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Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 302 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 12 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007 en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en marzo de 2007.

Posicionamiento con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de diputados

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Eduardo Cue Pérez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras para aceptar y desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos David Suárez Gómez, Salvador Suárez Moctezuma y Nora Laura Rivera Fernández para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por el que se crea una subcomisión para investigar el programa Enciclomedia.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no interferir los procesos electorales locales, y se solicita la creación de una comisión pluripartidista que observe dichos procesos, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal declare región fronteriza a la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales'', en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresas de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena incremente las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al de Nuevo León fijen su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional de carga se ajusten a la NOM-012-SCT-2-2003, que establece las condiciones para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex a enterar a las entidades federativas la totalidad de los recursos generados por el derecho adicional contemplado en el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa modifique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar el operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF informe a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación de la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país impartan como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive los microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco modifique su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse con relación a la controversia constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa hagan cumplir los reglamentos de vialidad, para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila establezca reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones de la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP asigne recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP revise y promueva con las entidades federativas los procesos de programación detallada y se asignen los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade incentiven la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementen el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP incluya la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud cumplan la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen a través de una política de Estado el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF audite los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía ajusten la tarifa eléctrica residencial en Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP revise el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista estadounidense Henry Cuellar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes se modifiquen las Reglas de Operación del programa Oportunidades para 2007, a fin de incluir como beneficiarios de las becas educativas a los estudiantes de primero y segundo años de primaria, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo se aboque al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el presidente del Congreso de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF realice una auditoría integral al ejercicio de la administración de la Conaliteg en el periodo 2001-2006, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía, a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que incluya en el PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales suscriban el pacto nacional 2007 para la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al combate de la violencia de género contra las migrantes irregulares en la frontera sur, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena y al ISSSTE informen si existe algún beneficiario de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste a que formen una comisión que impulse las políticas públicas que detonen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a que integre un grupo de trabajo que se encargue del análisis y revisión del esquema actual de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT suscriban el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite el fideicomiso número 1936, FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT y del vocal ejecutivo del IPAB para que informen respecto de las causas y consecuencias del conflicto colectivo de Mexicana de Aviación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS realice los trámites necesarios para la construcción de la unidad de medicina familiar 10 en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE intervenga para la reapertura del puente internacional Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco integre una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México informe sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP realice una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que cruza el río Lerma a que establezcan un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes a que informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP a que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua ubicados a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausurar los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia a hacer frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a que aplique una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a solicitar a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Fútbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de Escuelas Normales, y reincorpore las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en sus programas alimenticios a partir de un padrón de productores nacionales definido por el DIF nacional, suscrita por los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia que vive el estado de Tabasco por la delincuencia organizada y el narcotráfico, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a vigilar, a través de su delegación en Sinaloa, que se cumpla la normatividad relativa a la contratación de menores de edad y de los trabajadores jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SSP y de la SCT a intervenir para detener los hechos de extorsión en las terminales de autobuses del país, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993 los trabajadores agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a revisar el pacto, suscrito por esa comisión, relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a revisar y modificar las reglas para otorgar el título de concesión para administrar la devolución del IVA que ha sido trasladado a los extranjeros con calidad de turistas, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros nacionales a donar pólizas contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar, a través de la Sedena, una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la República, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores federales y a los organismos involucrados en la organización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, para que el mecanismo de votación para la elección de los legisladores infantiles se realice con la mayor legalidad, suscrita por los diputados Marcela Cuen Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de las secretarías de Salud y de Economía, las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las llamadas ``bebidas energizantes'', a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al gobierno federal recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 para el saneamiento del río y cuencas de Zahuapan, Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del Presidente de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a solicitar al gobierno del estado de Veracruz su anuencia u opinión sobre los permisos para la celebración de carreras de caballos, peleas de gallos o algún otro juego o sorteo en dicha entidad, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a poner en práctica, a través de las dependencias competentes, acciones que conduzcan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir el dictamen final de la NOM sobre el uso de betaagonistas no autorizados en los animales, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos económicos decomisados por las autoridades sean destinados al fortalecimiento de las políticas y los programas contra las adicciones, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y del estado de Chiapas a establecer en forma permanente el programa de atención para erradicar la enfermedad del tracoma en las comunidades indígenas de la entidad, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a intensificar las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a implantar acciones en materia de seguridad pública en el estado Veracruz, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que declare alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SE que libere los recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad destinados a proyectos productivos de la leche en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a promover, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Profeco que den un informe de los programas y acciones dirigidos a verificar la calidad del agua embotellada, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Jalisco a informar sobre los avances y el estado actual de la averiguación previa número 15058/2006, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de un programa de radio en el estado de Aguascalientes, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la comisionada del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos e incentivos para los adeudos de la población en situación de pobreza para la regularización de terrenos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa informe sobre el Programa de Subsidios de Aserca para la próxima cosecha en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos de seguridad social para los pescadores de alta mar, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar, a través de la Sectur, la incorporación del municipio de Boca del Río, Veracruz, al programa del Fonatur, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a garantizar las condiciones de seguridad para los comerciantes que se ubican en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín Texmelucan, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo que atienda el problema de contaminación ambiental de la región Tula-Tepeji-Huichapan, Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a un proceso de debate, desarrollo metodológico e innovación para una reforma integral del sistema nacional de salud y de la normatividad en la materia, a cargo del diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de seudoefedrina, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar y promover en el próximo periodo de sesiones de la ONU una convención amplia e integral en materia de derechos de las personas adultas mayores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF a incorporar la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar las acciones necesarias para que en las exposiciones, seminarios, conferencias, ferias u otros actos que promueva considere por lo menos el cinco por ciento de los espacios disponibles para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno municipal de Acapulco a implantar un programa integral de rescate y saneamiento de la cuenca del río de la Sabana y de la laguna de Tres Palos en la entidad, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una investigación relativa a la situación que afecta a las alumnas del instituto La Villa de las Niñas, en el municipio de Chalco, estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a destinar recursos suficientes para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar la ilicitud de los anuncios clasificados en los periódicos donde se ofrecen el servicio de masajes y otros anuncios que promueven los estereotipos sexistas discriminatorios para la mujer y la prostitución invisible, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Centro SCT-Jalisco a implantar las acciones necesarias para evitar accidentes en la carretera Guadalajara-Ameca, suscrita por los diputados Gustavo Macías Zambrano , Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría al IMSS, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la Semarnat a programar y coordinar la inversión de recursos para el proyecto integral de saneamiento ambiental en la zona del depósito de residuos industriales que ocupaba la empresa Cromatos de México, en Tultitlán, estado de México, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a turne a otra comisión legislativa la elaboración de los dictámenes de la Cuenta Pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a implantar acciones en contra del calentamiento global, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades sanitarias federales y estatales que investiguen el caso de las niñas enfermas en el internado La Villa de las Niñas, en Chalco, estado de México, y se forme un grupo de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones, a cargo del diputado Jaime Espejel Lazcano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para apoyar las zonas marginadas con actividad agropecuaria, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a dotar de insumos y equipo al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a fortalecer de manera institucional y presupuestal la Coordinación General de Educación Bilingüe Intercultural, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gazca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

A las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la violencia y los feminicidios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de abril de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta y un minutos del miércoles once de abril de dos mil siete, con la asistencia de trescientos treinta y ocho diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se reciben cuatro oficios de la Junta de Coordinación Política con los que se informa de cambios en la integración de las comisiones de: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Desarrollo Metropolitano, Defensa Nacional, la Función Pública y Ciencia y Tecnología. De enterado.

La Cámara de Senadores remite:

Iniciativa que adiciona una fracción vigésimo novena-A al artículo setenta y tres, y una fracción octava, al artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Olivares Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Solicitud del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, para que las Comisiones correspondientes emitan dictamen a las siguientes iniciativas que reforman:

1. Diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar.

2. La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

3. Y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4. Y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

5. Y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, de Asuntos Indígenas, de Gobernación, de Desarrollo Social y de Puntos Constitucionales, respectivamente.

Se recibe del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Jorge Quintero Bello , a nombre propio y del diputado José de Jesús Solano Muñoz , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Víctor Gabriel Varela López , del Partido de la Revolución Democrática, de ley por la que se establece el salario estudiantil para las personas que cursan educación media superior y superior en las escuelas públicas del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Salvador Barajas del Toro , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sesenta y dos y sesenta y tres de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Justicia.

Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Joaquín Humberto Vela González , del Partido del Trabajo, que reforma el Capítulo Primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las doce horas con veinticinco minutos se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados.

Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda, del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia.

Juan Carlos Velasco Pérez , del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y del diputado Érick López Barriga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y dos y ciento diez de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

Jesús de León Tello , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gilberto Ojeda Camacho , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Felipe González Ruíz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo cuatro-A a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Luis Alonso Mejía García , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiuno de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, de Ley para la Protección de las Madres Solteras. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Partido Acción Nacional, de Ley General de Mediación Familiar.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Justicia, con opinión de las comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, la segunda a petición de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática.

Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Quintero Bello , a nombre propio y del diputado Francisco Javier Plascencia Alonso , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Octavio Fuentes Téllez, a nombre propio y del diputado César Horacio Duarte Jáquez , ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Se turna a la Comisión de Economía.

María del Pilar Ortega Martínez , del Partido Acción Nacional, que deroga los artículos uno y treinta y uno de la Ley Sobre Delitos de Imprenta. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo noventa y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma el artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Extinción de Dominio. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Pedro Montalvo Gómez , del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de integrantes de la Comisión Especial de Citricultura, que reforma el artículo ciento setenta y nueve de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Faustino Javier Estrada González , del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos, a que adopten medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Carlos Alberto García González , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que realice un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, por el que se crea una Comisión Especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Carlos Alberto García González , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que incremente los esfuerzos realizados en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Se turna a la Comisión de Economía.

Francisco Antonio Fraile García , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil seis en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Mario Mendoza Cortés , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que condone el pago del Impuesto al Valor Agregado en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Marina Arvizu Rivas , de Alternativa, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación. Se turna a la Comisión de Salud.

Marina Arvizu Rivas , de Alternativa, por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Congresos locales para que legislen respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los presidentes municipales, para que modifiquen el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito, se limiten a su impresión, digitalización y entrega a los miembros del auntamiento. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados, a que modifiquen el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito, se limiten a su impresión, digitalización y entrega a la legislatura local. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Gildardo Guerrero Torres , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud, para que de manera conjunta realicen acciones para instituir la semana nacional de la cultura de la protección de los animales. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del gobierno del estado de Michoacán atiendan la recomendación cero treinta y siete/dos mil seis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a los sucesos ocurridos en la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma forma la aprueba. Comuníquese.

La diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la verificación de quórum y la Presidencia instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia para tal efecto.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo, los diputados:

Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a que retomen los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba. Comuníquese.

Joel Guerrero Juárez , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal, informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa del registro de trescientos cincuenta y seis diputadas y diputados confirmándose la existencia de quórum.

Antonio Berber Martínez , del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado Víctor Samuel Palma César , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida a las trescientas hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán. En votación económica por mayoría calificada, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución. Interviene en pro el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Desde su curul, el diputado Tomás del Toro del Villar , del Partido Acción Nacional, hace comentarios. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , a nombre propio y del diputado Emilio Gamboa Patrón , ambos del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística. Se turna a la Comisión de Turismo, con opinión de la Comisión de Cultura, ésta última a petición del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, quien además expresa su adhesión a los resolutivos primero y segundo de este asunto.

María Gabriela González Martínez , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que implante los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del.

Enrique Rodríguez Uresti , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan con la normatividad en materia de seguridad e higiene. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma forma la aprueba. Comuníquese.

Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, a que apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma forma la aprueba. Comuníquese.

Carlos Eduardo Felton González , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las áreas de comunicación social de las cámaras de Diputados y de Senadores, para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran. Se turna a la Mesa Directiva.

Jorge Toledo Luis , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y al Instituto Nacional de Pesca, a que diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec. Se turna a la Comisión de Pesca.

Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica. Desde su curul, el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión de este asunto. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que practique una revisión exhaustiva a las transferencias presupuéstales asignadas al estado de Tabasco. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución e interviene en pro el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica, la asamblea la aprueba. Comuníquese.

Martha Angélica Romo Jiménez , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma forma la aprueba. Comuníquese.

Ernesto Oviedo Oviedo , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los diputados de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

María Gabriela González Martínez , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal, que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad. Se turna a la Comisión del.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Adrián Pedrozo Castillo , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión de Investigación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Armando Barreiro Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales, realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de fútbol. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Juventud y Deporte.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en el país. Se turna a la Comisión de Economía. Desde su curul, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a este asunto.

Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo, se considere a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del Programa Pueblos Mágicos. Se turna a la Comisión de Turismo.

Eduardo Sánchez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad. En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba. Comuníquese.

María Gabriela González Martínez , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión del.

Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Suscriben proposiciones con punto de acuerdos:

El diputado José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que rehabiliten la carretera Poza Rica-- María y la Torre y se construya el puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz. Se turna a la Comisión de Transportes.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el que se exhorta a la secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal de Competencia, a que tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Economía y de Agricultura y Ganadería.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios, para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Intervienen los diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, en pro; Raymundo Cárdenas Hernández y Claudia Lilia Cruz Santiago , ambos del Partido de la Revolución Democrática, en contra;

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Efraín Arizmendi Uribe , del Partido Acción Nacional, en pro y Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza, en pro. Rectifican hechos los diputados: Cárdenas Hernández, Octavio Martínez Vargas , Carlos Orsoe Morales Vázquez , todos del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad y desde sus respectivas curules, los diputados Del Río Virgen, Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo y Suárez del Real realizan comentarios. A petición del promovente la proposición se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves doce de abril de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobada el acta.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : « Servicio de Administración Tributaria.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de marzo de 2007, únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente, a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos y aquella ubicada en los supuestos establecidos en el artículo referido, bienes que, no siendo transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las autoridades aduaneras del SAT reportaron que en el mes citado dieron destino de los cuales se anexa relación para su referencia.

Atentamente

Ingeniero Juan José Bravo Moisés (rúbrica), administrador general de Aduanas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Economía.

EMILIANO ZAPATA SALAZAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con la venia de la Mesa Directiva. Buenos días, diputadas, diputados, creo que es el día que va a tocar menos quórum para charlar con ustedes, pero vamos a intentarlo.

Hace 88 años murió asesinado uno de los hombres más emblemáticos de la lucha por el campesinado de nuestro país, Emiliano Zapata.

Emiliano Zapata asumió un compromiso personal y de vida con el campo. En la actualidad ni sociedad ni gobierno dedican el menor empeño en su apoyo y rescate. Craso error, sin el campo, no hay futuro para nadie y la mala noticia para todos es que ese sector está en agonía.

En Alternativa sabemos que el campo necesita más inversión pública y privada, así como mucha más innovación tecnológica, introducción de nuevas actividades, integración y reconversión de cadenas productivas y de regiones; pero también hace falta innovación en los enfoques, en las actitudes, en la cultura, en la manera de usar los recursos; especialmente los subsidios que ahora se destinan al medio rural. Si el dinero se sigue usando principalmente para desactivar conflictos y no para algo más sustantivo, no vamos a resolver nada en el campo. Para que la sociedad rural tenga un futuro promisorio, las y los jóvenes campesinos tienen que permanecer ahí en el campo para desarrollarlo; para eso necesitan nuevos estímulos, sobre todo que la educación que reciben y la tierra tengan algún sentido: económico, social, existencial, para sus vidas.

Ahora ni tierra ni educación tienen el importante significado que en otro contexto tenían. No es asunto sólo de echarle ganas y más dinero. Hay que cambiar el modelo y la política económica para el campo mexicano. El sector rural es escenario de cambios que van aparejados a transformaciones nacionales en la economía, en la cultura y en la institucionalidad.

La Revolución Mexicana y la incansable lucha de Emiliano Zapata lograron la repartición de la tierra y regresar a las manos del campesino la propiedad agraria pero las décadas que le siguieron no han logrado asegurar ni producción ni equidad ni justicia para los campesinos en sus tierras.

Lo que antaño fue un baluarte de la economía y el desarrollo de México, algodón, henequén, tabaco, café, maíz, caña, etcétera, ahora se revierte como rezago y debilidad; y a pesar de que no se debe cejar en la demanda de mayores recursos para el campo, lo principal será emprender los cambios con los cuales producimos. ¿Cómo se produce?, ¿cuánto se produce?, y ¿para quién se produce?

``Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres'' escribió Zapata en una de sus cartas. En Alternativa, nuestra acción política está guiada por un principio definitorio: la justicia; no como una dádiva ni como graciosa concesión, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos.

Para nosotras y nosotros la libertad es un valor principal, pero no es un valor absoluto; es un logro de nuestra integración social. Partimos del anhelo de la libertad. Para llegar a ella necesitamos de un proceso de liberación frente a la desesperanza, frente a la frustración y frente a la discriminación.

Ser libre es conquistar nuestra autonomía como otro valor que defendemos a través de la construcción de un piso básico de entendimiento común, de una visión de futuro, de igualdad de oportunidades; de un vigoroso pluralismo y de comunidades y familias en su amplia diversidad.

El Estado laico garantiza la libertad de conciencia y la vigencia revolucionaria de Emiliano Zapata nos obliga ahora a defender por convicción, y desde nuestra conciencia, la libertad de culto y la laicidad del Estado.

En la frase ``Tierra y libertad'' se suman dos de los postulados que seguiremos defendiendo, porque no hay futuro sin campo y no hay justicia sin garantía de la libertad. Zapata exigió y luchó por la libertad de los campesinos. Nosotras y nosotros luchamos ahora por la libertad de conciencia, la laicidad del Estado y la libertad de decidir. A las mujeres nos va la vida en ello. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elsa Conde. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Elías Cárdenas Márquez:Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, hoy conmemoramos el 88 aniversario del artero asesinato de uno de nuestros grandes revolucionarios: Emiliano Zapata. Zapata constituye para la Revolución Mexicana la esencia de su concepción agrarista, uno de los móviles sociales que dieron sustento a dicho movimiento armado.

Al firmarse el Plan de Ayala se destacaba el combate a favor de los campesinos pobres sin tierra, la demanda de que se les restituyeran sus tierras a los pueblos indios y que se dotara de ejido a las poblaciones rurales que no las tuvieran. Esas demandas fueron la base del agrarismo mexicano; es decir, la raíz y la esencia del zapatismo.

Para el grupo parlamentario de Convergencia es parte esencial de nuestra memoria histórica e identidad nacional mantener la vigencia de la obra de nuestros luchadores sociales, como el caso de Emiliano Zapata, porque su trayectoria e ideales constituyen uno de los pilares de la fortaleza moral de esta nación.

Las ideas de Zapata siguen vigentes en el siglo XXI, no sólo por la situación de rezago social que permanece en el campo mexicano, cuyos trabajadores han sido reducidos como ente secundario de la producción económica sino porque es en las zonas rurales donde se manifiesta mayormente la desigualdad que nos agobia.

No debiéramos olvidar en ningún momento que es entre nuestros campesinos pobres y marginados junto a los pueblos indios, donde queda todavía el flagelo del analfabetismo, situación de rezago intelectual que fomenta y favorece todo tipo de explotación y degradación social.

Convergencia considera que la mejor manera de rendir homenaje histórico a nuestros luchadores sociales que han forjado a la patria consiste en mantener la búsqueda de solución a los problemas que en su momento le dieron vigencia.

Hoy, a casi un siglo de su desaparición física, esos anhelos e ideales zapatistas auténticos son actuales. Por tanto, tenemos el deber de encontrar respuesta concreta de justicia social a esos rezagos que dieron motivo a aquel levantamiento justificado.

No es sólo una expresión meramente simbólica reconocer que Emiliano Zapata cabalga y seguirá cabalgando en todos los parajes agrarios del suelo mexicano en tanto no se solucionen también los problemas que hunden el campo al abandono social de todas las explotaciones en pleno siglo XXI.

Un tema verdaderamente preocupante es el campo mexicano. Se requiere hacer inversiones productivas en el sector agrario. El país aún necesita subsidiar su agricultura con responsabilidad y con transparencia en el ejercicio de sus recursos.

Por el otro lado el analfabetismo absoluto de los núcleos étnicos, los indígenas y los campesinos marginados, éstos que son los de hasta ahora, de mero abajo; además de la terrible desigualdad de las mujeres campesinas quienes sin excepción no disfrutan de ninguna equidad de género.

Por ello, la divisa ``Tierra y libertad'' se seguirá escuchando en todos los confines de la patria. Rindamos hoy el mejor homenaje a este gran luchador mexicano y quisiera recordarles la frase de esperanza que existe entre todos los campesinos mexicanos y que es, el que el jefe Zapata no ha muerto; el jefe Zapata volverá algún día. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Elías Cárdenas.

Esta Mesa Directiva ha autorizado a personal de la Cruz Roja Mexicana que estuvieron hoy recibiendo el apoyo de los grupos parlamentarios, para que puedan entrar aquí al salón de sesiones a hacer una colecta voluntaria con los señores diputados presentes.

Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias , del grupo parlamentario de Nueva Alianza. No estando presente, tiene la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Alan Notholt Guerrero:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El pasado 10 de abril se conmemoró el aniversario luctuoso de quien fuera el caudillo de la revolución agraria, el general Emiliano Zapata, icono de nuestra historia como líder agrario.

Su figura se mitificó como defensor de campesinos en la lucha por la tierra. Fue uno de los padres fundadores del agrarismo mexicano. Su imagen ha sobrevivido entre los campesinos de Morelos y otras partes del país, haciéndose presente en discursos oficiales, organizaciones políticas y estudiantiles, en las calles, municipios y un sinfín de situaciones relacionadas con nuestra nación.

De igual manera, se propuso a este honorable Congreso se le nombrara benemérito de la patria y que el 10 de abril fuera declarado día de duelo nacional. Asimismo, que su nombre se inscribiera con letras de oro en esta Cámara de Diputados.

Pero su legado no ha podido trascender con eficacia; el problema de la tenencia de la tierra sigue vigente el día de hoy al evidenciarse la ineficacia de las políticas públicas en materia agraria y al reflejar un reparto inicuo de las tierras, que en ocasiones ha frenado el desarrollo económico y social de diferentes pueblos y comunidades de México como nación.

Aún sigue sin reconocerse el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras. Existe incertidumbre incluso para aquellas personas que cuentan ya con un reparto agrario. Las resoluciones en los conflictos agrarios, como son las averiguaciones previas por casos de invasión, despojo, rezago en el reparto agrario y otorgamiento de un predio a diferentes ejidos, siguen dejando mucho qué desear.

Existen aún miles de predios que se entregaron por resoluciones presidenciales hace décadas, que todavía siguen sin títulos de propiedad. La solución a estos problemas por parte de las autoridades ha sido muy escasa. Hoy en día, los problemas interétnicos o comunitarios se dan por falta de cuidado en el reparto de las tierras y estos conflictos se van convirtiendo en disputas violentas que llevan consigo, por consecuencia, la represión.

Como consecuencia, se han presentado problemas como los desplazamientos internos de diferentes pueblos y comunidades indígenas, generándose problemas de corte ambiental, económico o social.

Hoy rendimos un homenaje al general Zapata como un gran hombre del campo mexicano que luchó por la reforma agraria. A 88 años de su muerte existen muchos problemas sobre la dilación de la justicia sobre el derecho de la tierra.

Hoy exigimos el acceso equitativo de la tierra como condición indispensable para el progreso, lo que brindará certeza jurídica y supondrá un desarrollo en términos sustentables.

Nuestro gobierno debe honrar los ideales de Zapata respondiendo con eficacia y prontitud, ya que la conservación de la tierra, su reparto y tenencia, así como la protección de los recursos de la misma son indispensables para la nación mexicana que Emiliano Zapata vislumbró y dejó como legado en el artículo 27 de nuestra Constitución. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Notholt Guerrero. Tiene la palabra el diputado Isael Villa Villa, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Isael Villa Villa:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, concurro a esta alta tribuna de la nación para hablar en torno a una fecha solemne relacionada con la muerte del general Emiliano Zapara Salazar, destacado líder revolucionario y reformador agrarista mexicano que participó en el movimiento fundador del Estado moderno mexicano; mismo que tuvo la sabiduría histórica de unir los principios liberales con las conquistas sociales de nuestro pueblo.

Con la lucha de Zapata, de Villa, de Orozco, de Ángeles, de Madero, entre otros ilustres combatientes, fue posible que la Revolución Mexicana se llamara la primera revolución social del siglo XX en todo el mundo.

El general Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, estado de Morelos, en el seno de una familia pequeña de propietarios rurales, pero ante su pobreza la familia Zapata diversificó sus actividades encaminándolas a la pequeña ganadería.

Zapata siguió la educación primaria en la escuela de su pueblo. A los 16 años perdió a su madre y 11 meses más tarde, perdió a su padre. El patrimonio que heredó fue reducido pero suficiente para no tener que emplearse como peón en alguna de las ricas haciendas que rodeaban Anenecuilco.

Desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajan la tierra. En 1902 ayudó a las personas del pueblo de Yautepec, Morelos, que tenían problemas con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a la Ciudad de México para exigir que se les hiciera justicia.

En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos, las tierras del pueblo. Como represalia, en 1908 se vio forzado a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca, en el esquema de una forma de castigo, a la que se le conocía como leva, practicada durante el Porfirismo.

Su férrea defensa de los campesinos le llevó en septiembre de 1909, a ser electo presidente de la Junta de Defensas de las Tierras en Anenecuilco. Reunió un ejército de peones, la mayoría de ellos indígenas de Morelos y con ``Tierra y libertad'' como grito de guerra pasó a formar parte en 1910 de la Revolución Mexicana de Francisco Indalecio Madero, que pretendía acabar con el régimen de Porfirio Díaz.

Zapata comenzó su guerrilla en marzo de 1911, tomó Jojutla, Chinameca y sitió Cuautla, que estaba defendida por los porfiristas y más tarde tomó Cuernavaca. Al triunfo de los maderistas, Zapata se negó a deponer las armas, ya que todavía no se habían devuelto las tierras a los indígenas.

Mientras tanto, los hacendados comenzaron hacer una campaña en contra de Zapata, tratándolo como un bandido. Frente a la adversidad y con la asesoría de ilustres intelectuales, como Antonio Díaz Soto y Gama y Luis Cabrera, formuló su propio programa de reforma agraria, conocido con el nombre de Plan de Ayala; mediante el cual propuso redistribuir la tierra a los campesinos, junto con Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró a la Ciudad de México, en 1914.

Un año después se trasladó a Morelos donde prosiguió la defensa de sus posesiones. Durante ese tiempo, creó las primeras Comisiones Agrarias, estableció el crédito agrícola; además de inaugurar la Caja Rural de Préstamos en Morelos.

La extinción del principio de justicia agraria entre toda la población rindió sus frutos y logró que en octubre de 1915, el gobierno de la Convención promulgará la Ley Agraria. El 10 de abril de 1919 fue asesinado en una emboscada organizada por el coronel Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca. La acción causó una enérgica condena de la opinión pública y de gran parte de los propios sectores constitucionalistas y es recordado como uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de nuestra patria.

Zapata es el autor de la famosa frase ``es mejor morir de pie, que vivir de rodillas'', muy comúnmente atribuida en forma errónea a otros actores revolucionarios, incluyendo al Che Guevara, a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, quién ciertamente la puntualizó en sus discursos durante la Guerra Civil, e incluso la esquiló.

Emiliano Zapata trazó su huella histórica sumándose al movimiento revolucionario y al constitucionalista, para superar los más de 30 años del general Díaz que se mantuvo en el poder, en donde los ciudadanos no pudieron elegir gobernante y un pequeño grupo de personas acaparó el poder.

En este periodo la desigualdad social se hizo evidente; el rico era más rico viviendo en palacetes al estilo europeo; los pobres eran más pobres intentando al menos sobrevivir en pequeños jacales.

La Revolución Mexicana fue sin duda el primer gran movimiento del siglo XX que logró transformar radicalmente las estructuras económicas, políticas y sociales del país. Sin su análisis no puede entenderse el proceso de modernización seguido por el país ni las características que adoptó su desarrollo a lo largo de esta centuria.

Por las fuerzas motrices que la hicieron posible, campesinos, indígenas y obreros, la Revolución tuvo un carácter eminentemente popular; encarnó asimismo importantes demandas políticas y sociales surgidas de la opresión, la injusticia y la desigualdad acumulada por varias décadas.

Por los objetivos que se trazó, la Revolución fue un movimiento primordialmente democrático ya que luchó por las libertades, derechos sistemáticos conculcados, libertades de expresión, de manifestación y de creencias, el sufragio efectivo, el derecho a huelga, la educación gratuita, el derecho a la tierra, entre otros.

Zapata es un ejemplo de reciedumbre, de tesón y de compromiso por las causas de su pueblo. Constituye una vigorosa fuente de estímulo para los patriotas que aspiran a construir una nación capaz de disminuir sus dolorosas desigualdades sociales.

Zapata será vigente mientras nuestros pueblos no logren superar la condición de marginalidad y pobreza que aquejan a más de las dos terceras partes de la población, aunque en este recinto haya venido a decir el gobierno que en esa condición sólo se encuentra 47 por ciento.

Para las clases populares, en muchos pueblos, rancherías y comunidades se sigue escuchando la sentencia ``Zapata vive''.

Por ello traigo a la memoria también la inscripción de la estatua ilustre ubicada en la entrada de la ciudad de Toluca que dice que ``Zapata tiene el caballo ensillado y enfundadas las botas para montar''. Es decir, mientras que la justicia no sea una realidad generalizada entre los hombres y las mujeres del campo, los ideales de este prócer seguirán vigentes.

Por ello es trivial rememorar la figura del Caudillo del Sur, más allá de la elegía personal. Zapata encarna la lucha histórica de México para edificar una nación cada vez más democrática, más independiente y más justa. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Villa. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El 10 de abril de 1919víctima de una traición artera orquestada por Venustiano Carranza y el coronel Jesús Guajardo fue asesinado el general Emiliano Zapata, el grupo parlamentario del Partido del Trabajoacude a esta tribuna a rendir homenaje al insigne prócer, cuyo pensamiento sigue vigente.

Mientras en este país haya campesinos sin tierra, mientras que haya ricos que abusan del pobre y gobernantes que lucran con la ignorancia del pueblo, el pensamiento y el legado de Zapata continúan vivos.

Zapata y el glorioso Ejército Libertador del Sur, fueron factores importantes en la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, al iniciar el gobierno de Madero y al negarse éste a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3o. del Plan de San Luis que establecía regresar la tierra a los campesinos que habían sido despojados de ella, el general Zapata se opone a la tibieza de Madero y expide el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala.

Este Plan constituyó un poderoso documento que condensaba los anhelos y esperanzas de los campesinos sin tierra, paradójicamente, mientras Zapata luchó porque los hombres del campo fueran los dueños de la tierra que trabajaban, hoy, en el estado de Morelos donde nació y vivió Zapata así como en casi todo el país, los campesinos viven en la pobreza.

Por desgracia hoy el campo mexicano se encuentra sumergido en el abandono y sus habitantes ahogados en la miseria; ese campo por el que tanto luchó Zapata ha sido destruido por las políticas claudicantes de los gobiernos neoliberales y por el Tratado de Libre Comercio.

Estas condiciones de miseria del medio rural fueron la base para que un grupo de mexicanos levantara la voz de los indígenas en 1994, tomando la bandera y los ideales del general Emiliano Zapata. Desde una de las regiones más pobres de la patria surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como instrumento de los marginados para reivindicar sus derechos sobre la propiedad de la tierra y darse formas autogestivas de gobierno; sin embargo, es justo mencionar que muchas organizaciones campesinas y sociales llevan el nombre del general Zapata así como la máxima de ``Tierra y Libertad''.

Desde esta tribuna queremos decir que la mejor manera de honrar la memoria de Emiliano Zapata, es mantener un compromiso claro y firme con los ideales y postulados contenidos en el Plan de Ayala.

Para las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo la mejor manera de recordar el aniversario luctuoso del general Zapata no es con discursos elocuentes, sino con un compromiso permanente de lucha a favor de los desposeídos para que salgan de la postración en la que los han sumido los recientes gobiernos neoliberales.

Asumir los ideales que persiguió Zapata representa un verdadero compromiso con la lucha social, porque mientras subsistan condiciones de explotación, pobreza, marginación y hambre en nuestro pueblo su ideario y ejemplo serán siempre un referente obligado para todos los que estamos a favor de la justicia y de la igualdad social.

Hoy el descontento hacia los gobiernos neoliberales y en particular contra éste, que es resultado del mayor fraude electoral que se haya cometido en la historia de este país, estamos en plena etapa de descomposición de las instituciones, por ello el grupo parlamentario del PT suscribe plenamente los resolutivos de la Primera y Segunda Convención Nacional Democrática para reformar los instituciones y que el poder público sirva a la gente.

En el grupo parlamentario del PT estamos convencidos que la sociedad mexicana está desplegando un movimiento social de resistencia que nadie podrá parar. En este proceso, el pensamiento de Zapata junto al de Morelos y Juárez es piedra angular del nuevo rumbo de la nación, que deberá tomar para devolver al pueblo el derecho a decidir sobre su propio destino.

Compañeras y compañeros legisladores, al conmemorar el 88 aniversario luctuoso de Zapata levantamos la voz para decir: desde todos los rincones de la patria se escucha ``Zapata vive, ¡vive!''; ``la lucha sigue, ¡sigue!''. ¡Viva Zapata! Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ricardo Cantú.

Esta Presidencia saluda a los ciudadanos pertenecientes al Consejo de Participación Ciudadana de Tlalnepantla, Estado de México, aquí presentes.

Tiene la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López , del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López:Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna en nombre de los legisladores de mi partido, el PRD, a rendir el más sentido homenaje al agrarista puro y valiente que supo abonar con las ideas y la sangre en la persecución del gran anhelo campesino de finales del siglo XIX, el anhelo de que nuestro campo, junto con el ancestral maíz, también creciera y floreciera la justicia.

A 88 años de la muerte de Zapata tenemos que reconocer con gran pesar ---y también con vergüenza--- que la justicia no ha florecido en el campo mexicano y que a los campesinos de hoy, como a los peones acasillados de ayer, el Estado mexicano los ha olvidado. La pobreza, la desigualdad social, la marginación, la arbitrariedad y el malestar se acumulan peligrosamente en los campos agrícolas y en las comunidades rurales de nuestro país.

Lo vemos así porque dentro de la situación de crisis en que se debate el país, es precisamente ahí en el campo en donde las condiciones de pobreza y abandono alcanzan sus dimensiones más dramáticas. Baste decir que en el medio rural se concentran 46 por ciento de los pobres del país y más de 60 por ciento de todos los que se clasifican en pobreza extrema.

En el mundo rural mexicano la gran mayoría de sus pobladores ha vivido un largo periodo de deterioro económico, que como resultante de problemas estructurales y políticas anticampesinas se inició desde finales de los años sesenta, empeoró con la puesta en práctica de las primeras políticas neoliberales de los ochenta, periodo en el que por primera vez el crecimiento de la agricultura fue menor que el de la población y sí se agravó aún más con la apertura comercial al exterior en los noventa.

En el campo el deterioro social alcanza su expresión más dramática en el abandono masivo por parte de los jóvenes; de un entorno del que la esperanza alzó el vuelo hace mucho tiempo. Para el Partido de la Revolución Democrática, la mejor manera de conmemorar a Zapata y su lucha justiciera es haciendo patente desde esta alta tribuna nuestra convicción de que el rescate de los mexicanos que viven en el campo es una de las primeras prioridades y refrendando nuestra más amplia solidaridad y simpatía por los reclamos campesinos que a falta de canales para el diálogo y el entendimiento con el gobierno, se han expresado en las calles de esta ciudad durante las últimas semanas.

Consideramos que la búsqueda de alternativas para la grave situación del medio rural debe constituir sin duda una de las mayores urgencias de la agenda nacional. El rescate de los 25 millones de mexicanos que viven en el campo no admite demoras; la tarea no puede postergarse y debemos emprenderla ya con valor y con patriotismo.

Nosotros sostenemos ---y la realidad que vivimos así lo demuestra con mayor claridad cada día--- que el abandono a la situación del campo al libre juego de las fuerzas del mercado no puede conducir al desarrollo con justicia, por lo que se hace indispensable y urgente que el Estado retome su papel en la promoción del desarrollo rural y la reactivación del sector agropecuario.

Rechazamos la visión del desarrollo rural exfoliador, que agota y destruye los recursos naturales y conduce a la profundización de las desigualdades sociales. Por ello, sólo promoveremos y apoyaremos las leyes políticas, programas y acciones que se ubiquen en la perspectiva del desarrollo rural sustentable, con la mayor equidad posible en la distribución de los beneficios sociales, frente a las visiones que propone el Ejecutivo federal, donde se pretende conceptuar a los habitantes del medio rural como meros receptores de los apoyos asistenciales del gobierno.

En el PRD sostenemos que el grueso de los recursos públicos debieran destinarse con el propósito de la promoción de actividades productivas. Nosotros no vemos al campo y a los campesinos como objetos de la caridad pública; los queremos como generadores de valor económico y de riqueza. Por otra parte la planeación del desarrollo rural debe ser un ejercicio democrático con la participación de los actores del campo en primer término, por eso rechazamos la simulación de consulta pública que actualmente lleva a cabo el Ejecutivo federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, porque no se escucha ni a los campesinos ni a los legisladores.

En nuestra visión, el campo es mucho más que la agricultura y la ganadería, y el desarrollo rural implica el uso de todos los recursos y potencialidades que tengan a su alcance los pobladores rurales para construir mayores niveles de bienestar. Por ello, el grupo parlamentario del PRD impulsará políticas que promuevan el desarrollo en todos los órdenes, superando el enfoque tradicional que constriñe el desarrollo rural a los aspectos meramente agropecuarios.

En las actuales circunstancias del medio rural, consideramos de la más alta prioridad la promoción y el apoyo a las políticas de desarrollo que tengan impacto directo en la generación de empleos. El fortalecimiento de las organizaciones de los campesinos y productores del campo debe ser una de nuestras mayores prioridades. Apoyemos decididamente los procesos de consolidación de dichas organizaciones y seremos invariablemente sus más firmes aliados en la lucha por la reivindicación de su derecho a una vida mejor y más digna.

Concluyo, Presidente. Finalmente, convocamos a todas las fracciones parlamentarias a que esta legislatura construya una agenda rural tomando los temas de mayor impacto e interés para la transformación del campo mexicano, entre ellos la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio; la revisión del artículo 27 constitucional; los derechos indígenas; la soberanía alimentaria; la paz social en el campo; la reactivación económica rural y la protección de los recursos naturales. Gracias.

«Posicionamiento con motivo del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del PRD

En el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, el PRD hace patente su postura frente a los problemas del campo

Ayer se cumplieron 88 años del asesinato del general Emiliano Zapata, el gran caudillo campesino del sur. Conmemorando el suceso, vengo a esta tribuna en nombre de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, a rendir el más sentido homenaje al agrarista puro y valiente, que supo abonar con sus ideas y sangre, la persecución del gran anhelo campesino de finales del siglo XIX. El anhelo de que en el campo, junto con el ancestral maíz, también creciera y floreciera la justicia.

A 88 años de su muerte, tenemos que reconocer con gran pesar, y también con vergüenza, que la justicia no ha florecido aún en nuestros campos; y que a los campesinos de hoy, como a los peones acasillados de ayer, el Estado mexicano parece haberlos olvidado.

Lo vemos así porque dentro de la situación de crisis en que se debate el país, es precisamente ahí, en el campo, en donde las condiciones de pobreza y abandono alcanzan sus dimensiones más dramáticas. Baste decir que, aunque en el medio rural vive solo la cuarta parte de los mexicanos; ahí se concentran el 46 por ciento de los pobres del país, y el 60 por ciento de todos los que son clasificados en pobreza extrema.

En el mundo rural mexicano la gran mayoría de sus pobladores ha vivido un largo periodo de deterioro económico, que como resultante de problemas estructurales y políticas equivocadas se inició desde finales de los años sesenta, empeoró con la puesta en práctica de las primeras políticas neoliberales en los ochenta, periodo en el que por primera vez el crecimiento de la agricultura fue menor que el de la población, y se agravó aún más, con la apertura comercial al exterior en los noventa. En el campo, el deterioro social alcanza su expresión mas dramática en el abandono masivo por parte de los jóvenes, de un entorno, del que la esperanza alzó el vuelo hace mucho tiempo.

Para el Partido de la Revolución Democrática, la mejor manera de conmemorar a Zapata y su lucha justiciera, es haciendo patente desde esta alta tribuna, su convicción de que el rescate de de los mexicanos que viven el campo es una de sus primeras prioridades; y refrendando su mas amplia solidaridad con los reclamos campesinos, que a falta de canales para el diálogo y el entendimiento con el gobierno, se han expresado en las calles de esta ciudad durante las últimas semanas.

Consideramos que la búsqueda de alternativas para la grave situación del medio rural, debe constituir, sin duda, una de las mayores urgencias de la agenda nacional. El rescate de la cuarta parte de los mexicanos que viven en el campo, no admite demoras, la tarea no puede postergarse y debemos emprenderla ya, con valor y patriotismo.

Nosotros sostenemos --y la realidad que vivimos así lo demuestra con mayor claridad cada día--, que el abandono de la situación del campo al libre juego de las fuerzas del mercado, no puede conducir al desarrollo con justicia; por lo que se hace indispensable y urgente, que el Estado retome su papel en la promoción del desarrollo rural y la reactivación del sector agropecuario. Pero sin que ello signifique un regreso al viejo estatismo, que con su control vertical, inhibía las iniciativas de los campesinos y pobladores rurales.

Rechazamos las visiones del desarrollo rural expoliador, que agota y destruye los recursos naturales y conduce a la profundización de las desigualdades sociales. Por ello, solo promoveremos y apoyaremos las leyes, políticas, programas y acciones, que se ubiquen en la perspectiva del desarrollo rural sustentable, con la mayor equidad posible en la distribución de los beneficios sociales.

Frente a las visiones que propone el Ejecutivo federal, donde se pretende conceptuar a los habitantes del medio rural, como meros receptores de los apoyos asistenciales del gobierno, en el PRD, sostenemos que el grueso de los recursos públicos que se destinen al campo, deben tener como propósito la promoción de actividades productivas. Nosotros no vemos al campo y a los campesinos como objetos de la caridad pública, los queremos como generadores de valor económico y riqueza.

La planeación del desarrollo rural, debe ser un ejercicio democrático con la participación de los actores del campo en primer término, por eso, rechazamos la simulación de consulta pública con foros de utilería, que actualmente lleva a cabo el Ejecutivo federal, dizque con fines de planeación participativa.

En nuestra visión, el campo es mucho más que la agricultura y la ganadería. Y el desarrollo rural, implica el uso de todos los recursos y potencialidades que tengan a su alcance los pobladores rurales, para construir mayores niveles de bienestar. Por ello, el PRD impulsará políticas que promuevan el desarrollo en todos los órdenes, superando el enfoque tradicional, que constriñe el desarrollo rural a los aspectos meramente agropecuarios.

En las actuales circunstancias del medio rural, consideramos de la más alta prioridad la promoción y el apoyo a las políticas de desarrollo que tengan impacto directo en la generación de empleos, ya sea dentro de las actividades ligadas a la producción agropecuaria o en las de cualquier otro tipo.

De ninguna manera consideramos antagónico el apoyar las actividades agropecuarias de subsistencia y autoconsumo, al mismo tiempo que se impulsa la producción comercial para el mercado interno y la producción para la exportación. Pues la producción para el mercado nacional, apoya la autosuficiencia y soberanía, mientras que la actividad agropecuaria con fines de exportación, puede generar los empleos que tanto necesita el medio rural.

El fortalecimiento de las organizaciones de los campesinos y productores del campo, será una de nuestras mayores prioridades. Apoyaremos decididamente los procesos de consolidación de dichas organizaciones, y seremos, invariablemente, sus más firmes aliados en la lucha por la reivindicación de su derecho a una vida mejor. Gracias por su atención.

Diputado Carlos Ernesto Navarro López .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Navarro. Tiene la palabra el diputado Enrique Iragorri Durán, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Enrique Iragorri Durán:Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, ``quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres'', Salazar.

Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en el poblado de Anenecuilco, estado de Morelos, en el seno de una familia de pequeños propietarios de tierra, integrada por don Gabriel Zapata y doña Cleofás Salazar. Desde muy temprana edad advirtió las grandes injusticias que se cometían en contra de quienes trabajaban la tierra.

En 1902 ayudó a los habitantes del pueblo de Yautepec, Morelos, que tenían serias diferencias con el hacendado Pablo Escandón, acompañándolos a la Ciudad de México para que se les hiciera justicia.

En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla, Morelos, para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos las tierras que al pueblo le pertenecían. Como represalias, en 1908 se vio forzado a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca; forma de castigo a la que se le conocía como leva, que era frecuente en la época del Porfirismo.

Zapata inicia su lucha libertaria con la ocupación de tierras en manos de los hacendados en el año de 1909, cuando es nombrado presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, su pueblo natal, de tal suerte que Zapata estaba ya en esos momentos predestinado a continuar la lucha armada así como ideológica a través de su Plan de Ayala, que fue promulgado el 29 de noviembre de 1911.

Decepcionado de los escasos resultados que observaba tras la lucha de la Revolución Mexicana, en su manifiesto expresó el deseo de los mexicanos de poseer las tierras que con sus manos trabajaban pero seguían en propiedad de grandes hacendados, siendo inspiración del ahora lema del estado de Morelos, ``la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos'', pensamiento en el que se resume el ideario agrarista que distinguió a mi estado, Morelos, y motivó a toda la nación mexicana y por ende son de carácter universal.

Gran reformador e idealista, hombre visionario. El 15 de septiembre de 1916, en otra población morelense de trascendencia histórica, Tlaltizapan, propuso la promulgación de la Ley General de Libertades Municipales, la que contiene el espíritu que en las postrimerías del siglo XX que el constituyente plasmó en nuestro pacto federal: el gobierno municipal, con las facultades que ahora le reconocemos, especialmente en la expedición de sus propias normas, en bandos y reglamentos y la libertad en el manejo de su hacienda.

Emiliano Zapata estaba consciente de su misión pues no cejaba de meditar en el hecho de que el campesino tenía hambre, padecía miserias, sufría explotación y se había levantado en armas con el propósito de obtener el plan que la ambición y codicia de los patrones les negaban. Por ello pagó con su propia vida sus ideales de justicia y libertad al caer en una emboscada cobarde y vilmente fraguada.

Fue así que Emiliano Zapata, el jueves 10 de abril de 1919, cae en la emboscada tendida por el gobierno de Venustiano Carranza, pues al acercarse con su caballo, acompañado por sólo 10 de sus leales compañeros a la entrada de la hacienda de San Juan Chinameca, para ahí encontrarse con Jesús María Guajardo, ese coronel carrancista que le había hecho creer que se pasaría al bando zapatista fingiendo con ello su deserción y que en realidad traía órdenes de el general Pablo González para eliminar al Atila del Sur, como lo nombró el entonces presidente Carranza.

Fue entonces cuando un guardia militar que aparentaba le rendiría honores, acribilla cobardemente, por sorpresa y a traición, al ``mártir de Chinameca''. Hasta la fecha y desde esta sede de la representación de la soberanía nacional, los principios de Zapata siguen vigentes. Su lema como revolucionario persiste. A unos mueven los sentimientos y deseos del primer agrarista mexicano, en el trabajo democrático que todos los días realizamos para tener un mejor país.

Para las diputadas y los diputados de Acción Nacional el ideario zapatista no vislumbró un México dividido, sino una gran patria que brinde cobijo, igualdad y seguridad a todos los que vivimos en ella.

Honremos la memoria de nuestro héroe sacrificado hace ya 88 años, pugnando para México reforma, libertad, justicia y ley. Viva Zapata.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Iragorri. Ha solicitado la palabra el diputado Félix Castellanos Hernández.

El diputado Félix Castellanos Hernández:Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, quisiéramos llamar su atención en este debate, en estos posicionamientos tan importantes para la historia del país.

El 10 de abril pasado se cumplieron 88 años del asesinato del general Zapata por los grupos contrarrevolucionarios de aquel entonces. A 88 años, compañeras y compañeros legisladores, los sueños y las aspiraciones del campesinado mexicano siguen pendientes.

Queremos señalarles a ustedes, invitarlos a debatir cuál es la mejor manera de honrar la memoria del general Zapata. ¿Acaso sólo con la fabricación de monumentos? ¿Acaso sólo con poner su nombre aquí en los muros de este recinto parlamentario? ¿Acaso tenemos que esperar otro 10 de abril para recordar las hazañas y la aportación histórica del general Zapata? Nosotros consideramos que la mejor manera de honrar a Zapata es cumpliendo justamente con las obligaciones de este Congreso.

En la historia moderna de este país no hace mucho, en 1992, el entonces presidente Salinas anunciaba una nueva era para el campesinado mexicano. En ese entonces se decía que se iba a ordenar la propiedad rural, que se iba a garantizar la llegada de capitales nacionales e internacionales públicos y privados, se decía que se iba a fomentar la organización campesina y lo único que encontramos a 15 años es justamente lo contrario.

Nos preocupa que el día de ayer la secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala, reconozca que en sólo 19 meses se haya incrementado en 19 millones los pobres de este país, y muy seguramente se han incrementado aún más en el campo mexicano.

Por eso nosotros les planteamos aquí, en mi calidad de diputado independiente, convoco a todos los grupos parlamentarios a que podamos de una manera decidida, comprometida con los campesinos de nuestro país, discutir los temas de la mayor relevancia para ellos.

Les proponemos que honrando la memoria de Zapata, discutamos a la brevedad la nueva Ley Nacional Agraria que requiere este país. Les proponemos, aprovechando los nuevos tiempos de la presupuestación nacional, a que los grupos parlamentarios, a que los coordinadores parlamentarios, a que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda aprobar recursos crecientes, recursos suficientes para el desarrollo de los campesinos de este país.

Los convocamos pues a que también vigilemos la actuación del gobierno federal en materia agraria y agropecuaria. Los convocamos a que el gobierno federal pueda usar los recursos públicos de manera eficiente, pero también transparente.

Queremos aprovechar esta ocasión no sólo compartiendo con ustedes la preocupación de un conjunto de organizaciones campesinas del estado de Guerrero ---de mi estado---; el pasado lunes nos decían que iban a organizar una marcha para el día martes 10 de abril y la preocupación de las organizaciones es que no había un monumento de Zapata en la ciudad de Chilpancingo, y decían que la mejor manera de honrar a Zapata era haciendo y gestionando ese monumento y nosotros le decíamos que además de ello, teníamos que seguir fomentando la organización campesina, teníamos que exigirle, a los diputados y a los senadores, concluir con su compromiso republicano.

Por eso, a 88 años del asesinato del general Zapata, nosotros desde aquí decimos ---a 88 años--- que Zapata vive y que la lucha sigue. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Castellanos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las ciudadanas diputadas y los diputados.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay un asistencia de 442 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

EMILIANO ZAPATA SALAZAR

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): La última intervención, señor Presidente, si me lo permitiera en el tema del general Zapata, de tres minutos que me otorgara, si fuera usted tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pase usted, diputado.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Le agradezco mucho, señor Presidente, la atención. Nos pareció un tema muy importante, si bien la memoria del general Emiliano Zapata, que la honramos el pasado día 10, mantiene vigente esa lucha y en esta soberanía naturalmente es elemental que con las excelentes participaciones que ha habido de mis compañeros diputados, sólo hagamos una suma de la actuación de esta legislatura y del Ejecutivo federal del gobierno de este sexenio al respecto.

Si bien el proyecto nacional que refleja en nuestra Constitución la lucha revolucionaria ---que el general Zapata aportó de manera importante--- y el rezago agrario ha sido, de alguna manera, la dotación de tierras ha sido un caso eliminado en el proyecto nacional y aún quedan instituciones que fueron construidas precisamente para llevar justicia, llevar desarrollo a esa clase social que aún espera el resultado de respuestas del Estado mexicano a ellos, y vemos con enorme tristeza la lentitud con la que la justicia llega y los números han sido hoy ---que no habré de repetir hoy aquí--- perfectamente claros.

La reforma agraria es una institución que se planteó incluso su desaparición en el anterior sexenio; de igual forma, los tribunales agrarios y que aún permanecen cientos de problemas agrarios en el país sin resolver. Esos conflictos son un asunto que hoy, en la memoria de Zapata están vigentes y que debemos atender.

Pero más nos preocupa que la Secretaría de Agricultura hoy mismo, habiéndole otorgado esta soberanía el mayor presupuesto histórico que ha tenido esa dependencia, sea hoy la más rezagada en su gasto. Sólo 20 por ciento del presupuesto federal ha podido aplicar la Secretaría y hay un reclamo generalizado en los estados y en los municipios de la atención de esta dependencia al gasto público que esta soberanía le otorgó, de 58 mil millones de pesos, a la Secretaría de Agricultura.

Y es uno de los puntos que podemos hoy asumir; trabajar, auditar, revisar y dar seguimiento y un llamado serio, sólido, pero sobre todo enérgico al secretario de Agricultura a atender que este presupuesto que otorgamos sea aplicado debidamente a los programas que tienen que ver con llevar precisamente justicia y que fue la bandera del general Zapata.

Y el problema más grave que este país tiene aún, aun con tanto tiempo de conmemorar al general Zapata y establecer políticas, es que no tenemos realmente una política de Estado para el campo. No tenemos una política integral. Muchos son planteamientos que nacen en la Cámara, muchos son planteamientos que se ocurren a los ejecutivos que van llegando o a los secretarios del despacho y definitivamente no ha habido una política integral para el campo, no ha habido una estrategia nacional para el desarrollo agropecuario del país y mucho menos una política de Estado para establecer, desde la perspectiva de Estado, la estrategia que debe ser un asunto de seguridad nacional al campo, desde su alimentación, como el trabajo y la producción de su territorio.

Es un asunto elemental que está ausente y que permanentemente es solamente un asunto de ocurrencias o de estrategias fallidas y que se inventan, desgraciadamente, cada seis años.

Es elemental que asumamos hoy, en la conmemoración del general Zapata, un tema fundamental que es establecer una política integral para el campo y el desarrollo y así llevar y conmemorar verdaderamente la memoria del general Zapata. Es cuanto, señor Presidente, y aprecio mucho su generosidad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Duarte.

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por él mismo y por la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra.

El diputado Carlos Alberto García González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los que suscriben, diputados Carlos García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalen la LX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción III del artículo 112, y adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título VI de la Ley Federal de Metrología y Normalización, al tenor de las siguientes consideraciones:

Para establecer un marco jurídico aplicable a las normas y regulaciones técnicas fue que se expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, misma que fue publicada el 1 de julio de 1992. Dentro del contenido de dicha ley se desprende el artículo 112, el cual se encuentra en el Título VI Capítulo II, denominado De las Sanciones, mismo que contempla entre otras, la clausura temporal o definitiva, parcial o total y el arresto administrativo hasta por 36 horas.

En esta tesitura conforme a lo dispuesto en el artículo 19, fracción XV, del reglamento interior de la Secretaría de Economía, corresponde a la Dirección General de Normas la verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de su competencia; así como la imposición de medidas precautorias y sanciones correspondientes en los términos de la ley referida.

De igual forma la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, cuenta también con facultades en materia de verificación, encaminadas a vigilar las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, información comercial y especificaciones industriales de los productos. Por lo que esta autoridad administrativa fundaba sus resoluciones en el artículo 112 de la ley en cita como sustento legal para la imposición de sanciones en los procedimientos iniciados y tramitados por la Profeco, dada la correlación de sus funciones con la Dirección General de Normas.

En atención a que algunos de los afectados por las resoluciones emitidas por la Profeco recurrieron judicialmente a los referidos fallos, en particular la aplicación de la sanción de clausura temporal o definitiva conforme al texto del artículo 112 mencionado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 20 de octubre de 1997 declaró que la aplicación de dicho precepto legal era violatoria al artículo 16 constitucional.

Dentro de los razonamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mencionaba que el artículo 112 no señala con precisión el marco a través del cual las autoridades administrativas deben aplicar las facultades que les fueron otorgadas para imponer sanciones a quienes incurran en el incumplimiento de la ley referida.

En ninguno de ellos se especifica la clase de infracción que provoca la sanción administrativa impugnada, de manera tal que se deja a la autoridad aplicadora de la ley la facultad de determinar el tipo de infracción a la ley que se da en el caso concreto.

En estas condiciones es dable concluir que la fracción II del artículo 112 que se viene examinando viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, al no definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer la conducta infractora que da lugar a la clausura.

Es por ello que se propone una adición a la fracción II del artículo 112 en la que se especifiquen los casos en los que proceda la clausura de establecimientos o instalaciones y la derogación de la fracción III, relativa a los arrestos administrativos hasta por 36 horas, ya que dicho sea de paso, no ha tenido aplicación desde el inicio de la vigencia de esta ley.

Por otra parte, de la debida correlación de los artículos 112 y 112 A, ya no se deja a los particulares en estado de indefensión por no permitirse a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad.

Resta por tanto, añadir un capítulo a la ley, en el que se señale el procedimiento al que deberá sujetarse la autoridad, en el que se permita al gobernado su derecho de audiencia. Todo ello con el propósito de otorgarle al ciudadano las garantías de legalidad y seguridad jurídica para el efecto de subsanar las omisiones constitucionales de que adolece.

Por lo anteriormente expuesto es que presentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los siguientes términos:

Artículo único. Se adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título VI, se reforma la fracción II del artículo 112 y se deroga la fracción III del mismo artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:

Capítulo I Bis. Procedimientos por infracciones a la ley.

Artículo 111 Bis. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Secretaría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y rinda prueba. En caso de no rendirla la Secretaría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga. La Secretaría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor o de terceros, las demás pruebas que estime necesarias.

Concluido el desahogo de las pruebas la Secretaría notificará al presunto infractor para que presente por escrito sus alegatos, dentro de los 2 días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo la Secretaría resolverá dentro de los 15 días hábiles siguientes y determinará las sanciones que procedan.

Artículo 111 Ter. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley, a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 112. ...

Fracción II. Clausura de establecimientos o instalaciones cuando:

a) Realicen actividades industriales comerciales o se ofrezcan productos sujetos a normas oficiales mexicanas, al amparo de un documento alterado en cualquier forma o falsificado que pretenda denotar ilegítimamente su evaluación de la conformidad.

b) Se ponga en riesgo la integridad física o la salud de los consumidores y usuarios de bienes, servicios, procesos, actividades o instalaciones sujetos a normas oficiales mexicanas.

Para efectos del inciso a) de esta fracción, no se considerará sancionable la simple pérdida de vigencia del documento legítimo que denote la evaluación de la conformidad realizada, salvo que una norma oficial mexicana en particular o su procedimiento de evaluación de la conformidad obliguen a mantener la vigencia del documento para seguir realizando las actividades industriales, comerciales u ofrecimiento de productos regulados por dichos ordenamientos.

Fracción III. Se deroga.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Carlos Alberto García González y Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción III del artículo 112 y adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título Sexto de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Para establecer un marco jurídico aplicable a las normas y regulaciones técnicas, fue que se expidió la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), ordenamiento legal que fue publicado el 1º de julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro del contenido de dicha ley, se desprende el artículo 112 el cual se encuentra en el Título Sexto, del Capítulo II, denominado De las Sanciones, el cual fue objeto de diversas reformas y adiciones que aparecen publicadas con fechas 24 de diciembre de 1996, 20 de mayo de 1997 y 19 de mayo de 1999, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, cobra especial relevancia el decreto publicado en fecha 20 de mayo de 1997, mediante el cual se reformaron las fracciones I, III y IV; y se adicionó la fracción V al artículo 112 de la LFMN, el cual dispone a la letra lo siguiente, precepto legal que se encuentra vigente hasta la fecha:

``Artículo 112. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados que les sean presentados a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables serán las siguientes:

I. Multa;

II. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;

III. Arresto hasta por treinta y seis horas;

IV. Suspensión o revocación de la autorización, aprobación, o registro según corresponda; y

V. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad, así como de la autorización del uso de contraseñas y marcas registradas.''

Asimismo, corresponde a la Dirección General de Normas, conforme a lo dispuesto por el artículo 19, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía la verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de su competencia, así como la imposición de medidas precautorias y sanciones correspondientes en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En tal virtud, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía es la autoridad que inicia, tramita y resuelve los procedimientos administrativos, mediante los cuales impone alguna o algunas de las diversas sanciones señaladas en el artículo 112 de la Ley referida.

Por lo que respecta a las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, en materia de verificación, encaminadas a vigilar las normas oficiales mexicanas, pesas y medidas, información comercial y especificaciones industriales de los productos, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en particular el artículo 112, fue también en su momento, el sustento legal utilizado para la imposición de sanciones en los procedimientos iniciados y tramitados por aquella, dada la correlación de sus funciones con las de la Dirección General de Normas.

En atención a que algunos de los afectados por las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos tramitados por la Procuraduría, recurrieron judicialmente los referidos fallos, en particular, la aplicación de la sanción de clausura temporal o definitiva, parcial o total, conforme al texto original del artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 20 de octubre de 1997, aprobó, con el número 83/1997, la tesis jurisprudencial que a continuación se trascribe:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo VI, Noviembre de 1997

Tesis: P./J. 83/97

Página: 24

``METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS). El citado precepto viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues si bien establece diversas sanciones que pueden imponerse con motivo de las infracciones que se cometan, sin embargo, omite establecer los parámetros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de las sanciones especificadas, pues dicho precepto se refiere de manera genérica a los casos en que las autoridades pueden imponer las diversas sanciones que se especifican, al disponer quienes incurran en el incumplimiento de la ley y demás disposiciones derivadas de ella permite que, a quien incurra en un incumplimiento menor, la autoridad le imponga una mayor sanción que a quien comete una infracción de mayor gravedad, lo que propicia la arbitrariedad al dejar a la autoridad administrativa ese amplio margen, como también ocurre respecto de cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no amerita sanción. No obsta para la conclusión anterior, el contenido del artículo 115 del mismo ordenamiento, ya que sólo establece diversos grados de gravedad que deben tomar en cuenta las autoridades para imponer las sanciones que contempla la ley, pero no define o señala la conducta infractora que da lugar a cada una de las sanciones que se especifican; de lo que se sigue que no corrige la indeterminación contenida en la parte inicial del artículo 112, que deja a los particulares en estado de indefensión al permitir a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad, así como de que incluso pueda no ameritar sanción alguna.''

Dentro de los razonamientos esgrimidos por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, se encuentran los del tenor siguiente:

``De acuerdo con lo expuesto, se llega a la convicción de que el artículo 112 referido no señala con precisión el marco a través del cual las autoridades administrativas deben aplicar las facultades que les fueron otorgadas para imponer sanciones a quienes incurran en el incumplimiento de la ley referida,[...] en ninguno de ellos se especifica la clase de infracción que provoca la sanción administrativa impugnada, de manera tal que se deja a la autoridad aplicadora de la ley la facultad de determinar el tipo de infracción a la ley que se da en el caso concreto [...].''

``No es obstáculo para lo anterior, lo dispuesto en el artículo 115 de la ley en examen, en tanto permite a la autoridad determinar o fijar sanción que en cada caso corresponda atendiendo a la gravedad de la infracción, pues tal precepto serviría en el caso de que la ley precisara las hipótesis en que procede la clausura, permitiendo solo a la autoridad, en uso de facultades discrecionales, determinar que tipo de clausura merecería una cierta infracción, eligiendo entre la temporal o la definitiva, o bien, si debe ser parcial o total; sin embargo, ante la falta de definición apuntada, dicho dispositivo es inútil para remediar la violación constitucional referida''.

``En estas condiciones, es dable concluir que la fracción II del artículo 112 que se viene examinando, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, al no definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer la conducta infractora que da lugar a la clausura''.

Derivado de la anterior resolución, fueron elaboradas diversas reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; destacando en particular, por su adecuación, la relativa a la adición del artículo 112-A, que tuvo por objeto especificar las conductas u omisiones que serían sancionadas con multas, así como los supuestos en que estas serían aplicadas.

No obstante lo anterior, el criterio sustentado hasta la actualidad, tanto por los Juzgados de Distrito como por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones dictadas por la Dirección General de Normas, ha sido conceder el amparo a los quejosos bajo el argumento que el artículo 112 de la Ley fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, en perjuicio no solo de las atribuciones de la Dirección General de Normas, consistentes en la imposición de las sanciones, sino principalmente en contra de los fines públicos e intereses sociales regulados por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Es por ello que se propone, una adición a la fracción II del artículo 112, en la que se especifique los casos en los que proceda la clausura de establecimientos o instalaciones y la derogación de la fracción III, relativa a los arrestos administrativos hasta por treinta y seis horas, que por cierto no han tenido aplicación desde el inicio de la vigencia de la Ley.

Por otra parte, de la debida correlación de los artículos 112 y 112-A, ya no se deja a los particulares en estado de indefensión por no permitirse a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad.

Resta por tanto, para cumplir a cabalidad con las garantías de legalidad y audiencia, añadir un Capítulo a la Ley, en el que se señale el procedimiento al que deberá sujetarse la autoridad, en el que se permita al particular conocer los hechos que se le imputan, contestar por escrito, ofrecer pruebas y formular alegatos por escrito, en el proceso para la aplicación de una sanción administrativa, todo ello con el propósito de otorgarle al ciudadano las garantías de legalidad y seguridad jurídica; y a las entidades federales, el legal fundamento de sus resoluciones, para el efecto de subsanar las omisiones constitucionales de que adolece, apuntadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar, que el procedimiento que se propone es idéntico al previsto dentro de la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor para los casos de infracciones a la ley, con lo que se persigue que exista armonía y congruencia entre las diversas legislaciones aplicables a la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presentamos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga la fracción III del artículo 112 y adiciona el Capítulo I Bis y los artículos 111 Bis y Ter al Título Sexto de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman la fracción II del artículo 112; se adiciona el Capítulo I BIS y los artículos 111 Bis y Ter al Título Sexto; se deroga la fracción III del artículo 112 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para quedar como sigue:

Capítulo I BIS Procedimientos por Infracciones a la Ley

Artículo 111 BIS. Para determinar el incumplimiento de esta ley y, en su caso, para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la Secretaría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y rinda pruebas. En caso de no rendirlas, la Secretaría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.

La Secretaría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias.

Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría notificará al presunto infractor para que presente por escrito sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes. Transcurrido el plazo, la Secretaría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes y determinará las sanciones que procedan.

Artículo 111 TER. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la ley a que se refiere el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 112. El incumplimiento a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificación y dictámenes de laboratorios acreditados que les sean presentados a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables serán las siguientes:

I. Multa;

II. Clausura de establecimientos o instalaciones, cuando:

a. Realicen actividades industriales, comerciales o se ofrezcan productos, sujetos a normas oficiales mexicanas al amparo de un documento alterado en cualquier forma o falsificado que pretenda denotar, ilegítimamente, su evaluación de la conformidad;

b. Se ponga en riesgo la integridad física o la salud de los consumidores y usuarios de bienes, servicios, procesos actividades o instalaciones sujetos a normas oficiales mexicanas; o

Para efectos del inciso a, de esta fracción, no se considerará sancionable la simple pérdida de vigencia del documento legítimo que denote la evaluación de la conformidad realizada, salvo que una norma oficial mexicana en particular, o su procedimiento de evaluación de la conformidad, obliguen a mantener la vigencia del documento para seguir realizando las actividades industriales, comerciales u ofrecimiento de productos regulados por dichos ordenamientos.

III. Se deroga

IV. Suspensión o revocación de la autorización, aprobación, o registro según corresponda; y

V. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad; así como la autorización del uso de contraseñas y marcas registradas.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de abril de 2007.--- Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica).» Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Economíae insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como hay sido solicitado.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Elías Espinosa Abuxapqui, que reforma el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley General de Población.

El diputado Alejandro Chanona Burguete:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero presentar a su consideración una iniciativa que versa sobre los migrantes indocumentados en territorio mexicano, tema que es en mi visión un asunto de defensa de los derechos humanos. Por ello, es un tema urgente que no puede ser relegado por más tiempo, sin riesgo de debilitar el estado de derecho y desde luego, seguir vulnerando nuestras instituciones.

Ya en anterior ocasión me he referido al vacío normativo que ha permitido, por un lado, la reiterada violación de los derechos humanos de los migrantes y, también por otro, la condición o la permanencia de la condición de legalidad que actualmente tienen los extranjeros en tránsito por nuestro país y que, desde luego, son las víctimas fundamentales. Ambas situaciones han propiciado reiteradas violaciones a sus derechos humanos.

Sólo en el año 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 279 quejas de violaciones atribuidas a las prácticas y a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, como son: maltrato físico, mala alimentación y deficiencias en las estaciones migratorias. También en el 2006 fueron sancionados 187 servidores públicos por diversas irregularidades.

Es impostergable, compañeras y compañeros legisladores, una reforma que corrija dichos tratos inhumanos, al tiempo que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, no importando nacionalidad, raza o religión, que se encuentre en territorio nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, ante el derecho no hay distinciones ni diferencias; la protección del Estado no se regatea. El aseguramiento de los indocumentados en las estaciones migratorias como se da actualmente, denigra la condición humana.

La comisionada del Instituto Nacional de Migración ha dado conocer que de las 48 estaciones migratorias que tiene México, que es un número muy magro, sólo 11 cuentan con médico y 3 con consultorio equipado.

La capacidad total de alojamiento de las estaciones migratorias en México no rebasa las 4 mil personas, pero sólo en la mitad, repito, sólo en la mitad hay condiciones mínimas de alojamiento.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, incomunicación que persisten en dichas estaciones.

La CNDH ha abierto tres expedientes por queja de organizaciones no gubernamentales, a cuyos representantes se ha impedido entrevistarse con inmigrantes asegurados; ha tenido también conocimiento de varios casos en los que se obstaculiza el acceso a abogados particulares. Es decir, son privados de la justicia.

Adicionalmente, en nueve estados de la República sabemos que no existen estaciones migratorias, por lo que los indocumentados suelen ser llevados a cárceles municipales como si fueran delincuentes del fuero común. Ello a pesar de que el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población establece que en ningún caso podrán habilitarse como estaciones migratorias a los centros de reclusión para sentenciados.

Sobre este punto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha emitido recomendaciones y no han sido atendidas.

En mi opinión, muchos de estos abusos tienen su origen en una falsa percepción sustentada en la actual legislación sobre el tema. Voy al punto. En el artículo 123 de la ley, se da un trato de delincuentes, subrayo, de delincuentes, a los extranjeros sin papeles en territorio nacional, tal como lo hacen los vecinos del norte a nuestros connacionales.

Señoras y señores legisladores, por la más elemental congruencia, tenemos que despenalizar, reitero, despenalizar la condición del indocumentado en México.

Como nación y como pueblo no podemos fincar nuestra relación con los migrantes extranjeros bajo esta premisa. Debemos honrar lo que constitucionalmente está mandatado y hacer las modificaciones pertinentes a las leyes secundarias.

El respeto y la defensa de los derechos humanos se elevan a la estatura moral o eleva la estatura moral de un país como México.

Lo contrario, señoras y señores legisladores, debilita nuestra exigencia de un trato digno a nuestros connacionales en el extranjero cuando nosotros no otorgamos lo mismo en México.

Compañeras y compañeros legisladores, no exijamos en el exterior lo que no estamos dispuestos a otorgar en el interior.

Enfatizo, el respeto a los derechos del individuo es uno de los pilares históricos sobre los que descansa el Estado y desde luego, nuestra democracia.

Por todo lo anteriormente expuesto y considerando las iniciativas sobre el tema que muchas compañeras y compañeros han presentado en esta máxima tribuna para defender los derechos humanos de los migrantes, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se deroga el artículo 123 que es el que penaliza con multas y cárcel a los migrantes, y se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estiman pertinente, a los extranjeros que deben de ser expulsados. Como esto es insuficiente, se propone la siguiente adición:

El aseguramiento deberá ser en apego a las garantías individuales y sociales que consigna la Constitución, principalmente los principios de legalidad y seguridad jurídica y el pleno respeto a los derechos humanos. Continúa la adición:

Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, con espacios ex profeso para la pernocta, la alimentación, el aseo personal, las actividades productivas y recreativas y proveyéndolos de lo necesario para su estancia temporal. Los servicios que propicien serán de calidad y suficientes.

El artículo 123, insisto, debe de ser derogado.

Artículo 128. Son de orden público para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para su aseguramiento en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello ----se adiciona---- quedando prohibida la utilización de los centros de atención o reclusión federales, estatales o municipales con ese fin, cuando no se ha cometido, reitero, no se ha cometido delito alguno.

Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto íntegro de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Muchas gracias a este pleno.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El que suscribe, Alejandro Chanona Burguete , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se deroga el artículo 123 y se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Población data de mil novecientos cuarenta y siete, y sus últimas reformas, de mil novecientos noventa y nueve. En el artículo 1o. prevé que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la república. Dentro de su objeto se encuentra ``regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.''

De conformidad con lo dispuesto en el 3o., fracción VII, de la citada ley, ``la Secretaría de Gobernación dictará, ejecutará o, en su caso, promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes las medidas necesarias para sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio''.

En México, la migración ha sido un fenómeno determinante en la configuración actual del país. En las últimas décadas, la emigración internacional se ha convertido en uno de los temas más importantes en la agenda nacional, debido a que somos uno de los principales países expulsores de mano de obra y uno de transición migratoria de un importante flujo de personas que tiene como destino final Estados Unidos de América.

Nuestra Constitución federal dispone que todo extranjero que se interne en el país, aun sin autorización para permanecer en territorio mexicano, por el solo hecho de entrar en territorio nacional deberá gozar de la protección de las leyes mexicanas, en términos del artículo 1o. de esa norma.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, ``el Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia''.

Por otra parte, el artículo 57, fracción II, del mismo ordenamiento señala que a fin de alcanzar sus objetivos, el instituto es el encargado de ``tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite, de las calidades migratorias otorgadas''. En la fracción IX indica, además: ``imponer las sanciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento''.

En fechas recientes, la comisionada del Instituto Nacional de Migración presentó a los medios de comunicación un balance de lo ocurrido en 2006, del cual se advierte que en las 48 estaciones migratorias que tiene México, sólo 11 cuentan con servicio médico y 3 con consultorio equipado, la capacitad total de alojamiento es de 3 mil 676 migrantes, pero sólo en la mitad hay capacidad de pernoctar. La comisionada anunció la puesta en funcionamiento de 3 estaciones más este año, así como varios proyectos de mejora; entre ellos, el equipamiento con sanitarios, calefacción o aire acondicionado, líneas telefónicas, sistema de monitoreo con videocámaras y atención médica.

Respecto a lo anterior, del total de estaciones, sólo 24 operan en inmuebles propiedad del gobierno, 17 están en arrendamiento y 7 más en comodato; no obstante, en 9 estados no se tiene ninguna estación migratoria (Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, estado de México, Morelos, Guanajuato e Hidalgo), por lo que los indocumentados suelen ser llevados a cárceles municipales, aun cuando el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población establece que ``en ningún caso podrán habilitarse como estaciones migratorias los centros de reclusión para sentenciados''. En tanto, a escala nacional una plantilla de sólo 500 custodios hace frente a una demanda anual, de más de 200 mil extranjeros detenidos.

Recientemente, la comisionada del Instituto Nacional de Migración dijo en entrevista en los medios de comunicación que pondrá en marcha un plan de 10 acciones, con una inversión de entre 160 y 170 millones de pesos, y para 2008 se contratarán 354 funcionarios para completar la plantilla de ``especialistas'', sin que aclarara a qué materia se refiere, ya que se sabe que no se cuenta con una academia especializada de formación de agentes migratorios. Amén de considerar que del gasto total de dicho organismo durante el ejercicio de 2006 (662 millones de pesos), 70 por ciento se destinó a la atención del fenómeno migratorio indocumentado (433 millones de pesos, de los cuales 150 millones fueron utilizados para traslados y 43 para alimentos, entre otras erogaciones).

Datos importantes reflejan que en 2002, el Instituto Nacional de Migración ``aseguró'' (detuvo para deportación) a 138 mil 61 indocumentados. El año siguiente, la cifra creció a 187 mil 614, al cierre de 2004 avanzó a 216 mil 695 y para 2005 se alcanzó un máximo de 240 mil 269; en 2006, 182 mil 705 personas, de las que 95 por ciento procedía de Centroamérica.

De ese total, más de 84 mil 500 personas procedían de Guatemala, unas 58 mil de Honduras, cerca de 27 mil 300 de El Salvador y casi 3 mil 600 de Nicaragua, y sólo en enero de 2007 se contabilizaron 10 mil, por lo cual la proyección para el término de este año es de 204 mil 910 migrantes indocumentados.

El año pasado fueron repatriadas 175 mil personas, aunque el Instituto Nacional de Migración no detalló el destino de unas 7 mil (resultado de la cantidad de aseguramientos reportados y la cifra de expulsiones); 83 por ciento de los aseguramientos de indocumentados el año pasado ocurrió en Chiapas (90 mil 601), Tabasco (23 mil 387), Veracruz (17 mil 122), Distrito Federal (5 mil 653), Oaxaca (5 mil 534), Tamaulipas (5 mil 474) y Sonora (4 mil 241); el resto de las entidades sumó 30 mil 693 casos. Se presume que cientos logran quedarse en el país con base en amparos promovidos en juzgados federales. Se tiene entonces que sólo 50 por ciento de los migrantes que cruzan de manera irregular a México es ``asegurado''; dos terceras partes de los que traspasan la frontera norte son detenidos por la Patrulla Fronteriza y uno de cada seis logra evadir todos los obstáculos e internarse en Estados Unidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió en 2006 279 quejas por violaciones de los derechos humanos por el Instituto Nacional de Migración. De éstas, se formalizaron 73 denuncias y 7 derivaron en recomendaciones, en su mayoría por maltratos físicos, mala alimentación y deficiencias en las estaciones migratorias.

La comisión ha abierto tres expedientes por quejas de organizaciones no gubernamentales a cuyos representantes se ha impedido entrevistarse con inmigrantes asegurados, y ha tenido también conocimiento de dos casos más en los que se obstaculizó el acceso a abogados particulares. Prueba de ello es que en enero pasado se recibieron 32 quejas y ya se proveyó una recomendación, la número 01/2007, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por habilitar cárceles municipales como estaciones migratorias; y en 2006 fueron sancionados 187 servidores públicos por diversas irregularidades, la mayoría relativa a la flagrante violación de derechos de los migrantes, consignados en la Carta Magna.

Para el Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, resulta prioritario que la autoridad tome medidas concretas para evitar maltrato de indocumentados en las estaciones migratorias de nuestro país, ya que el origen de este fenómeno es la falta de oportunidades, de empleos bien pagados y de proyectos regionales que posibiliten el arraigo en sus países de origen.

La misma problemática se observa en la forma de vida de un gran porcentaje de nuestra población, por lo que reconocer los derechos humanos de quienes se encuentran ilegalmente en el país, respetar su dignidad y proponer soluciones de fondo es ahora nuestra labor, ya que reprimirlos no significa una respuesta a los verdaderos orígenes del tema.

Es tiempo de avanzar en dicho reconocimiento y cumplir así los tratados internacionales y las demandas de diversas organizaciones no gubernamentales en la materia.

Ahora bien, la migración no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. De hecho, vivimos en la era de la migración internacional, pues ésta ha crecido en volumen e importancia. Este movimiento masivo de personas de un país a otro genera, tanto para las naciones expulsoras como para las receptoras, desequilibrios y demandas que no siempre son atendidos debidamente.

Se calcula que, según datos de México y Estados Unidos de América, uno de cada seis indocumentados que se adentran en territorio mexicano logra llegar a Estados Unidos. Los interceptados en México son en su mayoría deportados a sus países de origen a través de la frontera sur del país, en la que los funcionarios mexicanos señalan que se está trabajando para impedir violaciones de los derechos humanos por traficantes de personas o servidores públicos corruptos, sin que hasta la fecha se realicen acciones concretas al respecto.

El diagnóstico del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes estableció que son una vergüenzalos recientes casos de violaciones de las garantías básicas en el país y calificó de mentira que el gobierno mexicano presuma en el exterior que aquí se avanza en la materia.

Por lo anterior, resulta indispensable revisar la legislación vigente, con el propósito de despenalizar la inmigración indocumentada y evitar los abusos contra las personas que incurren en ella, y proponer reformas de la Ley General de Población encaminadas a mejorar el trato que las autoridades mexicanas otorgan a los migrantes que arriban al país, generalmente en tránsito hacia Estados Unidos, derogando el artículo 123 de la Ley General de Población.

El propósito de esta iniciativa es cumplir de manera conveniente los diferentes acuerdos y convenciones internacionales sobre la materia, evitar que malos servidores públicos pretendan extorsionar a los inmigrantes otorgándose incentivos a los buenos servidores para que cumplan sus funciones. Es indispensable por ende que las cárceles federales, estatales o municipales dejen de prestar el servicio de estaciones migratorias, e impedir el aseguramiento de quienes incurren por primera vez en la internación ilegal, así como asegurar el pleno respeto de las garantías de libertad, igualdad y justicia, y de los derechos humanos de las personas detenidas en las estaciones migratorias.

La adecuación legislativa que proponemos es una respuesta a los nuevos retos del fenómeno migratorio que vive nuestro país, que cumple los compromisos internacionales de México en la materia, pero sobre todo que nos dará razones para exigir en el norte lo que estamos cumpliendo en el sur. Reconocemos que es necesario formular una reforma integral en materia migratoria a fin de establecer políticas públicas en favor de los migrantes, de los emigrantes y de los inmigrados que se encuentren en nuestro país.

De esa manera, tanto en la LIX como en la LX legislaturas se han presentado diversas iniciativas en la materia; sin embargo, en el análisis de su contenido se observa que sus propuestas se encuentran limitadas o tienden al incremento en la severidad de las sanciones.

A continuación se citan algunas de las iniciativas que se encuentran relacionadas con la presente propuesta.

1. Establece condiciones para la estancia digna en las estaciones migratorias(iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD).

2. Prohíbe la utilización de las cárceles públicas federales, estatales o municipales para el alojamiento de extranjeros (iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del PRI).

3. Propone que diversos artículos se separen del cuerpo de la Ley General de Población y se incorporen en un nuevo título del Código Penal Federal, denominado ``Título Vigésimo Séptimo. Delitos en Materia Migratoria'' (iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116, 125, 137 y 143 de la Ley General de Población, así como la fracción III del articulo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se adiciona un Título Vigésimo Séptimo, denominado ``Delitos en Materia Migratoria'', así como los artículos 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 y 441 al Código Penal Federal, así como un inciso 35) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se derogan los artículos 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 138 y 139 de la Ley General de Población, así como la fracción V del articulo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Maria Guadalupe Suárez Ponce, del Grupo Parlamentario del PAN).

4. Deroga diversos artículos de la Ley General de Población y señala que sólo el encubrimiento de indocumentados, la información apócrifa, atentar contra la soberanía y seguridad nacional, y el tráfico de personas serán sancionados (iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado José Jacques Medina, del Grupo Parlamentario del PRD).

5. Reforma diversos artículos de la Ley General de Población, para despenalizar internación ilegal e imponer sólo en los casos de reincidencia, conductas dolosas y actividades ilícitas sanciones administrativas (iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI).

6. Modifica diversos artículos de la Ley General de Población, para despenalizar la internación ilegal e imponer únicamente sanciones administrativas, salvo en el caso en que el extranjero no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación (iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN).

En nuestro criterio, lo anterior no es suficiente: deberá formularse una reforma integral en materia migratoria a fin de establecer políticas públicas en favor de los indocumentados, sin endurecer las políticas migratorias ni tipificar los delitos en esta materia en el Código Penal, otorgando la debida atención, asistencia, y asesoría legal, sin que ello implique despenalizar los casos de reincidencia, conductas dolosas y actividades ilícitas.

Es hora, compañeros diputados, de reconocer la necesidad de que las autoridades migratorias tengan un control adecuado sobre las personas que ingresan en esas estaciones a fin de resguardar la seguridad de los indocumentados, de los servidores públicos que ahí laboran y de las instalaciones; además de sumar esfuerzos con el apoyo de los gobiernos estatales y de los municipales, así como de instituciones civiles.

Por lo expuesto, y con base en la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto a la consideración de esta soberanía, para su discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se reforma el artículo 128 y se deroga el artículo 123 de la Ley General de Población, para quedar como sigue

Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la república que estime convenientes para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros que deben ser expulsados.

El aseguramiento deberá ser con arreglo a las garantías individuales y sociales que consigna la Constitución, en especial las de libertad, igualdad y justicia, además del pleno respeto de sus derechos humanos.

Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, proveyéndoles lo necesario para su estancia temporal.

Artículo 123. Derogado.

Artículo 128. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para su aseguramiento en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello, quedando prohibida la utilización de los centros de detención o reclusión federales, estatales o municipales, con ese fin, cuando no se ha cometido delito alguno.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos y de cualquier otro tipo que se opongan a lo señalado en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo solicitó el diputado Alejandro Chanona.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonsecadel grupo parlamentario Nueva Alianza para presentar iniciativa que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia, solicitando que la intervención y texto se inserten en forma íntegra en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros legisladores, respetuosamente planteo ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

Esto es con objeto de rendirle responsablemente a los niños, justicia en la medicina preventiva, poder establecer especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades, prevenirlas por vacunación. Como ustedes lo saben, el derecho a la salud integra no sólo la idea de curar las enfermedades sino también de prevenirlas, hoy en día la prevención de las enfermedades mediante las vacunas constituye uno de los aspectos de mayor importancia en la promoción de la salud, la vacunación es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las prioridades de las políticas de salud pública.

La enfermedad por neumococo es un padecimiento potencialmente mortal, que puede presentarse cuando su bacteria la Streptococcus pneumoniae causa infección en el cerebro o bien en la sangre o en los pulmones o en las membranas de los senos paranasales y en los oídos.

Las enfermedades causadas por el neumococo pueden incluir entre otras, meningitis, bacteriemia o infección de la sangre, ya no se diga neumonía u otitis media.

Es así que la enfermedad por neumococo es un padecimiento grave que puede causar la muerte, como ya mencionamos, la gravedad de esta enfermedad lleva implícito que por su causa tengamos cerca de 40 mil muertes al año, más que todas las demás enfermedades prevenibles por vacunación en conjunto. Más del doble de las muertes que ocasiona el virus conocido como Sida, casi 25 por ciento más que las muertes ocasionadas por el cáncer de próstata, casi el mismo número de muertes que las ocasionadas por el cáncer de mama.

Por otra parte, la vacuna ``conjugada heptavalente'', autorizada y aprobada por la Secretaría de Salud, es la única vacuna antineumocócica que puede aplicarse a niños y niñas desde los dos meses de edad y hasta los nueve años: y la no conjugada o ``polisacárida'', es la que ha sido desarrollada para nosotros, los adultos mayores que también estamos expuestos a esta enfermedad.

De todas las posibles intervenciones en salud pública, la vacunación representa sin lugar a dudas una de las más altas prioridades ya que esto responde, tanto a razones epidemiológicas y de seguridad nacional como de justicia social.

Por ello, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Salud, las dependencias y entidades todas del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, debiera atender este principio de interés superior de la infancia.

Las vacunas como parte de las políticas de salud pública son la intervención médica más efectiva para prevenir las enfermedades y la muerte, por eso a los niños de México, que merecen nuestra atención seria y responsable, debemos brindarles la posibilidad de que la ley los ampare de esta terrible enfermedad que es causa de muerte.

De tal suerte que, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyectos de decreto que adicionan un segundo párrafo al artículo 135 y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud:

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República.

La Secretaría de Salud, las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de los estados, acordes con el principio del interés superior de la infancia, pondrán especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de edad.

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el neumococo y el sarampión, así como otras enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esa dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Artículo transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeros legisladores. Avancemos en la protección de los infantes, de los niños de nuestro país, démosles esta garantía en ley. También atenderemos a los adultos, pero fundamentalmente a quienes sobre de los cuales gravita más el riesgo de muerte que son los niños de México. Hagamos cierto que es nuestro presente y futuro la infancia de México. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, con el objeto de establecer especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de edad y establecer la obligatoriedad del Estado a la vacunación del neumococo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud integra no sólo la idea de curar las enfermedades, sino también de prevenirlas.

La prevención y el tratamiento oportuno de padecimientos son medidas que los Estados han adoptado para garantizar y hacer valer a la población el derecho a la salud. Esta nueva concepción de la salud ha implicado una mayor protección para la sociedad, así como un mayor compromiso administrativo y económico por parte de los Estados.

En la actualidad, la prevención de las enfermedades mediante las vacunas constituye uno de los aspectos de mayor importancia en la promoción de la salud. La vacunación es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las prioridades de las políticas de salud pública.

La vacunación tiene como objetivo principal el proteger al individuo contra las enfermedades y a la comunidad contra los riesgos de epidemias.

Los avances tecnológicos han permitido que en el ámbito de la salud, las vacunas se conviertan en uno de los instrumentos más importantes para el bienestar de la población, pues han sido una de las herramientas más eficaces para el control de las enfermedades transmisibles. En la mayoría de los países se ha conseguido erradicar el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal, entre otras enfermedades, que truncaban el desarrollo o, en el peor de los casos, acababan con la vida, de gran parte de la población. No obstante, todavía existen enfermedades prevenibles que causan la muerte de muchas personas.

La enfermedad por neumococo es un padecimiento potencialmente mortal que puede presentarse cuando la bacteria streptococcus pneumoniae causa infección en el cerebro, en la sangre, en los pulmones, en las membranas de los senos paranasales y en los oídos. Las enfermedades causadas por el neumococo pueden incluir meningitis¹, bacteriemia o infección de la sangre², neumonía³, y otitis media⁴.

Las infecciones por el neumococo ocurren más a menudo durante los meses de invierno. Se diseminan de persona a persona de la misma manera en que se transmite la influenza o los resfriados comunes, esto es, por las pequeñas gotas de saliva que atraviesan el aire al toser o estornudar; por contacto directo --como por las manos, cuando el portador no se asea--; o a través de los besos.

Las enfermedades causadas por el neumococo pueden extenderse rápidamente, siendo los niños uno de los grupos más vulnerables pues al no tener desarrollado su sistema inmunológico totalmente, los hace estar en un riesgo constante de adquirir infecciones bacterianas.

La enfermedad por neumococo es un padecimiento grave que puede causar, como ya mencionamos, la muerte. Cada año, en Estados Unidos de América, la enfermedad por neumococo causa cerca de 40 mil muertes, más que todas las demás enfermedades prevenibles por vacunación en conjunto. Más del doble de muertes que las ocasionadas por el sida. Casi 25 por ciento más muertes que las ocasionadas por el cáncer de próstata. Casi el mismo número de muertes que las ocasionadas por el cáncer de mama.⁵

La vacuna ``conjugada heptavalente'', autorizada y aprobada por la Secretaría de Salud es la única vacuna antineumocócica que puede aplicarse a niñas y niños desde los 2 meses de edad,y hasta los 9 años; y la ``no conjugada'' o ``polisacárida'', es la que ha sido desarrollada para adultos mayores.

Para los especialistas lo delicado de esta bacteria radica en que los síntomas se confunden con simples fiebres o resfriados, y al no detectarse de manera oportuna, puede llegar a ser mortal. Por ello, todos los niños al nacer deben ser inmunizados hasta completar el cuadro básico de vacunación. El objetivo de aplicar las vacunas desde el nacimiento es disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad y, en caso de presentarse, contribuir a que ataquen con la menor intensidad posible para no poner en riesgo la vida del infante.

De todas las posibles intervenciones en salud pública, la vacunación representa sin lugar a dudas una de las de más alta prioridad ya que esto responde tanto a razones epidemiológicas y de seguridad nacional, como de justicia social. Por ello, el gobierno de México por conducto de la Secretaría de Salud, las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, acordes con el principio del interés superior de la infancia, deben poner especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de edad.

En México han sido varios los esfuerzos por atacar al neumococo y evitar que los niños padezcan las enfermedades que produce. Ante las cifras, las autoridades deben enfocar todo su esfuerzo a la prevención de este padecimiento, así como lo hicieron cuando el elevado número de decesos que ocasionaban enfermedades graves --como el sarampión y las secuelas irreversibles de la poliomielitis--, lo requirieron.

La falta de información y la falta de acceso a la vacuna, para las familias más desprotegidas, han sido dos de los motivos por las que el neumococo ha ido avanzando y atacando la salud de los niños.

En el sexenio pasado, el gobierno federal se comprometió a vacunar a los niños más pobres del país contra el neumococo, sin embargo, las metas no fueron alcanzadas. Los esfuerzos por cumplir con las campañas de vacunación y por añadir las vacunas que son necesarias para la salud y el futuro de los niños, como el neumococo, deben continuar. Sostener la capacidad de respuesta y atención del Estado es una arista esencial de la salud pública en el país.

Las vacunas, como parte de las políticas de salud pública, son la intervención médica más efectiva para prevenir las enfermedades y la muerte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 135. La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema, real o potencial, para la salubridad general de la República.

La Secretaría de Salud, las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de los estados, acordes con el principio del interés superior de la infancia, pondrán especial énfasis en las acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de edad.

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el neumococo y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) La meningitis es una enfermedad provocada por diferentes tipos de agentes y produce la inflamación de las meninges, la membrana que cubre el cerebro y la médula espinal. El neumococo provoca una de las formas más graves de meningitis. Los síntomas de la meningitis en lactantes son fiebre, irritabilidad, llanto inconsolable, náuseas, vómitos, diarrea, letargo, interacción disminuida con las personas encargadas del cuidado y rechazo a la comida. Otros niños pueden presentar dolor de cabeza, vómitos, dolor de espalda, mialgias, rigidez en el cuello, fotofobia, confusión y desorientación. El desarrollo de la enfermedad puede ser bastante acelerado, de modo que es importante buscar la atención médica necesaria. El tratamiento inmediato puede ayudar a evitar secuelas como parálisis cerebral, sordera, convulsiones e incluso la muerte. (Fuente: www.neumococo.com)

2) Bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre. El neumococo puede esparcirse desde la nasofaringe al flujo sanguíneo provocando bacteriemia. El síntoma más frecuente de la bacteriemia neumocócica es fiebre de más de 39 grados centígrados. En la mayoría de los casos, la bacteria se elimina rápidamente del sistema inmunológico de nuestros cuerpos, pero a veces, se desarrolla una infección grave. En los casos más graves, la bacteriemia puede provocar shock séptico, que a menudo es mortal. (Fuente: www.neumococo.com)

3) Las enfermedades respiratorias agudas, que incluyen la neumonía, son la causa principal de muerte en todo el mundo en niñas y niños menores de cinco años. La neumonía, también conocida como ``pulmonía'', es una enfermedad frecuente que puede ser provocada por diferentes tipos de gérmenes, generalmente virus o bacterias. Como respuesta al ataque del germen, los pulmones pueden llenarse con líquidos y células de tejido dañado, lo que provoca inflamación y dificulta la respiración. El neumococo provoca una de las formas más graves de neumonía. Los síntomas de la neumonía en lactantes incluyen fiebre, tos, respiración acelerada, dificultad para respirar, rechazo o dificultad para comer. Las niñas o niños más grandes pueden presentar fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho y dolor abdominal. (Fuente: www.neumococo.com)

4) La otitis media o inflamación del oído medio, es una de las enfermedades más frecuentes durante la niñez. A los 3 años, cerca del 80 por ciento de los niños han experimentado al menos un episodio de otitis media. Generalmente, los bebés y los niños pequeños son más vulnerables a esta infección. La otitis media puede ser causada por diferentes bacterias o virus. Uno de los tipos más severos de otitis media es provocado por el neumococo. Los síntomas de otitis media pueden incluir fiebre, irritabilidad, menor apetito y dolor en los oídos. Los niños más grandes pueden presentar dolor de oídos. Los episodios recurrentes de otitis media pueden provocar problemas de equilibrio, pérdida de audición y sordera. (Información extraída de la página de Internet: www.neumococo.com)

5) Datos obtenidos de Merck Sharp & Dohme de México, SA de CV (MSD). http://www.msd.com.mx/msdmexico/patients/vacunas/neumococo.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Salud e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Manuel Cárdenas Fonseca .

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias:Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Voy a presentar ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que el IFE sea el encargado directo de contratar los espacios publicitarios que los partidos políticos requieran para su campaña en los medios electrónicos de la radio y la televisión, así como para que las campañas políticas concluyan seis días antes de la jornada electoral, al tenor de las siguientes consideraciones:

Según datos del reporte final de monitoreo de promocionales presentado por el Instituto Federal Electoral ---reporte que puede ser consultado en la página de Internet del Instituto--- se procesaron 1 millón 391 mil 176 horas de tiempo aire en 150 canales de televisión y alrededor de 240 estaciones de radio. Es importante señalar que la metodología del reporte de monitoreo de medios establece que se trata sólo de un muestreo, por lo que no representa la totalidad de los anuncios publicitarios que los partidos contrataron. Diariamente se procesaron 7 mil 702 horas y se detectaron durante todo el periodo un total de 704 mil 502 spots de radio y televisión.

El monitoreo de los promocionales de televisión arrojó los siguiente datos: se detectaron 142 mil 358 que representaron 3 millones 28 mil 153 segundos de tiempo aire, de los cuales 28 por ciento corresponden a promocionales de candidatos a Presidente de la República, 12 por ciento a diputados, 31 por ciento a senadores y 29 por ciento a genéricos.

Por otra parte en el monitoreo a la radio se detectaron 562 mil 154 promocionales, que ocuparon 11 millones 358 mil 819 segundos de tiempo aire; 42 por ciento de ese tiempo se ocupó para la promoción de candidatos a Presidente de la República, 13 por ciento a diputados, 21 por ciento a senadores y 25 por ciento a genéricos. Se calcula que para las elecciones del 2 de julio pasado se destinaron 70 centavos de cada peso de financiamiento al pago de anuncios en radio y televisión.

De los datos arrojados por el reporte de monitoreo de promocionales efectuados por el Instituto Federal Electoral, en esta última elección federal, se puede percibir de manera alarmante cómo los partidos y candidatos pasaron la promoción de sus campañas en anuncios de radio y televisión transmitidos en cadena nacional y horarios estelares, lo cual contribuyó para elevar significativamente el costo de los espacios publicitarios contratados. Lo anterior con el consabido malgasto de dinero del erario público.

Aunado a todo lo anterior, el mes pasado el IFE dio a conocer que los partidos políticos olvidaron reportar una cantidad importante de spots, cifra que representa casi la mitad de los 750 mil que el Instituto tiene registrados por la campaña presidencial de 2006. Hubo incluso, partidos que reportaron promocionales de radio y televisión en horarios inexistentes como las 25 horas o las 25:15 horas.

En este sentido es que se considera que nuestro actual marco legal ha sido rebasado por la realidad. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 48 que es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos de radio y televisión con el fin de anunciarse para la obtención del voto ciudadano.

Como se puede observar, nuestra actual legislación privilegia la libertad de nuestras instituciones políticas para contratar ellas, y sólo ellas, los espacios publicitarios en los medios de comunicación. Esta libertad que el Estado les otorga implicaría una corresponsabilidad de las mismas para el ejercicio responsable de este derecho otorgado; sin embargo, esto no ha ocurrido. Por el contrario, los partidos políticos han abusado de este derecho utilizándolo para exceder los topes de campaña para denigrar al adversario y dispendiar los recursos financieros públicos. Lo anterior, motivado por nuestra actual ley electoral, que exige a los partidos políticos un gasto mínimo en propaganda en radio y televisión.

El Código Federal de Instituciones y Prácticas Electorales, en el Apartado 5 del artículo 182-A establece:

Cada partido político deberá destinar 50 por ciento de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión, en programas para la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos, así como para el análisis de los temas de interés nacional y su posición ante ellos.

De la lectura del texto en comento se desprende la necesidad de regular de mejor manera el acceso de los partidos a este medio de propaganda política. Los recursos financieros que se destinan a este tipo de propaganda partidista son los más cuantiosos; por tanto, lo que la población exige es que sean sustancialmente menores, mejor fiscalizados y controlados.

Es más que evidente la urgente necesidad de dotar al Instituto Federal Electoral de mayores facultades para que cumpla su función social de ser el encargado directo de contratar con los espacios publicitarios que los partidos políticos requieran de los concesionarios de la radio y la televisión, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento del proceso electoral mexicano, haciéndolo más equitativo, transparente y menos costoso.

Por lo anterior y ante la demanda ciudadana de fiscalizar de mejor manera los gastos de publicidad en radio y televisión, los cuales representaron en los pasados comicios electorales 70 por ciento del gasto total de las campañas electorales, serviría de modelo para que las legislaturas locales establezcan dentro de su marco jurídico electoral medidas similares con el fin de garantizar y fortalecer los procesos electorales locales y además reducir los costos de los mismos.

Asimismo, la presente iniciativa busca reducir el periodo de las campañas políticas para prohibir los actos de proselitismo político a favor de un candidato a partido político seis días antes del día de la jornada electoral.

Con la reforma, las campañas políticas de los candidatos y partidos políticos concluirán tres días antes del término actual para las campañas. Con lo anterior, además de reducir los costos de las campañas también se estaría permitiendo la desintoxicación provocada por el bombardero mediático del electorado y con ello se favorecería la emisión de un voto razonado por parte de los ciudadanos.

Compañeros diputados, de aprobarse esta iniciativa, el Instituto Federal Electoral contará con mayores medios para la fiscalización expedita de las campañas en los medios electrónicos de radio y televisión y se reducirá el periodo de las campañas políticas para que las mismas concluyan seis días antes del día e la jornada electoral.

Es importante subrayar que este problema se puede agravar aún más si no lo atendemos ahora, que no existe ambiente preelectoral que pudiera frenar la aprobación de esta iniciativa. De no hacerlo hoy corremos el riesgo de que en las próximas elecciones federales los ciudadanos nos reprochen nuestra inacción y volvamos a ver con tristeza y coraje como una vez más se malgastan recursos públicos en excesiva propaganda electoral.

Solicito atentamente a la Presidencia de esta Mesa Directiva que se inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Héctor Manuel Ramos Covarrubias , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de dos elecciones presidenciales altamente competitivas, concurridas y limpias, los mexicanos hemos visto con agrado cómo nos involucramos cado vez más en el quehacer político del país. Hoy los ciudadanos exigen de los actores políticos un verdadero trabajo gubernamental que impulse los cambios estructurales que el país requiere para mejorar el nivel y calidad de vida de todos los mexicanos.

Según datos del reporte final de monitoreo de promocionales presentado por el Instituto Federal Electoral --que puede ser consultado en la página de Internet del instituto--, se procesaron un millón 391 mil 176 horas de tiempo aire en ciento cincuenta canales de televisión y alrededor de doscientos cuarenta estaciones de radio; es importante señalar que la metodología del reporte de monitoreo de medios establece que se trata sólo de un muestreo, por lo que no representó la totalidad de los anuncios publicitarios que los partidos contrataron. Diariamente se procesaron 7 mil 702 horas y se detectaron, durante todo el periodo, un total de setecientos cuatro mil quinientos dos spots de radio y televisión.

El monitoreo de los promocionales de televisión arrojó los siguientes datos: se detectaron 142 mil 358, que representaron, 3 millones 28 mil 153 segundos de tiempo aire, de los cuales 28 por ciento corresponde o promocionales de candidatos a presidente de la república, 12 por ciento a diputados, 31 por ciento a senadores y 29 por ciento a genéricos.

Por otra parte, en el monitoreo a la radio se detectaron 562 mil 144 promocionales, que ocuparon 11 millones 358 mil 819 segundos de tiempo aire; el 42 por ciento de este tiempo se ocupó para la promoción de candidatos a presidente de la republica, 13 por ciento a diputados, 21 por ciento a senadores y 25 por ciento a genéricos.

De los datos arrojados por el reporte de monitoreo de promocionales efectuado por el Instituto Federal Electoral en esta última elección federal se puede percibir de manera alarmante cómo los partidos y candidatos, basaron la promoción de sus campañas en anuncios de radio y televisión trasmitidos en cadena nacional y horarios estelares, lo cual contribuyó a elevar significativamente el costo de los espacios publicitarios contratados; lo anterior, con el concebido malgasto de dinero del erario público.

En este intenso proceso mediático en que se enfrascaron los tres principales partidos políticos para obtener el voto del electorado con campañas, en su mayoría, basadas en descalificaciones personales, se hizo más que evidente la urgente necesidad de dotar al Instituto Federal Electoral de mayores facultades paro que cumpla su función social de ser el encargado directo de contratar los espacios publicitarios que los partidos políticos requieran de los concesionarios de la radio y la televisión, contribuyendo de esta manera al perfeccionamiento del proceso electoral mexicano, haciéndolo mas equitativo transparente y económico.

Es importante recordar que, al ser financiados, los partidos políticos y las campañas políticas, primordialmente con recursos públicos, la ciudadanía exige, y con toda razón, que los recursos que aporta vía impuestos y pago de derechos sean destinados o cubrir las necesidades más urgentes --salud, educación, vivienda, empleo, etcétera-- y no para malgastarse en anuncios que nada aportan al debate político, que no promueven el contacto directo del candidato con los electores y que elevan considerablemente el costo de las campañas políticas.

Uno más de los beneficios de esta reforma es el que fomenta el trato equitativo de los medios de comunicación hacia los partidos políticos, pues a1 ser el Instituto Federal Electoral el único encargado de negociar las tarifas, se elimina factor subjetivo de dar mejores tarifas a uno u otro partido, contribuyendo a la democratización del proceso electoral.

En este sentido es que se considera que nuestro actual marco legal ha sido rebasado por la realidad; el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su artículo 48, que es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos de radio y televisión con el fin de anunciarse para la obtención del voto ciudadano.

Como se puede observar, nuestra actual legislación privilegia lo libertad de nuestras instituciones políticas, para contratar ellas, y sólo ellas, los espacios publicitarios en los medios de comunicación. Esta libertad que el Estado les otorga implicaría una corresponsabilidad de las mismas, para el ejercicio responsable de este derecho otorgado, sin embargo, esto no ha ocurrido; por el contrario, los partidos políticos han abusado de este derecho, utilizándolo para exceder los topes de compaña, para denigrar al adversario y dispendiar los recursos financieros públicos.

Se calcula que, para las elecciones del dos de julio pasado se destinaron setenta centavos de cada peso de financiamiento al pago de anuncios en radio y televisión.

No es posible seguir permitiendo esta situación, que ofende a los mexicanos; es necesario reconocer que fuimos testigos, durante la pasada campaña, de que, mientras se malgastaban millones de pesos en espacios publicitarios, tales recursos hacían falta para aliviar las necesidades de muchos mexicanos que sobreviven en la pobreza.

Lo anterior motivado, en parte, por nuestra actual ley electoral, que exige a los partidos políticos un gasto mínimo en propaganda en radio y televisión. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el apartado 5 del artículo 182-A, establece:

Cada partido político deberá destinar el 50 por ciento de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión en programas para la difusión de su plataforma electoral la promoción de sus candidatos, así como para el análisis de los temas de interés nacional y su posición ante ellos.

De la lectura del texto en comento se desprende la necesidad de regular de mejor manera el acceso de los partidos a este medio de propaganda política; ya el legislador preveía que ésta se convertiría en el principal medio para la promoción electoral de los partidos; los recursos financieros que se destinan a este tipo de propaganda partidista son los más cuantiosos; por tanto, los que la población exige sean sustancialmente menores, mejor fiscalizados y controlados.

Nuestro Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es y debe ser perfectible; como toda norma jurídica, debe atender a la realidad que desea o pretende reglamentar; hoy se requiere seguir fortaleciendo el Instituto Federal Electoral, dotándolo de mayores atribuciones que garanticen la equidad y transparencia de los procesos electorales.

Por último, para seguir en el mismo tenor de reducir los costos de los procesos electorales y, sobre todo, contribuir a la toma de decisión del ciudadano sobre su voto, la última reforma que se propone en esta iniciativa busca reducir el periodo de las campañas políticas, para lo cual se pretende reformar al artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para prohibir los actos de proselitismo político en favor de un candidato o partido político seis días antes del día de la jornada electoral.

De aprobarse esta reforma, las campañas políticas de los candidatos y partidos políticos concluirían tres días antes del término actual; con lo anterior, además de reducir los costos de las campañas, también se estaría permitiendo la desintoxicación --provocada por el bombardeo mediático-- del electorado, y con ello se favorecería la emisión de un voto razonado por parte de los ciudadanos.

De aprobarse esta iniciativa, el Instituto Federal Electoral será el único autorizado para contratar directamente con los concesionarios de los medios de radio y televisión, el tiempo para los espacios publicitarios de los partidos, y se reducirá el periodo de las campañas políticas para que las mismas concluyan seis días antes del día de la jornada electoral.

Es importante subrayar que este problema se puede agravar aún más si no lo atendemos ahora, que no existe ambiente preelectoral que pudiera frenar la aprobación de esta iniciativa; de no hacerlo hoy, corremos el riesgo de que en las próximas elecciones federales los ciudadanos nos reprochen nuestra inacción y volvamos a ver con tristeza y coraje cómo una vez más se malgastan recursos públicos en excesiva propaganda electoral.

Por lo antes expuesto es que me permito presentar la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único: Se reforman los artículos 48, 93, 190 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 48

1. Es derecho exclusivo del Instituto contratar los tiempos en radio y televisión para que los partidos políticos difundan mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo. Los candidatos solo podrán hacer uso de los tiempos que les asignen su partido político, o coalición, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, párrafo 1 inciso c).

2. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral solicitará oportunamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su intervención, a fin de que los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, tanto nacionales como de cada entidad federativa, le proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes, disponibles para su contratación por el instituto para dos periodos: el primero, del 1 de febrero al 31 de marzo del año de la elección; y el segundo, del 1 de abril y hasta seis días antes del señalado por este Código para la jornada electoral. Dichas tarifas no serán superiores o las de publicidad comercial.

3. (...)

4. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés para que el instituto contrate los tiempos, conforme al primer catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al de la elección, por lo que hace a la campaña de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a más tardar el 31 de enero del año de la elección para las campañas de senadores y diputados. Los partidos políticos deberán comunicar por escrito a la misma Dirección Ejecutiva las estaciones, canales y horarios en los que tengan interés para que el instituto les contrate los tiempos del segundo catálogo que les fue proporcionado, a más tardar el 28 de febrero del año de la elección, por lo que hace a la compaña de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y a más tardar el 15 de marzo del mismo año para las campañas de senadores y diputados.

5. En el evento de que dos o más partidos políticos manifiesten interés de que el instituto les contrate tiempos en un mismo canal o estación, en los mismos horarios, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos aplicará, en su caso, el procedimiento siguiente:

A) Se dividirá el tiempo total disponible para contratación del canal o estación en forma igualitaria entre el número de partidos políticos interesados en que el instituto les contrate; el resultante será el tiempo que cada partido político podrá contratar por medio del instituto. Si hubiese tiempos sobrantes volverán a estar a disposición de los concesionarios o permisionarios y no podrán ser objeto de contratación posterior del instituto poro uso de los partidos políticos.

B) a D) (...)

6. En el caso de que solo un partido político manifieste interés porque el Instituto le contrate tiempo en un canal o estación, podrá hacerlo hasta por el límite que los concesionarios o permisionarios hayan dado a conocer como el tiempo disponible para efectos de este artículo.

7. El reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos a contratar para cada partido político, del primer catálogo, deberá finalizar a más tardar el 15 de enero del año de la elección para la campaña de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a más tardar el 28 de febrero del mismo año, para las campañas de senadores y diputados. Para el segundo catalogo, el reparto y asignación de los canales, estaciones y tiempos o contratar para cada partido político, para las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, deberá concluir el 15 de abril del mismo año.

8. Una vez concluido el procedimiento de reparto y asignación a que se refiere el párrafo anterior, el instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos. La Dirección Ejecutiva comunicará a cada uno de los concesionarios o permisionarios los tiempos y horarios que cada uno de los partidos políticos está autorizado a utilizar.

9. En uso de los tiempos contratados por el instituto para el uso de cada uno de los partidos políticos en los términos de este código, en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a presidente, diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los periodos de campaña a que se refiere el articulo 190, párrafo 1, de este Código.

10. a 12. (...)

13. En ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de los partidos políticos o terceros.

Artículo 93

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

A) a F) (...)

G) Realizar las actividades para que los partidos políticos ejerzan sus prerrogativas y puedan acceder al uso de los tiempos en radio y televisión contratados por el instituto, en los términos de este código;

H) a M) (...)

Artículo 190

1 (...)

2. El día de la jornada electoral y durante los seis días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de compaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

3. a 6. (...)

Artículo 269

1. (...)

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

A) a F) (...)

G) Contraten, directamente o por un tercero, tiempos en radio o televisión, en cualquier tiempo conforme a lo establecido en los artículos 47 y 48 de este código.

H) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este código.

3. y 4. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Gobernación e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias .

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Alejandro Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete(desde la curul): Señor Presidente, solamente para pedir a esa Presidencia que también se dé turno a la iniciativa presentada por el de la voz, a la Comisión de Gobernaciónpor su relevancia. Si es tan amable. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese también, en ese caso no hay inconveniente de la Mesa Directiva y seturna entonces a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y a la de Gobernación.No hay problema.

ARTICULOS 2o., 3o., 4o., 25, 26 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El tema de alimentación es uno que requiere de especial atención en nuestro marco constitucional visto como un proceso y no por temáticas aisladas como comúnmente se le ha considerado.

Durante la pasada legislatura se avanzó en establecer la garantía del derecho a la alimentación de manera aislada, pero a tal grado que ha significado un ir y venir entre ambas cámaras del Congreso, como si ese derecho no fuera socialmente indispensable tanto para su garantía como para su significado en el contexto del desarrollo nacional.

La base de la alimentación está en el campo como un proceso cultural, significado de la sedentarización humana y del uso tecnológico derivado del conocimiento sobre la utilización de especies que les eran más adecuadas para el desarrollo colectivo.

Actualmente, la alimentación implica aspectos de nutrición, de reconocimiento de valores culturales, y principalmente, del logro de la soberanía alimentaria que toda nación requiere para su desarrollo.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consciente de la necesidad de reformar nuestro marco jurídico vigente se dio a la tarea de convocar a especialistas de diversa índole en la materia, así como la nutrida participación de la sociedad civil interesada en este tema, coincidiendo en la urgente necesidad de garantizar en nuestra Constitución los diversos aspectos relacionados con el proceso alimentario.

En primera instancia se parte del hecho que la alimentación es el primer contacto que todo ser humano tiene al momento de nacer. El primer contacto físico es con nuestra madre al requerirle alimento y en tal sentido se transforma en una garantía constitucional sine qua non.

Con el reconocimiento constitucional de este derecho significa tomarlo como fuente de identidad y de vida y protegerlo como patrimonio, permitiéndonos interpretar la tradición, construir una cierta relación con la historia y el territorio y acrecentar el sentimiento de pertenencia con identidad propia.

México tiene una amplia variedad de cultivos que se utilizan en la alimentación base que son alrededor de 232, de los cuales 53 son especies nativas, hecho que hace de nuestras cocinas la utilización de ingredientes muy por encima del ámbito mundial, ya que 90 por ciento de los alimentos se basan solamente en 20 cultivos. De ahí que los recursos genéticos son una auténtica fuente de diversidad de resistencia a condiciones adversas y de nuevas alternativas de alimentos.

Es innegable el hecho que esta gran diversidad ha sido construida por nuestras comunidades rurales, en particular por las comunidades indígenas que han sabido transformar a través del tiempo los frutos de la tierra.

Preocupan las cifras y problemas derivados de la última encuesta nacional de nutrición 2006. De este ejercicio se destaca como problema la desnutrición por anemia, por deficiencia de hierro y de zinc, así como los problemas por enfermedades por exceso en la dieta.

En el sur del país el problema es alarmante, ya que los índices de desnutrición van disminuyendo porque la población infantil menor de cinco años va muriendo por esta causa. Esta misma inercia se incrementa en mayores de 70 años, lo cual significa que se debe enfatizar en políticas urgentes para atender la población infantil y a nuestros adultos mayores no sólo en las grandes ciudades, sino en el ámbito rural y localidades medias y pequeñas.

Destaca el hecho que siendo el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas estados con mayor número de habitantes y necesariamente de electores, son los estados con mayor índice de desnutrición. De ahí que es urgente ---por lo que a nosotros nos toca--- dotar de garantías y marcos jurídicos necesarios para enfrentar este flagelo, ya que es inconcebible que los de mayor votación para su representación en el Congreso, sean los estados con mayor problemática nutricional.

Los problemas de salud relacionados con la mala alimentación van incrementándose; con sólo señalar que 10 por ciento de prevalencia de diabetes en mayores de 20 años es una situación muy grave, porque representa 65 amputaciones de miembros inferiores al año; 12 mil casos de ceguera, 28 mil de insuficiencia renal que requieren 100 acciones de diálisis peritoneal; 50 mil defunciones al año por esta causa, 210 mil nuevos casos por año de diabetes y por si fuera poco, 25 por ciento de mayores de 65 años tiene esta enfermedad. Además, dentro del grupo de mayores de 20 años, 55 por ciento tienen sobrepeso u obesidad. Si vamos a esa misma trayectoria, 80 por ciento de mayores de 40 años tienen esta situación.

Aunque no quiera aceptarse, el modo de producción imperante y los modelos económicos instaurados para darle cabida están produciendo ésta alarmante situación, ya que dejan a la libre fuerza del mercado la producción de alimentos con una proliferación de franquicias alimentarias con productos que han hecho a la sociedad más consumista y caracterizada por la obesidad de sus ciudadanos. La estadounidense, símbolo transnacional al que deben sujetarse el resto de las sociedades del mundo.

La protección de la infancia en los centros educativos en cuanto a su alimentación es verdaderamente alarmante. Las escuelas se convierten en generadoras de obesos, como se puede imaginar, ya que de ahí la necesidad de legislar para proteger a los menores ante prácticas que promueven alimentos y dietas no saludables. Asimismo, la participación de infantes en anuncios publicitarios que sólo benefician los bolsillos de los padres y potencializa a las industrias que sus jugosas ganancias no debieran permitirse.

Las prácticas en los hogares sobre bases alimentarias se están agudizando, dada la costumbre a la que no debiera acostumbrarse como consumir jugos y mermeladas y todo lo enlatado, frente a lo saludable que representa pelar una fruta y manifestarlo en sus diversas formas de consumo, por sólo citar un ejemplo.

La base alimentaria mexicana es por demás conocida, pero carece de reconocimiento constitucional. El maíz es, por antonomasia, el cultivo originario y diverso a lo largo del territorio nacional. Sus productos son socialmente necesarios para el desarrollo humano, aunado a él está el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el nopal, el jitomate y el aguacate.

La alimentación también debe ser tratada como un acto biológico, de satisfacción y de convivencia social. Se trata de asumir a la alimentación como algo importante. La soberanía alimentaria no es más que la capacidad de los mexicanos de tener la alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud, de lo económico, y no la que nos imponen, sino decidir lo que queremos. Se trata de tener una orientación alimentaria adecuada.

En función de lo anteriormente señalado existen suficientes razones para modificar nuestro marco constitucional para reconocer la importancia de una alimentación adecuada vista como un proceso que tiene que ver con la producción de alimentos, con la protección de la niñez mexicana, con el reconocimiento de los valores culturales, sustentada por nuestros pueblos y comunidades indígenas, con disminuir los efectos de la acentuada mala alimentación generada por el modo de producción imperante, con reconocer nuestro patrimonio alimentario a nivel nacional antes de solicitarlo ante la comunidad mundial, con garantizar y reconocer los productos necesarios para el desarrollo de nuestra población en garantizar el maíz y otros productos base, no sólo como patrimonio nacional, sino como base de nuestra soberanía alimentaria.

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

(...)

Solicito que se integre el texto al Diario de los Debates, completo. Firman esta iniciativa los diferentes integrantes del grupo parlamentario del PRD. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la alimentación requiere especial atención en nuestro marco constitucional, ausente en el ideario del Constituyente del 17, ya que sólo se preocupó por una de sus fases, no menos importantes, la producción social del campo.

No obstante, la alimentación, en los umbrales del siglo XXI, debe verse como un proceso y no por temáticas aisladas como comúnmente se le ha considerado.

Durante la pasada legislatura se avanzó en establecer la garantía del derecho a la alimentación de manera aislada, a tal grado que ha significado un ir y venir entre ambas Cámaras del Congreso de la Unión, como si este derecho no fuera socialmente indispensable tanto para su garantía como derecho individual como para su significado en el contexto del desarrollo nacional.

La base está en el campo como un proceso cultural, significado de la sedentarización humana y el uso tecnológico derivado del conocimiento humano sobre la utilización de especies que le eran más adecuadas para el desarrollo colectivo.

Actualmente, la alimentación implica aspectos de nutrición, de reconocimiento de valores culturales y, principalmente, del logro de la soberanía alimentaria que toda nación requiere para su desarrollo.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consciente de la necesidad de reformar nuestro marco jurídico vigente, se dio a la tarea de convocar a especialistas de diversa índole en la materia, así como la nutrida participación de la sociedad civil interesada en el tema: coincidieron en la urgente necesidad de garantizar en nuestra Constitución los diversos aspectos relacionados con el proceso alimentario.

En primera instancia se parte del hecho de que la alimentación es el primer contacto que todo ser humano tiene al momento de nacer. El primer contacto físico es con nuestra madre, al requerirle alimento; y en tal sentido, se transforma en una garantía constitucional sine qua non.

El reconocimiento constitucional de este derecho significa tomarlo como fuente de identidad y de vida, y protegerlo como patrimonio, permitiéndonos interpretar la tradición, construir una cierta relación con la historia y el territorio, y acrecentar el sentimiento de pertenencia con identidad propia.

México tiene amplia variedad de cultivos que se utilizan en la alimentación base, que son alrededor de 232 cultivos, de los cuales 53 son especies nativas, hecho que hace de nuestras cocinas la utilización de ingredientes muy por encima del ámbito mundial, ya que 90 por ciento de los alimentos se basan solamente en 20 cultivos; de ahí que los recursos filogenéticos sean una auténtica fuente de diversidad, de resistencia a condiciones adversas y de nuevas alternativas de alimentos.

Es innegable el hecho de que esta gran diversidad citogenética ha sido construida por nuestras comunidades rurales, en particular por nuestras comunidades indígenas, que han sabido transformar a través del tiempo los frutos de la tierra.

Preocupan también las cifras y los problemas derivados de la última Encuesta Nacional de Nutrición de 2006. De este ejercicio se destacan como problemas la desnutrición por anemia, por deficiencia de hierro y de zinc, así como los problemas por enfermedades por exceso en la dieta. En el sur del país, el problema es alarmante, ya que los índices de desnutrición van disminuyendo porque la población infantil menor de cinco años va muriendo por esa causa. La misma inercia se incrementa en mayores de 70 años. Eso significa que se debe enfatizar en políticas urgentes para atender a la población infantil y de nuestros adultos mayores no sólo en las grandes ciudades sino en el ámbito rural y localidades medias y pequeñas.

Destaca el hecho de que siendo el estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas las entidades de mayor número de habitantes y necesariamente de electores, sean las de mayor índice de desnutrición. De ahí que sea urgente, por lo que a nosotros toca, dotar de garantías y marcos jurídicos necesarios para enfrentar este flagelo, ya que es inconcebible que los de mayor votación para su representación en el Congreso sean los estados con mayor problemática nutricional.

Los problemas de salud relacionados con la mala alimentación van incrementándose. Con sólo señalar que 10 por ciento de prevalencia de diabetes en mayores de 20 años es una situación muy grave porque representa 65 amputaciones de miembros inferiores al año, 12 mil casos de ceguera, 28 mil de insuficiencia renal que requieren 100 acciones de diálisis peritoneal, 50 mil defunciones al año por esta causa, 210 mil nuevos casos por año de diabetes, y por si fuera poco, 25 por ciento de mayores de 65 años tiene esta enfermedad.

Además, dentro del grupo de mayores de 20 años, 55 por ciento tiene sobrepeso u obesidad y si vamos en esa misma trayectoria, 80 por ciento de los mayores de 40 años tiene esta situación.

Aunque no quiera aceptarse, el modo de producción imperante y los modelos económicos instaurados para darle cabida están produciendo esta alarmante situación porque al dejar a las libres fuerzas del mercado la producción de alimentos y ante la proliferación de franquicias alimentarias con productos que han hecho a la sociedad más consumista y caracterizada por la obesidad de sus ciudadanos, la estadounidense, símbolo transnacional al que debe sujetarse el resto de las sociedades del mundo.

La protección de la infancia en los centros educativos, en cuanto a su alimentación, es verdaderamente alarmante. Ahora resulta que las escuelas son un lugar generador de obesos como se pueda imaginar; las cooperativas escolares han desaparecido para permitir la entrada de vendedores ambulantes, expendedores de refrescos y bebidas dulces que potencian las enfermedades ante la regulación interna en los centros educativos que prohíben correr, jugar a la pelota en los descansos y por si esto no fuera poco, no existen bebederos con agua potable. De ahí la necesidad de legislar para proteger a los menores ante prácticas que promuevan alimentos y dietas no saludables. La anemia infantil está disminuyendo el desarrollo de nuestros infantes. Incluso, es alarmante que en la comunidad médica nacional no haya conciencia del problema de la anemia.

La participación de infantes en anuncios publicitarios, que sólo beneficia los bolsillos de sus padres en menor medida pero que potencia las industrias en sus jugosas ganancias, no debería permitirse. En la Unión Europea esa práctica está por demás prohibida.

Las prácticas en los hogares sobre bases alimenticias se están agudizando, dada la costumbre a lo que no deberían acostumbrarse, como consumir jugos y mermeladas y todo lo enlatado frente a lo saludable que representa pelar una fruta y manifestarla en sus diversas formas de consumo.

La base alimenticia mexicana es por demás conocida, pero carece de reconocimiento constitucional. El maíz es, por antonomasia, el cultivo originario y diverso a lo largo del territorio nacional. Sus productos son socialmente necesarios para el desarrollo humano. Aunado a él está el frijol, el chile, la calabaza, el amaranto, el jitomate y el aguacate.

La alimentación también debe ser tratada como un acto biológico, de satisfacción y de convivencia social; se trata de evitar asumir la alimentación como algo importante y no como un acto que se realiza en juntas o perder el tiempo en preparar alimentos porque ahí está la industria para manipularnos. Esto es inaceptable para una sociedad que ha sido ejemplo alimentario para el mundo entero.

La soberanía alimentaria no es más que la capacidad de los mexicanos de tener alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud, de lo económico y no la que nos imponen sino decidir lo que queremos. Se trata de tener una orientación alimentaria adecuada.

En función de lo anterior, existen suficientes razones para modificar nuestro marco constitucional para reconocer la importancia de una alimentación adecuada vista como todo un proceso que tiene que ver con la producción de alimentos, con la protección de la niñez mexicana, con el reconocimiento de los valores culturales sustentada por nuestros pueblos y comunidades indígenas, con disminuir los efectos de una acentuada mala alimentación generada por el modo de producción imperante, con reconocer nuestro patrimonio alimentario a nivel nacional antes de solicitarlo ante la comunidad mundial, con garantizar y reconocer los productos necesarios para el desarrollo de nuestra población, en garantizar el maíz y otros productos base no sólo como patrimonio nacional sino como base de nuestra soberanía alimentaria.

En consecuencia y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma la fracción IV del apartado A del artículo 2o., para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos, cocinas tradicionales y cultivos y productos agropecuarios que son base de su alimentación, y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, incluida la propiedad intelectual del conocimiento tradicional que tienen sobre los recursos biológicos y su material genético;

Segundo. Se reforma la fracción II, inciso b), del artículo 3o., para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

I. y II. ... a) ...

b) Será nacional, en cuanto --sin hostilidades ni exclusivismos-- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, al reconocimiento y defensa del patrimonio y riqueza alimentaria, cocinas tradicionales, cultivos y otras especies alimenticias, al fomento de la educación culinaria, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

c) ...

III. a VIII. ...

Tercero. Se reforma el párrafo sexto y se adiciona un último párrafo al artículo 4o., para quedar como sigue:

Artículo 4o....

...

...

...

...

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación y nutrición adecuada que evite en todo momento el consumo de alimentos que puedan producirles enfermedades crónicas, degenerativas u otras análogas; de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Queda prohibida la utilización de menores en anuncios publicitarios como medio para garantizar su integridad. Los alimentos que se comercialicen en los centros educativos deberán ser saludables libres de grasas trans y azúcares.

...

...

Todo individuo tiene derecho a disfrutar de una alimentación suficiente en calidad y cantidad, que promueva una adecuada nutrición. La ley que para tal efecto expida el Congreso General establecerá la concurrencia entre los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal y la concertación con los sectores social y privado, a fin de alcanzar tal objetivo.

Cuarto. Se adiciona un último párrafo al artículo 25, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

El maíz, junto con el frijol, chile, calabaza, aguacate, jitomate, nopal, amaranto y cacao, y sus productos derivados, constituyen la base alimenticia de la dieta del mexicano. Su protección, producción y salvaguardia son objeto de interés social, utilidad pública y soberanía alimentaria, y constituyen una garantía para que todo individuo tenga derecho de acceso a estos productos socialmente necesarios y representa la base del desarrollo nacional. Las leyes, políticas y los tratados internacionales garantizarán este derecho.

Quinto. Se adicionan dos últimos párrafos al apartado A del artículo 26, para quedar como sigue:

Artículo 26. A. ...

...

...

...

La planeación democrática que defina el Estado garantizará la soberanía alimentaria basada en los productos que son socialmente necesarios de los mexicanos para la alimentación, nutrición y valores culturales.

El Estado garantizará el reconocimiento y defensa del patrimonio y riqueza alimentaria a través de las cocinas tradicionales. La ley establecerá la concurrencia entre los órdenes de gobierno para la protección, desarrollo y defensa de este patrimonio.

B. ...

Sexto. Se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

XXIX-N. Para regular el acceso, distribución y conservación, en beneficio social, de los recursos genéticos para la agricultura y alimentación, y los recursos biológicos y su material genético que reconozca la propiedad intelectual del conocimiento tradicional que sobre ellos tienen las comunidades y pueblos indígenas y rurales; el fomento de los productos orgánicos, así como para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias. Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes o reformas de leyes vigentes para regular las materias que este decreto establece en un plazo de 180 días a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2007.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionalese insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado la diputada Aleida Alavez.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Se da la más cordial bienvenida a los alumnos de la escuela Patria Nueva, del Estado de México, que se encuentran en este recinto parlamentario. Bienvenidos.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna a expresarme en torno a un problema cada vez más grave en todo el país. Me refiero a la violencia que se vive dentro de las aulas en todos los niveles de educación en México.

En los diversos sectores de la sociedad es un reclamo constante el problema de la violencia, la inseguridad y los hechos delictivos que se reportan de manera cotidiana dentro y fuera de las aulas de clase, en varias partes y a todas horas en el país. En este contexto, el espacio escolar no es la excepción y la violencia va en aumento.

El hecho es que estas acciones delictivas que antes nos asombraban por su rareza, ahora son parte del panorama cotidiano en algunos planteles educativos.

El aumento de la violencia en las escuelas públicas y privadas es un fenómeno creciente que provoca graves trastornos emocionales en los menores, los cuales en muchas ocasiones se encuentran sometidos a golpes, abusos, insultos, hostigamiento y amenazas, al estar en su proceso de formación. Crecen con ese estereotipo y lo consideran como algo cotidiano normal y, por consecuencia, lo repiten.

La violencia es un fenómeno creciente en los planteles educativos, pero no es nuevo; no ha dejado de ser noticia que en las escuelas haya niñas, niños o jóvenes que se comporten agresivamente con sus compañeros y maestros, que llevan armas escondidas, que venden o consumen drogas o que incluso, roban a otros estudiantes.

Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública respecto del aumento de la violencia en los salones de clase son evidentes. El incremento del maltrato físico y emocional y del abuso sexual pasó de 12 casos tan solo en el Distrito Federal, en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en el ciclo escolar 2003-2004; es decir, aumentó 3 mil 917 por ciento en cuatro años, cifra que es alarmante y que muestra el grado de ambiente violento en el ámbito escolar y que para el 2007 la cifra va en gradual aumento.

Las siguientes cifras son un claro ejemplo de la violencia en las escuelas, en donde el maltrato físico predomina entre las denuncias realizadas con 25 por ciento, seguido por el abuso sexual, con 14 por cieno y el maltrato emocional con 13 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en promedio recibe una queja diaria relacionada con maltrato al alumno por parte de sus maestros. Desde 1990 la CNDH ha recibido 2 mil 933 quejas por violación de derechos humanos de alumnos de educación básica, de las que 90 por ciento corresponden a escuelas públicas.

Se han emitido recomendaciones sobre el tema sin que hasta el momento haya resultados sobresalientes, aunado al hermetismo de las instituciones que impiden que se den a conocer con mayor difusión los acontecimientos que ocurren al interior de sus aulas. Una mirada atenta al funcionamiento de la escuela muestra que en el cumplimiento de sus propósitos se ha incorporado más violencia que la que se reconoce oficialmente.

El principal problema en las escuelas públicas es que los actos violentos no son resueltos por las propias autoridades educativas. Por lo general son instancias ajenas, como la policía preventiva y hasta la Comisión de Derechos Humanos, las que toman cartas en estos asuntos. Ello revela el desinterés, burocratismo o, peor aún, que la realidad superó a la autoridad y a la capacidad de los profesores, con lo que posiblemente las escuelas sean rehenes de grupos violentos. Las acciones gubernamentales al respecto son escasas. Si bien hay programas que intentan aminorar la violencia y los problemas que se generan en el espacio educativo son esfuerzos muy recientes que cada vez se ven más desfasados de la realidad.

Por ello es importante que las bases jurídicas que regulan al sistema educativo nacional a partir de la administración pública federal con la Secretaría de Educación Pública tengan que armonizarse ---al igual que las demás instituciones--- con el proceso de transversalización de la perspectiva de género.

Es urgente actuar ya fortaleciendo el sistema educativo nacional, profesionalizando a las autoridades educativas para prevenir y sancionar a quien ejerza la violencia, estableciendo como principios educativos básicos el fomento a valores como la tolerancia, el respeto, el rechazo a la discriminación, la equidad entre los géneros, entre otros. Desde luego también a la formación de personas que sepan resolver sus diferencias, privilegiando el diálogo y la tolerancia en abierto rechazo a actitudes violentas.

La violencia escolar es un fenómeno que debe ser asumido de manera conjunta por los gobiernos federal, estatal y municipal, las autoridades educativas, los docentes, los padres de familia y los propios alumnos que tienen derecho a ejercer su voz para establecer acciones preventivas más eficaces.

Debemos trabajar en conjunto y no ser insensibles ante este hecho lacerante en nuestra sociedad. Las y los estudiantes son parte del futuro de México; debemos garantizar que tengan educación con principios y valores claros que eliminen violencia de cualquier tipo.

Por economía de tiempo y para un mejor desahogo del orden del día de la sesión, solicito que sea incorporado íntegro el cuerpo de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, segundo párrafo; se adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 7; se reforma el artículo 8, fracción III; se adiciona el párrafo tercero al artículo 30; y se reforma el artículo 49, adicionándole un párrafo, todos de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En los diversos sectores de la sociedad es un reclamo constante dar solución al problema de la violencia, la inseguridad y los hechos delictivos que se reportan de manera cotidiana dentro y fuera de las aulas de clase en varias partes y a todas horas en el país. En este contexto, la violencia escolar va en aumento.

Estas acciones delictivas, que antes nos asombraban por su rareza, ahora son parte del panorama cotidiano en algunos planteles educativos. Son hechos que incluso se difunden profusa y masivamente en Internet, en páginas de amplio dominio.

El aumento de la violencia en las escuelas públicas y en las privadas es un fenómeno creciente que provoca graves trastornos emocionales en los menores, que en muchas ocasiones se encuentran sometidos a golpes, abusos, insultos, hostigamiento y amenazas. Por estar en su proceso de formación, crecen con este estereotipo y lo consideran algo cotidiano o normal y, por consecuencia, tienen tendencia a repetirlo tanto en la juventud como en la madurez.

La violencia es un fenómeno creciente en los planteles educativos, pero no nuevo. No ha dejado de ser noticia que en las escuelas haya niños o jóvenes que se comportan agresivamente con sus compañeros y profesores, que llevan escondidas armas, que venden y consumen drogas, o que incluso roban a otros estudiantes.

Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública respecto del aumento de la violencia en los salones de clase son evidentes: el incremento del maltrato físico y emocional y del abuso sexual pasó de 12 casos tan sólo en el Distrito Federal en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en el ciclo escolar 2003-2004; es decir, aumentó 3,917 por ciento en cuatro años, cifra alarmante que muestra el grado de ambiente violento en el ámbito escolar y para 2007 la cifra va en gradual aumento.

Las siguientes cifras son un claro ejemplo de la violencia en las escuelas: en ellas, el maltrato físico predomina entre las denuncias realizadas, con 25 por ciento, seguido por el abuso sexual, con 14 por ciento, y el maltrato emocional, con 13 por ciento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe en promedio una queja diaria relacionada con maltrato a algún alumno por parte de sus maestros. Desde 1990, la CNDH ha recibido 2 mil 933 quejas por violación de derechos humanos en el caso de alumnos de educación básica, de las que 90 por ciento corresponde a escuelas públicas. Se han emitido recomendaciones sobre el tema, sin que hasta el momento haya resultados sobresalientes, sobre todo en forma de disminución de tales incidentes.

Aunado al hermetismo de las instituciones, que impide que se den a conocer con mayor difusión los acontecimientos que ocurren en sus aulas, una mirada atenta al funcionamiento de las escuelas muestra que se presenta más violencia de la que se reconoce oficialmente.

El principal problema es que los actos violentos no son resueltos por las propias autoridades educativas; por lo general, son instancias ajenas, como la policía preventiva y hasta las comisiones de derechos humanos, las que toman carta en estos asuntos. Ello revela desinterés, burocratismo o, peor aún, que la realidad superó la autoridad y la capacidad de los profesores, con lo que posiblemente las escuelas sean rehenes de grupos violentos.

Las acciones gubernamentales al respecto son escasas. Si bien hay programas que intentan aminorar la violencia y los problemas que se generan en el espacio educativo, son esfuerzos muy recientes que cada vez se ven más desfasados de la realidad.

El sistema educativo tiene muchas virtudes, como su universalidad, la accesibilidad para cualquier clase social, su autonomía, la libertad de cátedra, el espíritu científico y el ejercicio crítico que permiten plantear respuestas y retos para el porvenir individual y colectivo. Si algo no tiene nuestra educación es que sea inmóvil o complaciente.

Sin embargo, adolece de varios problemas, entre los que destacamos que sea un espacio en donde se reflejan los conflictos sociales y las conductas agresivas que se han ido forjando al amparo de la comercialización masiva y manipuladora de valores contraculturales, principalmente en los medios masivos, que exaltan la confrontación y el crimen, subestimando principios de la importancia del respeto, la cordialidad, la convivencia y la solidaridad.

El clima social que se vive en las calles y en los hogares induce conductas prácticamente patológicas en un amplio número de alumnos que los llevan a practicar crecientemente la agresividad y la violencia. La violencia se hace más compleja con la marginalidad de las mujeres, tanto alumnas como docentes, precisamente en las escuelas, donde debería fortalecerse el aprendizaje de una cultura de respeto y equidad de género.

Por tanto, la violencia física y psicológica contra las mujeres subsiste y se le añade la creciente violencia colectiva en las instituciones educativas que, en muchas zonas, principalmente de las ciudades, se alienta desde el exterior por las bandas de narcotraficantes y las pandillas, amenazando desbordar el control y la responsabilidad de los padres y de las autoridades educativas.

En el contexto internacional, por lo que respecta a la necesidad de convertir las aulas en los espacios que promuevan el respeto entre géneros y la tolerancia entre los seres humanos, podemos hacer mención de que la Plataforma de Acción de Beijing tiene considerada como su segunda esfera de especial preocupación la ``educación y capacitación de la mujer''; por ser éste un instrumento internacional del que México forma parte, estamos obligados a implantarlo para su cumplimiento en el país.

Por ello, las bases jurídicas que regulan el sistema educativo nacional tienen que armonizarse, igual que las demás instituciones sociales, con el proceso de transversalización de la perspectiva de género, con la tolerancia y con una cultura de respeto entre las personas.

Es urgente actuar ya, fortaleciendo el sistema educativo nacional, profesionalizando a las autoridades educativas y a los docentes para prevenir y sancionar a quien ejerza violencia, estableciendo como principios educativos básicos el fomento de valores como la tolerancia, el respeto, el rechazo de la discriminación, y la equidad entre los géneros; y desde luego, a la formación de personas que sepan resolver sus diferencias privilegiando el diálogo y la tolerancia, en abierto rechazo de actitudes violentas.

La violencia escolar y la discriminación de género son fenómenos que deben ser asumidos de manera conjunta por los gobiernos federal, estatales, municipales, los docentes, los padres de familia y los propios alumnos, que tienen derecho a ejercer su voz, para establecer acciones preventivas y más efectivas.

Por lo anterior, se vuelve imprescindible una fundamentación normativa en la Ley General de Educación, para implantar políticas públicas eficaces en materia educativa que busquen la equidad entre los géneros, consagrada en el artículo 4o. constitucional y la eliminación de cualquier forma de violencia, establecida en diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 2, segundo párrafo; adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 7; reforma el artículo 8, fracción III; adiciona el párrafo tercero al artículo 30; y reforma el artículo 49, adicionándole un párrafo, todos de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 2, en su segundo párrafo; se adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 7; se reforma el artículo 8, fracción III; se adiciona el párrafo tercero al artículo 30; y se reforma el artículo 49, adicionándole un párrafo, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

...

Artículo 7. ...

I. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad humana, así como propiciar el rechazo de los vicios; del mismo modo, desarrollar una cultura de la equidad entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género, de manera transversal en todos los planes y programas de los diferentes niveles de educación, y también en la capacitación del personal docente.

XI. a XIII. ...

Artículo 8. ...

I. y II. ...

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las personas, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 30. ...

...

Sin menoscabo de lo anteriormente señalado, las instituciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos de prevención y eliminación de la violencia para que sean sujetas a evaluaciones sobre este particular. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad y equidad entre los géneros que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

El proceso educativo buscará prevenir y erradicar la violencia en el interior de las aulas, en los diferentes niveles educativos. Para ello, se dará capacitación al personal docente para que éste, a su vez, traslade la información a las y los estudiantes, así como a los padres de familia.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Educación Pública deberá considerar los criterios establecidos en el presente decreto en la próxima revisión de los planes y programas, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley General de Educación, informando de las acciones tomadas al Poder Legislativo.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2007.--- Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias diputada.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativose insértese el texto íntegro, como lo ha solicitado la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia señor Presidente. Señoras y señores diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud.

El que suscribe, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos y demás relativos, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero del artículo 216 de la Ley General de Salud, a fin de que sea aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El refresco, para los mexicanos, es un producto de consumo popular, aunque si bien es cierto que este producto no es un artículo de primera necesidad, sí es de consumo generalizado. Es primordial recordar que la gente de más bajos ingresos consume refrescos, incluso lo hacen como parte de su dieta básica.

México es el segundo consumidor de refrescos en el mundo, más de 15 mil millones de litros al año. Si todos los mexicanos tomaran refresco, el promedio de consumo anual por persona sería de 153 litros, casi medio litro de refresco por día, lo que equivale a más de 400 latas de refrescos.

El consumo de refrescos guarda una estrecha relación con la obesidad. Más de 50 por ciento de la población de adultos y casi un tercio de la población infantil de nuestro país tiene sobrepeso y obesidad. La obesidad está etiquetada en el mundo como epidemia por la Organización Mundial de la Salud, ya que existe más de un billón de adultos con sobrepeso en el mundo.

Los refrescos son calorías vacías y cero alimentos, que es uno de los factores causantes de la obesidad, la cual se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en México. El índice nacional señala que casi tres niños de cada 10, de entre 5 y 11 años de edad, tienen problemas de sobrepeso y obesidad, promotoras principales de diabetes. El mercado refresquero de México representa alrededor de 15 mil millones de dólares anuales y está encabezado por los refrescos de cola: dos de cada tres refrescos que se consumen en México son refrescos de cola.

El principal punto de venta del refresco en México es la miscelánea o tiendita de la esquina, dañando considerablemente la economía y salud de los consumidores.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las familias con ingresos más bajos destinan 7.3 por ciento de sus gastos totales al consumo de refrescos y aguas carbonatadas.

La trascendencia de lo anterior va más allá si consideramos que, pese a su nulo aporte nutrimental, las bebidas gaseosas ocupan un lugar muy importante en la dieta de los mexicanos, porque el gasto invertido en ellas supera al de alimentos básicos como la leche, huevo o pan.

El Banco de México señala que la proporción del gasto familiar orientada a refrescos envasados es del 1.45 por ciento, mientras que la tortilla de maíz significa el 1.23 por ciento y el frijol 0.32 por ciento ; esto es, la familia mexicana da más importancia a tomarse un refresco que a nutrirse. En cifras, lo anterior significa que los mexicanos gastamos al año más de 118 mil millones de pesos en consumo de refrescos.

Otro punto central es el contenido de los refrescos. La etiqueta de la mayoría de los refrescos declara que contiene agua carbonatada, azúcar o sustitutos de ésta y lo que generalmente llaman concentrados. Empero, la etiqueta no señala que los concentrados contienen una mezcla de compuestos entre colorantes, saborizantes y conservadores. Además, muchos de los consumidores desconocen también la presencia de la cafeína en algunos de estos productos, concretamente en los de cola.

En general, todos los refrescos tienen un carácter ácido; y los refrescos con azúcar representan un aporte calórico importante y no tienen, absolutamente, ningún aporte nutritivo.

Mediante un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor, se encontró que una lata de 355 mililitros de un refresco de cola contiene alrededor de 35 gramos de azúcar.

El contenido de 35 gramos de azúcar (6 cucharaditas) en una lata de refresco (sea o no de cola) significa una cantidad considerable de calorías (140 kilocalorías por lata), sobre todo si se toma en cuenta que estos productos no contienen ningún otro elemento de valor nutricional.

Los refrescos de cola contienen un componente conocido como citrato, que se utiliza como ácido cítrico, que si bien favorece la absorción de calcio en el intestino, también aumenta la excreción de calcio por el riñón; por tanto, el abuso en el consumo de este tipo de refrescos aumenta el riesgo de que se produzcan cálculos renales.

El consumo de refrescos conlleva al consumidor a ser presa fácil de muchas enfermedades, entre las que podemos mencionar obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales.

Sin duda alguna, el sobrepeso es la enfermedad más característica del alto consumo de refrescos. Algunos estudios demuestran una relación entre el incremento en el consumo de refrescos y la aparición de obesidad hasta en un 4 por ciento. En niños con problemas de obesidad, los refrescos se encuentran ente los tres alimentos más frecuentes. Si un adulto tomó diariamente un litro de gaseosa, en tres semanas podría subir de 500 gramos a un kilo de peso. Así, las bebidas gaseosas pueden proporcionar hasta un 20 por ciento de los requerimientos diarios que uno necesita, pero son calorías ``vacías'' (con cero proteínas, vitaminas y minerales), y si un alto grado de azúcar.

La gran cantidad de azúcares que contienen los refrescos llega rápidamente a la sangre, provocando el aumento de la insulina, y que tales azúcares pasen a los tejidos y se conviertan en grasa. Mientras el consumo de frutas y verduras ha disminuido hasta en un 29 por ciento el de refrescos ha aumentado en un 37 por ciento, lo que propicia un grave incremento de peso entre los mexicanos. Esto puede significar infartos, diabetes o problemas en personas con hipertensión arterial.

La desnutrición también es presente como uno de los males. Los refrescos son producto de consumo masivo, por lo que llegan con relativa facilidad a los niños, quienes al tomarlo tienen la sensación de estar ``llenos'', lo cual les quita el hambre, afectando su desarrollo y crecimiento. Una de las consecuencias es el trastorno en los hábitos al desequilibrar su alimentación. El consumo de calorías ``vacías'' conducirá a una mala nutrición, con las consecuencias que esto acarrea: bajo rendimiento escolar, debilitamiento del sistema inmunológico, y limitaciones para realizar actividades físicas.

Otra enfermedad relacionada con la ingesta de refrescos es la gastritis. En el desarrollo de esta enfermedad intervienen factores como el estrés y los malos hábitos alimenticios. En estas condiciones, cualquier alimento que se considere irritante puede ocasionar la aparición de una úlcera gástrica. A su paso por la mucosa gástrica, los ingredientes del refresco provocan irritación a nivel del esófago y del aparato digestivo.

La Secretaría de Salud dio a conocer los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, y algunos de éstos son alarmantes; la mayoría de los adultos en México están obesos o les sobran kilos. La cifra combinada de sobrepeso (39.7 por ciento) y obesidad (29.6 por ciento) comprende casi 70 por ciento de la población de 20 años o más y con un alto riesgo a padecer diabetes.

En México, por ejemplo, 80 por ciento de los casos diagnosticados de diabetes tipo 2 e hipertensión arterial están asociados a una circunferencia de cintura de más de 90 centímetros.

Las estadísticas hacen visible la magnitud de la situación. El cambio en el patrón de enfermedades que afectan a la mayoría de mexicanos implica al mismo tiempo una modificación sustancial en las políticas y acciones para financiar la atención médica. La Federación Mexicana de Diabetes señala que actualmente se han destinado millones de pesos para invertir en el sector salud; sin embargo, todo eso será en vano si no se diseñan políticas de salud preventivas desde ahora. Hasta hoy las políticas públicas en esa materia están hechas para atender las enfermedades, pero no para prevenirlas, por lo cual desde una visión integral resultan ineficaces.

Reducir el consumo de bebidas azucaradas puede ser la mejor oportunidad para frenar la actual epidemia de obesidad. Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, el consumo de refrescos ``constituye la más grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación, pues además de que lleva a la ingestión de calorías vacías, es decir, con cero proteínas, vitaminas y minerales, a la larga provoca pérdida del apetito y malnutrición''.

Además, es preocupante el gasto tan elevado que se le genera al sector salud y el alto riesgo que tienen los consumidores de padecer las enfermedades antes mencionadas. Por tal razón, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para etiquetar a los refrescos con la leyenda ``el abuso del consumo de este producto causa obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales''.

Con fundamento en artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 216 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 216 de la Ley de General Salud, que quedaría redactado de la siguiente manera:

Artículo 216. ...

...

Las bebidas gaseosas carbonatadas o refrescos, con calorías vacías y cero valor nutricional que se pretenda expedir al público deberán incluir en las etiquetas de sus empaques o envases, la siguiente leyenda:

``El abuso del consumo de este producto causa obesidad, diabetes, gastritis y cálculos renales''.

Esta leyenda deberá aparecer impresa con letra clara y colores contrastantes, además de cubrir lo dispuesto en el artículo 307 de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Federación.

Salón de sesiones del honorable Congreso de Unión, a los doce días del mes de abril de 2007.--- Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia, solicitando que el texto íntegro de esta intervención y de la iniciativa misma se integre en el Diario de los Debates.

Compañeros legisladores, el día de hoy respetuosamente presento a la consideración de ustedes iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Como ustedes saben los gobiernos estatales y municipales se encuentran en la necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar su propio desarrollo y en ello comparten los recursos que genera todo el país, conjuntamente con la federación.

Y es tarea cotidiana el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Éste debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, sin detrimento de ninguno de ellos.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal con los otros dos órdenes de gobierno, buscando siempre el equilibrio de las finanzas públicas.

Sin embargo, en últimas fechas aparecieron elementos incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal que distorsionan la distribución de las participaciones a que tienen derecho las entidades del país y que no obedecen en su razón de ser al sentido que determina el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Ante esta realidad, estamos obligados a contribuir para perfeccionar las bases jurídicas que regulan las relaciones financieras entre los tres órdenes de gobierno.

Por ello, la iniciativa que presento a su consideración busca integrar a la Ley de Coordinación Fiscal elementos que corrijan esas distorsiones que actualmente existen en materia de distribución del Fondo General de Participaciones.

Como antecedente tenemos que a partir del 2003 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó a utilizar las proyecciones de población que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en la Encuesta Nacional del Empleo. Que en 2005 esta Encuesta Nacional del Empleo se transformó en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las cuales son publicadas trimestralmente y los resultados de ello son la referencia para el Fondo General de Participaciones.

Pero el objetivo general de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es, pongamos atención, garantizar que se cuente con una base de información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como con una infraestructura sociodemográfica que permita profundizar en el análisis de los aspectos laborales. No tiene nada que ver con la determinación de la población que habita en un estado o en un municipio.

Y esto ha generado distorsiones que ocasionan que las proyecciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo en la distribución del Fondo General de Participaciones, no atienda la razón de ser del propio fondo, además de que dicha encuesta no fue diseñada para medir la población sino que lo fue para medir la dinámica de la ocupación y el empleo. Así, con el fin de resolver las distorsiones observadas se propone la siguiente iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con 20 por ciento ---y continúa--- para llegar a la fracción I de este artículo, que dice:

I. El 45.17 por ciento del mismo en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate ---y se agrega---, el número de habitantes se tomará del Censo General de Población y Vivienda o del Conteo de Población y Vivienda según corresponda, a partir del mes siguiente en el que le hubiera dado a conocer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorio. Único. La reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Este tema, compañeros, es de la mayor importancia no nada más por cuanto a la pertinencia del gasto y el ejercicio y la distribución del mismo, sino también para no distorsionar el mosaico nacional y tener una clara rendición de cuentas. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Los gobiernos estatales y municipales se encuentran en la necesidad de contar con recursos suficientes para impulsar su propio desarrollo.

El perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, sin detrimento de ninguno de ellos.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal, los estados y los municipios, buscando el equilibrio de las finanzas. Sin embargo, existen elementos incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal que distorsionan la distribución de las participaciones a que tienen derecho las entidades del país y que no obedecen, en su razón de ser, al sentido que determina el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Ante esta realidad, estamos obligados a contribuir a perfeccionar las bases jurídicas que regulan las relaciones financieras entre los tres órdenes de gobierno.

Por ello, la iniciativa que presento a su consideración busca integrar en Ley de Coordinación Fiscal elementos que corrijan las distorsiones que actualmente existen en materia de distribución del Fondo General de Participaciones, que

El Fondo General de Participaciones, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye en un 45.17 por ciento en proporción directa al número de habitantes de cada entidad federativa, que se determina con base en la última información dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año en que se publique.

El número de habitantes, hasta antes de 2003, era tomado de los resultados del Censo General de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años, y de la población intermedia que resulta del conteo de Población y Vivienda.

A partir de 2003 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó a utilizar las proyecciones de población que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en la Encuesta Nacional de Empleo, que en 2005 se transformó en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las cuales publican trimestralmente sus resultados.

El objetivo general del la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es ``garantizar que se cuente con una base de información estadística sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como con una infraestructura sociodemográfica que permita profundizar en el análisis de los aspectos laborales''.¹

Los resultados de aplicar la población proyectada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a la fórmula de distribución de la primera parte del Fondo General de Participaciones ha creado distorsiones en la asignación de los recursos a las entidades federativas; por ejemplo, al analizar la distribución del fondo considerando los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005, comparados con los que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2005-2006, se determinó que nueve entidades federativas recibieron más participaciones con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, comparadas con el Conteo, y las 23 restantes vieron disminuidas sus participaciones.

Considerando estas distorsiones que ocasionan las proyecciones de la Encuesta Nacional de Educación y Empleo en la distribución del Fondo General de Participaciones, además de que dicha encuesta no fue diseñada para medir la población, sino la dinámica de la ocupación y el empleo en México, y con el fin de resolver las distorsiones observadas, se propone la siguiente iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue.

Por todo lo antes expuesto, me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento...

...

...

...

I. El 45.17 por ciento del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

El número de habitantes se tomará del Censo General de Población y Vivienda o del Conteo de Población y Vivienda, según corresponda, a partir del mes siguiente en el que lo hubiera dado a conocer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorio

Único. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005. Una nueva encuestar para México, página 6.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de abril de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Antonio Fraile García:Con su permiso, señor Presidente. El derecho es la base de la convivencia social y de nuestras instituciones democráticas. La norma jurídica es la materialización del ordenamiento de la República, de las instituciones políticas y de las relaciones sociales para una convivencia armónica, la más alta expresión jerárquica para el ordenamiento jurídico del Estado mexicano, se encuentra precisamente en nuestra Carta Magna.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la organización jurídica de las instituciones indispensables para el funcionamiento del Estado de entre las cuales se encuentran los tribunales de lo contencioso administrativo que ejercen una función jurisdiccional dentro de la propia administración pública, para conocer de la legalidad de los actos emanados de aquélla, es decir, funcionan como un mecanismo jurídico formalmente administrativo, de control de los actos de la administración pública federal, de acuerdo con lo establecido en la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, una simple lectura a dicho artículo advierte la existencia de un error de la fracción I-B. Si analizamos la fracción I-B del artículo 104 señala y cito textualmente: ``corresponde a los tribunales de la federación conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX, inciso h), del artículo 73, fracción IV, inciso e), del artículo 122 de esta Constitución sólo en los casos que señalan las leyes''.

El error consiste en que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe actualmente la fracción IV, inciso e, del artículo 122. Dicha fracción dejó de existir en nuestra máxima ley a partir de la reforma presentada por el Ejecutivo federal el 26 de julio de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, la cual establecía, en su época de vigencia, la facultad de la Asamblea de Representantes para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo encargado de dirimir las controversias que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

En este sentido lo que el Constituyente Permanente estableció de manera originaria fue la facultad para que los tribunales federales conocieran de los recursos de revisión que se interpusieron en contra de las ejecutorias en los asuntos que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y particulares.

El desfase en el articulado ocurrió en 1996, cuando fue discutida y aprobada la llamada reforma política del Distrito Federal, con la cual se otorgó a la ciudadanía la facultad de elegir a sus autoridades por medio de voto libre y secreto y así conformar las instituciones políticas, como la Asamblea Legislativa, la jefatura del Distrito Federal, y por consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las cuales tendrían las mismas funciones que un Congreso del estado, un gobernador y un Tribunal Superior de Justicia de cualquier estado de la Unión, acorde con lo que señalan hoy los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal.

En dicha reforma, 22 de agosto de 1996, también se definió la naturaleza jurídica del Distrito Federal y se establecieron algunas facultades del Ejecutivo y Legislativo federal, en sus apartados A y B. En el apartado C se establecieron las bases para el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se dividieron de la Base Primera a la Base Quinta.

Sin embargo, en la reforma del 22 de agosto de 96 el Constituyente Permanente no actualizó la totalidad de los textos de los artículos de la Constitución Federal que se verían afectados con dicha reforma. Tal y como se encuentra redactada la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna, le da competencia a los tribunales federales para conocer de asuntos derivados de tribunales de lo Contencioso Administrativo suscitados entre la administración pública federal y los particulares, no siendo así para el caso de las controversias entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

En este sentido, los tribunales de la federación tienen la base legal manifiesta en la propia Constitución Federal para intervenir en los asuntos de revisión derivados de las ejecutorias emanadas de controversias entre la administración pública federal y particulares, pero no tienen fundamento jurídico para conocer del mismo tipo de asuntos entre la administración pública del Distrito Federal y particulares, por causa de un error o desfase en el artículo 104.

En conclusión, la presente iniciativa de reforma tiene un doble objetivo: por un lado, corregir un error o pifia presente en la fracción I-B del artículo 104 constitucional federal, el cual ha estado presente desde el 22 de agosto de 1996; y por otro lado, le otorga la facultad a los tribunales federales de conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de lo contencioso administrativo, tanto en el ámbito federal y del Distrito Federal.

En virtud de lo anterior, expuesto y fundamentado, someto esta iniciativa de ley a este pleno. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Antonio Fraile García , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, a fin de que se dictamine y se lleve a cabo la posterior discusión en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho es la base de la convivencia social y de nuestras instituciones democráticas. La norma jurídica es la materialización del ordenamiento de la república, de las instituciones políticas y de las relaciones sociales para una convivencia armónica. La más alta expresión jerárquica para el ordenamiento jurídico del Estado mexicano se encuentra precisamente en nuestra Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la organización jurídica de las instituciones indispensables para el funcionamiento del Estado, de entre las cuales se encuentran los tribunales de lo contencioso-administrativo que ejercen una función jurisdiccional dentro de la administración pública, para conocer de la legalidad de los actos emanados de aquélla; es decir, funcionan como un mecanismo jurídico formalmente administrativo de control de los actos de la administración pública federal, de acuerdo con lo establecido en la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, una simple lectura a dicho artículo advierte la existencia de un error en la redacción de la fracción I-B.

Si analizamos la fracción I-B del artículo 104, señala que corresponde a los tribunales de la federación conocer

I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73, fracción IV, inciso e), del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes...

El error consiste en que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe actualmente la fracción IV, inciso e) del artículo 122.

Dicha fracción dejo de existir en nuestra Máxima Ley a partir de la reforma presentada por el Ejecutivo federal el 26 de julio de 1996, y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, la cual establecía en su época de vigencia lo siguiente:

``Artículo 122. I. ... II. ... III. ... IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para: a)... b)... c)... d)... e) Expedir la ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo, que se encargará de la función jurisdiccional en el orden administrativo, que contará con plena autonomía para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

En este sentido, lo que el Constituyente Permanente estableció de manera originaria fue la facultad para que los tribunales federales conocieran de los recursos de revisión que se interpusieran en contra de las ejecutorias en los asuntos que se suscitaran entre la administración pública del Distrito Federal y particulares.

El desfase en el articulado ocurrió en 1996, cuando fue discutida y aprobada la llamada reforma política del Distrito Federal, con la cual se otorgó a la ciudadanía la facultad de elegir a sus autoridades, por medio del voto libre y secreto, y así conformar las instituciones políticas como la Asamblea Legislativa, la jefatura del Distrito Federal y, por consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las cuales tendrían las mismas funciones que un Congreso del estado, un gobernador y un tribunal superior de justicia de cualquier estado de la Unión, acorde con lo que señalan hoy los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal.

En dicha reforma del 22 de agosto de 1996 también se definió la naturaleza jurídica del Distrito Federal y se establecieron algunas facultades del Ejecutivo y del Legislativo federal en sus apartados A y B. En el apartado C se establecieron las bases para el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se dividieron de la Base Primera a la Base Quinta.

Sin embargo, en la reforma del 22 de agosto de 1996 el Constituyente Permanente no actualizó la totalidad de los textos de los artículos de la Constitución federal que se verían afectados con dicha reforma.

En lo que se refiere la fracción I-B del artículo 104 constitucional, encontramos que la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución federal fue reformada el 28 de junio de 1999 y que actualmente nos indica: ``Artículo 73. El Congreso tiene facultad: fracciones I. a XXIX-G. ...; XXIX-H. Para expedir leyes que instruyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones''; esto es, que la fracción I-B del actual y vigente artículo 104 de la Constitución Federal le da competencia a los tribunales federales para conocer de asuntos derivados de tribunales de lo contencioso administrativo suscitados entre la administración pública federal y particulares. No siendo así para el caso de las controversias entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares.

Esto es así porque el hecho de que el artículo 122 de la Constitución federal vigente no cuenta con ninguna fracción IV y, por consecuencia, con ningún inciso e), quita a los tribunales federales la obligación de conocer de los asuntos de revisión derivados de las ejecutorias emanadas de controversias entre la administración pública del Distrito Federal y particulares.

En resumen, los tribunales de la federación tienen la base legal manifestada en la Constitución federal para intervenir en los asuntos de revisión derivados de las ejecutorias emanadas de controversias entre la administración pública federal y particulares, pero no tienen fundamento jurídico para conocer del mismo tipo de asuntos entre la administración pública del Distrito Federal y particulares por causa de un error o desfase en el artículo 104 constitucional.

En este sentido, la presente iniciativa de reforma constitucional es bifronte: por un lado, corrige un error o desfase en la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Federal, el cual ha estado presente desde el 22 de agosto de 1996; y por otro lado otorga la facultad a los tribunales federales para conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de lo contencioso-administrativo, tanto en el ámbito federal y del Distrito Federal. Huelga decir que dicha facultad sólo tendría efecto en los casos que señalen las leyes, tal y como actualmente lo estipula la misma fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la federación conocer:

I. ...

I-B. De los recursos de revisión que se impongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 y la Base Quinta del apartado C del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito no procederán juicio o recurso alguno;

II. a VI. ...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Fraile García.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatalesy de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El diputado Mario Enrique del Toro:Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de las Entidades Paraestatalesy a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El estado de derecho consolidado con la Revolución Francesa en el siglo XVIII es la pauta que ha regido al Estado moderno en el establecimiento de frenos al poder de la administración pública frente a los particulares, reconociendo que las libertades de éstos no pueden ser violentadas por las autoridades.

Así, nuestra Constitución de 1917 estableció la garantía de legalidad en el artículo 16, al obligar a las autoridades a emitir todos sus actos de molestia fundando y motivando sus resoluciones, lo que se traduce en la obligación estatal de no generar actos jurídicos en contra de las libertades de los particulares.

De ahí que todos los actos que emitan las autoridades deben estar fundados y motivados, situación que obliga al servidor público a observar cabalmente el ordenamiento jurídico, so pena de ser declarados nulos. De esta manera, el gobernado se encuentra respaldado con la garantía constitucional de la seguridad jurídica; no obstante, existe un área en la que por cuestiones técnicas jurídicas, la autoridad salva su obligación de fundar y motivar sus actos y en numerosas ocasiones hasta se le concede por los tribunales federales la posibilidad de evadir su papel de autoridad, negándolos sistemáticamente frente al particular, quien ante el acto de autoridad no tiene defensa legal, pues los tribunales de fuero común no son la instancia idónea para dirimir controversias relativas a la ilegalidad del acto, mientras que los tribunales competentes en materia de legalidad señalan que los órganos no son autoridades por no pertenecer ante la administración pública centralizada, por el simple hecho de estar contemplados como organismos descentralizados, concesionarios o cualquier otra denominación que adopten, sin importar que las funciones que realizan sí son de carácter público y por ende, corresponden a funciones de la autoridad.

Efectivamente me refiero a la administración pública paraestatal, cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente señalada en la ley, situación que genera diversas interpretaciones aun en los tribunales federales que no terminan de ponerse de acuerdo acerca de ello.

El hecho de que no pertenezcan estas entidades a la administración pública federal centralizada ha dado lugar a la interpretación errónea de que no participan en la naturaleza de aquella. Esto es particularmente ilustrativo en el caso de los organismos descentralizados, quienes al tener personalidad jurídica y patrimonio propio se desligan jurídicamente de la secretaría coordinadora de su sector para efectos de juicio. Entonces adoptan en los tribunales el doble carácter de particular frente a los tribunales y ante los gobernados de autoridad.

Esta situación en síntesis, deja en estado de indefensión al gobernado y convierte a la entidad en una autoridad que no responde como tal. Por otro lado, este doble carácter permite que las entidades paraestatales carezcan de personalidad en las controversias constitucionales; a veces en el amparo, lo que no otorga seguridad jurídica a la población.

Sin embargo, definir la naturaleza del órgano administrativo y de acuerdo con las funciones que realiza, sin importar su denominación permite a los gobernados y al mismo ente público, que sean considerados como tales siempre que ejerzan facultades de derecho público.

Por todo ello, se hace indispensable modificar la ley, a manera de que a pesar de lo sui géneris que puedan ser las entidades, se establezca la obligación de fundar y motivar sus actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares o incidan sobre el patrimonio del Estado.

Con ello se abre la posibilidad del gobernado de acudir ante los tribunales administrativos, a controvertir los actos generados de una relación de suprasubordinación que existe entre dichas entidades y el particular.

Por otro lado, aunque sus trabajadores están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, los órganos internos de control carecen del fundamento legal que les permita obligar a dichas autoridades a observar la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16, lo que provoca corrupción entre sus funcionarios que conocen la imposibilidad legal de combatir los actos que emiten.

Es éste el motivo que debe clarificarse en la ley, que todo acto de autoridad ---provenga del ente que provenga--- debe fundarse y motivarse adecuadamente y que se entenderá como acto de autoridad todo aquél que lesione los intereses jurídicos de los particulares emitidos de manera unilateral con permiso de la ley.

Al eliminarse la duplicidad de regulación de los entes públicos se evita que alguno de ellos efectúen actos de autoridad sin responsabilidad como tal; permite al gobernado contar con el medio de defensa legal cuando los intereses jurídicos se encuentran vulnerados, sin importar la denominación que se le dé al órgano.

De esta forma se rescata el espíritu de la legalidad que debe privar en todos los órganos públicos en los casos en que afectan los intereses jurídicos de los gobernados con actos emitidos por autoridad.

Por lo anteriormente expuesto se estima que la presente reforma arrojará luz sobre el tratamiento y la naturaleza de la administración pública paraestatal frente a los gobernados, eliminando de la administración pública la zona oscura en que se difumina la naturaleza de los entes administrativos, confundiéndose sus características con los de la iniciativa privada.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno la presente iniciativa, la cual solicito que se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Exposición de Motivos

El Estado de derecho consolidado con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, es la pauta que ha regido al Estado moderno en el establecimiento de frenos al poder de la administración pública frente a los particulares, reconociendo que las libertades de éstos no pueden ser violentadas por las autoridades. Así, nuestra Constitución de 1917 estableció la garantía de legalidad en el artículo 16, al obligar a las autoridades a emitir todos sus actos de molestia fundando y motivando sus resoluciones, lo que se traduce en la obligación estatal de no generar actos jurídicos en contra de las libertades de los particulares, sino mediante la autorización del Congreso de la Unión, a través de las leyes que rigen dichos actos, y siempre que el caso particular encuadre en la hipótesis normativa, previamente contemplada en ley.

De ahí que todos los actos que emitan las autoridades deban estar ``fundados y motivados'', situación que obliga al servidor público a observar cabalmente el ordenamiento jurídico, so pena de ser declarados nulos por los tribunales de lo contencioso administrativo.

De esta manera, el gobernado se encuentra respaldado con la garantía constitucional de la seguridad jurídica.

No obstante, existe un área en la que, por cuestiones técnicas jurídicas, la autoridad salva su obligación de fundar y motivar sus actos y, en numerosas ocasiones, hasta se le concede por los tribunales federales la posibilidad de evadir su papel de autoridad, negándolo sistemáticamente frente al particular, quien, ante el acto de autoridad no tiene defensa legal, pues los tribunales del fuero común no son la instancia idónea para dirimir controversias relativas a la ilegalidad del acto, mientras que los tribunales competentes en materia de legalidad, señalan que los órganos no son autoridades por no pertenecer a la administración pública centralizada, por el simple hecho de estar contempladas como organismos descentralizados, concesionarios o cualquiera otra denominación que adopten, sin importar que las funciones que realizan sí son de carácter público y, por ende, corresponden a funciones de autoridad.

Efectivamente, me refiero a la administración pública paraestatal, cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente señalada en la ley, situación que genera diversas interpretaciones, aún en los tribunales federales, que no terminan de ponerse de acuerdo acerca de ello.

El hecho de que no pertenezcan estas entidades a la administración pública federal centralizada ha dado lugar a la interpretación errónea de que no participan de la naturaleza de aquélla.

Esto es particularmente ilustrativo en el caso de los organismos descentralizados, quienes, al tener personalidad jurídica y patrimonio propio se desligan jurídicamente de la secretaría coordinadora de su sector para efectos de juicio. Entonces, adoptan en los tribunales el doble carácter: de particular frente a los tribunales; y, ante los gobernados, de autoridad. Esta situación, en síntesis, deja en estado de indefensión al gobernado y convierte a la entidad en una autoridad que no responde como tal.

Por otro lado, este doble carácter permite que las entidades paraestatales carezcan de personalidad en las controversias constitucionales, a veces en el amparo, lo que no otorga seguridad jurídica a la población.

Sin embargo, definir la naturaleza del órgano administrativo de acuerdo con las funciones que realiza, sin importar su denominación, permite a los gobernados y al mismo ente público que sean considerados como tales siempre que ejerzan facultades de derecho público.

Por todo ello, se hace indispensable modificar la ley de manera que, a pesar de lo sui génerisque puedan ser las entidades, se establezca la obligación de fundar y motivar sus actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de los particulares o incidan sobre el patrimonio del Estado. Con ello se abre la posibilidad del gobernado de acudir ante los tribunales administrativos a controvertir los actos generados de una relación de suprasubordinación que existe entre dichas entidades y el particular.

Por otro lado, aunque sus trabajadores están sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, los órganos internos de control carecen del fundamento legal que les permita obligar a dichas autoridades a observar la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 constitucional, lo que provoca corrupción entre sus funcionarios, que conocen la imposibilidad legal de combatir los actos que emiten.

Tal es el caso, por mencionar sólo uno, de la prestación del servicio público de energía eléctrica, en cuyas determinaciones de los adeudos de los particulares el descentralizado encargado de la prestación del servicio cuenta con facultades de autoridad, pudiendo establecer ``ajustes'' a la facturación; sin embargo, no se considera autoridad para efectos de amparo, ni se puede controvertir dicho ajuste como un acto administrativo, quedando, como única instancia para el particular afectado, acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor. De esta forma, se le trata como un proveedor de servicios puro y simple, como si sus determinaciones no afectaran al particular, o actuaran en situación de igualdad o de coordinación, sin tomar en cuenta que en el caso en que dicho ente actúe por disposición de la ley con facultades de autoridad, deberá asumir las obligaciones de la misma.

Este problema afecta a los habitantes de toda la federación, siendo dañados no sólo aquellos que menos tienen y deben pagar facturas que exceden sus ingresos, sino también las empresas que, al no poder sufragar gastos exorbitantes tienen dos opciones: cerrar la fuente de empleo o sobornar al funcionario público para que retire sus ``ajustes''.

Es éste el motivo por el que debe de clarificarse en la ley que todo acto de autoridad, provenga del ente que provenga, debe fundarse y motivarse adecuadamente, y que se entenderá como acto de autoridad todo aquel que lesione los intereses jurídicos de los particulares emitidos de manera unilateral con permiso de la ley.

Al eliminarse la duplicidad de regulación de los entes públicos, evitando que algunos de ellos efectúen actos de autoridad sin responsabilidad como tal, permite al gobernado contar con medios de defensa legal cuando sus intereses jurídicos se encuentren vulnerados, sin importar la denominación que se le dé al órgano.

De esta forma se rescata el espíritu de la legalidad que debe privar en todos los órganos públicos, en los casos en que afecten los intereses jurídicos de los gobernados con actos emitidos por autoridad.

Y debe entenderse por acto de autoridad todo aquel que, conforme con la doctrina del derecho administrativo, provenga de los órganos de la administración pública federal, y conforme con la definición de Miguel Acosta Romero, se trate de una manifestación unilateral que expresa la voluntad de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública, agregándose que la prestación de servicios públicos se consideran parte de esta potestad pública. Así, hasta los concesionarios se obligan a observar cabalmente la ley en la prestación de los servicios públicos encomendados.

Las áreas estratégicas a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Federal y la prestación de servicios públicos deberán entenderse como parte de la actividad del Estado con funciones de derecho público, por lo que al realizarse tales actividades estarán actuando como autoridades y, por ende, deberán fundar y motivar sus actos de molestia, además de que cumplirán con la obligación de atender las peticiones de los particulares a que se refiere el artículo 8o. de la Constitución.

Por todo lo anterior, se estima que la presente reforma arrojará luz sobre el tratamiento y la naturaleza de la administración pública paraestatal frente a los gobernados, eliminando de la administración pública la zona oscura en que se difumina la naturaleza de los entes administrativos, confundiéndose sus características con los de la iniciativa privada.

Por lo expuesto y fundado; someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 1o., 3o., 45 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se adicionan los artículos 1o. Bis y 45 Bis de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal integran la administración pública centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, los fideicomisos y los concesionarios, en lo que se refiere a las funciones de derecho público y prestación de servicios públicos, componen la administración pública paraestatal.

Artículo 1o. Bis. Los órganos de la administración pública, tanto centralizada como paraestatal, siempre que sus funciones correspondan al derecho público, por ejercer facultades que la ley le conceda para afectar la esfera jurídica de particulares de manera unilateral, o la prestación de servicios, se entenderá que actúan como autoridades y tendrán la obligación de observar la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y deberán atender las peticiones formuladas conforme al artículo 8o. de la propia Constitución que les dirijan los gobernados.

Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.Organismos descentralizados;

II. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

III. Fideicomisos.

IV. Concesionarios o particulares que ejerzan bajo cualquier título legítimo funciones de derecho público o prestación de servicios públicos, sólo en cuanto al desarrollo de dichas actividades.

Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

El Ejecutivo podrá crear organismos descentralizados mediante decreto, siempre que sus actividades no correspondan a funciones de derecho público que puedan afectar los intereses de particulares ni la prestación de servicios públicos.

Artículo 45 Bis. Sólo el Congreso de la Unión podrá autorizar las concesiones en que se otorgue al particular la facultad de ejercer atribuciones del Estado.

Las concesionarias tendrán las mismas obligaciones que las autoridades cuando afecten intereses jurídicos de particulares de manera unilateral o se trate de la prestación de un servicio público; asimismo, deberán atender las peticiones que les dirijan los particulares respecto de actos emitidos en ejercicio de dichas atribuciones.

Artículo 49. La intervención a que se refiere el artículo anterior se realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como coordinador del sector respectivo.

Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programación y presupuestación conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a lo dispuesto en las leyes.

La facultad reglamentaria del Ejecutivo se ejercerá a través de las coordinadoras de sector, quienes tendrán, asimismo, facultad para solicitar la intervención que legalmente corresponda a la Procuraduría General de la República para intervenir en controversias constitucionales por las facultades de la paraestatal.

Los decretos, circulares o cualquiera otra disposición de observancia general, se expedirán por la coordinadora de sector respectiva, pudiendo el descentralizado solicitarlo expresamente.

Atendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la dependencia coordinadora podrá agruparlas en subsectores, cuando así convenga para facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 8o., 11, 15 y 22 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artículo 8o. Corresponderá a los titulares de las secretarías de Estado o departamentos administrativos encargados de la coordinación de los sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la programación y presupuestación de conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la ley.

Tendrán facultad para expedir los acuerdos y decretos de observancia general de las paraestatales de su sector coordinado, así como para resolver los recursos administrativos que, conforme a las leyes, puedan interponer los particulares contra los actos de los entes de la administración pública paraestatal.

Artículo 11. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la administración pública.

Deberán, sin embargo, atender el derecho de petición a que se refiere el artículo 8o. de la Constitución federal, así como fundar y motivar los actos unilaterales que realicen conforme a sus facultades que afecten la esfera jurídica de los particulares.

Asimismo, contarán con personalidad jurídica para comparecer ante los tribunales administrativos.

Artículo 15. En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de la Unión o por el Ejecutivo federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos:

I.La denominación del organismo;

II. El domicilio legal;

III. El objeto del organismo conforme a lo señalado en el artículo 14 de esta ley;

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio así como aquellas que se determinen para su incremento;

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar al Director General así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;

VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno señalando cuáles de dichas facultades son indelegables;

VII. Las facultades y obligaciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo, excepto en lo que se refiere a la intervención en controversia constitucional;

VIII. Sus órganos de vigilancia así como sus facultades; y

IX. El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo.

El órgano de gobierno deberá expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo.

El estatuto orgánico deberá inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados.

En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.

Artículo 22. Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:

I.Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;

II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, y pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias de acuerdo con esta ley, la ley o decreto de creación y el estatuto orgánico, excepto personalidad para intervenir en controversias constitucionales, las cuales se ejercerán a través de la administración pública federal;

III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

IV. Formular querellas y otorgar perdón;

V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;

VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;

VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director General. Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; y

VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales.

IX. Solicitar a la coordinadora de sector la expedición de circulares, reglamentos, acuerdos o cualquiera otra disposición de observancia general.

Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que autorice el órgano o junta de gobierno.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 6. Son atribuciones indelegables del procurador general de la República:

I. Comparecer ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, a citación de éstas, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a las actividades de la Procuraduría General de la República. En esas comparecencias y bajo la responsabilidad del Procurador General de la República sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, o aquella que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva;

II. Intervenir en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos previstos en dicho precepto y en las leyes aplicables, así como representar legalmente a los organismos descentralizados cuando intervengan en controversias constitucionales;

III. Formular petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de los amparos directos o en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los juicios de amparo de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Proponer al Ejecutivo federal los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias que sean competencia de la Institución, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. Someter a consideración del Ejecutivo federal el proyecto de reglamento de esta ley, así como el de las reformas al mismo, que juzgue necesarias;

VII. Presentar al Ejecutivo federal propuestas de instrumentos internacionales en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las dependencias de la administración pública federal;

VIII. Concurrir en la integración y participar en la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable;

IX. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos del Distrito Federal y de los estados integrantes de la federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados;

X. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados integrantes de la federación y municipios, así como con organizaciones de los sectores social y privado;

XI. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática que implica las distintas actividades de la institución, y

XII. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Enrique del Toro.Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justiciae insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como se ha solicitado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo Gómez , del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se dará el turno de la palabra al diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera , del grupo parlamentario del PAN, dado que la fracción del PRI solicitó se posponga la iniciativa que presentaría el diputado Pedro Montalvo.

LEY GENERAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera:Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, el suscrito, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de los diputados que integran la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Socialde esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 constitucional en lo Referente al Sector Social de la Economía, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:

La presente iniciativa es para crear una Ley Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía. Es de orden público e interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los congresos locales ni de las normas del mismo carácter que correspondan expedir a las entidades federativas y municipios, de conformidad a las disposiciones de esta ley.

Esta ley define y establece las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de ese sector como un sistema eficaz que contribuye al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y la difusión de la propiedad.

Esto es lo que conforma el sector social de la economía que está integrado por el sector social del campo, las empresas y organismos cooperativos o de propiedad de los trabajadores, por ello es tarea importante de esta legislatura revisar la legislación que regula la economía social y solidaria para impulsar el desarrollo de las entidades y organismos que la conforman, con transparencia, desde luego, del manejo de los recursos.

De lo que se trata al expedir esta Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo Referente al Sector Social de la Economía es de retomar el curso de la historia para construir nuestra economía confiriendo derechos diferenciados a cada uno de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones actualizándolas al contexto actual de la globalización y según las condiciones y potencialidades que tiene nuestra sociedad.

En nuestra legislación se ha enfatizado solamente la aplicación de las leyes y reglamentos que definen el papel y las funciones del sector privado y el sector público; parcialmente se han producido elementos normativos para el sector social, teniendo una larga historia de derecho social, teniendo una larga historia que suman las proclamas de diversos luchadores de distintos periodos y un gran momento con la promulgación de la vieja Ley de Reforma Agraria que contiene importantes aspectos que definen el uso y aprovechamiento de la tierra que precisan el carácter de la propiedad y que sancionan formas de organización.

Este sector que agrupa hoy en día a millones de mexicanos en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones, espera por la acción legislativa un nuevo redimensionamiento y actualización.

El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad pendiente para dotar a este sector social de una ley general que sancione sus derechos, que haga explícito el marco legal en el que este sector debe desarrollarse y que le permita transitar en la economía globalizada complementando la de los sectores público y privado.

Al expedir esta nueva legislación se traza una estrategia de desarrollo del sector social y se le dota de un marco legal respectivo. No se pretende con ello, desde luego, vulnerar ni al mercado ni modificar la propiedad privada. Tampoco se plantean caminos excluyentes o limitar a otros sectores. Solamente se trata de abrir perspectivas a los miembros del sector social, para armarlos con un conjunto de tareas claras y coherentes y para convertirlos en parte importante de una política de empleo y desarrollo.

En cuanto a lo que debe ser el espíritu de esta ley que se presenta, el mismo artículo 25 constitucional dicta que establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social.

El desarrollo de la economía en México requiere el diseño o las fórmulas que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza, a una disminución de las desigualdades sociales, a la equidad, a los mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales hacia una consolidación del sector social, complementando la iniciativa y el espíritu empresarial que distingue al sector privado.

La presente propuesta establece el marco general que contiene las diferencias para normar al sector social y solidario de la economía respecto al sector público y al sector privado. Ese marco general sienta las bases para el desarrollo sostenido y autónomo, conservando al Estado la rectoría del proceso, tanto en su constitución como en su vigilancia; sienta las bases también para la participación de los organismos en los procesos de planeación del desarrollo. El proceso de su formulación reconoce e incorpora las aportaciones de la iniciativa del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, de la LVII Legislatura. Se hicieron también consultas dentro del sector, se revisaron legislaciones de otros países y se tomó en cuenta la experiencia misma de los organismos que han venido operando en territorio nacional.

El texto ha contemplado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario, y sienta las bases para que funcione con eficiencia. La ley sienta las bases para una adecuada aplicación de los recursos financieros del propio Estado. Se sientan las bases para una organización que parte de lo local, se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional que ha de ser interlocutor y representante ante todas las instancias del Estado.

La ley que se propone está estructurada en tres títulos, dividida en capítulos para determinar las estructuras y funcionamiento de las entidades. Contempla la creación de un instituto nacional del sector de la economía social y solidaria como un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Economía, el cual tiene como principales objetivos la definición y armonización de las políticas del gobierno para el fomento y desarrollo del sector.

También propone la creación de un consejo nacional de las entidades del sector de la economía social y solidaria como organismo máximo de representación.

Se propone también crear un fondo de fomento para la propia economía social y solidaria, así como el registro nacional del sector de esta economía.

Finalmente, en esta iniciativa de ley se establece que corresponde a la Secretaría de Economía la conducción del proceso, pues está destinada a fortalecer la estrategia de crecimiento y desarrollo en la que el Estado mexicano habrá de realizar singulares esfuerzos de coordinación, concertación y fomento.

Por economía parlamentaria, solicito muy atentamente, señor Presidente, a la Mesa Directiva, que se inserte la presente iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa de Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre de los diputados que integran la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

La presente leyes reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, es de orden público e interés social, y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los Congresos locales, ni de las normas del mismo carácter que corresponda expedir a las entidades federativas y municipios, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Esta ley define y establece las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y la difusión de la propiedad.

El párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Esto es lo que conforma el sector social de la economía, que está integrado por el sector social del campo, las empresas y organismos cooperativos o de propiedad de los trabajadores. Por ello, es tarea importante de ésta LX Legislatura revisar los ordenamientos que regulan la economía social y solidaria para impulsar el desarrollo de las entidades y organismos que la conforman con transparencia en el manejo de los recursos.

La significación social de esta economía, con sus formas de trabajo y su organización, va más allá del peso específico que tienen en el producto nacional y en la generación de valores, mantienen parte de nuestra identidad, muestran mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos y se caracterizan por atender las necesidades básicas antes que por un determinado nivel de rentabilidad.

Nuestra cultura se caracteriza por recoger la experiencia de una economía mixta. Una economía que no se agota en la dicotomía de lo público o lo privado, sino en la que cuenta también lo social, como algo originario e irrenunciable; lo social a lo que ahora hemos añadido el concepto de solidario para proyectar su papel en las nuevas condiciones.

En las últimas dos décadas del siglo pasado se dio remate a la conceptuación de esta estrategia, al adicionar el artículo 25 constitucional con los párrafos que enuncian que nuestra economía está compuesta de tres sectores: el privado, el público y el social.

De lo que se trata al expedir esta Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo referente al sector social de la economía es de retomar el curso de la historia para construir nuestra economía, confiriendo derechos diferenciados a cada uno de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones, actualizándolas al contexto actual de globalización, y según las condiciones y potencialidades que tiene nuestra sociedad.

En nuestra legislación se ha enfatizado solamente la aplicación de las leyes y reglamentos que definen el papel y las funciones del sector privado y del sector público, y parcialmente se han producido elementos normativos para el sector social, teniendo una larga historia de derecho social, que suma las proclamas de diversos luchadores de distintos periodos, y un gran momento con la promulgación de la vieja Ley de Reforma Agraria, que contiene importantes aspectos que definen el uso o aprovechamiento de la tierra, que precisan el carácter de la propiedad, y que sancionan formas de organización.

Ha quedado ciertamente inconclusa esta tarea. Todavía está por retomarse la precisión del sector social de la economía como realidad que agrupa, además de a los ejidatarios; a los cooperativistas, y a los socios o miembros de las muchas figuras asociativas en las que existe propiedad colectiva sobre los bienes, los capitales, los servicios y los beneficios.

Este sector social, que agrupa hoy día a millones de mexicanos, en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones, espera, por la acción legislativa, un nuevo redimensionamiento y actualización.

El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad pendiente para dotar a este sector social de una ley general que sancione sus derechos, que haga explícito el marco legal en el que este sector debe desarrollarse, y que le permita transitar en la economía globalizada complementando a los sectores público y privado.

Al expedir esta nueva legislación se traza una estrategia de desarrollo del sector social y se le dota con su marco legal respectivo. No se pretende con ello vulnerar el mercado ni modificar la propiedad privada. Tampoco se plantean caminos excluyentes o limitar a los otros sectores; solamente se trata de abrir perspectivas a los miembros del sector social, para armarios con un conjunto de tareas claras y coherentes, y para convertirlos en parte importante de una política de empleo y desarrollo.

De lo que se trata es mostrar cómo, ante el vacío que dejó el Estado tutelar, teníamos y tenemos una alternativa en la que los trabajadores, los productores organizados, las cooperativas y, en general, el sector social de la economía, están en condiciones de llenar ese hueco de manera tan eficiente como el sector privado.

Una de las prioridades de las empresas mercantiles es la generación de utilidades. Pero en el impulso que aspiramos a dar al sector social se puede otorgar prioridad a la generación de empleo y autoempleo. Va con la naturaleza de la economía social y solidaria el que sus excedentes se traduzcan en nuevas inversiones productivas. Pueden citarse varios ejemplos de este género, donde el aumento de la nómina o el número de empleados ha tenido mayor importancia que el monto de la utilidad, sin que se quiera por ello impedir la generación de excedentes repartibles.

Dentro de las prioridades del estado están el desarrollar políticas públicas y el marco normativo que aliente la generación del empleo, la creación de riqueza, la ampliación del mercado interno, y la elevación de los índices de bienestar. Por estas razones, la inversión y el gasto deben otorgar mayor importancia a la producción de alimentos y a los renglones en los que la generación de empleo y la producción de bienes de consumo básicos sean lo central. Esto tiene que asumirse con la misma prioridad con que hoy se cuidan las variables macroeconómicas.

Todas las organizaciones y empresas del denominado sector social tienen sin duda un potencial importante y pueden realizar contribuciones decisivas en el desarrollo inmediato del país, aunque hasta ahora no han contado con el marco legal para hacerlo. El marco actual no ofrece la motivación para ello, lo cual genera que los ejidatarios no participen en Asambleas de balance y programación, que los comuneros sólo conserven sus instituciones ancestrales de gobierno o administración, o que las cooperativas de ahorro no se planteen nada más allá del reparto de utilidades. Es pues, un sector poco creativo, o más bien anquilosado y carente de dinamismo. La propuesta de ley pretende sacudirlo y sentar las bases para que se ponga de pié.

En cuanto a lo que debe ser el espíritu de la ley que se presenta, el mismo artículo 25 de la Constitución dicta que establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social.

El desarrollo de nuestra economía requiere el diseño o las fórmulas que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza, a una disminución de las desigualdades sociales, a la equidad, a los mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales, hacia una consolidación del sector social, complementando la iniciativa y el espíritu empresarial que distinguen al sector privado.

Este sector se conforma con los grupos, empresas y núcleos autogestionarios que practican la ayuda mutua y la solidaridad, ejercen la democracia participativa, privilegian el trabajo sobre el capital y buscan el desarrollo del ser humano, por lo mismo pone como centro de la actividad económica a la persona. El sector social impulsa actividades de producción, distribución y prestación de servicios socialmente necesarios, que al contar con un régimen legal apropiado favorecerá aún más su desarrollo, llegando a ser rentable y competitivo.

La presente ley establece el marco general que contiene las diferencias para normar al sector social y solidario de la economía respecto del sector público y el sector privado.

Este marco general sienta las bases para el desarrollo sostenido y autónomo, conservando para el Estado la rectoría del proceso, tanto en su constitución, como en su vigilancia, sienta las bases para la participación de los organismos en los procesos de planeación del desarrollo.

El proceso de su formulación recoge e incorpora las aportaciones de la iniciativa del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, de la LVII Legislatura; se hicieron consultas dentro del sector; se revisaron legislaciones de otros países y se tomó en cuenta la experiencia misma de los organismos que han venido operando en el territorio nacional.

El texto ha contemplado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario, y sienta las bases para que funcione con eficiencia. Esto último es fundamental hoy en día en que todo organismo económico tiene que contemplar su integración a la actividad productiva y a la generación de empleos, siempre bajo criterios de rentabilidad, dejando atrás los periodos de paternalismo y corporativismo que distinguieron al sector durante muchos años.

La ley sienta las bases para una adecuada aplicación de recursos financieros del Estado en el fomento y desarrollo que impulsan estos organismos, al mismo tiempo los obliga a constituir las reservas financieras necesarias, a distribuir sus excedentes y a hacerse cargo de sus propios regímenes de pensiones, seguros y financiamientos.

Se sientan las bases de una organización que parte de lo local, se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional que ha de ser el interlocutor y representante ante todas las instancias del Estado.

Establece, según lo dicta la experiencia nacional e internacional, la posibilidad de asociación entre los organismos solidarios con los públicos y los privados, plantea así la complementariedad.

La ley que se propone está estructurada en tres títulos, dividida en capítulos para determinar las estructuras y el funcionamiento de las entidades y de los organismos que integran a la economía social y solidaria, además se propone la creación de nuevas instancias, tanto de gobierno como de representación de las entidades del sector.

Contempla la creación de un instituto nacional del sector de la economía social y solidaria como un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal, adscrito a la Secretaría de Economía, el cual tiene como principales objetivos la definición y la armonización de las políticas de gobierno para el fomento y desarrollo del sector.

También se propone la creación de un consejo nacional de entidades del sector de la economía social y solidaria, como organismo máximo de representación.

La iniciativa tiene un capítulo sobre el funcionamiento de las entidades del sector, en el que se reconoce a aquellas que han cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza.

Se propone la creación de un fondo de fomento del sector de la economía social y solidaria, con el objeto de dar seguridad, otorgar, administrar y fomentar créditos para los proyectos de fortalecimiento y expansión de las entidades del sector.

Se propone crear un registro nacional del sector de la economía social y solidaria que estará a cargo del instituto nacional del sector de la economía social y solidaria y tendrá como funciones llevar un registro de las entidades del sector y sus actividades y elaborar las estadísticas referentes al sector.

Finalmente, en esta iniciativa de ley se establece que corresponde a la Secretaría de Economía la conducción del proceso, pues está destinada a fortalecer la estrategia de crecimiento y desarrollo, en la que el estado mexicano habrá de realizar singulares esfuerzos de coordinación, concertación y fomento.

Por todas estas razones, se propone ante esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la Economía.

Título I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente leyes reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, es de orden público e interés social, y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los Congresos locales, ni de las normas del mismo carácter que corresponda expedir a las entidades federativas y municipios, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Esta ley define y establece las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y la difusión de la propiedad.

Artículo 2. El sector social de la economía es el subsector de la economía, que en lo sucesivo se denominará como sector de la economía social y solidaria, constituido por el conjunto de entidades sociales organizadas, bajo un régimen democrático participativo y en donde se ha adoptado la forma autogestionaria de trabajo, bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua y bien común, y que define a las personas como principio y fin del desarrollo.

Artículo 3. El Estado apoyará e impulsará a las entidades del sector de la economía social y solidaria bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 4. El sector de la economía social y solidaria está constituido por los ejidos, las comunidades indígenas, las sociedades de producción rural, las sociedades de solidaridad social, los fondos de aseguramiento, las sociedades cooperativas de producción, distribución, consumo, prestadoras de servicios y de ahorro y préstamo, las cajas populares, las cajas solidarias, las sociedades que pertenezcan paritaria o totalmente a los socios trabajadores, tales como las comercializadoras, las integradoras, los organismos de seguros, las sociedades mutualistas, las asociaciones y sociedades civiles que estén registradas según dispone la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las empresas de trabajadores, y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo y prestación de bienes y servicios, cuyo funcionamiento se apegue a los principios generales que establece la presente ley.

Comprende también a cualquier entidad y organismo de segundo o tercer nivel que se cree y que cumpla con los preceptos descritos de propiedad social, autogestión democrática, reinversión de excedentes y/o constitución de reservas, según sea el caso, y distribución de excedentes entre sus socios.

Forman parte del sector los organismos de integración de nivel y tipo que fueren constituidos por las entidades referidas en el párrafo anterior, y aquellas que se integren o asocien también con entidades del sector público.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Sector de la economía social y solidaria, al sector social de la economía.

II. Entidades del sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del sector de la economía social y solidaria;

III. Organismos del sector, a organismos de integración de segundo y tercer nivel.

IV. Al Instituto Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria.

V. Consejo, al Consejo Nacional de las Entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria;

VI. Fondo, al Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria.

VI. Registro Nacional, al Registro Nacional de Entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria.

Artículo 6. La organización y funcionamiento de los distintos subsectores que conforman el sector de la economía social y solidaria se regirán por las leyes específicas y sus reglamentos, conforme a su naturaleza eminentemente social y en concordancia con las disposiciones de esta ley.

Artículo 7. Las organizaciones y empresas que forman parte del sector de la economía social y solidaria gozarán de autonomía en cuanto a su régimen interno siguiendo los ordenamientos dispuestos por las leyes que las rijan y sus estatutos y poseerán plena libertad para el ejercicio de cualquier actividad lícita en el desarrollo de sus actividades autogestivas.

Artículo 8. Son fines del sector de la economía social y solidaria:

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país;

III. Generar prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social; y

VI. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 9. Las entidades del sector se regirán por los siguientes principios y prácticas:

I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital;

II. Afiliación y retiro voluntario;

III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;

IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad;

V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;

VI. Participación económica de los asociados en justicia y equidad;

VII. Reconocimiento del carácter de socios a por lo menos el ochenta por ciento de las personas que presten servicios personales en las entidades del sector que se dediquen a la producción de bienes o servicios, y el derecho de los que no sean socios puedan integrarse como tales sobre la base de su capacitación en los principios cooperativos y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

VIII. Los excedentes se destinen a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa;

IX. Educación y capacitación técnica administrativa permanente y continua para los asociados;

X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus miembros y hacia la comunidad;

XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus socios, a través de los informes a la asamblea general y a los consejos de representantes, así como libre acceso a la información respectiva para los mismos;

XII. Integración y colaboración con otras organizaciones del mismo sector.

XIII. Compromiso con las comunidades donde desarrollan su actividad.

Artículo 10. Se comprenden como valores del sector: la solidaridad, la equidad, la justicia, la democracia, la honestidad, la pluralidad, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida, la igualdad, la transparencia y la subsidiariedad.

Título II De la Estructura del Sector

Capítulo I Del Instituto Nacional

Artículo 11. Se crea el Instituto Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria como un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, domicilio en el Distrito Federal y adscrito a la Secretaría de Economía, el cual tiene como objetivos:

I. Definir e instrumentar una política nacional de fomento y desarrollo para el sector de la economía social y solidaria.

II. Lograr la sinergia en las acciones correspondientes a las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal destinadas al fomento y desarrollo del sector.

III. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del sector;

IV. Evaluar las políticas públicas del sector;

V. Constituir el Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria con los recursos presupuestales asignados y/o los ingresos recibidos por otras fuentes de financiamiento, así como por convenio con aquellas entidades federativas y municipios que lo dispongan; y

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las específicas que rigen a las entidades del sector de la economía social y solidaria.

Artículo 12. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conseguir la vinculación de las políticas, planes y programas gubernamentales destinados al fortalecimiento y expansión del sector de la economía social y solidaria;

II. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior del sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen las entidades del sector;

III. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen los organismos del sector;

IV. Ser órgano consultivo del gobierno federal en la formulación de políticas relativas a la economía social y solidaria, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen las entidades del sector, así como de los gobiernos estatales o municipios que lo soliciten;

V. Constituir una comisión de conciliación y arbitraje propia del sector de la economía social y solidaria, a fin de promover y procurar la conciliación de intereses al interior y entre las entidades del sector como vía preferente para la solución de conflictos, actuando como árbitro en los casos en que las partes así lo convengan;

VI. Evaluar las actividades de las entidades del sector, con base en sus respectivos balances sociales;

VII. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones y empresas del sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes cuando haya denuncias, delitos y faltas que se cometieran contra organismos del sector;

IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas figuras asociativas que forman parte del sector de la economía social y solidaria, para lo cual establecerá un sistema nacional de capacitación y asistencia técnica especializada;

X. Divulgar los valores, principios y doctrina por los cuales se guían las organizaciones que forman parte del sector, difundiendo, al mismo tiempo, sus principales logros empresariales y asociativos;

XI. Administrar los recursos del Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria, definir las políticas de apoyo crediticio y los mecanismos de garantía y estabilización para las inversiones de las entidades del sector de la economía social y solidaria;

XII. Supervisar que las reglas de operación de los diferentes programas relacionados con las actividades de las distintas entidades y organismos que regulan esta ley, estén acordes a las políticas y principios de la economía social y solidaria.

XIII. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional; y

XIV. Elaborar su Estatuto Orgánico.

Artículo 13. El patrimonio del Instituto se integrará con:

I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal, y

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 14. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. Junta Directiva;

II. Dirección General, y

III. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

Artículo 15. La Junta Directiva se integrará por diez miembros, cinco como representantes del gobierno federal y cinco representantes de los organismos del sector.

I. Por el gobierno federal serán miembros de la Junta Directiva los siguientes titulares de las secretarías de Estado: a. El Secretario de Economía, quien lo presidirá,

b. El Secretario de Hacienda y Crédito Público,

c. El Secretario de Desarrollo Social,

d. El Secretario de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, y Pesca y

e. El Secretario del Trabajo y Previsión Social.

II. Por las entidades del sector participarán cinco miembros del Consejo, electos libremente por su asamblea general.

Cada miembro propietario de la Junta Directiva del Instituto podrá nombrar a un suplente por cargo o por nombre. No se permitirán representantes que sustituyan al titular o suplente.

La Junta Directiva contará con un secretario y un prosecretario, electos por la misma, así como un representante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados y otro de la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores, ambos con voz pero sin voto.

Artículo 16. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque su presidente o la mayoría simple de sus integrantes.

La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus miembros, y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración publica federal, según lo indica la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 20.

Artículo 17. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Podrán asistir también a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto, tanto el director general del Instituto, como el secretario, el prosecretario y el comisario.

Artículo 18. El director general del Instituto será nombrado por la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva a propuesta del titular del Ejecutivo federal, o a indicación de éste a través del secretario de Economía.

Artículo 19. El director general del Instituto durará en su cargo cuatro años, el cual podrá ser ratificado por un periodo más. Los miembros de la Junta Directiva que representan al gobierno federal durarán en su cargo mientras estén en funciones como titulares de sus dependencias. Los representantes de los organismos del sector se elegirán por un periodo de cuatro años, pero podrán ser removidos en cualquier momento por sus representados.

Artículo 20. El órgano de vigilancia del Instituto estará integrado por un comisario público propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, según indica la ley, quienes ejercerán las facultades que les confiere el Capítulo VI de la Ley de Entidades Paraestatales.

Artículo 21. El Instituto podrá establecer delegaciones regionales cuyos funcionarios serán nombrados por los miembros de la Junta Directiva.

Capítulo II Del Consejo Nacional

Artículo 22. Se crea el Consejo Nacional de Entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria, como organismo máximo de representación y apoyo del sector.

Artículo 23. Son funciones del Consejo:

I. Fomentar y difundir los principios, valores y fines del sector de la economía social y solidaria;

II. Promover la integración de las entidades del sector;

III. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos;

IV. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen;

V. Ser órgano consultivo del gobierno federal en la formulación de políticas relativas a la economía social y solidaria, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen;

VI. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias;

VII. Proporcionar educación y capacitación en la economía social y solidaria;

VIII. Promover y asesorar para la constitución de empresas sociales;

IX. Instruir a los miembros de las empresas sociales en el funcionamiento de las mismas brindando capacitación administrativa, contable, fiscal, legal y comercial;

X. Apoyar en la gestoría a favor de las empresas del sector en trámites ante cualquier instancia pública o privada;

XI. Brindar en coordinación con las dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo, de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a las entidades del sector de la economía social y solidaria;

XII. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por las entidades del sector social;

XIII. Promover la creación de órganos de integración y representación de las entidades del sector social considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas;

XIV. Elegir a través de su asamblea a los representantes para el Instituto Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria;

XV. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta ley.

Artículo 24. El Consejo tendrá la estructura organizativa más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, pero deberá contemplar como mínimo a la Asamblea General, una Junta Directiva, un órgano de vigilancia, y un área especializada en educación y capacitación solidaria de acuerdo con lo que establezca su reglamento interno.

Artículo 25. La Asamblea General será el órgano supremo del Consejo. Estará integrada por dos representantes de cada uno de los consejos estatales electos democráticamente y debidamente acreditados, de acuerdo a las normas estatutarias de dicho Consejo, así como por tres representantes de al menos de cada uno de los siguientes subsectores: agrario, cooperativo, de sociedades de solidaridad social y de asociaciones y sociedades civiles, electos por el organismo de integración de mayor jerarquía en cada uno de ellos, según lo establezcan sus leyes particulares respectivas.

Artículo 26. La Junta Directiva será el órgano encargado de la dirección y coordinación las actividades del Consejo y su representante legal. La Junta Directiva se conformará como lo establezca el reglamento interno del Consejo. Entre sus atribuciones estarán:

I. Convocar las sesiones de la Asamblea General;

II. Designar al secretario ejecutivo;

III. Nombrar a sus representantes ante el Registro Nacional;

IV. Ejecutar sus acuerdos y decisiones;

V. Elaborar el presupuesto y los programas de trabajo; y

VI. Presentar a la asamblea los estados financieros y los informes de su actuación para su aprobación.

Artículo 27. El órgano de vigilancia se conformará como lo establezca el reglamento interno del Consejo y tendrá las atribuciones de fiscalizar la adecuada administración de los recursos patrimoniales del Consejo.

Artículo 28. El Consejo se financiará con las aportaciones económicas de las entidades del sector, así como con las de las entidades de segundo y tercer nivel representados en el mismo, según las disposiciones establecidas en su reglamento interno.

Título III De las Entidades del Sector

Capítulo I Del Funcionamiento de las Entidades del Sector

Artículo 29. Se reconocerá el carácter de entidades del sector de la economía social y solidaria a todas aquellas que hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza y además reúnan los siguientes requisitos:

I. Considerar en sus estatutos, la aceptación y respeto de los principios, fines y prácticas enunciados en los artículos 9 y 10 de la presente ley;

II. Registrarse y ser reconocido como tal por el Registro Nacional, en los términos de la presente ley.

Artículo 30. Las aportaciones de los socios de las entidades del sector podrán ser en dinero, trabajo o en especie conforme a sus normas internas, pero independientemente del monto y de la modalidad de sus aportaciones estarán obligados a prestar sus servicios o coadyuvar al buen funcionamiento de la entidad.

Artículo 31. Las entidades del sector adoptarán la estructura interna que marque su ley respectiva y que más se adecue a sus necesidades, incluyendo en todo caso un órgano de decisión en el que participen todos sus miembros, por sí mismos o por representación de un mandatario designado en los términos de su reglamentación interna y que será la autoridad máxima en dicha persona moral, a saber, la asamblea general.

Artículo 32. Las entidades del sector deberán considerar en sus estatutos internos, la existencia de los órganos responsables de la ejecución de las resoluciones del órgano u órganos de decisión. Podrán delegar sus funciones administrativas en gerentes o coordinadores, quienes las ejercerán de acuerdo con las directrices de aquellos.

Artículo 33. Las entidades del sector deberán considerar al constituirse y suscribir o adecuar sus estatutos internos, la existencia de los órganos responsables de la vigilancia y control interno de las operaciones sociales, administrativas y económicas de dicho organismo.

Artículo 34. Los integrantes de los órganos directivos serán designados por la voluntad de la mayoría del órgano de decisión, pudiendo ser revocados sus mandatos por decisión mayoritaria de sus miembros.

Capítulo II De los Derechos y Obligaciones de las Entidades del Sector de la Economía Social y Solidaria

Artículo 35. Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas figuras asociativas, se reconocen a las entidades del sector los siguientes derechos:

I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades socio-económicas por parte del estado. II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno.

III. Constituir sus órganos representativos.

IV. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes de acuerdo a la presente ley.

Artículo 36. Las entidades del sector tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir los principios y valores consagrados en la presente ley.

II. Constituir fondos y reservas colectivos e irrepartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a financiar servicios sociales en beneficio de sus miembros y de la comunidad, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas. En todo caso los fondos mínimos obligatorios serán de reserva, de previsión social y de educación cooperativa y solidaria. Los reglamentos internos definirán los porcentajes, reglas de operación y montos requeridos.

III. Utilizar los beneficios que determinan la presente ley para los fines con que fueron autorizados;

IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de los beneficios;

V. Informar al Instituto, si le fuera requerido y conforme a lo convenido, sobre el ejercicio de los financiamientos y los apoyos monetarios.

VI. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por las autoridades.

VII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el Instituto Nacional de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria.

VIII. Las entidades del sector realizarán procesos de planeación estratégica para su desarrollo progresivo, elaborarán informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en su ejercicio a sus miembros y a la comunidad y presentarán el estado de su contabilidad.

Capítulo III De los Organismos del Sector

Artículo 37. Las entidades del sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines, en organismos de segundo nivel o federaciones, de carácter regional o estatal. Aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad.

Los requisitos y procedimientos para constituir organismos de segundo nivel serán los establecidos por la ley específica que corresponda.

Artículo 38. Los organismos de segundo nivel podrán crear organismos de tercer nivel o confederaciones, de índole nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Los requisitos y procedimientos para constituir organismos de tercer nivel serán los establecidos por la ley específica que corresponda.

Artículo 39. Las entidades de tercer nivel deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 40. Las entidades de integración ejercerán la representación y defensa de los intereses de sus afiliados y de la rama de actividad en que actúan, así como de los beneficios.

Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica.

Las entidades de segundo y tercer nivel deberán registrarse ante el Registro Nacional.

Artículo 41. Los organismos de integración ejercerán la representación y defensa de los derechos e intereses de sus afiliadas y de la rama de actividad en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede ésta y demás leyes a las entidades del sector social de la economía.

Capítulo IV De la Evaluación de la Política de Economía Social y Solidaria

Artículo 42. La evaluación del cumplimiento de las políticas públicas de fomento de la economía social y solidaria estará a cargo del Instituto y se harán por organismos independientes, ya sean organizaciones de la sociedad civil o universidades públicas o privadas, designados por concurso público y abierto.

Artículo 43. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir su cobertura e impacto.

Artículo 44. El proceso de evaluación de la política de economía social y solidaria, se realizará cada tres años.

Artículo 45. Los resultados de las evaluaciones, serán entregados al Instituto, al Consejo Nacional, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a la disposición del público en general a través del portal de Internet de la Secretaría de Economía.

Artículo 46. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

Capítulo V Del Fomento de las Entidades del Sector

Artículo 47. De conformidad con los requerimientos de desarrollo del sector, y con base en el dictamen técnico que al respecto presente el Instituto, deberá crearse un Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria, con el objeto de dar seguridad, otorgar, administrar y fomentar créditos para los proyectos de fortalecimiento y expansión de las entidades del sector.

La naturaleza del fondo, su organización y funcionamiento se regirán por el reglamento que para tal efecto se dicte.

Capítulo VI Del Registro Nacional

Artículo 48. Se crea el Registro Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria que estará a cargo del Instituto Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria y tendrá como funciones:

a) Llevar un registro de los organismos y entidades del sector y sus actividades; y

b) Elaborar las estadísticas referentes a la Sector.

Los organismos y entidades del sector, además de realizar su registro conforme lo establezcan las leyes que las rijan según su naturaleza, deberán solicitar su inscripción ante el Registro Nacional, conforme a las disposiciones marcadas en el reglamento.

El Registro Nacional contará con un plazo de treinta días hábiles a partir de la presentación de solicitud de registro para su aprobación. Transcurrido ese plazo sin respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada. No podrá negarse el registro si se cumplen los requisitos de ley.

Artículo 49. La inscripción ante el Registro Nacional será requisito para acreditar su carácter de entidad del sector de la economía social y. solidaria ante las autoridades que lo requieran.

Las entidades recibirán una constancia de su inscripción ante el Registro Nacional y el número correspondiente. Dicho registro se hará sin costo alguno para las entidades del sector.

Artículo 50. El Registro Nacional será público, por lo que cualquier persona podrá consultar la información vía Internet del mismo y de las delegaciones regionales del Instituto sobre el estado que guardan las entidades del sector.

Artículo 51. El Instituto mantendrá actualizado el compendio de información básica sobre las entidades del sector registradas, así como su capacidad y cobertura de bienes y servicios de acuerdo a información proporcionada por las mismas.

Capítulo III Sanciones

Artículo 52. Las entidades del sector social perderán sus beneficios cuando realicen actividades que no correspondan a su objeto y/o incumplan reiteradamente y violen las disposiciones de la presente ley y demás leyes aplicables.

Artículo 53. Incurrirán en delitos en materia del fuero común y en su caso del orden federal y serán sancionados de acuerdo al tipo penal correspondiente, los promotores, directivos y administradores de empresas de cualquier tipo, que sin estar legalmente constituidas como entidades del sector de la economía social y solidaria según las normas que rigen su organización y funcionamiento, gocen o pretendan gozar de los beneficios, prerrogativas y exenciones concedidas por esta y otras leyes, o exploten el trabajo asalariado bajo la apariencia de ser socios.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La convocatoria y asuntos relativos a la reunión constitutiva de los consejos estatales de los organismos del sector de la economía social y solidaria, será efectuada por la Secretaría de Economía a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor a noventa días después de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez constituida la mayoría de los consejos regionales, la Secretaría de Economía deberá convocar a la instalación del Consejo Nacional de los Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria.

Este Consejo deberá elegir, tan pronto como se instituya, a los representantes ante el Instituto del sector.

Artículo Tercero: El Instituto Nacional deberá quedar instalado en un plazo no mayor de 180 días.

Artículo Cuarto: Todas aquellas empresas y u organizaciones sociales que tengan personalidad jurídica como asociaciones o sociedades civiles y que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de la presente ley deberán cumplir con su registro legal según lo dispuesto en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil o, en su defecto, constituirse legalmente en cualquiera de las figuras asociativas a que se refiere el artículo tercero de la presente ley.

Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera . Insértese íntegro en el Diario de Debates el texto como lo solicitó el diputado. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho , del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su venia, señora Presidenta. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.

La normatividad de competencia es un fenómeno relativamente nuevo en los países desarrollados, así también como en países en vías de desarrollo en el caso particular de México. Incluso, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era prácticamente el único país que contaba con una Ley de Competencia y un organismo encargado de operar esa legislación.

En el caso de México, aunque existen experiencias en la Constitución de 1857 y 1917 en los términos de evitar las prácticas monopólicas, es hasta prácticamente principios de la década de los noventa que comenzó a tomar forma la idea de contar con una legislación que promoviera la competencia, así como un órgano encargado de operar este objetivo.

Esto fue posible hasta el 24 de diciembre de 1992, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica y con ella la propia creación de la Comisión Federal de Competencia.

Esta ley, en general, propone promover la competencia efectiva en el mercado, así como reducir el ámbito y modo de intervención del Estado en la economía. Sólo esta última se cumplió y por desfortuna fue el adelgazamiento del Estado.

La Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación a través de la Cofeco, tiene problemas presupuestales, operacionales y judiciales, con lo que su penetración para regular las prácticas monopólicas ha sido poco significativa para la competencia nacional. Sin duda, la batalla de la Cofeco más representativa ha sido con Teléfonos de México.

El poder monopólico de Telmex es inmenso y los números son contundentes. Durante los primeros nueve meses de 2004, la participación de esta empresa en el mercado de telefonía en el número de larga distancia nacional, fue de 80 por ciento y en larga distancia internacional, de salida fue de 74 por ciento.

Si a Telmex la ligamos con Telefonía Celular (Telcel), los números no cambian. Para 1994 Telcel tenía 53.5 por ciento del mercado; para 1998 tenía 62 por ciento y para 2004, ya acaparaba casi 80 por ciento del mercado de telefonía celular.

La Cofeco ha venido intentando imponer a Telmex un sinnúmero de veces, sanciones por prácticas monopólicas, un indicador claro de ello es que 40 por ciento del valor monetario de multas que la Cofeco ha impuesto durante los 10 primeros años de existencia han sido directamente a Telmex.

En este caso de Telmex, queremos profundizar un ejemplo: si se comprobara que incurriera en una práctica monopólica absoluta que se establece en la fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, se le aplicaría, de acuerdo con esta ley vigente, una multa máxima de casi 76 millones de pesos. Esto representa tan sólo 0.05 por ciento de sus ingresos por operación en el año 2005. En otras palabras, Telmex puede pagar la sanción mayor de la ley en comento en tan solo cuatro horas de operación en un día.

Si este ejercicio lo aplicamos para empresas como Coca-Cola FEMSA, Televisa y Maseca, y suponiendo que estas empresas incurrieran en prácticas monopólicas absolutas y nuevamente aplicando la fracción IV del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, los resultados son los siguientes: Coca-Cola FEMSA pagaría la sanción en 13 horas solamente de operación, Televisa pagaría la multa en tan sólo 20 horas y Maseca pagaría la sanción más alta en sólo 4 días de ventas.

Como se puede mostrar a través de estos ejercicios hipotéticos, estas empresas, que históricamente han impuesto su poder monopólico u oligopólico, no tienen ningún incentivo a través de las sanciones para dejar de incurrir en prácticas monopólicas en sus diversas acepciones.

Por tanto, el proyecto de decreto que se presenta tiene como objetivo central fortalecer a la Comisión Federal de Competencia a través de un incremento de las multas como una medida persuasiva.

La propuesta pretende que las multas estén determinadas como porcentajes de las ventas anuales obtenidas por el infractor en el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción. Además, se duplican las multas en casos de falsedad de declaraciones, así como a los agentes económicos o individuales que hayan participado, coadyuvado o propiciado prácticas monopólicas en cualquiera de sus variantes.

Se considera que esta reforma le daría una herramienta adicional a la Cofeco para persuadir a los infractores de que las prácticas monopólicas atentan en contra de la economía nacional y se combatirán con firmeza, que es necesario coadyuvar al desarrollo y crecimiento económico a través de una competencia efectiva y no simulada competencia que beneficie a los consumidores, a los empresarios y al conjunto de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La normatividad de competencia es un fenómeno relativamente nuevo en los países desarrollados, así como países en vías de desarrollo como México. Incluso, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América era prácticamente el único país que contaba con una ley de competencia y un organismo encargado de operar la legislación. La mayoría de los países de Europa y Japón toleraron a sus cárteles y monopolios de cierta forma. En la etapa de la posguerra, muchos países avanzados adoptaron leyes de competencia por primera vez. En 1992, sólo tres países de los 24 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), carecían de leyes de competencia.¹

En el caso de México, desde la Constitución de 1857 existe la prohibición de los monopolios. Dicha exclusión fue considerada también, en la Constitución de 1917, a la cual se le agregó la negativa de tolerar prácticas monopólicas con algunas excepciones por considerarse estratégicas para el Estado mexicano.²

Sin embargo, es hasta prácticamente principios de la década de los noventa que comenzó a tomar forma la idea de contar con una legislación que promoviera la competencia, así como un órgano encargado de operar este objetivo. Esto fue posible hasta el 24 de diciembre de 1992, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica y con ella la propia creación de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

La ley en comento a través de la Cofeco, tiene tres ejes fundamentales:

1. Sancionar las prácticas monopólicas. Es decir, el órgano regulador en materia de competencia sanciona acuerdos entre competidores, ya sea para fijar precios, para la división de mercados, para restringir la oferta o para la coordinación de posturas en licitaciones o subastas. La Ley referida denomina a estas prácticas monopólicas absolutas. También se sanciona actos de agentes económicos, con poder sustancial, cuyo objeto o efecto sea desplazar o dañar indebidamente a otros agentes económicos, denominadas éstas, prácticas monopólicas relativas.

2. La Ley Federal de Competencia Económica aplica medidas preventivas contra una excesiva concentración en los mercados, y

3. La Cofeco realiza labores de promoción y abogacía de la competencia emitiendo opiniones sobre proyectos de normas y leyes, así como programas y políticas públicas que puedan afectar la competencia.³

En suma, la Ley Federal de Competencia Económica y la Cofeco fueron propuestas para promover la competencia efectiva en el mercado, así como para reducir el ámbito y modo de intervención del Estado en la economía. Sólo una de ellas se cumplió, y por infortunio fue el adelgazamiento del Estado. Aunque el artículo 28 constitucional y la propia ley en comento prohíben las prácticas monopólicas en sus distintas variantes, su implantación no ha sido ejecutada de manera significativa. De hecho, lo inverso ha sido más bien la norma.⁴

La Ley Federal de Competencia Económica y su aplicación a través de la Cofeco tienen problemas presupuestales, operacionales y judiciales con lo que su penetración para regular las prácticas monopólicas ha sido poco significativa para la competencia nacional.

Sin duda, la batalla de la Cofeco más representativa ha sido con Teléfonos de México (Telmex)⁵. Y se cita un documento de la Comisión Económica para América Latina (Cepal): ``La privatización de la empresa en 1991, ocurrida antes de que se estableciera un marco regulatorio comprensivo y sin ningún tipo de consideraciones de competencia, constituye el clásico ejemplo de cómo la política macroeconómica 'a la Washington consensus' es negligente al omitir aspectos microeconómicos. Aparentemente, las autoridades mexicanas priorizaron la maximización de los ingresos por la venta de Telmex como una sola entidad, en vez de licitar varias áreas en forma separada. (...) Si bien los servicios se han ampliado drásticamente desde la privatización, México aún enfrenta los costos de instalación y tarifas más elevadas de los países miembros de la OCDE. En realidad, el proceso de privatización implicó la transformación de monopolio público en un monopolio privado''--fin de la cita.

El poder monopólico de Telmex es inmenso y los números son contundentes: Durante los primeros nueve meses de 2004 la participación de esta empresa en el mercado de telefonía en el número de larga distancia nacional fue de 80 por ciento y en larga distancia internacional de salida fue de 74 por ciento. Si a Telmex la ligamos con la telefonía celular (Telcel), los números no cambian: Con la privatización, Telmex se convirtió de la noche a la mañana en la única empresa capaz de ofrecer el servicio de telefonía móvil en todo territorio nacional. Para 1994, Telcel tenía 53.5 por ciento del mercado; para 1998 tenía el 62 por ciento y para el 2004 ya acaparaba casi el 80 por ciento del mercado de telefonía celular.⁶

La Cofeco ha venido intentando imponer a Telmex un sin número de veces, sanciones por prácticas monopólicas. Un indicador claro de ello es que el 40 por ciento del valor monetario de multas que la Cofeco ha impuesto durante los 10 primeros años de existencia, han sido directamente a Telmex. Sin embargo, las multas a las que probablemente Telmex se ha hecho acreedora son totalmente ridículas, no sólo porque ha logrado ampararse a través de abogados sumamente especializados en la materia, sino porque la cuantía monetaria de la sanción no repercute en sus altas ventas anuales.

De esta manera, los agentes económicos monopólicos u oligopólicos, se han mantenido en esa posición gracias a que al dominar gran parte de los mercados de bienes o servicios, éstos les reditúan grandes ganancias y fortunas. En el caso de Telmex por ejemplo, si se comprobara que incurrió en una práctica monopólica absoluta (fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica), se le aplicaría una multa máxima de casi 76 millones de pesos; esto representa tan sólo el 0.05 por ciento de sus ingresos por operación en 2005.⁷ En otras palabras, Telmex puede pagar la sanción mayor de la ley en comento en tan sólo 4 horas de operación en un día.⁸

Si este ejercicio lo aplicamos para empresas como Coca Cola-FEMSA, Televisa y Maseca y suponiendo que estas empresas incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, nuevamente, aplicándoles la fracción IV, del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, los resultados son los siguientes: Coca Cola FEMSA pagaría la sanción en 13 horas de operación solamente; Televisa pagaría la multa en tan sólo 20 horas y Maseca pagaría la sanción más alta en sólo 4 días de ventas⁹.

Como se puede mostrar a través de estos ejercicios ``hipotéticos'', estas empresas que históricamente han impuesto su poder monopólico u oligopólico no tienen ningún incentivo, a través de las sanciones, para dejar de incurrir en prácticas monopólicas en sus diversas acepciones.

Por lo tanto, el proyecto de decreto que se presenta, tiene como objetivo central fortalecer a la Comisión Federal de Competencia a través de un incremento de las multas como una medida persuasiva. La propuesta pretende que las multas estén determinadas como porcentaje de las ventas anuales obtenidas por el infractor en el ejercicio fiscal anterior al momento de aplicar la sanción. Además, se duplican las multas en casos de falsedad de declaraciones así como a los agentes económicos o individuos que hayan participado, coadyuvado o propiciado prácticas monopólicas en cualquiera de sus variantes.

Se considera que esta reforma le daría una herramienta adicional a la Cofeco para persuadir a los infractores de que las prácticas monopólicas atentan en contra de la economía nacional y se combatirán con firmeza; que es necesario coadyuvar al desarrollo y crecimiento económico a través de una competencia efectiva y no simulada, competencia que beneficie a los consumidores, a los empresarios y al conjunto de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, así como el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 35. La comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

I y II. ...

III. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el quince por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna práctica monopólica absoluta;

V. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa;

VI. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta ley;

VII. Multa hasta por el cuatro por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;

VIII. Multa hasta por el nueve por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incumplido con las condiciones fijadas por la comisión en términos del artículo 22 de esta ley, sin perjuicio de ordenar la desconcentración;

IX. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;

X. Multa hasta por el equivalente a sesenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a los agentes económicos o a los individuos que hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentración prohibida o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta ley, y

XI. Multa hasta quince por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, por haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 33 Bis 2 de esta ley.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que corresponda, o hasta por el veinte por ciento de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o hasta por el veinte por ciento del valor de los activos del infractor, cualquiera que resulte más alta.

...

...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) Véase Ávalos, M. (2006) "Condiciones generales de competencia: el caso de México.", en Serie de estudios y perspectivas No. 48, CEPAL, mayo de 2006, México, pp. 7-8.

2) Véase Del Villar, R. y Soto, F. (2005) "Logros y dificultades de la política de competencia económica en México" en ICE No. 821, marzo-abril de 2005, España, p. 107. De acuerdo con la Constitución no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva a través del banco central, así como en correos, telégrafos, petróleo, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad.

3) Del Villar y Soto (2006) op. cit. p. 108.

4) El tratamiento de la Ley Federal de Competencia Económica sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas es el espejo de la regla per se de la jurisprudencia de Estados Unidos: aquellas acciones que son por ley automáticamente ilegales no dan lugar a que el agente dominante pueda defender su proceder. Ávalos (2006) op. cit. p. 15.

5) Ibid. p. 60.

6) Tomado de: Del Villar y Soto (2006) op. cit. pp. 115-116.

7) Para verificar los datos duros, véase los Reportes Anuales 2005 de Telmex, Coca-cola FEMSA, Televisa y Maseca que entregaron a la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser consultados públicamente vía Internet en: http://www.bmv.com.mx

8) Véase cuadro 1.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Gracias, diputado Alejandro Sánchez Camacho.Túrnese a la Comisión de Economía.

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado Presidente. Desde la suscripción, en 1995, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta la Declaración de Río de 1992, se ha reiterado el principio de que todo Estado puede disponer libremente de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, así como la adopción del compromiso para aumentar el acceso a requerimientos básicos, tales como el agua limpia.

En materia específicamente sobre el agua, en Mar de Plata, Argentina, en 1977 se inició un proceso de adopción de compromisos internacionales por este recurso; incluso, de 1980 a 1990 se declaró el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento, que motivó el mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento hacia las zonas pobres del orbe.

Con la Conferencia de Dublín en 1992 sobre el agua y el medio ambiente, y las cumbres subsecuentes en La Haya y Bonn se adoptaron compromisos que aún distan de un puntual cumplimiento.

La Declaración Ministerial de La Haya del 2000 y las directrices del Primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, aunado a las Metas del Milenio, instauraron una serie de desafíos y criterios entre los que se encuentra la cobertura de necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficiente; así como identificar y evaluar los diferentes valores del agua: económicos, sociales, ambientales y culturales e intentar fijar su precio para recuperar los costos de suministro del servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una observación general número 15 en 2002, que señala que el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias como lo es el caso de sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el derecho al agua.

Los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad en torno al agua infieren que el abastecimiento debe ser continuo y suficientes para los usos personales y domésticos. La calidad responde a la salubridad del agua libre de microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que amenacen la salud humana, debiendo tener color y sabor aceptables para uso doméstico. Y la accesibilidad se refiere a que tanto el agua, las instalaciones como los servicios deban ser accesibles para todos sin discriminación alguna y con el derecho de solicitar recibir y difundir información sobre asuntos del agua.

Asimismo, el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien mercantil, como comúnmente es visto por los que sostienen el discurso de escasez del recurso, organizado desde los intereses de empresas privadas multinacionales y políticas diseñadas para el Banco Mundial, que pretende hacer del uso doméstico y el aumento de la población, los responsables de la crisis del agua.

Resulta de enorme preocupación la existencia y exigencia de los empresarios del agua para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo del agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país; resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada. Los empresarios del agua insisten ante cualquier oportunidad sobre la modificación de las políticas federal, estatal y municipal basadas en la legislación vigente.

El derecho al agua ya es una realidad en la legislación del Distrito Federal. Desde la II Legislatura de la Asamblea, después de un gran esfuerzo conciliador entre las diversas propuestas legislativos en torno a la Ley de Aguas del Distrito Federal, se consensuó sobre disposiciones que no sólo atendieran las particularidades de los servicios hidráulicos, sino también sobre una política de gestión integral de los recursos hídricos, es decir, de todo el ciclo hidrológico esté sujeto a protección, conservación y aprovechamiento con base en los objetivos de la sustentabilidad.

Compañeras y compañeros diputados, con esta iniciativa se atiende uno de los compromisos adoptados para el diseño internacional para la acción El Agua Fuente de Vida 2005-2015 y para lo cual solicitamos la sensatez y sensibilidad de nuestras compañeras y compañeros legisladores. Asimismo, se fortalece la propuesta que en su momento fueron iniciadas por el grupo del PRD en la pasada legislatura, que aún duermen el sueño de los justos en las comisiones dictaminadoras.

Con la reforma al párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional instamos a todos los institutos políticos representados en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a elevar, de una vez por todas, la garantía a rango constitucional para que no sólo el Estado proteja el derecho de todo individuo, personal o colectivamente, a gozar de un ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, sino también al derecho a disponer de agua suficiente salubre, aceptable, accesible y asequible para uso doméstico; su suministro continuo y suficiente sin interferencias y para el sector social en el uso del agua agrícola. En tal sentido las autoridades federales, estatales y municipales y del Distrito Federal, en un marco de concurrencia, deben garantizar estos derechos a través de los ordenamientos jurídicos que al respecto se modifiquen. Reconociendo también el derecho de cualquier individuo a presentar denuncias por actos, hechos u omisiones.

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Por economía, le solicito que se integre la iniciativa al Diario de los Debates, y de ser posible, diputadas, diputados, que este tema sea retomado con toda la sensibilidad por todos los grupos parlamentario y hacer del agua algo que todos podamos consumir, acceder y, bueno, tratar en su justa dimensión. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la suscripción en 1966 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hasta la Declaración de Río de 1992 se ha reiterado el principio de que todo Estado puede disponer libremente de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, así como la adopción del compromiso para aumentar el acceso a requerimientos básicos tales como el agua limpia.

En materia específicamente sobre el agua en Mar de La Plata, en 1977, se inició un proceso de adopción de compromisos internacionales sobre este recurso. Incluso de 1980 a 1990 se declaró el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento que motivo el mejoramiento de los servicios básicos y de saneamiento hacia las zonas pobres del orbe.

Con la Conferencia de Dublín en 1992 sobre el Agua y el Medio Ambiente y las Cumbres subsecuentes en La Haya y Bonn se adoptaron compromisos que aún distan de su puntual cumplimiento. La Declaración Ministerial de la Haya del 2000 y las directrices del Primer Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, aunado a las Metas del Milenio, se instauraron una serie de desafíos y criterios entre las que se encuentran la cobertura de necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al agua y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficientes; así como identificar y evaluar los diferentes valores del agua (económicos, sociales, ambientales y culturales) e intentar fijar su precio para recuperar los costos de suministro del servicio teniendo en cuenta la equidad y las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una Observación General número 15, en 2002, que señala que ``el derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de ingerencias, como lo es el caso de no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua''.

Los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad en torno al agua, infiere que el abastecimiento debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; la calidad responde a la salubridad del agua, libre de microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que amenacen la salud humana, debiendo tener un color, olor y sabor aceptables para uso doméstico; y la accesibilidad, se refiere a que tanto el agua, las instalaciones como los servicios, deban ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, y con el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre los asuntos del agua.

Asimismo, el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien mercantil, como comúnmente es visto por los que sostienen el discurso de escasez del recurso organizado desde los intereses de empresas privadas multinacionales y políticas diseñadas por el Banco Mundial, que pretende hacer del uso doméstico y del aumento de la población los responsables de la crisis del agua.

Resulta de enorme preocupación la insistencia y exigencia de los empresarios del agua para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo de agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país, resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada.

Los empresarios del agua y el saneamiento insisten ante cualquier oportunidad sobre la modificación de las políticas: federal, estatales y municipales basadas en la legislación vigente.

El derecho al agua es ya una realidad en la legislación del Distrito Federal. Desde la II Legislatura de la Asamblea local, después de una gran esfuerzo conciliador entre las diversas propuestas legislativas en torno a la Ley de Aguas del Distrito Federal, se consensuó sobre disposiciones que no sólo atendieran las particularidades de los servicios hidráulicos, sino también sobre una política de gestión integral de los recursos hídricos, es decir, que todo el ciclo hidrológico esté sujeto a protección, conservación y aprovechamiento bajo los objetivos de la sustentabilidad.

Con esta iniciativa se atiende uno de los compromisos adoptados para el Decenio internacional para la acción: el agua, fuente de vida 2005-2015, y para lo cual solicitamos la sensatez y sensibilidad de nuestros compañeras y compañeros legisladores.

En consecuencia y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

``Artículo 4o. ...

...

...

El Estado garantiza a todo individuo, personal o colectivamente, el derecho a gozar de un ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, así como a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso doméstico, su suministro continuo y suficiente sin interferencias, y para el sector social en el uso de agua agrícola. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, garantizarán estos derechos, pudiendo cualquier individuo presentar denuncias por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, con base en lo que dispongan los ordenamientos jurídicos aplicables. Las legislaciones de los estados y del Distrito Federal que regulen los servicios hidráulicos y la política hídrica del ámbito de su competencia, así como las disposiciones reglamentarias municipales, observarán las disposiciones contendidas en este párrafo, dictando las medidas correspondientes para su cumplimiento.''

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a los diez días del mes de abril del año dos mil siete.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada, Aleida Alavez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda a los alumnos del 6o. semestre de Ciencias Sociales de la Preparatoria Salvador Allende de Ciudad Sahagún, del estado Hidalgo, aquí presentes. Y también a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Oriente de Zitácuaro, Michoacán. Continué la Secretaria.

CUENTA PUBLICA FEDERAL 2005

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presente

Me permito comunicar a usted que, con oficio OASF/0449/2007, de fecha 29 de marzo del año en curso, el Auditor Superior de la Federación entregó a esta Comisión de Vigilancia el Informe de Resultado derivado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2005, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30, 31, 32 y 74, fracción XV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 66 y 67, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, me permito remitir a usted el Informe del Resultado sobre la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Antonio Ortega Martínez , Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:De enterado. Remítase al archivo, para consulta de los ciudadanos diputados.

CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea

En oficio fechado el 27 de marzo del año en curso la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Eduardo Cué Pérez pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 10 de abril del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de la República de Filipinas en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Eduardo Cué Pérez para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de abril de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 27 de marzo del año en curso la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras pueda aceptar y desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 10 de abril, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará como agente consular honorario de Estados Unidos de América en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, serán de carácter estrictamente consular; y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras para aceptar y desempeñar el cargo de agente consular honorario de Estados Unidos de América en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de abril de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 27 de marzo de 2007 la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos David Suárez Gómez, Salvador Flores Moctezuma y Nora Laura Rivera Fernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Guadalajara, Jalisco, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 10 de abril del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Guadalajara, Jalisco, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano David Suárez Gómez para prestar servicios como asistente de información en la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Salvador Flores Moctezuma para prestar servicios como mecánico/plomero en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Nora Laura Rivera Fernández para prestar servicios como telefonista en la Sección Consular del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de abril de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza :

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Emily Chávez Daumas, Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo, Pedro Vega Juárez y Valente Ojeda Vargas puedan prestar servicios de carácter administrativo en las embajadas de la República de Côte d'Ivoire, de la República Francesa y de Malasia en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 10 de abril se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en las embajadas de la República de Côte d'Ivoire, de la República Francesa y de Malasia en México serán de carácter administrativo; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Emily Chávez Daumas para prestar servicios como secretaria particular en la Embajada de la República de Côte d'Ivoire en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Tziratzin Patricia de la Lama Rebollo para prestar servicios como asistente del servicio de prensa en la Embajada de la República Francesa en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Vega Juárez para prestar servicios como chofer en la Embajada de Malasia en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Valente Ojeda Vargas para prestar servicios como mensajero en la Embajada de Malasia en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de abril de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PROGRAMA ENCICLOMEDIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva : En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se crea una subcomisión para investigar el programa Enciclomedia

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por la cual:

Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que integre una subcomisión para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo al programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual.

A cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 14 de febrero de 2007 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

El diputado proponente argumenta que la transparencia en el uso de los recursos públicos ha sido parte medular de un proceso de rendición de cuentas hacia la sociedad por parte de los poderes públicos. De la misma forma, la evaluación en cuanto a que el gobierno haga el mejor uso de los recursos que dispone es un asunto que debe ser tomado con la mayor seriedad para que, en su caso, los medios financieros de que se disponer puedan ser asignados de una mejor forma, en programas para el beneficio social de los habitantes del país. Asimismo, señala que:

El programa Enciclomedia inició de manera formal en agosto del año 2003, con la encomienda esencial de incorporar el uso de las tecnologías de la información (TIC´S) al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la era de la sociedad del conocimiento, el dotar a los alumnos de nuestras escuelas con tecnologías de la información es indispensable para competir con éxito en las dinámicas de la globalización. En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con la esencia del programa Enciclomedia, sin embargo, no tenemos la certeza de que las formas y los procedimientos para su implementación han sido los ideales.

El programa Enciclomedia tiene como meta el promover la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas de acceso al conocimiento, que conduzcan a docentes y alumnos a la creación de ambientes atractivos, útiles y organizados de temas, conceptos y contenidos, a partir de la inclusión de tecnologías de la información en las aulas. Desafortunadamente, no se cuenta con elementos para saber hasta qué punto se han cumplido estos objetivos.

Los propios creadores de Enciclomedia han afirmado que un factor determinante para el logro de las metas del programa es que los docentes lo adopten y se apropien del mismo al convencerse de las bondades que la herramienta les proporciona. Sin embargo, en parte de las escuelas donde el programa Enciclomedia ha sido implementado los profesores reportan falta de conocimiento, información, y guías para el uso efectivo y eficiente del programa. Lo anterior hace pensar que hace falta una evaluación más rigurosa de las necesidades de los docentes, para que estos usen el programa de una manera más eficiente.

En cuanto al proceso de licitación, se ha cuestionado la conveniencia de que se hayan firmado contratos multianuales con los proveedores. Además, existen dudas sobre el porque no se prefirió el dotar a las escuelas de interconectividad al Internet, para así contar no solo con una base de datos rígida, sino promover en los estudiantes el uso de esta herramienta global por excelencia.

En cuanto al proceso de implementación, como lo señala un estudio realizado por la Universidad de Harvard, existen problemas ya que en algunas de las escuelas donde se implementó Enciclomedia no cuentan con luz eléctrica. Esto nos indica que se justifica una evaluación integral del proceso de implementación, para así corregir los problemas y realizar los ajustes necesarios.

En cuanto al impacto académico, no existe evidencia sólida que permita determinar el efecto que este programa ha tenido en el aprendizaje estudiantil. Por ejemplo, de acuerdo con el ``Libro Blanco'' del Programa Enciclomedia --resultado de una auditoría efectuada por la Secretaría de la Función Pública-- ``no se encontraron diferencias significativas en las habilidades de conocimiento, aplicación y evaluación de los contenidos'' entre los niños que utilizaron Enciclomedia y los que no contaron con ese equipo.

De acuerdo al legislador, con la información anteriormente expuesta, hay suficientes razones para afirmar que el programa Enciclomedia requiere ser evaluado de manera integral y sistemática. Esto con el objeto de proteger la inversión pública que ya se ha realizado en el mismo, y garantizar que se realicen los ajustes necesarios para que en el futuro el programa funcione de manera óptima.

Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Comisión comparte plenamente la preocupación del Legislador proponente, en cuanto a la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los programas educativos que son financiados con recursos públicos. En nuestro país, hoy más que nunca se hace necesario el contar con mecanismos efectivos y eficientes para evaluar los resultados de los programas públicos, y así determinar los resultados y las áreas de mejora de los mismos.

En el caso de Enciclomedia, esta Comisión estima que no existe información suficiente para determinar si el programa ha cumplido con los objetivos y metas planteadas. Por lo anterior, aún hoy, a casi 4 años del inicio de su implementación no es factible saber, con datos específicos, cuáles han sido los resultados concretos del programa, tanto en el desempeño estudiantil como en el desarrollo de capacidades en los docentes.

Al programa Enciclomedia se le han asignado un monto total de 9,412 millones de pesos, en los ejercicios fiscales 2005 (2,105 millones), 2006 (3,754 millones) y 2007 (3,553 millones). Sin embargo, los resultados arrojados por la auditoría llevada a cabo por la Secretaría de la Función Pública durante el último trimestre de 2005 (Auditoria N 034/05) señalan lo siguiente:

1. Inexistencia de indicadores para medir eficiencia, eficacia y el grado de avance de los objetivos generales y específicos del Programa, así como Lineamientos Normativos para la operación de este.

2. Deficiente desempeño de la operación del programa Enciclomedia en los estados de Chihuahua y Sonora.

3. Carencia de procedimiento para la recuperación de equipo informático extraviado del Programa Enciclomedia.

Cabe señalar que esta Comisión no desestima el aporte educativo que el programa Enciclomedia ha brindado desde su creación, sin embargo, se considera que es necesario tener más información acerca del funcionamiento de esta herramienta. Asimismo, se considera importante evaluar los procesos administrativos y técnicos para la puesta en marcha de este proyecto, para así determinar si fueron los óptimos y realizar los ajustes necesarios.

Por tanto, esta Comisión estima que la fuerte inversión de recursos públicos con la que ha contado el Programa Enciclomedia requiere de procesos de evaluación más exhaustivos y sistemáticos, que hagan saber a la sociedad cuales han sido los resultados concretos del programa.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que integre una Subcomisión para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo al programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual. Lo anterior para determinar las futuras asignaciones presupuestales al programa, así como los ajustes necesarios para garantizar su viabilidad para el alcance de sus objetivos y metas.

Segundo. Se aprueba que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la aprobación del presente dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos determine a los integrantes de dicha Subcomisión, así como las líneas generales y dinámica de trabajo de la misma.

Tercero. La Subcomisión propuesta tendrá vigencia por un año a partir de la integración de la misma, pudiéndose prorrogar este término en caso de que la Comisión lo considere necesario. Asimismo, dicha Subcomisión deberá entregar reportes bimestrales respecto de los avances de la investigación y evaluación del programa Enciclomedia, y podrá trabajar en conferencia con integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, que investiguen el mismo tema, en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2007.

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

SISTEMA PENAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia

El que suscribe José Manuel del Río Virgen , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública para que presente el dictamen sobre el paquete de iniciativas de reformas constitucionales y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social presentado el martes 4 de noviembre de 2003 ante el Pleno de esta honorable soberanía.

Antecedentes

No es novedad decir que desde hace muchos años en México priva un estado grave de inseguridad y delincuencia que ha superado a nuestras instituciones y corrompido a servidores públicos.

Sin embargo, durante los últimos meses hemos sido testigos pasivos de múltiples y sangrientos actos de violencia que no se pueden pasar por alto y menos ante los ojos de esta representación popular.

Es lamentable que ya no nos sorprendan las informaciones sobre ejecuciones de personas en diferentes entidades de la República, asaltos, venganzas, narcotráfico, piratería, decomisos cuantiosos de droga y grandes fortunas que bien podrían utilizarse en contra del Estado mexicano.

Como relata la propuesta, México es un país de víctimas, donde prevalece la incertidumbre y el descrédito generalizado, de las instituciones y de las autoridades, a quienes se ha confiado la delicada función, de la persecución del delito, de la procuración y de la administración de justicia.

Las cifras estadísticas, son contundentes y demoledoras.

Actualmente se cometen 4.5 millones de delitos cada año en nuestro país, no obstante sólo se denuncian 1.5 millones ante la autoridad competente.

De las denuncias que se integran en averiguación previa, se consignan solo el 19% y exclusivamente el 6 por ciento se consigna con detenido.

42 por ciento de estas causas, se refieren a la reserva o se determina el no ejercicio de la acción penal; de ellas el 17 por ciento se queda en trámite, y se declaran cerradas por incompetencia un 22 por ciento.

Sólo el 4.5% culmina el procedimiento con sentencia condenatoria, lo que equivale a que de cada 300 delitos reales, sólo se sanciona el 1.5%, prevaleciendo como norma la impunidad del 98.5% restante.

Considerandos

Resulta extremadamente preocupante que comience una venganza de las bandas delictivas en contra de funcionarios públicos y de la misma sociedad por los exitosos operativos implementados en todo el territorio nacional e incluso en la propia Ciudad de México.

Por estas razones, es necesario que esta Cámara de Diputados no se quede con los brazos cruzados y dictamine el paquete de reformas penales que presentó desde el martes 4 de noviembre de 2003, el entonces diputado Luis Maldonado Venegas a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, el cual busca mejorar un grupo de leyes federales que apoyarían en gran medida las labores de las corporaciones policiales que en estos momentos luchan contra el crimen organizado.

Los cambios incluyen reformas a la Constitución General de la República, un nuevo Código Único de Procedimientos Penales, la promoción de una ley tipo de justicia cívica para todo el país, así como una nueva legislación sobre ejecución de penas y readaptación social de sentenciados, una nueva ley para el tratamiento de menores infractores y la promulgación de la Ley del Consejo Supremo de Seguridad y Justicia.

Una de las reformas pretende el establecimiento de un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales únicos para todo en país, en donde los delitos sean del fuero común por regla general y federales por excepción, aquellos como narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado, entre otros.

Además, las funciones del Ministerio Público quedarían sujetas al proceso penal, a la vigilancia procesal del juez, de la parte ofendida y del presunto responsable para que su función sea más transparente, eficiente y equitativa.

De igual manera, se compacta la averiguación previa y el proceso en un procedimiento que se desahoga ante el juez con la participación del Ministerio Público, del ofendido y del presunto responsable, con la reducción sustancial de los tiempos procesales.

Según la propuesta del Grupo Parlamentario de Convergencia, con la participación del Ministerio Público para desahogar las diligencias probatorias de la parte ofendida y del presunto responsable, la actividad de los jueces también se sujeta a un mayor control y transparencia.

Se eliminan todos los impedimentos de carácter procesal para que cualquiera que conozca de un delito, ya sea patrimonial o contra la integridad de las personas, pueda denunciar los hechos que conoce para combatir, de esta manera, el delito con eficiencia y prontitud.

Por otro lado, se sujetan las actividades de la Policía Judicial al control procesal tanto del juez como del Ministerio Público, para investigar los hechos que aporte el ofendido y/o presunto responsable, con el propósito de evitar que dejen de cumplirse órdenes de aprehensión y de investigación y se logre abatir la corrupción que deriva de la falta de controles adecuados.

Estos y muchos otros beneficios traería este paquete de reformas penales que muy oportunamente presentó el diputado Luis Maldonado Venegas, empero lamentablemente se encuentra ``congelada'' en las comisiones sin que hasta el momento exista trabajo alguno para apoyar las labores para fortalecer la seguridad y apoyar las labores en contra de la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

Excitativa

Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública para que presente el dictamen sobre el paquete de iniciativas de reformas constitucionales y creación de leyes en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social, presentado el martes 4 de noviembre de 2003 ante el Pleno de esta honorable soberanía.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Jaime Verdín Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a las comisiones de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Jaime Verdín Saldaña , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en la dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a efecto de que se dictaminen a la brevedad posible para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de combate al contrabando, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 12 de noviembre de 2002, los ciudadanos Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que, como lo señalan en su exposición de motivos, tiene el propósito de dotar a las autoridades, de mayores atribuciones que les permitan combatir y erradicar el delito de contrabando, por medio de las modificaciones al marco legal, para establecer las bases que posibiliten la adopción de estrategias que enfrenten eficazmente este fenómeno, por los efectos negativos que produce a la economía del país; esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores con fecha 14 de noviembre de 2002.

Segundo. El 19 de noviembre de 2002, los ciudadanos Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de combatir el delito de contrabando, por los efectos nocivos que produce a la economía del país, ya que origina grandes pérdidas pecuniarias a las industrias que se dedican a la producción de bienes y servicios; esta iniciativa, con fecha 21 de noviembre de 2002, fue turnada para su estudio y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

Tercero. Con fecha 10 de diciembre de 2002, fue votado y aprobado el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por el Pleno del Senado de la República y enviada por el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

Cuarto. El 11 de diciembre de 2002, el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahora Comisión de Justicia, la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para su análisis y dictaminación.

Quinto. Con fecha 13 de febrero de 2004, se amplió el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el estudio de esta minuta, y posteriormente se amplió a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Consideraciones

Actualmente, el contrabando mundial, en donde México no es la excepción, constituye uno de los rostros más nocivos de la globalización del comercio internacional, porque ocasiona graves daños a las economías nacionales inundadas con esos productos que no pagan impuestos y provocan la pérdida de millones de empleos formales en diversos sectores, problema que se ha agravado en México en los últimos años, basta saber que las industrias textil, del calzado, jugueteras y fonográficas se encuentran entre las más perjudicadas por el contrabando y la piratería.

Lo anterior se hace patente con las estimaciones de la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos de la Industria Textil, que resaltan que 60 por ciento del mercado de prendas de vestir en el país lo acaparan productos introducidos de contrabando, en tanto que un estudio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) establece que el consumo de ropa en México asciende a 16 mil 295 millones de dólares, de los cuales 9 mil 451 millones se comercializan por canales ilegales. Esta situación ha provocado la pérdida de más de 140 mil empleos.

Por su parte, en el sector del calzado se calcula que al año ingresan unos 250 millones de pares de zapatos, gran parte de los cuales provienen de China, situación que ha provocado la pérdida de más de 100 mil empleos directos.

El arancel a las importaciones de calzado que se aplican a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales es de 35 por ciento, mientras que las provenientes de Estados Unidos no pagan arancel, de ahí que gran parte del calzado de contrabando que ingresa y proviene de China, el mayor productor a nivel mundial, se realicen mediante la triangulación para evitar el pago de impuestos.

En el ramo juguetero, en el que México se ha convertido en uno de los mercados más codiciados en el mundo, la invasión asiática ha provocado el cierre de más de 70 por ciento de las fábricas nacionales, por lo que en la actualidad sólo 42 han logrado sobrevivir de las 400 que había registradas en 1985.

En suma, el contrabando ha dejado en nuestro país un saldo catastrófico por la pérdida de miles de empleos, el cierre de fábricas, la afectación a la recaudación fiscal y lo que es más, la proliferación del crimen organizado en este tipo de redituables actividades ilícitas, que ha visto en este aspecto un campo de acción fértil, aunado a que el contrabando está fuertemente ligado a otros delitos graves como la piratería, venta de mercancía robada y adulteración de productos como licores y perfumes.

En razón de lo anterior, surge la necesidad de implementar medidas para combatir el contrabando y particularmente el de fortalecer el marco jurídico punitivo para sancionar más severamente este tipo de conductas, particularmente cuando el crimen organizado participa en él, toda vez que el contrabando asociado al crimen organizado daña y pone en peligro bienes y valores de mayor importancia, tanto para la planta productiva nacional como para la industria, así como para el fisco, en virtud de que la capacidad de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando y su delitos conexos supera en mucho a una actividad individual.

En tal virtud, la minuta materia de la presente iniciativa plantea fortalecer el combate de este tipo de delitos, estableciendo la posibilidad de que cuando se actualicen los supuestos legales necesarios al efecto, pueda aplicarse el régimen especial de la delincuencia organizada, el cual prevé disposiciones sustantivas y adjetivas más severas que las aplicables a la delincuencia común.

Lo anterior en virtud de que es sabido que, en el contrabando, participan una pluralidad de sujetos que van desde empresarios, productores, distribuidores e incluso algunos gobiernos; que opera un mercado global de contrabando que funciona y se fortalece con protección legal y física en los países invadidos por millones de toneladas de productos que ingresan por sus fronteras y puertos, y terminan la mayoría de las ocasiones en la economía informal y no pocas en el comercio legal, por lo tanto es una exigencia nacional castigar severamente a todos los que de una forma u otra, dolosamente intervengan o favorezcan las actividades de contrabando.

Consideraciones de Derecho

1. Desde el día 11 de diciembre de 2002 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la minuta descrita.

2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del citado reglamento, excite a las comisiones de Justicia, a la de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a fin de que emitan el dictamen correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Único. En los términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones Justicia, Hacienda y Crédito Público así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que presenten el dictamen respectivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al contrabando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).»

LEY DE FOMENTO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Ramón Salas López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a las comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ramón Salas López , del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Ramón Salas López , integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formule la excitativa a las comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las siguientes consideraciones:

En la LIX legislatura fueron presentadas diversas iniciativas en busca de resolver la problemática de los vehículos de procedencia extranjera que se encuentran en el país de manera irregular, propuestas hechas de parte del PRI, PAN y PRD.

Cuando se estuvo a punto de someter a votación un dictamen hecho por la Comisión de Economía de esta honorable Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal el 22 de agosto de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto el cual sólo permitió solucionar el 30 por ciento del problema, toda vez que únicamente contempló la importación de vehículos de 10 a 15 años de antigüedad y de fabricación en Estados Unidos, Canadá y México, dejando en manos de agentes aduanales el trámite, quienes cobraron en algunos casos, más por sus honorarios que por los propios derechos de importación, encareciendo el trámite y desalentando a los propietarios a realizar la importación de sus vehículos, esto provoco que los propietarios que tienen vehículos más antiguos o más modernos y de fabricación distinta de los países antes mencionadas, que ya circulan en el país no pudieran apegarse a este decreto.

Si bien este decreto no resolvió el problema, si dejó importantes aportaciones al erario público, y sería interesante saber a donde fueron a parar éstos, toda vez que se fomentó la introducción de más vehículos, sin resolver los que ya circulan en el país.

Esta acción de parte del Ejecutivo levantó reacciones negativas, tanto de organizaciones protectoras de estos vehículos, así como de la iniciativa privada del sector automotor, de parte de las organizaciones sociales su manifestación fue que era un decreto mocho y que el problema no se resolvería de esta manera; por parte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), su rotundo rechazo, incluso denominaron al Presidente Vicente Fox, el ``rey del chocolate''.

Con base en esto, realizando un esfuerzo por lograr consensos y dar una solución definitiva a este histórico problema, fue propuesta la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular, la que contempla la creación de programas para disminución de asimetrías con el mercado de vehículos con respecto a Estados Unidos, con el fin de fomentar la adquisición de vehículos vendidos en el mercado nacional, la implementación de un programa de deschatarrización por medio de un fideicomiso que permita fomentar la industria del reciclaje, y para que puedan apegarse todos los vehículos que circulan en el país, un programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, lo anterior con el fin de tener un parque vehicular más digno, limpio y seguro.

Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, después de haber reunido a los actores involucrados en el tema logrando su apoyo a esta iniciativa.

Actualmente se estima que existen 2.5 millones de vehículos de procedencia extranjera en situación irregular en el país, por no existir el marco legar que permita su legal estancia, que si bien se puede traducir en la mayoría de los casos en una problemática familiar por tratarse de un patrimonio, aunado a que este fenómeno se presenta sobre todo en aquellos municipios con alto índice de expulsión de migrantes.

Por lo antes expuesto, le solicito respetuosamente, señor Presidente:

Único. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva exhortar a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, de esta honorable Cámara de Diputados para que dictaminen y sea sometido a votación el dictamen de la minuta de la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Ramon Salas López (rúbrica).»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Equidad y Género.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Addy Cecilia Joaquín Coldwell , diputada federal integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, solicita con fundamento en las atribuciones que confiere a la Presidencia de la Mesa Directiva el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva requerir, mediante excitativa formal, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que presente el dictamen relativo a la minuta del Senado de la República, mediante el cual se reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, enviado a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2002.

Consideraciones

Primero. El 12 de diciembre de 2002 el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Dicha modificación legal la promoví en ese momento como senadora de la República.

La minuta señaló que:

a) El pedir un certificado de gravidez a la mujer para ser empleada en cualquier trabajo, representa una violación al articulo I constitucional, en donde se establece que ``queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atenté contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

b) La discriminación de todo tipo representa un retroceso en la construcción de un Estado libre y democrático, como el que pretende ser el Estado mexicano, más aún si se trata de discriminar a la mujer.

c) El negarle un trabajo a una mujer por falta del certificado de gravidez representa la cancelación de ésta a acceder a la seguridad social, tanto para ella, como para el futuro ciudadano.

d) El negarle el trabajo a la mujer constituye una violación a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmado por México en 1979.

Segundo. Antes de presentar esta solicitud, tuve que realizar una reflexión sobre las posibilidades para promover su aprobación. Podía presentarla como una nueva iniciativa, debido al largo tiempo que la minuta ha estado sin dictaminar en la comisión respectiva, pero con el peligro de perder lo ganado con la aprobación en el Senado de la República; y, segundo, podía presentar la excitativa correspondiente, con el riesgo de que el tema quede nuevamente sin dictaminar, con el pretexto de que su aprobación tiene que esperar a la conclusión de la reforma estructural en materia laboral.

Decidí presentar la excitativa debido a que hace unos días la Junta de Coordinación Política ordenó a las comisiones dictaminadoras a presentar a más tardar el 31 de marzo, los dictámenes de los puntos de acuerdo, pendientes de las pasadas legislaturas. Confío en que su voluntad política, también se haga extensiva a las iniciativas pendientes, pero sobre todo, a las minutas, porque no se trata de la posición de un sólo legislador, sino de la manifestación del honorable Pleno de la Cámara de Senadores.

Tercero. Estimo necesario insistir en la conveniencia de que se produzca el dictamen correspondiente a la minuta en cuestión, habida cuenta de que en diversas ocasiones a lo largo de su ejercicio, se han venido presentando debates, tanto en el marco de las sesiones parlamentarias, como en el contexto de los medios de comunicación. Pero sobre todo, considerando los pronunciamientos que distintos congresos locales han realizado a favor de la reforma.

a) Recientemente el Poder Legislativo de Jalisco solicitó a la Cámara de Diputados su apoyo para que no se exija a las mujeres, como requisito para ingresar a un centro de trabajo, la constancia de no gravidez y para que no sean despedidas en caso de embarazo, así como que se amplíe la discusión respecto a la conveniencia de establecer medios de prevención contra la discriminación femenina, tales como sanciones pecuniarias y se haga extensiva la prevención de la discriminación laboral en contra de la mujer por razones de su estado civil.

b) La petición del Congreso de Jalisco, consideró a su vez, el acuerdo remitido por el Poder Legislativo del estado de Oaxaca, mismo que se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso de Coahuila.

c) El Poder Legislativo de Baja California Sur, también se pronunció a favor de la reforma al artículo 133, fracción I, de la Ley del Trabajo, señalando que la igualdad ante la ley es principio universal de derecho, sin embargo su atropello es cotidiano por parte de los empleadores que con la finalidad de que no se vean presionados con las justas prestaciones laborales para las mujeres trabajadoras, les exigen como requisito o condición para el ingreso de un empleo, un certificado de no gravidez.

d) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también respaldó la reforma en mención. Establecen que los congresos locales de Morelos, Coahuila y Oaxaca han expresado su apoyo para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma.

Cuarto. En este contexto, debemos resaltar que suman seis estados de la república que se han pronunciado a favor de la minuta. Incluso van más allá de lo establecido por el Senado, al solicitar la vigilancia y recorrido a los centros de trabajo, con el fin de comprobar que este fenómeno no se presente. Entonces, resulta absurdo que una modificación legal tan pertinente sea detenida, bajo el argumento de esperar la reforma integral a la Ley del Trabajo.

La propuesta de modificación ha estado presente en el ánimo de otras legislaturas y también ha sido congelada. En 1999, diputados del PAN, de la LVII Legislatura, solicitaron una reforma muy parecida a la minuta aprobada en diciembre del 2002. En su opinión la participación económica de las mujeres no ha estado acompañada de modificaciones profundas en la división del trabajo. Fundamentaban su petición en el parlamento de mujeres celebrado en el mes de marzo de 1999, sobre examen de ingravidez para obtener y conservar el trabajo. Recuperaron una iniciativa del 13 de diciembre de 1996, también del PAN en la LVI Legislatura, que proponía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sobre el certificado de ingravidez para la obtención de empleo.

Es decir, no existen elementos de peso que sigan frenando una reforma que tiene más de una década congelada en la Cámara de Diputados y que es muy necesaria para proteger a la madre trabajadora.

Quinto. La reforma también ha recibido el apoyo de instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales. El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, coordinado por las Mujeres por un Milenio Feminista, concluyó que la eliminación del examen de ingravidez y el despido o negación del empleo por embarazo, discapacidad y edad son viejas reivindicaciones promovidas por las mujeres, que deben concretizarse.

Datos del Instituto Nacional de Mujeres afirman que las mujeres sufren graves desigualdades en el ámbito laboral. Se les solicitan pruebas de ingravidez para obtener o conservar un trabajo y con frecuencia son víctimas de hostigamiento sexual. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2000, el avance legislativo, en materia de los derechos humanos de las mujeres, debe ir acompañado de un sistema de procuración e impartición de justicia que no discrimine a la mujer.

Sexto. Sigo convencida de que aunque nuestra Constitución Política contiene derechos sociales consagrados, los cuales tienen la misión de proteger a la persona como integrante de la sociedad; pedir un certificado de gravidez a la mujer para ser empleada en cualquier trabajo, representa la violación al artículo 1o constitucional, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya que ésta representa un retroceso en la construcción de un Estado libre y democrático, como el que pretende ser el Estado mexicano, más aún si se trata de discriminar a las mujeres. El certificado de no gravidez va en contra la dignidad de la mujer trabajadora, ya que en caso de estar embarazada no se le otorga empleo.

Retener todavía más esta reforma será en menoscabo del derecho constitucional a la igualdad que tenemos las mujeres y que en el ámbito laboral no debe ser la excepción, ya que la solicitud de un certificado de no gravidez como condición indispensable para obtener un empleo, nos coloca en plena desventaja.

Señor Presidente, en atención a las razones expuestas y fundadas, habiendo transcurrido en exceso el tiempo estimado legalmente para la dictaminación de la minuta en comento, le solicito que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Se requiere a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que presente a la brevedad, el dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la República, por la que se aprobó la modificación al artículo 133, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, con fecha 12 de diciembre de 2002.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 27 días del mes de marzo de 2007.--- Diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica).»

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2007

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 17 de enero presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en materia de tiempos fiscales de radio y televisión.

En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:

En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.

Consideramos que la estrategia de medios de ambas Cámaras debe responder a las funciones parlamentarias básicas y necesarias de comunicación entre los legisladores y sus representados. Sólo mediante esta comunicación es posible el intercambio de conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios; así como la expresión de urgencias, anhelos, inconformidades, proyectos, dudas, intereses y decisiones. Tal reciprocidad que encierra ese mutuo criterio de comunicación entre ciudadanos y legisladores, hace posible iniciar la construcción de proyectos colectivos que pueden ser determinantes para la gobernabilidad, la legitimidad y la sanidad política, sin ella, un parlamento está imposibilitado para cumplir realmente cualquiera de sus otras funciones, atrofiando el espíritu democrático y racional de la representación popular.

A la fecha, el Ejecutivo federal ha dispuesto la distribución de los tiempos oficiales en que se haya considerado el criterio motivo de esta iniciativa.

Por todo esto la iniciativa en comento adquiere actualidad y pertinencia.

Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal , con fundamento en la fracción XVI, artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se formule una respetuosa excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en materia de tiempos fiscales de radio y televisión, que me permití presentar el pasado 17 de enero de 2007.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado 9 de noviembre de 2006, presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de iniciar un proceso ordenado, gradual y riguroso de descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas y a los municipios en materia forestal.

En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:

En el clásico de 1909 Los grandes problemas nacionales, don Andrés Molina Enríquez destacó la importancia de los recursos forestales para nuestro país, región del globo con escasez endémica de recursos hidrológicos; sólo la forestación y la construcción de presas podrían revertir la condicionante que la naturaleza nos habría impuesto. Molina Enríquez, quién había abrevado en un profundo conocimiento de la legislación de Indias de la época virreinal, fue a su vez estudioso del biólogo y sociólogo alemán Ernst Henkel, padre del estudio de los ecosistemas.

La facultad de establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de bosques, que se establece a favor de las autoridades del país en el párrafo tercero del artículo 27, se introdujo en la Constitución en el año de 1986, pero tiene claros y marcados antecedentes en las profundas reflexiones políticas de Molina Enríquez; desde su nacimiento, nuestro artículo 27 constitucional tuvo una marcada orientación hacia la preservación del ambiente, orientación que en atención al texto del artículo 73, fracción XXIX, inciso G), se empalma, hoy por hoy, con la necesidad de descentralizar la vida del país.

Tratándose de la materia concerniente a desarrollo urbano, por reforma constitucional de fecha 6 de febrero de 1976, nuestra Carta Magna adoptó el régimen de atribuciones marco, el cual proviene del federalismo austriaco consignado en la Constitución de 1920 redactada de puño y letra por Hans Kelsen; quien previó un tipo de atribución que, correspondiendo su regulación al parlamento federal, la ley federal fuese a su vez materia de reglamentación por las legislaturas locales, por mandato expreso de la propia Constitución.

La iniciativa no se trata de una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de gobierno, que pudiera asumirse como natural, en un momento en que la transición democrática está sujeta a enormes presiones, y en el que la fragilidad de las instituciones podría generar mayores tensiones y hasta rupturas entre los órdenes de gobierno; por el contrario, nuestra propuesta pretende al mismo tiempo fortalecer la rectoría del Estado nacional en temas cruciales, como el desarrollo forestal, que hoy tocamos para garantizar el orden interno de los estados y fortalecer su capacidad de respuesta y aprovechar y alentar el potencial de los municipios a partir del ejercicio pleno del principio de libertad que la Constitución les otorga.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 autorizó 4 mil 66.5 millones de pesos, para el desarrollo forestal. En consecuencia, el gobierno federal ha iniciado el proceso de celebración de convenidos con los estados de modo que es oportuno establecer un nuevo marco para la descentralización de estas funciones.

Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal , con fundamento en la fracción XVI, artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se formule una excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que me permití presentar el pasado 9 de noviembre de 2006.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México DF, a 10 de abril de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Y de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosse excita a las comisiones mencionadas, para que emitan el dictamen correspondiente.

ARTICULOS 26, 73 Y 74 CONSTITUCIONALES - LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ha solicitado la palabra el diputado José Murat, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hacer una solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

El diputado José Murat:Señor Presidente, señoras y señores diputados,

«Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

El que suscribe, diputado José Murat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Antecedentes

El de la voz, diputado José Murat, y el diputado José Rosas Aispuro Torres , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 21 de diciembre de 2006 presentaron ante esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas de los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D; y adición de un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reformas de la fracción IV del artículo 1o., y de los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Planeación.

Lo anterior, por considerar que

Planificar el desarrollo económico, político y social de México es de la mayor importancia. Pero igual o más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través de Congreso de la Unión, participe democráticamente en la definición de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Sólo con el examen del Congreso federal se pueden enriquecer las perspectivas y los propósitos del PND como rector de las tareas y acciones del gobierno; solamente así se logra traducir en la mejor formulación de los programas sectoriales e institucionales que, de conformidad con lo señalado por la Ley de Planeación, corresponde elaborar a las entidades y a las dependencias de la administración pública federal.

El Poder Legislativo, más allá de una simple función de elaborar leyes, tiene como principal objetivo limitar y controlar al Poder Ejecutivo; sin embargo, la posibilidad de cumplir el teleológico espíritu que dio origen a un poder de la magnitud del que representa al pueblo no puede verificarse con plena eficacia cuando, en materia del documento que rige la planificación nacional en cuanto a desarrollo, sus facultades se limitan, por disposición de una ley secundaria, a emitir meras opiniones sobre él, y a realizar observaciones sobre su ejecución, revisión y adecuaciones.

Es necesario que la Constitución General de la República se reforme, a fin de que el plan responda efectivamente a las demandas sociales. Es evidente y claro que el legítimo titular de la representación social, y de sus demandas, es el Congreso de la Unión. Sólo con la revisión efectiva del Poder Legislativo federal se podrá verificar si el Plan Nacional de Desarrollo responde a las necesidades del pueblo o si las comprende a todas; y si las prioridades que en él se establecen son las que el pueblo mexicano señala. Por ello consideramos que es momento de que el Congreso de la Unión intervenga en el examen y la aprobación del PND y, posteriormente, vigilar su cumplimiento.

En este orden de ideas y toda vez que resulta a todas luces necesario que las comisiones de esta Cámara dinamicen de manera efectiva sus trabajos en aras de cumplir cabalmente nuestra función legislativa, considerando de manera especial las condiciones políticas, económicas y sociales que enfrenta el país, le solicito respetuosamente, señor Presidente:

Único. Tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que realicen el dictamen correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado José Murat (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Como ha sido señalado en los puntos anteriores y de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción 16, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público para que emitan a la brevedad el dictamen correspondiente.

Adelante, diputado Rosas Aispuro.

El diputado José Rosas Aispuro Torres(desde la curul): Señor Presidente, nada más para reiterar que el tema que ha comentado el diputado José Muratnos parece que es un tema que cobra hoy una gran relevancia, que es un tema que no podemos pensar que habrá un verdadero avance democrático si no hay un verdadero sistema nacional de planeación que sea verdaderamente democrático y que nos preocupa lo que en este momento, en el que se está elaborando elPlan Nacional de Desarrollo, éste no tenga la debida consulta abierta a la sociedad, porque se está haciendo en círculos demasiado cerrados y además de ello se está haciendo a través del Internet, como si éste llegara a todos los rincones de este país.

Por eso la propuesta que hemos hecho el compañero diputado José Murat y un servidor, lo que busca es que hagamos conciencia los legisladores de la importancia de que incorporemos en nuestra Constitución y que reformemos también la Ley de Planeación, para que podamos realmente tener una mayor participación; y siendo el Congreso, siendo la Cámara de Diputados quien evalúa los informes del Ejecutivo federal, me parece que si no se hace con base en lo que está establecido en los programas del Plan Nacional de Desarrollo, no podrá haber un verdadero análisis que nos lleve a saber qué es lo que está pasando.

Por eso nuestra propuesta lo que busca, compañeras y compañeros legisladores, es que a este Congreso no sólo se le dé cuenta de que ya se elaboró, de que ya se construyó el Plan Nacional de Desarrollo; lo que queremos es que este Congreso pueda aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y que sea el que esté de manera periódica evaluándolo y que el Informe Presidencial realmente lo evaluemos en función de los avances que se tengan en el Plan Nacional de Desarrollo.

Ésa es nuestra propuesta, por eso queremos llamar la atención de los legisladores para que este tema no lo dejemos de lado, para que este tema, que me parece que es muy importante porque no podemos pensar que habrá una verdadera democracia si el Congreso no tiene la opinión en lo más importante, en la aplicación de las políticas pública, producto de los recursos que aprobamos los legisladores, que es producto de los impuestos, del esfuerzo de cada uno de los mexicanos.

Por eso me parece que el Congreso debe tener mayor participación y los invito para que con toda seriedad podamos analizar este tema y que a partir de septiembre que el Presidente venga aquí, lo hagamos ya evaluando su actuación en función de lo que establezca este plan rector de las actividades, de las funciones que desarrolla el gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento más importante con que cuenta el gobierno para definir las políticas públicas a desarrollar. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rosas. Sonido a la curul del diputado Xavier López Adame.

El diputado Antonio Xavier López Adame(desde la curul): Gracias, diputado Presidente. También para sumarnos, a nombre del Partido Verde Ecologista, a la excitativa que hace el diputado Murat.

Nos parece que si el Congreso tiene facultades ya constitucionales para evaluar las políticas públicas y los programas del gobierno, tiene también facultades no para hacer la planificación, pero sí para examinarla y aprobarla, toda vez que un sistema de planeación democrática, consideramos no puede ser factible hasta en tanto no participen todas las fuerzas en el diseño y la estructuración de los programas que habrán de aplicarse para los programas y el gasto público.

Por lo anterior, a nombre del Partido Verde nos sumamos a la excitativa. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Adame. Sonido a la curul del diputado Alfonso Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente. A nombre del Partido de la Revolución Democráticaquiero expresar la adición a la excitativa que ha presentado el diputado Murat y que de manera, muy, muy clara, han explicado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.

Definitivamente nuestro Partido está a favor de la planeación democrática y esto es una prueba de ello. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Le recuerdo que se ha hecho la excitativa a las Comisiones de Hacienda y de Puntos Constitucionales para que atiendan este reclamo de los señores diputados y, por supuesto, la solicitud para que se dictamine a la brevedad.

Esta Presidencia saluda al grupo de presidentes municipales del estado de Puebla, aquí presentes.

Sonido a la curul del diputado Fuentes Ortiz.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Guillermo Fuentes Ortiz(desde la curul): Señor Presidente, respetuosamente le solicito la rectificación del quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado, con todo respeto, para esta Presidencia existe quórum legal.

CUENTA PUBLICA FEDERAL 2002, 2003, 2004 Y 2005

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turne a otra comisión para la elaboración de los dictámenes de la Cuenta Pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005.

Este punto de acuerdo ha sido solicitado por la Junta de Coordinación, para que se cambie de turno y pueda ser tratado al inicio de los puntos de acuerdo.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia. El tema que pretendo plantearle es absolutamente muy sencillo, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictamine las cuentas públicas de 2002, 2003, 2004, 2005; la exposición de motivos y en aras del uso del tiempo y en todo caso que se diera el debate ampliaríamos; y la fundamentación jurídica de la misma está debidamente acreditada en la primera excitativa que le solicitamos al Presidente de la Mesa y que en cumplimiento de sus atribuciones la turnó a la Comisión de Presupuesto.

Una segunda excitativa en la que el Presidente de la Mesa, en cumplimiento de sus obligaciones y en uso de sus atribuciones le señaló a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que tenía para el 29 de marzo recién pasado, el presentar los dictámenes a aprobación del pleno. Y esta comisión simplemente ha hecho caso omiso.

Queremos pensar que no por esconder cosas, queremos pensar que no porque son cuentas públicas del gobierno anterior, que hubiera algo ahí que no les fuera de suyo atractivo que saliera a la luz pública y para evadir el debate político que se debe de dar en este pleno a la luz de los dictámenes que emita la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los informes de la Cuenta Pública que a su vez le turne al Ejecutivo.

Al no presentar los dictámenes correspondientes, también se incumple los ordenamientos de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Cámara de Diputados e inclusive de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Podrán argumentar que el artículo 74 constitucional es la salida para evadir la responsabilidad; pero el artículo 74 constitucional señala, y le pediría a la Presidencia que le pida a la Secretaría que lea el artículo 74 constitucional, en su fracción IV, párrafos cinco y seis, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Obsequie la solicitud del diputado, leyendo el artículo 74 en su fracción IV.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados... La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación, si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación de los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Cárdenas. Sonido a la curul de la diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, para que por su conducto le pregunte al diputado si me pudiera hacer favor de aceptar una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted una pregunta, diputado?

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Con mucho gusto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Diputado, una pregunta muy concreta. Veo que le preocupa la situación de la dictaminación de las cuentas públicas de 2002, 2003 y 2004 y ahora que se ha acumulado la del 2005, preocupación que comparto y que por lo mismo hace tres semanas su servidora presentó un punto de acuerdo ante esta misma tribuna, de urgente u obvia resolución, y en esa ocasión su fracción votó en contra.

Mi pregunta es por qué esa falta de congruencia, si su fracción, cuando tuvo oportunidad de mostrar esa preocupación, no asumió ese compromiso y ahora usted presenta esa preocupación, que por supuesto compartimos.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Con el permiso de la Presidencia. Por una razón muy sencilla: porque no-sotros seguimos el trámite legislativo de una primera y una segunda excitativa mucho antes de que usted presentara el punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe, diputado.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Es así, pues, que concluyo comentando que seguir sin una respuesta puntual a la excitativa y al requerimiento del Presidente de la Mesa Directiva, esto debe interpretarse como un abierto encubrimiento de un obstáculo a la transparencia y a la rendición de cuentas del ejercicio y del destino del gasto público.

Que no vengan a argumentar aquí, ahora, que no se dieron cuenta de que hubo una primera excitativa. Que no vengan a esgrimir aquí, ahora, que no había nadie responsable cuando la segunda excitativa. Y que no vengan a decir ahora, que entonces sí podrán mandar un escrito para establecer un debate y aclarar si jurídicamente o no procede el argumento con el que quieran venir a esta tribuna, en lugar de que cumplamos con las obligaciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por la rendición de cuentas, por la transparencia, por la responsabilidad que nos mandata el estatuto jurídico que nos rige, invito al PAN a que no se oponga a que se emitan los dictámenes correspondientes; que el que nada debe, nada teme. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a turnar a otra comisión legislativa la elaboración de los dictámenes de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca , a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, para que con base en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turne a otra comisión legislativa la elaboración de los dictámenes de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005. Como resultado de la omisión clara y tajante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir los dictámenes correspondientes.

Consideraciones

Durante la LIX Legislatura, la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados los informes del resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2002, 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron objeto de análisis y debate en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrando un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones.

Dicha información fue remitida, conforme al procedimiento legislativo, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el estudio y análisis del dictamen correspondiente. En consecuencia la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública para su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año siguiente a aquel en el que se recibió la Cuenta Pública.

Al no presentar los dictámenes correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005, se incumple el ordenamiento legal que se deriva de los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El incumplimiento de estos preceptos quebranta el orden jurídico al que debemos estar irrestrictamente apegados.

Frente a estas circunstancias, el Presidente de la Mesa Directiva, el día 6 de febrero del año en curso, en atención a la excitativa formulada por el suscrito diputado Manuel Cárdenas Fonseca del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, emitió un acuerdo mediante el cual emplazó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que el día 29 de marzo del presente cumpla con dicha responsabilidad y hasta el día de hoy no ha cumplido con dicho mandato, violando con esto la normatividad parlamentaria y no atendiendo a la excitativa presentada el 6 de febrero del presente. Por lo anterior la Presidencia de dicha comisión ha hecho caso omiso a los requerimientos promovidos por el Presidente de la Mesa Directiva.

Por lo antes expuesto, reiteramos, una vez más, que se dé cumplimiento puntual al ordenamiento legal respectivo y al requerimiento que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados le demandó.

Seguir sin una respuesta puntual a la excitativa y al requerimiento del Presidente de la Mesa Directiva, se interpreta como un abierto encubrimiento y un obstáculo a la transparencia y a la rendición de cuentas del ejercicio y destino del gasto público.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con la respetuosa solicitud de que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, para que con base en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turne a otra comisión legislativa la elaboración de los dictámenes de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005. Como resultado de la omisión clara y tajante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para emitir los dictámenes correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas.Túrnese a la Mesa Directiva.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, Presidente. Con el propósito de sumarnos ---el grupo parlamentario del PRD--- a la propuesta del diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, con la finalidad de que cuanto antes se dictaminen las cuentas públicas pendientes. Hay que recordar que una de las atribuciones exclusivas de esta Cámara es precisamente el control y la fiscalización; y la no aprobación de éstas hace aparecer a esta Cámara incumpliendo una de sus principales atribuciones constitucionales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la Repúblicaa que ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176.

El diputado José Antonio Almazán González:Buenas tardes. Con su permiso, Presidente: el que suscribe, diputado José Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen sus artículos 71, 73 y 74, así como en los artículos relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Cámara de Diputados con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de que se exhorte al Senado de la Repúblicapara que proceda a ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son el 81, 85, 174 y 176.

Tenemos ya más de un año del homicidio industrial en la mina de carbón Pasta de Conchos y debemos reconocer que poco o ningún progreso se ha dado en cuanto a reformar el marco jurídico, a efecto de tutelar de una forma más justa y actualizada los derechos humanos a la salud y la integridad física de los mineros.

En efecto, en esta Cámara de Diputados se acordó ---y ha concluido sus trabajos--- una Comisión Especial en relación con esta tragedia. También se han presentado diversas iniciativas que tienen que ver con la actualización para hacer más integral las disposiciones en esta materia.

En este sentido, a la mejora y actualización de los instrumentos jurídicos de nuestro país en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, pensamos que sería de una enorme contribución la ratificación que efectuará el Senado de la República de los convenios de la OIT, mismos que ya fueron previamente suscritos por el Ejecutivo federal en apego a lo previsto en el artículo 133 de nuestra Constitución.

¿Cuáles son estos convenios? El 81 trata sobre la inspección del trabajo; el 85 es relativo a la inspección del trabajo en territorios no metropolitanos; el 174 versa sobre la prevención de accidentes industriales mayores, y finalmente el 176 aborda lo relativo a la seguridad y salud en las minas.

Pensamos que la ratificación de estos convenios permitirá que las disposiciones de convenios cobren plena vigencia en nuestro país para mejor tutelar el derecho de los trabajadores a la seguridad e higiene en los centros de trabajo, impulsando a la vez reformas indispensables al marco jurídico de México. Sólo de esta manera se hará posible que la dolorosa experiencia de Pasta de Conchos redunde en beneficios concretos de justicia para las personas que viven de su trabajo.

Queremos enfatizar que el secretario del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Javier Lozano Alarcón, en la reunión que tuvo con la Comisión Especial sobre Pasta de Conchos de esta Cámara de Diputados el día 7 de febrero, compartió esta preocupación para buscar la ratificación de los convenios en mención.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorte respetuosamente al Senado de la República para que, a la brevedad, se ratifiquen los convenios 81, 85, 174 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo, ya suscritos por el Presidente de la República y que son relativos a la inspección del trabajo en territorios no metropolitanos, la prevención de accidentes industriales mayores y sobre la seguridad y salud en las minas.

Siendo que su ratificación permitirá una más actualizada y completa tutela de la seguridad de higiene en los centros de trabajo y prevención de los riesgos de trabajo a favor de la clase trabajadora del país, especialmente de los mineros, coadyuvándose a la prevención de sucesos como los de Pasta de Conchos.

Segundo. Que en el futuro esta colegisladora ratifique con mayor oportunidad los convenios de la OIT, cuyo retardo siempre afecta la debida tutela de los derechos de los trabajadores, privándolos de beneficios irrenunciables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2007. Pido se integre el texto de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Por su atención gracias. Gracias, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar los convenios de la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado José Antonio Almazán González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al Senado de la República para que proceda a ratificar los convenios de la OIT 85, 81, 174 y 176.

Consideraciones

1. Estamos a unos días de que se conmemore un año de la explosión en la mina de carbón Pasta de Cochos, en San Juan Sabina, estado de Coahuila, misma que cobró la vida de 65 mineros y dejó heridos a otros once; pero que sobre todo cimbró la conciencia nacional al mostrarse con toda su crudeza el estado de desprotección que padecen los trabajadores de este sector económico tan importante para el país, en contraste con las utilidades millonarias para los concesionarios de este patrimonio nacional.

2. A la fecha, no se ha avanzado todo --lo que la gravedad de este caso reclama-- en cuanto a la definición de las causas de la explosión, en el deslinde de responsabilidades, en la entrega de las pensiones e indemnizaciones que corresponden a los deudos. Pero sobre todo, ningún progreso se ha dado en realizar las reformas que exige el marco jurídico a efecto de tutelar de una manera más actualizada y justa los derechos humanos a la salud y la integridad física de los mineros y, en general de los trabajadores del país, evitándose al máximo los riesgos de trabajo.

3. Que en la Cámara de Diputados, además de constituirse una Comisión Especial que investiga los hechos de Pasta de Conchos, se han presentado diversas iniciativas de ley para actualizar y hacer más integral las disposiciones en la materia.

4. A la mejora y actualización de los instrumentos jurídicos del país en materia de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo, contribuiría enormemente la ratificación que efectuará el Senado de la República de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 81, 85, 174 y 176, mismos que ya fueron previamente suscritos por el Ejecutivo federal. Todo esto en apego a lo previsto por el artículo 133 de la Carta Magna.

5. Los referidos convenios de la Organización Internacional del Trabajo se refieren a: el 81 es el ``Convenio sobre la Inspección del Trabajo''; el 85 se trata del ``Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Territorios No Metropolitanos); el 174 ``Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores'', y el 176 aborda el ``Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas''. Su ratificación permitirá que las disposiciones de convenios cobren plena vigencia en el país para la mejor tutela del derecho de los trabajadores a la seguridad e higiene en los centros de trabajo; impulsando a la vez reformas indispensables al marco jurídico del país.

6. Sólo de esta manera se hará posible que la dolorosa experiencia de Pasta de Conchos redunde en beneficios concretos de justicia para las personas que viven de su trabajo.

7. Finalmente señalamos que el Secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, en su reunión con la Comisión Especial sobre Pasta de Conchos de esta Cámara de Diputados, el pasado 7 de febrero de 2007, compartió nuestra preocupación para buscar la ratificación de los convenios en mención.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorte respetuosamente al Senado de la República para que a la brevedad ratifique los convenios 81, 85, 174 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo ya suscritos por el Presidente de la República y relativos a: ``Convenio sobre la Inspección del Trabajo'' es el 81; ``Convenio sobre la Inspección del Trabajo (Territorios No Metropolitanos) contenido en el 85; ``Convenio sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores''en el 174, y el ``Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas'' que corresponde al 176; siendo que su ratificación permitirá una más actualizada y completa tutela de la seguridad e higiene en los centros de trabajo y prevención de los riesgos de trabajo a favor de la clase trabajadora del país, especialmente de los mineros, coadyuvándose a la prevención de sucesos como los de Pasta de Conchos .

Segundo. Que en el futuro esta colegisladora ratifique con mayor oportunidad los convenios de la OIT cuyo retardo siempre afecta la debida tutela de los derechos de los trabajadores, privándolos de beneficios irrenunciables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2007--- Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado José Antonio Almazán González . Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidente, hay dos terceras partes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se considera de urgente resolución. Y se ha inscrito el diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del grupo parlamentario del PRI, para tomar la palabra. Por favor, diputado.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez:Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a dudas resulta importante voltear a los instrumentos internacionales para fortalecer nuestra estructura jurídica y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Cada año, en la Conferencia Internacional del Trabajo se reúne la representación de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores convirtiéndose esta Conferencia en un auténtico parlamento del trabajo.

Son 187 convenios que han sido adoptados mediante este ejercicio hasta el día de hoy, en temas que van desde la libertad sindical hasta asuntos muy específicos como los relativos a los trabajos de la gente del mar o de los mineros.

México ha ratificado un gran número de estos instrumentos con los que se ha fortalecido nuestro entramado jurídico y es cierto, hace falta profundizar ratificando a otros como los que el día de hoy viene a proponer en su exhorto nuestro compañero, el diputado Almazán González.

Las razones ¿cuáles son? Una de ellas lo ha señalado el diputado ---Pasta de Conchos--- que no es más que el reflejo de las condiciones en las que se encuentran muchos trabajadores mexicanos de muy diferentes industrias y servicios.

Lo que pasó en Coahuila a los mineros, pasó en 1984 en San Juanico a los gaseros y a la población civil. Y hoy no podemos hablar y no podemos ser sólo parte de la coyuntura y que miremos a un sector particular de los trabajadores.

Hoy es necesario que advirtamos que nuestra acción, a través de la hechura de la ley sea la de la prevención, la que evita los accidentes, la que da seguridad en el trabajo. Esto lo comento porque junto a los instrumentos internacionales y nuestra legislación nacional es necesario ver la importancia de la inspección en el trabajo, la cual olvidamos a la hora de hacer el presupuesto.

Es necesaria transparencia en los procesos de inspección en el trabajo, así como lo es que seamos severos, porque repetir Coahuila y San Juanico no es más que una muestra de desinterés y omisión de las autoridades del trabajo y de las empresas.

Me parece que es importante y necesario enriquecer el punto de acuerdo aquí propuesto, por lo que propongo y solicito al señor diputado Almazán pudiera aceptar que en este exhorto incluyéramos la protección a las madres trabajadoras, que consagra el Convenio 183 sobre protección a la maternidad; que también lo ratifique el Senado y que el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo sea discutido y en su caso adoptado.

Las condiciones de trabajo en México hoy ponen en riesgo a muchos trabajadores al laborar jornadas excesivas en lugares insalubres, eludiendo la inscripción a la seguridad social. Y la peor parte: miles de niños mexicanos trabajando en el campo mexicano. Es cuanto. Muchas gracias y ojalá que el diputado Almazán acepte.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Juan Carlos Velasco Pérez . Por favor, sonido a la curul del diputado Almazán. Diputado, si acepta usted la propuesta que se le ha hecho.

El diputado José Antonio Almazán González(desde la curul): Muchas gracias, compañera diputada Presidenta. Por supuesto que compartimos la misma preocupación que ha expuesto nuestro compañero diputado Juan Carlos Velasco Pérez. Solamente quisiera hacer una precisión a efecto de que haya correspondencia en lo que él está señalando.

En el caso de los convenios que he enumerado, son convenios ya firmados por el Ejecutivo federal y que está pendiente su ratificación en el Senado. Si tal es el caso del Convenio 183, que en efecto alude a la protección de las madres trabajadoras, y el 138, que tiene que ver con las condiciones mínimas de trabajo en cuanto a edad, si es el mismo caso, por supuesto que acepto esta propuesta de incluir en el marco de lo que estoy planteando en el punto de acuerdo en su primera parte, incluir ambos convenios para que sean ratificados estos dos convenios que ha señalado el diputado Juan Carlos Velasco Pérez por el Senado y de esta manera ampliemos el marco de tutelas y el trabajo infantil, que es el 138. Estoy de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias. Diputado Juan Carlos Velasco Pérez , hecha esta aclaración, ¿usted acepta que así quede aclarado? Le solicito por favor si nos envía por escrito su propuesta.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba antes la modificación que está presentando el diputado Juan Carlos Velasco Pérez a la propuesta que nos ha realizado de origen el diputado ponente.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la modificación propuesta por el diputado Juan Carlos Velasco. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿Sí, diputado Almazán? ¿Quiere hacer alguna aclaración al respecto?

El diputado José Antonio Almazán González(desde la curul): Precisar el sentido de esta votación, que ya se dio. No es tanto una modificación, aunque puede entenderse, sino es un agregado al texto que ya ha sido presentado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Así es. Corregimos: es un agregado al texto que ha presentado usted. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición tal y como quedó, con el agregado último.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada; comuníquese.

PROCESOS ELECTORALES LOCALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado José Luis Blanco Pajón , del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no interferir en los procesos electorales locales, y solicita la creación de una comisión pluripartidista que observe dichos procesos. Esta Presidencia solicita a todos los compañeros diputados poner atención al ponente.

El diputado José Luis Blanco Pajón:Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de mis compañeros diputados. El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Durante el presente año se desarrollarán procesos electorales para que los electores de 14 entidades federativas del país elijan a sus nuevas autoridades: 3 gubernaturas, 14 congresos locales y mil 219 ayuntamientos.

En tal virtud es obligación de las diversas autoridades conducirse con estricto apego a la legislación electoral que rige en esos procesos democráticos, sin injerencia alguna que altere las condiciones de la competencia, por lo que deberán conducirse de acuerdo con los principios de legalidad, equidad, certeza, imparcialidad y transparencia frente a los diversos partidos políticos y sus candidatos.

Debe ser y es preocupación de los integrantes de esta Cámara de Diputados que los procesos electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se desarrollen con plena normalidad democrática y que por ningún motivo el gobierno federal interfiera en su desarrollo; orientando sus políticas públicas para favorecer a determinado partido en perjuicio de los demás.

Le solicitamos que, además de no interferir, se comprometa a implementar una campaña en la que difunda entre todos los servidores públicos federales las sanciones administrativas y de carácter penal a las que estarían sujetos por su participación a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Debemos estar alertas para que de presentarse cualquier desviación de los recursos destinados al desarrollo social en el país lo denunciemos de inmediato. Hasta ahora hemos conocido de la estrategia implementada por el gobierno federal, en el sentido de atender con premura las demandas de tipo social en estas entidades, particularmente en el estado de Yucatán, donde está en marcha una elección de estado para el próximo 20 de mayo.

Los recursos públicos que aplican las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Social, a través de sus titulares Alberto Cárdenas Jiménez y Beatriz Zavala Peniche, respectivamente, así lo evidencia. Han acudido a dar apoyos en el estado a 30 días de la elección y ha sido inclusive presentado en la prensa cómo entrega Beatriz Zavala apoyo para el pago de energía eléctrica y entrega apoyos a 133 mil 370 familias, que significan inducir el voto a favor de un partido.

De igual forma otras dependencias federales prácticamente se han volcado a esa entidad para apoyar al candidato del partido en el poder, ya que al actual gobernador le parecen insuficientes los recursos que él aplica a favor de su proyecto personal y de su partido.

No es casual la reiterada presencia del Ejecutivo federal en las entidades federativas con proceso electoral este año, particularmente en Yucatán, al cual el Presidente de la República en menos de 30 días ha acudido tres veces. Además del desfile también de todo el aparato gubernamental.

En tal virtud, exigimos que los diferentes programas y apoyos sean entregados a los beneficiarios, sin condicionamiento alguno. Que de los 35 mil 108.5 millones de pesos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social, cifra que representa un incremento de 6.8 por ciento con relación al proyecto ejecutivo y de 27.6 por ciento superior en términos reales, respecto al aprobado para 2006, sean escrupulosamente ejercidos y no para inducir el voto.

Hacemos un llamado enérgico al Presidente de la República para que cumpla su palabra, en el sentido de mantenerse al margen de los procesos electorales, ya que ese compromiso lo estableció ante las dirigencias de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios y lo refrendó el pasado 9 de abril en Yucatán, con motivo de las elecciones en mi estado.

Como legisladores, independientemente del partido político del que provengamos, debemos exigir de manera firme al gobierno federal que se mantenga al margen de los procesos electorales y de las campañas en curso, sujetándose a la legislación electoral y que no pretenda influir en la voluntad de los electores.

Los ciudadanos demandamos participar en elecciones libres y democráticas, exigiendo a todas las autoridades que cumplan con su obligación de gobernar para todos con imparcialidad.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración con urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Presidente de la República y a todos los servidores públicos de la Federación a que se abstengan de realizar cualquier acto que implique la promoción del voto, a favor o en contra de partido político alguno.

Que suspendan de inmediato la promoción de beneficios a través de los programas gubernamentales, a fin de garantizar procesos electorales libres, equitativos y democráticos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Segundo. Que se integre una comisión pluripartidista de diputados de esta LX Legislatura de la Cámara, para que observe el desarrollo de los procesos electorales en las entidades federativas que durante el año 2007 elegirán a las autoridades locales a propuesta de los grupos parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Le pido, señora Presidenta, que someta a consideración de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no interferir los procesos electorales locales, y se solicita la creación de una comisión pluripartidista que observe éstos, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el presente año se desarrollan procesos para que los electores de 14 entidades federativas del país elijan a sus nuevas autoridades: tres gubernaturas, 14 congresos locales y mil 219 ayuntamientos.

En tal virtud, es obligación de las diversas autoridades conducirse con estricto arreglo a la legislación electoral que rige esos procesos democráticos, sin injerencia alguna que altere las condiciones de la competencia, por lo que deberán conducirse bajo los principios de legalidad, equidad, certeza, imparcialidad y transparencia frente a los diversos partidos políticos y sus candidatos.

Es preocupación de los integrantes de la Cámara de Diputados que los procesos electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se desarrollen con plena normalidad democrática y que por ningún motivo el gobierno federal interfiera su desarrollo, orientando sus políticas públicas para favorecer a determinado partido, en perjuicio de los demás. Le solicitamos que además de no interferir, se comprometa a implantar una campaña en la que difunda entre todos los servidores públicos federales las sanciones administrativas y de carácter penal a que estarían sujetos por su participación a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Hasta ahora hemos conocido de la estrategia implantada por el gobierno federal en el sentido de atender con ``premura'' las demandas de tipo social en esas entidades, particularmente en Yucatán, donde está en marcha una elección de Estado para el 20 de mayo próximo.

Los recursos públicos que aplican las secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Social, a través de sus titulares, Alberto Cárdena Jiménez y Beatriz Zavala Peniche, respectivamente, así lo evidencian.

De igual forma, otras dependencias federales prácticamente se han volcado a esta entidad para apoyar al candidato del partido en el poder, ya que al actual gobernador, Patricio Patrón Laviada, le parecen insuficientes los recursos que él aplica a favor de su proyecto personal y de su partido.

No es casual la presencia reiterada del Ejecutivo federal en las entidades con proceso electoral este año, particularmente Yucatán, además del desfile por esos estados de prácticamente todo el aparato gubernamental, aplicando de manera parcial los programas, las políticas y los recursos públicos, que son para beneficio de todos los mexicanos, sin distingo de partido político.

En tal virtud, exigimos que los diferentes programas y apoyos sean entregados a los beneficiarios sin condicionamiento alguno, que los 35 mil 108.5 millones de pesos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cifra que representa un incremento de 6.8 por ciento con relación al proyecto del Ejecutivo y 27.6 por ciento superior en términos reales respecto al aprobado para 2006, sean escrupulosamente ejercidos, sin demora, pero sin ``diligencias inusitadas''.

Hacemos un llamado enérgico al presidente de la república para que cumpla su palabra en el sentido de mantenerse al margen de los procesos electorales, ya que ese compromiso lo estableció ante las dirigencias de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios y lo refrendó el pasado 9 de abril en Yucatán, con motivo de las inminentes elecciones en el estado.

Como legisladores, independientemente del partido político de que provengamos, debemos exigir de manera firme al gobierno federal que se mantenga al margen de los procesos electorales y de las campañas en curso, sujetándose a la legislación electoral, y que no pretenda influir en la voluntad de los electores. Los ciudadanos demandan participar en elecciones libres y democráticas; exigen de todas las autoridades que cumplan su obligación de gobernar para todos, con imparcialidad.

Por lo expuesto, someto a su consideración, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la república y a todos los servidores públicos de la federación para que se abstengan de realizar cualquier acto que implique la promoción del voto a favor o en contra de partido político alguno; que suspendan de inmediato la promoción de beneficios a través de los programas gubernamentales a fin de garantizar procesos electorales libres, equitativos y democráticos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Segundo. Se integra una comisión pluripartidista de diputados de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados para que observe el desarrollo de los procesos electorales de las entidades federativas que durante 2007 elegirán a sus autoridades locales, a propuesta de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2007.--- Diputado José Luis Blanco Pajón (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias. Sí, permítame. Le dan sonido a la curul del diputado Cristián Castaño.

El diputado Cristian Castaño Contreras(desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Hacer notar, Presidenta, que este asunto fue incorporado en la Junta de Coordinación Política, por el grupo parlamentario de referencia, como un asunto de turno a comisión. Y es ahora que está cambiando el turno el señor diputado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado Cristian Castaño, efectivamente nosotros lo tenemos suscrito en nuestro orden del día, turno a comisión; sin embargo, ésta es la segunda ocasión en que yo estoy presidiendo y me toca reiterar que la Junta de Coordinación ha permitido que en el pleno los diputados pidan el cambio a turno; hemos estado haciendo así las sesiones pasadas. Por tanto y por petición del diputado, tengo que someter a votación lo que él ha pedido en esta tribuna. Sí, diputado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras(desde la curul): Gracias, Presidenta. Simplemente el recordarle a mis compañeros diputados, que entonces, si el turno con el que se registran originalmente los puntos se puede cambiar en cualquier momento, entonces, carecería de objeto. Y hacerle ver a la Junta de Coordinación Política, que carece de objeto entonces, la obligación que viene en nuestras normas y en nuestros acuerdos, para que en esa Junta, incluso se circulen los puntos de urgente resolución. Nos han obligado a todos los grupos parlamentarios a circular todos los puntos que están registrados de urgente resolución, para evidentemente conocer de antemano el contenido de estos puntos.

Presidenta, se está proponiendo la creación de una comisión especial de legisladores; esta competencia es de la Junta de Coordinación Política y solicitaría que se turnara a la misma.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Samuel Aguilar.

El diputado Samuel Aguilar Solís(desde la curul): Diputada Presidenta, con todo respeto, el orador solicitó que fuera planteado a la Asamblea como de urgente u obvia resolución y eso no solamente lo planteó, sino que existe en el cuerpo del documento que usted puede revisar.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado. Sonido a la curul del diputado Ramón Valdés.

El diputado Ramón Valdés Chávez(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, en lo que dice el diputado Pajón hay mucha razón. Hace tres años me tocó vivir el proceso electoral en Yucatán, donde a escasos 15 días del proceso el candidato del Partido Revolucionario Institucionalllevaba más de 7 puntos y en 15 días se revirtió esa tendencia, ganando el candidato del Partido Acción Nacional.

Los recursos federales fluyeron ampliamente a favor del candidato Manuel Fuentes. Los recursos económicos igual, camiones con cerdos para los diferentes pueblos y con lavadoras, con bicicletas y con muchas otras cosas. Y de eso hay testigos. Por eso es necesario que efectivamente se cree esa comisión de los diputados. Es necesario que los procesos sean transparentes, que sean limpios, que creamos en lo que la población decide y que no sean los regalos los que determinen, que no sean las prebendas de las diferentes secretarías.

Aquí decían ``fuera manos''. Nosotros decimos ``fuera todo''. Vamos a hacer un proceso limpio en todas las entidades. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. Sonido, por favor, en la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente para reiterar la solicitud que hizo el diputado proponente en el sentido de que se ponga a consideración de la Asamblea si se considera de urgente u obvia resolución, en virtud de que la propia Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara ha convertido en práctica parlamentaria el hecho de que cuando el diputado proponente lo hace frente al pleno, se pone a consideración del mismo la urgente u obvia resolución.

Entonces, el PRD apoya que se someta a la consideración del pleno la urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, gracias. Sonido en la curul del diputado Cristián Castaño.

El diputado Cristián Castaño Contreras(desde la curul): Presidenta, independientemente del cambio de turno que ha hecho al orador al que originalmente se registró, me quiero referir a la petición en concreto, que es la creación de una comisión.

Esta Cámara de Diputados tiene comisiones ordinarias, comisiones especiales, tiene comités y está la facultad también de la Cámara para crear comisiones de investigación, con fundamento en el artículo 92 constitucional, específicamente para investigación de organismos descentralizados y otras entidades públicas.

Compete, Presidenta, la creación de una comisión especial a la Junta de Coordinación Política y como usted bien ha dicho, siguiendo las prácticas parlamentarias que son comunes a esta Cámara, pediría que se sometiera a ese órgano de gobierno de esta Cámara la resolución de este asunto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sonido en la curul del diputado Manuel Cárdenas, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Gracias, Presidenta. La fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianzaestá por el respeto a la ley, a la transparencia, a la rendición de cuentas.

Y se adhiere a que ningún gobierno, y menos el del orden federal, desvíe y genere un despropósito con las políticas y los recursos públicos, para orientar un resultado que no sea el que debe buscar el propio elector con su sufragio universal, personal, individual y secreto.

De tal suerte, nosotros expresamos que no debe haber gobierno que vea en un planteamiento como éste algo malo, algo indebido o algo que no debe de transitar en un acuerdo político para el respeto irrestricto a la ley.

Por eso, nosotros nos adherimos al punto de acuerdo en los términos que he planteado. Es cuanto. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado. Le dan sonido a la curul del diputado Pablo Arreola, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, Presidenta. El gran problema que nos encontramos con la Junta de Coordinación Políticaes que muchos de los puntos que se le turnan se quedan pendientes durante mucho tiempo.

Este tema fue traído aquí a la tribuna por la compañera Mónica Fernández en el mes de febrero, exactamente en los términos en que se está proponiendo el día de hoy, y estamos en el mes de abril y no ha habido por parte de la Junta una propuesta concreta para que se constituya dicha comisión. Creo que es tiempo de que se tome una resolución por el pleno, a partir de que vemos que no hay una decisión, que es fundamental en estos momentos.

Y creo que el punto de acuerdo no únicamente debe de ser para el gobierno federal; también para los gobiernos estatales y municipales, porque esto nos va a permitir que no meta mano ninguno de los tres niveles de gobierno en los procesos. Los procesos ya están a la puerta y es necesario que esta comisión sea debidamente integrada.

El grupo parlamentario del Partido de Trabajo está de acuerdo en que se pueda votar en estos momentos de urgente u obvia resolución y que podamos argumentar por qué es necesario que esta comisión sea integrada de manera inmediata. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Señores diputados, voy a seguir dando la palabra; sin embargo, hay que observar lo siguiente: las comisiones efectivamente no se han votado en el pleno; no obstante, el exhorto que se está haciendo en primera instancia podría hacerlo todo en este pleno.

Yo sugiero a los diputados del PRI nos puedan hacer alguna observación que pudiera conciliar esta situación en la que nos encontramos. Y le voy a dar la palabra al diputado Jorge Toledo, del grupo parlamentario del PRI; posteriormente al diputado Tonatiuh Bravo, del grupo parlamentario del PRD. El diputado Jorge Toledo, primero.

El diputado Jorge Toledo Luis(desde la curul): Precisamente, Presidenta, era el punto... la comisión, dos puntos... el exhorto a las autoridades y la situación de las comisiones, y en esta situación el hecho de que digan que la comisión se tiene que formar o ya es comisión de la Cámara, ése es un punto, pero hay un punto de un exhorto y ese punto lo tenemos que votar y es la propuesta. Y yo quiero dejar claro que el diputado Pajón considera que es de urgente u obvia resolución; hasta por respeto, compañeros diputados, tenemos que votar en este sentido.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para recordarle a la Asamblea que el pleno votó en forma directa de urgente u obvia resolución la formación de la Comisión Especial del Café, y solamente la Junta de Coordinación Políticahizo de manera posterior la propuesta de integración de sus miembros.

O sea, hay que separar ambas cosas, una cosa es que el pleno vote, que una Comisión Especial se habilite y otra cosa es que la Junta de Coordinación Política proponga su integración en cuanto a miembros.

Entonces, simplemente para señalar que así se ha hecho como práctica legislativa, y si el diputado proponente reitera su propuesta, hay que poner a consideración la aprobación del exhorto y también la aprobación de la eventual creación de la comisión, aunque después la Junta de Coordinación proponga su integración en el caso de que sea aprobada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le agradezco, diputado. Le damos el uso de la palabra al diputado José Murat, del grupo parlamentario del PRI, por favor.

El diputado José Murat(desde la curul): El grupo parlamentario del PRI, en la dirección de lo que planteó el señor diputado Pajón, considera que aquí debe votarse en el pleno para no violar la Ley Orgánica ni el Reglamento el exhorto que hizo en tribuna y por supuesto, también se vote la integración de un grupo especial y que después ese grupo sea integrado por la Junta de Coordinación, pero que los dos casos, en un solo planteamiento sean votados en este pleno para mantener el orden, lo que dice claramente la Ley Orgánica y el Reglamento en esa dirección, y se respete la posición de un diputado federal que hizo uso de la tribuna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Murat. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para señalar que sí estamos en el grupo parlamentario del PRD, que sí estamos a favor de que este punto sea de obvia o urgente resolución, no solamente porque nosotros ya habíamos hecho este planteamiento desde el mes de febrero, de la creación de una comisión especial de esta Cámara de Diputados para dar vigilancia y seguimiento a los procesos electorales locales del país, pero sí queremos que sea de urgente u obvia resolución para discutir los términos en los que sería la comisión.

No es nada más una comisión para pedirle al Ejecutivo que saque las manos, sino para vigilar el desvío de recursos; los tiempos en medios de comunicación; el exceso de topes de gastos de campaña; la intervención que se ha hecho desmedida de muchos de los programas sociales a favor de algún candidato. Entonces estamos porque se vote como de urgente resolución y que podamos hacer el planteamiento original que hasta la fecha la Junta de Coordinación Política no nos ha respondido. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Peña.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez(desde la curul): Diputada Presidenta, por la trascendencia del asunto que estamos tratando, solicito rectificación de quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado, a vista de esta Presidencia existe el quórum necesario. Tiene el uso de la palabra la diputada Marina Arvizu.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas(desde la curul): Gracias, Presidenta. Sólo para sumarme al punto de acuerdo que presentó el compañero y quiero hacer un llamado para que reflexionemos que este exhorto no solamente es para el gobierno federal, tendría que ser gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales.

Hoy es Yucatán, mañana es Michoacán y luego es Oaxaca; es decir, todos los grupos parlamentarios tenemos intereses políticos en las elecciones locales. Nos conviene que todos hagamos un buen uso de los recursos desde la perspectiva que nos toca, entonces yo creo que es muy importante que esto se decida aquí en el pleno. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Denle sonido a la curul del diputado Carlos Puente.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas(desde la curul): Presidenta, simplemente para mencionar que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Méxicosolicitamos a esta Presidencia respetar la solicitud del orador y poner a consideración del pleno el punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.

Asimismo, nos sumamos al pronunciamiento que hace la diputada Arvizu de que no sólo es al gobierno federal, yo creo que es en diversas entidades federativas donde vienen próximos procesos electorales, en donde pedimos que saquen las manos los gobiernos estatales, como en el caso de Zacatecas. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto es de urgente resolución. Sonido a la curul del diputado Manuel Minjares.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez(desde la curul): Gracias, Presidente. Para solicitarle atentamente que esta votación se tome nominalmente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para ver si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 196 votos en pro y 165 en contra, que hacen un total de 361 votos. No hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Junta de Coordinación Política.Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura a la misma.

CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al Pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:

Dictamen por el que se reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.Palacio Legislativo. México, Distrito Federal, 12 de abril de 2007.--- Dip. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Dip. Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip. Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional

Abril 12 de 2007

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Senadores remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el Texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

Los integrantes de las Comisión que suscriben con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria del Senado de la República del 29 de noviembre de 2006, el Ejecutivo Federal presentó Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Colegisladora turnó, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, del Senado del 13 de marzo de 2007 la citada Iniciativa fue aprobada por 85 votos con 9 en contra y se remitió a la Cámara de Diputados.

En sesión ordinaria del 15 de marzo de 2007 se dio cuenta de la minuta y en esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

DESCRIPCION DE LA MINUTA

El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944 y tiene como objetivos fundamentales procurar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad cambiaria y el establecimiento de un sistema multilateral de pagos. Además, pone a disposición de sus países miembros los recursos de la institución para reducir la duración y profundidad de sus desequilibrios de balanza de pagos. México es socio fundador del Fondo Monetario Internacional.

El 26 de diciembre de 1945, el H. Congreso de la Unión expidió el Decreto mediante el cual se autorizó al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945.

El propósito de esta Minuta es reformar el artículo 3o. del Decreto en comento. Dicho artículo se refiere a la aportación que el Banco de México, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, efectuaría al Fondo Monetario Internacional. La modificación del artículo propone aumentar tal aportación por una cantidad de quinientos sesenta y siete millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), conforme a los términos establecidos en la Resolución No. 61-5, de fecha 18 de septiembre de 2006, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional.

La cuota de México en el Fondo Monetario Internacional, se ha incrementado en ocho ocasiones bajo las revisiones generales de cuotas que realiza la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aproximadamente cada cinco años. Dichos incrementos han sido aprobados por el Congreso de la Unión mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 1959, 13 de enero de 1965, 21 de noviembre de 1970, 31 de diciembre de 1976, 2 de enero de 1980, 12 de diciembre de 1983, 7 de enero de 1991 y 5 de enero de 1999.

A diferencia de los aumentos generales de cuotas, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó, con fecha del 18 de septiembre de 2006, un aumento selectivo dirigido solamente a aquellos países emergentes que como resultado de su desempeño económico registran una mayor desalineación de sus cuotas actuales en relación a su participación en la economía mundial (Resolución No. 61-5). Los países beneficiarios de este aumento, México, China, Corea y Turquía, fueron seleccionados a partir de indicadores tales como producto interno bruto, nivel de reservas internacionales y el nivel y variabilidad del comercio internacional.

Los incrementos selectivos o ad-hoc de cuotas, que se efectúan fuera del marco de las revisiones generales, son poco frecuentes. Este aumento, selectivo de la cuota en el Fondo Monetario Internacional tiene como finalidad adecuar la participación de los cuatro países señalados en este organismo a su posición actual en la economía mundial. Además, la resolución contempla para los próximos dos años la aprobación de una nueva fórmula de cálculo para asignar las cuotas del Fondo Monetario Internacional, la cual permitirá mecanismos más simples y transparentes para determinar la importancia relativa de los países miembros en la economía mundial, la instrumentación de una segunda ronda de incrementos adhoc de cuotas basada en la nueva fórmula, así como un aumento en el número de votos básicos y el establecimiento de mecanismos para mantener inalterada la proporción de votos básicos en el total de los votos.

En el caso de México, la resolución propone un incremento en su cuota de 567 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Así, la cuota de México pasaría de 2,585.8 a 3,152.8 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes respectivamente a 3,817 y 4,654 millones de dólares estadounidenses (paridad DEG - dólar estadounidense del 18 de septiembre de 2006). Esto significa un incremento de 21.9 por ciento.

Cabe recordar que el monto de la cuota determina los aspectos básicos de la relación financiera e institucional de los países miembros con el Fondo Monetario Internacional: establece el monto de los recursos financieros que el país miembro está obligado a suministrarle; fija el número de votos que corresponde a un país miembro en la toma de decisiones de la institución; determina la capacidad de acceso a los recursos financieros del organismo, y establece la proporción del total de asignaciones de Derechos Especiales de Giro de carácter general que le corresponde a cada país miembro.

Un aspecto fundamental del incremento de la cuota es el reconocimiento a la mayor importancia que ha adquirido México en los últimos años dentro de la economía mundial. Actualmente, nuestro país se ubica en el número 19 entre los 185 países miembros en términos de tamaño de cuota. Con el aumento pasaría al lugar 16, ubicándose como el país de Iberoamérica con mayor cuota, por arriba de países como el Reino de España, la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. Por otra parte, el mayor poder de voto derivado del incremento permitiría a nuestro país aumentar su influencia en las decisiones de los órganos de gobierno del Fondo Monetario Internacional.

Además, una cuota más alta incrementaría el nivel de acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional, en caso de que el uso de dichos recursos se considerara conveniente. Cabe recordar que el financiamiento del Fondo Monetario Internacional se otorga generalmente en condiciones de tasa de interés y plazos más favorables que las prevalecientes en los mercados privados y bajo circunstancias en las que el acceso a éstos se dificulta.

Es preciso destacar que el incremento en la cuota de México por 567 millones de Derechos Especiales de Giro no requiere erogación presupuestal alguna y, por ende, una posible afectación al erario público, ni disminuye las reservas internacionales del Banco de México. Lo anterior se debe a que la cuota de México en la referida Institución es un intercambio de activos para el Banco de México. Adicionalmente, cabe resaltar que las referidas cuotas se utilizan fundamentalmente para financiar los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros. A diferencia de lo que sucede en otros organismos Internacionales, los gastos de operación anuales, en el caso del Fondo se cubren, en gran medida, con la diferencia entre lo que recibe y lo que paga, por concepto de intereses.

Con base en lo establecido en el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el 25 por ciento del incremento en la cuota (142 millones de DEG) será pagado en DEG o en moneda de libre uso proveniente de las reservas internacionales del Banco de México y el pago del 75 por ciento restante (425 millones de DEG) se efectuará por su equivalente en pesos mexicanos, importe que será acreditado en una cuenta de depósito en moneda nacional que el Banco de México le lleva a dicho organismo internacional, conocida como Cuenta No. 1. El 25 por ciento mencionado pasará a formar parte del saldo de las reservas internacionales del Banco de México, como un activo denominado ``'tramo de reserva'', lo que compensará la disminución registrada en la propia reserva internacional derivada del pago efectuado en divisas, por lo que no se afectará el saldo de la citada reserva, sólo su composición.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, coincide con el alcance y contenido de la Minuta sobre el Decreto que autoriza el incremento de la cuota de México en el Fondo Monetario Internacional, toda vez que las cuotas determinan un aspecto básico de la relación financiera e institucional con los países miembros con dicha Institución, tomando en cuenta lo siguiente:

El 18 de septiembre de 2006, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó una resolución que otorga un incremento ad hoc inmediato en las cuotas de China, Corea, México y Turquía, los países más sub representados en esta institución en los términos de su posición relativa en la economía mundial.

Con este aumento, México pasará de 2 mil 585.8 a 3 mil 152.8 millones de Derechos Especiales de Giro, aproximadamente 848.15 millones de dólares, y su participación en las cuotas totales del FMI pasará de 1.21 a 1.45 por ciento. Con este incremento, la cuota de México será mayor a la de España y Venezuela, países con los que comparte la representación ante los órganos de gobierno del FMI, y a la de Brasil, convirtiéndose en el país con la mayor cuota en Iberoamérica.

Un mayor poder de voto permitirá aumentar la influencia de México en las decisiones de los órganos de gobierno del FMI y en el proceso de reforma que actualmente vive esta institución. Asimismo, al aumentar la disponibilidad de recursos financieros provenientes de las facilidades crediticias del FMI, no sólo permitirá a México contar con mayores recursos en casos de una crisis de balanza de pagos, sino que reduciría la percepción de vulnerabilidad frente a una posible mayor volatilidad de los flujos internacionales de capital al mejorar los indicadores de solvencia de la economía. La mayor solidez financiera del país reduciría la posibilidad de ataques especulativos en contra de la moneda y mejorar su calificación crediticia, permitiendo mejores condiciones crediticias en la contratación de préstamos soberanos.

Los 567 millones de Derechos Especiales de Giro de incremento en la cuota no implican una erogación presupuestal para la Federación ni para el Banco de México. Tampoco disminuyen las reservas internacionales del instituto central y no afecta la situación financiera, ya que la operación del incremento de la cuota significa únicamente un intercambio de activos.

A la fecha, China, Corea y Turquía ya cubrieron los aumentos a sus respectivas cuotas. Sólo queda pendiente México.

Finalmente con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto ``B'', en su oficio No. 312-A-1-5095 de fecha 7 de noviembre de 2006, señala que el Proyecto de Decreto en cuestión no tendrá impacto en el presupuesto, en el entendido que no se incrementarán ni crearán estructuras ocupacionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, se permite someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO QUE AUTORIZÓ AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, EL TEXTO DEL CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A., publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1945, para quedar como sigue:

``Artículo 3o.- El Banco de México efectuará la aportación de los Estados Unidos Mexicanos al Fondo Monetario Internacional. La citada aportación será hasta por la cantidad equivalente a tres mil ciento cincuenta y dos millones, ochocientos mil derechos especiales de giro.''

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México, para que, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, actualice las aportaciones al Fondo Monetario Internacional por una cantidad de quinientos sesenta y siete millones de derechos especiales de giro, conforme a los términos establecidos en la Resolución No. 61-5, de fecha 18 de septiembre de 2006, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo Primero de este Decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2007.

Diputados: Jorge Estefan Chidiac , presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel , Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio E. Garza Garza, Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez .»

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, Secretario. Sonido a la curul del diputado Jorge Estefan Chidiac.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac(desde la curul): Señor Presidente, solicitarle se obvie la lectura en función de que ya se distribuyó el dictamen entre los señores diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura de lo que falta del documento.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del presente dictamen. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura y es de primera lectura.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Jorge Estefan Chidiac.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac(desde la curul): Solicitarle que se dispense la segunda lectura y se proceda a consultar si es de urgente u obvia resolución este dictamen, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general. No habiendo oradores registrados, se pregunta a algún diputado si va a reservar algún artículo en lo particular. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 332 votos en pro, 8 en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos el proyecto de decreto que reforma el articulo 3o. del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-ESPAÑA

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta al Pleno la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XII Reunión Interparlamentaria México-España, que se llevará a cabo del 30 de abril al 6 de mayo de 2007, en México.

La delegación estará integrada hasta por 12 legisladores, de la siguiente manera: 3 del GPPAN, 2 del GPPRD, 2 del GPPRI, 1 del GPPVEM, 1 del GPPC, 1 del GPPT, 1 del GPPANAL y 1 del GPPASDC.

Grupo Parlamentario del PAN

Diputada Liliana Carbajal Méndez

Diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio

Diputado Jorge Zermeño Infante

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado Javier González Garza

Diputado Mario Enrique del Toro

Grupo Parlamentario del PRI

Diputado José Jesús Reyna García

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez

Grupo Parlamentario del PVEM

Diputada Erika Larregui Nagel

Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez

Grupo Parlamentario del PT

Diputado Jaime Cervantes Rivera

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputado Jacinto Gómez Pasillas

Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas

Cabe hacer mención, que la delegación estará presidida por el diputado Jorge Zermeño Infante .

Palacio Legislativo, México, DF, 10 de abril 2007.--- Dip. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Dip. Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Dip. Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Dip. Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip. Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de abril de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (15:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 17 de abril, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto desde las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 18 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 302 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 442 diputados.
• Efemérides: 1.
• Excitativas a comisiones: 7.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 2.
• Puntos de acuerdo aprobados: 1.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 56PAN-11, PRD-14, PRI-15, PVEM-3, Convergencia-5, PT-2, Nueva Alianza-4, Alternativa-2.
• Se recibio:
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanasno asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de marzo de 2007;
• 1 oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que comunica la recepción del Informe de Resultado derivado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2005;
• 4 iniciativas del PAN;
• 4 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PRI;
• 2 iniciativas de Convergencia;
• 2 iniciativas de Nueva Alianza.
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Eduardo Cue Pérez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Edward Kurt Clancy Contreras, para aceptar y desempeñar el cargo de agente consular honorario de los Estados Unidos de América, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato;
• 2 de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decreto que concede permisos a siete ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se crea una Subcomisión para investigar el Programa Enciclomedia;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Solís, Samuel(PRI) Procesos electorales locales: 134
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Artículos 26, 73 y 74 constitucionales - Ley de Planeación: 124
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Artículo 4 constitucional: 104
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Artículos 2, 3, 4, 25, 26 y 73 constitucionales: 61
• Almazán González, José Antonio(PRD) Organización Internacional del Trabajo: 128, 131
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 122
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2007: 121
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Procesos electorales locales: 135
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Procesos electorales locales: 137
• Blanco Pajón, José Luis(PRI) Procesos electorales locales: 131
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Cuenta Pública Federal 2002, 2003, 2004 y 2005: 127
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Procesos electorales locales: 135, 136
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Emiliano Zapata Salazar: 35
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Cuenta Pública Federal 2002, 2003, 2004 y 2005: 125
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley de Coordinación Fiscal: 74
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley General de Salud: 52
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Procesos electorales locales: 135
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Emiliano Zapata Salazar: 32
• Castaño Contreras, Cristián(PAN) Procesos electorales locales: 134, 135
• Castellanos Hernández, Félix(PRI) Emiliano Zapata Salazar: 39
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Ley General de Población: 47
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Emiliano Zapata Salazar: 31
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Sistema penal: 114
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Federal de las Entidades Paraestatales - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 79
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Emiliano Zapata Salazar: 40
• Estefan Chidiac, Charbel Jorge(PRI) Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional: 141
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Procesos electorales locales: 136
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Artículo 104 constitucional: 76
• Fuentes Ortiz, José Guillermo(PAN) Verificación de quórum: 125
• García González, Carlos Alberto(PAN) Ley Federal sobre Metrología y Normalización: 41
• Iragorri Durán, Enrique(PAN) Emiliano Zapata Salazar: 38
• Joaquín Coldwell, Addy Cecilia(PAN) Ley Federal del Trabajo: 119
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Artículos 26, 73 y 74 constitucionales - Ley de Planeación: 124
• Minjares Jiménez, José Manuel(PAN) Procesos electorales locales: 137
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Cuenta Pública Federal 2002, 2003, 2004 y 2005: 126
• Murat , José(PRI) Artículos 26, 73 y 74 constitucionales - Ley de Planeación: 123
• Murat , José(PRI) Procesos electorales locales: 136
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Emiliano Zapata Salazar: 36
• Notholt Guerrero, Alan(PVEM) Emiliano Zapata Salazar: 32
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Procesos electorales locales: 137
• Puente Salas, Carlos Alberto (PVEM) Procesos electorales locales: 137
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 56
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley General de Educación: 67
• Salas López, Ramón(PRI) Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular: 118
• Samperio Montaño, Juan Ignacio(Convergencia) Ley General de Salud: 71
• Sánchez Camacho, Alejandro(PRD) Ley Federal de Competencia Económica: 99
• Sánchez Díaz de Rivera, Antonio(PAN) Ley General de la Economía Social y Solidaria: 86
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Artículos 26, 73 y 74 constitucionales - Ley de Planeación: 124
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Procesos electorales locales: 136
• Valdés Chávez, Ramón(Convergencia) Procesos electorales locales: 134
• Velasco Pérez, Juan Carlos(PRI) Organización Internacional del Trabajo: 130
• Verdín Saldaña, Jaime(PAN) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 115
• Villa Villa, Isael(PRI) Emiliano Zapata Salazar: 33

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	INASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	CÉDULA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	INASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	INASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	INASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	OFICIAL COMISIÓN
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	INASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	OFICIAL COMISIÓN
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	CÉDULA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	INASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 193
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 6
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	CÉDULA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	CÉDULA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	OFICIAL COMISIÓN
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	PERMISO MESA DIRECTIVA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	INASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	PERMISO MESA DIRECTIVA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	CÉDULA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	PERMISO MESA DIRECTIVA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	CÉDULA
94 Pulido Santiago Celso David	PERMISO MESA DIRECTIVA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	CÉDULA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	PERMISO MESA DIRECTIVA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	CÉDULA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 110
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 8
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	INASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	OFICIAL COMISIÓN
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	INASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	OFICIAL COMISIÓN
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38Fuentes Téllez Octavio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	INASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	INASISTENCIA
45 González García Sergio	ASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55Madrid Tovilla Arely	INASISTENCIA
56 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
57 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
58Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
68 Murat José	ASISTENCIA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
75 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	OFICIAL COMISIÓN
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
81 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	INASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Reyna García José Jesús	INASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 88
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 9
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	PERMISO MESA DIRECTIVA
8González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	INASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Aguilera Rico José Luis	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	INASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	OFICIAL COMISIÓN
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	INASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Armendáriz García Pedro
2 Landero Gutiérrez Alejandro
3 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio
4 Madrazo Limón Carlos
5 Ruiz Velasco de Lira Ernesto
6 Torres Herrera Víctor Manuel
Faltas por grupo: 6

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Flores Maldonado César
Faltas por grupo: 1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Abramo Masso Yerico
2 Alcántara Núñez Jesús Sergio
3 Biebrich Torres Carlos Armando
4 Gloria Requena Tomás
5 González Calderón Martha Hilda
6 Madrid Tovilla Arely
7 Martínez Rocha Arturo
8 Quiñones Canales Lourdes
9 Reyna García José Jesús
Faltas por grupo: 9

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Velasco Rodríguez Verónica
Faltas por grupo: 1

CONVERGENCIA
Diputado
1 Salvatori Bronca María del Carmen
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 Hernández Valadés Delio
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Ausente
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Ausente
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Ausente
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Ausente
32 Castaño Contreras, Cristián	Ausente
33 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Ausente
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Ausente
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Ausente
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Ausente
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Ausente
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Ausente
119 Medellín Varela, Antonio	Ausente
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Favor
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Ausente
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Ausente
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Ausente
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Favor
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Ausente
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Ausente
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Ausente
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Ausente
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Ausente
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Ausente
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Ausente
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Ausente
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Ausente
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Ausente
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 159
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 47
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Contra
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Abstención
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Abstención
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Ausente
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Ausente
25 Contreras Julián, Maricela	Abstención
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Abstención
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Abstención
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio	Contra
48 Hernández Manzanares, Javier	Contra
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Contra
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Ausente
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Abstención
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Contra
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Abstención
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Ausente
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Abstención
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Abstención
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Abstención
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 71
Contra: 7
Abstención: 10
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Ausente
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Abstención
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Ausente
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
37 Flores Sandoval, Patricio	Ausente
38 Fuentes Tellez, Octavio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González García, Sergio	Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel	Favor
47 González Zarur, Mariano	Ausente
48 Guerrero García, Javier	Favor
49 Guerrero Juárez, Joel	Favor
50 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
53 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Medina de la Cruz, Rodrigo	Ausente
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
61 Mendoza Cortés, Mario	Favor
62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
64 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
65 Morales García, Elizabeth	Favor
66 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
67 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
68 Murat , José	Favor
69 Ochoa González, Arnoldo	Favor
70 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
71 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
72 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
73 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
74 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
75 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
76 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
77 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
78 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
80 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
81 Parás González, Juan Manuel	Ausente
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
84 Pérez Valdés, Daniel	Favor
85 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
87 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
89 Reyna García, José Jesús	Ausente
90 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
91 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
92 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
93 Rojas Gutiérrez, Carlos	Contra
94 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
95 Salas López, Ramón	Ausente
96 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
97 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
98 Serrano Escobar, Enrique	Favor
99 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
100 Toledo Luis, Jorge	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 62
Contra: 1
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Ausente
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Ausente
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Ausente
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Ausente
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Ausente
5 Hernández Valadés, Delio	Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1