compañeros del PRD, ¿acaso cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló sobre los globalifóbicos y la violación en Guadalajara, o el caso Atenco, sí tenía razón y por eso lo apoyaron? ¿Sólo la verdad que ustedes señalan es la única verdad que existe, no hay otra verdad en este país más que la que el PRD intenta siempre imponer?

Pregunto yo si el PRD tiene la calidad suficiente para señalar que sus verdades son verdades absolutas. Por supuesto hay que investigar, nadie se ha negado, pero hay que hacerlo con responsabilidad, señores diputados. Basta ya de tomar esta tribuna permanentemente sólo como una bandera política.

Yo sí quiero decirles, sí debo decirles que la investigación se debe realizar con pruebas asociadas en medicina legal, criminalística, peritos criminólogos, pero también es importante esperar el informe correspondiente. Por supuesto que queremos que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparezca, por supuesto que lo aceptamos, no nos negamos, pero queremos hacerlo con responsabilidad, queremos hacerlo también con la certeza de que quienes van a venir aquí a comparecer no van a ser denostados.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Concluya, diputada, por favor.

La diputada Adriana Dávila Fernández : Una tercera necropsia sería prudente para dar respuesta a las inquietudes, dar certeza a los informes y para disipar dudas, pero debemos tener muy claro el panorama. El resultado producto de una investigación imparcial y expedita no necesariamente dejará satisfechas a todas las partes, pero se contará con elementos técnicos producto de las pruebas realizadas.

Quiero concluir diciéndole algo a algunos compañeros que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos ---espero que a los compañeros del PRD no se les haya olvidado---. Para este asunto que estamos tratando hoy en tribuna, la Comisión de Derechos Humanos y esta Cámara de Diputados tuvieron dos reuniones, dos con el procurador de Justicia Militar y el PRD estuvo presente.

El PRD también estuvo presente en la reunión especial con el secretario de la Defensa Nacional, tuvieron su oportunidad de preguntar. Los informes se les han dado permanentemente, no ha habido una sola información que las instituciones hayan negado. Me pregunto yo, ¿sólo eso es lo que cuenta, sólo lo que ustedes señalan es lo que cuenta? Yo sólo les digo que con la verdad y su reconocimiento es la única forma de fortalecer a nuestras instituciones. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama para responder alusiones personales.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Muchas gracias al PAN por regresarme aquí, a la tribuna, a hablar.

Compañera diputada, ¿qué le molesta de estos rostros de mujeres indígenas?, ¿cuál es su molestia? Éste no es un templo, ésta es la casa del debate nacional y si se quieren cerrar al debate y es necesario tomar la tribuna para regresarle la esencia a esta casa del pueblo, lo vamos a hacer, diputada, una y otra vez.

Ahora le voy a decir más. No son las verdades del PRD lo que venimos aquí a defender; estamos evidenciando las contradicciones de la investigación. Y una ---no lo decimos en el PRD---, hay unos comunicados de la Sedena que dan parte a una supuesta comparación de líquido seminal de una prueba que obtuvieron del cuerpo de Ernestina, con elementos del Ejército Mexicano. Está el comunicado, diputada. No lo dijimos en el PRD, lo dijo la Sedena.

Otra cosa que dijo la Sedena fue que estaban posiblemente ---es un comunicado incluso a la comunidad---, que probablemente los hechos los había perpetrado gente que quería denigrar al Ejército Mexicano.

Compañeros, compañeros del PAN, sobre todo: no se dejen llevar por la paranoia. La rendición de cuentas no es una denostación a ninguna institución. Hasta la propia Iglesia ya nos puso ejemplo; ellos están haciendo juicios a sus curas, obispos, padres pederastas y no por eso están hablando de que toda la institución católica es pederasta.

Entonces, si elementos del Ejército Mexicano cometieron abusos, violaron derechos humanos, están violando mujeres en las comunidades, que se deslinden responsabilidades, que se juzguen estos hechos porque necesitamos a un Ejército fuerte, capaz de enfrentar no a las comunidades ni a sus mujeres, compañeros; capaz de enfrentar a la delincuencia organizada.

Somos los primeros interesados en que el Ejército no tenga duda de sus acciones en comunidad. No se dejen llevar por la paranoia. La rendición de cuentas es un acto republicano, una obligación. Acostúmbrense, el ejercicio del poder necesita ser revisado, observado, vigilado para que no se cometan abusos en nombre de la autoridad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla , del PRD.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla : Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Adelante, diputado.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Solamente deseo hacer algunos comentarios con relación a algunas afirmaciones que se hicieron aquí en tribuna.

En primer lugar, es justamente un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional el que afirma y cito ---entrecomillado--- ``peritos especialistas llevan a cabo un dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar''.

De manera posterior se dice en un nuevo comunicado: ``... junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la Ciudad de México, Distrito Federal, para que con apoyo de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República se obtengan los perfiles genéticos que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes para deslindar responsabilidades''.

Después de estos dos comunicados, simple y llanamente en un tercero, se dice que la Secretaría de Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario y jamás lo ha tenido.

Entonces, debe reconocer autocráticamente la Sedena que cualquiera de los dos comunicados anteriores emitió comunicados sin ningún sustento institucional y que no son ciertas las afirmaciones que había hecho.

Pero señalar esto, diputados, no significa denostar a las Fuerzas Armadas, todo lo contrario, fortalecer a las instituciones es hacerlas transparentes, es hacerlas que rindan cuentas y eso en lugar de debilitarlas, las fortalece.

Quiero decir de paso que los ejércitos y fuerzas armadas modernas tienen mecanismos de control en sus acciones y que justamente la interrelación de las fuerzas armadas con la acción de las policías de las distintas corporaciones que tienen que ver con el uso o el monopolio de la violencia legal, tienen esos pesos y esos contrapesos.

Darle nuevas funciones a las fuerzas Armadas significa a la par modernizar sus ordenamientos, sus reglamentos y pedir que esto ocurra no significa sino ejercitar una función que el Congreso tiene consignada claramente en el artículo 73 constitucional.

Por tanto, diputados, los equilibrios constitucionales no afectan a las instituciones y quisiera referirme en forma directa a la pregunta que aquí fue hecha, de si los diputados del PRD caminamos o no con las instituciones y contesto de manera directa: ``Las revoluciones han ido paulatinamente erradicándose en la medida en que las democracias permiten los cambios institucionales''.

La democracia significa precisamente el cambio, el rediseño, el reemplazo de las instituciones, y cuando las instituciones se vuelven caducas debe haber los caminos democráticos para transformarlas. Por eso no estamos de acuerdo, diputados, en que aquí se endiose a las instituciones y se les eleve a un rango de inamovibles.

Debemos reconocer cuándo las instituciones se han vuelto caducas, cuándo se han desgastado, cuándo esas instituciones han sido degradadas y cuándo esas instituciones deben ser replanteadas, reestructuradas y transformadas.

Por eso, yo les digo a ustedes, el Ejército mexicano y las Fuerzas Armadas de nuestra República son instituciones memorables, son instituciones respetables. Pero si hay adecuaciones que hacerles por las nuevas funciones que han asumido o hay errores que corregir, esto hay que realizarlo en las funciones de contrapeso que tienen el Congreso mexicano, sin que eso signifique su denostación o sin que eso represente una falta de reconocimiento a la labor que realizan.

El esclarecimiento de estos hechos va a contribuir al fortalecimiento de las instituciones si se hace apegado a la ley y si se hace respetando al Congreso mexicano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Omeheira López Reyna , del Partido Acción Nacional.

La diputada Omeheira López Reyna (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sonido en la curul de la diputada Omeheira.

La diputada Omeheira López Reyna(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Nada más para declinar. Creo que el Partido Acción Nacionalha dejado clara su postura en el sentido de la propuesta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Se ha terminado el registro de oradores. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al caso de la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario presuntamente por miembros del Ejercito mexicano

La Junta de Coordinación política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a la presunta violación y asesinato de la señora Ernestina Ascencio Rosario, por miembros del Ejercito mexicano, que presenta el Grupo Parlamentario del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda la comparecencia del C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ante Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Justicia y de Derechos Humanos, a fin de que informe sobre las investigaciones realizadas debido al fallecimiento de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y la agenda de un calendario de comparecencias que se estimen necesarias para el esclarecimiento del caso.

Segundo. Se propone la incorporación de asesores de la ``coadyuvancia'' ante el Ministerio Público de una diputada o diputado por cada partido representado ante esta LX Legislatura, para fortalecer el esclarecimiento del caso en concreto.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas ( rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

«Proposición con punto de acuerdo, en relación a la violación y asesinato de Ernestina Rosario Ascencio, presuntamente por miembros del Ejército mexicano, a cargo de las diputadas del Grupo Parlamentario del PRD

Las que suscriben, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Las agresiones sexuales y violencia contra mujeres y niñas por parte de efectivos militares en nuestro país no son nuevas; es reprobable que el Ejército mexicano se encuentre inmiscuido en este tipo de acusaciones.

Desde el año de 1994 existe una larga cadena de denuncias públicas de vejaciones cometidas contra mujeres a manos de efectivos militares.

Mencionaré algunas de ellas:

El 4 de junio de 1994 tres indígenas tzeltales denuncian que fueron violadas por soldados en el municipio de Altamirano, Chiapas; a casi 13 años de los acontecimientos, las mujeres violadas siguen en espera de respuesta de las autoridades.

En 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas de la región de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por 5 soldados. En ese mismo año, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados en la zona Loxicha.

El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de la región de Tlacoachixtlahuaca, en el mismo estado de Guerrero, denuncian que fueron interceptadas por miembros del Ejército y conducidas a casas abandonadas donde sufrieron ataques sexuales.

De nuevo cuenta en Guerrero, el 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú denuncia una agresión sexual por 8 soldados en Barranca Bejuco. El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, otra vez en Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, denuncia la violación de la que fue víctima en su hogar por 11 soldados.

El 11 de ju1io de 2006, más de 20 efectivos del Ejército, en el municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres, sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables.

A estos salvajes actos se suman los abusos sexuales en contra de mujeres de San Salvador Ateneo, con la incursión y ocupación policíaca-militar que se hizo en mayo de 2006 y las vejaciones contra mujeres durante la represión al movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca.

A estas vejaciones contra mujeres, se suma el asesinato de Ernestina Ascensión Rosario, mujer indígena de 73 años de edad, ocurrido el 26 de febrero pasado en la sierra Zongolica.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de estos hechos, todas las autoridades que han participado en la investigación de este cruel asesinato, han minimizado la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país. A ello se han sumado las irresponsables declaraciones de Felipe Calderón, asumiendo un papel de médico forense y diagnosticando con ignorancia total, la muerte de Ernestina por una gastritis crónica no atendida y las reprobables declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, diciendo primero que se debió a causas naturales y ahora afirma que fue por una anemia aguda.

Hasta el momento, las investigaciones que se han realizado, no permiten contar con elementos suficientes y confiables que determinen la causa de muerte de Ernestina Ascencio. Además, no demuestran que se haya practicado los exámenes necesarios para determinar la causa de muerte.

Existe información de que se está ejerciendo presión sobre los médicos encargados de realizar la primera autopsia para que modifiquen los resultados que arrojan que la causa de muerte de Ernestina fue por una violación tumultuaria y ahora, con los supuestos estudios de las autoridades, pareciera que se trata de un cadáver diferente.

El problema no sólo es la causa de muerte, sino el hecho de que se estén violando de manera sistemática los derechos humanos de las mujeres indígenas por parte de las autoridades y que éstas pretenden minimizar los hechos.

Además, el despliegue militar que se está llevando a cabo en todo el país, hace que todas las mujeres nos encontremos en un peligro inminente, ya que los efectivos militares nos han tomado como un botín de guerra y, bajo el silencio cómplice de las autoridades, actuando en completa impunidad.

Para las diputadas y diputados del PRD, nos preocupa que esta violencia de género se está suscitando en todas las regiones del país, donde el despliegue de efectivos militares en los operativos que se están llevando a cabo, se ha desviado de la misión que se les ha encomendado y generado un clima de represión y hostigamiento contra las personas, especialmente las mujeres que se ven vulneradas en sus derechos.

Manifestamos que la violencia contra las mujeres constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psicológica de la víctima, todo esto, es en sí, un obstáculo para el desarrollo de las mujeres y también para el avance de una sociedad igualitaria y democrática.

En el mismo municipio de Zongolica, en la comunidad de Tepetitlanapa, está documentada la violación de una niña de 12 años que resultó embarazada y el procedimiento fue el mismo que ahora: encubrir a los militares en los delitos que cometen.

Por estos motivos, es inaceptable que las autoridades sean cómplices de militares violadores y vejadores de los derechos humanos de las mujeres y que se pretenda ocultar la repugnante agresión contra Ernestina Ascensio Rosario.

Por las consideraciones antes expuestas y para efecto de los artículos 58, 59 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta para considerarse como de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. De conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se exhorta a la Secretaría de Gobernación que declare la alerta de violencia de género en la zona de Zongolica del Estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados, solicita la comparecencia ante comisiones unidas de Equidad de Género, Justicia y de Derechos Humanos, del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que informe sobre las investigaciones realizadas debido al fallecimiento de Ernestina Ascencio Rosario.

Tercero. Se integra un grupo plural de trabajo de diputadas y diputados que investigue las vejaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas contra las mujeres mexicanas.

Dip. Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el comunicado con las precisiones hechas por los mismos coordinadores y que han sido leídas por la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado; comuníquese. Sírvase leer la Secretaría el comunicado que ha llegado de la Junta de Coordinación Política.

AMADO RAMIREZ DILLANES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con relación al asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado, del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados condena el artero crimen del corresponsal de televisión y de radio Amado Ramírez Dillanes, ocurrido el pasado viernes 6 de abril, en Acapulco, Guerrero, y solicita que las autoridades competentes realicen una investigación ágil y certera que impida que este grave hecho quede impune. Asimismo, demanda que tanto las autoridades como las empresas de comunicación sumen esfuerzos para garantizar mejores condiciones para la seguridad y el trabajo de los periodistas mexicanos.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : En votación económica consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado.

Para referirse al punto aprobado se han registrado los siguientes oradores: diputado Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza; diputado Humberto López Lena, de Convergencia; diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde; diputado Eduardo Sánchez Hernández , del PRI; diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del PRD y diputado Gerardo Priego Tapia , del PAN. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la libertad de prensa es uno de los indicadores principales del nivel de democracia en un país.

Por ello en el Partido Nueva Alianza nos sumamos a la condena de los censurables hechos que quitaron la vida al periodista Amado Ramírez. Reprobamos los atentados en contra de quienes ejercen la noble profesión del periodismo y la tarea de informar a la sociedad.

En los últimos seis años han muerto un gran número de reporteros en el ejercicio de su profesión. Por ello, es urgente reconocer que si no actuamos inmediatamente para impedir que los criminales continúen atentando contra los periodistas que denuncian los actos de corrupción y narcotráfico, la información se reducirá a hacer noticias frívolas sin prestar servicio a la justicia y la democracia, que son valores indisociables de la libertad de prensa e indispensables para una sociedad.

En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza sostenemos que el ejercicio de la libertad de prensa y la seguridad de todos los ciudadanos y en particular de los periodistas, tienen que estar garantizados por el Estado, junto con la participación de todos los actores políticos y sociales.

Y reiteramos que no podemos cerrar los ojos ante estos hechos porque estaríamos condenando nuestros propios derechos y garantías individuales. Demandamos acciones efectivas de las autoridades correspondientes para perseguir, encontrar y juzgar a los delincuentes que han cometido éste y todos los asesinatos de periodistas, hasta ahora impunes. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Compañeras y compañeros, comparezco ante esta tribuna para realizar un posicionamiento personal y en representación del grupo parlamentario de Convergencia, con relación a los lamentables hechos acontecidos el pasado 6 de abril en el puerto de Acapulco, Guerrero; lugar en donde una vez más la delincuencia le arrancó la vida a un comunicador, Amado Ramírez, el cual dejó de dar la noticia, para ser y convertirse en ella.

Situación como la anterior que no se puede volver a permitir, ya que no sólo se atentó en contra de la vida de una persona, sino que se atentó en contra de la libertad de expresión, el derecho a la información y el estado de derecho en teoría, en todo el país.

El presente exhorto no sólo se debe de considerar como un documento con buenos deseos para el esclarecimiento del crimen, sino que se debe tomar como un repudio a la violencia, a la forma en que el Estado se ha visto rebasado por la delincuencia, la cual se desenvuelve en una total impunidad.

El asesinato del periodista Amado Ramírez pone de manifiesto una vez más que las acciones que se han implementado para garantizar el respeto al gremio periodístico son insuficientes para acabar con la problemática existente. Recordando que lamentablemente México es considerado como el país latinoamericano con el mayor número de atentados en contra de la libertad de expresión y segundo a nivel mundial, sólo después de Irak.

Con relación a los atentados en contra de periodistas, es necesario recordar que el pasado 18 de marzo, la Sociedad Interamericana de la Prensa publicó un informe de que los últimos seis meses, han sido los peores, por lo que se refiere a ataques a periodistas en México.

Entre octubre de 2006 y febrero del presente año, se han registrado los asesinatos de siete periodistas y la desaparición de dos más y ocho casos de amenazas, denuncias ante las autoridades y organizaciones no gubernamentales.

Entre los casos de agresión a periodistas y comunicadores encontramos los asesinatos de Raúl Giv Guerrero, director general del diario Opinión en Veracruz; José Antonio García, director de la revista Ecos de la Costa de Michoacán; Bradley Roland Will, camarógrafo norteamericano fallecido en Oaxaca; Misael Tamayo Hernández, director del diario El Despertar; José Manuel Nava, ex director del periódico Excélsior; Roberto Marcos García; Alfonso Sánchez Guzmán; así como las desapariciones de Rafael Ortiz Martínez y Rodolfo Rincón Taracena del diario Tabasco Hoy.

Los casos anteriores sólo sirven de referencia y no son los únicos, ya que las agresiones y atentados a periodistas siguen creciendo sin que a la fecha se hayan podido resolver delitos cometidos en el sexenio anterior. Hechos violentos a los que en esta ocasión se suma el asesinato de Amado Ramírez.

Por lo manifestado es que exhorto de esta tribuna al Ejecutivo federal, a efecto de que se sirva ordenar al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación, con el objetivo inmediato y fehaciente de esclarecer el asesinato de Amado Ramírez y en su momento, el de todos los comunicadores asesinados. Señalamos que en el caso de Amado Ramírez, la atracción es procedente, en atención de que el asesinato se realizó con un arma de uso exclusivo del Ejército. Al mismo tiempo es necesario que se de intervención al fiscal especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco; el cual dentro de sus funciones debe de continuar con la investigación para resolver el presente asunto. Recordándole que este asesinato no es el único que llevamos en el año, aunado a que los delitos de lesiones, amenazas e investigaciones se continúan presentando a lo largo y ancho del país.

Reitero que no basta con establecer en el papel que las acciones se realizarán para proteger a los periodistas y medios de comunicación. Se necesitan hechos que lo reafirmen. Por esto es que se exhorta al Presidente de la nación para que actúe en conjunción con todos los niveles de gobierno para resolver los hechos delictivos en materia y se realice la labor necesaria para evitar su propagación.

Por lo antes expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gire atento oficio al Ejecutivo federal, a efecto de exhortarlo para que ordene al titular de la Procuraduría General de la República, la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez, turnado a su vez el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, en atención a la solicitud de un servidor, en representación del partido de Convergencia e integrante de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión;

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gire atento oficio al titular de la Procuraduría General de la República, para la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez, en atención que el arma calibre 38 súper, con la que se cometió el delito es de uso exclusivo del Ejército, motivo por el cual es procedente la atracción; y

Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al fiscal Octavio Alberto Orellana, a efecto de exhortarlo para que rinda un informe del estado que guardan las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial de la Atención a Delitos a Periodistas. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que exhorte al Ejecutivo federal a instruir al procurador general de la República para que atraiga la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez y la turne a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, en la sesión del martes 10 de abril de 2007

El suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, y secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en representación del grupo parlamentario al cual pertenezco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que ordene al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; turnando a su vez el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, con base en las siguientes

Consideraciones

Comparezco ante ésta tribuna, a realizar un posicionamiento personal y en representación del Grupo Parlamentario Convergencia, en relación con los lamentables hechos acontecidos el pasado seis de abril en el puerto de Acapulco, Guerrero, lugar en donde una vez más la delincuencia le arrancó la vida a un comunicador, el cual dejó de dar la noticia para convertirse en ella. Situación la anterior que no se puede volver a permitir, ya que no sólo se atentó contra la vida de una persona, sino contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el estado de derecho que en teoría existe en el país.

El presente exhorto no sólo se debe de considerar como un documento con buenos deseos para el esclarecimiento del crimen, sino que se debe de tomar como un repudio a la violencia y la forma en que el Estado se ha visto rebasado por la delincuencia, la cual se desenvuelve en una total impunidad.

El asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes pone de manifiesto, una vez más, que las acciones que se han implantado para garantizar el respeto al gremio periodístico son insuficientes para acabar con la problemática existente, recordando que lamentablemente México es considerado como el país latinoamericano con el mayor numero de atentados en contra de la libertad de expresión y el segundo a nivel mundial sólo después de Irak.

En relación con los atentados en contra de periodistas, es necesario recordar que el pasado 18 de marzo la Sociedad Interamericana de Prensa SIP publicó en un informe que los últimos seis meses han sido los peores por lo que se refiere a los ataques a periodistas en México. Entre octubre de 2006 y febrero del presente año, se han registrado los asesinatos de siete periodistas, la desaparición de dos más y ocho casos de amenazas denunciadas ante las autoridades y organizaciones no gubernamentales.

Entre los casos de agresión a periodistas y comunicadores encontramos los asesinatos de Raúl Giv Guerrero, director general del diario Opinión; José Antonio García Apac, director de la revista Ecos de la Costa, de Michoacán; Bradley Roland Will, camarógrafo estadounidense; Misael Tamayo Hernández, director del diario Despertar de la Costa, de Zihuatanejo; José Manuel Nava, ex director del periódico Excélsior; Roberto Marcos García, director de la revista Testimonio, de Veracruz; Alfonso Sánchez Guzmán, de Televisa Orizaba; Guevara Domínguez, hechos acontecidos, en abril de 2005, 27 de octubre, 10 de noviembre, 15 de noviembre, 20 de noviembre, 30 de noviembre de 2006, y 6 de enero de 2007, respectivamente. Así como las desapariciones de Rafael Ortiz Martínez y Rodolfo Rincón Taracena, del diario regional Tabasco Hoy, el día 23 de enero del presente año.

Los casos anteriores sólo sirven de referencia, y no son los únicos, ya que las agresiones y atentados a periodistas siguen creciendo, sin que a la fecha se hayan podido resolver delitos cometidos en el sexenio anterior, hechos violentos a los que en esta ocasión se suma el asesinato del periodista Amado Ramírez.

Por lo manifestado es que exhorto desde esta tribuna al Ejecutivo federal, a efecto de que se sirva ordenar al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación con el objetivo inmediato y fehaciente de esclarecer el asesinato de Ramírez Dillanes y, en su momento, el de todos los comunicadores asesinados, señalando que en el caso de Amado Ramírez, la atracción es procedente, en atención a que el asesinato se realizó con un arma de uso exclusivo del Ejército.

Al mismo tiempo, es necesario que se dé intervención al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, el cual dentro de sus funciones debe de continuar con la investigación para resolver el presente asunto, recordándole que este asesinato no es el único que llevamos en el año, aunado a que los delitos de lesiones, amenazas, e intimidaciones se continúan presentando a lo largo y ancho del país.

El reclamo que se hace en este exhorto atiende también a las manifestaciones de todos los periodistas, tanto nacionales como internacionales, los cuales solicitan se ponga un alto a todas las formas de violencia que atentan contra el gremio periodístico y, en algunos casos, a sus familiares. Hecho que los obliga a callar, permitiendo que la delincuencia y la corrupción se sigan apoderando de la seguridad de todos, sin que existan voces que lo pongan de manifiesto, en una sociedad en donde predomina el miedo.

Reitero que no basta con establecer en el papel qué acciones se realizarán para proteger a los periodistas y medios de comunicación: se necesitan hechos que lo reafirmen; por esto es que se exhorta al presidente de la nación a que actué en conjunción con todos los niveles de gobierno para resolver los hechos delictivos en la materia y se realicen las labores necesarias para evitar su propagación.

Recordemos que, como legisladores, somos las voces de todo el pueblo de México, el cual ve en nosotros a sus representantes y el contrapeso del Poder Ejecutivo, motivo por el cual, tenemos la obligación de exigirle al presidente Calderón que dé soluciones a la violencia que presenta el país.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al Ejecutivo federal a efecto de exhortarlo para que ordene al titular de la Procuraduría General de la República la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; turnando a su vez el asunto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, en atención a la solicitud de punto de acuerdo presentado por el diputado Humberto López Lena, en representación del Grupo Parlamentario de Convergencia, e integrante de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, y de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, en las cuales funge como secretario.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al titular de la Procuraduría General de la República para la atracción de la investigación del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes; en atención a que el arma calibre .38 súper, con la que se cometió el delito es de uso exclusivo del Ejército, motivo por el cual es procedente su atracción.

Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al Fiscal Octavio Alberto Orellana Wiarco, a efecto de exhortarlo para que rinda un informe del estado que guardan las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez:Con su venia, diputada Presidenta. Estimadas colegisladoras, estimados colegisladores, una mención especial a todos los que trabajan los medios de comunicación, por el punto que hoy se trata.

Y como bien se ha dicho, en este año 2006 que pasó 16 periodistas fueron asesinados. Y uno más el pasado viernes, Amado Ramírez.

Desde 1983 ya suman cerca de 70 periodistas asesinados y esto en nombre de la libertad de expresión ya atenta totalmente contra ella.

Por ello nuestro país vive hoy una de sus épocas más sangrientas y quizás una de las más violentas de su historia.

Los homicidios de ciudadanos mexicanos es noticia diaria, es noticia cotidiana; la amenaza por teléfono y por diferentes medios a los periodistas, ya era hasta cierto punto un tema normal.

En ocasiones los nexos de estos con los grupos del crimen organizado son claros, en otros son productos de arteras venganzas de sujetos que claramente buscan el poder a toda costa.

Cierto es que cualquier homicidio es deleznable y atenta contra la paz pública, pero el realizarse en contra de aquellos que ejercen una profesión determinada, es aún más contrario a la razón y la seguridad del propio Estado mexicano.

El artero asesinato de un profesional de la comunicación bajo las circunstancias en que se haga, no pueden seguirse dando en nuestro país.

La violencia atenta contra la seguridad no sólo de quien la sufre, sino de todos los que vivimos y trabajamos honestamente en este país.

México ha sido declarado como uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y quien atenta contra aquellos que han abrazado tan honrosa profesión, atenta contra la libertad de expresión de toda la nación, contra el orden mismo del Estado.

El asesinato de Amado Ramírez es una muestra más del estado que guarda la seguridad pública en México. Hoy más que nunca debemos todos, desde nuestras posiciones ciudadanas y políticas, redoblar esfuerzos y sumarnos a la lucha en contra de la violencia y la inseguridad, debemos apoyar las acciones que el gobierno federal viene haciendo en esta materia.

Pero tampoco debemos congratularnos con los resultados que se han venido dando. Es necesario que se actúe y que se actúe desde esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que es algo increíble; por un lado, no sabemos si honrarnos por tener esta Fiscalía o, por otro lado, avergonzarnos por la misma.

Y todos los homicidios que hay en contra del periodismo también, que se abata el índice criminal que no permite el desarrollo del país, que no permite la seguridad y certeza de regresar a nuestros hogares.

Compañeras y compañeros diputados, los invito a que todos, todos, independientemente de nuestras convicciones partidistas, actuemos pronto a fin de dotar los instrumentos legales al gobierno federal, a fin de abatir con mayor eficacia y eficiencia la delincuencia en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández:Gracias, diputada Presidenta. El pasado 6 de abril fue asesinado Amado Ramírez, colaborador del Grupo Radiorama y Grupo Televisa en el puerto de Acapulco, Guerrero. Su asesinato adquiere una gran relevancia por el hecho de tratarse de un trabajador, sin duda, destacado en los medios de comunicación, y lamentamos mucho un asesinato más en el puerto de Acapulco, que se suma a la gran cantidad de personas que son víctimas de la delincuencia en todo el territorio nacional.

Tan lamentable como la muerte de Amado, como la de cualquier otro ciudadano que muere todos los días, víctima ---insisto--- de la delincuencia y de la impunidad que se vive en nuestro país, porque lo más grave de todo es que la gran mayoría de los asesinatos quedan impunes.

Los delincuentes hoy tienen la garantía, casi, de que cometer un asesinato no va a ser necesariamente juzgado y mucho menos castigado a quien lo haya cometido.

Amado Ramírez deja un hueco en su familia como cualquier otro, y desde aquí estamos hablando de la muerte de este hombre y en su casa están sintiendo la falta del padre o la del esposo o la del hijo. La cantidad de muertes que hay en México solamente es comparable con las muertes que se realizan y que se registran en Irak, la muerte por asesinato.

Acapulco parece ser que es la tierra de nadie. En Acapulco, en Guerrero, 96 por ciento de los delitos quedan impunes; solamente cuatro de cada 100 delitos tienen castigo y se encuentra a los culpables.

Ahora bien, si resultara que el crimen del señor Ramírez tiene que ver con su quehacer de periodista, entonces el problema se vuelve mayor, y no quiero entrar en especulaciones, pero el hecho es muy grave porque aparentemente este trabajador del Grupo Radiorama y del Grupo Televisa fue amenazado previamente a su asesinato.

Al parecer el crimen organizado, si es el caso, quiere silenciar a quienes dan cuenta de la podredumbre en la que estamos sumidos por culpa de ellos. El crimen organizado se escuda en sus armas y en que al final son cobardes.

Nuestra solidaridad, de todos los diputados, estoy seguro, con todos los periodistas de México que cubren las notas que tengan que ver con el crimen organizado y que hoy seguramente estarán reflexionando acerca de su propia seguridad. Un reconocimiento a su valentía y a su trabajo comprometido con nuestro país.

Más allá de todo, hay que reconocer que México está subido en una ola de violencia sin precedentes. Todos de alguna manera hemos sido víctimas, todos somos sujetos de ser víctimas de este lamentable problema de nuestro país, que está mezclado con corrupción, con impunidad, porque también hay que decirlo, quienes deberían de estar vigilando por la seguridad de nuestro país, por la seguridad de nuestros ciudadanos, muchas veces están involucrados con los delincuentes.

¿Cómo fue que perdimos el rumbo? ¿Cuándo fue que como sociedad nos habituamos a convivir con la impunidad y a aceptarla como algo de todos los días como si se tratará de un habitante más de nuestro país? ¿Qué más nos tiene que pasar? ¿No es suficiente con el hecho de que el crimen organizado tenga a nuestra nación como rehén de sus caprichos?

Llegó la hora. Me parece que por encima de las diferencias que podamos tener como partidos políticos, por encima de todo está la seguridad de nuestros ciudadanos. Todos alguna vez hemos cantado el Himno Nacional diciendo que la patria puede estar segura de que llegado el momento tiene en cada uno de nosotros un soldado dispuesto a defenderla. Pues llegó la hora. Llegó la hora porque todos los ciudadanos, todos sin excepción tenemos que ver con este problema y tenemos que hacer lo que nos corresponde.

Dejemos de ver hacia atrás y hagamos a un lado las recriminaciones. Veamos hacia delante y tengamos presente qué es lo que tenemos qué hacer.

Al señor Presidente de la República lo exhorto, a los gobernadores de los estados, a ejecutar la ley, a hacerla cumplir. El problema de la delincuencia está principalmente en el hecho de que la ley no se cumple y no se hace cumplir. Abatir la corrupción, abatir la impunidad. El Poder Judicial que de una vez por todas administre justicia expedita y no ---como en algunos casos--- administren solamente derecho.

Al Poder Legislativo, del que me honro formar parte, reforzar, modernizar y mejorar el marco legal vinculado con este tema; a los ciudadanos, denunciar.

Esta guerra la tenemos que ganar. Somos más los ciudadanos que queremos vivir en paz y en armonía que los que se esperan y se esmeran en que las cosas sucedan con violencia en nuestro país.

Por lo que hace al Poder Legislativo, mucho celebro el hecho de que las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública sigan trabajando como hasta ahora y más todavía, saber que el receso que inicia en mayo tiene como propósito dictaminar las iniciativas pendientes a efecto de regresar al siguiente periodo con dictámenes y minutas que mejoren el marco normativo.

En esto vamos juntos. Aquí no debe haber colores, ideologías, filias y fobias que impidan ganar esta lucha. Es algo que nos corresponde a todos y debemos estar por encima de nuestras diferencias. Debemos buscar que la guerra contra el crimen organizado se gane por parte de los ciudadanos.

Yo solicito con todo respeto a mis compañeras y compañeros diputados, que guardemos un minuto de silencio por todas las víctimas de la impunidad, del crimen y del asesinato en nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Se pide guardar un minuto de silencio.

(Se guarda minuto de silencio)

El diputado Eduardo Sánchez Hernández : Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Jiménez , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Venancio Luis Sánchez Jiménez:Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, todos hemos reconocido el profesionalismo con el que actuó siempre Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en el estado de Guerrero. Todos lamentamos su muerte; sin embargo, este atentado contra la libertad de expresión no es un hecho aislado. Se circunscribe en el marco de un riesgo creciente para el ejercicio de la libertad de expresión.

Amado Ramírez se suma a una larga lista de comunicadores asesinados que desafortunadamente se ha acrecentado en los últimos seis años. Se habla de estadísticas y se habla de que en los últimos 30 años han perdido la vida 50 comunicadores, hombres y mujeres valientes, pero hay que revisarlo con detenimiento porque de ésos 50 en los últimos 30 años, corresponden del 2001 a la fecha 28 muertes y para decirlo más claro, es en este gobierno que se dijo del cambio.

Se ha incrementado tremendamente esta acción de acallar, de callar las voces de los comunicadores. En lo que llevamos de este sexenio han caído dos y ha sido desaparecido uno. Tenemos en estos últimos seis años y meses, 38 muertes y lo peor es que una sola de ellas no ha sido esclarecida. No hay resultado ninguno en las investigaciones en estos asesinatos.

Se percató la legislatura pasada de este fenómeno y se creó un grupo de trabajo que viera, que investigara, que conociera de los atentados contra periodistas y se reconoció en el gobierno de Fox este fenómeno y se creó una Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas y Medios de Comunicación.

Al día de hoy, después de un mes de haber tomado posesión del cargo el nuevo fiscal, Octavio Alberto Orellana Wiarco, no conocemos absolutamente nada de él y hay que decir que antes de su toma de posesión estuvo el espacio acéfalo tres meses y el anterior fiscal se retiró sin decir siquiera porqué y se presume que fue porque le retiraron los apoyos económicos con que contaba la Fiscalía.

Creo que aquí está el asunto; ¿hay o no hay voluntad de investigar las muertes hacia los periodistas?; ¿hay o no hay voluntad de defender el derecho que tenemos a la libertad de expresión? Esta es la situación grave que está viviendo México en la actualidad.

La delincuencia organizada entonces, en una gran parte tiene que ver con esto y no hay una política clara para que se garantice en México la libertad de expresión. Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia y exige al gobernador del estado de Guerrero, a Zeferino Torreblanca, que investigue y se llegue al esclarecimiento de este crimen artero, de acuerdo con los principios que tiene nuestro partido y también exigimos que haya una política clara para esclarecer la muerte de estos 38 comunicadores. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia , del Partido Acción Nacional.

El diputado Gerardo Priego Tapia:Muy buenas tardes. Como presidente de la Comisión Especial al Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación quiero sumarme a muchas de las consideraciones que se han hecho antes por mis compañeros de otros partidos y quisiera tratar de evitar los lamentables números de los casos de periodistas que han sido asesinados o desaparecidos o todos aquellos que han sido agredidos, en lo general.

Pero sí quisiera compartir con ustedes una reflexión. La libertad de expresión constituye, como todos sabemos, una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de cualquier Estado. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. La libertad de expresión, pues, es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es, por supuesto, parte.

Hoy, en lo particular, condenamos el brutal y cobarde asesinato del corresponsal de Televisa en Guerrero, de Amado Ramírez, ocurrido el viernes pasado. Este asesinato se une a una larga lista de agresiones cometidas en contra de periodistas en todo el país. ¿Cuántos asesinatos más tendrán que darse para que, en conjunto, sociedad y gobiernos pongamos finalmente término a esta ola de represión y de violencia en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los ciudadanos, en contra de periodistas y medios de comunicación?

Quiero comentarles que mañana estaremos en Guerrero muy temprano un grupo plural de esta Cámara, de la Comisión para dar Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Quisimos hoy dejar muy claro, por parte de todos los partidos, la indignación que nos generó este asesinato, pero que además se arrastra de una serie de asesinatos, como ya hemos dicho, desde hace varios años.

Mañana estaremos en toda una agenda de trabajo con diferentes tipos de organizaciones de derechos humanos en Guerrero, con medios de comunicación, por supuesto con el gobierno del estado y las instituciones de procuración de justicia en el estado de Guerrero.

En nuestro país la libertad de expresión se encuentra tutelada por el artículo 6o. ---como todos recordamos--- de la Constitución, y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Por otro lado, la libertad de prensa se encuentra también garantizada en el 7o. de la Carta Magna. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores e impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En términos de nuestra Constitución, podemos decir que existe definición sobre la función de los comunicadores en nuestro país, partiendo de la base que toda persona tiene el derecho a ser informado.

Aquí se ha hecho mucho énfasis en el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto que es importante, pero el derecho a ser informados es precisamente con base en esa fuente de información, de ese escrutinio público que hacen los comunicadores todos los días, en que la sociedad puede tomar información y tomar decisiones, precisamente como en el caso ---desafortunadísimo caso--- de Amado, en el estado de Guerrero.

Existe además la libertad para comunicar pensamientos de opiniones, incluso publicándolos, por supuesto. Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa en nuestro país. Todos aquellos periodistas comprometidos en la corresponsabilidad social de conducir al país y el compromiso con la verdad, están en una manifestación perfecta de la libertad de información.

En esa tesitura es irrebatible que los medios de comunicación, los periodistas y demás comunicadores, tienen el derecho de informar a los habitantes y de manera correlativa surge la obligación para que los órganos del Estado mexicano tutelen ese derecho.

Los periodistas cumplen con una función clave, importantísima, ya que ofrecen al público esa fuente de información independiente que permite tener información clave para la toma de decisiones. Es por eso que todo lo que se pueda hacer para la prevención también en estos casos de delitos, tiene que se realizado en México.

Cabe señalar pues y recordar que es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con objeto de acallar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos también, ya que ven limitado su derecho a la información. Se trata por consiguiente, de evidentes violaciones, muchas veces manifestadas de manera grosera y criminal como algunas de las que hemos comentado y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.

En el PAN impulsamos fuertemente, firmemente, la creación de esta Fiscalía Especial de Seguimiento a Delitos contra Periodistas y Medios de Comunicación que fue constituida en el último año, como ustedes recuerdan, del gobierno del Presidente Fox.

En adición resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen ----hablemos del futuro, todavía desafortunadamente esto puede seguir pasando---- la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales competentes, para garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho a realizar actividades periodísticas para cumplir con su labor de informar a la sociedad. No basta pues, no basta pues con que se esclarezcan los delitos, los asesinatos, los abusos ya cometidos; se trata de que no existan más.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría Federal, implementen programas de prevención para la protección de los periodistas en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal a que profundicen en la investigación del caso de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, en Guerrero, y resuelva el caso lo antes posible.

Por su atención, muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a implantar programas para la protección de los periodistas en el país, presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del martes 10 de abril de 2007

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión, constituye una de as garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad, no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible. La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.

El brutal asesinato de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Guerrero, ocurrido el viernes pasado en la ciudad de Acapulco, se une a la larga lista de agresiones cometidas en contra de periodistas en el país.

¿Cuántos asesinatos más tendrán que darse para que, en conjunto, gobierno y sociedad, pongamos fin a esta ola de represión y de violencia en contra de la libertad de expresión, de los periodistas y de los medios de comunicación?

En México, la libertad de expresión se encuentra tutelada por el artículo 6o. de la Constitución Política y establece que ``La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

Por otro lado, la libertad de prensa se encuentra garantizado por el artículo 7o. de la Carta Magna que establece que ``Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito''.

En términos de la Constitución, podemos decir que existe definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que: toda persona tiene derecho a ser informado; que existe además la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y que se considera que los comunicadores tiene como profesión recabar datos, analizarlos y con base a ellos informar a los demás sobre los temas que les interesan. Entonces resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. En esa tesitura es irrebatible que los medios de comunicación masiva, los periodistas y demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes, y de manera correlativa surge la obligación para que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.

Los periodistas cumplen con una función importante, ya que ofrecen al público una fuente informativa independiente, por lo que deben brindárseles la mayor protección posible. Cabe señalar que es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con el objeto de acallar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Además, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.

En este sentido, el asesinato, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación, y en general la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, razón por la cual, estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.

Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos, ya que ven limitado su derecho a la información. Se trata, por consiguiente, de evidentes violaciones a los derechos humanos que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.

En nuestro país, es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, con el objeto de acallar la información que pretenden dar a conocer a la sociedad. No por nada la Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó a México como el país latinoamericano más peligroso para ejercer el periodismo, especialmente en las investigaciones dirigidas al crimen y la corrupción.

En su reporte anual, la FIP precisó que en el país se asesinaron a diez periodistas durante el 2006, quedando segundo en el listado de países más mortíferos para periodistas, sólo por debajo de Irak y colocándose por encima de Colombia y Venezuela, en donde murieron cinco.

Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa durante su reunión de medio año celebrada el pasado mes de marzo de 2007 en Cartagena de Indias, Colombia, señala que entre octubre del 2006 y febrero de este año se han registrado los asesinatos de siete periodistas, la desaparición de dos más y ocho casos de amenazas denunciadas ante las autoridades y organizaciones no gubernamentales. El crimen organizado y los abusos de las autoridades en el poder persisten como las amenazas principales, así como la impunidad de estas agresiones.

Reporteros sin Fronteras señala en su informe presentado en marzo de este año que con nueve periodistas asesinados y tres desaparecidos, el país arrastra el peor balance del continente y se coloca detrás de Irak, por el número de profesionales de los medios de comunicación muertos en 2006.

En adición a lo anterior, resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales competentes para garantizar la seguridad y el pleno ejercicio del derecho a realizar actividades periodísticas para cumplir su labor de informar a la sociedad.

No basta con buscar se esclarezcan los asesinatos y abusos ya cometidos, se trata de que no existan más.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a que implante programas para la protección de los periodistas en el país.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero a fin de que se esclarezca de manera inmediata el asesinato de Amado Ramírez, corresponsal de Noticieros Televisa en Guerrero, ocurrido el viernes 6 de abril del presente año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Hará uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen .

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señora Presidenta.

En los últimos 7 años 33 periodistas han sido asesinados, por lo que es urgente exhortar no solamente al Ejecutivo federal, sino particularmente a la Fiscalía que debe garantizar la protección a los comunicadores. Es muy importante que se proteja al gremio de comunicadores y que se investiguen hasta sus últimas consecuencias estos crímenes.

Lo que aquí se ha señalado en la tribuna por compañeros diputados de diferentes partidos es muy cierto, la muerte del reportero Amado Ramírez lastima a toda la sociedad y por ello también se tiene que exhortar al procurador de Justicia del estado de Guerrero para que se llegue hasta sus últimas consecuencias.

En el estado de Veracruz, en el norte del estado tenemos un caso lamentabilísimo sin resolver. El 8 de abril del año 2005 fue masacrado un periodista que tenía como símbolo la libertad de expresión, incansable luchador social y además, una persona con una gran calidad humana, se trata del periodista Raúl Giv Guerrero, quien fue masacrado y hasta la fecha las autoridades no han podido esclarecer este asesinato que a todo el estado de Veracruz nos lastima y sin lugar a dudas exigimos que rápidamente se pueda investigar este caso de Raúl Giv Guerrero.

Por otro lado, solamente señalar que la relatoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, señaló que el número de asesinatos de periodistas en nuestro continente creció en el año 2006 a un total de 19.

Por todo ello, compañeras y compañeros, nos hacemos eco de las exhortaciones que aquí se han señalado y urgimos a las autoridades competentes a tomar cuanto antes todas las medidas a su alcance para investigar y hacer justicia en los casos de asesinatos, agresiones y amenazas y diseñar políticas públicas de protección y fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión.

Muchísimas gracias y ojalá y estos exhortos lleguen a donde deben de llegar y pronto se puedan esclarecer los asesinatos del señor Amado Ramírez y el de Raúl Giv Guerrero. Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Se ha agotado el registro de oradores y se pide a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado; comuníquese.

ERNESTINA ASCENSIO ROSARIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Respecto a la propuesta que hizo la diputada Aída Marina Arvizu en el punto anterior, presentado durante el posicionamiento en el asunto de Zongolica, Veracruz, esta Presidencia dicta el siguiente trámite: túrnese a la Junta de Coordinación Política.

AMADO RAMIREZ DILLANES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Respecto a las propuestas que hicieron durante el posicionamiento del punto de acuerdo que acabamos de aprobar, las que hizo el diputado Humberto López Lena se turnan a la Mesa Directiva.

Y las que hizo el diputado Gerardo Priego Tapia se turnan a la Comisión de Seguridad Pública.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 11 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 15:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de abril, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 20 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 315 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 397 diputados
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3
• Minutos de silencio: 2
• Proposiciones con punto de acuerdo: 3
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 40PAN-6, PRD-20, PRI-4, PVEM-2, Convergencia-3, PT-1, Nueva Alianza-2, Alternativa-2
• Se recibio:
• 1 comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo;
• 4 oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Francisco Eduardo Cue Pérez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de permiso para que el ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras, pueda desempeñar el cargo de agente consular honorario de los Estados Unidos de América, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud de permiso para que los ciudadanos Salvador Suárez Moctezuma, Nora Laura Rivera Fernández y David Suárez Gómez, puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;
• 4 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite solicitudes de permiso para que los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas, puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de distintos gobiernos en México, respectivamente;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la carpeta de resultados de la participación del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en la XIX Reunión de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río, celebrada los días 2 y 3 de marzo de 2007en la ciudad de Georgetown, Guyana;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el VI Informe de Ejecución delPlan Nacional de Desarrollo2001-2006;
• 11 oficio de la Comisión de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Cámara de Senadorescon el que remite del senador Juan Bueno Torio, solicitud para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales;
• 2 minutas con proyectos de ley
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Cultura, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura;
• 1 de la Comisión de Economía, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura;
• 1 de las Comisiones Unidas de Economía, y de Reforma Agraria, con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por las que se exhorta al gobierno federal a intervenir en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los pobladores de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, en Mulegé, Baja California Sur, a investigar la situación financiera de dicha empresa y a formar una comisión plural que apoye las pesquisas;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el que se desechan 121 proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura;
• 1 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nacióna resolver el juicio de revisión constitucional presentado por Infored, SA de CV, y José Gutiérrez Vivó;
• 1 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se cita al director del Canal 11 para que explique la línea editorial de esa emisora y la censura aplicada al programa Diálogos en Confianza y el despido injustificado de personal de éste;
• 1 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República a investigar las posibles conductas ilícitas de elementos de laAgencia Federal de Investigación, al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video;
• 1 de las Comisiones de Unidas de Vivienda, y de Seguridad Social, con el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo por la que se cita a comparecer al director del Infonavit para que informe sobre la efectividad de la ley de ese instituto en el conjunto La Margarita, en Puebla, y las unidades habitacionales del país, y por la que se solicita al mismo funcionario que se presente ante dichos órganos legislativos para aportar datos sobre las edificaciones correspondientes a la llamada Línea 1;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la Condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permisos a cinco ciudadanos, para prestar servicios en las Embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente;
• 1 de la Función Pública, con punto de acuerdo a proposición para exhortar a la Secretaría de la Función Públicainvestigue el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable;
• 1 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo para solicitar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, cumpla con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisióny su respectivo reglamento, en materia de restricción a la transmisión de programas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores;
• 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al titular del Instituto de la Juventud delDistrito Federala celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud;
• 1 de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo a proposición para declarar como Zona de Monumentos Arqueológicos a Tlatelolco;
• 1 de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al Ejecutivo federal a realizar las gestiones necesarias para que se declare la ciudad de Lerdo, Durango, zona de monumentos históricos;
• 1 de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo a proposición relativo al acceso de objetos ceremoniales en zonas arqueológicas;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de diversas entidades federativas, atiendan las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua emitidas en los veredictos del 20 de marzo de 2006;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Aguaa solucionar el problema de abasto de agua potable en diversos poblados de los municipios de Apatzingan y Parácuaro en el estado de Michoacán;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Aguapara que explique las acciones operativas y administrativas por las que se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales en el trayecto de la cuenca Lerma-Chapala;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a proposición por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México y al municipio de Naucalpan a atender la situación del Río Hondo y de la población que habita en los márgenes de éste;
• 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo a proposición para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasy los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, implementen un programa de saneamiento permanente de la zona, que incluya el monitoreo y protección de especies en categoría de riesgo;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo a proposición relativo a la concesión de beneficios de libertad anticipada a las personas que se encuentren en Centros de Readaptación Social federales o estatales;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo a proposición relativo al inicio de operaciones del Centro de Readaptación Social de Guasave, del estado de Sinaloa;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a proposición para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayoresa iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores;
• 1 de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria;
• 1 de la Comisión de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda;
• 1 de la Comisión de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley del Banco de México;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;
• 1 de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha minuta que reforma la Ley General de Saludy la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;
• 1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona un artículo décimo sexto transitorio al decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
• 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona el artículo 9 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados;
• 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que expide la Ley Federal de Protección al Maguey;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que expide la Ley de Investigación de Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad;
• 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior;
• 1 de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que reforma los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
• 1 de las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha minuta que reforma los artículos 115 de la Ley General de Saludy 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Solís, Samuel(PRI) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 299, 301
• Almonte Borja, Ramón(PRD) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 269
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Ernestina Ascensio Rosario: 302, 315
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 317, 319
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 311, 314
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 319
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 301
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 313
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 315
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 308
• Dávila Fernández, Adriana(PAN) Ernestina Ascensio Rosario: 317
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Amado Ramírez Dillanes: 333
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Amado Ramírez Dillanes: 324
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 298
• Guerrero Rubio, Pilar(PVEM) Ernestina Ascensio Rosario: 306
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Amado Ramírez Dillanes: 324
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Amado Ramírez Dillanes: 327
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Ernestina Ascensio Rosario: 304
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 299
• Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 297
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 296, 301
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Ernestina Ascensio Rosario: 307
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 314
• Navarro Quintero, Miguel Ángel(PRD) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 270
• Ortega Martínez, María del Pilar(PAN) Ernestina Ascensio Rosario: 310
• Ortiz Magallón, Rosario Ignacia(PRD) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 269
• Priego Tapia, Gerardo(PAN) Amado Ramírez Dillanes: 330
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Ernestina Ascensio Rosario: 312
• Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana(PAN) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 300, 301
• Romero Guzmán, Rosa Elia(PT) Ernestina Ascensio Rosario: 305
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Ernestina Ascensio Rosario: 306
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Protección al Consumidor: 297
• Sánchez Hernández, Eduardo(PRI) Amado Ramírez Dillanes: 328
• Sánchez Jiménez, Venancio Luis(PRD) Amado Ramírez Dillanes: 329

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	CÉDULA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	CÉDULA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	CÉDULA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	INASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	INASISTENCIA
26Caballero Chávez Claudia Gabriela	INASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	INASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	INASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	CÉDULA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	INASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	INASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	CÉDULA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	CÉDULA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	INASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	INASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	CÉDULA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	INASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	INASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	INASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	CÉDULA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	PERMISO MESA DIRECTIVA
121 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	INASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	INASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	INASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	CÉDULA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	CÉDULA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	INASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	CÉDULA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	CÉDULA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	INASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	CÉDULA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 170
Asistencias por cédula: 13
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 21
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	INASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	INASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	INASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	CÉDULA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	CÉDULA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	INASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	OFICIAL COMISIÓN
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	CÉDULA
100Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	CÉDULA
110 Santos Arreola Francisco Javier	CÉDULA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	PERMISO MESA DIRECTIVA
113 Soto Ramos Faustino	CÉDULA
114 Soto Sánchez Antonio	INASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
116 Torres Baltazar María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
117 Torres García Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	CÉDULA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	CÉDULA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 96
Asistencias por cédula: 11
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 14
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	INASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	CÉDULA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	INASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38Fuentes Téllez Octavio	INASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	CÉDULA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	CÉDULA
45 González García Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Herrera Coyac Wenceslao	PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
56 Martínez Rocha Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
58Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	INASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
68 Murat José	ASISTENCIA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	PERMISO MESA DIRECTIVA
75 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	PERMISO MESA DIRECTIVA
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
81 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	INASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 84
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 13
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	INASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	CÉDULA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8González Macías Jesús	CÉDULA
9 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	CÉDULA
13 López Adame Antonio Xavier	CÉDULA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
16Puente Salas Carlos Alberto	CÉDULA
17 Velasco Rodríguez Verónica	CÉDULA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	CÉDULA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	CÉDULA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	CÉDULA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Bermúdez Viramontes Andrés 2 Bolaños Aguilar Edmundo Javier 3 Buganza Salmerón Gerardo 4 Caballero Chávez Claudia Gabriela 5 Campos Galván María Eugenia 6 Díaz de León Torres Leticia 7 Escobar Jardinez Adolfo 8 García González Carlos Alberto 9 García Vivián Raúl 10 Guerrero Torres José Gildardo 11 Iragorri Durán Enrique 12 López Cisneros José Martín 13 López Reyna Omeheira 14 Lujano Nicolás Christian Martín 15 Medina Rodríguez Delber 16 Mora Cuevas Marisol 17 Morgan Franco Rocío del Carmen 18 Nordhausen González Jorge Rubén 19 Palafox Núñez José Inés 20 Ruiz Velasco de Lira Ernesto 21 Sánchez Trujillo José Víctor Faltas por grupo: 21

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Altamirano Toledo Carlos
2 González Garza Javier
3 López Rojas Alberto
4 Morales Sánchez Efraín
5 Soto Sánchez Antonio
Faltas por grupo: 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Carballo Bustamante Andrés
2 Escalante Jasso Aracely
3 Fuentes Téllez Octavio
4 Méndez Lanz Víctor Manuel
5 Quiñones Canales Lourdes
Faltas por grupo: 5
6 Chozas y Chozas Olga Patricia
7 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 2