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Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se ruega a los señores de los medios ocupen el lugar que está destinado para el desempeño de sus funciones. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 11:23 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo .

De los Congresos de los estados de Chihuahua y Guerrero.

De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 176 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Relativo a la integración de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública de la LX Legislatura. (Votación)

Relativo a la integración de la Comisión Especial de Reforma del Estado de la LX legislatura. (Votación)

Iniciativa del Congreso de Jalisco

Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Solicitud de particular

Del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que pueda prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica que la Junta de Coordinación Política aprobó Acuerdo para la creación de una Comisión Especial Bicameral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los 150 años de la Promulgación de la Constitución Federal de 1857.

Con el que remite su calendario de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en enero de 2007. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que informa que el Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, designó a la ciudadana Sigrid Arzt Colunga secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Con el que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativas de diputados

Que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo, y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Candelario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez y Román González Pedroza para prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Tijuana, Baja California, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la formación de un grupo especial de investigaciones en el combate del crimen organizado en Nuevo León.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la recuperación de la seguridad en Quintana Roo.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para solicitar al secretario de Salud que informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, sobre la situación actual, problemática y proyecciones de diversos temas y programas del sistema nacional de salud.

Pronunciamiento en relación con la producción del maíz en el país, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para incorporar una partida especial dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 con la finalidad de evitar que haya desabasto de medicamentos antirretrovirales, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas informe sobre las denuncias que se han presentado en el estado de Puebla, y dé celeridad a la averiguación previa motivada por el periodista Mario Martell, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP y de la SFP para explicar los alcances del plan de austeridad y de la iniciativa de reforma constitucional relativa a los salarios de los servidores públicos, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SEP gestionen las acciones necesarias para rescatar el mural Ejercicio plástico, del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, a cargo del diputado Benjamín González Roaro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que realiza Pemex Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conagua y al gobierno del estado de Jalisco consideren recursos para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, en dicho estado, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex envíe un informe respecto de las causas que originaron la fuga y explosión en el poliducto de gas etano en Centro, Tabasco, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía adecue la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de 2007 referente al precio de adquisición de los productores de leche, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obliguen a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob incorpore en el calendario oficial el 24 de agosto como Día de la Firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE realicen diversas acciones a favor del sistema de centrales de abasto del país, suscrita por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la declaratoria de patrimonio mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH, a cargo del diputado Jorge Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa Granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del valle de Perote, en Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR, suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, Chihuahua, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en Tampico y Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, quien desapareció el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto de la problemática del maíz, la tortilla y los incrementos de los precios en los productos básicos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR cree una fiscalía especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco acate la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía, a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, verifique que el IMSS esté cumpliendo sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI modifique el contenido de las encuestas que lleva a cabo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y de la Conapesca destine recursos para el Programa de Sustitución de Motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal implante acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que se investigue la aparición de mil despensas propiedad del DIF estatal en Alvarado, Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía homologue los recursos materiales, financieros y humanos de que disponen las comisiones especiales con los dispuestos para las ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoria al gobierno del estado de Oaxaca respecto de los recursos destinados para celebrar el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, en el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se instituya la instalación de instrumentos de seguridad en las unidades de autotransporte de carga, peaje y turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se atienda el conflicto de desabasto de diesel y gasolina en el estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que manifieste ante la OMC su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de los Estados Unidos de América, con relación a los apoyos a los productores de maíz, a cargo del diputado Rutilio Escandón Cadenas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los Presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social a remitir a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a no expedir ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por esa Comisión, relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a expedir, con la mayor brevedad, el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y aquellos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional a establecer programas y acciones de comunicación y coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios para frenar la violencia en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al estado por los medios de comunicación, destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y municipales a realizar actividades de difusión y celebración del Día Nacional de la Familia, a cargo de la diputada Martha García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir para la reapertura del Puente Internacional Suchiate en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la realización de una auditoria al Centro Nacional de Detección de Talentos y Alto Rendimiento, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una auditoría de desempeño a Pemex-Refinación, a fin de determinar la eficiencia de su funcionamiento, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios al gas natural, a cargo del diputado José Rosas Aispuro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar, a través de la Secretaría de Economía, la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo el Programa de Salud Auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía, para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Coahuila a dar a conocer algunos aspectos sobre la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, en dicha entidad, a cargo del diputado Juan Manuel Sandoval Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa de ley para despenalizar el delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF a llevar a cabo una auditoría especial al honorable ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33, de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Cultura a investigar las posibles violaciones al decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos a la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Comunicaciones a investigar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y la situación actual en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, a solicitud del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de febrero de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintiún minutos del jueves ocho de febrero de dos mil siete, con la asistencia de doscientos cincuenta y nueve diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La diputada Ana María Ramírez Cerda , del Partido Verde Ecologista de México, solicita a partir de esta fecha, licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal. En votación económica la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquese.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, remite el calendario legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura. De enterado, se instruye que se comunique a la Cámara de Senadores.

Se reciben oficios de los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Ramírez, por los que solicitan el permiso constitucional necesario, para que puedan prestar servicios en la embajada de la República de Angola en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Nueve oficios de la Secretaría de Gobernación con los que:

Solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Ruíz Gamiño, pueda prestar servicios en la embajada de Belice en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Tres, con los que se remiten contestaciones al mismo número de puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, durante el primer receso, del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

Cinco, con los que se remiten contestaciones al mismo número de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Jesús González Macías , diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal y designa una comisión para acompañarlo a rendir su protesta y entra en funciones de inmediato.

Se recibe del diputado José Luis Aguilera Rico , de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y nueve de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

Iniciativas con proyecto de decreto presentadas por los diputados:

Concepción Ojeda Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento cinco Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Édgar Armando Olvera Higuera, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y abroga la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Justicia con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eduardo Sánchez Hernández , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación y a petición de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, se remite a la Comisión Especial de Reforma del Estado para que emita su opinión.

Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes: para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Federal de Radio y Televisión y General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Educación Pública y Servicios Educativos.

A las doce horas con seis minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Salud.

César Horacio Duarte Jáquez , a nombre propio y de la diputada Elizabeth Morales García , ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos cinco y treinta y siete de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Juan Francisco Rivera Bedoya , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos sesenta y seis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Juan Francisco Rivera Bedoya , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y nueve del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia.

Raúl Cervantes Andrade , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos cincuenta y cuatro; y doscientos cincuenta y ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibe dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria de la fracción sexta del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica, la asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen. Se le otorga el uso de la tribuna al diputado Diodoro Humberto Carrasco Altamirano, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión. Para hablar en pro se les otorga la palabra a los diputados: César Octavio Camacho Quiroz y Narcizo Alberto Amador Leal , ambos del Partido Revolucionario Institucional. Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se aprueba por trescientos noventa y seis votos en pro, uno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

La asamblea, en votación económica, autoriza dar lectura a los encabezados de los siguientes dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para:

Exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y en conmemoración del nonagésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de mil novecientos diecisiete, imprima por única vez durante el ciclo escolar dos mil seis-dos mil siete, ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición revisada para las niñas y los niños de México.

Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país.

Exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Educación Pública, hacer públicas las medidas tomadas respecto a la implantación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Exhortar a las universidades públicas incrementen la transparencia en torno a sus actividades administrativas, financieras, educativas y de investigación.

Exhortar al Secretario de Educación Pública garantice la gratuidad de la educación básica en todo el país y detenga el cobro de cuotas obligatorias en todas las primarias y secundarias públicas, que tengan como condicionante la prestación del servicio.

Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor eliminen del acuerdo que establece las bases mínimas de la información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares, el concepto de cobro por reinscripción.

Solicitar al secretario de Educación Pública a través de su órgano interno de control, supervise las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que verifique el cumplimiento de los programas de estímulos y subvenciones a estudiantes de educación media superior y superior, para los alumnos de escasos recursos que no sean beneficiarios de otro sistema de apoyos financieros.

Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Chiapas, tome las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas por el conflicto agrario en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

En votación económica, se aprueban los nueve dictámenes anteriores. Comuníquense.

La diputada Ana María Ramírez Cerda , del Partido Verde Ecologista de México, remite proposición con punto de acuerdo, relacionada con los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional, para liberar recursos del Fondo de Desastres Naturales, a efecto de atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz. La asamblea, en votación económica, lo considera de urgente resolución. Hablan en pro los diputados: Cuitláhuac Condado Escamilla y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , ambos del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México; Adolfo Mota Hernández , del Partido Revolucionario Institucional; Osiel Castro de la Rosa y María Victoria Gutiérrez Lagunes , ambos del Partido Acción Nacional. Previo a la participación del diputado Suárez del Real, interviene desde su curul, el diputado José Manuel del Río Virgen , de Convergencia y en su momento de igual manera el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, a nombre propio y de la diputada María Esperanza Morelos Borja , del Partido Acción Nacional, para que las diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura, participen y se incorporen en sus distritos o circunscripciones, a las actividades que se realicen en el marco del Quinto Parlamento de las Niñas y Niños de México. La asamblea, en votación económica, lo considera de urgente resolución. Para hablar en pro, se les concede la palabra a los diputados: Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , ambos del Partido Revolucionario Institucional; María Esperanza Morelos Borja , del Partido Acción Nacional. Previo a la participación del diputado Moctezuma Pereda, interviene desde su curul, el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo y en su momento, de igual manera el diputado Jacinto Gómez Pasillas , de Nueva Alianza. Para hablar en pro se le concede la palabra al diputado Othón Cuevas Córdova , del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul realiza comentarios el diputado Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido y lo aprueba. Comuníquese. La Presidencia instruye que con la mayor amplitud se publique en la Gaceta Parlamentaria y se difunda en los medios de comunicación la convocatoria del Quinto Parlamento Infantil de las niñas y los niños de México.

Joaquín Humberto Vela González , del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que dictamine el punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolio.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, para que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Desde sus respectivas curules, realizan comentarios los diputados: Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática; y Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia.

Carlos Altamirano Toledo , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indemnicen al grupo de Pescadores Unidos de Altamar del Golfo de Tehuantepec y ejecuten un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Pesca.

El diputado José Murat, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita:

La comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía.

La comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Se turnan a la Junta de Coordinación Política.

Se reciben excitativas de los diputados:

Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Ariel Castillo Nájera , de Nueva Alianza, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con lo que establece el artículo veintiuno, fracción dieciséis, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, remite excitativa a la Cámara de Senadores. Se remite a la Cámara de Senadores.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con diez minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes trece de febrero de dos mil siete a las once horas.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada el acta. Continúe señor secretario.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

El que suscribe, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , por el VIII distrito Comitán de Domínguez, Chiapas, me permito informarle que con fecha 10 de febrero concluye la licencia temporal solicitada por un servidor, por tal motivo a partir del 11 de febrero del año en curso me incorporo a mis labores legislativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 9 de febrero del 2007.--- Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo.--- Congreso del estado de Chihuahua.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión verificada con esta fecha di cuenta al Congreso de Chihuahua de su escrito recibido el 26 de diciembre del año en curso, según el oficio número D.G.P.L.60-II-6-284, mediante el cual exhorta, entre otros puntos, a los gobiernos estatales a coadyuvar con los órganos de gobierno correspondientes para facilitar la fiscalización de los recursos federales aplicados en cada entidad federativa; otro punto: a los gobiernos de los estados y a los congresos locales, a que actualicen sus ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información para estar en aptitud de ser más eficientes en la rendición de cuentas, y otros señalamientos dirigidos a diferentes autoridades.

Esta legislatura recibe su comunicado, informándole que, respecto a los ordenamientos en materia de transparencia y acceso a la información, en el estado de Chihuahua inició operaciones el 1 de enero del presente año el Instituto Chihuahuense para el Acceso e Información Pública del estado de Chihuahua, aplicando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Chihuahua, que fue aprobada por esta soberanía el 6 de octubre de 2005, según el decreto número 278/05 I P.O., e inició su vigencia al inicio del presente mes y año.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 5 de enero de 2007.--- Diputado Alberto Carrillo González (rúbrica), Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.--- H. Congreso del estado.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro de la normatividad realice los trámites correspondientes para el establecimiento de tarifas preferenciales y la reclasificación de las tarifas eléctricas de 1B a 1C para el municipio de Acapulco de Juárez y de San Marcos del estado de Guerrero.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 16 de enero de 2007.--- Licenciado José Luis Barroso Merlín, oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.--- H. Congreso del estado.

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 30 de noviembre del 2006, el ciudadano diputado Wulfrano Salgado Romero, presentó una propuesta de acuerdo parlamentario, en los siguientes términos:

``Que durante los constantes recorridos que he realizado por el distrito local que represento, una de las principales preocupaciones que me manifiestan los acapulqueñosy sanmarqueños es el alto costo que les implica el consumo de energía eléctrica, lo cual considero, no es solo un clamor de estos dos municipios sino de todo el estado de Guerrero.

Que ante el grave problema que genera el decreto presidencial del 7 de febrero del 2002 en el que a través de la Secretaría de Hacienday Crédito Público se omite un acuerdo que autorizaa los organismos descentralizados: Comisión Federal de Electricidad,y Luzy Fuerza del Centro, para el ajuste, modificacióny reestructuracióna las tarifas para suministroy venta de energía eléctricay en el que se redujeron los subsidiosa las tarifas eléctricas domésticas, ha tenido un efecto devastador para las familias de escasos recursos,ya que de manera exorbitante se han incrementado sus gastos por este servicio.

Que en consecuencia esta disposición oficial impacta de manera importante los ingresos de la mayoría de las familias acapulqueñas y sanmarqueñas,y de todo el estado de Guerrero.

Que la disminución de los subsidios y la falta de equidad en el establecimiento de las tarifas por consumo de energía eléctrica afecta tanto al gasto de las familias pobres de nuestro estado que la erogación monetaria que hacen para el pago de este servicio,es casi lo mismo que destinan para vestidoy calzado.

Que la política tarifaria instrumentada por la Comisión Federal de Electricidad afecta considerablemente la economía de los que menos tienen de aquellos micro y medianos establecimientos por lo quees conveniente reclasificar las tarifas de tal modo que los usuarios obtengan beneficios en la aplicación de la misma.

Que en su caso, ello permitiría un desarrollo equitativo e igualitario en las diversas regiones del estado de Guerrero, así como haría posible reactivar el sector industrialy comercialy aquellas empresaso negocios quese encuentrana un paso de suspender operaciones, debidoa los altos costos quese les cobra por el consumo de energía eléctrica.

Que actualmente en el Puerto de Acapulco se aplica la tarifa 1B para servicio domésticoy que según criterios de la Comisión Federal de Electricidad, estase aplica en localidades con temperaturas media, mínima en verano de28 grados centígrados, subsidiando un consumo de energía eléctrica de225 kilovatio hora, kwh, como máximo mensual lo que traducidoa moneda un kilovatio hora cuesta aproximadamentea 51 centavosy el excedentese cobra aproximadamentea 2 pesos --quees el precio real de la tarifa sin subsidio--, lo que resulta absurdo para una ciudad donde el mayor tiempo del añoes calurosa sobre todo en la temporada de verano que implica mayor consumo de energía eléctrica.

Que la tarifa 1C se le aplicaa todos los servicios que destinan la energía eléctrica exclusivamente para uso doméstico en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de30 grados centígrados como mínimo, subsidiando un consumo de energía eléctrica de 300 kilovatios, kwh, mensual lo que permite un subsidio mayory a su vez un pago por consumo de energía eléctrica más económico beneficiando con esto al gasto monetario de las familias más pobres.

Que se considerará según la Comisión Federal de Electricidad que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivoso más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales.

Que el municipio de Acapulco ha registrado por varios años una temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, por lo cual es necesario y procedente reclasificar la tarifa 1B a uno 1C.

Que de ser posible esto lograríamos un mayor subsidio al consumo de energía eléctrica que permitiría beneficio económico en los que menos tienen.

Que las tarifas eléctricas disminuyen su costo por que se aumenta el subsidio a las mismasy esto se aplica en mayor proporción en las localidades que registran las temperaturas más altas en promedio mínimo mensual en verano, considerando que en las regiones donde se registran las mayores temperaturas, existe mayor consumo de energía eléctrica''

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 30 de noviembre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado Wulfrano Salgado Romero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro de la normatividad realice los trámites correspondientes para el establecimiento de tarifas preferenciales y la reclasificación de las tarifas eléctricas de 1B a 1C para el municipio de Acapulco de Juárez y de San Marcos del estado de Guerrero.

Segundo. Se exhorta atentamente a la Comisión Federal de Electricidad para que realice los trabajos de revisión y reclasificación de las tarifas eléctricas de consumo domestico de 1B a 1C en los municipios de Acapulco de Juárez y San Marcos, Guerrero, considerando los registros de temperaturas más recientes en los municipios mencionados.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dentro del ámbito de sus competencias determinen la temperatura media mínima mensual en verano que han registrados en los últimos cinco años los municipios de Acapulco de Juárez y San Marcos, Guerrero, informando a las instancias correspondientes y competentes para la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica.

Cuarto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya e intervenga ante los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a efecto de que los conmine a realizar los tramites correspondientes para la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica de 1B a 1C en los municipios de Acapulco de Juárez y San Marcos, Guerrero.

Quinto. La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, hace un llamado a todos los diputados federales y senadores por el estado de Guerrero para que personalicen y en conjunto realicemos los trámites y reuniones con las autoridades competentes a efecto de impulsar el éxito del presente punto de acuerdo.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos al siguiente día de su expedición.

Segundo. Remítase el presente acuerdo parlamentario a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los diputados federales y senadores por el estado de Guerrero, a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Secretaria de Energía, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y al titular del Poder Ejecutivo federal. Para los efectos correspondientes.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del estado para su conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil seis.--- Diputados: Rey Hernández García (rúbrica), presidente; Marino Miranda Salgado (rúbrica), Socorro Sofio Ramírez Hernández (rúbrica) secretarios.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.--- H. Congreso del estado.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que este honorable congreso rechaza el subejercicio y los recortes de recursos federales destinados a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2006.

Atentamente

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 16 de enero de 2007.--- José Luis Barroso Merlín (rúbrica), oficial mayor.»

«Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.--- H. Congreso del estado.

La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 7 de diciembre del 2006, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta de acuerdo parlamentario, en los siguientes términos:

``Que el pasado 6 noviembre de 2006 se presentó al Pleno una propuesta de punto de acuerdo parlamentario en rechazo del anuncio de la Secretaria de Hacienda de recortar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 un monto superior a 27 mil millones de pesos.

Que este recorte afectaría las entidades de la república con una merma por 4 mil 922 millones de pesos al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), 21.9 por ciento inferior a lo programado para 2006.

Que, por otro lado, legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática alertaron oportunamente sobre el subejercicio presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto de 2006, que afecta estados como Guerrero, Michoacán y Zacatecas, por un monto superior a 3 mil 600 millones de pesos.

Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en el Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Caminos. Rurales y Carreteras Alimentadoras, consideró una inversión de 605 mil 500 millones de pesos para Guerrero.

Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, el Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Construcción y Modernización, se asignaron para Guerrero 241 millones 300 mil pesos para diversos tramos.

Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en el Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Conservación de Carreteras, fueron asignados 367 mil 914 pesos a Guerrero.

Como se aprecia en la suma del presupuesto carretero para Guerrero en 2006, se etiquetan recursos por mil 214 millones 714 mil pesos. Para 2007, Felipe Calderón Hinojosa presupuesta solamente 420 millones de pesos para este rubro; es decir, 794 millones 714 mil pesos menos.

Que del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2007 que envía Felipe Calderón Hinojosa a la Cámara de Diputados federal se plantea una disminución de 5 mil 100 millones de pesos, equivalente a 25 por ciento, al PAFEF ejercidos en 2006, al pasar de 22 mil 500 millones de pesos en 2006 a 17 mil 400 millones de pesos en 2007.

Que en el mismo proyecto de Presupuesto de Egresos se establece una disminución para las entidades federativas en el presupuesto de seguridad pública por un monto de mil 700 millones de pesos, equivalentes a un decremento de 32 por ciento, al pasar de 5 mil 200 millones de pesos en 2006 a 3 mil 500 millones de pesos en 2007.

Que en el documento Proyecto de Presupuesto 2007, en la tabla ``Gasto programable en clasificación funcional'', Felipe Calderón Hinojosa propone una disminución de 18 mil 700 millones en el gasto para desarrollo social, de aprobarse este recorte el presupuesto de desarrollo social pasaría de 991 mil 600 millones de pesos en 2006 a 972 mil 900 de millones de pesos en 2007, decremento equivalente a menos 1.9 por ciento; asimismo, en el rubro de educación se propone disminuir en 5 mil millones de pesos, y si se aprobase, pasaría de un ejercido de 361 mil millones de pesos en 2006 a 356 mil 500 millones de pesos en 2007, equivalente a menos 1.2 por ciento. El rubro ``Urbanización vivienda y desarrollo regional'', de aprobarse el recorte de 12 mil 200 millones de pesos, como plantea Felipe Calderón Hinojosa, tendría una disminución de 14 mil millones de pesos, al pasar de 116 mil 300 millones de pesos en 2006 a 104 mil 100 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 10.5 por ciento. En el rubro ``Agua potable y alcantarillado'', también se propone disminuir en 5 mil 500 millones de pesos, al pasar de 13 mil 100 millones de pesos en 2006 a 7 mil 600 millones de pesos, equivalente a menos 42.3 por ciento. Felipe Calderón propone además disminuir al rubro ``Asistencia social'' 2 mil 500 millones de pesos, al pasar de 32 mil millones de pesos ejercidos en 2006 a 29 mil 500 millones de pesos, equivalentes a menos 7.7 por ciento.

Que en el proyecto de Presupuesto de 2007, en la tabla ``Gasto programable en clasificación funcional'' se propone una disminución del gasto para el rubro ``Desarrollo económico'' de 50 mil millones de pesos, al pasar de 512 mil 100 millones de pesos en 2006 a 452 mil 900 millones de pesos, equivalentes a 11.6 por ciento. En el rubro ``Energía'' se propone un decremento de 34 mil millones de pesos, al pasar de 364 mil 900 de millones de pesos en 2006 a 330 mil 600 millones de pesos, equivalentes a menos 9.4 por ciento. En el rubro ``Comunicaciones y transportes'', propone Felipe Calderón recortar 34 mil 300 millones de pesos, al pasar de 364 mil millones de pesos ejercidos en 2006 a 330 mil 600 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 41.8 por ciento; en tanto, en el rubro ``Desarrollo agropecuario y forestal'' se proyecta un decremento de mil 100 millones de pesos, al pasar de 53 mil millones de pesos en 2006 a 51 mil 900 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 2.2 por ciento; en el rubro ``Temas laborales'' se propone una merma de 200 millones de pesos, al pasar de 2 mil 900 millones de pesos en 2006 a 2 mil 700 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 4.7 por ciento. En el rubro ``Turismo'' se proyecta un recorte de 200 millones de pesos, al pasar de mil 900 millones de pesos en 2006 a mil 700 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 9.7 por ciento. En el rubro ``Temas agrarios'', se propone un recorte de 400 millones de pesos, al pasar de 4 mil 100 millones de pesos en 2006 a 3 mil 700 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 9.6 por ciento. En el rubro ``Desarrollo sustentable'' se propone un recorte de mil 600 millones de pesos, al pasar de 8 mil 400 millones de pesos en 2006 a 6 mil 800 millones de pesos en 2007, equivalentes a menos 19.8 por ciento.

Que en la tabla de referencia se propone reasignar a la administración pública federal 900 millones de pesos, al pasar de 103 mil 200 millones de pesos en 2006 a 104 mil 100 millones de pesos en 2007; esto es, los recortes no alcanzan a la estructura del nuevo equipo de gobierno.

Compañeras y compañeros legisladores: en primer término, debemos apuntar que esta honorable representación popular de Guerrero no admite un recorte ilegal e insensible de los recursos aprobados y destinados a nuestra entidad por la Cámara de Diputados federal para 2006, recursos que fueron etiquetados y que el gobierno federal mutiló. Guerrero debe verse por el Estado mexicano como un asunto de seguridad nacional; disminuir sus recursos es atentar contra su frágil estabilidad social, es prácticamente cancelar su desarrollo económico; pero sobre todo, tal recorte que, en total sería de 718 millones de pesos, resulta ilegal porque son recursos aprobados y etiquetados para nuestra entidad por la Cámara de Diputados federal.

Que, vertido lo anterior, en sesión de fecha 7 de diciembre de 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el honorable Congreso de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero rechaza el subejercicio y los recortes de recursos federales destinados a Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2006.

Segundo. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar la totalidad de los recursos no ejercidos para Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.

Tercero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero rechaza el recorte planteado en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2007, porque afectaría no sólo el desarrollo sino la estabilidad de nuestra entidad.

Cuarto. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que tome en cuenta la situación de nuestra entidad y, en vez de disminuir los recursos destinados a Guerrero, los incremente, aprobando las reasignaciones correspondientes.

Quinto. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar a esta soberanía del presupuesto ejercido en las obras de referencia de 2006, así como de su porcentaje de avance.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos conducentes.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, para los efectos conducentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en al menos dos periódicos de circulación local, para su conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los siete días del mes de diciembre del ano dos mil seis.--- Diputado Rey Hernández García (rúbrica), Presidente; Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica), Secretario; Diputada Socorro Sofía Ramírez Hernández (rúbrica), Secretaria.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Diputados federales, Jorge Zermeño Infante y María Mercedez Maciel Ortíz , Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 60-II-6-288, dirigido al secretario de Gobernación, relativo al punto de acuerdo siguiente:

``Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que con la mayor brevedad se haga entrega de los recursos presupuestales del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera.''

Por instrucciones del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular del despacho, hacemos de su conocimiento que desde octubre se encuentran agotados los mil 919.9 millones de pesos (mdp) autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, así como la ampliación de 168.7 mdp, para un total de 2 mil 88.6 mdp que se ejercieron durante el presente año.

Con relación a lo señalado por el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , les informamos que para el estado de Tabasco, en los ejercicios presupuestales de 2005 y de 2006, se entregaron a los beneficiarios del Progan apoyos por 142.2 y 197.9 millones de pesos, respectivamente.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 11 de diciembre de 2006.--- Doctor Everardo González Padilla (rúbrica), coordinador general.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 176 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña el próximo 14 de febrero, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Lozada León (rúbrica), coordinadora del Museo de la Ciudad de México.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes señores diputados: Obdulio Ávila Mayo , Christian Martín Lujano Nicolás , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , y Víctor Ortiz del Carpio . Continúe la Secretaría.

PROPOSICIONES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Mesa Directiva.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo y dictámenes sobre puntos de acuerdo que se tienen como desahogados y atendidos, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Comisión de Comunicaciones

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que revise la concesión otorgada a la compañía Telmex.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las acciones necesarias para la implementación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel para que disminuyan el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a programar los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a vigilar que los concesionarios de telefonía celular establezcan y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a emitir la regulación correspondiente para evitar el cobro de tarifa por redondeo.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las empresas de televisión por cable usuarias de su señal.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a gestionar mediante la ser ante Televisa y su sistema de paga Sky la transmisión directa por televisión abierta de todos los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania 2006.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de Educación de las entidades federativas a que instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales que por efecto del huracán Katrina están regresando al país la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar que comparezca el titular de la Secretaría Educación Publica, doctor Reyes Tamez Guerra, ante las Comisiones Unidas de Educación Publica y Servicios Educativos y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que informe del proceso en que se encuentra la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo así como la ejecución del programa denominado Enciclomedia.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente Dictamen, en virtud de que las relaciones y compromisos adquiridos por el instituto y sus trabajadores son de orden estatal y por lo tanto compete a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco conocer del asunto.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que crea una subcomisión a fin de estudiar y proponer una Ley Orgánica para el Colegio de Posgraduados, dado que ya existe la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado en el seno de esta comisión.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud que actualmente en el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que proceda a la formulación de un sólo plan, programa, contenidos y materiales de estudio únicos para la educación preescolar.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se inserten en el contenido de los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Comisión de Energía

No procede la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que informe sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Comisión de Salud

Se desecha la proposición por la que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos, en el Puerto de Veracruz, de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición para que a través de la Comisión de Salud de esta Cámara se solicite la comparecencia del doctor Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, en relación con la queja presentada ante esa comisión por el Maestro Feliciano Bejar Ruiz.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la Proposición por la que se exhorta al Presidente de la República a emitir en la reunión de la ONU por celebrarse el 21 y 22 de octubre del año en curso, un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y trasplante nuclear con fines de investigaciones y terapéuticos, y a votar contra la clonación con propósitos reproductivos y eugenésicos.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la Proposición por la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de seguir desprestigiando y calumniando el programa Seguro Popular de Salud y a iniciar una campaña de información para dar a conocer a los habitantes de la ciudad los beneficios de este programa.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del Hospital Juárez del Centro.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Se desecha la proposición por la que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil Enfamil, producida por el laboratorio Bristol Mayers Squibb.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Comisión de Seguridad Pública

Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública.

Fecha de Publicación: 12 de febrero.

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputada María Elena Alvarez Bernal (rúbrica), Vicepresidenta en Funciones de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comunicaciones de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura fueron turnadas, producto del rezago de legislaturas anteriores, para su estudio y dictamen, las proposiciones con punto de acuerdo que a continuación se enlistan; a cada una de ellas se integran los motivos y justificaciones a través de los cuales se elaboró su dictamen:

1. Por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el Pleno el 20 de abril de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se ha determinado que esta comisión, mediante la solicitud de información que realizó a la Cofetel, cuenta con respuesta de fecha 21 de diciembre de 2006, relativa a las tarifas de telefonía celular, indicando que los registros de tarifas vigentes asociados al servicio se han ajustado en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que a la letra señala: ``Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia''; lo anterior ha permitido que el nivel de las tarifas de servicios de telecomunicaciones en México se compare muy favorablemente con otros países, con lo cual México se ubica como uno de los países con las tarifas más baratas según la OCDE.

Se considera que no es conveniente la aprobación de la propuesta en los términos planteados, ya que a la fecha los costos a que se hace referencia son superiores al costo por minuto actual que señala la Cofetel en los planes de prepago y pospago, mismos que llegan a ser para llamadas ilimitadas, hasta de un peso por minuto, en tal virtud se afectaría a los usuarios si se pretende inhibir la competencia entre concesionarios para la aplicación de mejores tarifas. Por tanto, la presente proposición debe considerarse atendida y debidamente concluida.

2. Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que revise la concesión otorgada a la compañía Telmex, presentada ante la Comisión Permanente por los diputados Francisco Luis Monárrez Rincón y Jaime Fernández Saracho, del Grupo Parlamentario del PRI, el Pleno el 25 de agosto de 2004.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que la revisión solicitada a la compañía Telmex respecto a su concesión presentada en el mes de agosto de 2004 resulta extemporánea en virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas de fecha 3 de octubre de 2006, comprende dicha revisión, en el transitorio segundo del citado acuerdo, señalando el procedimiento a través del cual los concesionarios con restricciones como es Telmex podrán modificar sus títulos de concesión, lo cual implica la revisión del mismo.

3. Para exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes a tomar las acciones necesarias para la implementación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, a cargo de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada ante el Pleno con fecha 19 de octubre de 2004.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que esta comisión, a través de la reunión realizada el 14 de noviembre de 2006 con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, obtuvo respuesta de dicho titular, quien informó que se ha formado el Fondo de Cobertura Social con 750 millones de pesos, mismos que han permitido llegar a 9 millones de personas de bajos recursos con el servicio de telefonía, se tienen instaladas 33 mil terminales telefónicas se instalarán más de 900 terminales y durante el 2007 se sustituirán 1,000 terminales, así como la supervisión de más de 7,000 terminales. Es importante destacar que se mantendrá el vínculo correspondiente con la nueva administración a efecto de contar con la información que se requiera durante la presente legislatura. Cabe señalar que el proponente, dado el momento histórico en que presentó este punto de acuerdo, señaló que aún no se operaba el citado fondo de cobertura social en telecomunicaciones; por tanto, a través del mero transcurso del tiempo su solicitud ha sido rebasada y en tales circunstancias esta comisión considera concluido para su respectivo archivo el planteamiento de referencia.

4. A efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 26 de octubre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 14 de octubre de 2004.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que la solicitud ha perdido vigencia, en virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas de fecha 3 de octubre de 2006, mismo que establece las reglas para la prestación de servicios de audio, voz y video.

5. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel para que disminuyan el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Juan Bárcenas González del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el Pleno el 28 de abril de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 16 de marzo de 2005.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que con base en la publicación de los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2006, por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, éstas podrán modificarse siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el resolutivo segundo de los citados lineamientos, en el que entre otras características señala la pertinencia de anexar las justificaciones y sustentos con elementos de prueba que permitan dicho cambio, así como los planes y programas de desarrollo que las entidades de gobierno hayan emitido para la región en cuestión. Se destaca que el procedimiento pasa por la revisión del órgano regulador tomando en cuenta la opinión de los concesionarios de las áreas de servicio local a efecto de que se apruebe la modificación que se solicite respuesta proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

6. Por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a programar los celulares desde fábrica para que aparezca el cronómetro en minutos y segundos de las llamadas realizadas, a cargo del diputado Tomás Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de noviembre de 2005.

7. Por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a vigilar que los concesionarios de telefonía celular establezcan y mantengan actualizada una base de datos de los usuarios de telefonía celular de prepago, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de noviembre de 2005.

De las proposiciones con punto de acuerdo que se citan con los numerales que anteceden se desprende que, con fundamento en el articulo 3, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mismo que a la letra señala: ``Se entenderá por red de telecomunicaciones, sistema integrado por medios de transmisión, como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos de conmutación o cualquier otro equipo necesario''. Tal y como se describe en el ordenamiento jurídico en cita, no están considerados los equipos terminales, que en este caso son los equipos celulares, para que se programen desde fabrica con cronómetros, o bien para que se cuente con una base de datos de los usuarios de este servicio, en tales circunstancias se consideran concluidos estos asuntos en virtud de su improcedencia por no estar considerados dentro de la norma jurídica.

8. Por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a emitir la regulación correspondiente para evitar el cobro de tarifa por redondeo, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 3 de noviembre de 2005.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se desprende que a través de la información proporcionada por la Cofetel con fecha 21 de diciembre de 2006, de conformidad con el articulo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones los concesionarios y permisionarios fijan libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de los mismos en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En este orden de ideas, las empresas de telecomunicaciones registran las tarifas que sus departamentos económicos han determinado para la mejor forma de comercializar sus servicios. Actualmente, las empresas comercializan los servicios de voz a través de diferentes planes tarifarios, ya sea mediante el cobro por llamada, por minutos, segundos y/o fracciones de tiempo; en tal virtud y dado que la legislación contempla la forma de cobro de los servicios de telefonía, esta comisión considera debidamente atendido el presente asunto para su desahogo y archivo.

9. Para que la Comisión de Comunicaciones de esta soberanía constituya una subcomisión tendente a conciliar las diferencias existentes entre los concesionarios de televisión abierta con las empresas de televisión por cable usuarias de su señal, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada ante el Pleno con fecha 16 de marzo de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 7 de marzo de 2006.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que, en cuanto a la solicitud de la constitución de una subcomisión tendiente a la conciliación de diferencias entre concesionarios de televisión abierta y televisión restringida, queda fuera de la competencia de esta comisión, por un lado, debido a que no existen en nuestros archivos solicitudes al respecto o asuntos que tengan que ver con este tema; asimismo, las diferencias a que se hace alusión no se nos han hecho llegar para estar en posibilidad de atender a los concesionarios en conflicto, y por otro, en virtud de que recae la obligación de conciliar los intereses de los involucrados al órgano regulador de las telecomunicaciones o, en su caso, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por tanto, se considera concluido el presente asunto por carecer de materia, sin perjuicio de que en su momento se lleve a cabo la atención correspondiente de los concesionarios de los servicios de televisión abierta y televisión restringida, en caso de que así lo requieran.

10. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a gestionar mediante la SCT ante Televisa y su sistema de paga Sky la transmisión directa por televisión abierta de todos los partidos del Campeonato Mundial de Futbol de Alemania 2006, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del Grupo Parlamentario del PAN, presentado ante el Pleno el 25 de abril de 2006.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con este numeral se determina que la vigencia de la misma se ha perdido por el simple transcurso del tiempo, ya que la transmisión del evento por el sistema abierto ha fenecido y, en tales circunstancias, este asunto queda sin materia en cuanto a su procedencia, razón por la cual se considera concluido para los efectos de su respectivo archivo el asunto de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las Gacetas Parlamentarias que igualmente se citan.

2. Las proposiciones listadas fueron turnadas a la Comisión de Comunicaciones, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Las proposiciones listadas en el proemio del presente dictamen contienen la información y respuestas que se relacionan con cada una de ellas, por parte de las instancias a las que les recae competencia en el conocimiento de las mismas, así como la valoración que esta comisión ha considerado pertinente para cada caso en concreto.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en la primera parte de este dictamen (numerales 1 a 10), presentadas del 20 de abril de 2004 al 25 de abril de 2006, tenían en común solicitar a diversas autoridades en materia de comunicaciones y transportes la realización de acciones o la rendición de determinados informes.

Por el tiempo transcurrido y por la información que de ellas se cuenta, la comisión dictaminadora ha determinado su pérdida de vigencia, oportunidad y trascendencia de acuerdo con la información descrita en el proemio del presente dictamen.

Como se desprende del análisis realizado a las proposiciones con punto de acuerdo que se concluyen con el presente dictamen, básicamente se detectaron tres características fundamentales:

Extemporaneidad de la solicitud o exhorto.

Cumplimiento de un ordenamiento jurídico.

Realización de la acción o evento que las motivaron.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo enlistadas en el proemio del presente dictamen se concluye que las mismas han perdido vigencia por extemporaneidad de la solicitud o exhorto, cumplimiento de un ordenamiento jurídico y la realización de la acción o evento que las motivaron; en tal virtud, se consideran debidamente atendidos los planteamientos realizados por los proponentes, a efecto de que se realice su respectivo archivo.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), presidente; Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi , César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Mariano González Zarur , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Elia Hernández Núñez , Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Martín Malagón Ríos , Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla , Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Demetrio Román Isidoro , Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández , Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica), Antonio Vega Corona , María Sofía Castro de Castañeda (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de Educación de las entidades federativas a emprender las acciones necesarias que faciliten a los connacionales que por efecto del huracán Katrina están regresando al país la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que:

``Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de Educación de las entidades federativas a que instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales, que por efecto de huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio.''

A cargo de la diputada Margarita Chávez Murguía, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 10 de noviembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 20 de septiembre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

La autora de la proposición con punto de acuerdo expresa que como resultado de las inundaciones ocasionadas por el huracán Katrina en los estados de Louisiana y Alabama, particularmente en Nueva Orleáns, se ha estimado que alrededor de 150 mil mexicanos fueron afectados. Además, la proponente señala que:

El gobierno mexicano ha implementado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo a los connacionales a través de consulados móviles, y asimismo ha enviado apoyo humano y material al vecino país.

Se han detectado, a través de nuestras oficinas de Enlace Ciudadano en Michoacán, que muchos de los connacionales, difícil de determinar la cantidad, ante la situación que prevalece en la zona afectada y habiendo perdido lo poco o mucho que tenían, están optando por regresar a nuestro país trayendo con ellos a la familia. Estas familias se están encontrando con dificultades para poder inscribir a los hijos en las escuelas por no contar con la documentación que acredite el nivel escolar que cursaban en Estados Unidos y que, obviamente en las circunstancias actuales, difícilmente podrán recuperar o serles proporcionada por las instancias oficiales norteamericanas en corto tiempo.

Si bien aún son pocos los casos detectados, se considera debe preverse y atenderse esta situación para que el apoyo que brindemos como país a nuestros hermanos en desgracia no se circunscriba a hacerlo en el exterior, sino que implantemos las condiciones necesarias al interior para facilitarles su regreso a nuestro país.

Por lo anterior es necesario que las autoridades educativas en la esfera nacional y local implementen las acciones necesarias, para que mediante una evaluación al alumno, se les permita el ingreso al nivel escolar que corresponda.

Asimismo, que dichas acciones contemplen otorgar una prórroga para la entrega de la documentación oficial que se requiera para sustentar su inscripción a la institución educativa de que se trate.

La proposición fue turnada a Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, para efecto de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Si bien es cierto que esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el planteamiento respecto a la importancia de implantar estrategias para que los connacionales que regresan a México, por causa del huracán Katrina, tengan todas las facilidades para inscribir a sus hijos en la escuela, el presente es un asunto claramente coyuntural que ha perdido vigencia.

Por tal efecto, después de valorar las inquietudes expresadas por la diputada proponente, se considera que la proposición se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que la solicitud resulta ahora extemporánea, por lo que carece en la actualidad de materia.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y/o aprobar el punto de acuerdo solicitado.

Consecuentemente, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de Educación de las entidades federativas a que instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales, que por efecto de huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, dado que se considera que la misma se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo. Por tanto, se concluye que la solicitud carece en la actualidad de materia.

Segundo. Archívese el expediente relativo como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar que comparezca el secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe del proceso en que se encuentran la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo, así como la ejecución del programa Enciclomedia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para:

Solicitar que comparezca el secretario de Educación Pública, licenciado Reyes Tamez Guerra, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que informe del proceso en que se encuentran la licitación y la ejecución del programa Enciclomedia.

A cargo del diputado José Adolfo Murat Macías, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 14 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el proyecto Enciclomedia es el programa mediante el cual la Secretaría de Educación Pública prevé instalar en aulas de quinto y sexto grados de primaria equipo de cómputo, que incluye aulas de estudio con computadora, proyector, muebles para computadora, impresora, fuente de poder y pizarrón interactivo. Además, el legislador argumenta que

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, dentro de las políticas de fomento al uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación en la educación básica, se define como el proyecto Enciclomedia específicamente el desarrollo de contenidos en soporte electrónico y su implantación en coordinación con las autoridades educativas estatales en las escuelas en condiciones de incorporar esta tecnología.

Esto no implica realizar una inversión desmedida por el capricho de introducir un proyector y un pizarrón electrónico en cada aula cuando existen necesidades más imperiosas, como adecuar las aulas con letrinas, baños, techos, pizarrones e incluso gises y borradores, para garantizar que todos los niños que cursen la educación básica adquieran conocimientos fundamentales, y desarrollen habilidades, valores y actitudes necesarios en la vida.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha reportado los avances de la licitación del programa, de los recursos asignados ni de los avances en materia educativa que reflejen la viabilidad del mismo. Cabe señalar que dicho programa se instauró en 2003, asignándole recursos por 264 millones de pesos para hacer una prueba piloto. En 2004 se asignaron mediante una adecuación presupuestaria 1,000 millones de pesos. Estos recursos no estaban considerados para el programa durante este ejercicio fiscal. Los recursos se destinaron para la expansión del programa y la compra de equipo de cómputo, para su instalación en aulas de quinto y sexto grados de primaria en todos los estados de la república, así como en centros de maestros y escuelas normales públicas.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora considera que esta proposición se encuentra sin materia, dado que ya ha habido reuniones con el Secretario de Educación Pública, en donde el asunto ha sido abordado. Lo anterior durante la comparecencia del secretario ante esta comisión, el día 30 de octubre de 2006, y durante la reunión de trabajo realizada el día 21 de noviembre.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar que comparezca el titular de la Secretaría Educación Publica, doctor Reyes Tamez Guerra, ante las comisiones unidas de Educación Publica y Servicios Educativos y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe del proceso en que se encuentra la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo así como la ejecución del programa denominado Enciclomedia. Lo anterior dado que ya ha habido reuniones con el secretario de Educación Pública, en donde el asunto ha sido abordado. Asimismo, la Presidencia de esta Comisión, en ejercicio de sus funciones de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a solicitar un informe detallado sobre los procesos de licitación, entrega del mobiliario, implementación de equipo, así como de los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a verificar el cumplimiento, por el Instituto de la Educación de los Adultos en Jalisco, de los compromisos acordados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que:

``Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a verificar el cumplimiento, por el Instituto de la Educación de los Adultos en Jalisco, de los compromisos acordados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos''.

A cargo del diputado Quintín Vázquez García del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 8 de diciembre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que mediante decreto de fecha 14 julio del año 2000 se creó el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco y algunas de sus principales atribuciones se estipulan en los numerales segundo y tercero del decreto invocado y que a la letra dicen:

Artículo 2. El instituto tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica en el estado de Jalisco, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas de ese sector de la población, observando para ello la normatividad establecida por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y se apoyará en la solidaridad social.

La educación para adultos como parte del sistema educativo nacional deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta modalidad educativa no escolarizada.

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones

I. Promover, organizar, ofrecer e impartir educación básica para adultos;

II. Regular el desarrollo de las funciones sustantivas y de apoyo a cargo de los órganos institucionales;

III. Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo existente en la población adulta, así como fomentar y realizar investigaciones y estudios respecto de esta prioridad nacional y estatal, a fin de adoptar las técnicas adecuadas para motivar y propiciar la acción comunitaria;

El autor argumenta que el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco continuamente ha faltado a sus obligaciones económicas que tiene con los trabajadores.

Asimismo, el autor expresa que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos ha enviado oficios al Secretario de Educación del estado de Jalisco, donde se han plasmado estas inconformidades sin que hayan obtenido respuesta alguna; y lo que solicitan es que se respeten los compromisos adquiridos por ambas partes y se les pague puntualmente su salario. Así como una serie de prestaciones que hasta la fecha les han sido negadas.

Por lo que el diputado proponente estima que es indispensable que tanto el instituto y el sindicato lleguen acuerdos favorables para que así se pueda cumplir cabalmente con el propósito para el cual fue creado el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación con el legislador que presenta esta propuesta, en cuanto atender las necesidades educativas específicas de los adultos, igualmente comparte la opinión de que es necesario y deseable que el Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco tenga una buena relación con sus trabajadores.

Sin embargo, esta comisión dictaminadora no estima procedente la proposición con punto de acuerdo presentada por el legislador en virtud de que:

1. El Instituto Estatal de la Educación de los Adultos en el estado de Jalisco es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal el cual esta sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco.

2. La administración del instituto esta a cargo de una Junta de Gobierno, presidida por el gobernador del estado de Jalisco.

3. Las relaciones de trabajo entre el ``Instituto'' y sus trabajadores se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas disposiciones del estado de Jalisco.

Por lo tanto, estimamos que las relaciones y compromisos adquiridos por el instituto y sus trabajadores son de orden estatal y compete a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco conocer del asunto.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud de que las relaciones y compromisos adquiridos por el instituto y sus trabajadores son de orden estatal y por lo tanto compete a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco conocer del asunto.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que:

``Exhorta al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.''

A cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 15 de diciembre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 27 de noviembre de 2003.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el Instituto Politécnico Nacional es, por historia y mérito propio, una de las instituciones públicas más importantes de su género en el país, lo cual se refleja en la calidad de la formación que ofrece en educación media superior, superior y posgrado; y por su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, así como en la generación y difusión de conocimientos. Asimismo el proponente concluye que:

La grandeza y fortaleza del Instituto Politécnico Nacional se constata prácticamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Hoy, el IPN atiende a más de 175 mil estudiantes en su modalidad escolarizada y casi 50 mil en la modalidad a distancia, además de brindar educación no formal a la población en general. Para ello, cuenta con una planta académica de 14 mil 268 docentes e investigadores.

La comunidad politécnica ha emprendido un proceso de transformación estructural, que incluye reformas en los ámbitos académico, técnico-administrativo y jurídico, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de manera libre, conciente y pública. Esto, sin abandonar los principios filosóficos y de carácter social y revolucionario que dieron origen al instituto. Para garantizar la consolidación de ese proceso de transformación, la comunidad politécnica presentó al titular del Ejecutivo federal un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución, a fin de obtener mayor autonomía académica, jurídica, y administrativa y estar en condiciones de plantear las mejores estrategias de atención a las necesidades presentes y futuras del instituto y el país.

Las anteriores razones convalidan la necesidad de otorgar al IPN un nuevo marco jurídico, que entre otros elementos considere el conjunto de libertades perfectamente determinadas en una ley o en un precepto constitucional, en la que el Estado reconoce y faculta a una institución de educación superior, para darse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin intervenciones externas o del poder administrativo. Sólo así puede llevar a cabo debidamente su misión.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguientes argumentos:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, coincide plenamente con el legislador proponente de la proposición relacionada con la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en cuanto a la importancia histórica y trascendencia para el sector educativo del instituto citado, que se refleja en la calidad de la formación que ofrece a la educación media superior, superior y de postgrado, así como su contribución significativa en el de-sarrollo de la investigación científica y tecnológica, y en la generación y difusión de conocimientos de toda clase.

También se coincide con reconocer la conveniencia de apoyar el proceso de transformación estructural que ha iniciado el IPN, que incluye reformas en los ámbitos académicos, técnicos, administrativos y jurídicos, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, participando de la idea de que la consolidación de ese proceso de transformación requiere de la elaboración y aprobación de un proyecto de nueva Ley Orgánica para la institución a fin de tener mayor autonomía académica, jurídica y administrativa, para estar en mejores condiciones de plantear las estrategias adecuadas y atención a las necesidades presentes y futuras del instituto y del desarrollo tecnológico del país.

En sus setenta años de vida, el IPN ha tenido 4 leyes orgánicas: de 1950, 1956, 1974 y 1981. La última se encuentra vigente con 25 años de haber sido expedida, tiempo en el que se han producido cambios profundos a nivel nacional e internacional.

A partir del año 2000, el Consejo General Consultivo del IPN integró una comisión especial encargada de organizar y sistematizar los trabajos relativos al nuevo marco jurídico, que después de una amplia consulta elaboró un proyecto de ley que fue sometido a discusión y aprobación del Consejo General Consultivo y entregaron el proyecto de ley al Presidente de la República, para que ``en su caso fuera presentada como iniciativa ante el Congreso de la Unión''.

Concluye el autor de la proposición al someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el punto de acuerdo mediante el que: ``se exhorta al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que le fue presentada por las autoridades del instituto y así iniciar el proceso legislativo correspondiente''.

No obstante la coincidencia en términos generales con el proyecto de ley en cuestión, la comisión dictaminadora no estima procedente la proposición por las siguientes razones:

a) El exhorto al titular del Ejecutivo federal, tiene por objeto que éste ejercite su facultad de iniciativa de ley en los términos de la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta comisión no estima procedente excitarle para el ejercicio de una facultad discrecional, como sí lo sería para exhortarle al ejercicio de una atribución correspondiente a su cargo, como son las previstas en las diversas fracciones del artículo 89 de la propia Constitución, descritas en la propia norma como una conjunción de ``facultades y obligaciones del Presidente''.

b) Tampoco se estima que sea la vía procedente para un legislador federal el presentar una proposición con punto de acuerdo, conforme a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es exhortar al Ejecutivo a que ejercite su facultad constitucional de presentar una iniciativa de ley, cuando el propio legislador tiene la misma facultad constitucional de iniciativa.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo federal a presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Lo anterior, dado que se considera no ser la vía procedente para un legislador federal el presentar una Proposición, conforme a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es exhortar al Ejecutivo a que ejercite su facultad constitucional de presentar una iniciativa de ley, cuando el propio legislador tiene la misma facultad constitucional de iniciativa.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que crea una subcomisión a fin de estudiar y proponer una ley orgánica para el Colegio de Postgraduados

Honorable asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que:

Propone la formación de una Subcomisión a fin de estudiar y proponer una ley orgánica para el Colegio de Posgraduados.

Suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, PT y PRI, presentada en la sesión del lunes 15 de diciembre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de 9 de enero de 2004.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que el país y, en particular, el campo mexicano enfrentan en la actualidad una crisis económica, social, ecológica y cultural cada vez más aguda, derivada principalmente de acciones desarticuladas y de la baja prioridad que la sociedad y el Estado le han otorgado. Esta situación ha tenido graves consecuencias, como son: elevada marginación; creciente dependencia alimentaria, científica y tecnológica; baja competitividad y rentabilidad de las unidades de producción; migración del campo a las ciudades y emigración a otros países; deterioro de la calidad de vida, desnutrición e incremento de los niveles de pobreza en la población rural, con la consecuente inestabilidad política y social y el abandono de tierras de cultivo. Lo anterior se ha reflejado en una baja producción agropecuaria y una reducida aportación del sector al producto interno bruto nacional. Asimismo, el proponente argumenta que:

El Colegio de Posgraduados fue creado como una institución de enseñanza e investigación con base en la Ley de Educación Agrícola Superior expedida por el honorable Congreso de la Unión en 1946 e inició sus actividades en febrero de 1959. Además, el proponente argumenta que:

Su misión original fue la de formar profesores de carrera para la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Posteriormente se le asignó una misión similar para el Sistema de Educación Agrícola Superior, y más tarde la de formar investigadores para el Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas; antecesores del actual INIFAP). Finalmente, se le agregó la responsabilidad de capacitar a productores y técnicos, con el fin de mejorar sus actividades de servicio en el medio rural.

Todas estas responsabilidades han sido cumplidas cabalmente por la institución. Así, a lo largo de su existencia, el Colegio de Posgraduados ha formado la mayor parte de los profesores con nivel de posgrado de los programas de ciencias agrícolas y otras especialidades de las instituciones de enseñanza superior del país, además de un alto número de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y de profesionistas que laboran en los sectores público y privado; además de capacitar técnicos y productores de diversas regiones del país.

Asimismo, la institución es reconocida en el ámbito internacional por su labor formadora de recursos humanos para diversos países de Latinoamérica.

Que con el anhelo permanente de actualizar su estructura para el mejor cumplimiento de su misión y objetivos, el Colegio de Posgraduados ha pasado por varias transformaciones en su marco jurídico; así, de ser un organismo desconcentrado del Estado, en enero de 1979 el Ejecutivo federal autorizó su evolución a organismo público descentralizado.

En reconocimiento a sus logros, en el año 2001 la institución fue distinguida como centro público de investigación mediante la formalización de un convenio de desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (actual Ley de Ciencia y Tecnología).

El propósito final siempre fue, como lo es ahora, transformar a la institución en un organismo autónomo por decreto del Congreso de la Unión, que le permitiría contar con mayor seguridad jurídica para consolidarla como un pilar del desarrollo científico y tecnológico en el medio rural.

Que la visión de país que inspira el trabajo del Colegio de Posgraduados es la de un México unido y con una sociedad confiada en su futuro; con sólidos valores éticos y morales; que sea democrática, liberal, progresista, económicamente justa, equitativa, próspera y con pleno control de su economía, la cual deberá ser robusta, resiliente, dinámica y competitiva; con un sector rural sin pobreza, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que le demande el país.

Que dentro de este contexto, el Colegio de Posgraduados deseado es un lugar para estudiar, investigar, trabajar y convivir, digno de las generaciones actuales y futuras; un lugar donde se formen mujeres y hombres que sepan luchar contra las adversidades y logren metas superiores en bien de la sociedad mexicana.

La proposición fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para efecto de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

La comisión dictaminadora coincide sustancialmente con las consideraciones expresadas por los legisladores autores de la propuesta, en cuanto al valor histórico e importancia del Colegio de Postgraduados como una institución de enseñanza e investigación creada y funcionando en los términos de la Ley de Educación Agrícola Superior de 1946 y que inició sus actividades en febrero de 1959.

El punto de acuerdo propuesto en este caso es que en el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados se forme una Subcomisión o Grupo de Trabajo a efecto de que legislativamente sea otorgada al Colegio de Postgraduados la calidad de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y de administración de su patrimonio.

En cuanto al primer punto, la comisión dictaminadora establece que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ya cuenta con una Subcomisión de Educación Superior y Posgrado, a la cual le corresponde analizar el presente caso. Por lo tanto, no es necesaria la creación de una nueva subcomisión.

Respecto al segundo punto, esta comisión dictaminadora considera que antes de proponer la elaboración del proyecto de una nueva ley orgánica para el Colegio de Posgraduados es necesario que exista un consenso en el seno de la comunidad universitaria de la institución, lo cual no queda garantizado por los argumentos de los legisladores proponentes. Asimismo, la comisión dictaminadora considera que es necesario un estudio de conveniencia y factibilidad, a fin de asegurar que una nueva ley orgánica para dicho colegio garantizará el mejor desempeño de la institución, y promoverá el logro de los objetivos que los legisladores proponentes señalan en su argumentación.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo que crea una subcomisión a fin de estudiar y proponer una ley orgánica para el Colegio de Posgraduados, dado que ya existe la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado en el seno de esta comisión. Asimismo, se considera que la propuesta carece de argumentos convincentes que garanticen que existe consenso dentro del Colegio de Posgraduados con respecto al nuevo proyecto de ley, así como la conveniencia y factibilidad de dicho proyecto. Sin embargo, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a través de su presidencia, y en concordancia con las atribuciones que le confiere el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a solicitar un análisis de conveniencia y factibilidad a la Secretaría de Educación Pública, para que ésta fije una postura con respecto al proyecto de una nueva ley orgánica para el Colegio de Posgraduados.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un fondo para otorgar becas a alumnos de escasos recursos en escuelas particulares de educación superior

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que:

Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un fondo para otorgar becas a alumnos de escasos recursos en escuelas particulares de educación superior.

A cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 14 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 11 de noviembre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se determina como objetivo estratégico ``ampliar la cobertura de la educación superior con equidad''. Además una de sus líneas de acción en este objetivo estratégico es el poder brindar apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior pública.

Por ello, el autor solicitó que los apoyos que otorga el gobierno federal por concepto de beca a estudiantes de escasos recursos, se extienda a los planteles de educación superior particulares, con los mismos criterios que se utilizan para el Programa Nacional de Becas de Educación Superior para que así sean viables. El autor argumentó que el propósito es fomentar el acceso y la permanencia de estudiantes en programas de reconocida calidad, no sólo de origen público sino también en escuelas particulares, ya que la demanda de la educación superior está en aumento y las escuelas de educación superior públicas no alcanzan a cubrir el total de la demanda es necesario crear un fondo de apoyo de becas en escuelas de educación superior particulares.

Anualmente la SEP realiza una distribución de los recursos disponibles para el ciclo escolar utilizando criterios de equidad que propicien el acceso y la permanencia en la educación superior de un mayor número de estudiantes de escasos recursos. El autor propone que en esta distribución se tome en cuenta a las instituciones de educación superior particulares, es decir, que se brinde apoyo a estudiantes de escasos recursos que soliciten becas en estas instituciones.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación con el legislador que presenta esta propuesta, en cuanto a fomentar el acceso y la permanencia de estudiantes en programas de reconocida calidad.

Sin embargo, esta Comisión considera que la proposición con punto de acuerdo no es válida porque actualmente en el acuerdo número 279, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (RVOE), se estipula que las instituciones de educación superior particulares deberán cubrir un mínimo de becas, equivalentes a cinco por ciento del total de alumnos inscrito.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud que actualmente en el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior (RVOE), ya se estipula que las instituciones de educación superior particulares deberán cubrir un mínimo de becas, equivalentes a cinco por ciento del total de alumnos inscritos.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formular un solo plan, programa, contenidos y materiales de estudio para la educación preescolar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que

Se exhorta al Ejecutivo federal para que los contenidos de la educación preescolar que se imparten en todo el país a través de diversas modalidades se unifiquen para las modalidades Cendi y jardín de niños en un plan y programa de estudios común.

A cargo del diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 25 de abril de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 30 de marzo de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que ``la educación es instrumento para llevar la justicia social a todos los sectores de la población, y estrategia para impulsar el desarrollo en todos los órdenes''.

Además, menciona que el objetivo central de la educación básica en todos sus niveles, es el de ``promover el desarrollo integral a través de inculcar valores, disposiciones y saberes que se entienden... como los conocimientos compartidos mínimos básicos que todos debemos tener''.

Asimismo, menciona que la a partir del 12 de noviembre de 2003, la educación preescolar es obligatoria; además, ``es una educación dirigida a niños de 3 a 6 años, que tiene como propósito fundamental iniciar su socialización y desarrollar sus facultades con el fin de prepararlos para asegurar un desempeño adecuado en el resto de su formación académica y potenciar su desarrollo integral y armónico como personas en la sociedad''.

Por otra parte, menciona que la educación preescolar es impartida por ``el Estado a través de diferentes programas, en las modalidades Cendi y jardines de niños, que funcionan con propósitos propios y sin planes de estudio que consideren rasgos definidos del perfil de egreso de los educandos, generando diferencias significativas en metas, objetivos y resultados en los niños al integrarse a la educación primaria''.

De igual forma, menciona que, ``de acuerdo al espíritu que orientó la disposición constitucional que la hace obligatoria [la educación preescolar], debe ser desarrollada con congruencia en sus objetivos, orientada por un perfil de egreso definido en un plan y programa de estudio común que plantee las intenciones educativas y aprendizajes a ser concretados en el nivel, y permitan comunicarlos a la sociedad, a los padres de familia, a los educadores y las autoridades educativas las competencias, conocimientos, actitudes, valores y habilidades que se busca promover, para hacerlas observables y evaluables, promover una efectiva igualdad de oportunidades, consolidar la calidad de todo el tipo educativo, potenciar el desempeño profesional de los educadores y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles''.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente proposición, ya que el legislador plantea la realización de un exhorto al Ejecutivo federal a realizar una acción que ya está contemplada en el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Dicho programa, en su tercera parte, referente a la educación básica, en el apartado de objetivos estratégicos, líneas de acción, metas y programas, objetivo 1.3.2, cuenta con la siguiente política: ``Articular los tres niveles de la educación básica, para garantizar la continuidad curricular desde la educación preescolar hasta la enseñanza secundaria, estableciendo una congruencia pedagógica y organizativa a lo largo de este tramo educativo...'' Asimismo, dicha política cuenta con diversos objetivos, líneas de acción y programas destinados a la revisión curricular, lineamientos, reforma integral y su integración en todos los niveles de la educación básica.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que proceda a la formulación de un solo plan, programa, contenidos y materiales de estudio únicos para la educación preescolar, dado que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 ya contempla las acciones necesarias para la unificación estructural, curricular y laboral de los tres niveles básicos de educación, incluidas las modalidades de educación preescolar.

Segundo.Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que no es de aprobarse la solicitud para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones

Honorable Asamblea

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para:

``Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se inserten en el contenido de los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones.''

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del martes 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 6 de octubre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Los autores de la proposición con punto de acuerdo expresan que en los últimos años el porcentaje de votantes en elecciones, tanto federales como locales, se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, señalan que en las elecciones federales intermedias del año 2006 y en las elecciones locales para elegir gobernadores, diputados y alcaldes en las diversas entidades federativas la participación ciudadana ha sido reducida. En este mismo sentido, los legisladores proponentes argumentan que:

Es un hecho que el abstencionismo nos daña a todos, principalmente como ciudadanos, después como partidos políticos y por último como actores mismos, ya que un gobierno sin el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos es un gobierno deslegitimado, hay quienes afirman que tradicionalmente, esta apatía por acudir a ejercer su voto se ha considerado una disfunción del sistema democrático.

El abstencionismo que se presenta en el país no es aquel que se vislumbra a través de los votos nulos, por contar con más de una marca o cuando el elector deposita una boleta en blanco, pues aunque no apoya a ningún candidato o plataforma, cumple así con los derechos y obligaciones cívicas que contamos todos los ciudadanos mexicanos. El abstencionismo preocupante es aquel por el cual el ciudadano se niega simplemente a acudir a ejercer su derecho al sufragio, que es también su obligación, independientemente de su justificación.

Es importante resaltar que la abstención se convirtió en una opción electoral que ha venido superando ampliamente los porcentajes de votos que a nivel nacional obtuvieron los partidos políticos en las elecciones locales y federales de los años pasados, incluso un ejemplo tangible de ello, se dio en las pasadas elecciones en el estado de México, dónde el porcentaje del padrón electoral que eligió al gobernador en funciones, fueron alrededor de 20 por ciento.

Debemos empezar a adecuar nuestros ordenamientos legales y sobre todo las acciones y programas de gobierno para erradicar los males que nos perjudican como nación.

En nuestra legislación actual, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción III, establece que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones de elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Por tanto, una de las acciones primordiales que deberá seguir el gobierno federal para empezar a erradicar el abstencionismo en las elecciones, es a partir de la educación cívica que se debe proporcionar a las niñas y a los niños desde la escuela, generando la convicción voluntaria, solidaria e individual de participar en las elecciones.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Si bien es cierto que esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de los legisladores proponentes por el abstencionismo electoral, y por el desarrollo de los valores democráticos en los programas académicos de nuestro sistema educativo, también estima que el abstencionismo es un problema complejo que no tiene sus orígenes solo en la falta de información académica, sino en dinámicas sociales y políticas mas profundas.

Además, la comisión estima que la proposición es improcedente dado que en los contenidos de los libros de texto gratuitos de Formación Cívica y Ética, en educación básica, ya se cuenta con información respecto a los valores democráticos, y a la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Es de desecharse la solicitud para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se inserten en el contenido de los libros de texto gratuitos de educación básica los lineamientos de educación cívica dirigidos a incrementar la participación social en las elecciones, dado que los libros de texto de Formación Cívica y Ética de educación secundaria ya cuentan con los contenidos y la información referente a la importancia de los valores democráticos y de participación electoral. Por tanto, se considera que no es necesario realizar modificaciones a dichos textos.

Segundo. Archívese los expedientes relativos como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez , Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , María Gabriela González Martínez , Sergio Hernández Hernández , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Energía, a la proposición con punto de acuerdo para que se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informe sobre el estado de seguridad en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que secite al titular de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informe sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2006, el diputado Víctor Manuel Torres Herrera presentó una proposición para que la Cámara de Diputados cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad a fin de que informe sobre el estado de seguridad que guarda la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Energía''.

3. A fin de tener elementos para formular el presente dictamen se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía, para analizar la proposición del diputado Torres Herrera.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En las consideraciones de la proposición del diputado Torres, destacan las siguientes:

``Los funcionarios de las plantas nucleares [...] avalan la 'seguridad' de la energía nuclear sin revelar los peligros que encierran las plantas para quienes trabajan en ellas y los riesgos para el medio ambiente y la población. Inclusive hasta los promotores de la energía nuclear admiten que no hay capacidad para almacenar los desechos radiactivos y el combustible nuclear usado...''

La planta nuclear de Laguna Verde fue auditada a fines del año pasado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, no obstante no ha hecho público el resultado de dicha auditoría.

Asegura el diputado Torres que ``es por todos conocido'' que la planta de Laguna Verde se encuentra en una situación crítica, por lo que se debe exigir a las autoridades responsables que expertos internacionales revisen ``los ductos y la planta en general'' y se den a conocer ``las alternativas para conseguir los más altos niveles de seguridad'' en la planta.

Asegura el diputado proponente que el tema de la seguridad de la planta de Laguna Verde es ``controvertido'' al recordar que hay quienes han advertido de fisuras o fallas en la estructura, el excesivo número de estados de alarma, la ausencia de planes de contingencia, la falta de infraestructura hospitalaria, etcétera.

A lo anterior se agrega la construcción de una segunda planta nuclear en México y el riesgo que entraña si es que, como dice el diputado Torres, Laguna Verde no ha demostrado contar con los elementos que respalden el bienestar de los habitantes.

Por lo anterior, el diputado Torres concluye que es necesario conocer el reciente informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares sobre la auditoría aplicada a Laguna Verde a fines del año pasado.

Planteado el contenido y la intención de la proposición que se analiza en este dictamen, se precisan un conjunto de observaciones, las cuales se presentan bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Se comprende la preocupación del diputado proponente, dado que el tema de seguridad de la operación de planta nucleoeléctrica de Laguna Verde es de interés de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, desde hace varias legislaturas.

2. Al respecto, hay que mencionar que la Comisión de Energía participó activamente durante las legislaturas LVII y LVIII en una auditoría independiente de lo cual emitió un informe en el año 2000.

3. Por otro lado, con fundamento en las facultades de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos previstas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, aprobaron unánimemente el 25 de septiembre de 2006 el siguiente acuerdo legislativo:

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones.En el artículo décimo segundo de dicho acuerdo, se indica lo siguiente:Artículo Décimo Segundo.

En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo, aquélla que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una Comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo Federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado por el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.

4. Del anterior numeral se desprende que en el acuerdo antes citado, prevaleció el respeto a los contenidos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; dado que en ellos se establece cuáles son los mecanismos para la solicitud de información.

5. El acuerdo parlamentario mencionado no contraviene los mecanismos dispuestos en el marco normativo de esta soberanía, lo cual queda claramente expresado en el artículo décimo segundo del mismo, que hace referencia a los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para la solicitud de información.

6. El objeto de la proposición que aquí se dictamina es citar al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que rinda un informe, cuyo procedimiento establece expresamente el marco jurídico del Congreso General y refrenda el artículo décimo segundo del ``Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación''.

7. Asimismo, dada la importancia del tema, la Comisión de Energía se compromete a incorporar en su programa de actividades previstas para el primer año legislativo las reuniones y visitas necesarias para garantizar a la ciudadanía que la Cámara de Diputados estará atenta a este tema para su seguridad.

Por lo antes expuesto la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados.

4. Resuelve:

Primero. No procede la solicitud contenida en la proposición que se dictamina.

Segundo. Archívese la proposición con punto de acuerdo aquí dictaminada, como asunto total y definitivamente concluido.

Tercero. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2006.

La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González , Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez , Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales , Antonio Soto Sánchez , Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González Zarur , Narcizo Alberto Amador Leal , Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1) A fin de exhortar a la Semarnat y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados a que se realicen los trámites correspondientes para la detención de los dos desembarcos, en el puerto de Veracruz, de sorgo, maíz y trigo genéticamente modificados, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión del 23 de septiembre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 24 de septiembre de 2003.

2) Para que a través de la Comisión de Salud de esta Cámara se solicite la comparecencia del doctor Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional de Arbitraje Médico, en relación con la queja presentada ante esa Comisión por el maestro Feliciano Bejar Ruiz, presentada por el diputado Jesús González Schmal, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 16 de junio de 2004.

3) Para exhortar al Presidente de la República a emitir en la reunión de la ONU por celebrarse el 21 y 22 de octubre del año en curso, un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y trasplante nuclear con fines de investigaciones y terapéuticos, y a votar contra la clonación con propósitos reproductivos y eugenésicos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 21 de octubre de 2004.

4) Por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de seguir desprestigiando y calumniando al Programa Seguro Popular de Salud y a iniciar una campaña de información para dar a conocer a los habitantes de la ciudad los beneficios de este programa, del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 24 de agosto de 2005.

5) Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del Hospital Juárez del Centro, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 19 de abril de 2005.

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil Enfamil, producida por el laboratorio Bristol Mayers Squibb, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 20 de septiembre de 2005.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno a la Comisión de Salud, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia y, en otros casos, por haber recibido información o una respuesta positiva por parte de las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

Consecuentemente, la Comisión de Salud considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Eugenia García Reyes Beatriz (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión, siendo competente y habiendo analizado la proposición con punto de acuerdo objeto del presente someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

I. En la sesión del 12 de diciembre de 2006, el diputado Carlos Eduardo Felton González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen.

III. En reunión de trabajo de fecha 31 de enero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Establecidos los antecedentes, los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que es la fracción IV del artículo 74 de Constitución Política de los Estados Unidos, que establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo Presupuesto que cuando se trata del inicio del encargo del Ejecutivo federal deberá llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre, tal y como a continuación se transcribe:Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

...

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

...

...

...

...

V. a VIII. ...

2. Que la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y el Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

3. Que es en esta Ley donde se encuentran, entre otros, la regulación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización y reasignación.

4. Que el artículo 25 de la ley establece la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley.

5. Que en la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 25. ...

I. a VI. ...

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.

6. Que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de una propuesta que formula la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. Que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de quien se entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, esto con base en los criterios de distribución de los recursos que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, con base en los criterios sobre el número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indiciados y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

8. Que sobre la información del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación, que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, se publicará a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

9. Que los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la distribución de los recursos para cada Estado y el Distrito Federal.

10. Que es el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal el que establece el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, de las entidades federativas y el Distrito Federal, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

...

...

...

...

11. Que en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (FOSEG), que quedó formalizado con fecha 4 de septiembre de 1998, entre el gobierno federal, los estados de la república y el Distrito Federal, mismo que año con año se firma.

12. Que el Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos también se rige por el artículo 44 de la Ley Fiscal de Coordinación, por lo que los recursos a este fideicomiso son distribuidos por la Secretaría de Hacienda con base en los criterios de distribución establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Dicha distribución de los recursos para las entidades federativas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación a través de calendarios. Anualmente se firman convenios de coordinación que se rigen por anexos técnicos que se firman funcionarios federales y estatales.

13. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

14. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, cuando sus disposiciones comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencias de la federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

15. Que asimismo, la ley mencionada establece las políticas, los lineamientos y acciones de coordinación que se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

16. Que en los convenios de coordinación se establece que aparte de los recursos entregados a los gobiernos de los estados, éstos pueden aportar al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos recursos con cargo a su propio presupuesto, conforme al calendario y términos que son especificados en cada anexo técnico, pudiendo incrementarse estas aportaciones por los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer los ejes y estrategias y acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

17. Que, por otro lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 fue presentado por el Ejecutivo federal el 5 de diciembre de 2006, mismo que fue aprobado el día 23 de diciembre de 2006 con 449 votos en pro, 20 en contra y 5 abstenciones, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2006.

18. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 se establece, dentro del anexo 12, denominado Ramo 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', el monto de......... 5,000,000,000 (cinco mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Resultando

1. Que esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar el numeral primero del punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, para que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, con el propósito de aumentar los recursos que se destinan al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ya que no tiene aplicación por haber cambiado las condiciones que motivaron su presentación quedando ahora sin materia para ser objeto de atención.

2. Que por lo que hace al numeral segundo de la proposición con punto de acuerdo relativo, que exhorta al gobierno de Sinaloa a realizar esfuerzos para aumentar su aportación dirigida al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, con recursos a cargo de su propio presupuesto para el 2007, con el propósito de aumentar los recursos que se destinan al Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), esta comisión dictaminadora considera que no es viable, en virtud de que durante el mes de enero del presente año se han firmado la totalidad de los convenios entre el gobierno federal y las entidades federativas para la entrega de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, aunado al hecho de que el presupuesto para el 2007 del gobierno del estado de Sinaloa fue elaborado y aprobado durante el año 2006. resultando extemporáneo cualquier exhorto relativo a su construcción.

3. Que consecuentemente, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, por lo que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de las Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a aumentar los recursos destinados al Fondo de Seguridad Pública, presentado el 12 de diciembre de 2006 por el diputado Carlos Eduardo Felton González , en virtud de que ha quedado sin materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de enero de 2007.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , PatriciaVillanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete , Juan de Dios Castro Muñoz , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez , Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido .»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mes Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD:

Que el diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , cause alta como secretario en la Comisión Especial de Citricultura.

Que los diputados Cuitláhuac Condado Escamilla , Odilón Romero Gutiérrez e Irineo Mendoza Mendoza , causen alta como integrantes en la Comisión Especial de Citricultura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF., 7 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica) Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mes Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía , Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM:

Que la diputada Gloria Lavara Mejía , cause baja como secretaria en la Comisión de Gobernación.

Que la diputada Gloria Lavara Mejía , cause baja como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que la diputada Erika Larregui Nagel , cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Que la diputada Erika Larregui Nagel , cause baja como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Que la diputada Erika Larregui Nagel , cause alta como secretaria en la Comisión de Gobernación.

Que la diputada Erika Larregui Nagel , cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que la diputada Patricia Chozas y Chozas, cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF., 7 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica) Presidente.»

En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobada.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio solicitado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

Que el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , cause baja como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF., 7 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica) Presidente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mes Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por el diputado Javier González Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:

Que el diputado Efraín Morales Sánchez , cause baja como integrante en la Comisión del.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF., 7 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica) Presidente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado.

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública de la LX Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea el acuerdo para la integración de 39 comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura y la designación de sus mesas directivas, que fue aprobado en la sesión del 29 de septiembre del presente.

Segunda. Que, para la integración de las Comisiones a que se refiere el acuerdo citado, la Junta de Coordinación Política consideró la pluralidad partidista representada en la Cámara y formuló las propuestas procurando incorporar en cada comisión, diputados de todos los grupos parlamentarios.

Tercera. Que, derivado de lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública quedó integrada por 12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado del PVEM y 1 diputado de Convergencia.

Cuarta. Que este órgano de gobierno, en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos, considera pertinente impulsar la participación en lo conducente de los grupos parlamentarios minoritarios al interior de las comisiones.

Por lo que, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34 numeral 1 inciso c), 39 y 43, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública de la LX Legislatura

Primero. La integración de la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública de la LX Legislatura será la siguiente:

12 diputados del PAN, 8 diputados del PRD, 7 diputados del PRI, 1 diputado del PVEM, 1 diputado de Convergencia y 1 diputado Nueva Alianza.

Segundo. Se integra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Póngalo a votación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Comisión Especial de Reforma del Estado de la LX Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Que, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de la asamblea el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Reforma del Estado, que fue aprobado en la sesión del 21 de diciembre de 2006.

II. Que la Comisión Especial quedó integrada por quince miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: seis diputados del Partido Acción Nacional, cuatro diputados del Partido de la Revolución Democrática, tres diputados del Partido Revolucionario Institucional y dos diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios restantes.

III. Que, este órgano de gobierno en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos, considera pertinente impulsar la participación de los grupos parlamentarios minoritarios al interior de las comisiones.

Por lo que, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se integra la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura, en la siguiente proporción:

6 diputados del PAN, 4 diputados del PRD, 3 diputados del PRI, 1 diputado del PVEM, 1 diputado de Convergencia, 1 diputado del PT, 1 diputado de Nueva Alianza y 1 diputado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

Segundo: Los diputados integrantes son los siguientes:

Silvano Garay Uloa PT

Miguel Ángel Jiménez Godínez Nueva Alianza

Aída Marina Arvizu Rivas Alternativa Socialdemócrata

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sírvase someterlo a votación.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha aprobó el acuerdo legislativo número 1937/07, del que le adjunto copia, en el que se eleva formal iniciativa de ley que propone reformar el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar en los términos que se describen en el acuerdo legislativo de referencia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Alfredo Argüelles Basave (rúbrica), secretario general del Congreso del estado de Jalisco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que es a cargo de los suscritos, le fue turnada por acuerdo de la asamblea para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante la cual propone que el honorable Congreso del estado de Jalisco envíe al honorable Congreso de la Unión una iniciativa que adiciona el capítulo III del Título Séptimo del Código Penal Federal, denominado ``Comercialización de Alimentos Contaminados'', misma que fue presentada por la diputada Rocío Corona Nakamura, proyecto que se dictamina en esta oportunidad de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

I. Que mediante oficio sin número, de fecha 9 de junio de 2004, signado por el diputado Pedro Ruiz Higuera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. se envió al diputado Javier Alejandro Macías Preciado, para los efectos del artículo 107, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa de decreto que adiciona el capítulo III del Título Séptimo del Código Penal Federal, denominado ``Comercialización de Alimentos Contaminados'', misma que fue presentada por la diputada Rocío Corona Nakamura.

II. Que la diputada Rocío Corona Nakamura, en el uso de las facultades que le confieren los artículos 28, fracción I de la Constitución Política y 22. fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ambos ordenamientos del estado de Jalisco y la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el pasado 19 de enero de 2004, una iniciativa de decreto mediante la cual propone que el honorable Congreso del estado de Jalisco envíe al honorable Congreso de la Unión una iniciativa que adiciona el capítulo III del Titulo Séptimo del Código Penal Federal, denominado ``Comercialización de Alimentos Contaminados''.

III. Que la diputada Rocío Corona Nakamura expone los siguientes argumentos para sustentar la necesidad de llevar a cabo la reforma que propone:

a) El clembuterol es un veneno. La carne es un alimento determinante en la dieta de la población y ahora resulta que no existe seguridad de que ese producto sea sano.

b) El problema es que con la ingesta de carne contaminada las personas consumen sustancias anabólicas como el clembuterol. Con ese producto se obtiene artificialmente una carne más roja y con menos grasa. Y se afirma que al suministrar ese producto al animal, aumenta en 20 por ciento la proteína en el músculo y disminuye un 16 por ciento la grasa; eso hace que la carne se vea más atractiva y tenga mayor aceptación en el mercado.

c) El clembuterol es un veneno que pone en riesgo la salud de la gente, contiene una composición molecular muy agresiva y no se degrada en la carne de ganado si no que se ingiere completo por los humanos.

d) El ganadero que usa esas sustancias, en primer orden, atenta contra la salud de las personas, segundo, realiza una práctica desleal contra la actividad pecuaria y. tercero, es poniendo en riesgo las exportaciones mexicanas de productos cárnicos.

e) Por el peligro que representa para la salud es necesario se penalice a la persona que suministre al ganado sustancias peligrosas para salud de los consumidores cuando dichos semovientes sean, precisamente, destinados para el consumo humano.

f) Se han presentado al Congreso local y federal una diversidad de acuerdos que tienen el propósito de frenar a los malos ganaderos e introductores. Por lo que considero es necesario seguir insistiendo en que se tomen las medidas que sean necesarias para alcanzar la inocuidad alimentaria.

Los engordadores que introduzcan carne contaminada para su comercialización deberán ser sancionados con penda de prisión de hasta ocho años y multa hasta dos mil veces el salario mínimo.

La severidad de la medida es correspondiente al daño que se comete. En la perspectiva del legislador se considera persecución a los envenenadores por parte de la Procuraduría General de la República será una medida con efectos preventivos lo suficientemente contundentes para inhibir conductas criminales que fueran poniendo en peligro la salud de la población''.

IV. Que de conformidad con el artículo 107, párrafos 3, 4 y 5, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el diputado Javier Alejandro Macías Preciado pone a consideración de los integrantes de esta comisión, el siguiente proyecto de dictamen, para su discusión y votación.

V. Una vez estudiados los puntos que integran la iniciativa en comento, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos propone las siguientes:

Consideraciones

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos tiene por objeto conocer de los asuntos relativos a reformas planteadas a leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar.

II. Que los análisis, consideraciones y argumentos que, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta el diputado Javier Alejandro Macías Preciado, a estas comisiones legislativas, para que en su caso y previa discusión y votación los hagan suyos, son los siguientes:

a) Uno de los problemas más graves que enfrentamos en el ámbito de la salud pública en Jalisco, es sin lugar a dudas, es el de la carne contaminada con clembuterol, sustancia dañina con la que desgraciadamente, algunas personas sin escrúpulos siguen alimentando al ganado, propiciando por tanto, problemas en la salud de quien consume dicha carne.

Según información proporcionada por Secretaría de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del estado, ``el clembuterol es un betadrenergico o betagonista que se clasifica como una droga animal no aprobada con fines de promotor, la función que ejerce en el animal, es el incremento de volumen de la masa muscular y reducción del contenido de grasa en el animal; este producto, se aloja principalmente en hígado, ojo, pelo, orina y masa muscular en menor grado, pudiendo dejar residuos en los productos de origen animal destinados al consumo humano, provocando en un periodo de entre 15 minutos a 6 horas, síntomas como, taquicardia, malestar generalizado, temblores, dolor de cabeza, sudoración, problemas respiratorios, ansiedad; resulta altamente peligroso en enfermos de corazón, ancianos o niños pequeños, pudiendo provocar hasta la muerte.

Durante el año 1999 se presento este problema por primera vez en el estado; las medidas que se tomaron durante en ese entonces, fueron investigar el origen de el producto y la ubicación de las bodegas distribuidoras en Jalisco, localizando en el estado de Querétaro, el principal centro distribuidor y elaborador de una premezcla a base de clembuterol, con producto procedente de España.

b) Con referencia a los promotores de crecimiento que se utilizan de manera habitual por los productores de ganado tanto en bovinos, porcinos, ovinos y aves denominados betadrenergicos o betanalogos que se encuentran en el mercado nacional cabe destacar los siguientes comentarios de cada uno:

Clembuterol: únicamente autorizado como broncodilatador para el tratamiento de enfermedades asmáticas o crónicas respiratorias en humanos, en dosis de 0.5 a 0.7 ug y en enfermedades respiratorias de equinos y bovinos. El clembuterol se considera como un potente broncodilatador, anabólico o promotor, usándose en diferentes especies incluso el humano, fomenta la producción de proteína y reduce la de grasa. En ovinos y cerdos el efecto de desarrollo es menor que en el bovino. A nivel internacional, está prohibido su uso como promotor del crecimiento, la actividad como cardioestimulador del clembuterol es aproximadamente 2 mil veces superior a la del zilpaterol. El clembuterol es un producto capaz de retardar el proceso de parto en yeguas, ovejas y vacas a dosis de 300-450 ug/animal.

Zilpaterol: referente a este producto se requeriría de una cantidad 2000 veces mayor que el clembuterol para afectar al humano, para el caso del zilpaterol (comercialmente zilmax) el tiempo de retiro señalado es de 48-72 hrs. y las recomendaciones de uso es en base a peso en kg. por animal y cabe destacar que con la referencia que se. tiene documentada la intoxicación por sobredosis de este tipo de sal en la alimentación animal es difícil de encontrar y de reflejarse en sintomatología similar a la del uso de clembuterol en el humano.

Ractopamina: comúnmente usada como promotor de crecimiento en cerdos, en este caso los residuos de ractopamina en hígado desaparecen entre 12 a 48 horas de su suministro ya que es un betanálogo mas débil farmacológicamente que se biotransforma en el humano, por lo tanto la intoxicación por sobredosis del uso de este producto difícilmente refleja sintomatología en el humano por el consumo de cárnicos con residuos de esta sal''.

c) Así, a partir de estos datos podemos apreciar el impacto del clembuterol, y como no es justificable su uso, ya que existen otros componentes en el mercado, con los mismos fines y que no repercuten en la salud del ser humano.

En ese contexto encontramos la propuesta de la diputada Corona, misma que implica la incorporación de un capítulo III al Código Penal Federal, denominado Comercialización de Alimentos Contaminados, con un artículo 199 Ter, que a la letra dispone:

Artículo 199 Ter. A quien introduzca para su comercialización alimentos contaminados con substancias o materiales nocivos para la salud humana será sancionado de tres meses a cuatro años de prisión y multa de cien a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito.Cuando el responsable introduzca ganado contaminado con clembuterol u otras sustancias químicas nocivas para la salud humana la sanción será de tres a ocho años de prisión y multa de trescientos a dos mil veces el salario mínimo.

d) Al respecto, cabe señalar que la Ley General de Salud dispone en su texto vigente lo siguiente:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a cinco años de prisión y multa equivalente a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a cinco años de prisión y multa equivalente a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por medicamento, fármaco, materia prima, aditivo y material, lo preceptuado en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de esta ley; y se entenderá por adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 208 Bis de esta ley.

Cabe señalar que las conductas tipificadas en este artículo como delito, son además consideradas graves en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra indica:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:I a XIV. ...

XV. De la Ley General de Salud, los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter.

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en las fracciones anteriores, también se califica como delito grave.

Acorde con lo anterior, consideramos que con adicionar el término alimentos en el citado artículo 464 Ter, fracción I, de la Ley General de Salud, habremos establecido un marco jurídico sólido, para sancionar a quien atenta contra la vida e integridad de las personas.

Lo anterior, respondiendo a la par, a una iniciativa que presenta el ayuntamiento de Guadalajara, misma que se incorpora y resuelve en el presente dictamen.

e) Estamos ciertos que con lo anterior, no se erradica de forma mágica el problema, pero si se sientan bases más sólidas para sancionar a quien utiliza sustancias como el clembuterol. De igual forma, tenemos totalmente en claro que la reforma legal debe ir acompañada de otra serie de acciones, donde la constante, sin lugar a dudas, debe ser la colaboración y coordinación de esfuerzos entre los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 97, 107, 108, 157, 159, y 160 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, los suscritos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, sometemos a la elevada consideración de esta asamblea, el siguiente dictamen de:

Acuerdo Legislativo

Se eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, formal iniciativa de Ley que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Artículo único. Se eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, formal iniciativa de ley que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. ...

I. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, alimentos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II a III. ... ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones del Congreso del estado, Guadalajara, Jalisco enero de 2007.--- Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: Pedro Ruiz Higuera (rúbrica), presidente; Javier Alejandro Macías Preciado (rúbrica), Alfredo Argüelles Basave, Ricardo Ríos Bojórquez (rúbrica), Martha Ruth del Toro Gaytán (rúbrica), Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández (rúbrica), Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), Roberto García de la Torre (rúbrica), Manuel Castelazo Mendoza (rúbrica), vocales.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Salud.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.

Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Paseo de las Palmas 1355, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:

1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.

2. En oficio número H8/2 del 1 de febrero de 2007, la señora Sheila Sealy Monteith, embajadora de Jamaica en México, tuvo a bien designarme asesor jurídico (abogado de confianza) de dicha representación diplomática, con carácter honorario y, por tanto, sin retribución económica, como lo acredito con la copia del oficio que acompaño como anexo número 2.

3. De acuerdo con lo dispuesto en artículo 37-C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para prestar voluntariamente mis servicios a la Embajada de Jamaica en México como asesor jurídico (abogado de confianza).

Protesto mi respeto.

México, DF, a 6 de febrero de 2007.--- Licenciado Ricardo Franco Guzmán (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba la creación de una Comisión Especial Bicamaral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los 150 años de la Promulgación de la Constitución Federal de 1857, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LX Legislatura.

Acuerdo por el que se crea una Comisión Bicamaral Especial, para la celebración del 150 aniversario de la Constitución de 1857.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República.

La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 82 apartado 1, inciso a) y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Antecedentes.

I. Con fecha 19 de diciembre de 2006, el Pleno del Senado de la República acordó turnar a la Junta de Coordinación Política, la propuesta presentada por el senador Melquíades Morales Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de crear una comisión encargada de la conmemoración del sesquicentenario de la promulgación de la Constitución de 1857.

II. Dicha propuesta fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que la Junta Directiva de esa comisión y el senador proponente, integraran una coordinación ejecutiva para organizar un programa que contemple los eventos relativos a la conmemoración del sesquicentenario de la promulgación de la Constitución de 1857.

III. La comisión ejecutiva de referencia llevó a cabo una reunión de trabajo con diversos senadores y diputados con el objetivo de presentar el programa de actividades a que se ha hecho mención, en el cual se propone la creación de una Comisión Especial Bicamaral para la celebración del 150 aniversario de la Constitución de 1857.

IV. Con fecha 1 de febrero del año en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo por el que se crea la Comisión Bicamaral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los 150 años de la Constitución de 1857.

Considerando

Que en los términos del artículo 82, apartado 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política está facultada para impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Que el artículo 88 de la propia Ley Orgánica establece que se podrán crear comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común.

Que, para conmemorar el sesquicentenario de la promulgación de la de la Constitución de 1857 y celebrar ese acontecimiento histórico en la vida política y social del país, es conveniente llevar a cabo una serie de eventos, foros, ediciones, conferencias, entre otros, con la participación de instituciones y entidades públicas, así como de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno de la República, entidades federativas y demás organismos culturales.

Para ello, es necesario crear una Comisión Especial Bicamaral, integrada con senadores y diputados de la actual LX Legislatura del Congreso de la Unión, que se encargue de la organización del programa conmemorativo del sesquicentenario de la Constitución de 1857.

Por todo lo anterior, y tomando en consideración del acuerdo aprobado por la colegisladora, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se ratifica del acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, por el que se crea una Comisión Especial Bicamaral encargada de los festejos con motivo de la conmemoración de los 150 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1857.

Segundo. Los Senadores integrantes de dicha Comisión Bicamaral son los siguientes senadores:

Pedro Joaquín Coldwell

Alejandro Zapata Perogordo

Arturo Núñez Jiménez

Melquíades Morales Flores

Tercero. La comisión tendrá vigencia durante el año de 2007 y deberá presentar, de manera periódica, un informe de actividades ante el Pleno de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cuarto. Comuníquese a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos procedentes.

Sala de sesiones de la Junta de Coordinación Política, a 7 de febrero del año dos mil siete.--- Junta de Coordinación Política del Senado: Santiago Creel Miranda (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dante Alfonso Delgado Rannauro (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Felipe González González, Grupo Parlamentario del PAN; Melquíades Morales Flores, Grupo Parlamentario del PRI.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con el calendario de sesiones del segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores.

La Presidencia dispuso que se remitiera copia de dicho calendario a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asigno mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de enero de 2007.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2007.--- Ingeniero Juan José Bravo Moisés (rúbrica), administrador general.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito informar a ustedes que el Presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tuvo a bien designar el pasado 1 de diciembre a la ciudadana Sigrid Arzt Colunga secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Lo que hago de su conocimiento, para que se sirvan comunicárselo a los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo Federal.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De enterado; comuníquese.

CERRO DE NECAXALTEPETL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-270, signado el 21 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número S.G.P.A./DGIRA/DG.- 0190/07, suscrito el 26 de enero último por el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la explotación del cerro de Necaxaltépetl.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

El presente se emite en atención a su oficio número SEL/300/047/07, fechado el 4 de enero de 2007 y recibido en esta secretaría el 10 del mismo mes y año, por medio del cual informó al titular del ramo sobre el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de los estudios realizados para la explotación del cerro Necaxaltépetl, Puebla, ante lo cual me permito informarle lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 Bis, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 27, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es facultad de esta secretaría, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la evaluación de impacto ambiental de las obras o actividades de competencia federal que se encuentran en los supuestos de los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 5 de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).

Por su parte, el artículo 28 de la LGEEPA establece lo siguiente en el párrafo primero: ``La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos sobre el ambiente''. Para ello establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad de las enlistadas en sus 13 fracciones, así como en el artículo 5 del REIA, deberán obtener la autorización correspondiente que emite esta secretaría.

De acuerdo con las facultades señaladas, el 9 de junio de 2005 se recibió en la DGIRA el escrito sin número de fecha 8 del mismo mes y año mediante el cual Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, ingresó en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA) la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad regional (MIA-R), del proyecto Bancos de Préstamo: Ahuacatlán, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, Escamilla, Natale y Zempoala, Puebla (proyecto), con ubicación en los municipios de Huauchinango, Chiconcuautla y Juan Galindo, Puebla.

Las actividades de explotación de bancos de materiales como tal no es competencia de esta secretaría en materia de evaluación de impacto ambiental, ya que dicha actividad no se encuentra entre los supuestos de los artículos 28 de la LGEEPA y 5 del REIA.

Sin embargo, dicho proyecto es competencia de la federación en materia de impacto ambiental; éste es competencia de la DGIRA, dado que se encuentra en los supuestos del artículo 28 de la LGEEPA, en las fracciones VII y IX, en lo relativo a que se trata de obras y actividades que requieren la remoción de vegetación forestal, entendida ésta como la valoración de los impactos que derivan del cambio de uso de suelo en materia de impacto ambiental, así como por situarse en el área natural protegida de carácter federal área de protección de recursos naturales ``Zona protectora forestal vedada cuenca hidrográfica del río Necaxa'', cuyo decreto fue expedido por el Ejecutivo federal el 20 de octubre de 1938 (y recategorizada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2002).

Por ello, la empresa promovente ingresó la MIA-R ante esta DGIRA. Al respecto, es importante destacar lo que dispone el artículo 3, fracción XX, de la LGEEPA, el cual define que una manifestación de impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer mediante estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, de cuya simple lectura se desprende que dicho estudio esta orientado al conocimiento de los principales impactos ambientales que una obra o actividad en particular puedan generar en el ambiente.

Con base en lo anterior, la DGIRA evaluó, ajustada a toda legalidad y estrictamente en materia de impacto ambiental, las obras y actividades correspondientes al proyecto Bancos de Préstamo: Ahuacatlán, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, Escamilla, Natale y Zempoala, Puebla.

Particularidades durante el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental:

Con fundamento en los artículos 9, 11 y 14 del REIA, el 9 de junio de 2005 se recibió en la DGIRA el escrito sin número del 8 del mismo mes y año, mediante el cual la promovente remitió, para su evaluación y dictaminación en materia de impacto ambiental, la MIA-R del proyecto, el que quedó registrado con la clave 21PU2005V0006.

Atendiendo a lo señalado en el artículo 11, fracción III, del REIA, el cual dispone que se presentará una MIA-R cuando se realicen un conjunto de proyectos de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo en una región ecológica determinada, el promovente ingresó el proyecto al PEIA bajo la modalidad de una MIA-R, con la finalidad de que las actividades de extracción de los diferentes bancos fueran analizados de manera integral en el contexto del sistema ambiental regional enmarcado por la poligonal del ANP.

En cumplimiento de lo establecido en la fracción I del artículo 34 de la LGEEPA que dispone que la Semarnat publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica y en acatamiento de lo que establece el artículo 37 del REIA, el 16 de junio de 2005 la Semarnat publicó en su Gaceta Ecológica número 24, a través de la separata número DGIRA/024/05 y en la página electrónica de su portal: www.semarnat.gob.mx, la lista del ingreso de proyectos y emisión de resolutivos derivados del procedimiento de evaluación de impacto y riesgo ambiental (PEIA) durante el periodo 9- 15 de junio de 2005.

Con base en lo establecido en los artículos 34, párrafo primero, y 35, párrafo primero, de la LGEEPA y 21 de su REIA, la DGIRA determinó que la información presentada en la MIA-R correspondiente al proyecto se ajusta a las disposiciones establecidas en los ordenamientos descritos, por lo que se integró el expediente respectivo, que puso a disposición del público en el Centro Documental situado en avenida Revolución 1425, mezzanine, planta baja, colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 25 del REIA, la DGIRA notificó del ingreso de la MIA-R a las siguientes autoridades locales, a fin de que hicieran las manifestaciones que consideren oportunas, en el ámbito de sus competencias, respecto del proyecto:

a. A la presidencia municipal de Huauchinango, Puebla, mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA/ DEI-1589/05, de fecha 20 de junio de 2005, en virtud de que los mancos de préstamo (BP) Ahuacatlán, Escamilla y Natale se encuentran en la circunscripción municipal de dicha entidad.

b. A la presidencia municipal de Chiconcuautla, Puebla, mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA/ DEI-1587/05, de fecha 22 de junio de 2005, en virtud de que el banco de préstamo Zempoala se encuentra en la circunscripción municipal de dicha entidad.

c. A la presidencia municipal de Juan Galindo, Puebla, mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA/ DEI-1588/05, de fecha 22 de junio de 2005, en virtud de que el banco de préstamo Comisión Mexicana de Luz y Fuerza se encuentra en la circunscripción municipal de dicha entidad.

d. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado de Puebla, mediante el oficio número S.G.P.A./DGIRA/DEI-1593/05, de fecha 22 de junio de 2005, en virtud de que los bancos de préstamo citados se encuentran en los municipios mencionados.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 24 del REIA, la DGIRA solicitó la opinión técnica a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de esta secretaría, mediante el oficio número S.G.PADGIRA.DEI.-1586/05, de fecha 23 de junio de 2005, en virtud de que el proyecto queda incluido en el área natural protegida de carácter federal ``Área de protección de recursos naturales zona protectora forestal vedada cuenca hidrográfica del río Necaxa''.

Una vez integrado el expediente del proyecto, se procedió a efectuar el análisis de la información contenida en la MIA-R del proyecto, para lo cual se requirió hacer una visita al sitio de los diferentes bancos de préstamo propuestos, con la finalidad de corroborar las condiciones ambientales y, de manera particular, lo referente a la estructura de las comunidades vegetales presentes, previo a la realización de las actividades de extracción de materiales. Al término de dicha visita, se efectuó una reunión de trabajo en la que participaron los representantes de la Conanp, de la empresa promovente, así como de esta unidad administrativa, de la cual derivó una minuta mediante la cual se acordó que la empresa promovente debería subsanar las deficiencias encontradas en torno de la identificación, evaluación y caracterización de los impacto ambientales, de tal manera que éstos fueran congruentes con las medidas propuestas. El 8 de agosto de 2005 se recibió en el Centro Integral de Servicios de esta dependencia información complementaria del proyecto, ingresada por el promovente en alcance de la MIA-R presentada.

El 15 de agosto de 2005 se recibió en la DGIRA la opinión técnica respecto del proyecto emitida por la Conanp, en la cual estableció que el proyecto puede ser viable de llevarse a cabo, siempre que el promovente se ajuste a los programas y las medidas preventivas, de mitigación y restauración propuestas en la MIA-R, así como con la aplicación de diversas medidas en materia de protección de los recursos naturales, las que fueron incluidas en la resolución.

Por otro lado, la presidencia municipal de Juan Galindo notificó a la DGIRA que no encontró impedimento alguno para la realización del proyecto, manifestando que el proyecto debe ajustarse a la normatividad aplicable de dicho municipio.

La autoridad municipal de Juan Galindo, mediante su comunicado a la DGIRA, destacó la necesidad de que el proyecto cumpliera la normatividad aplicable al mismo en el ámbito local.

Derivado del análisis realizado por la DGIRA a la MIA-R ingresada, así como de las opiniones recibidas durante el PEIA se determinó que el sistema ambiental regional en que se encuentra inserto el proyecto evaluado presenta las siguientes condiciones ambientales:

Los sitios seleccionados para los cinco bancos de préstamo, a excepción del Zempoala, presentan gran perturbación ambiental, derivada principalmente de la creación de áreas abiertas al cultivo, las cuales se pretenden aprovechar para llevar a cabo la extracción de materiales y que, de manera inevitable, afectará pequeñas zonas donde se encuentran de forma aislada individuos arbóreos de pino, encino y aile, principalmente. Estos sitios no mantienen un continuo en la cobertura vegetal; incluso, se observó la tendencia de fragmentarse aún más por las actividades agrícolas.

El sistema ambiental regional está caracterizado por gran fragmentación de los ecosistemas derivada de las actividades de desmonte, la tala clandestina, a excepción del área propuesta para el banco de material Zempoala, la cual presenta mejor grado de conservación, cuya importancia es relevante como corredor biológico en el área natural protegida.

Considerando el estado de conservación de los ecosistemas presentes en el área de ubicación del proyecto, así como de las características particulares de las actividades sometidas al PEIA, la DGIRA determinó que los principales impactos ambientales que se podrían generar serían los siguientes:

Impactos identificados/actividad

Disminución de la cubierta vegetal/Desmonte, y despalme de los sitios propuestos durante la fase de preparación en los bancos de préstamo.

Medida de mitigación propuesta por la promovente

Desmonte mínimo, sólo en los sitios requeridos dentro de los bancos de préstamo.

Retirar cualquier animal, nidos o madrigueras que se localicen en el área con vegetación por desmontar y reubicarlos en hábitat similares de donde fueron encontrados.

Realizar el desmonte en etapas, alternando en horarios diurnos y nocturno para permitir que la fauna se desplace a sitios contiguos con vegetación.

Rescate previo de especies vegetales de importancia ecológica.

Restauración de los sitios de bancos de préstamo mediante la reforestación con especies nativas.

Evitar maniobras de la maquinaria fuera de las áreas de los bancos de préstamo y que presenten vegetación.

Impactos identificados/actividad

Incremento de los índices de erosión del suelo/Desmonte y despalme de los sitios propuestos durante la fase de preparación, así como durante la fase de extracción de material en los bancos de préstamo.

Medida de mitigación propuesta por la promovente

Mantener el piso del frente de ataque casi horizontal en drenaje hacia dentro de la zona trabajada para evitar que la precipitación genere cárcavas.

Efectuar los cortes con la menor pendiente posible.

Efectuar el arrope o protección de laderas, terraplenes y taludes.

Impactos identificados/actividad

Afectación de la calidad del agua (por arrastre y depósito de sedimentos en zonas desprovistas de vegetación)/Despalme, extracción de materiales y movimiento de materiales durante las fases de preparación y explotación en los bancos de préstamo.

Medida de mitigación propuesta por la promoverte

Extracción de materiales conformando terrazas para prevenir arrastre de materiales.

Realizar el vertido de materiales en el frente de ataque.

Construir obras de drenaje para evitar fuertes escurrimientos en el banco de materiales.

Construcción de obras de retención y captación de sedimentos (tablestacado, presas de gaviones, presas filtrantes).

Impactos identificados/actividad

Modificación de las topoformas/Cortes durante las fases de preparación y extracción.

Medida de mitigación propuesta por la promovente

Extracción de materiales en terrazas para facilitar las acciones de restitución de suelos y reforestación.

Arrope o protección de taludes.

Restauración de los sitios de bancos de préstamo mediante la reforestación con especies nativas.

De acuerdo con lo anterior, los principales impactos ambientales identificados corresponden a los que se pueden generar por la pérdida de la cobertura vegetal, de los cuales destaca el incremento de los procesos de degradación del suelo, derivado de las susceptibilidad a la erosión, para efecto de lo cual la DGIRA consideró que las medidas propuestas por la promovente en la MIA-R evaluada consideraban acciones tendentes a estabilizar los taludes o el frente de explotación de tal manera que no se suscitara la ocurrencia de arrastres de material.

En acatamiento de lo señalado en el artículo 44 del REIA, la DGIRA analizó de manera integral la posible afectación del proyecto (los cinco sitios propuestos como bancos de préstamo), tomando en consideración las condiciones de la funcionalidad de los ecosistemas de bosque de pino y de pino-encino-aile, presentes en el sistema ambiental regional en términos de la modificación de la estructura de dicha vegetación y de la composición de las comunidades faunísticas asociadas a éstas.

No obstante, también fueron considerados los posibles efectos relacionados con la alteración de las topoformas y condiciones del suelo en los sitios por rehabilitar.

Con base en ello, y considerando el análisis efectuado a la información referente a los métodos y procedimientos extractivos, la DGIRA determinó que la realización del proyecto no comprometía la integridad funcional del sistema ambiental, derivado de lo cual se emitió la autorización de manera condicionada debidamente fundamentada y motivada a través del oficio número S.G.P.A.DGIRA.DEI.-1997/05, de fecha 17 de agosto del 2005. Lo anterior, con arreglo a lo establecido en los artículos 35, fracción II, de la LGEEPA, y 45 del REIA, que a la letra dice:

``Una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, la secretaría deberá emitir, fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la que podrá:II. Autorizar total o parcialmente la realización de la obra o actividad de manera condicionada.En este caso, la secretaría podrá sujetar la realización de la obra o actividad a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación que tengan por objeto evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal, etapa de abandono, término de vida útil del proyecto, o en caso de accidente...''

De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, la resolución emitida por la DGIRA se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de la actividad evaluada.

Para efecto de lo anterior, el artículo 44 del REIA establece cuáles son los aspectos ambientales que la secretaría debe considerar al evaluar cualquier manifestación de impacto ambiental, los cuales son determinantes para definir la viabilidad ambiental de las obras y actividades, las que se citan a continuación:

I. Los posibles aspectos de las obras o actividades de las obras por desarrollar en el ecosistema de que se trata, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los forman y no únicamente los recursos sujetos de aprovechamiento o afectación;

II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas; y, por último,

III. Las medidas preventivas, de mitigación y demás que sean propuestas por el promovente para evitar o reducir los efectos negativos sobre el ambiente.

Considerando lo establecido en el artículo 47, primer párrafo, del REIA, que establece que ``la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva'', así como lo dispuesto en el artículo 48 del mismo reglamento, que dice: ``En los casos de autorizaciones condicionadas, la secretaría señalará las condiciones y los requerimientos que deban observarse tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad como en sus etapas de construcción, operación y abandono'', la DGIRA estableció que el desarrollo del proyecto estaría sujeto a la descripción contendida en la MIA-R, en la información complementaria ingresada por la promovente, así como a lo dispuesto en la resolución, en los términos y las condicionantes (ver resolución anexa), para efecto de lo cual, y aun cuando el desarrollo del proyecto no ocasionaría impactos ambientales significativos, las condicionantes establecidas se orientaron a prevenir y mitigar los impactos adversos causados a la flora y la fauna, por la eliminación de la escasa vegetación presente en cada uno de los sitios (hábitat de comunidades de la fauna local), asegurando la posterior reforestación de los mismos, mediante la rehabilitación de las condiciones del suelo, conformando las terrazas adecuadas, así como la estabilización de los cortes y taludes durante la extracción de los materiales. Entre éstas se relacionan las siguientes:

Resolutivo número S.G.P.A./DGIRA.DEI.-1997/05

(Notificado al promovente el 23/08/05)

Número 5.

De conformidad con lo establecido en el considerando XIII (apartado 7, ``Análisis técnico'') del presente oficio, el promovente deberá llevar a cabo un programa de reforestación conforme se concluyan las actividades de explotación de los bancos de préstamo referidos en el término primero, incisos a), b), c) y e), del presente resolutivo. La reforestación en las 7.69 hectáreas comprendidas por la afectación de la vegetación arbórea en los bancos de préstamo podrá ser equiparable a lo que, en su momento, determine la delegación de la Semarnat en el estado de Puebla como medida compensatoria en su resolución en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Dicho programa aplicará tanto en los sitios de los bancos de préstamo como en la superficie de 80 hectáreas, considerada en la información de la MIA-R y en la información complementaria, sección F): ``Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, acumulativos y residuales del sistema ambiental regional'', apartado ``Restitución al término del proyecto''. Lo anterior, con la finalidad de compensar el impacto ambiental derivado de la remoción de vegetación, el cual deberá comprender, además de lo especificado por el promovente:a) Ubicación y extensión de las áreas donde se ejecutará el programa de reforestación.

b) Selección de las especies, la cual deberá llevarse a cabo usando las que se encuentren representadas en los ecosistemas de la región, definición de densidades y patrones de reforestación, así como las acciones de monitoreo y seguimiento.

c) Indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de esta medida, considerando, entre otros, los porcentajes de sobrevivencia de los individuos plantados, el patrón sucesional de especies que se registre en las áreas reforestadas (estratos herbáceo y arbustivo), presencia de especies de fauna indicadoras de la calidad ambiental o del proceso sucesional.

Para el cumplimiento de lo anterior, el promovente deberá establecer un convenio de participación y corresponsabilidad con instituciones gubernamentales o de investigación, debiendo remitir a esta DGIRA el programa, para su validación, en un plazo de seis meses contados a partir de la recepción del presente oficio. Una vez aprobado el programa por esta DGIRA, el promovente presentará los resultados y observaciones obtenidos de su ejecución y seguimiento de cada una de las áreas reforestadas en los informes anuales de cumplimiento. El seguimiento y la entrega de los informes de cumplimiento de dicho programa deberán permanecer vigentes durante tres años posteriores a la fecha en que se concluyan las etapas de trasplante o siembra de los individuos vegetales. Asimismo, deberá dar aviso a esta DGIRA en un plazo máximo de 15 días posteriores al inicio de la etapa de abandono y rehabilitación.

Número 6.

Considerar durante las etapas de preparación y operación las obras de drenaje necesarias para mantener el drenaje superficial en las zonas de escurrimientos sobre la que se desarrollarán las actividades de explotación, no debiéndose depositar o verter residuos peligrosos y no peligrosos en los suelos y agua.

Número 7.

Considerar las siguientes medidas durante el desarrollo del proyecto:a) La extracción, como fue manifestado, deberá iniciarse en los sitios que actualmente se encuentran perturbados, desprovistos de vegetación o en las zonas que cuenten con frentes de ataque previos. Lo anterior tiene como finalidad extraer la mayor cantidad de material en zonas que actualmente se encuentren perturbadas y reducir el área de afectación provocada por la extracción de materiales.

b) Se deberá dejar una franja de amortiguamiento de 20 metros de terreno, como mínimo, perimetral al área de explotación del banco, en la cual se conservarán intactas la vegetación original y la capa edáfica.

c) Deberá realizarse la limpieza y remoción de la vegetación únicamente en et área del banco, excluyendo la franja de seguridad de 20 metros (zona de protección), que deberá conservarse intacta.

e) Durante la etapa de explotación deberá formarse una barrera física que impida el arrastre de material particulado hacia el cauce o lecho de cuerpos de agua cercanos, la cual deberá construirse de materiales diferentes de la arena, grava, tepojal, tezontle o tepetate; pude emplearse para tal fin cualquier tipo de rocas de gran tamaño, o inclusive un tablestacado que, al término del proyecto, se retirará.

f) En el convenio o acuerdo de colaboración que se suscriba con la Conanp que fue propuesto en el manifiesto presentado, se plasmarán las características que tendrán los programas referidos de Difusión y Educación Ambiental, el Programa de Apoyo a la Conservación y Vigilancia Ambiental del Área de Protección de Recursos Naturales ``Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa'' y el de Restauración, el cual se realizará a la par con la explotación y que contendrá como parte de éste el de Reforestación.

Número 8

De conformidad con lo establecido en el considerando número V, apartado 2 (Características del proyecto) del presente oficio, y con fundamento en lo que dicta el penúltimo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, que faculta a esta autoridad para exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en esta autorización y, toda vez que, según el artículo 51 del REIA... el promovente deberá presentar a esta DGIRA en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recepción de esta autorización, la propuesta de adquisición de un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento las obras y actividades establecidas en los términos y condicionantes enunciados en el presente oficio resolutivo.

Número 9.

Al concluir las actividades de extracción de materiales el promovente deberá realizar un programa de restauración de suelos para cada uno de los sitios afectados en los bancos de préstamo referidos en el término primero, incisos a), c) y d), del presente resolutivo. Lo anterior con la finalidad de mitigar los impactos generados sobre el suelo por tales actividades.

Dicho Programa deberá comprender lo siguiente:

i. Ubicación y extensión de las superficies afectadas que serán sujetas de restitución y rehabilitación del suelo, específicamente para aquellas donde se llevará a cabo el programa de reforestación.

ii. Limpieza del sitio, retirando todo tipo de residuos que se hubiesen generado durante el desarrollo del proyecto; en su caso, deberá restaurar las áreas que pudieran haber sido contaminadas de manera accidental por aceites, grasas o combustibles.

iii. Estabilización y protección de taludes, de tal manera que se minimicen los riesgos de deslizamiento o colapso de los taludes y facilite el drenaje natural del agua superficial, así como garantizar la máxima estabilidad estructural a largo plazo del depósito y óptimo ángulo de inclinación para que se promueva la retención de material terroso y el crecimiento de las especies vegetales a ser reforestadas.

iv. Nivelación y conformación de las terrazas y taludes, empleando el material acamellonado producto del despalme, mezclado con el producto triturado derivado del desmonte (troncos pequeños, tocones, copas, ramas, raíces y matorrales), los cuales soportarán la capa de suelo orgánico recuperado durante la fase de preparación para cada banco de préstamo.

v. Indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de esta medida considerando, entre otros, el contenido de materia orgánica, de nutrientes del suelo forestal, de microorganismos propios del suelo.

vi. Calendarización de actividades.

Otras consideraciones relevantes establecidas en la resolución de impacto ambiental fueron las siguientes:

Término noveno

``El promovente deberá presentar informes de cumplimiento de los términos y condicionantes del presente resolutivo y de las medidas propuestas en la MIA-R. El informe citado deberá ser presentado a esta DGIRA con una periodicidad anual, salvo que en otros apartados de este resolutivo se explicite lo contrario. Una copia de este informe deberá ser presentado a la delegación de la Profepa en el estado de Puebla. El primer informe deberá ser presentado seis meses después de recibido el presente resolutivo''.

Término séptimo

``De conformidad con los artículos 35, último párrafo, de la LGEEPA, y 49 de su REIA, la presente resolución se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las actividades descritas en su término primero, incisos a), b), e) y e), para el proyecto, se emite sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su competencia y dentro de su jurisdicción, quienes determinarán las diversas autorizaciones, permisos, licencias, entre otros, que se requieran para la realización de las obras y actividades-del proyecto.'' (El subrayado es de esta DGIRA.)

Por todo lo anterior se concluye que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como al momento de emitir la autorización en materia de impacto ambiental, esta secretaría dio cumplimiento a lo que dispone la normatividad aplicable, emitiendo una resolución en la materia debidamente fundada y motivada, la cual establece en sus 15 términos y 10 condicionantes las condiciones a las que se sujetará la realización del proyecto evaluado, a efecto de que por el desarrollo de las acciones previstas no se llegaran a generar desequilibrios ecológicos graves e irreparables a los ecosistemas.

Situación que guarda el cumplimiento de las condicionantes por parte del promovente:

Resolutivo S.G.P A/DGIRA.DEI.-1997/05

Entregado y recibido el 23/08/05

Condicionantes:

Número 1.

Esta DGIRA establece que el promovente deberá cumplir todas y cada una de las medidas de mitigación o compensación que propuso en la MIA-R del proyecto, las cuales se consideran viables de ser instrumentadas y congruentes con la protección al ambiente de la zona de influencia del proyecto evaluado.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

En el primer informe presentado por la promovente no se describen ni se evidencian las acciones específicas realizadas para cumplir cabalmente todas y cada una de las medidas de mitigación o compensación que propuso en la MIA-R, así como con las condicionantes establecidas en la resolución.

Condicionantes:

Número 2.

Establece que el promovente deberá integrar un plan de manejo ambiental en el que demuestre la forma en que dará cumplimiento a cada una de las medidas de mitigación y compensación propuestas en la documentación exhibida tanto en la MIA-R como en la información complementaria, así como a las establecidas en el propio resolutivo, para lo cual deberá especificar las actividades y procedimientos que se aplicarán, descritos para cada etapa del proyecto e impactos que se atenderán, incluyendo un diagrama tipo Gantt de la calendarización estimada de su ejecución. Asimismo, se especifica que deberá incorporar un programa que incluya el seguimiento de los impactos identificados y la aplicación de las medidas antes citadas durante el desarrollo de la totalidad de las obras o actividades que incluye el proyecto. Deberá entregarlo a los seis meses posteriores a la recepción del resolutivo.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Con fecha 15/02/06, mediante el oficio número 0417TT-GP- DEX-32/06, la promovente ingresó el Plan de Manejo Ambiental, en el cual cumplió parcialmente lo solicitado, dado que no se describen ni se evidencian las acciones específicas realizadas para cumplir cabalmente todas y cada una de las medidas de mitigación o compensación que propuso en la MIA-R, así como las condicionantes establecidas en la resolución.

Condicionantes:

Número 5.

De conformidad con lo establecido en el Considerando XIII (apartado 7, Análisis Técnico) del presente oficio, el promovente deberá llevar a cabo un programa de reforestación conforme se concluyan las actividades de explotación de los bancos de préstamo referidos en el término primero, incisos a), b), c) y e), del presente resolutivo. Cabe mencionar que la reforestación en las 7.69 hectáreas comprendidas por la afectación de la vegetación arbórea en los bancos de préstamo podrán ser equiparables a lo que en su momento determine la delegación de la Semarnat en el estado de Puebla como medida compensatoria en su resolución en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Dicho programa aplicará tanto en los sitios de los bancos de préstamo como en la superficie de 80 hectáreas, considerada en la información de la MIA-R y en la información complementaria, sección F): ``Estrategias para la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, Acumulativos y Residuales del Sistema Ambiental Regional'', apartado: ``Restitución al término del proyecto''. Lo anterior, con la finalidad de compensar el impacto ambiental derivado de la remoción de vegetación, el cual deberá comprender, además de lo especificado por el promovente:a) Ubicación y extensión de las áreas donde se ejecutará el programa de reforestación.

b) Selección de las especies, la cual deberá llevarse a cabo usando las que se encuentren representadas en los ecosistemas de la región, definición de densidades y patrones de reforestación, así como las acciones de monitoreo y seguimiento.

c) Indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de esta medida considerando, entre otros, los porcentajes de sobrevivencia de los individuos plantados, el patrón sucesional de especies que se registre en las áreas reforestadas (estratos herbáceo y arbustivo), presencia de especies de fauna indicadoras de la calidad ambiental o del proceso sucesional.

Para el cumplimiento de lo anterior, el promovente deberá establecer un convenio de participación y corresponsabilidad con instituciones gubernamentales o de investigación, debiendo remitir a esta DGIRA el programa, para su validación, en un plazo de seis meses contados a partir de la recepción del presente oficio. Una vez aprobado el programa por esta DGIRA, el promovente presentará los resultados y observaciones obtenidos de su ejecución y seguimiento de cada una de las áreas reforestadas en los informes anuales de cumplimiento. El seguimiento y la entrega de los informes de cumplimiento de dicho programa deberán permanecer vigentes durante tres años posteriores a la fecha en que se concluyan las etapas de trasplante o siembra de los individuos vegetales. Asimismo, deberá dar aviso a esta DGIRA en un plazo máximo de 15 días posteriores al inicio de la etapa de abandono y rehabilitación.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Al respecto, solamente se describe el programa de reforestación, sin especificar cuáles han sido las acciones emprendidas por la empresa para dar cabal cumplimiento a los diferentes rubros establecidos en los incisos a-c. No cumplida.

Condicionantes:

Número 6.

Considerar durante las etapas de preparación y operación, las obras de drenaje necesarias para mantener el drenaje superficial en las zonas de escurrimientos sobre la que se desarrollarán las actividades de explotación, no debiéndose depositar o verter residuos peligrosos y no peligrosos en los suelos y agua.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

En el primer informe no se aportan los elementos que permitan corroborar la existencia de dichas obras, solamente se indicó en este rubro que se cuenta con un programa de manejo de residuos peligrosos. No cumplida.

Condicionantes:

Número 7.

Considerar las siguientes medidas durante el desarrollo del proyecto:a) la extracción, como fue manifestado, deberá iniciarse en los sitios que actualmente se encuentran perturbados, desprovistos de vegetación o en las zonas que cuenten con frentes de ataque previos. lo anterior tiene como finalidad extraer la mayor cantidad de material en zonas que actualmente se encuentren perturbadas y reducir el área de afectación provocada por la extracción de materiales.

El material por extraer deberá ser el requerido para los tramos carreteros referidos, hasta un volumen máximo de 1'831,591 metros cúbicos, de ser obtenido en una superficie menor a la solicitada, deberá concluirse la extracción.

b) Se deberá dejar una franja de amortiguamiento de 20 metros de terreno, como mínimo, perimetral al área del explotación del banco, en la cual se conservarán intactas las vegetaciones original y la capa edáfica.

c) Deberá realizarse la limpieza y remoción de la vegetación únicamente en e! área del banco, excluyendo de la misma la franja de seguridad de 20 metros (zona de protección), que se deberá conservar intacta.

d) La madera que se obtenga deberá disponerse de acuerdo con lo que marca el artículo tercero del decreto de creación del Área Natural Protegida, que a la letra dice lo siguiente: ``Dentro de la zona protectora establecida no se permitirán aprovechamientos forestales de carácter comercial, concretándolos únicamente a las necesidades domésticas y utilizando maderas muertas''.

e) Durante la etapa de explotación se deberá formar una barrera física que impida el arrastre de material particulado hacia el cauce o lecho de cuerpos de agua cercanos, la cual deberá construirse de materiales diferentes de la arena, grava, tepojal, tezontle o tepetate; puede emplearse para tal fin cualquier tipo de rocas de gran tamaño, o inclusive un tablestacado; al término del proyecto se retirará.

f) En el convenio o acuerdo de colaboración que se suscriba con la Conanp y que fue propuesto en el manifiesto presentado, se plasmarán las características que tendrán los programas referidos de Difusión y Educación Ambiental, el Programa de Apoyo a la Conservación y Vigilancia Ambiental del Área de Protección de Recursos Naturales ``Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa'' y el de Restauración, el cual se realizará a la par con la explotación y que contendrá como parte de éste, el de Reforestación.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Al respecto la promovente solamente presentó fotografías que muestran las áreas que serán aprovechadas.

Indica que considerará una franja de 10 metros, como zona de amortiguamiento, diferente de lo dispuesto en la resolución.

En el informe entregado solamente se muestran fotografías que indican el desmonte y limpia del sitio que será aprovechado, sin especificarse las extensiones desmontadas.

No se aportan los elementos que permitan corroborar su cumplimiento. No cumplida.

Respecto al contenido de esta condicionante, se considera que la información presentada no cumple lo solicitado por esta DGIRA.

Condicionantes:

Número 8.

De conformidad con lo establecido en el considerando número V, apartado 2 (Características del Proyecto) del presente oficio, y con fundamento en lo que dicta el penúltimo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, que faculta a esta autoridad para exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en esta autorización y, toda vez que según el artículo 51 del REIA... el promovente deberá presentar a esta DGIRA en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de recepción de esta autorización, la propuesta de adquisición de un instrumento de garantía que asegure el debido cumplimiento de las obras y actividades establecidas en los términos y condicionantes enunciados en el presente oficio resolutivo.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Mediante el oficio número 041m-Gp-DEX-31/06, de fecha 15/02/06, el promovente presentó la adquisición de una fianza para cumplir lo dispuesto en el resolutivo. Cumplido.

Condicionantes:

Número 9.

Al concluir las actividades de extracción de materiales, el promovente deberá realizar un programa de restauración de suelos para cada uno de los sitios afectados en los bancos de préstamo referidos en el término primero, incisos a), c) y d), del presente resolutivo. Lo anterior, con la finalidad de mitigar los impactos generados sobre el suelo por tales actividades.

Dicho programa deberá comprender lo siguiente:

vii. Ubicación y extensión de las superficies afectadas que serán sujetas de restitución y rehabilitación del suelo, específicamente para aquellas donde se llevará a cabo el programa de reforestación.

viii. Limpieza del sitio, retirando todo tipo de residuos que se hubiesen generado durante el desarrollo del proyecto; deberá, en su caso, restaurar las áreas que pudieran haber sido contaminadas de manera accidental por aceites, grasas o combustibles.

ix. Estabilización y protección de taludes, de tal manera que se minimicen los riesgos de deslizamiento o colapso de los taludes y facilite el drenaje natural del agua superficial, así como garantizar la máxima estabilidad estructural a largo plazo del depósito y óptimo ángulo de inclinación para que se promueva la retención de material terroso y el crecimiento de las especies vegetales por ser reforestadas.

x. Nivelación y conformación de las terrazas y taludes, empleando el material acamellonado producto del despalme, mezclado con el producto triturado derivado del desmonte (troncos pequeños, tocones, copas, ramas, raíces y matorrales), los cuales soportarán la capa de suelo orgánico recuperado durante la fase de preparación para cada banco de préstamo.

xi. Indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de esta medida; se considerará, entre otros aspectos, el contenido de materia orgánica, de nutrientes del suelo forestal, de microorganismos propios del suelo.

xii. Calendarización de actividades.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Al respecto solamente se describe el programa de restauración de suelos, sin especificar cuáles han sido las acciones emprendidas por la empresa para dar cabal cumplimiento a los diferentes rubros establecidos en los incisos i)-vi); sin embargo, a la fecha de emisión del primer informe del cumplimiento de condicionantes, la empresa promovente no había reportado ante esta DGIRA el término de las actividades de explotación de los bancos de préstamo. No cumplida.

Término noveno

El promovente deberá presentar informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas propuestas en la MIA-R. El informe citado deberá ser presentado a esta DGIRA con una periodicidad anual, salvo que en otros apartados de este resolutivo se explicite lo contrario. Una copia de este informe deberá ser presentada a la delegación de la Profepa en el estado de Puebla. El primer informe deberá ser presentado seis meses después de recibido el presente resolutivo.

Cumplimiento con base en el primer informe entregado:

Mediante el oficio número 0417TT-GP-DEX-70/06, de fecha 31/03/06, el promovente presentó de manera extemporánea al plazo establecido en la resolución de impacto ambiental, el primer informe de cumplimiento de términos y condicionantes.

Derivado de los incumplimientos anteriormente señalados, la DGIRA, con fecha 18 de septiembre de 2006, mediante el oficio número S.G.P.NDGIRNDEl.1839/06, informó a la empresa promovente que del análisis realizado al primer informe de cumplimiento de condicionantes presentado se desprende que en éste no se atienden las condicionantes establecidas en la resolución de impacto ambiental.

Conforme a lo anterior, queda en evidencia que la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, no ha dado cabal cumplimiento a los términos y condicionantes establecidos en la resolución de impacto ambiental emitida por la DGIRA.

Sin más por el momento, y en espera de que la información proporcionada le sea de utilidad, reciba cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 26 de enero de 2007.--- Biólogo J. Ricardo Juárez Palacios (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO Y PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado David Mendoza Arellano , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social.

El diputado David Mendoza Arellano:Gracias, señora Presidenta; con su permiso. Diputadas y diputados: vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que permita dar cauce a uno de los reclamos más insistentes de la clase trabajadora en nuestro país, el establecimiento de un seguro de desempleo.

Esa demanda recurrente de los trabajadores se ha venido postergando año con año bajo el argumento de la insuficiencia de recursos para su viabilidad; sin embargo, hoy vengo a plantear a esta soberanía que sí es posible instrumentar un seguro de desempleo sin afectar con esto las finanzas públicas de nuestro país.

La iniciativa que presento fue elaborada pensando, sobre todo, en las familias jóvenes, porque resulta verdaderamente lamentable que las personas que forman parte de la población en edad productiva, aquellos que están en la plenitud de su vida y que tienen toda su fuerza y su inteligencia para generar desarrollo en nuestro país sean despojados de su capacidad para crear.

Aunado a esto, recordemos que las personas económicamente activas son también jefes y jefas de familia, que tienen la responsabilidad de dirigir millones de vidas humanas y que además, son el futuro de nuestro país. En sus manos está gran parte de nuestro destino y consideramos como nuestro deber y obligación protegerlos.

Como ustedes saben, en nuestra sociedad la inmensa mayoría de las personas viven de su trabajo. Por ello, los ingresos económicos que se perciben por este concepto son la única o principal fuente de recursos para la subsistencia del trabajo y su familia.

Como es natural, la pérdida de este ingreso pone en grave crisis la supervivencia de éstos y arrastra un caudal de secuelas que se refleja en la desintegración familiar, las enfermedades, la deserción escolar, la baja autoestima del individuo y otros trastornos que descomponen el tejido social y también afectan el mercado interno.

El impacto del desempleo en una economía en recesión, como la nuestra, es mucho más grave que el de las economías en expansión, debido a que el individuo debe de atravesar un proceso largo y tortuoso para lograr reemplearse.

El desempleo masivo que acarrea la crisis económica, como en el caso de México, debe considerarse como un problema de Estado. Por lo cual, es necesario implantar urgentemente todos los instrumentos posibles para poder amortiguar al máximo los efectos negativos en contra del individuo y de la sociedad.

En nuestro país el desempleo constituye una verdadera emergencia nacional, como lo demuestra la cifra de 15 millones de personas que forman parte del desempleo acumulado. En muchos países del mundo se han implementado medidas exitosas para respaldar a los trabajadores que se quedan desempleados.

Tal es el caso de la implantación del seguro de desempleo, cuyo financiamiento está a cargo, en algunos casos, de los trabajadores, en otros a cargo de los patrones y finalmente hay otros casos en los que participan conjuntamente en el financiamiento los propios trabajadores, las empresas y el Estado.

En la iniciativa de ley que hoy presentamos ante esta tribuna se plantea un mecanismo para instrumentar un seguro de desempleo que opere como un fondo de administración y aportación tripartita, para lo cual se propone crear el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se encargará de aplicar esta ley y concretamente de administrar las cuentas individuales de desempleo de los trabajadores, pudiendo apoyarse en los gobiernos estatales mediante la celebración de convenios.

Se plantea que el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo opere con una junta de gobierno integrada de manera tripartita; sería presidida anualmente y de manera alterna. Además, se integrarían con voz y voto dos especialistas en la materia con el grado de doctor y pertenecientes a instituciones nacionales de educación superior. En ambos casos mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Consejo de Vigilancia del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo se integrará también de manera tripartita y sería presidido de manera alterna por periodos anuales. Además se integrarían dos representantes de organizaciones no gubernamentales, especialistas en el tema mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Fondo Nacional de Seguro del Desempleo deberá impulsar con recursos presupuestales programas de becas de estudio para los hijos de los beneficiarios, con el Seguro de Desempleo, debiendo ser preferidos los menores de 16 años y previo estudio socioeconómico que justifique la necesidad de la beca.

El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá coordinarse con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como con el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás institutos e instituciones públicas que otorguen crédito para la vivienda de interés social, con el objeto de que apliquen un porcentaje de sus créditos a los trabajadores desempleados, sujetos a montos de amortización en concordancia con el ingreso personal o familiar del beneficiario.

Como he señalado, las aportaciones del fondo serían tripartitas; estarían obligados a realizar aportaciones tanto el gobierno federal como los trabajadores y los patrones.

El gobierno federal deberá aportar por cada trabajador y día de salario devengado al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo la cantidad de cinco por ciento sobre el salario de cotización previsto en la Ley del Seguro Social. Los patrones deberán efectuar aportaciones al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo por un monto de 2.5 por ciento sobe el salario del trabajador, así como retener y enterar las aportaciones de los trabajadores a este fondo por una cuantía de 1.5 por ciento de su salario.

Estas aportaciones se depositarán en la cuenta individual que se abrirá a favor de cada trabajador y que sería administrada por el fondo.

Para que los trabajadores tengan derecho a las prestaciones por desempleo deberán cubrir los siguientes requisitos: encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado; haber cotizado al Fondo Nacional de Seguros de Desempleo durante un periodo mínimo de 12 meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo.

Los trabajadores eventuales y los independientes, incluidos los informales, deberán haber cotizado un mínimo de 100 días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación que originó el desempleo. No percibir beneficios provisionales o prestaciones no contributivas; solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponden.

El tiempo total de prestación estará en relación al periodo de cotización dentro de los tres años anteriores a la conclusión del contrato o relación de trabajo que dio origen a la situación legal del desempleo.

Quienes coticen de 12 a 23 meses podrán gozar durante cuatro meses de las prestaciones; quienes coticen de 24 a 35 podrán gozar durante ocho meses de las prestaciones y quienes coticen de 36 meses en adelante podrán gozar durante 12 meses de las prestaciones.

Todo lo anterior es, diputadas y diputados, una síntesis del contenido de la iniciativa que se ha publicado en la Gaceta. Los invito a que revisemos esta propuesta con detenimiento, a que tengamos una visión a largo plazo y que seamos capaces de plantear un futuro exitoso para una importante parte de la clase productiva de este país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo; y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa de decreto que contiene la Ley del Seguro de Desempleo y Fomento del Empleo, así como una adición del artículo 25 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los reclamos más insistentes de la clase trabajadora en nuestro país es el establecimiento de un seguro de desempleo, pero año tras año se difiere su concretización con diversos pretextos que giran en torno a la insuficiencia de recursos, en tanto se derrochan toneladas de dinero en renglones insostenibles o que rayan en la corrupción.

Comenzaremos diciendo una obviedad: en nuestra sociedad, la inmensa mayoría vive de su trabajo, por lo que los ingresos económicos por este concepto son la única o principal fuente para la subsistencia del trabajador, formal o informal, y su familia. La pérdida de este ingreso pone en grave apuro la supervivencia de éstos, con su caudal complementario de violencia y desintegración familiar, enfermedad, deserción escolar, baja autoestima del individuo y otros trastornos psicológicos; para no referirnos al golpe que la masa de desempleados representa para el mercado interno y, en general, para el desarrollo económico del país.

Desde luego, el impacto del desempleo no será el mismo en una economía en expansión que en una economía en recesión como la nuestra, en la que el individuo deberá pasar un vía crucis por periodos prolongados, en ocasiones años, para reemplearse, y eso si logra hacerlo. El desempleo que acarrean las crisis económicas, especialmente si es masivo, como actualmente sucede en México, debe conceptuarse como un problema de Estado, debiendo éste implantar todos los apoyos necesarios para amortiguar al máximo los efectos negativos en contra del individuo y de toda la comunidad.

Lo anterior, sobre todo si partimos de que el desempleo es producto esencialmente de las políticas económicas, laborales, sociales y de capacitación impulsadas por el Estado y los patrones, en general de las características estructurales de la economía. Y sólo como razones secundarias encontramos el peso de los factores personales del individuo; es decir, si el desempleo es una consecuencia estructural del sistema, el Estado y los empresarios, frente a la casi ninguna o ninguna culpa que tiene el individuo, deben asumir aquéllos su responsabilidad, mediante la realización de la inversión de los recursos necesarios evitándose a futuro consecuencias aún más desastrosas para las finanzas públicas y el equilibrio social.

En nuestro país, el desempleo constituye una verdadera emergencia nacional. Baste señalar que el desempleo acumulado supera 15 millones de personas; se obtiene restando al total de la población económicamente activa, de 43 millones 500 mil personas, los 28 millones de individuos, en números redondos, empleados en la actualidad (se incluyen 13.8 millones de personas ocupadas en el empleo formal, 11.8 millones en la economía informal y 2.3 millones en el sector de la burocracia). Esto, sin dejar de destacar que el total de población económicamente activa es una ficción, ya que son excluidos 31 millones, mayoritariamente amas de casa y estudiantes, como si ninguno de éstos pudiera y estuviera en necesidad de trabajar. Igualmente, no hay que olvidar la catástrofe que vive el campo en materia del empleo, lo que provoca en gran parte la migración a las ciudades del interior de la república y a Estados Unidos de América. Frente a la contundencia de estos números, resulta un engaño la cifra oficial que habla de 1 millón 784 mil 910 personas desempleadas al tercer trimestre de 2006. Esto evidencia los números maquillados que maneja el gobierno federal, como si esto hiciera desaparecer la percepción general de que el desempleo es cada vez más generalizado, como si la mentira hiciera desaparecer la angustia y el hambre del pueblo.

Incluso partiendo de los datos del INEGI, nos encontramos con que en cada año del sexenio pasado apenas si se crearon 130 mil empleos formales del millón 300 mil que se necesitaban para absorber a las personas, especialmente jóvenes, que año con año se incorporan a la población económicamente activa. Es decir, los empleos creados por el sexenio foxista son 10 veces menores que las fuentes de empleo mínimamente requeridas.

Y bien, como sabemos, en muchos países una de las medidas que se han tomado para respaldar a los trabajadores que se quedan sin trabajo sin culpa de su parte es la implantación del denominado ``seguro de desempleo'', cuyo financiamiento está a cargo de los trabajadores, en otros casos a cargo de los patrones y, finalmente, en ocasiones concurren en su financiamiento los propios trabajadores, las empresas y el Estado. El seguro de desempleo ha probado plenamente su viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo sus enormes beneficios sociales y económicos.

Sin embargo, según datos de la OIT, 75 por ciento de los 150 millones de personas sin trabajo en el mundo no cuenta con la protección del seguro de desempleo.

II

Uno de los acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en diversos países en respuesta a la gran depresión de 1929 fue el establecimiento del llamado ``estado de bienestar''; sin embargo, el nacimiento de éste se remonta a las medidas tomadas en Alemania por Otto von Bismarck, en respuesta a la creciente militancia de la clase trabajadora ante las brutalidades del capitalismo y que amenazaba con la revolución socialista, en virtud de este temor se establecieron los seguros de accidentes, enfermedades, vejez e invalidez. Posteriormente, en 1911, en Inglaterra se establecieron leyes que consagraban los seguros de enfermedades e invalidez y, posteriormente, el de desempleo; éste sólo surgió en Alemania hasta 1927, en Estados Unidos hasta 1934 mediante la Ley de Seguridad Social, que recibió todo tipo de ataques de parte de los empresarios y sus representantes, según éstos, el seguro de desempleo era ``la dominación definitiva del socialismo sobre la vida y la industria''; `` destruyendo la iniciativa, desalentando el ahorro y sofocando la responsabilidad individual''; ``nunca en la historia del mundo se ha preconizado una medida tan insidiosamente destinada a impedir la recuperación de los negocios, a esclavizar a los trabajadores y a eliminar toda posibilidad de que los patrones creen puestos de trabajo'', el ``seguro de desempleo no puede fundarse sobre una base financiera sólida''.

Ninguno de estos presagios fatalistas se cumplió y, contrariamente, el seguro de desempleo, al ser fuente de una mejor distribución del ingreso, se constituyó en sostén central del capitalismo, al impedir que la clase trabajadora optara por cambios radicales, sin menoscabo de la inyección de recursos para el buen funcionamiento económico del sistema. El desmantelamiento del ``estado de bienestar'', como pregonan algunos, traerá tarde que temprano repercusiones para la estabilidad política, sin que importe la desaparición del bloque socialista, ya que los cambios revolucionarios derivan de causas internas a las estructuras del propio régimen político-económico.

En materia de desempleo, Latinoamérica está en pañales, ante las dificultades económicas y organizativas, pero sobre todo frente a una política económica que sacrifica los intereses de la clase trabajadora, en general de la mayoría de la población, en aras del enriquecimiento de unos cuantos monopolios nacionales y transnacionales. Por ello, en lugar de ``estado de bienestar'', se preferencia el ``estado de represión e injusticia''; sin embargo, todo pueblo tiene un límite de resistencia ante la injusticia, especialmente en Latinoamérica, que ha sido la más golpeada por la política neoliberal global.

III

En México, el seguro de desempleo público ha sido un proyecto infinitamente diferido, llegándose al absurdo de que mejor un grupo financiero privado lanzó en octubre de 2003 el primer seguro de desempleo de nuestra historia. Las condiciones de funcionamiento de éste se plantearon en los siguientes términos: la prima sería de 60.00 pesos mensuales para recibir un monto cada 30 días de mil 500.00 pesos y de 120.00 para que la mensualidad fuera de 3 mil pesos, entregas que comprenderán un periodo de seis meses. Como puede verse, aun impulsado por una entidad privada, las condiciones son más que accesibles. Partiendo de lo anterior, ¿por qué no pensar en la factibilidad de un seguro público de desempleo?

Lo procedente sería que operara como un fondo de administración y aportación tripartitas, en forma equiparable al Infonavit e IMSS, como se ha propuesto por diversos representantes obreros. Por otra parte, para que no constituyera un golpe a las finanzas públicas, y hubiera vigilancia e interés de aportaciones adicionales de los trabajadores, sería conveniente que funcionara mediante cuentas individuales, administradas por el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual podrá apoyarse en los gobiernos estatales mediante la celebración de los convenios necesarios, obviándose el desorden burocrático y las onerosas comisiones de las Afore. Esto permitiría a corto plazo, con un breve desembolso del Estado y, en proporción a los ingresos del trabajador, poner en marcha este seguro de desempleo.

Todo esto nos lleva a proponer a la Cámara de Diputados una Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo, en los siguientes términos:

Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la república.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todos los trabajadores cuyas relaciones de trabajo se regulen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución federal y la Ley Federal del Trabajo, y para los trabajadores independientes, incluidos los de la economía informal, que se incorporen de manera voluntaria en los términos previstos en esta ley.

Artículo 3. Para tener derecho a las prestaciones por desempleo, los trabajadores deben cubrir los siguientes requisitos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado;

b) Haber cotizado al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo durante un periodo mínimo de doce meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo;

c) Los trabajadores eventuales y los independientes, incluidos los informales, deberán haber cotizado un mínimo de cien días durante los doce meses anteriores al cese de la relación que originó el desempleo;

d) No percibir beneficios provisionales o prestaciones no contributivas; y

e) Solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que correspondan.

Artículo 4. Se encontrarán bajo situación legal de desempleo los trabajadores comprendidos en los siguientes supuestos:

a) Los despedidos sin causa justificada y los que rescindan la relación de trabajo por causas imputables al patrón; y

b) A los que se dé por terminada su relación de trabajo en los términos del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 5. La solicitud de la prestación deberá presentarse dentro el plazo de treinta días, computados a partir de la conclusión de la relación de trabajo.

Si se presenta fuera de este plazo, los días que excedan de aquél serán descontados del total del periodo de prestación a que se tenga derecho.

Artículo 6. La percepción de las prestaciones luego de presentada la solicitud comenzará a partir del cumplimiento de un plazo de cincuenta días naturales.

En los casos de trabajadores que hubieren percibido gratificaciones por rescisión o terminación de la relación de trabajo dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de prestación por desempleo, en las disposiciones reglamentarias podrá establecerse un periodo de espera diferenciado de hasta ciento veinte días corridos.

Artículo 7. El tiempo total de prestación estará en relación con el periodo de cotización dentro de los tres años anteriores a la conclusión del contrato o relación de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo, con arreglo a la siguiente tabla:

Periodo de cotización Duración de las prestaciones

De 12 a 23 meses 4 meses

De 24 a 35 meses 8 meses

De 36 meses en adelante 12 meses

Para los trabajadores eventuales comprendidos en el inciso c) del artículo 3 de esta ley, la duración de las prestaciones será de un día por cada tres de servicios prestados con cotización, computándose a ese efecto exclusivamente las contrataciones superiores a treinta días.

Artículo 8. La cuantía de la prestación por desempleo será equivalente a cuarenta por ciento del promedio de sus salarios integrados conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos doce meses.

No obstante lo anterior, la prestación mensual no podrá ser inferior al mínimo ni superior al máximo que determine el Consejo del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo, conforme a las disposiciones estatuarias.

Si el trabajador queda sin trabajo por motivo de enfermedad, accidente o embarazo, se incluirán los salarios percibidos antes de estos hechos.

Durante cada semana el trabajador deberá reclamar el beneficio derivado de este seguro, debiendo acreditar que ha estado buscando en forma activa trabajo de tiempo completo.

Artículo 9. Los patrones están obligados a

a) Efectuar aportaciones al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo por el monto de 2.5 por ciento sobre el salario del trabajador, así como retener y enterar las aportaciones de los trabajadores a este fondo por una cuantía de 1.5 por ciento de su salario. Por salario se entenderá el salario base de cotización establecido en la Ley del Seguro Social.

Estas aportaciones se depositarán en la cuenta individual que se abrirá a favor de cada trabajador y que será administrada por el fondo mencionado en el párrafo anterior.

b) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación, datos y certificaciones, en general toda la información que se determine reglamentariamente.

Artículo 10. Los beneficiarios están obligados a

a) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación y, en general, la información que reglamentariamente se determine, así como comunicar los cambios de domicilio o residencia;

b) Aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y asistir a las acciones de formación para las que sean convocados;

c) Aceptar los controles que se establezcan, con arreglo a las disposiciones reglamentarias, por la autoridad de aplicación;

d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de prestaciones por desempleo al momento de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo;

e) Reintegrar los montos de prestaciones indebidamente recibidas de conformidad con las disposiciones reglamentarias; y

f) Declarar indemnizaciones por cese de la relación laboral correspondientes a los últimos seis meses.

Artículo 11. La percepción de las prestaciones se suspenderá cuando el beneficiario

a) No comparezca ante el requerimiento de la autoridad de aplicación sin causa justificada;

b) Incumpla las obligaciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 10 de esta ley;

c) Sea condenado penalmente con pena de privación de libertad; y

d) Celebre contrato de trabajo de duración determinada por un plazo menor de doce meses.

La suspensión de la prestación no afecta el periodo de prestación que le restaba recibir al beneficiario, pudiendo reanudarse al finalizar la causa que le dio origen.

Artículo 12. El derecho a la prestación se extinguirá en caso de que el beneficiario quede comprendido en los siguientes supuestos:

a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubieren correspondido;

b) Haber obtenido beneficios provisionales o prestaciones no contributivas;

c) Haber celebrado contrato de trabajo por un plazo superior a doce meses;

d) Haber obtenido las prestaciones por desempleo mediante actos fraudulentos;

e) Continuar percibiendo las prestaciones cuando corresponda su suspensión;

f) Incumplir las obligaciones establecidas en los incisos d) y e) del artículo 10 de esta ley;

g) No haber declarado la percepción de indemnizaciones por cese de la relación de trabajo correspondiente a los últimos seis meses; y

h) Negarse reiteradamente a aceptar los empleos adecuados ofrecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 13. Las normas de procedimiento aplicables serán las siguientes:

a) La resolución de la autoridad de aplicación de reconocimiento, suspensión, reanudación y extinción del derecho a las prestaciones de desempleo deberá fundarse y contra ella podrá interponerse reclamación administrativa o judicial;

b) La reclamación administrativa se podrá interponer en los treinta días siguientes a la fecha de que sean notificadas las resoluciones referidas en el inciso anterior y ante la autoridad de aplicación; y

c) Si el beneficiario no agota esta reclamación administrativa, le es resuelta negativamente o no le es resuelta en treinta días hábiles, podrá acudir en juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual conocerá del caso conforme a un juicio especial en los términos del Capítulo XVIII del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 14. A falta de disposición expresa de esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en ese orden, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Artículo 15. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como autoridad de aplicación de esta ley, tendrá facultades para aumentar, en el marco del presupuesto autorizado, la duración de las prestaciones previstas en esta ley.

Artículo 16. La reglamentación considerará la modalidad de pago único, de manera total o parcial, de las prestaciones como medida de fomento del empleo, para beneficiarios que se constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajo existentes o que se creen u otras formas jurídicas de trabajo asociado, en actividades productivas, o para cubrir pagos de seguridad social que les permita el acceso a una jubilación o pensión.

Artículo 17. Los trabajadores de la economía informal se podrán registrar en el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo, caso en el cual quedará a su cargo cubrir la totalidad de las aportaciones obrero-patronales.

Artículo 18. El gobierno federal deberá aportar por cada trabajador y día de salario devengado, al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo la cantidad de cinco por ciento sobre el salario base de cotización previsto en la Ley del Seguro Social. Tales ingresos los depositará y operará este fondo en una subcuenta especial, para destinarlos a cubrir a los beneficiarios la diferencia entre la prestación que les corresponda conforme al saldo de su cuenta individual y monto mínimo establecido por el Consejo del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo.

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá elaborar programas para el empleo que incluirán acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores desempleados tendentes a apoyar y a facilitar

a) Creación de empleo productivo;

b) Reinserción ocupacional de los trabajadores desocupados; y

c) Reasignación ocupacional derivada de la reconversión productiva.

Artículo 20. Se constituye el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se encargará de aplicar esta ley y, concretamente, de administrar las cuentas individuales de desempleo de los trabajadores. Sin embargo, podrá apoyarse en los gobiernos estatales, para lo cual celebrará los convenios necesarios.

Artículo 21. La Junta de Gobierno de este fondo se integrará de manera tripartita y será presidida anualmente de manera alternativa. Además, se integrarán con voz y voto dos especialistas en la materia con el grado de doctor y pertenecientes a instituciones nacionales de educación superior; en ambos casos, mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El Consejo de Vigilancia del fondo se integrará de manera tripartita y será presidido de manera alternativa por periodos anuales; además, se integrará con dos representantes de organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 22. El incumplimiento de los patrones de las obligaciones a su cargo se sancionará por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previo respeto de la garantía de audiencia, con multa de hasta 350 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 23. Se conceptuará como fraude y se sancionará conforme al Código Penal Federal el acceso a los apoyos de este seguro sin derecho, ya sea de manera total o parcial, mediante engaño o aprovechamiento de error.

Artículo 24. Comete el delito de defraudación el patrón o su representante legal que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de las aportaciones obrero-patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo.

Artículo 25. Los beneficiarios del seguro de desempleo también podrán acceder, una vez concluidos, en su caso, los periodos de conservación de derechos derivados de las instituciones de seguridad social, a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, por el periodo que hayan cotizado las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención en salud para el caso de desempleo, y, por tanto, de manera adicional a cualquier otro pago que hayan realizado a este instituto por cualquier otro concepto.

Artículo 26. El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá impulsar con recursos presupuestales programas de becas de estudio para los hijos de los beneficiarios con el seguro de desempleo, debiendo ser preferidos los menores de dieciséis años y previo estudio socioeconómico que justifique la necesidad de la beca.

Artículo 27. El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá coordinarse con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y demás institutos e instituciones públicas que otorguen créditos para la vivienda de interés social, con objeto de que apliquen un porcentaje de sus créditos a los trabajadores desempleados, sujetos a montos de amortización en concordancia con el ingreso personal o familiar del beneficiario.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Artículo 25. ...

...

Los trabajadores, incluidos los independientes y los dedicados a la economía informal, podrán pagar las cuotas obrero-patronales del seguro de enfermedades y maternidad para que tengan derecho a las prestaciones en especie al momento de quedar desempleados, una vez agotado, en su caso, el periodo de conservación de derechos y conforme a los días de cotización cubiertos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá integrarse dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2008 y los subsecuentes se deberán destinar los recursos necesarios para poner en operación los programas de becas y capacitación referidos en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

>LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo Gómez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Pedro Montalvo Gómez:Con su permiso, Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, con fundamento en los artículos 70, párrafos primero, segundo y tercero; 71, fracción II; y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dice el adagio ``Pueblo que no recuerda su historia, esta condenado a repetirla''. Evidentemente, la historia de México está llena de capítulos azarosos, que forman parte del proceso lento, pero tenaz y patriótico, para construir una nación independiente, soberana e imbuida de los mejores valores de la democracia y la justicia.

No ha sido tarea fácil llegar a ser el México que somos ahora. Provenimos de siglos de enfrentamientos y guerras, que han marcado el carácter de nuestros ciudadanos y el aprecio profundo por nuestros principales valores cívicos.

Como ejemplo de lo anterior, recordemos que el proceso independiente consumió once largos años de guerra, de inestabilidad, de muertos, para alcanzar el estatus de país con reconocimiento propio. A partir de ahí, el siglo XIX pasó, prácticamente entero, lleno de asonadas, rebeliones y golpes de Estado, para definir nuestras principales instituciones, como son el Estado laico, la igualdad jurídica entre los ciudadanos, el sistema federal y promoviendo la reafirmación del derecho a tener una patria independiente, puesta en riesgo de manera constante por invasiones y amenazas extranjeras.

Cuando la estabilidad parecía haber llegado, entramos a un periodo en donde la dictadura cobijó la profundización de graves desigualdades sociales, acentuadas por el despojo de la tierra de millones de campesinos y la expoliación de los derechos elementales de los trabajadores en una industria que florecía, pero para el provecho de unos cuantos. Ello resume 32 años de inequidad y marginación de la mayoría de los mexicanos.

El resultado, fue nuevamente la salida a la calle de las clases populares para realizar una nueva reivindicación de su derecho a la existencia. La Revolución Mexicana nos sumió en siete años más de violencia, produciendo las instituciones liberales y sociales que contiene nuestra Constitución Política, aunque al costo de millones de personas muertas en la guerra.

Entreverados en estos tramos heroicos de la historia patria, muchos otros hechos definen la esencia de lo mexicano. Son acontecimientos humanos, que adquirieron con el tiempo un amplio simbolismo y que conforman el orgullo cívico con que todos nos formamos de la niñez a la madurez. Entre ellos se encuentran las Leyes de Reforma, el Acta de la Federación Mexicana, los Sentimientos de la Nación, la secularización de los bienes eclesiásticos, la hazaña de El Pípila, la defensa del puerto de Veracruz, la actuación de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec, así como el conjunto de planes y proclamas como el Plan de Ayutla, el Plan de San Luis, el Pacto de la Empacadora, la Declaración de la Soberana Convención Revolucionaria, el Plan de Iguala, etcétera.

Por ello, los mexicanos no podríamos reconocernos sin recordar y rendir honores a nuestros símbolos patrios. De esta manera, nuestras calles, plazas, avenidas, mercados, escuelas y edificios públicos llevan el nombre de gestas y de personajes que encabezaron los momentos definitorios de la nación.

La relación de fechas que tienen contenido cívico es amplia, pero aún hacen falta muchos otros episodios que tuvieron un resultado importante en nuestra historia. A los veracruzanos nos llena de honor la manera en que, resuelta y firmemente, nuestra entidad ha sido protagonista en la defensa de la patria.

Por ello, esta iniciativa hace referencia a un hecho poco reconocido en el estudio de nuestra historia y en el calendario cívico. Se trata de la fecha del 24 de agosto de 1821, en que se suscriben, el 17 de septiembre del mismo año en la Villa de Córdoba, los Tratados del mismo nombre, mediante los que se pone fin a la lucha armada por la independencia y que es el precedente más importante para el reconocimiento de esta calidad jurídica y política a nuestro país.

Estos tratados representan el retiro de los fusiles y el principio de la paz que garantiza el ejercicio del derecho del pueblo mexicano a su autodeterminación.

Para abundar en ello, valga citar que los historiadores coinciden en que el proceso independiente tiene tres etapas: la primera, constituida por el inicio de la Independencia, a partir de la proclama de Miguel Hidalgo y Costilla del 16 de septiembre de 1810, que se propuso tácitamente el objetivo de luchar por un México libre de la Corona Española.

La segunda etapa consiste en la formación de los objetivos programáticos de la Independencia y el sentido de disciplina del movimiento, asumiéndose como un gran anhelo de carácter nacional. Su impulso fue dado por José María Morelos y Pavón, conjuntamente con otros preclaros insurgentes. Entre otros hechos, se emprendieron cuatro campañas entre 1811 y 1815; se organizó el Primer Congreso en Chilpancingo, exponiendo los Sentimientos de la Nación, que proclaman el mejoramiento económico, político y social del pueblo, se reafirma la soberanía, se propone la división de poderes y se establece a la Constitución como la Ley Suprema.

La tercera etapa consiste en la culminación de la Independencia de México, cuando Agustín de Iturbide propone unir fuerzas a los insurgentes, por conducto de Vicente Guerrero, suscribiéndose el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

A partir de esto, se presenta el momento trascendental de la firma de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, en donde el Virrey Juan de O'Donojú, investido de poderes, asume formalmente el fin del dominio peninsular y se resuelve reconocer la Independencia de México. Por primera vez, por obra de dichos tratados, México es reconocido como una nación independiente. En estos documentos históricos, las partes en conflicto resuelven dejar las armas y reconocer la justa demanda del pueblo mexicano de asumirse como una nación con un Estado propio. Esa es, ni más ni menos, la importancia de los Tratados de Córdoba, que vuelven a colocar al Estado de Veracruz en los principales anales de la historia de este país al que pertenecemos y servimos con el mayor honor y decoro.

Por otro lado, el festejo de las fechas cívicas de la patria se realiza, en los términos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el izamiento solemne del lábaro patrio en todo el país, en los edificios públicos como las escuelas, además de dárseles un lugar destacado en las clases de historia y civismo que cursan todos los mexicanos, en camino de convertirse en buenos ciudadanos.

De este modo la presente iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el artículo 18 de dicha ley, para incorporar como fecha cívica y que dé motivo al homenaje del izamiento del lábaro patrio y de su conmemoración el 24 de agosto.

Con esta reforma estarán consideradas todas las fechas relevantes que permitieron que México viera la luz como nación independiente.

Con su dictamen y posterior aprobación por esta soberanía, los mexicanos rendiremos el honor que merecen no sólo las fechas cívicas sino, en el fondo, el reconocimiento a los millones de personas que pusieron su patrimonio, sus familias, sus propiedades, sus convicciones al servicio del más noble de los fines, que es la defensa irrestricta de su patria y del derecho a tener un lugar en la historia.

Como veracruzano, suscribo con el mayor respeto esta iniciativa y exhorto a las legisladoras y a los legisladores de la LX Legislatura a manifestar su apoyo, para fortalecer la cultura cívica y nuestra identidad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. En términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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...

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...

24 de agosto: Día de la Firma de los Tratados de Córdoba, que reconocen la Independencia de México en 1821.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 febrero de 2007.--- Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 461 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Es cuanto.

ARTICULOS 73 Y 76 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel del Río Virgen , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados: vengo ante ustedes para solicitarles que reformen los artículos 73 y 76 constitucionales con la finalidad de homologar varias denominaciones de órganos delDistrito Federal.

Miren ustedes: ha habido tantas reformas a la Constitución General de la República, que no nos hemos dado cuenta, como Congreso, de que algunas denominaciones han seguido utilizándose en la Carta Magna como antes estaban redactadas.

Les voy a poner un ejemplo: en el caso del artículo 73, fracción VIII, y del 76, fracción IX, de la Norma Suprema, ahí se emplean denominaciones distintas sobre los órganos de gobierno del Distrito Federal, por lo que estos dos últimos preceptos ameritan la reforma constitucional, que es de redacción, no es de fondo, pero que nuestra obligación es ir adecuando a la Norma Suprema.

Por ejemplo, en el artículo 73 fracción VIII, la denominación de Asamblea Legislativa debe instaurarse por la errónea de Asamblea de Representantes, que es la denominación antigua y que ya no tiene ninguna vigencia.

Igualmente, se debe aludir correctamente al titular del órgano de gobierno Ejecutivo local que es jefe de Gobierno del Distrito Federal por la denominación que existe en la Norma Suprema actualmente que dice que es jefe del Distrito Federal, expresión que todavía se emplea en los artículos 73, fracción VIII, y 76, fracción IX, ameritando actualizar estos numerales y hacer la denominación correcta del Ejecutivo local.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, les propongo que estas cuestiones que son de redacción, las atienda urgentemente la Comisión de Puntos Constitucionales y rápidamente se envíen al Senado y podamos ir adecuando nuestra Norma Suprema con las denominaciones correctas. Se ha reformado tanto la Constitución, que tenemos estas viejas expresiones.

Por tanto, señora Presidenta, y en obvio de tiempo, le quiero rogar que toda la justificación técnico-jurídica que trae esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 76 constitucionales, con la finalidad de homologar varias denominaciones de órganos del gobierno del Distrito Federal, se inscriban en el Diario de los Debates como si se hubiera leído toda.

Y le ruego, Presidenta, que la envíe usted a la Comisión de Puntos Constitucionales para que rápidamente esta iniciativa se pueda trabajar y se vaya adecuando la Norma Suprema a los términos reales legales y constitucionales a que tenemos derecho todos los mexicanos. Gracias, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal José Manuel del Río Virgen , de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Que debido a las diversas reformas que ha sufrido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo de la regulación del Distrito Federal, las denominaciones no se han homologado.

2. Que se le ha dado una denominación específica a los órganos de Gobierno del Distrito Federal por parte del artículo 122 constitucional, sin que la ley suprema se haya actualizado en la totalidad de sus preceptos, como es el caso de los artículos 73, fracción VIII, y 76, fracción IX, de esa misma norma suprema.

3. Que se emplean denominaciones distintas sobre los órganos de Gobierno del Distrito Federal, por lo que estos dos últimos preceptos ameritan sendas reformas de redacción, que no de fondo, para adecuar en el primero de ellos (artículo 73, fracción VIII) la denominación de la Asamblea Legislativa, por la errónea de Asamblea de Representantes, denominación antigua y que ya no tiene vigencia.

4. Que igualmente se debe aludir correctamente al titular del órgano de gobierno Ejecutivo local, que es jefe de Gobierno del Distrito Federal, por la denominación de jefe del Distrito Federal, expresión que todavía emplean los artículos 73, fracción VIII, y 76 fracción IX, ameritando actualizar esos numerales y hacer la denominación correcta del Ejecutivo local.

Por las anteriores consideraciones me permito someter, a la elevada consideración del Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa de

Decreto

Iniciativa por la que se reforman los artículos 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 73. ...

I. a VII. ...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

Artículo 76.

Son facultades exclusivas del Senado:

IX. Nombrar y remover al jefe de Gobierno del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de febrero de 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Raciel Pérez Cruz , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Raciel Pérez Cruz:Con su permiso, ciudadana Presidenta. El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Diversos estudios sobre las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, a pesar de tener diferentes enfoques, plantean una convergencia al definir que el movimiento armado de la primera década del siglo pasado en nuestro país, es ante todo, un movimiento anticentralista; es decir, un movimiento social de la periferia contra el centro.

Paradójicamente, al término de la lucha armada la nación estaría dividida bajo un ordenamiento político y legal sustentado en un centralismo más agobiante sobre las bases de un partido hegemónico, el poder absoluto de la figura presidencial y las corporaciones de sectores sociales que otorgarían estabilidad política durante algunas décadas.

En consideración, los gobiernos estatales y municipales se desarrollaron dentro de la estrechez del poder vertical surgido de la federación y dirigido por el presidente de la república.

Los gobernadores y los presidentes municipales reprodujeron, en distintas escalas, las formas, prácticas y costumbres también de poderes locales sumamente centralizados. Por ello no sorprende que la Carta redactada en Querétaro en 1917 integrara como orden constitucional en su artículo 115, el fundamento para establecer que la organización de los estados tendría, como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre; y asimismo este artículo constitucional planteara las bases de su organización, sobresaliendo especialmente las siguientes:

El ayuntamiento electo en votación popular directa, sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado. La administración libre de su hacienda dependiente de las contribuciones que señalaren las legislaturas de los estados y otorgara personalidad jurídica al municipio para los efectos legales pertinentes, dejando en la indefinición las facultades específicas de los cargos con que integra o de que debe componerse el gobierno del ayuntamiento.

A lo largo del siglo pasado, el municipio como entidad de gobierno tuvo una función nula, marginal en el sentido de su soberanía gubernamental y política. Su acceso a la justicia federal hasta hace poco más de una década no existía en los hechos, aun a pesar de contar con los recursos de controversia constitucional y amparo.

Cabe hacer la crítica de que, a pesar de ampliar las facultades de los municipios, las reformas de los años 1982 y 1999 sólo plantearon la función de los ayuntamientos para asociarse, ser prestadores de servicios, fijar y ser recaudadores del impuesto inmobiliario, pero no modificaron el de su función como entidad de gobierno ni sus facultades políticas.

Actualmente, los conflictos municipales se evidencian en la asignación presupuestal participable que confiere la federación a los estados y estos últimos a los municipios, tal como lo establece el artículo 73 de nuestra Carta Magna.

Es importante señalar que a todo lo largo y ancho del país se identifican 55 zonas metropolitanas que integran cientos de municipios, desde Tijuana hasta Cancún, y municipios de grandes dimensiones poblacionales hasta con casi 4 millones de habitantes, como los de la zona oriente del valle de México. Municipios sumamente industrializados como los de Nuevo León, lo que los convierte en entidades político-administrativas con un manejo de recursos considerable, superior en muchos casos a algunos gobiernos de los estados.

Asimismo, municipios que viven en una gran precariedad de recursos, incluso los regidos por los usos y costumbres, como los del estado de Oaxaca, que en los últimos años han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación, auditorías para sus ayuntamientos, por la presunta irregularidad en los manejos de los recursos de la hacienda municipal.

Estas asimetrías y desproporciones se agudizan y cobran fuerza en el ámbito de las sobreatribuciones que ejerce el presidente municipal como jefe o quien preside al ayuntamiento. Hay una indiferenciación en las facultades expresas entre los presidentes municipales, los regidores y los síndicos.

En todo el artículo 115 constitucional no existe una sola línea que defina las funciones específicas de los cargos de los integrantes del ayuntamiento, lo que provoca concentración del poder personal del presidente municipal y centralización de la administración municipal. Es fundamental dotar de contrapesos y equilibrios al municipio.

Compañeras y compañeros: la Cámara de Diputados obtuvo una facultad reformadora cuando en el artículo 74 constitucional se estableció de manera expresa que esta soberanía tuviera, entre otras de sus facultades, aprobar o modificar el Presupuesto anual enviado por el Poder Ejecutivo federal. Facultó a cada uno de nosotros, en virtud de nuestra representación popular y como asamblea deliberante, para tomar parte en uno de los aspectos más significativos y donde cobra vida una de las formas expresas de equilibrios entre poderes.

Al diferenciar sólo la aprobación y modificación de los presupuestos de egresos de los municipios, que sea facultad exclusiva de los síndicos y regidores, a propuesta del presidente municipal, se contribuiría a sensibilizar a los gobernantes de los municipios, originaría que las legislaturas de los estados modificaran las leyes locales para facultar con exclusividad a regidores y síndicos dando apertura a la descentralización de la administración municipal y comenzar a sentar las bases para el funcionamiento democrático del gobierno del ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados en cabildo por los síndicos y regidores, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el presidente municipal, con base en sus ingresos disponibles. Es cuanto, ciudadana Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura de de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos estudios sobre las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana, a pesar de tener diferentes enfoques, plantean una convergencia al definir que el movimiento armado de la primera década del siglo pasado en nuestro país, es ante todo un movimiento anticentralista; es decir, un movimiento social de la periferia contra el centro.

La lucha encabezada por Madero, según consta en variada recopilación histórica, tiene como antecedente el advenimiento de la estructura brutalmente centralizada de los treinta años del llamado porfiriato; fenómeno político que se sustentó en la identificación de jefes políticos regionales y prefecturas locales, subordinadas al poder del centro.

Vale la pena recordar que las principales instituciones de esa época fueron la iglesia, las haciendas y la militarización del gobierno, lo que alentó y acrecentó el poder discrecional en las relaciones políticas, económicas y sociales, estrictamente dividas por dos paradigmas que aún dividen a nuestra sociedad: modernidad y tradición. Testimonio de lo anterior cobra vida en toda nuestra literatura postrevolucionaria.

La Revolución Mexicana es, como lo señalará Porfirio Muñoz Ledo: ``un conjunto de revoluciones diferidas''. Los proyectos, ideas y visiones de nación son múltiples. Acaso los dos máximos jefes revolucionarios, Villa y Zapata; sus protagonistas: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón o Venustiano Carranza, ejemplifican la pluralidad del país, por lo que, al término de la lucha armada, la nación estaría dividida por distintos intereses y proyectos, dando paso a una reorganización por medio de los poderes de facto arraigados en todo México para conformar grupos políticos y facciones, bajo un ordenamiento político y legal paradójicamente sustentado sobre un centralismo más agobiante y que se establecería posteriormente sobre las bases de un partido hegemónico; el poder omnímodo de la figura presidencial y las corporaciones de sectores sociales que otorgarían estabilidad política durante algunas décadas.

En consideración, los gobiernos estatales y municipales se desarrollaron dentro de la estrechez del poder vertical surgido de la federación y dirigido por el presidente de la república. Los gobernadores y presidentes municipales reprodujeron en distintas escalas las formas, prácticas y costumbres también de poderes locales sumamente centralizados.

En este sentido, no sorprende que la carta redactada en Querétaro en 1917 integrara como orden constitucional, en su artículo 115, en función de los principios de descentralización del país que había enarbolado la Revolución, el fundamento para establecer que la organización de los estados tendría ``como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre''. Y asimismo, este articulo constitucional planteara las bases de su organización, sobresaliendo especialmente las siguientes: el ayuntamiento electo en votación popular directa sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado; la administración ``libre'' de su hacienda dependiente de las contribuciones que señalaren las legislaturas de los Estados y otorgara personalidad jurídica al municipio para los efectos legales pertinentes. Cabe aquí señalar, que este artículo dejó en la indefinición las facultades específicas de los cargos con que se integra o de que se compone el gobierno del ayuntamiento.

A lo largo del siglo pasado, el municipio, como entidad de gobierno tuvo una función nula; marginal en el sentido de su soberanía gubernamental y política. Su acceso a la justicia federal hasta hace poco más de una década no existía en los hechos, aún a pesar de contar con los recursos de controversia constitucional y amparo. Hoy la Suprema Corte, debido a reformas del poder judicial y la acción política decisiva de los llamados ``gobiernos divididos'', que tal vez tenga como detonante la solicitud de amparo interpuesta por el municipio de Mexicali contra el gobierno del estado de Baja California en el año de 1990, resuelve cientos de casos de conflictos de municipios contra gobiernos locales y la federación.

Cabe hacer la crítica de que a pesar de ampliar las facultades de los municipios, las reformas de los años 1982 y 1999 sólo plantearon la función de los ayuntamientos para asociarse; ser prestadores de servicios, fijar y ser recaudadores del impuesto inmobiliario; pero no modificaron el de su función como entidad de gobierno y sus facultades políticas. Salvo la reforma política de 1977, la cual incluyó también en los ayuntamientos el principio de representación proporcional para incluir a las fuerzas partidistas de oposición a manera de concesión. Sin embargo, esta medida no propició en la práctica, como en los espacios de las legislaturas locales y del Congreso de la Unión, gobiernos municipales divididos.

Actualmente los conflictos municipales se evidencian en la asignación presupuestal participable que confiere la federación a los estados y éstos últimos a los municipios, tal como lo establece el artículo 73 de nuestra Carta Magna.

A todo lo largo y ancho del país se identifican 55 zonas metropolitanas que integran cientos de municipios. Desde Tijuana a Cancún, y municipios de grandes dimensiones poblacionales hasta con casi cuatro millones de habitantes como los de la zona oriente del valle de México; municipios altamente industrializados como los del estado de Nuevo León, lo que los convierte en entidades político-administrativas con un manejo de recursos considerable, superiores en muchos casos a algunos gobiernos de los estados. Asimismo, municipios que viven con una gran precariedad de recursos, incluso aquellos regidos por los usos y costumbres, como los del estado de Oaxaca, que en los últimos años han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalización para sus ayuntamientos por la presunta irregularidad, en el manejo de recursos de la hacienda municipal.

Estas asimetrías y desproporciones se agudizan y cobran fuerza en el ámbito de las sobreatribuciones que ejerce el presidente municipal como jefe o quien preside al ayuntamiento; hay una indeferenciazión en las facultades expresas entre los presidentes municipales, los regidores y los síndicos. En todo el artículo 115 constitucional no existe una sola línea que defina las funciones específicas de los cargos de los integrantes del ayuntamiento, lo que provoca concentración de poder personal del presidente municipal y centralización de la administración municipal. Es fundamental dotar de contrapesos o equilibrios al municipio.

Cabe señalar que un principio de la constitución política de una republica se fundamenta en la división de los poderes; los cuales son efectivos si éstos fungen como reales contrapesos para moderar el exceso de poder. En este sentido la tesis que dio la Corte Federal en1990, en el caso del municipio de Mexicali, reconoció al municipio como ``poder originario'', en contrapartida de los ``poderes construidos'', con lo que queda confirmado en la constitución el principio de soberanía y de municipio libre.

La agenda de la reforma municipal de los últimos años, destaca los siguientes temas: las formas de relación intergubernamental; la planificación del desarrollo en el ámbito municipal; la gestación, implementación y evaluación de las políticas locales; la estructura del ayuntamiento y los procesos electorales de representación.

Sobre ésta ultima, la estructura del ayuntamiento, versa la presente iniciativa, y se fundamenta al señalar la ambigüedad de las facultades sobre las que el artículo 115 constitucional denomina ayuntamiento; es decir en la duplicidad de funciones que actualmente puede ejercer de manera discrecional el presidente municipal, al ser quien preside al ayuntamiento como asamblea deliberante y ser al mismo tiempo jefe de la administración municipal, encargada del manejo y aplicación de los recursos de la hacienda municipal.

Esta Cámara de Diputados obtuvo una facultad reformadora cuando en la reforma al artículo 74 constitucional se estableció de manera expresa que ésta soberanía tuviera, entre otras de sus facultades, aprobar o modificar el Presupuesto anual enviado por el poder ejecutivo federal; facultó a cada uno de nosotros, en virtud de nuestra representación popular y como asamblea deliberante, a tomar parte en uno de los aspectos mas significativos, y donde cobra vida una de las formas expresas del equilibrio entre poderes. Aún con sus tropiezos y rezagos, fortaleció y resultó decisivo para la transición que aun experimenta el país; descentralizó en beneficio del fortalecimiento de la pluralidad de México, obligando a una mayor sensibilidad política de sus gobernantes y al atento diseño de las instituciones.

Sin duda esta iniciativa es incompleta, deja de lado muchas otras propuestas mejor acabadas e iniciativas que tocan aspectos también relevantes para fortalecer y democratizar las funciones de los ayuntamientos; sin embargo, al diferenciar tan sólo que la aprobación y modificación de los presupuestos de egresos de los municipios sea facultad exclusiva de los síndicos y regidores a propuesta del presidente municipal, contribuiría a sensibilizar a los gobernantes de los municipios; originaría que las legislaturas de los estados modificarán las leyes locales para facultar con exclusividad a regidores y síndicos, dando apertura a la descentralización de la administración municipal y comenzar a sentar las bases para el funcionamiento democrático del gobierno del ayuntamiento.

Propiciaría debates en torno a las demandas mayormente sensibles de la población; motivaría e integraría de manera plural la participación colegiada que corresponde a la asamblea como parte del ayuntamiento, incorporando la representación del mismo por lo que toca a regidores y síndicos, tanto de mayoría como de representación proporcional.

El fortalecimiento de las regiones, estados y municipios de todo el territorio nacional, será el único detonante para dar paso a una posible reforma del Estado y hacer efectivo el ejercicio del federalismo y democratizar con equilibrios.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el penúltimo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a c) ...

...

...

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados en cabildo, por los síndicos y regidores, previo examen, discusión y, en su caso modificación del proyecto enviado por el presidente municipal con base en sus ingresos disponibles.

...

V. a VIII. ...

IX. Derogada.

X. Derogada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Raciel Pérez Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda cordialmente a alumnas y alumnos de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, del municipio de Tlalnepantla, y les agradece su visita.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el suscrito, diputado federal por el distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente exposición de motivos:

El problema universal de los trasplantes es la baja tasa de donaciones cadavéricas de órganos. Esto es evidente en nuestro país. México es de los países que tienen una tasa de donación muy baja, de 3.2 donaciones por millón de habitantes.

En 2005 sólo hubo 320 donaciones cadavéricas. Como referencia comparativa, España tiene una tasa superior a 39 donaciones por este millón de habitantes. Más grave es que nuestro país, México, por falta de procuración profesional de órganos, sólo se aprovecha 8 por ciento de las muertes cerebrales. En nuestro país la demanda de pacientes que esperan un órgano es de 10 mil, que están sólo en la lista de espera nacional. Cabe señalar que 50 por ciento de la población de este país no cuenta con seguridad social, por lo que difícilmente tienen acceso a medicina de trasplante y, por tanto, no están en esta pequeña lista de espera.

De conformidad con información disponible al 11 de noviembre de 2006, el Registro Nacional de Trasplantes presenta una lista de espera nacional de 5 mil 67 personas para córneas, 3 mil 913 para riñón, 13 mil 337 para hígado y 64 para corazón, entre otros órganos.

El problema fundamental es la limitada coordinación institucional entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud, hospitales de salud estatales y los hospitales privados.

Existen muchos programas de trasplantes que tienen licencia, 423 para ser exactos; sin embargo, se realizan muy pocos por falta de profesionalización y capacitación en la procuración de los mismos, además de los pocos incentivos que se encuentran para ello.

De acuerdo con la actual legislación, cada unidad con licencia para manejo y extracción de órganos debe contar con todo un esquema de profesionales de la salud con la finalidad de garantizar la eficiencia, pues de acuerdo a la estadística de donaciones cadavéricas de 2005, cada equipo hospitalario procuró menos de una donación en el año, lo que equivale a decir que se requiere contar con capacidad que conlleve a esta mejor efectividad.

Dicha información refleja el sufrimiento, no sólo de la persona que se encuentra en la lista de espera sino también de sus familiares y amigos, al tener conocimiento de que el trasplante es la única opción terapéutica para mantener la vida.

Por ello se proponen diversas modificaciones, con el objeto de procurar que con base en éstas se pueda hacer efectiva la donación y el trasplante de dichos órganos.

En esta ocasión se proponen reformas adicionales a los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos, con objeto de garantizar la protección de la salud de las personas. Aumentar las expectativas de vida así como incrementar y mejorar la calidad de los mexicanos que sufren algún padecimiento crónico degenerativo. Ya han sido presentadas iniciativas en esta materia por otro legislador, como es el caso de la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, el 7 de marzo del año próximo pasado.

Por ello, mediante una apropiada adecuación de la norma a la realidad imperante en nuestra sociedad se propone, entre otros aspectos relacionados con la pérdida de la vida y la muerte cerebral o encefálica:

Primero. Que el Centro Nacional de Trasplantes sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud para que realice las actividades de planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células.

Segundo. Se creen las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos como organismos descentralizados de la Secretaría de Salud, con el fin único de coordinar los esfuerzos de los profesionales de la salud pública para procurar las donaciones cadavéricas en los hospitales con licencia de extracción de una manera más eficiente.

Tercero. Que el Centro Nacional de Trasplantes pueda, por única vez, otorgar permisos provisionales para los actos de disposición de órganos, tejidos y células a establecimientos de salud.

Por lo anteriormente expuesto y como legislador y representante de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, considero una necesidad urgente salvaguardar y llevar a cabo las reformas correspondientes, con la finalidad de atender el interés ciudadano que hoy me solicita la Asociación Ale, Institución de Asistencia Privada, la cual nace precisamente en mi distrito en Ahome, a raíz de un evento doloroso vivido por la señora Adriana Castro Careaga, que es de todos conocido, quien en septiembre de 2004 perdió a su pequeño hijo Ale, de tres años de edad, pero junto con su familia dio vida a seis personas, a través de la donación de órganos de su pequeño menor. Dicha organización trabaja con alto nivel de vocación, convicción y compromiso para intensificar en México la cultura de donación de órganos y tejidos y la estructuración de mejores y más profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y trasplante de órganos.

Por ser el estado de Sinaloa pionero en la atención de demandas de trasplantes y donación de órganos, considero prioritaria la urgencia, como diputado de ese estado, fomentar la cultura de la donación y de los beneficios que ésta pueda proporcionar a la lista de pacientes en espera de una oportunidad de vida. Se tiene que trabajar de manera intensa porque cada año tristemente fallece un gran porcentaje en esta interminable espera.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II, y la segunda se recorre en su orden a la fracción II del artículo 313 y se adiciona la fracción V del artículo 315 de la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se reforma la primera y se adiciona una segunda, para quedar como sigue.

Artículo 313. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes, dando aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

II. La planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células, a través del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 315 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.

Artículo 315. Se crean las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos, como organismos públicos descentralizados de la administración pública, con personalidad jurídica propia y patrimonio, el cual estará integrado al sector que se coordine con la Secretaría de Seguridad Pública.

El Centro Nacional de Trasplantes podrá otorgar permisos provisionales para actos de disposición de órganos, tejidos y células, a establecimientos de salud.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y en su caso se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Favor de insertarlo, señora Presidenta, en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El problema universal de los trasplantes es la baja tasa de donaciones cadavéricas de órganos, esto es evidente en nuestro país. México es de los países que tienen una tasa de donación muy baja, del 3.2 donaciones por millón de habitantes; en 2005 sólo hubo 320 donaciones cadavéricas. Como referencia comparativa, España tiene una tasa superior a 39 donaciones por millón de habitantes. Más grave es que en nuestro país, por falta de procuración profesional de órganos, sólo se aprovecha el 8 por ciento de las muertes cerebrales.

En México la demanda de pacientes que esperan un órgano es de diez mil, que están sólo en la lista de espera nacional. Cabe señalar que el 50 por ciento de la población de éste país no cuenta con Seguridad Social, por lo que difícilmente tienen acceso a medicina de trasplante, por lo tanto no están en lista de espera.

De conformidad con información disponible al 11 de noviembre de 2006,¹ el Registro Nacional de Trasplantes presenta una lista de espera nacional de 5 mil 67 personas para corneas; 3 mil 913 para riñón; 337 para hígado; 64 para corazón, entre otros órganos.

El problema fundamental es la limitada coordinación institucional entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud, hospitales de salud estatales, y los hospitales privados. Existen muchos programas de trasplantes que tienen licencia, 423; sin embargo, se realizan muy pocos por falta de profesionalización y capacitación en la procuración de los mismos, además de los pocos incentivos que hay en ello.

De acuerdo con la actual legislación, cada unidad con licencia para el manejo y extracción de órganos debe de contar con todo un esquema de profesionales de la salud, con la finalidad de garantizar la eficiencia, pues de acuerdo con la estadística de donaciones cadavéricas de 2005, cada equipo hospitalario procuró menos de una donación en el año, lo que equivale a decir que se requiere contar con capacidad que conlleve a la efectividad.

Dicha información refleja el sufrimiento, no sólo de la persona que se encuentra en la lista de espera, sino también de sus familiares y amigos, el tener conocimiento de que el trasplante es la única opción terapéutica para mantener la vida.

Es por ello que se proponen diversas modificaciones, con el objeto de procurar que con base a éstas se pueda hacer efectiva la donación y trasplante de órganos.

En esta ocasión, se proponen reformas y adiciones a los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos, con objeto de garantizar la protección de la salud de las personas; aumentar las expectativas de vida así como incrementar y mejorar la calidad de los mexicanos que sufren algún padecimiento crónico degenerativo. Ya han sido presentadas iniciativas en esta materia por parte de otros legisladores, como es el caso de la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, el pasado siete de marzo de este año.

Por lo que, mediante una apropiada adecuación de la norma a la realidad imperante en nuestra sociedad, se propone, entre otros aspectos relacionados con la pérdida de la vida y la muerte cerebral o encefálica:

Que el Centro Nacional de Trasplantes sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, para que realice las actividades de planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células.

Se crean las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos, como organismos descentralizados de la Secretaría de Salud, con el fin único de coordinar los esfuerzos de los profesionales de salud pública para procurar las donaciones cadavéricas en los hospitales con licencia de extracción de una manera más eficiente.

Que el Centro Nacional de Trasplantes pueda, por única vez, otorgar permisos provisionales para los actos de disposición de órganos, tejidos y células a establecimientos de salud.

Por lo anterior, como legislador y representante de los Mochis Ahome, estado de Sinaloa, considero una necesidad urgente salvaguardar y llevar a cabo las reformas correspondientes, con la finalidad de atender el interés ciudadano que hoy me solicita la Asociación Ale, IAP, la cual nace precisamente en mi tierra, a raíz de un evento doloroso vivido por Adriana Castro Careaga, que es de todos conocido, quien en septiembre de 2004 perdió a su pequeño hijo Ale, de 3 años de edad, pero junto con su familia, dio vida a 6 personas, a través de la donación de órganos de su pequeño.

Dicha organización trabaja con alto nivel de vocación, convicción y compromiso, para intensificar en México la cultura de donación de órganos y tejidos y la estructuración de mejores y más profesionales alternativas de servicios de apoyo para la recepción y trasplante de los mismos.

Por ser el estado de Sinaloa pionero en la atención de demandas de trasplantes y donación de órganos, considero prioritario, como diputado de ese estado, fomentar la cultura de la donación y los beneficios que ésta puede proporcionar a la lista de pacientes en espera de una oportunidad de vida. Se tiene que trabajar de manera intensa, porque tristemente fallece un gran porcentaje en esta interminable espera.

De conformidad con lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II, y la segunda se recorre en su orden a la fracción III, del artículo 313; y se adiciona la fracción V del artículo 315 de la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II, y la segunda se recorre en su orden a la fracción III del artículo 313 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 313. ...

I. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes, dando aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;

II. La planeación, promoción, apoyo y coordinación de las acciones en materia de donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células, a través del órgano desconcentrado denominado Centro Nacional de Trasplantes, y

III. La regulación y el control sanitario sobre cadáveres.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 315 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 315. ...

V.- Las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos. Se crean las agencias procuradoras de órganos, tejidos, células y huesos como organismos públicos descentralizados de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual estará integrado al sector que coordine la Secretaría de Salud Pública.

El Centro Nacional de Trasplantes podrá otorgar permisos provisionales por única vez para actos de disposición de órganos, tejidos y células a establecimientos de salud.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota: 1 Centro Nacional de Trasplantes. Información obtenida a las 15:30 horas del 11 de noviembre de 2006. http://www.cenatra.gob.mx/rnt/Grafica_img_le_2.php Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de 2006.--- Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y alumnas de la escuela secundaria Gustavo Baz Prada, del municipio de Tenayuca, en el estado de México, y les agradece su visita.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional... Rectificamos: tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de Coordinación Fiscal.

El diputado Raúl Cervantes Andrade:Gracias, Presidenta. La presente iniciativa tiene la motivación de convertir lo que el día de hoy se está dando, las tarifas a la electricidad como la tasa al IEPS de gasolina y diesel, lo que está generando es, quien la fija es la Secretaría de Hacienda, con el único incentivo, adecuado o no --no lo califico-- de poder tener los recursos necesarios para pagar las necesidades del gasto público del gobierno federal.

Es evidente que lo que tenemos que convertir en el sector energético, su objetivo y su fin, debe ser el crecimiento y el empleo. Por lo tanto, la iniciativa está buscando cambiar los incentivos, cambiando las facultades, dándole a la CRE -- Comisión Reguladora de Energía-- las facultades con criterios diferentes, no recaudatorios, no con el fin de recaudar, porque si el único fin es recaudar, lo que ganan las finanzas públicas, vía las tarifas, lo pierden vía el impuesto sobre la renta y el IVA, en la generación de mayores empleos y de crecimiento del país.

Si la Comisión Reguladora de Energía tiene estas facultades y genera un incentivo de tener la conformación tanto de la tarifa para la electricidad como del IEPS, la tasa del IEPS a diesel y gasolina, con dos criterios fundamentales: uno técnico, que más adelante explicaré, y uno de competencia. Los dos, en resumen, traerían el resultado de volver un país más competitivo, tener un sector energético con la visión y la exclusividad de ver el crecimiento y la competitividad del país en el exterior y buscar subsanar los ingresos que pierdan las finanzas públicas, como lo dispone el transitorio de la presente ley.

¿Cuáles serían los criterios técnicos? Tenemos que hacer competitiva, viable, la inversión en infraestructura tanto de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro; tenemos que generar que el IEPS, que es un impuesto especial, tenga un destino específico, como no lo tiene ahora, para que se gaste específicamente en infraestructura, capacidad de rodamiento.

Por tanto, estamos dando facultades a los gobiernos, a las entidades federativas, a sus congresos, para que puedan poner un dos por ciento adicional a este IEPS, para que tenga también ese destino específico.

Se busca una solución integral al problema exclusivo de las altas tarifas a la electricidad, los altos precios del diesel y la gasolina que están generando en México afectación a la competencia de las empresas y una afectación directa al patrimonio de las familias.

También se están dando facultades a la Comisión Reguladora para que supervise a estos tres órganos. Hoy, el Estado mexicano no tiene una política energética real en su estructura jurídica ni tampoco tiene una política ni facultades ningún organismo, de revisar y volver estos organismos eficientes, eficaces y de nivel internacional.

¿Por qué se busca cambiar estos criterios? Si la Comisión Reguladora cambia la formación, ella es la que lo fija y publica, como dice la iniciativa, trasparenta, como se dice ahora, la conformación de la tarifa, la iniciativa también dispone que esta Comisión Reguladora y la Secretaría de Energía y después la Cámara de Diputados, con facultades exclusivas constitucionales, fije los criterios de subsidio.

Lo mejor que les puede pasar a las finanzas públicas es transparentar la forma de la conformación de la tarifa y sobre todo, el porqué y la política del porqué de los subsidios.

También en esta iniciativa tratamos la problemática que viven día a día los usuarios y que también vive la Comisión Federal de Electricidad, que es cuando no se paga adecuadamente; le estamos dando facultades específicas y nada más a la Procuraduría del Consumidor, y estamos generando concretamente que la obligación probatoria en el procedimiento sea por parte de los organismos y no del usuario y no como actualmente sucede, que tiene que pagarse como se manda el recibo y después se pone el recurso y eso afecta al usuario. Cambiamos la materia de la prueba y lo que generamos con esto es que se paga el promedio de los últimos 12 meses.

El grupo parlamentario del PRI está consciente de que no es una reforma integral del sistema energético, pero estamos poniendo las bases, el origen y el destino de para dónde debe de ir hoy en congruencia con su plataforma electoral y con las promesas de campaña, tanto de los diputados federales como de los senadores, en buscar mecanismos para bajar el precio de las gasolinas, el diesel, buscar tarifas eléctricas más baratas, generar competitividad, generar empleo.

Reconocemos que habría un problema en las finanzas públicas y por eso lo buscamos resolver a través del transitorio, para que en un plazo razonable el Ejecutivo busque dos cosas: uno, ¿cómo va a sustituir el ingreso que el IEPS le daba y que no tenía destino? Hoy queremos que tenga destino en capacidad de refinación, insito, en carreteras, en infraestructura específica, en hacer eficientes a los órganos en materia federal y en capacidad de rodamiento en materia local y generar un mejor criterio de desarrollo del país y subsanar las finanzas públicas con mayores ingresos.

En conclusión, dar un destino real a lo que es el IEPS, es un impuesto especial a un producto o servicio que debe de estar casado a un fin específico de su naturaleza jurídica, de su naturaleza económica --y la hemos abandonado-- y segundo, responsablemente los grupos parlamentarios aquí presentes y el Ejecutivo federal le damos a través de un transitorio la forma de sustituir estos ingresos.

Si esta iniciativa, esta soberanía considera, previo el estudio de comisiones y fuera aprobada, lo que lograríamos con responsabilidad es un nuevo sistema y las bases de lo que tendremos que discutir a futuro: cómo debe ser el sistema energético, cuál debe de ser su política y objetivo, si debe de ser crecimiento y empleo y cuál debe de ser la reforma hacendaria adecuada para sustituir los ingresos y dar un desarrollo sustentable a las siguientes generaciones.

Le pido, Presidenta, que la iniciativa íntegra se plasme en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como certifica uno de los secretarios del mismo, en nombre de sus compañeros integrantes del grupo parlamentario, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adicionan un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una fracción V Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y el artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal; y se deroga el artículo 2o.-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

México posee abundantes recursos energéticos que no están explotándose eficientemente. Es paradójico que un país con grandes cantidades de hidrocarburos tenga que importar gasolinas y diesel del exterior; resulta difícil entender por qué, si México es rico en petróleo y figura en los primeros lugares del mundo como potencia exportadora de crudo, las tarifas eléctricas y el precio de las gasolinas son tan altos, incluso mayor que el que existe en los países importadores. A simple vista estos hechos contradicen la más elemental lógica. Pero cuando se analiza la política de precios y tarifas del sector público, se concluye que dicha política está diseñada para compensar la debilidad tributaria del sector público; es decir, la motivación fundamental es obtener de la electricidad y de los combustibles los mayores ingresos posibles, debido a la fuerte presión de gasto público del gobierno federal y los organismos del sector energía.

Es importante destacar que México, a pesar de tener una importante cantidad de recursos energéticos, no goza de una ventaja competitiva en esa materia. En nuestro país, el costo de la energía eléctrica, del diesel y gasolinas son generalmente mayores que los de Estados Unidos de América y de China.

El diferencial en el costo de estos insumos fundamentales para la industria y el incremento que se dio a las gasolinas el pasado 16 de noviembre ha sido uno de los factores que ha propiciado una pérdida de competitividad de las exportaciones mexicanas, que han decrecido en su participación en el mercado estadounidense, siendo desplazadas por aquellas originarias de países como China.

Es decir, lo que ganan las finanzas públicas por la vía de los precios y las tarifas, se pierde en la forma de una disminución del IVA e ISR por una menor actividad económica y por el cierre de empresas. En adición, el país también pierde porque no pueden crearse los empleos que demanda el millón de jóvenes que anualmente se incorporan a la fuerza laboral y quienes se ven orillados al subempleo o a la emigración.

Por ello, para sostener altas tasas de crecimiento económico y generar empleos, se necesita asegurar el abasto y abaratar los siguientes tres insumos industriales, entre otros (como el gas natural y el combustóleo), para que la industria mexicana se vuelva competitiva en la globalización por medio de una reducción en sus costos y que puedan transferirse los ahorros a los consumidores mexicanos: las gasolinas, el diesel, y la electricidad.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está preocupado por atender el problema que representan los altos precios de la energía, lo cual está afectando de manera directa la economía familiar y el desarrollo económico de nuestro país. Por ello, en congruencia con su agenda legislativa para este primer periodo de sesiones del primer año de la LX Legislatura; con la plataforma electoral que la Alianza por México registró en el IFE para promover una reducción en las tarifas eléctricas y en los precios de los combustibles; con su programa de acción y, especialmente, para cumplir con los compromisos de campaña que suscribieron la mayoría de los diputados y senadores en los distritos y estados de la república, se propone esta iniciativa para reformar diversas leyes, a fin de establecer un mecanismo para la determinación de los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas que sea claro, transparente, no discrecional y mucho más efectivo en la promoción de la competitividad del país y la protección de la economía familiar.

Política de precios de los combustibles

En México, los consumidores pagan dos impuestos a los combustibles: el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Valor Agregado (IVA). Estos gravámenes, junto con los demás ingresos tributarios, forman parte de la masa recaudatoria con la cual se cubre la mayor parte del gasto público que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En 2004 el monto total de las ventas de combustibles (gasolinas, diesel y turbosina) ascendió a 306 mil 218.8 millones de pesos (mdp). De este total, el 31.6 por ciento correspondió al pago de IVA y del IEPS, es decir, en México la tercera parte del precio de los combustibles corresponde a los impuestos. No obstante, cabe aclarar que durante 2005 y 2006 el IEPS a los combustibles se ha reducido drásticamente, por virtud de los altos precios internacionales del crudo. Lo anterior se explica por el mecanismo de compensación de las finanzas públicas con los derechos de hidrocarburos; es decir, cuando se incrementa el precio del petróleo, el fisco capta más derechos por hidrocarburos y menos por IEPS, y cuando los precios son bajos, disminuyen los derechos pero aumenta la recaudación del IEPS. El objetivo de este mecanismo de compensación no es estimular una oferta de combustibles suficiente para el país, sino asegurar un nivel de recaudación que sea estable para la hacienda pública.

Actualmente el precio al público de los combustibles parte de un precio de referencia internacional, al cual se añaden los costos de transporte, los fletes, las comisiones a los expendedores, un ajuste por calidad y los impuestos. No se utiliza el costo de producción de Pemex, porque el organismo es el único productor de los mismos (es decir, es un ``monopolio'' de facto), no sujeto a la competencia. De esta forma, al vincular el precio al público con una referencia internacional, el organismo no recibirá un ingreso mayor por el combustible que produce que el que los consumidores pagarían en Estados Unidos, país donde existe una amplia competencia (existen muchos productores y consumidores). Esta medida genera incentivos para que los costos de producción de los energéticos de Pemex sean similares a los de aquellas empresas petroleras que sí están sujetas a la competencia.

El precio de referencia internacional refleja asimismo el costo de oportunidad de un producto elaborado con recursos naturales no renovables en Estados Unidos, país que no es autosuficiente en hidrocarburos; este costo de oportunidad refleja la escasez relativa de energéticos en aquel país, escasez que se transfiere en el precio que se paga en México (como si los hidrocarburos fueran un recurso escaso para nosotros), obligando a los consumidores a pagar un precio mayor que el que pagarían si se utilizara como referencia el costo de producción de Pemex, lo cual racionaliza el consumo de los combustibles. Esta racionalización permite que no se dispendie el patrimonio energético en beneficio de las futuras generaciones.

Con base en los anteriores argumentos, si las referencias que sirven de base para fijar los precios de los combustibles son los mismos que los que se tienen en Estados Unidos, se concluye que la razón por la cual generalmente éstos son más elevados en México se debe a los impuestos.

Desde 1993 los combustibles dejaron de constituir un instrumento de política económica para el desarrollo industrial, ya que fueron eliminados los subsidios que beneficiaban a la mayoría de las ramas productivas. Asimismo, al igualarse los precios de los combustibles con los de Estados Unidos, la industria petrolera mexicana dejó de representar una ventaja competitiva para la industria nacional frente a la industria extranjera, aun cuando el país posee abundantes hidrocarburos. Aun cuando la solución no es volver otra vez al esquema de subsidios, lo que debe enfatizarse es el hecho de que la planta productiva de México está siendo afectada debido a que la desaparición de los subsidios no se acompañó con otras medidas sustitutas de fomento industrial, por ejemplo, asegurar el destino de una parte de la recaudación del IEPS a infraestructura (como carreteras, transporte público, desarrollo urbano), a proyectos que eleven la competitividad de las empresas mexicanas por medio de la utilización de procesos productivos que utilicen menores cantidades de energía, a saneamiento ambiental y a asegurar el abasto de combustibles. Por el contrario, el 100 por ciento de la recaudación de este impuesto se destina a gasto corriente.

El actual mecanismo del IEPS, que se basa en tasas variables para tener un precio uniforme en todo el país (con excepción en las fronteras), no garantiza en la práctica un consumo eficiente de los combustibles: es de poca utilidad ligar los precios a una referencia internacional si finalmente los consumidores pagan un precio fijo y uniforme en todo el país, independientemente de las variaciones en el precio del petróleo. En adición a lo anterior, este esquema de tasas variables genera subsidios cruzados entre regiones geográficas, ya que las zonas productoras de combustibles terminan pagando el mismo precio que donde no existe la infraestructura de refinación. Asimismo, tener un precio uniforme en todo el país impide utilizar a este impuesto como instrumento de política de energía para regular el transporte público, ya que, por ejemplo, en las grandes ciudades, donde existe una gran congestión de automóviles se paga el mismo precio que en aquellas regiones donde la densidad de los vehículos es baja.

Como los impuestos a los combustibles van a financiar las presiones de gasto del Presupuesto de Egresos, se han limitado las inversiones en refinación de Pemex. Como consecuencia de ello, México no es autosuficiente en producción de combustibles. En 2004 se importaron en promedio 97.8 miles de barriles diarios (mbd) de gasolinas y diesel (el 10.4 por ciento de las ventas totales), y durante 2005 las importaciones aumentaron a 193.4 mbd (es decir, el 19.7 por ciento). Incluso, Pemex ha suscrito convenios con empresas refinadoras en Estados Unidos para maquilar el crudo mexicano y luego importarlo en forma de combustibles.

Bajo un escenario de crecimiento del PIB del 5 por ciento anual, se estima que la demanda de gasolinas y diesel aumentará en promedio un 2.8 por ciento anual. Para estar en posibilidad de atender el crecimiento de la demanda y reducir las importaciones, el país necesita construir una nueva refinería con una capacidad de procesamiento de crudo pesado de 300 mbd, además de ampliar y reconfigurar las 6 existentes.

Tarifas eléctricas

En la economía moderna, una condición para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, es tener una infraestructura eléctrica suficiente y un servicio seguro, confiable, de calidad y a precios competitivos, que generen un ambiente propicio para las actividades económicas.

En materia de tarifas de la electricidad, la CFE cobra altas tarifas a la industria porque incurre en altos costos de generación, entre otras razones.¹ Esto, debido a dos causas principales: la CFE no ha invertido lo suficiente para mantener en niveles productivos adecuados a la mayoría de sus plantas, al grado que una parte importante de su parque de generación ya es obsoleto (alrededor del 44 por ciento de las plantas son mayores a 20 años) lo que se traduce en una infraestructura con bajos índices de eficiencia energética comparados con los que tienen las plantas modernas; la otra causa son los altos costos de los combustibles que tiene que pagar a Pemex (gas natural, diesel y combustóleo, principalmente). Ambos, la obsolescencia de las plantas y los altos costos de los combustibles se transfieren a la industria en tarifas caras.

La CFE cobra por el servicio público de electricidad 25 tipos distintos de tarifas, que se agrupan en 6 tipos de usuarios: residencial, comercial, servicios, agrícola, media tensión (empresas pequeñas y medianas) y alta tensión (grandes empresas industriales). De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las tarifas de electricidad que se cobran a los usuarios deben ser suficientes para cubrir las necesidades financieras de CFE, principalmente los costos de operación y la inversión; asimismo, también deben tomar en cuenta la distribución equitativa de los costos de generación de electricidad entre la población de México. No obstante, dicha legislación no contempla que los costos sean competitivitos. Es decir, las necesidades financieras de la CFE y las de LyFC deben depender de altos niveles de eficiencia y la productividad, pues de otro modo se estaría trasladando la ineficiencia al consumidor.

Así, las tarifas se calculan con base en fórmulas que contemplan los costos contables y marginales de largo plazo y algunas otras consideraciones, como tipo de usuario, consumo, localización y la hora del día en el que se usa la energía. Estas fórmulas son estables y contemplan dos mecanismos principales de actualización: primero, las tarifas se actualizan conforme a la inflación esperada, y segundo, las fórmulas de las tarifas contemplan un mecanismo automático de ajuste ante las variaciones en el precio de los combustibles. Cabe mencionar que el costo del combustible representa en promedio el 40 por ciento de los costos de operación de CFE.

Teóricamente, las únicas tarifas que se subsidian actualmente corresponden a las que se cobran a los sectores residencial (pero únicamente los de bajo consumo) y al sector agrícola. De esta forma, el 75.2 por ciento de los ingresos de CFE proviene de usuarios que además de pagar el costo marginal de largo plazo de la electricidad, absorben automáticamente las variaciones del precio de los combustibles; por el contrario, el 24.8 por ciento de los ingresos proviene de la electricidad que consumen los hogares y los productores agrícolas, misma que además de estar subsidiada, no está vinculada a las variaciones en los precios de los combustibles. El mal manejo de la política de precios y tarifas del sector público por parte del Ejecutivo Federal provocó que en el año 2004 no pudiera cumplirse la meta de inflación del Banco de México, porque las gasolinas, el gas LP y la electricidad tuvieron incrementos mayores a los proyectados en la Ley de Ingresos. Para compensar los altos incrementos, el Ejecutivo otorgó después disminuciones a las tarifas eléctricas en beneficio de los consumidores de la zona norte del país con fines electorales.

Por estas razones, el país requiere de una reforma a la política de precios de los combustibles y a las tarifas eléctricas para que éstos se determinen con base en criterios económicos, transparentes y no recaudatorios.

Propuestas de reforma a la política de precios y tarifas del sector público

El problema de los altos precios del diesel y las gasolinas que afecta la competitividad del país puede enfrentarse mediante una reforma a la Ley del IEPS y a la Ley de Coordinación Fiscal y el problema de las tarifas de electricidad con una reforma a la Ley de la CRE, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

A fin de convertir el IEPS en un instrumento de fomento económico y promover una administración eficiente del patrimonio energético del país, es fundamental eliminar el mecanismo de compensación de los derechos con el IEPS y devolver su sentido original a este último. Los impuestos especiales generalmente se establecen para compensar las externalidades negativas que produce, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco; en el mismo caso se encuentra el consumo de los combustibles, porque se elaboran con recursos naturales no renovables, cuya propiedad también pertenece a las futuras generaciones y porque se daña el medio ambiente cuando se consumen. Sin embargo, no existe actualmente en México la seguridad de que la recaudación de los impuestos a los combustibles se destine efectivamente a infraestructura, o a compensar los daños que provoca al el medio ambiente su combustión, como ya se expuso. Ni tampoco se destina este impuesto a garantizar la oferta de combustibles para no estar importándolos del extranjero.

Ya que los impuestos a los combustibles provienen del agotamiento del petróleo, la manera más eficiente y sustentable de aprovechar esta riqueza natural consiste en destinar los ingresos recaudados a infraestructura, principalmente carreteras, transporte público, puentes, calles y avenidas, saneamiento ambiental y fomento a fuentes de energía renovables y a ciencia y tecnología, para que los procesos industriales sean más eficientes en su consumo de energía y para impulsar fuentes de energía renovables. Así, es posible relacionar el consumo de combustibles con la infraestructura que el país necesita para su desarrollo, misma que además será traspasada a las futuras generaciones, a quienes también les pertenecen los hidrocarburos agotados.

Por razones de eficiencia económica y equidad, algunos impuestos deben ser recaudados en el ámbito federal, como los del comercio exterior y el impuesto sobre la renta. Sin embargo, otros impuestos podrían tener un mejor destino si fueran mixtos, como el caso del IEPS a los combustibles. Los estados y el Distrito Federal deben tener la facultad de que sus legislaturas aprueben tasas adicionales a la tasa federal o ``sobretasas'' al IEPS de las gasolinas y el diesel, en función de sus necesidades económicas y de desarrollo; o también, en el caso contrario, que las legislaturas aprueben la posibilidad de que la autoridad local no cobre las sobretasas que tiene derecho a cobrar, para incentivar el desarrollo de actividades productivas.

Dar a las legislaturas de los estados y al Distrito Federal la posibilidad de establecer sobretasas a los IEPS o, incluso, abstenerse de cobrarlas es darles grados de libertad para emprender sus políticas de desarrollo regional con autonomía de las decisiones del gobierno federal. Asimismo, en la Ley del IEPS debe contemplarse la obligación para el Gobierno Federal y las entidades federativas de destinar la recaudación respectiva a infraestructura de transporte público, equipamiento urbano, construcción y modernización de calles y avenidas, infraestructura carretera, saneamiento ambiental y a programas y proyectos de ciencia y tecnología en materia de ahorro de energía que puedan beneficiar la planta productiva nacional por medio de la diversificación económica, que generen reducción de costos y aumento de productividad, así como acciones de saneamiento mediante la promoción de energías alternas. Esta iniciativa propone un plazo de transición para que la tasa federal no se refleje en un incremento en los precios a los consumidores. Para ello se propone que dicha tasa de como resultado un nivel de recaudación federal similar al que se obtuvo en el ejercicio de 2004.

Para fortalecer la Secretaría de Energía en la conducción de la política energética nacional de manera que ésta contribuya a incrementar la competitividad nacional, se propone otorgarle la facultad de determinar la política de subsidios a las tarifas eléctricas. Asimismo, se plantea dar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de fijar las tarifas, su ajuste o reestructuración, con base en criterios económicos, no recaudatorios, de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, promover el racional consumo de energía, y a ser competitivas internacionalmente. En esta responsabilidad, la CRE deberá tomar en cuenta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Electricidad. También se le dan atribuciones de regulación y supervisión de la industria eléctrica para impulsar la eficiencia de los organismos, a fin de que se disminuyan sus costos y alcancen estándares productivos internacionales para que su ineficiencia no sea traspasada a los consumidores.

También se propone otorgar a la CRE la facultad de determinar los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y de gas licuado de petróleo; la refinación y la venta, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, y expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia, así como la de determinar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos de gas licuado de petróleo y de petrolíferos. Se considera que estas nuevas facultades de la CRE permitirán fortalecer la capacidad de regulación del Estado mexicano sobre la industria petrolera y eléctrica, que son estratégicas para el desarrollo nacional; promover una mayor eficiencia y productividad en el sector que pueda trasmitirse a la economía y a los hogares mexicanos en mejores precios de los combustibles; y establecer las bases para avanzar en una reforma integral al sector energía.

No se pasa por alto el impacto que tendrá esta iniciativa en las finanzas públicas federales. Por ello, mediante disposiciones transitorias se establece un plazo de un año a fin de que el Ejecutivo federal disponga de un plazo razonable para llevar a cabo las medidas de racionalidad y ajuste a las erogaciones corrientes, así como proponer nuevas fuentes de ingreso que permitan dar cumplimiento a la obligación de destinar íntegramente la recaudación del IEPS a los fines previstos en la ley.

Esta iniciativa incluye también un mecanismo de protección a los usuarios del servicio público de energía eléctrica por el cobro indebido de este servicio, mediante la adición de un párrafo tercero en el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya que de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor la Comisión Federal de Electricidad es el proveedor más demandado, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la séptima.

Esta protección establece que el consumidor podrá contar con un mecanismo de defensa ante el cobro excesivo de tarifas eléctricas, mediante la presentación de un recurso de inconformidad en contra del cobro indebido, donde la carga de la prueba la tendrá el prestador del servicio. Actualmente, el consumidor para poder presentar una aclaración por un cobro indebido ante la Comisión Federal de Electricidad o la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, debe de pagar el total del recibo que pretende aclarar, sin importar a la prestadora del servicio la condición económica del consumidor, por lo que, en apoyo a los usuarios del servicio público de energía eléctrica, se establece en esta iniciativa que mientras se desahogue el trámite del recurso de inconformidad, el consumidor con el fin de garantizar el importe por aclarar y seguir gozando del servicio de energía eléctrica, deberá pagar el promedio del consumo en los 12 meses anteriores.

Asimismo, se proponen adecuaciones en los textos legales, a fin de que las secretarías mencionadas en los textos vigentes coincidieran con las mencionadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como es el caso de la Secretaría de Economía, en lugar de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, o la de Energía por la de Energía, Minas e Industria Paraestatal.

Por los argumentos antes expuestos, el Partido Revolucionario Institucional pone a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 3o. de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adicionan un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una fracción V Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y el artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal; y se deroga el articulo 2o.-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con la finalidad de establecer mecanismos claros y transparentes para que las tarifas eléctricas y los precios de los combustibles puedan reducirse y ser competitivos internacionalmente, en beneficio de las familias mexicanas y de la industria nacional, al cambiar el énfasis recaudatorio de la política de precios y tarifas del sector público por criterios económicos, de competitividad, de eficiencia y de justicia generacional.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adicionan un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, una fracción V Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y el artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal; y se deroga el artículo 2o.-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 30 y 31; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que determine la Comisión Reguladora de Energía.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán determinadas por la Comisión Reguladora de Energía oyendo a las secretarías de Economía y de Energía.

...

Artículo 31. La Comisión Reguladora de Energía, con la participación de la Secretaría de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, con base en criterios económicos, de manera que tiendan a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público estimadas con base en estándares y costos internacionales, promover el racional consumo de energía y a ser competitivas internacionalmente. Las tarifas de suministro no podrán exceder el costo incremental de largo plazo.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Comisión Reguladora de Energía podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas cuando se justifique y siempre y cuando ello no afecte la competitividad del país. Las tarifas que reciban subsidios se apegarán a la política de subsidios que determine la Secretaría de Energía y a las disposiciones especiales que establezca la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 33. ...

...

Los usuarios del servicio público de energía eléctrica, podrán presentar inconformidades ante la Procuraduría Federal del Consumidor por el cobro de este servicio. En este procedimiento la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, tendrán la carga de la prueba y, a fin de garantizar la prestación del servicio y el importe recurrido, los usuarios pagarán el promedio del consumo de energía eléctrica en los 12 meses anteriores mientras dure dicho procedimiento.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V bis al artículo 2 y se reforman las fracciones I, VII y IX del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a V. ...

V Bis. La refinación y la venta, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y combustibles.

VI. a VIII. ...

...

...

Artículo 3. ...

I. Determinar las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica;

II. al VI. ...

VII. Establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y de gas licuado de petróleo; la refinación y la venta, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y combustibles, y expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Los precios no deberán exceder el costo de oportunidad del productor correspondiente al mercado internacional relevante.

...

VIII. ...

IX. Determinar los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos de petrolíferos y combustibles.

X. a XXII. ...

En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión tomará en cuenta la opinión de las secretarías de Economía, de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a los organismos públicos que corresponda; a las cámaras y a las asociaciones de consumidores, y a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. al IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan, con excepción de los que específicamente determinen otras leyes a una dependencia;

XI. al XV. ...

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 2o.-A y se deroga el artículo 2o.-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. A. La tasa aplicable para la importación y enajenación de gasolinas o diesel será la que resulte para todo el país conforme a la metodología que anualmente determine la Comisión Reguladora de Energía. Dicha metodología deberá tomar en cuenta precios de referencia internacionales y otros criterios económicos de manera que los precios de los combustibles tiendan a cubrir las necesidades financieras del productor sustentadas en costos y estándares internacionales, las de ampliación de la capacidad de refinación, promover un racional consumo de energía y a ser competitivos internacionalmente.

La recaudación que se obtenga por este concepto será destinada exclusivamente a infraestructura de transporte público, equipamiento urbano, construcción y modernización de calles y avenidas, infraestructura carretera, saneamiento ambiental, refinación de petrolíferos y a programas y proyectos de ciencia y tecnología en materia de ahorro de energía y fuentes de energía renovables.

I. a VI. Se derogan.

La Comisión Reguladora de Energía, mediante reglas de carácter general, dará a conocer al público los elementos que formen parte de la metodología señalada para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad y por inflación, los costos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se refiere este artículo.

Artículo 2o.-B. Se deroga.

Artículo Quinto. Se adiciona un último párrafo al artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 3-A. ...

I. y II. ...

...

...

Las legislaturas de los estados y la Asamblea del Distrito Federal podrán determinar una tasa adicional de hasta el 2 por ciento a la tasa que resulte aplicable conforme al artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el procedimiento de contabilización de la recaudación que resulte de aplicar la sobre tasa mediante reglas de carácter general. Los gobiernos de las entidades federativas suscribirán un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Petróleos Mexicanos para establecer los términos y las condiciones bajo los cuales el organismo calculará, retendrá y enterará el impuesto. La recaudación que se obtenga por esta tasa adicional será distribuida entre las entidades federativas y los municipios conforme a lo siguiente:

I. Un 60 por ciento como máximo será administrado por los gobiernos de los estados.

II. Cuando menos un 40 por ciento será distribuido entre los municipios proporcionalmente a su contribución en la recaudación del impuesto.

III. En el caso del Gobierno del Distrito Federal, será distribuido conforme lo determine la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La recaudación proveniente de la tasa adicional será destinada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía enviarán a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía del Congreso de la Unión las medidas que permitirán dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de 2008.

Segundo. Para el ejercicio fiscal de 2008, la tasa a que se refiere el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios deberá ser la que genere una recaudación equivalente a la que obtuvo el gobierno federal en el ejercicio de 2004.

Tercero. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía darán a conocer la política de subsidios a las tarifas eléctricas y las metodologías para determinar los precios de los combustibles y las tarifas de electricidad, respectivamente, en un plazo no mayor de seis meses después de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

1 No se omite señalar en esta iniciativa que el régimen fiscal de la Comisión Federal de Electricidad que establece la obligación de pagar un aprovechamiento al fisco equivalente al 9 por ciento de sus activos fijos netos está afectando su situación financiera.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Sonido en la curul del diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez(desde la curul): Presidenta, para solicitar al orador, a quien quiero hacer un reconocimiento por esta iniciativa de fondo que nos ha llevado a debates, discusiones y posiciones y que finalmente nos da el mecanismo para lograr establecer cómo el Poder Legislativo se puede involucrar en el tema de los precios de las tarifas eléctricas, que hoy es una preocupación nacional... Quiero pedirle al orador si me permite signar junto con él esta iniciativa y felicitar por esta iniciativa de fondo que plantea un mecanismo legal en la transformación de tarifas.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí. Si el diputado lo acepta aquí está el texto para que pase a estampar su firma. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, señora Presidenta. En mi carácter de diputado federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto que reforma y modifica diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación.

Esta iniciativa hace referencia a la necesidad de modernizar y hacer más justos los derechos de los acreedores en el proceso de concursos mercantiles que actualiza la Ley de Quiebras centenaria, en virtud de se requiere más equidad, más justicia entre los acreedores que concurren cuando un comerciante ha caído en desgracia y particularmente refieren la participación que debiera tener el fisco federal en el tratamiento de su carácter de acreedor y participar más en la rehabilitación del comerciante que en su cierre, que en su destrucción.

En efecto, a raíz de que fue promulgada la Ley de Quiebras y en su lugar la Ley de Concursos Mercantiles, el legislador se ha planteado cuál es la mejor forma de hacer valer los derechos de los acreedores, de quienes se hayan en concurso mercantil, y atender de manera efectiva también los derechos del fisco, que representa ante el público el valor oficial de estos procesos.

Con las reformas que se pretende dotar a las autoridades fiscales, se trata de que éstas tengan facultades amplias para concurrir junto con los acreedores privados y buscar una forma justa de tratar a los comerciantes.

Sabemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza para que se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general, y que bajo criterios de equidad social y en productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales privados, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y el uso en beneficio general de los recursos productivos.

Se hace mención de lo anterior con la finalidad de dejar claro que la participación del Estado es determinante para el desarrollo nacional. Participación que se da en el marco de una rectoría estatal que implica la búsqueda de los equilibrios necesarios, para que se desarrollen armónicamente los sectores productivos de la nación.

En el mismo sentido se han constituido instituciones múltiples que tienen que ver con esta regulación económica, porque en última instancia, el buen desarrollo de los sectores productivos de empresas sanas significa empleos para cientos de familias y mejores condiciones y expectativas de vida.

Éste es el bien superior de la comunidad que el Estado debe tener presente cuando se crean programas de apoyo a los programas de empresas privadas de todas las dimensiones, pero sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que mayor número de empleos generan y que son la parte sustancial que soporta la producción nacional a través de las cadenas productivas.

Por lo anterior, es claro que este apoyo debe estar presente para el caso de que una empresa esté en problemas y es motivo de concurso mercantil, por lo que se debe dar prioridad a la preservación de las fuentes de trabajo generadoras de riqueza para las familias, como queda de manifiesto al establecer los créditos laborales por encima del resto de los demás créditos.

Pero el mismo espíritu de preservar el ingreso de los trabajadores debe estar presente también en el momento de la celebración de los convenios para los concursos mercantiles, a fin de participar en la recuperación de los diversos créditos que se tienen con estas empresas sujetas a concurso.

Es decir, se debe privilegiar, no afectar los intereses de quienes ya cuentan con un empleo en la totalidad de la cadena productiva, procurando que los acreedores diversos al fisco hagan valer sus créditos motivo del concurso y no verse perjudicados de manera que puedan entrar también en situaciones de riesgo en sus propias empresas.

Así, con las reformas que se presentan, se pretende que los créditos fiscales sean parte de los convenios respectivos, a fin de que si bien se garantice el interés general a través de la recuperación de los créditos fiscales, también se garantice que los sectores productivos no se vean afectados.

Sería triste e injusto que el fisco federal acabe con las empresas, con las pequeñas empresas, y deje también en la calle a muchos proveedores, a muchos comerciantes que dependen del buen funcionamiento de la empresa materia del concurso.

No tiene sentido privilegiar a través de una disposición legal hacer efectivos los créditos fiscales para ingresarlos a las arcas nacionales y después, mediante programas, dar apoyo a los sectores productivos. Se trata de que mediante una evaluación de los involucrados y el Estado se juzgue qué es lo más conveniente para cada caso específico respecto de los créditos fiscales en un marco de integralidad con el resto de los acreedores.

De esa forma, se pretende dejar sustentado legalmente que los créditos fiscales sean sujetos también a los convenios, en los cuales, por supuesto, deberán de participar las autoridades correspondientes. De lo que se trata es de confiar en el buen juicio y en la honradez de las instituciones y autoridades del Estado mexicano, quienes a través de las evaluaciones correspondientes podrán celebrar los convenios que juzguen más convenientes para el interés público, pero sin afectar el interés privado o social.

Se trata de ejercer de manera inmediata esta atribución, de rector de la economía nacional, buscando el equilibrio del desarrollo nacional y de velar por el interés de la clase trabajadora.

En beneficio de la empresa y de los comerciantes mexicanos, presento esta iniciativa para actualizar la Ley de Concursos y hacer más justa la distribución de lo que quede de los activos de la empresa y que no sea el fisco el que se lleve la mayor parte. Desde luego, respetando por siempre el derecho inalienable de los trabajadores mexicanos para ser preferidos en los activos de una empresa, pero sí solicitar la intervención del fisco federal para que, como los demás acreedores, se sume el esfuerzo de rehabilitar al comerciante.

Solicito a usted, señora Presidenta, que se inscriba esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Nuevo León Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 153, 156 y 221 de la Ley de Concursos Mercantiles; y 66-A, fracción IV, inciso b), 146-B, párrafo primero, fracciones I y II, y 149, párrafos primero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación.

Exposición de Motivos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado ``la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales...''

Que ``el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general...

``Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.''

Y que con ``criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos...''

Queda claro que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se hace mención de lo anterior con la finalidad de dejar claro que la participación del Estado es determinante para el desarrollo nacional. Esa participación se da en el marco de una rectoría estatal que implica la búsqueda de los equilibrios necesarios para que se desarrollen armónicamente los sectores productivos de la nación, teniendo como fin único el bien de la colectividad, el interés superior de la nación, del interés general. Por ello, el Estado no compite con los sectores productivos privados; por el contrario, sirve como apoyo y equilibrio.

En términos del artículo 27 del propio ordenamiento constitucional, se reservan áreas estratégicas o prioritarias para el desarrollo nacional, como los energéticos o la emisión de moneda. En el mismo sentido, ha constituido instituciones múltiples que tiene que ver con esta regulación económica porque, en última instancia, el buen desarrollo de los sectores productivos, de empresas sanas, significa empleos, significa ingresos para cientos de familias y mejores condiciones y expectativas de vida. Éste es el bien superior de la comunidad que el Estado tiene presente cuando se crean programas de apoyo al desarrollo de las empresas privadas de todas las dimensiones, pero sobre todos las micro, pequeñas y medianas empresas, las que mayor número de empleos generan y que son la parte sustancial que soporta la producción nacional a través de las cadenas productivas.

Por ello es preciso que se instauren programas específicos en las dependencias públicas, como las que están a cargo de la Secretaría de Economía o la Secretaría de Desarrollo Social. Ese sentido social de apoyo a la generación de empleo y de riqueza es lo que está atrás de la banca de desarrollo en el país, en la regulación de los flujos monetarios y otras actividades propias de las mismas, el apoyo a los sectores productivos con independencia de que sean públicos, privados o sociales.

El mismo sentido de apoyo debe estar presente para el caso de que una empresa esté en problemas y es motivo de concurso mercantil, por lo que se debe dar prioridad a la preservación de las fuentes de trabajo, generadora de riqueza para las familias, como queda de manifiesto al establecer los créditos laborales por encima del resto de los demás créditos. Pero el mismo espíritu de preservar el ingreso de los trabajadores debe estar presente también en el momento de la celebración de los convenios para participar en los concursos mercantiles, a fin de participar en la recuperación de los diversos créditos que se tiene con estas empresas sujetas a concurso.

Es decir, debe privilegiarse no afectar a quienes ya cuentan con un empleo en la totalidad de la cadena productiva, procurando que los acreedores diversos del fisco hagan valer sus créditos motivos del concurso y no verse perjudicados de manera que puedan entrar también en situaciones de riesgo para la empresa y poner en riego fuentes de empleo adicionales al no poder hacer efectivos los créditos que se tienen con la empresa sujeta a concurso.

Así, con las reformas que se presentan se pretende que los créditos fiscales sean parte de los convenios respectivos, a fin de que si bien se garantice el interés general a través de la recuperación de los créditos fiscales, también se garantice que los sectores productivos no se vean afectados, que sea ahí en el mismo momento de la celebración de los convenios donde se evalúen los apoyos que significan la participación de los créditos a cargo de particulares.

No tiene sentido privilegiar a través de una disposición legal hacer efectivos los créditos fiscales para ingresarlos en las arcas nacionales y después, mediante diversos programas e instituciones, dar el apoyo a los sectores productivos. Se trata de que mediante una evaluación de los involucrados y el Estado se juzgue qué es lo más conveniente para cada caso específico respecto a los créditos fiscales en un marco de integralidad con el resto de los acreedores y suscribir los convenios que se consideran más convenientes y justos para todos, donde el Estado vea por el interés general y los sectores productivos por mantener las fuentes de trabajo.

De esa forma se pretende dejar sustentado legalmente que los créditos fiscales sean sujetos de los convenios respectivos, en los cuáles por supuesto deberán participar las autoridades correspondientes, excluyendo solamente de estos los créditos laborales que no deben estar sujetos a negociaciones y deben ser garantizados.

Se trata también de que se den facilidades para que esos créditos fiscales puedan ser cubiertos en plazos, y que incluso la autoridad pueda condonar parte de esos créditos fiscales si considera que se puede afectar de manera grave la planta productiva. Es decir, que se afectan el empleo y, por tanto, los ingresos de las familias.

Con las reformas que se proponen se trata, en resumen, de evitar esquemas circulares donde, se reitera, se hace efectivo prioritariamente un crédito fiscal y se ingresa en las arcas nacionales para, posteriormente, regresarlo a los sectores productivos a través de diversos programas de apoyo a éstos.

Se trata de confiar en el buen juicio y en la honradez de las autoridades del Estado mexicano, que a través de las evaluaciones correspondientes podrán celebrar los convenios que juzguen más conveniente para el interés público, pero sin afectar el interés privado o social.

Se trata de ejercer de manera inmediata esa atribución de rector de la economía nacional, buscando el equilibrio del desarrollo nacional y velar por el interés de la clase trabajadora.

Con base en lo anterior se propone el siguiente

Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 153, 156 y 221 de la Ley de Concursos Mercantiles; y 66-A, fracción IV, inciso b), 146-B, párrafo primero, fracciones I y II, y 149, párrafos primero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Ley de Concursos Mercantiles

Artículo 153. El convenio deberá considerar el pago de los créditos previstos en el artículo 224 de esta ley, y de la totalidad de los créditos, incluidos los fiscales, los créditos singularmente privilegiados, y de lo que corresponda, conforme a sus respectivas garantías y privilegios, a los créditos con garantía real y con privilegio especial que no hubieren suscrito el convenio.

...

Artículo 156. Podrán suscribir el convenio todos los acreedores reconocidos, con excepción de los acreedores por créditos los laborales en relación con lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 constitucional y en esta ley.

Artículo 221. Los créditos laborales diferentes de los señalados en la fracción I del artículo 224 se pagarán después que se hayan cubierto los créditos singularmente privilegiados y los créditos con garantía real, pero con antelación a los créditos con privilegio especial.

Código Fiscal de la Federación

Artículo 66-A. Para los efectos de la autorización (pago diferido) a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo siguiente:

IV.Se revocará la autorización para pagar a plazos, en parcialidades o en forma diferida, cuando

...

b) El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado en quiebra; en su caso, el pago a plazos será materia del convenio respectivo.

Artículo 146-B. Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil y aun después, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos de 60 por ciento del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no será menordel beneficio mínimo de entre los otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos 50 por ciento del monto reconocido a los acreedores no fiscales.

II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más de 60 por ciento del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en los términos del inciso anterior, será determinada para cada caso específico, procurando no afectar de manera determinante el resto de los créditos.

Artículo 149. El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la federación debió percibir por el adeudo principal y en los términos que se establezcan en el convenio respectivo, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El diputado Samuel Aguilar Solís:Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: en México, las primeras medidas de protección del ingreso formalizadas en la legislación laboral surgieron a principios de los años 30, y la seguridad social se inició una década después con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad social que a partir de ese momento ofrecería esta institución converge en un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal.

La reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de julio de 1997 tuvo entre sus principales modificaciones el cambio al Sistema de Pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados al Instituto que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administradas por empresas de giro exclusivo, denominadas ``administradoras de fondos para el retiro'' (Afore).

Dicha reforma señaló como objetivo estratégico promover un crecimiento económico, vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y redunde en el bienestar social. Todo ello, a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, así como por el incremento de los ingresos de la población.

La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso social. La constitución de ahorro interno indispensable para incrementar la inversión se orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social de manera perdurable.

Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos, quienes exigen mejores niveles de vida, estabilidad y certidumbre; mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados; mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral. Es decir, un Estado garante en sus derechos y un desarrollo compartido.

La obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias como el adecuarse al cambio demográfico, responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de cuantiosos recursos que le confieren al instituto, para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social.

Hoy empezamos a vivir un proceso de transición demográfica consistente en que ha aumentado la esperanza de vida y paulatinamente han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, teniendo por resultado el crecimiento de la población y la edad promedio de ésta, la cual se agudiza en aquélla que tiene derecho a la seguridad social.

El aumento en la esperanza de vida implica que más gente llegue a la edad de retiro y que el número de años durante los cuales se paga una pensión se incrementa sustancialmente, prolongándose el tiempo en el que se ofrece la atención médica respectiva, precisamente en la edad que resulta más necesaria y también más costosa. El sistema de pensiones habría entrado en una trayectoria de crisis si no se hubiera reformado y de persistir las tendencias que acusaba, se hubiese llegado a un colapso financiero.

En efecto, las previsiones demográficas estimadas para los países desarrollados donde la estructura demográfica y su evolución han alcanzado lo que puede llamarse una madurez demográfica, presenta situaciones críticas, pues la relación de pensionados con el personal activo puede representar porcentajes sumamente elevados.

En México, en diciembre de 1995 fue aprobada por el Congreso una nueva ley que constituye un cambio radical, incluso para muchos analistas, significaba el desmantelamiento de la concepción y práctica de la seguridad social mexicana vigente a principios de los años cuarenta.

El objetivo central de dicha reforma fue la privatización de los fondos para el retiro de pensiones de cientos de millones de trabajadores asalariados del mercado formal de trabajo afiliados al régimen obligatorio de la seguridad social.

En el nuevo sistema, cada trabajador posee una cuenta que confía para su administración a una empresa especializada en la administración de fondos de retiro, que a su vez lo invierte en instrumentos financieros.

Esas empresas especializadas compiten entre sí con base en el rendimiento que ofrezcan al trabajador, o en su defecto, a partir de las comisiones que cobran por el manejo de cuentas. El trabajador puede cambiar periódicamente de empresa y en general existen regulaciones que impiden que alguna administradora de fondos de pensiones acapare un alto porcentaje del mercado.

El Estado lleva a cabo las labores de supervisión y regulación mediante organismos especializados y en algunas pensiones realiza aportaciones a las cuentas, además de garantizar a todos los trabajadores una pensión mínima; así queda expresamente en la ley.

La transición en el sistema de pensiones es un proceso importante. En efecto, de un sistema de pensiones público, colectivo y de beneficios definidos o de reparto, se da paso a un nuevo sistema de pensiones de mercado individual y de contribuciones definidas. Esta nueva modalidad teóricamente busca eliminar iniquidades, mantener el valor real de las pensiones, establecer una pensión mínima garantizada por el Estado y mediante la individualización de las cuentas, asegurar el acceso directo del derechohabiente de sus recursos, ofreciéndole una alternativa segura de ahorro.

Sin embargo, las elecciones individuales no garantizan que los anteriores pronósticos se vayan a cumplir de manera efectiva. Con este nuevo sistema se pretende también alcanzar tres ambiciosos propósitos: contribuir a la generación de ahorro interno y crear nuevos empleos en la economía; segundo, la indización de las pensiones para mantener su valor real; y tercero, mantener un nivel de ingresos de un salario mínimo para todos los pensionados.

El ahorro interno en México comprende todo el ahorro realizado en instrumentos financieros tanto bancarios como no bancarios y se mide mediante el agregado monetario amplio, menos billetes, más monedas en poder del público. Este ahorro interno incluye, entre otros conceptos, al ahorro obligatorio que proviene de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de las empresas y entidades del sector público que tiene que realizar a favor de sus trabajadores.

De 1998 a 2005, el ahorro interno ha incrementado su proporción con respecto al producto interno bruto. El ahorro interno sin los recursos del SAR representa el ahorro voluntario del país, y a diferencia de lo que ha pasado con el ahorro interno, su proporción con respecto al PIB no ha aumentado de final de 1998 a 2006.

Este comportamiento se explica por la mayor tasa de crecimiento que el ahorro interno ha registrado en compensación con el ahorro voluntario en el mismo lapso. Así, de diciembre de 1998 a finales de 2006 la tasa de crecimiento medio anual real del ahorro voluntario fue de 7.4 por ciento, en tanto que en el ahorro voluntario ascendió a 5.3 por ciento. El mayor dinamismo del ahorro interno y en compensación al del ahorro voluntario se explica porque su componente de ahorro obligatorio ha crecido a tasas altas.

Esto se ha reflejado en una proporción creciente de ahorro interno con respecto al PIB, lo cual no ha sucedido con el ahorro voluntario.

Conforme el ambiente económico mejore y el sistema financiero madure, el papel de la regulación prudencial debería fortalecerse y las restricciones cuantitativas a las inversiones reducirse.

Lo anterior ampliaría las opciones de riesgo-rendimiento de los ahorradores sin recurrir en riesgos excesivos. Estas medidas ampliarían la diferencia en estrategias de riesgo-rendimiento y permitiría que ésas se aproximen a las necesidades y preferencias de los diferentes trabajadores. Asimismo, se incrementarían los incentivos para que los trabajadores se involucren más en sus planes de pensiones.

Por eso, esta iniciativa propone llevar una política conservadora en la inversión de los fondos de pensiones y reducir la inversión de los fondos de pensiones y reducir la inversión de los fondos de pensiones en valores extranjeros de 20 por ciento a 10 por ciento, generando así un aumento en el ahorro interno y por ende mayor inversión en el país.

Solamente hago una acotación: si en este momento esta iniciativa se aprobara, de manera automática se reduciría el 50 por ciento en términos de ahorro invertido en el exterior y significaría en este momento 10 mil millones de dólares adicionales, directamente para la inversión productiva en nuestro país.

Debemos buscar, pues, esquemas más justos y equitativos. Debemos de revisar nuestra manera de entender el desarrollo y atender las necesidades nacionales como el empleo, la alimentación y el bienestar en su conjunto.

Por último, diputada Presidenta, de manera atenta solicito que la iniciativa, así como esta intervención, sea publicada en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma, en términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, se realiza a continuación la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, las primeras medidas de protección al ingreso formalizadas en la legislación laboral surgieron a principios de los años treinta, y la seguridad social se iniciaría una década después, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La seguridad social que a partir de ese momento ofrecería esta institución converge en un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal.

En realidad, como todos sabemos, no hay un sistema único de seguridad social en el país, sino varios, que atienden a distintos grupos sociales, destacando por su importancia el IMSS y el ISSSTE.

La reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de 1997 tuvo entre sus principales modificaciones el cambio del sistema de pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados al IMSS, que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administradas por empresas de giro exclusivo denominadas administradoras de fondos para el retiro (AFORE).

Dicha reforma señaló como objetivo estratégico promover un crecimiento económico vigoroso y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y redunde en el bienestar social. Todo ello a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, así como por el incremento de los ingresos de la población.

La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso social. La constitución de ahorro interno, indispensable para incrementar la inversión, se orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social perdurable.

Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos, quienes exigen mejores niveles de vida; estabilidad y certidumbre; mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados; mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral; un Estado garante de sus derechos, y un desarrollo compartido.

La seguridad social es uno de los mejores medios para llevar a cabo los objetivos de política social y económica del Gobierno y satisfacer las legítimas demandas y aspiraciones de la población. Su materialización en el IMSS se ha destacado por los grandes beneficios proporcionados a los trabajadores, sus familias y a las empresas, así como la promoción de la salud y el bienestar de la sociedad. El instituto ha sido instrumento redistribuidor del ingreso, expresión de solidaridad social y baluarte auténtico de la equidad y la estabilidad de nuestro país. A través de los años ha quedado constatada su capacidad de brindar protección, certidumbre y justicia social para los mexicanos, contribuyendo notablemente al desarrollo de nuestra nación.

La obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo, coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias, como adecuarse al cambio demográfico, responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de los cuantiosos recursos que se le confían al instituto para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insuficiencias con la firma voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social.

Hemos empezado a vivir un proceso de transición demográfica consistente en que ha aumentado la esperanza de vida y paulatinamente han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, teniendo por resultado el crecimiento de la población y de la edad promedio de ésta, lo cual se agudiza en aquella que tiene derecho a la seguridad social. El aumento en la esperanza de vida implica que más gente llega a la edad de retiro y que el número de años durante los cuales se paga una pensión se incrementa sustancialmente, prolongándose el tiempo en el que se ofrece la atención médica respectiva, precisamente en la edad en que resulta más necesaria y también más costosa.

Actualmente, el sistema de seguridad social en México, contempla cuatro tipos de pensiones: el de enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez, vejez, cesantía y muerte; y de retiro. Para efectos de la prestación del servicio existe un sistema general para los trabajadores del sector privado, otro para los empleados del sector público y algunos regímenes especiales para las fuerzas armadas. En total el número de derechohabientes del sistema de seguridad social son 49.8 millones de personas, lo que representó el 60 por ciento de la población cubierta por algún régimen de seguridad social, concentrada su cobertura fundamentalmente en el IMSS y en el ISSSTE, que agruparon al 95 por ciento de la población derechohabiente. El sistema operante en estas instituciones es un sistema tripartito de contribuciones, complementado con un esquema de ahorro para el retiro de los trabajadores financiado por las empresas, es tripartita porque contribuyen a este sistema: el trabajador, el patrón y el gobierno.

Las pensiones se otorgan a los 65 años a todos los trabajadores que hayan cotizado durante 500 semanas, apoyando a los sobrevivientes, y existe un subsidio de sepelio. La determinación de los ingresos de la pensión se basa en el monto de la prestación en múltiplos del salario mínimo en el Distrito Federal.

En lo que se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro, es un sistema obligatorio de cuentas de capitalización, complementando al de pensiones y cuya aportación básica está a cargo de la aportación patronal equivalente a 2 por ciento del salario. El sistema de financiamiento de las pensiones provistas por el IMSS, como ya se mencionó, es mediante contribuciones tripartitas, con el 76 por ciento aportado por los patrones, 20 por ciento por los trabajadores y 4 por ciento por el gobierno. Cabe señalar que en México no existían fondos o fideicomisos donde se depositaran los recursos, sino únicamente un sistema de reservas dentro de cada uno de los institutos de seguridad social.

El sistema de pensiones habría entrado en una trayectoria de crisis, si no se hubiera reformado, y de persistir las tendencias que acusaba se hubiese llegado a su colapso financiero. En efecto, las previsiones demográficas estimadas para los países desarrollados donde la estructura demográfica y su evolución ha alcanzado lo que puede llamarse una madurez demográfica, presentan situaciones críticas, pues la relación de pensionados al personal activo puede representar porcentajes sumamente elevados. En el caso de los países en desarrollo, con demografía joven, en los que la proporción de las personas de edad por encima de los 60 a 65 años es todavía reducida, se plantea también un incremento más acelerado en la medida en que se reduzcan las tasas de natalidad y mortalidad, lo cual llevará a incrementar la percepción de cotizaciones y sus niveles correspondientes para hacer frente a esta creciente proporción de trabajadores que se retiran de su actividad, en relación con la población activa.

Por otra parte, el capital humano y la experiencia acumulada de trabajadores que todavía pueden aportar un trabajo de alto nivel productivo, implica una pérdida y, por supuesto, la necesidad de reponer este capital cuyo costo no se ha medido. Este costo de reposición probablemente alto no necesariamente se refleja en los costos de las pensiones, pero sí en un aumento de financiamiento para remplazar la mano de obra calificada. Para los propios trabajadores, que se retiran en edades que todavía pueden desempeñar una actividad, su salida del mercado laboral representa un problema importante, ya que en muchos casos la insuficiencia de las pensiones les obliga a buscar ocupaciones o trabajos más remunerados.

El fundamento social de la pensión de vejez o de retiro, es que la sociedad y el Estado son responsables de que los trabajadores conserven sus condiciones de salud que les permita desempeñar su trabajo. Las pensiones de retiro o vejez se justifican social y económicamente, porque los trabajadores a lo largo de su vida productiva han acumulado una riqueza social, que debe garantizarles un retiro digno. En cambio los programas de pensiones adelantadas no se justifican, económica, social o políticamente hablando. Esto último genera problemas serios en el funcionamiento del mercado de trabajo y en general significa una carga social, elevando el costo significativo párale sistema de pensiones.

Por otra parte, las altas tasas promedio de inflación y el estancamiento de los salarios desde los años ochenta, han distorsionado el sistema, ya que las pensiones se indizan con el salario mínimo general del Distrito Federal, y no con respecto al INPC. Otro elemento distorsionador es la base del cálculo de las pensiones. En efecto, únicamente se considera el salario mínimo promedio de los últimos cinco años de cotización del asegurado entre el salario mínimo en el momento de la jubilación. Ello significa que el numerador de la fórmula tiende a ser más pequeño en relación con el denominador, si se considera que los ingresos de las personas durante su ciclo de vida laboral tienden a rebasar los 50 años de edad, el denominador se incrementa en periodos de alta inflación.

Lo anterior ha presionado a adoptar un nuevo sistema de pensiones. En efecto, la alternativa que se ha adoptado en varios países, incluyendo el nuestro, es el cambio del sistema solidario por uno de capitalización individual. Este último sistema comenzó a operar desde los años sesenta en algunos países de Asia y en 1980 Chile lo adoptó para hacer frente a una crisis de grandes proporciones en su sistema de retiro.

En México, en diciembre de 1995 fue aprobada por el Congreso una nueva ley que constituye un cambio radical; incluso, para muchos analistas, significa el desmantelamiento de la concepción y práctica de la seguridad social mexicana, vigente desde principios de los años cuarenta. El objetivo central de la reforma fue la privatización de los fondos para el retiro o de pensiones de cientos de miles de trabajadores asalariados del mercado formal de trabajo afiliados al régimen obligatorio de seguridad social.

En el nuevo sistema, cada trabajador posee una cuenta que confía para su administración a una empresa especializada en la administración de fondos de retiro, que a su vez lo invierte en instrumentos financieros. Estas empresas especializadas compiten entre sí, con base en el rendimiento que ofrecen al trabajador o, en su defecto, a partir de las comisiones que cobran por el manejo de cuentas. El trabajador puede cambiar periódicamente de empresa y, en general, existen regulaciones que impiden que alguna administradora de fondos de pensiones acapare un alto porcentaje del mercado. El Estado lleva a cabo las labores de supervisión y regulación mediante organismos especializados y en algunas pensiones realiza aportaciones a las cuentas, además de garantizar a todos los trabajadores una pensión mínima.

Llegado el momento del retiro, el trabajador podrá disponer de los recursos que se acumularon en su cuenta para adquirir una pensión vitalicia. Este servicio lo proporcionan las aseguradoras, encargadas de diseñar diferentes tipos de pensiones vitalicias de acuerdo con la suma que haya reunido el trabajador durante su vida laboral y con la esperanza de vida que estimen para el mismo. Finalmente, el trabajador puede optar también por un sistema de retiro escalonado, por medio del cual, la suma que ahorró a lo largo de su vida activa se le entrega en partes, a lo largo de periodos predeterminados. Esta opción es la mejor para trabajadores con una esperanza de vida reducida y que, por consiguiente, pueden suponer que su periodo de retiro será reducido, pero también entraña el riesgo que bajo este supuesto gasten sus ahorros y queden desprotegidos en la fase terminal de su vida. En términos generales, puede decirse que habrá problemas importantes en la elección del mecanismo más adecuado para el pensionado; no será fácil decidir el destino de su ahorro para el retiro, toda vez que el trabajador puede disponer de la totalidad de su cuenta.

La transición en el sistema de pensiones es un proceso importante. En efecto, de un sistema de pensiones público, colectivo y de beneficios definidos o de reparto, se da paso a un nuevo sistema de pensiones de mercado, individual y de contribuciones definidas. Esta nueva modalidad teóricamente busca eliminar inequidades, mantener el valor real de las pensiones, establecer una pensión mínima garantizada por el Estado y, mediante la individualización de las cuentas, asegurar el acceso directo del derechohabiente a sus recursos ofreciéndole una alternativa segura de ahorro. Sin embargo las elecciones individuales no garantizan que los anteriores pronósticos se vayan efectivamente a cumplir.

Con este nuevo sistema, se pretende también alcanzar tres ambiciosos propósitos:

Contribuir a la generación de ahorro interno y crear nuevos empleos en la economía.

La indización de las pensiones para mantener su valor real.

Mantener un nivel de ingresos de un salario mínimo para todos los pensionados.

Habría que reconocer que el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo para que se cumplan. Las instituciones privadas difícilmente lo harían por sí solos. En efecto, aquellos que gozan actualmente de algún tipo de pensión no se ven afectados, pues la seguirán recibiendo de manera mensual, sin embargo no es completamente claro, cómo se verán beneficiados, pues no hay en la reforma ningún mecanismo que les garantice a los pensionados actuales que su pensión en el futuro efectivamente mejorará. Es por ello que propongo la reforma al artículo 42, adicionando un párrafo para que las inversiones de los recursos de los trabajadores sean un tanto conservadoras, que se inviertan con responsabilidad y conocimiento para que no afecten los recursos que recibirá el trabajador en un futuro. Las administradoras deberán competir entre ellas, pero sobre todo deben saber encarar los problemas de inflación, devaluaciones y, en general, fluctuaciones macroeconómicas, cuestiones que ciertamente no dependen de las Afore.

La reforma que entró en vigor el primero de julio de 1997 genera nuevas empresas privadas. En el periodo de acumulación de fondos, éstos son administrados por las Afore e invertidos por las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore). Las Afore y las Siefore son reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En el periodo de desacumulación o pago de prestaciones son realizadas por las aseguradoras de pensiones (AP), las cuales son reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF), organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las prestaciones cuyo pago queda a cargo de las AP son: pensiones; pensiones derivadas de una incapacidad permanente total; pensiones derivadas de una incapacidad permanente parcial superior a 50 por ciento; pensiones derivadas de la muerte de un asegurado como consecuencia de un riesgo laboral, pensiones derivadas del ramo de invalidez; pensiones derivadas del ramo de fallecimiento (sobrevivientes); pensiones mínimas garantizadas derivadas de los seguros de riesgo de trabajo e invalidez; pensiones derivadas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuando el asegurado opte con contratar una renta vitalicia (en lugar de retiro programado); pensiones derivadas de la contratación del seguro de sobrevivencia a la que está obligado quien se retira en forma anticipada y el que se debe contratar a favor de los beneficiarios por la Afore al momento en que se otorgue una pensión por la alternativa de retiro programado.

A casi nueve años de haber iniciado operaciones, el Sistema de Pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS ha acumulado casi 36 millones de trabajadores registrados. Las cuentas individuales manejadas por las Afore registran un valor cercano a los 659 mil millones de pesos, lo cual representa más de 7 puntos porcentuales del PIB anual estimado para el año 2006.

Las Afore están autorizadas a cobrar comisiones a los trabajadores por los servicios que prestan. Estas comisiones pueden establecerse sobre las cuotas obrero-patronales a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sobre el valor de los activos administrados o una combinación de ambos. Sólo se permiten cobros de comisiones como cuota fija por los servicios que se establecen en el reglamento de la Ley del SAR.

Las Afore aplican descuentos por antigüedad a los trabajadores, es decir, a mayor tiempo de permanencia en la administradora menor será la comisión por concepto de administración de la cuenta.

Debido a la dificultad que representa a un trabajador establecer cual administradora es la que cobra menos, la Consar publica un cuadro de comisiones equivalentes desde 1998, en términos de comisiones sobre flujo y sobre saldo, autorizándose como indicador único comparativo, proyectado a 25 años. Las comisiones equivalentes se calculan considerando la misma tasa de rentabilidad para todas las Siefore, el nivel salarial promedio de los afiliados al IMSS, diferentes periodos de permanencia del trabajador dentro de la administradora, y el saldo acumulado de RCV.

Los indicadores a considerar para la elección de una Afore por parte del trabajador son cuatro: la rentabilidad de la inversión de fondos, el riesgo de la inversión de fondos, el costo de comisiones por administración y la calidad del servicio.

Los valores disponibles en el mercado para las Siefore son de deuda pública: Cetes, Udibonos, Bondes y Bonos; y de deuda privada: papel comercial, obligaciones y bonos.

Los pasivos de pensiones son de largo plazo; sin embargo, los activos disponibles en el mercado son de corto plazo, lo que origina un descalce entre activos y pasivos. Esta situación se ve más relevante en el tiempo, dado el crecimiento de la participación en el sector financiero, tanto de los Siefore como de las pensiones.

Cada Afore cuenta como mínimo con dos Siefore (fondo1 y fondo 2), donde se invierten los recursos de los trabajadores. Cada fondo es diferente porque invierte en distintas alternativas financieras, el fondo 1 invierte en instrumentos financieros nacionales y valores internacionales, y el fondo 2 invierte en instrumentos financieros nacionales, valores internacionales e índices accionarios. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ``el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones; para tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores a fomentar: a) la actividad productiva nacional; b) la mayor generación de empleo; c) la construcción de vivienda; d) el desarrollo de infraestructura estratégica del país, y e) el desarrollo regional''.

Los trabajadores son libres de elegir entre fondos en función de su preferencia y su edad, también pueden cambiar de fondo cuando lo deseen tan sólo llamando a su Afore. El límite de inversión máximo en valores internacionales es hasta el 20 por ciento del total del fondo, y el límite de inversión máximo en índices accionarios es hasta el 15 por ciento del total del fondo 2.

Todo el ahorro individual del trabajador está en uno u otro Fondo, es decir, en el fondo 1 o en el fondo 2, pero no en ambos. Algunas Afore cuentan además con Fondos de Inversión adicionales, dedicados a la inversión de las aportaciones voluntarias de los trabajadores.

Esto es, durante el periodo enero-octubre de 2006, las 7 Afore más caras concentraron el 70.5 por ciento del mercado, en tanto que las 7 Afore más baratas concentraban sólo el 5.31 por ciento de los fondos, a pesar de que el primer grupo cobró una comisión equivalente sobre saldo (CESS) promedio 37.7 por ciento más alta que el segundo (3.14 por ciento contra 2.28 por ciento). Entre diciembre de 2005 y octubre de 2006 el segundo grupo incrementó su participación de 3.6 por ciento a 6.7 por ciento. Sin embargo, esta tendencia está asociada a excesivos gastos de promoción y publicidad y es insuficiente para asegurar la eficiencia del sistema.

El ahorro interno en México comprende a todo el ahorro realizado en instrumentos financieros, tanto bancarios como no bancarios, y se mide mediante el agregado monetario amplio M4a menos billetes y monedas en poder del público. Este ahorro interno incluye, entre otros conceptos, el ahorro obligatorio que proviene de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro que las empresas y entidades del sector público tienen que realizar a favor de sus trabajadores. De 1998 a 2005 el ahorro interno ha incrementado su proporción con respecto al PIB.

El ahorro interno sin los recursos del SAR representa el ahorro voluntario del país y, a diferencia de lo que ha pasado con el ahorro interno, su proporción con respecto al PIB no ha aumentado del final de 1998 a 2006. Este comportamiento se explica por la mayor tasa de crecimiento que el ahorro interno ha registrado en comparación con la del ahorro voluntario en el mismo lapso. Así, de diciembre de 1998 al final de 2006 la tasa de crecimiento media anual real del ahorro voluntario fue de 7.4 por ciento; en tanto, la del ahorro voluntario ascendió a 5.3 por ciento. El mayor dinamismo del ahorro interno, en comparación con el del ahorro voluntario se explica porque su componente de ahorro obligatorio ha crecido a tasas altas. Esto se ha reflejado en una proporción creciente del ahorro interno con respecto al PIB, lo cual no ha sucedido con el ahorro voluntario.

Conforme el ambiente económico mejore y el sistema financiero madure, el papel de la regulación prudencial debería fortalecerse y las restricciones cuantitativas a las inversiones reducirse. Lo anterior ampliaría las opciones riesgo-rendimiento de los ahorradores, sin incurrir en riesgos excesivos. Estas medidas ampliarían la diferenciación en estrategias de riesgo-rendimiento, y permitirían que éstas se aproximen a las necesidades y preferencias de los diferentes trabajadores. Asimismo, se incrementarían los incentivos para que los trabajadores se involucren más en sus planes de pensión.

Por ello, se propone en esta iniciativa:

Llevar una política conservadora en la inversión de los fondos de pensiones, y

Reducir la inversión de los fondos de pensiones en valores extranjeros de 20 por ciento a 10 por ciento, generando así un aumento en el ahorro interno y por ende mayor inversión en el país.

Todas estas medidas enfocarían la competencia entre las Afore en la oferta de estrategias eficientes de riesgo-rendimiento y quitaría incentivos para realizar gastos excesivos en publicidad y promoción.

Obtener mejores rendimientos que se puedan ofrecer a través de un manejo más profesional de los recursos invertidos y del ahorro de costos de transacción para los trabajadores.

También, se pretende incrementar el ahorro interno por medio de los recursos aportados por el sistema, generar empleos y el desarrollo de todos los sectores del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor del siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 42. Las sociedades de inversión deberán contar con un comité de inversión que tendrá por objeto determinar una política y estrategia de inversión conservadora, con responsabilidad y conocimiento total, con el fin de no afectar los recursos que recibirá el trabajador en un futuro, la composición de los activos de la sociedad, así como designar a los operadores que ejecuten dicha política de inversión.

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

...

...

...

La Comisión queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica, incentivando a las administradoras a invertir en los ramos más necesitados del país, o se constituyan riesgos comunes para una sociedad de inversión

Artículo Tercero. Se reforma la fracción XI del artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 48. Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. Adquirir valores extranjeros distintos a los autorizados por la comisión en el régimen de inversión. Estos valores no deberán exceder el 10 por ciento del activo total de las sociedades de inversión, y

XII. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértense los textos íntegros en el Diario de los Debates, y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez:Con el permiso de la Presidencia. Las diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalsuscribimos la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tiene como objetivo establecer, en los preceptos legales, los conceptos de equidad de género y perspectiva de género.

La importancia de la incorporación de estos conceptos a la ley en comento radica en que, de acuerdo con la Ley de Planeación, el Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa que asigna los recursos disponibles a los programas públicos.

En este sentido, forma parte del sistema nacional de planeación democrática y tiene que señalar las metas anuales con que se vayan logrando los objetivos de desarrollo del plan nacional. Por ello, si se tiene perspectiva de género en estos aspectos de la vida pública, habrá mecanismos adecuados en las políticas públicas para la eliminación de la brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres.

Los presupuestos generan políticas públicas viables si se tienen definiciones de principios y de normas ajustadas a las aspiraciones reales de la sociedad. Por ello no pueden estar concebidos con un espíritu meramente técnico y estadístico; deben reflejar el interés social y convertirse en instrumentos de cambio.

Los presupuestos pro equidad de género, o con enfoque de género, son los procesos y herramientas propuestas, planteadas en los presupuestos públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, que entienden que las relaciones de género --que marcan pautas sociales, económicas y políticas que repercuten en que el presupuesto-- tengan un impacto diferenciado sobre hombres y mujeres. Un presupuesto pro equidad de género toma en consideración las diferentes necesidades, privilegios, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad. Asimismo, valora de manera diferenciada las contribuciones de hombres y mujeres, tanto en la producción de bienes y servicios como en el trabajo humano, para movilizar y distribuir los recursos.

La necesidad de lograr presupuestos con perspectiva de género radica en que es una de las estrategias más exitosas llevadas a cabo a nivel internacional para incorporar la visión de género en la planificación y en la evaluación gubernamental del impacto de las políticas públicas, a fin de hacer real el compromiso de promover el respeto de los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos.

A mayor abundamiento sobre los presupuestos pro equidad de género, podemos mencionar que la primera experiencia de este tipo se emprendió en Australia hace dos décadas. Ésta y la de Sudáfrica que se impulsó en 1995 todavía sirven como punto de referencia para muchos de los proyectos que se realizan en diversos lugares del mundo, incluyendo la región de Latinoamérica a partir de los años noventa.

De ahí que sea importante que valores como la no discriminación, la igualdad social o la equidad de género sean la base ética y normativa de los presupuestos que dan cauce y operación a las políticas públicas y que con ello se realicen acciones afirmativas con el objeto de eliminar desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

No podemos permitir que el Presupuesto de Egresos de la Federación siga sin tener lenguaje incluyente y, peor aún, que haya retrocesos en la asignación de recursos para programas enfocados a las mujeres, ya que en la práctica demuestra que a través de estas acciones afirmativas el gobierno federal puede impulsar acciones y políticas públicas a favor de las mujeres en materia de salud, educación, atención a la violencia, procuración de justicia, entre otras.

Con esta reforma, estaremos dando respuesta favorable a las recomendaciones hechas por el Comité de Expertas de la CEDAW, respecto a que México debe trabajar para lograr presupuestos con perspectiva de género. Además, las dependencias y organismos autónomos estarían obligados por ley a incorporar la perspectiva de género en los proyectos enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ésta, a su vez, considerarlos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

En resumen, podemos decir que la incorporación de estos conceptos en la ley en comento tendrá como resultado la visibilización de la equidad entre hombres y mujeres y la necesidad de desarrollar mecanismos para la adecuada asignación de recursos para programas y actividades sustentadas en el reconocimiento de que las políticas públicas y la realidad tienen que acercarse mediante nuevos diseños y formas de operación acordes a una realidad diferenciada que exige nuevas respuestas.

Señora Presidenta de la Mesa Directiva, le pido atentamente que la iniciativa que hoy presento sea incorporada íntegramente en el Diario de Debates y que la exposición que tuve en esta tribuna sea considerada en la exposición de motivos de la misma iniciativa. Por la atención: a todas y a todos, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Yolanda Rodríguez Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 2, fracción XII, recorriendo las subsecuentes, y se adiciona la fracción XXVI del mismo artículo, recorriendo las subsecuentes, para incorporar los conceptos de equidad de género y perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Ley de Planeación, el Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa que asigna los recursos disponibles a los programas públicos. En ese sentido, forma parte del sistema nacional de planeación democrática y tiene que señalar las metas anuales con que se vayan logrando los objetivos de desarrollo del plan nacional, cuya perspectiva es de seis años.

Se ha visto erróneamente el Presupuesto como un instrumento estrictamente contable y financiero. Sin embargo, la realidad es diferente, ya que a través del Presupuesto de Egresos es posible que el Estado produzca bienes y servicios que le permitan atender las demandas sociales y transformar las condiciones materiales de desarrollo, centrándose en el logro del proyecto nacional o del tipo de sociedad que aspiramos ser en el largo plazo.

La desagregación de los planes por sectores y la distribución de sus recursos anuales por la vía del Presupuesto tienen el efecto de modificar las condiciones en que vive la población, mejorar su perspectiva de futuro y cambiar el entorno social en que trabaja, estudia, convive, se recrea e interactúa con los demás.

La dimensión humana de los planes y de los presupuestos se percibe cuando tenemos la capacidad de evaluar su ejecución a la luz del impacto en cuestiones esenciales como la cobertura y la calidad educativa, la morbilidad o mortalidad, la limpieza o carencia de un entorno ambiental habitable, la existencia de vías adecuadas de comunicación e incluso en valores intangibles como la tolerancia, la cultura política, la integración de los grupos vulnerables y, muy especialmente, la manera en que el acceso al mercado, a los recursos y a las decisiones favorece, en los hechos, la igualdad entre mujeres y hombres.

Los presupuestos generan políticas públicas viables si tienen definiciones de principios y de normas ajustadas a las aspiraciones reales de la sociedad. Por ello no pueden estar concebidos con un espíritu meramente técnico y estadístico: deben reflejar el interés social y convertirse en instrumentos de cambio.

Si el Presupuesto es estructurado con la perspectiva de igualdad de género, permitirá que políticas esenciales como la educativa permita diferenciar y atender las necesidades específicas de hombres y de mujeres. Bajo la misma noción, en materia de salud, los presupuestos hospitalarios, tanto para la atención de enfermedades como para la prevención, podrán facilitar una atención diferente entre hombres y mujeres, habida cuenta de que tienen características definidas cada uno.

El presupuesto con perspectiva de género en materia de desarrollo agropecuario podría diferenciar entre hombres y mujeres responsabilidades diferentes, jornadas de trabajo distintas o prestaciones específicas. No cabe ninguna duda de que no tienen la misma participación y necesidades la mujer campesina que el hombre campesino; luego entonces, ¿por qué las bases presupuestales y legales con que se formulan las políticas públicas plantean un trato raso para todos, si las diferencias son innegables?

Nuestra propuesta no es provocar la separación de los sexos, ni crear privilegios que nadie pide, o crear una sociedad fragmentada, pero las políticas públicas tienen que asumir las diferencias que existen. Si todos reconocemos diferencias entre regiones y subregiones, en el nivel territorial, debemos asumir también especificidades entre grupos sociales y entre hombres y mujeres, en el nivel humano. El Estado, las leyes y los recursos deben construirse por ello de manera diferente de como se ha venido haciendo ahora y transformarse, más allá de formulismos tecnocráticos, en herramientas para el cambio social y humano que reclama a gritos nuestra realidad.

De ahí que sea importante que valores como la no discriminación, la igualdad social o la equidad de género sean la base ética y normativa de los presupuestos, que dan cauce y operación a las políticas públicas.

Si no están elaborados con perspectiva de género las políticas y gastos de los gobiernos en áreas como las políticas económica, laboral, de financiamiento, de salud y educación, pueden perpetuar o incluso profundizar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Qué son los presupuestos pro equidad de género o con enfoque de género?

Son los procesos, las herramientas y las propuestas planteadas en los presupuestos públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, que entienden que las relaciones de género marcan pautas sociales, económicas y políticas que repercuten en que el Presupuesto tenga un impacto diferenciado sobre hombres y mujeres.

Un Presupuesto pro equidad de género toma en consideración las diferentes necesidades, privilegios, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad. Asimismo, valora de manera diferenciada las contribuciones de hombres y de mujeres tanto en la producción de bienes y servicios como en el trabajo humano para movilizar y distribuir los recursos.

La importancia de lograr Presupuestos con perspectiva de género radica en que es una de las estrategias más exitosas llevadas a cabo a nivel internacional para incorporar la visión de género en la planificación y la evaluación gubernamental del impacto real de las políticas públicas, a fin de hacer real el compromiso de promover el respeto de los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos. Los Presupuestos realizados con perspectiva de género consideran las necesidades de mujeres y de hombres, su condición y los papeles sociales de cada uno, así como los distintos efectos de la distribución o la no distribución que los recursos públicos tienen en cada sector.

Implican la introducción del enfoque de género en todos los programas, los proyectos y las estrategias de gobierno, además del análisis de la instauración y evaluación de las actividades de las dependencias gubernamentales.

Mediante los Presupuestos con perspectiva de género, se busca erradicar las desigualdades latentes, al distribuir y orientar de la manera más correcta y equitativa los recursos.

A mayor abundamiento sobre los Presupuestos pro equidad de género, podemos mencionar que la primera experiencia de este tipo de Presupuestos se emprendió en Australia hace dos décadas. Ésta y la de Sudáfrica, que se impulsó en 1995, todavía sirven como punto de referencia para muchos de los proyectos que se realizan en varios lugares del mundo, incluyendo la región latinoamericana, a partir de los años noventa. La cooperación internacional fue desde el comienzo una aliada firme en este proceso. El Secretariado de la Mancomunidad Británica, organismos de Naciones Unidas (como PNUD, Unifem o UNFPA), el Banco Mundial y agencias bilaterales de desarrollo (por ejemplo, la alemana GTZ, la británica DFID o la belga) han aportado recursos para la investigación y la implantación de esos ejercicios, colaborando con las instituciones públicas y con la sociedad civil.

En la aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, a pesar de que fue una aprobación consensuada entre todas las fuerzas políticas aquí representadas, es necesario mencionar, con espíritu de autocrítica constructiva, que no tuvo visión de género, por diversas circunstancias.

Se dejaron de lado temas como la incorporación del lenguaje incluyente y, más aun, la inclusión de conceptos de perspectiva de género. Esto, sin contar que no fueron consideradas las propuestas de ampliación que la Comisión de Equidad de Género presentó en tiempo y forma ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aquí en la Cámara de Diputados, por falta de recursos para ello.

Sin embargo, es necesario dar vuelta a la página y aprender de esas experiencias. Por ello consideramos muy importante que los proyectos de Presupuesto de Egresos que envíe el Ejecutivo en lo sucesivo tengan visión de género, como plantea la iniciativa que hoy someto a su elevada consideración.

Este proyecto parte de la apreciación de que en los conceptos que regula y atiende la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no viene considerado nada sobre la transversalidad de la perspectiva de género, ni la perspectiva y la equidad de género. Por ello consideramos sumamente importante que estos conceptos aparezcan de manera clara en dicha ley.

Con esta reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estaremos dando respuesta favorable a las recomendaciones hechas por el Comité de Expertas de la CEDAW respecto a que México debe trabajar para lograr presupuestos con perspectiva de género. Además, las dependencias y los organismos autónomos estarían obligados por la ley a incorporar la perspectiva de género en los proyectos enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ésta, a su vez, considerarlos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

En resumen, la incorporación de estos conceptos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tendrá como resultado la visibilización de la equidad entre hombres y mujeres, y la necesidad de desarrollar mecanismos para la adecuada asignación de recursos para programas y actividades sustentadas en el reconocimiento de que las políticas públicas y la realidad tienen que acercarse mediante nuevos diseños y formas de operación, acordes con una realidad diferenciada que exige nuevas respuestas.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración esta soberanía la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 2, fracción XII y las subsecuentes se recorren; asimismo, se adiciona la fracción XXXVI del mismo artículo y se recorren las subsecuentes, para incorporar los conceptos de equidad de género y perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, en la fracción XII, y las subsecuentes se recorren; asimismo, se adiciona la fracción XXXVI del mismo artículo, y se recorren las subsecuentes, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por

I. a XXI. ...

XXII. Equidad de género: Se refiere al principio que, consciente de la desigualdad existente entre géneros, apoya claramente que las mujeres accedan con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad. Mediante él, el Estado impulsa con todas sus herramientas y acciones que se logre su participación plena en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural o familiar.

XXII. a XXXVI. ...

XXIII. a XXXV. ...

XXXVI. Perspectiva de género: Herramienta de análisis que permite identificar las diferencias entre mujeres y hombres, para establecer acciones públicas diferenciadas, acordes con las características y necesidades de hombres y mujeres. El uso de la perspectiva de género permite que las acciones de gasto público en las diferentes unidades administrativas establezcan deliberadamente condiciones reales para mejorar el acceso de las mujeres a los bienes y servicios públicos, incrementando su eficacia e impacto público.

XXXVII. a LIX. ...

Los conceptos utilizados en la presente ley que requieran ser precisados y que no se encuentren incluidos en este apartado deberán incluirse en el reglamento.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2007.--- Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada, por su excelente iniciativa. Le consultaría si le parece que, además de ser turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se turnara a opinión de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez : Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Con opinión de la Comisión de Equidad y Género, túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto son los dictámenes de primera lectura.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, remitida por la honorable Cámara de Senadores con fecha 5 de septiembre de 2006.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``consideraciones'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 20 de abril de 2004, el diputado por la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Raúl Rogelio Chavarría Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa para reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha Iniciativa, para su estudio y posterior dictamen, a la Comisión de Salud.

En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2004, la Comisión de Salud, presentó ante el Pleno de la honorable colegisladora, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, mismo que fue aprobado con 353 votos a favor y tres abstenciones y turnado a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En sesión celebrada el 28 de septiembre de 2004, se recibió de la honorable Cámara de Diputados el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, haciendo uso de sus facultades turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, dicha minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Educación y Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.

En sesión celebrada por la Cámara de Senadores con fecha 26 de abril de 2006 fue aprobado el dictamen de la minuta en estudio por 78 votos en pro, siendo devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada con fecha 5 de septiembre de 2006 por la honorable Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a esta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta en comento pretende reformar el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud con objeto de incluir la atención médica prehospitalaria entre las actividades técnicas o auxiliares que requieren conocimientos específicos y que las personas que presten dicha atención cuenten con los diplomas correspondientes, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Menciona, en las consideraciones del dictamen aprobado por la honorable colegisladora, que la atención prehospitalaria debe ser entendida como el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera del servicio de un hospital, es decir, es una extensión del servicio de urgencias hospitalarias que comprende tanto la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes al servicio hospitalario o centro de trauma, dependiendo de la patología o lesión que presente.

Se menciona que la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado en México, por lo que debe constituirse en un servicio que no se limite sólo al traslado en ambulancia, sino que incluya intervenciones como maniobras de reanimación, control de hemorragia, inmovilizaciones, estabilización de signos vitales, mantener las vías aéreas permeables, etcétera; por lo que los conocimientos y habilidades son esenciales para el tratamiento adecuado del paciente contundido o traumatizado. Por lo anterior, se considera cierto que las acciones que realiza el personal que atiende las lesiones de la víctima de un accidente o enfermedad súbita dependerá la vida del mismo.

La colegisladora coincide en que la propuesta de mérito constituye un importante avance en la regulación del personal que presta atención médica prehospitalaria. En tal sentido es de considerarse el beneficio de contar con personal capacitado y certificado que otorgue una atención adecuada a los pacientes que se encuentren en una etapa prehospitalaria, pues dicha atención es de gran importancia para la pronta y correcta recuperación de los mismos.

La colegisladora considera oportuno incorporar un lapso de tiempo prudente para la regularización de la situación de las personas que prestan sus servicios de atención médica prehospitalaria, a la que hace referencia el presente dictamen, razón por la cual, considera necesario integrar al cuerpo del decreto un artículo transitorio, en que se haga referencia al tiempo que tendrán para la regularización de su actividad profesional.

Por lo anterior, la colegisladora propone adicionar el siguiente artículo transitorio:

...

...

Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospitalaria y que son objeto de la regularización que se establece en el artículo 79 de la ley en comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. Consideraciones

Si bien es cierto que el artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica contempla las ambulancias como establecimiento de atención médica y el artículo 22 del mismo ordenamiento establece el requerimiento para la contratación de sus tripulantes, es de observarse que la gran mayoría del personal que tripula ambulancias en México, lo hace voluntariamente por lo que no se establece una relación contractual entre el prestador del servicio y el empleador, tal y como se dispone en el artículo 22 del reglamento en cita.

``Artículo 10. Serán considerados establecimientos para la atención médica:

I. a IV. ...

V. Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y que se clasifican en:

A) Ambulancia de cuidados intensivos;

B) Ambulancia de urgencias;

C) Ambulancia de transporte, y

D) Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la secretaría.

Las unidades móviles se sujetarán a las normas técnicas correspondientes, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y

VI. ...''

``Artículo 22. No podrá ser contratado por los establecimientos de atención médica, ni por los profesionales que en forma independiente presten sus servicios, personal de las disciplinas para la salud que no este debidamente autorizado por las autoridades educativas competentes.''

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica ``quienes ejerzan actividades profesionales, técnicas y auxiliares de las disciplinas para la salud en forma independiente, deberán poner a la vista del público su título profesional, certificados, diplomas y en general, los documentos correspondientes, que lo acrediten como tal''. En este contexto, la tripulación de una ambulancia, entendida ya como un establecimiento para la atención médica, está obligada a tener a la vista del público su título profesional, certificados, diplomas, etcétera, lo cual resulta deseable pero se vuelve inviable al tratarse de una actividad que se desarrolla en un vehículo al que el público en general no tiene acceso y el paciente, generalmente, no se encuentra en posibilidad de verificar el cumplimiento de la disposición reglamentaria en referencia, lo que refleja la carencia de especificidad en el marco jurídico vigente.

Respecto de la NOM- 020-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo Ambulancia, las comisiones que emiten el presente dictamen consideran sumamente importante señalar que, si bien es cierto contiene elementos reguladores del tema objeto de la minuta de mérito, también lo es que dicha norma oficial, de acuerdo con la Secretaría de Innovación y Calidad, se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación como proyecto, para iniciar la fase de consulta pública durante 60 días, situación por la cual resulta necesario contar con un marco jurídico que garantice la atención profesional y adecuada a aquellas personas que requieren de los servicios de atención prehospitalaria.

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los últimos 15 años los accidentes se han ubicado como la cuarta causa de mortalidad general de la población mexicana, baste decir que en el año 2004, se registraron cerca de 35 mil defunciones originadas por esta problemática. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) más del 90 por ciento del total de accidentes que ocurren en nuestro país son evitables, lo cual da muestra de la incipiente cultura de la prevención de accidentes y la necesidad de contemplar en nuestro marco normativo disposiciones que garanticen la eficaz atención a las personas accidentadas. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) resalta que la atención integral del paciente accidentado se logra a través del sistema de atención médica de urgencias que se inicia con la atención prehospitalaria, que representa una parte primordial de los servicios médicos de urgencias. Ello se debe a que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia para el desenlace final del accidente, razón por la cual, los senadores integrantes de las comisiones unidas consideran necesaria la aprobación de la minuta de mérito.

Los integrantes de esta Comisión de Salud coinciden al señalar que la actividad de la atención prehospitalaria es proporcionada, en la gran mayoría de los casos, por personal habilitado como ``paramédico o técnico en urgencias médicas'', personal que la propuesta de mérito pretende normalizar en términos jurídicos, académicos y operativos. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) la falta de normatividad en este aspecto ha propiciado la participación de grupos de voluntarios que no siempre están capacitados para participar eficientemente en el manejo de los lesionados en accidentes. Cabe destacar que lo anteriormente expuesto fue discutido y analizado en reunión de trabajo de las comisiones unidas con funcionarios del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra).

Asimismo es importante señalar que coincidimos con el criterio de la colegisladora en la intención de establecer un periodo de tiempo prudente para la regularización de los certificados de las personas que presenten atención médica prehospitalaria.

Debido a la duración de los cursos dirigidos al personal de atención médica prehospitalaria, la Comisión que emite el presente dictamen, está de acuerdo con el lapso fijado en el texto del artículo tercero transitorio aprobado por la colegisladora.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y para efectos de lo dispuesto en el artículo 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, ponemos a consideración el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud contará con 90 días después de entrada en vigor de este decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica prehospitalaria.

Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospitalaria y que son objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la ley en comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial con comités hospitalarios de bioética.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido de la minuta'' se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 14 de noviembre del 2002, el entonces diputado Salvador López Brito, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41 Bis.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó para su estudio y posterior dictamen dicha iniciativa a la Comisión de Salud.

Conforme a lo dispuesto en el punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto normativo que no alcanzó a conocer el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, se mandató a las comisiones ordinarias para que presenten los dictámenes pendientes de ser aprobados por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.

La Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura elaboró el dictamen correspondiente, que fue presentado y aprobado ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre de 2004, fecha en que fue enviado a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Con fecha 28 de septiembre de 2004 se recibió de la honorable Cámara de Diputados el expediente de la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General de Salud. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó, para su análisis y posterior dictamen, dicha minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos.

En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2006 por la honorable Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Salud, y Seguridad Social y de Estudios Legislativos presentan el dictamen correspondiente, que es aprobado y enviado de regreso a la honorable Cámara de Diputados para cumplir el proceso legislativo.

En sesión celebrada con fecha 5 de septiembre de 2006 por la honorable Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite, de conformidad con lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la LX Legislatura turnó la mencionada minuta a esta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene por objetivo la adición de un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para que los establecimientos de atención médica, tanto públicos como privados, tengan la obligación de contar con un comité hospitalario de bioética para la resolución de problemas o disyuntivas en la materia, los que serán responsables del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas bioéticos en la práctica clínica.

III. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Salud reconocen la necesidad de regular la instalación de comités hospitalarios de bioética de acuerdo con la complejidad de las instituciones y centros de atención médica, como espacios de análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en los temas de su competencia.

Esta comisión dictaminadora considera necesario señalar que la bioética es la reflexión racional de las implicaciones éticas que tienen ciertas prácticas médicas y ciertas metodologías de investigación biológica y clínica. Si bien el resultado de dicha reflexión puede influir sobre la reglamentación de dichas prácticas y metodologías, esto no la convierte en un espacio restrictivo ni posibilita la sustitución de las normas y leyes que rigen la investigación biomédica y la práctica clínica.

A la bioética no se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como el de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o a la investigación dentro del campo de la vida humana; su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que implican conflicto de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y de la práctica clínica.

Los comités de bioética ni sustituyen ni son una evolución de los comités de ética. La esfera de aplicación de la bioética no es más amplia que la de la ética; de hecho, la bioética es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esferas de decisión superiores a los comités de ética porque carecen de figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones.

Del análisis que realizó la comisión se desprende que los comités de ética en investigación, así como los de bioética hospitalaria, constituyen una vía estratégica para la institucionalización de la bioética, el desarrollo del pensamiento deliberativo, así como las políticas institucionales en materia de bioética. En este sentido, no es menor la afirmación de que la bioética juega un papel preponderante en el funcionamiento de las instituciones de salud. Es una disciplina que brinda herramientas de apoyo al personal de salud, tanto en sus funciones de atención a la salud y la docencia como en la conducción de investigación, además de jugar un papel de velar por el bienestar, la dignidad y los derechos, tanto de los pacientes como de los participantes en investigación.

A pesar de que existe un acuerdo de parte del Ejecutivo federal en relación con la minuta objeto del presente análisis, es importante señalar que respecto a la fecha en que fue presentada como iniciativa en la Cámara de Diputados y posteriormente enviada como minuta a la Cámara de Senadores se han dado avances tanto a nivel legal como en la propia práctica del problema que se pretende regular en el decreto presentado en la minuta en estudio, razón por la cual es necesario incorporar estos elementos en el dictamen que se pondrá en consideración.

Las modificaciones que se plantea la colegisladora hacer a la propuesta de adición del artículo 41 Bis de la Ley General de Salud son la incorporación de la referencia a los artículos 98 y 316 de la ley en comento, así como un reordenamiento e incorporación de elementos en el cuerpo del decreto. Cabe señalar que las principales modificaciones son

La redefinición de los comités hospitalarios de bioética; lo anterior, con el fin de precisar sus funciones y responsabilidades. Esta modificación se lleva a acabo mediante la incorporación de los elementos propuestos por el dictamen de la Cámara de Diputados, y la redacción propuesta por el Senado.

Se incluye una fracción segunda en el artículo 41 Bis, con el fin de definir los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, señalando que deberán contar con un comité de ética en investigación, quienes serán los responsables de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 41 Bis aprobado por la honorable Cámara de Diputados pasa íntegro como segundo párrafo de la fracción II en el proyecto de decreto del Senado.

En el caso de las reformas propuestas al artículo 98 de la ley en comento, la colegisladora consideró prudente establecer las definiciones que actualmente están contempladas en dicho precepto, mediante fracciones, así como agregar una fracción segunda, haciendo hincapié en agregar una definición para el caso de investigaciones en seres humanos, estableciendo que se deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 41 Bis del presente decreto.

En el caso de la reforma propuesta al artículo 316 de la ley en estudio, el Senado considera prudente incorporar al segundo párrafo de dicho precepto la referencia del artículo 41 Bis, para que quede definido que será el comité hospitalario de bioética quienes supervisarán las acciones previstas en dicho artículo.

En tal sentido y con base en los argumentos expuestos en la consideración anterior, la comisión dictaminadora hace referencia a las modificaciones propuestas en el dictamen aprobado de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores y la propuesta de redacción según la opinión de la Comisión de Salud:

Derivado del análisis de las propuestas, esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas por la colegisladora conservan el espíritu de la iniciativa, por lo que coincidimos con su redacción en lo general, pero pensamos prudente omitir el primer párrafo de la fracción II del artículo 41 Bis, debido a que ya está mencionado en el texto del artículo 98.

En el caso del texto del artículo 98, creemos innecesaria la inclusión de fracciones, ya que se respeta en lo general el texto de la ley vigente, si bien sería prudente conservar la redacción incluyendo la referencia al artículo 41 Bis.

Aunado a lo anterior, consideramos pertinente dar al Ejecutivo federal un plazo más amplio para cumplir la reglamentación correspondiente, por lo que proponemos un plazo de 90 días, en lugar de los 30 señalados en la minuta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 98 y 316, segundo párrafo, y se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, además de los señalados en los artículos 96 y 316 de la presente ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités:

I. Un comité hospitalario de bioética que será responsable del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, la atención médica, o en la docencia que se imparte en el área de salud, así como la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento, y

II. Un comité de ética en investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.

Los comités hospitalarios de bioética y de ética en la investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía, o especialistas en bioética, abogados con conocimientos en la materia y representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.

Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán una comisión de investigación; en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de ética en investigación que cumpla lo establecido en el artículo 41 Bis de la presente ley y una comisión de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad General emitirá las disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que considere que es necesario.

Artículo 316. ...

Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos o se realicen trasplantes, adicionalmente, deberán contar con un comité interno de trasplantes y con un coordinador de estas acciones, que serán supervisadas por el comité hospitalario de bioética a que se refiere el artículo 41 Bis de esta ley.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 90 días.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de febrero de 2007.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo .»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 24 de enero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Candelario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez y Román González Pedroza puedan prestar servicios en los consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 6 de febrero de 2006 se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno extranjero serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Azucena Tabares Juárez para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jaime Pérez Rincón para prestar servicios como chofer en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Candelario Ramos Ocampo para prestar servicios como técnico de mantenimiento en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Judith Monroy Ramírez para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Román González Pedroza para prestar servicios como chofer en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de febrero de 2007.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo .»

Es de primera lectura.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se autoriza. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la formación de un grupo especial de investigaciones en el combate del crimen organizado en Nuevo León

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a la conformación de un grupo especial de investigaciones para detener la escalada de violencia en el estado de Nuevo León.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 65, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades competentes del estado de Nuevo León a conformar un grupo especial de investigaciones para detener la escalada de violencia en el estado.

II. Con esa misma fecha, diecinueve de septiembre de dos mil seis, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación.

Contenido de la propuesta

Según el diputado proponente, las acciones perpetradas contra funcionarios encargados de la seguridad pública en diferentes municipios de Nuevo León han estremecido a la sociedad de la entidad, prevaleciendo un clima de inseguridad generalizado, por lo que se reclama la realización de acciones enérgicas e inmediatas de las autoridades para frenar la escalada de violencia provocada por la delincuencia.

La situación de seguridad en la entidad ha tomado cauces críticos en donde, inclusive, se ha trastocado la estructura de las instituciones de seguridad pública estatales encargadas de salvaguardar los mayores bienes de la persona: la vida y el respeto a su integridad.

El proponente estima que el Poder Legislativo, en el ámbito de su competencia, debe velar por el bienestar de los gobernados, por lo que dirige su exhorto a las autoridades para que realicen las actividades necesarias que tengan como fin el esclarecimiento de las ejecuciones ocurridas en las últimas fechas en el estado, particularmente aquellas relacionadas con las de los mandos de la policía y detener la escalada de violencia en la entidad.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

I. El artículo 21, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema de seguridad pública.

II. En últimas fechas, en Nuevo León se ha incrementado la actividad de los grupos delictivos, atacando principalmente a los encargados y responsables de los organismos de seguridad pública de Nuevo León, por lo que es necesario atacar, con toda la fuerza y recursos necesarios, la acción de estos grupos que amenazan la seguridad y bienestar de la sociedad de la entidad en general.

III. El pasado martes nueve de enero del presente año, el gobernador de la entidad se reunió con diversos funcionarios del gobierno federal encargados de la seguridad pública y el combate al crimen organizado. En este sentido, el mandatario estatal declaró que en próximos días, se habrá de convocar a una reunión del Consejo Nacional del Seguridad Pública en donde se suscribiría un acuerdo de colaboración entre las entidades federativas y el ámbito federal para determinar nuevas estrategias y acciones en materia de seguridad.

IV. Por otro lado, de acuerdo con lo manifestado por el gobernador de Nuevo León, licenciado Natividad González Parás, en la entidad habrán de realizarse acciones que impidan la actividad de los grupos del crimen organizado que puedan aparecer o reaparecer en la región, tomando las medidas que permitan trabajar en un blindaje para el área noreste de México y particularmente para Nuevo León.

V. Por lo anterior, esta Comisión considera oportuno el exhorto del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , con el fin de dar cauce a las investigaciones que esclarezcan los crímenes perpetrados contra los servidores públicos estatales e integrar los grupos necesarios de combate al crimen organizado para detener la escalada de violencia en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de Justicia del estado de Nuevo León y al secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para que, desde el ámbito de su competencia, conformen un grupo especial de investigación en el combate al crimen organizado, con la finalidad de detener la escalada de violencia en la entidad.

Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y locales de seguridad pública para que informen a esta Cámara de Diputados sobre los avances y resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia en el estado de Nuevo León, en específico sobre los temas abordados en el presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal a veintitrés de enero de dos mil siete.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello , Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la recuperación de la seguridad en Quintana Roo

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo relativo a la recuperación de la seguridad en el estado de Quintana Roo.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Con fecha catorce de septiembre de dos mil seis, el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar el Ejecutivo federal a emprender acciones que se traduzcan en la recuperación de la seguridad en el estado de Quintana Roo.

Con esa misma fecha, catorce de septiembre de dos mil seis, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación.

Contenido de la Propuesta

El proponente señala que es imperativo para el gobierno mexicano abatir los índices delictivos en todo el territorio nacional. Sin embargo, hace una especial mención al territorio de Quintana Roo que, por su ubicación geográfica, se ha convertido en una zona estratégica para el desempeño de actividades delictivas que han afectado la vida de los habitantes del estado.

Asimismo, el proponente insiste en la importancia que tiene para Quintana Roo la preservación de la seguridad y de la paz social, ya que la entidad es uno de los principales centros turísticos del país que no sólo provee de recursos económicos importantes, sino también proyecta la imagen de la nación que redunda en el fomento de la inversión hacia otras regiones.

En este sentido, el diputado proponente solicita la intervención del Ejecutivo federal para que emprenda las acciones tendentes a restaurar la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Quintana Roo; por otro lado, solicita que se incrementen los recursos del Fondo de Seguridad (Foseg) para Quintana Roo y se intensifiquen las operaciones de seguridad que impidan el paso de armas y drogas por las fronteras naturales de la entidad.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la propuesta, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

I. El artículo 21, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

``Artículo 21. ...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública.''

II. De igual forma, el artículo 3o. de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

III. El fundamento de las aportaciones federales a fondos de seguridad pública, queda establecido en el artículo 25, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal que señala lo siguiente:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:I. a VI. ...

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;

VIII...

...

De igual forma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, hacen alusión a dicho Fondo de Seguridad Pública.

III. Esta comisión concuerda con la preocupación del promovente, ya que la seguridad pública debe ser un asunto prioritario que debe ser atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, en el estado de Quintana Roo, la delincuencia se ha incrementado significativamente en los últimos años pues las encuestas y estudios realizados así lo demuestran. Para tal efecto es necesario señalar la Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, que tiene como periodo de referencia 2005, y abarca 16 zonas urbanas, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad AC (ICESI), cuyos resultados arrojaron que Baja California y el Distrito Federal son las entidades con mayor incidencia delictiva, con 20,720 y 19, 663 delitos por cada cien mil habitantes, respectivamente. Le siguen Quintana Roo con 16 mil 364 y el estado de México con 16 mil 647.

Tan sólo en estas cuatro entidades se concentran el 27 por ciento de la población y el 42 por ciento de la incidencia delictiva del país.

III. Otro estudio refiere a que el 71.29 por ciento de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, corresponden al norte del estado donde se genera el mayor dinamismo turístico, económico y demográfico, en tanto que el 28.71 por ciento se da en el resto del territorio quintanarroense.

IV. Las instituciones de seguridad pública de la entidad carecen de equipo y armamento óptimo para hacer frente a la delincuencia, por lo que se considera necesario aumentar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Foseg), destinados al estado de Quintana Roo, con el fin de modernizar a los cuerpos policiales encargados de velar por la seguridad de la población y de los turistas que visitan la entidad federativa.

V. El estado de Quintana Roo cuenta con una población de un millón trescientos mil habitantes; igualmente, al año recibe a ocho millones de visitantes aproximadamente, principalmente en los polos turísticos de Cancún, la Rivera Maya, Cozumel y la comunidad pesquera de Mahuahual.

VI. En este sentido, se considera que las autoridades federales, estatales y municipales deben actuar de forma efectiva en materia de seguridad pública, ya que las acciones que favorezcan este rubro, lograrán brindar mayor seguridad y tranquilidad a los habitantes e incrementar el número de turistas en esta parte del territorio nacional.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de los órganos de la administración pública federal encargados de garantizar la seguridad pública, emprenda acciones decisivas que se traduzcan en la recuperación de la seguridad en el estado de Quintana Roo.

Segundo. Se exhorta a los organismos federales, estatales y municipales de seguridad pública para que, en el ámbito de su competencia, refuercen e intensifiquen sus operaciones en la frontera sur de México y así impedir el paso de armas y drogas por las fronteras naturales del estado de Quintana Roo.

Tercero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública para que, en su carácter de titular del Consejo Nacional de Seguridad Pública, considere el aumento de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal destinados al estado de Quintana Roo.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública para que, en su carácter de titular del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Cámara de Diputados sobre los resultados del combate a la delincuencia en el estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal a los veintitrés días del mes de enero de 2007.

Por la Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello , Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

PROGRAMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para solicitar al secretario de Salud que informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, sobre la situación actual, problemática y proyecciones de diversos temas y programas del sistema nacional de salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Para solicitar a la Secretaría de Salud una prórroga, de hasta cinco años y por única vez, de la entrada en vigor del Inciso 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Por el que se exhorta al secretario de Salud a informar a esta soberanía sobre las medidas que se toman para la detección oportuna de padecimientos o enfermedades reumatoides que afectan a la población mexicana, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 18 de octubre de 2005.

3. Para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas establezcan las acciones necesarias para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del viernes 4 de noviembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 9 de noviembre de 2005.

4. A fin de solicitar al secretario de Salud del gobierno federal, que informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de dicha dependencia, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 13 de septiembre de 2005.

5. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a canalizar recursos al estado de San Luis Potosí para implantar programas preventivos y de lucha contra el dengue, a cargo del diputado José Luis Briones Briceño del Grupo Parlamentario del PRI y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 29 de septiembre de 2005.

6. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, ``de servicios básicos de Salud'', a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 30 de marzo de 2006.

7. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el Convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo del Grupo Parlamentario del PVEM y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 23 de mayo de 2006.

8. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a no cambiar de sede el Hospital Psiquiátrico Infantil hasta que no se informe a esta soberanía de los detalles del proyecto, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez del Grupo Parlamentario del PRD y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 9 de marzo de 2006.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en la primera parte de este dictamen (incisos 1 a 8), presentadas desde el 30 de noviembre de 2004 al 23 de mayo de 2006, tienen en común solicitar de las autoridades de Salud la realización de ciertas acciones o la rendición de determinados informes relacionados con diversos temas y programas del Sistema Nacional de Salud.

Por el tiempo transcurrido, las más de las veces, y por la imprecisión de los planteamientos, en algunas de ellas, resulta difícil para esta comisión dictaminadora precisar la vigencia, oportunidad y trascendencia de las propuestas.

No obstante, la comisión dictaminadora comparte la inquietud de los legisladores autores de las proposiciones, en conocer, profundizar y avanzar en el desarrollo de la salud de la población del país, y, por ello, se ha consensuado la conveniencia de solicitar al titular de la Secretaría de Salud, principal y directo responsable de la aplicación de la Ley General de Salud, que informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, sobre la situación actual, problemática y proyecciones de los diversos temas considerados en las proposiciones materia de este dictamen, a efecto de que esta comisión conforme debidamente su criterio en relación a las medidas administrativas y, en su caso, legislativas, que procedan en relación a los diversos temas planteados.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, sobre lo siguiente:

a) Los estudios que se tengan sobre el impacto de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, en su Inciso 4.3 conforme a la modificación del dicha Norma publicada el 12 de agosto de 2004, respecto a la economía de los productores y artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo (litargirio) mejor conocido como Greta, incluyendo las medidas y programas para la reconversión productiva y para apoyar a los artesanos alfareros afectados por la Norma.

b) Los programas y medidas que se están adoptando para la detección oportuna, investigación, prevención, detección y tratamiento de padecimientos o enfermedades reumatoides que afectan a la población mexicana.

c) Las medidas que se están estableciendo tanto en el gobierno federal, como en los gobiernos de las entidades federativas, para atender a las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, incluyendo las asignaciones presupuestales aplicadas o proyectadas, los programas de difusión y los programas específicos para promover entre los médicos egresados de las diferentes escuelas y facultades de medicina del país, las especialidades de neuro pediatría y paidopsiquiatría.

d) Los programas en desarrollo para prevenir y combatir la fiebre hemorrágica dengue a nivel nacional, incluyendo el presupuesto asignado por estado, para el presente año y el proyectado para el año siguiente.

e) Las medidas, programas y proyectos en desarrollo o en proyecto en materia de servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, que dé prioridad a la actividad de los profesionales de la nutrición encargados de planear y dirigir estas actividades, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005.

f) La celebración, contenido, alcance y vigencia del Convenio suscrito por la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, incluyendo una evaluación de su ejecución, su impacto en la salud del país y, en particular, en relación de las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco.

g) Los programas, proyectos, acciones y campañas de difusión en contra de la homofobia.

h) Los programas y proyectos para el mantenimiento, modernización y, en su caso, reubicación del Hospital Psiquiátrico Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor secretario. Para referirse al primero de estos dictámenes ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo, y tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada Presidenta. Compañeros, compañeras legisladores: la situación de violencia que vive el estado de Nuevo León es preocupante y no es de un año, dos años atrás, tiene ya alrededor de... se acerca ya a una década en donde se han visto acciones del crimen organizado, de asesinatos de agentes del Ministerio Público, de abogados, de personas involucradas en el narcotráfico y esto preocupa enormemente al pueblo de Nuevo León. Soy de Nuevo León y, en consecuencia, pido el uso de la palabra para señalar la preocupación que tenemos al respecto.

Pero también para señalar que este problema no es único del estado de Nuevo León. Incluso en el estado de Nuevo León es un problema más reciente que el que se tiene en otros estados de la república, donde han tenido problemas aún más fuertes, como es el caso de Tamaulipas, que es vecino de Nuevo León, especialmente en los pueblos fronterizos, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Guerrero, como es el caso de Michoacán.

Entonces, en ese sentido, yo creo que es un problema que ya está tomando tintes nacionales y creo que es necesario que la Cámara de Diputados integre un grupo de investigación --como se señala en el punto de acuerdo--, pero que no se limite únicamente al estado de Nuevo León sino que vea la problemática nacional que se está dando en diferentes estados del país y que vea la manera de llamar a cuentas a todos los niveles de gobierno involucrados y a coadyuvar en la coordinación de estos niveles de gobierno para poder atacar este grave problema que tenemos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha mostrado gran preocupación por este problema del crimen organizado, del narcotráfico, del aumento en las adicciones, en la drogadicción que se ha estado dando en el país. Por eso propusimos al inicio de esta legislatura la creación de una comisión especial que pudiera dedicar sus trabajos a evitar las adicciones y la drogadicción en el país.

Desafortunadamente, no prosperó la integración de esta comisión especial pero estamos tratando de crear el consenso para que al menos se integre como subcomisión en la Comisión de Salud o en alguna otra comisión que esté relacionada con esta problemática.

También recientemente, la semana pasada, presentamos una iniciativa donde señalamos que se requiere que en la primaria a los niños, y en la secundaria, se les instruya sobre la problemática que trae el consumo de drogas y la adicción a éstas.

Entonces, es un problema serio, grave en el país. Creemos que debe ser apoyado este punto de acuerdo pero no nada más limitarse al estado de Nuevo León, sino a la problemática que se está presentando en todo el país. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. También para referirse al mismo punto de acuerdo ha solicitado el uso de la palabra y se le concede al diputado Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza, quien va a proponer una modificación al primero de los puntos de acuerdo.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores: el tema que nos trae a esta tribuna es de todos conocido, por eso nosotros también habíamos enlistado un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se atendiera el combate al crimen organizado en todo el país.

¿Qué tenemos como precedentes? Tenemos como precedentes que el sexenio pasado, ya lo hemos comentado en esta tribuna, so pretexto de la tolerancia, nos dejó como lugar común de convivencia la impunidad y la violencia.

En diciembre del año pasado, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tomó acciones para el combate a la delincuencia y fue de suyo notorio que en Tijuana, que en Michoacán las autoridades municipales y las estatales no tuvieron la más mínima información al respecto.

Así transcurrió y se llegó al 22 de enero pasado, en el que el propio secretario de Seguridad Pública reconoce que el gran aliado de la delincuencia organizada es la incomunicación entre los tres órdenes de gobierno y la falta de coordinación.

En la misma reunión, el Presidente de la República ordenó que antes de que terminara el mes de febrero debieran de presentar un programa que estableciera las competencias, los mecanismos, la temática y la metodología en que se trabajaría.

No queremos, desde esta tribuna, que suceda lo que ha pasado con la reforma fiscal. El actual gobierno se comprometió a que en enero presentaría un diagnóstico que todos nosotros hiciéramos común y a partir de ese acuerdo establecer la metodología y la temática para atender la materia. El Ejecutivo no ha cumplido. Pero si no cumple en la materia fiscal, eso cuesta dinero. Si no cumple en la materia de combate de la delincuencia organizada, está costando vidas inocentes cada hora.

Los medios de comunicación abren todos los días con la nota roja, pero lo que es más grave es que ya hacemos acusaciones sin pruebas en la mano y de la manera más trivial. No pueden los titulares de las dependencias del gobierno federal seguir acusando de esa manera. Si hay armas en el país de uso exclusivo del Ejército, en manos de la delincuencia organizada, es un delito de competencia federal. Sean eficaces en el combate del contrabando. Si hay droga, estupefacientes en el territorio nacional es un delito de competencia federal. Sean eficaces y competentes en la detección de esos productos de contrabando.

Si hay plantíos de enervantes en este país es competencia federal. Ya no pretexten que son los ayuntamientos y los estados de la Federación. Y si la delincuencia organizada es rentable económicamente, el combate al lavado de dinero también es competencia federal.

Que quede muy claro, porque no es posible que lleguen las autoridades federales y digan a los ciudadanos comunes que denuncien. Si ellos que tienen las armas legales, si ellos que pueden intervenir teléfonos, cuentas bancarias, no los aprehenden y presentan las pruebas, menos un ciudadano mortal y menos si el Estado no le da ninguna garantía sobre su vida y sobre sus bienes y la de sus familiares a la hora de la denuncia.

Por eso nosotros proponemos que este dictamen en su punto de acuerdo sea modificado para que establezca lo siguiente --leo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura, formula una firme exhortación a los titulares de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de Seguridad Pública a diseñar y establecer instrumentos y mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, expeditos y claramente verificables en el marco de la lucha conjunta que libran los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada.

Segundo. En el marco de la instrucción y compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal para que el procurador general de la República y el gabinete de seguridad presenten a la sociedad mexicana a más tardar a fines del presente mes de febrero, un programa integral para mejorar los mecanismos de seguridad y procuración de justicia, se exhorta a los destinatarios de dicha instrucción para que en el mencionado programa se expresen y detallen con toda claridad las acciones, mecanismos de coordinación; ámbitos de competencia y colaboración entre los tres órdenes de gobierno a que obligan la Constitución General de la República y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tercero. La Cámara de Diputados expresa plena disposición a coadyuvar, en el marco de sus competencias y responsabilidades, en la lucha integral y permanente del Estado mexicano para combatir el delito y mejorar las condiciones de seguridad pública y respeto al estado de derecho en todo el país.

Por tanto, Presidenta, le solicito muy respetuosamente que en su momento considere esta propuesta de modificación para que se someta a la votación correspondiente en los términos parlamentarios. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Si es tan amable de dejar su propuesta para votarla en su oportunidad. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Manuel Villanueva Arjona:Buenas tardes; venimos aquí, a esta tribuna, representando a los diputados del Partido Acción Nacionalen Nuevo León porque nos parece importante dejar en claro este reclamo, este dictamen que se tiene, que más que un reclamo de la sociedad se ha hablado efectivamente sobre el problema de la violencia que aqueja en muchos puntos del país y en el caso de los legisladores de Nuevo León nos preocupamos por esta incidencia en este estado de la república. Este punto de acuerdo fue presentado el 19 de septiembre de 2006por el entonces legislador Marco Heriberto Orozco.

Quisiéramos dejar en claro que es necesario, sin venir a buscar ni a ver ni a señalar culpables, sin venir a buscar y decir: te falta esto o tú no hiciste o aquello pasó hace años, que es necesario poner una solución a este problema que agrava a la sociedad; que los ciudadanos de Nuevo León, en general de muchos puntos del país reclaman y que lo piden de sus funcionarios y que lo piden de sus gobernantes. Lo que piden de sus legisladores es que se pongan a trabajar, para aquejar y para quitar la problemática de inseguridad que hay en el país y que hay --en específico hablamos-- también en el estado de Nuevo León.

Las constantes ejecuciones que se dieron el año pasado, que podríamos hacer un comparativo numérico y que alguien pudiera meter a debate, no son más que el producto y el reflejo de una sociedad que de alguna manera ha llegado a un proceso en el que hay una descomposición de las formas de convivencia que se tenían, de las formas en las que se actuaba. Nada más quisiera venir a dejar a esta tribuna que es claro y necesario apoyar toda la coordinación, todo el trabajo en equipo de todas las actividades, de toda la planeación que se tenga que hacer por parte de todas las autoridades de todos los niveles, que no se pueden escapar y que no pueden andar diciendo: No me corresponde. Tanto las autoridades municipales en el aspecto preventivo, las autoridades estatales y las autoridades federales.

Es mucha la incertidumbre y el clamor de las familias por la seguridad en sus vidas, por la seguridad de no poder sentirse confiados de salir a la calle, de salir a un centro comercial, de salir a un restaurante como ha pasado en el caso de Monterrey y que terminan viendo escenas de gente ejecutada, escenas de policías también que han perdido la vida, algunos en el cumplimiento de su deber, otros vigilando y que vienen y les echan una ráfaga de metralleta.

Ése es el clamor de la ciudadanía que es necesario hacer llegar a todas y a cada una de las autoridades para que nos pongamos a trabajar y verlo también desde el punto de vista autocrítico aquí en la Cámara de Diputados, porque falta actualizar mucho el marco legal, falta dar más autoridad, falta dar más herramientas de trabajo a las diversas autoridades federales, estatales y municipales; y eso es parte de nuestro trabajo y que queremos hacer.

Queremos que se solucione este problema, tenemos que actuar todos en conjunto y tenemos que venir a darle solución a los problemas que la ciudadanía nos pide y nos reclama. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Para hablar en contra del dictamen ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal , del PRI, y después para hablar en pro el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal .

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, diputada Presidenta. En realidad he pedido el uso de la palabra porque la propuesta recientemente formulada de modificación de los términos del dictamen no sólo me parece pertinente sino que toca el problema de fondo.

No es Nuevo León, no es Quintana Roo-- lo vamos a tocar, tengo entendido, en el punto siguiente--, sino el tema de fondo es el grave problema de seguridad pública y de seguridad nacional que tiene este país y el método, la forma en que lo estamos enfrentando.

Se ha abierto ya incluso un debate que abordó el ciudadano presidente de la república y abordó también el general secretario de la Defensa Nacional, y que empieza a tomar --a mi juicio-- un rumbo no conveniente para la nación, porque ése no es en todo caso el tema del debate. No se está cuestionando la honorabilidad del Ejército nacional, no se está cuestionando la pertinencia de las acciones que ha promovido el ciudadano presidente de la república. Todos estamos de acuerdo en esta lucha frontal, pero nos estamos enfrentando, primero, a una propuesta confusa de cómo se van a organizar las policías, el nuevo cuerpo de la policía nacional.

Se habla de una súper Secretaría de Seguridad Pública con nuevas subsecretarías, seis o siete; de una súper Procuraduría igual, con seis o siete nuevas entidades; se ha anunciado el nuevo cuerpo de policía y todo indica que incluso estamos ya ante una confrontación muy riesgosa, gravísima, del control de la Policía Judicial, del control de las policías preventivas y también del control del presupuesto.

Hay que recordar que esta misma Cámara aprobó un aumento sustantivo para el gasto centralizado --por cierto--, no federalizado, siendo que el sistema nacional de seguridad pública, como aquí se dijo, es compartido por los tres órdenes de gobierno, incluso por mandato constitucional, según reza el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Entonces, me parece, compañeras, compañeros diputados, que estamos ante un tema que justamente es competencia de este Congreso. Si vamos a tener una nueva Policía que agrupe al órgano auxiliar del Ministerio Público, como dice la Constitución; si vamos a incorporar ese cuerpo a la Policía Federal Preventiva, la de migración, la de las aduanas, como ya se dijo, entonces empecemos por construir ese marco legal.

Y este Congreso está llamado entonces a modificar, por lo menos --sea a propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa de los legisladores-- los artículos 21 y 102 constitucionales; la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Orgánica de la Procuraduría General de la República; insisto, por lo menos estos ordenamientos legales.

De tal modo, nos parece pertinente que no se intente --digamos-- ubicar el problema en una sola entidad o dos o tres. Es un problema más a fondo. El propio gobernador del estado de Nuevo León ha manifestado su preocupación, no porque no le interese resolver el problema o que modifique su colaboración con el gobierno federal, sino justamente porque estamos ante un vacío que puede ser peligroso, reconociendo que la gravedad del caso requiere acciones urgentes, oportunas y pertinentes. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen del punto de acuerdo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras, compañeros: el acuerdo en materia del dictamen dice así, sobre todo el que ha resultado aquí polémico, que es el punto primero o el primero; dice: se exhorta al procurador general de la República, alsecretario de Seguridad Pública, al procurador general de Justicia del estado de Nuevo León y alsecretario de Seguridad Públicadel estado de Nuevo León para que, desde el ámbito de su competencia, formen un grupo especial de investigación en el combate del crimen organizado, con la finalidad de detener la escalada de violencia en la entidad.

El mecanismo de coordinación, este del que se forma este grupo especial, nadie lo ha objetado. Los compañeros del PT, primera intervención, lo que están planteando no es objeción al mecanismo. Incluso, en la participación también del diputado Cárdenas que plantea modificaciones, no es objeción a este mecanismo de coordinación, tampoco lo fue en el caso de la bancada del PRI.

El asunto que se cuestiona es ¿por qué sólo una entidad? O sea, parecería que esto lleva una dedicatoria, cuando el problema de inseguridad, de narcoviolencia lo tenemos desgraciadamente en varias entidades del país.

Y ciertamente, hay que decirlo, éste es un problema que, si hablamos de corrupción, sí tiene que ver con corrupción en los estados, pero también en la Procuraduría General de la República, porque de otra forma no se explica el crecimiento del narcotráfico y la narcoviolencia si no es por la impunidad que, cuando menos desde el órgano competente para combatir este tipo de ilícitos, ha existido.

Ahora, nosotros estamos proponiendo una modificación, por eso escribir en pro en contra, es lo de menos. Estamos proponiendo una modificación que diga así:

``Con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno el acuerdo primero de la proposición sujeta a discusión, para quedar como sigue:

``Se exhorta al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de cada entidad del país para que, desde el ámbito de su competencia, formen un grupo especial de investigación en el combate al crimen organizado con la finalidad de detener la escalada de violencia.''

Es decir, le estamos quitando la etiqueta y la estamos generalizando.

Ahora, ¿qué es lo prudente? Resolverlo aquí, o yo le pido a la Comisión de Gobernación que quizá lo más prudente es que se retire el punto provisionalmente para no votarlo y buscar una redacción que nos satisfaga a todos, que implique no sólo una entidad, sino el conjunto de entidades cuando menos, si no es que todas, que tienen este tipo de problemas, porque sí requerimos que en la Cámara apoyemos los esfuerzos de combate del narcotráfico, requerimos mecanismos de coordinación en las entidades, pero requerimos que no parezca que es una etiqueta para una entidad, cuando desgraciadamente el problema lo tenemos muy generalizado. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sonido en la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats .

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Presidenta, creo que estamos violentando el proceso legislativo: aquí hay un dictamen que se está discutiendo de un punto de acuerdo que se propuso en el mes de septiembre. Y ahora resulta que se está adicionando con otro punto de acuerdo. Coincido en que el problema corresponde a todas las entidades de la república; por tanto, sugeriría, le sugeriría, con base en el Reglamento, con base en el proceso que ya se dio en el punto de acuerdo y que emanó de un dictamen de la Comisión de Gobernación, que se vote el punto de acuerdo específico sobre el caso de Nuevo León, sobre el caso de Quintana Roo y que, en virtud de las intervenciones del diputado Manuel Cárdenas y del diputado Juan Nicasio Guerra se turne a la Comisión de Gobernaciónesta nueva propuesta para que emane un nuevo dictamen en virtud de que se trata de otro asunto, y que definitivamente debemos deslindarlos. Ésa sería mi propuesta, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Es de atender la moción del diputado. Entonces pediría yo que se turne a la Comisión de Gobernación la propuesta hecha por el diputado Manuel Cárdenas y por el diputado Juan Guerra Ochoa. Sonido a la curul del diputado Juan Guerra por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Gracias. En el caso de la propuesta del diputado Cárdenas, en efecto es un punto de acuerdo. Estoy proponiendo la modificación del punto de acuerdo en discusión. No estoy haciendo la propuesta de otro punto de acuerdo. Estoy planteando que se modifique el primero, de manera que se incluya a todas las entidades este mecanismo de coordinación. Es una modificación.

Si se va a votar, le ruego entonces que tome en cuenta en qué carácter está presentada la propuesta, no como otro punto de acuerdo sino modificando el punto primero del punto de acuerdo en discusión. Eso si pasara a favor; entonces, en lo particular se tendría que votar lo que hay contra la modificación. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El diputado Juan Guerra sostiene como una modificación del punto de acuerdo que se está aprobando. Si el diputado Manuel Cárdenas está de acuerdo en que se turne nuevamente a la Comisión de Gobernación o si lo ponemos... Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca .

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. El tema que aquí estamos tratando, como lo planteé, cuesta vidas. Que haya solicitado la palabra no fue en términos del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que inscribí, porque en el cabildeo con las distintas bancadas lo que se acordó por la mayoría de ellas, de manera verbal, era que la extemporaneidad que tiene sólo atender Nuevo León. En aras de la propia práctica legislativa que tenemos y de asuntos rezagados, no nada más en términos de estos pronunciamientos sino de muchas iniciativas de ley, en ese sentido fue que propuse la modificación de los acuerdos del dictamen.

No he retirado el punto de acuerdo; no me he sustraído al debate. Por eso el tema que aquí nos trae --y que en ello convergieron la mayoría de las bancadas-- es que un servidor hizo una propuesta que contempla los tres puntos: uno, a todos los integrantes del Consejo de Seguridad, todos, porque el enunciado acuerdo excluye a los demás; a todos los que están involucrados de los tres órdenes de gobierno, al partido en el poder, que haga verdad el compromiso del programa que se comprometió a establecer y a dar a conocer en la reunión del 22 de enero y a la Cámara, que seamos coadyuvantes como otro poder.

Lo que estamos planteando es, en los mismos términos que plantea el PRD, que se sometan a votación los términos del dictamen, si eso es lo que procede y entonces que el PAN vaya nada más por Nuevo León en un prurito y una técnica legislativa que aquí a cada rato atropellamos, o se suma a la expresión de las otras bancadas y acepta que sea un dictamen que abarque el mosaico nacional. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Vamos a poner a votación las dos propuestas de modificación. Consulte la Secretaría... Sonido en la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats .

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Dado el reconocimiento explícito del diputado Manuel Cárdenas en el sentido de que se está atropellando el proceso legislativo porque esto debe emanar de un dictamen, en virtud de que es otro tema, pero en el afán de superar esta discusión y terminar con el orden del día, el PAN se allana y estaría de acuerdo en que se voten los tres puntos en una misma votación, en un mismo acto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Son dos puntos. Pregunte la Secretaría, en votación económica... Sonido en la curul del diputado Rivera Bedoya por favor.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya(desde la curul): Nada más para precisar que no se trata de un atropellamiento al proceso legislativo. El artículo 124 del Reglamento dice que en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones de los artículos aprobados. Es una propuesta modificatoria perfectamente ajustada a derecho y qué bueno que no se señale o se quiera señalar a un estado como el único emproblemado en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí; de acuerdo con el artículo que usted ha mencionado, es lo que va a proceder a hacerse en este momento: poner a votación las propuestas de modificación de los dos diputados.

Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de admitirse la modificación presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca .

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca .

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se acepta la modificación. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite la modificación presentada por el diputado Juan Guerra Ochoa.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra Ochoa.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se acepta la modificación presentada por el diputado Juan Guerra y se pone a votación. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes presentados; el primero con las modificaciones, y los demás en los términos que fueron presentados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Quedan aprobados los puntos de acuerdo en sus términos y se ruega a los proponentes de las modificaciones que se sirvan reunirse con la Secretaría para adecuar la redacción, integrando las modificaciones presentadas, para que queden totalmente apegadas a la intención de las propuestas presentadas de modificación.

MAIZ

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : El siguiente punto del orden del día es un pronunciamiento en relación con la producción del maíz en el país. Se han registrado para participar en este pronunciamiento los siguientes ciudadanos diputados y diputadas: Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa; Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo; Patricia Castillo Romero , de Convergencia; Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista; César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional; Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; y José Víctor Sánchez Trujillo , del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Aída Marina Arvizu Rivas .

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Con su permiso, señora Presidenta. El alza de la tortilla no es un hecho menor, como se ha querido sugerir por las autoridades que han estado vinculadas al problema, el mensaje de que no es más que el abuso de unos cuantos especuladores que ya fueron aplacados y que la acción del gobierno ha sido eficaz, es incorrecta.

En el fondo existe un fenómeno de dimensiones estructurales que mucho debería preocuparnos, a nosotros y al gobierno federal. He sabido que el que mercado internacional del grano sufrió un fuerte desequilibrio, principalmente provocado por el aumento de la demanda de 40 millones de toneladas, inducido por la industria fabricante de etanol, por lo cual a decir del propio presidente de Estados Unidos en su último informe se alcanzó una contribución de este bioenergético en el orden del dos por ciento en el consumo total de la gasolina en el país del norte.

Pero dentro de esta misma declaración, el propio George Bush advirtió de un proyecto que dirige a contribuir en 20 por ciento en un plazo de 10 años, lo cual representa 10 veces más; es decir, 400 millones de toneladas, cuando en Estados Unidos tan sólo poco más de 250 millones de toneladas, y aunque se pueda suponer que no toda la producción de etanol correrá a cargo del maíz, cualquiera que sea la participación implica una fuerte presión en los mercados internacionales y por tanto, una tendencia estructural a la alza del precio de este grano.

Así las cosas, podemos afirmar que el aumento del precio del maíz no queda en el tenor de una burbuja especulativa, más bien los inventarios ya existentes y la advertencia de abrir importaciones ciertamente aplacaron los ímpetus especulativos de ir más lejos, pero en cualquier caso el precio aumentó muy por encima de los cargos inflacionarios, afectando fuertemente el consumo popular y el futuro es de precios al alza en los próximos años.

Sin duda, la canasta básica y, con ello, el nivel de inflación también serán afectados gradual y estructuralmente al alza, con lo que la política de estabilización macroeconómica del gobierno federal como baluarte de la estrategia de crecimiento será seriamente dañada.

Este problema se combina con la volatilidad en los precios del petróleo, pero aun más con la ausencia de una política que ayude a enfrentar el problema.

Apostar --como hace el gobierno federal-- todo a la política de estabilidad de precios al consumo, pensando que al cumplirse con este factor automáticamente se genera la estabilidad macroeconómica y con ella todo el trabajo lo hace el resto del mercado es un gran error, por ello no existen políticas agropecuarias ni política industrial ni política de comercio; es decir, no hay políticas sectoriales para el de-sarrollo. En este contexto el incremento al precio de la tortilla no sólo es un grave problema para el consumo popular sino también es un problema de grandes dimensiones para el proyecto gubernamental.

En estos casos queda de manifiesto la fragilidad de la estrategia macroeconómica, porque la acción monetaria para el control de los precios al consumo no alcanza la estabilidad de los precios de los factores de la producción, y mientras se insista con esta receta epidérmica, se mantendrá una base endeble para el desarrollo productivo y para la competitividad en los precios al consumidor. En Alternativa proponemos en la reforma fiscal, una recaudación progresiva con compromisos expresos para el crecimiento, con empleo productivo y de gasto, en apoyo de los sectores de menores ingresos.

Solicitamos al gobierno federal que instaure un esquema de apoyos compensatorios al ingreso de la población inscrita en el programa de Oportunidades, a efecto de dar focalización y transparencia al subsidio para apoyar el consumo popular.

También le solicitamos que genere un programa emergente de fomento a la producción nacional del maíz para consumo humano y forrajero en las diversas regiones.

Que se integre una política agropecuaria y comercial con dirección a resarcir los desequilibrios regionales y logre la integración agroindustrial a favor de la economía nacional.

Asimismo, que se forme una reserva técnica, alejada de los antiguos esquemas de Conasupo que ponga en operación instrumentos modernos de regulación del mercado del maíz. Que se promuevan las condiciones para la competitividad de los sistemas de almacenamiento y transporte y de la industria harinera y la modernización de la industria de la masa y la tortilla.

Y propongo a ustedes, compañeros diputados y diputadas, que discutamos una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Marina Arvizu Rivas . Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias , de la fracción parlamentaria Nueva Alianza.

La diputada Irma Piñeyro Arias:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: ayer, el precio de la leche; hoy, el incremento del maíz y el precio de la tortilla.

Es verdaderamente lamentable que en México, lugar de origen del maíz, estemos padeciendo las consecuencias de la especulación en el mercado internacional del maíz amarillo, y a la fecha no tengamos estructurada y en operación plena una política agrícola que posibilite la autosuficiencia e, incluso, la producción de excedentes de maíz, insumo básico para la producción de la tortilla.

El incremento del precio al maíz y a la tortilla representa un duro golpe a la economía familiar y, en especial, a las familias de menores ingresos. En nuestro país, más de 50 por ciento de la población se ubica en pobreza y cerca de 20 por ciento en pobreza extrema. Uno de cada cinco mexicanos no tiene suficiente para comer, mientras que 15.8 por ciento de las familias mexicanas es extremadamente pobre; 50 millones de mexicanos viven con 80 pesos diarios, mientras que un poco más de 4 millones se quedan con 80 por ciento del ingreso nacional, por lo que el incremento del precio del maíz y de la tortilla impacta la economía de los más pobres de este país.

El aumento de precios también refleja producción insuficiente de maíz blanco y un abierto comportamiento monopólico, oligopólico y acaparador por parte de los comercializadores. Al mismo tiempo, refleja la incapacidad o nula voluntad política para regularlos, a pesar de que estas prácticas afectan el ingreso y el consumo de los grupos más sensibles de la población.

Los procesos especulativos obligan a las instituciones encargadas de vigilar el desempeño del mercando interno, como la Secretaría de Economía, la Sagarpa, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, a tomar medidas definitivas para proteger los niveles de consumo de los estratos más pobres y a regularizar el funcionamiento de la cadena productiva del maíz y la tortilla, creando los incentivos suficientes para no afectar a toda la cadena.

La Sagarpa y la Secretaría de Economía deben garantizar el pleno abasto de maíz blanco y amarillo al mercado interno; asimismo, deben de propiciar una política de precios que no lesione la economía familiar, para así cumplir la promesa de que el gobierno hará su parte en este problema.

México debe reestructurar y eficientar la producción de maíz. Al año se producen alrededor de 20 millones de toneladas y necesitamos, para satisfacer nuestras necesidades, alrededor de 30 millones, lo que nos coloca en una posición delicada y nos expone a la especulación en el mercado internacional de granos.

Nueva Alianza propone que se instaure de inmediato una regulación eficiente a los sectores económicos que producen bienes y servicios para consumo popular, como son el maíz y la tortilla, y rechaza las prácticas económicas que permitan el incremento a los precios de los productos básicos.

El grupo parlamentario Nueva Alianza persigue el bienestar general como el objetivo primordial de la política, por lo que es urgente y necesario que nuestro país, de una vez por todas, defina la producción del maíz blanco como una meta prioritaria, estratégica y de seguridad alimentaria. De lo contrario, seguiremos siendo víctimas de los procesos de especulación en el mercado internacional y de sus impactos en el mercado interno, vía precios, con el consiguiente perjuicio a los más pobres de este país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Irma Piñeyro Arias . A invitación de la Comisión de Turismo, queremos destacar la presencia --en el salón de sesiones-- de una delegación de parlamentarios de Bundestag, encabezada por la señora Anette Fasse, y a la que acompaña el doctor Roland Michael Wegener, embajador de la República Federal de Alemania en México. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos una grata estancia en nuestro país.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza , del grupo parlamentario del PT.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: los incrementos de los precios de diversos productos básicos como el maíz, la tortilla, el huevo, la carne de pollo, de res, entre otros más, mostraron la incapacidad de nuestro aparato productivo y de la política gubernamental para ofrecer alimentos baratos y suficientes al pueblo mexicano.

Las causas de esta incapacidad se deben al abandono deliberado de los productores ejidales, comunales y pequeños propietarios rurales por parte del gobierno federal que provocó el abandono de superficies productivas en zonas temporales.

Al mismo tiempo, generó un creciente flujo migratorio de pobladores rurales con destino hacia las grandes ciudades de nuestro país y a Estados Unidos de América.

Asimismo, el apoyo decidido que brinda a una elite de capitalistas dedicados a la producción de hortalizas y frutas, que son los grandes monopolios del campo.

Para nadie es desconocido que los grandes acaparadores de los productos del campo se concentran en las redes de distribución, tal como ocurre en el caso del maíz que está concentrada su distribución en tres grandes empresas monopólicas como son Grupo Maseca, Minsa y Cargill, pero lo mismo ocurre con la producción de todos los bienes que producen del campo y de la industria. Con la crisis y escasez del maíz se ha puesto al desnudo todo el poder perverso de los grandes monopolios que dominan desde hace varias décadas a nuestra economía. También el TLC ha desnudado de forma nítida el poder que tienen los monopolios sobre los consumidores y la sociedad mexicana.

Resulta ridículo que tengamos un TLC y los precios de los bienes sean más caros en nuestro país que los que prevalecen en el resto del mundo y en la de nuestros socios comerciales. Resulta más ridículo que nuestros socios comerciales apoyen más a sus productores agrícolas que el gobierno mexicano a los nuestros, que enfrentan mayores dificultades en sus procesos de producción.

Allá es de sobra conocido el nivel de productividad que arroja el campo, mientras en el nuestro está estancado.

Ha quedado claro que el estancamiento de nuestra economía no sólo se reduce al campo, también abarca a la industria y al conjunto del aparato productivo. Pero este estancamiento se debe a que el Estado mexicano concentró el conjunto de las políticas públicas en fomentar el control del mercado interno por los monopolios, no escatimó esfuerzos en apoyar la penetración de éstos en el mercado mundial, financiándolos mediante el establecimiento de regímenes especiales de tributación, precios altos a sus productos y una sobrevaluación cambiaria que les abarata los dólares.

En cambio, a los consumidores esta política de fomento de la gran empresa resultó muy cara: precios altos de todos los bienes, bajos salarios, desempleo y un Estado convertido en negocio del gran capital.

La reciente estrategia mediática del gobierno federal de clausurar una bodega en el estado de Jalisco donde se acapara el maíz muestra la falta de una estrategia clara de combate a los especuladores porque estos siguen haciendo de las suyas.

El supuesto control del precio de la tortilla que se estableció por acuerdo del gobierno no sólo no se respeta, sino que a los ojos de todos no existe tal control, ya que la tortilla sigue en la nubes y esto ha provocado que cientos de familias de escasos recursos hayan reducido el consumo de este bien básico en sus dietas. Por esa razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que ha llegado la hora de poner un alto a esta política de fomento del gran capital monopólico.

También es necesario revertir la crisis del campo mexicano revalorando a nuestros productores ejidales y comunales, así como a los pequeños propietarios y estableciendo una política integral de fomento a la producción de granos básicos y asegurando una distribución directa a los consumidores. Para nosotros la producción del maíz debe ser considerada tema de prioridad y seguridad nacionales. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza .

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al Club de la Tercera Edad de Tenango del Valle, estado de México. Gracias por estar aquí.

Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero , del grupo parlamentario de Convergencia.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero:Diputada Presidenta de la Mesa Directiva; legisladoras; legisladores: muy buen día a todos ustedes. Y digo buen día porque hoy es un día propicio para traer de nueva cuenta a discusión las acciones y los resultados que en torno de la estabilización del precio de la tortilla se han dado y por supuesto, que es producto del acaparamiento de maíz de los grandes monopolios.

Hoy, efectivamente, es un buen día para reconocer que las medidas implementadas por parte del Ejecutivo federal son de una enorme inmediatez, que a toro pasado aparentan haber sido lo que sentenciamos en la comparecencia de los secretarios de Economía, de Agricultura, y de Desarrollo Social; que fue sólo para tomarse la foto.

Como bien recordarán, señoras diputadas, señores diputados, en los primeros días de enero fue notoria el alza a uno de los bienes más importantes de la alimentación en nuestro país, el kilogramo de tortilla pasó de 6.50 a finales de noviembre, hasta 15 pesos el kilo. Ello significó en su momento un aumento del 135 por ciento que a propósito de las metas inflacionarias del Banco de México, rompía todos los parámetros para contener el aumento del índice nacional de precios al consumidor y provocó que en el último año de la pasada administración simplemente se lograse la meta inflacionaria propuesta.

Por eso, efectivamente, ya es pasado; lo que es presente y que a todos debe preocupar y particularmente interesa a Convergencia, es el alcance real que pudieran tener los famosos 13 puntos de acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla --y repito-- los famosos 13 puntos de acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla. Todos ellos --como mencionamos en su momento--, de carácter coyuntural y de plazo inmediato; un acuerdo que más bien parece solamente beneficio a los productores y comercializadores y no necesariamente a las familias mexicanas consumidoras finales, a legitimar el establecimiento del precio de la tortilla en ocho pesos el kilo, por cierto, 23 por ciento de aumento respecto al precio de noviembre.

¿Por qué no en 7 pesos, por qué no en 6.50? ¿Se estableció un precio que dañaba lo menos a las familias o que beneficia más a los comercializadores? Hacemos estas preguntas al Ejecutivo federal; y pido a usted, diputada Presidenta, las comunique a la oficina de la Presidencia, porque a nadie ha quedado claro quién fue el beneficiado.

Lamentablemente, el acuerdo que Presidencia tanto festinó no contiene una sola, ni una sola mención a los apoyos que necesitaban los productores de maíz en México. Al revisar los 13 puntos encontramos una serie de medidas que tienen que ver con la comercialización, particularmente el punto nueve indica que se incentivarán apoyos para la comercialización y la competitividad, como si acaso Cargill pudiera, requiriera subsidios, transferencias o apoyos para sus actividades comercializadoras.

El acuerdo además caduca el 30 de abril. A partir del 1 de mayo, Día del Trabajo, el precio de la tortilla se va a disparar. ¿Celebraremos y celebrarán los trabajadores del país su día con el kilo de tortilla en más de ocho pesos?

Porque recordemos que a los trabajadores se les negó un aumento salarial con base en el aumento de precios, ya que las autoridades indicaron que eso sería fuente de una espiral inflacionaria. Parece ser que al Ejecutivo se le olvidó que él puso el primer giro a la espiral a la que tanto temen con los aumentos en el precio de las gasolinas, de las casetas, en fin; eso parece ser lo que le preocupa más al Ejecutivo federal.

En Convergencia --insisto-- nos preocupa que el alcance de miras de quienes llevan las riendas de esta nación llegara solamente hasta el 30 de abril. Esperamos del Ejecutivo una postura de responsabilidad para que señale cuáles son las acciones de largo plazo que se habrán de instrumentar, una vez que el campo mexicano esté abierto a la importación sin gravámenes de maíz y frijol provenientes de Estados Unidos, señalamiento al que no ha dado respuesta. No hay maíz, pero qué tal maiceados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Patricia Castillo Romero . Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame : Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Compañeras y compañeros legisladores: como bien se ha manifestado en esta tribuna, es mucho el descontento social causado por el aumento del precio de la tortilla y de otros bienes de la canasta básica.

Conforme a las proyecciones de febrero de 2007, se estima que en Estados Unidos los inventarios finales de maíz para el ciclo 2006-2007 sufran una caída, incluso, de alrededor de 62 por ciento respecto del ciclo anterior. Esto supone mayor presión en los precios internacionales del grano.

¿Cómo explicamos esto? Por un decremento de 5 por ciento de la producción de maíz por parte de Estados Unidos para el ciclo 2006-2007. Además, por el considerable incremento de la utilización de este grano para la producción de etanol, un aumento de más de 62.5 por ciento del ciclo 2004-2005, que significan 33.6 millones a más de 54.6 millones de toneladas de maíz que en Estados Unidos son utilizados para la fabricación de etanol.

Hace unos días estuvo aquí, en la Cámara de Diputados el premio Nobel de Química doctor Mario Molina... el doctor Molina dejó bien claro que la explotación del maíz para la producción de etanol no genera necesariamente beneficios ni económicos ni ambientales, adicionales al actual uso de la gasolina y en cambio resulta evidente que sí se generan distorsiones en el mercado de maíz, debido al incremento de la demanda de dicho producto que es hoy utilizado en nuestro país, principalmente para consumo humano y para forraje.

El doctor Molina sugirió, en cambio, explorar otras alternativas energéticas como los biocombustibles derivados del etanol celulósico, producido a partir de desechos agrícolas orgánicos.

Por tanto, el uso de maíz para la producción de etanol como complemento o sustituto de los combustibles fósiles no es ninguna solución para nuestro país, pues no es rentable económicamente ni benéfico ambientalmente y sí ha complicado la disposición de maíz para el consumo de la población.

México no es autosuficiente en materia de maíz, toda vez que produce alrededor de 22 millones de toneladas frente a una demanda estimada de cerca de 29 millones de toneladas. En otras palabras, se calcula que nuestro país importa aproximadamente 7.5 millones de toneladas de dicho grano. En este punto es conveniente señalar que, según las estimaciones de febrero de 2007, se proyecta que México tenga 3.21 millones de toneladas de inventarios finales. Un incremento de más de 20 por ciento con respecto a las estimaciones realizadas en enero de 2007. ¿Acaso dicho aumento en inventarios finales ha incidido en la baja del precio de la tortilla? Si no es así, ¿por qué el gobierno federal autorizó mayores cupos de importación de maíz?

Y por otra parte, ¿qué acciones preventivas ha tomado el gobierno federal para evitar que el maíz autorizado sea transgénico para así proteger la salud pública y el medio ambiente? Pues resulta absurdo que pese a que nuestro país ha entrado de lleno a una era de transparencia de acceso a la información pública siga negándose a la población mexicana el derecho de conocer la información en etiquetado de productos, para que sepa si el producto que va a consumir fue hecho o no, con semillas genéticamente modificadas.

Por otra parte, si comparamos la producción de maíz blanco con la de maíz amarillo, encontramos que más de 98 por ciento del maíz blanco nacional disponible se produce en México; en cambio, sólo 25 por ciento del maíz amarillo se produce en el país. De aquí la importancia del consumo del maíz en la dieta de todos y cada uno de los mexicanos y el impacto negativo que tiene en sus bolsillos el alza.

Cabe decir que los hogares con menores ingresos destinan una parte importante del mismo para adquirir tortilla, leche y huevo, aproximadamente 20 por ciento de su ingreso para comprar alimentos; y de esta cantidad, 10.5 por ciento para comprar tortilla, alrededor de 10.1 por ciento para adquirir leche y otro 5.3 por ciento para comprar huevo.

Compañeras y compañeros diputados, lo mínimo que esperan los mexicanos de sus representantes es que realicemos acciones legislativas concretas con las cuales hagamos accesibles los precios de los bienes de la canasta básica y también que el incremento en la demanda del maíz y, por tanto, de su precio, debiera ser la oportunidad para fortalecer la producción nacional de este grano y dejar de importar de empresas transnacionales y de otras empresas nacionales granos que establecen y controlan los precios, pero sin beneficiar a los agricultores mexicanos ni a los consumidores. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Antonio Xavier López Adame . Tiene el uso de la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquez , del grupo parlamentario del PRI.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Gracias, compañera Presidenta. El tema del maíz, la tortilla, la cadena productiva que tiene que ver de manera directa con el maíz; el pollo, la producción de huevo, la producción porcícola; la leche, que ha sido un debate también permanente en esta Cámara, se ven hoy afectados de manera muy clara por la crisis del tema del maíz y que si el gobierno define y atiende esta circunstancia especial que llega, se puede convertir sin duda para México en la oportunidad.

La crisis del maíz es un asunto de especulación y de manejo de producto que vino a impactarnos, pero que también refleja y es algo que tenemos que tener muy claro qué tan endebles somos, qué tan frágiles somos como país, como economía, en un artículo elemental que ha sido dejado por el gobierno, que no ha sido atendido como un asunto estratégico del país en el alimento fundamental del pueblo de México, el maíz.

Se reclama por parte de los productores la falta de solidaridad en un plan para la producción de maíz; falta un esquema de comercialización adecuado. Reclaman los productores de tortilla, los fabricantes de tortilla, el maltrato en el tema de tarifas eléctricas y el gobierno responde: es un asunto de mercado, es un asunto de competitividad y la gente pregunta: ``¿cuándo esto es un asunto del Estado?'' El Estado debe asumirse como el conductor, si bien en un mundo globalizado en el que hoy vivimos, pero en el conductor de asuntos estratégicos para el país, como es la alimentación básica.

Por eso, este debate no debe llevarnos sólo a una confrontación o a quién le salió mejor el dicho que consignó la prensa; sí, un asunto que la Cámara, como parte del gobierno, como Poder Legislativo, qué debemos hacer verdaderamente para involucrarnos y apoyar en una política que permita resolver temas frágiles para nuestra nación, como es el tema del maíz.

Si bien de los 7 mil 500 millones de pesos de apoyo para el precio objetivo de los diferentes granos --que ya hicimos nuestra tarea en diciembre y fueron consignados en el Presupuesto federal en el ejercicio de 2007-- debemos atender con la Secretaría de Agricultura, que los más de 3 mil millones de pesos que se establecieron para el precio objetivo del maíz se dé en el apoyo a los productos pecuarios; que no tenga un impacto el problema del maíz en el tema del huevo, del pollo, del cerdo, de la leche, de la carne de res; que seamos efectivos para que esos recursos no sólo se ubiquen en una estrategia de esa naturaleza, sino que con prontitud no nos vaya a alcanzar --ahora sí-- la crisis del huevo o la crisis del cerdo o el tema de la leche que está colgada de alfileres y que requiere una gran visión y sensibilidad para resolver este tema.

En el PRI sí somos un partido de oposición, pero somos opositores a las políticas inadecuadas o a los fallos que el gobierno hace respecto a las políticas públicas. En el PRI somos responsables para ser solidarios con el gobierno cuando decisiones del gobierno tengan qué ver con resolver este tipo de problemas y, sobre todo, preverlos.

Somos solidarios y pudimos dar una gran lectura a los diputados identificados o involucrados con el sector agropecuario, a sacar un buen presupuesto, pero que tenga, sin duda, un efecto en los que ahora sí son asuntos del gobierno, como éste.

Es elemental, pues, que esta disposición y esto que nos ha llevado a la unidad en una posición de buscar resolver el conflicto de la tortilla y recordar aquí --¿por qué no?--, el día de la marcha, que se hizo la megamarcha respecto a los precios, la consigna popular era amplia; la consigna popular nos debe llevar a revisar qué está sucediendo. Decía la gente en la marcha: ``Felipe y su pandilla se arroparon la tortilla''.

Y eso es algo que tenemos que prever, porque yo estoy seguro que no es un asunto de definición del Presidente, en lo particular, ¿quién que esté en el poder, por perverso que fuera, va a querer tener una circunstancia en que el pueblo le atribuya la carestía en la tortilla?

Hubo errores, se formalizó el incremento a la tortilla en un 30 por ciento de facto con la firma del acuerdo, pero sí podemos prever precisamente que esto no vuelva a suceder. Por eso, gracias; en la última tarjeta del tiempo agradezco la oportunidad para llamar a todos a que cerremos filas y tenemos herramientas hoy para prever circunstancias que hoy, desgraciadamente, nos llevan a este debate, como la crisis de la tortilla. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado César Horacio Duarte. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Compañeras, compañeros de todos los grupos parlamentarios: antes que nada, el PRD lo que desea es un acuerdo con todos ustedes para bajar el precio de la tortilla, porque es posible bajar el precio de la tortilla. No estoy hablando de los 8.50 que se legalizaron. No estoy hablando de cantidades superiores; estoy hablando de bajarlo cuando menos a siete pesos o menos, porque es totalmente posible hacerlo.

Y es posible porque el incremento del precio de la tortilla no tiene nada que ver con una escasez o con un producto que se hubiera adquirido caro. Es más, nunca en la historia de este país había habido tanto maíz como ahora. Nunca. No tiene precedente la cantidad de maíz que está embodegado en estos momentos en relación a años anteriores. ¿Producto de qué? De una cosecha récord, sin precedente, de todo 2006, que fue de más de 22 millones de toneladas. ¿Producto de qué? De una importación que también fue récord en 2006, de más de 10 millones de toneladas.

Ni los 22 millones de toneladas ni los 10 de importación se habían alcanzado nunca en la historia de este país. Y si le sumamos además hasta el maíz basura que se importó por el etanol, estamos hablando de una disponibilidad el año pasado de más de 33 millones de toneladas, cuando este país para resolver el problema de la tortilla sólo requiere 10 millones de toneladas.

Luego entonces, habiendo tanto maíz, teniendo Cargill tanto maíz, teniendo Maseca tanto maíz --o sea, Gruma--, teniendo Minsa tanto maíz, ¿por qué se produce? Porque artificialmente se fabricó la escasez con vistas en los mercados de futuro.

Ellos están partiendo de que en Estados Unidos el próximo año va a ser seco, se va a reducir la producción. Pero hay consultoras que les dicen a estos especuladores: cuidado porque está aumentando la superficie de siembra de cultivo en Estados Unidos y también lo está haciendo en México.

¿Y saben qué va a ocurrir con esos especuladores si no hay esa caída? Que se van a quedar con su maíz. ¿Pero saben qué van a hacer, quién los va a subsidiar? Las mismas empresas gubernamentales que los ayudaron a acaparar y les subsidiaron el acaparamiento y la exportación de maíz, que también sacaron a mediados del año pasado las mismas empresas.

No sé si Felipe Calderón tenga que ver, pero Sojo sí tiene que ver y Aserca sí tiene que ver con la corrupción, solapar a los especuladores, el acaparamiento y el ocultamiento. Son cómplices, incluso, del delito que se establece y se tipifica desde el artículo 28 constitucional y que está muy bien establecido en el Código Penal.

No necesita la Procuraduría andar persiguiendo sólo en Jalisco a productores. Que pregunte a Sojo y a Aserca cuántas toneladas les han subsidiado: miles, millones de toneladas para acaparar el maíz, para tenerlo embodegado y para estar especulando.

Ellos son a los que deben mandar a declarar porque ellos son cómplices de estar ocultando, de no entregar la información, porque ellos son los que subsidiaron estas operaciones de monopolio. Éste es el asunto.

No es tampoco asunto de precio: el maíz se pagó por estos acaparadores a no más de mil 450 pesos la tonelada, y el mercado de Chicago, que ahorita está en 150 dólares la tonelada, estaba en septiembre a 80 dólares la tonelada. De manera que el promedio es un precio muy similar a los mil 450 pesos que se pagaron aquí. No tiene tampoco nada que ver con el precio. Simple y sencillamente, el productor recibe más por subsidios que a ellos les dan. A ellos mismos les pagan la pignoración, el almacenaje; les pagan el transporte y todos estos subsidios al productor vienen a beneficiarlos a ellos para adquirir maíz a más bajo precio.

Éste es el problema. Aserca dedica más de 20 mil millones de pesos para estar subsidiando esa comercialización. Pero no la da al productor, no es para producción ese subsidio. Éstos, que son 23 mil millones de pesos este año, son directamente para estos grupos que acaparan.

Lo que requerimos en esta Cámara, si realmente queremos resolver las cosas, es

1. Aceptemos una auditoría a Aserca para ver cómo ha manejado estos recursos para el campo. Ya el informe el año pasado de la Auditoría Superior de la Federación nos decía que no pueden comprobar con productores los subsidios que se les han dado en materia, por ejemplo de frijol, que también nos va a ocurrir lo mismo si siguen estos mecanismos;

2. Además de la auditoría a Aserca, necesitamos que esta investigación que está haciendo la Procuraduría, además de que vaya a la Comisión Federal de Competencia, tenga una comisión coadyuvante de diputados que le digan: aquí están todos los estudios, los análisis, la importación --que lo sabe el gobierno--, de manera que no hay por qué no exista maíz; y

3. Habrá tiempo en otro momento. Nosotros estamos de acuerdo en que gobierno y productores puedan hacer una reserva y salgan al mercado para bajar al precio que realmente debe tener.

Lo que ocurre en Estados Unidos puede ser, pero nosotros incluso somos autosuficientes en maíz harinero y estoy hablando específicamente de la tortilla, no en pecuario y por eso importamos.

Por su atención, muchas gracias. Vamos a continuar este debate a ver si podemos construir acuerdos para bajar el precio de la tortilla. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Juan Guerra. Tiene el uso de la palabra el diputado José Víctor Sánchez Trujillo , del grupo parlamentario del PAN.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo:Con su permiso, señora Presidenta. Hasta hace algunos meses, el debate en cuanto a maíz se refiere obedecía a la ya pronta apertura comercial de 2008 y el amague, la amenaza era que con esa liberación entrarían al país cuantiosas cantidades del producto subsidiado a bajo precio. El debate entonces era qué hacer con nuestros productores, nuestros agricultores, que no podrían competir con esos precios a la baja.

Después, ahora mismo, el debate ha volteado 180 grados. Hoy es que el precio del maíz se ha sobrecotizado, incluso por encima de los precios de futuro del mercado de Chicago. En efecto, por especulación, pero ciertamente porque somos autosuficientes en producción de maíz blanco para consumo humano, pero ante la dificultad de la importación, las líneas industriales presionan esa misma producción.

Estamos concentrados en la tortilla, pero el maíz abastece, como ustedes saben, a la industria de la producción de fructuosa, de alimentos balanceados para el ámbito pecuario, para almidones en industrias diferentes, también para nixtamal, para harina y hoy --que es lo que está presionando con mayor fuerza-- la producción de etanol que como bien se señala, también hay un falso debate en cuanto a que si es rentable o no, si es conveniente o no en el ámbito de sustentabilidad.

¿Por qué entonces está pasando esto? Por qué ante una circunstancia que tendría que ser un área de oportunidad como bien se ha comentado, hoy parecería que nos preocupa tanto cuando los productores agrícolas hoy ven con emoción el poder regresar a la producción de maíz; maíz que ha sido ampliamente subsidiado a lo largo de las décadas.

La diferencia está en que esos subsidios evidentemente han apoyado la tonelada y no la productividad de las toneladas. Ahí está el Procampo que lo recibe el tenedor de la tierra y no el que renta la tierra ya para producir el campo.

Ahí está el diesel agropecuario, que a final de cuentas en su ámbito de operación, es cierto, falta que se instaure para que tenga mejor rentabilidad, lo mismo en la semilla. Y en Acerca, como bien se comenta, durante muchos años se ha preferido apoyar, bajo clientelismo, a cada una de las toneladas de los estados y de los productores que sí lo generan, generando con ello que los productores de autoconsumo eso hagan. Porque no es negocio. Porque, en efecto, es el precio. Porque es un precio que por más subsidios no le alcanza al productor para que con ello pueda vivir dignamente.

La paradoja entonces es mayor precio a los agricultores, mayor ingreso a los agricultores. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Los que representamos al ámbito agropecuario pensamos que sí.

Es justo que el agricultor reciba más. Que su precio por grano sea realmente lo que el mercado demande pero a cambio por supuesto, no estamos de acuerdo que esto genere especulación y ahí aplaudimos las diferentes propuestas que de las diferentes fracciones aquí se han generado.

Lo que aquí se requiere es pues un equilibrio. El que el industrial aprenda de esta experiencia amarga que es importante asociarse del agricultor y ofertar un precio justo, agricultura por contrato pues...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿Me permite, diputado? ¿Con qué objeto, diputado Guerra? Sonido por favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Señora Presidenta, pregunte al orador si me permite hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado José Víctor Sánchez, ¿permite hacer una pregunta al diputado?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo : Al final de la exposición, con mucho gusto, diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ya ha escuchado, diputado Guerra.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo : Decía yo que, entonces, las propuestas están claras y, como bien aquí se comenta, hicimos un esfuerzo importante en diciembre para lograr dos cosas:

1. Presupuesto importante al sector agropecuario, particularmente en cuanto a Aserca se refiere, con dos circunstancias también. Hoy es la oportunidad de que no se vaya en un pago inútil por tonelada, sino que ese recurso pueda ofrecer a las circunstancias del propio mercado, sea en el ámbito pecuario o en el ámbito agrícola.

2. Acompañar a la Secretaría de Agricultura, sí, con las políticas públicas, pero entender que quien genera las políticas públicas es el Ejecutivo, y es nuestra responsabilidad acompañarlas, supervisarlas, corregirlas incluso, pero permitir que en ello vaya la posibilidad de salir avante en esto. El ordenamiento de la producción por supuesto que también es un ámbito muy importante que debemos rescatar.

Todo, pues, se suscribe a que el aumento del precio de los granos traerá como consecuencia el aumento en los precios. El fondo, entonces, es reforma del Estado, sí, para que los ingresos que la mayoría de los mexicanos podamos tener compensen en esa alta, en efecto, sin pasar por encima de subsidiar en la canasta básica a quienes menos tengan, a quienes menos tienen.

Ese equilibrio es lo que tenemos que buscar para lograr y tomar la palabra de que baje donde debe estar efectivamente el precio de la tortilla. Es cuanto, señora Presidenta, y con todo gusto acepto la pregunta del diputado Guerra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa(desde la curul): Si, muchas gracias, ciudadana diputada. Le escuché que usted está de acuerdo en que es un asunto de especulación lo de este incremento del precio de la tortilla; de igual forma, que Aserca quizá no ha utilizado los mejores criterios. Entonces, la pregunta es ésta: primero, ¿está de acuerdo en la auditoría a Aserca? Y, segundo, ¿estaría de acuerdo también en una comisión plural de diputados que coadyuve con las investigaciones con la Procuraduría y la Cofeco?

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo : ¿Es cuanto?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado José Víctor.

El diputado José Víctor Sánchez Trujillo : Dentro de las acciones que en esta firma para compensar o para corregir el precio de la tortilla se llevaron al cabo, el presidente Calderón fue muy efusivo al cuestionar precisamente que a quienes estuvieran guardando maíz, sin justificación o contrato, se les aplicaría el peso de la ley. Por supuesto, nosotros, en Acción Nacional, estamos totalmente de acuerdo con ello.

En cuanto a la auditoría que Aserca debe tener, eso creo que es una obligación que como Legislativo tenemos, no únicamente de Aserca sino de todos los ámbitos del Ejecutivo, incluido Aserca, diputado, a través de los grupos colegiados. Por supuesto, para eso está la Comisión de Agricultura, las comisiones unidas, las comisiones que para tal efecto se han nombrado en este Poder Legislativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado José Víctor Sánchez Trujillo . En la segunda ronda de estas participaciones, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Con su permiso, señora Presidenta. Todos sabemos que somos descendientes de quienes hace miles de años lograron, a partir del teocintle, producir el maíz; incluso, según la mitología, fuimos creados a partir del maíz.

La base de nuestra cultura es el maíz a lo largo y ancho de nuestro territorio. En forma de tortilla, pozole, atole, tamales, sopes, quesadilla, pinole y un sinnúmero más de diferentes platillos, la base de la alimentación para la mayoría de los mexicanos es el maíz.

A pesar de lo anterior, en días pasados hemos sido testigos de la indolencia, la irresponsabilidad con que se han referido a la problemática provocada por el aumento de los precios del maíz y de las tortillas. Esto lo han hecho miembros destacados de la elite política, económica e incluso religiosa de nuestro país.

El aumento de los precios en algunos casos llegó a ser mayor de 100 por ciento; fue considerado un ajuste normal del mercado o un asunto intrascendente de que de ninguna forma nos llevaría a una revolución, e incluso --en el colmo de la insensibilidad social-- una oportunidad para incrementar la producción del maíz en nuestro país. La realidad es que ese asalto a los bolsillos de los mexicanos, particularmente a los pobres, lo realizó un grupo de especuladores, para quienes el único interés posible es lograr la mayor ganancia en el menor tiempo posible.

Por esas razones, de manera responsable, sostenemos que México pueda tener una posición clara al lado de sus campesinos, es apoyar de manera decisiva el fomento de la producción del maíz en nuestro país.

Nos hemos dado cuenta de que en estos últimos años la producción del maíz en nuestro país se incrementó de forma importante, pero también la importación del maíz se hizo así. En este último año, la cifra oficial fue de 6 millones de toneladas del vecino del norte.

¿Qué significa esto? Que nuestro país está padeciendo una falta fundamental del alimento de su pueblo, que es la soberanía alimentaria, fundamentalmente de este producto. Pero también ya estamos incluyendo el frijol y esto es peligroso para el desarrollo económico, para el desarrollo del campo de nuestro país.

Por eso proponemos, como fracción del Partido del Trabajo, que veamos varias medidas importantes:

La primera, que coincidimos con los compañeros de Acción Nacional, con los compañeros del PRD y del Partido Revolucionario Institucional en que sí exista verdaderamente una revisión, una revisión a fondo de lo que está sucediendo con las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la importación y también con el desarrollo y el consumo del maíz.

Debemos tener tino para que las tres empresas que están especulando con la distribución del maíz sean revisadas y sean castigadas si han cometido delitos. El gobierno federal quiso entrarle, pero le entró de manera tibia, lo hizo en una ocasión y después de ello ya no ha habido ninguna otra acción del gobierno federal para detener esta situación de la especulación de grandes cantidades; estamos hablando de millones de toneladas de maíz. Ahí hay que entrarle.

Un segundo asunto que es fundamental. Debemos utilizar instrumentos legales que ya tenemos y que no se han utilizado adecuadamente. Me refiero a la ley de Desarrollo Rural Sustentable y que también tenemos ya una minuta en el Senado de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

También, nuestra fracción parlamentaria --en días anteriores-- hizo una propuesta importante para que, en el caso de los productos de la canasta básica, exista un verdadero control de precios. Creo que hay condiciones para que se pueda detener esta especulación, pero requerimos firmeza. Y la firmeza creo que sí está dada aquí en el Congreso, donde veo que no está es en el Ejecutivo.

Creo y veo también que el Ejecutivo no ha tomado la posición que le han marcado, muchos miles y millones de mexicanos. Que asuma su responsabilidad para que el Estado sea el rector, tanto de la producción como de la distribución de estos productos básicos. Por eso hago un llamado a todos ustedes: cerremos filas en el asunto del maíz para que podamos salir adelante con los puntos que hemos estado proponiendo.

Nosotros sí estamos de acuerdo en que se le haga la auditoría a Aserca, no nada más a Aserca, también se le tendrá que hacer a Sagarpa, para revisar cuál es la situación que ha guardado en sus políticas en estos últimos años. Ojalá que con estos puntos de coincidencia podamos hacer un llamado enérgico al Ejecutivo, para que podamos resolver con la mayor brevedad el problema del maíz. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra la diputada Pilar Guerrero Rubio , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Pilar Guerrero Rubio:Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: como diputados y, más aún, como mexicanos, debemos debatir y aprobar las leyes o decretos que generen las condiciones adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria del país.

No podemos ni debemos estar expuestos a los abruptos cambios en los precios de los principales bienes de la canasta básica, al juego de la oferta y la demanda de los mercados internacionales en los que participan especuladores que se escudan bajo el lema de que proporcionan liquidez al mercado.

El problema del alza en los precios es real y consideramos que en una cuantía mayor a las estimaciones de inflación que determina el Banco de México. En este punto no podemos aceptar las declaraciones del gobernador del Banco de México en torno al alza de los productos de la canasta básica y leo la cita: había una especie de psicosis de alzas.

Le recordamos al gobierno federal que de seguir la escalada de precios, no sólo se afectarían las variables macroeconómicas del país sino también podrían generarse estallidos sociales que desde luego afectarían las decisiones de inversión en el país, así como la generación de empleo en el mismo.

No está por demás señalar que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no está contra el desa-rrollo de la biotecnología en la medicina, ya que su manejo contribuiría a mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no debemos permitir su utilización en la producción de maíz toda vez que afectaría las variedades criollas que se dan en México, sin dejar de lado los probables efectos negativos que tiene sobre la salud pública y el ambiente.

No por el hecho de abaratar el precio del maíz debemos permitir en México la utilización de la biotecnología en el mismo o la importación del maíz transgénico proveniente de Estados Unidos.

Para concluir, deseamos manifestar que en caso de aprobar el proyecto de ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos existirá mayor demanda de maíz para utilizarse en la producción de biocombustibles como el etanol. Sin embargo, también manifestamos que con relación a la utilización de los transgénicos en el maíz mexicano que potencialmente se utilizaría en la fabricación de etanol, debemos plasmar en dicho producto lo siguiente:

Primero. Acotar que los productos bioenergéticos no deben provenir de siembras que contengan organismos genéticamente modificados.

Segundo. Establecer mecanismos con los cuales, en caso de que existiera un auge agrario relativo a cultivos que deriven en bioenergéticos, no exista deforestación ni cambio de uso de suelo forestal para dichos cultivos; y

Tercero. Establecer procedimientos de control a efecto de que los aprovechamientos de vida silvestre y forestales derivados de la producción de bioenergéticos se lleven a cabo conforme a la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Pilar Guerrero Rubio . Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez , del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez:Compañeras y compañeros diputados: qué importante que mediante un consenso de los diferentes grupos parlamentarios destinemos parte importante del tiempo para analizar algunos de los problemas de mayor trascendencia que afecta a toda la sociedad de la nación.

El momento para iniciar el proceso de especulación con el maíz a costa de extraer del bolsillo de toda la sociedad de México fue un mal momento seleccionado por los especuladores, cuando estábamos en plena cosecha de un ciclo importante, como ya se mencionó, de 2006, donde se está calculando la obtención de 22 millones de toneladas y donde en el ciclo inmediato anterior, sólo en Sinaloa se cosecharon 4 millones de toneladas. Un mal momento para aventar el argumento de la escasez a partir de la reducción de los inventarios internacionales, cuando en territorio nacional abunda la cosecha de maíz para abastecer durante varios meses a toda la sociedad nacional.

Es mal momento también para que el secretario de Economía, el doctor Sojo, salga con el argumento de que no tiene elementos para poder detener esta escalada de agresión contra toda la sociedad, a partir de extraerle unos centavos más, unos pesos más a partir del precio de la tortilla. Qué ignorancia para cumplir con un encargo que le está encomendando el presidente de la República.

En el caso de los precios, sólo para puntualizar algunas cosas, para ver dónde está el problema. A la mitad del ciclo anterior, a la mitad de 2006, en la cosecha de Sinaloa se pagó a los productores a mil 400 pesos la tonelada; se presentó un fenómeno meteorológico, el huracán del año pasado, que inmovilizó la salida de esa producción del estado de Sinaloa a los grandes centros de consumo. Se quedaron, por tanto, cuando menos 2 millones de toneladas almacenadas en los graneros del estado de Sinaloa que empezaron a salir apenas el año pasado, en el mes de noviembre.

En la cosecha de primavera-verano, que se inicia en noviembre, se estuvo pagando a los productores --en noviembre-- a mil 800 pesos la tonelada con el repunte de la escalada de precios por las señas internacionales. En diciembre, el maíz llegó a 2 mil pesos la tonelada en las diferentes zonas de producción, precios pagados a los productores.

En enero, cuando sale la última parte de la cosecha, subió el precio a los productores a 2 mil 200, 2 mil 300 y una pequeña parte lograron vender a 2 mil 500 pesos la tonelada. Este producto, compañeros y compañeras diputadas, que se compró a mil 400 pesos, se estuvo vendiendo arriba de 4 mil pesos la tonelada a las redes de molineros y tortilladores para que tuvieran el argumento de estar llevando el precio de la tortilla hasta 18 pesos el kilo.

Ahí está el problema; el problema es simple y llana especulación de los grandes acopiadores de granos y tienen nombre y apellido y el gobierno sabe dónde están ubicados sus almacenamientos. Y en este operativo de detección de inventarios que se ha dado en las últimas semanas se han estado tocando pequeñas y medianas empresas, muchas incluso son propiedad de los propios productores organizados. No le han llegado en el proceso de inspección a los grandes acaparadores de México, que los encabeza Cargill, el gran consorcio acaparador de granos del mundo y también de México.

Necesitamos por tanto, en lo inmediato, detener este fenómeno especulativo, y se hace con energía y el gobierno tiene leyes para poder detenerlo en el mediano plazo, compañeros. La solución necesitamos preverla aquí, en nuestro propio territorio nacional, en virtud de que no va a haber inventarios en otras partes del mundo para ir a comprar lo que podemos producir aquí en México.

Necesitamos por tanto retomar y construir una política agrícola propia, clara y precisa que garantice la producción y el abasto de los principales alimentos que consumimos en México: el maíz, el frijol y la leche cuando menos, olvidándonos de que hay un libre mercado que sólo acude a nuestro país cuando hay oportunidades de grandes negocios, porque el mercado va por la utilidad, no va por el beneficio y la protección a la sociedad. El gobierno y nosotros tenemos la obligación de diseñar ese tipo de políticas, política agrícola propia con instrumentos específicos para estos tres grandes productos que son los que nos garantizan la alimentación y la dieta y la nutrición a toda la sociedad mexicana. Es cuanto; muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Héctor Padilla Gutiérrez . Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López:Con su permiso, Presidenta. Qué bueno que en la Cámara de Diputados se discuta el problema que desde hace más de un mes se está discutiendo en todos los espacios. El 31 de enero hubo una manifestación muy importante de cientos de organizaciones gremiales populares y campesinas por el asunto del alza del maíz y la tortilla, y el alza de precios.

Yo creo que está quedando claro que el problema del alza del maíz y de los precios en general, es un problema que tiene que ver con el abuso, con la complicidad, con la impunidad con la que actúan los grupos de poder en este país.

Como se mencionaba, no es un problema de precios internacionales, no es un problema tampoco de escasez, ciertamente, como nunca ha habido maíz en este país. Acaparamiento, especulación y avaricia de las empresas monopólicas es lo que está explicando este problema que golpea el ingreso de los más pobres del país.

Creo que aquí el asunto es ver si este Pleno tiene la decisión para demandar que se vayan a fondo las investigaciones y se castigue a quienes han incurrido en delitos en este problema que estamos discutiendo.

Quiero leerles el artículo 253 del Código Penal para los compañeros que tienen duda de si se están cometiendo delitos en este tema. El inciso a) dice: ``Acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para la venta, con objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores''.

Todo acuerdo, inciso b), o combinación de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas para evitar la competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

Entonces, creo que si vamos al fondo del asunto y queremos terminar con este abuso, pues debemos demandar en este Pleno que actúe la PGR, le dé curso a las denuncias y pueda castigar estas empresas que todos mencionamos y que por cierto, se tomaron la foto con Calderón el día que se anunció el pacto de la tortilla. Con esa frase de ``no toleraré especuladores'' y con esa foto estaba claro que no hay voluntad para ir a fondo en este problema.

Creo que hace falta que se coloque en el centro de la discusión, en este momento, el diseño de una política agroalimentaria adecuada y también lo del Tratado de Libre Comercio. Ciertamente que se argumentaba --como dice el diputado Sánchez-- que nos iban a invadir los granos de Estados Unidos y de Canadá, pero creo que si entendemos las grandes asimetrías que existen entre ellos y nosotros tenemos que establecer desde ya acuerdos para, efectivamente, revisar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Nada más recuerdo dos datos: Estados Unidos produce 300 millones de toneladas de maíz al año, 300 millones; nosotros 20. Ellos tienen una productividad de más de 10 toneladas por hectárea; nosotros tres. Entonces sí estamos en desventaja, sí hace falta iniciar la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio.

Y bueno, creo que el Pacto de la tortilla no ha servido para nada; en 21 entidades del país no se respeta. En la gran cantidad de tortillerías se pasa por encima de esto y el problema no está abajo sino arriba en los grupos de poder.

Propongo lo siguiente: que acordemos revisar, que se inicie la revisión por parte de los mexicanos, productores, niveles de gobierno, diputados y senadores, sobre el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio; que también empujemos un programa emergente de producción de maíz porque con todo y que hay cosecha récord, hace falta prever lo que se viene en los próximos años en este terreno; que también los subsidios no lleguen a los que comercializan y acaparan el maíz; que lleguen directamente de los productores y por cierto, también de manera oportuna, no con el retraso que se hace.

Creo que tampoco debe permitirse la exportación de maíz. El año pasado se exportaron medio millón de toneladas, cuando hace falta primero garantizar el consumo nacional. Y finalmente, me parece que se debe de priorizar en este país la producción de alimentos y no la producción de etanol. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López . Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Domínguez Servién , del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Francisco Domínguez Servién : Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Francisco Domínguez Servién:Compañeras y compañeros legisladores. Quiero destacar nuestra posición en temas fundamentales como es hoy este debate. Estoy seguro que cada uno de mis compañeros diputados de los diferentes grupos parlamentarios es sensible a las necesidades de aquéllos que confían en la gran posibilidad de construir un país con mejores oportunidades.

El maíz ha representado el gran tesoro de la historia de México desde los tiempos prehispánicos. Fue durante siglos sinónimo de riqueza y motivo de orgullo. Nuestros antepasados fueron hombres que tenían la virtud y el conocimiento para forjar la tierra y dar de comer. Hoy el maíz se reposiciona como sumamente importante en el futuro de nuestra nación.

Este revés en la historia nos da una gran enseñanza, compañeros. Lo importante únicamente no es el precio de la tortilla, señores compañeros legisladores. Lo importante es trabajar por lograr un campo tecnificado, rentable y productivo; contar con esquemas eficientes.

Haciendo un breve análisis --como ya lo han dicho algunos compañeros-- tenemos una idea clara de cómo se distorsionó el mercado mundial: cambio de políticas de nuestro país vecino del norte, China, Europa y Brasil.

La industria de Estados Unidos demanda 48 millones de toneladas de maíz para el uso de etanol y se prevé que para el bienio 2012-2013 tendrá necesidad de 70 millones de toneladas. La situación de alta demanda del maíz para el uso industrial ha generado tendencia hacia mayores niveles de precio en los mercados internacionales.

México no es deficitario de maíz blanco, compañeros, si en el año 2006 --como ya bien dijeron-- cerramos con una producción de 22 millones de toneladas. Si de nuestra producción nacional --como ustedes saben-- apenas si 6 por ciento es de maíz amarillo, el resto es de maíz blanco. El consumo humano para la demanda es de 11.6 millones de toneladas.

Con estos datos podemos observar dos situaciones muy claras. En primer término, el incremento del maíz en general beneficia a los productores que, después de una larga espera, tendrán la oportunidad de ver su trabajo en el futuro reflejado en mayores ingresos, lo cual me parece, compañeros, justo e indiscutible. De esta economía depende 25 por ciento de nuestra población, que está directamente ligada al sector rural.

En contraparte, se propició --y totalmente de acuerdo-- un fenómeno de especulación, donde unos cuantos pretendían enriquecerse a costa del consumidor, aprovechando el manejo tendencioso de información, cuando en realidad el sector de transformación, como el ganadero, que utilizan maíz amarillo para producir proteínas de origen animal, como carne, leche y huevo, es el más afectado.

En lo que respecta al problema de maíz para consumo humano, estamos de acuerdo y compartimos el esfuerzo que realiza el presidente Felipe Calderón al establecer un programa emergente que por un lado, aminore el impacto negativo que generó la especulación y la desestabilización de la tortilla.

Mantener a través de las redes de Diconsa un precio de 3.50 para la población, que atiende el programa de Sedesol con 22 mil establecimientos. Y donde la Cámara de Diputados incrementó el presupuesto en el Ramo 20, la Sedesol pudo asignar o reasignar 500 millones de pesos a Diconsa, de los cuales 100 millones de pesos se destinaron al abasto rural, con lo cual está asegurado el abasto de 40 mil toneladas en bodega y 170 mil adquiridas a partir del programa emergente.

¿Cuál es el objetivo, señores compañeros legisladores, del Ejecutivo? Incrementar cultivos de 300 mil hectáreas, 1 millón de hectáreas y pasar de 2.5 toneladas de maíz por hectárea a producciones de nueve a 14 toneladas.

A través de Sagarpa y organismos vinculados a este sector, programas para mejorar como la agricultura por contrato, para la cual esta Legislatura destinó más de 7 mil millones de pesos, que serían para infraestructura de significación de riego, ingreso objetivo, fertilizantes, compactación para la compra de insumos, financiamiento a tasas justas, capacitación y esquemas de comercialización.

Compañeros legisladores: la fracción parlamentaria de Acción Nacional tiene el firme propósito de impulsar una economía eficiente y moderna; equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; respetuosa de la dignidad humana.

Estaremos pendientes de que el Estado vigile, ordenando el desenvolvimiento de la economía para garantizar que concurra en el interés nacional, se subordine al bien común y busque la justicia en relaciones económicas para que se compita en condiciones de equidad. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Francisco Domínguez. En la tercera ronda, tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del grupo parlamentario del PT.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: discutir el tema del maíz y de la tortilla, sin duda, es discutir uno de los temas más importantes de la mayoría, de la inmensa mayoría de los mexicanos en este país. No es un tema menor.

Quiero recordarles que este debate no es nuevo. Quisiera recordarles, compañeros, que el 28 de abril de 2003, el ``gobierno del cambio'' firmó un acuerdo, el Acuerdo Nacional para el Campo. La firma de este acuerdo fue el reconocimiento del gobierno a un grave problema que enfrenta el campo mexicano. En este acuerdo se establecen compromisos. Me voy a referir a algunos, solamente a tres de ellos.

En el punto número 50 del acuerdo dice lo siguiente: El Ejecutivo federal con base en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con objeto de revisar lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para maíz blanco y frijol; y convenir con las contrapartes el sustituto por un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentaria.

El 51. En tanto se logra lo anterior, en lo referente a maíz blanco se suspenderá la asignación de cupos de importación, excepto en casos comprobados de desabasto.

De igual manera, en el caso de frijol el gobierno federal iniciará el procedimiento para el establecimiento de una investigación contra prácticas desleales o salvaguarda con base en información proporcionada por los productores.

El número 104 establece el siguiente compromiso del gobierno federal: establecer un programa de fortalecimiento a la productividad de la agricultura campesina para los sistemas de producción de maíz blanco y frijol y otros relacionados con los sistemas diversos de producción familiar y colectivos tradicionales. Éste fue el acuerdo que Vicente Fox firmó en 2003.

Hoy estamos dando el mismo debate; es decir, estamos debatiendo un tema que el gobierno de Vicente Fox no cumplió, uno que quedó en letra muerta.

Nos parece pues, compañeros, que más allá de los posicionamientos que se hacen es necesario que la Cámara de Diputados haga suyo el documento del Acuerdo Nacional para el Campo y exija al gobierno federal el cumplimiento de los compromisos establecidos en este acuerdo.

Aunado a lo anterior, en la marcha del día 31 de enero, que no es un acto menor porque participaron miles de mexicanos, se demandaron cuatro cuestiones: primero, un programa de subsidio directo a la tortilla para los sectores pobres. Un incremento inmediato al salario.

Discutir el tema de la entrada en vigor del TLC, que es un tema que ya está encima de nosotros, y la instrumentación de un programa especial de apoyo a los productores para la producción de granos básicos.

Éstos son compromisos y demandas de la sociedad mexicana, compañeros, que nosotros, como diputados, debiéramos hacer que el Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de cumplirlos, los haga realidad porque muchos de ellos fueron compromisos firmados, como es el caso del Acuerdo Nacional para el Campo. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Lo que estamos viviendo hoy en México va mucho más allá de una crisis de la tortilla o de un fenómeno transitorio, de una burbuja inflacionaria temporal.

La crisis que ha estallado y que a todos ha sorprendido no es una mala jugada, es simplemente el dato evidente de una crisis anunciada y cuyo impacto está cimbrando toda la economía.

No es un problema estrictamente de mercado que pueda reducirse a un accidente pasajero y que tenderá a normalizarse con la dinámica de los factores de competencia en relación con la oferta y la demanda. Quien sostenga esto revela que no entiende nada de lo que el maíz representa para nuestro país.

En la presente crisis, la punta del iceberg es la crisis de la tortilla, es la que nos revela el fin del modelo de dependencia por la vía de las importaciones de granos baratos, entrecomillado, y el abandono total del campo mexicano y el agotamiento del modelo impuesto y practicado durante los últimos 30 años.

Hoy no hay hacia dónde hacerse, ni para atrás ni hacia delante. Estamos a la mitad del río, un río revuelto como desconcierto social y económico que nos revela que no hay manejo de las variables económicas al dispararse la inflación, el encarecimiento, y más grave si lo que se intenta es focalizarlo como un asunto coyuntural de fácil solución.

Hoy hay que encarar el hecho. Urge la presencia del Estado, no dejar el asunto al mercado. Dar paso a la seguridad alimentaria.

Por eso resulta sorprendente que ahora, frente a la crisis, las políticas públicas se privaticen, que se encargue a los grandes monopolios comerciales poner en manos de los millones de mexicanos las tortillas, la harina, el maíz y el abasto del producto en manos de una transnacional.

El Estado se está desentendiendo de la crisis y al margen de la ley deja la rectoría del Estado en manos de las transnacionales, de la globalización. Ahora, cuando parece que se busca superar la crisis se abren las importaciones del maíz para bajar el precio de la tortilla, aunque con ello se agrave y prolongue la crisis alimentaria. La especulación provocada por los monopolios de la harina y la comercialización del maíz se le encarga para resolverla.

En menos de dos meses, la transnacional pasó de comprar la tonelada de maíz a mil 750 pesos a venderla a 3 mil 500, lo que evidencia que no son los costos de la producción los que determinan el precio sino el poder que tiene la transnacional sobre el mercado.

Esto es posible porque la transnacional controla las importaciones de maíz a México y las compras nacionales, así como la red nacional de almacenamiento y distribución, la especulación tiene nombres reconocidos.

Pero además, la crisis alimentaria es una situación estructural de la que está colgado el modelo neoliberal. No es un problema temporal. La actual crisis puede convertirse en una coyuntura para realizar un cambio, un giro en la política económica, tomando medidas urgentes tanto de orden estructural como de transición y de parte inmediato.

Un programa urgente de producción sustentable del maíz, fomentando y apoyando al productor campesino, la construcción de una reserva de maíz controlada por el Estado que permita regular el precio y parar la especulación de los monopolios; la aprobación de la Ley de Planeación Alimentaria que parece dormir el sueño de la tranquilidad en el Senado de la República para dar estabilidad y certidumbre a la producción nacional de alimentos.

Pero todo esto sabemos que está cuesta arriba, pues el maíz es el grano odiado por los neoliberales, repudiado por los modernizadores y conocido como ``el bastardo'', nombre que le dio el entrañable Arturo Warman al grano que fue condenado por el neoliberalismo a desaparecer por improductivo, el perseguido por todos los gobiernos modernizadores apegados a la globalización. Se decretó el desmantelamiento de toda la organización productiva del campo mexicano y todos los gobiernos neoliberales creyeron que habían acabado con el maíz.

``El bastardo'' se ha colocado en el centro de la correlación de fuerzas y está llamando a una recomposición social y política a favor de un proyecto nacional en donde el campo sea una pieza central a favor de una sociedad incluyente, en donde el desarrollo rural sea la pieza central de una profunda recomposición social y económica que haga posible una sociedad incluyente y democrática.

Pero no repitamos las viejas prácticas. Todos los emisarios del pasado que le declararon la muerte al maíz y que desmantelaron el campo mexicano están vivos y presentes, ahora y aquí. No sólo los autores intelectuales, sus aliados, todas las cúpulas que convalidaron y apoyaron el desmantelamiento del agro y que han acompañado durante 25 años la destrucción del campo mexicano.

No repitamos esa historia. Es la hora de un verdadero cambio porque el asunto va mucho más allá del logro de algunas prebendas. El asunto va mucho más allá de los intereses populares de una coyuntura electoral como la de 2007. Es un asunto estratégico de la nación y de toda la sociedad; involucra todo el legado histórico y el porvenir e involucra todos los niveles del gobierno.

Hoy hay que dar certidumbre, rumbo y proyección al país sentando las bases de la sustentabilidad alimentaria y energética.

Es el pronunciamiento de compañeros líderes rurales de Convergencia, encabezados por Vicente Granados, que lo han formulado para su lectura en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Muchas gracias, señora Presidenta. Complacido por la oportunidad de estar en esta tan importante tribuna. Consciente también de que en este debate, como aquí se ha mencionado, que para mí más que un debate es una serie de posicionamientos que ciertamente ilustran y manifiestan muchos datos y la postura que cada una de las fracciones parlamentarias tiene, y que por supuesto encontramos en estos posicionamientos la coincidencia y el factor común que es nuestro interés en éste, tan delicado tema.

Pero más allá de eso, creo que tenemos que pensar en cómo resolver, en cómo encontrar las coincidencias entre cada una de las fracciones parlamentarias para generar los instrumentos necesarios al Poder Ejecutivo para resolver de fondo este gran problema.

Necesitamos sacudir las estructuras de las instituciones que tienen que ver con la construcción de dichos instrumentos y de las normas que le den a la sociedad, a la gente pobre, a los productores y a los consumidores, la tranquilidad para no vivir en la zozobra y en la especulación porque estamos dependientes totalmente de los esquemas de oferta y demanda de los distintos productos alimenticios.

Así como el sistema-producto maíz fue la víctima de la escasez de estos instrumentos normativos, si no tomamos las medidas a tiempo, si el Poder Ejecutivo y sus dependencias no asumen su compromiso histórico y su responsabilidad, en poco tiempo tendremos el mismo problema con el sistema producto frijol.

Ya le quitaron la tortilla a los pobres y a la sociedad, ahora quítenle el plato de frijoles, para que vean qué va a pasar, qué va a suceder.

Hoy que se da un debate y una controversia entre Estados Unidos y Canadá, en este importante tema del frijol, y que nuestro país vive, como lo dije, con la incertidumbre de la inminente entrada del Tratado de Libre Comercio, nuestros estados productores, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit, entre otros, viven con la misma incertidumbre.

Por eso desde ésta, la más alta tribuna, el reclamo enérgico y la exigencia expresa para que la Sagarpa y la Secretaría de Economía tomen las medidas necesarias, cumplan con su responsabilidad para que al sistema producto frijol no le suceda la amarga experiencia vivida con el maíz.

Es increíble, compañeros diputados, cómo si somos un país que produce lo suficiente para el abasto nacional, los monopolios y los acaparadores le estén ganando la carrera al gobierno, ¿o no, señores funcionarios, señores de la Sagarpa y señores de la Secretaría de Economía?

Los productores estamos haciendo nuestra parte, los acaparadores la suya, ustedes, señores funcionarios, tienen la palabra.

La sociedad los califica y los observa, y hasta este momento en este importante tema, señores funcionarios, la calificación es reprobatoria. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros de las distintas fracciones: respecto al tema de la discusión del maíz, ya los compañeros que me antecedieron en la palabra han señalado las principales líneas estratégicas que como grupos parlamentarios estamos planeando, para atender la terrible situación del incremento del precio del maíz y del precio de la tortilla.

En cuanto a la especulación del precio del maíz, fueron condiciones favorables para dichos acaparadores, que con su poder han podido someter al pueblo de México a una difícil situación para nuestra alimentación en cuanto al alza de la tortilla.

Para poder evitar estas irregularidades en los años venideros, insisto en que se piense en la formación de una reserva estratégica de productos básicos, especialmente del maíz, y asimismo incentivar la producción a través de programas productivos, subsidiando la producción, considerando que estos apoyos deben llegar a los verdaderos productores oportunamente, con la finalidad de garantizar una buena producción y alimentación para los mexicanos con menores costos de producción.

También solicitamos que se realicen las auditorías con las instituciones que operan los subsidios en el campo, como Aserca, para revisar que realmente los subsidios lleguen directamente a los productores o son los intermediarios o acaparadores quienes se benefician, de lo contrario es necesario estructurar políticas adecuadas que atiendan directamente al productor.

Hoy me comprometo a defender como legislador lo que nos corresponde y como representante de los productores les aseguro y les planteo que es factible disminuir el precio de la tortilla y regular el precio del maíz en el mercado.

Permítanme ahora darles un breve panorama de lo que estamos haciendo en el estado de Chiapas para producir maíz y poder llegar a vender la tortilla a un precio de 6 pesos cincuenta centavos por kilo. Lo que nosotros hacemos en Chiapas favorece a los productores y a los consumidores y lo que queremos como diputados es que este esquema se extienda por todo el país.

Los productores en Chiapas nos hemos organizado para coadyuvar con el gobierno federal y con los mexicanos mediante planes estratégicos de producción. Por ejemplo, nosotros organizados obtenemos diferentes apoyos para la compra de semilla, para la adquisición de fertilizantes, de pesticidas, para tener seguros agrícolas, seguro de vida, para cobertura de precios y obtener financiamientos.

Esto lo logramos gracias a que nos juntamos y accedemos a esta inversión por parte del gobierno a través de las instituciones que corresponden al sector. Así, nosotros como productores logramos reducir los costos de producción y llegamos a regular el precio del mercado.

Con este esquema hemos logrado rendimiento de cinco toneladas por hectárea en promedio en nuestro estado de Chiapas. Nosotros estamos en este ciclo agrícola obteniendo maíz con un costo de 3 mil pesos la tonelada, mientras que en el exterior se está comprando a 3 mil 500 pesos la tonelada.

Con la producción nacional no sólo podemos tener maíz en mejor calidad y sanidad, además le damos empleo y posibilidad de permanecer en su país a los miles de campesinos mexicanos que año con año buscamos otras oportunidades y que tenemos que emigrar a otros países.

Esta crisis del incremento de la tortilla para nosotros, los productores, se presenta como la oportunidad de que el país vuelva los ojos hacia nosotros los campesinos. Ya lo hemos dicho, nosotros somos quienes podemos alimentar al país, con producto de buena calidad y a precios razonables, sin estar sujetos a los vaivenes del mercado internacional.

Que esta crisis sirva para que el campo mexicano vuelva a ser el granero de los mexicanos y que regresemos a la seguridad y a la soberanía alimentaria de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez:Con su venia, señora Presidenta. Muy buenas tardes queridos compañeros diputados. El maíz, los productores, las comercializadoras, las harineras, los industriales de la masa y la tortilla y finalmente, lo más importante; ahí están aquellos que menos tienen, que son los consumidores y de entre ellos, los que padecen mayor pobreza y ese es el tema justamente que hoy nos ocupa.

Verdaderamente, me da muchísimo gusto escuchar que entre todos estamos continuamente poniendo el granito de arena y aportando propuestas que verdaderamente pueden llegar a ser la solución definitiva de este problema que hoy tenemos.

Los antecedentes ya no vale la pena recordarlos nuevamente; han sido antecedentes que todos los que me han antecedido en esta tribuna ya los han marcado. Solamente decirles que... bueno, recordar que finalmente, sí, el precio del maíz se fija internacionalmente y que México está dentro de esta economía mundial y global.

Sabemos también del consumo del maíz amarillo para la producción de etanol y de qué manera, muy poca, pero que si alcanzó a influir el uso del maíz blanco para el consumo de forraje. La especulación y yo diría todavía más, el de-sordenamiento del la industria de la masa y la tortilla. Debemos considerar también que hay zonas en el campo que todavía tienen mucho qué dar y que seguramente es ahí donde tendremos que ir.

El maíz es por mucho, el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, industrial, pero también político y social.

Hay que reconocer que dentro de las acciones que el gobierno federal tomó en el momento de una emergencia como la que surgió en la escalada de precios de la tortilla ha dado resultados.

La firma de ese acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla de maíz en México... si bien ésta es una medida que no ha sido definitiva, sí es una medida definitoria en el momento; tan es así, que los objetivos que perseguía y que persigue este acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla de maíz en México han dado sus resultados.

Recuerdo nada más que los objetivos son proteger el abasto de maíz y tortilla a un precio de venta al público estable y accesible en todo el país; combatir prácticas especulativas que pongan en riesgo la estabilidad de precios y el abasto; evitar que los cambios en el precio internacional del maíz generen incrementos injustificados en el precio de productos básicos derivados; eficientar los mecanismos de apoyo y colaboración del gobierno federal con los productores de cultivo forrajero y aprovechar las tierras cultivables; proteger el ingreso y ahorro de los mexicanos, en particular de quienes menos tienen, y la buena marcha de la economía nacional.

Realmente estos objetivos se han ido cumpliendo con este pacto, lo que nos habla --perdón, con este acuerdo--, lo que habla de que definitivamente sí ha sido una solución no definitiva, sí definitoria por el momento de la crisis que estábamos viviendo. Por supuesto que no podemos quedarnos en esto y ahí coincido, y coincidimos, creo que todos, y eso es lo alentador de este debate, que ha sido de una propuesta constante y es así como podemos seguir avanzando.

Actualmente, si tomamos en cuenta qué tenemos en México, solamente se cultivan 300 mil hectáreas, están sembradas para el maíz, y tenemos capacidad de llegar hasta 1 millón de hectáreas. Ése es el reto y es un reto que tenemos los legisladores y el Ejecutivo en conjunto para llevar, acercar el Legislativo, presupuesto, el marco jurídico y legal a través del cual verdaderamente nuestros productores puedan llegar a ese cultivo, a que sean cultivables, que sean sembradas por lo menos 1 millón de hectáreas.

Otro reto enorme que tenemos es que el rendimiento actual es de 2.5 toneladas por hectárea, lo que actualmente es el rendimiento del campo mexicano, el reto es llevarlo a 9 o a 14 toneladas por hectárea. Por supuesto, todas las propuestas que hemos escuchado hacia eso van encaminadas. Yo les diría que nosotros, Acción Nacional, lo que proponemos también es consolidar políticas de competitividad y desarrollo del sector agropecuario que asegure la sustentabilidad del campo.

Por supuesto, también deberemos promover estrategias, tecnologías y apoyos especiales al campo que incentiven la migración ordenada y gradual de cultivos poco competitivos hacia productos de mayor rentabilidad económica.

Alentaremos también, deberemos de alentar la creación de núcleos de productores campesinos que faciliten el aumento de la producción. Deberemos de apoyar una política de cercanía con los productores agrícolas. Hoy nos damos cuenta que ojalá y todos nuestros productores tuvieran la misma capacidad para producir, sin embargo, no lo es. Hoy tenemos entonces que hacer entre todos, organizar, ayudar y el reto, repito, es entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Creo que con todas las propuestas que hemos recibido esta mañana y tarde entre todos y que hemos aportado, verdaderamente estoy segura...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Un momentito, señora diputada. Sonido en la curul de la señora diputada Monreal.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Solamente para preguntar a la diputada Adriana si acepta una pregunta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : ¿Acepta la pregunta, diputada?

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez : Con todo gusto, nada más que termine porque ya me marcaron el tiempo, pero con todo gusto, al terminar. Antes de terminar quiero decirles que pido a la señora Presidenta que se remitan todas las participaciones que sobre el tema han habido en esta sesión, que se remitan a las secretarías correspondientes para que sean rescatadas todas las propuestas valiosas que en este día han aportado los diputados que han pasado por esta tribuna. Y recordarles que tenemos que ayudar también a ese ordenamiento del mercado, de la industria de la masa y la tortilla. Adelante, diputada.

La diputada Susana Monreal Ávila(desde la curul): Diputada, solamente para hacerle la pregunta: hace un momento hizo uso de la tribuna el diputado Francisco Domínguez en nombre de la fracción del PAN y dijo que para ellos no era importante el precio de la tortilla. ¿Usted coincide con esa afirmación?

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez : Es importante en el sentido que lo es para todos los mexicanos el precio de la tortilla. Ahora, aquí lo importante también --y él lo marcó-- hoy más que nunca los productores de maíz están viendo una posibilidad de que suba un mercado siempre golpeado y los productores de maíz hoy van a poder tener una mejoría y el precio de la tortilla, en la medida en que no sea especulación, deberá estar en lo que debe estar.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : De acuerdo con la precisión de la diputada, se publicará la versión estenográfica de este posicionamiento. Se han agotado los oradores registrados, continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 15 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Azucena Tabares Juárez, Jaime Pérez Rincón, Candelario Ramos Ocampo, Judith Monroy Ramírez y Román González Pedroza, para prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y Tijuana, Baja California, respectivamente.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (a las 15:37 horas): Gracias, señora secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 15 de febrero, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	INASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	INASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	INASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther	INASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	CÉDULA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	CÉDULA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	INASISTENCIA
Asistencias: 195
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	INASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	PERMISO MESA DIRECTIVA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	INASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	INASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	CÉDULA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	PERMISO MESA DIRECTIVA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	INASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	CÉDULA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	PERMISO MESA DIRECTIVA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93 Salas López Ramón	ASISTENCIA
94 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
95 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
96 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
97 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
98 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
99Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
101Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
102 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
103 Villa Villa Isael	INASISTENCIA
104 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
105 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 100
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 105

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	INASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	INASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
10 Guerrero Rubio Pilar	CÉDULA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	INASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	INASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	INASISTENCIA
Asistencias: 0
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Arellano Arellano Joel
2 Díaz Gordillo Martha Cecilia
3 Espinosa Piña José Luis
4 Flores Grande Arturo
5 Jiménez Ramos María Esther
6 Medina Rodríguez Delber
7 Zermeño Infante Jorge
Faltas por grupo: 7

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Alavez Ruiz Aleida
2 Condado Escamilla Cuitlahuac
3 Hernández Manzanares Javier
4 Mendoza Mendoza Irineo
5 Sánchez Jiménez V. Luis
Faltas por grupo: 5

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Villa Villa Isael
Faltas por grupo: 1

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Arévalo González José Antonio
2 Cobo Terrazas Diego
Faltas por grupo: 2

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Maciel Ortiz Ma. Mercedes
2 Solís Parga Rodolfo
Faltas por grupo: 2

DIPUTADOS SIN PARTIDO
Diputado
1 Castellanos Hernández Félix
Faltas por grupo: 1