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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 338 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(11:31 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 11 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007 en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo. (Votación)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que adiciona una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Olivares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que las comisiones correspondientes emitan dictamen sobre diversas iniciativas. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley por la que se Establece el Salario Estudiantil para las Personas que Cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 4o.-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Ley para la Protección de las Madres Solteras, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley General de Mediación Familiar, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscrita por los diputados Octavio Fuentes Téllez y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos a adoptar las medidas necesarias para frenar la ola de violencia contra las mujeres y las niñas, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los esfuerzos realizados en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP y al gobernador de Michoacán a atender la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones de la Ley Minera para la explotación y el aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF auditar los recursos federales que integran la Cuenta Pública de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y las acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Semarnat los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida 300 hectáreas situadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF que instaure los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normativa en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a difundir los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar mediante la Semarnat los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR que informen sobre los alcances y la eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el Puente Remolino, en Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federales realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare como región fronteriza la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales'', en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa para analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional de carga a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, que establece las condiciones para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar medidas a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar la operación Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar mediante la Semarnat sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía mediante la SHCP y la Sener sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación de la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, a las escuelas y a los departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe respecto a la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y a los posibles atentados cometidos en agravio de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a estimular los microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco a modificar su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse con relación a la controversia constitucional interpuesta contra el Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de vialidad de cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos respectivos para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la tala inmoderada en la Sierra Madre de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a asignar recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade a incentivar la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementar el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen, a través de una política de Estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol, correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP revisen el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista estadounidense Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el Presidente del Congreso del estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir dentro del PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar los Convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al combate de la violencia de género contra las mujeres migrantes irregulares en la frontera sur, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena, así como al ISSSTE a informar si existe alguna persona que sea beneficiaria de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas que detonen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad médica familiar número 10 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir para la reapertura del puente internacional Suchiate, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a integrar una Comisión Estatal Coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada y se asignen los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que cruza el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua ubicados a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausurar los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia a hacer frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instrumentar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco que soliciten a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Fútbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en sus programas alimenticios, a partir de un padrón de productores nacionales definido por el DIF nacional, suscrita por los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia que vive el estado de Tabasco por la delincuencia organizada y el narcotráfico, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de su delegación en Sinaloa vigile que se cumpla la normatividad relativa a la contratación de menores de edad y de los trabajadores jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SSP y de la SCT a intervenir para detener los hechos de extorsión en las terminales de autobuses del país, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993, los trabajadores agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a revisar y modificar las reglas para otorgar el título de concesión para administrar la devolución del IVA que ha sido trasladado a los extranjeros con calidad de turistas, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros a nivel nacional a donar pólizas contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Sedena se instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores federales y a los organismos involucrados en la organización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, para que el mecanismo de votación para la elección de los legisladores infantiles se realice con la mayor legalidad, suscrita por los diputados Marcela Cuén Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Economía, revise las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las llamadas bebidas energizantes, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al gobierno federal recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para el saneamiento del río y cuencas del Zahuapan, estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar un grupo de trabajo que se encargue del análisis y revisión del esquema actual de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias competentes, ponga en práctica acciones que conduzcan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir el dictamen final de la NOM sobre el uso de betaagonistas no autorizados en los animales, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT y del vocal ejecutivo del IPAB para que informen respecto de las causas y consecuencias del conflicto colectivo de Mexicana de Aviación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los presidentes municipales a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos económicos decomisados por las autoridades sean destinados al fortalecimiento de las políticas y los programas contra las adicciones, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la legislatura local, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y del estado de Chiapas a establecer en forma permanente el programa de atención para erradicar la enfermedad del tracoma en las comunidades indígenas de la entidad, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a intensificar las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a implementar acciones en materia de seguridad pública en el estado Veracruz, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SE que libere los recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las empresas de solidaridad para proyectos productivos de la leche en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría integral al ejercicio de la administración de la Conaliteg en el periodo 2001-2006, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Profeco que den un informe de los programas y acciones enfocadas a verificar la calidad del agua embotellada, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del Estado de Jalisco a informar sobre los avances y el estado actual de la averiguación previa número 15058/2006, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de un programa de radio en el estado de Aguascalientes, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a solicitar al gobierno del estado de Veracruz su anuencia u opinión sobre los permisos para la celebración de carreras de caballos, peleas de gallos o algún otro juego o sorteo en dicha entidad, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos e incentivos para los adeudos de la población en situación de pobreza para la regularización de terrenos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa informe sobre el Programa de Subsidios Aserca para la próxima cosecha en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos de seguridad social para los pescadores de alta mar, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar, a través de la Sectur, la incorporación del municipio de Boca del Río, Veracruz, en el programa del Fonatur, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a garantizar las condiciones de seguridad para los comerciantes situados en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín de Texmelucan, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo que atienda el problema de contaminación de la región Tula-Tepeji-Huichapan, Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a un proceso de debate, desarrollo metodológico e innovación para una reforma integral del sistema nacional de salud y de la normatividad en la materia, a cargo del diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a realizar, de manera conjunta, acciones para instituir la semana nacional de la cultura de la protección de los animales, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través de las dependencias correspondientes, las reglas de operación del programa Oportunidades para 2007, a fin de incluir como beneficiarios de becas educativas a estudiantes de primero y segundo grados de primaria, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de seudoefedrina, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal solicitar y promover que en el próximo periodo de sesiones de la ONU se elabore una convención en materia de derechos de las personas adultas mayores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar exhaustivamente las transferencias presupuestales asignadas a Tabasco; a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a emprender las acciones necesarias para que en los actos que promueva considere por lo menos el cinco por ciento de los espacios para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Guerrero y de Acapulco a implantar un programa de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una investigación sobre la situación que afecta a las alumnas del instituto La Villa de las Niñas, de Chalco, estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a destinar recursos suficientes para la mejora de las carreteras que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar ilícitos los anuncios clasificados en los periódicos donde se ofrecen servicios de masajes y otros que promueven los estereotipos sexistas discriminatorios para la mujer y la prostitución invisible, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

A las Comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la violencia y los feminicidios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.

Con motivo del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diez de abril de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintidós minutos del martes diez de abril de dos mil siete, con la asistencia de trescientos quince diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos de puntos de acuerdo, publicados en la Gaceta Parlamentaria de los días tres y cuatro de abril de dos mil siete, de las Comisiones de: Cultura, Desarrollo Rural, Economía, Unidas de Economía y de Reforma Agraria, Hacienda y Crédito Público, Radio, Televisión y Cinematografía, Trabajo y Previsión Social, Seguridad Pública y Unidas de Vivienda y de Seguridad Social. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la cacería de focas arpa del Canadá. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite:

Propuesta del sistema de evaluación del desempeño (SED), de conformidad con lo que establece el artículo Sexto Transitorio de la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Información correspondiente al bimestre enero-febrero de dos mil siete relativa a la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, con desglose mensual. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al mes de febrero de dos mil siete. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Documento que contiene los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil ocho; los escenarios: sobre las principales variables macroeconómicos para el año dos mil ocho, sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos, para dar cumplimiento a lo establecido por la fracción primera, del artículo cuarenta y dos de la Ley Federal y Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como por el artículo seis del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fe de Erratas, a las principales variables macroeconómicas para el año dos mil ocho.

Ambas se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría de Gobernación remite:

Solicitud de permiso del ciudadano Francisco Eduardo Cue Pérez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Solicitud de permiso del ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras, para desempeñar el cargo de agente consular honorario de los Estados Unidos de América, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Solicitud de permiso de los ciudadanos David Suárez Gómez, Salvador Suárez Moctezuma y Nora Laura Rivera Fernández, para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Cuatro con los que remite solicitudes de permisos de los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas, para que puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Carpeta de Resultados de la participación del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en la décimo novena reunión de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río, celebrada los días dos y tres de marzo de dos mil siete en la ciudad de Georgetown, Guyana. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

El Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil uno-dos mil seis. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Once contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Se recibe del senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, solicitud para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos trece Bis, catorce Bis, catorce Ter y quince de la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete constitucional en el Ramo del Petróleo; doscientos cincuenta y tres, y trescientos sesenta y ocho Quáter del Código Penal Federal; y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia.

Se reciben del Senado de la República minutas con proyectos de decreto:

Que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Que establece las características de la séptima moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las once horas con treinta y cinco minutos se registra una asistencia de trescientos noventa y siete diputadas y diputados.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes a discusión con proyectos de decreto de la Comisión de Gobernación que conceden permisos a los ciudadanos:

Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García, para prestar servicios en las embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Con un resultado de trescientos ochenta y tres votos en pro, cero en contra y una abstención, se aprueban los proyectos de decreto. Pasan al Senado de la República y al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes a discusión de las comisiones de:

a) La Función Pública, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública investigue el proceso de enajenación de Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable.

b) Radio, Televisión y Cinematografía, para solicitar a la Secretaría de Gobernación, aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión abierta y cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.

c) Juventud y Deporte, para exhortar al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud.

Cultura:

Para declarar como Zona de Monumentos Arqueológicos a Tlatelolco.

Para exhortar al Ejecutivo federal, realice las gestiones necesarias a fin de que se declare la ciudad de Lerdo, del estado de Durango, Zona de Monumentos Históricos.

Relativo al acceso de objetos ceremoniales en zonas arqueológicas.

e) Recursos Hidráulicos:

Para exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de diversas entidades federativas, atiendan las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua.

Para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua, solucione el problema del abasto de agua potable en diversos municipios del estado de Michoacán.

Para citar a comparecer al director general de la Comisión Nacional del Agua.

Para exhortar al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México y al municipio de Naucalpan atienda la situación del río Hondo.

Para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Turismo, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los municipios aledaños al Cañón del Sumidero, a que implanten un programa de saneamiento permanente.

f) Seguridad Pública:

Relativos a la concesión de beneficios de libertad anticipada a las personas que se encuentren en Centros de Readaptación Social Federales o Estatales.

Relativos al inicio de operaciones del Centro de Readaptación Social de Guasave, Sinaloa.

g) Atención a Grupos Vulnerables, para exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a iniciar una campaña de difusión nacional de los derechos de las personas adultas mayores.

En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Comuníquense.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura de los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes negativos de las comisiones de:

a) Reforma Agraria, por los que se desechan dos iniciativas en materia de Ley Agraria.

b) Vivienda, por los que se desechan las iniciativas que:

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda.

Adiciona la fracción octava del artículo dos de la Ley Federal de Vivienda.

c) Hacienda y Crédito Público, por los que se desechan las iniciativas que:

Reforma y adiciona el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Reforma el artículo cuarto de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Reforma el artículo veintiséis de la Ley del Banco de México.

Reforma el artículo setenta y cuatro Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Adiciona una fracción décimo segunda, al artículo cinco de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

Dos, en materia de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Dos, en materia de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

d) Unidas de Juventud y Deporte y de Salud, por los que se desecha la minuta que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

e) Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo décimo sexto transitorio al decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Para hablar en contra del dictamen, se les concede el uso de la tribuna a los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Ramón Almonte Borja , Rosario Ignacia Ortiz Magallón y Miguel Ángel Navarro Quintero . En votación económica, la asamblea lo aprueba. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

f) Atención a Grupos Vulnerables, por los que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo nueve de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.

g) Seguridad Pública, por los que se desechan las iniciativas que:

Reforma y adiciona el artículo once de la Ley General que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.

Adiciona la fracción décimo primera del artículo doce de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

h) Desarrollo Rural, por los que se desechan las iniciativas que expiden:

La Ley Federal de Protección al Maguey.

La Ley de Investigación de Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad.

i) Economía, por los que se desechan las iniciativas que:

Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

Reforma los artículos sesenta y dos y ochenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

j) Unidas de Salud y de Economía, por los que se desecha la minuta que reforma los artículos ciento quince de la Ley General de Salud y cuarenta y nueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para hablar en contra, se les otorga el uso de la tribuna a los diputados: Susana Monreal Ávila , Alejandro Sánchez Camacho , Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Juan Nicasio Guerra Ochoa y Octavio Martínez Vargas , todos del Partido de la Revolución Democrática. Rectificacn hechos los diputados: Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del Partido Acción Nacional. Desde sus respectivas curules, solicitan moción de procedimiento los diputados: Aguilar Solís; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática; y Rodríguez Vizcarra Velázquez. En votación económica, la asamblea aprueba devolver el dictamen a las comisiones. Desde su curul, la diputada Monreal Ávila, realiza observaciones.

Se aprueban en conjunto y en votación económica los dictámenes en sentido negativo anteriormente citados que no fueron reservados. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Para hablar sobre la violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, Veracruz, se le otorga la palabra a la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa, quien presenta una propuesta y en su momento la Presidencia turna a la Junta de Coordinación Política. Posteriormente intervienen los diputados: Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Rosa Elia Romero Guzmán , del Partido del Trabajo; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia; Pilar Guerrero Rubio , del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Montalvo Gómez , del Partido Revolucionario Institucional; Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita un minuto de silencio y la Presidencia pide a los presentes ponerse de pie para tal efecto, y finaliza la diputada Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional. Para rectificar hechos intervienen los diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo , del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados: Raymundo Cárdenas Hernández , Victorio Rubén Montalvo Rojas y Alliet Marina Bautista Bravo, todos del Partido de la Revolución Democrática; Aída Mariana Arvizu Rivas, de Alternativa y Aurora Cervantes Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática. Continúan con la palabra los diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática y Adriana Dávila Fernández , del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Para alusiones personales interviene la diputada Batres Guadarrama. Interviene el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ante las comisiones de Equidad y Género, de Justicia y de Derechos Humanos. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la honorable Cámara de Diputados condena el asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco. En votación económica, la asamblea acepta la modificación del orden del día para incluir este asunto en la presente sesión y se les otorga el uso de la tribuna a los diputados: Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza; Humberto López Lena Cruz , de Convergencia, quien presenta una propuesta y en su oportunidad la Presidencia la turna a la Mesa Directiva; Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México; Eduardo Sánchez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita un minuto de silencio y la Presidencia pide a los presentes ponerse de pie para tal efecto. Continúan los diputados: V. Luis Sánchez Jiménez , del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Priego Tapia , del Partido Acción Nacional, quien presenta una propuesta y la Presidencia la turna a la Comisión de Seguridad Pública y José Manuel del Río Virgen , de Convergencia. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. La Presidencia clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles once de abril de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes altas, solicitadas por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Que la diputada Irene Aragón Castillo cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Que el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal cause alta como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada Elia Hernández Núñez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Que el diputado Ramón Valdés Chávez cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Que el diputado Ramón Valdés Chávez cause alta como integrante en la Comisión de la Función Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes altas, solicitadas por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de la Defensa Nacional.

Que el diputado Octavio Fuentes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ARTICULOS 73 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha el senador Ricardo Olivares Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 10 de abril de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de coordinación y colaboración hacendaria

El suscrito, senador Ricardo Olivares Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el marco de la Reforma del Estado es necesario establecer mecanismos que de manera integral permitan una reestructuración del sistema federal con el fin de mejorar la distribución de facultades entre los diversos órdenes de gobierno y facilitar sus relaciones.

El sistema federal implica un mecanismo de control constitucional que debe reflejarse en los aspectos político y económico, descentralizando en las entidades federativas mayores atribuciones que impliquen la verdadera toma de decisiones contrarrestando la concentración del poder en el ámbito federal.

No obstante la existente distribución de facultades, se ha otorgado hegemonía al ámbito federal al hacer de las atribuciones de las entidades federativas un residuo de las que no han sido establecidas expresa o implícitamente a las autoridades federales, hecho que pervierte el correcto funcionamiento de un sistema presidencial suplantándolo por un presidencialismo.

En materia tributaria, los principios constitucionales surgen y son un reflejo de las convenciones nacionales fiscales en las que se ha desarrollado la política de coordinación fiscal entre la federación y los estados a fin de atenuar los complejos problemas de las facultades concurrentes.

La Primera Convención Nacional, en agosto de 1925, tuvo como objetivo la resolución del problema de la doble tributación mediante una separación de las fuentes tributarias sobre la base de una distribución equitativa.

Sus resultados fueron puestos en práctica parcialmente, sin reflejar un beneficio importante en las entidades federativas y en los municipios.

La Segunda Convención Nacional Fiscal, 20 de febrero de 1933, buscó fortalecer la delimitación de las facultades concurrentes considerando la participación de los municipios.

El presidente Miguel Alemán, convocó a la Tercera Convención Nacional Fiscal en 1947. Sus resoluciones permitieron la elaboración de la primera Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

La Ley definió como objeto gravable los ingresos provenientes de las compraventas, permutas y algunas prestaciones de servicios de carácter mercantil, percibidos por comerciantes e industriales.

La Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (1951) reflejó como principales características que el objeto gravable eran los ingresos totales obtenidos por la realización de transacciones de bienes, prestaciones de servicios en general, arrendamiento y comisiones así como mediaciones mercantiles.

Se estableció, además, el régimen de convenios con las entidades para lograr la coordinación, y en algunos casos, la administración del impuesto y el régimen de participaciones, basado en recargos y multas.

La condición para la celebración de convenios de coordinación con los estados, fue la supresión de los impuestos locales a la industria y al comercio.

Esta ley permitió cumplir con el fin que perseguían las convenciones nacionales fiscales, de coordinar a la federación y a los estados en materia tributaria, lográndose la primera Ley de Coordinación Fiscal del 28 de diciembre de 1953.

Como producto de esta ley se estableció la Comisión Nacional de Arbitrios, que fungió sin interrupción hasta 1977, año en el que sus funciones fueron asumidas por la Dirección de Coordinación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antecedente de la Coordinación General con Entidades Federativas.

Los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal que motivaron al legislador fueron la justa distribución del ingreso público y la solución técnica del fenómeno de la doble imposición.

A partir de 1978, los esfuerzos de los funcionarios fiscales federales y estatales se encaminaron a la integración de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo cual permitió una reforma fiscal integral en 1980.

Dicha reforma contempló cuatro técnicas que fueron:

a) Reformas al Impuesto sobre la Renta.

b) Abrogación de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.

c) Entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la derogación de más de 50 impuestos especiales.

d) La promulgación de una nueva Ley de Coordinación Fiscal.

La Ley de Coordinación Fiscal de 1980 estableció que los estados que así lo desearan podrían convenir con la Federación en recibir participaciones a cambio de respetar las limitaciones a su poder tributario establecidas en las leyes federales o en los convenios autorizados o aprobados por las propias legislaturas de los estados. La ley señala que la adhesión al sistema deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo con relación a algunos de los ingresos de la federación.

Esto otorga al Sistema la característica de resarcitorio en su primera etapa, entre 1980 y 1983, ya que su principal propósito, a través del Fondo General de Participaciones, fue compensar a las entidades federativas por el sacrificio de sus ingresos producto de la adhesión al mencionado Sistema.

Con el nacimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se inició uno de los debates omnipresentes en la historia reciente del Sistema, al definirse tanto el Fondo General de Participaciones, como el Fondo Financiero Complementario de Participaciones, en un porcentaje de la Recaudación Federal Participable.

Esta determinación originó el juego de suma cero, por lo que si una entidad recibe mayores recursos de cualquiera de estos fondos, otra u otras perderían el mismo monto.

En 1990 se introdujo un nuevo mecanismo de distribución de participaciones, en el cual se acuerda la distribución del Fondo General Participable en tres partes:

a) 45.17 por ciento de acuerdo con la población;

b) 45.17 por ciento de acuerdo con una fórmula determinada por la recaudación de un cierto número de impuestos asignables y;

c) 9.66 por ciento en proporción inversa a la distribución realizada con las dos partes anteriores.

Al distribuir el 45.17 por ciento del Fondo General de Participaciones, en términos per cápita, se busca introducir elementos de equidad al Sistema, aunque supone que una entidad con más habitantes requiere proporcionar una cantidad mayor de servicios.

El argumento es cierto, pero presume dos elementos: que todas las entidades requieren la misma cantidad de satisfactores por habitante, y que a las entidades les cuesta lo mismo proporcionar dichos servicios.

Con la fórmula de distribución determinada por la recaudación, se pretende estimular la percepción de las entidades, aunque los impuestos asignables en los que se basa; tenencia, ISAN, IEPS de gasolina, cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco, no son los más representativos de la recaudación federal, ni tampoco son indicadores del grado de desarrollo de un estado, ni representan la recaudación federal en la entidad.

Estas contribuciones; sin embargo, lo que pueden representar es la distribución del ingreso existente, por lo que ejemplifican los elementos adecuados para estimular la recaudación, que es el propósito manifiesto de esta fórmula, que se aplica a la totalidad de la segunda parte del fondo y no sólo al incremento, como se acostumbraba anteriormente.

Las reformas sustanciales a la Ley y al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal han repercutido en las grandes diferencias de participaciones recibidas por las entidades federativas; para 1980 había una diferencia de 15 a 1 entre el estado que recibía más participaciones con el que menos lo hacía. Para 1990 esta diferencia se redujo de 7.4 a 1 y para 2002, esta diferencia fue de 3.9 a 1.

Sin embargo, el diseño es aún inflexible y ha permitido que la federación sea la encargada de recolectar la mayoría de los impuestos, para devolverlos en forma parcial a las entidades federativas, en una proporción determinada por la propia federación.

El federalismo, ahora, se manifiesta como alternativa de cambio gradual, para que la sociedad mexicana se reacomode, sin violentar principios institucionales. La distribución del poder en un país como México, es condición para acceder a una más amplia y nutrida vida pública. En las entidades federativas surgen y se desarrollan movimientos que reclaman mayor participación política, fiscal y financiera, a favor de los gobiernos locales.

Es imposible tratar una reforma fiscal si no se analiza y trabaja sobre un nuevo diseño del sistema federal mexicano para conseguir una más justa correlación de fuerzas y una mejor distribución de los beneficios a favor y en pleno respeto a la autonomía de los estados.

El diseño del sistema federal no debe constreñirse únicamente a descentralizar las atribuciones o facultades que correspondan a los estados y significarse en una dualidad de ámbitos inflexibles que impidan un adecuado y correcto uso del poder.

La dualidad de competencias no debe ser rígida y el nuevo diseño del sistema federal debiera contemplar mecanismos flexibles de coordinación y de colaboración para facilitar la solución a las necesidades del país con una perspectiva federal que disminuya las asimetrías regionales a través del impulso a partir de las propias entidades federativas y los municipios.

En Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, entre otros países, ha operado un rediseño del modelo federal hacia un sistema flexible de colaboración y cooperación a través de las facultades concurrentes, ya que a las entidades federativas les corresponde su ejercicio práctico mediante acuerdos entre las autoridades federales y las estatales.

Como podrá verse, la necesidad de avanzar de un sistema de concurrencia a uno de coordinación fiscal, no ha sido del todo exitoso. Lamentablemente hemos caído en los excesos, las entidades federativas son invariablemente dependientes del Gobierno Federal, ya que éste participa y transfiere en promedio el 95 por ciento de los ingresos de éstas.

La política fiscal de las entidades federativas está acotada, ya que las principales contribuciones, como es el caso del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, son recaudados por la federación, así como la mayor parte de la fiscalización, lo que no permite el crecimiento de los ingresos, por lo que los estados se encuentran limitados para atender sus necesidades de gasto.

Aunado a lo anterior, las transferencias del gasto que realiza la federación desde 1998, en materia de educación, salud y seguridad, entre otros, lejos de redundar en el fortalecimiento financiero de las entidades federativas, les ha ocasionado un apalancamiento financiero y, en consecuencia, una reducción a su margen presupuestal para destinarse a obra e infraestructura. El incremento del gasto en esos rubros no es proporcional a lo suministrado por la federación, esto entre otros aspectos que han causado esta disparidad.

La carencia de recursos, para las entidades federativas, se puede explicar porque nuestra Constitución prevé y faculta a la federación, y en su caso a los municipios, a imponer contribuciones en su beneficio, sin exclusividad de algún tipo de contribución para las entidades federativas, por lo que, si bien es cierto, por excepción las demás contribuciones pueden ser cobradas por éstas, es incongruente que no se les incluya una facultad propia, independiente de que sea establecida en coordinación y colaboración con la federación o los municipios.

En este sentido, por medio de la presente iniciativa en el artículo 116, se pretende especificar a nivel constitucional cómo se integra la hacienda pública de los estados, se señala expresamente que los estados la administrarán libremente, comprendiendo ésta, entre otras contribuciones que los Congresos locales podrán establecer, el impuesto sobre la renta a personas físicas.

Además, se especifica la colaboración administrativa a través de la constitución de organismos que establezcan las bases de organización y funcionamiento sobre la coordinación fiscal respecto a los ingresos federales y la participación que les corresponda a las haciendas públicas de las entidades federativas.

Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de coordinación y colaboración hacendaria y que en dicha ley se contemplará la integración de un Sistema Nacional de Coordinación y Colaboración Hacendaria representado por el Presidente de la República y por los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Senado de la República la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan una fracción XXIX-A al artículo 73 y una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 73...

I. a XXIX. ...

XXIX-A. Para legislar en materia de coordinación y colaboración en materia hacendaria, incluyendo en la ley la participación de las entidades federativas sobre el rendimiento de las contribuciones establecidas en la fracción anterior. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos, por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

En la ley que se expida conforme al párrafo anterior, para el desarrollo y vigilancia de la coordinación y colaboración hacendaria entre la federación y las entidades federativas, se integrará un Sistema Nacional de Coordinación y Colaboración Hacendaria, representado por el gobierno federal por conducto del Presidente de la República y, el de las entidades federativas, por los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

XXIX-B. a XXX. ...

Artículo 116...

I a VII. ...

VIII. Los estados administrarán libremente su hacienda la cual se conformará por el Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas, por las contribuciones así como otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor y, en todo caso:

a) Se podrán coordinar en materia fiscal con la federación para establecer la participación que les corresponda a sus haciendas públicas respecto de los ingresos federales, fijando reglas de colaboración administrativa así como la constitución de organismos que establezcan las bases de su organización y funcionamiento.

b) Por las transferencias que realice la federación en materia de gasto público entre otros, educación, salud, seguridad e infraestructura.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley a que se refiere la fracción XXIX-A del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 10 días de abril de 2007.--- Senador Ricardo Olivares Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

MATERIA FAMILIAR

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto en materia familiar:

1. La que reforma diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, presentada el día 28 de septiembre de 2004.

2. La que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada el 1 de junio de 2005.

3. La que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el l de noviembre de 2005.

4. La que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, presentada el 27 abril de 2006, y

5. La que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para impulsar el desarrollo integral de las familias, presentada el 27 de abril de 2006.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 10 de abril de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, inciso c) y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara en uso de sus facultades, formular excitativa a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, para que acuerdo a lo establecido en el artículo 45, apartado 6, inciso f) de la citada Ley, emitan el dictamen respectivo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. El día 28 de septiembre de 2004, el entonces diputado, José Luis Treviño Rodríguez y un servidor, presentamos iniciativa con proyecto de decreto por la que reforma diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, misma que fue turnada en ese entonces a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Es necesario comentar que tal iniciativa fue dictaminada positivamente por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el 16 de marzo de 2005 y ese proyecto de dictamen fue entregado a la codictaminadora.

En primer lugar, esta iniciativa propone adicionar un inciso D al artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las legislaciones penales establezcan los delitos de violencia intrafamiliar a que haya lugar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en perjuicio de jóvenes embarazadas y en niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

En segundo término, sugiere adicionar una fracción XIII, al artículo 4 de la Ley General de Educación para que uno de los fines de la educación sea la de crear conciencia sobre la eliminación de la violencia intrafamiliar.

Por otro lado, plantea adicionar una fracción XIII al artículo 4 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social para que sean sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social preferentemente las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

Finalmente, busca adicionar una fracción al artículo 3 de la Ley General de Salud para que sea materia de salubridad general la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar.

II. Con fecha 1 de junio de 2005, presenté en el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.

Pretende adicionar la fracción V del artículo 2 y la fracción III, del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para situar a la familia como centro de atención en los principios y en las acciones de política pública de la comisión.

III. El 11 de noviembre de 2005, las entonces diputadas Margarita Zavala Gómez del Campo, Adriana González Furlong y quien suscribe, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Gobernación.

A través de esta Iniciativa se pretende incluir el enfoque de familia en el trabajo de las secretarías de Estado que tienen incidencia directa con el bienestar de los mexicanos. De las propuestas más importantes de esta iniciativa, resaltan: a) la de instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que promueva y difunda los acuerdos internacionales en materia de familia y derechos humanos y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones legislativas que correspondan; b) que la Secretaría de Educación Pública diseñe y ejecute acciones para desarrollar actitudes solidarias en los individuos, y para crear conciencia sobre la preservación de la salud, el valor de la familia, la eliminación de la violencia intrafamiliar, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, y (c) establecer de forma expresa que las Secretarías de Salud y de Desarrollo social, en el diseño e instrumentación de sus programas y acciones, incluyan el enfoque de familia.

IV. El 27 abril de 2006, las diputadas Celia Leticia Montes de Oca y Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo y un servidor sometimos a la consideración de ese Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, para la cual se dispuso fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

Esta iniciativa busca reformar la fracción VIII, del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para establecer que en la realización de estudios e investigaciones que le corresponde realizar al DIF en materia de asistencia social, se enfatice los temas de familia; además que el Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social tenga un énfasis en temas de familia.

V. El 27 de abril de 2006, las diputadas y los diputados Celia Leticia Montes de Oca y Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo, María Guadalupe Suárez Ponce, José Juan Bárcenas González y un servidor, presentamos al Pleno de la colegisladora, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para impulsar el desarrollo integral de las familias. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Su objetivo es clarificar la obligación del Estado y la sociedad en la organización y el desarrollo de la familia, ya que la misma cumple funciones esenciales en la formación de personas, la educación en valores y la participación en el desarrollo integral de la sociedad. También pretende establecer que las relaciones familiares deberán basarse en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes; finalmente pretende que el Estado y sociedad protegerán a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones.

Hasta ahora no se ha emitido dictamen respecto de estas iniciativas; por ello, presento esta solicitud motivado, además de los antecedentes narrados, en las siguientes

Consideraciones

I.- No obstante que la familia ha evolucionado, tanto en estructura y funciones, sigue siendo vigente la tesis que establece la importancia de la familia como eje central de atención por parte del Estado y de la sociedad. La realidad del ser humano es primeramente familiar: antes que ciudadanos, electores, consumidores, somos seres familiares.

II. Organizaciones gubernamentales especialistas en la materia como el DIF nacional han demostrado que los esfuerzos del gobierno se hayan mejor capitalizados cuando centran su mirada en la familia. Hay en México, como en el caso de muchos países, aún esfuerzos inconexos, desentendidos de la importancia de la sinergia que genera la familia. Así, vemos políticas públicas destinadas a la infancia, a la mujer, al adulto mayor, a la persona con discapacidad, a los indígenas y no se cae en la cuenta de que todos ellos también forman parte de una familia, o bien pueden encontrar una mayor protección dentro de una.

Cuando en la familia uno de sus miembros cuenta con alguna discapacidad, no modifica sólo la vida de ese miembro, sino que todos los demás también se ven involucrados en este cambio, por lo que atender solamente al miembro con discapacidad sería atender sólo a una parte de la situación.

Para dar otro ejemplo en el campo de la salud: es patente que existen muchos programas para la salud de la mujer, pero paradójicamente, continúan pesando en las mujeres las responsabilidades y los costos vitales de la planificación reproductiva, sin un involucramiento de sus parejas.

Por otra parte, en materia de pobreza, la feminización de ésta no solo se debe a la discriminación, la cultura o las costumbres, sino también a la relación desigual que desde las familias se ha impuesto a las mujeres con los mecanismos y recursos que fortalecen las oportunidades: la educación, la capacitación, la propiedad, la herencia, la profesión, la participación en la toma de decisiones, entre otras.

III. Uno de los elementos importantes en el diseño de las políticas públicas de familia es la transversalidad de las acciones. Paulatinamente se ha entendido que las acciones aisladas e inconexas no son las más redituables y que requieren para su propio beneficio de la intervención y apoyo de otras instancias, de manera que se compartan e involucren entre sí. De esta forma, deben existir propuestas transversales de carácter cultural, económico, educativo, sanitario, asistencial, entre muchas otras áreas que desde luego no quedan al margen al momento de impactar en la realidad de la familia.

Lamentablemente, la promoción y fortalecimiento de la familia como principios orientadores del quehacer público no se han asumido plenamente.

El derecho de tener una sociedad que vea por la familia, se convierte en un deber particular de todos los ciudadanos y una obligación del gobierno, no con la finalidad de suplirla sino con la misión de crear las condiciones en la que pueda desarrollarse.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones de Justicia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Asuntos Indígenas, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que formulen los dictámenes correspondientes de las iniciativas con proyecto de decreto referidas.

Atentamente

Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables; de Asuntos Indígenas, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Puntos Constitucionales, respectivamente.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jorge Emilio González Martínez , integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72; 73, fracciones XXIX-C, XXIX-D, XXIX-E, XXIX-G y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 20; 22; 23, y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60 y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones que correspondan, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos con el objeto de evitar que especies exóticas sean introducidas en la fundación de centros de población con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las especies exóticas o introducidas son aquellas que se encuentran fuera de su área de distribución original o nativa (histórica o actual), no acorde con su potencial de dispersión natural; término que también puede aplicarse a niveles taxonómicos inferiores, como subespecie exótica¹.

Dichas especies al ser introducidas en algunos ambientes pueden generar impactos negativos y ser dañinas no sólo para el normal desarrollo de los ecosistemas, sino también para su existencia.

Las especies introducidas han encontrado en el desarrollo de las actividades económicas actuales un medio para su dispersión ya sea de modo accidental o deliberado. Algunos autores han llegado a considerar que un promedio del 17% de las extinciones de especies animales en tiempos históricos, en todo el mundo, pudo ser generado por la introducción de especies exóticas.

Ayudadas por los humanos, innumerables especies han colonizado nuevos ambientes contribuyendo a la extinción de muchos organismos a través de competencia, predación o alteración del hábitat. A las complicaciones técnicas de la erradicación de especies exóticas se suma la falta de comprensión del problema por parte de la sociedad.

Es por esto que la introducción de especies exóticas se ha considerado como una de las mayores amenazas que sufre nuestra diversidad biológica, por diferentes organizaciones sociales y gubernamentales, en México dicha afirmación ha sido respaldada por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad², quien argumenta que la introducción, intencional o accidental, de éstas puede causar graves daños a los ecosistemas terrestres y acuáticos, y provocar desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la composición de especies y en la estructura trófica, desplazamiento de especies nativas, pérdida de biodiversidad, reducción de la diversidad genética y transmisión de una gran variedad de enfermedades como plagas agrícolas y forestales.

Aunado a ello, otro de los peligros que representan las especies exóticas es el alto costo económico que representa este tipo de problemas ambientales asociado a los riesgos en términos de la salud humana.

La magnitud de esta problemática se evidencia si se toma en cuenta que cuando una especie exótica se ha establecido en un lugar, su erradicación puede llegar a ser prácticamente imposible, lo que necesariamente se traduce en daños irreversibles para los ecosistemas afectados.

Lo anterior evidencia la necesidad de contar con una política que incorpore acciones de prevención en cuanto a la introducción de especies exóticas en los ecosistemas bajo una perspectiva integral.

Es así como las disposiciones previstas tanto en la Ley General de Vida Silvestre como las de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; resultan ineficientes³ en virtud de que la política urbanística está impactando negativamente en el combate del problema al no regular la introducción de especies exóticas en la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población.

Dadas estas condiciones los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que para que dicha normas se vuelvan operativas y eficientes, resulta básico tomar las medidas programáticas y legislativas que permitan contar con una visión integral y una serie de disposiciones correlacionadas que permitan dar solución a la problemática que las especies introducidas están generando sobre los ecosistemas y sobre cada uno de los recursos naturales por la falta de una política sustentable en materia de asentamientos humanos.

Por lo antes expuesto, con base en un enfoque preventivo, presento la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos cuyo objeto es prohibir la introducción de especies exóticas en la fundación, conservación y mejoramiento de los centros de población.

De igual forma, con nuestra propuesta se busca que dicho ordenamiento se sujete a las disposiciones previstas por la legislación ambiental en materia de asentamientos humanos y de ordenamiento ecológico del territorio, para lo cual, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 12, 15, 17, 27, 28, 29, 31 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 12, 15, 17, 27, 28, 29, 31 y 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 12. La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de:

I. a VI. ...

La Federación y las entidades federativas podrán convenir mecanismos de planeación regional para coordinar acciones e inversiones que proporcionen el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos ubicados en dos o más entidades, ya sea que se trate de zonas metropolitanas o de sistemas de centros de población cuya relación lo requiera, con la participación que corresponda a los municipios de acuerdo con la legislación ambiental aplicable y con la legislación local.

Artículo 15. Los planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano, de centros de población y sus derivados, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación ambiental aplicable y las formalidades previstas en la legislación estatal de desarrollo urbano, y estarán a consulta del público en las dependencias que los apliquen.

Artículo 19. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica. Queda prohibido en los planes y programas de desarrollo urbano la introducción de especies exóticas en el establecimiento de centros de población, queda prohibida la introducción de especies exóticas que puedan causar alteraciones a los ecosistemas o desequilibrio ecológico.

De igual forma queda prohibido la introducción de especies exóticas que puedan causar alteraciones a los ecosistemas o desequilibrio ecológico en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros.

Artículo 27. Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del articulo 27 constitucional en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables y en lo previsto por la legislación ambiental aplicable.

Artículo 28. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme a esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las tierras agrícolas y forestales, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente en dichas actividades o fines, quedando prohibido en todo momento la introducción de especies exóticas que pudieran afectar dichas actividades o fines.

Artículo 29. La fundación de centros de población requerirá decreto expedido por la Legislatura de la entidad federativa correspondiente.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior, contendrá las determinaciones sobre previsión de tierras; ordenará la formulación del Plan o Programa de Desarrollo Urbano respectivo y asignará la categoría político administrativa al centro de población de conformidad con lo previsto en esta ley, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de regulación ambiental de los asentamientos humanos y en materia de ordenamiento ecológico del territorio.

Artículo 31. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y establecerán la zonificación correspondiente, quedando prohibida la introducción de especies exóticas que puedan causar alteraciones a los ecosistemas o desequilibrio ecológico. En caso de que el ayuntamiento expida el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población respectivo, dichas acciones especificas y la zonificación aplicable se contendrán en este programa.

Artículo 33. Para la ejecución de acciones de conservación y mejoramiento de los centros de población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la legislación estatal de desarrollo urbano establecerá las disposiciones para:

I. La protección ecológica de los centros de población, entre las que se encuentra la prohibición de introducir especies exóticas que alteren el ecosistema o causen desequilibrio ecológico.

II. a X. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Lever 1985, IUCN 2000

2. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/especies_invasoras/doctos/especiesinvasoras.html

3. Según el jurista ambiental Raúl Brañes, la palabra ``eficiencia'' designa el grado de idoneidad de una norma jurídica para satisfacer la necesidad que se tuvo en cuenta para expedirla.

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión a los diez días del mes de abril de 2007.--- Diputado Jorge Emilio González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Quintero Bello, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por él mismo y por el diputado José de Jesús Solano Muñoz.

El diputado Jorge Quintero Bello:Con su venia, diputado Presidente. Compañeros legisladores, los que suscriben, Jorge Quintero Belloy José de Jesús Solano Muñoz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalde la LX Legislatura, proponen una iniciativa de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educacióny por obviedad de tiempo resumiré la exposición de motivos.

A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, con el arribo del siglo XXI se han incrementando en forma alarmante algunos problemas de salud pública, como es el caso de los padecimientos nutricionales que han sido influenciados por el auge, entre otros, de las sociedades de consumo y de la industria de alimentos, ya que proveen una inagotable cantidad de productos chatarra, mismos que carecen del más mínimo elemento nutritivo.

Sabemos que la buena nutrición es uno de los elementos básicos que permiten el desarrollo integral de las personas y por ende, de la sociedad. Los trastornos nutricionales hay que valorarlos desde dos perspectivas: la primera, en relación a una dieta deficitaria de nutrientes, que es causa de uno de los mayores problemas de salud pública, que es la desnutrición, misma que predomina principalmente en áreas rurales, suburbanas y algunos sectores urbanos que tienen como común denominador la marginación.

La segunda se relaciona con el exceso, provocando padecimientos tales como el sobrepeso y la obesidad. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, que tan solo en niños en edad preescolar tuvieron como principal hallazgo, la desnutrición crónica que se acompañaba de retardo en estatura, anemia y deficiencia de vitaminas y minerales.

Dicho problema tiene efectos negativos en el desarrollo mental y físico, en la respuesta inmunológica, lo que conduce a un mayor riesgo de enfermar y de morir, además tienen efectos adversos a largo plazo como menor desempeño escolar e intelectual.

Asimismo, se encontraron diferencias notables entre los porcentajes de niños con desnutrición crónica en zonas urbanas, rurales y en las distintas regiones. Así, mientras el porcentaje fue de 32.3 por ciento para las zonas rurales, en las zonas urbanas fue de tan sólo 11 por ciento.

Según los últimos estudios del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, en México hay 7.7 millones de niños en edad escolar con problemas de desnutrición o en riesgo de padecerla.

La misma encuesta dice que uno de cada cinco niños en edad escolar padece obesidad o sobrepeso y conforme aumenta la edad, por ejemplo, en los adolescentes de 12 años y más los principales problemas de nutrición encontrados fueron obesidad, sobrepeso, anemia y varias deficiencias de vitaminas y minerales.

La obesidad conduce a un mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónico-degenerativas, que provocan muertes prematuras y pérdida de años de vida saludable.

La obesidad es sin duda el problema más preocupante en este grupo de edad. El 52 por ciento de estas mujeres fueron clasificadas como sobrepeso u obesidad. El sector más lábil a estos padecimientos lo representa indudablemente la población infantil.

A la par de estos problemas se han incrementado otros trastornos conductuales relacionados con la alimentación como son la bulimia y anorexia, que también son serias afectaciones en la salud pública e incluso han sido causa de decesos como el muy conocido caso de la modelo brasileña.

Un padecimiento que últimamente se ha observado con mayor frecuencia es la llamada diabesidad, que es una asociación entre diabetes y obesidad, presentándose en personas cada vez más jóvenes. Todas estas enfermedades pueden ser prevenidas si desde la infancia se inculcan en forma permanente los conocimientos de una nutrición completa y balanceada.

Por lo anteriormente expuesto proponemos la instauración y puesta en marcha de una asignatura escolar en materia de cultura nutricional o bien incluirla en las materias ya existentes de ciencias naturales o biología.

Educación, que ha de considerarse permanente, gradual y progresiva durante todos los niveles de educación básica. Así, al término de 10 u 11 años, resultados de sumar los años de jardín de niños, primaria y secundaria, el joven tendrá los conocimientos necesarios para elegir una buena nutrición y así erradicar definitivamente todas las enfermedades relacionadas con exceso o déficit en la misma.

Con ello queremos generar conciencia en los docentes quienes deben transmitir los conocimientos a los educandos y de éstos a padres y hermanos en el seno del hogar.

Dado que en nuestro país el núcleo familiar es bastante unido, la convivencia cotidiana favorece la transmisión en conocimientos de nutrición que influye fácilmente en cambiar en forma progresiva los malos hábitos alimentarios.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación:

Artículo único. Se adiciona la fracción XIV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. Fracciones I a la XIII, igual.

Fracción XIV. Fomentar una cultura nutricional permanente, gradual y progresiva en el nivel de educación básica que le permita al educando conocer las bondades y beneficios de las sanas prácticas y hábitos alimentarios.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de abril de 2007. Firman los diputados Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz .

Presidente diputado, en vista de que fue resumido del original, pido se inserte éste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadano diputado.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jorge Quintero Bello y José de Jesús Solano Muñoz , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción XIV al articulo 7o. de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, con el arribo del siglo XXI se han incrementado en forma alarmante algunos problemas de salud pública, como es el caso de los padecimientos nutricionales, que han sido influenciados por el auge, entre otros, de las sociedades de consumo y de la industria de alimentos, ya que proveen una inagotable cantidad de productos ``chatarra'', que carecen del más mínimo elemento nutritivo.

Sabemos que la buena nutrición es uno de los elementos básicos que permiten el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad, lo que se traduce en naciones prósperas, con alta productividad laboral y en constante desarrollo.

Los trastornos nutricionales hay que valorarlos desde dos perspectivas: la primera en relación con una deficiente nutrición que es causa de uno de los mayores problemas de salud pública, que es la desnutrición, que predomina principalmente en áreas rurales, suburbanas y algunos sectores urbanos que tienen como común denominador la marginación; la segunda se relaciona con el exceso, provocando padecimientos tales como el sobrepeso y la obesidad.

Así lo muestra la Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN-1999), que tan solo en niños en edad preescolar (menores de cinco años) encontró como su principal problema la desnutrición crónica, que se acompañaba de retardo en estatura, anemia y deficiencias de vitaminas y minerales. Dicho problema tiene efectos negativos en el desarrollo mental y físico, en la respuesta inmunológica, lo que conduce a un aumento en el riesgo de enfermar y de morir. Además, tienen efectos adversos a largo plazo como menor desempeño escolar e intelectual.

Se encontraron diferencias notables entre los porcentajes de niños con desnutrición crónica en zonas urbanas, rurales y en las distintas regiones. Así, mientras el porcentaje de niños con desnutrición crónica fue de 32.3 por ciento para las zonas rurales, en las zonas urbanas fue de 11 por ciento. En la región sur, la más pobre, se encontró el porcentaje más elevado de niños con desnutrición crónica (29.2 por ciento), seguida de la región centro (14.5 por ciento) y la Ciudad de México (13.1 por ciento); el menor porcentaje correspondió a la región norte (7.1 por ciento).

Según los últimos estudios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) ``en México hay 7.7 millones de niños en edad escolar con problemas de desnutrición o en riesgo de padecerla, mientras que un nueve por ciento deserta o reprueban antes de terminar la primaria por la falta de una alimentación adecuada''.

La misma encuesta ENN-1999 dice que uno de cada 5 niños en edad escolar padece obesidad o sobrepeso y, conforme aumenta la edad, por ejemplo en las adolescentes de 12 años, los principales problemas de nutrición fueron la obesidad, la anemia y varias deficiencias de vitaminas y minerales. La obesidad conduce a mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas que provocan muertes prematuras y pérdida de años de vida saludable, y aumentan la demanda de servicios de salud de alto costo.

La obesidad es, sin duda, el problema más preocupante en este grupo de edad. El 52 por ciento de las mujeres fueron clasificadas como con sobrepeso u obesidad.

El sector más lábil a estos padecimientos lo representa la población infantil, ocasionando además detrimento en su desarrollo físico y mental.

A la par de estos problemas se han incrementado otros trastornos conductuales relacionados con la alimentación, como son la bulimia y la anorexia, que también son serias afectaciones en la salud pública e incluso han sido causa de decesos, como fue muy conocido el caso de la modelo brasileña, que no llegaba a 40 kilos de peso y que fue publicado recientemente.

Un padecimiento que últimamente se ha observado con mayor frecuencia es el de la llamada ``diabesidad'', que es una asociación entre diabetes y obesidad, presentándose en personas cada vez más jóvenes.

Todas estas enfermedades pueden ser prevenidas si desde la infancia se inculcan en forma permanente los valores de una nutrición completa y balanceada.

Por lo anteriormente expuesto proponemos la instauración y puesta en marcha de una asignatura escolar en materia de cultura nutricional, o bien, incluirla en las materias ya existentes de ciencias naturales, o biología; educación que ha de considerarse permanente, gradual y progresiva durante todos los niveles de educación básica. Así, al término de 10 u 11 años (según obligatoriedad en jardines de niños) el joven tendrá los conocimientos necesarios para elegir una buena nutrición y así erradicar todas las enfermedades relacionadas con exceso o déficit en la misma.

Con ello queremos generar conciencia y conocimiento en los docentes, quienes deben transmitirlo a los educandos y de éstos a padres y hermanos en el seno del hogar; dado que en nuestro país el núcleo familiar es bastante unido, la convivencia cotidiana favorece la transmisión en nutrición que influye fácilmente en cambiar en forma progresiva los malos hábitos alimentarios.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto que adiciona la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo7. ...

I. al XIII....

XIV. Fomentar una cultura nutricional permanente, gradual y progresiva en el nivel de educación básica, que permita al educando conocer las bondades y beneficios de las sanas prácticas y hábitos alimentarios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 10 de abril de 2007.--- Diputados: Jorge Quintero Bello , José de Jesús Solano Muñoz (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Quintero. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta Presidencia saluda a los invitados del municipio de Uruapan, Michoacán, presentes aquí en la sesión.

LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL SALARIO ESTUDIANTIL PARA LAS PERSONAS QUE CURSAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa de Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional.

El diputado Víctor Gabriel Varela López:Con su permiso, diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 3o., 73, fracción XXV, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, el suscrito, legislador federal, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En México, las razones económicas constituyen una causa de exclusión que inciden de forma determinante en el acceso y permanencia a la educación media superior y superior. Esto asociado a la insuficiente cobertura, resultado de la falta de infraestructura educativa, coloca a nuestro país frente a un rezago en la impartición de educación media y superior. Más de 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten o estudian en bachillerato y 80 por ciento no cursa estudios universitarios. La tasa de matriculación contrasta con la observada en otros países con iguales o menores niveles de desarrollo.

De acuerdo con los datos de la UNESCO en educación secundaria y media superior, México registra una tasa de matriculación de 79 por ciento; Chile, 88; Argentina 90; y Perú, 90. La misma fuente reporta que en educación superior el rezago es mucho más agudo, ya que en nuestro país sólo alcanza 22 por ciento la tasa de matriculación frente a Chile con 43 y Argentina con 61 por ciento.

De acuerdo con datos del Sexto Informe de Gobierno del 2006, esta distancia persiste cuando se analiza el promedio de escolaridad por entidad federativa. La entidad que registra un promedio mayor de años estudiados es el Distrito Federal con 10.8 años, en contraste con Chiapas que se ubica en 6.6 años de promedio.

Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con el promedio de escolaridad de la población económicamente activa distribuida por nivel de ingresos en México. Los grupos de poblaciones de más bajos ingresos sólo alcanzan entre 5.51 y 7.73 años de escolaridad, lo cual contrasta con los dos deciles que concentran los mayores ingresos que se ubican en 10.59 y 13.23 años de estudio.

De acuerdo con el sistema de indicadores educativos para el ciclo escolar 2004-2005 elaborado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cobertura en educación media y superior, entendida como la relación entre la matrícula y la demanda por nivel educativo, observa niveles sumamente bajos y extremadamente contrastantes.

El promedio nacional se ubica en 54.9 en educación media superior. En este nivel la distancia de la entidad con mayor cobertura 88.5, representa más del doble de la entidad más rezagada con 37.1 por ciento.

En relación a la absorción, la brecha entre el Distrito Federal, entidad con la más alta absorción con 118.4 por ciento de alumnos de secundaria en la educación media superior y el Estado de México, 84.5, con la más baja es enorme. Lo es también entre el Estado de México y la media nacional que es de 96.5 por ciento, porcentaje que 14 entidades federativas no alcanzan. Según estimaciones contenidas en el VI Informe de Gobierno presentado en 2006, la eficacia terminal promedio a nivel nacional para el bachillerato no es alcanzado por 18 estados.

Es decir, que el total de jóvenes entre 16 y 18 años, que logran ingresar al nivel bachillerato, sólo lo concluyen poco más de 40 por ciento, 14 entidades federativas. Mientras que en las 19 restantes los porcentajes de éxito son menores.

Finalmente la deserción en el nivel alcanza una media en el país de 17.6, aunque hay 17 entidades que superan este porcentaje. Las diferencias mayores se dan entre Michoacán, con 25.1 por ciento, y Puebla, con 13.8 por ciento.

En educación superior la cobertura es mucho más limitada, 22.1 como promedio nacional, sólo 20 de cada 100 mexicanos, entre 19 y 23 años, se encuentra cursando educación superior y las brechas de cobertura son más profundas. La entidad con menor cobertura sólo logra atender la demanda de 11.9 por ciento de este segmento de la población, frente a 44.1 por ciento que registra la mejor ubicada.

Por todo esto, vamos a resumir. Se propone establecer un instrumento público normando desde una ley, que evite que las razones económicas sean un obstáculo insalvable para continuar los estudios de millones de jóvenes.

El salario estudiantil es un derecho para todos aquellos que deseen estudiar y cumplan con sus obligaciones académicas. Los que accedan a él tendrán responsabilidades específicas que deberán cumplir cabalmente.

Por ello, retomamos el concepto de salario, entendido como el otorgamiento de contraprestación económica al trabajo. En este caso será el estudio y cumplimiento de las condiciones que establezcan las instituciones, según sus planes de estudios y programación de actividades académicas.

Se propone el establecimiento de un mecanismo de incorporación gradual que atienda, primero a los más necesitados y conforme a la disponibilidad de recursos se amplié su cobertura hasta alcanzar la universalidad.

Asimismo, se propone la diferenciación en cuanto al monto del salario estudiantil, entre los estudiantes de educación media y superior; toda vez que los requerimientos económicos son mayores para los que estudian la licenciatura.

Se define como universo de atención a los estudiantes de escuelas públicas, porque a nuestro juicio, eso representa una autofocalización. En su mayoría quien puede pagar una escuela privada, el primer rasgo de distinción social, es quien manda a sus hijos a una escuela privada y el que va a una escuela pública es porque no le queda otra opción.

Esta ley debe acompañarse de un esfuerzo sostenido para ampliar los niveles de cobertura de educación media y superior para revertir el ato nivel de rezago que existe y generar oportunidades desde el ámbito público, oportunidades de estudio para millones de jóvenes que hoy están excluidos.

Sabemos que el cumplimiento de la ley implicará un esfuerzo presupuestal importante y que en principio deberá ser satisfecho con la alineación del conjunto de recursos públicos federales que hoy son orientados al otorgamiento de becas a los jóvenes que cursan el bachillerato y la educación superior. También se establece la posibilidad de establecer mecanismos concurrentes para el financiamiento del salario estudiantil, para ampliar su cobertura.

Por lo antes expuesto y con fundamento, someto a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional.

Artículo único. Se crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, para quedar como sigue:

Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional.

Titulo Primero. Disposiciones generales.

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la república, en forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto normar el otorgamiento de un apoyo denominado Salario Estudiantil a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 3. El Salario Estudiantil es un instrumento de la política social que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación mediante la transferencia de un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

Artículo 4. La organización, administración y entrega del salario estudiantil, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, está a cargo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 5. Para efectos de se entenderá por:

I. Base de datos del Salario Estudiantil. Aquélla conformada por la información individual de cada sujeto del derecho que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de sus derechos.

II. Beneficiario. Las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

III. Institución. Las instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en el territorio nacional.

IV. Secretaría. La Secretaría de Educación Pública,

V. Salario Estudiantil. Prestación en dinero asignada a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 6. Toda persona que curse educación media superior y superior...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Señor diputado, le pido que concluya, por favor.

El diputado Víctor Gabriel Varela López : Concluyo en un minuto, Presidente... superior en instituciones públicas estatales, federales o autónomas, tendrán derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de la Secretaría, un salario estudiantil en los términos y condiciones que establece la presente ley.

Por cuestión de tiempo pido que se inserte íntegramente la presente ley en el Diario de los Debates y solicito a los compañeros de los diversos grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa que seguramente para apoyar la educación de las pocas formas de revertir los rezagos sociales que existen en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa de Ley por la que se Establece el Salario Estudiantil para las Personas que Cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 3o., 73 fracción XXV, 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito legislador federal somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley por la que se establece, el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, las razones económicas constituyen una causa de exclusión y que incide de forma determinante en el acceso y permanencia a la educación media superior y superior. Esto asociado a la insuficiente cobertura resultado de la falta de infraestructura educativa, coloca a México frente un gran rezago en la impartición de educación media y superior. Más del 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 18 años no asisten a estudiar en bachillerato y casi el 80 por ciento no cursa estudios universitarios.

Asimismo, la tasa de matriculación contrasta con la observada en otros países con iguales o menores niveles de desarrollo. De acuerdo a los datos de la UNESCO, en educación secundaria y media superior México registra una tasa de matriculación de 79 por ciento, Chile 88 por ciento, Argentina 90 por ciento y Perú 90 por ciento. La misma fuente reporta que educación superior el rezago es mucho más agudo, ya que nuestro país sólo alcanza el 22 por ciento en la tasa de matriculación frente a Chile con 43 por ciento y Argentina el 61 por ciento.

De acuerdo a datos del Sexto Informe de Gobierno de 2006, estas distancias persisten, cuando se analiza el promedio de escolaridad por entidad federativa, la entidad que registra un promedio mayor de años estudiados es el DF con 10.8 años en contraste con Chiapas que se ubica en 6.6 años en promedio.

Lo anterior, se encuentra estrechamente relacionado con el promedio de escolaridad de la población económicamente activa distribuida por nivel de ingreso en México, los grupos poblacionales de más bajos ingresos sólo alcanzan entre 5.51 y 7.73 años de escolaridad, lo cual contrasta con los dos deciles que concentran los mayores ingresos que se ubican en 10.59 y 13.23 años de estudio.

De acuerdo al Sistema de Indicadores Educativos para el ciclo escolar 2004-2005, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, a cobertura en educación media y superior, entendida como la relación entre la matricula y la demanda por nivel educativo, observa niveles sumamente bajos y extremadamente contrastantes. El promedio nacional se ubica en 54.9 por ciento en educación media superior, en este nivel la distancia entre la entidad con mayor cobertura (88.5 por ciento) representa más del doble del la entidad más rezagada 37.1 por ciento.

En relación con la absorción, la brecha entre el Distrito Federal, entidad con la más alta absorción (118.4 por ciento) de alumnos de secundaria en la educación media superior, y el estado de México (84.5 por ciento) con la más baja, es enorme. Lo es también entre el estado de México y la media nacional que es del 96.5 por ciento, porcentaje que 14 entidades federativas no alcanzan.

Según estimaciones contenidas en el Sexto Informe de Gobierno presentado en 2006, la eficiencia terminal promedio a nivel nacional para el bachillerato (61.9 por ciento) no es alcanzada por 18 estados. Es decir, que del total de jóvenes entre 16 y 18 años que logran ingresar al nivel bachillerato, sólo lo concluyen poco más del 40 por ciento 14 entidades federativas, mientras que en las 19 restantes los porcentajes de éxito son menores.

Finalmente la deserción en el nivel alcanza una media en el país de 17.6 por ciento, aunque hay 17 entidades que superan ese porcentaje. Las diferencias mayores se dan entre Michoacán con un 25.1 por ciento y Puebla con 13.8 por ciento.

En educación superior, la cobertura es mucho más limitada 22.1 como promedio nacional, sólo 20 de cada cien mexicanos entre 19 y 23 años se encuentra cursando educación superior y las brechas de cobertura son más profundas, la entidad con menor cobertura sólo logra atender la demanda del 11.9 por ciento de este segmento de la población frente al 44.1 que registra la mejor ubicada.

De acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, del periodo 2002-2003, la tasa de absorción fue de 78.55 por ciento por lo que en ese lapso quedaron fuera más de 200 mil jóvenes que cursaron el bachillerato y que anualmente acumularon a más de un millón de personas que no pudieron continuar sus estudios por razones de insuficiencia en la oferta.

De acuerdo a los datos que en 2004 difundió la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, la cobertura de la educación superior se distribuye de manera desigual en el país, distinguiéndose cuatro grupos:

Grupo I (con tasa superior al 25 por ciento): Este grupo lo comprenden el Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Distrito Federal, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.

Grupo II (con tasas del 20 al 25 por ciento de cobertura): Este grupo es integrado por Baja California, Campeche, Colima, Hidalgo, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán.

Grupo III (con tasas del 15 y 20 por ciento): Conformado por Durango, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Grupo IV (con tasas menores al 15 por ciento): Integrado por Chiapas, Guanajuato, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo.

Hablando de disponibilidad de recursos económicos para estudiar la relación es: 15 por ciento frente al 28.3 por ciento entre subsistema público y particular.

La importancia de cursar estudios de educación superior se considerada una condición para lograr una movilidad social, y más aún, la esperanza de un mejor nivel de vida.

Muchos de los jóvenes que actualmente se encuentran cursando estudios de educación superior pertenecen a las primeras generaciones de la familia que han tenido acceso a la educación superior. Al parecer, los estudiantes del subsistema público se sienten más comprometidos con sus estudios que los del subsistema particular.

El acceso a la educación superior enfrenta un grave problema de iniquidad, según datos oficiales, los jóvenes de sectores urbanos pobres de entre 19 y 23 años, sólo 11 por ciento tienen acceso a la educación superior y los de las regiones rurales tan sólo se alcanza el 3 por ciento de cobertura.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de una política social fundada en el cumplimiento irrestricto de los derechos sociales de los mexicanos, entendido esto como la voluntad de la nación por garantizar y respaldar los derechos mediante la fuerza jurídica, demandando así validez general al estar institucionalizados constitucionalmente. Es decir, se trata de trascender la voluntad política del gobierno en turno y otorgarle los suficientes instrumentos jurídicos a los ciudadanos para demandar la acción del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.

En este contexto el salario estudiantil es un instrumento para garantizar el cumplimiento del artículo tercero de la constitución y representa una contribución a la solución de la problemática que excluye a millones de jóvenes de los beneficios de la educación que imparte el Estado.

Por ello, se propone establecer un instrumento público, normado desde una ley, que evite que las razones económicas en un obstáculo insalvable para continuar los estudios de millones de jóvenes.

El salario estudiantil, es un derecho para todos aquellos que deseen estudiar y cumplan con sus obligaciones académicas. Los que accedan a él tendrán responsabilidades específicas que deberán cumplir cabalmente. Por ello retomamos el concepto de salario, entendido como el otorgamiento de contraprestación económica al trabajo. En este caso será al estudio y cumplimiento de las condiciones que establezcan las instituciones según su plan de estudios y programación de actividades académicas.

Se propone el establecimiento de un mecanismo de incorporación gradual que atienda primero a los más necesitados y conforme a la disponibilidad de recursos se amplíe su cobertura hasta alcanzar la universalidad.

Asimismo se propone la diferenciación en cuanto al monto del salario estudiantil entre los estudiantes de educación media y superior, toda vez que los requerimientos económicos son mayores para los estudiantes que cursan la licenciatura.

Se define como universo de atención a los estudiantes de escuelas públicas por que a nuestro juicio, esto representa una autofocalización, en su mayoría, quien puede pagar una escuela privada, el primer rasgo de distinción social es que manda a sus hijos a escuela privada y el que va a escuela pública es porque no le queda de otra.

Esta ley debe acompañarse de un esfuerzo sostenido para ampliar los niveles de cobertura de la educación media y superior, para revertir el alto nivel de rezago que existe y generar oportunidades desde el ámbito público oportunidades de estudio para millones de jóvenes que hoy están excluidos.

Sabemos que el cumplimiento de la ley implicará un esfuerzo presupuestal importante, que en un principio deberá ser satisfecho con la alineación del conjunto de recursos públicos federales que hoy son orientados al otorgamiento de becas a los jóvenes que cursan el bachillerato y la educación superior.

También se establece la posibilidad de establecer mecanismos concurrentes para el financiamiento del salario estudiantil para ampliar su cobertura.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo Único. Se crea la Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional, para quedar como sigue:

Ley por la que se establece el Salario Estudiantil para las Personas que cursan Educación Media Superior y Superior en las Escuelas Públicas del Territorio Nacional.

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente leyes de observancia general en toda la república, en la forma y términos que la misma establece; sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto normar el otorgamiento de un apoyo denominado salario estudiantil a las personas cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 3. El salario estudiantil es un instrumento de la política social que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación mediante la transferencia de un ingreso mínimo que permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia.

Artículo 4. La organización, administración y entrega del salario estudiantil, en los términos de esta ley, así como la interpretación de sus disposiciones, están a cargo del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Base de Datos del Salario Estudiantil: aquella conformada por la información individual, de cada sujeto del derecho que integra el padrón de beneficiarios para el control, vigilancia, entrega y vigencia de sus derechos;

II. Beneficiario: las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

III. Institución: las instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en el territorio nacional:

IV. Secretaría: la Secretaría de Educación Pública;

V. Salario Estudiantil: prestación en dinero asignada a las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional.

Artículo 6. Toda persona que curse educación media superior y superior en instituciones públicas estatales, federales o autónomas tendrán derecho a recibir del gobierno federal, por conducto de la secretaría, un salario estudiantil, en los términos y condiciones que establece la presente ley y su reglamento.

Título Segundo Del Salario Estudiantil

Capítulo I Del Monto y Periodicidad del Salario Estudiantil

Artículo 7. El salario estudiantil se otorgará de manera mensual a través de pagos directos en efectivo o transferencias monetarias por medios electrónicos, de acuerdo con los mecanismos reglamentarios que la secretaría determine.

Artículo 8. Los beneficiarios que cursen educación media superior recibirán un apoyo mensual de medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal y los que cursen educación superior recibirán un apoyo mensual de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Capítulo II De los beneficiarios del Salario Estudiantil

Artículo 9. Para ser beneficiario del salario estudiantil se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar inscrito en una institución pública estatal, federal o autónoma que imparta educación media superior o superior.

II. Cumplir con las obligaciones académicas fijadas por la institución; y,

III. Asistir regularmente a los cursos y actividades académicas fijadas por la institución;

Artículo 10. Las instituciones, serán responsables de inscribir ante la secretaría a los sujetos de este derecho y de informar sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Capítulo III Del Financiamiento

Artículo 11. El salario estudiantil se financiará con recursos provenientes de las contribuciones generales. El Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, una partida específica destinada a este fin, que se integrará al ramo 11 Educación Pública. La partida deberá ser suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas por el Ejecutivo federal en los términos de esta ley.

Artículo 12. Para los efectos presupuestales y fiscales que corresponda, la partida a que se refiere el artículo anterior será considerada un subsidio.

Artículo 13. Al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados no deberá afectar las obligaciones contraídas por el gobierno federal en los términos de esta ley.

Artículo 14. Los gastos de administración, verificación, manejo de la base de datos nacional del salario estudiantil, comunicación social y todos los relativos a gasto corriente que tenga que erogar la secretaría con motivo de la vigencia de la presente ley, se integrarán al ramo administrativo 11, Educación Pública, y no podrán ser mayores al tres por ciento del total de la partida a que se refiere el artículo 11 de esta ley.

Artículo 15. Los gobiernos de los estados, municipios y las instituciones que imparten educación media y superior podrán complementar con recursos propios el financiamiento del salario estudiantil a efecto de ampliar su cobertura.

Capítulo V De la Suspensión y Cancelación del Salario Estudiantil

Artículo 16. La suspensión y, en su caso, cancelación del salario estudiantil tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Concluya el tiempo reglamentario para terminar la educación media superior o superior.

II. Cuando el sujeto del derecho incumpla con las obligaciones académicas establecidas por la institución;

III. El beneficiario deje de asistir a los cursos y actividades académicas fijadas por la institución;

IV. Por fallecimiento del beneficiario; y,

V. Cuando renuncie voluntariamente;

Artículo 17. La cancelación del salario estudiantil, será notificada por las instituciones a la secretaría y procederá sólo por las causas previstas en el artículo anterior.

Artículo 18. La cancelación del salario estudiantil deberá notificarse por escrito al beneficiario, quien podrá impugnarlas ante la secretaría de conformidad con los ordenamientos en materia administrativa.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, efectuará la alineación financiera correspondiente de los programas de otorgamiento de becas o apoyos a los estudiantes de educación media y superior, para sujetarlos a esta ley. Dicha alineación será informada a la Cámara de Diputados antes de la entrada en vigor de la ley.

Tercero. De conformidad a la disponibilidad financiera, las instituciones conjuntamente con la secretaría incluirán gradualmente a los beneficiarios del salario estudiantil, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) En primer lugar serán incluidos aquellos que se encuentren en situación muy alta y alta marginación;

b) En segundo lugar serán incluidos los que se encuentren en situación de media marginación;

c) En tercer lugar serán incluidos los que se encuentren en situación de baja y muy baja marginación.

Cuarto. Para efectos del artículo anterior, la secretaría conjuntamente con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, elaborarán y proporcionarán a las instituciones los instrumentos metodológicos para reunir y procesar la información necesaria para la selección de los sujetos del derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Varela.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Salvador Barajas del Torodel grupo parlamentario del PRI para presentar iniciativa que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

El diputado Salvador Barajas del Toro:Muchas gracias, señor Presidente. El derecho a la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, constituye una garantía que debe de gozar el individuo, y así lo menciona de la misma manera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es deber del Estado salvaguardar este derecho mediante la expedición e instrumentación de políticas enfocadas a brindar servicios de salud y de protección sanitaria, para así contribuir al bienestar de la población del país.

Un claro y fehaciente ejemplo de ellos, es la expedición de leyes protectoras de la salud pública, como son entre otras, la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual tiene por objeto regular los procesos de producción pecuaria dirigidas al consumo humano. En este ordenamiento se establecen los lineamientos y los supuestos jurídicos, para hacer un efectivo proceso de inspección de sanidad animal, el cual tiene como fin primordial garantizar las condiciones salubres, para que la carne de consumo humano no afecte a la salud de los consumidores.

Por lo anterior, la actividad de inspección sanitaria animal debe conducirse con una gran mesura, ética, eficaz y profesionalismo, pues de ella depende en gran medida la salud pública, en el entendido de que la carne para consumo humano debe estar libre de contaminación, provocada por la utilización de sustancias químicas que son dañinas para el organismo humano como es el caso de las sustancias beta-agonistas específicamente el clembuterol, utilizada indebidamente para la engorda de ganado.

Por ello, los inspectores son depositarios de la responsabilidad de salvaguardar la salud de los consumidores de los productos cárnicos, pues tienen en sus manos la decisión de autorizar la comercialización de la carne con la que nos alimentamos, refiriéndonos tanto a las autoridades como a los organismos ciudadanos a los que se les delega esta función.

En esta iniciativa se pretende tipificar como delitos contra la salud de carácter grave, por tratarse de un consumo indirecto, doloso y sin el conocimiento del consumidor al individuo que lo importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia, cuyo uso esté prohibido para la alimentación animal, así como la omisión de efectuar un riguroso proceso de inspección fitosanitaria animal, así como las prácticas de corrupción que se puedan llegar a consumar con la aprobación y la expedición de certificados zoosanitarios, el cual afectará gravemente la salud de la población consumidora.

De la misma forma, debe existir la congruencia de sancionar en la misma medida la autorización indebida por parte de los inspectores de la sanidad animal, pues aquí análogamente existe un simbólico fraude para la población y por lo que, al no existir analogías en materia penal, es necesario contar con un tipo penal para estas conductas infames.

Debemos, como legisladores, prever todas las hipótesis de conducta contenidas en la estructura formal de esta norma, pues el bien jurídico tutelado es la salud de la población y debemos tener en cuenta que así como los delitos cometidos como el narcotráfico son severamente castigados por ser delitos contra la salud pública; esta conducta debe de ser considerada igualmente como un crimen en virtud de que el bien jurídico es la salud y está bien tutelado y no restituible.

Por tal motivo, es tan delicado debido a que se trata de delitos contra la salud pública, agravados por el dolo con el que se práctica. Por lo que el sujeto activo de este tipo penal que se propone insertar en es un agente con suficiente autoridad delegada por el Estado para desempeñar esta función de alta responsabilidad.

Adicionalmente, esta propuesta tiene como fin de que las personas encargadas de realizar esta actividad para proteger la salud de la población ejerzan sus funciones mediante una férrea y meticulosa ética profesional, para así lograr disminuir los casos de enfermedades crónico-degenerativas que, como se han mencionado en repetidas ocasiones desde esta alta tribuna, han afectado la salud pública de nuestro país y en particular los casos de Aguascalientes, Colima y Jalisco.

Sosteniendo lo anterior con diversos estudios que comprueban que el uso de estos fármacos beta-agonistas, como el clembuterol en la alimentación de ganado vacuno, repercute de manera sustancialmente negativa en la salud humana al consumir la carne contaminada y los derivados de ésta; provocando severos perjuicios a la salud, como pueden ser la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes y principalmente en adultos, así como una excesiva estimulación cardiovascular que pudiese presentar además adormecimiento de las manos, temblores musculares, alteraciones considerables del sistema nervioso, altos niveles de estrés, dolor de cabeza y dolores musculares. Y no sólo eso, sino las secuelas y consecuencias que produce el consumo prolongado de las sustancias beta-agonistas en las personas que a largo plazo, como degeneraciones hormonales que se derivan en desórdenes de tipo canceroso.

De tales alteraciones de salud, se ha demostrado un considerable aumento en los últimos tiempos, coincidentemente también en el uso de dichos fármacos en las distintas clases de ganado y en su carne del consumo humano.

Estamos convencidos que mediante la aprobación de este proyecto se erradicarán en buena medida los niveles desmedidos de corrupción que imperan entre algunos de los inspectores de Sagarpa y los organismos integrados por personas encargadas de supervisar la licitud y el buen desempeño de la expedición de documentos en materia zoosanitaria o de la actividad pecuaria y que esos se dirijan con un estricto apego a los procedimientos establecidos en las normas, para así proteger y mejorar los estándares de nutrición y la salud de todos los habitantes de este gran país.

Por lo anterior someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo:

Artículo uno. Se reforma el artículo 62, fracción I. Se recorre en su orden la actual fracción II, para quedar como fracción III; y se adiciona la fracción II del propio artículo 62; así como se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 62. Se sancionará con penalidad de 10 a 18 años de prisión y con multa de hasta mil veces de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se lleve a cabo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse:

I. Al que omita documentos en materia zoosanitaria, omitiendo los procedimientos establecidos por su expedición, así como al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita o autorice, o tolere dolosamente la comercialización de cabezas de ganado o mercancías pecuarias contaminadas, destinadas para el consumo humano. La pena prevista en el artículo se aumentará en dos terceras partes.

II. A quien extorsione o agreda de manera verbal, moral o físicamente o físicamente.

Y por último, el artículo 63... al que por cualquier medio ordene el suministro o suministre sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto de consumo humano y a los que hagan alusión a y las normas oficiales, se les impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 10 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica en la que se lleve a cabo dicho hecho.

Por último, señor Presidente, le solicito atentamente que por la naturaleza jurídica de esta iniciativa, sea turnada a la Comisión de Justicia para su opinión en virtud de que se trata de dos tipos penales.

Solicito también se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra esta iniciativa que acabo de presentar, haciendo una solicitud a quien dictamine esta iniciativa que lo pudiera hacer a la brevedad, debido a los acontecimientos que en los últimos meses ha habido en los estados de Michoacán, Colima, Aguascalientes y Jalisco. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del PRI

El sucrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 62 y 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, solicitando que se turne a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, para su conocimiento y apoyo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, constituye una garantía inalienable de que debe gozar el individuo, y lo menciona de la misma manera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es deber del Estado salvaguardar este derecho mediante la expedición e instauración de políticas centradas en brindar servicios de salud y de protección sanitaria para contribuir así al bienestar de la población del país.

Un claro y fehaciente ejemplo de ello es la expedición de leyes protectoras de la salud pública; entre otras, la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual tiene por objeto regular los procesos de producción pecuaria dirigidas al consumo humano.

En este ordenamiento se establecen los lineamientos y los supuestos jurídicos para hacer un efectivo proceso de inspección de sanidad animal, el cual tiene como fin primordial garantizar las condiciones salubres para que la carne de consumo humano no afecte la salud de los consumidores.

La actividad de inspección sanitaria animal debe conducirse con gran mesura, ética, eficacia y profesionalismo, pues de ella depende en gran medida la salud pública, en el entendido de que la carne para consumo humano debe estar libre de contaminación provocada por la utilización de sustancias químicas dañinas para el organismo humano, como las sustancias betaagonistas, específicamente el clembuterol, utilizada indiscriminada e indebidamente para la engorda de ganado.

Por ello, los inspectores son depositarios de la responsabilidad de salvaguardar la salud de los consumidores de productos cárnicos, pues tienen en sus manos la decisión de autorizar la comercialización de la carne con que nos alimentamos.

Esta iniciativa pretende tipificar éstos como delitos contra la salud de carácter grave, por tratarse de un consumo indirecto, doloso y sin el conocimiento del consumidor, lo cual afectará gravemente la salud de éste, la omisión de efectuar un riguroso proceso de inspección sanitaria animal, así como las prácticas de corrupción que se pueden llegar a consumar con la aprobación y la expedición de certificados zoosanitarios.

En la lógica en que se pretende sancionar como delito grave la utilización, transportación, importación, posesión, almacenamiento y comercialización de sustancias prohibidas para el consumo animal debe existir la congruencia de sancionar en la misma medida la autorización indebida por parte de los inspectores de sanidad animal, pues aquí análogamente existe un simbólico fraude para la población, por lo que al no existir analogías en la materia penal, y contar con un tipo penal para estas conductas, que es un tanto oscuro y escueto, debemos como legisladores prever todas las hipótesis de conducta contenidas en la estructura formal de la norma, pues el bien jurídico tutelado es la salud de la población, y debemos tener en cuenta que así como los delitos cometidos por el narcotráfico son severamente castigados, por ser delitos contra la salud pública, esta conducta debe ser considerada igualmente un crimen en virtud de que el bien jurídico es la salud, un bien tutelado no restituible. Por tal motivo, éste es tan delicado debido a que se trata de delitos contra la salud pública, agravados por el dolo con que se practican. Por lo mismo, el sujeto activo de este tipo penal que se propone insertar en esta ley es un agente con suficiente autoridad delegada por el Estado para desempeñar esta función de alta responsabilidad.

Adicionalmente, esta propuesta tiene como fin que las personas encargadas de realizar esta actividad para proteger la salud de la población ejerzan sus funciones mediante una férrea y meticulosa ética profesional para lograr así disminuir los casos de enfermedades crónico-degenerativas que, como se ha mencionado en repetidas ocasiones desde esta alta tribuna, han afectado la salud pública de nuestro país.

Se sostiene lo anterior con diversos estudios que comprueban que el uso de fármacos betaagonistas como el clembuterol en la alimentación del ganado vacuno repercute de manera sustancialmente negativamente en la salud humana al consumir la carne contaminada y los derivados de ésta, provocando severos perjuicios a la salud, como resistencia a los antibióticos por parte de bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes y principalmente en adultos, así como una excesiva estimulación cardiovascular que pudiese presentar, además, adormecimiento de las manos, temblores musculares, alteraciones considerables del sistema nervioso, altos niveles de estrés, dolor de cabeza y dolores musculares; y no sólo eso, sino las secuelas y consecuencias que produce el consumo prolongado de las sustancias betaagonistas en las personas a largo plazo, como degeneraciones hormonales que derivan en desórdenes de tipo canceroso.

De tales alteraciones de salud se ha mostrado un considerable aumento en los últimos tiempos, coincidentemente también con el uso de dichos fármacos en las distintas clases de ganado de consumo humano.

Estamos convencidos de que mediante la aprobación de este proyecto se erradicarán en buena medida los niveles desmedidos de corrupción que imperan entre los inspectores de la Sagarpa y las personas encargadas de supervisar la licitud y el buen desempeño en la expedición de documentos en materia zoosanitaria o de la actividad pecuaria, a dirigirse con estricta sujeción a los procedimientos establecidos en las normas para así proteger y mejorar los estándares de nutrición y la salud de todos los habitantes de este gran país.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Uno. Se reforma el artículo 62, fracción I, se recorre en su orden la actual fracción II, para quedar como fracción III, y se adiciona la fracción II del propio artículo 62; y se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 62. Se sancionará con penalidad de diez a dieciocho años de prisión y multa de hasta mil veces de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se lleve a cabo, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse:

I. Al que emita certificados en materia zoosanitaria sin constar que la mercancía objeto de dichos certificados sea verificada y se constate plenamente que cumpla los requerimientos que exige la normatividad correspondiente; y si se trata de servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos en contra de la salud, la pena prevista se duplicará.

II. A quien extorsione o agreda, verbal, moral o físicamente, a una autoridad oficial en el ejercicio de sus funciones en un establecimiento tipo inspección federal, sin detrimento de lo que establezcan otras disposiciones legales.

III. Al que permita el ingreso en el país de animales o mercancías agropecuarias, a sabiendas de que su estado sanitario es dudoso y pone en peligro o en riesgo la situación sanitaria del país.

Artículo 63. Se considera delito grave al que por cualquier medio ordene el suministro o suministre sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto o consumo humano y a los que hace alusión esta ley se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica).»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Barajas del Toro.Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Justiciae insértese el texto de manera íntegra, tal como lo solicitó el diputado Barajas del Toro.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Elizondo Garrido, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Francisco Elizondo Garrido:Gracias a esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión presentaré una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariaen materia de subsidios y donaciones.

Los subsidios tienen por objeto responder con medidas de apoyo financiero a las demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde el punto de vista económico, los subsidios representan una parte muy importante del gasto público por lo que deben ajustarse de manera estricta a la política presupuestaria. Sin embargo, aún con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la legislación en materia de subsidios es limitada principalmente en lo que se refiere a los criterios para su otorgamiento, control financiero, responsabilidades de los beneficiarios, transparencia y sanciones administrativas.

Es así que la presente iniciativa tiene por objeto modificar esta situación para garantizar una mayor eficiencia en la aplicación del gasto y coadyuvar en el proceso de perfeccionamiento y racionalización de nuestro sistema económico.

Nuestra Constitución establece en su artículo 28 que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará sus resultados.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria incorpora criterios a los cuales debe sujetarse el otorgamiento de los subsidios y, en su caso, las transferencias tales como objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

Igualmente, a fin de lograr mayor transparencia y una correcta aplicación de los recursos, se institucionalizó el esquema de reglas de operación a que deben sujetarse los programas que señala el Presupuesto de Egresos.

Los subsidios constituyen uno de los principales ejes en los que se debe desarrollar la acción pública para determinadas actividades que tienen un efecto positivo sobre el interés general, más allá de los intereses estrictamente privados o particulares.

El otro eje fundamental donde se apoya la política de ayudas públicas se refiere a los beneficios o incentivos fiscales que en los últimos años han ganado fuerza.

Dentro de los ámbitos a los que se dirige este tipo de incentivos públicos destacan las que se destinan al medio ambiente, a la pequeña y mediana empresa, a la generación de empleo y su formación, al ahorro energético y a las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vino a otorgar seguridad jurídica y continuidad en la aplicación de principios rectores que buscan la consolidación presupuestaria, consideramos que es necesario profundizar y perfeccionar en materia de subsidios y donativos. Por ello la presente iniciativa, inspirada en el principio de transparencia, propone la obligación de hacer públicos los subsidios y donativos que se concedan.

Ninguna entidad pública debe quedar fuera del escrutinio que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información, como tampoco deben hacerlo las personas físicas y morales que reciban recursos públicos y participen como auxiliares en el ejercicio de alguna función pública.

El proceso completo que comprende el origen, recepción y utilización de los recursos públicos debe ser objeto de la ley. La información relativa a recursos públicos entregados a particulares debe contener la motivación y el procedimiento mediante el cual se autorizó y realizó la entrega de los recursos, al igual que la modalidad jurídica de la asignación o la forma que haya procedido.

Queda claro que una mayor información acerca de los subsidios y donativos hará posible minimizar las distorsiones que pudieran afectar el uso de los recursos públicos, además de evitar duplicidades e impulsar la complementariedad de los programas o proyectos de las diferentes entidades.

Por otro lado, se plantea la necesidad de elaborar un plan estratégico de subsidios que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con objeto de articular las necesidades y demandas públicas a satisfacer a través de subsidios con las prevenciones de recursos disponibles.

Además se plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de los objetivos, para que todos aquellos programas o proyectos subsidiados que no alcancen los objetivos deseados, puedan ser modificados o sustituidos por otros más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminarlos.

Por otro lado, se establece como regla general que el pago de subsidio o donativo exigirá la justificación por parte del beneficiario de la realización del objeto del subsidio, perdiéndose el derecho del cobro total o parcial del subsidio en caso contrario, así como cuando incurra en alguna de las causales de reintegro que se contemplan.

Tampoco podrá proceder al pago de subsidio o donativo todo aquel beneficiario que no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con las cuotas del Seguro Social. Asimismo, la excusa o negativa de las actuaciones de auditoría serán causa de reintegro cuando sea imposible verificar el empleo dado a los fondos recibidos. Se prevé la posibilidad de que el reintegro se refiera únicamente a parte del subsidio concedido.

Finalmente, cabe destacar que ante un marco de escasez de recursos y un presupuesto limitado, uno de los objetivos que persigue esta iniciativa es la mejora de la eficacia y eficiencia de los programas de subsidios y donativos y el establecimiento de un régimen que impida su utilización fraudulenta, en la necesidad de disponer de cuentas públicas orientadas al principio de estabilidad presupuestaria que permitan continuar con el crecimiento económico y la generación de empleos.

Finalmente pido a la Presidencia que sea publicada íntegramente esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Elizondo Garrido , diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Objetivo de la iniciativa

Los subsidios y donativos tienen por objeto principal responder, con medidas de apoyo financiero a las demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas. Desde el punto de vista económico, los subsidios y donativos representan una parte muy importante del gasto público, por lo que deben ajustarse de manera estricta a la política presupuestaria.

Sin embargo, aún con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo de 2006, la legislación en materia de subsidios y donativos es limitada, principalmente en lo que se refiere a los criterios para su otorgamiento, control financiero, responsabilidades y obligaciones de los beneficiarios, transparencia y sanciones administrativas, situación que la presente iniciativa tiene por objeto modificar para garantizar una mayor eficiencia en la aplicación del gasto y coadyuvar en el proceso de perfeccionamiento y racionalización de nuestro sistema económico.

2. Marco jurídico actual

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 28 que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal presentaba problemas de discrecionalidad y mecanismos poco transparentes en diferentes ámbitos. En cuanto a la aplicación de subsidios, no contenía criterios para su otorgamiento ni establecía claramente la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgarlos. Con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se lograron incorporar criterios a los cuales debe sujetarse el otorgamiento de los subsidios y, en su caso, las transferencias, tales como objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

Asimismo, a fin de lograr mayor transparencia y una correcta aplicación de los recursos que sean destinados al otorgamiento de subsidios, se institucionalizó el esquema de reglas de operación a que deben sujetarse aquellos programas que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación, acotando claramente las autorizaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por otra parte, se incorporó la obligación de realizar evaluaciones anuales sobre los resultados de dichos programas, realizadas a través de instituciones académicas y de investigación. Dichas evaluaciones se reportarán a la H. Cámara de Diputados.

Es así, que el artículo 2°, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define a los subsidios como las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

A su vez, el Capítulo VI. De los Subsidios, Transferencias y Donativos y que incluye los artículos que van del 74 al 81, establece las reglas a las que deberá ajustarse la ministración de este tipo de recursos con cargo a los presupuestos de las dependencias aprobados en el Presupuesto de Egresos.

3. Contenido de la iniciativa

Los subsidios constituyen uno de los principales ejes en los que se desarrolla la acción pública para determinadas actividades, que tienen un efecto positivo sobre el interés general, más allá de los intereses estrictamente privados o particulares. El otro eje fundamental donde se apoya la política de ayudas públicas se refiere a los beneficios o incentivos fiscales, que en los últimos años han ganando fuerza.

Dentro de los ámbitos a los que se dirige este tipo de incentivos públicos, destacan las que se destinan al medio ambiente, a la pequeña y mediana empresa, a la generación de empleo y su formación, al ahorro energético, y a las actividades de investigación desarrollo e innovación.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vino a otorgar seguridad jurídica y continuidad en la aplicación de principios rectores que buscan la consolidación presupuestaria, introduciendo cambios en los procedimientos presupuestarios que buscan mejorar sustancialmente tanto la transparencia en la elaboración, ejecución y control del presupuesto como en la asignación y aplicación de los recursos, bajo principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, el que suscribe considera que es necesario profundizar y perfeccionar en materia de subsidios y donativos. Por ello, la presente iniciativa, inspirada en el principio de transparencia, propone la obligación para todas las dependencias de hacer públicos los subsidios y donativos que concedan y de formar una base de datos que contenga información relevante sobre todos los subsidios concedidos.

Ninguna dependencia y entidad pública debe quedar fuera del escrutinio que implica el ejercicio del derecho de acceso a la información, como tampoco deben hacerlo las personas físicas y morales que reciban recursos públicos y participen como auxiliares en el ejercicio de alguna función pública. El proceso completo que comprende el origen, recepción y utilización de los recursos públicos debe ser objeto de la ley. Toda la información que genera el flujo de los recursos públicos constituye un bien público y por lo tanto, es objeto del derecho de acceso.

Esta iniciativa reconoce que en una verdadera democracia, el Estado debe ser capaz de ofrecer a la sociedad un conjunto de bienes para que éstos tengan opciones reales de participación en los asuntos de interés público. Ello implica que, democracia y acceso a bienes públicos, son dos temas indisolubles ligados por el interés público como común denominador.

En la perspectiva de una democracia cada vez más participativa, la sociedad civil debe no sólo tener acceso a los bienes públicos, sino también poder incidir en la definición de cuales son los bienes y los derechos a los cuales debe poder acceder. Ese proceso de participación fortalece el rol mismo de la ciudadanía.

Esta apertura de espacios para facilitar y ampliar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general en los actos y programas de gobierno, requiere estar presente en el marco jurídico vigente, tanto en el marco de planeación y presupuestación como en las atribuciones y funciones previstas en las leyes y reglamentos.

La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFAOSC) abre opciones que posibilitan esa participación, sin embargo, la misma Ley supedita esa participación al resto de la normatividad, por lo que es importante, que las propuestas para consolidar, ampliar y profundizar los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas, tenga fundamento jurídico y parta de las atribuciones conferidas a cada dependencia y entidad en el marco legal, así como a las prioridades, objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales e institucionales respectivos.

Esto implica también que la incidencia para modificar o generar políticas públicas puede tener un componente de acción legislativa para modificar atribuciones, establecer mandatos y obligaciones, así como de participación en el proceso de planeación democrática para fijar objetivos, estrategias y prioridades que se incorporen al ciclo anual de programación y presupuestación.

La información relativa a recursos públicos entregados a particulares por cualquier motivo; debe contener la motivación, fundamentación y el procedimiento mediante el cual se autorizó y realizó la entrega de los recursos, al igual que la modalidad jurídica del contrato, convenio, acuerdo, asignación o la forma que, en su caso, haya procedido.

Hoy en día existen dificultades a nivel técnico, social y político que dificultan la correcta administración de subsidios y donativos, entre los que podemos destacar:

Medición del impacto. No existen instrumentos técnicos que permitan conocer el impacto que ha tenido en la población la canalización de fondos públicos. Se han construido indicadores, diferentes según programa y/o dependencia, en ocasiones en base a los que tienen los programas gubernamentales, pero con ellos sólo se ha logrado hacer sumas de grandes resultados.

Mecanismos de información y de rendición de cuentas. La información pública no es completa ni suficiente a nivel federal, lo que dificulta o impide el acceso equitativo y oportuno a los fondos involucrados. Esto es particularmente preocupante a nivel estatal y municipal, así como en los órganos autónomos a nivel federal y en entidades.

Complejidad y diversidad en los requisitos y en los trámites. Los requisitos y condiciones para acceder a los fondos deben de ser, por la naturaleza de éstos, diversos; sin embargo deberían existir criterios de base para todos a fin de facilitar el acceso, el control y los mecanismos de información. En la medida en que los fondos han aumentado no solo se ha crecido en diversidad sino en complejidad.

Los tiempos para otorgar el apoyo gubernamental y ejercerlo difícilmente coinciden con los procesos comunitarios que llevan algunas organizaciones

Tendencia hacia el predominio de fondos para acciones de asistencia. Sin pretender de ninguna manera restar importancia a la asistencia a grupos y comunidades vulnerabilizados, es claro que existe un desequilibrio debido a los temas privilegiados están más ligados a la producción de resultados tangibles e inmediatos, más sencillos en las labores de asistencia, que a los menos tangibles, como la construcción de ciudadanía, la incidencia en políticas públicas o los derechos humanos.

Perspectiva compleja de la rendición de cuentas. La cultura de la transparencia avanza lentamente. Se asume que los bienes públicos deben de ser de acceso común, pero es complejo asumir las consecuencias de rendir cuentas a la ciudadanía y a las autoridades de ejercicio de esos recursos.

Espacios de discrecionalidad y clientelismo. Existen en los tres órdenes de gobierno espacios amplios a la discrecionalidad de las autoridades de los gobiernos o desde el congreso asignando a partir del presupuesto de egresos. En diversos fondos no se han definido con claridad y transparencia las reglas de participación, lo que permite que la relación entre funcionarios y organizaciones sea un factor de peso en la toma de decisiones para la asignación en ocasiones mayor a la utilidad misma del proyecto.

Queda claro que una mayor información acerca de los subsidios hará posible minimizar las distorsiones que pudieran afectar el uso de los recursos públicos, demás de evitar duplicidades e impulsar la complementariedad de los programas o proyectos de las diferentes entidades.

Por otro lado, se plantea la necesidad de elaborar un plan estratégico de subsidios, que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con el objeto de articular las necesidades y demandas públicas a satisfacer a través de subsidios, con las previsiones de recursos disponibles.

Además, se plantea un sistema de seguimiento a través del control y evaluación de los objetivos, para que todos aquellos programas o proyectos subsidiados que no alcancen los objetivos deseados puedan ser modificados o sustituidos por otros más eficaces y eficientes, o en su caso, eliminarlos.

Por otro lado se establece como regla general que el pago del subsidio o donativo exigirá la previa justificación por parte del beneficiario de la realización del objeto del subsidio, perdiéndose el derecho del cobro total o parcial del subsidio en caso contrario, así como cuando incurra en alguna de las causas de reintegro que se contemplan.

Tampoco podrá procederse al pago del subsidio o donativo, todo aquel beneficiario que sea deudor por procedencia de reintegro o que no esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con las cuotas al seguro social.

Asimismo, la excusa o negativa a las actuaciones de auditoria, serán causa de reintegro cuando sea imposible verificar el empleo dado a los fondos recibidos. Se prevé la posibilidad de que el reintegro se refiera únicamente a parte del subsidio concedido.

Finalmente cabe destacar que ante un marco de escasez de recursos y un presupuesto limitado, uno de los objetivos que persigue esta iniciativa es la mejora de la eficacia y eficiencia de los programas de subsidios y el establecimiento de un régimen que impida su utilización fraudulenta, en la línea de la necesidad de disponer de unas cuentas públicas orientadas al principio de estabilidad presupuestaria, que permita continuar con el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el presente:

Decreto mediante el cual se adiciona la fracción X al artículo 2, recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 78, se reforma la fracción III y se adiciona una fracción VII al artículo 80 y se adicionan los artículos 74 bis, 79 bis, 80 bis, 80 ter y 80 quater, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Único. Se adiciona la fracción X al artículo 2, recorriéndose los subsecuentes, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 78, se reforma la fracción III y se adiciona una fracción VII al artículo 80 y se adicionan los artículos 74 bis, 79 bis, 80 bis, 80 ter y 80 quater, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable;

II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto;

III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas;

IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación;

V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio;

VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal;

VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las entidades;

VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de esta Ley;

IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación;

X. Donativos: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a personas morales con fines no lucrativos, organismos descentralizados y fideicomisos que proporcionan servicios sociales y comunitarios para estimular actividades educativas, sanitarias, ambientales, tecnológicas, científicas y culturales de interés general.

XI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado;

XII. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XIII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XIV. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos;

XV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal;

XVI. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos;

XVII. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales;

XVIII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

XIX. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores coordinados por las dependencias;

XX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total;

XXI. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban;

XXII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;

XXIII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos;

XXIV. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal;

XXV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública;

XXVI. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XXVII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XXVIII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;

XXIX. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;

XXX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión;

XXXI. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto;

XXXII. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

XXXIII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente;

XXXIV. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de la legislación laboral y de esta Ley;

XXXV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;

XXXVI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos;

XXXVII. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley;

XXXVIII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos;

XXXIX. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;

XL. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura;

XLI. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos;

XLII. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los tribunales administrativos;

XLIII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos;

XLIV. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas;

XLV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XLVI. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;

XLVII. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones extraordinarias;

XLVIII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas tanto del Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno Federal;

XLIX. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión;

L. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos;

LI. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

LII. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;

LIII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

LIV. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general;

LV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera;

LVI. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios;

LVII. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y

LVIII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad.

Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento.

Artículo 74 bis. Para cada ejercicio fiscal, las dependencias deberán elaborar y publicar un plan estratégico de subsidios en donde se especifiquen los objetivos que se pretenden lograr con su aplicación, el plazo necesario para su ejecución, los costos previsibles y sus fuentes de financiamiento.

Artículo 78. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.

En el caso de los programas que se encuentren en el primer año de operación podrá realizarse una evaluación parcial, siempre y cuando sea factible reportar resultados.

Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales que correspondan.

Todo programa o proyecto subsidiado que, con base en la evaluación de resultados, no alcance los objetivos deseados deberá ser modificado o sustituido por otro más eficaz y eficiente, o en su caso, deberá ser eliminado.

Artículo 79 bis. Los beneficiarios del subsidio deberán reintegrar total o parcialmente el monto del donativo a la dependencia ejecutora del gasto, más los intereses que se hayan generado, en los siguientes casos:

I. Obtención del subsidio utilizando información falsa u ocultando aquélla que lo hubieran impedido.

II. Incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, proyecto o la adopción de comportamientos contrarios a los que fundamentaron el otorgamiento del subsidio.

III. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la fiscalización del subsidio.

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I.Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro;

II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.

En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación;

III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales y con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes.

Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, sanitarias, ambientales, tecnológicas, científicas y culturales de interés general, a financiar con el monto del donativo;

IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y

V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos.

VI. En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su funcionamiento estén sujetas a procesos legales.

VII. Deberán verificar que los donatarios cuenten con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 80 bis. Los donativos bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para la adquisición de títulos o valores, ni para la amortización, pago de intereses o dividendos o cualquier otro compromiso que deriven de dichos títulos o valores.

Artículo 80 ter. Los donatarios deberán reintegrar total o parcialmente el monto del donativo a la dependencia ejecutora del gasto, más los intereses que se hayan generado, en los siguientes casos:

I. Obtención del donativo utilizando información falsa u ocultando aquélla que lo hubieran impedido.

II. Incumplimiento total o parcial del objetivo, actividad, proyecto o la adopción de comportamientos contrarios a los que fundamentaron el otorgamiento del donativo.

III. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la fiscalización del donativo.

Artículo 80 quater. Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diez días del mes de abril de dos mil siete.--- Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e insértese íntegro el texto en la Gaceta y en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Francisco Elizondo.

Esta Presidencia saluda a los señores presidentes municipales del Estado de México que a invitación del diputado Juan Victoria se encuentran en este recinto parlamentario. Bienvenidos.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar iniciativa que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Joaquín Humberto Vela González:Gracias, señor Presidente. Quien suscribe, diputado Joaquín Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajodel Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, somete a la consideración del pleno la presente iniciativa que reforma el capítulo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregadoy solicito sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dentro del conjunto de la reforma fiscal integral, con base en la siguiente exposición de motivos:

La reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 15 a 10 por ciento tiene por objetivo dos razones: una, incentivar el mercado mexicano del consumo; y dos, incrementar la recaudación a través de una menor evasión.

El primer efecto que pretendemos con la reducción de la tasa del IVA es motivar el incremento del consumo para apoyar y reactivar a las empresas mexicanas. La fundamentación de esta iniciativa en la perspectiva de incrementar el consumo con la reducción de la tasa del IVA la apoyamos en estudios desarrollados por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Industrias AC y de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación. Bajar tasas no implica reducir la recaudación, incrementar impuestos no incrementa necesariamente la recaudación. En 1991 con una tasa de 15 por ciento del IVA hubo una recaudación por este impuesto de 31 mil 732.7 millones de pesos corrientes, al reducirse la tasa del IVA a 10 por ciento en el año de 1992 hubo un incremento en la recaudación alcanzándose la cifra, ese año, de 32 mil 702.8 millones de pesos.

Otro ejemplo es el de 1994, cuando la tasa del IVA era de 10 por ciento y se volvió a incrementar a 15 por ciento para el año de 1995, hubo un ligero incremento en la recaudación en cifras absolutas, pero en términos relativos no fue así, pues recordemos que se dio la crisis de cambio del sexenio con su inflación y su devaluación, por lo que en términos reales hubo una caída en la recaudación. En 1994 la recaudación por IVA en pesos contantes fue de 170 mil 743.4 millones y para 1995 se redujo a 166 mil 413.3 millones de pesos contantes. Para 1998, con una tasa del IVA de 15 por ciento, se obtiene el mismo porcentaje del producto interno bruto (PIB) por recaudación de IVA que en 1993, cuando la tasa del IVA era solamente de 10 por ciento.

Aparte de este análisis de cifras agregamos dos principios de sentido común para justificar una tasa de 10 por ciento de IVA: la reducción de las tasas de impuestos puede motivar menor evasión, la clarificación y la simplificación motivan mayor pago de contribuciones.

Reducir la tasa del IVA a 10 por ciento tendría un primer efecto psicológico en los pequeños contribuyentes, quienes al dejar de erogar cinco puntos de impuesto pierden ventajas en defraudar al fisco, ya sea por el no traslado o por el no cobro del IVA, como hoy acostumbran, en colusión con los consumidores dentro de 50 por ciento de la economía subterránea.

Otra virtud recaudatoria por bajar la tasa del IVA a 10 por ciento es una radical simplificación de cálculo. No es lo mismo realizar una operación contable aplicando la tasa de 15 por ciento que simplemente quitar un cero; así pues, este impuesto aparte de ser menor es más fácil de calcular y motivará que muchos consumidores dejen de evadirlo.

La fórmula dialéctica de incrementar la recaudación con menores impuestos, que implican menor evasión ha sido sustentada incluso por ilustres representantes del pensamiento de derecha. Sergio Sarmiento, en el año 2003 cuestionó desde el periódico en el que escribe, Reforma, el por qué con mayores o nuevos impuestos ---como los especiales--- no se había logrado un incremento en la recaudación en México, mientras que en decenas de países donde bajaban tasas impositivas se verificó un incremento de recaudación.

Sin embargo, no negamos que persiste la posibilidad de que el bajar la tasa del IVA provoque una baja de recaudación. Ante eso, reitero que la presente iniciativa no es aislada y forma parte de un paquete más amplio, junto con otras iniciativas compensatorias y complementarias, cuya aprobación será factible hasta conformar los paquetes definitivos de reforma fiscal integral de todos los grupos parlamentarios.

La vigencia de la baja del IVA la planteó hasta el año 2008, por lo que contamos con un margen para incorporar las fórmulas compensatorias ante la presunta baja de recaudación expuesta a continuación.

a) Tasa de 20 por ciento del IVA al consumo de bienes suntuarios considerando que a este segmento de consumidores solventes el incremento de tasa no inhibe sus inercias de gasto en placer o confort, y no es relevante a su disposición en efectivo.

b) Impuestos especiales para el consumo de refrescos con alta fructuosa importada.

c) Una campaña de incorporación de nuevos contribuyentes para el año 2007 con incentivos inmediatos y con el atractivo de un nuevo sistema fiscal acabado e implementado el próximo año; y

d) Deuda sustentada en los ingresos petroleros que permitan apoyar al mercado interno asumiendo una restricción presupuestal para el año de 2008.

Decreto por el que se reforma el Capítulo I de la Ley de Impuesto al Valor Agregado que queda redactado de la siguiente manera:

El impuesto se calculará:

Artículo 1. De la uno a la cuatro...

Fracción I a IV. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala, la tasa de 10 por ciento. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

Artículo 1-C.

Fracciones I a III. ...

IV. Para tales efectos, el Impuesto al Valor Agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquiriente entre 1.10. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado, causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes al cobro.

V. Entre 1.10, según se trate de documentos que deriven de las operaciones afectadas a la tasa de 10 por ciento.

VI. El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo, para el total de la cantidad cobrada por el adquiriente dividiendo el valor de cobro efectuado entre 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones efectuadas a 10 por ciento.

Artículo transitorio único. La vigencia del presente decreto de reforma entrará en vigor a partir del día 1 de enero del año de 2008. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado federal Joaquín Humberto Vela González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y solicito sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que sea dictaminada dentro del conjunto de iniciativas que constituirán los paquetes de la reforma fiscal integral, a la que hemos convocado desde la actual legislatura, con base en la siguiente

Exposición de motivos

La reducción de la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, del 15 por ciento al 10 por ciento, tiene por objetivos:

a) Incentivar el mercado mexicano de consumo e

b) Incrementar la recaudación a través de una menor evasión.

Comparecemos ante esta soberanía con la representación de la Confederacion Nacional de las Micro y Pequeñas Industrias AC, (Conmypein) y de la Asociacion Nacional de Industriales de Transformacion, (ANIT), cuyas propuestas asumimos en esta LX Legislatura, dentro de un proyecto de reforma fiscal integral de 22 puntos, cuya etapa inicial es la presente iniciativa. La opinión del sector de pequeños empresarios es muy calificada y objetiva en esta materia, pues expresa la experiencia del principal sector pagador de los impuestos en México y de quienes generan por lo menos el 75 por ciento de los empleos nacionales.

El primer efecto que pretendemos con la reducción de la tasa del IVA es motivar el incremento del consumo, para apoyar y reactivar a las empresas mexicanas. Lograr que los productores mexicanos se fortalezcan con el mercado interno, generará un círculo virtuoso que, a mediano plazo, permitirá solvencia y mayor actividad comercial que implicará mayor recaudación del IVA.

Ahora bien, ¿Qué tan seguro es que se incrementará el consumo en caso de reducir la tasa del IVA? ¿Se puede determinar en qué proporción y en qué tiempos?

La fundamentación de esta iniciativa, en la perspectiva de incrementar el consumo con la reducción de la tasa del IVA, la apoyamos en estudios desarrollados por: la Conmypein del estado de México; el maestro en finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), José David Sánchez Ruiz, asesor de la Conmypein y de la ANIT; el maestro Alejandro Rodríguez Arana de la Universidad Iberoamericana, y un programa fiscal del Centro en Investigación y Docencia Económica, (CIDE) de 2001, coordinado por el maestro Marcelo Bergman.

Respecto al carácter regresivo de los impuestos al consumo y su fracaso recaudatorio, existen decenas de estudios nacionales e internacionales que lo demuestran, mientras que las potencias industriales sustentan sus finanzas públicas en los impuestos a las utilidades, como lo confirman recientemente el doctor José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en su artículo Progresividad Fiscal en el periódico La Jornadade enero de 2007 y los maestros y economistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolita, (UAM), Benjamín Hernández, Rosalío Juárez y Antonio González Abundio.

El incremento de disponibilidad de efectivo derivado de una reducción del IVA, podría ser inversamente proporcional a la tasa. Es decir, se podría dar hasta un 5 por ciento de incremento en el consumo, lo cual sería un incentivo real a las empresas nacionales.

La prioridad de fomentar el consumo y de fortalecer el mercado interno no la comparten ni el gobierno ni los partidos. La primera argumentación en contra de bajar la tasa del IVA es que puede implicar una baja inmediata en la recaudación. ¿Qué es entonces lo más importante, fomentar la economía privada nacional o recaudar impuestos? Ante tal disyuntiva aplicamos otro criterio:

La recaudación histórica del IVA es un fracaso y sin embargo, sí inhibe el consumo formal.

El posible debate sobre la tasa del IVA no es tan relevante para las finanzas públicas, pues en décadas, desde la implantación de este gravamen a la fecha, apenas si ha logrado representar poco más del 3 por ciento del producto interno bruto de México.

En tanto dependamos del petróleo y no de una economía real y formal, lo suficientemente fuerte como para que, al gravarla, genere eficazmente riqueza fiscal, el efecto de la tasa del IVA sólo representa algunas décimas del producto interno bruto. La teoría oficial establece que se dejarían de recaudar recursos, pero estos serían insignificantes, comparados con los provenientes del petróleo, por lo que consideramos que tales recursos bien vale la pena invertirlos para incrementar el consumo, pues aún así representarían un estímulo a la economía varias veces superior a los fondos federales de fomento.

Pero este análisis es a partir de aceptar a priori que bajar la tasa del IVA reduce la recaudación. Los gobiernos y los académicos han establecido de manera mecánica e ingenua, una relación directa proporcional entre tasas y recaudación. Sin embargo, la pesimista proyección de la recaudación que hacen los medios oficiales, cuando consideran una tasa menor del IVA, es un cálculo infundado y mal enfocado. Nosotros por el contrario, al analizar la relación entre la variación de la tasa y la recaudación, llegamos a dos conclusiones:

Bajar tasas no implica reducir la recaudación.

Incrementar impuestos no aumenta necesariamente la recaudación.

En 1991, con una tasa del 15 por ciento del IVA, hubo una recaudación por este impuesto de 31 mil 732.7 millones de pesos corrientes. Al reducirse la tasa del IVA al 10 por ciento en 1992, hubo un incremento en la recaudación, alcanzándose la cifra ese año de 32 mil 702.8 millones de pesos.

Otro ejemplo es de 1994, cuando la tasa del IVA era del 10 por ciento y se volvió a incrementar al 15 por ciento para el año 1995. Hubo un ligero incremento en la recaudación en cifras absolutas pero en términos relativos no fue así, pues recordemos que se dio la crisis del cambio de sexenio con su inflación y su devaluación, por lo que en términos reales hubo una caída en la recaudación. En 1994 la recaudación por IVA en pesos constantes fue de 170 mil 743.4 millones y para 1995 se redujo a 166 mil 413.3 millones de pesos constantes.

Para 1998, con una tasa del IVA del 15 por ciento se obtiene el mismo porcentaje del producto interno bruto, PIB, por recaudación del IVA que en el año 1993, cuando la tasa del IVA era del 10 por ciento.

Aparte de este análisis de cifras, agregamos 2 principios de sentido común para justificar una tasa del 10 por ciento del IVA.

La reducción de las tasas de impuestos puede motivar menor evasión.

La clarificación y la simplificación motivan mayor pago de contribuciones.

Reducir la tasa del IVA al 10 por ciento tendría un primer efecto sicológico en los pequeños contribuyentes, quienes al dejar de erogar 5 puntos del impuesto, pierden ventajas en defraudar al fisco, ya sea por el no traslado o por el no cobro del IVA, como hoy acostumbran, en colusión con los consumidores, dentro del 50 por ciento de la economía subterránea.

La fórmula dialéctica de incrementar la recaudación con menores impuestos que implican menor evasión, ha sido sustentada incluso por ilustres representantes del pensamiento oligopólico o de derecha. Sergio Sarmiento en 2003 cuestionó desde un artículo en el periódico Reforma, el porqué con mayores o nuevos impuestos como los especiales, no se había logrado un incremento de la recaudación en México, mientras que en decenas de países donde bajaron tasas impositivas se verificó un incremento de la recaudación.

El analista Sarmiento plantea la baja de la tasa del IVA al 10 por ciento, pero sin argumentos a favor de incentivar el consumo y sin combatir el proyecto oficial de gravar alimentos y bebidas, que sólo garantiza el incremento a la evasión, y un efecto regresivo con daños a la cadena mexicana de alimentos y al mercado interno.

Otra virtud recaudatoria por bajar la tasa del IVA al 10 por ciento es: Una radical simplificación del cálculo. No es lo mismo realizar una operación contable aplicando la tasa del 15 por ciento, que simplemente quitar un cero. Así pues, si este impuesto, a parte de ser menor, es más fácil de calcular, motivará que muchos consumidores dejen de evadirlo.

Sin embargo, no negamos que persiste la posibilidad de que bajar la tasa del IVA provoque una baja de recaudación. Ante ello reitero que, la presente iniciativa no es aislada y forma parte de un paquete más amplio, junto con otras iniciativas compensatorias y complementarias, cuya aprobación será factible hasta conformar los paquetes definitivos de reforma fiscal integral de todos los grupos parlamentarios.

La vigencia de la baja del IVA la planteo hasta el año 2008, por lo que contamos con un margen para incorporar las fórmulas compensatorias ante la presunta baja de recaudación, expuestas a continuación:

a) Tasa del 20 por ciento del IVA al consumo de bienes suntuarios, considerando que a este segmento de consumidores solventes, el incremento de tasa no inhibe sus inercias de gasto en placer o confort y no es relevante a su disponibilidad de efectivo.

b) Impuestos Especiales por el consumo de refrescos con alta fructuosa importada,

c) Una campaña de incorporación de nuevos contribuyentes para 2007, con incentivos inmediatos y con el atractivo de un nuevo sistema fiscal acabado e implantado el próximo año y/o

d) Deuda sustentada en los ingresos petroleros, ahora que todavía contamos con dicho patrimonio-recurso, aunque en realidad, consideramos que se debe apoyar al mercado interno mexicano asumiendo una restricción presupuestal para 2008.

En virtud de todo lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que queda redactado de la siguiente manera

Artículo 1. ...

I. a IV. ...

El impuesto se calculará aplicando los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El Impuesto al Valor Agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

...

...

Artículo 1-C

...

I. a III. ...

IV. ``...''. Para tales efectos, el impuesto al valor agregado se calculará dividiendo la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada por el adquirente entre 1.10. El resultado obtenido se restará a la cantidad manifestada en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia será el impuesto al valor agregado causado a cargo del contribuyente que cedió los documentos pendientes de cobro.

V. ``...'' entre 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas a la tasa del 10 por ciento ``...''

...

VI. ``...'' El contribuyente calculará el impuesto al valor agregado a su cargo por el total de la cantidad cobrada por el adquirente, dividiendo el valor del cobro efectuado entre el 1.10, según se trate de documentos que deriven de operaciones afectas del 10 por ciento ...

...

Artículo Transitorio

Único. La vigencia del presente decreto de reforma entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a 22 de marzo de 2007.--- Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Vela González.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 435 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por medio de cédula.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Obdulio Ávila Mayo:Con la venia de la Presidencia. Han sido diversas las reformas que en los últimos años han modificado la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa que ahora se presenta, pretende adherirse a este proceso de cambio.

Derivado de la complejidad del sistema e impartición de justicia en México, así como de la diversidad de percepciones que existen en la sociedad sobre su desempeño y devenir, toda propuesta de reforma judicial debe tener como fin último dar cabal vigencia al artículo 17 de nuestra Ley Suprema.

A pesar de lo continuo y profundo de las modificaciones referidas, todavía existe una agenda importante de reformas por aplicar a los órganos jurisdiccionales federales. Por un lado, existe la necesidad de consolidar los avances realizados durante la última década; y por el otro, es necesario abordar y extender el esfuerzo a diversos temas que todavía no se han abordado y sobre los que existen destacadas experiencias en el derecho comparado y un positivo consenso doctrinal en torno a la necesidad de que sean introducidos en el ordenamiento jurídico mexicano, en aras de alcanzar una mejor y más eficiente impartición de justicia.

En este sentido propongo a este pleno la introducción de la institución jurídica del amicus curiae, que ya se conoce y utiliza en otros países y que podría mejorar sustancialmente el esquema actual de defensa de la Constitución que existe en México.

El amicus curiae consiste en la presentación ante el tribunal donde se tramite un litigio de terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio para que puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, merced a su posibilidad de realizar aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.

En efecto, la institución del amicus curiae recientemente es aplicada en diversos tribunales del orbe, con la finalidad de permitir que quienes no se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tengan un interés en el tema en litigio, puedan expresar su punto de vista ante el tribunal.

No es óbice señalar que las consecuencias de dichas modificaciones no revisten un efecto jurídico formal sobre el proceso, sino se suscriben en el sentido de brindar opiniones respecto del litigio que redunden en un beneficio ante los tribunales, quienes contarán con puntos de vista adicionales sobre las cuestiones controvertidas.

Así las cosas, lo novedoso de esta figura consiste en los escritos que pueden presentar estos terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia a través de aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso jurisdiccional.

Lo anterior eleva, indiscutiblemente, el nivel de debate de la temática en el litigio, que ciertamente deberá tener la posibilidad real de impactar en el interés público. En efecto, cuando un tribunal constitucional se encuentra decidiendo asuntos que pueden repercutir sobre la manera en que se definen los derechos de la sociedad, dichos asuntos siempre suscitan expectación y la adopción del amicus curiae permite que las opiniones puedan ser expresadas al tribunal de manera transparente.

La razón teleológica de esta figura procesal es asistir al tribunal proporcionándole una opinión fundada o una información relevante sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a la consideración de aquél y colaborar así para decidir con acierto en un caso complejo.

Este sistema es una figura clásica, cuya génesis se encuentra en el Derecho Romano. A partir de este lejano precedente, la institución se ha generalizado en diversos países de habla inglesa para ser finalmente adoptada y desarrollada en algunos sistemas jurídicos como el estadounidense.

Con distinguido impulso dentro de la tradición del derecho anglosajón, la figura del amicus curiae se ha extendido de forma notoria hasta el punto de que hoy es común la presentación de este tipo de escritos ante distintas cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus pares en Europa o África.

Lo anterior no es producto de la casualidad o de una boga, sino en función de su aporte trascendental para robustecer los fallos de los tribunales en los casos de esencial importancia, donde se encuentra en litigio el ejercicio de un derecho fundamental.

No obsta señalar la acogida y utilización que en el plano internacional de los derechos humanos y diversas instancias internacionales se ha dado al ``amigo del tribunal'', especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en los paneles en el cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio.

Convergentemente y en el marco de las reformas propuestas en la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, realizada recientemente a iniciativa del alto tribunal, se consideró dentro de las 33 acciones indispensables para una reforma judicial integral, introducir la figura del amicus curiae en procesos constitucionales, con el ánimo de fortalecer la independencia, la eficiencia y el acceso a la justicia, identificada como la acción 22 en el folleto de la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano.

La introducción de esta figura se sugiere en virtud de que en ocasiones las funciones del alto tribunal judicial trascienden el interés de las partes en conflicto.

La consulta revela el especial interés de lograr un mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas y en algunos mecanismo procesales existentes, a saber: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es cuanto, Presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo I Bis y su respectivo articulado a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de introducir la figura del Amicus Curiae en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Han sido diversas las reformas que en los últimos años han modificado la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa que ahora se presenta pretende adherirse a este proceso de cambio.

Derivado de la complejidad del sistema de impartición de justicia en México, así como de la diversidad de percepciones que existen en la sociedad sobre su desempeño y devenir, toda propuesta de reforma judicial debe tener como fin último dar cabal vigencia al artículo 17 de la Ley Suprema.

A pesar de lo continuo y profundo de las modificaciones referidas, todavía existe una agenda importante de reformas por aplicar a los órganos jurisdiccionales federales; por un lado, existe la necesidad de consolidar los avances realizados durante la última década y, por el otro, es necesario extender el esfuerzo a diversos temas que todavía no se han abordado, y sobre los que existen destacadas experiencias en el derecho comparado y un positivo consenso doctrinal en torno a la necesidad de que sean introducidos en el ordenamiento jurídico mexicano, en aras de alcanzar una mejor y más eficiente impartición de justicia.

En este sentido, se propone la introducción de la institución jurídica del ``amicus curiae''¹, que ya se conoce y utiliza en otros países, y que podría mejorar sustancialmente el esquema actual de defensa de la Constitución que existe en México.

El ``amicus curiae'' consiste en la presentación ante el tribunal donde se tramita un litigio de terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, para que puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, merced a su posibilidad de realizar aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.²

En efecto, la institución del ``amicus curiae'' recientemente es aplicada en diversos tribunales del orbe, con la finalidad de permitir que quienes no se encuentren legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tengan interés en el tema en litigio, puedan expresar su punto de vista ante el tribunal.³

No es óbice señalar que las consecuencias de dichas manifestaciones no revisten un efecto jurídico formal sobre el proceso, sino se suscriben en el sentido de brindar opiniones respecto del litigio que redunden en un beneficio a los tribunales, quienes contarán con puntos de vista adicionales sobre las cuestiones controvertidas.

Así las cosas, lo novedoso del ``amicus curiae'' consiste en los escritos que pueden presentar terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial. Lo anterior, eleva indiscutiblemente el nivel del debate de la temática en litigio, que ciertamente deberá tener la posibilidad real de impactar en el interés público.

En efecto, cuando un tribunal constitucional se encuentra decidiendo asuntos que pueden repercutir sobre la manera en la que se definen los derechos en la sociedad, dichos asuntos siempre suscitan expectación y la adopción del ``amicus curiae'' permite que las opiniones puedan ser expresadas al tribunal de manera transparente.

Para Mariano Pages Loveras⁴, la razón teleológica de esta figura procesal es asistir al tribunal proporcionándole una opinión fundada o una información relevante sobre alguna cuestión jurídica que pudiera escapar a la consideración de aquél y colaborar así para decidir con acierto un caso complejo.

La institución del ``amicus curiae'' es una figura clásica cuya génesis se encuentra en el derecho romano. A partir de este lejano precedente, la institución se ha generalizado en diversos países de habla inglesa, para luego ser finalmente adoptada y desarrollada en el marco jurídico estadounidense.

Con distinguido impulso dentro de la tradición de derecho anglosajón, la figura del ``amicus curiae'' se ha extendido de forma notoria hasta el punto de que hoy es común la presentación de este tipo de escritos ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como ante sus pares en Europa o África.

Lo anterior, no es producto de la casualidad o de una boga, sino en función de su aporte trascendental para robustecer los fallos de los tribunales en los casos de esencial importancia donde se encuentra en litigio el ejercicio de un derecho fundamental.

En el caso particular de Estados Unidos de América, los ``amici curiae'' han obtenido peculiar protagonismo en destacados casos elevados ante la Corte Suprema de ese país, tales como los concernientes a la materia antidiscriminatoria, la disputa aborto-antiaborto y la eutanasia--mercy killing.

Los casos que la citada Corte Suprema ha seleccionado, hacen evidente que la carga social acumulada previamente a la decisión del tribunal puede ser desahogada y utilizada permitiendo la ampliación del espectro de participantes en el debate; así las cosas, mientras mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, proporcionalmente podrá aumentar la legitimidad del fallo que se adopte y, al mismo tiempo, se cumplirá con el fundamento democrático constitucional, ampliando los canales de participación.

Para abundar en esta breve referencia, no obsta señalar la acogida y utilización que en el plano internacional de los derechos humanos y diversas instancias internacionales se ha dado al ``amigo del tribunal'', especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en los paneles y el cuerpo de apelación de la Organización Mundial del Comercio.

A modo de ejemplo, abordaremos el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la primera instancia internacional, el ``amicus curiae'' ha sido empleado tanto en casos contenciosos como en la totalidad de las opiniones consultivas que ha emitido; respecto del tribunal, y con fundamento en el artículo 36 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como con el artículo 1o. del Protocolo número 11, el presidente del tribunal cuenta con la potestad de invitar a cualquier tercero que no sea parte del asunto para que formule observaciones por escrito o a participar en la vista.

Las precedentes referencias de derecho comparado, además de permitir apreciar la génesis, desarrollo y aplicación de la figura, permiten vislumbrar el potencial y viabilidad de adoptar al ``amicus curiae'' en nuestro orden jurídico, empleando lo aplicable y adecuando lo necesario para hacerla compatible a nuestra cultura jurídica, evitando en todo lo posible un implante artificial que redunde en su inadaptación o en errores en su aplicación.

Convergentemente, y en el marco de las reformas propuestas en la Consulta Nacional sobre una Reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, realizada recientemente a iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró dentro de las 33 acciones indispensables para una reforma judicial integral introducir el ``amicus curiae'' en procesos constitucionales, en el ánimo de fortalecer la independencia, la eficiencia y el acceso a la justicia.

Identificada como la acción 22 en el folleto de la Consulta Nacional sobre una Reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en el Estado mexicano, la introducción del ``amicus curiae'' se sugiere en virtud de que, en ocasiones, las funciones del Alto Tribunal Judicial trascienden el interés de las partes en conflicto.

La consulta revela el especial interés de lograr un mayor acceso a la justicia y promover una mejor y más amplia participación social en la defensa de los derechos fundamentales y las controversias políticas, en algunos mecanismos procesales existentes, a saber: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Esta novedosa figura, supondrá el ejercicio de una facultad discrecional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinará, en última instancia, y de manera casuística, la manera en que el ``amicus curiae'' contribuye a informar su decisión.

Es así como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha considerado la presentación de esta iniciativa de reformas que apunta a concretar una doble función.

Por principio de cuentas, se permitirá aportar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando esta se encuentre estudiando un asunto de interés público, argumentos y opiniones que puedan servir como elementos para que sea tomada una decisión lo más ilustrada posible.

En este caso, se revestirá de un carácter público a los argumentos aportados en una cuestión de orden público e interés general que se encuentre decidiendo por el Poder Judicial, identificando con claridad la postura de los grupos sociales interesados y sometiendo a la consideración general las razones que éste tendrá al motivar su decisión.

Por otra parte, se permitirá ampliar el espectro de argumentos jurídicos que sean objeto del debate al interior del proceso, elevando así al ``amicus curiae'' en todo un mecanismo de participación ciudadana, que permita transitar de una justicia circunscrita a la decisión del juez y a los argumentos de las partes, hacia una búsqueda colectiva de la justicia.

En este orden de ideas, esta máxima representación popular debe considerar la introducción del ``amicus curiae'', a fin de dotar a la ciudadanía con un provechoso instrumento destinado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia, para que cuando se estén ventilando asuntos de interés público, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se permita la intervención de ``amigos del tribunal'', quienes siendo ajenos a las partes ofrezcan argumentos de trascendencias para la decisión del asunto.

Al ser esta figura jurídica carente de antecedentes en el orden jurídico nacional, aportaremos las siguientes referencias conceptuales que han servido de pauta para la elaboración de la presente iniciativa de reformas. Así las cosas, quedarán definidos los perfiles de esta nueva institución, quedando demostradas sus indiscutibles bondades, así como sus considerables márgenes de utilidad.

Como punto de partida es preciso puntualizar que la función del ``amigo del tribunal'', si bien de inicio, estaba enderezada a colaborar neutralmente con los tribunales, recientemente se ha abandonado definitivamente esa imparcialidad, transformándose en un interventor interesado y comprometido que formula aportes teóricos que, eventualmente, pudieren contribuir a la resolución definitiva.

El perfil primigenio de esta institución revestía la participación del ``amicus curiae'' para ayudar neutralmente al tribunal, de modo que proporcionaba información relativa a cuestiones esencialmente jurídicas respecto de las cuales aquél pudiere albergar dudas o estar equivocado en el criterio asumido hasta entonces sobre el particular, acercándole fallos jurisprudenciales o antecedentes doctrinarios útiles para dirimir casos con cierto grado de complejidad.

Actualmente, y como producto de su desarrollo contemporáneo, se ha despojado de ese carácter imparcial, para convertirse en un mecanismo de argumentación jurídica, en aras de obtener un pronunciamiento favorable a la posición que sostiene.

Para Cueto Rúa⁵, en la actualidad no se le exige neutralidad, empero se demanda una contribución inteligente sobre el caso concreto planteado, destacando su repercusión respecto de terceros y demás integrantes de la colectividad.

Resulta en este punto aclarar, que el ``amicus curiae'' no revestirá calidad de parte en el proceso y de ningún modo desplaza o reemplaza a las partes.

Asimismo, para poder intervenir en el proceso deberá ostentar un interés justificado en el falló que ponga fin al litigio, el cual debe exceder el de los directamente afectados por la resolución concreta. También, su actuación en ningún caso podrá devengar costas ni podrá tener efectos vinculantes para el tribunal. En síntesis, es un tercero ajeno a la controversia que ostenta un justificado interés jurídico en la resolución definitiva de la controversia.

Desde otra arista, y con base en la práctica internacional, la presentación de este tipo de escritos no se restringe únicamente a particulares, sino también puede ser utilizada por personas colectivas de derecho privado (verbigracia organizaciones no gubernamentales) y, en algunos casos, por los propios órganos del Estado.

Como ha quedado demostrado, el ``amicus curiae'' puede erigirse, dentro de los medios de control de la constitucionalidad, como una herramienta novedosa y eficaz para mejor proveer en cuestiones de destacada controversia o que puedan representar acentuados dilemas éticos o de diversa índole. Así, por ejemplo, pudiera actualizarse su uso cuando se encuentre en estudio y análisis una norma constitucional, en la que la decisión pueda marcar un antecedente jurisprudencial para otros casos pendientes.

Es decir, la institución que se pretende aprobar incidirá directamente en casos en los que se encuentre en discusión asuntos de interés público que exceden el interés de las partes directamente involucradas. Precisamente, este es el punto toral de la propuesta de reformas: dotar a los ciudadanos de un instrumento por medio del cual, aquellos que se encuentren interesados en algún asunto, puedan acceder a la justicia para hacer oír su voz y sus argumentos.

En efecto, en el marco de controversias cuya resolución genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al objetivo de consolidar la justicia.⁶

Ciertamente, pudieran existir divergencias respecto de la adopción de la nueva institución al interior de nuestro sistema de impartición de justicia, empero debe advertirse el alto grado de desarrollo adquirido en el derecho internacional de los derechos humanos, materializado principalmente en la fuerza que han cobrado los informes, las recomendaciones las decisiones y las opiniones consultivas de los órganos protectores de derechos humanos.

En el escenario nacional, el ``amicus curiae'' podrá cumplir su cometido proporcionando a los Ministros de la Corte elementos de juicio actualizados en la materia, así como los relativos a la interpretación y aplicación de tratados internacionales.

Una vez expuestos los antecedentes y la utilización de la figura en el ámbito del derecho internacional, la recapitulación de las características principales de la institución en análisis, así como la relevancia en la resolución de cuestiones dilemáticas, abordaremos la justificación de su constitucionalidad.

Derivado de un análisis a la Constitución General de la Republica no se observa la existencia de precepto alguno que pudiera violentarse o transgredirse si se aprueba la participación del ``amicus curiae'' en el proceso mexicano. A parecer de un sector de los participantes en el debate, ha sostenido que dadas las características de la institución, no parece necesaria su incorporación mediante una reforma legislativa, sino que se requiere de la implantación de medidas internas que permitan regular la manera en la que los interesados en algún asunto en lo particular pueden expresarse.

Sin embargo, discrepamos de esta postura y compartimos la necesidad de regular la institución mediante reformas legislativas que incorporen el espíritu constitucional, en aras de alentar la participación popular en la toma de decisiones de interés público.

En este orden de ideas, y teniendo como escenario nacional la consolidación democrática participativa, no puede quedar dudas que el ``amicus curiae'' puede aportar en favor de la democratización y la transparencia del debate judicial, en aquellos casos que excedan el interés de las partes y que tengan alcances públicos y sociales.

Cierto es que no aspiramos a proponer una institución perfecta y acabada, por el contrario, nuestro planteamiento merecerá transitar por un perfeccionamiento con base en la actuación que se vaya dando de los ``amigos del tribunal'' en el Estado mexicano. En Acción Nacional estamos plenamente conscientes de que nada es para siempre: las instituciones demandan y exigen evolucionar.

Será una actitud plausible de este órgano colegiado, aprobar la aplicación de una institución que fortalezca, transparente y democratice el debate judicial y, por extensión, robustezca la garantía del debido proceso al involucrar, como fin último, la emisión de sentencias más razonadas, más justas y jurídicamente mejor sustentadas.

Ahora bien, y en atención a las precedentes consideraciones doctrinarias y de derecho comparado, la presente iniciativa de reformas recoge éstas, en aras de permitir que la introducción de la institución del ``amicus curiae'' pueda lograrse con vigor en el orden jurídico mexicano, y evitar en todo lo posible problemáticas en el uso concreto de la misma.

Así, se prevé en el proyecto de decreto que el ``amigo del tribunal'' no sea tenido como parte, ni su actuación devengará costas ni honorarios; la presentación del mismo deberá ser debidamente fundada y motivada, debiendo declararse, bajo juramento, la eventual fuente de financiamiento. De dicho escrito deberá correrse traslado a las partes.

También, queda preceptuado en el texto normativo que se propone que, si la presentación no fuese efectuada en una causa que revista trascendencia, el Poder Judicial de la federación podrá discrecionalmente rechazar el escrito pertinente.

Acción Nacional tiene la plena convicción de que la aceptación del ``amicus curiae'' en las condiciones propuestas asegura su aplicación de modo exitoso y el inicio de un trayecto nuevo en la búsqueda de incentivar una mayor participación ciudadana en los asuntos judiciales.

Por todo lo expuesto, su consagración legislativa es necesaria y se encuentra plenamente justificada.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente

Iniciativa de decreto por el que se adiciona un Capítulo I Bis y su respectivo articulado a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo I Bis y los artículos 11 Bis, 11 Ter, 11 Cuater, 11 Quintus, 11 Sextus, a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Capítulo I Bis

Artículo 11 Bis. Cualquier persona física o jurídica, que no tenga el carácter de parte en el proceso, podrá presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de amicus curiae, en los procesos de controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad, que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.

La intervención deberá limitarse a expresar una opinión fundamentada sobre las cuestiones en litigio, en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante, y deberá presentarse dentro de los diez días antes de ser sometido el asunto para su decisión.

Artículo 11 Ter. El amicus curiae deberá constituir domicilio en términos del artículo 22 de la presente ley, fundamentar su interés para participar en el asunto y declarar, bajo protesta de decir verdad, respecto de la existencia de algún tipo de relación con las partes del proceso y si su actuación cuenta con financiamiento específico.

Artículo 11 Cuater. Si se hubiera efectuado alguna presentación que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no revistiera trascendencia o interés general, se dispondrá la devolución del escrito a su presentante.

Artículo 11 Quintus. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera pertinente la presentación, ordenará su incorporación al expediente, disponiendo se notifique personalmente su contenido a las partes, dándoles vista por el término de cinco días.

Agregada la presentación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo considera pertinente, puede citar al amicus curiae a fin de que exponga su opinión en el acto de la audiencia, en forma previa a los alegatos de las partes.

Artículo 11 Sextus. Las opiniones o sugerencias del amicus curiae tienen por objeto ilustrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aun cuando carecen de efecto vinculatorio pueden ser tomadas en cuenta en la sentencia que se dicte.

El amicus curiae no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a éstas. Su actuación no devengará costas ni honorarios judiciales.

Todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son irrecurribles por el amicus curiae.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) Literalmente significa amigo del tribunal.

2) Amicus Curiae presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) por la Fundación Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en la Causa número P.1202/03 ``Partido Libertad y Democracia Responsable c.Jujuy s/Acción declarativa.

3) Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro Blanco de la Reforma Judicial, México, 2006. Pág. 156.

4) Pagés Lloveras, Roberto Mariano, El Amicus Curiae, Ponencia para las jornadas preparatorias del XXI Congreso Nacional de Derecho Procesal.

5) Cueto Rúa, Julio C., Acerca del amicus curiae, La Ley, Buenos Aires, 1988.

6) Acordada Número 28, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 14 de julio de 2004.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de abril del año dos mil siete.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ávila Mayo.Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, iniciativa suscrita por los diputados Érick López Barriga y el propio Juan Carlos Velasco Pérez.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez:Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos, diputados Juan Carlos Velasco Pérezy Érick López Barriga, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionaly del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Rentaen materia de servicio de comedor y comida para los trabajadores.

Exposición de motivos: en el mercado laboral mexicano, en términos generales, el salario mínimo ---y en alto porcentaje los salarios contractuales--- resultan claramente insuficientes para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia y menos aún para adquirir la canasta básica en materia de alimentación; de lo que se deriva que quienes tienen estas remuneraciones, como únicos ingresos, están en los umbrales de la pobreza extrema.

El cálculo más conservador sobre el total de asalariados indica que son más de 18 millones de trabajadores en todo el país los que se encuentran en la categoría de pobreza alimentaria, debido a las bajas remuneraciones que perciben.

México presenta la mayor erosión salarial de toda América Latina, ya que se encuentra entre los países de la región que más drásticamente han reducido sus niveles salariales en las últimas dos décadas.

Además de que la mitad de la población económicamente activa se emplea en el sector informal; por lo cual resulta fundamental resaltar que a través de una política fiscal adecuada se puede disponer no sólo de un instrumento de compensación social sino, más aún, de los incentivos y las motivaciones reales que ayudan a la creación de empleos, la productividad y sobre todo a elevar el poder de compra de los trabajadores.

La política fiscal aplicada en las últimas décadas ha contenido elementos contrarios al de procurar una igualdad y equidad fiscal y aun social, ya que conlleva una tendencia clara y directa a la afectación del salario al gravamen de las prestaciones de los trabajadores que como causantes cautivos son la base principal del sistema tributario, lo cual contrasta con la política de flexibilidad que se ha otorgado a la mediana y gran empresa.

Ante ello, el movimiento obrero a través de la negociación contractual ha buscado como estrategia negociar el otorgamiento de prestaciones que cubran necesidades que el salario no ha alcanzado a cubrir, como son alimentación, salud, vivienda, transporte, recreación y cultura, entre otras.

Es importante señalar que las prestaciones que han sido una auténtica conquista de los trabajadores se han reducido en su alcance y limitado en su extensión, ya que originalmente estaban exentas en su totalidad. Sin embargo, con las adecuaciones impuestas su exención se ha limitado de tal forma, que en la actualidad se pagan impuestos por todas las prestaciones, incluyendo la previsión social cuando los ingresos del trabajador superan los siete salarios mínimos.

En años recientes las organizaciones sindicales han logrado incorporar nuevas prestaciones en sus contratos colectivos de trabajo, destacando dentro ellos el servicio de comedor que ha servido parcialmente para compensar la caída del poder adquisitivo del salario.

Estas prestaciones tienen una gran ventaja, toda vez que al ser presentaciones en servicio; es decir, instrumentos de trabajo, no se consideran como ingresos en bienes para efecto de impuesto, por lo cual, no causa impuesto alguno.

No obstante, es de señalar que estas prestaciones sólo se pueden otorgar a aquellos trabajadores que laboran en empresas que dentro de sus instalaciones tengan comedores y a través de ellos, se otorgue la comida. Ello derivado de los altos costos de inversión y más aún, de mantenimiento, lo cual ha limitado a los trabajadores principalmente de la mediana y pequeña empresa a obtener los beneficios que a través de esta disposición se otorgan.

Es importante destacar que el principal objetivo de la presente iniciativa es eliminar la iniquidad que existe entre los trabajadores que actualmente cuentan con el servicio de comedor en sus empresas y aquellos que no cuentan con este servicio.

Asimismo, también para aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo que desarrollan, al ser itinerantes, no tienen acceso a esta ayuda de alimentación, o bien porque los costos de este servicio de comedor sobrepasan la capacidad de la empresa.

Por lo tanto, es importante lograr una mayor equidad entre los trabajadores independientemente de la naturaleza de su trabajo o el tamaño de la empresa en la que presten sus servicios. Esta equidad se lograría si se establece un incentivo para que las empresas que no cuenten con servicio de comedor puedan otorgar alimentación a sus trabajadores por medio de un tercero.

En efecto, se considera necesario readecuar esta disposición de ley para permitir que todos los trabajadores que laboren puedan, en su caso, obtener vía negociación contractual, acceso a la alimentación o comida independientemente de si su centro de trabajo cuenta o no con comedores propios. Ello podría ser un estímulo de la parte patronal para otorgar alimentación a sus trabajadores, conscientes de que una buena alimentación coadyuva a una mayor productividad.

En efecto, la ayuda para alimentación o comida, está asociada a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y está vinculada al propósito de incrementar la productividad y competitividad en las empresas y, finalmente, asociada a los cambios experimentados en la nueva cultura laboral.

La alimentación de calidad es un derecho de todo ser humano y es deber del Estado crear las condiciones para que los trabajadores puedan efectivamente disfrutar de ese derecho, estableciendo para ello las condiciones fiscales adecuadas y la seguridad jurídica en su otorgamiento.

El artículo 123 constitucional consagra el derecho de los mexicanos al trabajo y a obtener a cambio un salario remunerador, entendiéndose como tal aquel que permite satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, siendo la primera de éstas la adecuada alimentación de él y de su familia.

El movimiento obrero reconoce y pugna por una adecuada y correcta alimentación de los trabajadores, ya que ello incide en una mayor productividad, generando una reducción de atrasos y falta de rotación y de accidentes de trabajo, tiempos de recuperación de éstos y de pérdidas en los procesos productivos e incrementa la capacidad productiva del trabajador, lo que genera un mayor rendimiento.

Buscando la competitividad del empleo remunerado, un incremento en la recaudación y una disminución del gasto social, se propone una reforma a la normatividad en materia de alimentación para que, a través de incentivos fiscales a las empresas, genere que los patrones del país propicien una correcta alimentación a sus trabajadores y a su vez, reactive a un sector importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración y preparación de alimentos.

Por lo anterior se propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que los servicios de comedor y comida, proporcionados a los trabajadores se consideren ingresos en servicios, aún cuando estos últimos se suministren en las instalaciones propias o en su caso, por carecer de éstas, dados los altos costos de inversión y mantenimiento, se otorguen a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados por la empresa o que formen parte de una red administrada por terceros, que les permitan su adquisición, proponiéndose para su deducibilidad los límites ya establecidos en la ley.

Señor Presidente, es cuanto y le solicito atentamente que esta iniciativa se turne a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Juan Carlos Velasco Pérez del Grupo Parlamentario del PRI y Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Juan Carlos Velasco Pérez y Érick López Barriga, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción XX del artículo 32, y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicios de comedor y comida para los trabajadores.

Exposición de Motivos

En el mercado laboral mexicano, en términos generales, el salario mínimo y un alto porcentaje de los contractuales resultan claramente insuficientes para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia, y menos aún para adquirir la canasta básica. En materia de alimentación, se deriva que quienes tienen estas remuneraciones como únicos ingresos están ubicados en los umbrales de pobreza extrema. El cálculo más conservador sobre el total de asalariados indica que son más de 18 millones de trabajadores en todo el país los que se encuentran en la categoría de pobreza alimentaria debido a las bajas remuneraciones que perciben.

México presenta la mayor erosión salarial de toda América Latina, ya que se encuentra entre los países de la región que más drásticamente han reducido sus niveles salariales en las últimas dos décadas, además de que la mitad de la población económicamente activa se emplea en el sector informal. Por lo cual resulta fundamental resaltar que a través de una política fiscal adecuada se puede disponer no sólo de un instrumento de compensación social, sino, más aún, de los incentivos y las motivaciones reales que ayuden a la creación de empleos, la productividad y, sobre todo, a elevar el poder de compra de los trabajadores.

La política fiscal aplicada en las últimas décadas ha contenido elementos contrarios al de procurar una igualdad y equidad fiscal y aún social, ya que conlleva una tendencia clara y directa a la afectación del salario y al gravamen de las prestaciones de los trabajadores que, como causantes cautivos, son la base principal del sistema tributario, y lo cual contrasta con la política de flexibilidad que se ha otorgado a las medianas y grandes empresas.

Ante ello, el movimiento obrero, a través de la negociación contractual, ha buscado como estrategia negociar el otorgamiento de prestaciones que cubran necesidades básicas que el salario no ha alcanzado a cubrir como son alimentación, salud, vivienda, transporte, recreación y cultura, entre otras.

Es importante señalar que las prestaciones, que han sido una auténtica conquista de los trabajadores, se han reducido en su alcance y limitado en su exención, ya que originalmente estaban exentas en su totalidad; sin embargo, con las adecuaciones impuestas su exención se ha ido limitando de tal forma que en la actualidad se paga impuestos por todas las prestaciones, incluyendo la previsión social, cuando los ingresos de trabajador superan los siete salarios mínimos: 353.99 pesos diarios.

En años recientes las organizaciones sindicales han logrado incorporar nuevas prestaciones en sus contratos colectivos de trabajo, destacando entre ellos el servicio de comedor, que ha servido parcialmente para compensar la caída en el poder adquisitivo del salario.

Estas prestaciones tienen una gran ventaja, toda vez que al ser prestaciones en servicios, es decir, instrumentos de trabajo, no se consideran como ingresos en bienes para efecto de impuestos, por lo cual no causa impuesto alguno; sin embargo, es de señalar que estas prestaciones sólo se pueden otorgar a aquellos trabajadores que laboran en empresas que dentro de sus instalaciones tengan comedores y a través de ellos se otorgue la comida, ello derivado de los altos costos de inversión y, más aún, de mantenimiento, lo cual a limitado a los trabajadores principalmente de la mediana y pequeña empresa a obtener los beneficios que a través de esta disposición se otorga.

Es importante destacar que el principal objetivo de la presente propuesta de modificación es eliminar la inequidad entre los trabajadores que actualmente cuentan con el servicio de comedor en sus empresas y aquellos que no tienen dicho servicio; así también para aquellos trabajadores que, por la naturaleza del trabajo que desarrollan, al ser itinerantes no tienen acceso a esta ayuda de alimentación, o bien, porque los costos de este servicio de comedor sobrepasan la capacidad de la empresa.

Por lo tanto, es importante lograr una mayor equidad entre los trabajadores independientemente de la naturaleza de su trabajo o el tamaño de la empresa en que presten sus servicios; esta equidad se lograría sí se establece un incentivo para que las empresas que no cuenten con servicio de comedor puedan otorgar alimentación a sus trabajadores por medio de un tercero.

En efecto, se considera necesario readecuar esta disposición de ley para permitir que todos los trabajadores puedan, en su caso, obtener, mediante negociación contractual, acceder a la alimentación o comida, independientemente de si su centro de trabajo cuenta o no con comedores propios.

Ello podrá ser un estímulo para la parte patronal a fin de otorgar alimentación a sus trabajadores, conscientes de que una buena alimentación coadyuva a una mayor productividad.

En efecto, la ayuda para alimentación o comida está asociada al mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y vinculada al propósito de incrementar la productividad y competitividad en las empresas y, finalmente, asociada a los cambios experimentados en la nueva cultura laboral.

La alimentación de calidad es un derecho de todo ser humano y es deber del Estado crear las condiciones para que los trabajadores puedan, efectivamente, disfrutar ese derecho, estableciendo para ello las condiciones fiscales adecuadas y la seguridad jurídica en su otorgamiento

El artículo 123 constitucional consagra el derecho de los mexicanos al trabajo y a obtener a cambio un salario remunerador, entendiéndose como tal aquel que permite satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, siendo la primera de éstas, la adecuada alimentación de él y de su familia.

El movimiento obrero reconoce y pugna por una adecuada y correcta alimentación de los trabajadores, ya que ello incide en una mayor productividad, generando una reducción de atrasos y faltas, de rotación y de accidentes de trabajo, tiempo de recuperación de éstos y de pérdidas en los procesos productivos e incremento de la capacidad productiva del trabajador, lo que genera un mayor rendimiento.

Buscando la competitividad del empleo remunerado, un incremento de la recaudación y una disminución del gasto social, se propone una reforma a la normatividad en materia de alimentación, para que a través de incentivos fiscales a las empresas se genere que los patrones del país propicien una correcta alimentación para sus trabajadores, y a su vez se reactive un sector importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración y preparación de alimentos.

Por lo anterior, se propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores se consideren ingresos en servicios, aun cuando estos últimos, se suministren en las instalaciones propias (comedores) o en su caso, por carecer de éstas, dados los altos costos de inversión y mantenimiento, se otorguen a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados por la empresa o que formen parte de una red administrada por terceros que les permitan su adquisición, proponiendo para su deducibilidad los límites ya establecidos en la ley. Por lo antes expuesto, se propone el siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el último párrafo de la fracción VI del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de servicios de comedor y comida a los trabajadores.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 32, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Articulo 32. Gastos no deducibles.

Para los efectos de este título, no serán deducibles:

XX. Consumo en restaurantes y gastos de alimentación y comedores.

...

Tampoco serán deducibles los gastos en comedores y alimentos proporcionados por el patrón a sus trabajadores en locales propios del centro de trabajo, o los proporcionados a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de una red administrada por terceros, mediante el uso de contraseñas cuando por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, no se otorguen de manera general.

Dejarán de ser deducibles, cuando excedan en un monto equivalente a un salario mínimo general diario por trabajador, de acuerdo con el área geográfica del contribuyente, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto, por cada día en que se otorgue el servicio.

...

Artículo Segundo: Se modifica el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Ingresos que se gravan

Artículo 110. Se considerarán ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

VII. ...

Conceptos que no se consideran ingresos

No se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor o de comida proporcionada por los patrones a sus trabajadores en locales propios del centro de trabajo, o a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados directamente o que formen parte de una red administrada por terceros mediante el uso de contraseñas, ni el uso de bienes proporcionados a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

Transitorios

Artículo Único: El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputados: Juan Carlos Velasco Pérez , Érick López Barriga (rúbricas).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Juan Carlos Velasco.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social.

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús de León Tello:Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores diputados, la arbitrariedad no ha sido una constante en el desenvolvimiento de la vida política nacional en lo que va del presente siglo.

Sin embargo, no faltan casos donde se cuestiona como ilegal la actuación de algunos funcionarios, instancias gubernamentales y organismos autónomos, señalando con razón o sin ella, que en algún sentido podría haber llevado a cabo actos contrarios a la norma constitucional o legal.

Tales cuestionamientos son parte de nuestra vida democrática, por lo que hacen falta mecanismos institucionales para que en su caso las autoridades cuestionadas puedan enfrentar los señalamientos y defender, en su caso, la pertinencia de su gestión.

Entre los mecanismos que hacen falta, tenemos la indefinición que priva en casos como el del Instituto Federal Electoral, ya que en la actualidad no existe una norma que explícitamente le permita promover acciones de inconstitucionalidad para defender la cuestión legítima de dicho organismo autónomo, que es, junto a la Fiscalía para Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la democracia formal en nuestro país.

La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que tiene por objeto hacer que se respete el espíritu y la letra de la Constitución, de nuestra Carta Magna, la división y equilibrio de poderes, la cual le imprime fuerza y regularidad al estado de derecho.

Asimismo la acción de inconstitucionalidad resulta ser el único freno eficaz a las pretensiones del ejercicio del poder que pudieran ir más allá de las facultades del órgano de gobierno de que se trate y las formas de ejercerlas específicamente en la Constitución y en las leyes reglamentarias.

Actualmente la acción de inconstitucionalidad se concede explícitamente a estados, municipios, a los tres poderes de la Unión y en el inciso g) del mismo artículo 105 constitucional que se propone reformar, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se establece explícitamente al Instituto Federal Electoral, lo que genera confusión en lo que se refiere a su derecho a invocar la acción de inconstitucionalidad.

Se trata de una laguna jurídica de las que en muchos casos se hacen perceptibles por la necesidad de tener soluciones a una problemática que antes no se había tenido en cuenta, lo que representa una oportunidad para perfeccionar nuestro sistema democrático.

Un caso semejante fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el primero en percatarse fue Acción Nacional, a promover la iniciativa para legitimarlo, para promover ese tipo de controversias.

La aprobación de este mecanismo no implica en modo alguno otorgar fueros, estimular controversias o convertir al IFE en un actor político más. De lo que se trata es de permitirle al Instituto asumir su posición en el régimen de equilibrio de poderes como un actor más, que en casos específicos pueda solicitar a la Suprema Corte, en igualdad de circunstancias, la revisión de las determinaciones de otros poderes u órganos autónomos que pudieran afectar el cumplimiento de su misión y sus responsabilidades.

Acción Nacional ha defendido siempre la existencia de un órgano electoral autónomo que pueda garantizar que ningún poder o partido meta la mano en las organizaciones de los procesos electorales.

Esta reforma va en el sentido de hacer aún más clara la autonomía del IFE ya que lo fortalecerá en su gestión al quedar ahora facultado para entablar acciones de inconstitucionalidad y de esta forma no pueda quedar en estado de indefensión ante determinaciones que eventualmente lesionen su capacidad de conducirse de manera autónoma y eficaz.

En virtud de lo anterior, y para hacer patente la facultad del IFE en lo que se refiere a su derecho de solicitar que se ejerza la acción de inconstitucional, se considera pertinente y oportuno agregar al artículo 105 constitucional un inciso h) que haga implícito este derecho en los términos siguientes:

h) Se faculta al Instituto Federal Electoral a promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los principales en materia electoral que consagra esta Constitución. Asimismo, los organismos electorales equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales o la Asamblea Legislativa, según sea el caso.

Le pido, señor Presidente, que la misma sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates ya que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del PAN

Jesús de León Tello , diputado federal del Partido Acción Nacional, en ejercicio de su facultad legislativa presenta iniciativa de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de ampliar la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad en materia electoral,con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto que tiene por objeto defender el principio de regularidad constitucionalidad en el estado de derecho. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde conocer de este control de constitucionalidad, mediante las acciones que puedan plantear los sujetos legitimados previstos en el artículo 105 de la Constitución federal. No se requiere un acto de aplicación concreto para cuestionar la invalidez de la ley o reforma legislativa, sino que la sola promulgación y publicación de la norma es suficiente para que los legitimados cuestionen la dudosa constitucionalidad de la norma general y abstracta, algo que de suyo estructura un control integral de la constitucionalidad de leyes al dejar al juicio de amparo los casos en donde se requiere un agravio personal y directo, pero complementando el control constitucional de la jurisdiccionalidad cuando sin mediar ello (el interés jurídico violado), los sujetos legitimados promueven una acción de inconstitucionalidad por el solo hecho de tildar la norma como no conforme a los principios, valores o normas que establece la Constitución.

Pues bien, existe un tema de importancia nacional donde el principio de constitucionalidad es relevante para construir todo el orden jurídico secundario, tanto para legitimar como para deslegitimar los actos u omisiones de los órganos constituidos: la constitucionalidad electoral, es claro que existe todo un andamiaje fundamental que construye principios electorales rectores que sustentan el principio de las elecciones libres, auténticas y periódicas.

Es importante por tanto complementar estas normas constitucionales por medio de su defensa judicial. No basta proclamar las normas en la Constitución, sino que es menester además establecer un sistema de defensa abierto a los directamente interesados de defender un principio fundamental de esta naturaleza, pues si bien existe hoy la posibilidad de cuestionar normas que afecten los principios constitucionales en materia electoral a través de la justicia electoral, es necesario también ampliar la legitimación a los órganos especializados en la materia en la acción de inconstitucionalidad, tal como se ha hecho con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tratándose de la defensa de los derechos humanos.

Por tal razón, la constitución de los nuevos organismos autónomos, su especialización y profesionalismo justifican ampliar la legitimación activa, a nivel nacional y local, de la acción de inconstitucionalidad.

En efecto, durante la evolución del estado constitucional de derecho, se ha modificado la forma de entender, regular y desarrollar la división de poderes y la estructura de la función pública. La división de poderes, por un lado, ya no se concibe como la separación rígida de funciones y atribuciones. Es más bien una distribución de facultades entre los poderes del Estado que requieren para su funcionalidad y eficacia una serie de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas.

Por otra parte, la estructura de la función pública tampoco se concibe únicamente en forma tripartita: el poder público no sólo se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial sino que, además, existen otros órganos del Estado, denominados ``organismos constitucionales autónomos''. Las estructuras del poder y de la función pública deben, por tanto, reformularse y aplicarse a los sistemas políticos contemporáneos. La realidad constitucional, en efecto, impone la creación de nuevos órganos del estado capaces de ejercer una función pública de alta prioridad para el pueblo como en materia electoral, de derechos humanos o de rectoría del Banco de México.

Es claro que el modelo de la función pública concentrada, sin contrapesos, límites o controles eficaces, suele generar desvío de poder. El modelo omnímodo genera parcialidad, desconfianza e infuncionalidad democrática. Por tal razón, los órganos constitucionales autónomos redefinen la función pública, pues no pertenecen a ninguno de los poderes tradicionales del Estado y, por tanto, representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes: son órganos distintos de los poderes públicos que coexisten con ellos sin transgredir el orden constitucional.

Es sabido que los organismos constitucionales autónomos tienen sus orígenes en el constitucionalismo europeo en el siglo XIX, se desarrollan en el siglo XX y, muy seguramente, se consolidarán en el siglo XXI. Su finalidad es controlar los poderes tradicionales por la fuerte presencia que en ellos y en el gobierno tienen los partidos. Es decir, ``despartidocratizan'' el funcionamiento del Estado. Son generalmente órganos técnicos y profesionales de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales y, para su funcionamiento ideal, no sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de poder en la sociedad. Son, pues, órganos de equilibrio político-constitucional. Su actuación no depende de los intereses inmediatos del momento sino que, por su esencialidad, preservan su organización y funcionamiento al orden constitucional.

Los órganos constitucionales no obedecen a un capricho. Su necesidad se determina por las características con que se desenvuelve la vida política de los países democráticos. Hacen falta órganos que vigilen los excesos de los partidos y de los grupos de interés.

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México son órganos autónomos a los que, por diversas razones políticas y jurídicas, se ha conferido y dotado de una estructura funcional y orgánica, con total independencia de los tres poderes, bajo el principio de autonomía profesional.

Estos organismos públicos autónomos se conciben como autoridades constitucionales que se constituyan con los principios de esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y del estado humanista, social y democrático de derecho.

El principio de esencialidad significa que es órgano indispensable para el desarrollo de la vida democrática. El principio de permanencia implica que deben ser órganos no sujetos a la temporalidad de la función, deben funcionar en forma permanente por su importancia; pero, por otro lado, sólo el poder revisor de la Constitución puede modificarlo o suprimirlo. La independencia es la libertad de funcionar con los grados de autonomía que se les confiera, para salvaguardar la función para la que fueron creados. Deben asimismo ser imparciales y profesionales, es decir, sin compromisos políticos en cuanto que sus integrantes y su funcionamiento se guiarán por la constitucionalidad, legalidad y objetividad.

La transparencia es otro de los principios constitutivos, pues su actividad, salvo las excepciones de interés público, podrá ser conocida por cualquier ciudadano y, por tanto, cualquier persona tendrá acceso a la información pública del organismo; sus miembros, por otra parte, deben demostrar honestidad, honorabilidad y probidad en el ejercicio de su encargo.

La garantía de responsabilidad legitima los controles (legislativos, judiciales o administrativos) para el buen desempeño de su función. Permite a su vez que los titulares de estos órganos puedan ser removidos por el señalamiento de responsabilidades; sin embargo, es conveniente que cuenten con algunas garantías constitucionales para actos que realicen y sean propios de su función, así como gozar de los privilegios procesales de los altos funcionarios. Y finalmente, el sometimiento al estado social y democrático de derecho, implica la necesidad de que su función se ajuste a los principios, valores y normas de la Constitución.

La creación de estos organismos autónomos produce no sólo la necesidad de reflexionar su origen y justificación constitucional, sino también el impacto que generan en la redefinición del poder público que obliga a dar coherencia y plenitud al sistema de control constitucional, en especial en torno a la legitimación de la acción constitucional.

Mi partido, Acción Nacional, fue el primero en percatarse de estas nuevas realidades y propuso en la pasada legislatura una reforma de la Constitución para ampliar la legitimación de la acción de inconstitucionalidad para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de sus organismos equivalentes en los estados.

Por tanto, en la misma ruta que ha trazado la plataforma de mi partido y su trayectoria parlamentaria, propongo ampliar la legitimación a otro organismo como lo es el Instituto Federal Electoral y sus órganos equivalentes en los estados.

Finalmente, sería también pertinente justificar la legitimidad de órganos públicos autónomos para promover controversias constitucionales, tal como se ha planteado en los casos del IFE y otros poderes de la federación, donde es prudente y razonable que estas diferencias las resuelva la Suprema Corte de Justicia.

Por todo ello, someto a la consideración del Pleno la presente la siguiente iniciativa de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el inciso h) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 105. ...

I.... a) a k) ... II.... a)a f)...

g) ...

h) El Instituto Federal Electoral, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los principios en materia electoral consagrados en esta Constitución. Asimismo, los organismos electorales equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales o la Asamblea Legislativa, según sea el caso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Distrito Federal, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Jesús de León Tello (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionalese insértese el texto íntegro en la Gaceta y en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Jesús de León Tello.

Se pospone, a petición del grupo parlamentario del PRD, la iniciativa propuesta por la diputada Aleida Alavez Ruiz que adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El suscrito diputado Gilberto Ojeda Camacho , somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del artículo 27, y se adiciona el artículo 29, así como la fracción VII, del artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, con el más firme propósito de que se abata la recurrente escasez de medicamentos en clínicas y hospitales del sector público y de esta manera hacer realidad lo preceptuado en la Carta Magna, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo cuarto de la Constitución Política, consagra el derecho a la protección y a la salud de todos los mexicanos.

Para ello, el constituyente ha tenido a bien aprobar para expedir en consecuencia la Ley General de Salud, ordenamiento que norma precisamente los preceptos en esta materia.

Ahora bien y para los efectos del precepto constitucional, la cobertura médica y hospitalaria de México descansa principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de Salud.

Asimismo y aunque en menor proporción, las secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, así como el Gobierno del Distrito Federal y la paraestatal Petróleos Mexicanos, operan fondos de seguridad social que completan los programas de salud y servicio social del país.

En su conjunto, las instituciones referidas conforman el denominado sistema nacional de salud, que en lo fundamental proporcionan --a un 95 por ciento de la población nacional-- los servicios de prestaciones básicas de seguridad social y de atención médica.

Manifestado el antecedente y conforme al espíritu del contenido que sustenta la presente iniciativa, debo citar que para nadie es novedad que en clínicas y hospitales, tanto del IMSS como del ISSSTE, el desabasto de medicamentos se ha convertido en un problema permanente a lo largo de los últimos cinco lustros, el cual se ha visto profundizado durante la crisis de 1982 y 1994, de acuerdo con reportes oficiales.

Organismos defensores de los derechos y garantías sociales, entre los que destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de quejas en lo particular, han dado y dan cuenta de la inconformidad de la población derechohabiente que sufre las consecuencias derivadas del no suministro oportuno de medicamentos en clínicas y hospitales públicos, sobretodo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la evidente escasez de medicamentos en el IMSS ha dado lugar ya a recomendaciones, ya que la irregularidad denunciada representa una violación a los derechos fundamentales de los derechohabientes del instituto.

Hay voces que incluso han alertado con argumentos que el endémico desbasto de medicinas en los hospitales y clínicas del sector público, tiene repercusiones en el agravamiento de los padecimientos, así como en el aumento de la mortalidad por males diversos.

Esto, sin contar los perjuicios que para la economía de la clase trabajadora significa el hecho de tener que recurrir a la compra de medicinas de patente, a causa precisamente de que no les surtan en tiempo y forma las recetas que expiden médicos del sector público.

La situación a la que hago referencia en la presente exposición, ha llegado a tal nivel que incluso el director general del IMSS, reconoció recientemente la existencia del llamado desabasto de medicamentos en hospitales de la institución, amén de la falta de calidad en el servicio que se brinda a la población derechohabiente.

La presente exposición no pretende poner en el banquillo de los acusados a nadie, sino más bien hacer eco de un problema creciente que cada día a afecta a un mayor número de mexicanos.

Sobretodo, aportar una medida que en lo jurídico se signifique por dejar preceptuado el derecho de la población derechohabiente de los servicios de salud a recibir en suficiencia y calidad medicamentos, donde muy a pesar de la grave situación financiera que afecta al sector público y atendiendo al cumplimiento del principio que dio origen a los sistemas de salud pública, los organismos responsables de garantizarla a la población sea esta o no derechohabiente, tienen que fijar como prioridad mínima el garantizar consulta y medicamentos con calidad y suficiencia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del artículo 27, se reforma el artículo 29 y adiciona la fracción VII del artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

VII. ...

VIII. La disponibilidad en suficiencia y calidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. ...

Artículo 29. Del cuadro básico de insumos del sector salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia y disponibilidad en suficiencia y calidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del sistema de protección social en salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en ese Título.

...

VI. ...

VII. Prescripción y surtimiento suficiente y de calidad de medicamentos, y

VIII. ...

Transitorio

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes abril de dos mil siete.--- Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica).»

Espero, compañeros diputados, que al ser turnada esta iniciativa a la comisión respectiva apoyen para resolver un problema que es recurrente en todo el país y que en todos los estados de la República los estamos padeciendo con mucha insistencia. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Ojeda Camacho.Túrnese la iniciativa a la Comisión de Salud.

ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Felipe González Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Felipe González Ruiz:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país la criminalidad sigue causando daño; erosiona los fundamentos mismos de la convivencia civilizada y aunque aparentemente no nos afecta en lo personal, el solo temor que provoca influye desfavorablemente en nuestra calidad de vida.

Según encuestas de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, una mayor proporción de individuos han dejado de realizar alguna actividad por temor a ser víctimas del delito.

Lo anterior es así a pesar de los grandes esfuerzos que en materia de seguridad pública vienen realizando los gobiernos federal, estatales y municipales para combatir y contrarrestar el fenómeno delictivo.

Tenemos como ejemplo de estos esfuerzos, el que ha realizado el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien desde el principio de su gestión inició una fuerte ofensiva en contra de grupos del crimen organizado, esfuerzo que ha tenido resultados inmediatos favorables para la sociedad mexicana.

Por otro lado, a nosotros como Poder Legislativo nos corresponde realizar las reformas legales necesarias para poder contar con una normatividad más eficiente, que ayude al mantenimiento de la paz y el orden sin afectar los derechos y las libertades de los individuos, procurando que las instituciones encargadas de la seguridad pública logren un equilibrio entre la fuerza coercitiva del Estado y el respeto a las garantías individuales tuteladas por el derecho.

Como todos sabemos, en la legislación mexicana la seguridad pública se ha elevado ya a rango constitucional. Esta se establece en el artículo 21 como una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios en sus respectivas competencias. Asimismo, también señala que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

De igual forma, este mismo ordenamiento que conceptualiza la seguridad pública como la función a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, tiene por finalidad también desarrollar los principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, los estados y los municipios deben coordinar sus recursos, sus esfuerzos y sus acciones en el campo de la seguridad pública.

Sin embargo, al margen de los programas preventivos que son fundamentales y que buscan controlar los índices delictivos, es innegable que también hay que atender el problema de la reincidencia y de los que habitualmente delinquen, aquellos que lejos de readaptarse conforme al ideal de la norma, persisten en cometer hechos delictivos y algunos de ellos incluso se especializan en cierto género de delitos.

Por ello es importante sentar las bases que permitan al Estado vigilar a aquellos de quienes se tienen fundados indicios sobre su proclividad a la delincuencia y que, por la gravedad del ilícito que cometieron, necesitan seguir siendo observados, a fin de que el Estado pueda tener la certeza de que no volverán a cometerlo; y con ello salvaguardar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general.

En este sentido, debe recordarse que existen diversos tipos de medidas de seguridad entre las que destacan las curativas, las de internación y las de vigilancia. Éstas últimas pueden ser impuestas a una persona por disposición expresa de la ley y se pueden imponer discrecionalmente a cierto grupo de personas que cometen determinados delitos y que, por las características especiales de éstos, es conveniente que estén bajo observación.

Podemos encontrar ejemplos de estas medidas de seguridad en las legislaciones sustantivas penales de los estados de Chiapas, Durango, Estado de México y Nayarit.

Es necesario insistir que la imposición de estas medidas de vigilancia será únicamente para reincidentes o habituales que hubieran sido sentenciados por la comisión de un delito grave, en los términos previstos en las disposiciones penales correspondientes, en virtud de que se consideran sujetos con mayor proclividad a reincidir en la comisión de conductas delictuosas.

Como esta medida de vigilancia, posterior a la etapa penitenciara, entraña un acto privativo, es menester que se encuentre regulada constitucionalmente, a fin de asegurar, desde esta normatividad, que la autoridad judicial, al resolver sobre la petición que se le formule, respete al máximo las garantías individuales que la Constitución consagra a favor de todo gobernado, amén de que esa petición debe estar debidamente fundada y motivada.

Aunado a lo anterior, a fin de salvaguardar las garantías de los sentenciados, será necesaria la observancia de un procedimiento previo a la imposición de la medida de vigilancia y posterior a la etapa penitenciaria.

Este procedimiento consistirá en una solicitud por escrito a la autoridad judicial competente para que imponga a una persona la medida de referencia, la cual, se propone en esta iniciativa no exceda de una tercera parte de la pena de prisión que anteriormente le haya sido impuesta, siempre y cuando se justifique que es necesaria para salvaguardar la integridad o los derechos de otras personas, particularmente de la víctima y ofendido o bien, para preservar las libertades y el orden público.

Tomando como base lo anteriormente expuesto y retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad y en congruencia con la plataforma del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan dos párrafos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como artículo único.

Señor Presidente, le solicito la inscripción íntegra del texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Felipe González Ruiz , integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La criminalidad aniquila muchos anhelos, convierte muchos sueños en una sórdida pesadilla, destruye muchas esperanzas, ciega muchas luces, erosiona los fundamentos mismos de la convivencia civilizada. Aunque no nos afecte personalmente, el puro temor que provoca influye desfavorablemente en nuestra calidad de vida.

La Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realiza actividades encaminadas a fortalecer las investigaciones y publicaciones que aporten datos confiables y proporcionen, al mismo tiempo, elementos de análisis novedosos en el tema de la violencia social. Para ello se aprovechan encuestas de victimización y percepción de la seguridad pública que cuenten con elementos de análisis estadísticos que enriquezcan el conocimiento acerca de la violencia social; así, mediante la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública Nacional, se evidencia que el 39.1 por ciento de los habitantes del valle de México perciben su ciudad como insegura, a diferencia del total nacional, donde 29.47 por ciento opina que es seguro y 11.14 por ciento que es inseguro.

En cuanto al Distrito Federal, el 38.43 por ciento declaró que se siente inseguro, con un bajo porcentaje en las actitudes extremas. Lo anterior nos lleva a considerar que la percepción de la seguridad en el lugar donde se vive en nuestro país es de inseguridad con tendencia a muy inseguro.

De la encuesta se desprende también que una mayor proporción de individuos ha dejado de realizar alguna actividad por temor a ser víctima se localizó entre quienes no han sido víctimas, con 98.6 por ciento de las personas de este grupo, mientras que 96.1 por ciento ha dejado de realizar una actividad como consecuencia de que han sufrido algún delito, por temor a ser víctima nuevamente.

Los resultados anteriores indican que el temor a ser víctima es una variable que influye de manera determinante en las actividades que realizan los individuos.

Entre las personas que han sido víctimas las actividades que han dejado de realizar son llevar dinero en efectivo, salir de noche y usar joyas, con porcentajes de 27.7, 26.6 y 26.3 por ciento, respectivamente. Por otra parte, los que no han sido víctimas de algún delito principalmente han dejado de usar joyas, 33.2 por ciento; seguido de llevar dinero en efectivo, con 28.40 por ciento, y en tercer sitio el salir de noche, con 20.20 por ciento de los casos de este grupo.

Por eso, desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra comunidad. En el ámbito social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Estado.

Sin embargo, el dilema de la seguridad pública es realizar su función para lograr el mantenimiento de la paz y el orden, sin afectar los derechos y las libertades de los individuos. Las instituciones encargadas de la seguridad pública deben lograr un equilibrio entre la coerción y el respeto de los valores éticos tutelados por el derecho. Así, la protección de los valores fundamentales del hombre legitimará el ejercicio de la fuerza.

Por ello se persiste en un sistema de protección al individuo y a sus derechos fundamentales que no devenga en espacios de inseguridad ante la violencia y al delito. Se busca mayor presencia de inculpados y ofendidos dentro del procedimiento, de mejorar su entroncamiento con el ejercicio de la misma. En fin, adoptar una posición frontal ante la delincuencia y las consecuencias secundarias que ello entraña.

Conforme a lo anterior, es oportuno señalar que en la legislación mexicana la seguridad pública se ha elevado ya a rango constitucional. En el artículo 21 se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Por eso el Poder Legislativo considera que la revisión y actualización de las normas jurídicas constituye uno de sus principales compromisos, porque está convencido de que el estado de derecho es la base fundamental en la que se descansa la armonía entre el ejercicio de la autoridad y la libertad de las personas.

La sociedad reclama, y con justa razón, mayor eficiencia, oportunidad y calificación de las instituciones y de quienes las integran para detener, procesar y castigar a los delincuentes; de ahí que sea preciso revisar y actualizar las disposiciones, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser la norma suprema del país, no sólo para atender aquélla exigencia que en nuestros días es clamor de urgente e impostergable respuesta, sino también síntoma evidente de que el Estado debe fortalecer sus mecanismos para hacer frente a la delincuencia e impunidad que hoy socavan las bases de la sociedad.

Por ello, nuestra Constitución política, en su parte dogmática, reconoce los derechos fundamentales de todo individuo, esos que le son inherentes y que reclama ante el ordenamiento jurídico por su simple calidad de ser humano. Las garantías individuales son otro de los valores tutelados en un régimen de seguridad pública.

Estos valores son tutelados en el ámbito de todas las actividades estatales incluidas en la función de seguridad pública. Así, la población encuentra protegidos sus derechos y libertades contra cualquier acto de autoridad, ya sean actos de molestia (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) o de privación (artículo 14) por parte de cuerpos policiales en labores de investigación o prevención; de los agentes del Ministerio Público o personal de las procuradurías; de magistrados, jueces y demás miembros del Poder Judicial, y en el ámbito administrativo, de los custodios o personal distinto de los centros de readaptación social.

De los preceptos referidos se deriva una doble consecuencia: por un lado, los miembros de la sociedad y del Estado están obligados a respetar los valores descritos en dichas garantías; sin embargo, se otorga facultad al Estado para afectarlas mientras cumpla con todas y cada una de las formalidades esenciales de los procedimientos que para tales supuestos establece la propia Constitución.

De igual forma, el ordenamiento que conceptualiza la seguridad pública como la ``función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos'' tiene por finalidad desarrollar los principios constitucionales conforme a los cuales la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios deben coordinar sus recursos, esfuerzos y acciones en el campo de la seguridad pública; y encuentra su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, al margen de los programas preventivos --que son fundamentales--, que buscan controlar los índices delictivos, es innegable que también hay que atender el problema de la reincidencia y de los que habitualmente delinquen; de aquéllos que lejos de resocializarse, conforme al ideal de la norma, persisten en cometer hechos delictuosos y otros, incluso, especializarse en cierto género de ellos, por lo que, es importante sentar las bases que permitan al Estado vigilar a aquéllos de quienes se tienen fundados indicios sobre su proclividad a la delincuencia o que, por la gravedad del ilícito que cometieron, necesitan ser observados, a fin de que el Estado pueda tener la certeza de que no volverán a cometerlos y con ello salvaguardar la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general.

En ese sentido, debe recordarse que existen diversos tipos de medidas de seguridad, entre las que destacan las curativas, de internación y de vigilancia, las cuales pueden ser impuestas a una persona por disposición expresa de la ley, y aquellas que se pueden imponer discrecionalmente a cierto grupo de personas que cometen determinados delitos o que por las características especiales de éstos es conveniente que estén bajo observación.

Así, pueden ejemplificarse estas formas de medidas de seguridad, en las legislaciones sustantivas penales de las siguientes Entidades Federativas:

Chiapas

``...Capítulo XIII

Vigilancia de la Policía

Artículo 46. La vigilancia de la policía tendrá un doble carácter:

I. La que se impone por disposición de la ley;

II. La que podrá imponerse discrecionalmente a los responsables de la comisión de los delitos de robo, lesiones y homicidio dolosos, y a los reincidentes o habituales y en los demás casos que se señalan en este código.

En el primer caso la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia. En el segundo, la vigilancia comenzará a partir del momento en que el sentenciado extinga la pena de prisión, no pudiendo exceder de tres años....''

Durango

``...Subtítulo Segundo

De las Medidas de Seguridad

Capítulo Primero

Vigilancia de la Autoridad

Artículo 62. La vigilancia de la autoridad tendrá un doble carácter:

I. La que se impone por disposición expresa de la ley;

II. La que se podrá imponer discrecionalmente a los responsables de los delitos de robo, lesiones y homicidio doloso; y

III. Aquellos casos en que el juez lo considere conveniente.

En el primer caso la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia; en el segundo, la vigilancia comenzará a partir del momento en que el sentenciado extinga la pena de prisión; respecto del tercer caso, se estará al criterio del juzgador; lo señalado por las fracciones I y II de éste artículo no podrá exceder de un lapso de cinco años...''

Estado de México

``...Capítulo XII

Vigilancia de la Autoridad

Artículo 51. La vigilancia de la autoridad tendrá un doble carácter:

I. La que se impone por disposición expresa de la ley; y

II. La que se podrá imponer, discrecionalmente, a los responsables de delitos de robo, lesiones y homicidios dolosos, y a los reincidentes o habituales.

En el primer caso, la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia.

En el segundo, la vigilancia comenzará a partir del momento en que el sentenciado extinga la pena de prisión y no podrá exceder de un lapso de cinco años...''

Nayarit

``...Capítulo XIV

Vigilancia de la Autoridad

Artículo 63. La vigilancia de la autoridad tendrá un doble carácter:

I. La que se impone por disposición expresa de la ley; y,

II. La que se podrá imponer, discrecionalmente, a los responsables de delitos de vagancia y malvivencia, robo, lesiones y homicidios dolosos, y a los reincidentes o habituales.

En el primer caso, la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia. En el segundo, la vigilancia comenzará a partir del momento en que el que el inculpado extinga la pena de prisión y no podrá exceder de un lapso de cinco años...''

De esas legislaciones se evidencia pues que las medidas de seguridad se pueden aplicar de forma alterna a la pena de prisión impuesta a un individuo o de forma posterior al cumplimiento de la pena impuesta, es decir, de forma pospenitenciaria; esta última resultaría eficaz para que, por un lado, se vigile al sentenciado y verificar que se haya cumplido el fin de la pena y, por el otro, como medida disuasiva en la comisión de delitos.

La vigilancia posterior a la compurgación de una sentencia ya es una realidad en diversas entidades federativas y si bien aquélla debe ser discrecional, también lo es que debe reunir un mínimo de requisitos para que pueda ser aplicable, por ello se propone adicionar el artículo 21 constitucional y establecer que es facultad exclusiva de la autoridad judicial la imposición de medidas de vigilancia posteriores a la etapa penitenciaria y que ésta quedará a cargo de la institución policial que faculte la ley.

Se limita además la imposición de las referidas medidas de vigilancia a reincidentes o habituales que hubieren sido sentenciados por la comisión de un delito grave en los términos previstos por las disposiciones penales correspondientes, en virtud de que se consideran sujetos con mayor proclividad a reincidir en la comisión de conductas delictuosas.

En ese sentido, toda vez que la medida de vigilancia posterior a la etapa penitenciaria entraña un acto privativo para el gobernado, es menester que ésta se encuentre regulada constitucionalmente, a fin de asegurar desde esta normatividad, que la autoridad judicial al resolver sobre la petición que la autoridad competente le formule, respete al máximo las garantías individuales que la Constitución consagra a favor de cualquier gobernado; amén de que la misma debe estar debidamente fundada y motivada.

Aunado a lo anterior, a fin de salvaguardar las garantías de sentenciados, se impone la observancia de un procedimiento previo a la imposición de las medidas de vigilancia posterior a la etapa penitenciaria; consistente en que la autoridad competente deberá solicitar por escrito a la autoridad judicial que imponga a una persona la medida de referencia, la cual no podrá exceder de una tercera parte de la pena de prisión que le haya sido impuesta, siempre y cuando se justifique que es necesaria para salvaguardar la integridad o derechos de las personas, particularmente de la víctima u ofendido, o para preservar las libertades y el orden públicos.

Finalmente, resulta pertinente señalar que la presente iniciativa retoma conceptualmente y sistematiza propuestas de reforma constitucional presentadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la anterior legislatura y adicionalmente plantea una serie de reformas adicionales con el fin de lograr el perfeccionamiento integral de esta medida de seguridad que se pretende implementar por virtud de la presente propuesta legislativa, con la finalidad de que la autoridad pueda contar con los mecanismos jurídicos necesarios a fin de poder dar respuesta satisfactoria a una de las principales demandas de la sociedad, que es el contar con condiciones propicias de seguridad pública.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, el suscrito, en concordancia con los postulados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de seguridad pública, presenta con todo respeto y pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 21. ...

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En los asuntos del orden penal, la autoridad policial que faculte la ley, podrá implementar, previa autorización del juez competente, medidas de vigilancia respecto de aquellas personas que hubieren compurgado una pena de prisión por la comisión de un delito considerado grave por la ley penal, siempre y cuando se trate de una persona considerada como reincidente o habitual y dicha medida sea necesaria para salvaguardar la integridad o derechos de las personas, particularmente de la víctima u ofendido, o para preservar las libertades y el orden públicos.

Esta vigilancia se ajustará a los requisitos y límites previstos en las leyes correspondientes, debiendo implementarse a partir del momento en que el sentenciado extinga la pena de prisión y por el tiempo estrictamente necesario a juicio de la autoridad judicial, sin que pueda exceder de una tercera parte de la pena de prisión impuesta. Todo abuso será sancionado por la ley penal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionalese insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Felipe González.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 4o-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Mario Enrique del Toro:Con el permiso de la Presidencia. El suscrito, diputado Mario Enrique del Toro, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly el artículo 89 constitucional, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida laboral a nivel mundial se ha incrementado hasta alcanzar 40 por ciento, además de estar presente mayoritariamente en los trabajos no remunerados, como el cuidado de la casa, la preparación de alimentos, en la familia, el cuidado de los enfermos, en el hogar y la ardua y permanente tarea de cuidad, educar y formar a los infantes.

No obstante, esta arrolladora e innegable participación de las mujeres en el progreso, en la construcción de la economía, en el sostén de los hogares y en la formación de los seres humanos que integran la sociedad, la desigualdad laboral continúa. Se estima que las mujeres obtienen en promedio un 30 por ciento menos por el mismo trabajo que desarrollan los hombres y que existe una marcada tendencia a la desigualdad de género en materia de ascensos.

A pesar de que la capacitación y el nivel educativo son similares en hombres y mujeres, los cargos de mayor nivel son ocupados en una franca mayoría por el género masculino. El índice de desigualdad que presentó el Foro Económico Mundial 2007 deja a nuestro país en el lugar número 76 en cuanto al empoderamiento político de la mujer, al considerar su participación dentro de las secretarías de Estado.

Es importante destacar que México firmó el instrumento llamado Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el cual en su artículo 3o. señala que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

En este mismo orden de ideas, el Estado mexicano tiene la obligación de velar por el respeto a la equidad de género, tal como lo considera la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, la cual en su artículo 17 dice que la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural; fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida; fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

Según cifras de la Organización Internacional de Trabajo, sólo el 3 por ciento de los puestos ejecutivos de las mayores empresas del mundo están ocupados por mujeres y 13 por ciento de los parlamentarios está ocupado por ellas; dato que corrobora la desigualdad de género evidente.

En nuestro país, en el Poder Ejecutivo actual las mujeres están representadas en un 20 por ciento; en el gabinete ampliado en un 8.3; en el staff de la Presidencia un 28.57; en el Poder Judicial 18.18. Tan sólo en nuestro propio Parlamento, a pesar de que la ley establece que las mujeres deben estar representadas en un 30 por ciento, actualmente el Partido Acción Nacional tiene 25 por ciento de mujeres; el PRD, 21 por ciento; el PRI, 17 por ciento; el Partido Verde, 41; Convergencia, 23; Partido del Trabajo, 16; Nueva Alianza, 44; Alternativa, 40 por ciento.

Por lo tanto, se considera necesario abrir espacios de participación política que permitan no sólo reconocer su innegable derecho a ello, sino que además sirva de ejemplo para incorporarlas en los ámbitos privados en los niveles de dirección.

El género femenino requiere en este momento y de manera urgente, oportunidades para demostrar, oportunidades que permitan un paradigma de participación que emulen otros ámbitos de apertura, que generen una reacción en cadena; por ello se propone incorporar en el gabinete presidencial un porcentaje que corresponda a la realidad de la participación femenina que obligue por ley a reconocer su derecho a tomar los cargos en las secretarías de Estado. Esta obligación es necesaria en la ley, en virtud de que no se puede dejar al arbitrio de la buena voluntad de la figura presidencial, pero desde luego tenderá a ser letra muerta en el momento en que en el ámbito nacional se haya vuelto costumbre cuando sea habitual, como hoy lo es el voto de la mujer; como es la participación profesional en todos los ámbitos; como hoy no se restringe su formación académica.

De esta forma la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública federal permeará de arriba hacia abajo en los niveles de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área, así como en los estados y municipios. Sólo así podremos avanzar en la promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de género en la vida nacional.

Diputados y diputadas, pongamos a México a la vanguardia en la consolidación de los derechos de la mujer.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 89 constitucional:

Único. Se adiciona al artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los párrafos cuatro y cinco; y una fracción XX al artículo 89 constitucional, pasando el texto vigente del actual a ser una nueva fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.-A. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los titulares de la secretarías de Estado en una proporción de igualdad de género, tendiente 50 por ciento, pudiendo oscilar entre 60 y 40 para cualquiera de los dos géneros. Cualquier cambio de nombramiento deberá conservar esta proporción.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente, y solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates mi iniciativa. Gracias.

«Iniciativa que adiciona un artículo 4o.-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida laboral a nivel mundial se ha incrementado hasta alcanzar el 40 por ciento, además de estar presente mayoritariamente en los trabajos no remunerados, como el cuidado de la casa, la preparación de los alimentos de la familia, el cuidado de los enfermos en el hogar, y la ardua y permanente tarea de cuidar, educar y formar a los infantes.

No obstante esta arrolladora e innegable participación de las mujeres en el progreso, en la construcción de la economía, en el sostén de los hogares y en la formación de los seres humanos que integran la sociedad, la desigualdad laboral continúa: se estima que las mujeres obtienen en promedio un 30 por ciento menos por el mismo trabajo que desarrollan los hombres, y que existe una marcada tendencia a la desigualdad de género en materia de ascensos.

A pesar de que la capacitación y el nivel educativo son similares en hombres y mujeres, los cargos de mayor nivel son ocupados en una franca mayoría por el género masculino.

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, sólo el 3 por ciento de los puestos ejecutivos de las mayores empresas del mundo están ocupados por mujeres, y el 13 por ciento de los parlamentarios está ocupado por ellas, dato que corrobora la desigualdad de género evidente.

Hoy día contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, encargado de promover la participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, lo que ha rendido frutos importantes.

No obstante, es innegable que tenemos la necesidad de avanzar más decididamente en la consolidación de la participación de la mujer en la vida política, pues si bien es cierto se ha obtenido un claro avance en materia de participación política, los hombres siguen siendo una franca mayoría, al ocupar cargos de decisión.

Por ello se considera necesario abrir espacios de participación política que permitan no sólo reconocer su innegable derecho a ello, sino que, además, sirva de ejemplo para incorporarlas en los ámbitos privados en los niveles de dirección.

Hoy por hoy, no se requiere de capacitación profesional para la mujer, dada su preparación, ni de sensibilización social sobre sus capacidades y posibilidades de desarrollo: el género femenino requiere, en este momento y de manera urgente, oportunidades para demostrar, oportunidades que permitan formar un paradigma de participación que se emule en otros ámbitos, de apertura que genere una reacción en cadena.

Por ello se propone incorporar en el gabinete presidencial un porcentaje que corresponda a la realidad de la participación femenina, que obligue, por ley, a reconocer su derecho a tomar los cargos en las secretarías de Estado.

Esta obligación es necesaria en la ley, en virtud de que no se puede dejar al arbitrio de la buena voluntad de la futura figura presidencial. Pero, desde luego, tenderá a ser letra muerta en el momento en que en el ámbito nacional se haya vuelto costumbre, cuando sea habitual, como hoy lo es el voto de la mujer, como hoy es la participación profesional en todos los ámbitos, como hoy no se restringe su formación académica.

De esta forma, la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública federal permeará de arriba a abajo, de los niveles de secretaría a los de subsecretaría, a direcciones generales, a direcciones de área; de la federación a los estados, de los estados a los municipios; de la administración pública federal a los sectores privado y social.

Sólo así podremos avanzar en la promoción y fomento de las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de géneros en la vida nacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o.-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Único. Se adiciona el artículo 4o.-A de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 4o.-A. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República podrá nombrar y remover libremente a los titulares de las secretarías de Estado, en una proporción de igualdad de género en el gabinete, tendiente al cincuenta por ciento, pudiendo oscilar entre el 60 por ciento y 40 por ciento para cualquiera de los dos géneros.

Cualquier cambio de nombramientos deberá conservar esta proporción.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de Gobernacióne insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado el diputado Mario Enrique del Toro.

Esta Presidencia da la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que se encuentran en este recinto parlamentario. Bienvenidos.

LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui:Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa tiene el objeto de incrementar y hacer expedita la donación a organismos asistenciales autorizados para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta; los gobiernos de los estados; los municipios yDistrito Federalde bienes transferidos al servicio de administración y enajenación de bienes.

El SAE es el responsable de recibir todos aquellos bienes que de acuerdo con la legislación vigente, pueden recabar por diversos medios, sea proveniente de procesos penales, federales, procesos relacionados con la aplicación de la legislación en materia aduanera, los recibidos en dación cuando se trata de cubrir créditos al gobierno federal, los embargados o abandonados a favor del gobierno federal, los que pasan a ser propiedad del fisco federal o aquellos provenientes de títulos, valores o activos susceptibles de enajenación.

Lo anterior significa un cúmulo de diversos tipos de bie-nes que de acuerdo con la ley que los regula, son transferidos al SAE para efectuar sobre ellos algunas acciones: su administración, enajenación, destrucción o donación, según el tipo y características de los mismos.

Esta ley faculta al SAE en el artículo 31 para la aplicación de dos procedimientos para la enajenación de los bienes: la donación a los gobiernos de los estados, los municipios y del gobierno federal, así como a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen registradas en el directorio de donatarias autorizadas un total de 5 mil 472 instituciones.

El segundo procedimiento es la compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.

Sin embargo, siendo uno de los objetivos de coadyuvar al fortalecimiento de aquellas instituciones sin fines de lucro, especialmente las dedicadas a la asistencia social, con la donación de bienes que les permitan aminorar el impacto ante la escasez de recursos para mantener su permanencia y actividades en beneficio de sectores sociales vulnerables, una gran mayoría de estas instituciones reclaman el poco o mínimo apoyo que existe desde hace años por parte de las autoridades responsables de canalizar las citadas donaciones de bienes.

De acuerdo con datos recientemente publicados en la página de Internet del SAE, en 2003, 2004, 2005 y 2006 se han donado a diversas entidades, aproximadamente a 491, la mayoría municipios con 4 millones de unidades, única y exclusivamente en 3 tipos de mercancías: juguetes, ropa y calzado, adorno de cerámica y 42 vehículos.

Debemos analizar por qué año con año sólo se destina un tipo de bien, como los juguetes, cuando todos conocemos que por lo menos en los almacenes del Distrito Federal existen mercancías por más de 2 mil millones de pesos y su diversidad abarca desde electrodomésticos, ropa nueva, alimentos enlatados, medicinas, materiales quirúrgicos, materiales de hospital, computadoras, bienes raíces, etcétera.

Considerando que debe existir un mayor apoyo a las instituciones que prestan servicios asistenciales en todo el país que en su mayoría atraviesan por una serie de carencias para el cumplimiento de su objetivo social, el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, presenta a esta soberanía la propuesta para modificar y proveer al SAE de facultades que le permitan destinar al menos 50 por ciento del total de bienes que le son transferidos al procedimiento de donación, modificando el artículo 31 y estableciendo un sentido de equidad entre los bienes que son enajenados, vía la computadora, y los que son donados.

Además, proponemos la modificación de los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 para que las instituciones interesadas cuenten con claridad y transparencia de información sobre los bienes susceptibles de donación para el curso que deben seguir los bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal, señalados en la fracción VI del artículo 1o. de y para que las entidades solicitantes de donaciones reciban del SAE respuesta pronta y expedita en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Parte fundamental de las reformas propuestas radica en la modificación del texto al artículo 34 que a la letra señala: ``en casos excepcionales los bienes podrán ser donados''. Lo que puede interpretarse como una condicionante que permite la discrecionalidad de la autoridad para decidir cuándo y qué bienes donará, perdiéndose del espíritu de la ley un concepto que debería ser considerado equitativo y benéfico para toda aquella institución que cumple con sus obligaciones fiscales y que además colabora con la asistencia social en este país.

Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma pretende destacar que sí existen recursos para combatir diversas problemáticas sociales y que haciendo las reforma legales a la ley podemos fortalecer a los organismos sociales y, en consecuencia, a decenas de comunidades del país.

Tal es el caso por todos conocido del aseguramiento que realizó la PGR el mes pasado, dando un duro golpe a la delincuencia organizada, rompiendo un récord mundial, rebasando todo lo decomisado en cualquier sexenio anterior; me refiero a los 205 millones de dólares provenientes de actividades delictivas.

Sabemos que existe un procedimiento para la adjudicación de estos recursos mientras no se emita una sentencia definitiva del Poder Judicial que ordene su incautación. Por ser de origen ilícito, no podrá pasar a disposición del Estado.

Existe administrativamente la normatividad para aplicar equitativamente los recursos; sin embargo, a nombre del grupo parlamentario del PRI, manifestamos la situación de pobreza y marginación que viven miles de mexicanos en situaciones de vulnerabilidad, por lo que proponemos que dichos recursos, en su oportunidad ---hoy, mañana o cuando se pueda--- se destinen a fortalecer los programas sociales para personas con discapacidad, personas con VIH sida, niños con cáncer, mujeres en situación de violación, trasplantes, indígenas, niños de la calle, grupos vulnerables en general.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta soberanía la aprobación de la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforman los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 4. El SAE integrará una base de datos de carácter público, con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la Procuraduría, las dependencias y entidades de la administración pública federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.

Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles podrán recibir un ejemplar de dicha publicación, previa solicitud, que deberá ser resuelta por el SAE en un plazo no mayor de tres días.

Artículo 16. Reforma. Los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 1 de esta ley, y los que sean incosteables serán donados, destruidos o enajenados por el SAE a través de los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta ley.

Artículo 31. Reforma. Se incluye el siguiente párrafo: Del total de los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 16 transferidos al SAE, se destinará de forma equitativa 50 por ciento al procedimiento de donación.

Artículo 34. Del total de los bienes transferidos al SAE, 50 por ciento de los diversos bienes, de conformidad con lo que establecen para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que en su caso prevean las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos serán donados equitativamente a favor de:

I. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

II. Los gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal para que los utilicen en los servicios públicos locales en fines educativos o de asistencia social.

Artículo 35. Para la donación de los bienes, el SAE se apoyará del Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el reglamento. Las solicitudes de donación efectuadas al SAE, deberán ser resueltas en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Solicito respetuosamente se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con objeto de incrementar y hacer expedita la donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, los gobiernos de los estados, los municipios y Distrito Federal, de bienes transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 19 de diciembre de 2002 fue publicada la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, abrogándose la anterior Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados.

Con esta nueva ley se alcanzó un importante objetivo, organizar y controlar el destino de todos los bienes asegurados, decomisados o abandonados, mediante la creación del SAE.

Dicha entidad pública es la responsable de recibir todos los bienes que, de acuerdo con la legislación vigente, puede recibir por diversos medios, sea proveniente de procesos penales federales, procesos relacionados con la aplicación de la legislación en materia aduanera, los recibidos en dación cuando se trata de cubrir créditos al gobierno federal, los embargados o abandonados a favor del gobierno federal, los que pasan a ser propiedad del fisco federal o los provenientes de títulos, valores o activos susceptibles de enajenación.

Lo anterior significa un cúmulo de diversos tipos de bienes que, de acuerdo con la ley que los regula, son transferidos al SAE para efectuar sobre ellos alguna de las siguientes acciones: administración, enajenación, destrucción o donación, según su tipo y características.

Asimismo, esta ley faculta al SAE en el artículo 31 a efecto de aplicar dos procedimientos para la enajenación de los bienes: la donación a los gobiernos de los estados, los municipios y del Distrito Federal, así como a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existen registradas en el directorio de donatarias autorizadas un total de 5 mil 472 instituciones.

El segundo procedimiento autorizado al SAE es la compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.

Sin embargo, siendo uno de los objetivos de esta ley coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones sin fines de lucro, especialmente las dedicadas a la asistencia social, con la donación de bienes que les permitan aminorar el impacto ante la escasez de recursos económicos para mantener su permanencia y actividades en beneficio de sectores sociales vulnerables, una gran mayoría de estas instituciones reclama el poco o mínimo apoyo que existe desde hace años por parte de las autoridades responsables de canalizar las citadas donaciones de bienes.

De acuerdo con datos recientes publicados en la página de Internet del SAE, en 2003, 2004, 2005 y 2006 se donaron a diversas entidades, aproximadamente a 491 --la mayoría municipios--, 4 millones 85 mil 725 unidades, única y exclusivamente en tres tipos de mercancías: juguetes, ropa y calzado adornos de cerámica, y 42 vehículos.

Asimismo, debemos analizar por qué año con año sólo se destina un tipo de bien, como los juguetes, cuando todos conocemos que por lo menos en los almacenes del Distrito Federal existen mercancías por más de 2 mil millones de pesos, y su diversidad abarca desde electrodomésticos, ropa nueva, alimentos enlatados, medicinas, y materiales quirúrgicos y de hospital hasta computadoras.

Considerando que debe existir mayor apoyo a las instituciones que prestan servicios asistenciales en todo el país, que en su mayoría atraviesan por una serie de carencias para el cumplimiento de su objeto social, el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, presenta a esta soberanía, la propuesta para modificar esta ley y proveer al SAE de facultades que le permitan destinar al menos 50 por ciento del total de bienes que le son transferidos al procedimiento de donación, modificando el artículo 31 y estableciendo un sentido de equidad entre los bienes que son enajenados vía la compraventa y los que son donados.

Además, proponemos la modificación del artículo 4, para que todas las instituciones interesadas cuenten con claridad y transparencia de la información sobre los bienes que son susceptibles de donación, mediante una publicación bimestral que emita el SAE, y que dicha información les sea proporcionada, previa solicitud, en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Dado que el artículo 16 señala el origen de los bienes que serán susceptibles de donación, destrucción o enajenación, proponemos que en dicho artículo se incluyan los bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal, señalados en la fracción VI del artículo 1 de esta ley.

Parte fundamental de las reformas propuestas radica en la modificación del texto actual que comprende al artículo 34, ya que a la letra señala que ``en casos excepcionales... los bienes podrán ser donados'',lo que puede interpretarse como una condicionante que permite la discrecionalidad de la autoridad para decidir cuándo y qué bienes donará, perdiéndose del espíritu de la ley un concepto que debería ser considerado equitativo y benéfico para toda institución que cumple sus obligaciones fiscales y que además colabora con la asistencia social en este país.

Finalmente, proponemos que, en el artículo 35, las entidades solicitantes de donaciones reciban del SAE respuesta pronta y expedita, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, considerando que al día de hoy pueden pasar meses en que una institución e incluso los propios gobiernos estatales o los municipios sean informados por el SAE sobre el curso o la resolución de sus solicitudes.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía la aprobación de la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, 16, 31, 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 4.

Dice:

El SAE integrará una base de datos de carácter público con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la procuraduría, las dependencias y entidades de la administración pública federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.

Reforma:

El SAE integrará una base de datos de carácter público con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la procuraduría, las dependencias y entidades de la administración pública federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles podrán recibir un ejemplar de dicha publicación, previa solicitud, que deberá ser resuelta por el SAE en un plazo no mayor de tres días.

Artículo 16.

Dice:

Los bienes a que se refiere la fracción V del artículo 1 de esta ley y los que sean incosteables serán donados, destruidos o enajenados por el SAE a través de los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta ley.

Reforma:

Los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 1 de esta ley y los que sean incosteables serán donados destruidos o enajenados por el SAE a través de los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta ley.

Artículo 31.

Dice:

Los procedimientos de enajenación previstos en esta ley son de orden público y tienen por objeto enajenar de forma económica, eficaz, imparcial y transparente los bienes que sean transferidos al SAE; asegurar las mejores condiciones en la enajenación de los bienes; obtener el mayor valor de recuperación posible y las mejores condiciones de oportunidad, así como la reducción de los costos de administración y custodia a cargo de las entidades transferentes.

Los procedimientos de enajenación serán los siguientes: donación, y compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa.

Reforma (se incluye el siguiente párrafo):

Del total de los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 16 transferidos al SAE se destinará de forma equitativa cincuenta por ciento al procedimiento de donación.

Para la realización de las enajenaciones a que se refieren las fracciones anteriores, el SAE tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de crédito.

Los terceros a que se refiere el artículo 38 de esta ley a quienes el SAE encomiende la enajenación de los bienes tendrán, en su caso, de las facultades señaladas en el artículo 13, fracciones I a III, de este ordenamiento, sólo las que el mencionado organismo descentralizado les otorgue.

Tratándose de bienes que la Tesorería de la Federación o sus auxiliares legalmente facultados obtengan en dación en pago y se transfieran al SAE para su enajenación, no se aplicará el plazo a que se refiere la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Artículo 34.

Dice:

En casos excepcionales, de conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mismas, como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, éstos podrán ser donados a favor de los gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

Reforma:

Del total de los bienes transferidos al SAE, cincuenta por ciento de los diversos bienes, de conformidad con lo que establezcan para tal efecto las disposiciones aplicables y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, prevean las mismas, tales como los relativos al monto, plazo o tipo de bienes, será donado equitativamente a favor de

I. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.

II. Los gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.

Artículo 35.

Dice:

Para la donación de los bienes, el SAE se apoyará del Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el reglamento.

Reforma:

Para la donación de los bienes, el SAE se apoyará del Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el reglamento. Las solicitudes de donación efectuadas al SAE deberán ser resueltas en un plazo no mayor de 15 hábiles.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades de la administración pública federal, en su respectivo ámbito de competencia, contarán con un plazo de 60 días, a partir de la vigencia del presente decreto, para modificar las disposiciones reglamentarias, a fin de lograr su cabal cumplimiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública,e insértese el texto de manera íntegra, como lo ha solicitado el diputado Eduardo Elías Espinosa. El turno es en su carácter de comisiones unidas.

Damos la más cordial bienvenida a los ciudadanos invitados de la colonia Asturias, del Distrito Federal y a los maestros del municipio de Tancuayalab, San Luis Potosí. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

El diputado Luis Alonso Mejía García:Con su venia, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, integrante del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, con base en la siguiente exposición de motivos:

El desarrollo socioeconómico de nuestro país en las últimas décadas ha traído, entre otras consecuencias, el crecimiento acelerado y desordenado de su población, como de la ocupación de su territorio; además de un acelerado proceso de urbanización y tránsito de la vivienda rural a la urbana.

Lo anterior ha venido ocasionando serios desequilibrios regionales, irregularidad en la tenencia de la tierra para uso urbano, insuficiencia de infraestructura urbana y servicios públicos tales como agua potable, drenaje, alumbrado público, etcétera.

Además, se suman otros problemas tales como viviendas sin condiciones de habitabilidad satisfactoria, contaminación ambiental y deterioro ecológico, falta de tratamiento y disposición de desechos sólidos y los problemas de transporte y seguridad pública, entre otros.

Por ello, me permito presentar a esta honorable Asamblea, una propuesta de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, para garantizar la firma de los convenios de delimitación de zonas conurbadas, la cual permitirá a las poblaciones asentadas en las mismas, recibir la atención que la legislación vigente en la materia establece como obligación de los tres órdenes de gobierno.

En nuestra legislación vigente se encuentran los referentes directos que permiten formular la propuesta de la presente iniciativa.

Por ello, considero necesario señalar que en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, se establece el derecho de la nación para imponer las modalidades a la propiedad privada, que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los elementos naturales, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

De igual manera en el artículo 73, fracción XXIX-C, de la propia Constitución establece entre las facultades del Congreso de la Unión la de establecer la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de asentamientos humanos.

El artículo 115 constitucional señala que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

De conformidad con las reformas constitucionales publicadas el 22 de agosto del 96, en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 122, apartado C, Base 5a.-G, de la Carta Magna, en forma determinante establece que:

Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas, en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

La Ley General de Asentamientos Humanos que tiene por objeto establecer esta concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, establece en su artículo 6o. las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano y de los centros de población tiene el Estado serán ejercidas de manera concurrente por la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su artículo 20, que cuando dos o más centros de población, situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una entidad física y demográfica, la federación, la entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia con apego a lo dispuesto en esta ley.

Los casos en que los tres niveles de gobierno deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, los específica el artículo 21 de la mencionada ley. El convenio que se celebre con base en este artículo 21 se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los órganos de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un periódico de circulación en la zona conurbada, como lo señala el artículo 22.

Dentro de este convenio se prevé la integración de la Comisión de Conurbación, misma a que se refiere el artículo 23 de, y esta comisión se encargará de formular y aprobar el programa de reordenación de la zona conurbada; así como, gestionará y evaluará su cumplimiento.

Si bien es cierto que el marco jurídico actual establece los casos en que los tres ámbitos de gobierno deberán de firmar dichos convenios de delimitación de una zona conurbada, en la práctica alguno o algunos de los ámbitos de gobierno corresponsables de dicha firma han evadido su responsabilidad.

Por ello, la iniciativa que se presenta busca que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan en sus respectivas atribuciones y jurisdicciones en las diversas problemáticas que se presentan hoy en día.

Finalmente y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto ante esta honorable asamblea, que adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos:

Único. Se adiciona una fracción IV y un último párrafo al artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue.

Artículo 21. La federación, las entidades federativas y los municipios respectivos deberán convenir la delimitación de una zona conurbada cuando...

III. Solamente uno de los centros de población crezca sobre la zona conurbada; y

IV. Exista evidencia fundada de la presencia del fenómeno de conurbación entre dos o más centros de población de entidades diferentes. En tal caso, la Secretaría de Desarrollo Social solicitará a los gobiernos de las entidades correspondientes, la firma del convenio y establecerá de común acuerdo con los gobiernos de las mismas, la fecha tentativa de la firma, la cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a seis meses.

Si transcurrido dicho periodo no se ha firmado el convenio y ello es atribuible a alguno de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el titular de la secretaria o los representantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipales podrán solicitar a la autoridad competente aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos responsables en los términos de la legislación respectiva aplicable.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2007.

Ciudadano Presidente, atentamente pido la inserción del texto original, completo, en el Diario de los Debates, ya que por cuestión de tiempo he leído una síntesis del mismo. He dado cuenta, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo socioeconómico de nuestro país en las últimas décadas ha traído, entre otras consecuencias, el crecimiento acelerado tanto de su población como de la ocupación de su territorio, además, de un acelerado proceso de urbanización. Hoy, una gran parte de la población se encuentra asentada en centros urbanos, lo que nos ha orillado a definir políticas públicas aplicables a dichos fenómenos y establecer el marco jurídico que nos permita regularlos.

Entre los fenómenos sociales actuales de mayor gravedad y complejidad se encuentran el crecimiento urbano desordenado, la concentración poblacional en las ciudades y sus alrededores y el tránsito de la vida rural a la urbana, con todas sus consecuencias. Lo anterior ha venido ocasionado serios desequilibrios regionales; irregularidad en la tenencia de la tierra para uso urbano; insuficiencia de infraestructura urbana y servicios públicos, tales como agua potable, drenaje, alumbrado público, etcétera. Además, se suman otros problemas tales como viviendas sin condiciones de habitabilidad satisfactorias; contaminación ambiental y deterioro ecológico; falta de tratamiento y disposición de desechos sólidos; y los problemas de transporte y seguridad pública, entre otros.

La magnitud y características de dicha problemática y sus tendencias futuras representan un gran desafío para nuestro país, pero en especial para la viabilidad y habitabilidad de nuestras ciudades. De manera particular quiero referirme al fenómeno de la conurbación, pues en dichas áreas geográficas, los problemas señalados anteriormente se potencian y acumulan generando serios conflictos sociales.

La complejidad creciente del proceso de conurbación, ha dejado de tener presencia sólo en el centro del país, para reproducirse a lo largo y ancho del territorio nacional. La conurbación afecta la vida de millones de mexicanos y las implicaciones funcionales que genera deben ser motivo de preocupación y ocupación para los gobiernos involucrados; afortunadamente nuestra legislación cuenta con bases jurídicas para atender este fenómeno.

Sin embargo, es necesario reconocer que necesitamos afinar nuestra legislación en la materia para generar los instrumentos necesarios que permitan atender la problemática que genera dicho fenómeno. Por ello, me permito presentar a esta honorable asamblea una propuesta de reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos para garantizar la firma de los convenios de delimitación de zonas conurbadas, lo cual permitirá a las poblaciones asentadas en las mismas recibir la atención que la legislación vigente en la materia establece como obligación de los tres ámbitos de gobierno.

Es importante destacar que en nuestra legislación vigente se encuentran los referentes directos que permiten formular la propuesta de la presente iniciativa; por ello, considero necesario señalar que, en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional se establece el derecho de la nación para imponer las modalidades a la propiedad privada que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los elementos naturales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En la segunda parte de este tercer párrafo, textualmente se ordena:

``...En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.''

De igual manera, en el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución se establece, entre las facultades del Congreso de la Unión, la de:

``...expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27...''

Nuestra Constitución también establece con clara certeza y directamente referido al tema, la fracción VI del artículo 115, donde señala:

``Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.''

Además, en la fracción V del citado artículo 115 constitucional se otorga a los municipios facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto podrán expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para lograr los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Carta Magna.

Para mayor abundamiento, de conformidad con las reformas constitucionales publicadas el 22 de agosto de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 122, apartado C, base quinta-G, de la Carta Magna, en forma determinante establece:

``Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI, de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.''

Junto a las anteriores disposiciones constitucionales se encuentra la Ley General de Asentamientos Humanos, que tiene por objeto establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.

En el artículo 6 de dicha ley se señala que las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También establece en su artículo 20 que, cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en esta ley.

Los casos en que los tres niveles de gobierno deberán convenir la delimitación de una zona conurbada los especifica el artículo 21 de la mencionada ley. El convenio que se celebre con base en éste artículo 21 se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los órganos de difusión oficial de las entidades federativas respectivas y en un periódico de circulación en la zona conurbada, como señala el artículo 22. Dentro de este convenio se prevé la integración de la comisión de conurbación misma a que se refiere el artículo 23 de esta ley y esta comisión se encargará de formular y aprobar el programa de ordenación de la zona conurbada, así como gestionará y evaluará su cumplimiento.

Si bien el marco jurídico actual establece los casos en que los tres ámbitos de gobierno deberán firmar dichos conveníos delimitación de una zona conurbada en la práctica, alguno o algunos de los ámbitos de gobierno corresponsables de dicha firma han evadido su responsabilidad, generando con ello la desarticulación de la acción pública en la materia y el consecuente incremento de los problemas que las zonas conurbadas presentan en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

Hoy, el fenómeno de la conurbación se ha extendido por todo nuestro país y, sin embargo, las autoridades de los tres ámbitos dejan de cumplir con sus mandatos constitucionales y los que la ley en la materia les señala, con el consecuente deterioro del nivel y la calidad de vida de quienes habitan estas zonas.

Por ello, la iniciativa que se presenta busca que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan en sus respectivas atribuciones y jurisdicciones la problemática de expresiones tales como un crecimiento urbano desordenado, irregularidad en la tenencia de la tierra, insuficiencia de infraestructura urbana y servicios públicos tales como agua potable, drenaje, alumbrado público, transporte, seguridad pública, tratamiento y disposición de los desechos sólidos, contaminación ambiental y deterioro ecológico entre otros.

Cuando las autoridades responsables dejan de firmar un convenio de delimitación de una zona conurbada, se deja a los ciudadanos en estado de indefensión frente a esta gran problemática.

Así las cosas, proponemos que sea la Secretaría de Desarrollo Social la encargada de solicitar a los gobiernos de las entidades correspondientes la firma del convenio, además de que la misma establezca de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas, la fecha tentativa de la firma, la cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a seis meses.

Además se establece que, cuando la firma no se realice en el término correspondiente, cualquiera de los tres ámbitos de gobierno podrá solicitar a la autoridad competente que se apliquen las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos responsables en los términos de la legislación aplicable.

Garantizar la firma de los convenios de delimitación de las zonas conurbadas constituye apenas el primer paso en el largo proceso de acciones legislativas necesarias para fortalecer los objetivos esenciales del desarrollo económico y social, la calidad de vida del hombre y el ambiente en que se desenvuelve.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ordenamientos jurídicos ya citados en el proemio, presento a esta honorable asamblea la

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Único. Se adiciona una fracción IV y un último párrafo al artículo 21 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. La federación, las entidades federativas y los municipios respectivos deberán convenir la delimitación de una zona conurbada, cuando:

I. ...

II. ...

III. Solamente uno de los centros de población carezca sobre la zona conurbada; y

IV. Exista evidencia fundada de la presencia del fenómeno de conurbación entre dos o más centros de población de entidades diferentes. En tal caso la Secretaría de Desarrollo Social solicitará a los gobiernos de las entidades correspondientes la firma de convenio y establecerá de común acuerdo con los gobiernos de las mismas la fecha tentativa de la firma, la cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a seis meses.

Si transcurrido dicho periodo no se ha firmado el convenio y ello es atribuible a alguno de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el titular de la secretaría o los representantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipales podrán solicitar a la autoridad competente que aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos responsables, en los términos de la legislación respectiva aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Alonso Mejía.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Sociale insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el señor diputado Luis Alonso Mejía.

LEY PARA LA PROTECCION DE LAS MADRES SOLTERAS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley para la Protección de las Madres Solteras.

La diputada Mónica Fernández Balboa:Con su permiso, señor Presidente. La suscrita diputada del PRD, en atención a los resolutivos de la Segunda Asamblea de la Convención Nacional Democrática, concretamente en lo tratado en la mesa denominada ``El derecho a la felicidad'', y en la que se concluyó la necesidad de la instauración de un estado de bienestar, de la elevación de la escolaridad y el mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley General para la Protección de las Madres Solteras.

La política social de nuestro país debe estar sustentada en derechos que beneficien a la mayoría de la población y en propiciar el desarrollo de aquellos grupos vulnerables que por sus condiciones y características les es difícil sobrevivir en este sistema político-económico que nos rige.

Estos derechos se desprenden de la legislación que cada Estado-nación, de acuerdo con su historia, idiosincrasia y necesidades específicas se da para sí.

Por eso como legisladora del PRD, comprometida con el pueblo mexicano, propongo la presente iniciativa de ley que beneficiará a un grupo de mujeres que han asumido la jefatura de su hogar.

Seis de cada diez madres son solas, se requiere de la intervención del Estado, ya que esta realidad aumenta día con día incrementándose el número de madres solteras, por lo que proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos naturales de cada ser humano.

Si la función de la maternidad reproductiva es la más importante en una sociedad, al dar origen a la esencia de una comunidad, que son sus individuos, deben las mujeres recibir el reconocimiento y el apoyo del Estado y la sociedad, no haciéndole pagar una supuesta falta que en todo caso es imputable al varón que la abandona, que la engaña o la falta de oportunidades de un sistema económico.

En México ha prevalecido la discriminación en diferentes ámbitos, como lo es el social, el laboral, el familiar, afectando de manera inmediata al género femenino que, si bien es cierto se ha ganado mucho en este ámbito en los últimos años, sigue existiendo discriminación y subyugación para este género, debido a que sus condiciones de iniquidad son el resultado de una sociedad ideológica, política y económicamente machista.

Si a la palabra madre le agregamos el calificativo de soltera o sola, la palabra torna de un término respetable a una expresión ofensiva en el criterio de una parte importante de los miembros de nuestra sociedad, surgiendo así una inexplicable contradicción social. A estas madres se le cierran u obstaculizan las puertas, en tanto que por su situación de vulnerabilidad es cuando más requieren de apoyo.

La materia de su protección debe tener un enfoque federal a efecto de que a todo lo largo del país, las madres solteras salgan del señalamiento hipócrita a un respaldo cierto en el marco de su dignidad. Al impulsarse lo anterior, también las hijas e hijos, desde la más tierna edad, encontrarán una viabilidad de una vida digna.

Esta iniciativa alude a aquellas mujeres, especialmente jóvenes, que sin el papel o acta de matrimonio ni el apoyo de un hombre, entran al mundo de la maternidad, ya sea de manera consciente y voluntaria o bien, forzadas mediante el engaño y la violación, por la falta de educación en métodos anticonceptivos, por la falla de éstos o por diversas circunstancias.

El apoyo a la madre soltera o sola debe ser mayor, pues debe sacar adelante su papel con doble o triple esfuerzo, en ocasiones, poniendo en riesgo su propia salud, seguridad y la de sus hijos, situación de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de compensar en la medida de lo posible.

Es por lo anterior que la presente iniciativa va dirigida a las madres solas que por separación, viudez, divorcio, abandono, soltería, asumen en solitario las funciones de jefe de familia, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y ser la única fuente de ingresos de la familia.

En el entendido de que lo primordial es crear caminos para permitirles acceder al principal derecho para su sobrevivencia, es que se presenta esta iniciativa mediante la cual se propone la creación de una ley para la protección de las madres solteras, a través de la cual se busca que éstas asuman en forma única y total el sustento económico de uno o más de sus hijos, que éstos tengan el derecho por parte del gobierno federal, a un apoyo económico diario, no menor al medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los planteles de educación básica o sean menores a los 5 años de edad.

Sabedora de que los recursos de que dispone el Estado son limitados, estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las madres solteras que perciban dos salarios mínimos o menos; y la ayuda se distribuiría hasta que sus hijos alcanzaran una edad de 15 años.

Considerando que existen alrededor de 2.5 millones de mujeres que son madres solteras y, al mismo tiempo, perciben hasta dos salarios mínimos, el apoyo económico que se propone inicialmente, implicaría un gasto de 86 millones de pesos, aproximadamente, para el gobierno federal, lo cual constituye una meta alcanzable y no pone en riesgo en forma alguna el desarrollo económico de nuestro país.

Proponemos en una serie de requisitos para ser sujeto a este tipo de apoyo económico, como el que sean mujeres mexicanas que asuman el rol de jefas de familia y que hijos mayores a los cinco años de edad necesariamente se encuentre estudiando en algún plantel de educación básica y sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio.

Esta iniciativa tiene como finalidad coadyuvar a ofrecer mayores alternativas para que las madres solteras puedan impulsar el desarrollo integral de sus hijos, en especial la educación; lo que implica mejores oportunidades para el futuro de esos niños, que el día de mañana serán el presente de México.

Asimismo, se propone como requisito que no exista o haya existido en los menores maltratos físicos, psicológicos y explotación económica o sexual, verificándose mediante estudios psicológicos y de trabajo social.

Finalmente, en esta iniciativa se establece la creación de estancias, en donde las madres solteras puedan encontrar resguardo por al menos un mes y adquirir atención médica, psicológica, legal y ser sujetas a programas de bolsas de trabajo y empleo temporal.

Esto es relevante, toda vez que la mayoría de las veces las mujeres se ven solas en el camino con el rechazo de su pareja y su familia y sin recursos para salir adelante, por lo que es necesario que el Estado les brinde una opción para hacer frente a sus dificultades.

El ignorar los factores antes mencionados, conlleva un gran riesgo para aumentar la exclusión de este sector social. Es obligación de las y los diputados de esta honorable Cámara de Diputados y por el bien de todos, atender las necesidades de los más desprotegidos y el buscar asegurar un mayor apoyo económico de empleo, de vivienda, de salud, de corresponsabilización en tareas familiares, de los servicios de apoyo familiar, de cultura, educación y recreación de las mujeres solas en situaciones de marginación y vulnerabilidad.

Señor Presidente, esto es un resumen de la iniciativa, por lo que le ruego que la misma sea integrada al Diario de Debates completa. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley para la Protección de las Madres Solteras, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del PRD

Mónica Fernández Balboa , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confieren la fracción II del artículo 71 y el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Protección de las Madres Solteras, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La política social de nuestro país debe estar sustentada en derechos que beneficien a la mayoría de la población, y en ayudar a desarrollar a aquellos grupos vulnerables de la misma que por sus condiciones y características es difícil sobrevivir en este sistema político económico que nos rige. Derechos que se desprenden de la legislación que cada Estado-nación, de acuerdo con su historia, idiosincrasia y necesidades específicas, se da para sí.

Por eso como legisladora de un partido de izquierda propongo la siguiente iniciativa de ley que beneficiará a un grupo de mujeres sumamente vulnerable y por ello necesitado de auxilio por parte del Estado, y que en la actualidad aumenta día con día, las madres solteras, proponiendo un modelo de política social sustentado en los derechos naturales cada ser humano.

En México ha prevalecido la discriminación en diferentes ámbitos, como el social, el laboral, el familiar, afectando de manera inmediata al género femenino que, si bien es cierto que se ha ganado mucho en este ámbito en los últimos años, también lo es que sigue existiendo discriminación y subyugación para este género, debido a que sus condiciones de inequidad son el resultado de unas sociedad ideológica política y económicamente machista.

La base de la sociedad es la familia, a través de ella la organización social de nuestro Estado encuentra el sustento para un adecuado desarrollo, el cual debería estar basado en valores morales que permitan una mejor convivencia entre los individuos.

Así, en el hogar es donde se crea un espacio social en el que la población se agrupa y se organiza a partir de una aspiración de vida en común. Ahí, las personas comparten sus recursos y resuelven sus necesidades y conflictos, a la vez que transmiten y actualizan un conjunto de valores y creencias que les otorga sentido de unidad, pertenencia e identidad, brindando sustento a sus trayectorias vitales. Sin embargo, la realidad mexicana nos muestra una sociedad cuyas familias se desintegran cada vez más y en donde la mayoría de las veces son las mujeres las que tienen que encargarse solas del cuidado y mantenimiento de los hijos. Añadiendo que desde que se nombra a una persona como madre soltera denota la discriminación que nace en el momento en que fueron víctimas de abandono, maltrato y marginación. Desde el seno familiar existe la falta de apoyo, las agresiones y la violencia y todo ello son parte de la vida cotidiana de estas mujeres vulnerables.

La iniciativa que presentamos en esta ocasión va dirigida a las madres solas que por separación, viudez, divorcio, abandono o soltería asumen en solitario las funciones de jefe de familia, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación y ser la única fuente de ingresos de la familia.

Las mujeres de escasos recursos económicos son un grupo vulnerable y si a ello le aunamos ser madres solteras o sea que no cuentan con el apoyo económico de su pareja aumenta su vulnerabilidad de manera muy particular, ya que enfrentan condiciones adversas, escasas oportunidades, discriminación y viven bajo situaciones de desventaja social y económica.

En la sociedad actual ya no denomina como antaño a la madre soltera de forma peyorativa, como pecadora o inmoral; sin embargo, el rechazo continúa en algunos sectores de la sociedad, encubierto debido a su estigmatización como incultas y analfabetas no se les respetan por completo sus derechos a nivel familiar y social.

Es por esto que se presenta esta iniciativa mediante la cual se propone la creación de una Ley para la Protección de las Madres Solteras.

A través de esta ley se busca que las madres solteras que asuman en forma única y total el sustento económico de uno o más de sus hijos tengan el derecho a recibir por parte del gobierno federal, un apoyo económico diario no menor a medio salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los planteles de educación básica o sean menores de 5 años de edad.

Sabemos que los recursos de que dispone el Estado son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica, dirigiendo el gasto a las madres solteras que perciban dos salarios mínimos o menos y la ayuda se distribuiría hasta que sus hijos alcanzaran una edad de 15 años.

Considerando que existen alrededor de 2.5 millones de mujeres que son madres solteras y, al mismo tiempo, perciben hasta dos salarios mínimos, el apoyo económico que se propone implicaría un gasto de 86 millones de pesos, aproximadamente, para el gobierno federal, lo cual constituye una meta alcanzable y no pone en riesgo en forma alguna el desarrollo económico de nuestro país.

Proponemos en esta ley una serie de requisitos para ser sujeto a este tipo de apoyo económico, como que sean mujeres mexicanas que asuman el rol de jefas de familia y que sus hijos mayores a los 5 años de edad necesariamente se encuentre estudiando en algún plantel de educación básica y sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio.

Este apoyo económico que proponemos es para coadyuvar a ofrecer mayores alternativas para que las madres solteras puedan impulsar el desarrollo integral de sus hijos; en especial, la educación que eso implica, mayores oportunidades para el futuro de esos niños, que el día de mañana serán el presente de México.

Asimismo, se propone como requisito que no exista o haya existido en los menores maltrato físico, psicológico y explotación económica o sexual. Verificándose mediante estudios psicológicos y de trabajo social.

Por otra parte, mejorar las condiciones laborales de las madres trabajadoras es una situación que no puede postergarse más. Casi el 58 por ciento de las mujeres ocupadas en el mercado laboral no tiene prestaciones sociales. Es por esto que nuestra propuesta implica que el gobierno federal provea de guarderías y estancias infantiles gratuitas, adecuadas y suficientes para atender a este sector de la población. Ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de los 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40 por ciento trabajan y 22 por ciento son consideradas madres solas. Son solteras, separadas, divorciadas, viudas o literalmente abandonadas, y desarrollan actividades económicas, educativas y recreativas, además del convencional cuidado de los hijos, de otros miembros de la familia y las labores domésticas. Según el mismo organismo, proporcionalmente son las madres solteras quienes más participan en el mercado laboral, con un 70.8 por ciento y, del año 2000 al año 2005, la tasa de crecimiento de los hogares con jefa femenina fue de 3.9 por ciento.

Según estadísticas del INEGI 53.1 por ciento los trabajadores no cuenta con algún tipo de sistema de seguridad social. Como se puede apreciar, en México existe carencia de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población cuyas necesidades no son atendidas prácticamente por ninguna institución o cuya atención es muy reducida.

De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo, más de la mitad de la población mundial está excluida de cualquier tipo de protección obligatoria de la seguridad social y sólo 20 por ciento disfruta de una protección social ``verdaderamente adecuada''. En América Latina la cobertura es irregular (de 10 a 80 por ciento), pero durante décadas no se ha ampliado.

La razón fundamental de la exclusión de la cobertura es que muchos trabajadores que se encuentran fuera del sector formal de la economía no están en condiciones de cotizar un porcentaje de sus ingresos para financiar prestaciones de seguridad social. A estos factores se suman las repercusiones de las políticas de liberalización económica y ajuste estructural, lo cual ha originado la existencia de amplios grupos vulnerables que no pueden cotizar a los regímenes de seguro social y que no están dentro del campo de aplicación de otras políticas sociales. Y si le aunamos el hecho de la discriminación que existe en las fuentes de trabajo para las mujeres y la explotación para las mismas, es por demás difícil que acepten este tipo de trabajo mujeres que son madres de familia y que no cuentan con el apoyo de su pareja y, en muchas ocasiones, ni de su familia para la crianza de los hijos; por ello se ven obligadas a trabajar de manera informal no accediendo con ello a ningún tipo de seguridad social.

Finalmente, en esta iniciativa se establece la creación de estancias en donde las madres solteras puedan encontrar resguardo por al menos un mes, y adquirir atención médica, psicológica, legal y ser sujetas a programas de bolsa de trabajo y empleo temporal. Esto es relevante toda vez que la mayoría de las veces las mujeres se ven solas en el camino, con el rechazo de su pareja y su familia y sin recursos para salir adelante, por lo que es necesario que el Estado les brinde una opción para hacer frente a sus dificultades.

Ser mujer y tener cargas familiares constituyen dos de las mayores dificultades para conseguir un empleo y que sea considerable la remuneración por el mismo y suficiente para satisfacer las necesidades de su núcleo familiar. Las madres solteras tienen la necesidad de trabajar para poder subsistir, siendo la única fuente de ingresos de su familia, pero también tienen los mayores problemas para la conciliación de la vida familiar y laboral por estar solas en la crianza de los hijos.

Consideramos que todos estos factores que acabamos de mencionar conllevan un gran riesgo para aumentar la exclusión social de este sector si no se atienden sus necesidades de mayor apoyo económico, de empleo, de vivienda, de salud, de corresponsabilización en tareas familiares, de los servicios de apoyo familiar, de cultura, educación y recreación.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se crea la Ley para la Protección de las Madres Solteras.

Artículo Único. Se crea la Ley para la Protección de las Madres Solteras, para quedar como sigue:

Ley General para la Protección de las Madres Solteras

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general para la República Mexicana. Tiene por objeto proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las madres solteras, a fin de que puedan ofrecer a sus hijos una plena integración al desarrollo educativo, social, cultural y económico.

Artículo 2. Las madres solteras que asuman en su totalidad el sustento económico de uno o más de sus descendientes en línea recta, tendrán derecho a recibir por parte del gobierno federal un apoyo económico diario, no menor a medio salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por cada hijo que se encuentre estudiando dentro de los planteles de educación básica o sean menores a los 5 años de edad.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Madres solteras. Las mujeres viudas, divorciadas, separadas o que hayan procreado algún hijo en forma independiente, que asuman el rol de jefas de familia y se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta.

Artículo 4. Tendrán derecho al apoyo económico al que se refiere el artículo 2o. de esta ley, las madres solteras que cumplan con lo siguientes requisitos:

I. Sean mujeres mexicanas, que asuman el rol de jefas de familia y se encarguen en forma única y total del sustento económico de sus descendientes en línea recta.

II. Sean mujeres mexicanas que obtengan un ingreso menor o igual a dos salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal.

III. Que sus descendientes en línea recta tengan entre 0 y 15 años de edad.

IV. Que sus descendientes mayores de 5 años de edad se encuentren inscritos en los planteles de educación básica.

V. Que sus descendientes en línea recta mayores de 5 años de edad sean alumnos regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio.

VI. Que sus descendientes en línea recta no sean o hayan sido sujetos a maltrato o abuso físico o psicológico, o explotación económica o sexual.

VII. Acreditar la residencia en territorio nacional.

VIII. No contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas. Las autoridades del sector social del gobierno federal deberán revisar la documentación necesaria en un plazo no mayor de quince días hábiles para resolver el otorgamiento del apoyo económico correspondiente.

Artículo 5. La Secretaría de Desarrollo Social deberá incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al apoyo económico a las madres solteras señalado en el artículo 2o. de esta ley.

Artículo 6. La Cámara de Diputados deberá aprobar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación anual el monto suficiente para hacer efectivo el derecho al apoyo económico señalado en el artículo 2o. de esta ley.

Artículo 7. La Secretaría de Desarrollo Social deberá llevar a cabo la elaboración, supervisión y control de un padrón de beneficiarios, el cual deberá ser publicado y entregado al Congreso de la Unión trimestralmente.

Artículo 8. La forma como se hará valer el apoyo económico señalado en el artículo 2o. de esta ley, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley, se fijarán en el reglamento correspondiente.

Capítulo II Disposiciones para la Integración Económica y Social de las Madres Solteras

Artículo 9. Para la integración al desarrollo económico de las madres solteras, el gobierno federal deberá proveer de guarderías y estancias infantiles gratuitas, adecuadas y suficientes para atender a la población de madres solteras que requieran la prestación de este servicio, sin importar si cuentan o no con los servicios y el empadronamiento correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Artículo 10. El gobierno federal deberá establecer estancias gratuitas que cuenten con los siguientes servicios:

I. Permitan la estancia de las madres solteras por lo menos durante un mes.

II. Asesoría legal.

III. Servicios psicológicos y médicos.

IV. Ayuda de trabajo social.

V. Bolsa de trabajo y programas de empleo temporal.

VI. Las demás que consideren necesarias las autoridades de desarrollo social correspondientes.

Capítulo IIISanciones

Artículo 11. Los servidores públicos responsables de la ejecución de esta ley que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento del apoyo económico ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista. En caso contrario, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 12. La persona que proporcione información falsa para obtener o conservar los beneficios que establece esta ley o, habiéndolo obtenido, incumpla con los requisitos para solicitar el apoyo económico, pagará una multa equivalente a los 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 10 de abril del 2007.--- Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañera diputada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicae insértese el texto de manera íntegra, tal como lo ha solicitado la diputada Mónica Fernández Balboa.

A petición del grupo parlamentario del PRI, se pospone la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

LEY GENERAL DE MEDIACION FAMILIAR

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargasdel grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley General de Mediación Familiar.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas : Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, diputada.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas:La institución social fundamental y la más universal, sin duda es la familia. La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, es el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante incontingencias y amenazas.

Los asuntos familiares se caracterizan por su alto contenido afectivo, pero también por la existencia de causas generadoras de conflicto y a veces también de violencia, que en no pocas ocasiones deja sin amparo a los integrantes de la familia más vulnerable, como son los hijos, los ancianos y los discapacitados.

Por ello someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar.

La presente ley está compuesta por 43 artículos, se circunscribe dentro de los métodos alternativos en la administración de justicia y su objeto principal es el promover y posibilitar el acceso a la actividad de mediación familiar como medio para la solución de los conflictos que surjan entre parientes consanguíneos o afines, entre progenitores o uno de ellos y sus hijos ---incluyendo los adoptados--- y en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja.

La presente ley estructura y organiza a los entes encargados de la aplicación de la mediación familiar y regula los principios, las bases, los requisitos y los procedimientos del proceso de mediación para la solución de conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su aplicación.

La ley define a la mediación familiar como un procedimiento extrajudicial y voluntario, en el cual un tercero imparcial debidamente acreditado, denominado ``mediador familiar'', que guía a las partes estableciendo comunicación entre ellos para que éstas encuentren por sí mismas la base de acuerdos justos, duraderos y estables, y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance los mismos.

A pesar de la diversidad de los conflictos que se presentan al interior de una familia, como pueden ser las herencias, la patria potestad, el abandono del hogar o demanda por alimentos, la mayoría de los conflictos familiares son por causa de divorcio. De acuerdo con cifras del INEGI, en México se registran actualmente 11.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Los estados que presentan los indicadores más altos son Chihuahua, con 28.8 por ciento; Baja California, con 26.2 por ciento; y Yucatán, con 23.4 por ciento. El método de litigio judicial que incorpora un sistema de ataque y defensa e incluso de pruebas sobre aspectos muy íntimos de la familia, trae como consecuencia una profundización de conflicto. Es común que en el caso de divorcio, el abogado que tiene por principio la obligación de defender a su cliente, actué de manera desinteresada por la situación de la contraparte o del impacto que un determinado resultado podría tener en la familia.

Cuando se obliga a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, sin tiempo de analizar las consecuencias, el matrimonio se disuelve de forma irreparable. En este sentido, la mediación es una posibilidad abierta para reducir el grado de conflictividad y atenuar los efectos emocionales en un problema familiar al inscribir el conflicto en un marco de cooperación en vistas no a la disolución de la familia, sino a su reorganización, entregándole a las partes la posibilidad de arreglar sus relaciones futuras.

La inclusión de los métodos alternativos de solución de controversias como vías de acceso a la justicia, constituye un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil y expedito. El presenten proyecto de ley, establece la autonomía de la mediación, la cual tendrá lugar en tres momentos: antes de iniciarse un proceso judicial, durante su tramitación y una vez que haya recaído sentencia firme.

Para ello, se prevé la consecución de un convenio satisfactorio para las partes involucradas en conflicto, en orden a regular de común acuerdo los conflictos entre familiares, los efectos de la separación, divorcio, nulidad del matrimonio o bien la ruptura de la unión de pareja, así como los conflictos de convivencia en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar.

Se establece la imposibilidad de mediación ante conflictos familiares que contravengan derechos irrenunciables, disposiciones de orden público o que afecten derechos de terceros.

La iniciativa propone la creación de registro de mediación familiar, dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de la función de mediador familiar.

Se establece que la duración de la mediación familiar no podrá exceder de seis meses, salvo que se acuerde, entre el mediador y los mediados, una prórroga de este plazo, la cual no podrá exceder de otros seis meses.

La Ley en comento establece también que toda persona con capacidad para obligarse y que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica con algún familiar, tiene derecho a recibir información y orientación sobre la mediación familiar.

Compañeras y compañeros legisladores, la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, el abuso de los recursos que la Ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, así como la insatisfacción social frente a la resolución judicial, la ineficiencia de la vía conciliatoria, entre otros, son factores que animan a la consideración y eventual aprobación de la presente iniciativa de ley.

La mediación familiar es una propuesta que está en auge en distintos países y que ya se comienza a practicar en algunos estados de la República Mexicana como son Querétaro, el Estado de México y Coahuila.

Representa una vía pacífica de solución de conflictos que en términos humanos de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser más eficiente que cualquier otro porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones familiares reduciendo así la posibilidad de futuros litigios.

En la medida que se difunda, al ponderarse la responsabilidad de los involucrados en el arreglo de su conflicto ante la sociedad, ésta se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora que recupera la posibilidad de una armónica convivencia entre familiares.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar.

Señora Presidenta, en obviedad del tiempo y en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa de Ley General de Mediación Familiar, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mirna Cecilia Rincón Vargas , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Baja California, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes a fin de que se dictamine y se lleve a cabo la posterior discusión en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Mediación Familiar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La institución social fundamental y la más universal, sin duda, es la familia. La socialización del individuo comienza en la familia y sigue desenvolviéndose bajo su influencia hasta los años de adolescencia y juventud en los que la impresionabilidad y receptibilidad son mayores.

En la mayoría de las culturas y civilizaciones, ha predominado la idea de que la sociedad será como sean las familias. Si las familias están correctamente establecidas, bien ordenadas y funcionan bien, ellas serán la fuente de bienestar, grandeza y prosperidad de la sociedad.

En este sentido, la familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones; es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas.

Por ello, el Estado debe velar siempre por la familia, debe de contribuir a estrechar sus vínculos de cariño, ayuda y respeto recíprocos entre sus integrantes, y debe contribuir al fortalecimiento de la unión conyugal, fundado en la absoluta igualdad de derechos entre hombre y mujer.

Bajo esta lógica, a partir de mitad de los años setenta, se produce un desarrollo de los modos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito que compete a la familia.

Los métodos alternativos en la administración de justicia, surgen en medio de un ambiente de sobrecarga de los tribunales que está afectando los derechos de los justiciables, por lo tanto es conveniente que los Estados se planteen vías de descarga de los mismos, potenciando la adopción de este conjunto de técnicas de solución de conflictos.

Si bien la mediación no es una panacea universal frente a la justicia tradicional, sí puede ser, en cambio, la expresión de una nueva cultura del conflicto más orientada hacia la comunicación que hacia la confrontación.

Desde una perspectiva amplia, la mediación se puede presentar como un procedimiento no judicial de regulación, y no necesariamente de resolución de los conflictos familiares que implica la intervención de un tercero imparcial, que guía a las partes, estableciendo comunicación entre ellos, para que estas encuentren por sí mismas la base de un acuerdo, que contribuirá a poner fin al conflicto (en este caso se estaría cerca de la conciliación), o bien a manejarlo y buscar una salida judicial. El mediador familiar, no es entonces un conciliador familiar y tampoco toma el lugar del juez.

Se entiende por mediación familiar un procedimiento extrajudicial y voluntario en el cual un tercero imparcial, debidamente acreditado, denominado mediador familiar, que guía a las partes, estableciendo comunicación entre ellos, para que estas encuentren por sí mismas la base de acuerdos justos duraderos y estables y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de los mismos.

Los asuntos de familia, se caracterizan por su alto contenido afectivo, por la existencia de causas generadoras del conflicto en ocasiones de antigua data, y por la necesidad del mantenimiento del vínculo entre las partes. El método del litigio judicial, que incorpora un sistema de ataque y defensa, e incluso de prueba sobre aspectos muy íntimos de la familia, trae como consecuencia una profundización del conflicto.

Así, se afirma, que el interior del grupo familiar, es una red de vínculos relacionados emocionalmente: vínculos de pareja, paternos, filiales, entre hermanos y otros.

La crisis, como momento de cambio y de mucha vulnerabilidad, regularmente propicia una reorganización de la familia que en la mayoría de los casos deja sin amparo a los integrantes de la familia más vulnerables como son los hijos, los ancianos y los discapacitados.

La mayoría de los conflictos familiares son por divorcio. Esto es así, porque a través del matrimonio civil se crean derechos y obligaciones con relación a los cónyuges, a los hijos y a los bienes, que quedan protegidos o amparados por el Estado, para que en el caso de incumplimiento se haga efectivo por la vía del derecho. Por lo general, ambos cónyuges participan de una vida en común; aportan para el sostenimiento del hogar; ambos son constructores y responsables de la familia y contribuyen con la educación, formación y desarrollo de los hijos, por ello, cuando el vínculo matrimonial se rompe, la familia entra en un serio proceso de conflicto, que sin duda repercute de manera negativa en todos los miembros de la familia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el índice de divorcios ha ido en aumento. En México se registran actualmente 11.3 divorcios por cada 100 matrimonios. Los estados que presentan los indicadores más altos son Chihuahua (28.8), Baja California (26.2) y Yucatán (23.4).

La mediación familiar, es una propuesta que está en auge en distintos países, y que ya se comienza a practicar en algunos estados de la República como Querétaro, el estado de México y Coahuila. Es una propuesta para reducir el conflicto (y en ocasiones, la violencia) en las relaciones familiares, y así permitir la no disolución del matrimonio.

Es común que en el caso de divorcio, el abogado que tiene por principio la obligación de defender a su cliente, actúe de manera desinteresada por la situación de la contraparte o del impacto que un determinado resultado podría tener en la familia. Cuando se obliga a una persona a hacer algo en contra de su voluntad sin tiempo de analizar las consecuencias, el matrimonio se disuelve de forma irreparable.

En este sentido, la mediación es una posibilidad abierta de reducir tanto los efectos emocionales en un problema familiar que tiene un impacto en la sociedad, y sirve para ayudar a las personas a que puedan hacer los cambios necesarios, así como relacionar su vida antes de la disolución matrimonial.

Por lo tanto, a través de la mediación se pretende inscribir el conflicto en un marco de cooperación, en vistas no a la disolución de la familia sino a su reorganización, entregándole a las partes la posibilidad de reglar sus relaciones futuras.

El objetivo de la presente ley es el de promover y posibilitar el acceso a la actividad de mediación familiar como medio para la solución de los conflictos que surjan entre parientes consanguíneos o afines; entre progenitores o uno de ellos y sus hijos, incluyendo los adoptados; y en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja.

La Ley General de Mediación Familiar regulará los principios, bases, requisitos, condiciones y procedimientos del proceso de mediación familiar para la solución de conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su aplicación.

Además, estructurará y organizará a los entes encargados de la aplicación de la mediación familiar como método alterno de solución de conflictos.

Se trata de un cambio de actitud favorecido por el alto grado de insatisfacción que produce, para los operadores del derecho que intervienen, imponer soluciones elaboradas sin la participación de aquellos directa o indirectamente afectados. La necesidad, sentida por los mismos jueces, de favorecer el logro de soluciones consensuadas ha contribuido al nacimiento de la mediación familiar y al desarrollo de las primeras experiencias en el ámbito judicial.

La mediación familiar tendrá como finalidad primordial el fortalecimiento de las familias mexicanas. Para ello, se prevé la consecución de un convenio satisfactorio para las partes involucradas en un conflicto, en orden a regular, de común acuerdo, los conflictos entre familiares, los efectos de la separación, divorcio o nulidad del matrimonio, o bien, la ruptura de la unión de pareja, así como los conflictos de convivencia en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar.

Pero hay consenso entre los tratadistas consultados, que existen en el derecho de familia, conflictos en los cuales el interés superior del orden público determina que no sean susceptibles de ser mediados. Tal sería el caso de los conflictos familiares que contravengan derechos irrenunciables; disposiciones de orden público, o que afecten derechos de terceros.

Al respecto se ha dicho que, cuando está en juego un derecho esencial o una garantía individual, no es posible resolver conforme a la voluntad de las partes. Sin perjuicio que se pueda acordar total o parcialmente sobre aspectos formales que contribuyan a lograr el resultado querido por la ley en la forma más colaboradora y consensuada posible.

Ahora bien, para posibilitar la mediación familiar, es requisito la presencia de un profesional especializado, imparcial e independiente, cuya actuación sea solicitada por iniciativa de las partes.

Este profesional, denominado ``mediador'' tendrá la responsabilidad de guiar a las partes a una situación de equilibrio en las negociaciones. Ese equilibrio lo logrará a través de distintos cauces. Uno de ellos es que ambos contendientes compartan la totalidad de la información necesaria para resolver el caso.

Esa información no sólo cubrirá las circunstancias concretas del caso, sino también las vinculadas al régimen jurídico vigente, a la jurisprudencia imperante y a todo otro dato objetivo que permita tener una idea clara de la situación, para el caso de someter las partes el conflicto a juicio. También deberá buscar que se despersonalice el problema, separando los distintos puntos del conflicto, para la búsqueda de soluciones adecuadas.

Las discusiones que tienen lugar durante la mediación son confidenciales y no pueden ser posteriormente utilizadas, salvo acuerdo de las partes.

Durante una mediación familiar, el mediador debe tener especialmente en cuenta el bienestar y el interés superior de los niños, discapacitados y adultos mayores, debiendo alentar a los familiares a concentrarse sobre las necesidades de éstos. Debe poner una atención particular a la cuestión de saber si ha tenido lugar la violencia entre las partes, o si es susceptible de producirse en el futuro, a los efectos de que puede tener sobre la situación de las partes en la negociación, y a examinar si, en estas circunstancias, el proceso de mediación es adecuado.

Se establece la autonomía de la mediación pudiendo tener lugar en tres momentos: Antes de iniciarse el correspondiente proceso de separación y divorcio; durante su tramitación; y una vez que haya recaído sentencia firme.

En el primer caso, se estaría en presencia de un hecho extrajudicial, y es en esta fase donde la mediación puede resultar más efectiva.

En el segundo, el acuerdo de mediación se logra una vez iniciado un juicio, por lo tanto, se trataría de permitir que las partes presenten ante el juez o tribunal el acuerdo de mediación a modo de propuesta de convenio.

En cuanto al último caso, es frecuente observar cómo una de las partes entiende que el juez no ha protegido suficientemente sus intereses, lo que va a motivar nuevas contiendas entre ellas pidiendo la modificación de medidas. En estos casos las partes pueden acudir a la mediación familiar a fin que el agente mediador pueda ayudarles a lograr el acuerdo respecto a una medida concreta.

La presente ley establece que las personas legitimadas para recibir la mediación son: las parejas unidas por vínculo matrimonial, las que formen una unión estable de pareja; las que sin estar casadas ni formar unión estable de pareja entre sí, tengan hijos en común; y cualquier persona que se encuentre en un supuesto conflicto de intereses con algún pariente consanguíneo o afín; con sus progenitores o uno de ellos; o con sus hijos, o uno de ellos, incluyendo los adoptados.

Se crea el Registro de Mediación Familiar, dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de esta función.

Dicho Registro otorgará la acreditación a los mediadores familiares con base en las normas que el Sistema Nacional DIF determine reglamentariamente.

Se establece que la duración de la mediación familiar no podrá exceder de seis meses, salvo que se acuerde entre el mediador y los mediados una prórroga de éste plazo, la cual, no podrá exceder de otros seis meses.

La Ley General de Mediación Familiar establece que toda persona con capacidad para obligarse, y que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica con algún familiar, tiene derecho a recibir información y orientación sobre la mediación familiar. El proceso de mediación podrá ser previo o complementario de un proceso jurisdiccional a cargo de los tribunales del fuero común.

Por otro lado, el juez o la autoridad que conozca del asunto, podrá enviar a las partes a que acudan ante el mediador a efecto de que sean informados sobre la utilización de los medios alternos de solución de conflictos y manifiesten si es su deseo someterse, o no, a esas formas de solución. En caso de que las partes acepten someterse a la mediación, el procedimiento jurisdiccional no se continuará en tanto no se concluya con la tramitación del proceso de mediación.

La sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, el abuso de los recursos que la ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, el desconocimiento del derecho y de los procedimientos jurisdiccionales, así como la insatisfacción social frente a la resolución judicial, la ineficacia de la vía conciliatoria, la falta de profesionalismo en la resolución de conflictos familiares, entre otros, son factores que animan a la consideración y eventual promulgación de la presente iniciativa de ley.

La inclusión de los métodos alternos de solución de controversias como vías de acceso a la justicia, a través de la institucionalización y desarrollo de métodos autocompositivos capaces de alternar y coexistir con la vía jurisdiccional, está constituyendo un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido.

Dentro de los citados métodos, la mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, ha mostrado ser más eficiente que cualquier otro, porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones familiares reduciendo así la posibilidad de futuros litigios.

En la medida que se difunda, al ponderarse la responsabilidad de los involucrados en el arreglo de su conflicto ante la sociedad, ésta se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora que recupera la posibilidad de una armónica convivencia entre familiares.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Único. Se expide la Ley General de Mediación Familiar, para quedar como sigue:

Ley General de Mediación Familiar

Titulo Primero De la Mediación Familiar

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente ley se fundamenta en el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés general y de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

I. Promover y posibilitar el acceso a la actividad de mediación familiar como medio para la solución de los conflictos que surjan entre parientes consanguíneos o afines; entre progenitores o uno de ellos y sus hijos, incluyendo los adoptados; y en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja.

II. Regular los principios, bases, requisitos, condiciones y procedimientos del proceso de mediación familiar para la solución de conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su aplicación.

III. Estructurar y organizar a los entes encargados de la aplicación de la mediación familiar como método alterno de solución de conflictos.

IV. Promover e impulsar la unidad familiar y la cultura de la paz.

Artículo 2o. La federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Mediación familiar: Un procedimiento extrajudicial y voluntario en el cual un tercero imparcial, debidamente acreditado, denominado mediador familiar, que guía a las pares, estableciendo comunicación entre ellos, para que estas encuentren por sí mismas la base de acuerdos justos duraderos y estables y al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, o poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de los mismos.

II. Justicia alternativa: Todo procedimiento no jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole familiar, al cual pueden recurrir voluntariamente las partes involucradas, para buscar una solución acordada que ponga fin a su controversia, por medio de técnicas específicas aplicadas por especialistas.

III. Conciliación: El procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en un conflicto buscan solucionarlo, a través de la comunicación, dirigida mediante recomendaciones o propuestas de solución facilitadas por un tercero ajeno e imparcial.

IV. Mediador: Persona con instrucción profesional, imparcial e independiente, inscrita en el Registro Nacional de Mediadores y cuya actuación es solicitada por iniciativa de las partes.

V. Mediados: Personas que son parte en un conflicto y que acuden a la mediación para tratar de resolverlo de común acuerdo.

VI. Entidades federativas: Los estados y el Distrito Federal que integran los Estados Unidos Mexicanos.

VII. Registro: El Registro de Mediadores Familiares dependiente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Artículo 4o. La mediación familiar tendrá como finalidad primordial la consecución de un convenio satisfactorio para las partes involucradas en un conflicto, en orden a regular, de común acuerdo, los conflictos entre familiares, los efectos de la separación, divorcio o nulidad del matrimonio, o bien, la ruptura de la unión de pareja, así como los conflictos de convivencia en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar.

Artículo 5o. La mediación familiar se sujetará a los siguientes principios:

I. Voluntariedad de las partes en conflicto, en el sentido de que el procedimiento sólo podrá iniciarse a instancia de todas las partes en conflicto, pudiendo éstas apartarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya iniciado, siempre que no hubieran suscrito acuerdo alguno sobre los conflictos objeto de la mediación.

II. Flexibilidad, en el sentido de que la mediación familiar se ha de desarrollar sin sujeción a procedimiento rígido alguno, a excepción de los mínimos requisitos establecidos en la presente Ley.

III. Inmediatez y carácter personalísimo, en el sentido de que todos los participantes, incluido el mediador familiar, han de asistir personalmente a todas las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios.

IV. Confidencialidad y secreto profesional, en el sentido de que el mediador familiar actuante no podrá desvelar o utilizar ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, ni aun después, cuando finalice la misma, haya acuerdo o no.

V. Imparcialidad y neutralidad del mediador familiar actuante, en el sentido de que éste debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de promover actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración de derechos o intereses superiores, principalmente relativos a los hijos menores o discapacitados.

VI. Legalidad, en el sentido de que el procedimiento de mediación familiar se apegará en todo momento a los ordenamientos legales vigentes.

VII. Reserva de las partes, en el sentido de que igualmente éstas se obligan a guardar reserva de los datos, hechos o documentos de los que hayan tenido conocimiento en el curso de la mediación.

Artículo 6o. Podrán solicitar la mediación familiar:

I. Las parejas unidas por vínculo matrimonial, en situaciones de: a) Crisis de convivencia antes de la iniciación de cualquier proceso judicial, a fin de llegar a los acuerdos necesarios y canalizar y simplificar el conflicto por la vía judicial del común acuerdo, cuando han decidido romper la convivencia

b) Elaboración de acuerdos para el logro del convenio regulador de la separación o el divorcio contenciosos.

c) Cumplimiento de las sentencias recaídas en ejecución en los procedimientos de separación y divorcio de matrimonio.

d) Modificación de las medidas establecidas por resolución judicial firme, por causas sobrevinientes.

II. Las que formen una unión estable de pareja, en situaciones de: a) Crisis de convivencia antes de la iniciación de cualquier proceso judicial, para canalizar de mutuo acuerdo los efectos de la ruptura de la unión.

b) Hijos comunes menores de edad o discapacitados, tanto en el curso de la convivencia, con motivo a la ruptura o después de esta.

c) Ejecución de las sentencias relativas al pago de compensaciones económicas o pensiones periódicas.

d) Modificación de las medidas aprobadas por resolución judicial firme, por causas sobrevinientes.

III. Las que sin estar casadas ni formar unión estable de pareja entre sí, tengan hijos en común.

IV. Cualquier persona que se encuentre en un supuesto conflicto de intereses con algún pariente consanguíneo o afín; con sus progenitores o uno de ellos; o con sus hijos, o uno de ellos, incluyendo los adoptados.

Artículo 7o. Los conflictos familiares que contravengan derechos irrenunciables; disposiciones de orden público, o que afecten derechos de terceros, no serán susceptibles de mediación.

Artículo 8o. Toda persona con capacidad para obligarse, y que enfrente un conflicto de naturaleza jurídica con algún familiar, tiene derecho a recibir información y orientación sobre la mediación familiar.

Artículo 9o. El proceso de mediación puede ser previo o complementario de un proceso jurisdiccional a cargo de los tribunales del fuero común, por lo que las personas pueden recurrir en cualquier momento a los procedimientos previstos en esta Ley.

Capítulo II De los Mediadores Familiares

Artículo 10. En cada actuación de mediación intervendrá un mediador, el cual, deberá estar inscrito en el Registro de Mediadores Familiares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 11. Para ingresar y permanecer Mediador Familiar se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener instrucción universitaria en las carreras de derecho, psicología, trabajo social u otras ciencias sociales, y contar con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

III. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en actuaciones psico-socio familiares que se establezcan reglamentariamente;

IV. Gozar de buena fama y solvencia moral;

V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y

VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Artículo 12. Los mediadores familiares tendrán los siguientes derechos:

I. Declarar la improcedencia de la mediación en los casos en que se contravenga lo dispuesto por el artículo 7o. de la presente ley.

II. Excusarse de participar en alguna mediación o dar por terminada la misma si, a su juicio, existe causa justificada para renunciar a la mediación, en cuyo caso, deberá presentar su renuncia mediante escrito justificativo de las causas.

III. Suspender o dar por terminado el proceso a falta de disposición para colaborar de alguno de las partes, o si peligra la integridad física o psíquica de cualquiera de los participantes.

IV. Solicitar asesoría de profesionales en los casos o situaciones en que se requieran conocimientos especializados.

Artículo 13. Los mediadores familiares tendrán las siguientes obligaciones:

I. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente a la mediación.

II. Brindar asesoría e información a los mediados sobre sus derechos y obligaciones;

III. Recibir toda información que aporten los mediados en relación con el conflicto planteado y, en su caso, requerir aquéllas otras que sean necesarias para dilucidar tales conflictos, así como practicar las diligencias que correspondan;

IV. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos familiares, facilitando la comunicación entre las partes y promoviendo la comprensión entre ellas.

V. Inculcar a las partes la necesidad de velar por el interés superior de los hijos, particularmente de los hijos menores y de los discapacitados.

VI. Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de la información suficiente para que alcancen los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de cualquier coacción.

VII. Mantener la confidencialidad y el secreto profesional, respecto de los hechos tratados en el curso de la mediación, ni aun después de hacer cesado la misma, haya habido o no acuerdo, no pudiendo desvelar o utilizar cualquier dato, hecho o documento de los que conozca con ocasión de la mediación ni aun después, cuando ésta finalice, con o sin acuerdo.

VIII. Mantener la imparcialidad, no pudiendo tener designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguna de las partes.

IX. Ser neutral, ayudando a conseguir acuerdos sin imponer ni tomar parte por una solución o medida concreta.

X. Mantener la legalidad en el desempeño de sus funciones y con relación a las partes.

XI. No intervenir como mediador familiar cuando haya intervenido como profesional a favor o en contra de alguna de las partes, ni actuar posteriormente en caso de litigio entre ellas, no pudiendo actuar en calidad de testigo de las partes.

XII. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones;

Las demás que determinen otras disposiciones aplicables.

Capítulo III Del Registro de Mediadores Familiares

Artículo 14. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dispondrá de un Registro de Mediadores Familiares en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad y aptitud para el desempeño de esta función, en los términos del artículo 10 de esta ley.

Artículo 15. El Registro otorgará la acreditación a los Mediadores Familiares en base a las normas que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, determine reglamentariamente.

Título Segundo Del Procedimiento de Mediación

Capítulo I Iniciación del Proceso

Artículo 16. La mediación es un proceso extrajudicial y voluntario, por el cual el mediador, facilita la comunicación entre las partes para que conjuntamente encuentren una solución al conflicto.

Artículo 17. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:

I. Antes del comienzo de un juicio mediante solicitud, escrita o verbal en tal sentido, realizada por todas las partes en conflicto, o de cualquiera de ellas con el consentimiento de la otra.

II. Durante un juicio, a petición expresa de una de las partes, realizada ante el juez, en cualquier etapa del juicio, siempre y cuando la contraparte este de acuerdo y la sentencia que ponga fin al proceso no haya causado ejecutoria.

Artículo 18. Para iniciar el proceso de mediación familiar se requiere:

I. La voluntad manifiesta de las partes de someterse a la mediación.

II. La aceptación del mediador familiar por parte de los mediados.

III. Que el mediador determine procedente el proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de esta ley.

Capítulo II Desarrollo del Proceso

Artículo 19. Una vez instalada la mediación por las partes, el mediador familiar deberá convocar a las partes en conflicto a la sesión inicial, en la cual se fijarán las cuestiones que van a ser objeto de la mediación. El mediador informará a las partes de sus derechos y deberes, así como de los derechos y deberes del mediador, de las características del procedimiento, su duración y de las personas que van a intervenir como consultores.

Artículo 20. El mediador se encargará de realizar las sesiones necesarias para que las partes puedan construir un acuerdo que ponga fin al conflicto. Las fechas, horarios y duración de las sesiones serán acordadas por las partes a petición del mediador, atendiendo a las ocupaciones y posibilidades de éste y los interesados.

Artículo 21. La comparecencia de las partes ante el mediador debe ser siempre personal. En caso de un acuerdo entre los mediados, podrá hacerse uso de conferencias telefónicas y otros medios de comunicación que pudieran propiciar la cooperación entre las partes en función de la resolución del caso.

Artículo 22. Durante el desarrollo de la mediación familiar, los mediados podrán hacerse acompañar de un representante legal o persona de su confianza, y tendrán que mantener su compromiso de respeto a las actuaciones promovidas por el mediador, manteniendo una posición de colaboración y apoyo permanente a sus funciones.

Artículo 23. Los menores de edad y las personas con discapacidad podrán comparecer por medio de un representante legal o persona de su confianza.

Artículo 24. En cualquier momento del proceso, las partes podrán manifestar su desacuerdo con la persona mediadora por ellas designada de común acuerdo rechazando su intervención. En este supuesto podrán convenir la designación de un nuevo mediador.

Artículo 25. En cualquier momento del proceso, el mediador podrá solicitar la ayuda y asesoramiento que precise necesario para el mejor desarrollo de su actividad.

Artículo 26. Se entiende que hay negativa a someterse a la mediación cuando alguna de las partes no atienda a tres citatorios consecutivos para el desarrollo de la sesión, en cuyo caso, podrá darse por terminado el proceso de mediación.

Artículo 27. De cada una de las sesiones se elaborará un informe, haciendo mención del lugar y fecha de su celebración y de las circunstancias en que ha discurrido la misma, con indicación particular de las incidencias surgidas en su desarrollo.

Capítulo III Duración del Proceso de Mediación Familiar

Artículo 28. La duración de la mediación familiar dependerá de la naturaleza y conflictividad de las cuestiones a tratar, no pudiendo exceder de seis meses desde la fecha de la sesión inicial, salvo que se acuerde entre el mediador y los mediados una prórroga de éste plazo, la cual, no podrá exceder de otros seis meses.

Capítulo IV Terminación del Proceso de Mediación

Artículo 29. El proceso de mediación familiar terminará en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mediante acuerdo voluntario entre las partes a efecto de dar por concluido el proceso de mediación.

II. Mediante propuesta del mediador, previa aceptación de los mediados.

III. Mediante la firma de los acuerdos alcanzados por las partes que pondría fin al objeto de la mediación.

IV. Por la ausencia de alguna de las partes en tres sesiones consecutivas.

V. Una vez concluido el plazo para la mediación establecido en el artículo 28 de ésta ley.

Capítulo V Remisión de Asuntos por Autoridades Judiciales

Artículo 30. En cualquier etapa de un proceso judicial, cuando la autoridad que conozca del asunto, advierta que el caso puede solucionarse a través de un proceso de mediación, podrá enviar a las partes a que acudan ante el mediador a efecto de que sean informados sobre la utilización de los medios alternos de solución de conflictos y manifiesten si es su deseo someterse, o no, a esas formas de solución. En caso negativo, el mediador lo hará saber a la autoridad para que continúe con el proceso.

Artículo 31. En caso de que las partes acepten someterse a la mediación, el procedimiento jurisdiccional no se continuará en tanto no se concluya con la tramitación del proceso de mediación de conformidad con las disposiciones establecidas en esta ley.

El mediador informará a la autoridad jurisdiccional, cuando las partes hayan optado, o no, por someterse a la mediación; o cuando éste haya sido suspendido por falta de interés de las partes o no se haya llegado a ningún acuerdo.

Artículo 32. Las actuaciones que se practiquen en la mediación previstos en esta ley, incluyendo los testimonios o confesiones hechas por las partes, no tendrán valor probatorio, ni incidirán en los juicios que se sigan ante los tribunales por las mismas causas, de lo cual el mediador encargado del asunto, deberá enterar a los interesados en el momento en que se inicie el procedimiento.

Capítulo VI De los Convenios

Artículo 33. Los mediadores deberán hacer constar por escrito los acuerdos, convenios o transacciones que pongan fin a la controversia objeto de la mediación.

Artículo 34. Si las partes llegaran a un acuerdo y el mediador advirtiere que lo acordado por las partes es total o parcialmente antijurídico, imposible de cumplir o producto de la violencia ejercida por una de las partes sobre la otra, o por un tercero, deberá hacérselo saber a las partes y les sugerirá opciones para que modifiquen su acuerdo. En caso de que no acepten la sugerencia, dará por concluido el procedimiento.

Artículo 35. Los mediadores expedirán a las partes que intervinieron en la mediación, copia simple o certificada, única y exclusivamente de los convenios que hayan celebrado las partes, bastando con que lo soliciten verbalmente y dejen constancia de su recepción.

Artículo 36. Los convenios, acuerdos y transacciones contendrán:

I. El lugar y la fecha de su celebración;

II. Los nombres, domicilios, edad, estado civil de las partes, quienes deberán identificarse plenamente, quedando constancia de la misma. Tratándose de representación legal de alguna persona física o moral, se harán constar los documentos con los cuales se haya acreditado tal carácter;

III. El nombre del mediador que intervino en el procedimiento de mediación y la institución a la que pertenece;

IV. Un capítulo de declaraciones, si se considera necesario;

V. La descripción de la materia del conflicto;

VI. Una descripción precisa, ordenada y clara de los acuerdos alcanzados por las partes, estableciendo las condiciones, términos, fecha y lugar de cumplimiento;

VII. Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual, así como la mención de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, este proceso;

VIII. El mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo;

IX. Las firmas o huellas dactilares de quienes los suscriban y, en su caso, el nombre de la persona o personas que hayan firmado a petición de uno o ambos interesados, cuando éstos no sepan firmar;

X. La indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones;

XI. La firma del mediador que intervino.

Artículo 37. Los convenios que consten en el acta final, serán válidos y obligarán a las partes que lo hayan suscrito.

Capítulo VII De la Ejecución de los Convenios

Artículo 38. Las partes que, en los términos de esta Ley, hubieren solucionado una controversia a través de la mediación, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional que apruebe el convenio que celebraron, obligándolas a estar y pasar por él y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoria, para que surta así los efectos de cosa juzgada.

Artículo 39. El juez examinará si se acredita el interés jurídico de cada una de las partes y si el acuerdo o convenio no afecta derechos de terceros, leyes de interés social o normas de orden público; en caso de que sea procedente, lo aprobará y lo elevará a la categoría de sentencia ejecutoria.

Artículo 40. Si con motivo de la utilización de medios alternos, las partes llegaren a acuerdos parciales respecto de la totalidad de su conflictiva, el Juez que conozca del caso, dictará sin más trámite una resolución en la cual procederá conforme lo dispone el artículo que antecede. La ejecución de dicho convenio será procedente, siempre y cuando el resto de la contienda jurisdiccional pueda subsistir de forma separada a las demás pretensiones que fueron motivo de convenio, por lo que el proceso seguirá su curso sobre las cuestiones no acordadas.

Título tercero De las Responsabilidades

Capítulo I De las Faltas

Artículo 41. Los mediadores familiares son sujetos de responsabilidad administrativa por las faltas que cometan en el desempeño de sus actividades, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 42. Son faltas de los mediadores familiares que merecen la aplicación de las sanciones administrativas previstas en esta ley, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera surgir:

I. Conducir el proceso de mediación previsto en esta ley cuando estuvieren impedidos, conociendo el impedimento;

II. No cumplir con los principios que rigen el proceso de mediación familiar;

III. Manifestar una notoria ineptitud o descuido grave en el desempeño de sus funciones, equivocando el procedimiento sugerido por los propios interesados;

IV. Incumplir el trabajo que les haya sido encomendado o realizar deficientemente su labor;

V. Recibir donativos u obsequios de cualquier naturaleza y precio, ya sea de las partes o de un tercero vinculado con el asunto;

VI. Asistir a convites pagados por alguna de las partes;

VII. Aceptar o emitir consignas o presiones para desempeñar indebidamente las funciones que les están encomendadas;

VIII. Proporcionar a una de las partes información relativa a los procedimientos en que intervengan, sin el consentimiento de la otra;

IX. Revelar a terceros información confidencial, respecto a los procedimientos alternos en que intervengan, salvo los relativos a los acuerdos alcanzados, cuando lo solicite una autoridad o los mismos interesados;

X. Las demás que determinen las normas legales aplicables.

Capítulo II De las Sanciones

Artículo 43. Los Mediadores Familiares adscritos al Registro, serán destituidos de su cargo cuando:

I. Cometan un delito doloso que merezca pena privativa de libertad, quedando suspendidos en el ejercicio de sus funciones, desde el auto de formal prisión y hasta la conclusión definitiva del procedimiento y, en su caso, destituidos a partir de que cause estado la sentencia condenatoria.

II. Proporcionen a terceros, información confidencial relativa a los procedimientos alternos en que intervengan, para obtener un lucro o causar un perjuicio.

III. Su actuación suponga una discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, condición étnica o cualquier otra circunstancia personal de las partes sometidas a mediación.

IV. Abandone la función mediadora sin causa justificada siempre que implique un grave perjuicio para los menores implicados en el proceso.

V. El incumplimiento de los deberes de confidencialidad e imparcialidad conforme a lo establecido en el artículo 5o. de esta ley.

VI. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la administración o a las partes sometidas a mediación.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Al entrar en vigor la presente ley, se realizaran las adecuaciones al marco normativo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para incorporar el Registro de Mediadores Familiares, al mismo.

Artículo Tercero. Las autoridades competentes podrán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta ley, en un plazo que no exceda de un año, a partir de la publicación a que se refiere el artículo anterior.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo previsto en esta ley.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Mirna Cecilia Rincón. Túrnese a la Comisión de Justicia con opinión de las Comisiones de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Insértese el texto íntegro, tal y como lo pidió la diputada, en el Diario de los Debates.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal , del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Señora Presidenta, son dos iniciativas, enlistada una de manera subsecuente, relativas a la Ley de Coordinación Fiscal. No sé si me permita en un solo evento exponerlas, en obvio de tiempo a esta asamblea.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Seguramente esta asamblea le agradecerá que en siete minutos presente las dos iniciativas, diputado. Muchas gracias.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal : Muchas gracias. Las iniciativas que hoy presento relativas al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y al artículo 25 de la misma ley, tienen que ver con el tema de la descentralización de los fondos destinados a los estados y a los municipios.

Iniciativas similares fueron presentadas en meses pasados. La Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminó el 16 de diciembre las mismas; sin embargo, no entró al fondo del asunto y dadas las condiciones de excepción en que aprobamos dichas reformas en diciembre pasado era poco probable entrar a un debate de fondo.

Por esa razón me veo obligado ---por razones de congruencia e incluso de imperativo social en nuestros estados y de nuestros municipios--- a reiterar ante esta Asamblea estas dos reformas que tienen que ver, una, en lo que concierne a establecer un monto equivalente a 1 por ciento de la recaudación federal participable, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y distribuir 50 por ciento a los municipios.

Si en algún tema de la política pública existe un mandato claro constitucional ---artículo 21--- de la competencia de los tres órdenes de gobierno en tan importante tema, es justo, compañeras, compañeros diputados, en el tema de la seguridad pública. Y estamos viendo lo que anunciamos desde meses pasados, que no afrontaríamos con eficacia el tema de la inseguridad si no involucrábamos a la célula de la administración del sistema político que es el municipio.

Por lo tanto, hoy reitero esa propuesta de modo que podamos avanzar desde la base misma de la sociedad en combatir a este flagelo. Si no lo hacemos dejaremos condiciones de incertidumbre, condiciones favorables a que las fuerzas ominosas del crimen organizado, del narcotráfico puedan inmiscuirse desde esas regiones y esos estratos territoriales de gobierno.

El otro tema tiene que ver con los pueblos y las comunidades indígenas. La propuesta que hicimos fue establecer en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal un nuevo fondo, que sería el Fondo de Aportaciones para los Pueblos y las Comunidades Indígenas. No lo hicimos y sí incorporamos el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y la primer pregunta es, por qué un fondo sí y un fondo no.

Me parece, compañeras, compañeros diputados, que igual importancia y rango tiene el artículo 115 como el artículo 2o. de la Constitución. Estamos cumpliendo con el mandato del artículo 2o. de la Constitución General de la República, que ordena un programa o un esfuerzo adicional de todas las instituciones, de los tres órdenes de gobierno para atender a este sector de la población que nos da fuerza e identidad, pero que está definitivamente en la escala de la marginación social más baja.

La propuesta propone también que se establezca como un monto equivalente del Fondo General de Participaciones, de modo que no esté al arbitrio del Ejecutivo, o peor, al descuido de esta soberanía, el aprobar un año ciertos recursos y otro año no.

Quiero destacar que al cierre del Ejercicio 2006 la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas recibió, ejerció recursos ligeramente superiores a los 7 mil millones de pesos; lo que aparece en el decreto de Presupuesto que aprobó esta soberanía son 5 mil millones de pesos. Nos han informado nuestros compañeros de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Hacienda y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto, que hay 2 mil millones adicionales que fueron negociados dentro de esas grandes bolsas, si bien no están inscritos en términos del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se han publicado las reglas de operación. Quiero decirles que he recorrido todos los trámites para poder acceder a un proyecto de esta naturaleza y son verdaderamente impresionantes los trámites, los pasos, las dependencias federales, estatales, que intervienen para poder ejercer estos recursos; de modo que hoy reitero, compañeras, compañeros diputados, ambas propuestas.

Si realmente queremos avanzar en una democracia real e integral, si realmente queremos avanzar en el tema de transparencia, en el tema de federalismo, esta Asamblea está llamada ---y el Congreso en su conjunto--- a entrar a estos temas de fondo. Se aproxima ya la reforma hacendaria y quiero anticipar que no habrá una reforma hacendaria equitativa si sólo concentramos el tema en los ingresos tributarios y no logramos una redistribución de recursos entre los tres órdenes de gobierno.

De manera que dejo estas propuestas reiteradas que tienen el propósito de fortalecer la vida de la República a partir de la descentralización de recursos a los estados y de los estados a los municipios. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II, de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación de Fiscal vigente y aplicable a la fecha al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la legislatura, me permití presentar un conjunto de iniciativas de reforma y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara presentó el 16 de diciembre de 2006 un dictamen de estas iniciativas. En él se mencionan diversas razones, pero sin entrar al fondo del asunto propuesto, que tiene que ver con la redistribución de los recursos públicos entre los tres ordenes de gobierno. Tal es el caso de la iniciativa de reforma y adición al artículo 44 de la citada ley, dirigida a incrementar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con cargo a recursos federales, que me permití presentar en la sesión del 31 de octubre de 2006. Considerando que la propuesta en comento no fue considerada en el dictamen emitido por la comisión, estimo que es pertinente y necesario presentar nuevamente la iniciativa. Lo anterior, en el marco del fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública en estados y municipios.

La Carta Máxima dicta en su artículo 21 párrafo 6o. que: ``la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez''. Además agrega en su último párrafo que: ``La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública''.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 se aprobaron 16.1 mil millones de pesos, para atender el problema de la seguridad pública nacional, mientras que únicamente 5 mil millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se transfiere a los estados. A la fecha se desconoce cuales ha sido los criterios de distribución de estos recursos y sólo se tiene una visión parcial a partir de la firma de los convenios suscritos entre la federación y los estados que están siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El propósito fundamental del sistema nacional de seguridad pública ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y al interior del las propias agencias del gobierno federal. Sin duda ha habido avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia coordinación. Sin embargo la sola apreciación de los hechos, de los que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación, muestran que el saldo global es francamente insuficiente. Estamos convencidos de que el problema no se resolverá con más centralismo, burocracia y discrecionalidad. Por ello tenemos que volver al espíritu que animó la reforma del 21 constitucional.

Por lo tanto, se propone aumentar el FASP y establecer por mandato de ley un monto equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable (actualmente es de 0.438 por ciento), así como la asignación del 50 por ciento de tales recursos a los municipios de los estados y delegaciones del DF.

En tales condiciones se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando un monto mínimo equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable. El 50 por ciento de tales recursos será distribuido entre los municipios de cada entidad federativa y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La Secretaría de...

Transitorios

Artículo Único. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un inciso al artículo 25 y un nuevo artículo, el 45 A; y modifica el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

En el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura me permití presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 25 y un nuevo artículo 45 A; y modifica el artículo 46, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara presentó el 16 de diciembre de 2006 un dictamen de esta iniciativa. En él se mencionan sus razones en la exposición de motivos, pero sin entrar en el fondo del asunto propuesto, que tiene que ver con otorgar el rango de aportaciones federales a los recursos adicionales destinados a los pueblos indígenas, con la creación del Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; aumentar los recursos hasta 9 mil millones de pesos, 0.79 por ciento con proporción de la recaudación federal participable; y transferir parte del fondo a los municipios y las comunidades y el resto a los estados conforme a las normas básicas que se establecerán en las reglas de operación.

Los pueblos nos están demandando obras y programas con oportunidad y eficacia, en aras de abatir, ya, los rezagos en general y en particular la justa exigencia de construcción de las obras de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, saneamiento del medio ambiente y vivienda. Al mismo tiempo, está a flor de piel el hartazgo sobre la nimiedad y el burocratismo de los programas de apoyo al campo y los destinados a generar opciones reales y perdurables de empleo e ingreso, particularmente en el campo. En paralelo, acontece un proceso de transición generacional en el que los jóvenes, ahora con mayor educación, enfrentan fuertes obstáculos para la movilidad social, sea porque no pueden arribar a la educación media superior o superior o porque, habiendo accedido a ellas, no tienen oportunidades de empleo e ingreso, en el contexto de las expectativas que genera una sociedad competitiva.

En el penúltimo párrafo del apartado B del artículo 2o. de la Constitución se establece textualmente: ``Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas''.

Tal y como los dijimos en la iniciativa que precede la actual:

``El espíritu y la letra de la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas no se han cumplido. La lógica fría de las prioridades macroeconómicas se impuso al imperativo histórico, político y moral para abatir con decisión y a un mayor ritmo las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas. Después de la reforma de la Constitución, las autoridades hacendarias dieron por cumplido el mandato referido, sumando el presupuesto de los programas compensatorios en operación heredados de la anterior administración. En consecuencia, fue necesario, desde la Cámara de Diputados, autorizar recursos adicionales, con un fondo que se inició con mil millones de pesos --hoy asciende cerca de 3 mil millones de pesos--, cuya distribución es pactada con los gobiernos de los estados y de éstos con los municipios, con amplios rangos de discrecionalidad. La ejecución de obras y programas es indistintamente realizada por el gobierno federal y los gobiernos estatales y, en menor medida, por los municipios. La dispersión de los programas y la burocratización se reflejan en la diversidad de criterios para integrar las partidas del gasto y las cifras oficiales sobre la población indígena.''

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 únicamente se autorizaron 5 mil millones de pesos para el programa directamente destinado a los pueblos indígenas para la Comisión Nacional para el Desarrollo del os Pueblos Indígenas. Asimismo, se nos ha informado que se aprobó una bolsa adicional de 2 mil millones de pesos, que no aparece en el decreto de Presupuesto de Egresos y que está siendo negociada de manera económica. Es decir, se mantiene un alto grado de incertidumbre y discrecionalidad en la asignación de los recursos. Cabe mencionar, por último, que en las últimas modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas por el Congreso de la Unión sí se aprobó el octavo fondo del artículo 25 como Fondo de Fortalecimiento a las Entidades Federativas y no se incluyó el relativo al desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, lo cual resulta no sólo contradictorio sino injusto para la población que tiene los más altos grados de marginación.

La propuesta consiste, entonces, en reformar la Ley de Coordinación Fiscal para a) otorgar el rango de aportaciones federales a los recursos adicionales destinados a los pueblos indígenas incorporando al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; b) aumentar dichos fondos a 9 mil millones de pesos, 0.79 por ciento como proporción de la recaudación federal participable; y c) asegurar la formación del nuevo fondo, a través de incrementos reales del Ramo 33 y con parte del gasto centralizado; transferir 50 por ciento del fondo a los municipios y las comunidades y 50 por ciento a los estados; y establecer normas básicas para las reglas de operación.

En virtud de todo lo anterior, propongo ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 25; se incorpora el artículo 45 A y se adiciona el primer párrafo del artículo 46, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 25. ...

...

IX. Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Artículo 45 A. El Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y Productiva de los Pueblos y Comunidades Indígenas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto mínimo equivalente a 0.79 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio.

Este fondo se entregará mensualmente, en los primeros ocho meses del año, por partes iguales a los estados, por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados.

Para efectos del entero a que alude el párrafo anterior, no proceden los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo séptimo de esta ley.

Las reglas de operación deberán ser publicadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en los primeros 15 días de cada ejercicio fiscal, sujetándose a lo siguiente:

I. El 50 por ciento del fondo será enterado a los municipios a través de los estados, que ejercerán 50 por ciento para la realización de obras y programas que tengan impacto en dos o más municipios, en obras o programas interestatales, o en la formulación y ejecución de proyectos prioritarios.

II. El Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, distribuirá el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y Productiva para el Bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en proporción directa con la población indígena estimada para cada entidad. La población indígena por estado, municipio y comunidad se establecerá a partir de la última información censal y las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del Consejo Nacional de Población y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que la validarán de manera conjunta y colegiada. La distribución por entidad federativa deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero de cada año.

III. Los gobiernos de las entidades federativas distribuirán los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y Productiva para el Bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas en proporción directa con la población indígena de cada municipio estimada en los términos de lo estipulado en la fracción anterior. La distribución del fondo a los municipios deberá publicarse en el diario oficial de los municipios y en por los menos dos medios de prensa escrita de la entidad.

IV. La población objetivo será la que habite en las localidades de muy alta o alta marginación con 29 por ciento o más de habitantes de lengua indígena con un tamaño de localidad entre 50 y 10 mil habitantes.

V. Dado el impacto social en la población indígena, de las obras o proyectos por realizar, la comisión nacional, previo análisis y justificación respectiva, podrá autorizar la atención de población indígena que habite en otras localidades o que reúna alguno(s) de los criterios de elegibilidad.

VI. Los municipios establecerán la prioridad de las obras y los programas, en consulta con las comunidades.

Artículo 46. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades federativas y, en su caso, los municipios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, en ninguna circunstancia, gravarlas, afectarlas en garantía ni destinarlas a fines distintos de los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 45 A de esta ley.

...

Transitorio

Artículo Único. Los recursos del Fondo de Infraestructura Social y Productiva para el Bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas se integrarán con los recursos destinados al actual Programa de Infraestructura Básica para las Comunidades Indígenas, con recursos adicionales de la hacienda pública federal y con la transferencia de recursos federales de programas centralizados que actualmente ejecuten las dependencias y los organismos federales en los municipios y las comunidades indígenas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchísimas gracias, diputado Alberto Amador Leal . Túrnense las dos iniciativas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y publíquense íntegros los textos en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Quintero Bello , del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el ponente y por el diputado Francisco Javier Plascencia Alonso .

El diputado Jorge Quintero Bello:Con su venia, diputada Presidenta. Los suscritos, diputados federales Jorge Quintero Belloy Francisco Javier Plascencia Alonso, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por tiempo obvian la exposición de motivos y van directos a la iniciativa que modifica la Ley Federal del Trabajo, en que se reforman dentro de los artículos 151 diversos incisos, se derogan algunos y se adiciona otro y especificaré cada uno de ellos.

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por patrón y el sindicato o sus trabajadores.

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien, mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.

Artículo 153-C. Se deroga.

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.

Podrá formar parte de los programas de capacitación, el apoyo o facilidades que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior.

Artículo 153-F-Bis. El adiestramiento tendrá por objeto:

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar nuevas tecnologías en sus actividades;

II. Prevenir riesgos de trabajo;

III. Incrementar la productividad; y

IV. En general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.

Artículo 153-H. Fracciones I y II quedan igual.

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos.

Artículo 153-I. En las empresas que tengan más de 20 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, y serán las encargadas de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, así como de proponer los cambios necesarios, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las necesidades de los trabajadores y de los patrones. Estas comisiones podrán proponer las medidas acordadas por los comités sectoriales establecidos en el artículo 153-K con el propósito de impulsar la capacitación, elevar la productividad y garantizar el reparto equitativo de sus beneficios.

Artículo 153-J. Se deroga.

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para que constituyan comités nacionales de productividad, capacitación y adiestramiento de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia secretaría.

Estos comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o actividades para:

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad de la empresa.

Fracción II. Igual.

Fracción III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad.

Fracción IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad.

Fracción VI. Igual.

Artículo 153-L. Se deroga.

Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer o, en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados, así como las constancias que acreditan la capacitación y adiestramiento expedidas a los trabajadores.

Artículo 153-O y P, se derogan.

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153-F.

Fracciones II, III, IV, V y VI quedan iguales.

Artículo 153-R. Se deroga.

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento en los términos del artículo 153-N o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación un trabajador se niegue a recibir éste por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y el inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar ante la entidad instructora el examen de suficiencia correspondiente.

Artículo 153-V. La constancia de competencia sobre habilidades laborales es el documento expedido por el organismo o por la persona capacitadora, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. Las constancias de que se trate surtirán plenos efectos, para fines de ascenso dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.

Artículo 153-W. Se deroga.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de abril de 2007. Firman los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso .

Presidenta diputada, en vista de que fue resumido, pido se inserte íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 153 A, 153 B, 153 F, 153 H, fracción III, 153 I, 153 K, 153 N, 153 Q, 153 S, 153 U y 153 V; adiciona un artículo 153 F Bis; y deroga los artículos 153 C, 153 J, 153 L, 153 O, 153 P, 153 R y 153 W, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un mundo en permanente transformación, el mercado de trabajo y las relaciones laborales entre los trabajadores y las empresas se están configurando en torno a la globalización y el avance tecnológico, con miras a encontrar los esquemas que mejoren la competitividad y productividad. Los investigadores dedicados al desarrollo de la empresa en México estarían hoy de acuerdo en destacar que una parte significativa de las ventajas competitivas de la actividad económica reside en el bagaje de conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades que posee la fuerza de trabajo. Para los trabajadores resurge la importancia de aprender cierto conjunto de conocimientos, destrezas y capacidades que les permitan insertarse competitivamente en el mercado laboral.

En ese sentido, la capacitación en los centros de trabajo y fuera de ellos es una condición fundamental para apoyar el aumento de la productividad, así como la calidad y la competitividad de las empresas. De ahí la importancia de la capacitación y de la creación y operación de un sistema de capacitación en la empresa mexicana.

En el México colonial existía un sistema de aprendices quienes, bajo la guía y supervisión de un maestro, propietario de las herramientas y de la materia prima, tenían la oportunidad de aprender un oficio, recibían como única paga comida y alojamiento. Una vez que los aprendices adquirían los conocimientos necesarios, ascendían a oficiales y recibían una paga por su trabajo.

En esa época, las Cartas de Indias establecían diversas ordenanzas que tendían a apoyar actividades laborales, como favorecer la libertad de los jóvenes para trabajar voluntariamente en obrajes, dejándoles a su libre arbitrio aprender el oficio. También se impedía a los maestros despedir a los aprendices antes de haber cumplido cuatro años de aprendizaje. Ya hacia 1800 existían artesanos jornalistas, que tenían la capacidad de emplear a otros artesanos quienes, a su vez, tenían bajo sus órdenes a aprendices; luego de cumplir cierto período de aprendizaje, se convertían en maestros artesanos.

El sistema de aprendices tuvo una larga vigencia histórica; sin embargo, con el progreso industrial y el desarrollo y perfeccionamiento tecnológico, se vio la necesidad de reemplazar dicho sistema por un sistema capaz de satisfacer la mayor demanda de recursos humanos calificados. Desde entonces la capacitación para el trabajo adquiere un carácter más formal y complejo.

Para atender la preocupación de generar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de nuestro país, se decidió legislar esta materia en torno al derecho laboral. Así quedó plasmada en la fracción XIII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 153 de la A a la X, del capítulo III-Bis, de la Ley Federal del Trabajo, que refiere en su contenido esencial la obligación que tiene el patrón de proporcionar capacitación y adiestramiento, así como el derecho de los trabajadores a recibirlos.

Dos aspectos importantes se encuentran plasmados en dichos artículos:

Artículo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo, de tal manera que le permita elevar su nivel de vida y productividad conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, así como proporcionarle información sobre la aplicación de la nueva tecnología en ella;

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación;

III. Prevenir riesgos de trabajo;

IV. Incrementar la productividad; y

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador.

Para el proceso de capacitación y adiestramiento es necesario considerar el cumplimiento de las disposiciones legales lo cual, además de efectuar los trámites y registros correspondientes ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe estar acorde con el marco legal mencionado. El procedimiento consiste en constituir una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, la cual debe estar integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Además, los procedimientos legales establecen la definición de un programa de capacitación y adiestramiento, que se debe registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de dar cumplimiento a los artículos 153-A, 153-N, 153-Q, 153-R y 153-F de la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, se estipula que el seguimiento de las actividades de la capacitación una vez que el trabajador haya cursado y aprobado el programa de capacitación correspondiente al puesto que desempeña en el presente o que desarrollará en un futuro, se llevará a cabo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La capacitación está dirigida al mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, busca mejorar sus habilidades, incrementar sus conocimientos, cambiar actitudes y desarrollar al individuo. Su objetivo es generar procesos de cambio para cumplir las metas de la empresa.

Por ello, en los últimos años se ha impulsado en nuestro país unanueva cultura laboral,que reconoce la importancia de la educación y la capacitación para introducir un cambio de actitudes y conductas que permita elevar la productividad de los trabajadores y de las empresas.

Sin embargo, hace falta ir más allá en la materia. Como se mencionó, hoy en día, los procesos productivos no sólo requieren equipos y tecnología de punta compatibles con el aprovechamiento productivo de la mano de obra, sino también de nuevas formas de gestión, organización y capacitación para el trabajo productivo, las cuales, además de propiciar un uso racional y eficiente de los recursos disponibles en las empresas, así como el respeto del ambiente, sean capaces de estimular la capacidad de innovación, el potencial creativo y la superación intelectual de los trabajadores.

En ese sentido, se hace necesaria la adecuación de la legislación laboral que permita incorporar normas y preceptos que aseguren el equilibrio de los sectores productivos, respetando en todos los casos los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.

Por ello, la iniciativa que hoy presento a su consideración tiene por objeto establecer la obligatoriedad de la capacitación tanto para los patrones, como para trabajadores, así como fortalecer la capacitación y el adiestramiento que además suma entre sus fines la competencia laboral que derivará necesariamente en beneficios que se reflejaran en el acceso, permanencia y ascenso del trabajador que le permitan elevar su nivel de vida.

Las modificaciones propuestas buscan suprimir la burocracia en la capacitación y adiestramiento, que son causas de corrupción y extorsión, sobre todo contra pequeños empleadores, para ello se derogan diversos artículos que convertían éstos procesos en un esquema lleno de registro sobre todo ante la secretaría que en la realidad no se llevaban a efecto, lo que los convertían en incentivos a la corrupción.

También se propone eliminar la disposición vigente de que los planes y programas de capacitación y adiestramiento sean aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y señala que los mismos deben establecerse de común acuerdo, por patrón y el sindicato o sus trabajadores. En este mismo sentido se elimina la obligación de registrar ante dicha secretaría a los instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados responsables de la capacitación y el adiestramiento.

Por otro lado, se diferencian los objetos de la capacitación y el adiestramiento. La capacitación se centra prioritariamente en la preparación de los trabajadores de nuevo ingreso y los interesados en ocupar vacantes o puestos de nueva creación. El adiestramiento tiende a actualizar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades, y a proporcionar información para aplicar nuevas tecnologías.

Destaca de manera particular que podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo y facilidades que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior, lo que permite la incorporación del sistema educativo nacional a la capacitación y adiestramiento.

Se libera a las empresas de 20 trabajadores o menos de la carga de constituir comisiones mixtas, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores y de la obligación del patrón de capacitar. Se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá convocar a la constitución de comités nacionales de productividad y capacitación por ramas industriales o actividades. Además, se establecen las facultades que en las respectivas ramas de industria o actividades tendrán dichos comités, entre otras propuestas.

En conclusión, la iniciativa genera una verdadera cultura de la capacitación y el adiestramiento, mediante un esquema accesible que incentive la participación de patrones y trabajadores y de sus representantes para que, en un esfuerzo corresponsable, se alcancen los niveles de competitividad y calidad en la mano de obra que nuestro país requiere.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de

Decreto que modifica la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman los artículos 153 A, 153 B, 153 F, III párrafo del 153 H, 153 I, 153 K, 153 N, 153 Q, 153 S, 153 U y 153 V; se adiciona un artículo 153 F Bis; y se derogan los artículos 153 C, 153 J, 153 L, 153 O, 153 P, 153 R 153 W, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por patrón y el sindicato o sus trabajadores.

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.

Artículo 153-C. Se deroga.

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo o facilidades que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior.

Artículo 153-F-Bis. El adiestramiento tendrá por objeto

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar nuevas tecnologías en sus actividades;

II. Prevenir riesgos de trabajo;

III. Incrementar la productividad; y

IV. En general, mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.

Artículo 153-H. ...

I. y II. ...

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos.

Artículo 153-I. En las empresas que tengan más de 20 trabajadores se constituirán comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, y serán las encargadas de vigilar, instaurar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, así como de proponer los cambios necesarios, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las necesidades de los trabajadores y de los patrones. Estas comisiones podrán proponer las medidas acordadas por los comités sectoriales establecidos en el artículo 153-K con el propósito de impulsar la capacitación, elevar la productividad y garantizar el reparto equitativo de sus beneficios.

Artículo 153-J. Se deroga.

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para que constituyan comités nacionales de productividad, capacitación y adiestramiento de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia secretaría.

Estos comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o actividades para

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evolución de la productividad de la empresa;

II. ...

III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad;

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad;

VI. ...

Artículo 153-L. Se deroga.

Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer o, en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados, así como las constancias que acreditan la capacitación y adiestramiento expedidas a los trabajadores.

Artículo 153-0. Se deroga.

Artículo 153-P. Se deroga.

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro años, salvo la capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153-F;

II. a VI...

Artículo 153-R. Se deroga.

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de suficiencia correspondiente.

...

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento, expedido por el organismo o por la persona capacitadora, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación.

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.

Artículo 153-W. Se deroga.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputados: Jorge Quintero Bello , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Jorge Quintero Bello . Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Octavio Fuentes Téllez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscrita por el ponente y el diputado César Duarte Jáquez.

El diputado Octavio Fuentes Téllez:Con su venia, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Los que suscriben, diputados Octavio Fuentes Téllez y César Horacio Duarte Jáquez , en su carácter de integrantes del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Exposición de Motivos

En México, el sector comercio, según los datos del INEGI del año 2004, está formado por 3 millones 333 mil 435 unidades económicas, las cuales proporcionan empleo a 11 millones 896 mil 682 personas. La organización de este sector, a partir de las leyes de 1908 y de 1936 se daba a través de las cámaras de comercio y las de la industria. Asimismo, no fue sino hasta la ley de 1941 cuando se dio valor a la importancia del pequeño comercio, señalando en este ordenamiento, específicamente en su artículo 10, que en los lugares donde existiera una Cámara Nacional de Comercio (Canaco) podría aprobarse, a juicio de la secretaría, la constitución y funcionamiento de una Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), dejándola bajo la tutela de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Por otra parte, en 1996 el Ejecutivo federal remitió a la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de ley supletoria a la de 1941, llamada Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que entró en vigor el primero de enero de 1997. Esta ley eliminaba la presencia de las Cámaras de Comercio en Pequeño, dejando su existencia a merced de un reglamento que no tendría la visión del legislador, sino la discrecionalidad del Ejecutivo.

En el año 2005 se reformó la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, lo que llevó a la desaparición de la posibilidad de formar cámaras de comercio en pequeño y, además, en uno de sus artículos transitorios dio la facultad para que la Concanaco fusionara a las Confederaciones Nacionales de Comercio en Pequeño con la Confederación Nacional de Comercio de su jurisdicción, por lo que se propició la desaparición de los organismos representantes de pequeños comerciantes. Así, con la aprobación otorgada por la Concanaco se demostró que su carácter obligado de representante de las Confederaciones Nacionales de Comercio en Pequeño fue manejado en forma parcial y dolosa para beneficiar a la Canaco.

En razón de lo expuesto podemos observar que el comercio en pequeño carece de una representación adecuada y que, en consecuencia, es muy urgente que la actual Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones sea modificada a efecto de que permita la constitución y funcionamiento de cámaras de comerciantes en pequeño, de modo que tengan su propia confederación, ya que éstas fueron creadas para que a través de ellas se canalicen los problemas o dificultades a las que hace frente este sector, el cual debe ser atendido con la mayor brevedad posible por ser una fuente de empleo generadora de un alto porcentaje al producto interno de nuestro país, además de representar el 90 por ciento de toda la actividad comercial que desarrollamos los mexicanos.

Por otro lado, en muchos casos los emprendedores no son voluntarios, sino consecuencia de la competencia de la industria, por discriminación o simplemente por despido. De igual forma, puede afirmarse que este sector siempre ha estado en el olvido, sin seguridad social ni incentivos, careciendo de créditos para sus negocios, con jornadas de trabajo promedio de 14 horas los 365 días del año y sin posibilidad de tomar vacaciones, además de estar siempre a la expectativa para no ser víctima de robo ni asaltos.

Al comercio en pequeño corresponde ser más que un generador de empleo o un receptor de desempleo, por lo que, de acuerdo a su papel natural, debería desempeñar un papel fundamental en el tejido social. Por esto, el comercio en pequeño debe contar con organismos que lo representen ante las autoridades y la sociedad económica, además de que lo defiendan de una legislación fiscal complicada para que, de esta forma, pueda sobrevivir ante las grandes cadenas comerciales.

Así pues, la importancia de que se adicione otro estatus a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones radica en la posibilidad de proteger a todos aquellos comerciantes en pequeño, dando la oportunidad de que se reinstaure la Comisión Nacional de Comercio en Pequeño para ayudar al sano crecimiento del pequeño comercio, así como en el beneficio que representa que las ganancias obtenidas por los comerciantes en pequeño se queden en el país, lo que no sucede con las grandes cadenas transnacionales, las cuales mandan su utilidad al extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara la iniciativa de

Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 2o., fracción sexta, y se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Confederación: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Confederación de Cámaras de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo, y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 10 Bis. En los lugares en que funcione una Cámara de Comercio podrá aprobarse, además, a juicio de la secretaría, la constitución y funcionamiento de una Cámara de Comerciantes en Pequeño, que deberá estar integrada por los que, conforme a las leyes fiscales federales, no están obligados a llevar libros de contabilidad. Estas cámaras están sujetas, en todo, a las disposiciones de esta ley.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputados: Octavio Fuentes Téllez, César Horacio Duarte Jáquez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Octavio Fuentes Téllez . Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez , para presentar iniciativa que deroga los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros legisladores, los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalen la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; someten a consideración de este Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, que se fundamenta y motiva en las siguientes consideraciones:

La libertad de expresión representa en nuestro país no sólo un derecho fundamental, sino que se ha erigido como un pilar fundamental de la convivencia civilizada. El México independiente ha construido esta garantía individual consagrada por la Carta Magna, al mismo tiempo que consolidó las instituciones que la hacen posible.

Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas, sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura, debe ser una prioridad para todos los mexicanos, pero principalmente para los legisladores.

Testimonio de ello son precisamente las recientes reformas del Código Penal Federal, por las que se derogan los delitos de difamación y calumnia; así como correlativas reformas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación sean resarcidas por la vía civil ---por cierto, el día de mañana el Presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgará el decreto que deroga tales artículos.

La defensa de la libertad de expresión no ha sido un camino fácil, sobre todo porque en diversos momentos de nuestra historia, particularmente en la época de los movimientos armados, quienes ejercieron el poder político pretendieron vulnerar esta garantía individual.

México surgió como nación en la tercera década del siglo XIX. Con frecuencia olvidamos que como todo país en formación, en esos primeros años nuestro país carecía de un andamiaje jurídico sólido y su normatividad se nutría de las leyes inspiradas en los usos y costumbres de la época colonial y de las más avanzadas ideas liberales, cuya influencia más notable es la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

La inestabilidad política del momento motivaba entonces que a los acusados por delitos de imprenta se les juzgase como criminales de la peor peligrosidad y que las penas alcanzaran incluso a impresores y papeleros, calificados de cómplices, a pesar de tener sólo un papel incidental en la elaboración y distribución de escritos considerados como subversivos; aun cuando se tratara sólo de textos críticos al poder o a la norma imperante.

En este sentido, y no únicamente en los albores de nuestro nacimiento como nación, sino también en nuestra etapa de consolidación como Estado independiente, era común que al amparo de disposiciones de naturaleza penal, los gobernantes en turno aplicaran todo el rigor de la ley, a aquellos que se atrevían a discrepar respecto de su formar de gobernar, inhibiendo de esta manera lo más sagrado de todo gobierno que se precie de ser democrático: la facultad de disentir, el derecho inalienable a expresar sus opiniones.

Al respecto, es importante señalar que las instituciones republicanas tienen como su mejor defensor al periodismo, porque se instituye, en la mayoría de los casos en portavoz de la opinión pública, la plena reintegración de la libertad de expresión en la Constitución de 1917, puede considerarse como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política. En esta época se expide precisamente la Ley de Imprenta que hasta la fecha nos rige.

Así las cosas, en nuestro sistema jurídico la libertad de expresión, de manera genérica, se encuentra tutelada por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General.

Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo.

Esta garantía aparece de manera explícita por primera vez en la Constitución de 1857 en su artículo 6o. del que literalmente y sin afectarlo pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917.

Lo mismo sucede con el artículo 7o. que consagra la libertad de imprenta, hasta entonces único medio de publicitar las ideas, que fue modificado en el año de 1883 al introducir la figura del jurado popular destinado exclusivamente a juzgar los delitos de la prensa. El Constituyente de Querétaro lo elimina y retoma el texto original de 1857.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión.

Ahora bien, conviene apuntar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, al interpretar la prohibición de censura previa contenida en este instrumento internacional, que la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidades para quien lo haya cometido y que el hecho de establecer una sanción de índole penal, actúa como una especie de mecanismo de censura previa al limitar dicho ejercicio por la amenaza del inicio de un proceso penal con las consecuencias que ello conlleva.

En efecto, es de advertirse que la Ley sobre Delitos de Imprenta, a la postre reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General, no obstante que dada su génesis normativa es considerada preconstitucional, no puede negarse que forma parte de nuestro marco jurídico vigente, tal como lo han resuelto en diversas ocasiones los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, y como se ha mencionado, con la finalidad de brindarle efectividad a las reformas aprobadas por esta soberanía respecto de derogar delitos de calumnias y difamación del Código Penal Federal, se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta:

Artículo único. Se derogan los artículos 1o. y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta para quedar de la siguiente forma. Ley sobre Delitos de Imprenta, quedando derogados los artículos 1o. y 31 de la misma.

Ésta es la motivación que nos lleva a presentar hoy esta iniciativa que se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que deroga los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se derogan los artículos 1° y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La libertad de expresión representa en nuestro país, no sólo un derecho fundamental, sino que se ha erigido como un pilar fundamental de la convivencia civilizada. El México independiente ha construido esta garantía individual consagrada por la Carta Magna al mismo tiempo que consolidó las instituciones que la hacen posible.

Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura, debe ser una prioridad para todos los mexicanos, pero principalmente para los legisladores.

Testimonio de ello, son precisamente, las recientes reformas, por las que se derogan del Código Penal Federal, los delitos de difamación y calumnias, así como correlativas reformas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación, sean resarcidas por la vía civil.

La defensa de la libertad de expresión no ha sido un camino fácil, sobre todo porque en diversos momentos de nuestra historia, particularmente en la época de los movimientos armados, quienes ejercieron el poder político, pretendieron vulnerar esta garantía individual.

México surgió como nación en la tercera década del siglo XIX. Con frecuencia se olvida que como todo país en formación, en esos primeros años, nuestro país carecía de un andamiaje jurídico sólido y su normatividad se nutría de las leyes inspiradas en los usos y costumbres de la época colonial y de las más avanzadas ideas liberales, cuya influencia más notable es la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La inestabilidad política del momento motivaba entonces que a los acusados por delitos de imprenta se les juzgase como criminales de la peor peligrosidad, y que las penas alcanzaran incluso a impresores y papeleros, calificados de cómplices a pesar de tener sólo un papel incidental en la elaboración y distribución de escritos considerados como subversivos, aun cuando se tratará sólo de textos críticos al poder o a la norma imperante.

En este sentido, y no únicamente en los albores de nuestro nacimiento como nación, sino también en nuestra etapa de consolidación como Estado independiente, era común que al amparo de disposiciones de naturaleza penal, los gobernantes en turno, aplicarán todo el rigor de la ley, a aquellos que se atrevían a discrepar respecto de su forma de gobernar, inhibiendo de esta manera, lo más sagrado de todo gobierno que se precie de ser democrático, la facultad de disentir, el derecho inalienable de expresar sus opiniones.

Al respecto, es importante señalar, que las instituciones republicanas, tienen a su mejor defensor al periodismo, porque se instituye en la mayoría de los casos, en portavoz de la opinión pública.

La plena reintegración de la libertad de expresión en la Constitución de 1917, puede considerarse como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política.

En esta época se expide precisamente, la Ley de Imprenta que hasta la fecha nos rige. Así las cosas, en nuestro sistema jurídico, la libertad de expresión de manera genérica, se encuentra tutelada por los artículos 6° y 7° de la Constitución general. Varios fueron los ordenamientos jurídicos y documentos que dispusieron en su texto, la necesidad de respetar el derecho de expresión, así como de establecer límites al mismo. Desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, expedido en Apatzingan, el 22 de octubre de 1814, hasta la promulgación de nuestra actual Ley Fundamental con fecha 5 de febrero de 1917, el derecho a expresarse, a manifestarse por escrito, ha sido inherente a nuestros derechos fundamentales.

Ésta garantía, aparece de manera explícita, por primera vez, en la Constitución de 1857, en su artículo 6°, del que literalmente y sin afectarlo, pasa a ser parte textual de la Constitución de 1917. Lo mismo sucede con el artículo 7°, que consagra la libertad de imprenta, hasta entonces único medio de publicitar las ideas, que fue modificado en el año de 1883 al introducir la figura de jurado popular destinado exclusivamente a juzgar los delitos de la prensa. El Constituyente de Querétaro lo elimina y retoma el texto original de 1857.

En el contexto internacional, en el año de 1789, mediante la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por primera vez de manera coherente, se proclama la necesidad de tutelar el derecho de expresión. De igual manera, dentro de este periodo, se llegó al reconocimiento de que dicho derecho no es absoluto, sino que siempre se encuentra acotado por otros derechos de igual jerarquía, y que mediante la armonización de éstos derechos, es como se puede encontrar el camino para lograr el desarrollo y superación de un pueblo.

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre de 1948, se cristaliza la evolución de la doctrina sobre el derecho de expresión, y se reconoce la necesidad de proteger no solamente el ejercicio del derecho del sujeto que manifiesta sus ideas, sino también de tutelar el derecho que tiene el sujeto que recibe dicho mensaje, toda vez que la desinformación o tergiversación de la misma, es tan nociva para el desarrollo pleno del ser humano, como la represión del derecho de expresión.

De igual manera, en el año de 1969, se celebra la ``Convención Americana sobre Derechos Humanos'' (Pacto de San José de Costa Rica). Este instrumento internacional, en su artículo 13, prevé como una obligación de los Estados miembros de dicha convención, el respetar la ``Libertad de Pensamiento y de Expresión'', estableciéndose en el numeral 2 de este precepto, el que dicho derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

El Estado mexicano, se adhirió a este instrumento internacional, el 24 de marzo de 1981, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de mayo del mismo año.

Ahora bien, conviene apuntar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido al interpretar la prohibición de censura previa, contenida en este instrumento internacional, que ``la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidades para quien lo haya cometido, y que el hecho de establecer una sanción de índole penal, actúa como una especie de mecanismo de censura previa, al limitar dicho ejercicio, por la amenaza del inicio de un proceso penal, con las consecuencias que ello conlleva''.

Derivado de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relator sobre la libertad de expresión, se han pronunciado para evitar toda normativa penal y ubicar, en cambio, los ilícitos cometidos por la prensa únicamente por la vía civil. En efecto, en el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2001, fue emitida la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, cuyo artículo 10 a la letra dice ``Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas''.

Bajo este contexto, y considerando que el artículo 133 de la Constitución Federal, establece que los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, forman parte de la Ley Suprema de toda la unión, es que se propone derogar los artículos 1° y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, referentes a las sanciones punitivas por transgredir determinados aspectos de la vida privada; lo que además, vendrá a dotar de eficacia normativa, a las propuestas presentadas ante este Pleno, referentes a despenalizar las conductas tipificadas en el Código Penal Federal, concernientes a las injurias, difamación y calumnias.

En efecto, es de advertirse que la Ley sobre Delitos de Imprenta, a la postre, reglamentaria de los artículos 6° y 7° de la Constitución general, no obstante que dada su génesis normativa, es considerada preconstitucional, no puede negarse que forma parte de nuestro marco jurídico vigente, tal como lo ha resuelto en diversas ocasiones los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, y tal como se ha mencionado, con la finalidad de brindarle efectividad a las reformas aprobadas por esta soberanía, respecto de derogar los delitos de calumnias y difamación del Código Penal Federal, se propone el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 1° y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Artículo Único. Se derogan los artículos 1° y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 1. (se deroga)

Artículos 2. a 30. ...

Artículo 31. (se deroga)

Artículos 32. a 36. ...

Transitorios

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el día 10 de abril de 2007.--- Diputados: María del Pilar Ortega Martínez , Esmeralda Cárdenas Sánchez , Luis Gustavo Parra Noriega , Cruz Pérez Cuellar , Alejandro Landero Gutiérrez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez . Túrnese a la Comisión de Gobernación.

VOLUMEN II

ARTICULOS 71 Y 97 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra a la diputada Violeta del Pilar Lagunas Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También la misma diputada presentará posteriormente otra iniciativa respecto de la reforma al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros:Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados, como todos ustedes saben, el artículo 71 de la Constitución General de la República otorga únicamente el derecho para iniciar leyes, al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y también a las legislaturas de los estados.

Sabemos que conforme al principio de división de poderes, el Estado mexicano en nuestro sistema federalista divide sus funciones en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, aunque cada poder tiene típicamente una de esas atribuciones, los otros poderes lo ayudan en menor o en mayor grado, tal es el caso del procedimiento legislativo.

El procedimiento para la formulación de leyes no se agota en la presentación de una iniciativa, sino que, con posterioridad a ésta, todos sabemos se realiza la discusión en la Cámara correspondiente, la aprobación, sanción, promulgación y publicación de la misma, según sea el caso, iniciando su vigencia dentro del plazo señalado en ésta.

En este proceso no solamente interviene el Poder Legislativo sino que el Ejecutivo tiene derecho de iniciativa de ley e interviene también en la sanción, promulgación, publicación de la ley y en la ejecución de la misma cuando es competente, para tal efecto tiene, inclusive, el derecho de veto.

Por igualdad de razón, el Poder Judicial también debía estar facultado para presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, lo que no ocurre en la actualidad, a pesar de que existen diversos antecedentes respecto de dicha atribución inclusive en anteriores legislaturas, varios de nuestros compañeros han presentado iniciativas relacionadas con el tema.

Entre los antecedentes que han estado vigentes en el Estado mexicano tenemos a la tercera de las leyes constitucionales de 1836; el voto particular formulado por el diputado José Fernández Ramírez; el primero y segundo proyecto de la Constitución Política de la Revolución de 1842, las bases orgánicas de 1843.

Asimismo, en sus diferentes constituciones varios países contemplan el derecho de iniciativa para el Poder Judicial, tal es el caso de Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.

En el mismo sentido, cada uno de ustedes sabe que en diferentes entidades federativas existe este derecho, a veces muy amplio para el Poder Judicial de los estados, a veces limitado a la ley orgánica de este poder y a veces a los procedimientos jurisdiccionales.

Las razones principales por las que algunos constitucionalistas consideran que el Poder Judicial no debe tener esta facultad es porque, según su dicho, atenta contra el equilibrio entre poderes, señalan que el poder que está facultado para aplicar la ley no debería de concurrir e intervenir en su formación, lo que generaría una confusión entre el diseño de la norma y su aplicación concreta, manifestando que precisamente ahí descansa el principio de la división de poderes.

Los anteriores razonamientos son contradictorios con la realidad, ya que el hecho de que el Poder Judicial pueda iniciar leyes y también ejecutarlas, no implica una invasión de esferas, y lo estamos viendo precisamente en el caso del Poder Ejecutivo.

Quién mejor que el órgano que se encarga de ejecutar las leyes, para poder presentar iniciativas, señalando cuáles son las lagunas, cuáles son los procedimientos que pueden mejorarse en la ley que es materia de su competencia.

Por otro lado, tenemos que la Suprema Corte de Justicia desde su creación ha demostrado que es un órgano calificado en las materias propias de su competencia, debido al constante ejercicio que tiene como máximo tribunal de la república, en su interpretación y en su aplicación, para resolver cada uno de los asuntos que se le someten a su consideración, y también en la elaboración de la jurisprudencia.

Tampoco puede considerarse que el Poder Judicial tenga plena autonomía, mientras no esté facultado para presentar iniciativas de ley para regular su organización, estructura y funcionamiento.

Por último, es innegable la alta calidad técnica y de experiencia de los ministros del máximo tribunal de nuestro país, en tal virtud, además de las razones de equilibrio entre poderes, existen motivos de interés público de la nación, para dotar de facultades en la materia al más alto tribunal de la federación, seguramente con su propuesta oportuna incidirá en el mejoramiento de la legislación en materia de justicia, lo que es relevante en la actualidad, ya que uno de los mayores cuestionamientos que realiza la ciudadanía a los juzgadores es que dicten sus resoluciones apegándose en leyes muchas veces obsoletas, injustas, e inclusive, inconstitucionales.

Ahora bien, por razón de especialización, dicha facultad de iniciar leyes debe circunscribirse a la materia de procedimientos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial Federal y a su organización, estructura y funcionamiento, ya que en esa área es de esperarse que surjan iniciativas de alta calidad profesional y realizadas con las necesidades prácticas que surgen en el momento oportuno.

Por lo anteriormente argumentado y expuesto someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de decreto, que adiciona y reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.a III. ...

IV. Al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de las leyes que establezcan procedimientos jurisdiccionales.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones en las mismas, pasarán desde luego a comisión.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La República Mexicana está construida bajo un sistema federal como régimen constitucional de gobierno.

La Constitución de 1824 establecía en el artículo 4o.: ``La nación adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal''. Esta división de poderes fue esbozada ya en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, como fruto de la revolución de independencia.

Ésta es la génesis de nuestro sistema con el carácter de república federal en el que se establecen las facultades específicas de cada uno de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La misma estructura fundamental persiste en las Constituciones de 1857 y la de 1917, que es la que nos rige en la actualidad.

En los últimos 20 años se ha reformado la Constitución federal en el esquema y equilibrio de los poderes, principalmente en lo que atañe al Poder Legislativo, como medio idóneo para reducir nuestro esquema político firmemente centralista y concentrador del poder público, pues las modificaciones de 1977, 1987, 1994 y 1996 tienden principalmente al fortalecimiento de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el esquema fundamental de la división de poderes, la potestad de dar origen, formulación y vigencia a la ley corresponde esencialmente al Poder Legislativo. Sin embargo, a través de la historia de México se ha considerado que al Ejecutivo legitima tener el derecho de iniciativa de ley, el que por su función administrativa fundamenta el contacto continuo con la realidad social, le da la capacidad y el conocimiento para poder formular idóneamente una propuesta de ley.

Por igual razón, el Poder Judicial también debía estar facultado para presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, lo que no ocurre en la actualidad a pesar de que existen diversos antecedentes respecto de dicha atribución.

En efecto, el primer antecedente de nuestro país en que la Suprema Corte tuvo la citada facultad, data del 29 de diciembre de 1836, cuando se suscribieron en México los artículos 26 a 30 de la Ley Tercera de las Leyes Constituciones de la República Mexicana.

El segundo antecedente es de fecha 30 de junio de 1840 y fue un voto particular del diputado José Fernando Ramírez, en el proyecto de la reforma de las Leyes Constitucionales, que indicaba:

``Sexagésimo quinto párrafo. Corresponde la iniciativa de leyes: primero a los diputados; segundo, al supremo Poder Ejecutivo y a las juntas departamentales, sin excepción de materias; tercero, a la Suprema Corte de Justicia en todo lo relativo en la administración de su ramo.-- Sexagésimo séptimo párrafo. En las iniciativas sobre administración de justicia se oirá a la Suprema Corte y en cuanto a las de contribuciones, árbitros y éstos se decreten provisionalmente si la urgencia o interés común lo exigen.''

El tercer antecedente data del 25 de agosto de 1842, en el primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, en su artículo 63.

El cuarto antecedente es de fecha 3 de noviembre de 1842 (primera lectura), en el segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.

El último antecedente constitucional, que fue ley vigente en nuestra historia, fue de fecha 12 de julio de 1843 (Bases Orgánicas), publicada por bando nacional el 14 del citado mes y año.

Asimismo, en sus correspondientes constituciones varios países facultan a algunos de los órganos que integran el Poder Judicial para presentar iniciativas de leyes (artículos 83 de la Constitución de Noruega; 1 y 2 de la Constitución Española; 154 de la Constitución de Colombia; 88 de la Constitución de Cuba; 133 de la Constitución de Ecuador; 313 de la Constitución de Honduras; 140 de la Constitución de Nicaragua; 190 de la Constitución de Perú; 165 de la Constitución de Venezuela; 159 de la Constitución de Panamá; 61 de la Constitución de Brasil; 38 de la Constitución de República Dominicana; 133 y 203 de la Constitución de El Salvador; y 174 de la Constitución de Guatemala).

En el mismo sentido, en las constituciones locales de algunas de nuestras entidades federativas se establece la facultad referida a los tribunales superiores de Justicia correspondientes (Constitución de Aguascalientes, artículo 30; de Baja California, artículo 25; de Chihuahua, artículo 59; de Colima, artículo 37; de Chiapas, artículo 25; de Chihuahua, artículo 68; de Durango, artículo 63; de Guanajuato, artículo 49; de Guerrero, artículo 52; de Hidalgo, artículo 31; de Jalisco, artículo 16; de México, artículo 59; de Michoacán, artículo 36; de Morelos, artículo 42; de Nayarit, artículo 49; de Nuevo León, artículos 68 y 69; de Oaxaca, artículo 37; de Sinaloa, artículo 45; de Sonora, artículo 53; de Tabasco, artículo 60; de Tamaulipas, artículo 64; de Tlaxcala, artículo 35; de Veracruz, artículo 70; de Yucatán, artículo 35; y de Zacatecas, artículo 30), aclarando que en algunas de ellas este derecho se limita a los asuntos del ramo judicial y en otros, se reconoce sin limitación alguna.

Por otra parte, ante esta Cámara, diputados de diferentes partidos políticos han presentado iniciativas en la materia, sin que hasta la fecha nuestra Constitución federal prevea la facultad de nuestro máximo tribunal para presentar iniciativas de leyes; destacando la del 9 de septiembre de 1966, tendente a la habilitación para que la Suprema Corte iniciara leyes respecto a la organización y al presupuesto del Poder Judicial; la que expuso el 3 de diciembre de 1997 el diputado Reynoso Nuño; la que presentó el 20 de marzo de 2002 la diputada Yadhira Tamayo Herrera, que otorgaba a la Corte la facultad de iniciar leyes respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la presentada por la entonces diputada federal Margarita Zavala Gómez en la sesión de 11 de diciembre de 2003; en el mismo sentido, diferentes plataformas políticas de Acción Nacional han planteado la necesidad de otorgar la facultad de iniciativa de ley o decreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La principal razón por la que algunos constitucionalistas consideran que el Poder Judicial no debe tener la facultad referida es porque según su dicho atenta contra el equilibrio entre ``poderes'', ya que el poder que está facultado para aplicar la ley, concurriría o intervendría en su formación, lo que generaría una confusión entre el diseño de la norma y su aplicación concreta, manifestando que precisamente ahí radica la esencia de la división de ambos poderes: el Legislativo y el Judicial.

Los anteriores razonamientos son contradictorios con la realidad, ya que nuestra Carta Magna otorga al Ejecutivo el derecho de iniciar leyes y ejecutarlas, es decir, darles efectividad instrumentando todos los medios necesarios para que sean cumplidas, incluso, dentro del procedimiento legislativo tiene el derecho de veto.

Ahora bien, comparto el criterio de quienes sostienen que la Suprema Corte debe tener derecho a presentar iniciativas de ley porque es un órgano calificado para tal efecto debido al constante ejercicio que tiene como máximo tribunal de la república en su interpretación y en su aplicación; máxime que sus integrantes, es decir, los ministros, son juristas experimentados en el conocimiento del derecho, en la interpretación y aplicación de las leyes y de la Constitución, en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación.

En tal virtud, además de las razones de equilibrio entre poderes, existen motivos de interés público de la nación para dotar de facultades en la materia a la Suprema Corte, pues es innegable que la alta calidad técnica y la experiencia de los integrantes del más alto tribunal de la federación, con su propuesta oportuna, incidirá en el mejoramiento de la legislación en materia de justicia, lo que es relevante en la actualidad, ya que uno de los mayores cuestionamientos que realiza la ciudadanía a los juzgadores es que dicten sus resoluciones ajustándose en leyes muchas veces obsoletas, injustas e incluso inconstitucionales.

Ahora bien, por razón de especialización, dicha facultad de iniciar leyes debe circunscribirse a la materia de procedimientos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial de la Federación y a su organización, estructura y funcionamiento, ya que en esa área es de esperarse que surjan iniciativas de alta calidad profesional y relacionados con las necesidades prácticas que surgen en el momento oportuno.

Asimismo, por razón de jerarquía, el órgano competente del Poder Judicial de la Federación para presentar tales iniciativas debe ser precisamente el Pleno de nuestro máximo tribunal.

Por lo argumentado y expuesto, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de

Decreto que adiciona y reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona con una fracción IV y reforma el párrafo final del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. ...

IV. Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de las leyes que establezcan procedimientos jurisdiccionales.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la república, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones en las mismas pasarán desde luego a comisión.

Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento respectivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros . Si prosigue con la siguiente iniciativa, por favor.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros : Gracias, señora Presidenta.

Por otra parte, también dentro de la Carta Magna, el artículo 97 otorga diferentes facultades de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este artículo ha tenido tres reformas: las de 1977, 1987 y 1994; sin embargo, nunca en esta reforma se ha tocado sustancialmente la facultad de investigación de un hecho o hechos que constituyan una grave violación a las garantías individuales.

En la actualidad sabemos que esta facultad de investigación de la Suprema Corte no se encuentra reglamentada por ninguna ley correspondiente. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han intervenido en tres ocasiones; la última todavía no se ha resuelto, es la facultad de investigación que está realizando en el caso de Lydia Cacho.

Para seguir el procedimiento correspondiente, ellos no cuentan con ni un solo procedimiento, ni siquiera en la exposición de motivos, en la fecha en que se creó ---en 1917--- esta facultad, se señalaron las pautas, las garantías mínimas que debían observarse, y menos aún, los términos.

Se ha asemejado esta figura con algunas que existen a nivel internacional, inclusive con el juicio de amparo; sin embargo es muy diferente en cuanto a sus características. Yo considero en lo personal, que más bien viene siendo una facultad de investigación que todavía se dejó.

Recordemos que hasta 1900 tanto el procurador como el fiscal pertenecían al Poder Judicial, ya sea federal y estatal; a raíz de esta reforma pasó a formar parte del Poder Ejecutivo y estas facultades de investigación, todavía se dejaron tres de ellas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo considero así también, por el discurso que dio Venustiano Carranza el 1 de diciembre de 1916 con motivo de la Constitución General de la República que rige hasta la actualidad.

Por citar algunos ejemplos, no se encuentra regulado qué debe entenderse por violaciones graves a las garantías individuales; tampoco todos los supuestos de procedencia de este tipo de investigación, el procedimiento a seguir; tampoco si existe un tiempo para que prescriban estas facultades de investigación. ¿Cómo debe de entenderse en este caso la investigación respecto a otras investigaciones que realizan otros órganos y si debe de considerarse en estos supuestos que existe cosa juzgada o no? ¿Cuándo debe de seguirse esta investigación por oficio, por ejemplo, tratándose de hechos denunciados por el jefe de gobierno del Distrito Federal?

Por otra parte, es una facultad discrecional. Todavía en la quinta época los ministros de la Suprema Corte consideraban que debería ser de oficio. En la novena época se ha considerado que es discrecional. Las facultades discrecionales siempre tienen que tener una regulación, precisamente por toda la falta de certeza que puede generar esta discrecionalidad.

Deben especificarse cada una de las etapas del proceso de investigación: los términos correspondientes a cada uno de ellos, las garantías mínimas necesarias para la conservación de la materia de la investigación y para evitar cualquier daño o menoscabo en los derechos de las personas y las instituciones.

Es una facultad de investigación que constituye un control de la constitucionalidad de los actos de autoridades, que incide directamente en la protección de las garantías individuales de las personas, por lo que pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones.

Debe aclararse además su finalidad: cuáles son las partes, quién es el investigador, la forma y el fondo del dictamen y expresarse que es un control inductivo.

Por esta razón, compañeros, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 97 de la Constitución General de la República:

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97. ... La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá la facultad de averiguación de los hechos que constituyan una grave violación a alguna garantía individual prevista en el párrafo anterior, conforme a las disposiciones establecidas en la ley reglamentaria que expida el Congreso de la Unión.

Transitorio, Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al articulo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 97 de la Ley Fundamental otorga a nuestro máximo tribunal del país la facultad de investigación en tres supuestos diferentes: a) tratándose de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual; b) respecto a la conducta de algún juez o magistrado federal; y c) sobre algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, en los casos en que la propia Constitución federal establece.

Ahora bien, es importante destacar que el texto original del precepto constitucional mencionado ha sido reformado en varias ocasiones.

Una reforma hecha en 1977 lo dividió en dos partes, para formar dos párrafos, el segundo y el tercero; estableciendo el primero de ellos la facultad de la Corte para averiguar violaciones a las garantías individuales, mientras que su intervención con relación al voto público cambió de lugar para incluirse en el tercer párrafo, situación que se ha mantenido igual hasta el día de hoy. Se suprimió además lo relativo a la averiguación de delitos castigados por las leyes federales.

Una segunda reforma de 1987 cambió la redacción de la primera línea del párrafo segundo, para decir en lugar de ``podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación [...]'', ``la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá [...]''. También se cambió de lugar lo referente al nombramiento de jueces de distrito y magistrados de circuito, que se reubicó en el primer párrafo del mismo artículo.

Finalmente, la tercera y última reforma, hecha en 1994, se refiere al Consejo de la Judicatura Federal, organismo al que, por solicitud de la Corte, corresponde ahora hacer la averiguación de la conducta de jueces y magistrados federales.

Es el segundo párrafo del artículo 97 constitucional el objeto de estudio del presente trabajo que, el día de hoy, a la letra establece:

``La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal''.

De las facultades de la Suprema Corte transcritas en el párrafo que antecede, la que hoy nos ocupa es la de averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual (misma que a pesar de las modificaciones al precepto constitucional correspondiente no ha sufrido alteraciones substanciales), ya que no está regulada por ordenamiento legal alguno, por lo que no existe certidumbre respecto su ejercicio y procedimiento, lo que se corrobora con el hecho de que el propio órgano encargado de su aplicación, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido tesis contradictorias.

Por citar un ejemplo, en la quinta época, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis aislada de rubro: ``Suprema corte, facultades de la, en materia política'', en la que substancialmente consideró que para tal órgano no era potestativo nombrar comisionados especiales para averiguar hechos que constituyeran la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o de algún otro delito castigado por la ley federal, sino que la Constitución atribuía competencia para hacerlo, cuando era requerido por alguno de los órganos señalados en el propio texto, por lo que no se basaba en un criterio de oportunidad calificado por la misma Corte, sino que en cualquiera de dichas hipótesis, debía practicar la investigación correspondiente.

Sin embargo, dicha tesis fue modificada en la novena época, por la diversa P. XLIX/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, abril de 1996, página 66, con el rubro: Facultad de investigación prevista por el artículo 97, segundo párrafo, constitucional, su ejercicio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es discrecional''.

En general, de las resoluciones correspondientes emitidas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los criterios jurisprudenciales sustentados respecto a la atribución que se analiza, se desprende que existen diversas opiniones, inclusive contradictorias, entre los propios integrantes del cuerpo colegiado respectivo.

En efecto, de todas las solicitudes de ejercicio de la facultad de investigación referidas, hasta el momento sólo se han admitido tres de ellas: la resuelta el 7 de enero de 1946, en el expediente varios 3/46, en relación con los sucesos ocurridos en León, Guanajuato; la resuelta el 4 de marzo de 1996, en el expediente de solicitud 3/96, en relación con los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; y la de 18 de abril de 2006, en el expediente de solicitud 2/2006, en relación con los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lidia Cacho, que está aún pendiente de resolución.

Asimismo, de la exposición de motivos correspondiente a la aprobación que se realizó del citado artículo 97 constitucional (el dictamen del artículo constitucional que se analiza fue presentado los días 17 y 21 de enero de 1917 y fue aprobado sin discusión y por unanimidad de 150 votos el día 21 del mes y año mencionados), y sus reformas correspondientes, no se desprende que el legislador sentara las bases para el debido ejercicio de dicha facultad de la Corte, lo que provoca confusión e incertidumbre tanto entre los órganos de gobierno que intervienen en el proceso, como entre la ciudadanía en general, pues ante la ausencia de reglamentación del precepto legal en comento, la actuación del máximo tribunal del país se circunscribe únicamente a inquirir la verdad hasta descubrirla, sin sujetarse a un procedimiento judicial preestablecido.

Debe destacarse también que el objetivo que se buscaba al dar facultades de la Suprema Corte para averiguar hechos relativos a la violación de garantías individuales fue explicado por Venustiano Carranza en su discurso del 1 de diciembre, en los siguientes términos:

``El Poder Legislativo tiene incuestionablemente el derecho y el deber de inspeccionar la marcha de todos los actos de gobierno, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando todas las medidas que juzgue convenientes para normalizar la acción de aquel, pero cuando la investigación no deba ser meramente informativa, para juzgar de la necesidad e improcedencia de una medida legislativa, sino que afecta a un carácter meramente judicial, la reforma faculta tanto las Cámaras como al mismo poder ejecutivo, para excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno a algunos de sus miembros, o a un magistrado de circuito o a un juez de distrito, o a una comisión nombrada por ella para abrir la averiguación correspondiente, únicamente para esclarecer el hecho que se desea conocer; cosa que indiscutiblemente no podrían hacer los miembros del consejo, los que de ordinario tenían que conformarse con los informes que quisieran rendirles las autoridades inferiores''.

Del análisis del párrafo anterior se advierte que con las facultades de averiguación mencionadas se reintegraba a la Suprema Corte, en parte, la posibilidad de actuar de oficio que tenía cuando el procurador y el fiscal formaban parte de la misma (hasta 1900, fecha en que se reformó la Constitución federal de 1857 para que el Ministerio Público pasara a formar parte del Poder Ejecutivo), y que el propósito del primer jefe fue impedir que las investigaciones de las comisiones de las Cámaras invadieran el campo judicial, inclusive, con posterioridad, en el enfrentamiento final entre la XVI Legislatura y Victoriano Huerta, que culminó con la disolución del Congreso, Huerta argumentaba que en las investigaciones de las Cámaras sobre las desapariciones del diputado Serapio Rendón y del senador Belisario Domínguez estaba invadiendo el terreno judicial (apéndice documental al Titulo III).

Por citar ejemplos, aun cuando del texto del precepto constitucional multimencionado se advierte que el objetivo de la averiguación de hechos que puedan constituir grave violación de garantías individuales es averiguar un hecho o hechos y si tales hechos constituyen violación grave de alguna garantía constitucional no se encuentra regulado, lo que debe entenderse por ``violación grave a las garantías individuales''; tampoco, cuáles son las hipótesis de procedencia de tal atribución y, menos aún, si influye de alguna manera el periodo de tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y la posible prescripción de las acciones correspondientes y en su caso, la existencia de la cosa juzgada.

De acuerdo con el texto del precepto constitucional invocado, la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede de oficio, por propia decisión de dicho órgano, o a petición del Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, lo que deja dudas sobre su procedencia respecto a hechos denunciados por otras autoridades, tales como el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Asimismo, debe considerarse que de la propia redacción del artículo mencionado se desprende que la facultad de investigación que nos ocupa no es obligatoria sino discrecional, por lo que por no tratarse de una actividad reglada; con mayor razón, los ministros deben ejercer tal atribución conforme a los lineamientos que para tal efecto debe establecer la ley reglamentaria respectiva.

Es necesario también que se especifiquen cada una de las etapas del proceso de investigación de la Suprema Corte; los términos correspondientes a cada uno de ellos y las garantías mínimas necesarias para la conservación de la materia de la investigación y para evitar cualquier daño o menoscabo en los derechos de las personas y las instituciones correspondientes con motivo de la substanciación de tal proceso.

También deberán precisarse las facultades y obligaciones de las partes en el proceso, las garantías que se les deben respetar, los alcances de los resultados obtenidos y delimitarse dicha atribución con las tareas de investigación realizadas por otros órganos de gobierno y la naturaleza de las relaciones del máximo tribunal del país con las autoridades y particulares durante la investigación y, en general, el marco jurídico bajo el que se desarrolla la investigación.

Lo anterior con la finalidad de que se termine con la incertidumbre legal en la materia, no debemos dejar de tomar en consideración que estamos en una etapa de renovación de las instituciones públicas, que éstas deben sujetar su actuación al principio de legalidad, máxime que la facultad de investigación que se analiza es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridades que incide directamente en la protección de las garantías individuales de las personas, por lo que pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones.

Por último, es importante, que a través de una ley reglamentaria se aclaren los componentes esenciales de la facultad investigatoria de la Suprema Corte, que son:

1) Finalidad. Únicamente averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales.

2) Actor. Los facultados para iniciar este procedimiento son el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado.

3) Investigador. Los funcionarios que realizan la investigación pueden ser alguno o algunos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algún juez de distrito o magistrado de circuito, o uno o varios comisionados especiales.

4) Dictamen. Los resultados de la investigación se hacen llegar oportunamente a los órganos competentes.

5) Control inductivo. El dictamen final no es vinculatorio para los órganos que resulten responsables, sino que únicamente tiene carácter persuasivo o inductivo, es decir, ``promueve'' o ``incita'' que las partes pongan fin o remedien la violación grave de garantías individuales.

Cabe precisar que no es conveniente desaparecer esta facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como señalan algunos tratadistas, mencionando que a través del juicio de amparo también se pueden procurar el respeto a las garantías individuales.

Lo anterior es así, ya que la naturaleza de ambos mecanismos de control de constitucionalidad de los actos de autoridades es diferente, toda vez que el juicio de amparo es de carácter vinculatorio para las autoridades; no se puede entender a esa institución sin la obligatoriedad que las decisiones del juzgador tienen respecto de las partes, no sólo de las autoridades responsables, sino también respecto del quejoso, los terceros perjudicados, y el ministerio público.

De hecho, las reformas del 31 de diciembre de 1994 a las fracciones XVI y XVII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron en el sentido de ampliar los mecanismos de cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo.

Asimismo, el juicio de amparo no se limita a la existencia de violaciones ``graves'' a garantías individuales. Cualquier violación, por muy simple que sea, puede dar cabida a la jurisdicción de amparo.

Aunado a lo anterior, el amparo tiene como condición la existencia de un agravio ``personal'' y ``directo'', es decir, no importa si a toda una comunidad o a todo el país o únicamente a un solo individuo le está siendo violada una garantía individual (el número de quejosos no importa), lo que tiene trascendencia jurídica es que una persona resienta en su esfera jurídica de tutela constitucional una afectación por parte de una autoridad, y solicite la intervención del juzgador de amparo para detener esa infracción. Mientras que en la facultad indagatoria de la SCJN la violación debe ser ``grave'', y el pleno de ese organismo ha interpretado ``violaciones graves'' como ``hechos generalizados consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos.

Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones; b) que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Los argumentos contenidos en los dos párrafos que preceden también encuentran cierta relación con la fórmula Otero en dos sentidos: por un lado, en cuanto a que el dictamen emitido por el pleno de la SCJN no se entrega únicamente al órgano que solicitó su intervención, sino que también se envía a las autoridades competentes para remediar la situación anómala, es decir, los efectos de esa investigación no son inter alios, sino que pueden comprender a personas que no intervinieron ni en la solicitud ni en la indagatoria (procedimiento) ni en los hechos mismos (no cometieron la violación grave); y por otro lado, respecto a que, en la hipótesis de que se quisiera dar ``efecto'' al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal resolución no se limitaría al quejoso o peticionario de la intervención del órgano judicial, sino que las consecuencias repercutirían en toda una ``comunidad'' o en toda la ``sociedad'', respetando la terminología del propio pleno antes referida. Aquí los efectos serían erga omnes, rompiendo claramente el esquema de la fórmula Otero.

Asimismo, el juicio de amparo sólo se acciona por el quejoso y por cualquier persona cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo.

Por otra parte, ahora que en nuestro país se avanza cada día más en el respeto a las garantías individuales, debe existir un esquema más estricto de vigilancia a los poderes y a los órganos de autoridad, y si esto se realiza con constancia y escrupulosidad, estaremos en posibilidad de detener, oportunamente, cualquier abuso que servidores públicos desleales quieran cometer en perjuicio de la sociedad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita, legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupada por contar con un marco jurídico adecuado y justa retribución de los servidores públicos, presenta con todo respeto a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 97. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá la facultad de averiguación de los hechos que constituyan una grave violación a alguna garantía individual, prevista en el párrafo anterior, conforme a las disposiciones establecidas en la ley reglamentaria que expida el Congreso de la Unión.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de abril del año 2007.--- Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros . Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Esteva Salinas , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio.

El diputado Alberto Esteva Salinas:Con el permiso de la ciudadana diputada Presidenta de la Mesa Directiva y de los integrantes de la misma, la fracción parlamentaria de Convergencia presenta ante este pleno, en esta fecha, una propuesta para poder dar un marco legal a las expropiaciones que se han hecho de forma reciente y tal vez de manera indebida por no existir en nuestro marco jurídico una disposición para la extinción de dominio.

Por eso, la fracción de Convergencia en esta LX Legislatura establece que existen urgentes necesidades en un México cada vez más amenazado por la circulación de bienes y capitales de dudoso origen.

Estas modificaciones no únicamente se refieren al artículo 22 sino a una Ley Federal para la Extinción de Dominio que contempla estas disposiciones. La Ley Federal de Extinción de Dominio consta de 16 artículos y forma parte de esta iniciativa que la fracción parlamentaria de Convergencia pone a consideración de esta legislatura.

En su artículo 1o. se establece que se entiende la extinción de dominio como la pérdida de este derecho a favor del Estado sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

Su artículo 2o. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial sobre los bienes o recursos que:

1. Provengan directa o indirectamente de una actividad delictiva.

2. Hayan sido utilizados como instrumento, objeto, o que sean producto de actividades delictivas o sean destinadas a éstas.

3. Provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directa o indirectamente en actividades delictivas.

4. Teniendo una procedencia lícita, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.

El artículo 3o. de Federal de Extinción de Dominio, establece: Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio todos los que sean susceptibles de apropiación o que sobre ellos puedan recaer derecho de propiedad. Igualmente lo serán todos los frutos y rendimientos de tales bienes.

En cuanto a la acción de extinción del dominio, el artículo 4o. que se propone en Federal de Extinción de Dominio, contempla la acción de extinción como una naturaleza jurisdiccional y procederá contra quien aparezca como titular de cualquier derecho real, principal o accesorio, sobre los bienes comprometidos o contra quien esté ejerciendo posesión sobre los mismos o contra quien se diga tenedor de cualquier título.

Artículo 5o. El Ministerio Público de oficio deberá iniciar la acción cuando concurra alguna de las causales y cualquier institución, ya sea pública o privada y todas las personas físicas o morales, deberán informar de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.

Podrán los organismos internacionales dar noticia para el inicio de la acción de extinción de dominio, siempre y cuando estén habilitados por tratados o convenios de colaboración celebrados con el gobierno de México y ratificados por el Senado de la República.

Artículo 6o. La acción de extinción de dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente Ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

En el artículo 7o., la fracción parlamentaria de Convergencia propone que en ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso, permitiendo al afectado presentar pruebas, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes y ejercer el derecho de defensa y réplica que la Constitución Política consagra.

También se contempla que durante el procedimiento se garanticen y protejan los derechos de los afectados, en particular los siguientes:

1) Aprobar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuya titularidad se discute.

2) Aprobar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción de dominio.

3) A demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por identidad, respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.

Esta ley federal que se propone busca que los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparezcan personalmente, la autoridad competente ordenará su emplazamiento en los términos del artículo 12o. de la presente Ley Federal de Extinción de Dominio; y si pasados dos meses de efectuado el emplazamiento el afectado no se hace presente, se entenderá consumada la negativa a hacer válidos sus derechos y se le considerará rebelde en el juicio, siendo objeto de la acción de extinción de dominio. En tal caso, el juez reconocerá el abandono de los bienes o recursos en favor del Estado, dando por concluido el proceso.

También federal contempla el inicio de esta acción de extinción de dominio en cuanto a que el procurador General de Justicia del lugar donde se encuentre el bien o el recurso, que cumpla con las características del artículo 2o. de esta presente ley; o bien, el procurador general de la República, para el caso de delitos federales, los cuales directamente o a través de los Ministerios Públicos locales o federales, realizarán la investigación correspondiente dando a los jueces competentes para dictar la sentencia de extinción de dominio, todos y cada uno de los elementos que demuestren el proceder de la acción de extinción de dominio.

Todos estamos preocupados por el incremento de la delincuencia en nuestro país; todos debemos estar comprometidos para crear nuevos ordenamientos y disposiciones que permitan a las autoridades en le país, tanto estatales como federal, poder combatir al narcotráfico pero con acciones que estén contempladas en nuestro marco legal. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea la ``Ley Federal de Extinción de Dominio''.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma y adición a la Constitución Federal en términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma y adición, se realiza a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

Existen urgentes necesidades en un México cada vez más amenazado por la circulación de bienes y capitales de dudoso origen, en el que el crimen organizado disputa el poder palmo a palmo a las autoridades legítimamente constituidas, y en donde nuevas instituciones y medios de lucha tendrán que aparecer, pues el derecho se renueva constantemente al ritmo de los nuevos tiempos y de los crecientes conflictos sociales que traen aparejados.

Ante la creciente violencia que genera el crimen organizado, así como la comisión de delitos diarios en México; los operativos, los programas, las detenciones y el aseguramiento de droga y cualquier otra acción del Estado resultan insuficientes para combatir la delincuencia en México.

No es noticia que las bandas, año tras año, obtienen jugosas ganancias que les permiten especializarse y de hacerse de bienes, recursos y tecnologías que en muchas ocasiones, son superiores a las que el Estado cuenta para enfrentarlas.

En México hace falta una disposición que castigue a los que se dedican al crimen no sólo con la privación de la libertad y el decomiso de lo que porten, si no que también con el aseguramiento de los bienes o recursos que hayan adquirido con dinero ilícito y evitar que éstos sigan siendo instrumentos para incrementar su capacidad de operación.

La columna vertebral del crimen son sus finanzas y las propiedades que van adquiriendo, por ello, la implantación en nuestro sistema jurídico de una figura como la de extinción de dominio tendría amplios beneficios.

Es el momento de que incluyamos en el sistema normativo figuras que permitan al Estado poder enfrentarse a la delincuencia de un modo mas agresivo y eficaz, y para ello debemos de cortarles el subministro de dinero a estas organizaciones a fin de afectar la economía de los delincuentes.

Es por esto, que Convergencia se suma a la cruzada nacional de este tan importante y vital tema, y propone la creación la creación de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Es indispensable dotar al Estado, garantizando el debido proceso, de un mecanismo legal para la investigación, el examen y establecimiento del origen ilícito de patrimonios y fortunas realizadas al margen de la ley y proceder a su extinción.

Dicha propuesta, esta basada en varias legislaciones de otros países, y persigue la recuperación de bienes producto de actos ilícitos, y regula los medios, competencias y procedimientos para obtener dicha recuperación. La figura de la extinción de dominio es novedosa, hasta ahora, la pérdida del derecho real se realiza a través de figuras tradicionales como la expropiación, la transmisión y la prescripción. La novedad de esta figura, consiste en la introducción de una nueva forma de extinción, la cual consiste en la ``pérdida de ese derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular''.

Es un reto difícil, pero vale la pena arriesgarnos compañeros legisladores por el desarrollo de este tipo de proyectos para dotar al gobierno de herramientas que le ayuden a garantizar la seguridad de la sociedad. De igual forma, son varios los beneficios en conceptos de ahorro y aprovechamiento que podría explotar el Estado de todos aquellos bienes o recursos que provengan directa o indirectamente de una actividad delictiva, o de los que hayan sido utilizados como instrumento, objeto, o producto de actividades delictivas.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal Alberto Esteva Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, sea aprobado el siguiente

Proyecto de reforma y adición del artículo 22, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 22, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando en los términos siguientes

Artículo 22.

...

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá que se aplique la extinción de Dominio en favor del Estado de los bienes o recursos que hayan sido instrumento, objeto o producto de actividades delictivas, o de aquellos que hayan causado abandono de acuerdo a la ley respectiva. La resolución judicial se dictará previo procedimiento en el que se garantice el derecho de defensa y se acredite plenamente la relación de los bienes o recursos con las actividades que constituyan un delito. En ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. En todos los casos se cumplirá con todos los requisitos que la ley respectiva ordene.

Artículo Segundo. Se crea la Ley Federal de Extinción de Dominio, quedando en los términos siguientes

Ley Federal de Extinción de Dominio

Capítulo I De la Extinción del Dominio

Artículo 1o. Se entiende la extinción del dominio como la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

Artículo 2o. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial sobre los bienes o recursos que:

1. Provengan directa o indirectamente de una actividad delictiva.

2. Hayan sido utilizados como instrumento, objeto, o que sean producto de actividades delictivas o sean destinadas a éstas.

3. Provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades delictivas.

4. Teniendo una procedencia lícita, hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.

Artículo 3o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por bienes sujetos a extinción del dominio todos los que sean susceptibles de apropiación o que sobre ellos pueda recaer derecho de propiedad. Igualmente lo serán todos los frutos y rendimientos de tales bienes.

Capitulo II De la Acción de Extinción del Dominio

Artículo 4o. La acción de extinción del dominio es de naturaleza jurisdiccional. Procederá contra quien aparezca como titular de cualquier derecho real, principal o accesorio sobre los bienes comprometidos, o contra quien esté ejerciendo posesión sobre los mismos o contra quien se diga tenedor, a cualquier título.

Artículo 5o. El Ministerio Público de oficio deberá de iniciar la acción cuando concurra alguna de las causales del artículo 2o. de la presente ley.

Cualquier institución, ya sea pública o privada, y todas las personas físicas o morales, deberán informar de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio.

Podrán los organismos internacionales dar noticia para el inicio de la acción de extinción del dominio, siempre y cuando, estén habilitados por tratados o convenios de colaboración celebrados con el gobierno de México, y ratificados por el Senado de la República.

Artículo 6o. La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal.

La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente ley. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Capítulo III Del debido Proceso y de las Garantías

Artículo 7o. En ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción del dominio se garantizará el debido proceso, permitiendo al afectado presentar pruebas, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes y ejercer el derecho de defensa y replica que la Constitución Política consagra.

Artículo 8o. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de los afectados, y en particular los siguientes:

1) A probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuya titularidad se discute.

2) A probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción de extinción del dominio.

3) A demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.

Artículo 9o. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparecieren personalmente, la autoridad competente ordenará su emplazamiento, en los términos del artículo 12 de la presente Ley. Si pasados dos (2) meses de efectuado el emplazamiento, el afectado no se hace presente, se entenderá consumada la negativa a hacer válidos sus derechos y se le considerara rebelde en el juicio, siendo objeto de la acción de extinción del dominio. En tal caso, el juez reconocerá el abandono de los bienes o recursos en favor del Estado, dando por concluido el proceso.

Capítulo IV De la Competencia y del Procedimiento

Artículo 10. Iniciará la acción de extinción del dominio, el Procurador General de Justicia del lugar donde se encuentre el bien o el recurso que cumpla con las características del artículo 2 de la presente Ley, o bien, el Procurador General de la República para el caso de delitos federales, los cuales, directamente, o a través de los Ministerios Públicos locales o federales, realizarán la investigación correspondiente dando a los jueces competentes para dictar la sentencia de extinción del dominio, todos y cada uno de los elementos que demuestren el proceder de la acción de extinción de dominio.

Corresponde a los jueces penales del lugar en donde se encuentren ubicados los bienes proferir la sentencia que declare la extinción del dominio. En caso de que se hubieren encontrado bienes en distintos lugares, decidirá el juez del lugar en donde se encuentren el bien o bienes de mayor valor. La posterior aparición de bienes en otros lugares no alterará la competencia.

Artículo 11. El procurador competente, iniciará la investigación de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad con el artículo 5o. de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 2o.

En el desarrollo de esta fase, el procurador podrá decretar medidas cautelares, que comprenderán el secuestro de los bienes, de dineros depositados y que se llegaren a depositar en cuentas del sistema financiero, de títulos valores y de sus rendimientos, o la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física. Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de dos (2) semanas en esta fase. La resolución que inicie el proceso interrumpirá este término.

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados, quien procederá a abrir una cuenta; o en su defecto, podrá arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los bienes. Mientras los recursos monetarios o títulos valores se encuentren con medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, cuya cuantía formará parte de la masa de sus depósitos.

Los bienes fungibles, o los bienes muebles que puedan perderse o sufrir deterioro con el curso del tiempo, serán enajenados al mejor postor, o en condiciones de mercado cuando fuere el caso, y su producto líquido será el objeto de la medida cautelar.

Artículo 12. El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas:

1. El procurador que inicie el trámite, ejercitará acción en la que propondrá los hechos en que se funda, la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes. Si aún no se ha hecho en la fase inicial, decretará las medidas cautelares, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de notificada la el ejercicio de la acción a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2. El juez penal competente, recibida la acción, la admitirá o la desechara velando siempre que se cumplan con todos los requisitos procesales y sin violentar las garantías individuales que el o los afectados tienen. Una vez admitida la acción, se notificará dentro de los cinco (5) días siguientes, a las personas afectadas cuya dirección se conozca. La notificación cumplirá con todos los requisitos que debe de cumplir una notificación en materia de amparo.

3. Cinco (5) días después de libradas las comunicaciones pertinentes, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios según el certificado de registro correspondiente, y de las demás personas que se sientan con interés legítimo en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.

4. El emplazamiento se surtirá por edicto, que permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se publicará por una vez, dentro de dicho término, en un periódico de amplia circulación nacional y local donde se encuentren los bienes. Si el emplazado o los emplazados no se presentaren dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público y empezará a contar el término de que trata el artículo 10 del presente decreto.

5. Dentro de los ocho (8) días siguientes al término de su comparecencia, los afectados podrán solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición, y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables.

6. Transcurrido el término anterior, se realizaran el desahogo de las pruebas en un término de treinta (30) días, que no será prorrogable. Excepto cuando el juez admita pruebas supervenientes.

7. Concluido el término probatorio, se abrirá un término común de cinco (5) días, durante los cuales los afectados y los procuradores o los Ministerios Públicos alegarán sus conclusiones.

8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) días siguientes el juez dictará una resolución en la cual concluya respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

9. En contra de la sentencia que decrete la extinción del dominio sólo procede el recurso de apelación, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que el expediente llegue a su despacho.

10. En ningún caso el procurador o el juez ordenarán la devolución de bienes hasta en tanto se tenga decisión definitiva sobre la extinción del dominio.

Artículo 13. Cualquiera nulidad que aleguen las partes, será considerada en la resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento.

Artículo 14. Causales de nulidad. Las únicas causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, serán las siguientes:

1. Falta de competencia.

2. Falta de notificación.

3. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una prueba oportunamente decretada.

Artículo 15. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, gravámenes o cualquiera otra limitación a la propiedad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor del Estado.

Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a disposición del SAE, o si estuvieren embargados en la cuenta de una entidad financiera, en la sentencia se ordenará que se le haga entrega inmediata de los mismos o que se consignen a su disposición los valores dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la anulación del mismo y la expedición de uno nuevo a nombre del citado SAE.

Si en la sentencia se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario, el SAE procederá a su venta a través de pública subasta, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia se indique.

Artículo 16. Los gastos que se generen con ocasión del trámite de la acción de extinción del dominio, así como los que se presenten por la administración de los bienes, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que han ingresado a SAE.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Alberto Esteva Salinas . Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso, Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Citricultura

El suscrito, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los productos básicos y estratégicos son todos aquellos alimentos que forman la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones; también abarcan los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Estos productos, señalados en el artículo 179 de la Ley General de Desarrollo Sustentable constituyen la canasta básica agropecuaria, representando el conjunto de artículos generados por el campo que tienen la doble cualidad de constituir alimentos indispensables para la población y que también forman la base mínima para alcanzar la soberanía agropecuaria, dada su importancia en el mercado interno e internacional, la experiencia y capacidad productiva con que contamos y la vocación de los suelos mexicanos, que nos permiten ser competitivos en ellos.

El Constituyente Permanente determinó que se incluyeran los productos estratégicos y básicos del campo en la referida ley, como una manera de que constituyan los puntos de referencia para destinar a ellos, de manera especial, los planes, programas, políticas y recursos suficientes para incrementar su productividad, asegurar que siempre estén al alcance de la población y que constituyan el núcleo básico de la acción directa del Estado, principalmente para garantizar condiciones equitativas y su protección frente a la competencia que implican la apertura comercial y la posible penetración de productos agropecuarios de otros países hacia el mercado internacional.

Los productos agropecuarios estratégicos y básicos constituyen también la base de protección y ampliación del empleo y del salario de los trabajadores del campo mexicano. Prácticamente la totalidad de quienes dedican su trabajo al sector rural se enfocan en los productos que señala con este carácter la ley. Alrededor de ellos viven y progresan cientos de miles de familias, formando también parte de su cultura regional. Este aspecto es sumamente importante, en virtud de que, de los más de 110 millones de mexicanos, la tercera parte vive en el medio rural, con el añadido de que esta proporción es la que hace posible proveer la alimentación del total de la población.

La ley, por ello, señala que tales productos están constituidos por 11 alimentos, que son: maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescado.

Lamentablemente, la canasta básica, que es un referente para el control de la inflación y un indicador confiable de lo que consumen los mexicanos, derivado de la aplicación de la encuesta ingreso-gasto de los hogares mexicanos, permite identificar un patrón sociológico en donde paulatinamente la población sustituye los alimentos nutritivos por otros, que incluso pueden producir daños a la salud.

En dicha canasta se encuentran productos industrializados, que aunque la mayoría de la población los demanda, se trata de alimentos que la propia industria alimentaria impone a través de diversos mecanismos de comercialización y que conjugados por el deterioro del poder adquisitivo de la población, sustituye los alimentos por otros, como los refrescos embotellados, en lugar de frutas con los que se elaboren bebidas naturales.

Nuestro país tiene el gran compromiso de consolidar la soberanía alimentaria para apoyar la producción agrícola de nuestros campesinos y así elevar la producción y abasto de los alimentos que la población requiere, para su desarrollo sano y nutritivo.

Queremos precisar que nuestra idea de soberanía alimentaria no significa, de ningún modo, una propuesta de aislamiento económico, en virtud de que esto es una falacia que nunca ha existido, toda vez que el intercambio entre las naciones, como bien lo definía el teórico Adam Smith en su celebre obra, fundadora de la visión del mercado, es ancestral, desmintiendo que pueda haber naciones que por sí mismas solucionen todas sus necesidades de bienes y servicios.

La soberanía alimentaria, bien entendida, es la capacidad que tiene un Estado de determinar por sí mismo sus políticas agropecuarias y estimular las preferencias y hábitos culturales alimenticios prevalecientes entre la población. En este sentido, nadie puede poner en duda que los productos señalados anteriormente forman parte de la dieta que se proveen nuestros connacionales de manera habitual.

No obstante, debemos señalar que hay otros alimentos que están cotidianamente en la mesa y el gusto de la población, además de que forman parte importante del sistema productivo agropecuario y que no están contemplados entre el grupo de productos que integran la canasta agropecuaria básica y estratégica. Es el caso de la naranja, que se consume diariamente en sus diferentes presentaciones naturales o industrializadas, como jugo, fruta, aderezos, mermeladas, suplementos alimenticios, entre otros, tanto por la mayoría de los mexicanos como, sin temor a equivocarnos, por la generalidad de los habitantes del planeta.

De lo anterior se desprende que la política agropecuaria debe atender tanto la capacidad productiva del país como las necesidades sociales, enfocadas al desarrollo sano de la población. Para ello, es importante que coadyuve a solventar los requerimientos de la pirámide nutricional, que es el cuadro en el que se integran los diferentes grupos de alimentos más aptos para el consumo humano y que guía las recomendaciones de las instituciones de salud en todo el mundo, así como los mecanismos de producción y de comercialización de los mismos. En ella se plasma que el ser humano requiere diariamente de granos (6 onzas), verduras (2.5 tazas), frutas (2 tazas), productos lácteos (3 tazas), carnes y frijoles (5.5 onzas).

Las frutas ocupan el segundo lugar en la pirámide nutricional, debido a que estos alimentos son una fuente rica de vitaminas y minerales, aportan una cantidad muy baja de calorías, permitiendo que su consumo pueda ser ilimitado. Las frutas son en su mayoría agua, en una proporción de más del 70 por ciento, lo que ayuda a limpiar el organismo y a crear nuevas células, especialmente en la piel. Por ello, se recomienda consumir sobre todo frutas frescas y jugos naturales. Inclusive, en el caso de la industria refresquera y de bebidas envasadas se recomienda disminuir la cantidad de sodio y azúcar y elevar la proporción de jugo de fruta natural, para armonizar desarrollo industrial con hábitos más saludables.

En nuestro país, la agricultura es la actividad preponderante; genera el mayor valor económico, con más de 70 por ciento del total del sector primario, seguido por la ganadería, la silvicultura y la pesca.

En su conjunto, destaca la potencialidad de la producción de cítricos, que es la actividad a que se dedican alrededor de 110 mil productores, entre los que destacan los de naranja, con más de 90 mil.

Los cítricos son cultivados en una superficie aproximada de 500 mil hectáreas en diversos estados del país. La naranja es producida a todo lo largo y ancho del país, siendo el estado de Veracruz el que mayor cosecha obtiene (203 mil 768 toneladas, en enero de 2007). Nuestra capacidad de producción es muy alta. Se obtienen cosechas de más de 3 mil 500 millones de toneladas, de las cuales se industrializan alrededor de 500 millones de toneladas, a pesar de que la demanda es elevada en todos los mercados.

La naranja es uno de los productos que ofrecen una amplia ventaja competitiva, tanto por la cantidad como por la calidad, satisfaciendo los requerimientos del mercado nacional e internacional, que son cada vez más exigentes. Asimismo, es un alimento que tiene amplias posibilidades de desarrollarse de frente a las ventanas de oportunidad que tiene abiertas México, como único país de la tierra que ha suscrito tratados de comercio libre con todas las regiones y con un amplío número de países en términos bilaterales.

La naranja tiene una amplia aceptación por su gusto, pero también por su aporte a la salud. En el siglo XX se descubrieron las virtudes de la vitamina C y esto significó su consagración definitiva. Esta categoría de vitamina es necesaria para producir colágeno, sumamente importante en el crecimiento y reparación de las células y los tejidos, las encías, vasos, huesos y dientes. También es útil para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de reducir el colesterol, tan importante en las sociedades modernas, por el incremento en la ingesta de grasas saturadas y la expansión del sedentarismo.

La naranja es una fruta que contiene vitamina C, beta-caroteno y bioflavinoides, permite combatir problemas circulatorios, resfríos, así como reducir el cáncer en el estómago. Además, contiene pequeñas cantidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E. Por ello, es ampliamente recomendable consumirla para el bienestar del ser humano. Verdaderamente es uno de los mejores alimentos del presente y del futuro.

Adicionalmente, señalamos que estudios recientes indican que su consumo es útil para las personas que padecen diabetes tipo I o insulino-dependientes, ya que una naranja eleva el azúcar y ayuda a prevenir una hipoglucemia, o sea una baja brusca y peligrosa de los niveles de glucosa en la sangre.

Por estas consideraciones, que abarcan razones productivas, sociales, económicas, de comercio internacional, de nutrición y de salud, nos parece que es viable incorporar la naranja como uno de los productos agropecuarios básicos y estratégicos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que redundará en amplios beneficios generales para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de nuestro país.

Esta iniciativa con proyecto de decreto propone adicional la fracción XII del artículo 179 de dicha ley, cumplimentando éste elevado objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable.

Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 179. ...

I. a XI. ...

XII. Naranja.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar y publicar un programa específico para el desarrollo y la producción de la naranja, con visión de sustentabilidad económica y social, a los 60 días naturales de la publicación de este decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputados: Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera , Odilón Romero Gutiérrez , Ramón Salas López (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Pedro Montalvo. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.

La siguiente iniciativa se pospone y había sido suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz , del grupo parlamentario del PRD.

ESTADO DE MORELOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia recibió del diputado Faustino Javier Estrada González , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo para que se exhorte a las autoridades competentes del estado de Morelos, adopten medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de Morelos a adoptar las medidas necesarias para frenar la ola de violencia contra mujeres, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del PVEM

Faustino Javier Estrada González , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México la alarmante cantidad de homicidios y desapariciones de mujeres y niñas, así como la violencia extrema aplicada y la presencia de la impunidad han puesto de manifiesto la responsabilidad del Estado ante este terrible fenómeno.

El homicidio de mujeres y niñas ha alcanzado una connotación de violencia de género, porque expresa discriminación, abuso y opresión en contra de las mujeres por su naturaleza.

Según información disponible, en el estado de Morelos del 2000 al 2005 se han cometido cerca de 200 crímenes violentos de mujeres, pero las cifras oficiales sólo reconocen 143 en ese periodo.

En Morelos la tasa de homicidios en la entidad es de 3.25 por cada cien mil mujeres, es decir, Morelos es uno de los cinco estados en los que ocurre el 55 por ciento de los asesinatos de mujeres.

Asimismo, Morelos, forma parte de una franja de estados en los que el número de asesinatos de mujeres ha crecido de manera alarmante.

Un grave ambiente de violencia de género e impunidad se vive en el estado, razón por la cual desde 2005 se creó la fiscalía especializada para atender delitos contra las mujeres.

No obstante ello, en este año, sólo en el mes de enero se han cometido 6 homicidios con uso de violencia extrema y en uno de ellos incluso se mutiló el cuerpo para dificultar su identificación.

Las acciones gubernamentales morelenses para enfrentar y erradicar la violencia de género morelense han sido insuficientes.

El creciente número de feminicidios refleja la ausencia de justicia que tanto pregonan las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia.

Es urgente se adopten medidas para detener la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas que enfrenta el estado y, sobre todo, se esclarezcan los homicidios.

Es urgente que todas las victimas accedan a la justicia, se repare el daño y se tomen medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Es urgente que las autoridades estatales instrumenten y articulen políticas públicas desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La Procuraduría de Justicia del estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no han dado los resultados esperados. El índice de impunidad en la materia es muy alto, son muy pocos los casos que han sido resueltos y la Secretaría de Seguridad Pública ha evidenciado falta de compromiso para la promoción de la prevención del delito en contra de mujeres y niñas.

Es urgente que pasemos de los números a los resultados, esos números tienen una historia, una familia, basta señalar un claro ejemplo de ello, el secuestro y homicidio de Gabriela Hoyos y Pérez de 39 años, quien de acuerdo con las investigaciones que se desprenden de la averiguación previa iniciada por la Procuraduría estatal, el 14 de marzo se detuvo a Arturo René Kramer López, como probable responsable y se consignó el expediente ante la autoridad judicial competente.

Destaca que a pesar de las pruebas que obran en la averiguación previa iniciada en contra del supuesto responsable, el juez de la causa dictó auto de libertad.

Este caso es una prueba más de la corrupción que permea en la procuración y administración de justicia en el estado de Morelos.

Además de los actos de violencia que se cometen en contra de mujeres y niñas, la impunidad es otro factor que contribuye a fomentar conductas deleznables en su contra.

Es urgente detener estos actos de violencia y sobre todo no permitir la impunidad. No podemos permitir que quienes atentan contra la vida e integridad física de lo más preciado como son las mujeres: ya sean madres, hijas, hermanas, no reciban el castigo que la ley establece.

La sociedad morelense exige justicia y, en particular, que la(s) persona(s) responsable(s) reciba(n) el castigo que la ley prevé para estos casos de secuestro, homicidio y violencia de género.

Finalmente, el feminicidio plantea un conjunto de acciones dirigidas a usar, abusar, eliminar, humillar y asesinar a las mujeres por medio de la violencia. No sólo son conductas antisociales reprobables, sino que constituyen verdaderas violaciones de derechos humanos. Por ello, es urgente llevar a cabo acciones que frenen y disuadan la comisión de ilícitos de género.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que el de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura someto a la consideración de esta honorable Asamblea solicitando sea turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de Justicia del estado de Morelos, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a la presidenta del DIF-Morelos y, en general, a todas las autoridades competentes del estado a que adopten las medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas.

Segundo. Se exhorta, con pleno respeto al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Procurador General de Justicia del estado de Morelos para que ordene que en la averiguación previa iniciada por el probable secuestro y homicidio de Gabriela Hoyos y Pérez se realicen las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos, en términos de la legislación aplicable y, se vigile que no se cometan actos de corrupción que fomenten la impunidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil siete.--- Diputado Faustino Javier Estrada González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Carlos Alberto García González , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio sobre las condiciones climáticas en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Carlos Alberto García González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades competentes, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde, con base en los siguientes:

Considerandos

1. El esquema tarifario vigente en la República Mexicana ha hecho sustanciales avances para abastecer de energía eléctrica a quienes menos tienen. Basta recordar que en el año 2002 el titular del Ejecutivo federal promulgó un acuerdo para modificar la estructura de las tarifas eléctricas, a fin de instituir la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). De igual forma, se ha buscado establecer un esquema de subsidios que facilite la reasignación entre usuarios de consumo intermedio y que los elimine para quienes registran altos niveles de consumo.

En la actualidad el esquema de tarifas vigente ha alcanzado altos niveles de sofisticación. Su objetivo primordial es llevar energía y oportunidades a todos los pobladores del territorio nacional. Sin embargo, consideramos que aún se pueden propiciar avances de consideración, por lo que está en nuestro interés aportar elementos que muchas veces se desconocen sobre la problemática que se vive en algunas regiones de nuestro país.

2. Hoy vengo a exponer ante esta honorable Cámara de Diputados la situación prevaleciente en Tamaulipas. De acuerdo a los registros promedio obtenidos durante varios años en las unidades termométricas de algunos municipios, la temperatura promedio no baja de 30 grados centígrados desde los seis meses previos al mes de octubre. Este hecho lo confirman los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

En ocasiones, las familias de escasos recursos se ven en la necesidad de concentrarse en espacios reducidos con la finalidad de utilizar los sistemas de enfriamiento, sin sobrepasar en el hogar, los niveles de consumo que les permiten acceder a tarifas preferenciales. De otro modo, una familia tamaulipeca que con esfuerzo genera ingresos para procurarse un nivel de vida mínimamente digno, acaba dedicando una proporción sumamente importante de su sustento, al gasto en energía eléctrica durante la época de verano.

3. Bajo este contexto, considero que una revisión detallada de los rangos de consumo para los que aplica cada nivel tarifario, podría aportar nuevos elementos para llevar energía a quienes la necesitan bajo las condiciones más extremas. Por ello es de mi interés propiciar ajustes que respondan a las verdaderas necesidades de la población en época de verano.

El denominado Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado el 7 de febrero del año 2002, maneja un consumo básico de hasta 140 Kwh. Éste, en el mejor de los casos permite utilizar electrodomésticos esenciales como son el refrigerador, algunos otros aparatos de bajo consumo y un número limitado de focos para iluminar el hogar. Por tal razón, una familia que tenga la necesidad de utilizar un sistema de enfriamiento artificial, se ve obligada a hacer consumos correspondientes a segmentos tarifarios de alto costo. Esto incide de manera directa en el gasto y el nivel de bienestar de las familias.

El Servicio de Investigación y Análisis de esta honorable representación, elaboró un estudio denominado ``Tarifas Eléctricas: impacto en los hogares por el incremento en las tarifas eléctricas. Análisis por deciles de ingreso y por tipo de localidad''. Dicho estudio se realizó para identificar qué porcentaje de la población se beneficiaría del acuerdo referido. El argumento expresado públicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era que el 75% de los hogares se beneficiarían del subsidio aplicado. Sin embargo, este estudio señala que ``...con la tarifa residencial promedio, únicamente los deciles de ingreso I, II y III mantendrían el subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 283.90 KW/h mensuales...''

Además, menciona que el estudio concluye que para localidades urbanas, como es el caso de Matamoros, y prácticamente todas las comunidades fronterizas, ``...con la tarifa residencial promedio, únicamente los hogares pertenecientes al decil I de ingreso mantendrían el subsidio gubernamental por consumo de electricidad, el cual representa el 8.59% de los hogares que demandaron este servicio. Asimismo, el consumo mensual máximo, para mantener el subsidio al 75% de la población sería de 319.57 KW/h...''

4. En consecuencia, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son claras, al señalar las obligaciones y atribuciones de cada dependencia y entidad del Ejecutivo federal, como que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía tienen que establecer las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.

5. Por ultimo, es destacable mencionar que tanto las ciudades de Reynosa como Río Bravo, ya les fueron reclasificadas sus tarifas eléctricas, y a Matamoros no; siendo que esta última ciudad se encuentra a escasos minutos de las primeras mencionadas, por lo que los registros termométricos serían prácticamente los mismos, de lo que se infiere una incongruencia en perjuicio de los habitantes de Matamoros.

Por lo anterior, se torna impostergable que el Ejecutivo federal a través de las dependencias que correspondan, lleve a cabo un estudio en aquellas regiones con altos consumos de energía eléctrica en la época de verano, a fin de determinar la conveniencia y actualidad de la clasificación de las tarifas eléctricas vigente, en virtud de que con los altos costos del servicio de energía eléctrica los ciudadanos que habitan en Matamoros, resultan los más afectados por las altas temperaturas registradas en verano

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a las dependencias y entidades competentes para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas.

Segundo. Una vez realizado el estudio en comento, se proceda a determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde al municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de abril de 2007.--- Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió también del diputado Alberto Esteva Salinas , del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal Alberto Esteva Salinas , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo alcanza una determinada edad en la que pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral.

Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral por indistintas razones, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que suele consistir en una renta mensual llamada pensión, la cual es una prestación vitalicia y sólo se extingue con la muerte del trabajador.

La problemática del sistema público de pensiones en México, en esencia, es compleja. Su operación se ha deteriorado seriamente y su solución se dificulta porque convergen en ella muchos intereses políticos y de grupos sindicales, que se crearon como instrumentos eficaces del control político.

Los beneficios de la jubilación son producto de múltiples luchas sociales a lo largo de la historia de México y que se han logrado pactar a lo largo del tiempo en nuestra Constitución, leyes federales y contratos colectivos de trabajo.

En los últimos años el panorama de la seguridad social ha sido desfavorable para los mexicanos, puesto que el Estado, en lugar de impulsar marcos legales que garanticen una jubilación adecuada y una pensión justa, ha fomentado la injerencia de grupos de poder y leyes que no obedecen a la racionalidad, ni son sustentadas financieramente en estudios que la garanticen.

Por esto, en Convergencia creemos importante señalar la urgencia de impulsar un marco legal completo que ordene y homologue los diferentes sistemas de pensiones y jubilaciones del país; si bien es cierto que la nueva Ley del ISSSTE hace alguna mención de ello en uno de sus articulados, la oscuridad y trato superficial de la misma abre la posibilidad de que un derecho tan importante como éste se convierta en una promesa mas sin cumplir hacia la clase trabajadora que tanto le debemos.

Requiere de mucha voluntad política, pero el fondo constituye uno de los principales problemas en los que se encuentran miles de mexicanos, que tras haber cotizado primeramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), o viceversa, pierden parte o su total antigüedad laboral resultándoles perjudicial la individualidad de ésta normatividad.

Al instalar esta comisión resarciremos el daño que se le ha causado a la clase trabajadora, como es el caso de la aprobación en lo general de la nueva Ley del ISSSTE por ésta Cámara, que sepulta una vez más el principio solidario de la seguridad social del país, haciéndolo a costa de los derechos individuales de los trabajadores, ocultando en la retroactividad de éste proyecto la violación flagrante de derechos preexistentes, de quienes tenían al final de su vida laboral la expectativa y la ilusión de asegurar una pensión justa con relación a los años laborados.

Del estudio de las leyes vemos que todo trabajador tiene el derecho de recibir una pensión, pero sólo lo establece para aquellos casos de invalidez, vejez y muerte, dejando desprotegidos a todas aquellas familias de trabajadores que, por diversas situaciones, no llegan a jubilarse en las dependencias que durante años prestaron sus servicios.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se instale una comisión especial por parte del Congreso de la Unión encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que instituya la homologación de las leyes de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los trabajadores no pierdan su derecho de antigüedad por dejar de laborar indistintamente o cotizar en cualquiera de ellas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Carlos Alberto García González , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los esfuerzos realizados en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los apoyos gubernamentales a emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al conocimiento de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a profundizar las acciones de coordinación y simplificación en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, microempresas y empresas pequeñas y medianas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Con fecha 5 de marzo del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo federal presentó los avances de su gobierno para promover la creación de más y mejores empleos.

Entre otras acciones, anunció la integración en una sola coordinación del Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes), el Programa Nacional de Financiamiento a la Microempresa (Pronafim), y el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).

Esta acertada decisión, permitirá eliminar duplicidades y ahorrar recursos que podrán destinarse a más apoyos para el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresas.

2. Con base en la información del Presupuesto de Egresos 2007, aprobado por esta honorable Asamblea, el costo de operación de los programas de subsidios de la Secretaría de Economía antes aludidos, asciende a más de 444 millones de pesos, mismos que seguramente disminuirán al integrarse en una sola coordinación.

3. Sin embargo, es necesario ampliar este esfuerzo de coordinación a otros fondos y programas de la Administración Pública Federal.

En efecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, comprende diversos programas de apoyo a proyectos productivos que se otorgan a individuos o grupos sociales, cuyo propósito fundamental es fomentar el desarrollo económico nacional, creando empleos directos e indirectos bien remunerados y estables, ya sea en el medio rural o en el medio urbano, ya sea para la población indígena o no indígena, o bien para mujeres o población en general.

En su conjunto, estos diversos programas de subsidios de la Sagarpa, la SRA, la Sedesol, la CDI, la STPS y Semarnat representan más de 50 mil millones de pesos y tienen un costo de operación cercano a los 5 mil millones de pesos, como se observa en el siguiente cuadro. Es importante precisar que este costo de operación es aún mayor si se considera que dentro de los recursos asignados como subsidio, las diversas reglas de operación que señalan el procedimiento de su aplicación, establecen diferentes porcentajes destinados a la operación de los programas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin incluir los recursos destinados a Procampo, tiene asignados mas de 24 mil millones de pesos destinados a apoyar proyectos productivos agrícolas, pecuarios y pesqueros, con un costo de operación superior a los 2 mil millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria, tiene asignados más de 1,600 millones para propósitos similares, con un costo de operación superior a 18 millones de pesos.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, sin considerar el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y los programas de subsidios para Diconsa y Fonhapo, tiene asignados de más de 13 mil millones de pesos para apoyar, entre otros conceptos, proyectos productivos en las zonas de alta marginación, con un costo de operación cercano a los 230 millones de pesos.

La Conafor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene asignados cerca de 3 mil millones de pesos que también benefician en buena medida a proyectos productivos que tengan el objetivo fundamental de aprovechar de manera sustentable nuestros recursos forestales, con un costo de operación de más de 1,300 millones de pesos.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dispone de mas de 6 mil millones de pesos para apoyar los proyectos productivos agropecuarios, ecoturísticos y artesanales de individuos o grupos sociales indígenas, con un costo de operación de más de 900 millones de pesos.

Finalmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, además de sus acciones de capacitación para el empleo, también asigna apoyos para proyectos productivos, acciones ambas que cuentan con una asignación presupuestal de mas de 1,000 millones de pesos, con un costo de operación de más de 300 millones de pesos.

4. Todos y cada uno de los programas a cargo de las dependencias referidas que aplican los recursos presupuestales señalados cuentan con reglas de operación que establecen la población objetivo, los tipos de apoyos y los requisitos para tener acceso a los beneficios ofrecidos.

Una revisión general de estas reglas permite constatar similitudes en la población objetivo, en el tipo de apoyos y en los requisitos de acceso a los beneficios, sean estos apoyos directos u apoyos otorgados por la vía de instituciones de microfinanciamiento.

De igual forma, dichas dependencias están obligadas a integrar los padrones de individuos u organizaciones que reciban los apoyos otorgados, procurando diversificarlos y evitar que los beneficiarios reciban apoyos duplicados para el mismo propósito. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucionales dificulta esta tarea.

5. Con fecha 24 de noviembre de 2004, se publicó un acuerdo del Ejecutivo federal por el cual se creó el Comité para Reestructurar los Programas de Apoyos y Financiamientos a las Actividades Productivas de la Población de Bajos Ingresos y a los Intermediarios de la Banca Social.

Dicho comité, integrado por el titular de la Oficina para las Políticas Públicas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, los subsecretarios de Egresos y de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de la Función Pública, y el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, tendría el propósito de analizar y estudiar los programas que opera el gobierno federal, a fin de proponer acciones concretas tendientes a que los mismos sean más eficientes y eficaces y de lograr una mejor coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal que los manejan para generar mayores economías y evitar duplicidad de funciones y estructuras.

Sin embargo, a la fecha únicamente se ha tomado la decisión que ha anunciado el ciudadano presidente Felipe Calderón Hinojosa, misma que reconocemos en toda su magnitud, pero que consideramos necesario profundizar.

Considerandos

Que el gobierno debe ser un promotor eficiente de la actividad económica, que reconoce que el crecimiento, la inversión y los empleos provienen del esfuerzo de la sociedad.

Que es necesario eliminar duplicidades y ahorrar recursos que puedan canalizarse a más apoyos para el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresas.

Que es tiempo de poner fin a la tramitología y a los obstáculos que inhiben la formación y el éxito de nuevos proyectos productivos que generen más y mejores empleos.

Que es necesario profundizar en la simplificación de los trámites para acceder a los beneficios gubernamentales para la creación de más y mejores empleos.

Que es necesario avanzar en la integración de los diferentes apoyos que brinda el gobierno a los emprendedores en una sola ventanilla.

Que la mejor manera de combatir la desigualdad y la pobreza es precisamente con empleo y con más y mejores oportunidades para desarrollar fuentes de empleo.

En virtud de tolo lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, con fundamento en las atribuciones que le confiere la legislación aplicable, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con la participación de las Secretarías de Economía y la Función Pública, y con base en los resultados obtenidos de los trabajos realizados por el Comité para Reestructurar los Programas de Apoyos y Financiamientos a las Actividades Productivas de la Población de Bajos Ingresos y a los Intermediarios de la Banca Social, creado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de noviembre del 2004, evalúe la viabilidad jurídica, administrativa, presupuestal y financiera de concentrar en una sola entidad la responsabilidad de diseñar, aplicar y evaluar la política de apoyos gubernamentales para emprendedores, microempresas, empresas pequeñas y medianas, tanto del ámbito rural y urbano, profundizando con ello las acciones de coordinación y simplificación en esta materia, anunciadas el pasado 5 de marzo del año en curso.

Dado en el Palacio Legislativo, 10 de abril de 2007.--- Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Economía.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Francisco Antonio Fraile García , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2006 en el estado de Puebla.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite los recursos federales que integran la Cuenta Pública de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Como representante popular e integrante del Poder Legislativo, entiendo que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante si lo que se busca es la correcta aplicación de dichos recursos y, en caso de comprobarse irregularidades, determinar las responsabilidades correspondientes. Ésta ha sido una constante del gobierno federal, y así lo hemos asumido todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias representadas en ésta honorable Asamblea.

2. Sabemos --gracias a la grabación de una conversación telefónica entre el llamado ``Rey de la Mezclilla'', Kamel Nacif, y el gobernador de Puebla, Mario Marín, transcrita y publicada el 14 de febrero del 2006 en el diario La Jornada-- que el gobernador de Puebla tuvo una abierta participación en la ilegal detención y violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén.

3. Sabemos también, gracias a otras grabaciones difundidas el 20 de septiembre del 2006 por la periodista Carmen Aristegui en la XEW, que Kamel Nacif regaló 100 mil camisetas con un costo de 1.5 millones de pesos para la campaña de Mario Marín cuando contendía por la gubernatura del estado; donación que nunca fue declarada ante las autoridades electorales del estado.

4. En una ``carta a la opinión pública'' elaborada y firmada por Kamel Nacif, la cual fue publicada el pasado 19 de septiembre en el periódico El Universal, el llamado ``Rey de la Mezclilla'' aceptó como propias las llamadas telefónicas que sostuvo con diversas personalidades de la vida política nacional, entre ellas el propio gobernador de Puebla.

5. El recuento de los hechos desde que escuchamos las vergonzosas conversaciones ha sido lamentable y deshonroso para el mandatario estatal y para todos los poblanos. A partir del 14 de febrero del 2006, fecha en que se dieron a conocer las citadas grabaciones, en el estado de Puebla prevalece una crisis de gobernabilidad e incertidumbre política. En su intento por recuperar su imagen pública, el gobernador Mario Marín inició una costosa y agresiva estrategia en medios de comunicación, a la par de su defensa jurídica derivada del caso. ¿Cuánto se ha gastado en su defensa jurídica? ¿Cuánto dinero público le ha costado a los poblanos la ostentosa estrategia mediática del gobierno del estado para intentar resarcir la imagen del gobernador? No lo sabemos, pero suponemos a partir de lo que hemos visto y oído los poblanos a través de los distintos medios de comunicación en la entidad, que está muy por encima de lo que tiene autorizado.

6. Durante los meses de febrero y marzo del 2006, el gobernador de Puebla ordenó diversos estudios de audio y de voz a las grabaciones difundidas. Entre los estudios destaca el realizado por una empresa norteamericana denominada Mattern Inc., que de acuerdo con la versión oficial costó más de 100 mil pesos, sin embargo, diversas versiones periodísticas aseguraron en su momento que los costos reales del estudio estuvieron muy por encima de lo que se dio a conocer.

7. La estrategia mediática del gobernador también incluyó una nueva afrenta contra periodistas. Todos escuchamos en la conversación del 14 de febrero entre Kamel Nacif y Mario Marín que, al referirse a los medios, el gobernador mencionó, de manera despectiva y por demás soez, que los periodistas ``se creen dioses''. El pasado 26 de septiembre arremetió de manera verbal contra los periodistas Mario Alberto Mejía y Arturo Rueda porque no soportó la crítica de su programa radiofónico La quinta columna. Después de eso el programa citado salió del aire. Fue una clara medida de censura por parte del gobierno estatal, que de acuerdo con diversos testimonios y versiones, incluidas las de la periodista Lydia Cacho, tiene un costo al erario de 1 millón de pesos mensuales. Es un grave error la censura, refleja la condición autoritaria y el pobre nivel de gobierno estatal que tenemos, pero también es un grave error y un agravio a los poblanos que el gobernador disponga del dinero público para su defensa legal y para intentar restituir su imagen pública.

8. El gobierno del estado de Puebla posee amplias facultades legales para el manejo de su presupuesto. El artículo 6 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla establece que el Ejecutivo estatal podrá disponer el traspaso de recursos entre dependencias, entre entidades o entre dependencias y entidades, sin que quede claro a quién se le debe rendir cuentas de estos movimientos. Además, el gobernador también posee el control del Congreso estatal y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lo que le da un amplio margen de maniobra para realizar los movimientos presupuestales. Aunado a ello, el estado de Puebla es una de las entidades más atrasadas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En la actualidad es prácticamente imposible conocer a detalle el uso y destino de los recursos públicos.

9. Otro desatino garrafal por parte del gobernador del estado para intentar restituir su deteriorada imagen pública, fue la erogación de 20 millones de pesos del dinero público para la realización de los Premios Oye, en el Centro Cultural Siglo XXI. Este desacierto se suma a la larga lista de pifias que ha realizado el Gobernador Mario Marín en contra de los poblanos y contra el erario público. El dinero que se recauda vía impuesto sobre nómina es, a fin de cuentas, dinero de todos los poblanos, y como tal, debe ser administrado con absoluta transparencia y estar destinado a atender las necesidades más apremiantes de la población. Esta fue la mejor muestra de la falta de visión del gobierno pues existen áreas prioritarias que necesitan atención urgente para abatir los índices de rezago social y los bajos niveles de competitividad que existen.

El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta con autonomía técnica y de gestión a la de la Cámara de Diputados para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales, así como los recursos federales que ejerzan los particulares. Además, la fracción primera de dicho artículo constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación facultan a ésta honorable Asamblea para requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.

En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo que someto a consideración del Pleno tiene como objetivo solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que investigue, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo y aplicación de los fondos y recursos públicos por parte del gobierno del estado de Puebla, poniendo especial énfasis en los recursos públicos utilizados para la defensa jurídica del gobernador en el caso Lydia Cacho y en los recursos destinados a comunicación social del estado a efecto de resarcir la imagen del gobernador.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Asamblea solicite a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice el correcto ejercicio de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, y en caso de encontrar irregularidades, se actúe en términos de ley, para imponer las sanciones respectivas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

PRODUCTORES DE TORTILLA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Mario Mendoza Cortés , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda condone el pago del IVA de energía eléctrica y gas a los productores de tortilla.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Desde el inicio del presente año, la tortilla, alimento básico en México, sufre un fuerte incremento de precios, lo que ha derivado en una encolerizada polémica entre autoridades, productores y asociaciones campesinas, y el repudio generalizado de la población, sobre todo de los más pobres.

Con la finalidad de impedir el alza en el precio de la tortilla, el gobierno federal acordó establecer un precio fijo del kilogramo de éste producto básico, dejando de lado cualquier subsidio a favor de los productores de tortilla, quienes finalmente son los que deben atender el precio establecido por el gobierno federal.

Los costos en la producción de la tortilla como producto final se ven incrementados, entre otras cosas por el consumo de luz y gas, lo que repercute en el incremento de sus precios. Por ello, el Gobierno Federal debe otorgar subsidios para los productores, a fin que estén en condiciones de mantener a bajo costo el precio de la tortilla y la sociedad en general pueda verse beneficiada.

Nuestro sistema de producción de maíz y tortilla se encuentra frente a un panorama poco alentador, ya que la siguiente fase del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) liberará el mercado de maíz, frijol, leche y carne. Mientras Estados Unidos mantiene fuertes subsidios, México deja a la deriva a sus productores.

Sin subsidios para la agricultura y para la producción de la tortilla, ésta se enfrentará a importaciones desleales, donde se generará un claro dumping, solapado por el propio gobierno mexicano, ya que la importación del maíz eleva su precio y el costo de la tortilla, por lo que debemos decidir de qué manera se apoyará tanto a los agricultores como a los productores de tortilla.

Se debe considerar que en México se produce el 70 por ciento de maíz para consumo nacional y se importa el 30 por ciento; sin embargo, las importaciones están aumentando más rápido que la producción nacional lo que es poco alentador para los productores de la tortilla, pues las estadísticas indican que este producto básico, pilar de la alimentación nacional, será abastecido mediante las importaciones a precios cada vez mayores, lo que incrementa el precio de la tortilla como producto final.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la apertura total al mercado del maíz del 2008 afectará a más del 50 por ciento de la población activa del campo o, todavía más grave, a más del 65 por ciento de los productores que se dedican a cultivar maíz y que afectará la producción agropecuaria y a toda la sociedad.

Con el TLCAN y con la falta de políticas compensatorias, México pone en duda la viabilidad de su seguridad alimentaria, pues con el criterio de ``seguridad alimentaria'', impuesto por la Organización Mundial de Comercio, nos convierte en importadores de alimentos.

Así ha sucedido con otros granos, como el arroz, pues las importaciones de este producto representan el 300 por ciento de la producción nacional y la producción per cápita nacional cayó 60 por ciento. Algo similar sucede con el trigo, donde se importa más de lo que se produce, cuando a principios de los noventa las importaciones sólo representaban el 20 por ciento de la producción nacional, al tiempo que la producción nacional per cápita se desplomó de 20 por ciento a 30 por ciento.

Con el TLCAN, nuestra soberanía enfrenta el poder de transnacionales como Cargill-Monsanto, Archer Daniels, Midland Dreyfus, Novartis y Maseca, quienes controlan el comercio mundial de alimentos, provocando precios monopólicos y especulativos que afectan en gran medida a la sociedad en general.

Por ello, al tiempo de replantear la apertura total del maíz contemplada para el 2008, según el TLCAN, es pertinente buscar medidas de urgencia para protege la soberanía alimentaría de los mexicanos.

No debemos olvidar que la tortilla es el alimento fundamental del pueblo mexicano y, por ello, no debemos arriesgar su alimentación, no debemos abrirle las puertas al hambre exhortando al gobierno de Felipe Calderón a que enfrente la realidad con acciones más eficaces y expeditas.

En el 2006 la inflación fue del 4.05 por ciento, arriba del objetivo previsto por el Banco de México por un punto porcentual. Este año la inflación ha superado lo previsto y se prevé un deterioro mayor en las expectativas inflacionarias. Esto es debido a que el maíz alcanzó el precio más alto en 10 años, provocando un daño más duro que el del tomate o el azúcar en 2006, lo que afectó principalmente a las clases populares y quienes ahora se ven afectados con el aumento de la tortilla.

Si bien el problema del precio de la tortilla tiene que ver con la reconversión productiva de este producto para generar etanol, el hecho de la especulación es patente y cuatro grandes acaparadores del maíz, Cargill, Maseca, Minsa y Bimbo, se han beneficiado con el precio elevado de la tonelada del maíz a nivel internacional.

Lo demuestra que no hay evidencias de desabasto, pues en el ciclo otoño-invierno 2005-2006 quedaron rezagadas cuatro millones de toneladas de maíz cosechadas en Sinaloa, a las que se suman 17 millones del ciclo primavera-verano 2006, lo que da un total de 22 millones de toneladas. En 2006 se obtuvo una cosecha record de 22.1 millones del grano, superior en 2.8 millones de toneladas a la de 2005, y se importaron poco más de diez millones de toneladas, lo que suma una oferta global de 32.8 millones de toneladas. La oferta global de maíz para el último trimestre de 2006 fue de 19.5 millones de toneladas

La solución para reducir el precio de la tortilla no se encuentra en importar 600 mil toneladas de maíz, sino en fomentar la producción con estrategias agropecuarias y una visión de Estado, que finalmente se refleje en el precio del producto final que es la tortilla.

De ahí que es necesario llevar a cabo acciones inmediatas, sin dejar de lado la planeación a largo plazo, aumentando la producción para asegurar nuestra soberanía alimentaría y subsidiar a los productores de la tortilla con la condonación del impuesto al valor agregado en el consumo de energía eléctrica y consumo de gas, para asegurar nuestra soberanía alimentaría como responsabilidad ineludible del gobierno, pues éste es un asunto de seguridad nacional.

Tomando en cuenta que la producción de tortilla presenta sus mayores costos en las materias primas, las cuales representan el 70 por ciento de los costos de producción, el aumento en los precios del maíz se trasladó al consumidor final, debido a que la tortilla es un bien manufacturado, si las materias primas elevan sus precios, los consumidores son quienes reciben el mayor impacto. Para que los productores de tortilla puedan bajar los costos de producción, es necesario presentar un plan de emergencia donde se abaraten los principales insumos.

Por tal motivo, propongo condonar el pago del impuesto al valor agregado en los insumos como energía eléctrica y gas, elementos de suma importancia para el productor de tortilla, lo que significaría llevar a cabo una estrategia de impacto inmediato, sin dejar de lado las acciones a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para condonar el pago del impuesto al valor agregado en energía eléctrica y gas para los productores de tortilla, a fin de disminuir sus costos de producción, con el fin de apoyar la economía familiar de los mexicanos, así como frenar la escalada inflacionaria. Tomando en cuenta que es necesario orientar las estrategias para asegurar nuestra soberanía alimentaria desde la perspectiva de la Seguridad Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2007.--- Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SALUD REPRODUCTIVA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud, a fin de que explique las políticas públicas de dicha Secretaría en materia de salud reproductiva.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud para que explique las políticas públicas de la dependencia a su cargo en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y contra la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El jueves 11 de enero del presente año, el periódico Excélsiorpublicó una entrevista realizada al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. En ella, el secretario manifestó planteamientos diversos sobre los siguientes asuntos:

Prevención de embarazos no deseados: ``Aparte del ejemplo de los homosexuales, están los embarazos de los jóvenes que van en aumento y el hecho de que los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales cada vez a más temprana edad. ¿Cómo se va a impedir que adquieran una enfermedad o tengan un embarazo? A través de una educación sexual intensa en la que participen los padres, en la que participe la sociedad y en la que haya una responsabilidad. Muchas veces, ante la recriminación de que algunas de las campañas eran incorrectas, pensaba: ¿no será que los padres estamos fallando también en tomar nuestro papel?''

Campañas contra la homofobia: ``Es que de repente hay acciones que, más que prevención, parecían hacer promoción de prácticas de mayor riesgo. Por ejemplo, entre las campañas de no discriminación había algunas que parecían más promover la homosexualidad que evitar la discriminación a los homosexuales y dices, bueno, ¿quién hizo estos spots?, ¿se trata de no discriminar o se trata de promover algo? Creo que, en este sentido, se trata de ser muy críticos. Y el objetivo de hacia quién va dirigido, qué se trata de hacer, debe ser muy claro''.

Campañas para evitar enfermedades de transmisión sexual: ``Tenemos que llegar a un consenso con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto Nacional de la Juventud para ver cuál es la terminología más clara en términos de promoción de educación para la salud que nos permita hacer que estos conceptos sean adquiridos por la población a que van dirigidos. Una de nuestras estrategias más importantes es la de educación para la salud, pero la educación se puede dar de diferentes maneras, y muchas veces los fracasos son enormes aunque se inviertan grandes cantidades. Entonces, hay que optimizar los recursos utilizando las estrategias que tengan más impacto. Este tipo de campañas se hicieron con regular frecuencia en el sexenio pasado; incluso, hubo algunas críticas al hecho de que se promoviera abiertamente el uso del condón. Creo que debe privilegiarse, sobre todo lo que es educación, debe privilegiarse la promoción de la salud y deben privilegiarse las acciones que tienen más impacto''.

Finalmente, ante la pregunta de que si los padres serán quienes tengan la responsabilidad de la sexualidad que ejercen sus hijos, el secretario contestó: ``Creo que sí; creo que en muchas cosas ellos deben tomar el papel que les corresponde para guiar de manera muy importante en la educación no nada más sexual sino, en general, la educación para la salud. La familia debe ser el núcleo donde muchas de las acciones preventivas deben partir''.

2. El viernes 12 de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción de la misma Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila, manifestó al diario Excélsior que para atender la problemática relativa los embarazos no deseados entre jóvenes, la Secretaría de Salud promovería la abstinencia sexual, en los siguientes términos: ``El uso del condón es uno de los mejores métodos, pero hay muchos. Si practicas la abstinencia, es un buen método, el más seguro; ahí no hay pierde. Si practicas la fidelidad, es un buen método, pero los tres son buenos; y ahí es donde entra la diversidad. La secretaría va a buscar dar información plural''.

3. El articulo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define en el artículo 4 discriminación como ``toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas''.

El artículo 15 de la referida ley establece que ``los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley''.

Las declaraciones descritas del secretario de Salud dejan clara su opinión sobre las campañas contra la homofobia realizadas durante el sexenio anterior, sin que esta soberanía conozca de los estudios e investigaciones a partir de los cuales dicho funcionario ha determinado que tales campañas ``promueven la homosexualidad'' y, más aún, que el secretario del ramo exponga sus razones para que la Cámara de Diputados conozca a detalle cómo se ``promueve la homosexualidad'' entre la población.

Resulta necesario que el secretario de Salud presente y describa a detalle los estudios e investigaciones por los cuales concluye que los promocionales difundidos en la anterior administración federal constituyeron un ``fracaso''.

Pero más importante aún: resulta indispensable que el secretario de Salud explique, en virtud de su crítica a los promocionales difundidos durante el sexenio anterior, cuáles serán los criterios de la secretaría bajo su responsabilidad para evitar la discriminación contra esa población y sus preferencias sexuales, en función de lo señalado en el citado artículo constitucional y los artículos de la ley correspondiente.

4. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en las fracciones I y II lo siguiente:

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, y luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios.

Dada la preocupación del secretario de Salud, y en el supuesto de que sus declaraciones no constituyan una extralimitación en las funciones que la ley le otorga, resulta necesario que el referido funcionario exponga ante esta soberanía cómo la secretaría a su cargo habrá de garantizar la observancia plena de las disposiciones constitucionales señaladas.

Lo anterior, porque sería en extremo preocupante que el diagnóstico de la Secretaría de Salud se reduzca a delegar en los padres de familia la responsabilidad de la salud pública preventiva en el país, quienes, dicho sea de paso, nunca han necesitado las recomendaciones de una secretaría de Estado para cuidar de ellos y sus familias.

De hecho, si tal es el diagnóstico de la Secretaría de Salud, sería entonces conveniente extenderlo a otras dependencias del gobierno federal para que, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública atendiera el mismo criterio y resolviera los problemas de seguridad a través de la educación que impartan los padres de familia de la delincuencia organizada, para que inculquen en sus hijos valores con responsabilidad y no cometan fechorías.

Sin embargo, seguramente la Secretaría de Salud no basa las políticas públicas en la materia en lugares comunes y prejuicios sino que cuenta con estudios e investigaciones serios y contundentes, respaldados con datos duros a nivel nacional e internacional para avalar sus afirmaciones. Porque esta soberanía comprende perfectamente que la abstinencia es uno de tantos métodos para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, como la abstinencia a robar resolverá los problemas del robo, y la abstinencia de hablar públicamente es muy buen método para evitar declaraciones desafortunadas. Como sostendría el subsecretario referido, ``ahí no hay pierde''. Sólo es preciso conocer si a eso se reduce la estrategia prioritaria, fundamental, rectora de la Secretaría de Salud en estos asuntos, y en tal caso, cómo piensa instaurarla y qué cuentas piensa rendir en el ejercicio de su responsabilidad.

5. Si bien la Secretaría de Salud emitió con posterioridad diversas precisiones en torno de dichas declaraciones, de ello se deriva que esta soberanía, así como la sociedad en su conjunto, no tiene claridad ni certeza sobre las prioridades y los criterios con que habrán de desarrollarse las políticas públicas de dicha secretaría en los asuntos mencionados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados solicite la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique a esta soberanía las políticas públicas que habrán de emprenderse en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades, así como de las dirigidas contra la discriminación, conforme a lo señalado en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Túrnese a las comisiones de Salud, y de Equidad y Género.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.---Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Salud.

PUNTOS DE REVISION CARRETEROS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la misma diputada Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República que informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR que informen sobre los alcances y la eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En ese marco, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4 define la discriminación como ``toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas''.

En iguales términos, el artículo 9 de la referida ley establece:

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

...

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;''

Asimismo, el artículo 15 de la referida ley establece que ``Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley''.

2. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece ``Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país''.

En términos de lo anterior, se desprende que los alcances de la autoridad administrativa se encuentra limitada expresamente por la propia norma constitucional.

3. Por su parte, el artículo 16 constitucional establece que ``Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento''.

4. Conforme a lo anterior, la existencia misma de retenes y puntos de revisión en las carreteras del país es cercana a la violación de los referidos preceptos constitucionales, en tanto que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por el país, requiriéndose documentación que no están obligadas a portar y generando dificultades y retrasos en los traslados de mercancías y personas que resultan contraproducentes para la economía y el bienestar de los individuos, sobre todo en periodos vacacionales.

De igual forma, los referidos retenes y punto de revisión generan molestias en sus personas, familias y posesiones, al detener su traslado entre diferentes puntos geográficos del país, lo que se realiza de manera generalizada causando retrasos en los trayectos, sin que exista mayor explicación para los ciudadanos.

De hecho, cuando tales revisiones no se hacen de manera generalizada, las razones para determinar cuál vehículo es detenido para revisión y cuál no, deriva de la simple percepción del personal adscrito a dichos puntos, con lo cual no sólo se abren amplios espacios de discrecionalidad de la autoridad correspondiente, con criterios que suelen asociarse con prejuicios y percepciones discriminatorias, agrediendo la dignidad de las personas.

5. No pasa desapercibida a esta soberanía los propósitos y fines prácticos de tales operativos, en términos de combate a la criminalidad y para garantizar la seguridad de las personas que viajan por las carreteras del país. Sin embargo, es preciso que la actuación de la autoridad no sobrepase sus ámbitos competenciales y respete en todo momento las libertades garantizadas en la Constitución General de la República.

6. En tal sentido, resulta necesario que la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía la dimensión que han alcanzado los referidos retenes y puntos de revisión, es decir, que informen de su número total y ubicación. Asimismo, es necesario que esta soberanía conozca de manera puntual los resultados que, año con año, han tenido los citados retenes y puntos de revisión, a efecto de que esta Cámara de Diputados conozca de manera precisa su eficacia y pueda valorar con objetividad su desenvolvimiento, toda vez que si bien al inicio de su operación tales puntos de revisión y retenes pudieran tener cierto éxito, a la fecha su costo y eficacia ya no corresponda con los perjuicios que causan entre la población.

7. De igual forma, y a efecto de conocer la forma con que dichos retenes y puntos de revisión actúan, es menester conocer de los procedimientos, instrucciones y demás normas mediante las cuales el personal de ambas dependencias garantizan el pleno respeto de los derechos humanos y la manera con que se previenen y se impiden actos de discriminación, en términos de las leyes aplicables correspondientes.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República informen por escrito de los alcances y eficacia de los retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país, así como de los procedimientos establecidos por ambas dependencias que permitan el ejercicio pleno de las garantías individuales, el respeto de los derechos humanos y que impidan prácticas discriminatorias por parte del personal responsable de los referidos retenes y puntos de revisión, en los términos de las consideraciones que lo preceden.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.--- Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

INFORMES DE LABORES DE GOBERNADORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto del formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y los presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas entre poderes en una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto del estado de derecho. Con la ayuda de un balance entre poderes se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto de la ley y la civilidad.

La pluralidad política que vive México genera una correlación de fuerzas existentes no sólo en el Congreso de la Unión sino, también, en la composición política de las legislaturas estatales, y en la integración de los ayuntamientos en todo el país. Esta composición debe encontrarse ponderada con un marco normativo adecuado a su complejidad.

El concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también las instituciones que lo ostentan, debiéndose ajustar a mecanismos republicanos eficientes para su interrelación. Estas condiciones han generado que en los últimos años los informes de los gobernadores de los estados, y de los presidentes municipales, hayan dejado de ser republicanas ceremonias solemnes de rendición de cuentas, y se transformaran en eventos más cercanos a criterios de espectáculo, y culto a la personalidad, y han dejado su original razón de existir.

El espíritu de rendición de cuentas a la ciudadanía ha dejado su lugar para dar paso al dispendio de los recursos públicos en la promoción personal del gobernante.

Lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia reformas encaminadas a limitar dichos actos, y retomar su concepción original, como parte trascendental de la gran reforma del Estado que nuestro país necesita.

Existe una clara y legítima exigencia de replantear aspectos importantes del sistema democrático. Desafortunadamente, hay pocos avances, la mayoría de los cuales ocurre como fruto de la espontaneidad, la presión social, o de iniciativas aisladas; no surgen de un verdadero debate con visión a futuro.

Con el exhorto que someto hoy a consideración de esta honorable Asamblea se pretende conservar el aspecto esencialmente republicano de rendición de cuentas, pero evitando a toda costa que esta encomienda continúe siendo trastocada, y transformada en el gran espectáculo de culto a la personalidad del gobernante que no sólo se limita al acto protocolario en sí mismo, sino que va más allá, con el dispendio de recursos públicos en toda una campaña previa y posterior a dichos informes.

Un gobierno que eroga monumentales sumas en informar a sus gobernados sobre sus acciones es un gobierno que no hace sentir su trabajo ante la ciudadanía, es un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, pues el desempeño de su cometido está supeditado a su publicidad.

Los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa se lograrán sólo con el pleno respeto de la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento a su valor, transparentando las acciones, y permitiendo a los gobernados evaluar y corregir para apoyar e incidir en el desarrollo de sus municipios, de su estado y del país.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de los estados a legislar respecto de la modificación del formato de informe de los ciudadanos gobernadores, y los ciudadanos presidentes municipales, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y distribución entre la ciudadanía.

Recinto legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

INFORMES DE LABORES DE PRESIDENTES MUNICIPALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del mismo diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los presidentes municipales modifiquen el formato del informe de gobierno con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los presidentes municipales a modificar el formato de su informe de labores para que las erogaciones con motivo de éste se limiten a la impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas entre poderes y ante la ciudadanía, en una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto al estado de derecho. Con la ayuda de un balance entre poderes, se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto a la ley y la civilidad.

Una de las fortalezas del Estado mexicano radica en su capacidad de responder a la necesidad de la transformación histórica de sus instituciones, dándole nuevos cauces al desarrollo republicano.

La pluralidad política que vive México genera una correlación de fuerzas existentes no sólo en el Congreso de la Unión, también en la composición política de las legislaturas estatales, y en la integración de los ayuntamientos en todo el país. Esta composición debe encontrarse ponderada con un marco normativo adecuado a su complejidad.

El concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también las instituciones que lo ostentan, debiéndose ajustar a mecanismos republicanos eficientes para su interrelación. Estas condiciones han generado que, en los últimos años, los informes de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales hayan dejado de ser republicanas ceremonias solemnes de rendición de cuentas, y se transformaran en eventos más cercanos a criterios de espectáculo, y culto a la personalidad, y han dejado su original razón de existir.

El espíritu de rendición de cuentas a la ciudadanía ha dejado su lugar para darle paso al dispendio de los recursos públicos en la promoción personal del gobernante. La conveniente interpretación errónea de la presentación de cuentas ha llegado a extremos vergonzantes, que sólo restan confianza y credibilidad a las figuras gobernantes.

Lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia reformas encaminadas a limitar dichos actos, apelando a la conciencia republicana del gobernante y retomar su concepción original, como parte trascendental de la gran reforma del Estado que nuestro país necesita.

Existe una clara y legitima exigencia de replantear aspectos importantes del sistema democrático. Desafortunadamente existen pocos avances, la mayoría de los cuales, ocurren como fruto de la espontaneidad, la presión social o de iniciativas aisladas. No surgen de un verdadero debate con visión a futuro.

Con el exhorto que someto hoy a consideración de esta honorable Asamblea, se pretende conservar el aspecto esencialmente republicano de rendición de cuentas, pero evitando a toda costa que esta encomienda continúe siendo trastocada, y transformada en el gran espectáculo de culto a la personalidad del gobernante que no sólo se limita al acto protocolario en sí mismo, sino que va más allá, con el dispendio de recursos públicos en toda una campaña previa y posterior a dichos informes.

Un gobierno que eroga monumentales sumas en informarle a sus gobernados sobre sus acciones, es un gobierno que no hace sentir su trabajo ante la ciudadanía, es un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, pues el desempeño de su cometido está supeditado a su publicidad.

Los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa, sólo se lograran con el pleno respeto a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento a su valor, transparentando las acciones, y permitiendo a los gobernados evaluar y corregir, para apoyar e incidir en el desarrollo de sus municipios, de su estado y del país.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los presidentes municipales, a modificar el formato de informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la los miembros del ayuntamiento.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

INFORMES DE LABORES DE GOBERNADORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del mismo diputado punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados modifiquen el formato del informe de gobierno con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la legislatura local.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a modificar el formato de su informe de actividades para que las erogaciones con motivo de éste se limiten a la impresión, digitalización y entrega a la legislatura local, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas entre poderes y ante la ciudadanía, en una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto al estado de derecho. Con la ayuda de un balance entre poderes, se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto a la ley y la civilidad.

Una de las fortalezas del Estado mexicano radica en su capacidad de responder a la necesidad de la transformación histórica de sus instituciones, dándole nuevos cauces al desarrollo republicano.

La pluralidad política que vive México genera una correlación de fuerzas existentes no sólo en el Congreso de la Unión, también en la composición política de las legislaturas estatales, y en la integración de los ayuntamientos en todo el país. Esta composición debe encontrarse ponderada con un marco normativo adecuado a su complejidad.

El concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también las instituciones que lo ostentan, debiéndose ajustar a mecanismos republicanos eficientes para su interrelación. Estas condiciones han generado que, en los últimos años, los informes de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales hayan dejado de ser republicanas ceremonias solemnes de rendición de cuentas, y se transformaran en eventos más cercanos a criterios de espectáculo, y culto a la personalidad, y han dejado su original razón de existir.

El espíritu de rendición de cuentas a la ciudadanía ha dejado su lugar para darle paso al dispendio de los recursos públicos en la promoción personal del gobernante. La conveniente interpretación errónea de la presentación de cuentas ha llegado a extremos vergonzantes, que sólo restan confianza y credibilidad a las figuras gobernantes.

Lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia reformas encaminadas a limitar dichos actos, apelando a la conciencia republicana del gobernante y retomar su concepción original, como parte trascendental de la gran reforma del Estado que nuestro país necesita.

Existe una clara y legitima exigencia de replantear aspectos importantes del sistema democrático. Desafortunadamente existen pocos avances, la mayoría de los cuales, ocurren como fruto de la espontaneidad, la presión social o de iniciativas aisladas. No surgen de un verdadero debate con visión a futuro.

Con el exhorto que someto hoy a consideración de esta honorable Asamblea, se pretende conservar el aspecto esencialmente republicano de rendición de cuentas, pero evitando a toda costa que esta encomienda continúe siendo trastocada, y transformada en el gran espectáculo de culto a la personalidad del gobernante que no sólo se limita al acto protocolario en sí mismo, sino que va más allá, con el dispendio de recursos públicos en toda una campaña previa y posterior a dichos informes.

Un gobierno que eroga monumentales sumas en informarle a sus gobernados sobre sus acciones, es un gobierno que no hace sentir su trabajo ante la ciudadanía, es un gobierno que no está haciendo bien su trabajo, pues el desempeño de su cometido está supeditado a su publicidad.

Los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa, sólo se lograran con el pleno respeto a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento a su valor, transparentando las acciones, y permitiendo a los gobernados evaluar y corregir, para apoyar e incidir en el desarrollo de sus municipios, de su estado y del país.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los estados, a modificar el formato de informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a su impresión, digitalización, y entrega a la legislatura local.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PROTECCION DE ANIMALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a que, de manera conjunta, realicen acciones para instituir la Semana Nacional de la Cultura de la Protección a los Animales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a realizar, de manera conjunta, acciones para instituir la semana nacional de la cultura de la protección de los animales, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ser humano siempre ha dependido de su entorno para subsistir, de ahí que los animales hayan sido parte esencial de nuestra evolución histórica; sin embargo, el desconocimiento y desprecio de su calidad como seres vivos nos han conducido a concebir nuestra relación con ellos bajo un sistema de opresión de especies, el cual releva su existencia a satisfacer nuestros intereses humanos, sin considerar que respetarlos está ligado al respeto de los hombres mismos.

Desde los años setenta, diversas agrupaciones han luchado por modificar el antropocentrismo; así pues, filósofos como Peter Singer concibieron por primera vez el concepto ``derechos de los animales'', es decir el derecho a la vida, a la libertad y a no ser lastimados, no como una concesión de nuestra especie, sino como un acto de elemental justicia propio de naciones civilizadas.

Resultado de esa lucha, el día 15 de octubre de 1978 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece la igualdad y el derecho a existir de todos los animales, su derecho al respecto, y que los hombres no tienen derecho a exterminarlos.

En ese tenor, diversos países del globo se han preocupado por proteger a los animales, tanto a los denominados silvestres como a los domésticos, así pues Argentina, Chile, Estados Unidos de América, el Reino Unido, Holanda, Puerto Rico, entre otros, se suman a los países que cuentan con leyes tanto locales como federales al respecto, contemplando desde sanciones administrativas hasta sanciones del orden criminal.

Cabe mencionar que en nuestro país la lucha para la protección de los animales no ha sido ajena, pues aun cuando en la conciencia social de México no está del todo arraigada dicha cultura se han emitido en el ámbito legal federal la Ley General de Vida Silvestre; la Ley Federal de Sanidad Animal y diversas normas oficiales mexicanas, así como 23 leyes estatales protectoras de los animales en el ámbito local.

No obstante lo anterior, aún puede existir una discusión respecto al reconocimiento de los derechos de los animales en nuestro país, pues si bien los referidos ordenamientos, sobre todo los estatales, hacen titulares de derechos a los animales, nuestro Código Civil Federal los sigue situando en la generalidad como bienes muebles y en algunos casos como bienes inmuebles, como se ejemplifica:

Artículo 753 del Código Civil Federal:

...

Son muebles, por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

Artículo 750 del Código Civil Federal:

...

Se consideran como bienes inmuebles a los animales que forman el pie de cría en predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto.

Pero independientemente de dicha discusión, es un hecho la importancia de contar con una legislación que proteja a los animales de la crueldad y que permita una efectiva participación ciudadana, evitando ambigüedades, conflictos de normas y de competencias, de forma que se garantice un sistema eficiente de medidas de seguridad para salvaguardar los derechos fundamentales de las distintas especies, necesidad que ya ha sido planteada en esta legislatura.

Pero, además, el que suscribe estima que es de igual trascendencia fomentar una cultura de respecto para todas la formas de vida, para combatir las conductas agresivas hacia los animales, asumiendo que el sufrimiento de aquellos es nuestra responsabilidad y que éste no pude atribuirse a la buena o mala fortuna, pues son nuestras acciones y omisiones las causantes del dolor y las que nos colocan en una situación primitiva y penosa como sociedad, ya que en la actualidad se puede medir la madurez de un país por el respeto a los seres mas vulnerables de nuestro entorno, es decir los animales.

Por su parte, es importante referir que en nuestro país, desde hace 5 años, se realiza de manera particular y altruista por parte de diversas organizaciones la Semana de los Animales, con sede en distintas universidades.

Sin embargo, el Estado mexicano no debe eludir su responsabilidad al respecto, por lo cual propongo a las secretarías de Educación Pública, y de Salud que, de manera conjunta, realicen diversas actividades para instaurar a nivel nacional la Semana Nacional de la Cultura de la Protección de los Animales, en la cual propongo que se transmitan a través de los medios de comunicación masiva mensajes en pro de la cultura de la protección de los animales, y, en conjunto, se realicen talleres, pláticas, campañas de castración y vacunación de animales domésticos y otros eventos en todas las entidades federativas.

Pues es de mi más profundo convencimiento que a través de políticas públicas como la referida con las que quedará arraigado el arado del respecto a la vida de todos los seres vivos.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las secretarías de Educación Pública, y de Salud para que, de forma conjunta, realicen diversas acciones para instituir en nuestro país la Semana Nacional de la Cultura de la Protección de los Animales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.

Estas fueron proposiciones que presentaron los diputados para sólo turno, lo cual agradece esta Presidencia.

ESTADO DE MICHOACAN

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado de Michoacán atiendan la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a los sucesos ocurridos en la siderúrgica Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, María del Carmen Salvatori Bronca, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta alsecretario de Seguridad Públicafederal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a los sucesos ocurridos el pasado 20 de abril de 2006en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con base en las siguientes consideraciones:

Los mexicanos fuimos lastimados por los hechos del 20 de abril de 2006, en los que dos personas perdieron la vida y más de 54 resultaron gravemente heridas, derivado del enfrentamiento entre fuerzas de seguridad pública federal y local con los trabajadores de la empresa siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Aquellos sucesos fueron un grave llamado de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia y la incapacidad para resolver los conflictos por la vía del diálogo. Fuimos testigos del uso de la fuerza pública sin limitaciones constitucionales.

Es momento de recordar el pensamiento certero del juez español Jorge Agustín Ruiz que dice, ``quien olvida su historia está condenado a repetirla''. No condenemos el futuro de México a la historia olvidada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó en su Recomendación 037/2006, la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida. En síntesis, se destacó el abuso de la fuerza pública, el uso de armas, la inexistencia de la orden de un juez y la mala coordinación del operativo.

Sin lugar a dudas la recomendación de la CNDH aporta elementos positivos para la eficiencia judicial y la procuración de justicia; su transmisión adecuada al ejercicio responsable de las autoridades se sumará al complejo normativo de la reforma del Estado.

Asegurémonos de que las fuerzas del orden público tengan una capacidad de calidad. Demos un seguimiento al deslindamiento de responsabilidades. Velemos porque se reparen los daños y perjuicios de las personas afectadas.

Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó la Recomendación de la CNDH y que el gobernador del estado de Michoacán sí lo hizo y está atento al cumplimiento, a satisfacción, de la misma.

Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la Recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a los sucesos ocurridos el día 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP y al gobernador de Michoacán a atender la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada María del Carmen Salvatori Bronca , en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y atender plenamente y a satisfacción la citada recomendación en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán, con base en las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos fuimos lastimados por los hechos del 20 de abril de 2006, en el que 2 personas perdieron la vida y más de 54 resultaron gravemente heridas, derivado del enfrentamiento entre fuerzas de Seguridad Pública federal y local con los trabajadores de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán,.

Aquellos sucesos fueron un grave llamado de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia, sobre la incapacidad de resolver los conflictos por la vía del diálogo y del despliegue de fuerzas públicas sin limitaciones constitucionales, de respeto a la vida y de respeto a los derechos humanos.

Los hechos registrados, no pueden permanecer en los anales de los casos cerrados; sin que se corra el riesgo de atestiguar nuevamente eventos similares.

La lección fue costosa por las heridas infligidas; pero más costoso será para la patria permanecer indiferentes y no trabajar por el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones.

A las puertas del campo de concentración de Auschwitz se puede leer el pensamiento certero del poeta español Jorge Agustín Ruiz de Santayana: Quien olvida su historia está condenado a repetirla.

No permitamos un nuevo 20 de abril.

No condenemos el futuro de México a la historia olvidada.

Y, sobre todo, construyamos, desde ahora, la historia de México fundada en la democracia, la justicia social y el estado de derecho.

El registro de los hechos en Michoacán nos obliga a pasar lista a cada violación y agravio, nos obliga a fortalecer el marco normativo y de recomendaciones que nos ayudará a superar estas deficiencias.

Recordemos que la CNDH acreditó en su recomendación 037/2006 la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida.

Se señala en la misma que las fuerzas del orden público portaban armas; que la autoridad se excedió en el uso de la fuerza e incluso accionó armas; que no medió ningún mandato judicial para llevar a cabo el desalojo de los trabajadores; que la desorganización y descoordinación de la operación contribuyó al grado de violencia; que las primeras averiguaciones se caracterizaron por la negligencia, trastocándose los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica; que las contradicciones e inconsistencia en las declaraciones y reportes de las autoridades desviaron el curso de la investigación.

La denuncia de los hechos es más amplia.

La recomendación es generosa en la aportación de elementos para la eficiencia judicial y procuración de justicia, privilegiándose el respeto a los derechos humanos. Sin duda, su transmisión adecuada al ejercicio responsable de las autoridades se sumará al complejo normativo de la reforma del Estado.

Reflexionemos sobre las conclusiones y aportaciones de la recomendación y demos un seguimiento justo en lo que toca al deslindamiento de responsabilidades administrativas y posibles conductas delictivas de algunas autoridades; señalemos con claridad que no se aceptarán prácticas que desvíen o desvirtúen los procesos de investigación; asegurémonos de que las fuerzas del orden público tengan capacitación de calidad para el adecuado ejercicio de sus funciones, que entiendan y sepan la importancia de los derechos humanos; velemos porque la reparación de los daños y perjuicios de las personas afectadas en su integridad sean efectivas y no se conviertan en un daño a la nación.

Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó la recomendación de la CNDH y que el gobernador de Michoacán sí la aceptó, pero aún no se le ha dado pleno cumplimiento.

Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y atender plenamente y a satisfacción la citada recomendación en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de abril de 2007--- Diputada María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel . Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández.

VERIFICACION DE QUORUM

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para solicitarle, si tiene a bien pedir verificación de quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Dávila. Pido a la Secretaría que abra el registro electrónico hasta por 10 minutos para verificar el quórum.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación de quórum.

GAS METANO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En tanto, tiene la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las Comisiones de Energía de ambas cámaras, retomen los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera, para la explotación y aprovechamiento del gas metano.

El diputado Humberto Dávila Esquivel:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia o urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

La explotación del carbón mineral trae consigo la liberación de gas metano, elemento que debe ser ventilado por ser altamente flamable y tóxico. Sin embargo, en México, al no existir una legislación que regule el manejo de este gas, da margen a que lo expulsen a la atmósfera a través de bombas de aspirado; medida que implica riesgos, pues la falla de estas bombas tiene como consecuencia que se concentre el gas y ocurran lamentables accidentes.

El ejemplo más reciente de ello lo vimos en febrero de 2006, cuando la exposición por acumulación de gas en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, quitó la vida a 65 mineros.

El gas metano es un elemento altamente energético y puede ser aprovechado para uso, tanto doméstico, como industrial. Sin embargo, ante la falta de regulación, se libera a la atmósfera con los consecuentes daños al medio ambiente, pues el metano ocupa el segundo lugar como causante de efecto invernadero.

Como se observa, sin una legislación adecuada seguiremos desperdiciando un valioso energético y contribuyendo de manera irresponsable al calentamiento global.

México está obligado a reducir las emisiones que contribuyen al efecto invernadero, conforme al Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997 y aprobado en México por la Cámara de Senadores.

De acuerdo con las cifras presentadas por el panel intergubernamental sobre cambio climático, la concentración de metano en el último siglo se ha incrementado en 151 por ciento y en último informe de México se revela que tan sólo en tres años, del total de las emisiones contaminantes, una cuarta parte correspondió al metano.

Es urgente que tomemos medidas para contribuir a cuidar el medio ambiente y preservar para las nuevas generaciones un mundo en el que puedan disfrutar de un ambiente sano. Es irresponsable que nos mantengamos pasivos, ante un asunto que requiere atención inmediata.

En virtud de lo antes expuesto es inaplazable que en las Comisiones de Energía de ambas cámaras se retome la discusión para tener una ley minera que evite el desperdicio económico de un recurso no renovable, evite más pérdidas humanas y contribuya a cuidar el medio ambiente.

En consideración de lo anterior, presentó, a nombre de Nueva Alianza ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución:

Único. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a retomar los trabajos sobre las modificaciones de la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano. Palacio Legislativo de San Lázaro. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones de la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La exploración y explotación de carbón mineral trae consigo la liberación de gas metano, debido a que está contenido y absorbido por el carbón mineral. En todas las minas de carbón, el gas metano o gas grisú, debido a su alto grado de toxicidad y flamabilidad, forzosamente debe ser ventilado de manera continua para garantizar la calidad del aire dentro de la mina y proteger la integridad física de los trabajadores.

Sin embargo, en México, al no haber una regulación que obligue a los permisionarios a dar un manejo correcto del gas metano, las compañías mineras ventean el gas a la atmósfera a través de bombas de aspirado que lo dirigen por tuberías hasta que finalmente se libera. No obstante, muchas veces las bombas o las tuberías fallan y esto es lo que ocasiona que se concentre el gas y ocurran lamentables decesos de mineros.

De 1889 a 2006 han fallecido más de mil 500 trabajadores en minas carboníferas de Coahuila, en accidentes causados por explosiones relacionadas con el gas metano o gas grisú de las minas de carbón mineral.

El ejemplo más reciente de ello lo vimos en febrero de 2006, cuando la explosión por acumulación de gas metano en la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, quitó la vida a 65 mineros.

El gas metano o gas grisú es altamente energético y puede ser utilizado tanto para la generación eléctrica y la propulsión de vehículos y motores como para hornos industriales y estufas caseras. A pesar de esto, es también altamente dañino cuando se ventea a la atmósfera, ya que el metano ocupa el segundo lugar en contribuir a que se produzca el efecto invernadero, debido a que es 21 veces más efectivo que el bióxido de carbono para contener el calor terrestre.

Como se observa, sin una legislación adecuada seguiremos desperdiciando un valioso energético como es el metano y contribuyendo al calentamiento global por los gases del efecto invernadero que, al no poder aprovecharse, se tiene que arrojar a la atmósfera.

México está obligado a reducir las emisiones que contribuyen al efecto invernadero, conforme al Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997, y aprobado por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2000, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2000, el cual entró en vigor el 16 febrero de 2005.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, formado en 1988 por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Organización Mundial Metereológica, la concentración de metano en el último siglo se ha incrementado en un 151 por ciento. Más aún, el último informe de México, ante el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, revela que en tan sólo tres años, del total de las emisiones nacionales, una cuarta parte correspondió al metano.

En virtud de lo antes expuesto, es inaplazable que en las comisiones de energía de ambas Cámaras, se retome la discusión para tener una Ley Minera que evite el desperdicio económico de un recurso no renovable, el venteo de metano que contamina y contribuye al efecto invernadero y, principalmente, evite más pérdidas humanas por la falta de desgasificación en las minas de carbón mineral.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Humberto Dávila Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Humberto Dávila. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

PUEBLOS QUE VIVEN EN EL BOSQUE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Joel Guerrero Juárez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y acciones emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

El diputado Joel Guerrero Juárez:Con su permiso, señor Presidente. Someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante la cual se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal que envíen a esta Cámara su propuesta de programa para los pueblos que viven en el bosque.

Esto en razón de varias cuestiones. Proárbol, que es un programa que nosotros autorizamos y al cual le pusimos recursos, está excluyendo en sus reglas de operación a todos aquellas personas que viven en el bosque y que tienen posesión de una hectárea, dos hectáreas, un cuarto de hectárea o a propiedades pequeñas que no entran al programa.

Entonces esto ha hecho que los objetivos principales de este programa, entre otros, excluyan y dejen en la pobreza a la gente que esté en estas condiciones.

Estas reglas de operación han hecho que los pueblos que viven en el bosque, que son poco más de 15 por ciento de la población; es decir, estamos hablando de cerca de 100 mil comunidades, poco más de 15 millones de habitantes y 80 por ciento de los bosques y selvas de nuestro país, además, pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica, que eso es algo importante.

Dos terceras partes de la gente que vive en nuestros bosques, es pobre y depende de los recursos forestales para subsistir.

Algunos municipios indígenas presentan grados de desa-rrollo similares a los de los países más pobres de África. Y está demostrado que los habitantes del bosque son los mejores guardianes de este recurso, por lo que la conservación es fundamental.

De ahí que decidiéramos en la Comisión Especial de Pueblos que Viven en el Bosque, presentar este punto de acuerdo que dice:

Primero. Se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de Reforma Agraria que informen a esta Cámara de Diputados sobre los programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas forestales, a fin de atender las necesidades de los pueblos que viven en el bosque y tienen menos de dos hectáreas.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias correspondientes elabore un programa especial de atención a los pueblos que viven en el bosque.

Firman este punto de acuerdo el diputado Joel Guerrero, del PRI, diputado Juan Victoria Alva , del Partido Acción Nacional, diputado Isidro Pedraza Chávez , del PRD. Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez , presidente de la Comisión Especial de atención a pueblos que viven en el bosque, en nombre de los integrantes de ésta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo --de urgente y obvia resolución-- por el que se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, ( Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretará de Desarrollo Rural, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Reforma Agraria), informen a esta Cámara de Diputados, sobre los programas y acciones concretos emprendidos para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque. Así como para que modifique las reglas de operación de los programas forestales y elabore un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.

Exposición de Motivos

Los bosques albergan al aproximadamente al 10 por ciento de la población mundial. En México alrededor 10 millones de habitantes viven en el bosque, de los cuales al menos 5 millones son campesinos e indígenas.

El 80 por ciento de los bosques y las selvas del país pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica.

Dos terceras partes de la gente que vive en los bosques es pobre y depende de los recursos forestales para subsistir, algunos municipios indígenas presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África, es decir, estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables, y marginados del país.

La falta de una política de estado, clara y enfocada a la atención de estas comunidades, ha resultado en un marcado deterioro ambiental, así como de las condiciones de vida de sus habitantes, de ahí que por lo que los niveles de migración han aumentado considerablemente y son dramáticos, debido a la pobreza y marginación, lo que conlleva a la desintegración familiar y de salud.

Por otra parte, estas condiciones han empujado a los habitantes del bosque a caer en las garras de la delincuencia que se aprovecha de sus necesidades para obligarlos a la producción y comercio ilícito de drogas.

Es reiterada la demanda de estas comunidades, de una verdadera política de estado para un desarrollo sustentable en estas regiones, adaptadas a sus condiciones y necesidades.

El presupuesto de los programas destinados al sector forestal no corresponde a la enorme contribución que éste hace a la economía nacional, además las reglas de operación de dichos programas se enfocan prioritariamente a aspectos exclusivamente ambientales, olvidándose de la gente que vive en el bosque.

Está demostrado que los habitantes del bosque son sus mejores guardianes, que básicamente de ellos depende la conservación de estos ecosistemas, lo que hace indispensable establecer una política pública que se focalice concretamente a la atención y apoyo de estas comunidades.

Estas demandas me traen a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar este punto de acuerdo.

Por lo que someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución.

Primero. Se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, ( Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretará de Desarrollo Rural, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Reforma Agraria), informen a esta Cámara de Diputados, sobre los programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas forestales a fin de atender las necesidades de los pueblos que viven en el bosque.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias correspondientes, elabore un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque, en el cual se incluyan: la de protección y cuidado del bosque, el empleo, la vivienda, la educación y la salud.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2007.--- Diputados: Joel Guerrero Juárez (rúbrica), presidente; Juan Victoria Alva (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Joel Guerrero Juárez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 356 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Berber Martínezdel grupo parlamentario, del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán.

El diputado Antonio Berber Martínez:Muchas gracias, con su venia, diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Semarnat, los estudios y trámites correspondientes para decretar área natural protegida 300 hectáreas situadas en Uruapan, Michoacán

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Antonio Berber Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La subcuenca del Río Cupatitzio forma parte de la cuenca Hidrológica del Río Balsas que es la cuenca más importante del Pacifico mexicano. Esta cuenca está conformada por los municipios de Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turicato, Ario de Rosales, La Huacana, Nuevo Hurecho, Taretan, Uruapan, Ziracuaretiro, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Nuevo Parangaricutiro en el estado de Michoacán.

En el manantial Rodilla del Diablo nace el río más importante de la región: el Río Cupatitzio. Este río se alimenta de otras corrientes y manantiales como el Gólgota, la Yerbabuena, el Revelero y Gandarillas. El Cupatitzio es un recurso natural básico para las actividades de la región y destaca en importancia por el desarrollo económico que genera. Gracias a los abundantes recursos naturales que de dicho río se obtienen, se potencia el motor de la actividad económica de la comarca. Esta situación se ha dado así desde años atrás y precisamente considerando todas las externalidades positivas para la región, la cuenca fue decretada Parque Nacional.

Por el valor que reviste el Río Cupatitzio en la región, sus aguas son el origen de importantes beneficios para la comunidad. A partir de ellas se produce energía eléctrica y también se utilizan intensivamente en las actividades industriales, asimismo, son fuente de irrigación en las plantaciones y campos e igualmente se usan en actividades piscícolas. Adicionalmente provee de agua para el consumo de los habitantes de la ciudad de Uruapan y poblaciones aledañas.

Debido a la belleza del lugar, la cuenca del Río Cupatitzio también es motivo de importante recepción turística nacional e internacional que representa uno de los más importantes ingresos a la economía de la región.

Por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 1938, se establecieron como Parque Nacional con el nombre de Barranca de Cupatitzio (los terrenos de: Casanapitrio, Portero de Mendoza, los Jazmines, Encino Gacho, el Guayabo, Palo Alto, Rancho La Mora, Rodilla del Diablo, y Huerta Quinta Cruz. Adicionalmente en este parque está comprendida la zona federal del Río Cupatitzio.¹ Dicho parque cuenta con una extensión de 362 hectáreas de superficie).

El objetivo del decreto fue, desde luego, tomar las medidas tendientes a asegurar la preservación, conservación y en su caso restauración del ecosistema que se deriva de la cuenca del Río Cupatitzio.

Los asentamientos humanos irregulares siguen presentes y en la actualidad, en la zona aledaña de la cuenca se ubican 11 colonias con una población aproximada de 199 mil habitantes. Lo anterior provoca en la cuenca una situación de degradación ambiental por la presencia de contaminantes como detergentes y desechos humanos que se vierten al caudal de las aguas y, que por efecto de la filtración, también contaminan los suelos del área.

Hoy en día, se presenta un riesgo latente en la preservación de la cuenca del Río Cupatitzio debido a la posibilidad de la entrada en marcha de un proyecto de desarrollo urbano ubicado en las demarcaciones de esta región. Estoy hablando de la solicitud de cambio de uso de suelo que se presentó ante la autoridad municipal por parte del predio denominado Aurora Boreal.

Dicho predio consta de una extensión de siete hectáreas y forma parte de las 300 hectáreas del predio denominado El Zapien. El proyecto de desarrollo urbano en comento, representa un grave riesgo para el manantial que da vida al Río Cupatitzio por tratarse ésta, de una zona de filtración y escurrimiento alimentador de dicho manantial. Asimismo, en caso de verse establecida esa zona urbana, las capas del suelo se compactarían provocando que el agua se orientara hacia otro lado con la amenaza de poner en riesgo la vida del Río Cupatitzio. Lo anterior provocaría, igualmente, una situación de peligro para el abasto de agua de todas las poblaciones que subsisten gracias a este manantial.

Ante este inminente colapso ambiental, desafortunadamente quiere continuarse privilegiando el desarrollo urbano en la zona, basando el análisis de viabilidad del proyecto, en un estudio de impacto ambiental presentado por los interesados en el plan de desarrollo urbano y, que ha sido manejado como positivo aún cuando establece claramente que ``el predio urbano denominado El Zapien o Taximácuaro, ubicado al noroeste de la ciudad de Uruapan, Michoacán, se identifica como no apto para el cambio de uso de suelo''. Adicionalmente, dicho estudio menciona que ``el análisis de aptitud por pozos de agua, así como por pendientes topográficas es no apto''.

De acuerdo a lo contemplado en el programa vigente de desarrollo urbano del centro de población de Uruapan Michoacán, el predio en el que quiere desarrollarse este centro urbano se localiza en una Zona de Conservación Ecológica. Por lo cual resulta muy delicado que se autorice el establecimiento de este fraccionamiento, ya que podría representar una punta de lanza para que una vez autorizada dicha obra en siete hectáreas se continúe con la construcción desmedida en las trescientas hectáreas restantes que se encuentran en el mismo lugar.

Reconocemos y apoyamos el absoluto derecho de todos los mexicanos a tener acceso a vivienda digna y decorosa, sin embargo, también es cierto que todas las autoridades tienen la obligación de velar por el pleno respeto al entorno ambiental y a la naturaleza. (Sin duda se requieren inversiones en la zona, pero no para fomentar el fraccionamiento y desarrollo urbano, sino, inversiones tendientes a subsanar la demanda por la preservación y recuperación ambiental de las aguas de la cuenca del Río Cupatitzio). Es por lo anterior que resulta necesaria la participación coordinada de las tres esferas de gobierno para detener la destrucción paulatina de la citada cuenca.

Recuérdese que es nuestra responsabilidad como legisladores, velar por impedir la decadencia y degradación de los ecosistemas, sobre todo en estos momentos en que la naturaleza nos está haciendo un fuerte llamado de atención para que no la ataquemos más. Así, la preservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos constituye una condición incuestionable para todas las autoridades por tratarse un tema de interés nacional.

Por todo lo anteriormente vertido, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como Área Natural Protegida las 300 hectáreas ubicadas al norponiente de la ciudad de Uruapan en la extensión denominada El Zapién.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán a realizar por cuenta propia y con el visto bueno de la universidad del estado un estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo urbano que pretende efectuarse en la subcuenca del Río Cupatitzio;

Tercero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan a no autorizar el cambio de uso de suelo para efectos del proyecto de desarrollo urbano en Aurora Boreal.

Notas:

1) 02-11-1938 Decreto que declara Parque Nacional ``Barranca del Cupatitzio'', los terrenos que el mismo menciona. DOF. 1938.

Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2007.--- Diputado Antonio Berber Martínez .»

Compañeras y compañeros diputados, espero contar con su comprensión y apoyo. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado, Antonio Berber. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución... A ver, sonido a la curul del diputado José Orihuela.

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas (desde la curul): Presidente, solamente para solicitar, consulte al orador si aceptaría que me adhiera a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sí la acepta, diputado Orihuela. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión, y ha solicitado la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado:Con su permiso, señor Presidente. En este punto de acuerdo, considera eje principal la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico con relación al crecimiento urbano. En él se ejemplifica, en el caso de Uruapan, Michoacán, cómo la mancha urbana avanza sobre tierras agropecuarias o forestales.

Se puede afirmar que ninguna ciudad del país escapa a esta situación ya que en ellas la demanda de la población por tener vivienda es lo cotidiano. Muchas veces esta demanda sacrifica al ambiente, sin pensar en las consecuencias, no sólo inmediatas, sino también a futuro.

Ante esta situación, sin duda alguna, nosotros como legisladores tenemos que promover acciones para armonizar nuestra forma de vida con el entorno. Siempre nos debe preocupar que hayan denuncias de posibles daños ambientales ante alguna nueva actividad humana.

En este caso se nos señala sobre los posibles perjuicios ecológicos en un predio de 7 hectáreas para un desarrollo urbano denominado Aurora Boreal en Uruapan. Ahí se pretende realizar la construcción de un nuevo conjunto habitacional. Se nos dice que este predio forma parte de 300 hectáreas de un predio denominado El Zapien o Taximácuaro y se localiza en la zona de conservación ecológica.

Derivado de lo anterior se nos pide que exhortemos a la Semarnat para que en ese predio, de El Zapien o Taximácuaro, se realicen los estudios necesarios para ser un área natural protegida. También se nos dice que hay que exhortar a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del estado de Michoacán, para realizar por cuenta propia el visto bueno de la universidad estatal, a realizar un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de desarrollo urbano que se quiere realizar.

Finalmente se exhorta al ayuntamiento de Uruapan a no autorizar el cambio de uso de suelo para efectos del proyecto urbano del predio denominado Aurora Boreal.

En un principio diríamos sí a todo. Queremos buscar la mejor solución para el desarrollo urbano de Uruapan y el medio ambiente. La Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas puede evaluar que el área de El Zapien o Taximácuaro pueda ser protegida. También que el gobierno estatal evalúe los desarrollos urbanos en el área de la universidad.

Quiero pedirle a la señora Presidenta que me conceda un minuto adicional para terminar mi exposición.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado : Si queremos pedir congruencia entre el decir y el hacer, no pretendan hacer responsable de esta problemática a un nuevo ayuntamiento de Uruapan que no es del PAN, pues resulta que no es el desarrollo de Aurora Boreal la punta de lanza para acabar con el predio El Zapien o Taximácuaro, como se señala en el punto de acuerdo presentado por el diputado de Acción Nacional.

La punta de lanza es de quienes han estado en los últimos nueve años autorizando fraccionamientos en dicha área de El Zapien o Taximácuaro, que son los anteriores ayuntamientos de Uruapan gobernados por el PAN. Ellos generaron los precedentes que colocan en una situación complicada al actual ayuntamiento.

En el año 2001, el 14 de diciembre se autorizó en dicha zona el conjunto habitacional Paseos de Taximácuaro por el director de Desarrollo Urbano municipal. Fue el primer pellizco de 8.2 hectáreas al área que dicen se requiere proteger. Fue la punta de lanza que dice el punto de acuerdo.

En el año 2002 se autorizan dos desarrollos habitacionales más por el gobierno municipal: El Pedregal San Miguel de 5.1 hectáreas y El Zapien por 3.4 hectáreas, ambos bajo la presidencia municipal de la señora María de Jesús Doli Murguía.

Un cuarto desarrollo habitacional en la misma área, denominado De la Santa Cruz se autoriza en el año de 2004. Su superficie es de 14.1 hectáreas y es bajo la presidencia municipal del ingeniero Prisciliano Jiménez Rosales, también del PAN.

Sólo estas cuatro autorizaciones suman un total de 30.8 hectáreas, 10 por ciento de lo que se pretende proteger.

Por ello insistiríamos que en el artículo 2o. se realice una evaluación del impacto ambiental de todos los desarrollo habitacionales autorizados en el área de El Zapien. Queremos saber el grado de afectación que éstos han originado y, en su caso, mitigarlos.

El artículo 2o. propuesto debe decir: se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán a realizar por cuenta propia y con el visto bueno de la universidad del estado, un estudio en su conjunto, de impacto ambiental de los desarrollos habitacionales ya autorizados, así como de aquellos proyectos de desarrollo urbano en trámite de autorización, ubicados en el área de El Zapien, en Uruapan, Michoacán.

Igualmente, se incorpore un artículo cuarto en el punto de acuerdo, que solicite al honorable ayuntamiento de Uruapan, realice una investigación sobre el procedimiento de cómo se autorizaron estos desarrollos habitacionales en un área señalada como zona de conservación ecológica, y si los responsables contravinieron la normatividad establecida.

El artículo cuarto propuesto dice: Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan para que en el ámbito de su competencia realice una investigación sobre las posibles conductas irregulares en el procedimiento para otorgar las autorizaciones de los desarrollos habitacionales ubicados en el área El Zapien y que se señalan como zona de conservación ecológica, en Uruapan.

Es cuanto; muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Entiendo, diputado Fausto Fluvio Mendoza, que está usted proponiendo otra alternativa a la que se presentó o quiere...

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado : Una modificación en su artículo segundo y la propuesta del artículo cuarto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El diputado Berber. Por favor le dan sonido. Diputado Tomás del Toro.

El diputado Tomás del Toro del Villar(desde la curul): muchas gracias. Compañero diputado, yo, en atención a su propuesta sí me gustaría mantener, dado que son tiempos diferentes, dado que son temas en lo particular diferentes, me gustaría mantener mi propuesta como punto de acuerdo y esperar el respaldo de esta soberanía y en su defecto, que el diputado Fausto suscribiera un punto de acuerdo con la particularidad que él está proponiendo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No acepta el proponente los cambios que está haciendo el diputado Fausto Fluvio Mendoza. Diputado Fausto, ¿usted acepta presentar este punto aparte o quiere que se someta a votación en este momento? Porque tendremos que someterlo a votación, si acepta la Asamblea la modificación que usted propone.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado : Con todo respeto, yo no acepto la propuesta del compañero diputado Antonio Martínez Berber, dado que yo estoy solicitando que se modifiquen estos artículos, porque la punta de lanza... hacen aparecer que el ayuntamiento de Uruapan está contraviniendo disposiciones de tipo ecológico o que pueden causar problemas de tipo ecológico en esta zona...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado...

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado : ... siendo que cuatro fraccionamientos anteriores fueron autorizados, por eso la modificación cabe; cabe para que se haga la investigación por las autoridades correspondientes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado Fausto Fluvio Mendoza, esta Mesa Directiva le sugiere presentar el punto aparte; que se inscriba en el orden del día para que se pueda presentar y votar como corresponde en Reglamento. En este momento estamos discutiendo la propuesta que ha presentado de origen el diputado que le antecedió en la palabra y va a ser votada esa proposición.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado : Entrego mi propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias. Diputado va a ser agendada en la próxima sesión su punto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición de origen presentada por el diputado Antonio Berber Martínez , del grupo parlamentario del PAN.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se acepta la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada; comuníquese.

TURISMO ARQUEOLOGICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico con visión cultural y turística.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda:Con su permiso, diputada Presidenta. Recientemente fuimos todos testigos, por los medios de comunicación nacional, durante la visita del presidente George Bush a México, estaba junto al Presidente de la República Mexicana, en donde en el fondo de la imagen se veían las zonas arqueológicas de Mérida, Yucatán, Chichén-Itzá y Uxmal. Ahí podemos demostrar la enorme calidad que representa la cultura de México hacia el mundo.

Por eso me permito presentar este punto de acuerdo que presentan los diputados Emilio Gamboa Patrón y su servidor, Fernando Moctezuma Pereda, para solicitar el impulso a proyectos de desarrollo arqueológico con visión cultural y turística.

En México el turismo cultural tiene una larga tradición, originada por el amplio número de museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos con que cuenta el patrimonio histórico nacional.

De acuerdo con información del INEGI se tienen 153 zonas arqueológicas abiertas al público en la República Mexicana. Son una pequeña muestra que evoca la grandeza de nuestras raíces y la potencialidad que ofrecen para nuestro futuro.

México tiene grandes posibilidades para competir con éxito en el turismo cultural internacional, a través del fortalecimiento turístico de su patrimonio arqueológico; sin embargo, para acceder a un mercado turístico cultural no es suficiente contar con un patrimonio cultural, sino que es necesario desarrollar un sistema turístico que soporte un nuevo papel de ese patrimonio.

Si continuamos desaprovechando nuestra riqueza arqueológica o considerándola un mero referente histórico, así como bienes de ornato, estaremos renunciando a potenciar una riqueza que pocos países en el mundo tienen.

En muchas zonas arqueológicas prevalece el abandono, la maleza perniciosa, el tráfico de piezas históricas e inclusive acciones inverosímiles basadas en la necesidad y la ignorancia, como el hecho de que los restos de muchos monumentos se emplean como cimientos para casas en esas regiones, sin pensar en el daño patrimonial del país. Es increíble, pero aprecian más los extranjeros nuestras raíces que los propios mexicanos.

Y quisiera hacerles una pregunta a todos los compañeros que hoy nos acompañan en el pleno y algunos nos están viendo en las comisiones o en lugares por los monitores. Quisiera preguntarle a cada uno si ya fueron capaces de destinar un minuto de su tiempo para votar en la página de internet y para ser preciso en la www.new7wonders.com, en donde se decide en dos meses más cuáles serán las Siete Maravillas del mundo.

Y les quisiera checar cuántos han ido a votar para ver si nuestra cultura es distinguida a nivel mundial como una de esas Siete Maravillas. Hasta el día de hoy aparece Chichén-Itzá entre las Siete Maravillas del mundo y ni siquiera hemos sido capaces, quienes fuimos a promover el voto, de tener un voto a favor de esta propuesta que se está llevando a nivel mundial.

Yo retaría a cada uno de ustedes que me dijera quién ha ido a votar en esta página para ver si es capaz de votar por México en esta maravilla.

Quiero decirles que estamos compitiendo con el Coliseo Romano, Machu-Pichu, las Pirámides de Egipto y muchas otras más que pueden ustedes consultar porque el tiempo aquí es limitado y quisiera que me concedieran ese minuto más, como lo hicieron con el anterior, para decirles que sería lamentable que los diputados de este país se quedaran sin poder votar y contribuir con la cultura que tanto requiere de apoyo.

Hay ocasiones en que una simple fachada de un templo en San Antonio, Texas, tenga más visitantes que nuestras maravillas que tenemos en México. Que un mexicano no conserva una fotografía de una zona arqueológica en su niñez o con algún centro educativo en el que participó.

Y nos falta precisamente que seamos capaces de asignar patrimonio y presupuesto. Y es por eso que Emilio Gamboa y un servidor solicitamos en este punto de acuerdo que la Secretaría de Educación Pública, la de Turismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con la Comisión respectiva de Presupuesto, destinen mayores recursos en esta próxima oportunidad.

Un solo ejemplo, en la zona arqueológica de Tula, el presupuesto que se tiene para investigación es de un millón de pesos anuales. Tendríamos que esperar 25 años más para rescatar el viejo Tula de la zona arqueológica.

Ojalá, señores diputados, volteemos a la cultura que es un patrimonio que podemos explotar para ingresos propios en las comunidades. Celebro que estemos la mayoría en esta reunión y espero que los medios de comunicación no chequen en las páginas de Internet, porque viene la confirmación por diputado, quienes participaron para votar por una de las maravillas culturales que tenemos en el país. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México el turismo cultural tiene una larga tradición, originado por el amplio número de museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos con que cuenta el patrimonio histórico nacional. Varias ciudades y sitios arqueológicos han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad, con lo que no sólo se preserva el rico legado milenario del país, que data de épocas similares a las de las grandes civilizaciones fundadoras de la humanidad, sino que también ofrece un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional.

En ese sentido, nuestro patrimonio puede ser, bajo el concepto de la industria sin chimeneas, una herramienta que impulse el desarrollo regional de manera realista, sustentable y de largo plazo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se tienen 153 zonas arqueológicas abiertas al público en la República Mexicana, de las cuales 4 zonas se encuentran en el Distrito Federal, con un promedio de 90 mil 486 visitantes por año a cada una de ellas y 18 zonas en el estado de México, con un promedio de 129 mil 850 visitantes por año a cada una de ellas. Por citar algunas, Teotihuacan, Monte Albán, Malinalco, Tulum, La Venta, Tula, Palenque, Chichen Itzá, Templo Mayor, etcétera, son una pequeña muestra, que evoca la grandeza de nuestras raíces y la potencialidad que ofrecen para nuestro futuro.

México tiene grandes posibilidades para competir con éxito en el turismo cultural internacional, a través del fortalecimiento turístico de su patrimonio arqueológico. Sin embargo, para acceder a un mercado turístico cultural, no es suficiente contar con un patrimonio cultural, sino que es necesario desarrollar un sistema turístico que soporte un nuevo papel de este patrimonio, a través de infraestructura y de servicios que permitan su disfrute por parte de los turistas.

Desde el punto de vista cultural y turístico los atractivos de un país, región o lugar no están acompañados por la publicidad, las facilidades y la accesibilidad, es como si no existieran, pues no constituyen destinos conocidos ni que ofrezcan posibilidades de permanecer temporalmente en ellos. Además, por lo que se refiere al patrimonio arqueológico, el turismo cultural debe tomar conciencia de que es necesario armonizar el desarrollo del turismo con la preservación del patrimonio cultural y, por ello, se requiere planificar la explotación de dichos sitios, para que pueda garantizarse su conservación y su disfrute por las generaciones actuales y futuras.

Como parte de esta planificación y para determinar qué se debe ofrecer, a quién debe ofrecerse y cómo debe ofrecerse, se precisa realizar un diagnóstico integral que nos permita conocer las características de los visitantes actuales y potenciales, las variables que miden su grado de satisfacción, la infraestructura turística existente y la oferta publicitaria que se realiza con el fin de determinar el potencial y las expectativas turísticas del destino. Ello nos permitiría hacer proyecciones para el mediano y largo plazo tanto del ritmo de afluencia de turistas, así como de la necesidad de las inversiones, la determinación de las fuentes de financiamiento, tanto público como privado, además de calcular el impacto local, regional y nacional en la generación de empleo, mejoramiento de los ingresos, elevación de la calidad de vida y el impacto agregado en otros sectores que se beneficiarían de su adecuado desarrollo.

Si continuamos desaprovechando nuestra riqueza arqueológica o considerándola un mero referente histórico así como bienes de ornato, estaremos renunciando a potenciar una riqueza que pocos países en el mundo tienen y que ha probado su enorme capacidad de generación de bienestar y riqueza. Es lamentable que alrededor de las principales zonas arqueológicas se encuentre la pobreza, el desempleo, la falta de comunicaciones y de servicios.

En muchas zonas arqueológicas prevalece el abandono, la maleza perniciosa, el tráfico de piezas históricas e inclusive acciones inverosímiles, basadas en la necesidad y en la ignorancia, como el hecho de que los restos de muchos monumentos se emplean como cimientos para casas en esas regiones, sin pensar en el daño patrimonial al país.

Para avanzar hacia una concepción de conservación y aprovechamiento integral de nuestra riqueza arqueológica, consideramos que se debe integrar al patrimonio turístico cultural los servicios de transportación que faciliten la accesibilidad al sitio y los servicios de atención al turista, como son hospedaje, alimentación, actividades durante la visita, traslado a los sitios, guías especializados, etcétera, procurando que la derrama económica que generan se extienda a las comunidades visitadas.

Cuando se promueve fuera de la comunidad un producto cultural para crear en el público un interés por visitarlo y por realizar actividades planeadas por los propietarios o gestores del recurso para el disfrute de los turistas, entonces el producto turístico se convierte en oferta turística cultural, es por ello que actualmente los operadores del turismo y los organismos oficiales del turismo en todo el mundo gastan millones de dólares para informar a los turistas potenciales sobre los destinos, medios de transporte, distracciones y facilidades existentes.

En nuestro país, la realidad se encuentra lejana de esa perspectiva; por ello, nuestra propuesta consiste en solicitar a las autoridades vinculadas al turismo y a la preservación ecológica que impulsen el desarrollo y el turismo cultural, como una alternativa realista para impulsar el desarrollo regional que nuestro país requiere y que muchas comunidades tienen al alcance si cuentan con los apoyos necesarios.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Turismo, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia que impulsen el desarrollo del turismo cultural, con base en el patrimonio arqueológico con que se cuenta en todas las regiones del país, bajo una concepción de desarrollo regional sustentable. Su explotación integral contribuiría a preservar el inventario arqueológico y aprovecharlo para generar empleos, ingresos e infraestructura para el desarrollo en el mediano y largo plazos. Para ello, se exhorta a implementar este tipo de programas mediante la coordinación interinstitucional y con los diferentes niveles de gobierno, para sumar esfuerzos.

Segundo. Se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ésta Cámara que considere, en su oportunidad, la asignación de recursos y la consolidación de los existentes en un programa nacional de desarrollo del turismo cultural.

Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.--- Diputados: Fernando Moctezuma Pereda, Emilio Gamboa Patrón (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Fernando Moctezuma Pereda. Sí, diputado Alfonso Suárez del Real. Le dan sonido por favor.

El diputado Alfonso Suárez del Real(desde la curul): Gracias, Presidenta. En cuanto al punto de acuerdo, el punto primero y segundo, quisiera yo adherirme a este punto de acuerdo presentado por el diputado y solicitarle se sirva a bien turnar también este punto de acuerdo con la Comisión de Cultura, toda vez que se trata de un asunto relacionado con el patrimonio arqueológico de nuestro país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo, con opinión de la Comisión de Cultura.

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalen la Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresode los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al jefe de gobierno delDistrito Federala que, en el ámbito de sus facultades, instrumente lo necesario para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología delDistrito Federal, con base en los siguientes antecedentes:

Los resultados de la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas intervienen en todos los aspectos de la sociedad moderna. En materia de ciencia y tecnología, México se encuentra extraordinariamente rezagado con un aparato científico y tecnológico pequeño, mal distribuido y poco vinculado al apoyo de las actividades económicas del país.

El Distrito Federal es sin duda una región importante en el avance de la ciencia y la tecnología del país, toda vez que su territorio alberga una gran cantidad de centros académicos de estudio e investigación, que fortalecen en gran medida la producción de investigadores y personas dedicadas a la ciencia, que coadyuvan al desarrollo de este rubro en el país.

En la ciudad de México se ha excluido la inversión en investigación científica y tecnológica, toda vez que en el Presupuesto de Egresos de 2003 únicamente se destinaron 5 millones 490 mil 219 pesos, como apoyo y fomento a la inversión en desarrollo tecnológico.

Con fecha 28 de marzo de 2000 se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con la cual se creaba al instituto como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es asesorar y auxiliar al jefe de gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología en la ciudad. Así como ser medio de vinculación con los centros e institutos de investigación públicos y privados.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respondía a la necesidad de contar con un centro de investigación que atendiera las diferentes problemáticas en la Ciudad de México. De ahí la importancia de crear este instituto en el Distrito Federal, que funcione como órgano asesor del jefe de gobierno y de las diferente secretarías para llevar a cabo los programas de investigación que tienen que ver con la ciudad de México.

De conformidad con el artículo primero transitorio de dicha ley, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal debió de iniciar operación el 2 de enero del año 2001; para lo cual las autoridades competentes debieron realizar todos los actos y trámites necesarios para iniciar su operación.

En abril de 2003 y en junio pasado se hicieron algunas reformas a la ley de creación del Instituto.

La primera, a propuesta del Partido Acción Nacional, para añadir a las funciones del nuevo organismo, la de incentivar a los investigadores que presenten inventos susceptibles de aplicación industrial o de mejoras técnicas.

La segunda, otra vez, para precisar las funciones del Instituto y el procedimiento para el nombramiento de sus funcionarios y también para puntualizar en artículos transitorios, que a más tardar en octubre del año pasado estarían nombrados los funcionarios, se establecerían los recursos en el Presupuesto de Egresos de este año y el dos de enero de este año, estaría en operación.

En el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007, al Instituto de Ciencia y Tecnología le fue otorgado un presupuesto de 100 millones de pesos para iniciar su operación. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad Casaubón, designó a la doctora Esther Orozco Orozco, como titular del mismo.

Después de casi cinco años para que el gobierno de la ciudad dotará de recursos al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal es de imperiosa necesidad que el Ejecutivo local instrumente los mecanismos necesarios para que dicha entidad inicie sus actividades.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración el punto de acuerdo único, que exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para que se instale e inicie sus operaciones el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que establezca los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, bajo los siguientes

Antecedentes

Los resultados de la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas intervienen en todos los aspectos de la sociedad moderna.

En materia de Ciencia y Tecnología, México se encuentra extraordinariamente rezagado con un aparato científico y tecnológico pequeño, mal distribuido y poco vinculado al apoyo de las actividades económicas en el país.

La inserción de los países latinoamericanos en la globalización los ubica en una situación de mayor competencia en todos los niveles, la cual se apoya fuertemente en los nuevos descubrimientos científicos y en la generación de nuevas y mejores tecnologías.

Nuestro país cuenta con la comunidad científica más pequeña con respecto de su población, la diferencia en los tamaños de las comunidades científicas es significativa, incluso en comparación con economías similares a la de México.

El promedio de productividad científica por investigador en México está muy cerca de los niveles de Estados Unidos y por encima de naciones como Brasil y Corea del Sur; sin embargo, la tasa de crecimiento es menor a la del resto de las naciones en vías de desarrollo.

Según cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el gasto por investigador es equiparable al de otras naciones, de hecho muy por encima de otras naciones que invierten más en ciencia y tecnología. Entre 1993 y 1999 este indicador mostró un crecimiento importante, pero desde 1999 ha experimentado una caída drástica, contrayéndose 3.8 por ciento cada año.

Por la realidad antes descrita, el gobierno federal impulsó en la administración pasada iniciativas de reformas a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, en la cual se mandató un gasto anual de 1 por ciento del producto interno bruto para este rubro.

El Distrito Federal es, sin duda, una región importante en el avance de la ciencia y la tecnología del país, toda vez que su territorio alberga una gran cantidad de centros académicos, de estudio e investigación, que fortalecen en gran medida la producción de investigadores y personas dedicadas a la Ciencia, que coadyuvan al desarrollo de este rubro en el país.

En la Ciudad de México se ha excluido la inversión en investigación científica y tecnológica, toda vez que en el presupuesto de egresos de 2003, únicamente se destinó 5 millones 490 mil 219 pesos como apoyo y fomento a la inversión y desarrollo tecnológico.

Con fecha 28 de marzo de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con la cual se creaba el instituto como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es asesorar y auxiliar al jefe de Gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología en la ciudad, así como ser medio de vinculación con los centros e institutos de investigación públicos y privados.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respondía a la necesidad de contar con un centro de investigación que atendiera las diferentes problemáticas de la Ciudad de México, como son el hundimiento, la contaminación, el uso del agua, transporte, flujo vehicular; de ahí la importancia de crear este instituto en el Distrito Federal, que funcione como órgano asesor del jefe de Gobierno y de las diferentes secretarías para llevar a cabo los programas de investigación que tienen que ver con la Ciudad de México.

De conformidad con el artículo primero transitorio de dicha ley, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal debió iniciar operaciones el 2 de enero de 2001, para lo cual las autoridades competentes debieron realizar todos los actos y trámites necesarios para iniciar su operación.

En abril del 2003 y en junio pasado se hicieron algunas reformas a la ley de creación del Instituto. La primera, a propuesta del Partido Acción Nacional, para añadir a las funciones del nuevo organismo la de incentivar a los investigadores que presenten inventos susceptibles de aplicación industrial o de mejoras técnicas. La segunda, otra vez para precisar las funciones del Instituto y el procedimiento para el nombramiento de sus funcionarios, y también para puntualizar, en artículos transitorios, que a más tardar en octubre del año pasado estarían nombrados los funcionarios, se establecerían los recursos en el Presupuesto de Egresos de este año y el 2 de enero de este año estaría en operación.

En el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, al Instituto de Ciencia y Tecnología le fue otorgado un presupuesto de 100 millones de pesos para iniciar su operación, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, designó a la doctora Esther Orozco Orozco como titular del mismo.

Después de casi cinco años para que el Gobierno de la Ciudad dotara de recursos al instituto es de imperiosa necesidad que el Ejecutivo local instrumente los mecanismos necesarios para que dicha entidad inicie sus actividades.

Considerandos

Primero. Que para lograr el avance del país y de la Ciudad de México, es necesario establecer una sólida infraestructura científica y tecnológica, así como contar con una comunidad de investigación que conozca el nivel de desarrollo actual en las esferas científicas y tecnológicas, viendo dichos rubros áreas estratégicas en las cuales debe basarse el desarrollo presente y futuro de la capital del país;

Segundo. Que la ciencia y la tecnología son factores determinantes para incrementar el bienestar de la población, así como elementos indispensables para la solución de problemas esenciales de la sociedad y apoyo en el desarrollo de procesos productivo;

Tercero. Que para que la Ciudad de México forme parte de las grandes urbes económicas debe alcanzar los niveles más altos en tecnología, para que éste funja como factor en el crecimiento económico y que es justamente la inversión en ciencia y tecnología lo que permite generar empleos, evitar la fuga de cerebros y la migración de mano de obra que no encuentra las oportunidades para vivir;

Cuarto. Que se necesita de recursos económicos suficientes que permitan la apertura y primeros pasos del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, para poder contar con un espacio físico, personal, bienes muebles, equipos de cómputo, promoción, bibliografía, etcétera, y así poder iniciar con la realización de los objetivos como lo es ser un organismo de consulta del gobierno local, promotor de relaciones y vínculos, coordinador de los centros de investigación y enseñanza superior, así como asesor de las dependencias y entidades de la administración pública local, entre otras;

Quinto. Que en la administración pasada el gobierno de la ciudad incumplió la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología, que ordena la creación del organismo del mismo nombre, así como la negativa durante este tiempo para otorgar el presupuesto correspondiente;

Sexto. Que una vez creado el Instituto de Ciencia y Tecnología de esta capital, éste colaborará en beneficio de los habitantes del Distrito Federal;

Séptimo. Que a pesar de que es modesto el presupuesto otorgado al instituto para el presente año, deberá éste comenzar a trabajar con los sectores involucrados y cumplir los objetivos planteados;

Octavo. Que en tanto, el naciente Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que en el Presupuesto enviado por Ejecutivo local contemplaba un presupuesto de 60 millones de pesos, logró un incremento de 40 millones en la Asamblea Legislativa, con lo que ejercerá un total de 100 millones de pesos en este 2007; y

Noveno. Que el presupuesto de 100 millones de pesos para que opere el instituto y la designación de la doctora Esther Orozco Orozco, como directora del instituto, es un paso importante para en el impulso que a la ciencia y tecnología se pretende dar en la ciudad; por eso es necesario que el jefe de Gobierno coadyuve a la pronta instalación de la entidad y comience a laborar en el objeto de su creación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para que se instale e inicie sus operaciones el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María Gabriela González Martínez . Túrnese a la Comisión del.

EMPRESAS DE GAS LICUADO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Enrique Rodríguez Uresti , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan con la normatividad en materia de seguridad e higiene.

El diputado Enrique Rodríguez Uresti:Con su permiso, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan las normas en materia de seguridad e higiene.

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.

Consideraciones

El compromiso de la LX Legislatura ha sido muy claro: su interés de intervenir y coadyuvar para resolver los problemas de distinta índole que vulneran los derechos y el bienestar de la población. La sociedad reclama que el Estado proporcione certeza jurídica, social y laboral para el sano desarrollo de las diferentes actividades; sin embargo, parece que no hay acción de la autoridad para cumplir su objetivo y, en este caso, quiero referirme a la industria del gas licuado de petróleo.

Me desperté por el ruidoso motor de un camión y el olor a gas. Junto a la ventana un despachador de auto tanque llenaba cilindros de gas apuradamente... En mis recorridos por el tercer distrito electoral federal, en San Luis Potosí, he recogido una sentida y urgente petición de la población: el cumplimiento de las normas de seguridad en el reparto del gas doméstico. Es inaceptable que el llenado de los tanques de este gas se realice del auto tanque al cilindro, en plena calle frente, al domicilio de quien tiene la necesidad de comprarlo, sin que los repartidores de tengan ninguna medida de seguridad, dejando escapar cantidades de gas que en cualquier momento pueden provocar una explosión y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Me han manifestado también (y a simple vista se puede observar) que el equipo de distribución no cumple los requerimientos mínimos de seguridad: autos tanque viejos con partes desgastadas, cilindros de gas con gran deterioro que por más exhortos de la autoridad para sustituirlos las empresas ponen oídos sordos, dejando en la indefensión al ciudadano.

Basta citar que en días pasados por un auto tanque en mal estado se suscitó un accidente en la capital del estado, que por la oportuna intervención de los cuerpos de seguridad y el ejército no pasó a mayores.

Es importante señalar que en la mayoría de los municipios no existe la infraestructura en materia de protección civil para atender de manera oportuna un siniestro de esta naturaleza.

No se debe medrar con la necesidad de la sociedad; no se debe permitir que las empresas del ramo, por maximizar sus ganancias, pongan en riesgo a sus trabajadores y a la población; es muy lamentable que no aprendan de accidentes fatales (Pasta de Conchos) que se pudieron prevenir al sujetarse a la normatividad en la materia. Debemos evitar que nuevamente suceda una tragedia. Los ciudadanos nos lo demandan; el Legislativo debe cumplir.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte de manera urgente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones, para verificar que las empresas del gas cumplan en materia de seguridad e higiene, sujetándose a los lineamientos establecidos para su buen funcionamiento, para que se permita garantizar seguridad y no se ponga en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores y de los ciudadanos.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar que los cilindros de gas cumplan las normas de calidad, a fin de ser usados sin riesgo para la población, así como a garantizar que se respete el precio oficial de venta.

Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.--- Diputado Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Enrique Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Esta Presidencia hace un llamado respetuoso para que todos los diputados se sujeten al acuerdo que aprobamos sobre el tiempo.

ANOREXIA Y BULIMIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Salud a que apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia.

La diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez:Con su permiso, señora Presidenta. Estimados diputados. El tema que hoy voy a tratar es de suma importancia para nuestra sociedad y exige una respuesta inmediata.

Lamentablemente las diputadas que me antecedieron con el mismo tema, y yo, tuvimos que esperar desde el 15 de febrero que se publicaron los puntos de acuerdo hasta esta semana, para plantearles esta situación.

Asimismo, me es grato constatar que las tres principales fuerzas políticas de la Cámara están a favor de apoyar a las personas que padecen de trastornos alimenticios. Y por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, presento este punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, y de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Salud para que apliquen las medidas necesarias para prevenir la anorexia y la bulimia, además de atender a las mujeres que padecen dichas enfermedades, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En estos momentos la vida de muchas mexicanas depende de nosotros, sus representantes en el Congreso, y esto no es una broma, y me refiero al infierno que sufren muchas mujeres que padecen la anorexia y la bulimia.

Hace unos días las televisoras mexicanas trasmitieron unos reportajes sobre la anorexia y otros trastornos alimenticios, y ahí pasaron algunos testimonios de personas que sufren los padecimientos de la anorexia, un mal que puede llevar a la muerte. Y así como hubo mujeres que se atrevieron a dar su testimonio ante las cámaras, así también hay muchísimas más que les cuesta admitir su situación pero que en su interior nos piden a gritos ayuda para poder seguir adelante.

Como ustedes ya saben, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que busca la pérdida de peso y que es provocada por el propio enfermo evitando ingerir alimentos; mientras que la bulimia consiste en una necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de comida y una vez que se termina de comer la persona afectada aplica ciertos mecanismos de autorrepulsa.

Por diversos estudios realizados, se ha observado que el 95 por ciento de los que sufren estas enfermedades son mujeres jóvenes, siendo las más afectadas las que tienen entre 14 y 18 años de edad.

La moda, la belleza y el culto al cuerpo mal entendidos están matando a nuestra juventud mexicana, por lo que debemos hacer algo, y debe ser urgente.

Yo veo con mucha preocupación la tendencia que existe en la juventud de bajar de peso hasta llegar a la talla cero, copiando los prototipos de las edecanes que salen en las pasarelas y en los comerciales; además de que es preocupante la difusión que se le ha dado a los productos cuyo objetivo es pesar menos y reducir tallas, pues contribuyen a la creación de una sociedad dispuesta a hacer todo, incluso poner en riesgo su vida, con tal de verse mejor.

Además de los factores socio-culturales que influyen en la aparición de dichas enfermedades, existen también factores biológicos, psicológicos y familiares; lo que demuestra que hay que tomarse en serio la prevención de la anorexia y la bulimia además de brindar un tratamiento completo a las mujeres que padecen alguno de estos dos padecimientos.

Para que nos demos cuenta de la importancia que le debemos de dar a este tema sólo mencionaré algunas de las consecuencias que producen estas enfermedades: úlceras en estómago o esófago, baja presión arterial, anemia, problemas dentales, sequedad en la piel, baja temperatura corporal, arritmias que pueden derivar en paro cardiaco, caída del cabello así como relaciones afectivas conflictivas, entre otras.

Según los especialistas la hospitalización e internación suele ser ineludible para salvar la vida de las anoréxicas y bulímicas, Y desgraciadamente el tratamiento completo es muy costoso y debido a que dichas enfermedades no respetan clases sociales, considero fundamental que la Secretaría de Salud establezca clínicas especializadas que ofrezcan una atención gratuita a las mujeres de escasos recursos, pues no podemos dejar desprotegidos a nuestros jóvenes por no tener medios para cubrir dichos gastos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Gobernación establezca lineamientos para evitar que las modelos que desfilan en pasarelas y que salen en los anuncios televisivos estén extremadamente bajas de peso.

Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública realice un ciclo de conferencias en las escuelas de educación básica, media y media superior instruyendo a los jóvenes sobre las consecuencias de la anorexia y la bulimia.

Tercero. Que la Secretaría de Salud inicie una campaña publicitaria para informar a la población sobre las consecuencias de la anorexia y la bulimia con el fin de prevenirlas.

Cuarto. Que la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, establezca clínicas especializadas para la atención gratuita de las mujeres que padecen las enfermedades de la anorexia y la bulimia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.--- Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Claudia Gabriela Caballero. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera el punto de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : En votación económica se consulta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, Secretario. No habiendo diputados inscritos para el punto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : En votación económica se consulta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada; comuníquese.

EMPRESAS DE GAS LICUADO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia quiere hacer la observación de rectificar el turno que se dio a la propuesta del diputado Enrique Rodríguez Uresti , toda vez que estaban inscritos de urgente resolución, por lo tanto se va a someter a su votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera la propuesta que presentó el diputado Enrique Rodríguez Uresti de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada; comuníquese.

COMUNICACION SOCIAL EN PODER LEGISLATIVO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al área de Comunicación Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a que rea-lice la difusión de los acuerdos que se logren.

El diputado Carlos Eduardo Felton González:Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las áreas de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a difundir los acuerdos que se logran

El suscrito, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Felton, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los medios de comunicación en nuestro país juegan un papel de suma importancia, injerencia y responsabilidad para la difusión en múltiples ámbitos. Todos estos se encuentran debidamente supervisados por la Secretaría de Gobernación, dando cumplimiento al artículo quinto de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala la función de contribución que tienen los medios procurando, cito textualmente:

``I.Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.''

En el año de 1960 se aprobó la utilización de los tiempos fiscales y oficiales que se refieren al impuesto que pagan los concesionarios de radio y televisión, por el uso del espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y año con año, dentro del presupuesto de Egresos de la Federación, existe un monto designado a comunicación social de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los estados.

En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se aprobó, en el artículo 18, la designación de los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión a los Poderes Legislativo, y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y entidades.

La sociedad mexicana es consciente del compromiso que tenemos como legisladores y, por ley y obviedad, tienen derecho a estar informados de las actividades que realizamos como sus representantes; ésta es y debe ser la función del área de comunicación social de nuestros respectivos recintos legislativos. De esta forma se encuentra constatado en el mismo artículo 18, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, indicando que ``los tiempos fiscales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como las actividades análogas que prevean las leyes aplicables.''

Todo el país ha sido testigo. Tanto esta honorable Cámara de Diputados, como la honorable Cámara de Senadores han emprendido una campaña de difusión social, dichas campañas carecen de un verdadero sentido en cuanto a difusión de actividades y promoción se refiere.

Sin duda, compañeros y compañeras diputados, es importante que demos a conocer nuestro quehacer legislativo con hechos, con acciones, procurando que la difusión que emprendan las respectivas áreas de comunicación social sean a la vez promotoras de los acuerdos a los que llegamos, que impactan directamente la vida diaria de los millones de mexicanos que están al tanto de los medios de comunicación. De esta forma estaríamos, además, apoyando el artículo quinto de la misma Ley Federal de Radio y Televisión, en su quinto artículo. Así lograremos que se fortalezcan los valores que tenemos los mexicanos y la necesidad de lograr un México más equitativo con una mejor convivencia social, gracias a los acuerdos y acciones concretas que tengamos los legisladores, como podrían ser los derechos de los niños, y acciones tomadas en contra de la violencia infantil y mujeres.

Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito poner a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al área de comunicación social de esta honorable Cámara de Diputados y al área de Comunicación social de la honorable Cámara de Senadores para que, conforme a las bases establecidas en el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2007, los programas y campañas, la difusión que realicen sean enfocados a los acuerdos que logramos, que han de reforzar los valores y la justicia social que se buscan en estos recintos legislativos.

Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Carlos Eduardo Felton González . Túrnese a la Mesa Directiva.

Esta Presidencia les vuelve a hacer la observación del tiempo, toda vez que vamos a terminar hasta las seis de la tarde precisamente para avanzar en los puntos y hubo un acuerdo respecto a él. Les pedimos de manera respetuosa, podamos sujetarnos para poder avanzar lo más posible.

ESTADO DE OAXACA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Jorge Toledo Luis , del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca, diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec.

El diputado Jorge Toledo Luis:Con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

La actividad pesquera en el país está atravesando por una difícil situación en donde la falta de una política nacional de planeación del sector, por lo menos en la última década, ha motivado que la abundancia de los recursos pesqueros con los que contamos, en su mayoría se hayan venido hacia la baja en su manejo comercial.

Asimismo, la falta de apoyos y estrategias por parte del órgano rector de la actividad, han propiciado que los pescadores de todo el país, principalmente el sector social de la pesca, se encuentren en una situación desesperada, con grandes carencias y con un marcado abandono.

En el caso del sector social de la pesca en el estado de Oaxaca, es un clamor el que la autoridad pesquera, es decir la Comisión Nacional de Pesca, tome cartas en el asunto y se involucre de manera comprometida a encontrar las soluciones que aquejan al sector.

La costa oaxaqueña vivió un conflicto muy agudo entre el sector social pesquero tanto de la costa como del Istmo, donde se tienen registradas 72 sociedades cooperativas. Estas sociedades pesqueras y personas afectadas están demandando la delimitación de las zonas de pesca de las embarcaciones de altura, principalmente los barcos atuneros que utilizan la zona de los litorales costeros de poca profundidad, en donde normalmente realizan sus faenas de pesca y ellos realizan sus pescas comerciales.

El conflicto acarreó como consecuencia graves enfrentamientos en los que inclusive se presentaron agresiones físicas, destrucción de equipos y artes de pesca e inclusive disparos de arma de fuego.

Por estos motivos, es imperante que se lleve a cabo la aplicación inmediata de lo que promueve la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable aprobada en este pleno el pasado mes de diciembre, en la que en su Título Sexto, artículos 36, 37 y 38 se establecen los instrumentos de la política pesquera como los programas de ordenamiento pesquero, que buscan contar con la lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región.

La pesca de atún es tradicionalmente una pesca oceánica en aguas continentales o internacionales a considerable distancia de las costas y no tienen limitaciones ni de zona ni de temporada; sin embargo, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-04PESC-2001 de la captura incidental de los organismos juveniles de atún aleta amarilla y patudo, que establece las tallas mínimas de captura del atún aleta amarilla, equivalentes a cuatro kilogramos de peso y 60 centímetros de longitud, lo cual no debe exceder 10 por ciento de la captura en cada viaje.

Es importante que se evite que se vuelva a presentar un conflicto social pesquero, como lo suscitado el pasado mes de febrero en el estado de Oaxaca, ya que esto acarrea un clima de encono y de inestabilidad para los pescadores ribereños de esta entidad.

Por lo anterior me permito poner a su consideración la siguiente proposición punto de acuerdo:

Único. Que, de acuerdo con las facultades de este pleno, exhorte a la Sagarpa, a la Semarnat, la Conapesca y al Instituto Nacional de la Pesca para que modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, donde se establecen las reglas de operación de la flota atunera de altura para restringir las operaciones de pesca y su acercamiento a una distancia de 50 millas náuticas de las costas, con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina, mantarrayas y ballenas, así como la competencia desleal que ejercen sobre las embarcaciones sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actividad pesquera en el país, esta atravesando por una difícil situación, en donde la falta de una política nacional de planeación del sector --por lo menos en la última década--, ha motivado que la abundancia de los recursos pesqueros con los que contamos en su mayoría, hayan venido hacia la baja en su manejo comercial asimismo la falta de apoyos y estrategias por parte del órgano rector de la actividad, han propiciado que los pescadores de todo el país, principalmente el sector social de la pesca, se encuentre en una situación desesperada con grandes carencias y en un marcado abandono.

En el caso del sector social de la pesca en el estado de Oaxaca, es un clamor el que la autoridad pesquera, es decir la Comisión Nacional de la Pesca, tome cartas en el asunto y se involucre de manera comprometida a encontrar las soluciones que aquejan al sector.

La costa oaxaqueña vivió un conflicto muy agudo entre el sector social pesquero tanto de la costa como del Istmo, donde se tiene un registro de 72 sociedades cooperativas que asocian a mil 492 pescadores de oficio y 72 personas físicas que ejercen la actividad con 674 pescadores, que suman un total de 2 mil 166 personas afectadas por el conflicto suscitado.

Estas socoedades pesqueras y personas afectadas están demandando la delimitación de las zonas de pesca de las embarcaciones de altura, principalmente los barcos atuneros que están utilizando las zonas litorales costeras de poca profundidad donde normalmente ellos realizan sus faenas de pesca y realizan sus capturas comerciales.

El conflicto accareó como consecuencia fuertes enfrentamientos, en los que inclusive se presentaron agresiones física, destrucción de equipos y artes de pesca e inclusive disparos de armas de fuego.

Por estos motivos es imperante que se lleve a cabo una aplicación inmediata de lo que promueva la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable aprobada por este Pleno el pasado mes de diciembre y en la que en su Titulo Sexto, artículos 36, 37 y 38, se establecen los instrumentos de la política pesqueras como los Programas de Ordenamiento Pesquero que buscan contar con la lista exhaustiva y actualizada de los usuarios de la región; los recursos pesqueros sujetos de aprovechamiento y la delimitación de las áreas de pesca para promover una administración ordenada y sustentable de los recursos pesqueros.

La pesca del atún, es tradicionalmente una pesca oceánica en aguas continentales o internacionales a considerable distancia de las costas y no tiene limitaciones ni de zonas ni de temporadas, sin embargo existe la norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, de la captura incidental de organismos juveniles de atún aleta amarilla y patudo, que establecen las tallas mínimas de captura del atún aleta amarilla equivalente a 4 kilogramos de peso y 60 centímetros de longitud, lo cual no debe exceder al 10 por ciento de la captura durante un viaje.

Sin embargo existen evidencias documentadas, así como en los medios de comunicación, que dejan a los ojos de todos los mexicanos la forma irracional en la que operan las flotas atuneras en las zonas someras de la costa de Oaxaca, esas zonas cuentan con una muy alta proporción de organismos juveniles menores a la talla permitida y que adicionalmente en sus maniobras de cerco atrapan una gran cantidad de tortugas marinas, especialmente en las temporadas de reproducción y desove donde se reportan altas mortandades de esta especie en veda permanente.

Las mantarrayas también han resultado afectadas en diversas ocaciones.

Apoyamos de manera incondicional la pesca sustentable del atún, deseamos, que todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades, pero, estamos ciertos que las áreas de pesca son vastas, casi ilimitadas, por lo que sin lugar a dudas el restringir la pesca en la zona cercana a las costas de Oaxaca , no afectan en absoluto a esta pesquería y si traería grandes beneficios a los pescadores ribereños y del sector social , así como para la conservación de especies restringidas o en veda.

Es importante evitar que se vuelva a presentar un conflicto social pesquero como lo suscitado el paso mes de febrero en el estado de Oaxaca, ya que esto acarrea un clima de encono y de inestabilidad para los pescadores rivereños de esa entidad.

Por lo anterior me permito poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. De acuerdo a sus facultades este Pleno exhorte a la Sagarpa, a la Semarnat la Conapesca y el Instituto Nacional de la Pesca, para que modifiquen la norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001 donde se establecen las reglas de la operación de la flota atunera de altura para restringir sus operaciones de pesca y su acercamiento a una distancia de 50 millas náuticas de las costas, con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina, mantarrayas y ballenas, así como la competencia desleal que ejercen dichas embarcaciones sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril del 2007.--- Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Jorge Toledo Luis . Túrnese a la Comisión de Pesca.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez:Con su permiso, señora Presidenta. Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianzaa la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a verificar, mediante la Semarnat, los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur.

El municipio de Loreto está localizado en el Mar de Cortés, en la mitad del sur de Baja California, el territorio del municipio de Loreto comprende aproximadamente 4 mil 311 kilómetros cuadrados, con 270 kilómetros de costa, incluyendo las islas. Alberga aproximadamente 15 mil personas, de las cuales 80 por ciento viven en la ciudad de Loreto, el resto de la población vive en 130 rancherías y otras 21 comunidades pesqueras y ganaderas.

Loreto es el asentamiento colonial más antiguo de las Californias y es conocido por su belleza natural, tanto que el famoso explorador francés Jacques Cousteau llamó al Golfo de California, ``el acuario del mundo'', por ser uno de los cinco ecosistemas marinos con mayor diversidad y productividad del planeta.

La riqueza de este lugar se encuentra amenazada por varios factores: la sobrepesca; la pesca ilegal; la destrucción del hábitat; la sobreexplotación de los mantos acuíferos; la contaminación, las descargas de aguas residuales; la agricultura y la acuacultura, pero uno de los más graves es la construcción de diversos desarrollos turísticos.

El auge turístico inmobiliario ha provocado la desaparición de los manglares de esta zona, que son considerados fuente de vida, la falta de agua es también otro de los problemas que enfrenta este municipio.

En el grupo parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestro medio ambiente y la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, no sólo en esta área sino en todas las demás del país, es por esto que dando cumplimiento a nuestro encargo proponemos a esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique que los permisos, así como las manifestaciones de impacto ambiental otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, en Baja California Sur, hayan sido realizados apegados a la legislación vigente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar mediante la Semarnat los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Miguel Ángel Jiménez Godínez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El municipio de Loreto está localizado en el mar de Cortés, en la mitad sur de Baja California. El territorio del municipio de Loreto comprende aproximadamente 4 mil 311 kilómetros cuadrados, con 270 kilómetros de costa, incluidas las islas. Alberga aproximadamente a 15 mil personas, de las que 80 por ciento vive en la ciudad de Loreto. El resto de la población vive en 130 rancherías, y otras 21 comunidades pesqueras y ganaderas (Ivanova y Cota, 2005).

Loreto es el asentamiento colonial más antiguo de las Californias, construido alrededor de una misión fundada en 1679; fue la capital y el centro administrativo de Baja California hasta que la capital fue trasladada a La Paz, después de un huracán devastador, en 1829.

Loreto es conocido por su impresionante belleza natural. Abruptas montañas descienden a una angosta franja costera a lo largo del mar de Cortes, en la costa este de Baja California Sur. La vista de la costa es notable, acentuada por el número de islas. A pesar de esto, las playas de Loreto no son consideradas de primer orden. Más aún, manta rayas habitan los obscuros fondos arenosos de muchas de las áreas cercanas a la costa, reduciendo aún más el atractivo del turismo tipo ``sol y playa''.

El acuario del mundo

El famoso explorador francés Jacques Yves Costeau llamó el golfo de California ``el acuario del mundo''. Y es que el golfo de California es uno de los cinco ecosistemas marinos con mayor productividad y biodiversidad en el planeta.

Varias características hacen única esta región:

En sus mares habitan 740 especies endémicas (que viven sólo en esta región);

Ahí se concentra la vaquita marina, único mamífero endémico de México;

En esta agua se encuentran cinco de las ocho especies de tortugas marinas que hay en el mundo;

Sus 922 islas e islotes han sido declarados patrimonio de la humanidad; y

Sus paisajes de costa son paradisíacos.

La riqueza del acuario del mundo se encuentra amenazada por la sobrepesca, la pesca ilegal, la destrucción del hábitat que provocan los desarrollos turísticos incontrolados, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación, las descargas de aguas residuales, la agricultura y la acuacultura.¹

Nos hemos enterado por diversos medios de comunicación del grave peligro que corre esta área por la construcción de diversos desarrollos turísticos; el más reciente es el publicado por La Jornada ( 19 de febrero de 2007):

Alarma a ecologistas auge turístico e inmobiliario en Loreto, BCS

Loreto, BCS, 18 de febrero. La apacible e histórica ciudad de Loreto, cuna de las Californias, vive un auge turístico e inmobiliario lo que, según el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la zona, incrementará su población actual, de 14 mil habitantes, hasta en nueve veces en los próximos 25 años.

El grupo ecologista Antares sostuvo que este crecimiento demográfico ``espanta'' por sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. Advirtió que las autoridades subestiman los números, pues suponen que por cada cuarto de hotel construido arribarán al municipio entre 2.7 y 13.5 personas, según el lugar, cuando en Los Cabos y Cancún la densidad promedio es de 20 personas por habitación edificada.

``Sólo en el desarrollo turístico inmobiliario Loreto Bay empresarios prevén construir 13 mil cuartos; es decir, habrá 260 mil nuevos habitantes en la región'', señaló Sergio Morales Polo, representante del grupo no gubernamental en el Comité de Planeación Municipal.

Agregó que el Programa de Desarrollo Urbano sólo abarca el corredor Loreto-Nopoló-Puerto Escondido-Notri-Ligüi-Ensenada Blanca, es decir, 65 kilómetros de litoral, cuando todo el municipio cuenta con 225 kilómetros de playa, y hay desarrollos proyectados al norte y al sur, en San Bruno, San Bacilio, Tembabichi, Agua Verde y San Nicolás, sin injerencia de autoridades.

Precisó que el programa autoriza erigir 31 mil 914 cuartos de hotel en el corredor planificado, que generaría un impacto poblacional de 167 mil 203 personas, de acuerdo con autoridades, o de 638 mil 238, si se toma como parámetro el desarrollo de otros centros impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En general, se proyectan 80 mil cuartos de hotel, y crecimiento de 1 millón y medio de habitantes, en una región donde los mantos acuíferos sólo pueden soportar a 42 mil 200, sin padecer intrusión salina, señaló Morales Polo.

Desarrollos turísticos

Loreto, localizado en la parte media de la península de Baja California Sur --de donde partieron misiones religiosas de conquista hacia el sur del estado y al norte hasta la Alta California--, tiene 225 kilómetros de litorales en el mar de Cortés. En los años setenta fue elegido por el Fonatur como emporio turístico de calidad mundial.

La dependencia adquirió en 1976 3 mil 522 hectáreas en la zona de Nopoló, 6 mil 400 en Puerto Escondido y 743 en Loreto para construir hoteles, condominios y residencias turísticas, marinas y asentamientos humanos.

Los primeros hoteles comenzaron a operar en 1982, con una oferta de 454 cuartos, que incluían 138 habitaciones en el poblado de Loreto. El número de turistas registrados ese año fue de 46 mil.

A pesar de 3 mil 600 millones de pesos que el Fonatur dijo invertir en infraestructura para Loreto, el proyecto quedó estancado hasta 2001, cuando el gobierno foxista lo relanzó.

Loreto Bay Company, de capital canadiense, fue la primera en tomar la palabra al Fonatur, con un proyecto de mil 600 cuartos de hotel, 6 mil 374 viviendas, 4 mil 571 villas residenciales, campo de golf, marina, spa, centro de pesca deportiva, restaurantes e instalaciones comerciales, recreativas y culturales.

En el corredor se considera inversión de empresarios de Arizona en el proyecto Golden Beach --que ocupará 3 mil 458 hectáreas--, donde se pretende construir cuatro hoteles, dos campos de golf, una marina, villas residenciales, spa, área comercial y restaurantes.

Villas de Group, con experiencia en Los Cabos, promueve el complejo Ensenada Blanca, donde invertirá 750 millones de dólares en la construcción de 2 mil 200 cuartos de hotel en un plazo de 15 años, que generarán 6 mil 500 empleos.

Al norte del municipio, en San Bruno, fuera del área de planeación, ya se hizo oficial el inicio del proyecto Loreto Paraíso, del grupo español Fadesa, que considera invertir 5 mil millones de dólares en una superficie de 3 mil hectáreas, y generar 3 mil empleos directos.

El plan maestro del complejo turístico que se presentó al gobernador Narciso Agúndez Montaño considera 12 hoteles y 7 mil cuartos de hotel, 2 campos de golf tipo campeonato y 2 más tipo turista, 6 mil 500 unidades residenciales, 1 marina de 23 hectáreas con capacidad de mil amarres y una reserva natural de 800 hectáreas.

Ante la profusión de inversiones, el director del grupo Antares, Fernando Arcas, advirtió que el crecimiento será caótico y sus repercusiones en la naturaleza, devastadoras.

Sostuvo que autoridades y desarrolladores ``toman con mucha ligereza'' el tema del agua. Dicen que construirán desaladoras, pero no aclaran el tamaño de sus plantas, dónde las instalarán ni dónde depositarán la salmuera. Recordó que Antares impulsó ``el parque nacional Bahía de Loreto, ya hay una regulación, pero no sabemos qué va a pasar con tanta gente''.

Expresó que hay muchas preguntas sin responder, como dónde vivirán los trabajadores y sus familias; el uso de las playas de la zona, que son pequeñas, y el asunto de los servicios básicos para la población.

Arcas expuso que el argumento de las autoridades para traer inversiones a Loreto son el desarrollo y el empleo, pero la realidad es que los buenos puestos serán para los de afuera, los lugareños deberán conformarse con ser jardineros, albañiles, plomeros y ejercer oficios por el estilo.

Puntualizó que en Loreto Bay, donde se construye un ``Infonavit de lujo'', se da la especulación de la tierra: pequeños terrenos ejidales que antes costaban 20 mil pesos ahora se comercializan en 1 millón y medio porque tienen playa al frente. ``Son precios de locos, la tierra no los vale, porque carece de servicios, pero hay quien paga esas cantidades, sobre todo la gente que viene de Estados Unidos y Canadá'', dijo.

Indicó que ``por todos lados'' se venden lotes, y comentó que el turismo se incrementó el año pasado porque personas de La Paz, Los Cabos y extranjeros buscaban tierra para comprar.

Destacó que están en riesgo la sierra de la Giganta, el parque nacional Bahía de Loreto, islas, islotes, manglares, esteros y ojos de agua de la zona, sobre todo porque el plan de desarrollo urbano los ignora, sólo ubica dónde estarán los desarrollos, cuántos cuartos se construirán y cuántos pisos van a tener los hoteles, además de que la mayor parte de los litorales, entre ellos San Bruno, no están planificados por el municipio.

``Si hay lugares que van a madrear son los manglares, Loreto Paraíso tiene un manglar precioso'', señaló.

El presidente municipal --panista-- de Loreto, Rodolfo Davis Osuna, más optimista, aceptó en entrevista que habrá un crecimiento poblacional acelerado, pero confió en que pronto habrá tres instrumentos para controlarlo: el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Ordenamiento Ecológico y estudios científicos de los acuíferos de la región.

Admitió que el tema de la ecología preocupa a todos, y por eso se trabaja en la elaboración de documentos que den certidumbre al desarrollo respeto al ambiente.

No obstante, Morales Polo, del grupo Antares, consideró ``increíble que se haga un plan estratégico de desarrollo y no se tengan estudios científicos sobre el problema del agua en la región.''²

Como señalan, no es el único problema en la región, pero sí agrava los ya existentes, como la falta de agua, situación que ha quedado expuesta a través de organismos no gubernamentales y la población civil a través de diversos medios.

Día tras día vemos en los distintos medios la frecuente queja de la población por la falta de agua potable. ``Un viaje por el clima'', organismo no gubernamental expuso en su pagina web su preocupación por el hecho de que en Baja California Sur haya menos de 25 centímetros de lluvia por año y de que la mayoría del agua sea de pozos, del subsuelo.

Las fuentes de agua en Baja California Sur no tienen un futuro con o sin el calentamiento global. Parece que el agua se está usando demasiado rápido. En Loreto es probable que el agua dure por 10 o 20 años. La población está creciendo de manera sorprendente. La ciudad de Cabo San Lucas, que está al punto más sur de Baja California, ya usa una máquina tratadora de aguas para sacar agua por viajeros de turismo.³

Otro problema importante que conlleva el auge turístico e inmobiliario en la construcción de desarrollos turísticos es la desaparición de los manglares, considerados ``fuente de vida''. Los manglares actúan como amortiguadores protectores contra mareas muy fuertes y para las costas. Sus raíces ayudan a impedir la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, y filtran la contaminación del agua. Los manglares ofrecen un rico hábitat y una excelente zona de cría para animales, peces y crustáceos. Por otra parte, también tienen valor económico: durante siglos la gente los ha usado para obtener leña, material de construcción, carbón vegetal, alimentos y medicinas, y hoy día --en vista de que a menudo forman parte de hermosos ecosistemas costeros-- también son importantes para el turismo.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos preocupados por la degradación de nuestro ambiente y la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, no sólo en esta área sino en todas las del país. Por ello, en cumplimiento de nuestro encargo, proponemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique que los permisos y las manifestaciones de impacto ambiental otorgados para la construcción de desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, hayan sido realizados con arreglo a la legislación vigente.

Segundo. Del resultado de lo anterior sea informada esta soberanía.

Notas:

1 Greempeace, http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/fungames/animations/salvemos-el-acuario-del-mundo.swf

2 La Jornada, lunes 19 de febrero de 2007, http://www.jornada. unam.mx/2007/02/19/index.php?section=estados & article=037n1est

3 http://www.rideforclimate.com/s/journals/?p=5

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 20 de febrero de 2007.--- Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, señor diputado. Una pregunta, diputado, su fundamento está para urgente resolución; sin embargo... Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TARIFAS ELECTRICAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica.

El diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri:Con su venida, diputada Presidenta, y solicitarle de favor que el texto íntegro de este punto de acuerdo sea insertado en el Diario de Debates, en virtud de haber sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y que por obviedad de tiempo yo me permita simplemente hacer algunos comentarios, algunos análisis y reflexiones con mis compañeras y compañeros diputados respecto de este problema tan serio que afrontan los ayuntamientos de su deuda de energía eléctrica.

Este punto de acuerdo dio motivo por los ayuntamientos del estado de Hidalgo que tienen un endeudamiento histórico con Luz y Fuerza del Centro, pero que también el mismo caso lo están viviendo ayuntamientos del Estado de México, de Morelos, de Puebla y de Veracruz.

En ese sentido, vemos que la problemática tenemos que enfrentarla desde su raíz. No podemos seguir con una actitud de simulación, de permitir y no querer tocar que esa deuda que está ahí en libros, que ahí permanezca, porque simplemente sirve para que haya cierta presión sobre los propios ayuntamientos, serían muy presionados en sus finanzas y está encubriendo ciertos pagos que le recortan ese capital económico que tienen y que no pueden dar otros servicios que los propios ciudadanos están demandando.

De verdad, la carga que tienen por el pago de luz es bastante pesada; sobre todo que se les hace muy difícil pagar lo que está actualmente, más la obligación de ir cubriendo estos adeudos históricos que se han dado por cuestiones políticas, se han dado por tarifas altas, se han dado porque estos censos que no están muy bien levantados entre los ayuntamientos y Luz y Fuerza, pues salen unos grandes cuentones impagables, y que bueno.

Además no existe una merma que se pueda deducir de este pago, porque se cobra como si todas las luminarias estuvieran siempre encendidas y cosa que sabemos que no es cierto y que hay muchas que hay que estarle dando mantenimiento y que precisamente por estar cubriendo este gasto no les alcanza para poder dar ese mantenimiento.

Sobre todo se refleja mucho en aquellos ayuntamientos que dependen del Ramo 33 para cubrir este adeudo, porque sus recursos, su recaudación es baja por lo marginado de los propios. En tal virtud me permito dar rápidamente unas cifras y pasar a lo que es el punto de acuerdo en concreto.

En Hidalgo son 45 municipios que hasta el año 2006 tienen un adeudo en total de 600 millones de pesos y según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas a este año andan ya sobre los 750 millones de pesos.

Los del Estado de México son 82 municipios que adeudan, hasta abril de 2006, 3 mil 984 millones de pesos. De Morelos son 2, con 234.5 millones pesos; de Puebla 3, con 15.8 millones hasta esa fecha. En total, hasta abril de 2006, estamos hablando de 132 municipios con un adeudo histórico de 4 mil 834 millones de pesos.

Cuál es el siguiente punto de acuerdo que estamos proponiendo:

Primero. Se solicita a Luz y Fuerza del Centro y a la Comisión Federal de Electricidad remitan a esta soberanía un reporte de los municipios con el adeudo actualizado.

Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis de todos los elementos relevantes para determinar la viabilidad de la condonación del pago del adeudo histórico de los municipios.

Tercero. Compensar a los municipios que realicen programas de ahorro de energía con importes equivalentes al costo del programa, con el propósito de hacer eficiente el servicio de alumbrado público.

Cuarto. Equiparar el costo de las tarifas que les cobran, que es la 05 y la 5-A a la tarifa 9 de riego agrícola, para que puedan cubrir este gasto de operación; y también que a aquellos ayuntamientos que solamente puede hacer el pago con el Ramo 33 se les haga un estudio para que no sea 80 o 90 por ciento de este ramo que se dedique al pago de energía eléctrica, sino que sea menor y que les permita tener otros recursos para atender algunos otros servicios.

Quinto. Exhortar a los ayuntamientos a aceptar, respetar y cumplir los acuerdos a los que se llegara para la resolución emitida en conjunto por las distintas instancias para la solución de este problema. Es cuanto y muchas gracias por la dispensa de tiempo, diputada.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios por concepto de energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 33 y 34, fracciones a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo relativo al problema de pago de energía eléctrica de los municipios morosos con adeudos históricos con los organismos Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.

Exposición de Motivos

Conciente de la grave problemática que enfrentan actualmente los municipios en el estado de Hidalgo y a nivel nacional, ante hechos que han lastimado su economía en forma injusta e in equitativa para las administraciones de cada presidente municipal, que asume el cargo del honorable ayuntamiento con un adeudo histórico por concepto de pago de energía eléctrica proveniente de administraciones pasadas.

Los municipios, de acuerdo con sus necesidades, pueden tener relación con Comisión Federal de Electricidad o con Luz y fuerza del Centro, según su situación geográfica, por medio de las siguientes tarifas:

02 -- Baja tensión general hasta 25 kw de demanda;

03 -- Baja tensión general de más de 25 kw de demanda;

05 -- Se aplica al suministro de energía eléctrica en baja y media tensión en las zonas conurbadas del Distrito federal, Monterrey y Guadalajara;

5A -- Los mismos conceptos para el resto del país;

06 -- Servicio publico de bombeo de aguas potables y negras;

OM -- Servicio general en media tensión; demanda menor de 100 kw;

HM - Servicio general en media tensión; demanda mayor a 100 kw;

Estas tarifas encuadran en los siguientes rubros:

Palacios municipales, escuelas, mercados, receptorías, centro de salud, delegaciones municipales, oficinas del DIF, auditorios municipales, unidades deportivas, bombeos de agua potable y alumbrado público; estos dos últimos servicios son los que más inciden en la problemática municipal ocasionando una grave afectación a sus finanzas por las siguientes razones:

El alumbrado público municipal constituye un servicio básico para el conjunto de la población y requiere de una planeación adecuada y una administración moderna en términos de sistemas y equipos; como ya se mencionó anteriormente, en México se aplican las tarifas 05 y 5A al servicio de alumbrado público. La tarifa 05 se aplica en las zonas conurbadas del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, la tarifa 5A se aplica en el resto del país.

Esta tarifa es la única que está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a facturarse de manera estimada, para calcular el costo de alumbrado público se toma como base el dato proporcionado por INEGI de 4 mil 47 horas anuales de utilización de uso de alumbrado público.

4 mil 47 horas entre 12 meses nos da un factor mensual de 337.25, este factor se multiplica por el total de kw, resultado de un censo realizado de manera conjunta por personal del sector eléctrico y autoridades de las presidencias municipales con lo cual obtenemos kwh; a este resultado se le aplica el costo de la tarifa actual, obteniendo un total; a este importe se le debe aplicar el IVA y descontar el DAP (derecho de alumbrado público), el resultado es el importe por pagar.

Se desprende también la obligación municipal de mantener en buen estado las lámparas del alumbrado público, situación que también le genera un gasto al municipio, que tampoco alcanzan los recursos y, sobre todo esto, aunque las luminarias no funcionen, son cobradas, no hay ningún cálculo de merma o luminarias inhabilitadas, lo que tampoco es justo ni correcto, ya que se paga por algo que no se está consumiendo.

Como ya mencionamos, el alumbrado público actualmente requiere de una planeación adecuada y una administración moderna en términos de sistemas y equipos, ya que si nos remitimos a la problemática que enfrentan los municipios por las enormes deudas por concepto de pago de energía eléctrica, nos encontramos que originalmente las empresas suministradoras del servicio eléctrico fueron utilizadas por el gobierno como entidades receptoras de votos, ya que en época de elecciones se realizaban electrificaciones sin planeación que, de manera conjunta con el crecimiento normal de los municipios, que no informaban de la instalación de lámparas en avenidas y comunidades, afectando posteriormente al municipio con bajos voltajes por saturación en los transformadores o por refacturaciones realizadas por las empresas suministradoras de energía por aumento en la base de facturación y, por otra parte, si el municipio coincidía con la corriente política estatal o federal, estaba garantizado el suministro de energía, aún sin realizar el pago por ese concepto, incrementándose el adeudo, haciéndose impagable.

Pero existen otras razones, además de las antes expuestas, por lo que las deudas han crecido, y es que muchos ayuntamientos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a estos pagos, ya que no tienen manera de generar grandes cantidades de recursos propios vía recaudación por derechos e impuestos y dependen exclusivamente del apoyo federal en el Ramo 33 para realizar sus aportaciones de consumo de energía eléctrica, pero también deben destinar parte de esos recursos a pago de cloración de agua potable, reparación y mantenimiento de patrullas y de equipo auxiliar así como de viáticos al personal de seguridad, recolección de basura entre otros.

Con referencia al derecho de alumbrado público como parte fundamental del proceso de interrelación entre municipios y organismos suministradores de energía eléctrica, podemos mencionar que este derecho se estableció en el estado de Hidalgo mediante el decreto 64, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Hidalgo el 16 de octubre de 1997, que faculta a los cabildos municipales a aplicar el 1.5 por ciento a usuarios de media y alta tensión y el 5 por ciento a los usuarios de baja tensión a la facturación que por consumos de energía eléctrica realicen los habitantes de su municipio, cifras que se deben acreditar mensualmente a la cuenta del alumbrado público municipal.

En ningún caso este importe alcanza a cubrir la totalidad del adeudo por concepto de consumos de energía eléctrica municipal, y aún así los ayuntamientos deben pagar grandes sumas por el servicio. Esto ocasiona que las cuentas de particulares por consumo de energía eléctrica se eleven y salgan sus cuentas más caras de lo que ya son y prácticamente sin ningún beneficio al ayuntamiento, que de todos modos acaba pagando cuentas enormes.

En lo que respecta a los servicios de bombeo de agua potable con cargo a los municipios, se ha detectado la falta de conocimiento para la aplicación de determinada tarifa que en este caso sería la tarifa 06, específica para bombeo de agua potable, pudiendo ser ordinaria en media tensión (OM) con demanda menor de 100 kilovatios, o la tarifa (HM) horaria en media tensión con demanda de 100 kw, o más en este caso, si se utiliza el servicio de forma indiscriminada en las horas pico la facturación presentará un gasto excesivo por consumos de energía eléctrica.

Independientemente de la adecuada planeación y administración del alumbrado público y de los servicios de bombeo, hay otras razones que inciden directamente en el adeudo municipal por concepto de consumo de energía eléctrica, tal es el caso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de autorizar las tarifas eléctricas, en el mes de diciembre de 2006 emite para las tarifas 05 y 5A en baja tensión un costo de 2.102 pesos y 1.735 pesos, respectivamente, y en media tensión para estas mismas tarifas 1.763 pesos y 1.460 pesos, respectivamente, debiendo el municipio realizar y pagar infraestructura en este último caso; en este mismo mes para la tarifa 9-CU, la cuota energética es de 0.360 pesos y el excedente se cobra a tarifa 9 o 9M; en este comparativo nos damos cuenta que existe una gran desventaja entre ambas tarifas, con perjuicio de los municipios.

De esta forma y tomando como base las tarifas de diciembre de 2006, y en específico la tarifa 9-CU (tarifa de riego agrícola con cargo único en baja y media tensión), la cuota energética autorizada es de 0.360 centavos y el excedente de esta cuota energética autorizada se cobrará de acuerdo a la tarifa 9 en baja tensión o 9M si se suministra el servicio en media tensión.

Esto quiere decir que si el servicio se da en tarifa 9 y excede su cuota energética; los primeros 5 mil kw se cobrarán a 0.759 centavos; de 5001 a 15 mil kwh, 0.843 centavos; de 15,001 a 35 mil, 0.922 centavos, y el adicional a 1.011 pesos, en lugar de 2.101 pesos de cargo fijo por cada kwh de consumo en tarifa 5 en baja tensión o de 1.75 pesos en tarifa 5A en baja tensión.

Como referencia vale tomar en cuenta el comportamiento de adeudos totales de municipios, organismos operadores de agua y gobiernos estatales, histórico a diciembre del 2000, en el estado de México de 1 mil 531.2 millones de pesos, a abril del 2006 arroja 3 mil 984.2 millones de pesos; el estado de Hidalgo, diciembre del 2000, 190.0 millones de pesos, a abril del 2006 599.9 millones de pesos; estado de Morelos, diciembre del 2000, 121.1 millones de pesos, a abril del 2006, 234.5 millones de pesos; estado de Puebla, diciembre 2000, 7.6 millones de pesos; a abril del 2006, 15.8 millones de pesos.

Por lo antes expuesto y con el propósito de sanear las finanzas municipales se realizan las siguientes propuestas:

Punto de Acuerdo

Con base a lo dispuesto en los artículos 58, fracciones I, II y III; 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior:

Primero. Se solicite a Luz y Fuerza del Centro y a la Comisión Federal de Electricidad que remitan a esta soberanía un reporte de municipios con adeudo;

Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis de todos los elementos relevantes para determinar la viabilidad de la condonación de pago del adeudo histórico de los municipios;

Tercero. Compensar a los municipios que realicen programas de ahorro de energía con importes equivalentes al costo del programa con el propósito de eficientar el servicio de alumbrado público;

Cuarto. Equiparar el costo de las tarifas 05 y 5A a las de la tarifa 9 de riego agrícola. Y al igual que en esta última, poner diferentes clasificaciones en el consumo de energía para el alumbrado público (tarifas 5 y 5A) de acuerdo a la asignación presupuestal del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal (FAFM) de cada uno de los municipios.

Quinto. Exhortamos a los ayuntamientos a aceptar, respetar y cumplir los acuerdos a los que se llegaran para la resolución emitida en conjunto por las distintas instancias para la solución de este problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.--- Diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri . Con qué objeto, diputado.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales(desde la curul): Diputada Presidenta, solamente para adherirnos al punto de acuerdo porque consideramos que es importante que se analice la viabilidad de la condonación de estos adeudos a los municipios. Pero también queremos proponer, como diputados del estado de Tabasco, que también en el estado de Tabasco y en muchas partes del país hay un evidente conflicto social por las tarifas domésticas, por lo que estamos solicitando también que se adhiera al punto de acuerdo el que se condone la deuda hacia los usuarios de tarifa doméstica en los estados donde hay un evidente conflicto social y en donde se sostiene un movimiento de resistencia civil pacífica en contra de las tarifas de luz, y éste es el caso del estado de Tabasco.

«Apoyo y propuesta de adición al punto de acuerdo presentado a esta soberanía legislativa por el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , con motivo del adeudo que tienen los municipios por concepto del suministro de energía eléctrica.

Compañeras y compañeros legisladores:

Las distorsiones e inconsistencias que privan en el mecanismo mediante el cual se establecen las tarifas eléctricas y los métodos para estimar su consumo, no sólo ha ocasionado graves problemas institucionales, como ha sido indicado por quien me antecedió en el uso de la voz, sino que ello también ha sido la causa de que, en varias entidades de nuestro país, como en el estado de Tabasco, se hayan desa-tado agudos conflictos sociales en torno a la prestación de este servicio.

En Tabasco, desde hace 12 años, existe un amplio movimiento de resistencia civil por el establecimiento de tarifas excesivas en el suministro de la energía eléctrica. Los mecanismos de cobro y los criterios aplicados por la Comisión Federal de Electricidad han sido inadecuados y la reestructuración tarifaria del año 2002 sólo significó una fuerte disminución del subsidio a las tarifas por parte del gobierno federal, con lo cual se agudizó aún más dicho conflicto.

En contraste, Tabasco es una de las entidades que mayores recursos naturales aporta a la Federación, gracias a sus yacimientos de petróleo, la biodiversidad en sus microregiones, su variedad de climas y sus litorales que hacen de él, un estado de gran potencial productivo, desafortunadamente, en su población persisten la marginación y la pobreza de la mayoría de sus habitantes.

La indiferencia con la que se ha observado esta problemática es preocupante. A pesar que desde 1995 a la fecha se han llevado a cabo diversas reuniones, instalado mesas de negociación en las cuales han intervenido infinidad de actores e interlocutores y se han realizado promesas a lo largo de este tiempo, no se ha podido arribar a una salida de la cual todos podamos sentirnos satisfechos: la condonación de la deuda a cargo de los gobiernos federal y estatal, así como la regularización del servicio a partir de tarifas justas y equitativas entre sus usuarios.

Las consideraciones anteriores se suman a aquellas que fueron expuestas por el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri en el punto de acuerdo que ahora se somete a consideración de este órgano constitucional, las cuales ponen frente a todos nosotros un problema de gran envergadura.

Es para nosotros una enorme responsabilidad actuar con eficiencia y prontitud, a fin de evitar que la problemática que se vive con motivo de la deuda que tienen los ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, o bien, la resistencia civil desatada en el estado de Tabasco por el cobro excesivo por el suministro de este servicio, como el que ahora planteo, lleguen a escenarios de mayor conflicto.

Estoy consciente de que mientras las tarifas eléctricas sean fijadas por la Secretaría de Hacienda, seguirán respondiendo a una lógica recaudatoria y no industrial o de fomento económico.

En tal virtud, además de reiterar mi apoyo a esta proposición, me permito solicitar sea incluido en la misma, un punto sexto que establece:

(...)

Sexto.- Se solicita a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público; a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, se condone la deuda originada por el movimiento de resistencia civil en el estado de Tabasco con cargo a los gobiernos federal y estatal, así como la implementación de las acciones necesarias a fin de regularizar la prestación de este servicio.

Atentamente.

Diputados: Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Fernando Mayans Canabal (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia sugiere a todos los diputados, en vista de que estos puntos tienen mucho éxito cada vez que se presentan y todos tomamos la palabra que, por economía parlamentaria, nos puedan hacer llegar por escrito sus adhesiones a este punto de acuerdo porque se va a turnar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no será discutido como de urgente resolución, sino que será turnado. Por favor, si nos hacen llegar por escrito todas sus adhesiones a este punto, en vista de que el diputado está de acuerdo en que sean adheridos estos mismos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva a las transferencias presupuestales asignadas al estado de Tabasco.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal:Con el permiso, señora Presidenta. Compañeros, compañeras diputadas:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar exhaustivamente las transferencias presupuestales asignadas a Tabasco

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La transferencia de recursos de la Federación hacia los estados son resultado de un pacto entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, desde que existe el federalismo mexicano, se ha planteado que los recursos que emana la Federación hacia las entidades federativas deben ser transparentes.

Las transferencias federales están determinadas en distintos ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se diferencian entre sí por su uso etiquetado o no; los recursos etiquetados provienen de la Federación y se reconocen como las aportaciones federales o Ramo 33, Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (Ramo 39) que en diciembre de 2006 paso a ser Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (Fafef). Así como todas las transferencias que provienen de excedentes petroleros y los convenios federales; por su parte se reconoce como no etiquetados a las transferencias de libre erogación por las entidades federativas los cuales son aquellos que emanan del Ramo 28 y se denominan participaciones federales.

El Gasto Federal Descentralizado que se integra con los recursos destinados a entidades federativas y municipios a través de los ramos 28, 33 y 39 así, como los que se originan derivados de los excedentes y los convenios, tienen en la actualidad una participación importante en las finanzas públicas del país; al respecto cabe precisar que para el ejercicio presupuestal 2006, el gasto federalizado alcanzó un 7.30 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB).

El Ramo 33 representó un 3.32 por ciento del PIB en 2006. Éste se encuentra constituido por siete fondos, de los cuales su principal destino es la seguridad social como salud, educación, desarrollo social y seguridad pública, así mismo el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas constituye un 0.26 por ciento y tiene como objetivo apoyar el saneamiento financiero y la inversión en infraestructura.

Por lo anterior y considerando que la transparencia representa un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre los ordenes de gobierno y la sociedad, y que las responsabilidades, procedimientos y reglas que se establecen deben de informar con claridad y ser abiertas a la participación y escrutinio público.

La transparencia con que las entidades federativas deben ejercer esos recursos es indispensable para el afianzamiento del federalismo mexicano, el cual en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido.

La adición de Tabasco al mencionado pacto federal implica que el estado asuma un compromiso de suficiencia y transparencia de los rubros que se recaudan y de los que provienen de transferencias, y mas aún considerando que el promedio de los ramos 28 y 33 en los últimos 6 años ocupan un 54.4 y 29.2 por ciento del gasto total del estado respectivamente, los recursos que se transfieren por conceptos de convenios y Ramo 39 (PAFEF) un 6.1 y 2.3 por ciento respectivamente.

Compañeras y compañeros diputados: es nuestra obligación como legisladores velar por la transparencia de los recursos públicos de la nación y más aun, de aquellos que emanan de la Federación, por medio de ramos, transferencias y obras específicas, por lo que emito las siguientes consideraciones:

Que no se ha auditado el Ramo 33 en su totalidad para 2005 y 2006, y que la transparencia es un factor fundamental para el desarrollo de la democracia.

Que se requiere obtener mayor información acerca de las erogaciones que se realizaron en los últimos años en el rubro de infraestructura y en especial de infraestructura carretera y hospitalaria por considerarse rubros prioritarios.

Que se debe poner la máxima atención en el gasto federalizado y en la aplicación de los excedentes petroleros.

Debe darse un mayor seguimiento al gasto, en específico el que se ha hecho en salud de acuerdo a las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y a su impacto entre la población.

En este sentido un grupo de ciudadanos del estado de Tabasco, pertenecientes a los 17 municipios, se han acercado a esta soberanía para manifestar que durante los últimos meses los recursos destinados a programas sociales han sido insuficientes, del mismo modo todos los programas de salud, en donde existe un atraso significativo, aunado a que existe poca transparencia entre estos recursos federales.

Por lo antes expuesto y por el compromiso que tenemos como legisladores, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del Pleno de esta soberanía como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio pleno de sus atribuciones instrumenten las acciones pertinentes para llevar a cabo las auditorías en los siguientes rubros, a fin de que se transparente el uso y destino de los recursos federales:

1. De los ramos autónomos 33 y 39 a fin de transparentar el gasto ejercido en los años 2005 y 2006 en el estado de Tabasco.

2. De las obras que se realizaron con la aplicación de los recursos de los excedentes petroleros desde el año 2003 hasta la fecha por el gobierno del estado de Tabasco.

3. De los recursos de las obras de infraestructura carretera, en específico, la denominada carretera ``Isla-Comalcalco-Dos Bocas''.

4. De las obras de infraestructura hospitalaria, y en específico, el ``Hospital de la Mujer'' de la ciudad de Villahermosa Tabasco.

5. De las plantas potabilizadoras creadas con recursos federales.

Segundo. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que practique una revisión exhaustiva a las transferencias presupuestales citadas, dentro del Presupuesto de 2005 y 2006 y se determinen, en el caso, las responsabilidades correspondientes.

Tercero. En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarios para efecto de transparentar las erogaciones antes mencionadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de abril de 2007.--- Diputados: Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Señor diputado, le hago la observación de que usted había inscrito el punto y fundamentado para turno a comisión; sin embargo, a petición de ustedes vamos a hacer la consulta que solicitó.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Le agradezco mucho su comprensión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto presentado por el diputado Enrique Mayans Canabal. Perdón diputados, el diputado acaba de solicitar de manera nominal la votación. Señor diputado, vamos a consultar de manera económica, toda vez que no estaba inscrito el punto de urgente resolución, por favor.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se considera de urgente resolución. ¿Hay algún diputado que quiera hacer uso de la palabra respecto al punto? Sí diputado. Diputado Izquierdo, si gusta pasar, diputado.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Con el permiso de la Presidencia y de esta soberanía, para venir a comentar el punto de acuerdo que exhorta para que la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva en transferencias presupuestales asignadas al estado de Tabasco, que presenta el diputado Fernando Mayans Canabal, de la fracción parlamentaria del PRD.

Para manifestar públicamente que hay principios y valores fundamentales que los legisladores tenemos que comprometer. La fracción parlamentaria del PRI ha ido para votar a favor este punto de acuerdo, para tener urgente u obvia resolución, porque hay un compromiso firme con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas.

Hemos sido una fracción que ha impulsado estos valores, los compromete y hoy los sitúa respecto del punto aquí citado. Pero obviamente que también exigimos que si vamos por los parámetros y por las vías de las instituciones y del derecho, sean también los resultantes de estas investigaciones, las que sustenten el nivel de la relación y el compromiso con los valores que ellos representan. Eso es todo, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado; comuníquese.

PRODUCTOS LACTEOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Sagarpa a que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país.

La diputada Martha Angélica Romo Jiménez:Con su venía, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la suscrita, diputada federal Martha Angélica Romo Jiménez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta legislatura, somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo, de obvia o urgente resolución, para solicitar a la Sagarpa a que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, al tenor de las siguientes consideraciones:

Nuestro país es deficitario de la producción de leche por más de 4 mil millones de litros al año. Para compensar ese déficit de producción, la Secretaría de Economía ha permitido la importación de cupos y sobrecupos de leche en polvo y fórmulas lácteas, previstas en los tratados de libre comercio que México tiene suscritos con diversos países.

Las fórmulas lácteas resultan más baratas que la leche entera de vaca, pero con una cantidad de nutrientes y calidad inferior. La necesidad de poder brindar a la población productos de alta calidad nutricional al menor precio posible, ha hecho que estas leches tengan auge en el mercado nacional.

Aunado a ello, la falta de información precisa y correcta de producto que se exhibe en el anaquel o las tiendas de abarrotes, la confusión y la creencia en el consumidor que leche entera es lo mismo que fórmula láctea, es una práctica común a la que se debe dar solución inmediata.

La industria lechera, mundialmente competitiva, es una de las industrias alimenticias más complejas y con costos más altos, ya que su tecnología es bastante sofisticada y requiere inversiones importantes.

Sin embargo, éstas no van a fluir libremente sino hasta que el precio del mercado permita un margen de ganancia razonable para la actividad ---y este margen lo permite---, precisamente la importación y preparación de fórmulas lácteas, que son necesarias, pero deben distinguirse de la leche entera de vaca, por lo que consideramos necesario que la autoridad correspondiente realice una certificación que permita a los consumidores distinguir entre la leche entera de vaca y las fórmulas lácteas, mediante la asignación de un sello distintivo que certifique su calidad con el fin de promocionar su consumo, sus beneficios y estimular la producción de leche nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta honorable soberanía como de obvia o urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que esta soberanía solicite a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, a través de un sello oficial.

Segundo. Que la expedición del sello distintivo de calidad se realice con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ``Salvador Zubirán'', a fin de garantizar las propiedades de la leche a los consumidores mexicanos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento estricto de la norma oficial NOM-155, leche, fórmula láctea y productos lácteos, combinando denominaciones, especificaciones físico-químicas, información comercial y métodos de prueba, tal y como se establece en el numeral 11 de la misma.

Solicito a la Presidencia que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que certifique mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria los productos lácteos que se consumen en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal por el distrito 02 de Jalisco, Martha Angélica Romo Jiménez , integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presenta punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), certifique los productos lácteos consumidos en territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la demanda del producto lácteo ha crecido más que la producción nacional.

Nuestro país es deficitario en la producción de leche por más de 4 mil millones de litros al año. Para compensar ese déficit, la Secretaría de Economía ha permitido la importación de cupos y sobrecupos de leche en polvo y fórmulas lácteas previstas en el Tratado de Libre Comercio con diversos países que México tiene suscrito.

Desde hace algunos años, dichas fórmulas lácteas se consumen en nuestro país usando nombres como ``Mi Leche'', ``Nutri Leche'' o, incluso, ``Soy Milk'', con el propósito de que el consumidor considere que son productos que contienen leche entera, lo cual deja mucho que desear.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, ``Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba'', la leche es el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro, el cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; además, puede someterse a otras operaciones, como clarificación, homogeneización, estandarización u otras, siempre que no contaminen el producto y cumpla las especificaciones de su denominación.

Mientras, la fórmula láctea se define como el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, como caseína, grasa, lactosueros, y agua para uso y consumo humano, con un mínimo de 22 gramos por litro de proteína de la leche y, de ésta 70 por ciento de caseína, puede contener grasas de origen vegetal en las cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones establecidas en las tablas 14 a 17 de dicha norma oficial mexicana.

Como resultado de las características señaladas, las fórmulas lácteas resultan más baratas que la leche entera de vaca, pero con una cantidad de nutrientes y calidad inferiores.

La necesidad de poder brindar a la población productos de ``alta calidad nutricional'' al menor precio posible ha hecho que esas leches tengan auge en el mercado nacional. Aunado a ello, la falta de información precisa y correcta del producto que se exhibe en el anaquel o la tienda de abarrotes, la confusión y la creencia en el consumidor que leche entera es lo mismo que fórmula láctea es una práctica común, a la que se debe dar solución inmediata.

De acuerdo con la fracción XVII del artículo 49 del Reglamento Interior de la Sagarpa, corresponde al Senasica ``reconocer, autorizar y, en su caso, certificar, de conformidad con las leyes aplicables, los sistemas de producción, procesamiento, verificación e inspección de alimentos con el fin de garantizar su calidad sanitaria para consumo nacional o de exportación''.

Es preciso que el Senasica realice estas atribuciones a cabalidad a fin de garantizar a los consumidores que los productos de leche entera reúnen efectivamente esas características.

Hasta hace pocos años, México ocupaba el primer lugar en importación de leche en polvo del mundo; el rezago en la producción lechera no ha sido la excepción de lo que padece el campo mexicano, que se ha venido quedando atrás del desarrollo y eficiencia en otros rubros del país.

Igualar la productividad a la de nuestros socios comerciales sin los estímulos y subsidios que reciben en la producción de lácteos y derivados de ellos en estos años que el TLC se ha implantado tiene condenada la actividad lechera en nuestro país a su desaparición.

La industria lechera, mundialmente competitiva, es una de las industrias alimenticias más complejas y con costos más altos, ya que su tecnología es bastante sofisticada y requiere inversiones importantes. Sin embargo, éstas no van a fluir libremente sino hasta que el precio de mercado permita un margen de ganancia razonable para la actividad.

Y ese margen lo permiten precisamente la importación y la preparación de fórmulas lácteas que son necesarias, pero deben distinguirse de la leche entera de vaca, por lo que consideramos necesario que la autoridad correspondiente realice una certificación que permita a los consumidores distinguir entre la ``leche entera de vaca'' y las fórmulas lácteas, mediante la asignación de un sello distintivo que certifique su calidad a fin de promover su consumo y sus beneficios, y estimular la producción de leche nacional.

Asimismo, dicha certificación debería contar con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a fin de asegurar a los consumidores mexicanos que los productos denominados como leche tendrán las propiedades requeridas y establecidas en la NOM-155-SCFI-2003.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en territorio nacional, a través de un sello oficial.

Segundo. Que la expedición del sello distintivo de calidad se realice con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a fin de garantizar las propiedades de la leche a los consumidores mexicanos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento estricto de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, ``Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba'', tal y como se establece en su numeral 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007.--- Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Romo. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

BIBLIOTECAS PUBLICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del grupo parlamentario de PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los diputados federales, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa delDistrito Federal, donen libros de conocimientos científicos y generales, para las bibliotecas públicas, estatales y municipales.

El diputado Ernesto Oviedo Oviedo:Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a donar libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y las municipales

El suscrito, ciudadano diputado Ernesto Oviedo Oviedo y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La lectura es base de la educación e investigación, la cultura, las artes y fundamental en el desarrollo personal, actividad esencial en el proceso de formación del individuo, y fortaleza para consolidar su identidad. Los libros son instrumento necesario para la iniciación a la vida de los niños, guías de las familias, soporte para la fortaleza de los profesionistas, distracción y acervo para los adultos.

La cultura y el arte no serían posibles sin considerar ese instrumento fundamental que son los libros y que a través de la lectura conforman y sustentan su esencia. Educación e investigación recursos generadores del desarrollo, productividad, crecimiento, y soporte de nuestra integración al mundo, se consolidan sustentándose en los conocimientos y la ciencia, que impresos le dan el carácter técnico a los libros que formaran a los hombres y mujeres que el día de mañana serán los líderes de la sociedad.

Los libros son una ventana al mundo, permiten allegarse del conocimiento generado en otras latitudes y las ideas encuentran ahí su lugar propicio. El libro y la lectura enriquecen los valores humanos y son ejemplo del respeto al ejercicio y la libertad de expresión.

En ese sentido, es necesario reconocer que la lectura es un medio insuperable de aprendizaje, información y desarrollo personal y social, además de que resulta trascendental para impulsar el desarrollo cultural de los ciudadanos. Por ello, es fundamental crear y difundir una cultura de fomento del libro y de la lectura de calidad, con la finalidad de generar un número creciente de lectores y una práctica más intensa de esta actividad.

Derivado de la necesidad de fomentar la lectura, y de que en los últimos años se ha ido agudizando la conciencia de que los niveles de lectura en el país son muy inferiores a los que demanda la exigencia de desarrollo y a los que supondría el nivel de alfabetización, es que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha venido impulsando un conjunto de acciones bajo la denominación Hacía un país de lectores.

Entre estas acciones podemos mencionar que en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra año con año, además de los títulos con los que se cuenta, se imparten sesiones de talleres de fomento a la lectura; esta feria recibe 350 mil visitantes anualmente. Asimismo, hasta el mes de noviembre de 2006, se instalaron mil 100 nuevas bibliotecas públicas durante todo el sexenio, con lo que la red nacional queda integrada por 7 mil 211 bibliotecas en operación, incluyendo la puesta en marcha de la Biblioteca Vasconcelos. Además a través de esta red se realizan actividades de fomento a la lectura, dirigidas a todos los sectores de la población.

Cierto que ha habido avances en la materia, pero también debemos tener la convicción de que la cultura es un derecho de todos los mexicanos, una necesidad en la participación de la vida civil y en el desarrollo individual y social y un componente fundamental de la calidad de vida, por lo que es necesario impulsar y complementar este tipo de acciones para que abran paso a una política cultural más vigorosa en el conjunto de la política de desarrollo humano y social, que la enriquezcan y contribuyan a un mejor logro de su misión.

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional queremos hacer conciencia en todos ustedes para que ésta sea la legislatura que contribuya a propiciar el hábito de la lectura. El apoyo de ustedes, el interés, la voluntad y el compromiso serán decisivos para que logremos cultivar el conocimiento, la investigación, imaginación, la cultura, el arte y el esparcimiento que contribuyan al perfeccionamiento del individuo, a través de la lectura.

En León, Guanajuato, entidad de la que soy originario, existe una red estatal de 142 bibliotecas públicas, a través de las cuales se atienden anualmente aproximadamente 19.3 millones de consultas. No obstante estas cifras, además de ser necesario incrementar el número de bibliotecas, también lo es enriquecer y diversificar su acervo bibliográfico.

Por ello, vengo a exhortarlos a que contribuyamos a la importante y necesaria labor de enriquecer el acervo de las bibliotecas públicas donando diez libros cada uno de nosotros, y así colaborar a la formación de acervos básicos que sirvan como eje de las actividades didácticas, educativas, de capacitación, de difusión y de fomento de la lectura que se programan en las bibliotecas públicas.

El compromiso de Acción Nacional y de todos los legisladores será importante para contribuir a la formación de los acervos bibliográficos que requieren las bibliotecas públicas. Hoy damos un paso.

Por todas las consideraciones señaladas proponemos al pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que los diputados de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, donen para las bibliotecas públicas estatales diez libros, cinco de conocimiento científico y cinco de conocimientos generales, los cuales se harán llegar, a través de la Comisión de Cultura, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que ésta realice su distribución.

Segundo. Se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con objeto de que los diputados locales donen libros de conocimiento científico y de conocimientos generales a las bibliotecas públicas municipales de sus entidades correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 2006. Diputado Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Oviedo.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.El asunto que tenía inscrito el diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, se retira del orden del día.

DEFENSORES DE OFICIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno delDistrito Federalque instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y actualice la remuneración de los defensores de oficio de la entidad.

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para revisar y, en su caso, actualizar la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, bajo los siguientes

Antecedentes

Una de las preocupaciones de elevada prioridad, en toda sociedad, lo constituye el acceso a la procuración y administración de justicia en condiciones de equidad. Este ideal constituye uno de los pilares del Estado democrático, y uno de los medios para lograr su consecución es precisamente el que la totalidad de la población pueda ver tutelado su derecho a una defensa y asesoría jurídicas apropiadas.

Sin lugar a duda, la institución de la defensoría de oficio constituye uno de los baluartes dentro del sistema jurídico para el Distrito Federal. A través de ella se garantiza el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en todas las ramas del derecho, por lo que, al proveer a su organización y funcionamiento se contribuye a la adecuada defensa y protección de los derechos y garantías individuales.

Conforme a los artículos cuarto y quinto de la Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, esta institución tiene como finalidad proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia jurídica, consistentes en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos del fuero común señalados en la ley, para lo cual cuenta con defensores de oficio, trabajadores sociales, peritos y personal administrativo que apoyan en el ejercicio de su objeto.

En tiempos actuales hemos sido testigos de un dinamismo social generalizado, ya sea por fenómenos de globalización, o por destacada influencia de la economía, o quizá por la gran revolución científica generada en muchos ámbitos del conocimiento.

No obstante ello, el estado debe, con obligación insalvable, estar atento a todos los requerimientos sociales; de otra manera faltaría a la más elemental exigencia de su creación que es velar por el desarrollo, fortalecimiento y bienestar de la sociedad.

De esta manera, también el legislador se debe dar a la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones en las cuales el defensor de oficio cumple su cometido.

Dentro de las actividades torales del defensor de oficio es proporcionar asistencia jurídica mediante la defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos penales y civiles. Por ello, es de imperiosa necesidad que el defensor de oficio sea debidamente retribuido en congruencia con la importante función que desempeña.

En este sentido el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal señala textualmente:

``Capítulo IV De los Defensores de Oficio Artículo 15.

Por defensor de oficio se entiende el servidor público que con tal nombramiento tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

Los defensores de oficio se auxiliarán en el desempeño de sus funciones con trabajadores sociales, peritos y demás personal necesario.

La remuneración de los defensores de oficio será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponda a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a juzgados del fuero común, sin perjuicio de que la defensoría de oficio se estructure con los niveles necesarios que, atendiendo a las materias de la propia defensoría, responsabilidades asignadas y otros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores acorde con ellos.''

De lo anterior observamos que en el tercer párrafo del artículo citado con anterioridad, se señala que la remuneración de los defensores de oficio será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponde a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cosa que en la realidad no sucede, toda vez que los defensores de oficio se ven marginados de esta disposición, y la retribución por su importante labor no refleja lo que la normatividad establece.

Por ello, y conscientes de que el servicio público que desempeñan los defensores de oficio funge una importante labor social, solicitamos que el Gobierno del Distrito Federal instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad a que revise y, en su caso, actualice la retribución que actualmente recibe un defensor de oficio de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Considerandos

Primero. Que una de las preocupaciones de elevada prioridad, en toda sociedad, lo constituye el acceso a la procuración y administración de justicia en condiciones de equidad;

Segundo. Que la institución de la defensoría de oficio constituye uno de los baluartes dentro del sistema jurídico para el Distrito Federal;

Tercero. Que dentro de las actividades torales del defensor de oficio es proporcionar asistencia jurídica mediante la defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos penales y civiles;

Cuarto. Que el legislador se debe dar a la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones en las cuales el defensor de oficio cumple su cometido;

Quinto. Que el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de la Defensoría de Oficio para el Distrito Federal señala que la remuneración de los defensores de oficio será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponda a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adscritos a Juzgados del Fuero común;

Sexto. Que actualmente la disposición referida con anterioridad no se cumple y los defensores de oficio de la entidad reciben una remuneración menor a la señalada en la normatividad:

Séptimo. Que es importante que el gobierno de la ciudad instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice la retribución que actualmente recibe un defensor de oficio de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, que, en el ámbito de sus facultades, instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la entidad para que revise y, en su caso, actualice, conforme a la normatividad aplicable, las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad.

Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Gabriela González Martínez.Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

COMISION DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo que crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al tenor de las siguientes.

Consideraciones y antecedentes

Primera. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales y sociales que contempla nuestra Constitución Política, entre las que destaca el derecho que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, que satisfaga en todo momento los requerimientos mínimos de comodidad a los que cualquier persona aspira, para lo cual el artículo cuarto de la Carta Magna define la obligación de que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo.

Segunda. El artículo 123 de la propia Constitución establece el derecho de los trabajadores a la vivienda, definida a partir del concepto de habitaciones cómodas e higiénicas.

El apartado A del artículo 123 de la Constitución, en su fracción XII regula lo relacionado con los obreros, jornaleros, empleados domésticos, y en general todos los trabajadores que estén bajo un contrato laboral con empresas privadas, y contempla la obligación que tienen los empleadores de estos trabajadores, a proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas. Dicha obligación constitucional debe cumplirse mediante las aportaciones que tales empresas hacen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la finalidad de constituir depósitos en beneficio de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente para que estos adquieran en propiedad tales habitaciones. Para cumplir con este objetivo se expidió la Ley del Infonavit que regula las formas y procedimientos mediante los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones.

De manera similar la fracción XI, inciso f, del apartado B del mismo artículo de la Ley Fundamental, referido a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de varias instituciones públicas incluidas en la ley que reglamenta este apartado, establece que mediante las aportaciones que el Estado haga, instituirá el Fondo Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Dichas aportaciones son enteradas al Fovissste, que es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de administrar las aportaciones realizadas por las dependencias y entidades afiliadas a este instituto, constituidas para otorgar a los derechohabientes el financiamiento correspondiente. Ese fondo está regulado por la Ley del ISSSTE, la cual acota el objeto y el destino de los recursos del Fovissste en sus artículos 100 y 103.

Tercera. Es obligación de los patrones del sector privado observar las disposiciones legales relativas a la determinación de las cuotas y aportaciones a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores conforme a los mandatos definidos en las Leyes del Seguro Social y del Infonavit, respectivamente. Dicha aportación es prioritaria para que los trabajadores puedan recibir financiamiento para ejercer su derecho a la vivienda. Cabe señalar que las aportaciones que hacen los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del Infonavit; por lo que es indispensable detectar a las empresas que eluden sus compromisos con el instituto y por consiguiente, con sus empleados.

Todo lo anterior es materia de las regulaciones que la Ley Federal del Trabajo establece en sus artículos 136 al 153, en concordancia con lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

Sin embargo el Infonavit gradualmente ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, por lo que se ha configurado en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas de este fondo de los trabajadores, incumpliéndose así el carácter de organismo de servicio social definido en el artículo 2 de la Ley del Infonavit, de tal modo que el objeto por el cual fue instituido este organismo ha sido adaptado a las exigencias de esos consorcios, cuyo poder económico ha dado lugar a contrarreformas en al estructura, funcionamiento y operación del propio Infonavit.

Cuarta. En el caso del Fovissste las aportaciones las realiza el gobierno en su carácter de empleador. Cabe hacer mención que el marco jurídico que norma el funcionamiento y operación de dicho fondo han obligado al fondo a permanecer ligado y dependiente en términos jerárquicos, económicos y administrativos al ISSSTE, el cual es el organismo de la administración pública federal responsable de la seguridad social de los trabajadores del Estado.

En el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional se define la obligación de los titulares de las instituciones de la administración pública federal para cumplir con los preceptos normativos relativos a la vivienda de los trabajadores del sector público.

Esta situación ha impedido la conformación de una estructura orgánica que procese decisiones con autonomía técnica, administrativa y financiera que permitan el cabal cumplimiento de los objetivos sociales para los que fue creado el Fovissste, impidiendo así la libre planeación y puesta en práctica de sus atribuciones y actividades, repercutiendo en la calidad y atención de las necesidades de los trabajadores. Por tal motivo es necesario modernizar esta institución mediante reformas que contribuyan a cambiar la naturaleza del Fovissste, y dejar de ser un organismo dependiente del ISSSTE para erigirse en una institución con autonomía técnica, administrativa y financiera que cumpla con el mandato constitucional que inspiró su creación, superando también la subordinación que tiene respecto a los consorcios inmobiliarios y constructores que han distorsionado la política y los programas habitacionales respectivos.

Quinta. La Ley de Vivienda, reglamentaria de lo planteado en materia de vivienda en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con previsión varias disposiciones explícitas que obligan a Infonavit y Fovissste a acatar diversos lineamientos jurídicos y programáticos. Ambos organismos deben sujetarse a lo establecido en la Ley de Vivienda y el Plan Nacional de Desarrollo (artículo 3, cuarto párrafo), dado que son parte del Sistema Nacional de Vivienda (artículo 14, fracción III), esto implica que deben atender las necesidades de vivienda en todos sus tipos y modalidades no exclusivamente para financiar la adquisición de viviendas producidas por empresas tales como Sare, Geo, Homex, Consorcio Hogar, Ara, Urbi, Demet, entre otras, que ejercen un control oligopólico del mercado habitacional (artículo 48, primer párrafo), debiendo por tal motivo establecer tasas preferenciales en sus programas de financiamiento, incorporando plenamente a los derechohabientes de menores ingresos para ejercer su derecho a la vivienda, para resolver la excluyente situación que está ocurriendo en los últimos años (artículo 57) así como articular programas de suelo y vivienda con sentido social (artículo 73) sin subordinar sus políticas a las determinaciones del mercado.

En su carácter de entidades de la administración pública federal, también deben sujetarse a la Ley de Planeación y el Programa Nacional de Vivienda (artículo 10), toda vez que los lineamientos del Programa Nacional de Vivienda, son obligatorios para la administración pública federal en su conjunto (artículo 9, tercer párrafo); lo anterior deriva de la clara definición de la vivienda como área prioritaria del desarrollo nacional que la Ley de Vivienda establece en el segundo párrafo de su artículo 1, por lo que debe haber equidad y no discriminar a los beneficiarios de los programas públicos de vivienda (artículo 3, primer párrafo). Por lo tanto, Infonavit y Fovissste deben orientar sus programas bajo el precepto de vivienda digna y decorosa definido en el artículo 2 de la propia Ley de Vivienda, superando las prácticas mercantilizadas que lejos de fortalecer el libre mercado han consolidado un mercado oligopólico subsidiado con recursos de los trabajadores, para lo cual se ofrecen institucionalmente ``productos financieros'' que muestran la subordinación oficial a las condiciones financieras, técnicas, arquitectónicas y de diseño urbano impuestas por empresas que basan su poderío en la especulación, además de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, en franca contradicción entre sus elevados niveles de ganancia y la precaria calidad de las viviendas que venden con el ignominioso apoyo de los dos fondos de los trabajadores, que además han modificado su gestión para consolidar la intermediación de instancias privadas como son las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, que encarecen los créditos a los trabajadores.

Sexta. A partir de 1983, con la administración del entonces presidente Miguel de la Madrid, el régimen político mexicano abandonó de forma definitiva la política de Estado benefactor, que si bien no respondía a plenitud las exigencias de vivienda de la clase trabajadora, si asumía parcialmente tal responsabilidad a través de los organismos públicos emanados del artículo 123 comentado, la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vivienda en el ámbito de los derechos de los trabajadores. Cabe hacer mención que recientemente esta Cámara de Diputados coeditó un libro con la Universidad Autónoma Metropolitana titulado ``Entre el Estado y el mercado. La vivienda en el México de hoy'', y donde se demuestran las negativas repercusiones de estas contrarreformas en el sector de la vivienda.

Desde esa primera etapa del neoliberalismo mexicano se transita a una política gubernamental supeditada a los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cuentan con el respaldo político del régimen presidencialista para iniciar experimentos de ``reingeniería institucional'' desde la cual se inicia la reconversión institucional y programática para responder a las estrategias de ajuste macroeconómico que supuestamente pretendían resolver la crisis fiscal del Estado y atender la impagable deuda externa. Tal estrategia consistió en la apertura irrestricta de la economía a la inversión del capital extranjero, promoviendo para ello un fuerte abatimiento salarial, imponiendo topes salariales y la llamada flexibilización laboral, iniciando además el proceso de la contrarreforma de las políticas de vivienda para los trabajadores.

Durante las administraciones de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox se redujo el presupuesto público social y se privatizaron la mayoría de las empresas públicas. En suma, el país quedó a merced de las empresas trasnacionales. A pesar de que las políticas neoliberales no resolvieron los problemas económicos a los cuales la demagogia presidencial afirmaba dar respuesta definitiva para encaminar a la nación por la vía del progreso y el desarrollo, se insiste en continuar y profundizar estas nefastas políticas con la administración de Felipe Calderón, avanzando en una estrategia de privatización de las empresas públicas estratégicas que aún existen ( Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad) y de los servicios públicos, incluyendo el sistema de seguridad social. Sin olvidar que la política agropecuaria de estos gobiernos ha creado una situación de desastre en el campo, como lo está mostrando crudamente la tolerancia del gobierno actual hacia las empresas especuladoras que aumentaron el precio de la tortilla sin ser sometidos al Estado de derecho, al contrario, cuentan con apoyo presidencial para atentar contra el pueblo mexicano.

Han transcurrido cuatro sexenios y la continuidad neoconservadora de los desgobiernos tiene como base de estrategia para garantizar mayores ganancias al gran capital la imposición de programas, decisiones y acciones en contra de los derechos sociales conquistados por los trabajadores a lo largo de varias décadas de luchas sociales. La amenaza a la seguridad social es de tal magnitud que la tendencia hacia su destrucción y posterior reforma hacia un sistema privatizado no debe ser permitido por esta soberanía. Debemos defender la Constitución ante el alto riesgo que representa la voracidad neoliberal que nuevamente se refugia en el discurso modernizador y de ver al futuro para regresar a nuestra nación a los tiempos de la tienda de raya y otras formas de explotación propias de regímenes de hambre y represión.

Séptima. La intensa campaña iniciada con Fox y continuada con Calderón acerca de los falsos logros en materia de vivienda oculta la realidad, falsea los hechos porque pretende ocultar que el rezago habitacional existente en 2000, según datos del propio gobierno federal, era de más de 4.2 millones de viviendas, mismo que aumentó durante el sexenio anterior en 2.5 millones de viviendas. Esto significa que actualmente el déficit es mayor a 6.8 millones de viviendas, es claro que las estrategias neoliberales y los programas del gobierno federal no tienen un compromiso con la sociedad, por ello sus resultados expresan el desinterés real por atender las necesidades sociales.

La situación es peor en las regiones más pobres y subdesarrolladas de nuestro país. Es la población de menores ingresos del sector formal y la no asalariada del campo y la ciudad la que esta más lejos del ejercicio del derecho a la vivienda reconocido en la Carta Magna. Para los funcionarios neoliberales que irresponsablemente tienen a su cargo a los organismos nacionales de vivienda (Infonavit, Fovissste, Fonhapo y Sociedad Hipotecaria Federal), orgullosos de la cantidad de créditos otorgados para adquisición de viviendas de mala calidad (y ubicadas en megaproyectos localizados en las periferias metropolitanas creando graves problemas urbanos y sociales) conforme a la política oligopólica de las empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, no hay problema, pues se trata solamente de imperfecciones menores del mercado, mismas que se resolverán con el enfoque financiero en curso, creando paquetes crediticios para los sectores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos.

El entusiasmo de los funcionarios mencionados constituye una mentira tecnócrata. Además de que cerca de la mitad de los hogares están excluidos del sistema de seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a los programas de Infonavit y Fovissste según datos de la ``Encuesta Nacional Ingreso-Gasto'' del Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGI). Pero además la mayor parte de los trabajadores perciben bajos salarios. En el caso de Infonavit 75% de los derechohabientes percibe menos de cuatro salarios mínimos y sistemáticamente han sido excluidos de los ``novedosos'' paquetes financieros sugeridos por el Banco Mundial.

La sociedad mexicana necesita más y mejor vivienda, mediante programas integrales donde el financiamiento no sea definido exclusivamente desde criterios de mercado, sino que esté sujeto al mandato constitucional y se base en los principio de equidad, calidad y protección a la vivienda de los trabajadores. La Constitución es clara en sus disposiciones: debe ponerse orden en beneficio de la mayoría de la población, no el orden de la violencia institucional que vulnera los derechos sociales.

Para hacer cumplir la Constitución deben democratizarse las decisiones en los organismos de vivienda de los trabajadores, en caso contrario la continuidad neoliberal seguirá imponiendo la desarticulación e incongruencia de los programas institucionales, sirviendo así a las poderosas empresas del llamado sector vivienda en detrimento de los derechos de los trabajadores.

La Comisión propuesta en este punto de acuerdo deberá estudiar la problemática actual, elaborando propuestas para reformar la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE en lo relativo al Fovissste y la Ley de Vivienda para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores establecido por la Carta Magna.

En el caso de la denominada vivienda económica, tenemos una necesidad que debe ser atendida en la perspectiva mencionada. Hemos demostrado que 75 por ciento de los trabajadores afiliados al Infonavit perciben menos de cuatro salarios mínimos. Este organismo público creó en 1992 un programa de vivienda económica para atender a este sector mayoritario de los trabajadores.

Sin embargo no nos engañemos, este programa recibe subsidio público. No es con el ahorro de los trabajadores que administra el Infonavit como opera este programa. Dentro de la demagógica argumentación que sustenta este programa se habla de esquemas de cofinanciamiento. Con recursos provenientes del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el programa ``Tu Casa'', administrado por Fonhapo, canaliza recursos fiscales para los trabajadores de bajos ingresos que deberían ser destinados para atender a la población no asalariada del campo y la ciudad, que conforma el universo de atención para el cual fue creado Fonhapo hace más de 25 años.

Estamos frente a un manejo perverso de los recursos fiscales. Al abdicar de las responsabilidades que nuestra Ley Fundamental establece en el artículo 123, Infonavit y Fovissste otorgan una parte del financiamiento a este sector de trabajadores pobres mientras que el gobierno federal complementa con alrededor de 30 mil pesos el ``paquete'' para que los trabajadores puedan acudir al mercado habitacional controlado por un poderosos sistema oligopólico que he mencionado anteriormente, de tal modo que los programas públicos son rediseñados para adaptar el ``crédito barato y suficiente'' enunciado en el artículo 123 constitucional a las condiciones del inexistente libre mercado.

Octava. Es claro que hoy en día el otorgamiento de créditos hipotecarios para los trabajadores es un jugoso negocio para un verdadera mafia que controla el mercado habitacional y que están cohesionados gracias al apoyo del gobierno federal y los organismos nacionales de vivienda, y también con la cobertura que les otorgan otras leyes secundarias como son las leyes del Infonavit, del ISSSTE y de Vivienda.

Así, en la industria de la construcción, en la comercialización y compra-venta de viviendas, así como con el financiamiento, Infonavit y Fovissste han modificado radicalmente sus estructuras, organización, funcionamiento y operación para dar cabida al sector privado oligopólico que participa a través de dos mecanismos, la incursión en el mercado de valores mediante la bursatilización de cartera, la cual en el caso de Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos mediante los Certificados de Vivienda (Cedevis); entre los principales compradores de estos, están las Afores y las compañías de seguros. Vía bursatilización se esta vendiendo parte de la cartera, lo que permite que inversionistas privados compren ese papel y participen en el distorsionado financiamiento de los trabajadores del Infonavit de mayores ingresos; el segundo mecanismo utilizado para involucrar al sector privado está conformado por el cofinanciamiento y el Apoyo Infonavit.

Novena. Desde 1993, en pleno auge del Salinato, los fondos de los trabajadores han padecido de mala administración y corrupción, no sólo en los mecanismos tradicionales que provocan pérdidas y deterioro financiero, sino también por el incumplimiento del mandato constitucional, donde tenemos que no se cumple con los preceptos de ``habitaciones cómodas e higiénicas'' del artículo 123 y en referido a la ``vivienda digna y decorosa'' del artículo cuarto.

Esto implica una corrupción de otro tipo: violar la Constitución con base en el poder político como garante del incumplimiento del orden jurídico. Lejos de crear bases para el desarrollo nacional, se atenta contra las bases del mismo, que se encuentran en la propia sociedad. Tratar los derechos sociales como mercancías es un abuso de autoridad, una perversión política y un ejemplo de ausencia de ética y moral pública.

Todo esto ha contribuido al auge de los negocios inmobiliarios de carácter especulativo, ajenos al desarrollo social, urbano y sustentable, ligado íntimamente con la intención privatizadora de la seguridad social, dejando de lado la esencia solidaria y el carácter social del bienestar colectivo, sustituyéndola por una racionalidad mercantil, especulativa y de despojo social, en contra de los derechos sociales garantizados por nuestra Constitución.

La seguridad social y los organismos encargados de administrar y proteger el derecho a la vivienda de los trabajadores debe estar bajo la custodia de instituciones de otro tipo, con el objetivo de construir un sistema de Seguridad Social Universal, de calidad en los diversos niveles de atención, vivienda digna y barata; para lograrlo debemos reconstruir las instituciones y reformar las leyes y reglamentos, en pro del desarrollo social, incluyendo la vivienda como satisfactor básico para el bienestar individual y colectivo.

Décima. El reto de dignificar la vivienda para los trabajadores demanda que esta soberanía asuma como guía de actuación parlamentaria y trabajo legislativo la estricta observancia de nuestra Constitución.

En virtud de lo anterior, considero inaplazable que esta soberanía, que este poder público apruebe la creación de una comisión responsable de dar respuestas a la problemática de la vivienda de los trabajadores, como una instancia colegiada que analice, supervise en su ámbito de competencia y lleve seguimiento y fiscalice a Infonavit y Fovissste, orientando su trabajo legislativo a favor de reformas integrales de ambos organismos públicos con la finalidad de rescatar la seguridad social de su actual situación, reivindicar su esencia solidaria y dar marcha atrás al proceso de privatización en curso, por supuesto que sin menoscabo de la necesidad de viabilidad financiera que requieren los organismos en comento, pugnando por la transparencia en todos los aspectos de organización, funcionamiento y operación, así como no ceder en el necesario combate a la corrupción imperante.

En razón de lo anteriormente fundado y motivado, me permito presentar ante esta soberanía, solicitando su voto favorable, el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Segundo. El objeto de la Comisión es analizar si ambos organismos han cumplido con el derecho a la vivienda de los trabajadores en el marco de los cambios que en los últimos años ha tenido la legislación en la materia.

Tercero. Esta Comisión investigará las causas por las que las viviendas de los trabajadores se ha encarecido ya que los precios de éstas han quedado al libre juego del mercado, atentando contra el derecho a la vivienda.

Cuarto. Esta Comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos correspondientes establecidos la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas, de tal modo que contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. La comisión estará integrada por 15/30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de esta soberanía.

Sexto. La Comisión materia del presente acuerdo, funcionará durante la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.--- Diputados: Adrián Pedrozo Castillo , Pablo Trejo Pérez , Javier González Garza , Alejandro Sánchez Camacho , Faustino Soto Ramos , José Luis Gutiérrez Calzadilla , Santiago López Becerra , Hugo Eduardo Martínez Padilla , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Raymundo Cárdenas Hernández , Miguel Ángel Navarro Quintero , Francisco Sánchez Ramos , Susana Monreal Ávila , Aurora Cervantes Rodríguez , Silbestre Álvarez Ramón , Santiago Gustavo Pedro Cortés , Víctor Gabriel Varela López , Mónica Fernández Balboa , Moisés Félix Dagdug Lützow , Javier Hernández Manzanares , María Soledad López Torres , Guadalupe Socorro Flores Salazar , Octavio Martínez Vargas , Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Ramón Almonte Borja , Concepción Ojeda Hernández , Aleida Alavez Ruiz , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Juan Dario Lemarroy Martínez , Juan Manuel San Martín Hernández , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Fernando Enrique Mayans Canabal , Alberto López Rojas , Miguel Ángel Solares Chávez , Carlos Sánchez Barrios , Maribel Luisa Alva Olvera , Roberto Mendoza Flores , Antonio Ortega Martínez , Amador Campos Aburto , Odilón Romero Gutiérrez , David Sánchez Camacho , Ramón Félix Pacheco Llanes , Gerardo Villanueva Albarrán , David Mendoza Arellano , Andrés Lozano Lozano , Maricela Contreras Julián , Venancio Luis Sánchez Jiménez , Daniel Dehesa Mora , Juan Nicasio Guerra Ochoa , Alejandro Martínez Hernández , Martín Zepeda Hernández , Armando Barreiro Pérez , Valentina Valia Batres Guadarrama , Holly Matus Toledo , Francisco Javier Calzada Vázquez , Irene Aragón Castillo , Isidro Pedraza Chávez , Martín Jaime Espejel Lazcano , Juan Dario Arreola Calderón, José Antonio Saavedra Coronel , Miguel Ángel Peña Sánchez , Alma Lilia Luna Murguía, Rosario Ignacia Ortiz Magallón , Ana Yurixi Leyva Piñón , Martín Ramos Castellanos , Carlos Orsoe Morales Vázquez , Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Neftalí Garzón Contreras , Adriana Díaz Contreras , Carlos Ernesto Navarro López , Héctor Narcía Álvarez, Francisco Javier Santos Arreola , César Flores Maldonado , Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Miguel Ángel Arellano Pulido , Humberto Wifrido Alonso Razo, Rafael Villicaña García , Mario Vallejo Estevez , Francisco Márquez Tinoco , Silvia Oliva Fragoso , Efraín Morales Sánchez , Lourdes Alonso Flores , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Higinio Chávez García , María Eugenia Jiménez Valenzuela , Sergio Hernández Hernández , Ruth Zavaleta Salgado , Alliet Mariana Bautista Bravo , Cuitlahuac Condado Escamilla, Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Daisy Selene Hernández Gaytán , Benjamín Hernández Silva , José Jacques y Medina , Modesto Brito González , Salvador Ruíz Sánchez, Layda Elena Sansores San Román , Juan Ignacio Samperio Montaño , Jorge Godoy Cárdenas , Aída Marina Arvizu Rivas , Elías Cárdenas Márquez , Rafael Franco Melgarejo , Tomás José Luis Varela Lagunas , José Luis Aguilera Rico , María del Carmen Salvatori Bronca , Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , Martha Angélica Tagle Martínez , Humberto López Lena Cruz , José Antonio Almazán González , Claudia Lilia Cruz Santiago , Marcos Matías Alonso , María Elena Torres Baltasar, Raciel Pérez Cruz , Víctor Aguirre Alcalde, Othón Cuevas Córdova , Carlos Roberto Martínez Martínez , Antonio Soto Sánchez , Irineo Mendoza Mendoza , Gloria Rasgado Corsi , Victorio Rubén Montalvo Rojas , Gloria Ángela Bertha Lavara Mejía, Carlos Alberto Puente Salas, Joaquín Humberto Vela González , Rafael Plácido Ramos Becerril , Jaime Cervantes Rivera , Rubén Aguilar Jiménez , Rodolfo Solís Parga , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Mario Enrique del Toro, Emilio Ulloa Pérez , Juan Adolfo Orcí Martínez , Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbricas)»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

SEGURIDAD EN ESTADIOS DE FUTBOL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil, locales y federales, a que realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y a las federales a realizar acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte es fundamental para el desarrollo de los individuos, elemento coadyuvante de la salud física y mental de quien lo practica, además de reflejar la cultura e idiosincrasia de un pueblo es un elemento necesario para crear hábitos de buen comportamiento que fomente solidaridad y armonía de la comunidad que concurre a los espacios en donde se desarrolla algún evento deportivo, valores que deben ser protegidos por el Estado y que no pueden ser avasallados por grupos que ejercen la violencia en los escenarios y espectáculos deportivos en México, especialmente en las competencias de fútbol soccerprofesional.

En los últimos años es evidente el crecimiento alarmante de conductas violentas y agresivas en las competencia de este deporte, constantemente se suscitan riñas entre porras o barras que asisten supuestamente a animar a sus equipos y que de alguna manera pierden la ecuanimidad ya sea por el probable triunfo o derrota de su equipo favorito.

Los hechos de violencia sucedidos en espectáculos masivos son cada vez más frecuentes, la autoridad, hemos visto, ha sido rebasada por estos desagradables eventos.

Los espectáculos deportivos de gran convocatoria como el futbol se constituyen como un fenómeno social que implica la atención de las autoridades.

Los espectáculos deportivos no son sólo una eventualidad o un tema frívolo, son una empresa, con operaciones millonarias, que debe ser corresponsable con las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes a este tipo de eventos.

En la actualidad, los espectáculos masivos requieren de la movilización de una gran parte de la seguridad pública y de protección civil, la presencia de las barras bravas son un elemento a considerar, pues en ellas participan verdaderos vándalos que ocultos en el anonimato atentan contra la sociedad.

Un incidente que vale la pena mencionar fue el ocurrido el 30 de octubre del 2005, cuando el equipo América venció al equipo de Pumas lo cual provoco una batalla campal con un saldo de 318 detenidos y 20 heridos.

La Federación Mexicana de Futbol pretende recuperar el control de estos grupos de animación que degeneraron en grupos violentos y que son una seria amenaza para este espectáculo deportivo, mediante medidas como el retiro de boletos que obsequian a granel a los clubes así como el patrocinio de los viajes para apoyar a sus equipos en el interior de la República.

En sesión extraordinaria del consejo directivo del Sistema Nacional del Deporte se aprobó un proyecto, cuyo objetivo es prevenir las agresiones a los inmuebles deportivos, el cual esta programado para ponerse en marcha en el mes de marzo del año 2007 con el Primer Seminario Internacional contra la prevención de la violencia.

El presidente de la Federación Mexicana del Futbol destacó en esta sesión sobre la necesidad de sumar esfuerzos de todas las cúpulas del ramo del país para trabajar en forma conjunta con la finalidad de erradicar la violencia en el deporte.

En días pasados presenciamos los lamentables hechos de violencia suscitados en la ciudad de Catania, Italia, durante la celebración de un partido de fútbol soccer en el que al final del mismo se enfrentaron policías y aficionados con un saldo de un policía muerto y cientos de detenidos.

Estos acontecimientos provocaron la intervención inmediata del ministro del Interior italiano para tomar medidas enérgicas para solucionar la violencia en los estadios de futbol.

Si no queremos vivir la problemática que sucede en Italia, debemos coordinar esfuerzos para prevenir la aparición de la violencia, se deben revisar las medidas de seguridad de todos los estadios de futbol soccer de primera división, y de cualquier espacio que albergue público de manera masiva y revisar la capacitación de los cuerpos policíacos para prevenir y controlar estas circunstancias.

En México, desafortunadamente no somos ajenos a tales problemas, en un pasado cercano los considerábamos exclusivos de Sudamérica o de Europa; sin embargo como antecedente en esta tribuna, en diciembre del año 2000 la Cámara de Diputados condenó los actos de violencia en los espectáculos públicos y exhortó a los gobiernos locales y federal y asociaciones deportivas a emitir las medidas y mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de los participantes, así como prevenir y combatir la violencia al interior y exterior de las instalaciones destinadas a la realización de eventos y espectáculos deportivos.

Se debe garantizar que los organizadores de los eventos deportivos no rebasen la venta de boletos de entrada, evitando así el sobrecupo del espacio en donde se lleva a cabo este tipo de espectáculos como medida de protección civil.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, a que realicen de manera urgente una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en los estadios de futbol de primera división con la finalidad de garantizar la integridad de los asistentes.

Segundo. Se solicita a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, informen a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los resultados de las revisiones realizadas.

Tercero. Se solicita a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federal, informen a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre la capacitación de sus elementos para la atención de eventos con asistencia masiva de público.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a 22 de febrero de 2007.--- Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PIRATERIA DE SOFTWARE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en el país.

El diputado Obdulio Ávila Mayo:Con la venia de la Presidencia, a la cual le solicito la inserción íntegra de la presente proposición, en virtud de ya estar publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La propiedad intelectual es un mecanismo esencial para el desarrollo del país y una posibilidad para lograr el equilibrio y la estabilidad. Asimismo, constituye una herramienta para beneficiar a las personas mediante la ampliación de las posibilidades derivadas de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de la información y de las comunicaciones.

Empero, para que el sistema de propiedad intelectual en nuestro país sea un mecanismo eficiente y contribuya al desarrollo es indispensable su difusión no sólo para los actores directamente involucrados, por ejemplo gobiernos, titulares y usuarios, sino en la sociedad en general, ya que no ha sido factible involucrar a la sociedad en la materia.

Es decir, no existe una adecuada cultura de empleo y observancia de la propiedad intelectual. Para el grueso de la población los beneficios derivados del sistema de propiedad intelectual y su utilización como factor de desarrollo, es totalmente ajeno. En este sentido, el desconocimiento del sistema se ha convertido en un acto de ineficiencia y un obstáculo para el desarrollo.

En nuestro país, a pesar de contar con una regulación en la materia y con el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se han podido abatir los impactos reales del fenómeno de la piratería en la economía nacional.

A nadie escapa que la venta del software pirata se ha reproducido con la misma velocidad con la que queman los discos compactos, pero de contrarrestarse el efecto nocivo en la economía de estas prácticas enraizadas en nuestra sociedad, se estaría fomentando el desarrollo de actividades que se caractericen por la innovación científica y tecnológica y, en consecuencia, se impulsaría a la competitividad nacional, lo cual es trascendente para la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

En la especie, la piratería de software tiene muchas consecuencias económicas negativas: debilita las industrias locales por la competencia y genera pérdidas de ingresos por impuestos y trabajos por la falta de un mercado legítimo. Estos costos se reflejan a todo nivel en las cadenas de suministro y distribución.

Las pérdidas en México para la industria por piratería de software ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar en la piratería aludida con un índice de 58 por ciento, sólo detrás de Europa Oriental, con 63 por ciento.

En el año 2005, por primera vez en el país después de cinco años, el porcentaje de esta piratería se logró contener, ya que se mantuvo en las cifras 65 por ciento de programas de cómputo ilegales. Esto es, por cada 10 programas de software instalados en el país, poco más de seis son copias pirata.

Por ello, las iniciativas gubernamentales han sido un factor determinante en la contención de este fenómeno, ya que en el año 2005 se llevaron a cabo más operativos que los realizados durante el 2003 y el año 2004.

Por ello, pido a la comisión dictaminadora respectiva, que se exhorte a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual creada mediante acuerdo presidencial, ya que la misma tiene por objeto coordinar las acciones que se lleven a cabo por las distintas dependencias de la administración pública federal, para asegurar el cabal cumplimiento y la debida aplicación de las leyes federales de Derecho de Autor y a la diversa de Propiedad Intelectual. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de afectación económica por piratería de software en el país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico para que dé los resultados, determine planes y programas, de conformidad con la legislación aplicable, que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Es preciso señalar que, en buena medida, el desarrollo que en las últimas décadas ha experimentado la sociedad ha sido producto de la aplicación de nuevas tecnologías.

En ello radica la importancia de la propiedad intelectual, la cual se erige como un instrumento estratégico para el impulso de nuevas tecnologías, lo que se materializa en la modernización de las empresas y redunda directamente en la competitividad económica del país.

2. La propiedad intelectual engloba un sistema de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Cabe mencionar que estos derechos están revestidos de un fundamento ético, ya que los autores ven reconocida y protegida su calidad de creadores y reciben, en consecuencia, un reconocimiento moral y material. Por otra parte, se caracterizan por un elemento económico, dado que se garantiza la exclusividad y se asegura la lealtad en las relaciones industriales y comerciales. En definitiva, estos derechos representan un factor de desarrollo y progreso.

En efecto, este conjunto de derechos ha traído aparejado, mayormente en los países en vías de desarrollo, la integración y actualización de sistemas de propiedad intelectual que permiten a la población beneficiarse de los mismos. En consecuencia, debe considerarse a la propiedad intelectual como un elemento rector y esencial para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

3. En los países en desarrollo, las condiciones económicas y sociales de la población y la necesidad de solventar necesidades básicas como alimentación, salud y educación hacen indispensable establecer prioridades y, en ocasiones, postergar elementos que, aunque trascendentes para el desarrollo, no satisfacen requerimientos inmediatos.

En este contexto, aún en los países en los cuales se cuenta con un sistema moderno de propiedad intelectual, no ha sido factible involucrar a la sociedad en la materia, es decir, no existe una adecuada cultura de empleo y observancia de la propiedad intelectual. Para el grueso de la población, los beneficios derivados del sistema de propiedad intelectual y su utilización como factor de desarrollo es totalmente ajena; en este sentido, el desconocimiento del sistema se ha convertido en un factor de ineficiencia y un obstáculo para el desarrollo.

4. La propiedad intelectual es un mecanismo esencial para el desarrollo del país y una posibilidad para lograr el equilibrio y la estabilidad entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Asimismo, constituye una herramienta para beneficiar a las personas mediante la ampliación de las posibilidades derivadas de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de la información y de las comunicaciones.

Empero, para que el sistema de propiedad intelectual de nuestro país sea un mecanismo eficiente y contribuya al desarrollo, es indispensable su difusión no sólo para los actores directamente involucrados, verbigracia, gobiernos, titulares y usuarios directos del sistema, sino en la sociedad en general.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en el grueso de los países en vías de desarrollo, la implementación de sistemas de propiedad intelectual modernos y acordes a los requerimientos de una economía globalizada es reciente.

Tal es el caso de nuestro país, que a pesar de contar con una regulación en la materia y con el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se han podido abatir los impactos reales del fenómeno de la piratería en la economía nacional.

Segundo. Que a nadie escapa que la venta de software pirata se ha reproducido con la misma velocidad con la que ``queman'' los discos compactos, pero de contrarrestarse el efecto nocivo en la economía de estas prácticas enraizadas en nuestra sociedad, se estaría fomentado el desarrollo de actividades que se caractericen por la innovación científica y tecnológica y, en consecuencia, se impulsaría la competitividad nacional, lo cual es trascendental para la creación de nuevas y mejores fuentes de empleo.

Tercero. Que la piratería de software tiene muchas consecuencias económicas negativas: debilita las industrias de software locales por la competencia con el software pirata, y genera pérdidas de ingresos por impuestos y trabajos por la falta de un mercado legítimo. Estos costos se reflejan a todo nivel en las cadenas de suministro y distribución.

Cuarto. Que en la especie, y de acuerdo con una investigación independiente realizada por la Internacional Data Corporation,¹ los beneficios que obtienen los países que vuelven más estrictas y hacen cumplir sus leyes de propiedad intelectual y trabajan para educar al público sobre las consecuencias de la piratería, resultan positivos, notables y bondadosos.

En este estudio de impacto económico se concluyó que la reducción de la piratería en 10 puntos porcentuales en cuatro años agregaría más de un millón de nuevos trabajos y generaría 400 mil millones de dólares en el crecimiento económico mundial.

Lo anterior, analizado desde un amplio panorama, nos permite concluir que con la reducción de la piratería de software se obtienen resultados reales en el crecimiento económico en general.

Quinto. Que las pérdidas en México para la industria del software por piratería ascienden a más de 180 millones de dólares. A nivel regional, América Latina ocupa el segundo lugar de piratería de software, con un índice del 58 por ciento; sólo detrás de Europa Oriental, con el 63 por ciento.

Sexto. Que en el año 2005, por primera vez en el país después de cinco años, el porcentaje de piratería de software se logró contener, ya que se mantuvo en la cifra del 65 por ciento de programas de cómputo ilegales, esto es, por cada 10 programas de software instalados en el país, poco más de 6 son copias piratas.

Para ello, las iniciativas gubernamentales han sido un factor determinante en la contención del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, ya que en el año 2005 se llevaron a cabo más operativos que los realizados durante el 2003 y el 2004.

En efecto, es de observarse que las políticas de gobierno son fundamentales sobre el impacto de la piratería, y en el caso del software, además, influyen profundamente sobre su desarrollo tecnológico.

Séptimo. Que en el caso específico de nuestro país, una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de piratería de software de 65 por ciento, por un periodo de cuatro años, podría crear 35 mil puestos de trabajo adicionales, un crecimiento económico de 2 mil setecientos millones de dólares y mil 100 millones de dólares en recaudaciones tributarias para ayudar al gobierno a pagar los servicios públicos para el año 2009, según el estudio dado a conocer por la Bussiness Software Alliance. Respecto de este punto, resulta notable dicha reducción, en virtud de que permitiría al gobierno federal obtener recursos desde esta trinchera que actualmente permite la evasión fiscal en grandes dimensiones.

Octavo. Que de lo expuesto se discierne la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial, ya que de su progresivo desarrollo se impulsará paralelamente la competencia del país a nivel internacional.

En este sentido, se propone exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a generar planes y programas que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, lo que redundará en los beneficios antes expuestos.

Para la consecución de estos fines es necesario que se desarrollen actividades tendientes a difundir de manera directa e inmediata el sistema de propiedad intelectual en la población, destacando sus beneficios y las oportunidades que de este derivan.

También, se propone la realización de diagnóstico que permita conocer la situación actual del sistema de propiedad intelectual, así como su conocimiento y empleo, por parte de la población.

Noveno. Que, bajo este contexto, debe señalarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la tutela del software recae en la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Empero, la presente proposición con punto de acuerdo refiere la realización de un estudio de impacto económico nacional, cuyo ámbito de competencia pudiese encuadrar dentro del marco de atribuciones y acciones que lleva a cabo la Secretaría de Economía; sin embargo, también se involucra que, derivado de dicho estudio, deberán determinarse planes y programas cuyas acciones correspondería realizar a otras instancias de gobierno.

En suma, la materia de la presente proposición, así como del fenómeno de la piratería de software, tiene varias aristas, y las acciones que se implementen para disminuir la misma involucrará la participación de varias dependencias del gobierno federal.

Ante este hecho, es preciso que el exhorto se dirija a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, creada mediante acuerdo presidencial del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres, ya que la misma tiene por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias de la administración pública federal para asegurar el cabal cumplimiento y debida aplicación de las leyes federales de derecho de Autor y la diversa de la propiedad intelectual.

Cabe señalar que la citada comisión se encuentra integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Economía; de Educación Pública; así como de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Así las cosas, esta honorable Cámara de Diputados debe exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a efecto de que realice un estudio de impacto económico nacional, para que de los resultados, se determinen planes y programas que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país, lo que redundará en que los mexicanos dispongan de nuevos empleos, los consumidores tengan más opciones, los empresarios sean libres de lanzar su creatividad al mercado y el gobierno federal se beneficie con mayores recaudaciones tributarias.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de impacto económico, para que dé los resultados, determine planes y programas, de conformidad con la legislación aplicable, que permitan coadyuvar a la disminución del fenómeno de la piratería de software en nuestro país.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un diagnóstico a nivel nacional que permita conocer la situación actual del sistema de propiedad intelectual, así como su conocimiento y empleo por parte de la población.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, a efecto de que desarrolle actividades tendientes a difundir de manera directa e inmediata el sistema de propiedad intelectual en la población, destacando sus beneficios y las oportunidades que de este derivan.

Nota:

1 Este estudio está disponible en http://www.bsa.org/idcstudy

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil siete.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Obdulio Ávila. Túrnese a la Comisión de Economía.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Para adherirme al punto de acuerdo presentado por el diputado Ávila Mayo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Armando Barreiro.

El diputado Armando Barreiro Pérez(desde la curul): Con el propósito, señor Presidente, de solicitarle, si tiene usted a bien en el punto anterior, que se turne también a la Comisión de Juventud y Deporte.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Del punto de acuerdo que presentó usted,lo turnamos a la Comisión de Seguridad Pública y también que se turne a la de Juventud y Deporte.

PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismose considere a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos.

La diputada Martha Angélica Romo Jiménez:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, los suscritos, diputados federales Martha Angélica Romo Jiménezy Mario Alberto Salazar Madera, integrantes de esta legislatura del Congreso de la Unión, presentan ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos, a través de la siguientes consideraciones:

La ciudad de Lagos de Moreno, cabecera municipal de la zona Altos Norte del estado de Jalisco, fue fundada con el nombre de Villa de Santa María de los Lagos el 31 de marzo de 1563. Por decreto del 23 de marzo de 1824 se le concedió el título de ciudad. El 9 de abril de 1829 toma el nombre de Lagos de Moreno para honrar la memoria del ilustre insurgente don Pedro Moreno, originario de esta ciudad. Además de Pedro Moreno, la ciudad ha sido cuna de héroes nacionales y personajes distinguidos, como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos; los escritores José Rosas Moreno y Mariano Azuela, entre otros. Su vida social se encuentra centrada alrededor de su plaza principal, bajo la sombra de sus árboles y la belleza de su parroquia, cuya arquitectura le da una especial personalidad.

Lagos de Moreno cuenta con atractivos naturales, culturales, históricos y una ubicación geográfica magnífica, pero no se le ha dado el enfoque o importancia suficiente y no se ha aprovechado su potencial; no obstante, la derrama económica turística ha contribuido a la obtención de divisas, la creación de empleos, el desarrollo regional y al estímulo económico de todos los sectores económicos, además se encuentra a 40 kilómetros de distancia de la ciudad de León, Guanajuato y San Juan de los Lagos, Jalisco, ambas con una importante oferta de servicio e infraestructura en materia de turismo.

En resumen, la ciudad de Lagos de Moreno cumple con los criterios de incorporación al programa Pueblos Mágicos que establece la Secretaría de Turismo, ya que la sociedad y las autoridades locales se encuentran involucradas en este proyecto, trabajando en conjunto con las autoridades estatales, cada una en sus respectivas funciones estipuladas dentro de los criterios de incorporación, por ello debe incorporarse al programa Pueblos Mágicos, dada su calidad de zona de monumentos históricos.

Por lo anteriormente expuesto y con base al óptimo estado de conservación de sus recintos culturales e históricos, que la definen como una ciudad colonial ya que cumple con los requisitos de incorporación especificados por la Secretaría de Turismo, se considera procedente y justificado el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del programa Pueblos Mágicos que promueve dicha Secretaría, en virtud de que cumple con los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo. Por su atención, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar --mediante la Sectur-- Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales a la LX Legislatura Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta Asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Lagos de Moreno, cabecera municipal de la zona Altos Norte del estado de Jalisco, fue fundada con el nombre de ``Villa de Santa María de los Lagos'' el 31 de marzo de 1563 con 73 familias españolas ``nobles y de valor'' y en la actualidad permanece como pueblo colonial, después de cuatro siglos y medio.

Colinda al norte con el municipio de Ojuelos de Jalisco y el estado de Aguascalientes, al sur con el estado de Guanajuato y el municipio de Unión de San Antonio, al este con Guanajuato y al oeste con los municipios de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.

Su vida social se encuentra centrada alrededor de su plaza principal, bajo la sombra de sus árboles, y la belleza de su parroquia, cuya arquitectura le da una especial personalidad.

Por decreto del 27 de marzo de 1824 se le concede el título de ``ciudad''; desde 1825 se convierte en cabecera del cantón y departamento de Lagos, y por el decreto 207, el 9 de abril de 1829 toma el nombre de ``Lagos de Moreno'', para honrar la memoria del ilustre insurgente don Pedro Moreno, originario de esta ciudad.

Además de Pedro Moreno, la ciudad ha sido cuna de héroes nacionales y personajes distinguidos como el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, los escritores José Rosas Moreno, a quien está dedicado el teatro principal de la ciudad, y Mariano Azuela.

Tanto en el centro de la ciudad como en sus alrededores, Lagos de Moreno cuenta con monumentos históricos reconocidos a nivel internacional, entre los que destacan la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (donde se encuentran las reliquias de San Hermión, un mártir soldado romano que participó en las cruzadas), puente del río Lagos, Templo del Calvario, plaza principal, Pueblo de la Laguna, Rinconada de las Capuchinas, Presa del 40, Fuerte del Sombrero, teatro Rosas Moreno, Rinconada de la Merced, museo Agustín Rivera, Casa Serrano, haciendas y casas rurales (Sepúlveda, Las Cajas, San Rafael, Ciénega de Mata, La Punta, La Estancial, La Labor de Padilla), el antiguo pueblo minero Comanja de Corona, capilla de los Mártires de San Joaquín, el quiosco porfiriano, levantado en el centro del Jardín de los Constituyentes, el Cerro de la Mesa, la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra, barrios de San Felipe, de la Luz, del Refugio, del Calvario, templo de la Purísima, jardín Salvador Azuela, el Mesón de Jesús María, Paseo de la Rivera.

El turismo es actualmente una actividad económica que a través de los años se ha consolidado como prioritaria en el proceso de planeación de desarrollo económico.

Además, requiere la participación de casi todos los sectores productivos, y como tal, debe encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicios urbanísticos.

Lagos de Moreno, por lo anterior, cuenta con atractivos naturales, culturales, históricos y una ubicación geográfica magnífica; pero no se le ha dado el enfoque o la importancia suficiente y no se ha aprovechado su potencial; no obstante, la derrama económica turística ha contribuido a la obtención de divisas, a la creación de empleos, al desarrollo regional y al estímulo de todos los sectores económicos.

Lagos de Moreno ofrece al visitante más de 30 establecimientos de hospedaje, entre hoteles, moteles y casas de huéspedes, instalaciones que pueden ajustarse a las necesidades de los más exigentes. Tiene 40 establecimientos de alimentos y bebidas, donde algunos manejan la cocina internacional y tienen capacidad para dar atención a las más exigentes necesidades. Cuenta también con varias agencias de viajes, que brindan orientación al visitante y lo conectan con cualquier parte del país y el extranjero; y centros recreativos y deportivos, casas de antigüedades, artesanías y centros comerciales.

Además, se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de León, Guanajuato, y de San Juan de los Lagos, Jalisco, ambas con una importante oferta de servicios e infraestructura.

Por lo expuesto, y con base en el óptimo estado de conservación de sus recintos culturales e históricos, que la definen como una ciudad colonial, se considera procedente y justificado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo.

Diputados: Martha Angélica Romo Jiménez , Mario Alberto Salazar Madera (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Martha Angélica Romo.Túrnese a la Comisión de Turismo.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Eduardo Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández:Compañeras y compañeros diputados, el propósito de este punto de acuerdo es exhortar al Presidente de la República para que expida el Reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad que, como todos ustedes saben, se promulgó desde el 10 de junio de 2005y es la fecha en la que no tenemos Reglamento. Se habían dado, de acuerdo con el artículo 5o. transitorio, seis meses para presentar el Reglamento y esto no ha sucedido.

Me da mucho gusto el hecho de que compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara hayan firmado junto conmigo este punto de acuerdo. Y lo han hecho porque esto es algo que nos une a todos.

El 10 por ciento de la población mundial son discapacitados y 80 por ciento de todos los discapacitados del mundo viven en la extrema pobreza. Es increíble que en México, de los jóvenes discapacitados de entre 15 y 29 años, solamente 15 por ciento tiene la oportunidad de ir a la escuela; 33 por ciento de los discapacitados de nuestro país no saben leer ni escribir y 30 por ciento, solamente 30 por ciento, han encontrado un trabajo.

Yo quisiera decirles que tener la experiencia de una discapacidad es algo espeluznante y todos nos imaginamos que el drama de los discapacitados es el hecho de que no puedan ver, que no puedan caminar, que no puedan escuchar y ése no es el drama, porque afortunadamente las gentes con discapacidad tienen el espíritu más grande que nosotros mismos y los vemos en las olimpiadas de paralímpicos y los vemos cómo se esfuerzan para superar su discapacidad y para enfrentarse al mundo a pesar de ello.

No, el drama no es ése, el drama viene con la discriminación. Ése es el verdadero drama que afecta a las personas con discapacidad.

Es increíble que una persona que logra vencer un impedimento físico y llega a pedir un trabajo, no se lo den, o se lo den como dándole un favor y pagándole menos de lo que le pagan a otras personas.

Acabo de estar en una exposición de fotografías hecha por personas débiles visuales o ciegas. Y el hecho de que estas personas puedan tomar fotografías tiene mucho significado, pero uno de ellos es que su autoestima, por el hecho de hacer algo que se parecía imposible que ellos pudieran hacer, lo pueden lograr. Insisto, son personas con mucho más espíritu y mucho más fuerza de lo que nos imaginamos.

Es por eso que yo les quiero pedir que me ayuden con la urgente resolución de este punto de acuerdo, para que el Poder Ejecutivo logre dar un paso más en la gran y larga carrera que han seguido estas personas para lograr mejores condiciones de vida.

Y termino con una frase que aprendí en esta exposición, en donde había un muchacho, Israel, quien sin duda inspira muchas cosas de este punto de acuerdo, que me enseñó algo que es así: ``Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos''. Ojalá me puedan ayudar. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 10 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de las Personas con Discapacidad, con objeto de sentar las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida, así como la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y de los municipios colaborarán con la federación en dicha tarea.

Sin embargo, a pesar de que la propia Ley de Personas con Discapacidad, en el artículo quinto transitorio, concedió al presidente de la república un plazo de seis meses para la expedición del reglamento de la propia ley, el Ejecutivo federal cumplió sólo dos de las tres acciones; es decir, publicó la ley en el Diario Oficial y en marzo se formó el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, sin expedir el reglamento a que está obligado.

Por tanto, nos encontramos ante el incumplimiento del mandato legal, lo que trae como consecuencia inmediata que la legislación en materia de personas con discapacidad permanezca inconclusa sin permitir su aplicación, como exigen la justicia, la solidaridad y el deber con este sector de la población.

La atención de los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con alguna discapacidad, merece nuestro apoyo unánime. Merece superar diferencias políticas e ideológicas. Debe unirnos bajo la idea de una sociedad verdaderamente fundada en la equidad y la no discriminación. Lamentablemente, los discapacitados viven una doble y hasta una triple exclusión: a las diferencias económicas y de clase se agregan el menosprecio y el rechazo de quienes se autonombran ``personas normales''.

Las personas con discapacidad forman una dolorosa realidad. En el mundo alcanza a 10 por ciento de la población, lo que representa cerca de 650 millones de personas; 80 por ciento de ellos vive en la pobreza y en la más lacerante miseria. En México se estima que hay casi 2 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que es cercano a 2 por ciento de la población total. Éstas son las personas que tiene que vivir con alguna limitación motriz, visual, mental, auditiva o de lenguaje, que limita no su esfuerzo y el valor de su trabajo sino la posibilidad de competir en condiciones iguales y la práctica imposibilidad de romper los cercos físicos, sociales y culturales que les hemos impuesto.

Para ilustrar su situación, algunos datos ejemplifican el drama y la diferencia cotidiana que viven: de los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 29 años, sólo 15 por ciento asiste a la escuela; 33 por ciento no sabe leer ni escribir y de cada 100 sólo 30 tienen trabajo durante más de 48 horas a la semana, sin mencionar el bajo salario que se les otorga, muchas veces como un favor y no como resultado del valor de su desempeño.

Esto es lo que estamos exigiendo: hacer realidad la legislación justiciera que hemos aprobado los legisladores y expedir las reglas que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder a los derechos que a todos se nos reconocen y que para ellos muchas veces están inaceptablemente negados.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir, con ánimo de justicia y observando el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de las Personas con Discapacidad, emitiendo su reglamento y cuidando en todo momento que su contenido no incurra en violaciones o restricciones de los derechos que ésta reconoce.

Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2007.--- Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Eduardo Sánchez Hernández. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al jefe de Gobierno del DF, coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias de fomento a la cultura de la no discriminación.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de no discriminación en la capital del país.

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones, bajo los siguientes

Antecedentes

En términos de derechos humanos, discriminar significa: toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva, basada en el origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual, que tenga como consecuencia, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de todas las personas.

Actualmente es necesario identificar los efectos nocivos que la discriminación provoca en la vida de las personas, los problemas y necesidades principales que requieran acciones preventivas y correctivas, así como el costo social y económico que este fenómeno genera, para actuar sobre sus causas, y determinar los cambios de que deben ser objeto las instituciones públicas y privadas en las que socializan y desarrollan su experiencia de vida.

Es necesario contar con instrumentos legales, para sensibilizar a la población y crear una cultura de la equidad y respeto a las diferencias, se requiere modificar las condiciones estructurales que generan la discriminación y generar cambios que permitan el desarrollo social y humano pleno de las personas.

Para erradicar la discriminación también es necesario que el gobierno cuente con una política pública definida, que establezca con toda claridad: prioridades y objetivos pudiendo contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa, en la que existan condiciones que permitan a las personas exigir ante la ley, igualdad de oportunidades.

Con base en los avances sustanciales que ya existen en materia de política social que todos estos esfuerzos se consoliden y articulen en una política integral de largo alcance, para eliminar y erradicar la discriminación.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred) es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año.

El Conpred es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución federal.

El Conapred también se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Conapred desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (artículo 4o.de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación).

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los objetivos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación son:

1. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.

2. Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

3. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

En cuanto a las atribuciones del Conapred, en la fracción XVII del artículo 20, de la ley referida se señala que el consejo elaborará y suscribirá convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales o internacionales en el ámbito de su competencia.

Por lo anterior expuesto, el Conapred ha celebrado convenios con entidades gubernamentales y con organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo investigaciones, eventos y acciones conjuntas dentro del marco de sus objetivos.

Se trata de cooperar en diferentes acciones que pueden ir desde la coedición de materiales de difusión y la organización conjunta de eventos sobre temas de discriminación, inclusión social e igualdad de derechos y oportunidades, hasta la puesta en marcha de programas que conjunten los esfuerzos de instituciones interesadas en prevenir y eliminar la discriminación.

Entre las instituciones que han suscrito convenios con la Conapred, se encuentran el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), el gobierno del estado de Nuevo León, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, en el estado de México, el gobierno del estado de Chihuahua, la Coordinación General de Educación intercultural bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Querétaro, entre otros.

También existen convenios en proceso con dependencias de gobierno e instituciones importantes como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de la Función Pública (SFP), Radio Universidad Veracruzana (XERUV), el Instituto Nacional de Migración, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la División de Estudios de Posgrado, de la UNAM.

En este contexto, observamos que son relativamente pocas las instituciones y organizaciones civiles que han suscrito convenios de colaboración para erradicar de manera integral la discriminación, por ello, es necesario que las dependencias de gobierno sean las que principalmente estén dispuestas a fomentar y difundir la cultura de la no discriminación en sus dependencias.

En el Distrito Federal, a pesar de que existe una ley para prevenir y erradicar la discriminación local, reciente puesto que apenas se publicó en julio del año próximo pasado, han sido lentos los avances en esta materia, incluso hace unos meses el jefe de gobierno en turno firmo un acuerdo por el cual fue instalado el Consejo para Prevenir y Erradicar la discriminación en el Distrito Federal.

En el año 2004, la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo suscribió un acuerdo con la Conapred, de vigencia indefinida a efecto de establecer relaciones de coordinación para el desarrollo, fomento y difusión de la cultura de la no discriminación en la demarcación.

De lo anterior y toda vez que existe el precedente de mejora en esta materia por parte de la delegación Miguel Hidalgo, para promover el respeto a las diferencias y así evitar la discriminación entre los habitantes de esa demarcación, pensamos que es necesario que este convenio sea suscrito por todos los jefes delegacionales que conforman ésta entidad federativa.

Consideraciones

Primera. Que discriminar significa: toda distinción, exclusión o restricción en cualquier ámbito y a cualquier persona, grupo o entidad colectiva, basada en el origen étnico, el sexo, la edad, la apariencia física, la discapacidad, la condición de salud, la religión, ideología u orientación sexual, que tenga como consecuencia, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de todas las personas;

Segundo. Que el modelo jurídico, educativo, religioso y político que tenemos actualmente responde a la sociedad que hemos construido, de ahí que si queremos modificar esto tenemos que empezar por reconocer que la discriminación está presente, aquí y ahora, en toda la vida y que para hacer algo necesitamos ver y entender el mundo de otro modo. Ahí es donde entra el ámbito de ocupación de la Ciudad de México;

Tercero. Que para esto es necesario crear un marco institucional común, donde se respeten las diferencias de las personas y grupos, y se garanticen su dignidad y derechos de libertad e igualdad;

Cuarto. Que para lograr este objetivo, es de gran utilidad que los diferentes órganos y dependencias de gobierno coadyuven en la construcción de una cultura de no discriminación;

Quinto. Que una política pública para prevenir y erradicar la discriminación puede contribuir a construir una sociedad más justa, equitativa, en la que existan condiciones que permitan a las personas exigir ante la ley, igualdad de oportunidades;

Sexto. Que es posible, con base en los avances sustanciales que ya existen en materia de política social que todos estos esfuerzos se consoliden y articulen en una política integral de largo alcance, para eliminar y erradicar la discriminación;

Séptimo. Que en el año 2004, fue suscrito por la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo un convenio de relaciones de coordinación para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en la demarcación;

Octavo. Que toda vez que el Distrito Federal, es actualmente un entidad federativa dónde se convive diariamente con el fenómeno social de la discriminación, es necesario que se apliquen las medidas necesarias para erradicar dicha situación; y

Noveno. Que toda vez que ya existen lineamientos, bases y mecanismo operativos en pro de una cultura de la nscriminación, es necesario que las diferentes instituciones y órganos de gobierno, inicien esta reestructuración en sus normas internas y reglamentos, con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades, coadyuve a que los 16 jefes delegacionales de la entidad, suscriban convenios con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, para el desarrollo, el fomento y la difusión de la cultura de la no discriminación en las diferentes demarcaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2007--- Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez.Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias, señor Presidente. El punto de acuerdo que está a consideración de la Asamblea ha sido suscrito por la diputada María Esther Jiménez, del distrito II de Puebla y el diputado Wenceslao Herrera, del distrito III y su servidor.

Se trata compañeras, compañeros diputados, como muchas regiones del país que tienen una identidad propia por su historia, por su geografía y que por razones igualmente históricas y estructurales, enfrentan desafíos particulares.

Más de 650 mil mexicanos habitan esta región integrada por 35 municipios y que ha habido un esfuerzo singular, quiero destacarlo, de todas las fuerzas políticas, para sacar adelante más allá de las coyunturas propiamente electorales, los desafíos que tenemos.

En el año 2000 una propuesta similar fue presentada en esta Asamblea, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, y logramos ahí que todas las fracciones parlamentarias nos trasladáramos a la región a través de la Comisión de Desarrollo Social ponderáramos los problemas reales, recogiéramos la opinión de la gente e impulsáramos una acción estratégica, convergente, de los tres órdenes de gobierno.

Quiero destacarlo porque significa que sí es posible vincular el trabajo de representación popular con el desarrollo de los distritos que representamos, siempre y cuando haya determinación de hacerlo.

Lo que hoy proponemos es retomar esta estrategia. Hemos avanzado, prueba de ello son tres universidades construidas: la Universidad Intercultural de la Sierra Norte, el Tecnológico de Huauchinango, la Universidad Tecnológica de Jicotepec, la extensión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el municipio de Chignahuapan, la continuación de la autopista México-Tuxpan-Tampico, que está próxima a concluir en su fase primaria, la construcción de la autopista Tlaxco-Tejocotal, que une a la región con la ciudad de Puebla, entre otras.

De modo que yo pido a mis compañeros de la Comisión de Desarrollo Social y a todos ustedes, que nos ayuden a sacar adelante este proyecto y desde luego su solidaridad para las expresiones presupuestales que habremos de definir en diciembre próximo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la sierra norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte del estado de Puebla.

Exposición de Motivos

El desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar a las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la gestión del Estado y de los municipios y, al mismo tiempo, se garantice a las próximas generaciones, por lo menos, las mismas bases para su progreso.

En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia y, a la vez, por un renovado pluralismo político en los Estados y los municipios; la promoción del desarrollo regional y la planeación de los programas y las obras de los tres órdenes de gobierno, asume un papel de enorme trascendencia.

Ciertamente para hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello, se propone que en el marco del Sistema de Planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo, integral e incluyente, de las regiones prioritarias.

México enfrenta un enorme reto para erradicar la situación de pobreza y marginación de una parte importante de su población. De los aproximadamente 104 millones de habitantes que tiene el país, más del 50 por ciento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural la proporción de la población humilde es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, 70 por ciento carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido y el 35 por ciento no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en alimentación por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria.

El estado de Puebla se encuentra dividido en siete regiones socioeconómicas. Esta distribución declinó por razones de planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas y con un alto grado de identidad histórica.

La región I comprende a la sierra norte de Puebla, que tiene marcados contrastes sociales y agudos desequilibrios en la distribución e intensidad de las diferentes actividades productivas. Se requiere, en consecuencia, de la aplicación de medidas urgentes que permitan dar una salida adecuada a las tensiones y conflictos que se están gestando en su seno, como consecuencia de la carencia de bienes, servicios, satisfactores básicos y sobre todo de empleo e ingreso. Pero la región cuenta también con infraestructura y, sobre todo, con recursos humanos y naturales que la dotan de una gran potencial para su desarrollo.

1. Antecedentes

Con fecha 14 de diciembre de 2000 los diputados Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una proposición con punto de acuerdo ante el pleno para que, en el marco de las facultades concurrentes que les son propias, los tres ordenes de gobierno procedieran a la ejecución de un Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte del Estado de Puebla. El punto de Acuerdo fue aprobado y, consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara realizó, en coordinación con el gobierno del Estado de Puebla, un foro en los municipios de Zacatlán y Huauchinango del propio Estado de Puebla. El Foro en el que participaron Diputados de todas las Fracciones parlamentarias, facilitó la aprobación de obras y programas estratégicos, tales como: la instalación del Tecnológico de Huauchinango y la Universidad Tecnológica de Xicotepec; el proyecto de la Universidad Intercultural, la instalación del campus de la BUAP en Chignahuapan; la construcción de la autopista Tlaxco-Tejocotal; la continuación de la construcción de la autopista México-Tuxpan; la pavimentación de carreteras a las cabeceras municipales; el Programa de Estabilización de los Precios del Café; el fomento a la producción ganadera y la citricultura; la construcción del Parque Industrial Chignahuapan-Zacatlán; la construcción de los Hospitales Generales de Tlaola, Mecapala, Xicotepec de Juárez y Huauchinango (en proceso); el inicio del Programa Integral de Saneamiento de la Cuenca de Necaxa; el proyecto ecoturístico del corredor Chignahuapan-Zacatlán-Piedras Encimadas; la construcción de 2 mil 500 viviendas y de 25 mil 000 pisos dignos; la dotación de agua a 21 mil 491 viviendas; la dotación de drenaje a 31 mil 165 más y de energía eléctrica a 22 mil 800, como lo más relevante.

El 20 de enero de 2004 se publicó el decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 29 establece que se consideran zonas de atención prioritaria las regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos. Asimismo establece en su artículo 30 que la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local.

Así, el gobierno del estado de Puebla incluyó, en su Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, estrategias específicas para el desarrollo de las regiones de Puebla, particularmente de: la sierra norte; la sierra nororiental; la Mixteca; y Tehuacán y Sierra Negra que son las zonas de atención prioritaria por su mayor grado de marginación.

Precisamente le Presidente Felipe Calderón presentó el programa de 100 acciones, en 100 días para los 100 municipios más marginados del país. El programa incluye 10 municipios de Puebla, de los cuales tres son de la sierra norte: Chiconcuautla, San Felipe Tepatlán y Camocuautla, siendo positivo por su inmediatez y focalización, este programa es insuficiente, por que no ataca de manera integral los problemas estructurales que tenemos que ver, además de la pobreza, con la producción, el empleo y el medio ambiente.

La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de micro región y el de zona de atención prioritaria; estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal ó sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.

Por todo ello y ante la exigencia social de la población de los Distritos que nos eligieron, presentamos este primer punto de acuerdo que posteriormente habrá de extenderse al resto de las regiones de Puebla, a la vez que pugnaremos por el ejercicio pleno de la facultad que otorga a esta soberanía el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

2. Breve diagnóstico

La sierra norte de Puebla comprende en lo geográfico una extensión territorial con una superficie accidentada, con elevaciones que varían entre los 500 y 3 mil metros sobre el nivel del mar; lo que le da una amplia diversidad de paisajes naturales y ambientes productivos. También cuenta con una compleja composición sociocultural colinda con los Estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala siendo un paso recurrente hacia el noreste del país.

Esta región, la segunda en importancia en el Estado, cuenta con más de 1593 localidades distribuidas en 35 municipios con una población total de 628,962 mil habitantes, correspondiendo el 51.7 por ciento mujeres y el 48.2 por ciento a hombres y representando el 11.6 por ciento de la población absoluta en el Estado, que tiene un total de 5 millones 383,133. Del año 2000 al 2005 se observa un incremento marginal en la región, pero con la tendencia en los últimos treinta años de ser la tercera región con mayor crecimiento de población rural y urbana.

Dentro de la región se destacan por su dimensión poblacional y económica los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Chignahuapan.

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la población aumentó 881 habitantes, respecto a 2000, cuando tenía una población de 628 mil 81 habitantes. En la región existe una población orgullosamente indígena que ha preservado la identidad y la cultura y que suma casi 160 mil personas de 5 años y más, alrededor de un tercio del total del Estado. La población indígena más numerosa es la hablante de náhuatl con poco más de la mitad, la lengua totonaca es hablada por poco más de un tercio de esta población y el otomí lo habla uno de cada veinte indígenas de la región.

En cuanto a las zonas urbanas, en los últimos 30 años, la región aumentó su población urbana en poco más de 3.2 veces. Ello propició que el crecimiento de la inversión pública fuera destinada en mayor medida a dotar de servicios urbanos básicos a los principales centros de población, que crecieron de manera desordenada.

Pese a este esfuerzo, la cobertura de servicios básicos, con relación a las demás regiones del Estado, sigue siendo deficitaria puesto que ocupa el cuarto lugar en drenaje. En el siguiente cuadro se puede observar la cobertura de este servicio para 90 mil 383 viviendas, es decir 65.16 por ciento, al incrementarse este indicador en 31 mil 165 viviendas, puesto que en 2000 era de 59 mil 218 viviendas con el servicio. Respecto al rubro de energía eléctrica, en 2000 se tenía una cobertura en 111 mil 241 casas con el servicio, y para 2005 se observa una disminución de 22 mil 888, resultando una cobertura de 88 mil 353 viviendas con el servicio. La tenencia de agua potable tuvo un incremento de 21 mil 491 viviendas adicionales, ya que en 2000 se tenía una cobertura de 80 mil 240 viviendas, y en 2005 se cubrieron 101 mil 731 viviendas.

En materia de salud, se cuenta con 0.92 médicos por cada mil habitantes ubicándola por debajo de la media estatal que es de 1.12. En cuanto a la población total que cuenta con servicio de salud como derechohabiente es de 196 mil 678 habitantes aumentando en 126 mil 704 personas más, porque en 2000 apenas 69 mil 974 era la población que contaba con este servicio. Si bien es considerable el avance tenido, resulta insuficiente a la luz de dos factores: El primero es el tamaño de su población, una de las más grandes dentro del Estado de Puebla y, la segunda que se cubre a menos de 30 por ciento del total, es decir que siete de cada diez serranos están a la espera de este servicio.

La suma de estos elementos han hecho que más de dos tercios de la población en sus municipios califiquen con grados de marginación alto y muy alto, aún cuando una porción importante de la población vive en condiciones de marginación distintas a la señalada, persisten situaciones de polarización social hasta en estos municipios. Uno de los elementos que más incide en esta condición de marginación es la existencia de altos niveles de analfabetismo, que alcanzan a uno de cuatro serranos de 15 años y más. Para referenciar la magnitud de este rezago, vale decir que es tres veces superior al presentado en el ámbito nacional.

Su economía se mantiene predominantemente agropecuaria, en una cercana vinculación con los estados vecinos, ya que un alto porcentaje de su excedente de producción está destinado a los mercados de Hidalgo y Veracruz. Esta vocación es una condición prioritaria que deberá ser tomada en cuenta al desarrollar las políticas de planificación regional, en donde se considere y respete la perspectiva de los propios productores.

La región de la sierra norte de Puebla es eminentemente rural, de producción agrícola, donde actualmente es notorio el proceso de deterioro del medio ambiente. Ejemplo de ello es el saqueo de los recursos forestales, ante esta situación es imprescindible impulsar un proyecto de investigación para elaborar un diagnóstico, donde la búsqueda del beneficio regional sea articulada con una participación social intensa.

La mencionada marginación cuyo carácter es secular, ocurre dentro de esta región afectando a un gran número de pueblos, teniendo como consecuencia un grave atraso en el desarrollo. Esta situación de alta incidencia de la pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, que sintetizan las precarias condiciones de vida de la población, aunada a las limitadas expectativas de alcanzar mejores niveles de bienestar, obligan al abandono de las tierras y a optar por la migración.

Existen otros factores que contribuyen a inducir la migración, como

Los cultivos en la región dependen altamente de un buen temporal de lluvias, evento que frecuentemente no llega.

La persistencia de cultivos tradicionales sin alternativas con mejores rendimientos y mayores ingresos.

Estructuras de precios que lesionan la economía de los productores.

Ingresos limitados e insuficientes para el sustento de las unidades familiares.

La migración dentro de la región procede desde localidades más pequeñas hacia las mayores y conlleva el crecimiento poblacional expresado en nuevos asentamientos humanos. Estas urbanizaciones son precarias y carecen de servicios urbanos, siendo difíciles de satisfacer por su magnitud y generan presiones sociales hacia los gobiernos municipales y estatal, a fin de que se atiendan sus demandas.

Por lo anterior, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes, las siguientes obras y programas prioritarios:

A. Obras

1. Municipio de Ahuacatlán

Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Pochcatl-Barrios

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en la localidad de Tlayehualancingo

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la comunidad de San Jerónimo Coaltepec

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Xochicuautla

Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Ixtlahuaca

Construcción del sistema de agua potable en la localidad de El Paraíso (Barrio de la localidad San Francisco Ixquihuacan).

Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Tlalacal-Cuanala.

Apertura de camino Chachayoquila-Tlatempa de 7 a 13 kilómetros.

Construcción de la carretera a base de pavimento asfáltico Cuacuilco-Ixtlahuaca).

Ampliación de la red de energía eléctrica en Coaltepec.

Colector sanitario y planta de tratamiento.

Ampliación de la red de energía eléctrica en Coaltepec.

2. Municipio de Ahuazotepec

Pavimentación de la carretera de Ahuazotepec a la Junta Auxiliar de Laguna Seca.

Pavimentación del acceso de la Carretera Federal de la Junta Auxiliar a Beristai.

3. Municipio de Amixtlan

Construcción del sistema de alcantarillado de la comunidad de Ocotal.

Construcción del sistema de alcantarillado de la comunidad de Mirasol.

4. Municipio de Aquixtla

Apoyo al mantenimiento y expansión de infraestructura agrícola tecnificada.

5. Municipio de Camocuautla

Estudio y proyecto para construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Bernardino.

Estudio y proyecto para construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Tapayula.

Estudio y proyecto para construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Camocuautla.

6. Municipio de Chiconcuautla

Construcción de drenaje sanitario de la comunidad de Toxtla.

Pavimentación del tramo de San Lorenzo a la cabecera municipal.

7. Municipio de Chignahuapan

Imagen urbana.

Rescate de la laguna de Chignahuapan.

Rehabilitación de los caminos de acceso a las comunidades.

8. Municipio de Coatepec

Dotación de agua potable.

Pavimentación de acceso a comunidades.

9. Municipio de Cuautempan

Estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la localidad de Papalotla.

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Hueytentan.

10. Municipio de Francisco Z. Mena

Pavimentación de la carretera Metlaltoyuca-Las Balsas-Castillo de Teayo.

Pavimentación de la carretera Metlaltoyuca-La Guadalupe-Tecomate-Palma Real.

11. Municipio de Hermenegildo Galeana

Construcción línea de conducción de agua potable en las localidades de Ignacio Ramírez y Francisco Osorno.

Apertura del camino Chachayoquila-Tlatempa de 7.13 kilómetros (de municipios de Zacatlán, Tepetzintla y Ahuacatlán).

Construcción del camino rural tipo ``E'' Coyay-Lacanuy-Tramo Caxtiyu-Cacatzala de 3.3 kilómetros de longitud.

12. Municipio de Honey

Pavimentación al acceso de la Junta Auxilar de la Magdalena.

Pavimentación del camino Acahuales-Chila de Juárez 7.5 de kilómetros.

13. Municipio de Huauchinango

Concluir la construcción de la autopista México-Tuxpan e iniciar el proyecto para su continuación al puerto de Tampico.

Construcción del sistema de drenaje y alcantarillado sanitario segunda etapa en la localidad de Tlacomulco.

Rehabilitación camino rural Cuaxicala-Cuahueyatla de 13 kilómetros.

Construcción del camino rural tipo ``E'' Matlaluca-Tenohuatlan de 13 kilómetros.

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Tlalmaya.

Construcción de la Red de Agua Potable en la comunidad de Cuaxicala.

Construcción de la Red de Agua Potable en la comunidad de Xaltepec.

Construcción de la Red de Agua Potable en la comunidad de Nopala.

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Huilacapixtla.

Construcción de segunda etapa del sistema de alcantarillado en la comunidad de Papatlazolco.

Construcción de drenaje en la comunidad de Papatlazolco.

Construcción de drenaje y alcantarillado en la comunidad de Ayohuixcuautla.

Pavimentación de acceso a la comunidad de Huilacapixtla.

Pavimentación de acceso a la comunidad de Tlacomulco.

Pavimentación del camino san miguel-cuahueyatla en la comunidad de Cuaxicala.

Pavimentación de camino Las Colonias, Papatlazolco, Xaltepec, Papatlatla y Tlalmaya; de Huauchinango.

14. Municipio de Ixtacamaxtitlán

Pavimentación de accesos.

Construcción de drenaje y alcantarillado en comunidades.

Pavimentación de 6 kilómetros del camino ``la gloria-xalcomuldo.

Pavimentación de 10.20 kilómetros del camino San Alfonso-Santa María Soltepec-Santa María Soltepec-Acayucan-Chahucingo-Aquixtla.

Pavimentación de 3 kilómetros del camino El Salto-Atexquilla-Chichicastla tramo Texocotla-Laguilla.

Construcción del puente vehicular tramo carretero La Gloria-Xalcomulco 38 metros.

Construcción de puente vehicular Ixtacamaxtitlan-El Mirador-Tatempango'' 34 metros.

Pavimentación del camino El Pilancón-la Caldera'' del kilómetro 0+000.00 al 7+207.16.

15. Municipio de Jalpan

Pavimentación del entronque Vista Hermosa, municipio de Jalpan, Carretera Federal México -- Tuxpan.

16. Municipio de Jopala

Construcción del camino rural tipo ``E'' del Encinal a Patla con longitud total de 7.73 kilómetros meta 2007 de 3.56 kilómetros del kilometro 3+865 al kilómetro 7+730 Jopala.

Segunda Etapa Pavimentación Camino la Unión- Patla- Chicontla.

Elaboración del estudio y proyecto para la construcción del camino tipo ``E'' Buenos Aires-Monte de Chila con una longitud aproximada de 15 kilómetros.

Elaboración del estudio y proyecto para la construcción del puente vehicular del camino Buenos Aires-Monte de Chila.

17. Municipio de Juan Galindo

Pavimentación del acceso a la comunidad de Necaxaltepetl.

Construcción de obras de protección y rehabilitación de viviendas.

Remodelación del mercado municipal.

18. Municipio de Naupan

Ampliación del alcantarillado sanitario 3ª etapa de la localidad de Cuahuihuitzotitla.

Ampliación de sistema de agua potable en la comunidad de Mextla en el Municipio de Naupan.

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado Iczotitla-Cueyatla, con una longitud de 2.40 kilómetros. Tramo Iczotitla-Mextla Arriba, del kilómetro 2+813 al kilómetro 5+220 del municipio de Naupan.

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado Ramal A Chachahuantla con una longitud total de 3.6 kilómetros. Del kilómetro 0+000 al kilómetro 3+531.49 del municipio de Naupan.

Elaboración del estudio y proyecto de la ampliación y modernización de la carretera intermunicipal Naupan-Pahuatlán.

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado Ramal a Chachahuantla con una longitud total de 3.6 kilómetros del kilómetro 0+000 al kilómetro 3+531.4 Naupan.

19. Municipio de Olintla

Construcción del camino tipo ``E'' Vicente Guerrero-Dimas López, de 6.28 kilómetros. De longitud total del kilómetro 0+000 al kilómetro 6+277.84.

Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Olintla-Cuatro Caminos del kilómetro 0+000 al kilómetro 12+067.

20. Municipio de Pahuatlán

Rehabilitación de la carretera de acceso a San Pablito.

Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Atla

Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Xochimilco.

Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Agua del Machete.

Ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Zacapehuaya.

Ampliación del sistema de agua potable en San Pablito.

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado Pahuatlán-Tacuilotepec, tramo Tlalcruz-Tlacuilotepec, de 9.70 kilómetros. De longitud, del kilómetro 12+0000 al kilómetro 21+695.003.

21. Municipio de Pantepec

Estudio para el funcionamiento Integral de la Cuenca del Río Pantepec.

Construcción de dos puentes sobre el río Pantepec que comuniquen a las comunidades de Puebla: Progreso de Allende, Ceiba Chica, Agua Linda, el Zapote, Loma Bonita, San José; que hoy quedan aisladas durante el periodo de lluvias.

Remodelación del albergue de Ignacio Zaragoza.

22. Municipio de San Felipe Tepatlan

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en la localidad de La Guadalupana.

Construcción del puente vehicular La Huancha.

Construcción del camino rural tipo ``D'' revestido Xochimilco (Rancho Nuevo)-E.C. (La Guadalupana-San Felipe Tepatlan de 6.13 kilómetros. Tramo del kilómetro 8+000 al kilómetro 14+121

Construcción del camino rural tipo ``E'' La Guadalupana-San Martín del Progreso (La Punta) de 7.62 kilómetros.

Elaboración del estudio y proyecto para la ampliación del camino tipo ``D'' de 18 Kilómetros de Longitud San Felipe Tepatlan-Tlapacoya.

Construcción del camino rural tipo ``E'' San Miguel Jojupango-San Felipe Tepatlan, con una longitud de 5.01 kilómetros.

23. Municipio de Tepango de Rodríguez

Ampliación del sistema de agua potable.

Construcción de drenaje y alcantarillado en la comunidad.

24. Municipio de Tepetzintla

Construcción del sistema de agua potable de la localidad de Tonalixco.

Construcción del camino rural tipo ``E'' de Xochitlaxco-Tenantitla con longitud total de 6.74 kilómetros. De la localidad de Xochitlaxco y Tenantitla del municipio de Tepetzintla.

Construcción del camino rural tipo ``E'' Tempextla-Tlamanca de 4 kilómetros de longitud.

Construcción del camino rural tipo ``E'' Chachayoquila-Tlaltempan de 7.13 kilómetros.

Pavimentación de 15.82 kilómetros.

Ampliación de alcantarillado.

25. Municipio de Tetela de Ocampo

Construcción del camino rural tipo ``E'' Cuaupancingo-Rancho Alegre de 4.40 kilómetros. De longitud tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 4+360.

Sustitución del Hospital Integral.

26. Municipio de Tlacuilotepec

Estudio y proyecto para construcción de planta tratadora de aguas residuales en Ahuacatlán en la localidad de Papaloctipan.

Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Vista Hermosa-San Pedro Petlacotla del kilómetro 2+000 al kilómetro 6+000 de la localidad de San Pedro Petlacotla.

Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Dos Caminos-Papaloctipan del kilómetro 0+000 al kilómetro 5+000.

Construcción del camino rural tipo ``E'' Teteloloya-San Lorenzo de 4.98 kilómetros y construcción del puente vehicular Ixmal ubicado sobre el mismo tramo del camino.

Reconstrucción del camino rural Hula-Teteloloya de 3.32 kilómetros de longitud.

Rehabilitación del camino rural La Esperanza-Hula de 3.02 kilómetros de longitud.

27. Municipio de Tlaola

Pavimentación del camino La Gallera-Xochinanacatlán.

Drenaje y alcantarillado en las comunidades.

Ampliación del sistema de agua potable 2ª etapa de la Junta Auxiliar de Tlaltepango.

Remodelación del albergue de Jaltepuxtla.

28. Municipio de Tlaxco

Pavimentación de la carretera de acceso Papaloctipan-Tlaxco.

29. Municipio de Tlapacoya

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado Tlapacoya-Tlamaya Grande de 10.95 kilómetros. De longitud, tramo del 5+700 al 10+950 (2ª etapa).

30. Municipio de Venustiano Carranza

Pavimentación del acceso de la carretera San José-El Cabellal-Huitzilac-San Rafael-V. Carranza.

Construcción de vivienda de interés social en Villa Lázaro Cárdenas.

31. Municipio de Xicotepec

Urbanización de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho.

Pavimentación del acceso a Santa Rita.

Pavimentación de Xicotepec -San Pedro Petlacotla- Tlacuilotepec.

Construcción del puente ``El Higuero'', sobre el afluente del río San Marcos.

Rehabilitación y ampliación de la carretera Xicotepec-Dos Caminos-Temazcalapa-Itzatlón-Tlacuilotepec.

32. Municipio de Xochiapulco

Ampliación electrificación en la comunidad de San José Cuaximaloyan.

33. Municipio de Zacatlán

Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Zacatlán.

Electrificación de la Junta Auxiliar Otlatlan en Zacatlán.

Construcción Sistema de Reforzamiento de Agua Potable de la Ciudad de Zacatlán.

Construcción Sistema de Agua Potable Kastin-Vicente Guerrero.

Electrificación de la Junta Auxiliar de Otlatlán.

Segunda etapa imagen urbana de la Ciudad de Zacatlán.

Conclusión Camino Yehuala-Tetelancingo.

Construcción distribuidor vial-Las lajas-E.C. entronque Autopista Tlaxco-Tejocotal.

Pavimentación del Camino las Aguitas-Tepexco (1era etapa).

Apertura del camino Chachayoquila-Tlatempa de 7.13 kilómetros (de municipios de Zacatlán, Tepetzintla y Ahuacatlán).

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' mejorado del Puente La Marimba-San Miguel Tenango segunda etapa de 10.74 kilómetros. De longitud, total tramo 2007 del kilómetro 4+000 al kilómetro 10+740 perteneciente al municipio de Zacatlán.

Construcción del camino rural tipo ``E'' Yehuala-Tetelancingo de 5.02 kilómetros de longitud tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 5+020, para 2007 solicitan terminación de la apertura del camino perteneciente al municipio de Zacatlán.

Remodelación del albergue de Cuacuila.

Ampliación de carretera Zacatlán-Chignahuapan 15 kilómetros.

Terminación del rastro intermunicipal 2° etapa Zacatlán-Chignahuapan.

Compra de equipo para hospital de especialidades en la cabecera municipal de Zacatlán.

Construcción de Hospital.

34. Municipio de Zihuateutla

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento.

Pavimentación del acceso a.

Pavimentación del acceso a Zihuateutla.

Modernización y ampliación del camino tipo ``D'' la Unión, Loma Bonita, (E.C.Cuaunepixca) de 5.06kilómetros de longitud tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 5+060 del municipio.

Rehabilitación del camino rural Ocomatla-Zihuateutla de 3 kilómetros. Tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 3+000.

Apertura de camino Atzacatlón-Macedonio Alonso, de los municipios de Zihuateutla, Puebla y Cuahuitlón, Veracruz.

35. Municipio de Zongozotla

Ampliación electrificación Zongozotla.

Estudio y proyecto para la ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Lipapan.

Programas

1. Promoción del crecimiento económico y del empleo

Financiar los Estudios del Proyecto Ecoturístico de Gran Visión de la Sierra Norte de Puebla.

Instalación de una planta procesadora de cítricos para generar productos de calidad que puedan competir en el mercado nacional e internacional en los municipios de Francisco Z. Mena, Jalpan, Pantepec, V. Carranza, Xicotepec de Juárez, Acateno, Tenampulco, Ayotoxco, Hueytamalco, Zoquiapan, Cuetzalán del P. Tuzamapan, Janotla, Huehuetla, Huitzilan de S., Tlatlauquitepec, Izúcar de M. Zxochiltepec, Tilapa y Huaquechula.

Fortalecimiento del programa de apoyo a la cafeticultura.

Impulsar el programa de fomento a la ganadería.

Construcción del parque industrial Huauchinango-Ahuazotepec.

Rehabilitación del parque industrial Zacatlán-Chignahuapan.

Programa Integral de apoyo a la producción de árboles, flores y plantas de ornato, incluyendo la construcción de dos nuevos mercados.

Impulso al proyecto de la Cuenca de Chicontepec respetando el equilibrio ecológico de los municipios de Pantepec, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza.

Mejorar los accesos a las zonas con potencial turístico.

Impulsar corredor turístico Chignahuapan-Zacatlán-Las Lajas el Tejocotal.

Proyecto de Imagen Urbana de la Ciudad de Zacatlán Segunda Etapa.

Concluir el Rastro TIF.

2. Ampliación de la oferta educativa

Inicio de operaciones de las universidades tecnológicas de Venustiano Carranza y Pahuatlán.

Ampliar la oferta de educación media y superior en toda la región.

3. Garantizar la salud para toda la población

Impulsar la medicina tradicional alternativa

Establecer un sistema de estímulos para arraigar a los médicos en el municipio al que pertenece.

Impulsar la cultura de la Salud en la Región.

Generar mayor uso a las consultas, a través de la Unidades Móviles.

Concluir la construcción del Hospital General de Huauchinango.

4. Preservar el medio ambiente, los recursos naturales y el ordenamiento urbano

Continuar el saneamiento integral de la zona Hidrológica de la Cuenca Encasa.

Revertir el deterioro Ecológico en las zonas forestales.

Construcción de tres estaciones de transferencia, equipo para recolección de residuos sólidos en los municipios de Huauchinango, Tetela de Ocampo, Chila Honey, Cuautempan, Aquixtla, Pahuatlán, Tlacuilotepec, Tlaola, Zihuateutla, Villa Ávila Camacho, V. Carranza y Villa Lázaro Cárdenas.

Ampliación de colectores marginales e instalación de plantas de tratamiento en Chignahuapan, Zacatlán, Huauchinango, Nuevo Necaxa, Tenango de las Flores, Xicotepec de Juárez.

Construcción de Acceso al centro de Huauchinango (Puente San Juan).

Apoyar la recuperación del desarrollo urbano de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec, para hacer habitables las ciudades para todos. Se construirán nuevos mercados municipales para dar un empleo digno a los ambulantes, así como la Central de Abasto y las Centrales de Autobuses. Al mismo tiempo, se promoverá el ordenamiento urbano y, en su caso, la pavimentación o mejoramiento de las carreteras de las juntas auxiliares. En especial las de: La Magdalena, Chila de Juárez, San Pablito, Xolotla, Cuacuila, Tenango, Las Colonias, Ahuacatlán Xaltepuxtla, Villa Avila Camacho, San Pedro Petlacotla, María Andrea, Lázaro Cárdenas, Mecapalapa, San Bartola, Tizatlán, Temascalapa-Cuautepec y San Agustín-Tlapehuala.

5. Vivienda

Ampliar los créditos para el mejoramiento y la construcción de vivienda con bajas tasas de interés que permitan, a quienes no tienen Infonavit o Fovissste, tener una vivienda digna.

Reestablecer el programa Lotes con servicios y de subsidios a la vivienda.

Construir 39 mil pisos y techos dignos.

Segundo. Que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos Federal y del Estado y de los 35 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte de Puebla, a más tardar en la segunda quincena del mes de mayo, con sede en los municipios de Zacatlán y Huauchinango Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2007.--- Diputados: Alberto Amador Leal , Wenceslao Herrera Coyac , María Esther Jiménez Ramos (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María de la Torre y se construya el puente Remolino, en Papantla, Veracruz. Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señor Presidente, quiero rogarle que este punto de acuerdo se publique en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates. Y también quiero informar a esta soberanía que se ha acordado favorable la construcción del nuevo puente Remolino. Y también la construcción del tramo que va de El Chote hasta El Tajín Por tal motivo faltaría de El Tajín hacia María de la Torre, que es una obra que tendrá que hacer la Secretaría de Comunicaciones del gobierno del estado de Veracruz. Por lo tanto, el punto solamente se deberá turnar a la comisión correspondiente. Muchísimas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a rehabilitar la carretera Poza Rica-María y la Torre y construir el Puente Remolino, en Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los gobiernos municipal y federal a rehabilitar la carretera Poza Rica-María de la Torre y a construir el nuevo Puente Remolino, en Papantla, Veracruz.

Antecedentes

El pasado lunes 19 de febrero, campesinos, maestros y dueños de transportes de Papantla, al norte de estado de Veracruz, bloquearon el acceso al Puente Remolino, debido a que las autoridades correspondientes no han iniciado la rehabilitación de tan importante vía de comunicación.

El bloqueo de la vía de comunicación se suscitó de las 8:00 a las 11:00 horas; tras dialogar con autoridades de los gobiernos municipal y estatal, los manifestantes se retiraron pacíficamente.

Las personas que se dieron cita para tomar el acceso manifestaron su inconformidad porque no se han iniciado los trabajos de construcción de lo que será el nuevo puente, a pesar de que presuntamente el gobierno federal y Pemex ya aportaron la cantidad prometida desde el año pasado.

Además, señalaron que la carretera que va de Poza Rica a María y la Torre está completamente destrozada y cada año le administran sólo un ``mejoral'' con los programas de bacheo.

Considerando 1. Que, según las denuncias de los lugareños, las autoridades tiene un año con el recurso económico (la partida presupuestal) que se emplearía para reconstruir tan elemental vialidad de la zona.

2. Que los habitantes inconformes también exigen el reencarpetado de la carretera Remolino-María y la Torre, debido a que se encuentra en pésimas condiciones para el tránsito de vehículos.

3. Que las mencionadas vialidades, en general, tienen un grave deterioro, el que prácticamente impide el paso de los automotores de pasajeros y de carga, lo cual provoca además fallas en los transportes y ocasiona gastos económicos no previstos.

4. Que, con justa razón social, los demandantes alertaron con realizar una manifestación de mayores dimensiones en la Cumbre Tajín.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este Pleno, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno municipal de Papantla, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para rehabilitar la carretera Poza Rica-María de la Torre e iniciar la construcción del nuevo Puente Remolino.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 22 de febrero de 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado del Río Virgen. El tema está inscrito en la Gaceta Parlamentaria; inscríbase íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Transportes.

MAIZ-TORTILLA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del grupo parlamentario de Nueva Alianza punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Hacienda, de Economía y la Sagarpa, y a la Comisión Federal de Competencia, a que tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a establecer medidas para evitar prácticas monopólicas en la cadena maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Los diputados federales del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las secretarias de Hacienda y Crédito Público; de Economía; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y a la Comisión Federal de Competencia a aplicar, en el marco de sus atribuciones y competencias, las medidas necesarias para evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información del Banco de México, durante el sexenio pasado y a inicio del actual se registraron importantes y considerables aumentos en los precios de alimentos, energéticos, transporte público y medicamentos.

Estos incrementos se derivan de prácticas anticompetitivas que preocupan y representan un duro golpe a la economía familiar.

Este fenómeno económico, anticompetitivo, debe alertar y obligar de inmediato a las instituciones encargadas de vigilar el desempeño del mercado interno para que se tomen las medidas necesarias y definitivas para regular el abasto e incidir en los precios.

En este contexto, nos parecen de suma importancia las recientes declaraciones del doctor Eduardo Pérez Mota, Presidente de la Comisión Federal de Competencia, donde informa que ``las prácticas anticompetitivas de los agentes económicos, son el común denominador a lo largo y ancho de nuestro país y las vemos en todas partes, hay privilegios en todos los sectores pequeños o grandes, con una gran afectación a una gran cantidad de consumidores''.¹

El Presidente de la Comisión Federal de Competencia argumenta que hace todo por atacar las prácticas monopólicas, pero factores ajenos como los amparos judiciales, limitan su función.

El doctor Eduardo Pérez Mota afirmó que la decisión publicada el año pasado por la Comisión Federal de Competencia en contra de la adquisición de Agrohinsa por Maseca es el mejor ejemplo de que nos preocupa la concentración excesiva en el sector.

Al respecto, es necesario recordar que Maseca controla alrededor de 70 por ciento del mercado de harinas e influye necesariamente por su capacidad de control de mercado en el precio de la tortilla.

Nueva Alianza estima que, de no tomar las medidas necesarias para evitar las prácticas anticompetitivas por parte de los agentes económicos, seguiremos con serios problemas de abasto interno, incremento de precios e ineficiencia económica.

Las instituciones gubernamentales deben hacer todo lo necesario para evitar estas prácticas y estamos convencidos de que las directamente involucradas, como la Secretaría de Economía y la Sagarpa, han incurrido en descuido, negligencia e irresponsabilidad. Por ello es urgente que prevalezca el interés público.

Esta situación es reconocida y preocupa a organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No hay duda de que el asunto es relevante y ha trascendido, al grado que el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, recomendó a nuestro país mejorar las condiciones de competencia económica y evitar las prácticas anticompetitivas.²

Asimismo, Gurría recomendó al secretario de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza-Aldape, revisar diversos temas relacionados con la competencia económica en nuestro país. Entre los principales destacan la posibilidad de realizar un proyecto conjunto para evaluar, por sectores, el ambiente de competencia económica en México y utilizar las herramientas desarrolladas por la OCDE.

El comportamiento de los precios en nuestra economía, refleja prácticas anticompetitivas, por lo que es necesario que nuestras instituciones intervengan para vigilar y regular el desempeño del mercado interno, así como la trayectoria del índice de precios.

Como todos sabemos, las prácticas anticompetitivas afectan la eficiencia económica y vulneran a los consumidores. Por ello exhortamos a todas las instituciones gubernamentales involucradas en la solución de este problema a tomar las medidas necesarias y definitivas para corregir y evitar dichas prácticas.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza ``asume que la economía de mercado es la manera más eficiente para organizar las relaciones económicas y reconoce que las imperfecciones en la práctica de este régimen de intercambio deben ser subsanadas con la ineludible participación del Estado''.³

Esperando siempre una respuesta positiva a este punto de acuerdo del Ejecutivo federal y de la Comisión Federal de Competencia Económica, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, solicitamos con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sea considerado de urgente y obvia resolución, por lo que someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a las secretarias de Hacienda y Crédito Público; de Economía; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión Federal de Competencia a aplicar, en el marco de sus atribuciones y competencias, las medidas necesarias para evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla.

Notas:

1 El Financiero, 15 de febrero de 2007, página 10.

2 El Universal, 18 de febrero de 2007.

3 Declaración de Principios del Partido Nueva Alianza, 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero del dos mil siete.--- (Rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Agricultura y Ganadería.

SECRETARIA DE MARINA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Peyrot, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo a fin de que se asignen a la Secretaría de Marinarecursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís:Con su permiso, señor Presidente. Por cuestión de tiempo solicito que el texto íntegro del presente punto de acuerdo sea insertado en el Diario de los Debates.

La seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Actualmente, el terrorismo es considerado también en nuestro país, como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Como todos sabemos en años recientes diferentes países han sido objetivo del terrorismo internacional. El 11 de septiembre de 2001 fue Estados Unidos; el 11 de marzo de 2004 fue España; el jueves 7 de julio de 2005 fue Inglaterra y el 8 de febrero último se difundió en Internet en una publicación de Al Qaeda, en la que se lanza una amenaza en contra de México, Canadá y Venezuela, ya que son estos los mayores abastecedores de petróleo a los Estados Unidos y con esto obtendrían la disminución de las importaciones estratégicas de energéticos que realiza este país y de esta manera asfixiar su economía.

Desde entonces, Canadá y Venezuela se han pronunciado en estado de alerta ante la posibilidad de que la amenaza pudiese llevarse a cabo. Nuestro gobierno tiene en operación el Plan Centinela, el cual extrema la vigilancia en instalaciones estratégicas, tales como telecomunicaciones, transportes, puertos, hidroeléctricas e instalaciones petroleras.

Sin embargo, la vigilancia y la seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche son de suma importancia para nuestro país, ya que producen 82 por ciento del crudo, 35 por ciento de gas natural y esto representa 34 por ciento del PIB. Para que la Armada pueda hacer frente a estos actos terroristas requiere de presupuesto.

Recordemos que el presupuesto asignado a la Marina para este año sólo fue de 300 millones para gastos de inversión, de los cuales, nosotros recortamos 150 millones de pesos en el rubro de gasto de operación.

Recordemos también que corresponde a esta soberanía asignar a las Fuerzas Armadas recursos económicos suficientes para que velen por la seguridad nacional, por lo que somos corresponsables de la seguridad del Estado y como ésta se implementa para resguardar los intereses estratégicos nacionales.

Por lo anterior someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que se extremen las medidas de seguridad implementadas en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche, a fin de prevenir un ataque terrorista.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal que se asignen inmediatamente a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos, con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que se adquiera el equipo bélico necesario que considere esta Secretaría para reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para adquirir equipo bélico y de que se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marco Antonio Peyrot Solís , perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal se asignen, inmediatamente, a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que adquiera equipo bélico para reforzar las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas para prevenir un posible ataque terrorista.

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y servicio.

Por su parte el artículo 74 del referido ordenamiento legal dispone que es facultad exclusiva de esta soberanía, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Segunda. La seguridad nacional vela por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones, emprendiéndose al efecto acciones contra el terrorismo, el cual es considerado como una verdadera amenaza a la seguridad nacional.

Tercera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica exclusiva.

Por su parte los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México establecen que ésta, es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; y entre sus atribuciones se encuentran el cooperar con el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.

Antecedentes

Primero. El 11 de septiembre de 2001 los Estados Unidos de América fueron el blanco de una serie de ataques terroristas que estremecieron al mundo entero, el World Trade Center en Nueva York fue el blanco principal de esos ataques. Además fueron vulneradas las oficinas del Pentágono, consideradas hasta ese día como uno de los lugares más protegidos y seguros del mundo.

El resultado fue de consecuencias catastróficas, según información oficial el saldo fue de casi tres mil muertos.

La responsabilidad de los violentos ataques fue asumida por fundamentalistas árabes vinculados a la red terrorista Al-Qaeda y al líder terrorista Osama Bin Laden.

Segundo. El 11 de marzo de 2004 la ciudad de Madrid, capital de España, es victima del terrorismo islámico, diez bombas explotan casi al mismo tiempo en cuatro trenes del sistema de transporte suburbano que se dirigían a esa ciudad capital; los ataques suceden en la hora en que la gran cantidad de estudiantes y trabajadores utilizan ese medio de transporte para dirigirse a sus actividades, el saldo fue de 191 muertos y casi 2 mil heridos: el mundo nuevamente se vuelve a estremecer.

El acto también fue reivindicado por la red terrorista Al Qaeda.

Tercero. El jueves 7 de julio de 2005 la ciudad de Londres en Inglaterra fue la nueva victima del terrorismo. En el centro de la capital londinense fueron detonados cuatro artefactos explosivos, tres de ellos fue en las instalaciones del metro y una más a bordo de un autobús de pasajeros.

La autoría de esos ataques fue asumida a través de un comunicado dado a conocer vía Internet por un grupo denominado: Organización Al Qaeda para la Yihad en Europa.

Cuarto. El pasado 8 del actual apareció en Internet una publicación de la red terrorista Al Qaeda a través de la cual lanza una amenaza en contra de los mayores abastecedores de petróleo a Estados Unidos, entre los que se menciona a México, a Canadá y a Venezuela. El artículo cuyo título es ``Bin Laden y el arma petrolera'' fue traducido al inglés por el Instituto de Búsqueda de Entidades Terroristas, por sus siglas en inglés SITE, agrupación no lucrativa con sede en Washington.

En dicha publicación México es señalado como objetivo de posibles ataques terroristas, el blanco serían las instalaciones petroleras con el fin de detener o disminuir --a como de lugar-- las importaciones de energéticos que realiza Estados Unidos y con ello asfixiar su economía.

Cabe recordar que el año pasado el país fue el segundo abastecedor de crudo a Estados Unidos de América.

Los gobiernos de Canadá y Venezuela se han pronunciado en estado de alerta ante esa amenaza frente a la posibilidad de que la misma pudiera llevarse a cabo.

Quinto. Con motivo de los hecho terroristas que sufrieron Estados Unidos, España e Inglaterra el gobierno federal puso en operación el plan Centinela de vigilancia extrema a instalaciones estratégicas, entre las que se incluyen la infraestructura de telecomunicaciones, transportes, puertos marítimos, instalaciones hidroeléctricas e instalaciones petroleras, dicho plan es un operativo antiterrorista que se encuentra coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional en el que participan elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, así como las entidades de seguridad pública y de inteligencia, y tiene por objeto prevenir cualquier acto terrorista que pudiera desatarse dentro del territorio nacional.

Sexto. La vigilancia y seguridad de las zonas e instalaciones estratégicas ubicadas en la sonda de Campeche son de especial importancia toda vez que en ellas se produce aproximadamente el 82 por ciento del crudo del país y el 35 por ciento de gas natural, lo cual representa aproximadamente el 34 por ciento del Producto Interno Bruto; a esas tareas de vigilancia y seguridad deberá dársele aún mayor importancia a raíz de la amenaza de ser objeto de actos terroristas por parte de la red terrorista Al Qaeda.

La importancia de los recursos económicos que obtiene dicha paraestatal puede dimensionarse plenamente si tomamos en consideración que de los 2 mil 214.4 miles de millones de pesos presupuestados para el Ejercicio Fiscal del año 2007, 811.3 miles de millones de pesos provendrán de los recursos petroleros.

Corresponderá a la Armada de México hacer frente a los actos terroristas que pudieran llevarse a cabo en contra de los intereses nacionales que se encuentran en las aguas jurisdiccionales, y que de concretarse traerían indudablemente una repercusión económica y social de graves consecuencias. Para el desarrollo de esas tareas de vigilancia la Armada de México deberá emplear toda su capacidad técnica, haciendo uso de los recursos materiales y humanos con que cuenta, y en las cuales utiliza una importante cantidad de los recursos económicos que se le asignan en el Presupuesto.

Séptimo. Durante la pasada administración los recursos asignados a la Secretaría de Marina mostraron una tendencia decreciente en los rubros de gasto corriente y gasto de inversión, lo que ocasionó que en los últimos años, dicha institución observe un déficit presupuestal.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año se asignaron a la Secretaría de Marina recursos económicos por la cantidad de 10 mil 951.3 millones de pesos, sin embargo únicamente 300 millones de pesos están destinados para gastos de inversión, mismos que fueron etiquetados para la construcción de un nuevo hospital en ésta ciudad.

Es importante recordar que esta soberanía hizo un recorte del orden de los 150 millones de pesos a esa institución respecto de lo solicitado por el Ejecutivo federal, reducción que se reflejó en el rubro de gasto de operación.

Octavo. Las tareas de protección y vigilancia a instalaciones estratégicas que realiza la Armada de México requieren de la utilización de equipo y armamento de la más alta tecnología, sin embargo los mismos no han podido ser adquiridos en las cantidades necesarias debido a los recortes presupuestales que hemos mencionado, lo cual ha traído como consecuencia que esa institución armada realice esas tareas de seguridad en condiciones desfavorables.

No debemos olvidar que corresponde a ésta soberanía como facultad exclusiva la asignación de recursos económicos suficientes a las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo su misión de velar por la seguridad nacional, por lo tanto somos corresponsables de la seguridad que el Estado debe aplicar y administrar a los intereses estratégicos nacionales.

En el año 2005 la Secretaría de Marina inició un programa para la adquisición de 6 aviones tipo Sukoypara intercepción, mismos que estaban destinados a realizar labores de vigilancia en la sonda de Campeche; para dicho programa se requería de 2 mil 200 millones de pesos, sin embargo a consecuencia de la rígida disciplina presupuestaria implantada por el Ejecutivo federal no fue posible llevar a cabo dicha adquisición.

El país se encuentra en una situación vulnerable, por lo que es imprescindible asignar recursos extraordinarios a la Secretaría de Marina para que los ejerza inmediatamente en el equipamiento y adquisición de material bélico necesario para resguardar las instalaciones estratégicas que custodia en la sonda de Campeche.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal se extremen las medidas de seguridad implantadas en las instalaciones estratégicas de Pemex en la sonda de Campeche a fin de prevenir un posible ataque terrorista.

Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal se asigne inmediatamente a la Secretaría de Marina recursos económicos extraordinarios por la cantidad de 2 mil 200 millones de pesos con cargo a los recursos que se generen por excedentes petroleros, a fin de que adquiera equipo bélico para reforzar las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de la sonda de Campeche para prevenir un posible ataque terrorista.

Palacio Legislativo, a 20 de febrero de 2007.--- Diputado Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Marco Antonio Peyrot Solís . Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se considera de urgente resolución.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Pido la palabra, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputado. ¿Se van a inscribir para participar? Sí, pasa el diputado Alfonso Suárez del Real.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Después del diputado, si me inscribe.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Claro.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Nosotros hemos considerado votar en contra porque esta propuesta de punto de acuerdo está dejando de lado una situación que es sumamente importante y fundamental.

El día de ayer en esta tribuna se expresó la enorme preocupación que tenemos por la lucha en contra del narcotráfico. Y este hecho no se está resaltando en las necesidades; se está sustentando simple y llanamente en la consigna de que existe tal vez, la probabilidad de que el terrorismo ataque instalaciones estratégicas.

Nos parece preocupante que sólo se quiera sustentar la necesidad que tiene en efecto la Marina de nuestro país en este asunto, y se deje y se soslaye el otro relativo a la lucha contra el narcotráfico.

Sabemos ---y lo sabemos muy bien--- que el litoral es amplísimo y que es a través del litoral por el cual ingresan a nuestro país, para pasar hacia los Estados Unidos, importantes alijos de drogas.

Por tal motivo consideramos que si bien es cierto se requiere de los recursos, pero no podemos dedicarlos simple y exclusivamente bajo ese esquema de que nuestro país va a ser objeto de un ataque de terrorismo por parte de Al Qaeda.

Negar lo que sí tenemos de manera probada y fehaciente que es el ingreso de droga, que es el ataque a algunas de las embarcaciones, nos parece sumamente preocupante.

Es por ello por lo que la mayoría de mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática hemos votado en contra de la obvia o urgente resolución de este asunto. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen , del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señora Presidenta. Subo a esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, para pedirle al Partido de la Revolución Democráticaque reconsidere su voto, por dos razones básicamente.

La Secretaría de la Marina Armada de México tiene un déficit presupuestal de 29 mil millones de pesos. Con la técnica y con los procedimientos que tienen ellos, han podido mantener dentro de sus posibilidades no solamente la defensa de la soberanía y una lucha permanente contra el narcotráfico; además, como aquí lo dijo el diputado Marco Antonio Peyrot, han tomado con toda la seriedad que el caso reviste, el tema de las amenazas contra los puntos estratégicos de este país.

Es cierto, no combaten como quisieran toda la problemática que hay en el mar, pero quiero traer a este pleno el tema de que hace unos días el señor gobernador del estado de Baja California Sur, tuvo acuerdo con el secretario de la Armada Marina de México y ahí el señor gobernador pedía una mayor participación de la Armada. En un acto de absoluta sinceridad el señor secretario, almirante Saynez, exclamaba su preocupación porque quiere vigilar más de cerca cada centímetro del mar, no solamente para proteger la soberanía de este país, sino para dar mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El tema que trajo el diputado Marco Antonio Peyrot aquí a la tribuna, compañeras y compañeros diputados, es un tema que verdaderamente interesa a todo el país, 2 mil 200 millones de los excedentes petroleros que tenemos, la verdad no pintan, es muy poco, y la Marina requiere más recursos.

La verdad es que si tuviéramos la oportunidad de que la Armada de México tuviera un presupuesto multianual de aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos durante seis años, podríamos apenas resolver el déficit presupuestal que trae esta Secretaría, que ha honrado con mucho el trabajo que les toca hacer de acuerdo con la ley y con la Constitución.

Por eso, compañeras y compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y los que no estén de acuerdo en apoyar en este punto, llamo su atención para decirles que se trata de un tema que verdaderamente es importante para la Armada de México, y por ese motivo y porque se me ha acabado el tiempo y seguramente ustedes van a reconsiderar su voto, vengo a solicitarles que apoyemos el punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís . Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado José Manuel del Río Virgen . Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas Hernández .

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros, es muy importante señalar que cuando se discuten los asuntos del Ejército o de la Armada, de ningún modo se está atacando a las instituciones, nosotros sostenemos que las instituciones del país se fortalecen también criticando sus debilidades, transparentando su vida interna y haciendo que sobre todo las instituciones armadas rindan cuentas al poder civil, en México eso no ocurre.

La Ley de Seguridad Nacional obliga al Cisen, por ejemplo, a darle cuentas a una Comisión Especial de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión pero no al Ejército mexicano que también hace labor de inteligencia, eso como una aclaración inicial.

Enseguida para decir, compañeras y compañeros, que en las pláticas que México tiene con Canadá y Estados Unidos, se está hablando de crear lo que se llama el perímetro de seguridad de América del Norte, en donde Canadá y México se están considerando como un escudo para proteger a nuestro vecino del norte. Y México ha empezado a actuar en plena consecuencia, a cambio de nada, ayer recibimos aquí, en México, tuvimos una charla con el Comité de Seguridad Nacional del Congreso norteamericano y es evidente que ese es un tema que a ellos les interesa.

¿Pero cuál es el interés estratégico del pueblo de México?, ¿armarnos para combatir a los terroristas de Al Qaeda o permanecer como un país que no tiene enemigos? Esa ha sido la conducta de México, ser un país pacifista, sin enemigos en el mundo. No podemos asumir que los enemigos de nuestros vecinos del norte son los nuestros. No es así. Los enemigos de Estados Unidos no son nuestros enemigos; pueden serlo, pero no son.

Yo digo, compañeras y compañeros, sobre todo los de Convergencia, si vamos a actuar ---y nosotros estaríamos dispuestos--- en común acuerdo con Estados Unidos para atender los temas que a ellos les interesan como es el de la seguridad, que ellos atiendan nuestros temas: la migración y el desarrollo económico de México.

Por eso, más allá de las necesidades indudables de la Marina, del Ejército, de las universidades, del ISSSTE, del Seguro, en todo tenemos necesidades; pero, compañeros, el argumento de que hay que darle a la Armada dinero para que compre armas para combatir el terrorismo, ¿dónde están los actos terroristas en México?

Ya aprobamos una Ley Contra el Terrorismo y no hay un solo acto terrorista en nuestro país. Estamos sólo quedando bien con los de arriba a cambio de nada. El PRD no va en ese camino. Gracias, muy amables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Cruz, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Gracias, Presidenta. Solamente para informar a este pleno el procedimiento que hemos seguido en la Comisión de Marinapara estos asuntos. Me sorprende mucho que hoy se venga a subir un punto de acuerdo cuando no lo hemos consensuado y estamos en un proceso de discusión dentro de la Comisión.

Si no mal recuerdo, en el pasado mes de diciembre se planteó también que se pudiera comprar un buque por 900 millones de pesos y que además se los quitáramos a la Secretaría de Educación Pública, cosa con la cual no estuvimos de acuerdo.

Me parece que ahorita, venir a subir este punto de acuerdo cuando además subieron una iniciativa dentro de la Comisión y estamos a punto de dictaminarla y estamos en este proceso de discusión, no se vale.

Yo creo que si en la Cámara de Diputados, y en las comisiones, no existe el procedimiento que fundamente bien las estrategias que nosotros necesitamos para la seguridad de nuestro país, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas en esta tribuna.

Me parece indispensable que haya una seriedad de toda la Comisión de Marina y de la Defensa, para discutir estos asuntos y que los procedimientos sean a cargo de todos y cada uno de los diputados que conformamos estas comisiones.

Subirlo aquí simplemente me parece que es atribuirnos una función que, como si no pasa por allá, vamos a tener que regresarla a esta tribuna y creo que el pleno tiene que tener conocimiento de esto porque, si no, todo mundo va a empezar y... diputadas y diputados, a que lo que no pasa en las comisiones, a quererlo subir como puntos de acuerdo que no necesariamente hacen el ámbito parlamentario, ni siquiera la discusión que todos y todas tendríamos que estarnos involucrando. Muchas gracias, señor Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Del Río Virgen.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Presidente, solamente para señalar que el punto de acuerdo no es de la Comisión, es la potestad del diputado Marco Antonio Peyrot subirlo a la tribuna y él lo pidió de urgente u obvia resolución.

Por un lado, por otro lado a Convergencia le queda claro que los intereses de Estados Unidos son de Estados Unidos pero los de México, todos los diputados y diputadas tenemos la obligación de atenderlos y, por eso, porque sabemos que la Armada requiere dinero para la seguridad nacional y para combatir el narcotráfico, por eso apoyamos ese punto señor Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Efraín Arizmendi.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe(desde la curul): Para registrarme a intervenir en tribuna a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado.

El diputado Efraín Arizmendi Uribe:Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, considero fundamental o importante expresar y adherirnos a este punto de acuerdo que ha sometido a esta Asamblea el capitán de fragata y diputado Marco Antonio Peyrot Solís.

La Armada de México o la Marina, es una institución que a lo largo de la historia ha demostrado su lealtad al país, su lealtad a México y su patriotismo. Muchas veces ha tenido que intervenir en la precariedad de infraestructura, no para combatir el terrorismo ni siquiera para resguardar las costas, sino para vigilar las costas y a veces, emprender búsquedas de ciudadanos mexicanos que naufragan en nuestros litorales; y más aún, su contribución en el combate al narcotráfico que ha sido intenso y los resultados han sido manifiestos.

Por supuesto que no son recursos que se van a quitar a ninguna dependencia para pasar a la Secretaría de Marina. Lo que estamos pidiendo, es que de los excedentes petroleros se apliquen a esta Secretaría que tanta falta le hacen para prevenir ---no para combatir--- prevenir. Todos sabemos y todos hemos puesto de manifiesto que es mucho mejor prevenir en todas las áreas: en medicina, en cuestiones administrativas; en cuestiones de guerra también es mejor prevenir que lamentar.

Yo quisiera que ahora los que se oponen, el día que haya un acto terrorista ---porque ésos no avisan cuándo van a suceder---, el día que haya uno, van a ser los primeros que van a subir a reclamarle al gobierno el porqué no tomó las medidas preventivas necesarias para evitarlo.

Yo creo que debemos actuar con responsabilidad y con seriedad. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arizmendi. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez:Con su venia, señor Presidente. El grupo parlamentario de Nueva Alianza se suma a este punto de acuerdo, porque consideramos indispensable que se tome en perspectiva histórica el papel de las Fuerzas Armadas, no solamente en las tareas que han sido recientemente encomendadas, sino en el papel que esta institución juega; no sólo como garante de las posiciones estratégicas del país, del mar territorial, sino el rol que tiene que enfrentar en nuevos tiempos; en tiempos de apertura global, de un modelo económico exportador, en el cual queda de manifiesto que la infraestructura en materia de la Armada de México, está muy por debajo de los retos que enfrenta.

Por una parte, sin duda, la ruta y la amenaza histórica, rutas del narcotráfico, los nuevos retos internacionales derivados del terrorismo global; pero, sin duda, también las misiones de paz y desarrollo económico a las cuales tiene que sumarse esta institución.

Recordemos que toda Marina mercante potente en el mundo, la cual lleva el destino de mercancías de origen nacional y que con ello genera empleo y riqueza en nuestro país, está descubierta vía una institución sólida que pueda garantizar el libre tránsito de las rutas por las cuales transitan los navíos mexicanos.

De igual manera, todas aquellas embarcaciones de banderas extranjeras que vienen y violentan y violan las millas náuticas de territorio nacional y a las cuales no podemos hacerles frente porque no tenemos ni contamos con el equipo mínimo indispensable para una nación que está jugando un papel global, como es la nación mexicana.

Es por ello que nos sumamos de manera decidida a un incremento de, al menos, el 100 por ciento en el presupuesto que la Armada de México recibe, para enfrentar no solamente los retos globales de seguridad, sino para apoyar en el desarrollo económico nacional. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez. Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del PRD.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias; gracias, Presidente. Necesitamos precisar varias cosas. Uno, no se está enjuiciando aquí a la Armada de México. Dos, la Armada no está pidiendo nada; es un diputado el que lo está haciendo; tiene derecho, pero no es la Armada la que lo está solicitando.

Ustedes, compañeras y compañeros, los que han venido a plantear y que hay que apoyarlo, pudieron, en el Presupuesto de Egresos, a la Armada asignarle el presupuesto que deseaba. No lo hicieron.

A mi juicio podemos discutir a fondo lo que está detrás de este punto de acuerdo, que es un pensamiento equivocado, eso es lo que a mí me interesa dejar claro. Para qué quieren, nuestro compañero que me antecedió en el uso de la palabra, dice que quieren más dinero para garantizar el tráfico marítimo, etcétera. El punto de acuerdo dice exactamente que se requiere a fin de prevenir un posible ataque terrorista, primero de los puntos de acuerdo.

Cómo vamos a prevenir los ataques terroristas, no haciendo en primer lugar enemigos a quienes no lo son. Cuando hubo el ataque terrorista en Londres y en Madrid, los opositores a la guerra de Irak no se arrepintieron ni fueron a decirle a Tony Blair o a Azanar que por qué no previniste. Los pueblos de Inglaterra y de España le cobraron a sus gobiernos la parte de responsabilidad que tuvieron por haber provocado con su conducta al haberse sumado acríticamente a la cola del tren norteamericano en la guerra de Irak esos ataques.

Por eso nosotros insistimos; la prevención mejor contra los ataques terroristas es manteniendo a México en la política de no tener enemigos. México no tiene enemigos en el mundo entero, nunca los ha tenido. No hemos atacado a nadie y esperamos que nadie nos ataque.

El estar aprobando textos como éste es lo que a mi juicio puede llevarnos en el camino equivocado. Estar pensando que con no sé cuántos miles de millones de dólares vamos a armar a nuestra Armada para impedir eso, compañeros, si el ejército norteamericano no puede, nosotros no lo vamos a poder hacer. Por esas razones nosotros insistimos que incluso no es tanto ni siquiera la cantidad; son los argumentos los que nos interesa refutar.

No estamos de acuerdo en que México se prepare para combatir militarmente el terrorismo; eso está condenado a fracasar en Estados Unidos y en el mundo entero, y aquí también va a fracasar.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Sonido a la curul del diputado Pablo Leopoldo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Revisando el punto de acuerdo del compañero diputado Peyrot, creo que está mal planteado, porque el fondo del asunto, los que conocemos de esta problemática sabemos que la infraestructura de la Marina de México está en condiciones paupérrimas; se requiere inversión importante a nuestra Marina. Todo el apoyo a la Marina mexicana, pero no en ese sentido.

Creo que tiene que cambiarse el sentido del punto de acuerdo y un servidor y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en apoyarlo, pero viene una cuestión fundamental. Debe de ser el cuidado de nuestros litorales, la forma como de manera indiscriminada gente de Japón y de otras naciones nos están robando nuestros recursos marítimos y sí hace falta infraestructura y bastante.

Entonces lo que requerimos aquí sería de que se hiciera una modificación, sería la solicitud a nuestro compañero diputado Peyrot para que se cambiara el sentido del uso de esta infraestructura, y creo que estaríamos de acuerdo, yo creo que no nada más nosotros, sino la mayoría o la totalidad de los diputados en apoyar este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez. Adelante, diputado.

El diputado Octavio Martínez Vargas(desde la curul): Con su venia, diputado Presidente. El grupo parlamentario del PRD plantea que este asunto sea discutido en las comisiones respectivas.

Creo que es un tema muy sensible en el que se han argumentado elementos positivos y hay matices que habría que afinar. Le sugerimos al proponente que corrija el turno, que se traslade a la Comisión respectiva a efecto de que se haga una discusión minuciosa, profunda del tema y podamos estar conociendo puntualmente las bondades y de algunas acciones que pudieran traernos. Creo que el matiz fue un poco mal planteado. El asunto del terrorismo, la ausencia del asunto del narcotráfico son temas que nos hicieron dudar al respecto.

Solicitarle de manera fraterna al compañero diputado de Acción Nacional, que sea corregido el turno y que desahogue en la comisión respetiva para un mejor análisis del punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Octavio Martínez. Tiene la palabra el diputado Carlos Morales, del PRD.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez:Gracias, Presidente. La Secretaría de Marinacumple sin duda, entre otras tareas, una muy importante que es la vigilancia y el cuidado de nuestros recursos naturales en la Comisión de Pescaque me honro en presidir, hemos discutido en distintas ocasiones la necesidad de que se le aporten mayores recursos a la Secretaría porque apoya las tareas de vigilancia y preservación de nuestros recursos naturales.

Coincido con lo que aquí se ha dicho, de que se requieren recursos, pero no comparto el planteamiento que se está haciendo. Por lo tanto, considero muy importante que este asunto se replantee y se mande nuevamente a la Comisión para que se discuta y se haga un planteamiento con argumentos distintos y seguramente quienes hoy hemos manifestado nuestro encuentro con esta propuesta estaríamos de acuerdo en que se le apoye con más recursos por la necesidad que nosotros entendemos, hay de apoyar a la Secretaría de Marina.

Y además, porque requiere estos recursos para seguir cumpliendo con tareas tan importantes que desarrolla, pero fundamentalmente, con el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales y además sumados a las tareas de vigilancia y, como aquí se ha dicho, para prevenir hechos que pudieran suscitarse en el futuro y que dañen la imagen y la vida de nuestro país, que tanto hemos querido preservar todos. Muchísimas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Morales. Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente. En abono a lo que han expresado mis compañeros, reiterar el exhorto al diputado Peyrot de turnar su punto de acuerdo a las comisiones.

Ha quedado muy claro que el PRD tiene muy en mente qué importantes son las acciones que la Marina lleva a cabo, a través de la defensa de la soberanía, a través de la protección de nuestros recursos pesqueros y a través del combate al narcotráfico. Son tres elementos que consideramos sustantivos, positivos para que se pueda replantear el punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Sonido a la curul del diputado Peyrot.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís(desde la curul): Señor Presidente, yo creo que aquí en el pleno se ha puesto en evidencia la necesidad que tiene la Secretaría de Marinade recibir más recursos y, con base en la polémica que se ha manifestado, le solicito que deje de ser de urgente u obvia resolución y se pase a la Comisión de Marina, donde yo creo que se va a tratar y a discutir de una manera más profunda.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Sergio González.

El diputado Sergio González García(desde la curul): Ésa era mi propuesta, señor Presidente, de parte de mi bancada priísta, a que nos fuéramos a la Comisión de Marina, que preside un diputado, mi amigo Virgen, para que ahí lo discutamos, en la comisión, y luego nos vengamos aquí al pleno. Es una propuesta que hago. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Túrnese a Comisiones Unidas de Marina, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancias provenientes de comercio exterior en el mes de marzo de 2007.

Iniciativas de diputados

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(17:49 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 12 de abril, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 18 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 338 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 435 diputados.
• Verificación de quórum: 354 diputados.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 29.
• Puntos de acuerdo aprobados: 9.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 83PAN-30, PRD-17, PRI-19, PVEM-3, Convergencia-6, PT-2, Nueva Alianza-4, Alternativa-2.
• Se recibio:
• 4 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que se informa de cambios en la integración de las Comisiones de: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Desarrollo Metropolitano, Defensa Nacional, la Función Pública, y Ciencia y Tecnología;
• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud del senador Guillermo Tamborrel Suárez (PAN), para que las comisiones correspondientes emitan dictamen a 5 iniciativas;
• 1 iniciativa de senador del PRD;
• 10 iniciativas del PAN;
• 3 iniciativas del PRD;
• 8 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa del PT;
• 1 iniciativa del Convergencia

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Estado de Puebla: 242
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 126
• Arizmendi Uribe, Efraín(PAN) Secretaría de Marina: 263
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Secretaría de Marina: 265
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Puntos de revisión carreteros: 174
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Salud reproductiva: 172
• Ávila Mayo, Obdulio(PAN) Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional: 73
• Ávila Mayo, Obdulio(PAN) Piratería de software: 231
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Ley Federal de Sanidad Animal: 55
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Seguridad en estadios de fútbol: 229
• Berber Martínez, Antonio(PAN) Estado de Michoacán: 189
• Caballero Chávez, Claudia Gabriela (PAN) Anorexia y bulimia: 200
• Cárdenas Hernández, Raymundo(PRD) Secretaría de Marina: 262, 264
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Secretaría de Marina: 263
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Gas metano: 184
• De León Tello, Jesús(PAN) Artículo 105 constitucional: 84
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Estado de Veracruz: 55
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Secretaría de Marina: 261, 263
• Del Toro del Villar, Tomás (PAN) Estado de Michoacán: 192
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Informes de labores de gobernadores: 179
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Informes de labores de gobernadores y presidentes municipales: 176
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Informes de labores de presidentes municipales: 177
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 95
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 59
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público: 98
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Artículo 22 constitucional - Ley Federal de Extinción de Dominio: 152
• Esteva Salinas, Alberto(Convergencia) Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 164
• Estrada González, Faustino Javier(PVEM) Estado de Morelos: 160
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Comunicación Social en Poder Legislativo: 202
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Ley para la Protección de las Madres Solteras: 108
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Verificación de quórum: 184
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Estado de Puebla: 168
• Fuentes Téllez, Octavio (PRI) Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones: 136
• García González, Carlos Alberto(PAN) Estado de Tamaulipas: 162
• García González, Carlos Alberto(PAN) Micro, pequeñas y medianas empresas: 165
• González García, Sergio(PRI) Secretaría de Marina: 266
• González Martínez, Jorge Emilio(PVEM) Ley General de Asentamientos Humanos: 42
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Defensores de oficio: 221
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Distrito Federal: 239
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal: 196
• González Ruiz, Felipe(PAN) Artículo 21 constitucional: 89
• Grupo Parlamentario Nueva Alianza Maíz-tortilla: 256
• Guerrero Juárez, Joel(PRI) Pueblos que viven en el bosque: 186
• Guerrero Torres, José Gildardo(PAN) Protección de animales: 180
• Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando(PRI) Estado de Tabasco: 217
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Estado de Baja California Sur: 206
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Secretaría de Marina: 264
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Artículos 71 y 97 constitucionales: 143
• Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel(PAN) Tarifas eléctricas: 210
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Secretaría de Marina: 265
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Estado de Tabasco: 215
• Mejía García, Luis Alonso(PAN) Ley General de Asentamientos Humanos: 103
• Mendoza Cortés, Mario(PRI) Productores de tortilla: 170
• Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio(PRD) Estado de Michoacán: 191
• Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcóatl(PRI) Turismo arqueológico: 193
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Ley General de Desarrollo Rural Sustentable: 158
• Morales Vázquez, Carlos Orsoe(PRD) Secretaría de Marina: 265
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Ley General de Salud: 88
• Orihuela Bárcenas, José Ascención(PRI) Estado de Michoacán: 191
• Ortega Martínez, María del Pilar(PAN) Ley sobre Delitos de Imprenta: 138
• Oviedo Oviedo, Ernesto(PAN) Bibliotecas públicas: 220
• Pedrozo Castillo, Adrián(PRD) Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 223
• Peyrot Solís, Marco Antonio(PAN) Secretaría de Marina: 257, 266
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Ley Federal del Trabajo: 130
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Ley General de Educación: 45
• Rincón Vargas, Mirna Cecilia(PAN) Ley General de Mediación Familiar: 114
• Rodríguez Uresti, Enrique(PAN) Empresas de gas licuado: 199
• Romo Jiménez, Martha Angélica(PAN) Productos lácteos: 217
• Romo Jiménez, Martha Angélica(PAN) Programa Pueblos Mágicos: 235
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Estado de Michoacán: 182
• Sánchez Cabrales, Rafael Elías(PRD) Tarifas eléctricas: 213
• Sánchez Hernández, Eduardo(PRI) Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad: 237
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Piratería de software: 239
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Turismo arqueológico: 196
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Secretaría de Marina: 261, 266
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Estado de Oaxaca: 204
• Varela López, Víctor Gabriel(PRD) Ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional: 48
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 68
• Velasco Pérez, Juan Carlos(PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 80

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	PERMISO MESA DIRECTIVA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	INASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	INASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	INASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	INASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	INASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	INASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	INASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	INASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	OFICIAL COMISIÓN
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	INASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	INASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	INASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	OFICIAL COMISIÓN
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 187
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 14
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	INASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	OFICIAL COMISIÓN
23 Chávez García Higinio	INASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	PERMISO MESA DIRECTIVA
25 Contreras Julián Maricela	CÉDULA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	INASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	PERMISO MESA DIRECTIVA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	CÉDULA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	PERMISO MESA DIRECTIVA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	PERMISO MESA DIRECTIVA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 108
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 12
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	OFICIAL COMISIÓN
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	OFICIAL COMISIÓN
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
45 González García Sergio	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
56 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
57 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
58Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	INASISTENCIA
61 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	INASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
68 Murat José	CÉDULA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	INASISTENCIA
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	CÉDULA
75 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	OFICIAL COMISIÓN
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
81 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	INASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	INASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	INASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 88
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 9
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	INASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Cobo Terrazas Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	INASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	OFICIAL COMISIÓN
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	INASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arellano Arellano Joel
2 Bermúdez Viramontes Andrés
3 Bolaños Aguilar Edmundo Javier
4 García Reyes Beatriz Eugenia
5 García Vivián Raúl
6 Landero Gutiérrez Alejandro
7 Laviada Hernández Iñigo Antonio
8 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio
9 Lezama Aradillas René
10 Lujano Nicolás Christian Martín
11 Padilla Orozco Raúl Alejandro
12 Priego Tapia Gerardo
13 Ruiz Velasco de Lira Ernesto
14 Sánchez Trujillo José Víctor
Faltas por grupo: 14

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Alavez Ruiz Aleida
2 Chávez García Higinio
3 De los Santos Molina Joaquín Conrado
4 Mendoza Mendoza Irineo
Faltas por grupo: 4

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Herrera Ale Juana Leticia
2 Martínez Rocha Arturo
3 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso
4 Montalvo Gómez Pedro
5 Ordaz Jiménez Ismael
6 Orihuela Trejo José Amado
7 Quiñones Canales Lourdes
8 Rojas Gutiérrez Carlos
9 Villa Villa Isael
Faltas por grupo: 9

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Arévalo González José Antonio
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 Hernández Valadés Delio
Faltas por grupo: 1