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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 27 de febrero de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 482 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último huei tlatoanide la Triple Alianza, tendrá lugar el 28 de febrero, a las 10:00 horas.

Del diputado Jorge Rubén Nordhausen González .

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita a diversas autoridades que informen sobre el estado que guarda la zona arqueológica protegida de Tulum. (Votación)

Solicitud de particular

De la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, respecto al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Con el que remite el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México correspondiente al periodo enero-diciembre de 2006.

De la Secretaría de Gobernación

Cuatro, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz puedan prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México, y en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Iniciativas

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, para la reforma política del Estado mexicano, a cargo del diputado Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por los diputados Obdulio Ávila Mayo y María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón, suscrita por los diputados Ramón Landeros González y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados ``patrimonio cultural de la humanidad''.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas en materia de Ley Aduanera.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desechan las minutas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral del Estado de Baja California se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que señala la ley, suscrita por los diputados Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, creado por el decreto 1123/04, suscrita por los diputados María Eugenia Campos Galván y Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, durante el periodo 2003-2006, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario de su natalicio, reconoce la aportación que para la construcción de la democracia en México hizo don Manuel Gómez Morín, a cargo del diputado Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob incorpore en el calendario oficial el 24 de agosto como Día de la Firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT y a Capufe reubiquen la plaza de cobro 156, Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic, suscrita por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la declaratoria de patrimonio mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH, a cargo del diputado Jorge Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, Chihuahua, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa Granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del valle de Perote, en Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en Tampico y Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implemente un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR cree una fiscalía especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal emita el decreto para declarar el primer domingo de marzo de cada año Día Nacional de la Familia, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a crear e integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco acate la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía, a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, verifique que el IMSS esté cumpliendo sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, quien desapareció el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Sagarpa y de la Conapesca, destine recursos para el programa de sustitución de motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal implemente acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía homologue los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las comisiones especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios al gas natural, a cargo del diputado José Rosas Aispuro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social remitan a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI modifique el contenido de las encuestas que lleva a cabo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa que con la mayor brevedad expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y los necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional establezcan programas y acciones de comunicación y coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios para frenar la violencia en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE intervenga para la reapertura del puente internacional Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revise el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a que intervenga frente a los cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal dirija una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y municipales a realizar actividades de difusión y celebración del Día Nacional de la Familia, a cargo de la diputada Martha García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar, a través de la Secretaría de Economía, la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las Direcciones Generales de Erradicación y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a promover, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa de Ley para despenalizar el delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Cultura a investigar las posibles violaciones al decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo el Programa de Salud Auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que lleve a cabo una auditoría especial al honorable ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33, de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios entre la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para Investigar el Rescate Carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a impulsar la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a cumplir lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer, a través de la Semarnat, los estudios y trámites para decretar área natural protegida 300 hectáreas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF que aplique los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que esta soberanía presente ante la PGR una denuncia de hechos en contra de servidores públicos de la SCT, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a realizar la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar los Convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrito por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la armonización de la legislación federal y seguimiento del sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar, a través de la Semarnat, los permisos para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la dependencia a su cargo en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a adecuar la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos 2007, referente al precio de adquisición de los productores de leche, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Coahuila que amplíe las declaraciones relacionadas con los acontecimientos en la mina Pasta de Conchos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR que informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF a incorporar la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a donar libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano, en tanto se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del Programa Pueblos Mágicos, suscrito por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF a dotar de insumos y equipo al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud que emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana 190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios, para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales a realizar acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare como región fronteriza la zona conocida como los Cinco Manantiales, en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios del estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sector, para que se retomen los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intervenir en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar el operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar, a través de la Semarnat, sobre el grado de avance de los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informe a esta soberanía, a través de la SHCP y la Sener, sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a informar a esta Soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación a la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe sobre la situación de la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE a realizar diversas acciones en favor del sistema de centrales de abasto del país, suscrito por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidós de febrero de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintisiete minutos del jueves veintidós de febrero de dos mil siete, con la asistencia de trescientos ochenta y seis diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se reciben de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitaciones a las ceremonias cívicas con motivo del:

Quingentésimo octavo Aniversario del Natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza.

Sexagésimo séptimo aniversario del Día de la Bandera.

Para ambos casos el Presidente designa una comisión de cortesía que asistirá a dichas ceremonias.

La Junta de Coordinación Política remite acuerdos:

Por el que se designa la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que funcionará durante la Sexagésima Legislatura. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese. Desde su curul, la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, hace una solicitud y la Presidencia la obsequia.

Por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Se reciben dos oficios de las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, por los que solicitan el permiso constitucional necesario, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

La Cámara de Senadores remite:

a) Iniciativas con proyecto de decreto presentadas por los senadores:

María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ricardo Olivares Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y seis, y cuarenta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ambas se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

b) Solicitud de excitativa, presentada por el senador Felipe González González, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la minuta proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

c) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos doscientos sesenta y siete, y trescientos veintitrés Ter del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Sara Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Víctor Manuel Torres Herrera , del Partido Acción Nacional y Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México, de Ley General de Bienestar Animal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Antonio Valladolid Rodríguez , a nombre propio y del diputado Carlos Alberto Navarro Sugich , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática, interpretativo del artículo décimo cuarto transitorio y del anexo siete del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Juan Francisco Rivera Bedoya , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Economía.

Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia, que reforma y adiciona los artículos setenta y seis, y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Gobernación.

A las doce horas con treinta y tres minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y siete diputadas y diputados.

Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza, que reforma el artículo nueve de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, con opinión de la Comisión Especial de defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, ésta última a petición de la diputada Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática.

Carlos Alberto Navarro Sugich y suscrita por el diputado Antonio Valladolid Rodríguez , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

María de Jesús Guerra Sánchez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento setenta y cinco-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes: de Fiscalización Superior de la Federación, de Coordinación Fiscal y de Instituciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Jorge Quintero Bello , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo once de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial Sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos, ésta última a petición de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa.

Roberto Mendoza Flores , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos setenta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

José Amado Orihuela Trejo , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos quince y setenta y uno de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería.

José Manuel del Río Virgen y suscrita por la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , ambos de Convergencia, que reforma el artículo sesenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Economía.

Se recibió del diputado Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa de decreto interpretativo por el que se aclara y explica la aplicación y destino específico de los recursos establecidos en el Anexo siete Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ramo dieciséis, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un pronunciamiento especial en relación con los premios y distinciones recientemente obtenidos por diversos miembros de la comunidad cinematográfica mexicana. Intervienen los diputados: Aurora Cervantes Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Rodolfo Solís Parga , del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia; Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México; María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Partido Revolucionario Institucional y

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigíl, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora, los cuales estuvieron encabezados por el director del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Michel Cherchoff. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es de Primera Lectura.

Dictamen a discusión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Constituyentes de Apatzingán. En votación económica, la asamblea le dispensa la lectura. Se aprueba por trescientos ochenta y un votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dictámenes a discusión de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

Alberto Ruíz Gamiño, para prestar servicios en la Embajada de Belice en México.

Ricardo Franco Guzmán, para prestar servicios en la Embajada de Jamaica en México.

En votación económica, la asamblea les dispensa la lectura. Se aprueba por trescientos sesenta y cinco votos en pro, cero en contra y una abstención. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La asamblea en votación económica, autoriza la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes negativos de las comisiones:

a) Unidas de Gobernación y de la Función Pública, por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos dos y nueve de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b) Economía, por los que se desechan las iniciativas:

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Que adiciona los artículos setenta y ocho y ochenta del Código de Comercio.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

c) Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que desecha la minuta que reforma los artículos ciento veintiséis y ciento veintisiete de la Ley de Navegación.

d) Salud, por los que desecha la minuta que reforma el artículo ciento trece de la Ley General de Salud.

En votación económica, la asamblea aprueba los dictámenes en conjunto. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena , solicita licencia del veintitrés de febrero al veintitrés de abril de dos mil siete, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el distrito uno del estado de Yucatán. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquese.

Se recibieron seis solicitudes de excitativa de los diputados:

Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Salud.

Armando Barreiro Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública.

José Amado Orihuela Trejo , del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Energía.

Alliet Mariana Bautista Bravo , del Partido de la Revolución Democrática, dos, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con once minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veintisiete de febrero de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo......

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobada el acta.Continúe la Secretaría. Pido respetuosamente a las señoras y a los señores de los medios de comunicación que nos hagan favor de pasar al lugar que tienen asignado.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 482 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 28 de febrero a las 10 horas, en la estatua erigida en su memoria, situada en Paseo de la Reforma e Insurgentes, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Lazada León, coordinadora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguileray quienes designen los grupos parlamentarios.

PROTESTA DE CIUDADANA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentra --permítame, secretario-- a las puertas de este recinto la ciudadana Teresa de Jesús Alcocer y Gasca, diputada federal electa por el distrito I del estado de Yucatán. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y diputados: Édgar Martín Ramírez Pech, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Faustino Soto Ramos, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, José Luis Aguilera Ricoy Silvia Luna Rodríguez.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Se pide a la comisión cumplir el encargo.

(La comisión cumple el encargo.)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadana Teresa de Jesús Alcocer y Gasca,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Teresa Alcocer y Gasca: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenida, diputada.

Esta Presidencia saluda respetuosamente al señor secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, y a todos los contralores de los estados de la república y del Distrito Federal, que se encuentran aquí presentes para presentar un pronunciamiento que han signado todos los contralores de todos los estados de la federación y del Distrito Federal. Bienvenidos.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, Jorge Rubén Nordhausen González , diputado federal con licencia concedida por tiempo indefinido en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2006, comunica a usted que a partir del 1 de marzo de 2007, se incorpora a sus labores legislativas.

Lo anterior para los fines legales y administrativos procedentes.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterado; comuníquese.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Me permito solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso constitucional necesario para que yo, ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, pueda aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que confiere el gobierno de España como reconocimiento a aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de la nación, o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional.

Sin más por el momento, y en espera de su favorable respuesta, reciba usted un muy cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- Roxana Velásquez Martínez del Campo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en la Fracción IV del artículo 27 de la Ley de Inversión Extranjera, me permito enviarle el documento intitulado Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México (enero-diciembre de 2006).

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre este asunto.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2007.--- Carlos Francisco Arce Macías (rúbrica), secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a la Comisión de Economía.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado c), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Juan de Dios Nava Lucio.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Hungría en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado c), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Miguel Ángel Rodríguez García.

Puesto: Asistente administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Hungría en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Érika Mari Guzmán Romero.

Puesto: Asistente del consejero de Asuntos Económicos y Comerciales.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Checa en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado c), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gloria Lorena Olivera Ortiz.

Puesto: Investigador consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnense a la Comisión de Gobernación.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-347, signado el 21 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Jacinto Gómez Pasillas , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para, los fines procedentes, copia del similar número 112.- 000063, suscrito el 8 del actual por el licenciado Joaquín Montaño Yamuni, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/046/07, del 2 de enero de 2007, a través del cual nos comunica punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a la brevedad, expida el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Al respecto, anexo al presente encontrará fotocopia del oficio número 100.- 000029, del 17 de enero de 2007, elaborado por la Coordinación de Asuntos Internacionales, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de febrero de 2007.--- Licenciado Joaquín Montaño Yamuni, coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Joaquín Montaño Yamuni, coordinador general de Política Sectorial.--- Presente.

Me refiero al memorándum número 51/2007, enviado a esta coordinación y a la Dirección en Jefe del Senasica, que se acompaña del oficio número SEL/300/046/02, remitido por el subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Armando Salinas Torre al titular del ramo, ingeniero Alberto Cárdenas, en el cual hace de su conocimiento un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhortando a los titulares de la Sagrapa y la Semarnat a cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como al titular del Ejecutivo federal para que a la brevedad expida el reglamento de dicha ley.

Sobre el particular, en coordinación con el Senasica, se considera que el tema presentado en el punto de acuerdo citado es competencia de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), con la que esta secretaría contribuye a través de sus aportaciones como parte integrante de ella, desde donde surgen opiniones colegiadas. No obstante, de inicio puedo asegurarle que la Sagarpa invariablemente ha cumplido las disposiciones que dicta la Ley de Bioseguridad, sin infringir ninguno de sus preceptos.

Sin embargo, y en atención al comunicado de la oficina de Enlace Legislativo de la Segob, hemos analizado el punto de acuerdo referido, en cuya página 5 expresa: ``esta preocupación parece confirmarse si se toma en cuenta que ya se han iniciado actividades de liberación experimental de maíz transgénico en campos de Sinaloa y Tamaulipas'', afirmación que a todas luces es errónea y lamentable, pues infunde y abona a la confusión de la población al dar la impresión de que efectivamente estamos trasgrediendo las disposiciones de la Ley de Bioseguridad, cuando en realidad no es así.

Al agradecerle ponderar la pertinencia de que por conducto del área a su digno cargo sea hecha del conocimiento de la Segob esta inquietud, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2007.--- Doctor Víctor M. Villalobos Arámbula (rúbrica), coordinador.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

MIGRACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-439 signado el día 21 de diciembre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 400/094/2007 suscrito el día 1 del actual por el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se invita al titular del Ejecutivo federal para que, de manera conjunta con el Legislativo, diseñe e impulse una política de Estado en materia migratoria, cree los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en torno a la migración, además de que genere una política de atención integral a los migrantes y sus familias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/037/07, recibido en esta subsecretaría el pasado 11 de enero, relativo a un punto de acuerdo aprobado por el Poder Legislativo mediante el cual se invita al titular del Ejecutivo federal para que de manera conjunta con el Legislativo, se diseñe e impulse una política de Estado en materia migratoria, y se creen los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en tomo a la migración y se genere una política de atención integral a los migrantes y sus familias.

Sobre el particular, comunico a usted que esta subsecretaría ha tomado debida nota del contenido de dicho punto de acuerdo y le expreso nuestro compromiso por trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo y con otras instancias de la administración pública federal para avanzar en su cumplimiento.

Como es de su conocimiento, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, desarrolla programas específicos en materia de protección a los derechos humanos de los migrantes, destacando el Programa Paisano y los Grupos Beta.

En la implantación de las acciones contenidas en los programas anteriormente mencionados, concurren, a su vez, distintos órdenes de gobierno, lo cual ha permitido tener resultados positivos en materia de atención a migrantes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de febrero de 2007.--- Licenciado Florencio Salazar Adame (rúbrica), subsecretario.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-244, signado el 21 de noviembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/0271/07, suscrito el 8 del actual por el ciudadano Juan Antonio Dorantes Sánchez, director general Jurídico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a crear un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Conaculta.--- Dirección General Jurídica.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta al oficio número SEL/300/5359/06, de fecha 22 de noviembre de 2006, por medio del cual se remitió copia del oficio número D.G.P.L. 60-II-6-244 a este consejo, en el que la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados informó al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza, la aprobación del punto de acuerdo en el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se construya un fideicomiso de administración que garantice el desarrollo de los programas y acciones que permitan la acreditación ante la UNESCO del municipio de Cuetzalan, Puebla, como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

En razón de lo anterior, me permito informarle que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (lNAH) comunicó que el 27 de septiembre de 2006 el sitio del municipio de Cuetzalan fue inscrito en la lista indicativa de patrimonio mundial de la UNESCO, con la asesoría y gestión de dicho instituto, como parte de las funciones inherentes a la representatividad en el seno del Consejo Consultivo de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (Conalmex). En este sentido, el INAH reiteró su mayor determinación para otorgar asesoría técnica a los organismos y dependencias postulantes y, simultáneamente, efectuar las gestiones necesarias ante la UNESCO.

Por su parte, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas de este consejo mostró su interés en participar en dicho fideicomiso con aporte en trabajo de organización en las comunidades, mediante acciones de capacitación, difusión y promoción, pero no en cuestiones de recursos monetarios.

Por lo anterior, es de gran importancia para este consejo conocer la postura de las secretarías involucradas sobre el particular, con la finalidad de saber cuál sería la dependencia o la institución coordinadora del proyecto.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2007.--- Juan Antonio Dorantes Sánchez (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

MAIZ

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-517, signado el 10 de enero último por los diputados Jorge Zermeño Infante y José Guillermo Anaya Llamas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número STPCE/021/2007, suscrito el 31 del mismo mes por el ciudadano Miguel Ángel Toscano Velasco, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer mecanismos para estabilizar los precios de los granos en nuestro país, a implantar los mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía familiar de los más necesitados, así como a impedir el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Se hace referencia al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-518, de fecha 10 de enero de 2007, mediante el cual el diputado Jorge Zermeño Infante y el senador José Guillermo Anaya Llamas, Presidente y Secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hacen del conocimiento del Procurador Federal del Consumidor punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya de manera urgente al secretario de Economía, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a establecer mecanismos que alcancen la estabilidad de precios de los granos en nuestro país, así como mecanismos provisionales para evitar que los incrementos en los precios de la tortilla, huevo, leche, pollo, carne de res y de cerdo afecten la economía familiar de los más necesitados, y aquellos que impidan el acaparamiento y las prácticas monopólicas en la cadena de producción, distribución y comercialización del maíz, la harina y la tortilla.

Sobre el particular, me permito informar a usted que tanto la Secretaría de Economía como la Procuraduría Federal del Consumidor están realizando todas las facultades atribuibles por ley para que en el ámbito de su competencia coadyuven coordinadamente con las distintas instituciones del gobierno federal para evitar la afectación de la economía familiar de los más necesitados, sin afectar el aparato productivo nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 31 de enero de 2007.--- Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pasamos al capítulo de iniciativas de diputados. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Esta iniciativa, permítanme iniciar con una especial presunción, creo que tiene gran trascendencia. Permítanme también hacer un poco de historia: cuando se instaló la LVIII Legislatura en el Senado de la Repúblicase integró un grupo de trabajo para diseñar la reforma electoral. Y lo primero que hicimos un grupo de senadores fue acercarnos a los consejeros del Instituto Federal Electoralpara que nos transmitieran su experiencia de lo que debería ser modificado en la Constitución General de la República y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o Cofipe.

Trabajamos durante varios meses, avanzamos sustancialmente en lo que consideramos más indispensable; los señores consejeros estuvieron abiertos en una amplia coordinación y en un trabajo muy bien sincronizado, y se hizo una iniciativa.

La iniciativa era muy ambiciosa y tenía un motivo fundamental que quiero destacar. Por una omisión del Poder Legislativo en la reforma del 96, los partidos políticos percibimos la misma cantidad de subsidio en la elección intermedia que en la elección final.

Esto, y lo anunciamos por todos los medios, buscaba devolverle al pueblo de México, en aquella ocasión eran mil 200 millones; hoy calculamos que son mil 350 millones que los partidos políticos devolveríamos al pueblo de México.

Desafortunadamente, por razones que no viene al caso analizar, cuando ya teníamos elaborado el predictamen se rompió el acuerdo y la iniciativa que estaba suscrita en aquel entonces por el señor senador, hoy diputado, Jorge Zermeño, por el Partido Acción Nacional; Demetrio Sodi, en aquel entonces senador por el Partido de la Revolución Democrática; y Antonio García Torres, por el Partido Revolucionario Institucional, porque los tres habían suscrito la iniciativa a nombre de todos los grupos parlamentarios, repito, desgraciadamente, aquello fue truncado, se rompió el acuerdo. No viene al caso hacer deslindes de responsabilidades, pero desafortunadamente la iniciativa no prosperó y --repito-- nos quedamos con el dictamen elaborado.

Hoy, y así lo manifiesto, esto es un refrito. Rescato aquel esfuerzo, rescato aquel esmero y desempeño que se hizo con gran dedicación para hacer una reforma que avance, para que se liberen las campañas políticas del peso del dinero, para que se abarate nuestra democracia que en toda la opinión pública está arraigada la idea de que tenemos procesos caros y que tenemos una democracia demasiado cara para un país que carece de muchísimas cuestiones elementales.

Por tanto, procedo a leer los párrafos fundamentales para, posteriormente, hacer una exhortación final. Esta iniciativa de reforma constitucional --posteriormente presentaré la iniciativa de reformas de ordenamientos secundarios-- persigue tres objetivos fundamentales: reducir los costos de la democracia mexicana, transparentar el uso de los recursos por parte de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y permitir el fortalecimiento de partidos para, de esa forma, contribuir a la consolidación del sistema democrático en nuestro país.

La reforma de 1996 hizo del financiamiento público la fuente principal de ingresos de los partidos políticos, buscando con esa medida evitar la tendencia que la intervención de intereses económicos tuviera poder de decisión en las campañas políticas. Con esto se buscó evitar que la operación y funcionamiento de los partidos políticos estuviera condicionado a los intereses particulares que decidieron realizar aportaciones a éstos.

Sin embargo, esta reforma omitió una diferenciación en el financiamiento para los procesos electorales intermedios en los que solamente se renueva la Cámara de Diputados y el financiamiento para los procesos electorales en que se renueva el Congreso de la Unión y se elige presidente de la república.

Dicha omisión ha significado un financiamiento desproporcionado para los partidos políticos con relación al tipo de proceso electoral que se llevó a cabo. Recordemos incluso que el Partido Acción Nacional, siendo presidente precisamente Felipe Calderón Hinojosa, devolvió cantidades al IFE porque definitivamente no se justificaba que se percibieran las mismas cantidades en la elección intermedia que en la elección final.

Por ello, con el propósito de ahorrar recursos para el erario, proponemos estas modificaciones constitucionales para diferenciar el financiamiento público para elecciones intermedias y el financiamiento para la elección de senadores y Presidente de la República.

Con esta medida, tan sólo para 2009 se generará un ahorro de más de mil 350 millones. De acuerdo con nuestras estimaciones, el Partido Acción Nacional dejaría de percibir 750 millones, más de la mitad de esta cantidad.

El Estado mexicano podrá utilizar estos recursos en atención de las necesidades más importantes de la sociedad. Bajo el principio de austeridad, esbozamos esta iniciativa para que se aplique para las campañas electorales el financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

No hay excepciones, todos debemos contribuir al beneficio ciudadano y al buen uso de los recursos públicos. La competencia abierta y libre entre los distintos partidos políticos sólo podrá estar garantizada si se realiza una fiscalización adecuada de su financiamiento. Si bien es cierto que la contienda electoral se ha nivelado al grado que se produjo la alternancia en el gobierno federal, existe una tarea pendiente: la transparencia en las finanzas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

Los partidos, como entidades de interés público, y las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de utilizar con transparencia los recursos que reciben del Estado mexicano y, por ende, deben rendir cuentas claras a la ciudadanía en esta materia.

Asimismo, en el artículo 116 constitucional, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, se permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos en tal ámbito de competencia, sin menoscabo de la soberanía de los estados.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que estas reformas son de la mayor importancia, ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y por ende a la consideración de la democracia representativa en nuestro país.

Exhorto a los señores diputados hoy, pues fuimos senadores en las anteriores dos legislaturas, a Emilio Gamboa Patrón , a Carlos Chaurand, al señor diputado González Zarur, al diputado Carlos Rojas, al diputado Víctor Méndez Lanz , a mis colegas Raymundo Cárdenas, Antonio Soto, a los señores diputados que también hicimos este esfuerzo, a no dejar trunco este trabajo que tanto significó y tanta dedicación tuvimos.

Tenemos que poner el interés nacional por encima del interés partidista. Sería un magnífico mensaje hacia la opinión pública que ésta fuera una de las primeras reformas a aprobarse, como parte de la reforma del Estado.

El pueblo de México espera decisiones. La política es de decisiones. Dejemos ya de seguir manoseando, de seguir enturbiando la vida política nacional y aprobemos esta iniciativa, que sería un magnífico mensaje hacia el pueblo de México.

Si no somos capaces de dar este paso, tan simple, tan sencillo, tan objetivo, tan concreto, no seremos capaces de abordar otros temas de mayor complejidad.

Quiero decirles que a esta iniciativa se han sumado con su firma los señores diputados Héctor Larios Córdova , Rogelio Carbajal, Cristián Castaño y Carlos Navarro Sugich .

Espero que tenga el adecuado proceso de acuerdo con el 72 constitucional, que elaboremos un dictamen y que por fin podamos avanzar en nuestro trabajo legislativo. Posteriormente presentaré las reformas hacia el código fiscal, hacia el código electoral, en las que hubo consenso, acuerdos para hacer una serie de reformas. De ninguna manera las califico como definitiva. Es un principio y habrá que sumarse a otras iniciativas.

Confío en que se haga este trabajo y confío en que podamos mandar un mensaje claro al pueblo de México de avance para dar un marco jurídico adecuado a nuestra frágil, vulnerable y aún incipiente democracia. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del PAN

Juan José Rodríguez Prats , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II en sus incisos a, b y c; se adiciona un tercer párrafo al inciso b de la misma fracción II, todas del artículo 41, y se adiciona un inciso j a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las distintas reformas que en materia electoral federal se han impulsado durante los últimos años, han tenido como propósito fundamental, generar mejores condiciones en la competencia electoral, en un sistema que partiendo de la equidad, cumpla el mandato constitucional de garantizarle a los mexicanos, mejores instrumentos para el ejercicio de su voto.

La reforma electoral de 1996 no sólo perfeccionó el marco constitucional y legal del financiamiento público a los partidos políticos, sino que amplió a niveles inéditos su monto al disponer de una suma anual para cada partido, por concepto de actividades ordinarias, y una suma igual a la otorgada por el primer concepto en el año de la elección federal ordinaria.

No obstante, existen aspectos de las finanzas partidistas y de las agrupaciones políticas nacionales que pueden y deben ser mejorados. Es por ello, que presentamos en atención a lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa de reforma en materia electoral, con el propósito de reformar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: reducir los costos de la democracia mexicana, transparentar el uso de los recursos por parte de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y permitir el fortalecimiento del sistema de partidos para, de esta forma contribuir a la consolidación del sistema democrático en nuestro país.

La reforma de 1996 hizo del financiamiento público la fuente principal de ingresos de los partidos políticos buscando con esa medida evitar las tendencias a que la intervención de intereses económicos tuviera poder de decisión en las campañas políticas. Con esto se buscó evitar que la operación y funcionamiento de los partidos políticos estuviera condicionada a los intereses particulares que decidieran realizar aportaciones a éstos.

Sin embargo, esa reforma omitió una diferenciación en el financiamiento para los procesos electorales intermedios en los que solamente se renueva la Cámara de Diputados y el financiamiento para los procesos electorales en los que se renueva el Congreso de la Unión y se elige al Presidente de la República. Dicha omisión ha significado un financiamiento desproporcionado para los partidos políticos en relación con el tipo de proceso electoral que se lleva a cabo.

Es por ello que con el propósito de ahorrar recursos para el erario, proponemos estas modificaciones constitucionales para diferenciar el financiamiento público para las elecciones intermedias y el financiamiento para las elecciones de senadores y Presidente de la República. Con esta medida tan sólo para el año 2009 se generará un ahorro de más de 1,200 millones de pesos. El Estado mexicano podrá utilizar estos recursos en la atención de las necesidades más importantes de la sociedad.

Bajo el principio de austeridad esbozamos esta iniciativa para que se apliquen para las campañas electorales, el financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. No hay excepciones: todos debemos contribuir al beneficio ciudadano y al buen uso de los recursos públicos.

La forma de distribución de los recursos cuyo objetivo era alcanzar condiciones de competencia menos inequitativas entre los partidos, en especial en beneficio de los partidos de menor votación o de nuevo registro, ha provocado una situación anómala: entre menos votos obtiene un partido, mayor es el financiamiento proporcional que recibe con relación a sus sufragios. No puede haber una equidad por la cual quien menos apoyo recibe de los ciudadanos, más recursos reciba del Estado.

Por ello, la iniciativa que proponemos se traduce en un cambio de los porcentajes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del financiamiento público de los partidos políticos. De esta manera se reduce el porcentaje de financiamiento que se distribuye de manera igualitaria de 30 a 20 por ciento y, por ende, se privilegia el financiamiento público distribuido de acuerdo a la fuerza electoral de cada partido político.

Comprometidos con las finanzas públicas sanas y responsables, damos muestra, con independencia de cualquier interés particular, de que nuestro sistema democrático debe ser el ejemplo de la mesura y al mismo tiempo de la efectividad, por el bien del desarrollo de nuestras instituciones, creando principios equitativos concretos en nuestra Carta Magna.

La competencia abierta y libre entre los distintos partidos políticos, sólo podrá estar garantizada si se realiza una fiscalización adecuada de su financiamiento. Si bien es cierto que la contienda electoral se ha nivelado, al grado que por primera vez en la historia política del país se produjo la alternancia en el gobierno federal, existe una tarea pendiente: la transparencia en las finanzas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. Los partidos, como entidades de interés público, y las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de utilizar con transparencia los recursos que reciben del Estado mexicano y por ende, deben rendir cuentas claras a la ciudadanía en esta materia.

Asimismo, en el artículo 116 constitucional, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, se permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos en cada ámbito de competencia, sin menoscabo de la soberanía de los estados.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que estas reformas son de la mayor importancia, ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y, por ende, a la consolidación de la democracia representativa en nuestro país.

Por las anteriores consideraciones presentamos el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se modifica la fracción II en sus incisos a, b y c; y se adiciona un tercer párrafo al inciso b de la misma fracción II, todas del artículo 41; asimismo se adiciona un inciso j a la fracción IV del artículo 116; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41 ...

...

...

I. ...

...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales. El 20 por ciento de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 80 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales en que se renueven la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, equivaldrá a una cantidad igual al monto de financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en este año.

En el año de elección en el que se renueve únicamente a los integrantes de la Cámara de Diputados, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá al 50 por ciento del monto de financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año.

(c) ... ...

El Instituto Federal Electoral acordará con las autoridades electorales locales los mecanismos de coordinación para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

III. ...

...

...

IV. ...

Artículo 116. ...

I. ...

IV. ....

a) al i) ...

j) Las autoridades electorales locales acordarán con el Instituto Federal Electoral los mecanismos de coordinación para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

V. ...

VI. ...

VII. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las reformas del inciso a) del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entrarán en vigor una vez que se hayan resuelto todos los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración interpuestos por los partidos políticos nacionales en relación con el proceso electoral federal del año 2009.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 27 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Juan José Rodríguez Prats (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats . Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Ramón Pacheco Llanes , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El diputado Ramón Pacheco Llanes : Muchas gracias, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Ramón Pacheco Llanes:Compañeras y compañeros diputados: en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que nos rigen, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de reformas de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con objeto de transformar la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, en un organismo público descentralizado para que los trabajadores y sus intereses tengan mayor representatividad en los órganos de gobierno de esta comisión para que se reconozca a los trabajadores el carácter de socios mayoritarios de las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, Siefore, como dueños de prácticamente la totalidad de su capital variable, debiendo entonces participar en la toma de decisiones de estas sociedades de inversión.

No va a pasar mucho tiempo para que se tenga que reconocer que las Afore han sido una de las reformas más negativas para la seguridad social y las finanzas públicas, reduciéndose a un sistema exfoliador, tiendas de raya modernas que succionan los ahorros de los asegurados, por lo que al final será otra vez el pueblo de México el que con sus impuestos deberá cubrir las pensiones a los trabajadores, mientras estas empresas, casi en su totalidad transnacionales, habrán hecho el negocio del siglo.

Este intercambio de oro por espejitos tiene que acabar. Debemos ir buscando los caminos para deshacernos de las Afore y volver a una seguridad social integral y solidaria. Entre tanto, propongo que avancemos en el rescate de derechos mínimos de los trabajadores frente a estas administradoras, de los que alevosamente han sido despojados por la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Debemos impedir, pues, el actual estado de indefensión en que se encuentran los trabajadores.

Entre las atribuciones de la Consar, de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran las siguientes: otorgar y revocar las autorizaciones de funcionamiento a las administradoras de fondos para el retiro, y de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y Afore; expedir las circulares en donde se define mediante disposiciones generales y detalladas, la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y de los participantes en estos sistemas y llevar a cabo su supervisión; administrar la base de datos nacional SAR; autorizar la estructura de comisiones a las Afore; determinar el régimen de inversión de los recursos de los trabajadores, por citar algunas.

Eso significa, compañeras y compañeros, que la Consar es el gran rector del destino de los recursos de los trabajadores. Por tanto, si este dinero es propiedad de los trabajadores y están a efectos de fines de seguridad social, lo lógico es que en la toma de decisiones prioritarias sobre estos recursos, que comprenden un monto gigantesco de 692 mil millones de pesos, 692 mil millones de pesos a 2006, deben prevalecer ante todo los puntos de vista de los asegurados y no como sucede actualmente, que los órganos de gobierno de la Consar están integrados mayoritariamente por funcionarios del gobierno federal, pertenecientes a áreas financieras y por representantes patronales, lo que provoca prácticamente la instauración de una dictadura en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la patronal; de manera que hasta la más simbólica representación de los trabajadores en la Junta de Gobierno es designada por esta secretaría.

En ese sentido, hay que transformar la Consar en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que el presidente de la Consar sea designado por la Cámara de Diputados de una terna que presente el presidente de la república; la Junta de Gobierno integrada por el presidente de la Consar, quien presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empates; dos vicepresidentes designados entre las organizaciones nacionales de los trabajadores, conforme a las bases que establezca el Ejecutivo. Igualmente en los vocales se busca una integración más equitativa e incluyente, siempre conforme a las citadas bases.

De esa manera, sin descuidar el aspecto financiero que involucra a los sistemas de ahorro para el retiro, se darán pasos sólidos para que éstos recobren su esencia laboral y de seguridad social.

Sólo así se comenzará a poner remedio a la irracionalidad de que un pretendido órgano tripartita esté aplastantemente en manos de patrones y de la burocracia básicamente financiera, y los trabajadores --de cuyo dinero y destino se trata-- estén prácticamente borrados o marginados, de adornos justificativos solamente.

La otra parte de la reforma tiene que ver con la ilegalidad prevaleciente en el manejo de las Siefore, en las cuales, no obstante que los trabajadores son los dueños y accionistas mayoritarios del capital variable de estas sociedades de inversión, no tienen injerencia alguna en la toma de decisiones, contrariando así los principios jurídicos que presiden a las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general, en apego de los cuales los accionistas integran la asamblea de socios y toman las decisiones más importantes de la sociedad mercantil de que se trate.

La participación de los trabajadores en su carácter de socios no sólo permitirá que la Afore y las Siefore tomen el camino de respeto e impulso de sus intereses, sino que los trabajadores se involucren en una cultura financiera que hoy les es negada.

¿Por qué, compañeras y compañeros, las Afore y Siefore sí quieren el dinero de los trabajadores, pero no quieren su participación en la toma de decisiones de la vida corporativa, como lo hace cualquier otro tenedor de acciones?

Se trata entonces, en suma, de respetar los derechos mínimos que como accionistas corresponden a los trabajadores, democratizando la toma de decisiones en las sociedades de inversión que manejan su dinero.

Con base en todo lo expuesto y fundado, propongo a la Cámara de Diputados esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que no detallaré, en virtud de que la iniciativa íntegra se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por su atención, compañeras diputadas y diputados, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta asamblea iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No va a pasar mucho tiempo para que se tenga que reconocer por el Legislativo federal que las Afore han sido una de las reformas más negativas para la seguridad social y las finanzas públicas. Reduciéndose a un sistema expoliador, tiendas de raya moderna que succionan los ahorros de los asegurados, por lo que al final otra vez será el pueblo de México el que con sus impuestos deberá cubrir las pensiones a los trabajadores, mientras estas empresas, casi en su totalidad trasnacionales, habrán hecho el negocio del siglo.

En este inequitativo intercambio jurídico en que se cambia oro por espejitos, más bien espejismos, debemos ir buscando los caminos para deshacernos de las Afore y volver a una seguridad social integral y solidaria. Entretanto, propongo que avancemos en el rescate de derechos mínimos de los trabajadores frente a estas administradoras que hasta el derecho común y financiero les otorgaría a éstos, pero de los que alevosamente han sido despojados por la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Debemos impedir pues el actual estado de indefensión de los trabajadores.

En este sentido, todos sabemos la importancia que tiene la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) en el nuevo sistema se pensiones, baste recordar que en el artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se señalan como atribuciones de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decisiones esenciales como las de otorgar y revocar las autorizaciones de funcionamiento a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore), expedir las Circulares en dónde se define mediante disposiciones generales y detalladas la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y de los participantes en estos sistemas y llevar a cabo su supervisión, administrar la base de datos nacional SAR, autorizar la estructura de comisiones a las Afore, determinación del régimen de inversión de los recursos de los trabajadores, por citar algunas. Esto significa que la Consar es el rector en gran parte del destino de estos recursos que constituyen el respaldo de los trabajadores al momento de pensionarse, en general al momento de su retiro laboral. Por tanto, si estos dineros son propiedad de los trabajadores y están afectos a fines de seguridad social, lo lógico es que en la toma de las decisiones prioritarias sobre estos recursos que comprenden un gigantesco monto de más de 692 mil millones de pesos a noviembre de 2006 (sin sumar las aportaciones de vivienda y el ahorro voluntario) deben prevalecer ante todo los puntos de vista de los asegurados y, no como sucede actualmente, que los órganos de gobierno de la Consar están integrados mayoritariamente por funcionarios del gobierno federal pertenecientes a áreas financieras y por representantes patronales, lo que provoca prácticamente la instauración de una dictadura en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la patronal, de manera que hasta la más que simbólica representación de los trabajadores en la Junta de Gobierno es designada por esta secretaría. Todo lo cual lleva a la lógica conclusión de que los recursos de seguridad social de los trabajadores son hundidos en esquemas, normas y criterios meramente financieros, en decir, a los intereses de los neoliberales nacionales y extranjeros; por lo que los intereses de los trabajadores quedan reducidos a un accesorio de lo principal. Es decir, lo importante es que las Afore y Siefore recojan increíbles rendimientos, que el gobierno y sector empresarial obtengan recursos frescos para la consecución de sus objetivos; en tanto que los trabajadores desde la barrera se quedan mirando cómo los demás disponen de sus ahorros y se enriquecen con su manejo, sin esperanza de acceder a una pensión, mucho menos a pensiones dignas.

Si bien es importante escuchar la opinión de la SHCP, de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores, y de Seguros y Fianzas, y del Banco de México, en tanto los sistemas de pensiones mantengan ligas con la operación del sistema financiero mexicano, el órgano que gobierne el destino de los sistemas de ahorro para el retiro debe tener un perfil esencialmente laboral y social, y no hacendario y financiero, lo que permitirá que busque ante todo el beneficio de los trabajadores y no de las Afore, así como el cumplimiento de la esencia de la seguridad social y no del sistema financiero. Con este objeto mi propuesta va en el sentido de que la Consar se transforme en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que el presidente de la Consar sea designado por la Cámara de Diputados de una terna que le presente el Presidente de la República; la Junta de Gobierno será integrada por el presidente de la Consar, quien la presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empate, dos Vicepresidentes designados entre las organizaciones nacionales de los trabajadores conforme a las bases que establezca el Ejecutivo federal; en cuanto a los vocales, nueve serán representantes de los trabajadores: cinco con el carácter de especialistas destacados y con compromiso de defensa de la clase trabajadora en las áreas de derecho laboral, seguridad social y finanzas y cuatro representantes de las organizaciones nacionales de los trabajadores, en ambos casos, conforme a las bases que fije el Ejecutivo federal; otros nueve vocales serán: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y un representante de los patrones, nombrado por las organizaciones nacionales de carácter empresarial conforme a las bases establecidas por el Ejecutivo federal.

De esta manera sin descuidar el aspecto financiero que involucra a los sistemas de ahorro para el retiro, se darán pasos sólidos para que éstos recobren su esencia laboral y de seguridad social.

Con el mismo propósito se cambia la integración del Comité Consultivo y de Vigilancia: catorce representantes de los trabajadores: ocho especialistas destacados en las áreas laboral, seguridad social y finanzas, con reconocido compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y siete representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, en ambos casos designados por la Junta de Gobierno de la Consar; otros integrantes del Comité Consultivo serán dos representante de los patrones, también designados por la Junta de Gobierno, el Presidente de la Consar y uno por cada una de las siguientes dependencias y entidades: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Banco de México.

Sólo así se comenzará a poner remedio a la irracionalidad de que un pretendido órgano tripartito esté aplastantemente en manos de patrones y la burocracia básicamente financiera; y los trabajadores, de cuyos dineros y destino se trata, estén prácticamente borrados o marginados, de adornos justificativos.

La otra parte de la reforma tiene que ver con la ilegalidad prevaleciente en el manejo de las Siefore, en las cuales no obstante que los trabajadores son los dueños y accionistas mayoritarios del capital variable de estas sociedades de inversión, no tienen ingerencia alguna en la toma de decisiones, contrariando los principios jurídicos que presiden a las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general, en apego a los cuales los accionistas integran la asamblea de socios y toman las decisiones más importantes de la sociedad mercantil relativa. Es decir, el derecho privado otorgaría más derechos a los trabajadores que la nada que se consagra en la vigente Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los trabajadores no intervienen en la toma de decisiones ni en la vigilancia de su sociedad de inversión; para intentar tapar esta total ilegalidad y antidemocracia la Ley del SAR prevé que en las Afore intervendrán consejeros independientes y un contralor normativo, pero su papel se limita a vigilar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, lo que es absolutamente insuficiente. La participación de los trabajadores, en su carácter de socios, no sólo permitiría que la Afore y las Siefore tomen el camino de respeto e impulso de sus intereses, sino que los trabajadores se vayan involucrando en una cultura financiera que les es ajena. ¿Por qué las Afore y Siefore sí quieren el dinero de los trabajadores, más no quieren su participación en la toma de decisiones de su vida corporativa como lo hace cualquier otro tenedor de acciones?

En suma se trata de respetar los derechos mínimos que como accionistas corresponden a los trabajadores, democratizando la toma de decisiones en las sociedades de inversión que manejan el dinero de los trabajadores. Desde luego que la participación no tendría que ser en asambleas tradicionales ante el enorme número de socios, sino usando medios de comunicación alternativa como el correo electrónico, el teléfono, el fax, etcétera.

Con base en todo lo expuesto y fundado propongo a esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o.; los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 7o.; el primer párrafo del artículo 10; y los párrafos primero y tercero del artículo 15; se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 41; se derogan el artículo 4o., el párrafo tercero del artículo 7o., la fracción IX del artículo 12 y el segundo párrafo del artículo 15, todos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 4o. (Se deroga)

Artículo 7o. La Junta de Gobierno estará integrada por presidente de la Comisión, quien la presidirá, dos vicepresidentes y dieciocho vocales.

De los vocales representantes de los trabajadores, cinco deberán tener el carácter de especialistas destacados y con compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora en las áreas de derecho laboral, seguridad social y finanzas, y cuatro representantes de las organizaciones nacionales de los trabajadores, en ambos casos conforme a las bases que establezca el Ejecutivo federal; los restantes nueve vocales serán el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y un representante de los patrones designado por las organizaciones nacionales de los mismos conforme a las bases que fije el Ejecutivo federal.

(Tercer párrafo se deroga)

En ausencia del Presidente de la Comisión, lo suplirán, de manera alternativa, cada uno de los dos vocales de la Comisión.

...

...

Artículo 10. La Cámara de Diputados nombrará al presidente de la Comisión de una terna que le presente el Ejecutivo federal.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

Artículo 12. Serán facultades y obligaciones del presidente de la Comisión:

I. a VIII. ...

IX. (Se deroga)

X. a XVI. ...

...

Artículo 15. El Comité Consultivo y de Vigilancia se integrará por veintitrés miembros: catorce representantes de los trabajadores, ocho especialistas destacados en las áreas laboral, seguridad social y finanzas y con reconocido compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y seis representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, en ambos casos designados mediante las bases que establezca el Ejecutivo federal, y un séptimo representante será designado por las organizaciones sindicales de los Trabajadores al Servicio del Estado; dos representante de los patrones; el Ejecutivo federal fijará las bases para determinar la forma de designar a los representante de las organizaciones nacionales de los patrones; también integrará este comité el presidente de la Comisión y uno por cada una de las siguientes dependencias y entidades: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Banco de México.

(Segundo Párrafo se deroga)

Uno de los representantes de los trabajadores, comenzando con los especialistas, presidirá, sucesivamente, por periodos anuales, el Comité Consultivo y de Vigilancia.

...

...

Artículo 41. ...

Fracción V. ...

En virtud de tal participación en su capital social variable los trabajadores tendrán el carácter de socios de esta sociedad de inversión en proporción al monto de sus ahorros, debiéndoseles respetar sus derecho dentro de la asamblea de accionistas, la administradora podrá usar al efecto los medios tecnológicos más adecuados para informar a los trabajadores los temas materia de decisión para la asamblea y recabar sus votos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Junta de Gobierno y el Comité Consultivo y de Vigilancia continuarán funcionado con los miembros que actualmente los integran, hasta que máximo en cuatro meses sean designados sus nuevos integrantes conforme a lo previsto en el presente decreto.

Tercero. Máximo en seis meses, las administradoras de fondos para el retiro deberán de aplicar las medidas administrativas y tecnológicas necesarias para la participación de los trabajadores en las decisiones de las sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Ramón Pacheco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado César Horacio Duarte Jáquez , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y el de la voz.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Gracias, compañera Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Raúl Cervantes Andradey César Horacio Duarte Jáquez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los suscritos diputados, integrantes de la LX Legislatura, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 37 del Reglamento Interior del grupo parlamentario del PRI, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del Pleno del grupo y los secretarios del mismo, a nombre de nuestros compañeros integrantes del PRI, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se adicionan un segundo párrafo al numeral 4, un inciso h) al numeral 6, un numeral 6 Bis, un párrafo segundo, numeral 7, pasando el actual segundo párrafo a tercero, un numeral 8 al artículo 45 y un numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforman los incisos a), b) y g) del numeral 6 del artículo 45, el numeral 3 del artículo 49 de la Ley del Congreso General y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El 6 de diciembre de 2006, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

En esa iniciativa se propuso establecer mecanismos institucionales de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis, discusión y aprobación de las iniciativas presentadas por el presidente de la república, estableciendo la obligación por parte de los legisladores de dar prioridad a la elaboración de los dictámenes a las iniciativas presentadas desde el Ejecutivo federal.

No obstante los avances que se proponen en la iniciativa en comento, se requiere adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las modificaciones contenidas en la ley reglamentaria propuesta sean ubicadas en la legislación específica para que las Cámaras del Congreso de la Unión tengan la obligación de aplicar en sus procedimientos internos las disposiciones propuestas en la Ley Reglamentaria a la Fracción I del Artículo 71 de nuestra Constitución.

Por lo anterior, establecemos la obligación de las comisiones dictaminadoras en ambas cámaras, que en caso de iniciativas de ley o de decreto del titular del Ejecutivo federal, tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa a efecto de ponderarlos para su inclusión o no en el proyecto de dictamen, así como dar a conocer al presidente de la república a través del secretario o titular del ramo a que pertenezca la iniciativa en discusión, el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que éste haga en un plazo no mayor de cinco días naturales las opiniones correspondientes sin que tengan el carácter de vinculatorias.

Del mismo modo, se establece la obligación de que los centros de estudios de Finanzas Públicas, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de realizar los estudios de derecho comparado nacional o internacional, viabilidad técnica y jurídica, referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico de cada una de las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Pleno, a fin de que las comisiones cuenten con más elementos para la elaboración del dictamen correspondiente.

Con esta medida no solamente las iniciativas presentadas por el presidente de la república contarán con los estudios necesarios para que los parlamentarios tengamos elementos suficientes al momento de tomar decisiones para el cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas.

Estamos seguros de que esta reforma, espejo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 Constitucional, en materia del derecho --iniciativa del titular del Ejecutivo federal--, ayudará a abatir el rezago legislativo de las comisiones y a que el desempeño de todos sea eficiente y eficaz en beneficio de nuestro país y el de nuestros representados.

La mayor comunicación entre los poderes y la documentación de las iniciativas presentadas tendrá efectos altamente deseables; una reducción de los reclamos de la frustración ciudadana, puesto que los problemas y quejas serán bien recibidas.

Asimismo, y toda vez que se están proponiendo modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer una serie de modificaciones de las normas que rigen el trabajo en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con el fin de agilizar el trabajo de comisiones y a efecto de reglamentar algunas situaciones que actualmente se rigen en la práctica parlamentaria.

Así pues, se introducen reformas a fin de ordenar los trabajos legislativos en comisiones y facilitar que exista agilidad en el trabajo que se realiza para el cumplimiento de sus obligaciones.

De igual forma, se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la información proporcionada a las comisiones o al Pleno de la Cámara de Diputados por los servidores públicos sea declarada bajo protesta de decir verdad y, en caso de que ésta sea falsa, se inicie el procedimiento administrativo o, en su caso, penal, contra el servidor público responsable.

También se propone adicionar un numeral 6 Bis al artículo 45 de la Ley Orgánica, donde se establecen los requisitos para que las reuniones de las comisiones legislativas puedan convocarse, ya que al no existir una norma expresa para esto, las comisiones legislativas utilizan diversos criterios, complicando de esta manera el trabajo legislativo. Además, estamos seguros, con estas nuevas disposiciones habrá mayor certidumbre en los trámites que se llevan a estos órganos.

A fin de agilizar los trabajos legislativos, se propone que cuando la reunión de comisiones se celebre en virtud de la primera convocatoria y no se lleve a cabo, se requerirá una asistencia de la mitad, más uno, de los diputados integrantes, y en caso de contar con el quórum necesario, se realizará una segunda convocatoria con al menos 24 horas durante los periodos de sesiones ordinarias y de 48 horas en el tiempo de recesos, a fin de realizar esta reunión en la cual el quórum se integrará con los diputados que asistan.

Lo anterior, con el propósito de que las comisiones ordinarias cuenten con herramientas para celebrar sesiones y aprobar los dictámenes correspondientes, sin que sea obstáculo para ello la exigencia del quórum si a dichas sesiones se convoca formalmente y dentro de los plazos mencionados.

Adicionalmente y con el propósito de que los integrantes de las comisiones legislativas tengan el tiempo necesario para conocer los proyectos de dictamen que se someterán a consideración para votarlos, se propone adicionar un nuevo segundo párrafo al numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica, estableciendo que para efectos de someter a discusión y votación los proyectos de dictamen, éstos deberán hacerse del conocimiento de los integrantes de las comisiones cuando menos 48 horas antes del día de su discusión en la comisión.

De conformidad con lo anterior y en nombre de mis compañeros, le pido, Presidenta, que sea íntegra la publicación de esta iniciativa, ya que es elemental darnos herramientas en este Congreso, primero, para que los funcionarios cuando asistan ya sea en la glosa del informe, ya sea a atender una comisión, ya sea que sean llamados los funcionarios públicos, éstos lo hagan bajo protesta de decir verdad, y de lo contrario se sujeten en una información falsa o un documento falso, les sea inmediatamente iniciado un proceso administrativo o penal para que esta Cámara tenga la seguridad y, sobre todo, la claridad de que el manejo de la información oficial que nos dan las dependencias sea en rigor apegada a la verdad.

Por eso esas herramientas, así como también darnos en las comisiones fuerza suficiente para que la atención del trabajo legislativo se tome con mayor seguridad y seriedad, pues hay grupos parlamentarios que por estrategia y en la negación más amplia --vale la pena recalcarlo-- a la esencia que es el debate de las ideas y las propuestas en estar o no de acuerdo con un dictamen como acaba de suceder en la Comisión de Comunicaciones, en el que se hace vacío negando toda discusión, todo debate o plantear simple y sencillamente sus ideas, se hace vacío para que no se lleve a cabo el quórum.

No se puede detener el trabajo legislativo y si no asisten los diputados en una segunda convocatoria, con los que asistan sea suficiente para que ahí se dictamine lo propuesto y finalmente sea este Pleno el que tenga la última palabra. Es cuanto, señora Presidenta.

Me parece muy importante que esta iniciativa tome el curso inmediato y que sea prácticas parlamentarias fundamentalmente donde sea consignado el trámite que corresponde.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del Pleno del Grupo Parlamentario, como certifica uno de los secretarios del mismo, en nombre de sus compañeros integrantes del grupo parlamentario, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al numeral 4, un inciso h) al numeral 6, un numeral 6 Bis, un párrafo segundo al numeral 7, pasando el actual segundo párrafo a tercero, un numeral 8 al artículo 45, y un numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman los incisos a), b) y g) del numeral 6 del artículo 45, el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 12 de diciembre de 2006, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal.

En esa iniciativa se propuso establecer mecanismos institucionales de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con objeto de hacer más eficiente el proceso de análisis, discusión y aprobación de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, estableciendo la obligación, por parte de los legisladores, de dar prioridad a la elaboración de los dictámenes a las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo federal.

No obstante los avances que se proponen en la iniciativa en comento, se requiere adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que las modificaciones contenidas en la ley reglamentaria propuesta sean ubicadas en la legislación específica para que las Cámaras del Congreso de la Unión tengan la obligación de aplicar en sus procedimientos internos las disposiciones propuestas en la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, establecemos la obligación de las comisiones dictaminadoras, en ambas Cámaras, en caso de iniciativas de ley o de decreto del titular del Ejecutivo federal, de tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa, a efecto de ponderarlos para su inclusión o no en el proyecto de dictamen. Así como la de dar a conocer al Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa, el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que éste haga en un plazo no mayor a cinco días naturales, las opiniones correspondientes, sin que éstas tengan el carácter de vinculatorias.

Del mismo modo, se establece la obligación de que los centros de estudios de las finanzas públicas, de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género, de realizar los estudios de derecho comparado nacional o internacional, viabilidad técnica y jurídica; y referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico, de cada una de las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Pleno, a fin de que las comisiones cuenten con más elementos para la elaboración del dictamen correspondiente. Con esta medida no solamente las iniciativas presentadas por el Presidente de la República contarán con los estudios necesarios para que los parlamentarios tengamos los elementos suficientes al momento de tomar las decisiones para el cumplimiento de nuestras obligaciones legislativas.

Estamos seguros que esta reforma espejo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de iniciativa del titular del Ejecutivo federal ayudará a abatir el rezago legislativo de las comisiones y a que el desempeño de todos sea eficiente y eficaz en beneficio para nuestro país y el de nuestros representados.

La mayor comunicación entre los poderes y la documentación de las iniciativas presentadas tendrá efectos altamente deseables: una reducción de los reclamos y de la frustración ciudadana, puesto que los problemas y las quejas serían recibidas, evaluadas y procesadas por el parlamento y, por ende, por el sistema político, de una forma más ejecutiva, lo que abatiría el rezago legislativo y de demandas sociales que, cuando no concluye con respuestas políticas, resulta en tomas de recintos legislativos escandalosos que crispan el ambiente político nacional.

Asimismo, y toda vez que se están proponiendo modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer una serie de modificaciones a las normas que rigen el trabajo en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con el fin de agilizar el trabajo en comisiones y a efecto de reglamentar algunas situaciones que actualmente se rigen por la práctica parlamentaria.

Así pues, se introducen reformas a fin de ordenar los trabajos legislativos en comisiones y facilitar que exista agilidad en el trabajo que realizan para el cumplimiento de sus obligaciones.

De igual forma, se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la información proporcionada a las comisiones legislativas o al Pleno de la Cámara de Diputados por los servidores públicos sea declarada bajo protesta de decir verdad y, en caso de que sea falsa, se inicie el procedimiento administrativo o, en su caso, penal en contra el servidor público responsable.

También se propone adicionar un numeral 6 Bis al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen los requisitos para que las reuniones de las comisiones legislativas puedan convocarse, ya que, al no existir una norma expresa para esto, las comisiones legislativas utilizan diversos criterios, complicando de esta manera el trabajo legislativo, además estamos seguros que con estas nuevas disposiciones habrá mayor certidumbre en los trámites que se llevan en estos órganos legislativos. Asimismo, a fin de agilizar los trabajos legislativos, se propone que cuando la reunión de las comisiones se celebre en virtud de la primera convocatoria, se requerirá de una asistencia de la mitad más uno de los diputados integrantes y, en caso, de no contar con el quórum necesario, se relazará una segunda convocatoria con al menos veinticuatro horas de anticipación, durante los periodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas durante los recesos, a fin de realizar otra reunión, en la cual el quórum se integrará con los diputados que asistan.

Lo anterior, con el propósito de que las comisiones ordinarias cuenten con herramientas para celebrar sesiones y aprobar los dictámenes correspondientes, sin que sea obstáculo para ello la exigencia del quórum si a dichas sesiones se convoca formalmente y dentro de los plazos mencionados.

Adicionalmente, y con el propósito de que los integrantes de las comisiones legislativas tengan el tiempo necesario para conocer los proyectos de dictamen que se someterán a su consideración para votarlos, se propone adicionar un nuevo segundo párrafo al numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que para efectos de someter a discusión y votación los proyectos de dictamen, estos deberán de hacerse del conocimiento de los integrantes de las comisiones cuando menos 48 horas antes del día de su discusión en la comisión.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al numeral 4, un inciso h) al numeral 6, un numeral 6 Bis, un párrafo segundo al numeral 7, pasando el actual segundo párrafo a tercero, y un numeral 8 al artículo 45, y un numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman los incisos a), b) y g) del numeral 6 del artículo 45, el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adicionan un segundo párrafo al numeral 4, un inciso h) al numeral 6, un numeral 6 Bis, un párrafo segundo al numeral 7, pasando el actual segundo párrafo a tercero, y un numeral 8 al artículo 45, y un numeral 4 al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman los incisos a), b) y g) del numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45.

1. a 3. ...

4. ...

Los servidores públicos, al proporcionar información o declarar en sus comparecencias ante las comisiones legislativas o el pleno de la Cámara de Diputados deberán hacerlo bajo protesta de decir verdad, por lo que serán responsables de la información y declaraciones que emitan. En caso de que la información proporcionada mediante documentación o declaración de los servidores públicos sea falsa, podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa y en, su caso, penal. El Pleno de la Cámara de Diputados ordenará a la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados que presente las denuncias correspondientes.

5. ...

6. ...

a)Elaborar su programa anual de trabajo;que deberá incluir la realización de audiencias, consultas populares, foros, visitas, entrevistas, convocatorias a particulares y comparencias de servidores públicos, cuando fuere necesario.

b) Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria;

c) a f)...

g) Realizar las actividades que se deriven de la ley y del reglamento, de los acuerdos del Pleno, los que le turne la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y los que acuerden por sí mismas, en relación a la materia o materias de su competencia.

h) Evaluar periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia, así como de los informes que presente el Ejecutivo a la Cámara.

6 Bis. El Presidente de cada comisión está obligado a convocar a reunión con anticipación de al menos veinticuatro horas durante los periodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas durante los recesos, a solicitud de cualquier grupo parlamentario de la Cámara, quien será representado para este fin por el secretario correspondiente. Si el Presidente se niega a realizar la convocatoria, ésta se podrá expedir y será válida con la firma de la mayoría de los integrantes de la junta directiva. Si a la reunión no concurre el presidente, uno de los secretarios nombrado por los asistentes presidirá la reunión.

Las convocatorias a reuniones de comisiones deberán publicarse en la Gaceta Parlamentaria con la anticipación mínima señalada en el artículo anterior, según sea el caso, salvo urgencia determinada por la mayoría de los miembros de la junta directiva, y deberán incluir lo siguiente:

a) Proyecto de orden del día.

b) Fecha, hora y lugar preciso de su realización, dentro del Palacio Legislativo.

c) Relación pormenorizada de los asuntos que deberán ser votados por la Comisión.

Cuando la reunión de las comisiones se celebre en virtud de la primera convocatoria, se requerirá de una asistencia de la mitad más uno de los diputados integrantes, en caso de no contar con el quórum necesario, se relazará una segunda convocatoria con al menos veinticuatro horas de anticipación durante los períodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas durante los recesos, a fin de realizar otra reunión, en la cual el quórum se integrará con los diputados que asistan.

7. ...

Para efectos de someter a discusión y votación los proyectos de dictamen, estos deberán de hacerse del conocimiento de los integrantes de las comisiones cuando menos con 48 horas de anticipación al día de su discusión en la comisión.

...

8. En caso de iniciativas de ley o de decreto del titular del Ejecutivo Federa, las comisiones deberán:

Tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa y en sus consideraciones ponderarán el valor que, en su caso, se les asigne por los integrantes de la comisión. Asimismo podrán hacer adecuaciones o modificaciones, parciales o totales, a la iniciativa de ley o decreto presentada por el Presidente de la República, con la justificación debida.

Dar a conocer al Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa, el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que éste emita, en un plazo no mayor a cinco días naturales, las opiniones correspondientes, sin que estas tengan el carácter de vinculatorias.

Artículo 98.

1. a 3. ...

4. En caso de iniciativas de ley o de decreto del titular del Ejecutivo federal, las comisiones deberán:

Tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa y en sus consideraciones ponderarán el valor que, en su caso, se les asigne por los integrantes de la comisión. Asimismo podrán hacer adecuaciones o modificaciones, parciales o totales, a la iniciativa de ley o decreto presentada por el Presidente de la República, con la justificación debida.

Dar a conocer al Presidente de la República, a través del secretario o titular del ramo a que pertenezca la iniciativa, el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que éste emita, en un plazo no mayor a cinco días naturales, las opiniones correspondientes, sin que estas tengan el carácter de vinculatorias.

Artículo Segundo. Se reforman el numeral 3 del artículo 49 y el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 49.

1. a 2. ...

3. ...

Los centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de Género, deberán cada uno en su ámbito de competencia realizar estudios de derecho comparado nacional o internacional, viabilidad técnica y jurídica; y referencias o estudios de impacto social, presupuestario y económico, de cada una de las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Pleno, a fin de que las comisiones cuenten con mas elementos para la elaboración del dictamen correspondiente.

Artículo 87. Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

En los dictámenes las comisiones deberán:

Tomar en cuenta los estudios presentados con la iniciativa y en sus consideraciones ponderarán el valor que, en su caso, se les asigne por los integrantes de la comisión.

Dar a conocer el proyecto de dictamen a los sectores e industrias involucrados en la materia de la iniciativa, quienes tendrán un plazo de cinco días naturales para hacer, en su caso, las observaciones que consideren pertinentes, sin que estas tengan el carácter de vinculatorias.

En caso de que el dictamen contenga una iniciativa presentada por el Presidente de la República, dar a conocer a través del secretario o titular del ramo al que pertenezca la iniciativa el proyecto de dictamen previo a su aprobación, para que este haga en un plazo no mayor a cinco días naturales, las opiniones correspondientes, sin que estas tengan el carácter de vinculatorias.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de febrero de 2007.--- Diputados: Raúl Cervantes Andrade , César Horacio Duarte Jáquez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado César. Como usted solicitó, se inscribirá íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Arévalo González , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, haciendo la aclaración de que el diputado presentará dos iniciativas: la primera, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo; y la segunda, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en el tiempo que le corresponderá en una sola presentación.

El diputado José Antonio Arévalo González:Con su permiso, diputada Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados: la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.

México, como nación, debe siempre velar por estos principios, debe observar las determinaciones de dicha declaración no sólo por ser parte de la misma sino porque se trata de nuestros hijos.

La OIT ha manifestado que pese a que, por una parte, la edad mínima para trabajar recomendada internacionalmente es de 15 años para países industrializados y de 14 para países en desarrollo, esto no se cumple. Es cierto que prácticamente toda la información estadística relativa al trabajo infantil se refiere al grupo de edad de 10 a 14 años, pero dichos datos son sólo una muestra de la problemática mundial y nacional.

En 1995, la OIT calculó que más de 73 millones de niños de este grupo de edad ejercían una actividad económica, cifra que correspondía a 13.2 por ciento de dicha población infantil en todo el mundo. Por lo que hace a las tasas porcentuales de actividad económica de los niños en el grupo de edad de 10 a 14 años, para México implicaban 6.7 por ciento de la población de esa edad.

Para 2005 se estimó que la población infantil de 5 a 13 años en nuestro país sería la siguiente: niños, 11 millones 357 mil 38; niñas, 10 millones 910 mil 502 --un total de 22 millones 267 mil 540.

De ahí que alrededor de 1 millón 700 mil niños y de 1 millón 745 mil niñas laboren en diversos ámbitos de la economía y actividades ocupacionales. Para dicho año, estas cifras implican 15.47 por ciento de la población infantil entre esas edades. Adicionalmente, se calcula que cerca de 11 millones de niños menores de esa edad vivirán en nuestro país. Esto implica que hay altas probabilidades de que el porcentaje mencionado se incremente en poco tiempo.

El problema tiene varios aspectos. Por ejemplo, la proporción de niños que trabajan ha sido tradicionalmente muy superior en el campo o zonas rurales, donde según la OIT 9 de cada 10 niños realizan labores agrícolas o ramas afines. En cuanto a las ciudades, en los países en vías de desarrollo se ha ido incrementando la ocupación infantil, en virtud del rápido crecimiento de las manchas urbanas. Por esto se ha elevado la ocupación en empresas de manufactura, en comercios y en la rama de los servicios.

Pero lo que se pretende abatir con la presente reforma es el problema de la esclavitud infantil. Las formas han ido creciendo, son más complejas, se establecen vínculos en el contrato de trabajo de un adulto y la puesta a disposición de un niño o por intercambio de un niño por una suma de dinero, que se suele presentar como adelanto salarial.

La esclavitud infantil, señala la OIT, se produce principalmente donde existen unos sistemas sociales fundados en la explotación de la pobreza como la servidumbre por deudas, que se origina por el endeudamiento de la familia para cumplir con una obligación social o religiosa o sencillamente para adquirir los medios para sobrevivir.

Se debe entender que el trabajo infantil tiene efectos sumamente discriminatorios y empeora la situación de desventaja de personas y grupos que se cuentan ya entre los socialmente marginados, beneficiando, en cambio, a los ya privilegiados.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que este problema, además, implica la ruptura de un sistema democrático y de justicia social. El Unicef ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Los criterios sostenidos por este organismo internacional son, entre otros, si la actividad por realizar es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, si se pasan demasiadas horas trabajando, si el trabajo provoca estrés físico, social, psicológico, indebido, si se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones o el salario es inadecuado.

En nuestro país no se respetan dichos criterios ni las convenciones y tratados internacionales que pretenden proteger los derechos de los niños en esta materia.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone reformas a diversos ordenamientos, a fin de proscribir estas prácticas deleznables y contrarias a la salud de aquellos que tienen en sus manos el futuro de nuestro país.

En México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y la Universidad Iberoamericana publicaron un informe realizado en la materia. Dicho estudio señala que, de acuerdo con los datos en el terreno educativo, las niñas y los niños que trabajan tienen una tasa de inscripción escolar de 33 por ciento, en tanto que la de menores que no laboran es de 85 por ciento. En el documento también se precisa que las tasas de reprobación de niñas y niños que trabajan son más altas que las de aquellos que no laboran, de 36 y 21 por ciento, respectivamente.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone, en primer término, la adecuación de la Constitución, planteando la inclusión de un párrafo sexto al artículo 4o. constitucional, donde --de forma clara-- se prohíbe el empleo de los niños menores de 14 años en las áreas productivas del país; se establece además la obligatoriedad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para la aplicación de las sanciones que las diversas leyes que norman esta problemática prevén.

Por otra parte, se propone incluir un párrafo en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen las sanciones a que se harán acreedores los patrones que empleen, bajo cualquier denominación, a niños menores de 14 años.

Dichas sanciones consisten en la clausura inmediata del establecimiento o negociación, así como la imposición de una multa de seis mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, se remite al Código Penal para la imposición de penas privativas de libertad y multas.

Así, en dicho ordenamiento criminal federal se propone una pena privativa de la libertad al o los que, en clara contravención de la Constitución y la ley laboral, empleen a menores de 14 años. Dicha sanción tendrá una mínima de cinco años y una máxima de 12 años, además de la multa de tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Adicionalmente, se prevé la concurrencia de delitos por lo que se incrementará en una mitad por cada uno de los menores que fueran víctimas de este ilícito.

Dicho tipo penal será incluido en el Título Octavo, ``Delitos contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres'', Capítulo II. ``Corrupción de Menores e Incapaces. Pornografía Infantil y Prostitución Sexual de Menores'', adicionándole ``Del Trabajo Infantil'', del Código Penal Federal.

Con lo anterior, nuestro país avanzaría en la protección de los derechos de la niñez, garantizando su desarrollo y protegiéndolo de la explotación laboral infantil. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del PVEM

Antonio Arévalo González, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado que, pese a que, por una parte, la edad mínima para trabajar recomendada internacionalmente es de 15 años para países industrializados y de 14 para países en desarrollo (Convenio 138), no se cumple. Es cierto que prácticamente toda la información estadística relativa al trabajo infantil se refiere al grupo de edad de 10-14 años, pero dichos datos son sólo una muestra de la problemática mundial y nacional.

Hace 10 años, la OIT calculó que más de 73 millones de niños de este grupo de edad ejercían una actividad económica, cifra que correspondía a 13.2 por ciento de dicha población infantil en todo el mundo.

Las cifras con relación a los continentes, según la OIT, eran en 1995 las siguientes: en Asia, 44.6 millones, es decir, 13 por ciento del grupo de edad analizado; siguen África, con 23,6 millones, o 26.3 por ciento, la tasa más elevada, y América Latina, con 5.1 millones, o 9.8 por ciento. Hoy, esos problemas se han duplicado.

Por lo que hace a las tasas porcentuales de actividad económica de los niños en el grupo de edad de 10-14 años, para México implicaban 6.7 por ciento de la población de esa edad.

Se calcula que alrededor de 1 millón 700 mil niños y de 1 millón 745 mil niñas laborarán en diversos ámbitos de la economía y actividades ocupacionales para este año. Dichas cifras implican 15.47 por ciento de la población infantil entre esas edades (3 millones 445 mil).

Adicionalmente, se calcula que 9 millones 918 mil 608 niños menores de esa edad vivirán en nuestro país. Esto implica que hay altas probabilidades de que el porcentaje mencionado se incremente en poco tiempo.

El problema tiene variados aspectos. Por ejemplo, la proporción de niños que trabajan ha sido tradicionalmente muy superior en el campo o zonas rurales donde, según la OIT, 9 de cada 10 niños realizan labores agrícolas o ramas afines. En cuanto a las ciudades, en los países en vías de desarrollo se ha ido incrementando la ocupación infantil, en virtud del rápido crecimiento de las manchas urbanas. Por eso se ha elevado la ocupación en empresas de manufactura, en comercios y en la rama de los servicios.

La OIT ha manifestado que ``en el plano internacional, la atención se concentra sobre todo en los niños de los países del tercer mundo, que trabajan en ramos industriales especialmente dirigidos a la exportación, como la industria textil, la confección y las industrias de alfombras y calzados. En realidad, los niños que trabajan para la exportación son muchos menos que los que trabajan en las actividades orientadas a la satisfacción del consumo interior''.

También existe la diferenciación entre las labores que realizan los niños y las niñas: mientras que para ellos las actividades principales de ocupación se realizan fuera del seno familiar, ellas habitualmente realizan actividades domésticas a fin de que los mayores puedan salir a trabajar; comparativamente con los niños, desempeñan sus labores por más horas. Aunado a lo anterior, se debe mencionar que las niñas sufren además abusos y explotaciones sexuales.

La actividad laboral de muchos niños los expone a grandes riesgos para su salud y su seguridad. Una aplastante proporción de ellos se ocupa de labores agrícolas, por lo que cotidianamente afronta los rigores del clima, así como el peligro inherente al manejo de herramientas cortantes, al porte de pesos excesivos o al empleo cada vez más frecuente de sustancias químicas tóxicas y de equipo motorizado.

Pero lo que se pretende abatir con la presente reforma es el problema de la ``esclavitud'' infantil. Las formas se han ido haciendo más complejas. Se establecen vínculos entre el contrato de trabajo de un adulto y la puesta a disposición de un niño, o por intercambio de un niño por una suma de dinero que se suele presentar como adelanto salarial. La esclavitud infantil, señala la OIT, se produce principalmente donde hay sistemas sociales fundados en la explotación de la pobreza, como la servidumbre por deudas, que se origina por el endeudamiento de la familia para cumplir una obligación social o religiosa o sencillamente para adquirir medios de supervivencia.

El trabajo infantil tiene efectos sumamente discriminatorios y empeora la situación de desventaja de personas y grupos que se cuentan ya entre los socialmente marginados, beneficiando en cambio a los ya privilegiados. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que este problema, además, implica la ruptura de un sistema democrático y de justicia social.

Por su parte, el Unicef ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Los criterios sostenidos por ese organismo internacional son

Si la actividad a realizar es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana,

Si se pasan demasiadas horas trabajando,

Si el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido,

Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones,

El salario es inadecuado,

El niño tiene que asumir demasiada responsabilidad,

El trabajo impide el acceso a la escolarización,

El trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y explotación sexual),

Impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.

Desgraciadamente, en nuestro país no se respetan dichos criterios, ni las convenciones y los tratados internacionales que pretenden proteger los derechos de los niños en esta materia.

Un ejemplo claro es que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 y de la que México es parte, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de la ``explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social''.

La Convención 138 de la OIT, sobre edades mínimas para trabajar, establece normas más rigurosas que la convención anterior. Establece que la edad mínima laboral es la de 15 años en países industrializados y de 14 en las demás naciones. Los menores de esas edades, podrán realizar actividades suaves (13 y 12, respectivamente). Prohíbe los trabajos que puedan amenazar la salud, la seguridad o la moral de los niños menores de 18 años.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone reformas de la Ley Federal del Trabajo a fin de proscribir estas prácticas deleznables y contrarias a la salud de los que tienen en sus manos el futuro de nuestro país.

En 2005, el entonces presidente de la república, Vicente Fox Quesada, con representantes de la iniciativa privada mexicana, se sumó al Pacto Mundial promovido por la Organización de las Naciones Unidas que, entre otras cosas, buscan abolir el trabajo infantil.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone, en primer término, la adecuación de la Constitución, planteando la inclusión de un párrafo sexto en el artículo 4o. donde, de forma clara, se prohíba el empleo de los niños menores de 14 años en las áreas productivas del país. Se establece además la obligatoriedad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para la aplicación de las sanciones que las diversas leyes que norman esta problemática prevean. Para el caso de la presente iniciativa, a fin de que las autoridades de trabajo de la Federación o los Estados, lleven a cabo las inspecciones correspondientes y, en su caso, sancionen con fuerza esta práctica que atenta contra el desarrollo de los menores.

Así, se propone incluir un párrafo en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecen las sanciones a que se harán acreedores los patrones que empleen, con cualquier denominación, a niños menores de 14 años. Dichas sanciones consisten en la clausura inmediata del establecimiento o negociación, así como la imposición de multa que puede ascender hasta seis mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Asimismo, se remite al Código Penal para la imposición de penas privativas de libertad y multas por llevar a cabo esas conductas.

Por lo anterior, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa:

Decreto por el que se adicionan un párrafo al artículo 4o. constitucional y dos párrafos del artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de menores trabajadores

Primero. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

...

...

...

...

...

Queda prohibido el empleo o utilización del trabajo de los menores de 14 años. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por la observancia a esta prohibición, sancionando, en todos los casos la violación de este precepto, conforme a las leyes aplicables.

Segundo. Se modifica el primer párrafo del artículo 22, y se adiciona dos párrafos a dicho numeral de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 22

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación básica, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Para el caso de que un patrón emplee a menores de 14 años, la autoridad del trabajo ordenará la clausura inmediata del establecimiento o negociación; así como la imposición de una multa equivalente a seis mil días de salario, por cada uno de los menores que en contravención del presente ordenamiento haya empleado.

Lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que para tal efecto establezcan las leyes penales correspondientes.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado José Antonio Arévalo González (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del PVEM

José Antonio Arévalo González , diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Derivado de la problemática existente en todo el mundo, así como el riesgo que implican para nuestros niños las conductas aparentemente lícitas y razonables, para que la edad de aquéllos sea cada vez menor en los que llevan a cabo trabajos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera primordial establecer sanciones penales a conductas que por sí mismas son lesivas para nuestra sociedad.

Esta iniciativa constituye parte importante de un trabajo que pretende establecer como obligación del Estado garantizar que los infantes menores de 14 años no sean empleados, por ningún motivo o circunstancia, para realizar trabajo alguno urbano ni rural.

Cierto es que se necesita el establecimiento de mecanismos sancionadores eficientes y eficaces para que, a través de la política criminal, se lleve a cabo la inhibición de conductas lesivas socialmente.

Como se mencionó, nuestro grupo parlamentario busca no sólo el establecimiento de un tipo penal nuevo, sino la sanción desde el punto de vista de la autoridad del trabajo, a los patrones o personas que por alguna razón empleen a menores de edad laboral. Esta edad, como es bien sabido, es de 14 años.

Así, en dicho ordenamiento criminal federal se propone una pena privativa de la libertad al o los que, en clara contravención de la Constitución y de la ley laboral, empleen a menores de 14 años. Dicha sanción tendrá una mínima de 5 años y una máxima de 12, además de una multa de 300 a 3 mil días multa. Adicionalmente, se prevé la concurrencia de delitos, por lo que se incrementará en una mitad por cada uno de los menores que fueren víctimas de este ilícito.

Por lo anterior, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo II, Título Octavo, Libro Segundo, del Código Penal Federal; y se adiciona un artículo 205 Bis del Código Penal Federal, en materia de menores trabajadores

Único. Se modifica la denominación del Capítulo II, ``Corrupción de Menores e Incapaces. Pornografía Infantil y Prostitución Sexual de Menores. Del Trabajo Infantil'', del Título Octavo, ``Delitos contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres'', del Libro Segundo del Código Penal Federal; y se adiciona un artículo 205 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Octavo Delitos contra la Moral Pública y las Buenas Costumbres

Capítulo II Corrupción de Menores e Incapaces. Pornografía Infantil y Prostitución Sexual de Menores

Del Trabajo Infantil

Artículo 205 Bis

Se aplicará pena privativa de la libertad que importe de cinco a doce años y de trescientos a tres mil días multa a quien emplee o utilice, con cualquier denominación, el trabajo de menores de 14 años, independientemente de las sanciones que prevea este código, por la concurrencia de otros delitos.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado José Antonio Arévalo González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado José Antonio Arévalo González . Túrnese la primera iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social; y la segunda, a la Comisión de Justicia.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Alejandro Chanona Burguete:Con el permiso de la Presidenta. Señoras y señores legisladores: someto a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o. y la fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, considerando los efectos del cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional.

Fundamento: el aumento de la temperatura promedio del planeta resultado de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero --es decir, el cambio climático-- debe ser un tema que llame la atención urgente de esta soberanía.

La comunidad internacional está tomando conciencia sobre los terribles efectos de este cambio climático. De ahí la firma de instrumentos tan valiosos como la Convención Marco sobre Cambio Climático, las medidas derivadas de la Cumbre de la Tierra, de 1992, y --desde luego-- el Protocolo de Kyoto.

No obstante, persiste la resistencia de muchos gobiernos a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y sus nocivos efectos a la naturaleza y, desde luego, a la humanidad; paradójico, porque justamente los gobiernos deberían ser los más preocupados por tomar medidas ante una amenaza global que rebasa las fronteras nacionales, tan real como el terrorismo o como la delincuencia organizada transnacional. Muchísimos científicos comparten esta certeza.

Se prevé que durante este siglo las alternaciones climáticas se presentarán a una velocidad que podría exceder cualquier otra ocurrida en los últimos 10 mil años.

De acuerdo con la ONU, para 2050 el cambio climático podría exterminar a una cuarta parte de las especies de plantas y animales en la faz de la tierra. Los esfuerzos por mitigar la emisión de gases de efecto invernadero han sido claramente insuficientes. Los informes científicos alertan sobre los riesgos para la vida del planeta de continuar ignorando el tema.

En consecuencia, es momento de adoptar medidas urgentes en nuestro país, no sólo para evitar que sigamos contribuyendo a profundizar el problema sino para prevenir los futuros desastres que se avecinan, producto de calentamiento global.

México está entre los 15 primeros países en desarrollo con mayores emisiones de bióxido de carbono, aunque sólo contribuye con 2 por ciento de las emisiones a nivel global. Nuestro país ratificó tardíamente el Protocolo de Kyoto, sólo hasta febrero de 2005, lo que revela un serio problema de compromiso del gobierno mexicano con el medio ambiente. Preocupante, ya que los países menos desarrollados somos los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

En la reciente Conferencia de París sobre Cambio Climático, Mario Molina, nuestro Nobel de Química, proyectó, entre otras cosas, que en México la sequía se agravará y se reducirán los espacios de aptitud para los cultivos, poniendo en peligro a las comunidades agrarias dueñas de los bosques, porque tendrán que reciclarlas y destinarlas a la agricultura. Se incrementarán las enfermedades y muertes por la contaminación del aire y del agua, igual que las erosiones, las olas de calor e inundaciones.

Para 2030, la disponibilidad de agua por mexicano será apenas de 11 por ciento del mínimo adecuado que recomiendan los organismos internacionales. Estos datos, diputadas y diputados, no provienen del Apocalipsis ni son catastrofistas; son científicamente comprobados.

Desafortunadamente, en México no existe una verdadera conciencia de las implicaciones que trae consigo el cambio climático. En los últimos años nuestras emisiones de bióxido de carbono no han disminuido; registran incluso incrementos.

Por ello es imperativo que seamos capaces de generar estrategias para enfrentar los riesgos que conlleva el cambio climático. Por eso también estoy convencido de que un primer paso, repito, un primer paso es identificar este riesgo como una amenaza seria y real a la seguridad nacional.

Barry Buzan ha definido que la seguridad está relacionada con las condiciones de existencia del Estado y la sociedad, lo que incluye la capacidad de los Estados de mantener su identidad independiente, su integridad y funcionalidad contra fuerzas que sean vistas como hostiles.

Las condiciones de existencia del Estado abarcan varias esferas: militar, política, económica, social y, subrayo, ambiental; esta última, fundamental para la posibilidad de preservar, desarrollar y dar viabilidad a cualquier Estado.

Enfatizo: por ello, la seguridad ambiental es considerada la última seguridad. Repito: la seguridad ambiental es considerada la última seguridad, elemento vital para la supervivencia del Estado y el desarrollo de su población, que se refiere a los daños al ambiente ocasionados por las actividades humanas, ya sea por ignorancia, accidentes o mala administración, cuyo origen se encuentra dentro o a través de las fronteras nacionales.

En este tenor, si partimos de la definición básica de amenaza como todos los ``elementos que atentan contra la estabilidad, viabilidad y existencia de cualquiera de las esferas de la seguridad'', queda claro, señores diputados, señoras diputadas, que por sus efectos ambientales, sociales y económicos, el cambio climático constituye una amenaza de seguridad nacional que requiere atención inmediata de forma conjunta.

Compañeras y compañeros legisladores. Es urgente la formulación de políticas públicas y la concertación de esfuerzos para desarrollar capacidades de respuesta ante los impactos previsibles del calentamiento global.

Primero definamos el calentamiento global como una amenaza a la seguridad nacional porque tiene que ver con la vida de las personas, de sus bienes materiales y culturales y con la integridad de los ecosistemas.

Por ello, y con el ánimo de que impulsemos una serie de acciones para combatirlo, me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o. y la fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a

Fracción VII. La protección del territorio nacional y sus habitantes, a través de medidas conducentes a prevenir y evitar los efectos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

Artículo 5o. Para los efectos de la presente Ley son amenazas a la seguridad nacional:

Fracción XIII. Actos que alteren los patrones climáticos, como la emisión excesiva de bióxido de carbono, deforestación y cualquiera otra acción que propicie la degradación medioambiental.

Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias; es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alejandro Chanona Burguete , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o. y la fracción XIII al articulo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, considerando los efectos del cambio climático como una amenaza de seguridad nacional, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un problema global que no respeta fronteras. La degradación del ambiente a nivel planetario, así como la emisión de gases tóxicos que generan el ``efecto invernadero'' y la degradación de la capa de ozono están llevando al mundo a una situación crítica.

Si bien desde 1979, año en que se celebró la primera Conferencia Mundial del Clima, la comunidad internacional reconoció que el cambio climático constituía una amenaza, llevando adelante una serie de esfuerzos que posibilitaron la creación de Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 y del Protocolo de Kyoto de 1997, los esfuerzos por mitigar la emisión de gases efecto invernadero no han sido suficientes, como revelan los recientes informes que alertan sobre los riesgos de continuar ignorando el tema para la vida del planeta.

México se ubica entre los primeros 15 países en desarrollo con mayores emisiones de bióxido de carbono y entre los 20 con mayores emisiones per cápita, si bien su participación global es menor al 2 por ciento del total mundial. Fue hasta febrero de 2005 cuando nuestro país ratificó el Protocolo de Kyoto, lo que revela un serio problema de compromiso del gobierno mexicano con el ambiente.

Por lo catastrófico de sus efectos, los expertos consideran que el cambio climático es ``un arma de destrucción masiva''. Los efectos del calentamiento global ya se sienten en todas partes del mundo: desajuste en los climas tradicionales, temperaturas extremas y desastres naturales de gran magnitud. En la reciente Conferencia de París se alertó que el cambio climático aumentará e intensificará éstas catástrofes. Además, se estima que las regiones polares y los países menos desarrollados, como México, son más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Según lo proyectado por científicos y autoridades encabezadas por el nobel de Química Mario Molina, en México la sequía se agravará, se reducirán los espacios de aptitud para cultivo de maíz, mientras que ejidatarios y comunidades agrarias dueños de bosques, verán cómo estos ecosistemas y los áridos (entre ambos habitan ocho de cada 10 mexicanos), serán invadidos por la presión de la agricultura. Las superficies no aptas para el cultivo aumentarán.

Estas proyecciones prevén que en el 2050 el aumento de la temperatura y la humedad traerán a México enfermedades por contaminación del aire y del agua; muertes por golpes de calor en Aguascalientes, Chihuahua, el Distrito Federal, Sonora y Baja California; aumentarán las migraciones al norte; en el DF y el estado de México no habrá suficiente agua para consumo doméstico y tendrá que crecer el uso de químicos para campañas permanentes de fumigación en localidades de difícil acceso, sobre todo del sureste mexicano, que recibirá de vuelta el dengue, el cólera y paludismo, actualmente bajo control.

Las muertes por diarreas también se multiplicarán. Actualmente somos 103.2 millones de habitantes. Las estimaciones oficiales establecen que en el 2050 México estará poblado por unos 130 millones de personas, gran parte de ellas adultos mayores y mujeres, que serán los más afectados por aumento de temperaturas, lo mismo que especies vegetales y animales que se extinguirán porque no alcanzarán a adaptarse a la velocidad del cambio climático.

Se estima que al 2020 disminuirán las lluvias entre 0 por ciento y -5 por ciento, mientras que la temperatura aumentará entre 0.6 y 1.4 grados centígrados.

Sonora es el estado que preocupa más a los expertos, pues dará cuenta, en su más cruda expresión, de los estragos del cambio climático. Allí aumentarán 30 por ciento sus zonas secas. Los habitantes sufrirán lo mismo olas de calor que de frío; ciudades y campo se disputarán la escasa disponibilidad del agua, y los ancianos morirán por temperaturas extremas.

En el estado de México aumentará la erosión eólica, que le hará perder hasta 25 toneladas de suelo al año. La capital del país, por su parte, enfrentará olas de calor, inundaciones, complicaciones en sus vías de comunicación e invasiones en las pocas zonas de reserva natural que conserva.

En el año 2030 la disponibilidad de agua por mexicano será de apenas 11 por ciento del mínimo adecuado que recomiendan los organismos internacionales (sólo 113 de mil metros cúbicos por año). Se intensificará el uso de ventiladores y aire acondicionado, y el aumento en el uso de energía eléctrica será tal que la Comisión Federal de Electricidad no estará en condiciones de solventarlo.

Son casi todos los estados del país los que padecen presiones por la escasez de agua; solamente se libran Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán que, por el contrario, recibirán tanta agua en los siguientes años, que les impactará negativamente en sus sistemas productivos y sociales.

En el ámbito mundial, los científicos prevén que durante este siglo las alteraciones climáticas se presentarán a una velocidad que podría exceder a cualquier otra ocurrida en los últimos 10 mil años. Si se mantiene el nivel actual de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, la temperatura media de la Tierra aumentará entre 1,8° C y 4° C y el nivel de los océanos subirá entre 28 y 43 centímetros. Conforme a Naciones Unidas, un cambio climático global de la magnitud y la velocidad prevista podría exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales de la Tierra en el año 2050, en una de las extinciones más grandes desde la de los dinosaurios.

Asimismo, en los últimos diez años, las pérdidas económicas causadas por los denominados desastres naturales a nivel global han alcanzado un promedio de 40 mil 000 millones de dólares anuales. Mientras el producto interno bruto mundial se ha incrementado un 3,4 por ciento anual en promedio durante los últimos cincuenta años; el costo de los desastres derivados de eventos climáticos extremos --inundaciones, huracanes, meteoros y sequías-- creció, en promedio, un 7,4 por ciento anual.

Sin embargo, en México no existe una verdadera conciencia de las implicaciones que trae consigo el cambio climático; en los últimos años nuestras emisiones de dióxido de carbono no han disminuido, registrando incluso incrementos. Si bien el gobierno federal ha manifestado su preocupación ante los resultados que arrojó el informe sobre el cambio climático, también es cierto que durante la Conferencia de París apoyó la propuesta de Estados Unidos en cuanto a abordar el problema de manera unilateral; así como de no responsabilizar a los países desarrollados en lo referente a la reducción sustancial de dióxido de carbono, posición preocupante si se considera que el cambio climático es una amenaza global del que todos los países debemos responsabilizarnos.

México es, sin duda, un país rico en recursos naturales, pero cada vez más azotado por la contaminación y la degradación de nuestros ecosistemas. Es imperativo que seamos capaces de generar estrategias que incluyan a todos los sectores del país en aras de enfrentar los efectos del cambio climático.

En la LVII Legislatura se dieron los primeros esfuerzos tendentes para enfrentar este grave problema, con la presentación de la iniciativa de Ley para la Prevención y Control del Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos, promovida por el PVEM, y recientemente el Senado de la República aprobó, en la sesión ordinaria del jueves 15 del presente, el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre la situación del cambio climático y las medidas que está tomando el gobierno en seguimiento del Protocolo de Kyoto.

No podemos ignorar que el cambio climático rebasa la dimensión puramente ecológica; por sus efectos ambientales, sociales y económicos, constituye un problema de seguridad nacional que requiere atención inmediata de forma conjunta. En México es urgente la formulación de políticas y la concertación de esfuerzos para desarrollar capacidades de respuesta ante los impactos previsibles del calentamiento global. No bastan los discursos ni los ordenamientos jurídicos, hace falta responsabilidad, compromiso y la cooperación en todos los niveles.

Este problema tiene que ver con la seguridad de las personas y de sus bienes materiales y culturales, con la integridad de los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la economía, así como con la integración de nuevas infraestructuras de generación y distribución de energía, de comunicación, de servicios urbanos e industriales. Pero también con los asentamientos poblacionales, muchos de los cuales se encuentran en zonas expuestas a riesgos de desastres naturales.

Como uno de los países con alta vulnerabilidad ante el cambio climático, aún en su calidad de país en desarrollo, México debe asumir su responsabilidad y comprometerse a reducir las emisiones de dióxido de carbono. El reto no es lograr que la reducción de unos permita el mantenimiento de las emisiones de los otros. No se trata de desarrollar un ``sistema de intercambio global (de gases) más libre y justo'', como señaló el comunicado conjunto de la reunión del presidente Calderón con el primer ministro británico Tony Blair el pasado 29 de enero, sino de desarrollar un sistema de reducción permanente y comprometido.

Es indispensable promover el trabajo de los diversos órganos y poderes del Estado mexicano, así como de instituciones académicas y la sociedad civil. Asimismo, trabajar conjuntamente con el empresariado para impulsar investigaciones orientadas a desarrollar nuevas tecnologías menos contaminantes. El desarrollo industrial ha ocasionado los niveles de degradación medioambiental que estamos enfrentando, por lo que es necesario que trabajemos en un nuevo modelo de desarrollo que permita el desarrollo de tecnologías limpias que respeten el ambiente, en aras de que la tierra sea viable para las próximas generaciones.

Es por ello, y con el ánimo de que impulsemos una serie de acciones para combatir este serio problema, que me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 3o. y la fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

I. ... ...

VII. La protección del territorio nacional y sus habitantes, a través de medidas conducentes a prevenir y evitar los efectos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas para la seguridad nacional:

I. ... ...

XIII. Actos que alteren los patrones climáticos, como la emisión excesiva de dióxido de carbono, deforestación y cualquier otra acción que propicie la degradación ambiental.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Chanona; se toma en cuenta su petición: túrnese a la Comisión de Gobernación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 442 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa de reforma del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega:Buenos días, compañeros. Con su permiso, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los suscritos diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana demanda mayor eficiencia de los organismos públicos defensores de los derechos humanos. En junio de 1990 fue establecida en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos años más tarde se le otorga rango constitucional al igual que a sus similares de cada entidad federativa.

Lo anterior significó un notable avance, ya que permitió la creación de organismos no jurisdiccionales que de manera rápida y sencilla atendieran los reclamos de la sociedad mexicana que cada vez, con mayor vigor, exigía respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido casi 15 años de su incorporación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ombudsman mexicano no ha logrado consolidarse, puesto que hasta la fecha no ha logrado la confianza y credibilidad de amplios sectores de la sociedad mexicana.

Además, y esto es necesario establecerlo con claridad, el único que viola derechos humanos de los gobernados es la autoridad. Para la autoridad ni las garantías individuales consagradas en la Constitución ni los derechos humanos de las personas son límite para el ejercicio arbitrario de sus funciones.

Es más, es necesario reconocer que el establecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari, se dio más como un proceso de búsqueda de legitimidad interna y externa que como un acto pleno de respeto a los derechos de los gobernados.

Por ello, a las autoridades no les importa el respeto a los derechos humanos, sino contar con un órgano que institucionalmente realice esa tarea, pero que se encuentra maniatado en virtud de que sus recomendaciones en ningún caso tienen efectos vinculantes para la autoridad a la cual va dirigida, en tal virtud, la autoridad que es destinataria de una recomendación determina si la cumple o no, pero en ningún caso se le puede forzar a que realice este cumplimiento.

En el aspecto teórico se establece que la fuerza moral de una recomendación emitida por las comisiones de derechos humanos sería tal que obligaría a su cumplimiento. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre así.

En el pasado período presidencial se realizaron por parte del gobierno de Fox múltiples violaciones a los derechos humanos, entre la más significativa, que no la única, recordamos la de mayo de 2006 en donde en el poblado de San Salvador Atenco, en el estado de México, la población de dicho municipio fue, literalmente, víctima de una represión gubernamental coordinada de los tres órdenes de gobierno. Las policías municipales de San Salvador Atenco, Texcoco, la estatal del estado de México y sobre todo la Policía Federal Preventiva, fueron el brazo represor del Estado en contra de los habitantes de dicho municipio.

No obstante que se demostró el exceso de poder de las autoridades policíacas en contra de la población, los autores materiales e intelectuales de esta represión no fueron sancionados.

El entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, hoy Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora, en todo momento exculpó a los miembros de la Policía Federal Preventiva y nadie resultó sancionado.

No obstante que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que quedó radicada bajo el expediente 2006/2109/2/Q, en el expediente integrado por dicha comisión y que consta de más de 20 mil fojas, se acreditó que en perjuicio de los habitantes de San Salvador Atento existieron: detenciones arbitrarias; trato cruel, inhumano o degradante; allanamiento de morada; retención ilegal; incomunicación; tortura; violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación); derecho a la vida; derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Como resultado de la queja 2006/2109/2/Q, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envío el 26 de septiembre de 2006 la recomendación 38/06 dirigida al secretario de Seguridad Pública Federal, al gobernador del estado de México y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

En dicha recomendación, que forma parte del informe que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en enero de este año, se establece en la página 222, cito textual: ``En el presente informe se considera no aceptada respecto del secretario de Seguridad Pública Federal, ya que mediante el oficio SSP/082/2006, del 31 de octubre de 2006, suscrito por dicho funcionario, consideró no procedente aceptar la recomendación que se le dirigió, en razón de que se refirió que los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los operativos en el municipio de San Salvador Atento, estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, actuaron conforme a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, con pleno respeto a los derechos humanos de los manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito, actuando con sentido de oportunidad y prudencia, sin haberse excedido de la fuerza, al haber utilizado sólo la estrictamente necesaria para detener in fraganti a quienes se sorprendió cometiendo conductas probablemente delictivas ...''

Como podemos apreciar de la cita anterior, las violaciones a los derechos humanos de los gobernados pueden estar perfectamente acreditadas y con motivo de ellas los particulares agraviados presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta realiza sus investigaciones, y comprueba que efectivamente se cometieron dichas violaciones, en tal sentido emite una recomendación a la autoridad responsable, pero en un caso similar, como ocurrió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, si éste determina no cumplir la recomendación, no hay nadie que pueda obligarlo al cumplimiento.

En el antecedente directo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman escandinavo, formula recomendaciones que cuentan con el respaldo del peso moral de dicha institución que depende del parlamento y la autoridad a las que dichas recomendaciones van dirigidas les da cabal cumplimiento.

En el caso de México hemos visto que no ocurre así, que la autoridad renuente a cumplir las recomendaciones lo hace sin que sufra ninguna sanción.

Precisamente por esto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que si en verdad queremos contar con una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma e independiente, se le debe fortalecer, modificando la naturaleza no vinculativa de las recomendaciones que emite, para evolucionar en su tratamiento y que éstas sean de cumplimiento obligatorio por parte de la autoridad a la que van dirigidas.

En tal virtud la propuesta que el Grupo Parlamentario del PT somete a su consideración, se centra en la reforma del párrafo segundo del Apartado B del artículo 102 Constitucional, para que quede establecido de manera expresa que las recomendaciones que emitan las comisiones defensoras de los derechos humanos tendrán plenos efectos vinculantes, con lo que su cumplimiento resulta obligatorio para estas autoridades.

Pero además proponemos en que en la hipótesis de que las autoridades se nieguen a cumplir las recomendaciones, las propias comisiones de Derechos Humanos puedan formular denuncias penales, en cuyo caso el texto de la recomendación no atendida servirá de base para la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que sólo de esta manera, con el impulso de la propuesta que les presentamos, podremos romper el ámbito de impunidad en que las autoridades actúan ya que saben que si no atienden las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos simplemente no pasa nada y seguirán acostumbradas a vivir y a actuar en la simulación y el engaño en perjuicio de la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas al artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. ...

B. ...

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas vinculatorias y denuncias penales por la comisión de delitos que violen los derechos humanos de las personas, en cuyo caso la recomendación dirigida a las autoridades responsables y no atendidas por éstas, servirá como base para la denuncia ante el Ministerio Público que corresponda, así como quejas ante las autoridades respectivas.

...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto, realizarán las modificaciones que correspondan a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las correspondientes leyes de los estados para que estén en congruencia con la reforma del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil siete.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Ricardo Cantú Garza (rúbrica) coordinador; Jaime Cervantes Rivera vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez , Rodolfo Solís Parga , Abundio Peregrino García , María Mercedez Maciel Ortiz , Pablo Leopoldo Arreola, Joaquín Humberto Vela Ortega González, Anuario Luis Herrera Solís , Rosa Elia Romero Guzmán , Silvano Garay Ulloa , Santiago Gustavo Pedro Cortés .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativas que reforman los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.

La diputada Mónica Arriola :Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: hoy vengo ante ustedes no únicamente como diputada sino vengo como mujer. Vengo a hablarles de un mal que ha cobrado muchas vidas y al cual no podemos seguir dándole la espalda. Les pido a hombres y mujeres, diputados, diputadas, que nos comprometamos con impulsar esta iniciativa.

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cérvico-uterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 300 mil muertes al año. El 80 por ciento de los casos corresponden a los países en vías de desarrollo y cerca de 500 mil casos nuevos se presentan cada año.

Resulta sumamente alarmante que esta enfermedad haya sido la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas con cáncer. La mayoría de las mujeres que desarrollan esta enfermedad tiene entre 40 y 50 años de edad; sin embargo, cada vez es más común ver mujeres jóvenes infectadas que a edades de 20 y 30 años se les diagnóstica cáncer cérvico-uterino.

Con frecuencia en sus etapas iniciales el cáncer cérvico-uterino no muestra síntomas por lo que a menudo no se detecta hasta que se hace severo. El factor de riesgo más común de esta enfermedad es la exposición a ciertas variedades de papiloma virus humano, mejor conocido como virus del papiloma humano.

El VPH es una infección de transmisión sexual que, en muchos casos, es asintomática. Los tipos de virus más importantes del papiloma humano trasmitidos sexualmente, asociados con el cáncer en hombres y mujeres, pueden causar el crecimiento de células anormales en el cuello del útero hasta llevar al desarrollo de cáncer.

En los varones es menor la incidencia de afectación, no así en la mujer debido a que la vagina es un reservatorio más apto para la permanencia del virus; sin embargo el hombre es un potencial trasmisor que debe atenderse. En nuestro país cifras de la Secretaría de Salud revelan que cada día mueren 12 mexicanas debido al cáncer cérvico-uterino y que 38.8 de cada 100 mil viven con el mismo.

Un foco de atención alarmante lo representan estados como Chiapas, en donde el 80 por ciento de las neoplasias se encuentran íntimamente asociadas con el virus.

Por edad, el grupo más afectado son las mujeres de 14 a 26 años, donde el riesgo es doble comparado con el de las mujeres mayores de 50 años. Entre la población joven, la asociación con el virus es de 100 por ciento, razón que nos permite determinar que este virus de transmisión sexual es oncogénico y quizás el más importante factor en donde debemos enfocar acciones, prevención y educación sexual.

Tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, la vacuna fue aprobada para mujeres y hombres dado que éstos pueden trasmitir los serotipos de alto riesgo; sin embargo la vacuna solamente se encuentra accesible para el público privado y no para los servicios públicos de salud.

Dado que el cáncer cérvico-uterino es uno de los tipos de cáncer más fáciles de detectar y prevenir, la vacuna contra el mismo es una importante medida de prevención para contraer el virus que causa este cáncer. Los exhorto a que aprobemos esta importante medida de prevención que puede salvar millones de vidas en nuestro país.

La alta incidencia encontrada, así como los actores de riesgos identificados, nos indica que estamos ante un problema de salud pública que afecta fundamentalmente a las mujeres con desventajas sociales importantes.

Por ello, y como resultado de una serie de estudios en torno al virus, diversas instituciones médicas realizan desde hace varios años una exhaustiva investigación para desarrollar vacunas contra este grave mal.

La salud de millones de mujeres mexicanas no es cosa de juego; démosles una renovada fe en la vida. Apoyemos la vacuna contra el virus del papiloma humano. Nuestros hijos y las futuras generaciones nos lo agradecerán.

Someto, en mi calidad de integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza, la aprobación a esta honorable soberanía de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 134, para que la actual fracción venga a ser la XV, y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo II. Enfermedades Trasmisibles. Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades trasmisibles: virus del papiloma humano (VPH)...

Artículo 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimará necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia.

La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Mónica T. Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Exposición de Motivos

La falta de acceso a los servicios de análisis y tratamiento adecuados de uno de los tipos de cáncer más prevenible, detectable y tratable se ha convertido en una causa importante de mortalidad entre las mujeres. ``A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cérvico-uterino es la segunda mayor causa de mortalidad femenina por cáncer en todo el mundo, con unas 300 mil muertes al año. El 80 por ciento de los casos corresponden a los países en vías de desarrollo y cerca de 500 mil casos nuevos se presentan cada año. Tan sólo en el año 2002 se presentaron 493 mil 243, y de estos 273 mil 505 fueron decesos''.¹

``En México, en el año 2002, se presentaron 12 mil 512 nuevos casos de cáncer cérvico-uterino, de los cuales 5 mil 777, el 46 por ciento, fueron decesos. Esta enfermedad fue la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas con cáncer, ocupando un 16.6 por ciento de otros cánceres. La mayoría de las mujeres que desarrollan este cáncer tienen entre 40 y 50 años de edad. Sin embargo, cada vez es más común ver mujeres jóvenes infectadas, que a edades de 20 y 30 años se les diagnostica cáncer cérvico-uterino''.²

El cáncer cérvico-uterino obedece a un cambio en las células que cubren las paredes del cuello uterino (la parte inferior de la matriz que va del útero a la vagina, o el canal de parto). Estas células son inicialmente normales y gradualmente se convierten en precancerosas, manifestándose como lesiones en la pared del útero. Con frecuencia, en sus etapas iniciales, el cáncer cérvico-uterino no muestra síntomas por lo que a menudo no se detecta hasta que se hace severo.

El factor de riesgo más común del cáncer cérvico-uterino es la exposición a ciertas variedades del papillomavirus humano, mejor conocido como virus del papiloma humano (VPH).

El VPH es una infección de transmisión sexual (ITS) que en muchos casos es asintomática. El virus del papiloma humano constituye un grupo de más de 80 tipos de virus. Algunos tipos de virus de papiloma humano se conocen como virus de ``bajo riesgo'', porque raramente facilitan la aparición de cáncer; éstos incluyen los VPH-6 y VPH-11. Los tipos de virus más importantes de papiloma humano, transmitidos sexualmente, asociados con el cáncer en hombres y mujeres incluyen los VPH-16, VPH-18, VPH-31 y VPH-45. Estos tipos de virus de papiloma humano asociados con el cáncer causan crecimientos que normalmente parecen planos y son casi invisibles, comparados con las verrugas causadas por los VPH-6 y VPH-11. Ambos tipos de virus de papiloma humano pueden causar el crecimiento de células anormales en el cuello del útero, pero generalmente sólo los tipos de virus de papiloma humano mencionados pueden llevar al desarrollo de cáncer en el cuello del útero.

En los varones es menor la incidencia de afectación del VPH, no así en la mujer, debido a que la vagina es un reservorio más apto para la permanencia del virus. Sin embargo, el hombre es un potencial transmisor que debe atenderse. El virus causa lesiones premalignas en el cuello de la matriz, conocida bajo el nombre de neoplasia intraepitelial cervical (NIC), dividiéndose en grados (NIC 1, 2 y 3) que indican el nivel de lesión causada, hasta llegar a cáncer.

En México, cifras de la Secretaría de Salud revelan que ``cada día mueren 12 mexicanas debido al cáncer cérvico-uterino''<sup>3</sup> y ``38.8 de cada 100 mil tienen virus del papiloma humano''.⁴ Resulta sumamente alarmante que en estados como Chiapas, el 80 por ciento de las neoplasias estén íntimamente asociados al virus del papiloma humano (VPH). Por edad, el grupo más afectado son las mujeres de 14 a 26 años, donde el riesgo es doble comparado con el de las mujeres mayores de 50 años. Entre la población joven, la asociación con el VPH es del 100 por ciento, razón que nos permite determinar que este virus de transmisión sexual es oncogénico, y quizás, el más importante factor donde deben enfocarse las acciones de prevención y educación sexual.

La alta incidencia encontrada, así como los factores de riesgo identificados, nos indican que estamos ante un problema de salud pública que afecta fundamentalmente a las mujeres con desventajas sociales importantes.

Por ello, y como resultado de una serie de estudios en torno al virus, diversas instituciones médicas realizan desde hace varios años una exhaustiva investigación para desarrollar vacunas en contra del VPH. Los expertos lograron crear una molécula casi idéntica al tipo de VPH contra el que se busca inmunizar al paciente. En este sentido, ``para mejorar la protección conferida por la vacuna, se le ha añadido un elemento adyuvante que provoca que la reacción del organismo sea hasta 100 veces más intensa que la que se produciría con una infección natural, lo que multiplica la eficacia del producto''.⁵

En nuestro país, al igual que en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, la única vacuna aprobada es la tetravalente y recombinante, que ha demostrado una total de eficacia en la prevención de lesiones precancerosas cervicales, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la OMC ``la vacuna se diseñó para atacar los tipos 16 y 18 del VPH, que son los causantes del 65 al 70 por ciento del cáncer cérvico-uterino, y los tipos 6 y 11, que causan 90 por ciento de las verrugas genitales. Estos cuatro tipos de virus son también causantes de los cambios cervicales benignos que aparecen en los resultados ``anormales'' de la citología vaginal o papanicolau''.⁶

El uso de esta vacuna, aprobada para mujeres de 9 a 26 años, aunada a estrategias adecuadas de prevención, puede reducir, en promedio, en un 76.3 por ciento, nuevos casos de cáncer cérvico-uterino. Asimismo, el 78.6 por ciento de muertes, a un costo por año de vida de 24 mil 248 pesos, cifra por demás inferior al ingreso per cápita anual en nuestro país.⁷

La vacuna MVAE2 (Oncovac) genera una respuesta inmunológica. En la experimentación que se hizo del fármaco en humanos MVA E2, se aprobó con una muestra entre 200 y 500 mexicanas infectadas con el VPH, de entre 25 y 45 años.⁸

En México, como en Europa, la vacuna fue aprobada tanto para mujeres como para hombres, dado a que estos pueden trasmitir los serotipos de alto riesgo. Sin embargo, la vacuna solamente se encuentra accesible para el público privado y no para los servicios públicos de salud. Por ello y dado que el cáncer cérvico-uterino es uno de los tipos de cáncer más fáciles de detectar y prevenir y la vacuna contra VPH es una importante medida de prevención para contraer el virus que causa este cáncer, someto en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 134, para que la actual fracción XIV devenga a ser la XV y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.

Único. Se adiciona una fracción XIV al artículo 134, para que la actual fracción XIV devenga a ser la XV y se reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo II Enfermedades Transmisibles

Artículo 134.

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo;

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos;

III. Tuberculosis;

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos;

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos;

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, y oncocercosis;

VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas, y otras enfermedades de transmisión sexual;

IX. Lepra y mal del pinto;

X. Micosis profundas;

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales;

XII. Toxoplasmosis;

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida);

XIV. Virus del papiloma humano, (VPH) y

VX. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 144.

Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y el virus del papiloma humano, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Alejandro López Saavedra y Marcela Lizano Soberón. Cáncer cérvico-uterino y el virus del papiloma humano: La historia que no termina. Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer. UNAM-Instituto Nacional de Cancerología, Subdirección de Investigación Básica. México, DF.

2 Ibídem.

3 Punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Arredondo Ibarra , integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LX Legislatura.

4 ``Las mexicanas en cifras'', CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género.

5 Proposición con punto de acuerdo presentado por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura.

6 Ibídem.

7 La Comisión de Macroeconomía y Salud estableció que una intervención debería ser considerada como altamente costo efectiva cuando su costo promedio por año de vida salvado fuese igual o inferior al monto equivalente al Ingreso per cápita anual.

8 Punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Arredondo Ibarra , integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LX Legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de febrero de 2007.--- Diputada Mónica T. Arriola (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Salud.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan José Rodríguez Prats , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señora Presidenta. Esta iniciativa da continuidad a la que presenté anteriormente, donde se modificaban los artículos 41 y 116 de la Constitución, como se propone modificar.

Aquí ya me refiero a modificaciones específicas del Código Federal Electoral, que sugirieron --repito-- los consejeros del IFE. No pretendo --que quede muy claro-- arrogarme la autoría de estas iniciativas: corresponde a un trabajo de equipo en donde participamos muchísimos senadores por varios meses y que --repito-- desafortunadamente ya cuando se iba a concretar en el dictamen quedó trunco en la LVIII Legislatura.

Me voy a permitir leer algunos puntos de la exposición de motivos. Solicito desde luego como lo hago también con la reforma constitucional, que se pueda reproducir en forma íntegra en el Diario de los Debates mi intervención.

La presente iniciativa busca fortalecer las atribuciones de las autoridades, de tal suerte que se propone reformar el Cofipe, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación. De esta forma, al ampliar las excepciones del denominado ``secreto bancario'' para los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, se busca brindar elementos para una investigación eficiente por parte de las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.

La reforma del Cofipe está encaminada a fortalecer las facultades del Instituto Federal Electoral, extendiendo su actividad con la cooperación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efecto de verificar operaciones mercantiles realizadas por los partidos y las agrupaciones políticos nacionales.

En muchos casos, ya mediante acuerdos, el Consejo se ha concedido estas atribuciones; pero me parece que debe estar consignado en el Código Electoral, éstas deberán rendir cuentas mediante inventarios de los bienes que adquieren con los recursos públicos. En el caso de pérdida de registro se considera un mecanismo de reincorporación de los bienes adquiridos por aquellos, reforzando el principio de pertenencia patrimonial de los bienes adquiridos con recursos provenientes del Estado.

Asimismo, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral en los institutos electorales locales se permitirá una fiscalización de los recursos públicos en cada ámbito de competencia sin menoscabo de la soberanía de los estados.

Hemos partido de la reflexión de que para poder alcanzar un sistema electoral eficiente es necesario que los partidos políticos rindan cuenta a la ciudadanía en las urnas. Por ello planteamos en la reforma del Cofipe una reestructuración en materia de coaliciones, de forma que los votos de los partidos que decidan participar coaligados se contabilicen de manera separada; esto permitirá que sólo los partidos con un respaldo electoral de al menos 2 por ciento de los votos válidos conserven su registro partidista.

Los cambios legales que aquí se proponen tiene la finalidad de introducir una serie de mecanismos que permitan identificar con precisión las preferencias electorales de todos los partidos que participen en una elección y, en ese sentido, poder identificar el peso real que cada partido político tenga entre los electores, aun cuando participe en una coalición.

Se trata esencialmente de permitir que los partidos coaligados reciban su votación de manera separada y que los cómputos en las casillas se hagan de manera diferenciada para identificar con claridad la votación de cada uno de los partidos que integran las coaliciones.

Con objeto de facilitar a los electores que se encuentran transitoriamente fuera de su domicilio el ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, se propone aumentar el número de casillas especiales que se instalarán en cada proceso electoral federal. Otros de los temas que trata la reforma del Cofipe están relacionados con la reducción y el financiamiento público que les es otorgado a partidos políticos del nuevo registro y las agrupaciones políticas nacionales que actualmente establece 2 por ciento del presupuesto destinado a todos los partidos políticos con registro. Se plantea una disminución a 1 por ciento, con lo cual consideramos que se garantizan recursos importantes para que acrediten su presencia y respaldo ciudadano.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que estas reformas son de la mayor importancia ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y, por ende, a la consolidación de la democracia representativa en nuestro país.

De los anteriores considerandos se desprenden --ya viene en el proyecto de decreto-- los artículos, que son muchos, que se modifican del Cofipe, de lo que es el Código Fiscal, reformas del Código Fiscal y el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Son diversos artículos --es muy amplia la iniciativa--, por eso insisto en su publicación total. La suscribimos, igual que la anterior, el diputado Héctor Larios, el diputado Cristián Castaño, Carlos Navarro Sugich , el diputado Diódoro Carrasco y Rogelio Carbajal. Y me permito una apretada síntesis --y en esto doy el crédito a la fundación Miguel Estrada Iturbide, que coadyuvó con este trabajo-- de cuál es el contenido de amplias iniciativas, que son fundamentalmente 13 puntos:

Uno. Cambio en la distribución de financiamiento público de los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias.

Dos. Reducción del financiamiento público a los partidos políticos para campañas electorales, hasta en 50 por ciento en elecciones intermedias.

Tres. Coordinación ante el IFE y las autoridades electorales locales para la fiscalización de recursos de los partidos políticos en sus respectivos ámbitos de competencia.

Cuatro. Autentificación adecuada del IFE para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

Cinco. Obligación de las agrupaciones políticas nacionales de acreditar cada tres años el requisito de número mínimo de afiliados.

Seis. Disminución de financiamiento público a agrupaciones políticas nacionales.

Siete. Obligación de las agrupaciones y los partidos políticos nacionales de presentar cada año un inventario de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con el financiamiento público otorgado por las autoridades electorales.

Ocho. Perfeccionar la facultad de control y vigilancia de la autoridad electoral, a efecto de optimizar la fiscalización que lleva a cabo el financiamiento de los partidos y de las agrupaciones políticos.

Nueve. Comprobación de la auténtica representatividad de los partidos políticos que acuerden coaliciones.

Diez. La obligación de reintegrar al Estado los bienes adquiridos con financiamiento público cuando un partido político pierda el registro.

Once. Aumentar el número de casillas especiales que los consejos distritales del IFE puedan instalar por distrito.

Doce. Disminuir los tiempos para la campaña presidencial; campaña de aproximadamente tres meses y medio; y

Trece. Acotar un tiempo determinado a las precampañas para la elección presidencial.

Como ustedes pueden ver, es una reforma muy ambiciosa, fue un trabajo de varios meses. Tampoco podemos presumir que ésta sea la reforma definitiva, habrá que discutir temas como la relación con los medios; las precampañas; el tema de la transparencia; la compactación del aparato electoral --en este sentido, el señor diputado Rogelio Carbajal me asesoró para ver estos temas--; las quejas genéricas; la democracia partidista; la justicia electoral; las salas regionales para darles más trabajo en virtud de que prácticamente están pasivas durante tres años; el contenido de las campañas; los derechos personales de autoridades; los programas de gobierno y los delitos electorales.

Creo que debemos esmerarnos en simplificar nuestro proceso electoral. Hemos hecho de nuestro proceso electoral un mazacote. Debemos tratar de transparentarlo, de simplificarlo, de hacer un proceso que ya venga de retorno en la desregularización.

Hago una reflexión final: igual que en mi propuesta de la reforma constitucional, tenemos que demostrar al pueblo de México que hay voluntad política de cambio y de reformas. De nada vale que aprobemos la Ley de Reforma del Estado, de nada vale que cacareemos ante la opinión pública que éste es un Congreso maduro y sensible si no estamos emitiendo mensajes claros de que hay voluntad política, que hay anhelo de consenso, que sobre nuestras diferencias partidistas está la preeminencia del interés nacional.

Ojalá y con todas estas consideraciones logremos hacer las modificaciones que en materia electoral me he permitido proponer y también en nombre de mi grupo parlamentario, el del Partido Acción Nacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del PAN

Juan José Rodríguez Prats , diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de ley al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca fortalecer las atribuciones de las autoridades en este rubro, de tal suerte que se propone reformar el Cofipe, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación. De esta forma al ampliar las excepciones al denominado secreto bancario para los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales se busca brindar elementos para una investigación eficiente por parte de las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.

La reforma del Cofipe está encaminada a fortalecer las facultades del Instituto Federal Electoral, extendiendo su actividad con la cooperación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de verificar operaciones mercantiles realizadas por los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. Éstos deberán rendir cuentas mediante inventarios de los bienes que adquirieran con los recursos públicos. En el caso de pérdida de registro, se contempla un mecanismo de reincorporación de los bienes adquiridos por aquellos, reforzando el principio de pertenencia patrimonial de los bienes adquiridos con recursos provenientes del Estado.

Asimismo, al establecer la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales, se permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos en cada ámbito de competencia, sin menoscabo de la soberanía de los estados.

Hemos partido de la reflexión de que para poder alcanzar un sistema electoral eficiente es necesario que los partidos políticos rindan cuentas a la ciudadanía en las urnas. Por ello planteamos en la reforma del Cofipe una reestructuración en materia de coaliciones, de forma que los votos de los partidos que decidan participar coaligados, se contabilicen de manera separada. Esto permitirá que sólo los partidos con un respaldo electoral de al menos 2 por ciento de los votos válidos conserven su registro partidista.

Los cambios legales que aquí se proponen tienen la finalidad de introducir una serie de mecanismos que permitan identificar con precisión las preferencias electorales de todos los partidos que participan en una elección; y en este sentido, poder identificar el peso real que cada partido político tenga entre los electores, aún cuando participe en una coalición. Se trata, esencialmente, de permitir que los partidos coaligados reciban su votación de manera separada y que los cómputos en las casillas se hagan de manera diferenciada para identificar con claridad la votación de cada uno de los partidos que integran las coaliciones.

Con objeto de facilitar a los electores que se encuentran transitoriamente fuera de su domicilio, el ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, se propone aumentar el número de casillas especiales que se instalarán en cada proceso electoral federal.

Otros de los temas que trata la reforma del Cofipe, están relacionados con la reducción de financiamiento público que les es otorgado a los partidos políticos de nuevo registro y a las agrupaciones políticas nacionales, que actualmente establece el 2 por ciento del presupuesto destinado a todos los partidos políticos con registro. Se plantea una disminución al 1 por ciento con lo cual consideramos que se garantizan recursos importantes para que acrediten su presencia y respaldo ciudadano.

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que estas reformas son de la mayor importancia, ya que contribuirá al fortalecimiento de nuestro sistema federal electoral y por ende, a la consolidación de la democracia representativa en nuestro país.

Por las anteriores consideraciones proponemos el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se modifican el inciso a) del numeral 1 del artículo 28, el numeral 8 y 13; se adiciona un numeral 14 del artículo 35; se adiciona un artículo 35-A; se adiciona inciso t) del numeral 1 del artículo 38; se modifica la fracción V del inciso a) del numeral 7, el párrafo I del inciso b) del mismo numeral 7 y el inciso a) del numeral 8, todos del artículo 49; se modifican los incisos h, i, j, k, se adicionan los incisos l, m, así como un numeral 5, todos del artículo 49-B; se adiciona el artículo 52-A; se modifica el numeral 9 del artículo 58; se modifica el inciso d del numeral 1 y se adiciona el inciso e al numeral 1 del artículo 59; se modifica el inciso b del numeral 1 del artículo 61; se modifica el inciso b del numeral 1 del artículo 62; se modifican los incisos i y j del artículo 63; se adiciona numerales 4 y 5 al artículo 67; se adiciona un artículo 175-A; se modifica el inciso e) del numeral 1 del artículo 177; se modifica el numeral 1 del artículo 185; se modifica el numeral 3 del artículo 197; se modifica el inciso c del numeral 2, así como el numeral 6 del artículo 205; se modifica el numeral 1 del artículo 206; se adiciona un numeral 6 al artículo 218; se adiciona un inciso a) para recorrer los incisos siguientes del numeral 1 del artículo 223, se modifica el inciso a del numeral 2 del mismo artículo; se modifica el numeral 2 del artículo 227; se deroga el numeral del 2 del 229; se modifica el inciso a) del artículo 230; se modifican los numerales 3 y 4, se recorren y pasan a ser los numerales 4 y 5 del artículo 246; se adiciona el numeral 4 del artículo 264; se recorre los numerales 3 y 4 para ser 4 y 5 y se modifica el numeral 3 del artículo 269; se adiciona el numeral 3 al artículo 272; todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 28

1...

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario público y dos funcionarios designados por el Instituto Federal Electoral, quienes certificarán: I al II ... b) ... I al V ...

2 ...

3 ...

Artículo 35

1 al 7 ...

8. Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 1 % del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

9 al 12 ...

13. Las agrupaciones políticas nacionales deberán acreditar una lista actualizada de sus miembros cada tres años ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Dicha lista deberá cumplir con el número mínimo de afiliados establecido en el inciso a) del numeral 1 de este mismo artículo.

14. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su registro;

e) Las demás que establezca este código.

Artículo 35-A

a) Las agrupaciones políticas nacionales deberán presentar cada año un inventario de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con el financiamiento público otorgado por el Instituto.

b) Los bienes a los que se refiere el inciso anterior pasarán a ser parte del patrimonio público de la federación cuando las agrupaciones políticas nacionales pierdan su registro.

Artículo 38

1 ...

a) al s) ...

t) Los partidos políticos deberán presentar cada año un inventario de los bienes muebles e inmuebles que adquirieron con el financiamiento público otorgado por el Instituto.

Artículo 49

1 a 6 ...

7 ...

a) ... I a IV ...

V ...

El 20% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria, a los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión.

El 80% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.

VI ...

VII ...

VIII ...

b) ... I. En el año de elección en que se renueve la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.

En el año de elección en que se renueve únicamente a los integrantes de la Cámara de Diputados, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 50 por ciento del financiamiento por actividades permanentes que le corresponda en ese año.

II ...

c) ...

8 ...

a) Se le otorgará a cada partido político el 1% del monto total del financiamiento de los partidos políticos en el año que corresponda.

b) ...

9 a 11 ...

Artículo 49 -B

1 ...

2 ...

a) al g) ...

h) En todo momento, la Comisión de Fiscalización podrá requerir a cualquier empresa de carácter mercantil o persona física con actividades empresariales, mediante solicitud escrita, información relativa a su facturación con los partidos y agrupaciones políticas nacionales. En la misma solicitud en la que se les requiera la información y documentación a que se hace referencia en este inciso, se establecerán los plazos en que dichas personas deberán hacer entrega de la misma, que en ningún caso será mayor de 15 días hábiles.

i) En todo momento, la Comisión de Fiscalización podrá solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información referente a las operaciones bancarias y financieras de los partidos y las agrupaciones políticas nacionales. La solicitud deberá hacerse por escrito y en ella se establecerán los plazos en los que se deberá hacer entrega de la información y documentación requerida, que en ningún caso será mayor de 45 días hábiles.

Quien incumpla con esta disposición incurrirá en el delito de falsedad de declaraciones. El Instituto Federal Electoral presentará la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

j) Presentar al Consejo General los dictámenes que formulen respecto de las auditorías y verificaciones practicadas;

k) Informar al Consejo General, de las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos y las agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos; el incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, de las sanciones que a su juicio procedan;

l) Proporcionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo;

m) Las demás que le confiere este Código.

3 a 4 ...

5. La Comisión de Fiscalización para el desahogo de cualquiera de los procedimientos establecidos en este Código, podrá hacer uso de todas las atribuciones a las que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, según sea el caso.

Artículo 52-A

1. A los partidos y las agrupaciones políticas nacionales no les es aplicable la reserva establecida en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando, en uso de las facultades que le confiere este Código, el Instituto Federal Electoral solicite por escrito a las autoridades correspondientes información y documentación relacionada con sus operaciones bancarias y financieras.

Artículo 58

1 a 8 ...

9. Los votos de los partidos políticos que se hubieren coaligado se computarán individualmente a favor del partido que los haya obtenido y se sumarán a favor del candidato de la coalición.

10 ...

Artículo 59

1 ...

a) al c) ...

d) Cada uno de los partidos políticos coaligados participará en el proceso electoral con su propio emblema.

e) Participará en el proceso electoral bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que haya aprobado la coalición.

2 a 4 ...

Artículo 61

1 ...

a) ...

b) Cada uno de los partidos coaligados participará en las campañas de las entidades correspondientes con su propio emblema.

c) a h) ...

2 a 6 ...

Artículo 62

1 ...

a) ...

b) Cada uno de los partidos coaligados participará en las campañas en los distritos correspondientes con su propio emblema.

c) a h) ...

2 a 6 ...

Artículo 63

1 ...

a) a d) ...

e) En su caso, se deberá acompañar la declaración de principios, programa de acción y estatutos respectivos de la coalición, o bien, la plataforma electoral en coaliciones parciales, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;

f) a h) ...

i) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos y

j) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién ostentaría la representación de la coalición.

2 a 3 ...

Artículo 67

1 a 3 ...

4. Los bienes a que se refiere el inciso t del artículo 38 ambos de este Código, que sean adquiridos por los partidos políticos a través del financiamiento público, pasarán a ser parte del patrimonio público de la federación cuando los partidos pierdan su registro. La declaratoria de la Junta General Ejecutiva y la resolución del Consejo General a las que hacen referencia los párrafos 1 y 2 del presente artículo, establecerán la obligación para los partidos políticos que hayan perdido su registro de presentar, en un plazo de 30 días hábiles, el inventario final de todos los bienes con que cuenten. El Instituto Federal Electoral, a través de su secretario ejecutivo, hará del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito el referido inventario, para los efectos a que haya lugar.

5. Los partidos políticos que pierdan su registro de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 del presente Código, serán sujetos a las normas contenidas en él hasta que finalice el proceso de fiscalización de los recursos utilizados en el último proceso electoral en el que hayan participado. La pérdida del registro no exime a dichos partidos de las responsabilidades en que hayan incurrido con motivo del ejercicio de sus derechos y prerrogativas.

Artículo 175-A

1. Los procesos de selección interna de candidatos a la presidencia de la República, de los partidos políticos, se realizarán dentro de los 90 días antes de la fecha en la que tenga lugar el registro de candidatos.

Artículo 177

1 ...

a) a d) ...

e) Para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 al 15 de marzo inclusive, por el Consejo General.

2 ...

Artículo 185

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político que ha registrado al candidato.

2 ...

Artículo 197

1 y 2 ...

3. En cada distrito electoral se podrán instalar hasta 10 casillas especiales. El número y ubicación serán determinados por el Consejo Distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.

Artículo 205

1 ...

2 ...

a) a b) ...

c) Color o combinación de colores y emblema del partido político nacional;

d) a j) ...

3 a 5 ...

6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos coaligados y los nombres del o de los candidatos aparecerán en el espacio y con las dimensiones que les corresponden a cada uno.

Artículo 206

1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación de registro, o sustitución de uno o más candidatos, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos general, locales o distritales correspondientes.

Artículo 218

1 al 5 ...

6. Cuando se hubiere postulado algún o algunos candidatos o fórmulas de candidatos por parte de una coalición, el Consejo General dispondrá de las medidas necesarias para que en el momento de la elección, los electores cuenten con la información necesaria respecto de la forma en que deberán emitir válidamente su voto.

Artículo 223

1 ...

a) Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales cuando se encuentre dentro de la sección electoral que comprenda a su domicilio;

b) El elector además de exhibir su credencial para votar, a requerimiento del presidente de la mesa directiva, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla; y

c) El secretario de la mesa directiva procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la credencial para votar del elector.

2 ...

a) Si el elector se encuentra fuera de su sección pero dentro de su distrito podrá votar por diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, por senador por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la mesa directiva le entregará la boleta única para la elección de diputados, y las boletas para la elección de senadores y Presidente.

b a d ...

3 a 4 ...

Artículo 227

1 ...

2. Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, pero que no marcó un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político.

3 ...

Artículo 229

1 ...

2. Se deroga.

Artículo 230

1 ..

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político;

b) y c) ...

Artículo 246

1 ...

2 ...

3. Para efectos del cómputo de cada una de las elecciones, la votación total de aquellos candidatos postulados por una coalición será la que resulte del cómputo de todos los votos emitidos a favor del candidato o fórmula, con independencia del partido político al que sean asignados.

4. Los consejos distritales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que los miembros del servicio profesional electoral puedan sustituirse o alternarse entre si en las sesiones o que puedan ser sustituidos por otros miembros del servicio profesional electoral de los que apoyen a la junta distrital respectiva y asimismo, que los consejeros electorales y representantes de partidos políticos acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que participen en ellas, de manera que se pueda sesionar permanentemente.

5. Los consejos distritales, deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.

Artículo 272

1 ...

2 ...

3. A quien incumpla las obligaciones establecidas en los artículos 48, párrafo 13; 49, párrafo 2 y 49-B, párrafo 2, inciso h), se le sancionará con multa que establecerá el Consejo General y que será enterada en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá informada al Instituto Federal Electoral sobre el estado que guarde el entero de la multa impuesta por la autoridad electoral hasta que se haga efectivo su pago.

Artículo Segundo. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 69. ...

...

...

...

...

La reserva de información a que se refiere este artículo, no resulta aplicable para los casos en que la información sea solicitada por el Instituto Federal Electoral en el ejercicio de sus atribuciones legales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas.

Artículo Tercero. Se modifica el párrafo primero del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales y el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales y de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas nacionales, respectivamente. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las reformas de la fracción V del inciso a) del numeral 7 del artículo 49 entrarán en vigor una vez que se hayan resuelto todos los juicios de inconformidad y recursos de reconsideración interpuestos por los partidos políticos nacionales en relación al proceso electoral federal del año 2007.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 27 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Juan José Rodríguez Prats (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats . Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia da un cordial saludo a la Universidad Interamericana para el Desarrollo y al Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, que se encuentran con nosotros hoy.

REFORMA POLITICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Alfredo Ríos Camarena , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para la reforma política del Estado mexicano.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena:Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena : Vengo a esta tribuna a hacer un llamado a la conciencia legislativa y jurídica de los señores diputados. Me voy a referir a la llamada --mal llamada, para mi gusto-- Ley de Reforma del Estado.

Vengo a proponer no una ley, sino un decreto. Vengo a tratar de inscribir en un marco jurídico solvente, con una actitud responsable, lo que debe ser el camino --que aplaudo-- del Senado de la República. El Senado de la República, el pasado día 23, por unanimidad aprobó esta minuta que hoy se encuentra en esta Cámara; sin embargo, es preciso hacer algunas modificaciones y enriquecer este proyecto.

Para empezar, yo no pienso de ninguna manera que se trate de una ley. La ley tiene el carácter --como todos lo sabemos-- de regular asuntos generales, impersonales abstractos y no es el caso de este instrumento que se ha presentado en esta Cámara; sin embargo, el artículo 70 constitucional establece con claridad qué es lo que hace el Congreso.

El Congreso tiene la obligación y hace toda resolución que tenga, tiene el carácter de ley o decreto. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el decreto? El decreto tiene un carácter personal, tiene un carácter concreto. Esto se estableció con claridad en la Constitución centralista de 1836; pero a mayor abundamiento, todos los teóricos que han estudiado esto, empezando por Emilio O. Rabasa y siguiendo por los nuevos --ya no tan nuevos-- constitucionalistas como el doctor Burgoa, están claros en la interpretación de lo que es un decreto. Se quitó de la Constitución, en la del 57 y en la de 1917; pero ahí está el espíritu que finalmente recoge la Corte.

Ya la Corte estableció en ejecutoria de todo el pleno de la Corte, lo que significa un decreto que sí se puede aplicar a un instrumento jurídico respetable, donde todos nos pongamos de acuerdo para hacer un gran pacto, un acuerdo que logre modificaciones sustanciales de reforma política, como muchas de las que mencionó mi antecesor hace unos minutos.

Tenemos que tener la voluntad, porque así lo exige el pueblo de México, de ir por encima de nuestras diferencias de fracción parlamentaria, para conciliar acuerdos que le den en este momento al pueblo una solución. Eso pretende el Senado de la República, eso pretendemos nosotros. Solamente que no podemos cometer un error tan grave como de llamar ley a lo que no es ley, sobre todo cuando la Constitución de la República establece con claridad mecanismos para formular un decreto al respecto.

Por otra parte, tampoco es de reforma del Estado. El Estado, en la vieja concepción de Jelinek y de todos los teóricos, se establece con tres elementos básicos: pueblo, gobierno y territorio. Para que una reforma sea de Estado debe transitar por estos tres temas, que los recoge perfectamente la parte orgánica de la Constitución, en donde se va reflejando cada uno de estos aspectos torales del constitucionalismo mexicano que le dan la característica de Estado al Estado nacional mexicano. Por eso propongo una reforma política del Estado nacional mexicano que acredite los puntos de vista que ya concilió el Senado con algunos cambios no muy importantes, pero creo que deben tomarse en cuenta. Uno de ellos sería incorporar al Poder Judicial Federal para que participe en el debate de esta llamada reforma del Estado que yo califico como ``reforma política''.

Otro tema muy importante para esta Cámara, es que hay paridad. El proyecto del Senado no nos da paridad entre el Senado y la Cámara de Diputados y ambos tenemos el mismo valor constitucional, por lo que debe reformarse esa minuta presentada por el Senado.

No vengo a oponerme. No vengo a impedir o poner trabas a algo que está requiriendo la nación, vengo a apoyar a plenitud al Senado de la República, a la fracción parlamentaria del PRD que a través de Juan N. Guerra, presentó también una iniciativa en estos textos. Vengo a pensar como piensan muchos de mis compañeros del PAN, porque esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de teoría jurídica, de interpretación jurídica y de responsabilidad legislativa.

No podemos pasar en esta Legislatura como ignorantes de temas sustanciales de la interpretación jurídica y del proceso legislativo. Tomemos mucho de lo que trae el Senado. Tomemos mucho de lo que han aportado otros compañeros y fijemos las bases de un decreto que verdaderamente conmueva a la nación y nos permita encontrar caminos para una reforma de fondo del sistema político mexicano.

Ya está inscrita y publicada en la Gaceta del día de hoy esta iniciativa. Sólo me resta convocar a mis compañeros, todos, más a los abogados, más a los que como yo nos dedicamos a la actividad académica a que reflexionen. No se trata de pugnas, eh. No se trata de enmendar planas. Se trata simplemente de darle dignidad, de darle conocimiento, de darle jerarquía a esta Cámara de Diputados que lo merece, por la presencia de diputados tan importantes y tan distinguidos y tan ilustres como los que están aquí presentes.

Creo que todos juntos en un esfuerzo supremo, podemos salir adelante para abrir mejores caminos para México. Es el tiempo y es el momento. La historia lo requiere. Muchas gracias, señores diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto, para la reforma política del Estado mexicano, a cargo del diputado Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del PRI

Alfredo Ríos Camarena , diputado a esta Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 40, 43 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para los efectos constitucionales procedentes iniciativa de decreto para la reforma política, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de febrero pasado el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley para la Reforma del Estado, que fue recibida en esta Cámara de Diputados mediante minuta el pasado 15 del actual, turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que preside el diputado Carlos Chaurand Arzate .

Ya antes, el 21 de noviembre del año pasado, el diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados, también había presentado otra iniciativa de reforma del Estado.

Ambos documentos son un esfuerzo por destrabar diversas reformas impostergables para el desarrollo del país, por lo que merecen mi reconocimiento y apoyo.

No obstante, existen algunos puntos que pueden mejorar sustancialmente la iniciativa aprobada por el Senado, que se señalan a continuación.

El artículo 70 constitucional, en su primer párrafo, señala: ``Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto''. El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo. El segundo, corresponde a las que, dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.

El artículo 70 constitucional, en su primer párrafo, señala: ``Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto''.

Esta frase fue tomada del artículo 43, Ley Tercera de la Constitución centralista de 1836; pero tanto la Constitución de 1957 como la de 1917 omitieron una definición sobre ambos términos (ley y decreto), que si se halla en la mencionada Constitución centralista y que según Emilio Rabasa, es la mejor definición que podemos encontrar en nuestras leyes positivas.

El citado artículo 43 de la Constitución de 1936 definía: ``Toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo. El segundo, corresponde a las que dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.''

El doctor Burgoa comenta: ``Ambas denominaciones (ley y decreto) no sólo tienen implicación terminológica o meramente formal, sino que expresan la distinta naturaleza intrínseca o material de los actos que provienen de dicho organismo (el Congreso y sus Cámaras). Así, cuando se trata de la creación de normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, el acto respectivo es una ley; en tanto que los actos no legislativos, esto es, los político-administrativos y los político-jurisdiccionales que inciden dentro de su competencia constitucional, son decretos en sentido estricto, teniendo los atributos contrarios, a saber: la particularidad, la concreción y la personalidad''.¹

Cabe destacar que nuestra Constitución vigente es confusa, pues mientras en el artículo 70 ya comentado usa ambos términos en sentido estricto, desde el punto de vista formal; en cambio, en la acepción que da a la palabra ``ley'' en el artículo 133, se refiere a cualquier acto del Congreso, incluyendo los decretos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la diferencia entre la ley y el decreto es que, mientras la primera es general y abstracta, en el decreto se trata de disposiciones concretas --es decir, particulares y parciales--, con vigencia limitada en espacio, tiempo, lugar, corporaciones, establecimientos y/o personas, lo que hace que se restrinja el campo de su ejecución. Como vemos, la Suprema Corte ha tomado casi literalmente la definición de la Constitución de 1836.

Decreto, del latín decretum, es una resolución de carácter legislativo expedida ya sea por el titular del órgano ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas o bien por el órgano legislativo realizando, propiamente, su actividad legislativa.

Un decreto es un acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior al de las leyes.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia emitida por el Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 256, ha establecido que la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. La generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue.

Finalmente, la reforma propuesta por el Senado de la República no es una reforma del Estado, puesto que no incide en los elementos constitutivos del Estado, que son, a saber: población, territorio, gobierno y orden constitucional. Nuestra Constitución es un reflejo, en su parte orgánica, de estos elementos que son tratados en diversos capítulos, los cuales deberían ser reformados para que nos encontráramos frente a una auténtica reforma del Estado.

Por otro lado, si se trata de una reforma en la que va estudiarse al Poder Judicial, justo es que también participe, razón por la que se propone la inclusión del Poder Judicial federal en la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, dado que ambas Cámaras poseen igual jerarquía constitucional, se propone que la representación de éstas, en los trabajos para la reforma propuesta, sea en forma paritaria.

Expuesto todo lo anterior, y de conformidad con las disposiciones legales antes invocadas, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto para la reforma política

Artículo Único. Se expide el decreto para la reforma política, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 1. La reforma política es de interés público y las normas contenidas en el presente decreto son de observancia obligatoria para las Cámaras que integran el Poder Legislativo de la Unión.

Artículo 2. Se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de reforma política en México. En lo sucesivo se denominará Comisión Ejecutiva.

Artículo 3. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada Grupo Parlamentario en ambas cámaras y los presidentes de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores y de Diputados. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal, uno del Poder Judicial Federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales.

Artículo 4. La Comisión Ejecutiva será presidida en forma rotatoria en periodos de tres meses cada uno, por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Presidente de la Comisión para la Reforma del Estado de la Cámara de Senadores, el presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados y por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el orden enunciado.

La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conducir y coordinar el proceso para la reforma política;

II. Integrar e instalar las subcomisiones previstas en el presente ordenamiento y los grupos que sean necesarios para la realización de los trabajos y la consulta;

III. Expedir el reglamento interno, las convocatorias y otros instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en la materia y ciudadanos;

IV. Presentar a la Cámara de Diputados y de Senadores, según sea el caso, las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo; y

V. Interpretar los alcances del presente decreto y emitir los lineamientos, normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 5. La Comisión Ejecutiva contará con las subcomisiones Redactora, y de Consulta Pública. Asimismo, tendrá facultades para integrar otras subcomisiones, grupos de trabajo específicos y establecer cualquier forma de trabajo que estime pertinente.

La Comisión Ejecutiva contará con un secretario técnico, que será el responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar a su cumplimiento, así como proveer la relatoría y el apoyo logístico necesario para el desahogo de cada uno de los temas convenidos en el presente ordenamiento y de conformidad con los términos de la convocatoria que al respecto se emita. Será propuesto por el presidente de dicha comisión y su nombramiento deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la misma.

Artículo 6. La Subcomisión Redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales, de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional, que podrán ser o no, legisladores federales.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado, a solicitud de la Comisión Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba de la misma.

Artículo 7. La Subcomisión de Consulta Pública será un órgano operativo dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará por seis representantes de cada una de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

La Subcomisión de Consulta Pública tendrá como funciones organizar la consulta pública nacional para la reforma política, en los términos de la convocatoria respectiva que al efecto emita la Comisión Ejecutiva y conforme a las indicaciones que ésta formule.

Artículo 8. Para que la Comisión Ejecutiva y las subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. Las decisiones y acuerdos se tomarán por las dos terceras partes de los presentes. Las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva sólo serán válidas siempre y cuando el número de suplentes que concurran en lugar de los miembros titulares no sea mayor de cinco.

Los presidentes de la Comisión Ejecutiva y de las subcomisiones podrán ausentarse de las sesiones hasta por tres veces consecutivas, para lo cual nombrarán un presidente suplente entre los miembros que integren el órgano respectivo.

Artículo 9. El proceso de negociación y construcción de acuerdos para la reforma política constará de las siguientes etapas:

I. Presentación de propuestas;

II. Consulta pública;

III. Negociación y construcción de acuerdos;

IV. Redacción de los proyectos;

V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas; y

VI. Proceso legislativo.

Artículo 10. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y todos los que participen en la consulta, deberán entregar a la propia comisión sus propuestas concretas de reforma en los temas que establece el presente decreto, conforme a los requisitos y en los plazos que determine la Comisión Ejecutiva en la convocatoria que al efecto expida.

Artículo 11. Conforme se logren los acuerdos en la Comisión Ejecutiva o se concluya cualquiera de los temas a que se refiere el presente decreto, se elaborarán las iniciativas que expresen estos acuerdos y podrán ser suscritas por los legisladores que la integran que así lo decidan; éstas se presentarán a la Cámara que corresponda.

Artículo 12. Los temas sobre los que deberán pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales serán:

I. Régimen de Estado y gobierno;

II. Democracia y sistema electoral;

III. Federalismo;

IV. Reforma del Poder Judicial;

V. Reforma hacendaria, y

VI. Garantías sociales.

En caso de que surgieren otros temas de interés, inherentes a la reforma política, éstos podrán seguir el procedimiento señalado en la presente ley. Para ello será necesario que antes se hayan completado los trabajos concernientes a los temas de pronunciamiento prioritario que señala este artículo y que se esté en posibilidades de concluir los nuevos temas durante el periodo de vigencia del presente ordenamiento.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá quedar integrada e instalada dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en vigor de este decreto.

Tercero. La Comisión Ejecutiva deberá, dentro de los quince días naturales siguientes a su instalación, integrar e instalar las subcomisiones Redactora y de Consulta Pública.

Cuarto. La Comisión Ejecutiva y las subcomisiones deberán aprobar sus reglas y lineamientos de operación a más tardar en la sesión inmediata posterior a la de su instalación.

Quinto. La Comisión Ejecutiva deberá expedir la Convocatoria para la Consulta Pública de la reforma política, dentro de los treinta días naturales siguientes a partir de la instalación de ésta.

Sexto. A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de este decreto, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos, que estimen pertinentes los poderes Legislativo y Ejecutivo de la federación.

Séptimo. El presente decreto para la reforma política concluirá su vigencia transcurridos doce meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho constitucional mexicano, p. 709.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Alfredo Ríos Camarena (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias diputado Alfredo Ríos Camarena . Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DE CABILDEO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal de Cabildeo.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante diputado.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva:Compañeras y compañeros. Someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley Federal de Cabildeo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El cabildeo, entendido como un ``proceso a través del cual grupo de interés y sectores de la sociedad buscan incluir en quienes tienen la facultad de legislar y de decidir en la administración pública federal'', no ha sido regulado en nuestro país pese a que constituye una práctica común.

Precisamente por ser una actividad que establece lazos de comunicación entre sectores de la sociedad y las instituciones, debió ya haber sido objeto de revisión, análisis y sobre todo regulación. Sin embargo, por estar alejado del escrutinio público, se ha convertido en ocasiones en instrumento para comprar conciencias.

Cabildear no es una actividad nueva en México, es una práctica que se desarrolla tanto en el ámbito legislativo, como del Poder Ejecutivo. En los corredores de las oficinas del Presidente, era donde se llevaba a cabo, por haber sido éste el centro de las decisiones políticas. Así ha subsistido por varias décadas como una actividad secreta, ajena a cualquier tipo de revisión o explicación de cara a la sociedad.

En la práctica, el cabildeo se presenta bajo un esquema en el que las empresas dedicadas a dar este servicio reclutan con tal propósito a ex legisladores o ex funcionarios públicos en razón del conocimiento que poseen sobre el proceso legislativo, las relaciones que establecen y el manejo de los tiempos para incidir en las decisiones que se habrán de tomar.

Actualmente, la alternancia del poder, el desgaste de la figura presidencial y la gran relevancia que el Congreso ha adquirido, en razón del pluralismo en su integración, han venido a trasladar gran parte de esta actividad hacia las Cámaras del Congreso de la Unión, escenario natural del cabildeo.

No obstante, los servicios de cabilderos se siguen prestando en las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, sin que exista norma alguna que regule los términos y condiciones en que se desarrolla.

Por la pérdida de influencia del Ejecutivo federal, ahora tiene que negociar muchas veces con los legisladores apoyos para su agenda de gobierno, sin que se conozcan quiénes cabildean, en qué términos lo hacen qué asuntos abordan y los resultados de sus reuniones.

No podemos permitir, por ejemplo, que quien por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había sido nombrado Presidente Electo, sin haber tomado la protesta de ley, es decir, sin aún ser Presidente, ya estaba negociando con personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, la riqueza nacional que representa el sector energético, sin que la sociedad conociera los términos de estas reuniones.

En Convergencia tenemos claro que el cabildeo, en un contexto plural y democrático, puede ser un vehículo para hacer avanzar diferentes iniciativas ciudadanas y defender de manera legítima ciertos intereses.

En este sentido, la presente iniciativa enmarcada en el ámbito del combate a la corrupción, junto con otras iniciativas como la que presentamos sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona el Capítulo VII y el artículo 47 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un código de ética y un consejo de ética, busca sentar las bases que regulen una actividad que se realiza sin ningún tipo de escrutinio y, en consecuencia, dotar al ejercicio del cabildeo de la mayor transparencia posible.

Debemos dar oportunidad a que los grupos y los sectores sociales interesados en influir en las decisiones del Congreso, y en el ámbito del Poder Ejecutivo, puedan llevar a cabo tareas de cabildeo de manera complementaria al proceso legislativo y al trabajo administrativo y no en sustitución de ambos.

La presente iniciativa, pues, procura recoger todos los aspectos del cabildeo que creemos es imperativo regular ya. Para ello se analizaron las propuestas presentadas en anteriores legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y obviamente las que se han presentado también en esta legislatura.

Dicho análisis nos permitió identificar aspectos comunes en las mencionadas iniciativas, pero sobre todo nos planteó la necesidad de transparentar la actividad del cabildeo.

Por ello, el objeto de la Ley Federal de Cabildeo es regular y controlar cualquier comunicación escrita o electrónica tendiente a formular, modificar, abrogar o derogar leyes, decretos o acuerdos del Congreso de la Unión o que pretenda influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas de cada entidad, dependencia u organismo de la administración pública federal correspondiente, llevada a cabo por personas físicas o morales a favor de sus intereses, los de sus clientes o de sectores sociales en el caso de la gestión de causas legítimas, reconociéndole un carácter profesional a la actividad de cabildeo.

En el apartado relativo a las normas de conducta ética de los cabilderos se delimitan sus obligaciones e incompatibilidades, se precisa que es obligación de los cabilderos informar sobre los proyectos específicos que atienden, con qué grupos o personas celebran reuniones de acercamiento y el éxito o fracaso obtenido, ya sea en el ámbito del Poder Legislativo, como del Ejecutivo federal.

Con esta norma se delinea un código de ética que fija reglas de conducta para cabilderos, clientes de éstos, legisladores y funcionarios del Congreso, así como para cabilderos, clientes de éstos y funcionarios del Ejecutivo federal.

En este rubro destacan las siguientes reglas éticas: los funcionarios y empleados, tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo federal, no podrán aceptar regalos de ninguna especie para ellos o para miembros de su familia. Se prohíbe a funcionarios y empleados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal aceptar comidas, alojamiento o algún tipo de servicio, de parte del cabildero o cliente de éste, ya sea para ellos o para miembros de su familia.

El cabildero y el cliente deberán de abstenerse de ofrecer cualquier tipo de pago o dádiva en dinero, especie o servicios a miembros del Congreso y a funcionarios de la administración pública federal.

El cabildero y su cliente no podrán condicionar la prestación de sus servicios a la realización de reuniones en lugares ajenos a las instalaciones del Congreso o de las dependencias y entidades u organismos de la administración pública federal.

Todos los involucrados en cabildeo deberán actuar con probidad. Las partes deben denunciar la negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus funciones, de parte de funcionarios del Congreso o del Ejecutivo federal, de cabilderos con algún cliente.

Deberán declinar participar en algún asunto en el que exista relación entre el cabildero y algunos de sus clientes, sin notificar dichas circunstancias. No podrá suministrar a terceros información relacionada con algún asunto abordado en reuniones celebradas en Congreso o en dependencias y entidades u organismos de la administración pública federal. Guardar el secreto profesional sobre informaciones de carácter reservado producto de su actividad.

Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos no podrán recibir regalos o servicios de parte de cabilderos, clientes u otros servidores públicos o legisladores. Y los servidores públicos asignados como enlace ante los grupos legislativos o cabilderos al servicio de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, no podrán suministrar información ni celebrar contratos o convenios con terceras personas que no tengan calidad de servidores públicos.

Con estas reglas éticas se busca evitar actos de corrupción, tráfico de influencias y posibles faltas de probidad en las actividades de cabildeo.

Como parte de las acciones de control se propone la creación de un Registro Público de Cabildeo Legislativo, registro de los particulares con actividad profesional de seguimiento al trabajo legislativo que acceden al registro legislativo, cuya integración de actualización de prestadores de servicios, profesionales de cabildeo, estará bajo la responsabilidad del Consejo de Ética, cuerpo colegiado encargado de: promover entre los legisladores la observancia de los principios y valores establecidos en el Código de Ética Parlamentario; hacer un seguimiento de los posibles conflictos de interés de los diputados y hacer recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para prevenirlos; así como recibir, procesar y resolver con efectividad, oportunidad e imparcialidad las consultas o denuncias que presuntamente contravengan lo dispuesto por el Código de Ética Parlamentario que le sean remitidas por algún legislador o ciudadano por sí mismo.

También se propone un Registro Público de Cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal que estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, para darle efectividad a la Ley Federal de Cabildeo en lo relativo al registro y acceso al Congreso, así como respecto a las autoridades responsables del Registro Público de Cabildeo, se propone la adición de un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señora Presidenta, por economía procesal ruego se inscriba en el Diario de los Debates íntegra ésta iniciativa de ley que nos parece indispensable en el marco de los trabajos que actualmente desarrolla esta Legislatura. Gracias por su atención.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Cuauhtémoc Velasco Oliva , en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley Federal de Cabildeo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cabildeo, entendido como ``proceso a través del cual grupos de interés y sectores de la sociedad buscan influir en quienes tienen la facultad de legislar y de decidir en la administración pública federal'', no ha sido regulado en nuestro país pese a que constituye una práctica común.

Precisamente por ser una actividad que establece lazos de comunicación entre sectores de la sociedad y las instituciones, debió ya haber sido objeto de revisión, análisis y, sobre todo, regulación. Sin embargo, por estar alejada del escrutinio público se ha convertido en ocasiones en instrumento para comprar votos y conciencias.

Cabildear no es una actividad nueva en México; es una práctica que se desarrolla tanto en el ámbito legislativo como del Poder Ejecutivo. Y en los corredores de las oficinas del Presidente era donde más se llevaba a cabo, por haber sido éste el centro de las decisiones políticas. Así ha subsistido por varias décadas como una actividad secreta, ajena a cualquier tipo de revisión o explicación de cara a la sociedad.

En la práctica, el cabildeo se presenta bajo un esquema en el que las empresas dedicadas a dar este servicio reclutan con tal propósito a ex legisladores o ex funcionarios públicos en razón del conocimiento que poseen sobre el proceso legislativo, las relaciones que establecen y el manejo de los tiempos para incidir en las decisiones que se habrán de tomar.

Actualmente, la alternancia en el poder, el desgaste de la figura presidencial y la gran relevancia que el Congreso ha adquirido, en razón del pluralismo en su integración, han venido a trasladar gran parte de esta actividad hacia las Cámaras del Congreso de la Unión, escenario natural del cabildeo.

No obstante, los servicios de cabilderos se siguen prestando en las dependencias, las entidades y los organismos de la administración pública federal sin que exista norma que regule los términos y las condiciones en que se desarrolla.

Por la pérdida de influencia del Ejecutivo federal, ahora tiene que negociar con los legisladores apoyos para su agenda de gobierno, sin que se conozca quiénes cabildean, en qué términos lo hacen, qué asuntos abordan y los resultados de sus reuniones.

No podemos permitir, por ejemplo, que quien por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue declarado presidente electo, sin haber tomado la protesta de ley, es decir, sin aún ser presidente, ya estaba negociando con personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, la riqueza nacional que representa el sector energético, sin que la sociedad conozca los términos de esas reuniones.

En Convergencia tenemos claro que el cabildeo, en un contexto plural y democrático, puede ser un vehículo para hacer avanzar diferentes iniciativas ciudadanas y defender de manera legítima ciertos intereses.

En este sentido, la presente iniciativa, enmarcada en el ámbito del combate de la corrupción, junto con otras iniciativas, como la que presentamos recientemente relativa al proyecto de decreto que reforma y adiciona el Capítulo Séptimo y el artículo 47 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un código de ética y un consejo de ética, busca sentar las bases que regulen una actividad que se realiza sin ningún tipo de escrutinio y, en consecuencia, dotar al ejercicio del cabildeo de la mayor transparencia posible.

Debemos dar oportunidad a que los grupos y los sectores sociales interesados en influir en las decisiones del Congreso y del ámbito del Poder Ejecutivo puedan llevar a cabo tareas de cabildeo de manera complementaria al proceso legislativo y al trabajo administrativo, y no en sustitución de ambos.

La presente iniciativa procura recoger todos los aspectos del cabildeo que creemos imperativo regular ya. Para ello, se analizaron las propuestas presentadas en anteriores legislaturas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; una de ellas, en la presente legislatura, por parte de la diputada Sara I. Castellanos Cortés. Así, encontramos que se han presentado siete iniciativas de ley o decreto sobre el tema: cinco que buscan la elaboración de una ley y dos que proponen modificaciones y adiciones del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho análisis nos permitió identificar aspectos comunes en las mencionadas iniciativas, pero sobre todo nos planteó la necesidad de transparentar la actividad del cabildeo.

Destacan como objetivos del cabildeo la promoción de intereses en la iniciación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos, acuerdos o reglamentos competencia del Congreso, e influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo correspondan.

Por ello, el objeto de la Ley Federal de Cabildeo es regular y controlar cualquier comunicación escrita o electrónica tendiente a formular, modificar, abrogar o derogar leyes, decretos o acuerdos del Congreso de la Unión, o que pretenda influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo de la administración pública federal correspondan, llevada a cabo por personas físicas o morales, en favor de sus intereses, los de sus clientes o de sectores sociales (en el caso de la gestión de causas legitimas), reconociéndole un carácter profesional a la actividad del cabildeo.

En el apartado relativo a las normas de conducta ética de los cabilderos, se delimitan sus obligaciones e incompatibilidades. Se precisa que es obligación de los cabilderos informar sobre los proyectos específicos que atienden, con qué grupos o personas celebran reuniones de acercamiento y el éxito o fracaso obtenido, ya sea en el ámbito del Poder Legislativo como del Ejecutivo federal.

Con estas normas se delinea un código de ética que fija reglas de conducta para cabilderos, clientes de éstos, legisladores y funcionarios del Congreso, así como para cabilderos, clientes de éstos y funcionarios del Ejecutivo federal. En este rubro destacan las siguientes reglas éticas:

Los funcionarios y empleados tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo federal, no podrán aceptar regalos de ninguna especie, para ellos o para miembros de su familia;

Se prohíbe a funcionarios y empleados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal aceptar comidas, alojamiento o algún tipo de servicio de parte del cabildero o cliente de éste, ya sea para ellos o para miembros de su familia;

El cabildero y el cliente deberán abstenerse de ofrecer cualquier tipo de pago o dádiva en dinero, especie o servicios a miembros del Congreso y funcionarios de la administración pública federal;

El cabildero y su cliente no podrán condicionar la prestación de sus servicios a la realización de reuniones en lugares ajenos a las instalaciones del Congreso o de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal;

Todos los involucrados en el cabildeo deberán actuar con probidad;

Las partes deben denunciar la negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus funciones de parte de funcionarios del Congreso o del Ejecutivo federal, de cabilderos o de algún cliente;

Deberán declinar participar en algún asunto en el que exista relación entre el cabildero y alguno de sus clientes y notificar dicha circunstancia;

No podrá suministrar a terceros información relacionada con algún asunto abordado en reuniones celebradas en el Congreso o en dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal;

Guardar el secreto profesional sobre informaciones de carácter reservado producto de su actividad;

Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos no podrán recibir regalos o servicios de parte de cabilderos, clientes u otros funcionarios públicos o legisladores; y

Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos o cabilderos al servicio de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, no podrán suministrar información ni celebrar contratos o convenios con terceras personas que no tengan la calidad de servidores públicos.

Con estas reglas éticas se busca evitar actos de corrupción, tráfico de influencias y posibles faltas de probidad en las actividades de cabildeo.

Como parte de las acciones de control, se propone la creación de un registro público de cabildeo legislativo, en sustitución del Registro de los particulares con actividad profesional de seguimiento al trabajo legislativo, que acceden al recinto legislativo, cuya integración y actualización de prestadores de servicios profesionales de cabildeo estará bajo la responsabilidad del Consejo de Ética, cuerpo colegiado encargado de promover entre los legisladores la observancia de los principios y valores establecidos en el Código de Ética Parlamentario, hacer un seguimiento de los posibles conflictos de interés de los diputados y hacer recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para prevenirlos, así como recibir, procesar y resolver con objetividad, oportunidad e imparcialidad las consultas o denuncias que presuntamente contravengan lo dispuesto por el Código de Ética Parlamentario que le sean remitidas por algún legislador, ciudadano o por sí mismo.

También se propone un registro público de cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal, que estará a cargo de la Secretaría Función Pública.

Toda persona que pretenda cabildear deberá presentar ante dicho consejo de ética y ante la Secretaría de la Función Pública la información siguiente:

Nombre, dirección, teléfono, principal lugar de negocios y una descripción general de las actividades de la persona o empresa quien se registra;

Nombre, dirección y principal lugar de trabajo del cliente que lo contrató;

El nombre, cargo y la dependencia, entidad u organismo en que labora el servidor público asignado específicamente como enlace ante los órganos legislativos, tratándose de servidores de la administración pública federal;

Las principales áreas de interés del trabajo legislativo en las cuales quien se registra espera cabildear en nombre del cliente;

El nombre de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente, con la anotación de si esas personas se han desempeñado como funcionarios públicos del Congreso de la Unión en los tres años anteriores y el cargo que ocuparon;

Comprobante de domicilio oficial de la empresa o persona quien se registra;

Comprobante de domicilio oficial de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente;

Copia de identificación oficial de la persona que se registra;

Copia de identificación oficial de cada empleado que vaya a actuar como cabildero en nombre del cliente;

Razón social; y

Acta constitutiva en el caso de las personas morales.

Es importante destacar que para ejercer la actividad profesional de cabildeo, todo interesado, además de estar previamente inscrito en alguno de los mencionados registros, deberá contar con la cédula respectiva (es decir, gafete o credencial que le permitirá el acceso a las instalaciones del Congreso o del Ejecutivo federal), expedida por el área encargada del Registro, con posibilidad de ser renovada cada tres años.

Adicionalmente, cada cabildero tendrá la obligación de presentar un informe semestral ante el Consejo de Ética o la Secretaría de la Función Pública para el caso del cabildeo ante la administración pública, el cual debe contener los datos siguientes:

Altas y bajas de sus clientes;

Los medios utilizados para contactar a sus clientes;

Los temas tratados;

Los intereses promovidos;

Los resultados obtenidos;

Los ingresos y los egresos producto del servicio profesional de cabildeo; y

Cualquier variación de los datos proporcionados al registro.

En el ámbito del derecho de acceso a la información, los datos proporcionados por la persona que desee prestar servicios de cabildeo, serán de acceso público a quien tenga interés en consultarlos y la misma deberá estar disponible en la páginaweb tanto del Congreso como de la Secretaría de la Función Pública. De lo que se trata es de hacer del conocimiento público la identidad y las actividades de los cabilderos.

A fin de dar efectividad a la Ley Federal de Cabildeo, en lo relativo al registro y acceso al Congreso, así como respecto a las autoridades responsables del Registro Público de Cabildeo, se propone la adición de un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el propósito de que el cabildeo se realice con la mayor transparencia posible, la información relativa a los esquemas de deliberación de los legisladores en comisiones y comités deberá ser pública, difundirse la agenda de las reuniones con fechas, temas por tratar y participantes, así como llevar un registro nominal de las votaciones.

Igualmente, se establece la obligación de los cabilderos y servidores de la administración pública federal, de informar sobre cualquier reunión o contacto, por escrito, de manera verbal o electrónica, con grupos de interés del sector privado, identificando a los involucrados, la agenda de trabajos con fechas de reuniones, temas a tratar y el resultado de las mismas.

Dentro del cabildeo no podemos pasar por alto el trabajo de las organizaciones, grupos o sectores de la sociedad civil y personas en lo individual que, preocupadas por los problemas de salud, educación, vivienda o cualquier otra vinculada a derechos e intereses de grupos socialmente vulnerables, establecen contacto con integrantes del Congreso o del Poder Ejecutivo federal para realizar gestión de causas legítimas.

La gestión de causas legítimas comprende las acciones emprendidas por un grupo de la sociedad civil o una persona en lo individual con el objetivo de representar y perseguir intereses de los mismos grupos o personas que no implican necesariamente el ejercicio profesional del cabildeo, sino la búsqueda de mejor calidad de vida en términos de salud, educación, vivienda, alimentación, medio ambiente, no discriminación, legalidad, seguridad pública, etcétera.

La presente iniciativa no busca afectar derechos de esos grupos vulnerables y, con tal propósito, se les exceptúa de la obligación de inscribirse en el registro y de obtener cédula de cabildero. Bastará que se lleve a cabo la anotación respectiva en el registro. No requerirán inscripción ni cédula quienes representen intereses o derechos de grupos relacionados con personas con capacidades diferentes; mujeres; personas de la tercera edad; niños y niñas; migrantes; indígenas; personas con VIH/sida; minorías sexuales; trabajadores; cooperativistas; campesinos y cualquier otro grupo en situación social vulnerable.

Finalmente, la iniciativa contiene un apartado relativo a las responsabilidades de los involucrados en el cabildeo. De entrada, cualquier incumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Cabildeo, por parte de los servidores públicos de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de servidores públicos del Ejecutivo federal, será causa de responsabilidad administrativa y la denuncia podrá ser presentada por cualquier ciudadano. Entre estas causas se encuentran:

Solicitar o recibir cualquier tipo de pago o dádiva en dinero, especie o servicios de parte de personas que se dediquen profesionalmente al cabildeo;

Condicionar la prestación de sus servicios a la intervención de personas dedicadas al cabildeo;

Actuar con negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus funciones;

Proporcionar información falsa por parte del cabildero, que derivará en el retiro de la cédula y su baja del registro;

Realizar actividades de cabildeo sin contar con cédula ni estar inscrito en el Registro, con la consecuente multa;

Omitir presentar el informe de actividades semestral que establece esta ley;

Acceder al recinto legislativo o a alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, a cabildear sin notificarlo o estando bajo alguno de los impedimentos comprendidos dentro de la ley; y

Cabildear aun cuando el cabildero haya sido legislador en la última legislatura, a fin de evitar cualquier uso de la información que se allegó siendo legislador y lo coloque en una posición de ventaja frente a los demás cabilderos.

Ante cualquier violación de la ley, se propone la suspensión del registro hasta por seis meses; la pérdida del registro; el retiro de la cédula; para el caso de servidores públicos asignados como enlace ante los órganos del poder legislativo, procederá la inhabilitación temporal en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y finalmente, multa de cincuenta a tres mil días de salario mínimo vigente al momento de la infracción.

Las sanciones mencionadas son independientes de las del orden civil o penales aplicables y la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de esta ley igualmente podrá ser sancionada en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En Convergencia tenemos presente que la gran desconfianza de la ciudadanía en las instituciones nos obliga a transparentar tanto las relaciones entre interés privado y trabajo legislativo, como entre interés privado y la administración pública. Hoy, tenemos la disyuntiva entre permitir el cabildeo profesional y la gestión de causas legítimas o tolerar el tráfico de influencias.

Por ello, la denuncia sobre la compra de conciencias para no incrementar el impuesto a los cigarros o la aprobación de las reformas a la denominada Ley Televisacon un claro beneficio a los grandes consorcios televisivos y el evidente apoyo de éstos a ciertos intereses políticos, son motivo suficiente para entrar al análisis serio y responsable de la presente iniciativa.

Insistimos: la actividad de cabildeo, en el ámbito donde se desarrolle, debe ser complementaria al proceso legislativo y a la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo correspondan, y no debe sustituirlos.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se expide la Ley Federal de Cabildeo

Primero. Se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Título Sexto

Capítulo Primero Del Registro y Acceso de Cabilderos

Artículo 136. Del registro. El Registro Público de Cabildeo Legislativo es la sección del Consejo de Ética donde se lleva a cabo la inscripción, integración y actualización de prestadores profesionales de cabildeo, así como el registro de personas físicas o morales y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o de derechos propios, gestionen causas sociales legítimas.

Artículo 137. De la autoridad encargada del registro. El Registro de Cabildeo Legislativo estará bajo la responsabilidad del Consejo de Ética en el ámbito de su competencia, quien será el encargado de integrar y actualizar el Registro Público de Cabilderos.

Capítulo Segundo Del Consejo de Ética

Artículo 138. Del Consejo de Ética. El Consejo de Ética es un cuerpo colegiado encargado de velar por los principios y valores éticos dentro del trabajo legislativo. Se creará un consejo de ética al inicio de cada legislatura, en base a los siguientes lineamientos:

A. Se integrará por siete ex-legisladores y tres personalidades de la sociedad civil que gocen de reconocido prestigio, autoridad moral, buena reputación y fama pública.

B. Las propuestas para integrar el Consejo de Ética, podrá realizarlas cualquier grupo parlamentario representado en el Congreso de la Unión, al inicio de cada legislatura.

C. La integración del Consejo de Ética deberá ser aprobada por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

D. Una vez aprobada la conformación del Consejo de Ética, sus integrantes elegirán de entre sus miembros a un presidente y un secretario, y emitirán un reglamento interno que norme el óptimo desempeño de sus funciones.

Artículo 139. De las funciones del consejo. Las funciones básicas que desarrollará el Consejo de Ética serán las siguientes:

1. Promover entre los legisladores la observancia de los principios y valores establecidos en el Código de Ética Parlamentario a que se refiere la fracción II de este artículo.

2. Hacer un seguimiento de los posibles conflictos de interés de los diputados y hacer recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para prevenirlos.

3. Recibir, procesar y resolver con objetividad, oportunidad e imparcialidad las consultas o denuncias que presuntamente contravengan lo dispuesto en la Ley Federal de Cabildeo; y que le sean remitidas por algún legislador, ciudadano o por sí mismo.

4. Guardar absoluta discreción y protección sobre los ciudadanos o legisladores que denuncien violaciones de la Ley Federal de Cabildeo, respecto al Código de Ética.

5. Prestar asesoría a los legisladores en todo lo relativo a la aplicación del Código de Ética contenido en la Ley Federal de Cabildeo; resolviendo las consultas que le formulen por escrito cuando tengan alguna duda, sobre su actuación o alcances de sus deberes en un caso concreto.

6. Rendir informes de manera oportuna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara del resultado de sus investigaciones y recomendaciones que emita sobre casos concretos de denuncias o violaciones del Código de Ética y de la Ley Federal de Cabildeo.

Artículo 140. De la obligación de informar al consejo. Para el óptimo funcionamiento del Consejo de Ética, los legisladores sin excepción, deberán contribuir y aportar cualesquier información que les sea requerida por dicho Consejo, e informar de manera oportuna de los regalos u obsequios superiores a dos mil pesos que reciba; de las labores de cabildeo que efectúe en la negociación de iniciativas de ley y de las ofertas de consultoría externa que reciba.

Artículo 141. De la solicitud de registro. Las solicitudes de registro ante las Cámaras deberán ser presentadas a través del Consejo de Ética, debiendo contener los datos y documentos siguientes:

a) Nombre, dirección, teléfono, principal lugar de negocios y una descripción general de las actividades de la persona o empresa quien se registra;

b) Nombre, dirección y principal lugar de trabajo del cliente que lo contrató;

c) El nombre, el cargo y la dependencia, entidad u organismo en que labora el servidor público asignado específicamente como enlace ante los órganos legislativos, tratándose de servidores de la administración pública federal;

d) Las principales áreas de interés del trabajo legislativo en las cuales quien se registra espera cabildear en nombre del cliente;

e) El nombre de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente, con la anotación de si esas personas se han desempeñado como funcionarios públicos del Congreso de la Unión o como Legisladores en los tres años anteriores y el cargo que ocuparon;

f) Comprobante de domicilio oficial de la empresa o persona quien se registra;

g) Comprobante de domicilio oficial de cada empleado que vaya a actuar como cabildero a nombre del cliente;

h) Copia de identificación oficial de la persona quien se registra;

i) Copia de identificación oficial de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente;

j) Razón social; y

k) Acta constitutiva en el caso de las personas morales.

Artículo 142. De la cédula de registro. Todo interesado que desee ejercer la actividad profesional de cabildeo, además de estar previamente inscrito en el mencionado registro, deberá contar con cédula de registro, la cual podrá ser renovada cada tres años.

Artículo 143. Del informe de cabilderos. Todo cabildero, debidamente inscrito en el registro, deberá presentar un informe semestral ante el Consejo de Ética encargada del Registro Público de Cabildeo, en los términos establecidos en la ley.

Artículo 144. De la transparencia. Con el propósito de que el cabildeo se realice con la mayor transparencia posible, la información relativa a los esquemas de deliberación deberá ser pública. Con la debida oportunidad deberá difundirse la agenda de las reuniones con fechas y temas a abordar, debiéndose publicitar dicha información en las respectivas Gacetas Parlamentarias del Congreso de la Unión.

Artículo 145. De las atribuciones de la autoridad. Los integrantes del Consejo de Ética responsables del Registro Público de Prestadores de Servicios Profesionales de Cabildeo deberán dirigir e integrar el registro bajo los principios transparencia y rectitud y cuidar la observancia de las normas éticas contenidas en las disposiciones de la Ley Federal de Cabildeo.

Artículo 146. De la cédula de registro. Todo interesado que desee ejercer la actividad profesional de cabildeo, además de estar previamente inscrito en el mencionado registro, deberá contar con Cédula de Registro y deberá presentar un informe semestral ante el Consejo de Ética.

Artículo 147. Del derecho a la información. En el ámbito del derecho de acceso a la información, los datos proporcionados por la persona que desee prestar servicios de cabildeo serán de acceso público a quien tenga interés en consultarlos y dicha información deberá estar disponible en la página web del Congreso.

Segundo. Se expide la Ley Federal de Cabildeo, para quedar como sigue:

Ley Federal de Cabildeo

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1o. Del objeto de la ley. La presente ley es de interés público y de observancia general en toda la República y tiene como objeto regular y controlar cualquier comunicación oral, escrita o electrónica tendiente a formular, modificar, abrogar o derogar leyes, decretos o acuerdos del Congreso de la Unión, respecto al proceso legislativo; o influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo correspondan, que realicen personas físicas o morales, en favor de sus intereses, y por organizaciones, sectores o grupos de la sociedad civil en la gestión de causas legítimas.

Artículo 2o. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Cabildeo:el servicio profesional remunerado prestado por personas físicas o morales, y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o por iniciativa propia, promueven sus intereses o gestionan causas sociales legítimas frente a los órganos del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal;

II. Cliente: Toda persona física o moral, entidad pública o privada que contrate los servicios profesionales de cabildeo;

III. Gestión de causas: las acciones y servicios no necesariamente remunerado prestados por personas físicas o morales y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros, gestionan causas sociales legítimas frente a los órganos del Congreso de la Unión y las dependencias y entidades del Ejecutivo federal;

IV. Órganos legislativos: los señalados en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos y los acuerdos parlamentarios de las Cámaras;

V. Registro Público de Cabilderos: Registro donde se lleva a cabo la inscripción, integración y actualización de prestadores profesionales de cabildeo bajo la responsabilidad del Consejo de Ética y del Ejecutivo federal, así como personas físicas o morales y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros, gestionan causas sociales legítimas;

VI. Ley: la Ley Federal de Cabildeo;

VII. Servidores públicos: Los mencionados en el artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales;

VIII. Órganos del Poder Legislativo: Los que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. Dependencias y entidades: Las comprendidas dentro de la administración pública centralizada y paraestatal, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

X. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública.

XI. Cédula de registro: Documento que expedirán las Secretarías correspondientes de cada una de las Cámaras y la Secretaría de la Función Pública que acredita a la persona haber cubierto los trámites para el Registro Público de Cabilderos.

XII. Consejo de Ética: Cuerpo colegiado encargado de promover entre los legisladores la observancia de los principios y valores establecidos en el Código de Ética Parlamentario, hacer un seguimiento de los posibles conflictos de interés de los diputados y hacer recomendaciones a la Junta de Coordinación Política para prevenirlos, así como recibir, procesar y resolver con objetividad, oportunidad e imparcialidad las consultas o denuncias que le sean remitidas por algún legislador, ciudadano o por sí mismo.

Artículo 3o. Cabilderos. Para los efectos de la presente ley, se entiende por cabilderos a las personas físicas o morales, que, en representación de terceros, promueven sus intereses o los de sus clientes frente a los órganos del Congreso de la Unión y de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, previa inscripción en el Registro. Para efectos de esta ley, la gestión de causas legítimas es una actividad que tiene como fin cabildear intereses de ciertos grupos o sectores, sin que necesariamente implique una remuneración.

Artículo 4o. De los sujetos que pueden entrar en contacto con cabilderos. Ninguna persona que no cubra los requisitos exigidos por la presente ley, podrá ejercer actividades de cabildeo ni representar intereses de terceros. Igualmente, ninguna persona que no tenga la calidad de funcionario público podrá realizar cabildeo por parte del Ejecutivo federal, con personas físicas o morales, ni convenir, acordar o contratar asunto alguno que pueda afectar o comprometer bienes, recursos o el patrimonio nacionales.

Título Segundo De los Servicios Profesionales de Cabildeo

Capítulo I Del Cabildeo Legislativo

Artículo 5o. Del cabildeo legislativo. El servicio profesional prestado por personas físicas o morales, y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o de derechos propios, promueven sus intereses, los de sus clientes o gestionan causas sociales legítimas frente a los órganos del Congreso de la Unión, en lo individual o ante comisiones, comités y grupos de trabajo legislativo.

Artículo 6o. De la difusión de las reuniones. La información relativa a los esquemas de deliberación de los legisladores en comisiones y comités deberá ser pública; deberá difundirse la agenda de las reuniones con fechas y temas a tratar, así como llevar un registro nominal de las votaciones.

Artículo 7o. Las personas, organizaciones o grupos que realicen acciones de cabildeo frente a los órganos del Congreso de la Unión, deberán abstenerse de entregar a los legisladores o el personal a su servicio, pagos en dinero, en especie o en servicios, o darlos en su nombre a terceros o familiares.

Capítulo II Del Cabildeo ante el Poder Ejecutivo

Artículo 8o. Del cabildeo ante el Poder Ejecutivo. El servicio profesional prestado por personas físicas o morales, y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o de derechos propios, promueven sus intereses, los de sus clientes o gestionan causas sociales legítimas para influir en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal correspondan.

Artículo 9o. De la difusión de las reuniones. La información relativa a los esquemas de deliberación de los sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o de derechos propios, promuevan sus intereses o gestionen causas sociales legítimas o busquen influir en la decisiones de la administración pública federal, deberá difundirse incluyendo la agenda de las reuniones con fechas y temas por tratar, así como el registro de los resultados.

Artículo 10. Los sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros, promuevan sus intereses o gestionen causas sociales legítimas o busquen influir en la decisiones de la administración pública federal, deberán abstenerse de entregar a los servidores públicos del Ejecutivo federal o al personal a su cargo, pagos en dinero, en especie o en servicios, o darlos en su nombre a terceros o familiares.

Título Tercero Del Registro Público de Cabildeo

Capítulo I Del Registro Público de Cabildeo Legislativo

Artículo 11. Del registro. Es la sección del Consejo de Ética donde se lleva a cabo la inscripción, integración y actualización de prestadores profesionales de cabildeo, así como personas físicas o morales y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros o de derechos propios, gestionen causas sociales legítimas.

Artículo 12. De la inscripción. Toda persona que pretenda cabildear deberá presentar ante el Consejo de Ética, según corresponda, la información siguiente:

a) Nombre, dirección, teléfono, principal lugar de negocios y una descripción general de las actividades de la persona o empresa quien se registra;

b) Nombre, dirección y principal lugar de trabajo del cliente que lo contrató;

c) El nombre, cargo y la unidad del servidor público asignado específicamente como enlace ante los órganos legislativos, tratándose de servidores de la administración pública federal:

d) Las principales áreas de interés del trabajo legislativo en las cuales quien se registra espera cabildear en nombre del cliente;

e) El nombre de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente, con la anotación de si esas personas se han desempeñado como funcionarios públicos del Congreso de la Unión en los 3 años anteriores y el cargo que ocuparon;

f) Comprobante de domicilio oficial de la empresa o persona quien se registra;

g) Comprobante de domicilio oficial de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente;

h) Copia de identificación oficial de la persona quien se registra;

i) Copia de identificación oficial de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente;

j) Razón social; y

k) Acta constitutiva en el caso de las personas morales.

Artículo 13. De la cédula de registro. Todo interesado que desee ejercer la actividad profesional de cabildeo, además de estar previamente inscrito en el mencionado registro, deberá contar con cédula de registro, la cual podrá ser renovada cada tres años.

Artículo 14. Del informe de cabilderos. Todo cabildero, debidamente inscrito en el registro, deberá presentar un informe semestral ante el Consejo de Ética encargado del Registro Público de Cabildeo, en el cual deberá reportar:

a) Altas y bajas de sus clientes;

b) Los medios utilizados para contactar a sus clientes;

c) Los temas tratados;

d) Los intereses promovidos;

e) Los resultados obtenidos;

f) Los ingresos y egresos producto del servicio profesional de cabildeo; y

g) Cualquier variación a los datos proporcionados al registro.

Artículo 15. Del derecho a la información. En el ámbito del derecho de acceso a la información, los datos proporcionados por la persona que desee prestar servicios de cabildeo serán de acceso público a quien tenga interés en consultarlos y los mismos estarán disponibles en la página webde las autoridades responsables del registro.

Artículo 16. De la transparencia. Con el propósito de que el cabildeo se realice con la mayor transparencia posible, la información relativa a los esquemas de deliberación tanto de las comisiones y comités deberá ser pública. Con la debida oportunidad deberá difundirse la agenda de las reuniones con fechas y temas a abordar, debiéndose publicitar dicha información en las Gacetas Parlamentarias del Congreso de la Unión y en las páginas webrespectivas. De todas y cada una de las reuniones, se llevará un registro nominal de las votaciones así como un registro de participantes.

Artículo 17. Del registro ante las Cámaras. El Consejo de Ética tendrá bajo su estricta responsabilidad la integración y actualización de la sección legislativa del Registro Público de Prestadores de Servicios Profesionales de Cabildeo.

Artículo 18. De las atribuciones de la autoridad. Los integrantes del Consejo de Ética tendrán las siguientes atribuciones:

a) Dirigir e integrar el registro bajo los principios transparencia y rectitud;

b) Observar las disposiciones de esta ley y de su reglamento;

c) Cuidar la observancia de las normas éticas contenidas en las disposiciones de la presente ley;

d) Colaborar con todas aquellas personas o instituciones que requieran de información u orientación sobre el ejercicio de la profesión de cabildeo o promoción de causas legítimas y del contenido y alcance de esta ley;

e) Establecer vínculos institucionales con organismos similares nacionales e internacionales;

f) Denunciar ante la correspondiente Contraloría Interna del Congreso de la Unión actos de corrupción y tráfico de influencias de las personas que no estén debidamente inscritos para desarrollar el cabildeo;

g) Denunciar ante la correspondiente Contraloría Interna del Congreso de la Unión actos de corrupción y tráfico de influencias de funcionarios del Congreso de la Unión;

h) Denunciar ante la correspondiente Contraloría Interna del Congreso de la Unión actos de corrupción y tráfico de influencias de clientes de cabilderos del Congreso de la Unión;

i) Mantener y actualizar la información contenida en el Registro y de los informes presentados por los cabilderos; y

j) Utilizar Internet para dar difusión a la información del registro.

Capítulo II Del Registro Público de Cabildeo del Poder Ejecutivo Federal

Artículo 19. Del registro. Es la sección de la Secretaría de la Función Pública donde se lleva a cabo la inscripción, integración y actualización de prestadores profesionales de cabildeo.

Artículo 20. De la inscripción. Toda persona que pretenda cabildear deberá presentar ante la sección o área de la Secretaría, que tendrá a su cargo el Registro, la información siguiente:

a) Nombre, dirección y teléfono de la empresa, y principal lugar de negocios de quien se registra;

b) Nombre, dirección, principal lugar de trabajo y una descripción general de las actividades del cliente de quien se registra;

c) Las principales áreas de interés en las cuales quien se registra espera cabildear en nombre del cliente;

d) Los asuntos específicos que se vayan a abordar en las actividades de cabildeo; y

e) El nombre de cada empleado que vaya actuar como cabildero a nombre del cliente, con la anotación de si esas personas se han desempeñado como servidores públicos del Congreso de la Unión o del Ejecutivo federal en los tres años anteriores y el cargo que ocuparon.

Artículo 21. De la cédula de registro. Todo interesado que desee ejercer la actividad profesional de cabildeo, además de estar previamente inscrito en el mencionado registro, deberá contar con Cédula de Registro que acredite el trámite, la cual podrá ser renovada por la Secretaría cada tres años.

Artículo 22. Del informe de cabilderos. Todo cabildero, debidamente inscrito en el registro, deberá presentar un informe semestral ante la sección de la secretaría encargada del registro, dentro del cual deberá informar:

a) Altas y bajas de sus clientes;

b) Los medios utilizados para contactar a sus clientes;

c) Los temas tratados;

d) Los intereses promovidos;

e) Los resultados obtenidos;

f) Los ingresos y egresos producto del servicio profesional de cabildeo; y

g) Cualquier variación a los datos proporcionados al registro.

Artículo 23. Del acceso a la información. En el ámbito del derecho de acceso a la información, los datos proporcionados por la persona que desee prestar servicios de cabildeo o gestión de causas legítimas, serán de acceso público a quien tenga interés en consultarlos, información que deberá estar disponible en la página web de la secretaría y ésta deberá atender cualquier petición con la mayor brevedad.

Artículo 24. De la transparencia. Con el propósito de que el cabildeo se realice con la mayor transparencia posible, la información relativa a los esquemas de deliberación de los servidores públicos de la administración pública federal deberá ser pública. Con la debida oportunidad deberá difundirse la agenda de las reuniones, con fechas y temas a abordar. De todas y cada una de las reuniones, la Secretaría llevará un registro nominal de las votaciones, así como un registro de los participantes.

Las contralorías internas de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal deberán informar oportunamente a la secretaría para que ésta lleve a cabo el registro de las reuniones y dichos datos deberán estar disponibles en su página web.

Artículo 25. Del registro ante la secretaría. La secretaría tendrá bajo su responsabilidad la integración y actualización del Registro Público de Prestadores de Servicios Profesionales de Cabildeo.

La secretaría será responsable de aportar al registro la información necesaria de las personas que realicen actividades de cabildeo.

Artículo 26. Atribuciones de la secretaría. La secretaría, responsable del Registro Público de Prestadores de Servicios Profesionales de Cabildeo, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dirigir e integrar el registro bajo los principios transparencia y rectitud;

b) Observar las disposiciones de esta ley y de su reglamento;

c) Cuidar la observancia de las normas éticas contenidas en las disposiciones de la presente ley;

d) Colaborar con todas las personas o instituciones que requieran de información u orientación sobre el ejercicio de la profesión de cabildeo o promoción de causas legítimas y del contenido y alcance de esta ley;

e) Establecer vínculos institucionales con organismos similares nacionales e internacionales;

f) Presentar denuncia por actos de corrupción y tráfico de influencias de las personas que no estén debidamente inscritos para desarrollar el cabildeo;

g) Iniciar procedimiento ante denuncia por actos de corrupción y tráfico de influencias de funcionarios de la administración pública federal;

h) Presentar denuncia por actos de corrupción y tráfico de influencias de cabilderos;

i) Presentar denuncia por actos de corrupción y tráfico de influencias de clientes de cabilderos de la administración pública federal; y

j) Mantener y actualizar la información contenida en el registro y de los informes presentados por los cabilderos.

Capítulo III De la Gestión de Causas Legítimas

Artículo 27. Gestión de causas legítimas. Son todas las acciones y servicios prestados por personas físicas o morales y organizaciones, sectores, grupos o personas en lo individual que, en representación de terceros, gestionan causas sociales frente a los órganos del Congreso de la Unión y las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

Artículo 28. Excepción de inscripción ante el registro. Con el propósito de no afectar derechos de grupos vulnerables, se les exceptúa de la obligación de inscribirse en el registro y de obtener cédula de cabildero.

Artículo 29. Grupos sociales exceptuados de inscripción. No requerirán registrarse ni de cédula quienes representen los intereses o derechos de grupos vulnerables, vinculados a a) Personas con capacidades diferentes; b) Mujeres; c) Personas de la tercera edad; d) Niñas y niños; e) Migrantes; f) Indígenas; g) Personas con VIH/sida; h) Minorías sexuales; i) Trabajadores; j) Cooperativistas; k) Campesinos, y l) Cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad.

Título Cuarto Del Código de Ética y de los Impedimentos

Capítulo I

Artículo 30. Del Código de Ética. Los cabilderos, clientes de éstos, legisladores y servidores públicos del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo federal, deberán orientar su conducta a las disposiciones del presente capítulo, sujetándose a los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, veracidad y legalidad, en lo que al cabildeo se refiere.

Artículo 31. A fin de cumplir cabalmente los principios mencionados en el artículo 30 de esta ley, son deberes éticos de cabilderos, clientes de éstos, legisladores y servidores públicos del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo federal los siguientes:

a) Rechazar los servidores públicos tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo federal regalos de toda especie de más de dos mil pesos;

b) Rechazar, los servidores públicos del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal, para si como para miembros de su familia, comidas, alojamiento o algún tipo de servicio de parte del cabildero o cliente de éste;

c) Por ningún motivo el cabildero podrá ofrecer cualquier tipo de pago o dádiva en dinero, especie o servicios a miembros del Congreso de la Unión y a servidores públicos de la administración pública federal;

d) El cabildero no podrá condicionar la prestación de sus servicios a la realización de reuniones en lugares ajenos a las instalaciones del Congreso o de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal;

e) Actuar todos los involucrados en el cabildeo con probidad;

f) Las partes involucradas en el cabildeo deben denunciar la negligencia, dolo o mala fe en el desempeño de sus funciones, por parte de funcionarios del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal, de cabilderos o de algún cliente;

g) Declinar participar en algún asunto en el que exista relación entre el cabildero y alguno de sus clientes y de notificar dicha circunstancia;

h) No suministrar a terceros información relacionada con algún asunto abordado en reuniones celebradas en el Congreso o en dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal;

i) Guardar el secreto profesional sobre informaciones de carácter reservado producto de su actividad;

j) Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos no podrán recibir regalos o servicios de parte de cabilderos, clientes u otros funcionarios públicos o legisladores para influir en el servicio de cabildeo;

k) En el ámbito del Ejecutivo federal, únicamente quienes tengan la calidad de servidores públicos podrán celebrar reuniones con los cabilderos;

l) Los servidores públicos asignados como enlace ante los órganos legislativos y cabilderos al servicio de alguna dependencia, entidad u organismo de la administración pública federal, no podrán suministrar información a terceros que no tengan la calidad de funcionarios o servidores públicos;

m) Los Legisladores deben informar, en la exposición de motivos, de los intereses que motivan la promoción de iniciativas legislativas;

n) Desempeñar el cabildeo sin discriminar en su actuación a personas en razón de raza, color, genero, religión, situación económica, ideológica, filiación política u otras, ni dar trato preferencial a persona u organización alguna;

ñ) Conocer y cumplir las disposiciones legales que les prohíban por razón de parentesco intervenir en ciertos asuntos y cualquier otro régimen de responsabilidades;

o) Los legisladores y todo servidor público, tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo federal, deberán anteponer el interés público y el interés general sobre sus intereses personales;

p) No dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicio a personas físicas o morales que gestionen intereses de proveedores o contratistas del estado que puedan beneficiarse en perjuicio del interés general; y

q) No realizar trabajos, gestiones o actividades que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades.

Capítulo II De los Impedimentos

Artículo 32. De los impedimentos. Estarán impedidos para registrarse y actuar profesionalmente como cabildero y en consecuencia, deberán excusarse para conocer de la discusión o resolución de los asuntos en los que intervengan por razón de sus actividades legislativas, como servidores públicos o cabilderos:

a) Quienes se encuentren en posición de conflicto caracterizados por alguno de los principios éticos establecidos en el Capítulo I del Título Cuarto de la presente ley;

b) Los condenados judicialmente por la comisión de delitos dolosos;

c) Los condenados judicialmente por delitos cometidos por servidores públicos que haya ameritado pena privativa de libertad;

c) Los inhabilitados para ejercer cargos públicos;

d) Quienes por razón de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad tengan un interés particular directo;

e) Los cabilderos que por razón de su servicio profesional, representen los intereses de terceros y de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, de manera simultánea; y

f) Cualquier otro funcionario que por disposición legal se encuentre impedido para conocer de algún asunto.

Artículo 33. De los impedimentos para cabilderos. Estarán impedidos para registrarse y actuar profesionalmente como cabilderos:

a) Quienes se ubiquen en alguna de las incompatibilidades establecidas en la presente ley;

b) Quienes por alguna violación a la presente ley se les haya retirado la cédula de cabildeo;

c) Quienes se ubiquen en alguna causa que los obligue a excusarse para actuar como cabilderos y que de no hacerlo vulneraría los principios éticos o las disposiciones contenidas en la presente ley; y

d) Quienes hayan sido legisladores en la última Legislatura anterior, a la fecha de solicitud de registro de cabildero.

Título Quinto Responsabilidades y Sanciones

Capítulo Único

Artículo 34. De las causas de responsabilidad administrativa. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, las siguientes:

I. Solicitar o aceptar, para sí o para terceros, pago o dádiva en dinero, especie o servicios de cualquier naturaleza, de personas, organizaciones o grupos que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios de cabildeo.

II. Condicionar la realización de los trabajos y tareas o la prestación de los servicios que legalmente les correspondan en función de su cargo o representación, a la intervención de personas, grupos u organizaciones dedicados profesionalmente al cabildeo o a la promoción de causas.

III. Ocultar, sustraer, destruir, divulgar o alterar, total o parcialmente, información que les sea proporcionada por personas que presten servicios profesionales de cabildeo y que les hayan sido proporcionados en razón de sus actividades.

IV. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la atención de las solicitudes que legalmente se les encargue.

V. Cualquier otra conducta que vulnere las disposiciones de la presente ley.

Artículo 35. De la denuncia. Toda denuncia pública en medios impresos o electrónicos, así como la presentada de manera individual, obliga al Consejo de Ética y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar la investigación del caso para recabar la información.

De ningún modo, la información publicada en medios impresos o electrónicos, constituirá un juicio de valor a priori sobre la veracidad de lo publicado ni sobre la posible responsabilidad de cabilderos, clientes, legisladores o servidores públicos.

Cualquier ciudadano podrá denunciar actos u omisiones que impliquen violación a lo dispuesto en la presente ley y la sola interposición de la misma deberá dar inicio a la investigación de los hechos.

Artículo 36. De la sanción administrativa. La responsabilidad resultante por la violación o incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, por parte de todo servidor público, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 37. De las sanciones a cabilderos. Toda violación de la presente ley cometida por los prestadores de servicios profesionales de cabildeo, será sancionada con

a) La suspensión del registro hasta por seis meses; b) La pérdida del registro y el retiro de la cédula, por parte del Consejo de Ética responsable del registro;

c) En el caso de servidores públicos asignados como enlace ante los órganos del poder legislativo, procederá la inhabilitación temporal en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

d) Multa de cincuenta a tres mil días de salario mínimo vigente al momento de la infracción.

La responsabilidad resultante por las violaciones a las disposiciones de la presente ley, serán independientes de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que puedan incurrir conforme a la legislación federal aplicable.

Artículo 38. A toda violación de la presente ley por parte de los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, independientemente de las sanciones del orden civil, le será aplicable la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo que a ellos corresponde.

Artículo 39. Toda violación por parte de los cabilderos, ameritará que el Consejo de Ética informe a los Congresos y Gobiernos de las entidades federativas, los casos y los motivos de la suspensión, pérdida de registro, retiro de cédula e inhabilitación o multa, en su caso.

La autoridad tomará nota de las comunicaciones que en el mismo sentido envíen las autoridades encargadas del registro de las entidades federativas.

Artículos Transitorios

Primero. La Secretaría de la Función Pública y el Consejo de Ética, en su ámbito de competencia, en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberán organizar y poner en funcionamiento el registro público de cabilderos y la adición del Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Inscríbase íntegro el texto de la iniciativa ytúrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Respecto a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanospresentada por el diputado Juan José Rodríguez Prats,se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Gobernación.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal, suscrita también por el diputado Obdulio Ávila Mayo.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputado Presidente. Los suscritos diputados federales Obdulio Ávila Mayoy la de la voz, Gabriela González Martínez, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy el Estatuto de Gobierno delDistrito Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La función pública es una actividad de interés general, que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas. Por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, representa en nuestro estado de derecho, una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto.

De lo anterior se desprende que en el ámbito de acción de los poderes públicos, esté determinado por la ley, y los agentes estatales responden ante ésta, por el uso de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, insolvencia social y corrupción, su irresponsabilidad erosiona el estado de derecho y actúa contra la democracia.

Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir, fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. La responsabilidad de los servidores públicos debe traducirse, en la práctica, en un escrupuloso manejo de los recursos públicos y en el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo, acorde con las necesidades sociales que regule en forma adecuada estas responsabilidades.

En el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los principios rectores que rigen en materia de responsabilidad de los servidores públicos, mismos principios que deben ser plenamente compartidos, tanto por los Poderes de la Unión, como por los gobiernos de los estados, al momento de expedirse las leyes federales o locales en esta materia.

Entre los aspectos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos actual se destaca lo siguiente:

Se especifica quienes tienen el carácter de servidor público.

Se determina cuáles son los servidores públicos que están sujetos a responsabilidad de carácter federal y cuáles son sujetos a responsabilidades de carácter local.

Se establece que el Congreso de la Unión, expedirá las leyes de responsabilidades aplicables en el ámbito federal y para el Distrito Federal.

También establece que las Legislaturas locales deben expedir las leyes de responsabilidades que rijan en sus respectivos estados.

El Congreso de la Unión, en cumplimiento de este imperativo constitucional, ha expedido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispositivo que recoge los principios consagrados en la Constitución en esta materia y tiene su ámbito de aplicación para toda la República, en cuanto a los servidores públicos que integran a los Poderes de la Unión; así como, también comprende a los servidores públicos en el Distrito Federal.

En consecuencia, la Ley Federal de Responsabilidades determina las conductas por las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho, se incurre en responsabilidad política y se imponen sanciones de esa naturaleza.

Los sujetos de responsabilidad política por integrar un poder público, por su jerarquía, o bien por la trascendencia de sus funciones son: los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, fue acorde a una necesidad de valorar la conducta de quienes servían en la administración de los recursos públicos. Se hizo necesario regular las normas que regulaban las responsabilidades, a efecto de que la ciudadanía acudiera a ella, como consulta y defensa de sus intereses y por otro lado, sirviera de guía en el proceder de los servidores, sujetándolos a la legalidad en todos los actos de administración.

Por lo anterior, podríamos decir que actualmente está claramente planteado y legalmente atendido el tema que corresponde a las responsabilidades empero, y en ejercicio de la revisión permanentemente de las leyes para evaluar su correspondencia con la realidad que regulan, observamos que la Ley Reglamentaria del Título Cuarto constitucional; así como el artículo 15 del Gobierno del Distrito Federal, limitan en su alcance y facultades al Distrito Federal, para que esta entidad pueda crear un marco normativo que regule las responsabilidades de los servidores públicos que integran la administración pública de la Ciudad, provocando con ello que no existan en la entidad los mecanismos suficientes para salvaguardar la unidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en los servidores públicos independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión de todo servidor público; sin perjuicio o independientemente de sus derechos y obligaciones laborales.

El régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos para el Distrito Federal sigue estando supeditado a la Ley Federal produciendo imprecisiones en la Norma, que conllevan a que los servidores públicos que integran la administración pública local, evadan responsabilidades o no sean sancionados.

En la presente iniciativa de ley se permitirá que conforme el texto de la nueva redacción del artículo 109, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Locales.

Asimismo, mediante esta reformas se coadyuva en la mejoría jurídica y política de la evolución de la Ciudad; se garantice el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los Poderes locales y al mismo tiempo se fortalece el Distrito Federal como parte integrante de la Federación.

Los legisladores federales debemos estar conscientes de que es necesario modificar el marco jurídico actual del Distrito Federal, a través de iniciativas de ley que garanticen el desarrollo institucional de las dependencias y órganos de gobierno de la ciudad en beneficio de sus habitantes.

La administración pública local precisa de nuevos impulsos para vitalizar sus principios y su interés en torno a la vigencia de los mismos y las metas de transformación comprometidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En las reformas que se proponen, los servidores públicos del Distrito Federal ya no estarían sujetos en materia de responsabilidades, a las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión, sino que quedarían sujetos a las leyes que al respecto expidiera la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se suprimen las facultades del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que rigen el Distrito Federal.

En este sentido también se pretende que los servidores públicos que integran los órganos de gobierno del Distrito Federal, Legislativo, administrativo y jurisdiccional, entre ellos el Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y otros, sean considerados en cuanto al ámbito de responsabilidades a que están sujetos, como sucede en los estados de la Federación, es decir, que sus responsabilidades sean sólo de carácter local y que la autoridades encargadas de juzgar y en su caso sancionar, sean también las de la entidad.

Con la modificación a la ley, se sientan las bases para que los sujetos de responsabilidades por integrar un poder público cumplan con sus obligaciones políticas y administrativas propias de su encargo y sean responsables del incumplimiento en las tareas del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados esta iniciativa con proyecto de decreto. Firman los diputados Obdulio Ávila Mayo , la diputada Gabriela González Martínez . Pido a la Presidencia que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por los diputados Obdulio Ávila Mayo y María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La función pública es una actividad de interés general que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas, por lo que el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público representa, en nuestro estado de derecho, una de las más elevadas responsabilidades sociales, que debe ser conducida a través de normas jurídicas que propicien su ejercicio eficiente y honesto.

De lo anterior, se desprende que el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley y los agentes estatales responden ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere.

La irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, insolvencia social y corrupción; su irresponsabilidad erosiona el estado de derecho y actúa contra la democracia. Tampoco hay responsabilidad cuando el afectado no puede exigir fácil, práctica y eficazmente el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

La responsabilidad de los servidores públicos debe traducirse, en la práctica, en un escrupuloso manejo de los recursos públicos y en el cumplimiento eficaz de las funciones que tienen encomendadas, lo que hace conveniente contar con un marco normativo acorde con las necesidades sociales que regule en forma adecuada estas responsabilidades.

En el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran los principios rectores que rigen en materia de responsabilidad de los servidores públicos, mismos principios que deben ser plenamente compartidos, tanto por los Poderes de la Unión como por los gobiernos de los estados, al momento de expedirse las leyes federales o locales en esta materia.

Entre los aspectos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos actual, se destaca lo siguiente:

a) Se específica quienes tienen el carácter de servidores públicos.

b) Se determina cuáles son los servidores públicos que están sujetos a responsabilidades de carácter federal, y cuales son sujetos a responsabilidades de carácter local.

c) Se establece que el Congreso de la Unión expedirá las leyes de responsabilidades aplicables en el ámbito federal y para el Distrito Federal. También establece que las legislaturas locales deberán expedir las leyes de responsabilidades que rijan en sus respectivos estados.

d) El Congreso de la Unión, en cumplimiento de este imperativo constitucional, ha expedido la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dispositivo que recoge los principios consagrados en la Constitución en esta materia y tiene su ámbito de aplicación para toda la República en cuanto a los servidores públicos que integran a los Poderes de la Unión, así como también comprende a los servidores públicos del Distrito Federal.

En consecuencia, la Ley Federal de Responsabilidades determina las conductas por las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho, se incurre en responsabilidad política y se imponen sanciones de esa naturaleza.

Los sujetos de responsabilidad política, por integrar un poder público, por su jerarquía, o bien por la trascendencia de sus funciones, son los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, fue acorde a una necesidad de valorar la conducta de quienes servían en la administración de los recursos públicos; se hizo necesario regular las normas que regían las responsabilidades, a efecto de que la ciudadanía acudiera a ella como consulta y defensa de sus intereses y por otro lado sirviera de guía en el proceder de los servidores sujetándolos a la legalidad en todos los actos de administración.

Por lo anterior, podríamos decir que actualmente está claramente planteado y legalmente atendido el tema que corresponde a las responsabilidades; empero, y en ejercicio de la revisión permanente de leyes para evaluar su correspondencia con la realidad que regulan, observamos que la Ley Reglamentaria del Título IV Constitucional, así como el artículo 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal limitan en su alcance y facultades al Distrito Federal para que esta entidad pueda crear un marco normativo que regule las responsabilidades de los servidores públicos que integran la administración pública de la ciudad, provocando con ello que no existan en la entidad los mecanismos suficientes para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión de todo servidor público, sin perjuicio o independientemente de sus derechos y obligaciones laborales.

El régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos para el Distrito Federal sigue estando supeditado a la Ley Federal, produciendo imprecisiones en la norma que conllevan a que los Servidores Públicos que integran la administración pública local evadan responsabilidades o no sean sancionados.

En la presente iniciativa de ley se permitirá que, conforme al texto de la nueva redacción del artículo 109, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos local.

Asimismo, mediante estas reformas se coadyuva en la mejoría jurídica y política de la evolución de la ciudad, se garantiza el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los poderes locales y al mismo tiempo se fortalece al Distrito Federal como parte integrante de la federación.

Los legisladores federales debemos estar conscientes de que es necesario modificar el marco jurídico actual del Distrito Federal, a través de iniciativas de ley que garanticen el desarrollo institucional en las dependencias y órganos de gobierno de la ciudad, en beneficio de sus habitantes; la administración pública local, precisa de nuevos impulsos para vitalizar sus principios y su interés en torno a la vigencia de los mismos y las metas de transformación comprometidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En las reformas que se proponen, los servidores públicos del Distrito Federal ya no estarían sujetos, en materia de responsabilidades, a las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión, sino que quedarían sujetos por las leyes que al respecto expidiera la Asamblea Legislativa. En consecuencia, se suprimen la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que rija en el Distrito Federal.

En este sentido también se pretende que los servidores públicos que integran los órganos de Gobierno del Distrito Federal: legislativo, administrativo y jurisdiccional, entre ellos el jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa, y otros, sean considerados en cuanto al ámbito de responsabilidades a que están sujetos, como sucede en los estados de la federación; es decir, que sus responsabilidades sean sólo de carácter local y que las autoridades encargadas de juzgar y en su caso sancionar sean también de la entidad.

Con las modificaciones a la ley se sientan las bases para que los sujetos de responsabilidad por integrar un poder público, cumplan con sus obligaciones políticas y administrativas propias de su encargo y sean responsables del incumplimiento en las tareas del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a consideración del Pleno de H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a toda aquella persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Poder Judicial federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la república y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados, en el Distrito Federal y en los municipios, según el caso.

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este carácter, incurran en responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. a III. ...

...

...

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el procurador general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales o, en su caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

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Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, el procurador general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

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Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales o, en su caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 15 y 17; así como se adicionan los artículos 15 Bis, 15 Ter y 15 Quáter, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos de los órganos locales del Distrito Federal, se reputarán como tal el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los jefes delegacionales, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del fuero común en el Distrito Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a toda aquella persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública del Distrito Federal, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral del Distrito Federal y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Las responsabilidades de los servidores públicos de los órganos locales del Distrito Federal, se regularán por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 15 Bis. Para proceder penalmente contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los jefes delegacionales, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los titulares de las secretarías dependientes del Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Asamblea Legislativa declarará por mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Asamblea fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Asamblea declara que ha lugar a proceder, el inculpado quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Las resoluciones y declaraciones de la Asamblea Legislativa serán inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina con sentencia absolutoria, el servidor público podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

No se requerirá declaración de procedencia de la Asamblea Legislativa cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero de este artículo cometa un delito durante el tiempo en que goce de licencia o se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el párrafo primero del presente artículo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 15 Ter. Serán sujetos de juicio político, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los jefes delegacionales, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los titulares de las secretarías dependientes del Gobierno del Distrito Federal, el contralor General del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal; los consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como los titulares de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Distrito Federal.

Se determinará la responsabilidad de los servidores públicos mediante juicio político, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y hasta un año después.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones, de cualquiera naturaleza en el servicio público.

Las resoluciones y declaraciones de la Asamblea Legislativa son inatacables.

Artículo 15 Quáter. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos del Distrito Federal por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que las leyes establezcan, tienen derecho a:

I. a III. ...

IV. Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación civil y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal.

V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto no se expida la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, se seguirán observando las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tercero. Los procedimientos de responsabilidades de servidores públicos del Distrito Federal que venía conociendo la Cámara de Diputados y, en su caso, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán conociendo por éstas hasta su culminación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Diputados: Obdulio Ávila Mayo , María Gabriela González Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

ARTICULO 2o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar:Con su permiso señor Presidente. Iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la declaración del español y las lenguas indígenas como patrimonio cultural de la nación.

Esta iniciativa compañeros diputados, diputadas, busca darle al español y a las lenguas indígenas la dignidad que merecen tener y crear desde la Constitución las condiciones para defenderlas y preservarlas.

Exposición de motivos. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas como lo establece expresamente la Constitución, adoptando como consecuencia de la colonización, el idioma español.

El continente americano, específicamente México, Centro y Sudamérica, aportó al español una dimensión mestiza al ensanchar su horizonte con la incorporación de vastos indígenas y africanos que ampliaron demográficamente su extensión geográfica, su vocabulario y gama de acentos. El español le debe por lo tanto a los pueblos prehispánicos su importancia demográfica y riqueza lingüística.

Actualmente hablan español más de 300 millones de personas en el mundo, de las cuales 110 millones aproximadamente viven en México. Esto significa que el español, después del mandarín y el inglés, es la tercera lengua más hablada en el planeta.

El español, por el número creciente de hablantes, se ha convertido en un factor estratégico de inserción en el mundo. En Estados Unidos hay 45 millones de hispanos o latinos, lo que significa que representan el 15 o 16 por ciento del total de habitantes que viven en ese país. Cabe subrayar que gran parte de esos hispanohablantes son mexicanos.

Oficialmente se reconoce la existencia de 65 lenguas indígenas en territorio mexicano. Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003 las declara, junto con el español, lenguas nacionales, no existe en la Constitución una especificidad en ese sentido. Al no ser contempladas como parte del patrimonio cultural de la nación, nadie está obligado a protegerlas y preservarlas.

La globalización, la imposición de patrones y estereotipos culturales ajenos a nuestros valores y costumbres, ha provocado tanto la deformación y/o marginación del idioma español, como el olvido y consecuente desaparición de las lenguas indígenas, colocando en un serio riesgo la identidad y pluriculturalidad que caracteriza a nuestra nación.

Por considerar que nuestra legislación no precisa con claridad la obligación que tiene el Estado, la Federación, los estados y municipios en la protección y promoción del español y las lenguas indígenas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa.

Adicionar el artículo de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos en los términos siguientes:

Segundo artículo constitucional dice: La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Debe decir: Artículo 2o. la nación mexicana es única e indivisible. El español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural de la nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2007. Atentamente la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa ha sido suscrita por compañeros diputados de diferentes grupos parlamentarios. Le ruego, señor Presidente, incluirla íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del PRI

De decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la declaración del español y las lenguas indígenas como patrimonio cultural de la nación, a cargo de la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la propia Constitución Política, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos 1. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, como lo establece expresamente la Constitución adoptando, como consecuencia de la colonización, el idioma español.

2. El continente americano, específicamente México, centro y sudamérica, aportó al español una dimensión mestiza al ensanchar su horizonte con la incorporación de vastos indígenas y africanos que ampliaron demográficamente, su extensión geográfica, su vocabulario y gama de acentos. El español le debe por lo tanto a los pueblos prehispánicos su importancia demográfica y riqueza lingüística.

3. Actualmente hablan español más de 300 millones de personas en el mundo, de los cuales 110 millones, aproximadamente, viven en México. Esto significa que el español --después del mandarín y el inglés-- es la tercera lengua más hablada en el planeta.

4. El español, por el número creciente de hablantes se ha convertido en un factor estratégico de inserción en el mundo. En Estados Unidos hay 45 millones de hispanos o latinos lo que significa que representan el 15 o 16 por ciento del total de habitantes que viven en ese país. Cabe subrayar que gran parte de esos hispanohablantes son mexicanos.

5. Oficialmente se reconoce la existencia de 65 lenguas indígenas en territorio mexicano. Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de 2003, las declara junto con el español lenguas nacionales, no existe en la Constitución una especificidad en ese sentido. Al no ser contempladas como parte del patrimonio cultural de la nación, nadie las protege ni fomenta.

6. La globalización, la imposición de patrones y estereotipos culturales ajenos a nuestros valores y costumbres, ha provocado tanto la deformación y/o marginación del idioma español como el olvido y consecuente desaparición de las lenguas indígenas, colocando en un serio riesgo la identidad y pluriculturalidad que caracteriza a nuestra nación.

Por considerar que nuestra legislación no precisa con claridad la obligación que tiene el Estado --la federación, los estados y municipios-- en la protección y promoción del español y las lenguas indígenas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa

Adicionar el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:

Dice:

Artículo 2o.

La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Debe decir:

Artículo 2o.

La nación mexicana es única e indivisible.

El español y las lenguas indígenas son lenguas nacionales y forman parte del patrimonio cultural de la nación.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de febrero de 2007.--- Diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar. Insértese íntegra en el Diario los debates la iniciativa ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda a los ciudadanos del municipio de Ecatepec, del estado de México, que han sido invitados a esta sesión.

LETRAS DE ORO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Ramón Landeros González, del grupo parlamentario del PAN; para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón, suscrita por él mismo y por el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo.

El diputado Ramón Landeros González:Gracias, Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos Calderón.

Los suscritos diputados federales Ramón Landeros González y Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados el nombre de ``José Vasconcelos Calderón'' bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los mexicanos arribamos al inicio de un siglo entre cuyas grandes herencias podemos mencionar una conciencia más clara y aguda de lo que somos, de lo que representa nuestra historia y define nuestra nacionalidad.

Esta conciencia, surgida de la indagación y la afirmación de nuestra identidad, que aún no termina, es uno de los mejores signos del México actual, del México vivo. El siglo XX, además de haber representado uno de los momentos de mayor esplendor en la larga historia de la cultura mexicana, fue un siglo de extraordinaria efervescencia creativa, reflejada en la obra de artistas, escritores, músicos, así como de intelectuales que como el maestro José Vasconcelos engrandecieron a las instituciones dando con ello un significado histórico profundo al patrimonio cultural nacional.

José Vasconcelos Calderón nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882 y murió el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Vasconcelos es considerado el ideólogo más original que hasta hoy ha habido en América Latina y el pensador más representativo.

Intelectual comprometido con la política y su tiempo, hombre dialéctico y provocador, de invaluables aportaciones a la educación, la cultura, y la filosofía. Creyó firmemente en la educación como el principal instrumento liberador del pueblo; ``la educación libera de la ignorancia a un país'', decía, y en congruencia, llevo a cabo el primer análisis de una revolución educativa.

Raza, religión y lengua, trilogía de identidad, fueron los principales motivos de los escritos de Vasconcelos, en ellos se inspira para acuñar la frase ``Por mi Raza hablará el Espíritu'', lema de la Universidad Nacional.

Fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 29 de junio de 1920; en el desempeño de este cargo organizó el Ministerio en tres departamentos: Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas y Archivos; mejoró la Biblioteca Nacional, creó varios repositorios bibliográficos y editó una serie de clásicos de la literatura universal.

Al frente de la Universidad Nacional y del Ministerio de Instrucción Pública, Vasconcelos tenía un concepto claro de lo que debía ser la organización y las principales directrices de la educación nacional; se entregó con entusiasmo a conseguir dos metas: las reformas constitucionales que fundamentan el Ministerio de Educación Pública y la reconstrucción del edificio que hoy alberga a la Secretaría de Educación Pública.

Una vez nombrado secretario de Educación Pública, decidió trasladar la revolución del campo de lo político al terreno de la educación. Como el mismo afirmaba ``el destino llevaba a un filósofo a la magna tarea de educar a un pueblo'' para ello era necesario despertar la conciencia del pueblo sobre la necesidad de una cultura nacional que le fuera propia al pueblo mexicano, y cuyas bases se debían encontrar en la raza, el idioma y las tradiciones.

Desde la Secretaría de Educación Pública, movió y conmovió la inteligencia de México, mujeres y hombres, niños, jóvenes y adultos, en la afirmación del auténtico mexicano y la reconstrucción de un pensamiento propio; como muestra baste citar las misiones culturales, que llegaron a todos los rincones de México, y que se constituían en verdaderas fiestas del espíritu.

Empezó combatiendo el analfabetismo y continuó con las reformas a la escuela primaria, comprendió que lo más urgente era enseñar al mexicano a vivir. Sus ideas impulsaron la creación de las escuelas técnicas donde se preparaba a los obreros; creó la escuela agrícola para poder producir más y mejor, dignificó el arte popular mexicano, haciéndolo volver a sus raíces. Al mismo tiempo impulsó la educación indígena, la rural y la urbana, creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas del pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Fomentó la lectura, editó colecciones de libros de los autores clásicos, apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el estadio nacional como lugar de espectáculos populares.

Vasconcelos presidió el Ateneo de la Juventud, que más que una corriente, constituyó una fuerza renovadora que contribuyó de manera decisiva a sentar las bases de la cultura mexicana del siglo XX. Los atenienses propusieron una revisión crítica de los valores intelectuales, así como una apertura hacia el saber universal como medio para comprender y apreciar en su justa medida la cultura mexicana.

La obra emprendida por el Ateneo contribuyó a ampliar la visión, despertar la inquietud, difundir nuevas ideas, inculcó en la juventud el sentido de los valores del espíritu. La generación de inicios de siglo, tiene el encargo de buscar una nueva filosofía, en palabras de Vasconcelos ``el nuevo sentir nos lo trajo nuestra propia desesperación, el dolor callado de contemplar la vida sin nobleza y esperanza''.

Siente una profunda admiración e identificación con la raza indígena de nuestro país y le dedica gran parte de sus estudios a través de una cosmovisión y escribe ``La Raza Cósmica'' en la que convergen y alcanzan plenitud todas las razas, llegando allí a su realización y superación.

Con su propuesta José Vasconcelos se va a convertir en el ``Maestro de América'' según se decía, en el profeta de nuestro continente, porque estaba convencido de que podía haber una mezcla de razas que se produciría en América para formar lo que el llamaría la ``raza cósmica'', la raza cósmica es la que será una ``superación de estirpes'', una raza síntesis hecha con el tesoro de todas las razas anteriores.

Este estudio filosófico que desarrolla Vasconcelos sobre su propuesta de las razas, va a constituir el centro del análisis de la propuesta de una filosofía propia y en consecuencia de su libertad.

En síntesis, la figura de José Vasconcelos Calderón, es la del filósofo, educador, sociólogo, político y literato. Perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua, doctor honoris causa por las universidades: Nacional Autónoma de México, de Puerto Rico, Chile, Guatemala y el Salvador. Fue nombrado ``Maestro de las Juventudes de América'' por los estudiantes de Colombia, Panamá y Perú en 1923.

La obra de José Vasconcelos se encuentra entre las principales contribuciones que inauguraron una diferente concepción de la nacionalidad mexicana. Su aporte abarcó la construcción de nuevas instituciones del régimen revolucionario.

La propuesta que hacemos ante ustedes es hacer un reconocimiento a la vida y obra de uno de los grandes hombres que ha dado esta patria y que contribuyeron al fortalecimiento de su identidad como lo fue José Vasconcelos Calderón.

Por lo anteriormente expuesto, en el 125 aniversario del nacimiento de José Vasconcelos, proponemos al pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados el nombre de ``José Vasconcelos Calderón''.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Ramón Landeros González (rúbrica), Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramón Landeros González.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Pido a la Secretaría que dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

TULUM

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia que informe sobre el estado de la zona arqueológica protegida de Tulum

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , Aurora Cervantes Rodríguez , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , Emilio Ulloa Pérez , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Octavio Martínez Vargas , Benjamín Hernández Silva , Miguel Ángel Solares Chávez , María Gabriela González Martínez , Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , María del Carmen Salvatori Bronca , José Alfonso Suárez del Real y Aguilera integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionaria Institucional, Partido de la Revolución Democrática y del Partido Convergencia, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informe a esta soberanía el estado que guarda la zona de monumentos arqueológicos de Tulum, y las causas por las que no se han impuesto medidas necesarias para proteger la zona arqueológica y hacer cumplir la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la revisión de permisos de construcción dentro de la zona protegida como Parque Nacional y Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum;

Tercero. Se exhorta al gobierno estatal de Quintana Roo y al ayuntamiento del municipio de Solidaridad, detener los permisos de construcción a particulares, hasta que el INAH valore la situación que guarda la zona y determine sobre ella.

Cuarto. Esta soberanía solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que realice una investigación profunda, sobre la posible comisión de delito --por parte de funcionarios públicos-- en los hechos aquí descritos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria.

Para hablar sobre este tema se han inscrito la diputada Blanca Luna Becerril , el diputado Jesús González Macías , la diputada Sara Latife Ruiz Chávez y el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera; en consecuencia, tiene la palabra la diputada Blanca Luna Becerril , del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Blanca Luna Becerril:Con su venia, señor Presidente: Tulum fue una ciudad amurallada del imperio Maya ubicada en el estado de Quintana Roo, al sureste de México. En la actualidad es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados; ocupa el tercer lugar como sitio arqueológico más visitado de México, sólo después de Teotihuacan y Chichén Itzá. La región de Tulum tiene características únicas en cuanto a ubicación, belleza, valor científico, educativo y recreativo. Cuenta con manglares de singular belleza, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna, características de la región que debemos proteger.

Asimismo, existen dentro de esta área diversos cenotes de agua dulce ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo Maya, elementos que, unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas anteriores a la nuestra, constituyeron parte esencial de los elementos que el Ejecutivo federal estimó necesarios para proteger a Tulum en 1981, dentro del rubro Parque Nacional, declarado como monumento arqueológico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Dentro de esta mencionada área se contempló el establecimiento de instalaciones adecuadas para que, sin alteraciones de los ecosistemas propios del lugar, se facilite a la población el disfrute de las bellezas naturales existentes, contribuyendo a su recreación, facilitando a su vez las labores de investigación del área, que en este caso era casi virgen.

En este tenor, los pequeños hoteles de Tulum se enfocaron principalmente al ecoturismo, el desarrollo sustentable y la preservación de la naturaleza, bajo la idea principal de respetar y convivir con esta última.

Resulta inconcebible que en la actualidad las grandes edificaciones hayan violentado el espacio y el paisaje simbólico con el cual fueron edificadas las ciudades y las zonas arqueológicas, como en el caso que nos atañe, con la construcción dentro de la zona arqueológica de Tulum varios hoteles sin la autorización del INAH.

Tulum es un área única en el mundo. Su inigualable riqueza arqueológica se combina con un prodigioso espacio natural y representa uno de los gloriosos ejemplos de nuestro pasado histórico.

Nosotros, como legisladores, no podemos permitir que una zona que tardó cientos de años en construirse sea destruida por la comercialización irresponsable y avariciosa de sus terrenos. Resulta alarmante ver cómo, en esta zona tan importante, a pesar de estar protegida por el gobierno federal, se devasta ante nuestros ojos, pero es aún más preocupante darnos cuenta que son las mismas autoridades encargadas de su protección las que la están destruyendo, ya sea vendiéndola u otorgando permisos al mejor postor para su explotación.

El INAH, por su parte, ha presentado varios procesos administrativos con objeto de que sean derribados los grandes hoteles, construidos sin permiso; sin embargo, los hoteles se encuentran actualmente amparados, bajo el argumento de que fue la Semarnat la que otorgó los permisos.

Por todo esto, los integrantes del grupo parlamentario de Nueva Alianza nos unimos a los diputados reclamantes y votamos a favor para que esta Cámara de Diputados intervenga de manera inmediata y se exhorte a todas a las autoridades a verificar el estado en que se encuentra actualmente esta zona. De igual manera, a que se verifique que se cumpla a cabalidad la ley y se sancione a los responsables de su destrucción. Gracias, señora Presidenta.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada.

Esta Presidencia da la bienvenida y saluda cordialmente a los invitados especiales de Chimalhuacán, estado de México, que están con nosotros. Muchas gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Macías , del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús González Macías:Con la venia de la Presidencia; compañeros diputados y compañeras diputadas: hoy aprovecho la oportunidad para reflexionar acerca de la importancia que reviste la aprobación del presente punto de acuerdo, que tiene por objeto conservar el patrimonio natural y cultural de nuestra nación, específicamente con el punto de acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política, donde se busca proteger el parque nacional Tulum, que se encuentra en el estado de Quintana Roo, contando con una superficie de 431.5 hectáreas y que en ocasiones se ha considerado hasta de 664.32 hectáreas.

Su declaratoria como parque nacional atiende a la existencia de manglares de singular belleza, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna características de la región, que deben ser protegidas.

Dentro de las áreas se encuentran diversos cenotes de agua dulce, ligados a las tradicionales ceremonias y leyendas del pueblo maya; elementos que, unidos a las demás bellezas escénicas y vestigios de culturas anteriores a las nuestras, constituyen elementos que justifican el establecimiento de un parque nacional.

Dicha área cuenta con dos de los ríos subterráneos más largos del planeta: el sistema Sac-Actun y el sistema Ox Bel Ha, con 144 kilómetros de extensión, con la cueva más grande de México y la novena a nivel mundial, contando con seis sistemas que pudieran estar conectados.

Dicho sistema corre justamente debajo del poblado de Tulum hacia la reserva del Sian Ka'an, alimentando sus humedales y descargando hacia el mar e interactuando con el arrecife mesoamericano, situación que ha permitido su declaratoria tanto como sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como humedal prioritario para la conservación por el Ramsar.

Lo anterior evidencia la importancia que dicha área natural protegida reviste para el equilibrio del sistema ambiental y, por ello, requiere ser preservada.

No obstante ello, actualmente la existencia de Tulum se encuentra condicionada, en virtud de la aprobación de la construcción de desarrollos turísticos en el interior del parque nacional de Tulum, que se traducirá en la construcción de una ciudad sobre el sistema acuífero, sin tomar en cuenta los humedales y arrecifes de la región, que dependen directamente de dicho acuífero; construcciones que encuentran fundamento en la actualización del plan director de desarrollo urbano que el cabildo del municipio de Solidaridad pretende llevar a cabo, violando el marco jurídico aplicable, como se detalla a continuación.

Específicamente viola disposiciones del artículo 115 constitucional, al interpretar mal su fracción V, que establece la facultad municipal para formular los planes de desarrollo urbano, siempre y cuando estén circunscritos a lo que establecen las leyes federales y estatales relativas.

En este sentido, la actual versión del plan en comento contraviene los derechos que lo establecen como área natural protegida, que en el 81 y 93 se dio para garantizar la conservación de la naturaleza y valores escénicos, en el primer caso; y la protección y preservación de los monumentos arqueológicos, en el segundo.

Más aún, con la aprobación de esta actualización se están contraviniendo los criterios contenidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum 2001, que marca una densidad de cero para la zona del parque nacional, lo que necesariamente impide la construcción de cualquier obra.

De igual manera se están contraviniendo las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Más aún, con este plan estamos violando nuestros compromisos internacionales al pretender asignar densidades hoteleras a los predios continuos a las zonas arqueológicas que se encuentran dentro de un área protegida, ya que en la declaratoria de Estambul sobre asentamientos humanos y en su apartado 43 se comprometen los firmantes a proteger y mantener los patrimonios históricos, culturales y naturales y a proteger los lugares sagrados y de importancia cultural histórica.

Es por ello alarmante la posición del ayuntamiento de Solidaridad, y en virtud de que no están ni garantizando ni salvaguardando el interés público en la integridad del patrimonio biológico y cultural de la nación, en contravención de todo nuestro marco jurídico, por ello los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, preocupados por la eminente desaparición del parque nacional de Tulum y con ello la belleza natural e histórica, nos sumamos a la proposición con punto de acuerdo presentada a la Junta de Coordinación Política y votaremos a favor de la misma, en aras de la conservación de nuestro patrimonio biológico y cultural. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del PRI.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez:Con su permiso, diputada Presidenta. Ante la presentación de este punto de acuerdo ante el Pleno, donde se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a presentar un informe a esta soberanía del estado que guarda la zona de monumentos arqueológicos de Tulum y también como segundo punto, donde se exhorta a la Semarnat a coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al honorable ayuntamiento de Solidaridad de detener los permisos de construcción a particulares, me permito fijar mi postura como diputada del primer distrito del estado de Quintana Roo y representante en este punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRI, con una intervención que no avala el punto de acuerdo aquí presentado por lo siguiente:

El 23 de abril de 1981 el gobierno federal declara al parque nacional de Tulum como tal. Aquí señalaba un compañero diputado sobre el hecho de que en las acciones el municipio de Solidaridad no está salvaguardando el entorno ambiental que se da alrededor del parque Tulum, quisiera yo puntualizar y hacer una reflexión al respecto.

En breve está por aprobarse en el estado el Programa Director Urbano de Tulum, que ha sido nombrada ya ciudad. Este programa ya es un modelo nacional en la concepción del mismo y cuenta con los acuerdos de las asociaciones ambientalistas de la Semarnat, de la Conam, del gobierno del estado, de la iniciativa privada y del honorable ayuntamiento del municipio de Solidaridad.

En este programa, uno de los objetivos principales es respetar el decreto de parque nacional de Tulum; no solamente se pone de manifiesto el interés del gobierno del estado de Quintana Roo y del ayuntamiento de Solidaridad que --como mencionaba mi compañero diputado--, de las 654 hectáreas de que consta el parque nacional de Tulum, ha concedido el gobierno del estado y el honorable ayuntamiento de Solidaridad ocho mil hectáreas como parte de este parque nacional de Tulum, por lo que hay de manifiesto el total trabajo y las acciones que el ayuntamiento y el gobierno del estado, conjuntamente con la Semarnat, han realizado en pro del cuidado del entorno ecológico.

Por ello, manifestamos como fracción parlamentaria del PRI nuestra desaprobación por este punto de acuerdo, en el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a detener las licencias de construcción, fundamentando que hay una incongruencia total en lo aquí planteado. Eso es todo, es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD.

El diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señora Presidenta. La UNESCO, en un documento emitido por el ex embajador Francisco Lacayo, ex director de Cultura de esta importante y honorable institución, dice que los países debemos tener mucho cuidado ante ciertos comportamientos desviados del turismo, y recalca que el turismo puede ser y debe ser un motor de desarrollo para los pueblos y para las regiones, donde se ubican zonas arqueológicas o donde exista patrimonio cultural tangible o intangible.

El espíritu que animó a mis compañeros del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia, del Partido de la Revolución Democrática y algunos representantes del PRI, fue definitivamente llamar la atención en una serie de hechos que no están preservando la riqueza cultural de un corredor que en diciembre de 1993, por decreto, se declara como zona arqueológica el tramo comprendido entre la zonas de Tulum y Sian-Káan. La realidad nos demuestra que en este espacio se está llevando a cabo una serie de construcciones que están afectando una zona patrimonial. No nos dejemos llevar por el espejismo de un crecimiento y desarrollo turístico de cartón-piedra, como prueba está la isla de Palma de Mallorca, en España.

En diferentes espacios del Mediterráneo español se han revertido este tipo de acciones, que depauperaron, destruyeron zonas con valor histórico, artístico y arqueológico, en aras de propiciar una derrama de turismo. El turismo del siglo XXI, tal como dice este documento de la UNESCO, invierte en un viaje para regresar con un enriquecimiento, cambio cultural o natural, de algo distinto a lo que vive.

En el estado de Quintana Roo es evidente que existe una voracidad de inversores, sobre todo de origen ibérico, que no están respetando esos espacios, que son los atractivos para el turismo; nos referimos a los espacios arqueológicos; nos referimos a las playas; nos referimos a la zona de humedales. Por ello es por lo que estamos solicitando en esta ocasión el apoyo de todos ustedes, a efecto de que sea la institución que por ley tiene la facultad para determinar qué es lo que se puede efectuar en una zona arqueológica, en una zona de preservación monumental, como a la que hemos aludido.

Y esta institución no es otra que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de manera puntual, además de concederle las facultades en la materia, también delimita las acciones que se pueden llevar a cabo en ese tipo de zonas arqueológicas.

Es por ello que, aún entendiendo la postura de la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, no está de más detener lo que se está llevando a cabo, revisarlo a la luz de las leyes y proseguir de conformidad con lo que determinan las disposiciones legales en esta zona arqueológica de primer nivel; orgullo de todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez:Compañeros legisladores. Sólo quisiera apuntar algunos puntos de reflexión por los cuales el Partido Acción Nacionalha impulsado este punto de acuerdo, lo sostiene, lo defiende y lo apoya.

En primer lugar fue muy grato lograr un consenso, incluso de compañeros del PRI, para apoyar este punto de acuerdo, que busca proteger nuestro patrimonio cultural, nuestro legado histórico. La zona arqueológica de Tulum es una de las muestras más representativas del esplendor de la civilización maya y una síntesis casi perfecta del diálogo entre el obrar humano y la naturaleza. Esta zona se encuentra seriamente amenazada por la construcción de grandes desarrollos turísticos que se han asentado dentro del perímetro protegido como zona arqueológica, lo cual viola los artículos 42, 43, 44, de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Se está poniendo en riesgo no sólo la cultura, sino también el medio ambiente y el desarrollo económico. Estamos a favor de una inversión, pero de una inversión que sea sustentable; no de una inversión que cancele el futuro. Estamos a favor de una vocación turística; pero no de una vocación turística que se anule a sí misma en el futuro, con unas políticas públicas con visión meramente inmediatista.

Por eso en el punto de acuerdo queremos y hemos exhortado en primer lugar la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el gran ausente en la autorización precisamente de estos permisos.

También exhortamos a que la Semarnat, quien ha dado algunos de estos permisos, se coordine con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que, en el ámbito local, el municipio, el gobierno del estado, detengan estos permisos hasta que se haga una valoración no sólo de tipo medioambiental seria, sino precisamente histórica, cultural, que es la que no se ha hecho.

Y por último también exhortamos a la Secretaría de la Función Pública a que haga los trámites conducentes para ver si no hay omisión o responsabilidad de servidores públicos.

Así pues, estamos contentos por este consenso, porque la Junta de Coordinación haya asumido este tema como un tema prioritario y que lo veamos precisamente como un sí al turismo, pero un turismo que no cancele precisamente el futuro natural y cultural de esta zona.

Por eso Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, lo promueve, lo apoya y se congratula por las distintas fracciones parlamentarias que se han sumado también. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alejandro Landero. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Juventud y Deporte fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2, fracciones I y IX; 6, 90, 99; se adicionan los artículos 2 con una fracción III, y 138 con una fracción VI a la Ley General del Cultura Física y Deporte, suscrita por los Diputados María Elena Orantes López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Jorge Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México integrantes de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión.

En virtud del análisis y estudio del proyecto que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI, 45 párrafo 6 incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 58, 60, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Minuta del Senado de la República.

II. En el capítulo de ``Contenido de la Minuta'' se exponen los motivos y alcances de la Minuta en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones y Razonamientos'' la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara ofrece los razonamientos económicos, jurídicos, sociales y demás que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la Minuta de los Senadores y que sustentan la decisión de los Diputados.

IV. En el capítulo ``Resolución'', se da cuenta a esta Soberanía del fallo final que en pleno se expone.

Antecedentes

Primero. La minuta que hoy se dictamina proviene de las Iniciativas presentadas por la Dip. María Elena Orantes López (PRI), y el Dip. Jorge Kahwagi Macari (PVEM), en sesiones celebradas el 19 de enero y 8 de febrero, respectivamente, de 2005.

Segundo. Dictamen aprobado en Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2005 y turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Tercero. Dictamen a discusión presentado en Sesión de la Cámara de Senadores el 6 de abril de 2006.

Cuarto. La Minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Minuta presentada en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 18 de abril de 2006.

Sexto. Los Diputados integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte de la LX legislatura, para desahogar el encargo conferido realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la Minuta

Las propuestas de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte inciden directamente en los derechos de las mujeres, es decir, que la intención de los legisladores promoventes es la de que los organismos y las autoridades deportivas implementen acciones en materia deportiva incorporando la perspectiva de género así como sobre la salud y el deporte unidos a la educación.

La relevancia y amplitud de estas propuestas, repercuten no sólo en las mujeres, sino que tendrá derivaciones también en el contenido de la Ley, ya que al ser general se estaría cambiando el sentido de la Ley en cuanto a su generalidad e impersonalidad, cualidad de este tipo de ordenamientos.

En este tenor, un factor prioritario para consolidar los avances hasta hoy logrados será la disposición de todos nosotros para escuchar y dar voz a todos, lo cuál derivará y será garantía para lograr los acuerdos que nos permitan fortalecer nuestras instituciones.

Consideraciones y Razonamientos

La Cámara revisora desechó parte del proyecto por no considerarlo viable, y atendiendo al artículo 72 Constitucional inciso e), la nueva discusión de esta Cámara de origen versara únicamente sobre lo desechado, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados.

Para mayor abundamiento se transcribe el artículo en mención:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Esta Comisión dictaminadora coincide en la importancia que tiene el deporte para todas las personas sin distinción alguna. Si bien es cierto que la participación de las mujeres en el ámbito deportivo ha ido en aumento pero que aún así es menor a la de hombres, coincidimos en que la Ley no esta siendo en ningún momento discriminatoria de ningún grupo o persona, ya que la propia ley al ser general, obligatoria e impersonal es incluyente de todos y todas las personas.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene atribuciones que van dirigidas a todas las personas y no a alguna en específico, por lo que en ningún momento puede inclinarse a un género o grupo en específico, cubriendo de tal forma a toda la población.

De tal manera qué, si nos encauzamos en incluir géneros, posteriormente tendremos que incluir también religiones, adultos mayores, niños y niñas, etc. Perdiendo la Ley sus características primordiales, volviéndose inequitativa y debiéndose encontrar en otras disposiciones legales.

El aspecto jurídico de las mujeres cuenta ya, con ordenamientos jurídicos que protegen y defienden sus derechos más fundamentales, en este sentido crear disposiciones normativas que ya se encuentran dentro del cuerpo de la Ley de manera general por ser ésta precisamente una Ley General resultaría redundante por lo que estimamos improcedente lo relativo a género salvo en algunas fracciones donde no se afecta la generalidad ya que se utilizan términos de manera parcial como ``equitativo'' y no resulta personal.

Sobre el particular es importante precisar que si bien es cierto que la moralidad y la ética dentro de una sociedad es importante, también es fundamental que los principios se encuentren bien fundamentados en el cuerpo de la Ley con la finalidad de poder brindar la protección justa y permanente y en la Ley General de Cultura Física y Deporte se encuentran bien fundamentados por lo que no hay necesidad de repetir de manera específica los conceptos ya consagrados.

Tratándose de la reforma que se refiere a la salud y al deporte unido a la educación apreciamos procedente la reforma como parte importante en el desarrollo de nuestro país donde el futuro depende de las nuevas generaciones y del nivel óptimo de salud física y social con el que cuenten aún cuando la Ley eleva la calidad de vida social y cultural de nuestra sociedad.

La reforma referente al artículo 99, en lo relativo a ``evitando en todo momento la discriminación'' ya ha sido reformado en el mismo sentido y publicadas las reformas en el diario Oficial de la Federación, por lo que se estaría haciendo una reforma de la reciente reforma en menos de seis meses.

En relación a la reforma sobre infracciones consideramos que no es acertada ya que las infracciones graves a las que se refiere la Ley es en sí, a la perspectiva de la práctica deportiva y relacionada más específicamente a la utilización y promoción del consumo de sustancias o métodos dopantes o la negativa a someterse a pruebas antidoping, en la que no hay discriminación, ni exclusión, ni violencia de género, ni tampoco se refiere a infracciones en general ya que todos los deportistas sean hombres o mujeres se deben sujetar a estas pruebas a sabiendas de que por su negativa pueden incurrir en las mismas. En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe ha resuelto aprobar en sus términos la minuta que nos envía la Cámara revisora.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Artículo Único. Se reforma la fracción I; se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las demás fracciones; y se reforma la fracción X del articulo 2; se reforma el artículo 6; de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. y III. ...

IV. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios;

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivo-Recreativas, del deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva;

IX. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

X. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XI. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad.

Artículo 6. La Federación, los estados, el Distrito Federal, y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, deberán expedirse dentro de un plazo no mayor a 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre de dos mil seis.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos , Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera , Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Rafael García Villicaña.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia comunica que se han inscrito para hablar sobre este tema la diputada Mónica Arriola, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , el diputado José Luis Aguilera Rico , la diputada Elizabeth Morales García , la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán y el diputado Gregorio Barradas Miravete

Declina la diputada Arriola. Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; pero, no estando presente, tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico , del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Luis Aguilera Rico:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: a esta Comisión de Juventud y Deportefue turnada una intención bastante importante donde esta comisión valoró mucho la equidad; valoró esta prevención de enfermedades; valoró la prevención del delito y donde se consagra precisamente la intención de la Comisión de Juventud y Deporteen diversas modalidades.

Lo primero de ello, fomentar el orden del desarrollo de la cultura física --que es algo importante-- y que hoy va a ser una punta de lanza desde los municipios hasta los gobiernos de los estados, y que la Ley de Cultura Física y Deporte Federal puede implementar ya el término cultura física dentro del municipio.

La preservación a la salud, la prevención de enfermedades, fomentar el desarrollo de esta cultura física, incentivar la inversión social y privada es algo en que todos los días hay dudas entre las personas y empresarios; muchos gobiernos de los estados siguen teniendo la duda de invertir en el deporte y hoy en día esta inversión, tanto de la sociedad como a nivel privado, se podrá dar un auge más importante en la actuación pública para la cultura física.

Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riesgos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, que pudieran también implementarse diversas medidas de seguridad de las sustancias prohibidas en el deporte.

Uno de los temas que a nosotros nos llamó mucho la atención es la oportunidad que tengan las personas con capacidades diferentes.

Las personas que hoy ocupan las instalaciones deportivas, las personas que hoy tienen la oportunidad o podrán tener la oportunidad, que no sean, en un aspecto, discriminatorias y que de alguna manera nosotros, en este espíritu de reforma, queremos llevar a cabo una igualdad y una equidad dentro de las personas de capacidades diferentes. Por supuesto, también garantizar a todas las personas, sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil.

La igualdad es la oportunidad que tenemos precisamente en los programas de desarrollo social y, como lo dejamos muy claro al director general de la Conade, hoy día le apostamos más a esta igualdad dentro de las instalaciones deportivas, con el objetivo de que tengan una igualdad en este término ``con capacidades diferentes''.

Nosotros queremos llevar a cabo también, como Comisión de Juventud y Deporte, la oportunidad de que, a partir de esta reforma, comiencen las pláticas entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para que en este ámbito de competencias comiencen a proveer el adecuado ejercicio de los recursos también financieros para la práctica de la cultura física y del deporte.

Es por ello que el grupo parlamentario de Convergencia se suma precisamente a esta reforma y, sobre todo, es una de las cosas muy, muy importantes para nosotros fomentar desde el municipio, desde el estado y, por supuesto, sin distinción, que la práctica de la cultura física y el deporte sean el lenguaje de nuestro México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Aguilera Rico. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales García, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada Elizabeth Morales García:Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Compañeras y compañeros: La búsqueda de la equidad ha sido y es un trabajo de todos los días, en el deporte no es la excepción; les voy a dar algunos ejemplos.

Por ejemplo, la liga de futbol profesional, la liga de las selecciones nacionales femeninas y varoniles de futbol se tratan de forma diferente, en lo que hace al avión, en lo que hace a los viáticos, en lo que hace a los hoteles, en lo que hace al equipamiento; y las selecciones nacionales de otros tipos de deportes con respecto a las selecciones nacionales de futbol, de mujeres ambas, también reciben un trato desigual.

Otro ejemplo, que es el basquetbol. Las ligas profesionales y semiprofesionales de basquetbol varonil reciben un salario. Las ligas femeninas no lo reciben, reciben solamente viáticos, y eso, muy limitados. Los deportes de espectáculos, el tenis, el voleibol de playa, el golf, los premios que se dan a los varones y a las mujeres son distintos.

Hoy día hay que reconocer, por ejemplo, que en el tenis hay dos torneos de Grand Slam, que ya igualaron los premios, pero todavía queda mucho por hacer. En la televisión los horarios estelares están reservados para las finales de torneos varoniles en lo que hace a los patrocinios. Si bien las marcas saben el poder de compra que tienen las mujeres, en lo personal y en lo familiar, los comerciales sí se dirigen en este sector, pero los patrocinios no van hacia las deportistas femeninas.

Por eso es importante la reforma que vamos a votar en este momento; porque, además, esta reforma incluye la igualdad de oportunidades por razón para todas las personas de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de religión, de opiniones, de preferencia, de estado civil.

Como ejemplo, en este punto les comento lo siguiente: hoy, en el alto rendimiento hay un programa que se llama programa CIMA, que es el Compromiso Integral de México con sus Atletas. En este programa no se incluye a los discapacitados y es un apoyo muy importante en becas para equipo, para programas, para competencias, para materiales, para su vestuario.

Los deportistas que están en CIMA, a los que sí contempla, a los que le llaman ellos ``deportistas de pie''; estos deportistas tienen becas cuando son campeones mundiales y olímpicos hasta de 25 mil pesos. Los discapacitados no tienen derecho al CIMA, pero además, la máxima beca, para quienes están activos, a la que pueden aspirar es de ocho mil pesos mensuales. En los niños existen en todo el país pocas instalaciones de acuerdo al tamaño de los pequeños, y además, como otro ejemplo, también hay pocos árbitros que estén capacitados, con lo que es especialización pedagógica para poder estar con los pequeños.

Por último, la reforma que votaremos también hace un agregado importante ya que considera que el deporte se debe fomentar para la prevención de los delitos --lo cual ya contemplaba--, pero se han agregado además para la preservación de la salud y para la prevención de enfermedades.

En la preservación de la salud estamos hablando de la salud física y de la salud mental. Sabemos que en este país más del 80 por ciento de los mexicanos no hace ningún tipo de ejercicio; que más del 70 por ciento tiene sobrepeso; que somos el noveno país a nivel mundial con enfermos de diabetes, y que la primera causa de morbilidad en nuestro país, la primera causa de enfermedades se llama diabetes, que crea amputación por problemas de circulación de pie, de piernas, de brazos, de dedos; que crea problemas renales y que crea ceguera, por ejemplo, y que este problema de salud llamado diabetes se puede prevenir con algo muy sencillo: una buena alimentación y realizar actividad física.

Lo que hace a la preservación de la salud mental. La salud mental, por supuesto, también es importante. En nuestro país la cuarta causa de muerte entre los jóvenes son los suicidios. Por eso es importante promover el deporte y por eso es importante esta reforma. Y la prevención de enfermedades --que hemos hablado mucho de ello--, la prevención de problemas, como son el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo.

Por eso el grupo parlamentario del PRI, promoviendo como efectivamente lo hicieron en su momento --y a quienes felicitamos por esta iniciativa en un principio--, la compañera del PRI, María Elena Orantes López y el diputado Jorge Kahwagi, promoventes de esta reforma, que se hayan preocupado por la equidad, por la igualdad, por la no discriminación y por la preservación de la salud. Por ello, el grupo parlamentario del PRI dará su voto a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morales García. Tiene la palabra la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán:Con su permiso, señor Presidente: el dictamen que votamos el día de hoy representa un avance en el objetivo de lograr que la práctica deportiva como medio de la preservación de la salud busca involucrar en la promoción para el ejercicio de este derecho a las y los mexicanos, la federación, los estados, elDistrito Federaly los municipios. De tal manera, buscamos que el Estado se haga responsable del ejercicio de programas que posibilitan una auténtica práctica deportiva como un acto elemental del ser humano.

De esta ley que se vota el día de hoy, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática está a favor, pues es perfectible y consideramos que existen algunas lagunas que se habrán de solucionar para beneficio de los deportistas de nuestro país. Es por ello que el grupo parlamentario de la Revolución Democrática va a favor y espera del trabajo de los y las legisladoras para resolver este sector que ha sido olvidado y marginado. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Hernández Gaytán. Tiene la palabra el diputado Gregorio Barradas Miravete, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Gregorio Barradas Miravete:Con el permiso de la Presidencia: honorable Asamblea: el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporteque estamos votando hoy a favor, el Partido Acción Nacionaltambién está a favor de esta iniciativa y este proyecto de decreto que reforma esta ley, porque creemos que las familias mexicanas debemos generar un desarrollo sustentable para los hijos; que se tenga al deporte como una práctica común para los niños y los jóvenes y que la armonía familiar sea un elemento primordial para la cultura moral de nuestras familias en México.

Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones también es algo que está dentro de esta iniciativa y de este proyecto de decreto para reformar esta ley.

El deporte y la práctica del deporte es un medio importante, no sólo para la salud de las familias mexicanas, sino que también es un medio importante para la prevención del delito, para el desarrollo social de las familias, para la armonía familiar y el buen crecimiento y desarrollo de los mexicanos.

En Acción Nacional, igual que en las demás fracciones parlamentarias, como ya lo han manifestado anteriormente, es nuestro interés que México sea un México sano con una juventud deportista, participativa y propositiva, de cara a los problemas del país; pero también debemos luchar porque esto que se vota hoy llegue a las entidades, llegue al pleno del Sistema Nacional de Cultura Física y del Deporte, que es el órgano donde confluyen todos los organismos deportivos del país, para que ahí se acuerden las medidas para el fomento equitativo del deporte.

Que no se quede nada más en letra muerta, sino que todas las organizaciones deportivas y los integrantes que conformamos esta Comisión de Juventud y Deporte seamos actores principales para que la Ley llegue a la práctica; para que el deporte llegue a todas las entidades federativas, a todos los municipios, rancherías, puesto que México es un país con todas las cualidades y condiciones para ser una potencia deportiva mundial, puesto que tenemos diferentes aptitudes, diferentes etnias, razas, diferentes climas donde podemos practicar diferentes deportes.

Es por ello que hoy el Partido Acción Nacional aporta el voto a favor a este proyecto de decreto que reforma esta ley, en aras de que México sea un México sano, con una juventud deportista y participativa y, sobre todo, al exhorto de que la sociedad y organizaciones deportivas impulsemos juntos, con esta comisión, la acciones para que las reformas realmente lleguen a la práctica y que realmente se tenga una cultura real, como se llama esta Ley de Cultura Física y Deportiva. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gregorio Barradas. No habiendo más oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Únicamente existen dos diputados que van a votar de viva voz... la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca y el diputado Gustavo Ramírez Villarreal ; y el diputado Carlos Rojas, del PRI; y Gerardo Priego, de Acción Nacional. Inicio con la diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca.

La diputada Teresa de Jesús Alcocer y Gasca (desde la curul): Señor Presidente, mi voto es a favor.

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El diputado Carlos Rojas Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): A favor.

El diputado Venancio Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado Faustino Soto Ramos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Se emitieron 399 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar cuenta del oficio y la minuta.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso, con el propósito de realizar una visita a la ciudad Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único.Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso, con el propósito de realizar una visita a la ciudad Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con fundamento en los artículos 55 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Proyecto de decreto.

Artículo Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del año en curso con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la XIX reunión de jefes de Estado y de gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto...

(Votación.)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Saludo a los alumnos de la Escuela Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacionalaquí presentes.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se registrará el voto de viva voz del diputado Gustavo Ramírez Villarreal .

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: Se emitieron 280 votos en pro 68 abstenciones y 20 votos en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos el proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 2 y 3 de marzo del 2007, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la decimonovena reunión de jefes de Estado y de gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política del Grupo de Río. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PATRIMONIO CULTURAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo a promover el turismo cultural en los sitios denominados ``patrimonio cultural de la humanidad''

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a promover y fomentar el turismo cultural en los sitios denominados ``Patrimonio Cultural de la Humanidad''.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVIII , y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

A) En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siete de noviembre del año dos mil seis, la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados ``Patrimonio Cultural de la Humanidad''.

B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados determinó turnar la propuesta citada a la Comisión de Turismo para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número D.G.P.L.60-II-4-151.

C) En reunión celebrada por el pleno de la Comisión de Turismo, el día 25 del mes de enero de 2007, se analiza la proposición con punto de acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

La Comisión de Turismo de esta honorable Cámara de Diputados previo el análisis detallado y profundo que realizaron todos sus integrantes, incluso durante la referida sesión, determinan que es de aceptarse dicho proyecto en razón de que el propósito fundamental del mismo es garantizar la afluencia de turistas extranjeros a nuestro país, no solamente a los sitios de sol y playa, sino con la intención de que los visitantes conozcan, a través de una promoción adecuada, otros sitios de interés que tiene el país.

Para la Secretaría de Turismo el turismo cultural se define como ``Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico''.

Derivado de lo anterior, un importante número de los turistas que viajan a México reconocen estar interesados en el patrimonio cultural del país, aunque su viaje no haya sido realizado por motivos estrictamente culturales. Para ellos, las actividades relacionadas con el conocimiento de las culturas locales y el disfrute de su patrimonio son un componente muy importante para su satisfacción.

En este sentido se identifican dos tipos de corrientes turísticas vinculadas con la cultura:

Los turistas con interés especial en la cultura, corresponden al segmento del ``turismo cultural'', es decir, su tamaño y valor son directamente imputables a los valores culturales del país que motivan a los turistas a realizar un viaje.

Los turistas con interés ocasional en la cultura, pertenecen a otros segmentos turísticos con diversas motivaciones, en ellos la cultura es un valor agregado al que sólo se imputa directamente el gasto adicional.

Considerando que México es un mosaico histórico de amplias dimensiones, una mixtura de paisajes en la que se combina la grandeza cultural con el vasto entorno natural. Nuestro país ofrece una amplia diversidad étnica, característica intrínseca de la riqueza nacional. Poseemos, joyas prehispánicas y coloniales lo que nos concede un importante espacio entre las diez naciones más visitadas del mundo.

De ahí que la promoción turística del país sea uno de los rubros más importantes de captación de divisas, la cual es manejada por la Secretaría de Turismo, a través de diversos y muy variados programas. Sin embargo, entre las actividades que realiza la secretaría del ramo, no se considera un plan especial que dé a conocer de manera integral los 25 sitios que son patrimonio de la humanidad.

Esta importante omisión extraña a los legisladores integrantes de la Comisión de Turismo, por lo que consideramos que sería no sólo oportuna sino pertinente, la instrumentación de un esquema específico que además de difundirlos a nivel nacional e internacional, contribuya a su preservación.

Cabe señalar que esta consideración no sólo persigue una promoción meramente turística, sino que a su vez, pretende que se garantice la conservación de dichos bienes tal y como lo establece la Agenda 21 para el Turismo Sustentable.

Lo anterior responde a que la actividad turística es sin duda, una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo y por ende su impacto sobre el patrimonio natural y cultural es muy alto. Situación que exige especial atención, sobre todo en cuanto a la vulnerabilidad de dichos sitios. Por ello, uno de los grandes retos es el tratamiento adecuado, así como el uso racional y la conservación de los bienes patrimoniales. Reto que sin duda exige enfoques turísticos multidisciplinarios.

De llevarse a cabo, un programa de promoción y difusión sobre el patrimonio mexicano de la humanidad, éste, ayudaría a fomentar como un todo a esos 25 lugares. Estamos convencidos de que muchos turistas potenciales podrían decidirse a visitarlos, trayendo grandes beneficios a las comunidades locales y por ende, al país. El programa de promoción y difusión, incluso, proporcionaría una plataforma a través de la cual se podrían desarrollar nuevos productos y servicios.

Cabe destacar que la amabilidad y la calidad son dos de los principales factores para que el sector turístico sea competitivo. De tal manera, que al amalgamar la difusión de lugares y tradiciones de gran valor cultural y natural a un programa integral de promoción y difusión del patrimonio de la humanidad, seguramente incrementaría la competitividad del sector haciéndolo aún más atractivo para el mercado interno y externo.

La gestión turística bajo el concepto de sustentabilidad resulta la mejor opción para revalorizar los elementos patrimoniales, para dar respuestas a las realidades y necesidades locales, tales como: la promoción y preservación de creencias, costumbres, ritos, tradiciones, así como de manifestaciones culturales y gastronómicas. No olvidemos un factor en sumo importante que es la creación de empleos en esas zonas que serán promocionadas.

La revalorización integral de nuestras riquezas; culturales o naturales, es la respuesta que muchos destinos pueden encontrar hacia procesos de cambio, preservación y readaptación. No olvidemos que en el 2003 la celebración del Día de Muertos fue incluida en la lista del patrimonio intangible que ha quedado protegido bajo el Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 que fue ratificado por México en el 2005. Este punto refuerza la idea de conformar un programa específico en el que se promuevan estos sitios pues no se puede dejar de lado la profunda interdependencia entre el patrimonio cultural, el natural y el inmaterial.

Por ello, es preeminente reafirmar la importancia que reviste la protección, subsistencia, divulgación e impulso del patrimonio cultural de México, que es además acervo de la humanidad, como una estrategia integral para favorecer el desarrollo socioeconómico de las regiones receptoras y del país en general, ello, a través de una promoción turística sustentable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados ``Patrimonio Cultural de la Humanidad''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de enero de 2007.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Merced Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Armando Enríquez Flores (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica).»

SECRETARIA DE TURISMO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Turismo una campaña promocional de México como destino seguro y un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diversos diputados de los Partidos: de la Revolución Democrática, Alternativa, Convergencia, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 primer párrafo, 45 numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Proceso Legislativo.

A) En sesión celebrada el doce de octubre del año dos mil seis, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el Diputado Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diversos diputados de los Partidos: de la Revolución Democrática, Alternativa, Convergencia, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro.

B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados determinó turnar la Propuesta citada a la Comisión de Turismo para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número D. G. P. L. 60-II-5-133.

C) En reunión celebrada por el Pleno de la Comisión de Turismo, el día 25 del mes de Enero de 2007, se analiza la Proposición con Punto de Acuerdo, quedando aprobada por unanimidad de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Comisión de Turismo de esta honorable Cámara de Diputados previo el análisis detallado y profundo que realizaron todos sus integrantes, incluso durante la referida sesión, determinan que es de aceptarse dicho proyecto en razón de que el propósito fundamental del mismo es garantizar la afluencia de turistas extranjeros a nuestro país otorgando, para ello, la implementación de medidas de seguridad que se consideren necesarias.

El turismo, en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica más importante del mundo. Su expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. México, no ha quedado excluido de ello, considerando las aportaciones que dicha actividad aporta a nuestro desarrollo y sobre todo, a la economía.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, en el año 2004 se registraron en el mundo cerca de 763 millones de llegadas de turistas internacionales, donde México participó con el 2.7 por ciento, ubicándose como el octavo país recepto y el segundo en el continente americano.

En México, los ingresos por visitantes internacionales en el período comprendido de enero a septiembre de 2006 fue de 15 mil 847 personas, generando un gasto de 8,943.3 millones de dólares, colocándose como la tercera actividad económica del país en captación de divisas, sólo después del petróleo y las manufacturas.

Como ya se apuntó, los ingresos por visitantes internacionales a nuestro país fueron de 8,295 millones de dólares, de los cuales 6,436 (77.6%) fueron aportados por los turistas internacionales, de los que 90.4% correspondieron al turismo receptivo (5,817 millones). Los pasajeros en crucero generaron 201 millones de dólares.

Sin embargo, los destinos mexicanos se enfrentan a crisis ambientales y sociales, como los crecimientos urbanos desordenados alrededor de los grandes centros turísticos, el deterioro del entorno ecológico y la pérdida de identidad cultural, que no es una situación exclusiva de México ya que el llamado turismo de masas ha demostrado tener, a nivel mundial, ciertos efectos negativos en destinos como los antes descritos.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se refleja en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales; no obstante, últimamente esta actividad se ha visto seriamente afectada por los comentarios negativos que en cuanto a inseguridad se han vertido, sobre todo aquellos que van encaminados a que los turistas internacionales dejen de visitarnos.

Sobre el particular, basta con recordar que el Embajador de los Estados Unidos de América ante nuestro país, Antonio Garza, ha sido muy insistente sobre el tema de la inseguridad en México y cada vez lo ha hecho con mayor tono: profundizando en sus opiniones y acciones diplomáticas, propuestas de colaboración e incluso demandas de mayor atención del gobierno federal. Un antecedente de esto lo tuvimos con el anuncio que fue emitido el 24 de agosto y emitido por la Embajada de Estados Unidos de América ante México y el Departamento de Estado de ese mismo país, quienes anunciaron su decisión de alertar a sus ciudadanos respecto a la situación persistente y potencialmente violenta que se vive en Oaxaca.

Asimismo, el 14 de septiembre de éste año, el Embajador Garza, manifestó que:

``La violencia en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos continúa amenazando hasta nuestra misma manera de vivir. Como amigos y vecinos, los mexicanos y los estadounidenses debemos ser honestos en cuanto a la casi ausencia de la ley en algunas partes de nuestra frontera. Recientemente, esa violencia se ha intensificado en territorio mexicano con un gran incremento en asesinatos y secuestros de ciudadanos tanto mexicanos como estadounidenses. Muchas personas que viven en México me han hablado sobre su profunda preocupación tanto por su seguridad personal como por el futuro de sus comunidades. Se trata de una preocupación que comparto''.

Estos crímenes horrendos, dice el Embajador Garza ``afectan seriamente los viajes y el turismo, el ambiente de los negocios y la inversión, así como la relación bilateral que compartimos'',lo que nos demuestra en forma suficiente que nuestro país esta siendo seriamente dañado por los comentarios emitidos por él, sin que el gobierno mexicano emprenda acciones para detener esa serie de afirmaciones que no solamente daña a la actividad turística en su conjunto y, sobre todo, lesiona severamente a nuestra economía.

Derivado de lo anterior, es necesario que el gobierno mexicano emprenda acciones e implemente un programa de información para que los turistas extranjeros no pierdan la confianza en nuestro país y continúen visitándonos y recorriendo todos y cada uno de los rincones de recreación que tenemos, así como la implementación de una campaña promocional elevando a nuestra cultura y sobre todo, impulsando a nuestro país como un destino seguro en comparación a los países árabes y al propio Estados Unidos, en lo que se refiere al terrorismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de enero de 2007.

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Merced Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Armando Enríquez Flores , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica).»

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a implantar las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas, implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero, presentado por el diputado Luís Alonso Mejía García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, estas Comisiones Legislativas, con base en las facultades que les confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIII , y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada el día 31 de octubre de 2006, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el Diputado Luís Alonso Mejía García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno una propuesta con Punto de para exhortar al Gobierno del Estado de Tamaulipas, implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero.

SEGUNDO. Con esta misma fecha, dicha propuesta con Punto de Acuerdo, fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el oficio D. G. P. L. 60-II-1-110, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y de elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.

El dominio y uso de todos los inmuebles destinados a espacios públicos para su uso o disfrute colectivo, corresponde y pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, siendo en todo momento el Estado el principal obligado de velar por la protección de la integridad y destino al uso común de estos espacios, el cual en todo momento prevalecerá sobre el interés particular.

Los parques ecológicos se encuentran considerados dentro de los espacios públicos, y son definidos como las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público, ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes.

Desafortunadamente el avance incontenible de Asentamientos Humanos y sus correspondientes construcciones se ha convertido en un problema que aqueja a casi todos los núcleos urbanos del país, amenazando con consumir las pocas áreas verdes con las que aun se cuenta, mismas que estamos obligados a preservar, como un principio ineludible de salud física y mental, para las generaciones presentes y futuras, garantizando que las comunidades que habitan las zonas urbanas cuenten con un lugar permanentemente de esparcimiento, y recreación, en el que tengan contacto directo con la naturaleza, contribuyendo así con su adecuado desarrollo físico, mental y una mejor calidad de vida.

El punto de acuerdo de referencia hace alusión al caso particular de la Laguna del Carpintero, la cual se ubica próxima al centro urbano de Tampico, y a lo largo de los años se ha consolidado como el principal atractivo turístico de la ciudad, ya que esta representa un espacio acuático natural de alto valor paisajístico y ambiental, además de contar con una importante reserva de flora y fauna representativa de la región.

Esta laguna ha tolerado un proceso de degradación ambiental ocasionado principalmente por la actividad humana, principalmente derivada del crecimiento urbano desmedido. En la actualidad se ha tratado de restaurar y proteger el área que comprende la laguna, mediante acciones tendientes a una adecuada planeación y ordenación del espacio turístico en la zona de influencia del Carpintero, así como su aprovechamiento, respetando siempre la vocación natural del terreno y su capacidad de carga.

El acuerdo de referencia, establece que el día 19 de febrero de 1991, Petróleos Mexicanos donó al municipio de Tampico, Tamaulipas, un bien inmueble con superficie de 8-00-00 has., ubicado en la Laguna del Carpintero. Dicha donación fue condicionada a que el inmueble fuera utilizado para la ampliación del Parque Recreativo Cultural, con el objeto de que coadyuvara al desarrollo social de la comunidad.

El día 30 de septiembre de 1992, una vez más, Petróleos Mexicanos donó al municipio de Tampico, Tamaulipas, un bien inmueble con superficie de 8-09-65.08 has., adyacente a la Laguna de referencia dicha donación también se condicionó al desarrollo de distintas obras en beneficio de la localidad del municipio de mérito. Finalmente el día 12 de enero de 2001, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, donó, a título gratuito, a favor del municipio de Tampico, cuatro fracciones de terreno con superficie de 5-80-85.1, has., 50-58-29.96 has., 18-04-80.4 has., y 3-29-85.5 has., respectivamente, que forman parte de los terrenos ganados a la laguna del carpintero. Una vez más, la donación del bien inmueble fue condicionada al desarrollo del proyecto Laguna del Carpintero.

El 17 de noviembre de 2001 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto Gubernamental por el que se autoriza y se fijan las bases para la conformación del fideicomiso denominado ``Fideicomiso Pro Desarrollo de la Laguna del Carpintero'' entrando dicho inmueble en patrimonio del fideicomiso, con el fin de desarrollar el proyecto Laguna del Carpintero que comprende la construcción de instalaciones culturales, recreativas y de esparcimiento, así como el establecimiento de un parque ecológico.

En la sesión número 762 del Consejo de Administración de la paraestatal Petróleos Mexicanos de fecha 29 de octubre de 2005 dos mil cinco, se autorizó la modificación del destino de los terrenos originalmente donados.

Con esto cambió el cuerpo original de mencionado ``Proyecto de la Laguna del Carpintero'' y adquirió el superlativo ``mega'' contemplando entre otros, la construcción de un Parque Ecológico, un Centro de Convenciones, un Acuario y además establece un área destinada para la construcción de un ``Centro Comercial'', este último supuestamente violentando la condicionante hecha por la federación en relación con la donación de dichos terrenos, la cual establecía que en el supuesto de que los mismos fueran utilizados para un fin distinto al señalado se revertiría dicha donación y se perdería la propiedad de los terrenos con todo lo que se hubiera hecho sobre ellos.

La laguna urbana del Carpintero, es hoy un frágil ecosistema que cuenta con una flora y fauna invaluable para la zona, con enormes potencialidades turísticas, las cuales se están viendo afectadas por la acción antrópica y la falta de planeación urbana y turística.

Es incuestionable que con la creación de Parques, su conservación y mantenimiento, se propiciará el saneamiento ambiental y se regenerarán terrenos erosionados, para que sirvan de pulmones a las poblaciones presentes y futuras, por lo cual los integrantes de ambas Comisiones estimamos que efectivamente el turismo puede representar una alternativa susceptible de redimensionarse para generar inversiones en las comunidades urbanas y rurales y favorecer su propio desarrollo, pero es necesario el respeto a las disposiciones legales existentes, que regulan la ejecución de proyectos, programas de creación, incremento, conservación, mantenimiento y administración en parques estatales y municipales, como un servicio público indispensable para la recreación popular de los habitantes.

Se considera en general que deben de existir prácticas de un manejo integral de la planeación adecuadas para la Laguna del Carpintero, logrando una coordinación entre las fuerzas activas del Municipio, las dependencias gubernamentales, iniciativa pública y privada, las Universidades, así como con Asociaciones Civiles.

Los integrantes de estas Comisiones Legislativas, consideramos que debido a que todo proyecto urbano debe ser evaluado y planteado atendiendo a su función y lo que aporta a la comunidad, es necesario confirmar la viabilidad y legalidad de la construcción de un centro comercial en los terrenos de la Laguna del Carpintero, ya que su uso debe ser compatible con el uso de suelo para el cual fue destinada dicha área, además de ser adecuado al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tampico en congruencia con el Plan Parcial de la Laguna del Carpintero, siendo el primero de estos el ordenamiento rector.

En todo momento debe de considerarse para cualquier proyecto futuro a desarrollar en la Laguna del Carpintero, la condicionante establecida por la empresa paraestatal sobre el uso y destino de los inmuebles, en la celebración de los correspondientes contratos de donación condicionada a titulo gratuito en favor del Fideicomiso, los cuales además, se encuentran legalmente perfeccionados.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, se limite a cumplir los objetivos originales para los que fue establecido el ``Fideicomiso Pro Desarrollo de la Laguna del Carpintero'', y respete lo establecido en el ``Plan Maestro Integral del Proyecto'';

SEGUNDO. Se exhorta al Consejo de Administración de la paraestatal, Petróleos Mexicanos a respetar el espíritu original de los acuerdos JC-88-90 y JC-67-92 relacionados con los terrenos donados en la Laguna del Carpintero, Tamaulipas, y

TERCERO. Se exhorta al Presidente Municipal del ayuntamiento de Tamaulipas, a fin de que se respete el objeto original de la donación de los terrenos de la Laguna del Carpintero por parte de la Paraestatal Petróleos Mexicanos y se verifique la viabilidad y legalidad de la construcción de un ``Centro comercial'' dentro del ``Megaproyecto Laguna del Carpintero''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de diciembre de 2006.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez, Christian Martín Lujano Nicolás , Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García , Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón , José Amado Orihuela Trejo , Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz , José Ascención Orihuela Bárcenas , Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz .

La Comisión de Turismo, diputados: Octavio Martínez Vargas (rúbrica), presidente; Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica), Yolanda Merced Garmendia Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez , María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), secretarios; Armando Enríquez Flores (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo , Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica).»

PATRIMONIO CULTURAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, están a discusión y para cada uno de ellos se han anotado diversos diputados.

Con respecto al primer punto de acuerdo para que se promueva y fomente el turismo cultural de los sitios denominados Patrimonio Cultural de la Humanidad, están anotados los diputados Alberto Amador Leal y la diputada María del Carmen Salvatori.

Esta Presidencia aprovecha para saludar al diputado del Parlamento Europeo Jean Claude Martínez, diputado francés aquí presente en la Asamblea. Bienvenido diputado.

Tiene la palabra el diputado Amador Leal del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Hemos apoyado este punto de acuerdo para promover el turismo cultural; entre otras razones, porque tiene que ver con nuestras ciudades patrimonio cultural de la humanidad.

Como ustedes saben, México se adhirió a la Convención correspondiente de la UNESCO, que declaró dentro de 170 ciudades a nueve ciudades mexicanas declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad: el centro histórico de la Ciudad de México y la zona lacustre de Xochimilco, la zona histórica de Oaxaca, la ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes, la zona de monumentos históricos de Morelia, centro histórico de Zacatecas, Tlacotalpan en Veracruz, la ciudad histórica de Campeche y además de una lista indicativa que incluye varios centros culturales con esa distinción.

El tema es que necesitamos, desde luego, promover el turismo y, como condición de ello, necesitamos preservar estas ciudades culturales. De modo que la exhortación que hoy se hace a la Secretaría de Turismo --suponemos, y también pedimos a la Comisión de Turismo que así lo considere-- habrá de extender su ámbito hacia la preservación, cuidado, remozamiento de estas ciudades.

Quiero destacar que existía ya en el Presupuesto de Egresos del 2006 una partida de 50 millones de pesos --muy pequeña, pero al menos existía esa partida-- y que desafortunadamente en el Presupuesto de 2007 hemos tenido un retroceso, toda vez que la partida fue suprimida y se quedó en todo caso una gran bolsa en el rubro del programa Hábitat, de la Secretaría de Desarrollo Social; que, sin embargo, no tiene una asignación específica para este programa, para estas ciudades.

Lo anterior --quiero destacar--, no obstante que hay un punto de acuerdo del Senado de la República, que pidió a esta Asamblea autorizar una partida de 500 millones y que también existe un punto de acuerdo, incluso suscrito por lo menos por dos coordinadores o tres de las fracciones parlamentarias, para que esa partida permaneciera y se ampliara a 500 millones de pesos.

De modo que estamos en este momento en una situación de que los propios municipios de estas ciudades tendrán que negociar, a través de los gobiernos de los estados, o quizás de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, cuál será el monto de la partida destinada a las ciudades consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Por estas razones, nos sumamos al punto de acuerdo que hoy se discute y que está a consideración de esta Asamblea, a la vez que exhortamos a las Comisiones de Turismo y la de Presupuesto y Cuenta Pública a que consideren que el espíritu de este acuerdo que hoy habremos de votar, implica también una revisión a la asignación presupuestal correspondiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori, del grupo parlamentario de Convergencia.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 7 de noviembre pasado presenté a la consideración de este Pleno este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo, con el objeto de promover y fomentar el turismo cultural en los sitios denominados patrimonio cultural de la humanidad. Por ello, estoy comprometida con el turismo nacional, ya que de él dependen casi dos millones de empleos directos en México y tenemos ingresos por casi 12 mil millones de dólares.

Solicito que se apoye con esta promoción turística a los 25 sitios considerados patrimonio cultural de la humanidad. Busco, entre otros sitios, que se promocione la cultura Olmeca, y la Totonaca, de Veracruz, de donde vengo por supuesto, diputados.

Compañeras y compañeros legisladores. Les ruego y suplico que voten el siguiente exhorto y punto de acuerdo favorable, porque realmente conviene promocionar estos sitios, patrimonio de la humanidad; no sólo las hermosas y hermosos lugares de playa y sol en México. Por ello considero las noblezas de este exhorto como parte del turismo cultural en nuestro país.

Por lo tanto, aprovecho para invitarlos a la Cumbre del Tajín, en el estado de Veracruz, los próximos días 19, 20 y 21 de marzo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María del Carmen Salvatori. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

SECRETARIA DE TURISMO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para el siguiente punto de acuerdo, relativo a un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Turismorealice campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país, se ha inscrito el diputado Joel Guerrero Juárez, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Joel Guerrero Juárez:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: este punto de acuerdo, el cual firmamos los integrantes de la Comisión de Turismo, nos parece muy importante, dado que hoy muchos países fincan su desarrollo económico y un alto porcentaje de su producto interno bruto en el turismo y han logrado desarrollar políticas públicas estratégicas en esta materia, a fin de canalizar recursos y experiencia en el turismo; es el caso de España, es el caso de Francia, es el caso de Argentina y Brasil en Latinoamérica. Esta situación nos ha llevado a que México tenga dificultades para los turistas por la propia campaña que el embajador norteamericano ha hecho recientemente, desacreditando a nuestro país como un país inseguro cuando quizás ellos tengan más inseguridad que nosotros.

Por ello, yo creo que es bueno destacar, el día de ayer las instituciones de Seguridad Pública de nuestro país presentaron al Presidente de la República, Felipe Calderón, el Programa Estratégico Conjunto de Seguridad Pública, Seguridad Nacional, en el que se desarrollan estrategias coordinadas con todas las coordinaciones de seguridad pública en nuestro país, tanto institucionales como territoriales. Este mismo programa queremos que se extienda y que dé la posibilidad de que la Secretaría de Turismo establezca uno propio y específico, para dar certeza a los visitantes extranjeros a nuestro país.

Por ello, estamos apoyando este punto de acuerdo y pedimos a ustedes que se sumen a este acuerdo por razones de que nuestro país tiene importantes ingresos en divisas por este concepto, y reconocemos que la Secretaría de Turismo ha hecho esfuerzos importantes, programas como el de Ángeles Verdes, programas regionales que ya funcionan en el país y que son y tienen buenas experiencias; sin embargo, requieren mucho más apoyo para poder lograr lo que todos queremos.

Para efectos del turismo, la seguridad es fundamental, por eso firmamos este punto de acuerdo exhortando al gobierno federal para que dé más apoyos a la Secretaría de Turismo y pueda ésta a su vez, cumplir con este programa de seguridad que requerimos y consideramos para bien del turismo extranjero, especialmente el estadounidense, que se ha estado ahuyentando por la propia promoción que la embajada norteamericana ha estado haciendo.

Exhorto a todos los compañeros a que votemos a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Joel Guerrero. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del PRD para hablar sobre el mismo punto de acuerdo.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera:Con su venia, señor Presidente: este dictamen de punto de acuerdo resulta, para el Partido de la Revolución Democrática, de gran importancia, toda vez que en efecto estamos atendiendo a una de las industrias más nobles con que cuenta este país, que es el turismo.

Recordarles a mis compañeros legisladores que tan sólo en el año 2006 llegaron a nuestro país 15 mil 847 personas, las cuales generaron gastos por casi nueve mil millones de dólares, colocándose por este monto la actividad económica en el tercer puesto de importancia en captación de divisas.

Desde hace tiempo, nuestro país es víctima lamentablemente de algunas campañas de desinformación que han generado severos golpes a esta industria que se conoce como ``la industria sin chimeneas''.

Recordar hace algunos años, en los 70, 80, cuando derivado de una impropia expresión de algún político mexicano, la comunidad judía determinó efectuar un boicot en contra del turismo hacia México, que ocasionó severos daños a nuestra economía, allá por el año de 1976.

A lo largo de estas décadas, siempre que intereses obscuros al desarrollo sano de la industria turística mexicana se han cebado en contra de nuestro país, han argumentado situaciones que también se dan en los países emisores de las famosas warning u observaciones.

Se habla de que nuestra Ciudad y nuestro país tiene altos índices delictivos, olvidándose que capitales como Washington, Los Ángeles o Nueva York, muchas veces nos superan en el índice de delincuencia que afecta fundamentalmente al turismo.

Por ello es por lo que consideramos fundamental e importante que se apoye este punto de acuerdo a efecto de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Turismo a realizar una campaña decidida y agresiva que genere entre los posibles visitantes la sensación de que éste es un país hospitalario. Que éste es un país que recibe con calidad y calidez al turismo y que este es un país en el cual los índices delincuenciales se están combatiendo de manera decidida. Y por tanto, su visita debe estar considerada dentro de los rangos de seguridad de cualquier destino turístico en el mundo.

Mucho se está haciendo por retomar y retornar a la tranquilidad en ciertos espacios turísticos. Mucho ayudaría que esas acciones se viesen complementadas con acciones de promoción decidida a favor de la visita a nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Suárez del Real. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En relación con el dictamen con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas a que implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero, tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea: he solicitado el uso de la palabra en contra del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, respecto del proyecto de desarrollo de la Laguna del Carpintero, en las inmediaciones de Tampico, Tamaulipas, por varias razones. La primera es que se trata de un dictamen inusualmente carente de adecuaciones y fundamentos y con una estructura que expresa diversas contradicciones a la falta de información.

Adicionalmente, se propone un articulado donde se pone en duda la calidad técnica, la seriedad y el rigor parlamentario que deben regir los acuerdos sometidos a la aprobación de esta Asamblea.

En cuanto a la información, el proyecto de dictamen cuestiona la legalidad de un importante desarrollo turístico y económico de Tampico, consistente en construir en el entorno de dicha laguna instalaciones para el turismo ecológico y un centro comercial que articule la oferta de esparcimiento con la satisfacción de la demanda de diversos productos regionales, locales, ordinarios, tanto para el turismo como para los residentes.

Quiero señalar que en diversas ocasiones, y por parte de la legislatura, de varios partidos se ha demandado que se aprovechen más las importantes reservas ecológicas del país, principalmente alrededor de proyectos turísticos, bajo el concepto de sustentabilidad. Está especialmente la óptica del proyecto impulsado por el gobierno del municipio de Tampico y por el gobierno del estado de Tamaulipas.

Carecíamos de una serie de contradicciones si no nos opusimos a una iniciativa, que además de generar importantes recursos económicos y elevar la calidad de vida, permite fortalecer el cuidado y el patrimonio ambiental.

Por ello quiero señalar que, entre las fallas del dictamen se encuentra la contradicción de señalar, en parte, que una laguna cuenta con importantes reservas de flora y fauna, reconociendo la acción estatal, que ha impulsado su planeación y ordenación respecto a su vocación natural, mientras que en otras partes señalan que es un frágil ecosistema.

Asimismo, es prolijo de reconocimiento el Plan de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano de Tampico, pero pone en duda la legalidad del desarrollo turístico sobre el que se pronuncia.

Para despejar el cuestionamiento respecto del sustento legal de este proyecto, me permito informar a ustedes que los terrenos donde se erige este proyecto los donó Pemex, condicionándolos a que se orientaran a un desarrollo social y al proyecto de Laguna de El Carpintero, para edificar instalaciones culturales, recreativas y de esparcimiento, así como un parque ecológico.

Sin embargo, con todos los requisitos legales el proyecto se modificó en 2003 para permitir la construcción de una zona comercial adicional en lo que se dio como base jurídica necesaria para llevar a cabo el proyecto que hoy se pone en tela de juicio.

Adicionalmente, quiero señalar que el anterior ayuntamiento --de extracción panista-- propuso, además de una zona comercial y marina, una torre de oficinas corporativas y una torre de tiempos compartidos. Los dos últimos no se concluyeron por falta de espacio y autorización. Sin embargo, sí hay un acuerdo de las instalaciones, incluido por Pemex, para realizar el megaproyecto incorporado al centro comercial, objeto de dictamen. El diputado Jesús Antonio Nader, el 15 de abril de 2004, de la Legislatura LIX, propuso precisamente este mismo proyecto.

Asimismo, quiero señalar que este proyecto permitirá captar una utilidad promedio de 25 millones de pesos al año para Tampico. Además de generar recursos e infraestructura para preservar la riqueza ecológica de la Laguna que no está en riesgo, lo cual es difícil de lograr bajo el esquema actual en las zonas naturales que generalmente se encuentran en...

Quiero mencionar también que Tampico es una de las regiones donde pueden desarrollarse riquezas naturales, tratándose de explotaciones adecuadas sin ponerlas en riesgo. Con todo esto, lo que buscamos y lo que queremos llevar a cabo es que en este punto de acuerdo --a nuestra consideración-- carece de información y adolece de prejuicio por falta del gobierno del estado de Tamaulipas y el ayuntamiento. Va en contra del anhelo local y de la sociedad del desarrollo. Desconoce el beneficio de los ambientes que generaría y exhibe la capacidad de dictamen y prejuicio de nuestra Cámara.

Yo quiero mencionar que el proponente de esta iniciativa, el diputado Jesús Alonso Mejía García, fue regidor y en su tiempo no votó en contra de esa propuesta. Por ello solicito que este dictamen sea votado en contra y desechado como asunto totalmente concluido. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Luis Alonso Mejía García:Con su venia, diputado Presidente. Muchas gracias. Hago uso de esta tribuna para pedirles su voto a favor del dictamen y para hacer algunas precisiones respecto de los comentarios que el diputado Enrique Cárdenas del Avellanoacaba de hacer en esta tribuna.

Para empezar, mi nombre es Luis Alonso y no Jesús Alonso. Y bueno, tendremos un nuevo debate, estimado y fino amigo, como lo tuvimos en el Congreso local. Nuevamente usted diciendo medias verdades, como lo acostumbró hacer allá en el Congreso local. Este proyecto, ni fue votado por un servidor cuando fui regidor --que sí lo fui; miente el diputado-- ni inicia así este proyecto. Inicialmente la hacienda pública federal desincorpora 87 hectáreas y las dona al municipio de Tampico, con un candado para que sea únicamente para construir un parque ecológico para disfrute de todos los tamaulipecos, los de la zona sur de Tamaulipas.

Cuando yo presento una denuncia ante la Función Pública, el señor alcalde se da cuenta de que no lo va a poder lograr y entonces recurre a Pemex y pide el cambio de uso de suelo de las 16 hectáreas adicionales que componen este terreno de la Laguna del Carpintero. Laguna que está casi en el centro de la ciudad y el único pulmón ecológico con que hoy contamos en Tampico. Se va a dañar flora y fauna que ahí existe, fue incluso el difunto Steve Irwin, en su momento, a verificar todo lo que ahí había y a decir que deberíamos de preservar flora y fauna, incluida la cuestión de los cocodrilos, a lo que él fue llamado.

Yo pido la comprensión de todos ustedes y el apoyo para que respetemos la donación en todos sus principios y cómo fueron concebidas estas 16 hectáreas que dona Petróleos Mexicanos, son también para construir, dice textualmente ``para ampliar el parque ecológico'', lo cual es indicativo de que ya había en las otras 87 hectáreas, constancia de que iba a ser un parque ecológico.

Por favor, diputado, no confunda a los demás compañeros diputados presentes en este recinto, y les pido el voto a su favor para preservar la ecología, para preservar la flora y la fauna y para que de esta manera tengamos un turismo a la altura de todas las condiciones sociales, porque si hacemos como si fuera un Chapultepec en pequeño, en esta zona estarían entrando el turismo extranjero, el turismo nacional, pero sobre todo, las clases humildes podrían ir a disfrutar de este parque, como hoy lo hacen, sábados y domingos, con la poca infraestructura que ahí existe.

Pido, pues, por este motivo, su apoyo y su voto a favor del dictamen como está presentado. He dado cuenta, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía García. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica...

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Señor Presidente, para alusiones personales.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Enrique Cárdenas del Avellano. Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente: Qué bueno que ahora sí no me dijo que era del otro partido, soy del PRI. Quiero nada más hacer algunas aclaraciones. Quiero, al señor diputado que acaba hacer uso de la palabra, que cuando él fue regidor no estuvo en contra y hoy está en contra del desarrollo. Cuando el señor presidente municipal Arturo Elizondo, que encabezaba la presidencia municipal del Partido Acción Nacional, él hizo la primera propuesta precisamente para todos estos desarrollos. Ahí están las actas de cabildo que acabo de cotejar; si no, con todo gusto le puedo enviar copias también.

No acostumbro a decir mentiras ni medias verdades, digo las verdades derechas. Lo único que sí es que el proyecto es un detonante para el municipio, es un ingreso para el municipio como lo tienen en Veracruz, que reciben o ingresan al municipio de Veracruz, alrededor de 50 millones de pesos. Creo que esto nada más es ponerlo a consideración y decir las cosas como son. Es cuanto. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Cárdenas, del PRI. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

LEY ADUANERA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados de los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas en materia de Ley Aduanera

Febrero 21, de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores de la LIX Legislatura, presentaron iniciativas en materia de la Ley Aduanera, las cuales fueron turnadas a la Comisión para su estudio y dictamen en la forma siguiente:

1. Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 61 y adiciona un párrafo segundo al artículo 95 de la Ley Aduanera, del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, de fecha 14 de septiembre de 2004.

2. Iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de septiembre de 2004.

3. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de octubre de 2004.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, de los senadores Roberto Pérez de Alva Blanco y Tomás Vázquez Vigil, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 30 de noviembre de 2004.

5. Iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera (en materia de apoderados aduanales), de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 3 de febrero de 2005.

6. Iniciativa que adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 22 de febrero de 2005.

7. Iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado César Córdova Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 12 de abril de 2005.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera (relativo a la importación de automóviles usados), del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 28 de abril de 2005.

9. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 20 de octubre de 2005.

10. Iniciativa que reforma los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosa María Avilés Nájera del PRD, de fecha 29 de noviembre de 2005.

11. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del diputado Wintilo Vega Murillo del PRI, de fecha 2 de febrero de 2006.

12. Iniciativa que reforma los artículos 52, 61 y 145 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 2 de febrero de 2006.

13. Iniciativa que reforma el artículo 155 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 27 de abril de 2006.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de cada una de las iniciativas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Descripción de las iniciativas

1. Iniciativa que propone modificar los artículos 61, fracción I, y 95 de la Ley Aduanera, con el propósito de exentar del pago de los impuestos al comercio exterior a las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional, seguridad pública, protección civil y desastres naturales, y de bomberos sin fines de lucro.

2. Iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de septiembre de 2004.

La iniciativa en estudio propone modificar el artículo 106 de la Ley Aduanera, con el propósito de ampliar el plazo de importación temporal de vehículos propiedad de mexicanos residentes en el extranjero, de seis meses a un año.

Asimismo, se propone que los vehículos puedan ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos aun cuando estos no tengan residencia en el extranjero, sin que pueda exigirse más documentación que la prevista en el Reglamento de la Ley Aduanera.

3. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de octubre de 2004.

La iniciativa en estudio propone modificar el artículo 61, fracción VII, de la Ley Aduanera, para que tratándose de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos de América y que cuenten con matrícula consular, no se paguen los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de los enseres domésticos y ropa que envíen desde el extranjero a sus hogares para uso exclusivo de sus familias, en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII I artículo 61 de la Ley Aduanera, de los Senadores Roberto Pérez de Alva Blanco y Tomás Vázquez Vigil, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 30 de noviembre de 2004.

La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, con el propósito de exentar del pago de los impuestos al comercio exterior a la importación de artículos efectuada por personas físicas (maestros, padres de familia) o morales, que por su naturaleza, características, composición, uso o función, puedan destinarse, o sean susceptibles de hacerlo, a la enseñanza que imparten las diversas instituciones de educación pública de nuestro país.

5. Iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera (en materia de apoderados aduanales), de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 3 de febrero de 2005.

La iniciativa propone modificar el artículo 168, fracción VII, de la Ley Aduanera, con el propósito de eximir de la aplicación de los exámenes de conocimientos y psicotécnico, a los apoderados aduanales que habiendo concluido su relación laboral con la empresa que los designó, pretendan dentro de los seis meses posteriores prestar sus servicios a otra empresa aduanera.

6. Iniciativa que adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 22 de febrero de 2005.

La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, con el propósito de exentar del pago de los impuestos al comercio exterior a las importaciones que realicen los estudiantes de su equipo científico o electrónico y material didáctico que tengan que ver únicamente con la profesión o disciplina que estudian, señalando que para efectuar la importación en los términos referidos, los estudiantes interesados deberán acreditar que son jóvenes menores de 25 años, de escasos recursos económicos, y que son estudiantes universitarios en activo, que el material a importar es para uso individual educativo, además la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá autorizar dicha importación.

7. Iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado César Córdova Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 12 de abril de 2005.

La iniciativa del diputado Córdova Martínez propone modificar el artículo 106, fracción II, inciso e), de la Ley Aduanera, con objeto de permitir que los vehículos importados temporalmente al amparo del precepto legal citado, sean conducidos en territorio nacional por el cónyuge del importador, sus ascendientes, descendientes o hermanos, sin que éstos sean residentes permanentes en el extranjero.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera (relativo a la importación de automóviles usados), del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 28 de abril de 2005.

La iniciativa del diputado Rodríguez Díaz, propone reformar los artículos 137 bis de la Ley Aduanera, con el propósito de permitir la importación definitiva al país de vehículos usados, que tengan una antigüedad mínima de 10 años, procedentes de los Estados Unidos de América, Canadá o de la Comunidad Europea.

9. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 20 de octubre de 2005.

La iniciativa en estudio propone reformar el artículo 61, fracciones IX, inciso c, y XVII, párrafos segundo y cuarto, de la Ley Aduanera, con objeto de facilitar la recepción de donaciones del extranjero por parte de organismos públicos y personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

10. Iniciativa que reforma los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del PRD, de fecha 29 de noviembre de 2005.

La iniciativa de la diputada Avilés Nájera propone reformar los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera, con objeto de frenar la privatización de las aduanas, al considerar que de acuerdo con el texto vigente se delegan facultades exclusivas de la autoridad aduanera. Asimismo, considera inconstitucional que dichos preceptos permitan que los servidores públicos puedan ser suplidos por particulares en el cumplimiento de sus funciones.

11. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del diputado Wintilo Vega Murillo, del PRI, de fecha 2 de febrero de 2006.

El diputado Vega Murillo propone modificar diversos artículos de la Ley Aduanera para eximir de las obligaciones previstas en el artículo 59 a las importaciones de bienes destinados a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil y salud de personas; así como a las pequeñas importaciones que no superen el monto que determine el SAT.

También se propone señalar que la obligación que la ley impone al agente o apoderado aduanal de manifestar en el pedimento la descripción de las mercancías y su origen, debe limitarse a la información y documentación que el importador o exportador le proporcione.

Por otro lado, propone incrementar los montos previstos en las fracciones II y VII del artículo 165, señalando que la omisión de impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias debe ser lo suficientemente grave para privar al agente aduanal de su derecho para ejercer la patente.

12. Iniciativa que reforma los artículos 52, 61 y 145 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 2 de febrero de 2006.

La iniciativa de mérito propone reformar los artículos 52, 61, en su fracción XVII, y 145 de la Ley Aduanera, con la finalidad de que esté vigente, en razón de que aún se prevé como figura jurídica la de Distrito Federal, misma que como tal nunca ha existido jurídicamente, ni anterior a la reforma, ya que se mencionaba Departamento del Distrito Federal y, en ese sentido es inconstitucional que se siga contemplando todavía como Departamento del Distrito Federal en la ley encargada de regular aspectos de carácter administrativo del Estado de gravar las mercancías referentes a la importación y exportación.''

13. Iniciativa que reforma el artículo 155 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 27 de abril de 2006.

El diputado Jorge Kahwagi señala en su iniciativa que, tratándose del embargo precautorio en términos del artículo 155, la autoridad deberá emitir resolución definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses, y en caso de no hacerlo quedarán sin efecto las actuaciones de la autoridad, debiendo restituir al visitado los bienes embargados.

Consideraciones de la comisión

1. Iniciativa que propone modificar los artículos 61, fracción I y 95 de la Ley Aduanera.

Actualmente, el artículo 61, fracción XVII y último párrafo de la Ley Aduanera establece que no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las mercancías donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas a personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que, en su caso, expresamente señale el donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos.

En los casos en que las mercancías sean donadas al fisco federal, no se requerirá de la utilización de los servicios de agente o apoderado aduanal, debiendo utilizarse únicamente la forma que para esos efectos dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.

Si la importación de las mercancías de que se trate requiere del cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, o de normas oficiales mexicanas, las autoridades aduaneras de inmediato lo harán del conocimiento de la dependencia competente, quien contará con un plazo de tres días para determinar si las exime de su cumplimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se comunique la resolución correspondiente, se entenderá que dicha dependencia resolvió positivamente y las autoridades aduaneras pondrán las mercancías a disposición del interesado, en la aduana correspondiente.

De conformidad con lo anterior, se afirma que la legislación aduanera prevé la exención de los impuestos al comercio exterior, respecto a la importación definitiva de mercancías donadas para ser destinadas a la protección civil y desastres naturales, por que lo esta comisión concluye que la pretensión de la iniciativa en estudio ya se encuentra satisfecha.

Asimismo, resulta improcedente adicionar un segundo párrafo al artículo 95, para señalar que las mercancías mencionadas queden exentas del pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho; ya que, como se mencionó, la exención del pago de los impuestos al comercio exterior se encuentra previsto en el artículo 61, fracción XVII; y respecto a la exención del pago de cuotas compensatorias, se considera improcedente, en virtud de que tal propuesta contraviene lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior en perjuicio de la economía nacional, y respecto al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas solo las dependencias competentes podrán determinar si se exime de su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en la Regla 2.9.7 de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004.

Por lo anterior se considera que no es aprobarse esta iniciativa.

2. Iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de septiembre de 2004.

En lo que corresponde al plazo propuesto por el diputado Bazán Flores, para la internación de los vehículos usados en la franja fronteriza en la LIX Legislatura se aprobó reforma al segundo párrafo, del inciso b) de la fracción II del artículo 62 de la Ley Aduanera, en los siguientes términos:

``En los casos a que se refiere este inciso, la propia secretaría podrá autorizar la internación temporal del vehículo de que se trate al resto del país, por un plazo máximo hasta de 180 días naturales con entradas y salidas múltiples, dentro de un periodo de doce meses, contados a partir de la primera internación temporal, siempre que se cumplan los requisitos que establece el reglamento. Los vehículos internados temporalmente no podrán prestar el servicio de autotransporte de carga, pasajeros o turismo y deberán ser conducidos en territorio nacional por el propietario, su cónyuge sus hijos, padres o hermanos, o por cualquier otra persona, siempre que en este último caso el importador se encuentre en el vehículo; cuando el propietario del vehículo sea una persona moral, deberá ser conducido por una persona que tenga relación laboral con el propietario ``

Esta reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2006, con lo cual la que dictamina considera que se atiende el propósito de la iniciativa.

3. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 21 de octubre de 2004.

Al respecto, esta Comisión señala que sería incorrecto utilizar el término ``migrante'' como lo plantea la iniciativa, ya que de conformidad con el artículo 77 de la Ley General de Población, se les llama ``emigrantes'' a los mexicanos y extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero, que son las personas a las que se refiere la propuesta referida.

Del estudio integral de la propuesta, esta dictaminadora concluye que no es conveniente su aprobación, ya que tratándose de mercancías importadas al amparo de una exención las autoridades aduaneras deben corroborar que las mismas no sean enajenadas o destinadas a finalidades diversas de las que motivaron su exención, lo que no sería posible en términos de la propuesta planteada, corriendo el riesgo de que dichas mercancías sean objeto de comercialización, lo que afectaría gravemente la planta productiva del país.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, de los senadores Roberto Pérez de Alva Blanco y Tomás Vázquez Vigil, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 30 de noviembre de 2004.

La propuesta para exentar del pago de los impuestos al comercio exterior a la importación de artículos efectuada por personas físicas o morales, que por su naturaleza puedan destinarse a la enseñanza que imparten las diversas Instituciones de Educación Pública de nuestro país, se considera improcedente, ya que el marco jurídico vigente permite la importación de mercancías destinadas a la enseñanza, libres del pago de los impuestos al comercio exterior.

En efecto, por un lado, las personas físicas cuentan con la franquicia prevista en la Regla 2.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, que permite introducir al país, sin el pago del impuesto general de importación, mercancías que tengan un valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional, cuando se arribe al país vía marítima o aérea; o bien, de 50 dólares cuando el arribo sea vía terrestre. Así, tanto maestros como padres de familia pueden introducir al país el material necesario para ejercer actividades académicas, sin enterar los impuestos al comercio exterior, en los términos referidos.

Por otra parte, la Legislación Aduanera, en su artículo 61, fracción IX, exenta del pago de los impuestos al comercio exterior por la entrada o salida al territorio nacional de las mercancías donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta.

Por lo anterior la Comisión de Hacienda y Crédito Público no es de aprobarse esta iniciativa.

5. Iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera (en materia de apoderados aduanales), de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, de fecha 3 de febrero de 2005.

Sobre la iniciativa de la diputada Clouthier, para eximir de la aplicación de los exámenes de conocimientos y psicotécnico, a los apoderados aduanales que habiendo concluido su relación laboral con la empresa que los designó, pretendan dentro de los seis meses posteriores prestar sus servicios a otra empresa aduanera, esta Comisión considera necesario indicar que para obtener la autorización para actuar como apoderado aduanal se requiere:

I. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso, ni haber sufrido la cancelación de su autorización, en caso de haber sido apoderado aduanal.

II. Tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder notarial.

III. Gozar de buena reputación personal.

IV. No ser servidor público ni militar en servicio activo.

V. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el administrador de la aduana de adscripción.

VI. Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

VII. Aprobar el examen de conocimientos que practiquen las autoridades aduaneras y un examen psicotécnico. En el caso de empresas pertenecientes a una misma corporación, podrán en cualquier momento, llevar a cabo la transferencia de autorizaciones de sus apoderados aduanales entre las empresas del propio grupo, sin que sea necesario cumplir nuevamente con lo dispuesto en esta fracción.

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 172 de esta Ley, además de los requisitos señalados anteriormente, se requerirá tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia y contar con experiencia en materia aduanera, mayor de tres años.

El impedimento consistente en ser servidor público no se aplicará cuando el poderdante sea una entidad pública. La federación, las entidades federativas y los municipios, así como los estados extranjeros no estarán obligados a otorgar poder notarial.

Cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder notarial, el poderdante deberá solicitar a la Secretaría que revoque la autorización del apoderado aduanal. La revocación de la autorización surtirá efectos a partir de que el poderdante lo solicite a la secretaría''.

Por su parte, el artículo 195 del Reglamento de la Ley Aduanera señala:

``Para efectos del último párrafo del artículo 168 de la ley, cuando se revoque la autorización otorgada para actuar mediante apoderado aduanal, la persona que requiera de una nueva autorización deberá cumplir nuevamente los requisitos establecidos en dicho artículo.''

De los preceptos legales transcritos, la que suscribe concluye que se otorga a las personas físicas o morales la facilidad de designar a uno de sus empleados como apoderado aduanal, para que a su nombre y representación se encargue del despacho de sus mercancías.

Es decir, la legislación aduanera autoriza a las personas físicas o morales para que a través de un apoderado aduanal efectúe sus operaciones de comercio exterior, por lo que si es el caso de que termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder notarial, procederá la revocación de la autorización, debiendo la persona que requiera de una nueva autorización cumplir nuevamente con los requerimientos que para tal efecto exige el artículo 168 referido, ya que como se menciona la autorización es otorgada a favor del poderdante y no así de la persona que funge como apoderado aduanal.

En ese sentido, si se exime a las personas que alguna vez actuaron como apoderados aduanales de presentar los exámenes exigidos en la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera, se desvirtuaría la intención de la norma, pues se corre el riesgo de fomentar el encarecimiento de los servicios que prestan los apoderados aduanales, quienes se contratarían con la persona que les ofrezca mejores ofertas monetarias, lo que ocasionaría perjuicios económicos para los importadores y exportadores.

Por lo anterior no es de aprobarse esta iniciativa.

6. Iniciativa que adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 22 de febrero de 2005.

La iniciativa en estudio propone exentar del pago de los impuestos al comercio exterior a las importaciones que realicen los estudiantes de su equipo científico o electrónico y material didáctico que tengan que ver únicamente con la profesión o disciplina que estudian.

Al respecto cabe señalar que, por un lado, son diversos los requerimientos que un estudiante debe cumplir para efectuar la importación en los términos propuestos y, por el otro, que para la autoridad aduanera sería difícil de corroborar que las mercancías importadas al amparo de la exención propuesta no sean enajenadas o destinadas a finalidades diversas de las que motivaron su exención, por lo que se corre el riesgo de que dichas mercancías sean objeto de comercialización, lo que indudablemente traería graves perjuicios para el país.

No obstante lo anterior, cabe mencionar que los estudiantes pueden introducir al país el material que necesiten para desempeñar sus labores académicas, al amparo de las franquicias previstas en la Regla 2.7.2 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004. En efecto, dicha disposición señala que los pasajeros podrán introducir al país mercancías que tengan un valor hasta de 300 dólares, cuando el arribo sea por vía marítima o aérea, y de 50 dólares cuando el arribo sea por vía terrestre, con la posibilidad de acumular dichas franquicias cuando se viaje con los integrantes de la familia.

Asimismo, pueden efectuar la importación de sus mercancías, mediante el procedimiento simplificado previsto en los artículos 50 y 88 de la Ley Aduanera y en la regla 2.7.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, con la facilidad de determinar las contribuciones causadas por la importación aplicando una tasa global del 17 por ciento, sin utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, cuado el valor de dichas mercancías no exceda de 1,000 dólares, monto que se incrementa en la época navideña hasta 3,000 dólares, que es la fecha en que los estudiantes tienen mayor facilidad para viajar, ya que es periodo vacacional.

Por lo anteriormente expuesto no es de aprobarse esta iniciativa.

7. Iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, del diputado César Córdova Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 12 de abril de 2005.

La Comisión dictaminadora considera que el permitir que los vehículos importados temporalmente al amparo del precepto legal citado, sean conducidos en territorio nacional por el cónyuge del importador, sus ascendientes, descendientes o hermanos, sin que éstos sean residentes permanentes en el extranjero no es de aprobarse, debido a que va dirigido en favor de los residentes en el extranjero; además, con la aprobación de la propuesta se correría el riesgo de aumentar la cifra de autos ilegales en nuestro país y contraviene el objeto de la Ley Aduanera.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera (relativo a la importación de automóviles usados), del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 28 de abril de 2005.

En cuanto a la iniciativa del diputado Rodríguez Díaz, la dictaminadora considera que, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 300-A.2, párrafo 23, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México negoció un periodo de transición de 10 años para la apertura comercial de vehículos usados, con un esquema gradual, lo que significa que México permitiría la importación definitiva de vehículos usados, que tengan por lo menos 10 años de antigüedad, hasta el año 2009, periodo que constituye el marco de referencia para la planeación de la producción y de las inversiones por parte de las empresas de la industria automotriz por lo que no es conveniente aprobar esta iniciativa.

9. Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, del diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 20 de octubre de 2005.

Respecto a la iniciativa del diputado Bazán Flores, la que dictamina considera no viable la reforma a la Ley Aduanera en materia de recepción de donaciones del extranjero por parte de organismos públicos y personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, debido a que únicamente puedan ser realizados en términos de las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, que actualmente señalan cuales son las mercancías que se consideran como mercancías propias para la atención de requerimientos básicos y permite por ejemplo, que únicamente se reciba comida enlatada, agua embotellada y medicinas no caducas y que establecen un periodo determinado en el cual se calcula que no caducarán en el tiempo de distribución, así como equipo e instrumental médico y de laboratorio en óptimas condiciones, que se encuentre dentro de los estándares internacionales y que cuente con un mínimo de 30 por ciento de vida útil.

10. Iniciativa que reforma los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera, de la diputada Rosa María Avilés Nájera del PRD, de fecha 29 de noviembre de 2005.

La iniciativa tiene como objetivo de frenar la privatización de las aduanas, al considerar que, de acuerdo con el texto vigente se delegan facultades exclusivas de la autoridad aduanera. Asimismo, considera inconstitucional que dichos preceptos permitan que los servidores públicos puedan ser suplidos por particulares en el cumplimiento de sus funciones la que dictamina considera que es necesario efectuar un estudio del marco legal de la Ley Aduanera para analizar las modificaciones pertinentes, y efectuar reformas aisladas que propicien inseguridad jurídica para los sujetos a la ley, por lo que se considera que no es de aprobarse esta iniciativa.

11. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del diputado Wintilo Vega Murillo del PRI, de fecha 2 de febrero de 2006.

Al respecto, se considera inadecuada la propuesta, ya que el agente aduanal que obtiene una patente adquiere ciertas obligaciones, como es la de tramitar debidamente el despacho de las mercancías de comercio exterior, por lo que si en determinado momento no se satisface algún crédito fiscal derivado del despacho aduanero, es innegable que dicho agente debe compartir una responsabilidad solidaria en el crédito insoluto, pues si se limita su responsabilidad sólo en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes del importador o exportador, podría llegarse al extremo de que se desentendiera total e indiferentemente del pago fiscal a que está obligado el sujeto pasivo del tributo, siendo que el agente aduanal es responsable de todos los actos inherentes al despacho aduanero.

Por otra parte, esta Comisión que dictamina considera improcedente señalar la obligación al agente o apoderado aduanal de manifestar en el pedimento la descripción de las mercancías y su origen, ya que el marco jurídico vigente ya la contempla; en efecto, el artículo 76 del Reglamento de la Ley Aduanera en relación con lo dispuesto en la Regla 2.2.2., numeral 10, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006 (RCGMCE), nos señala que no es necesario inscribirse en el padrón de importadores (obligación prevista en la fracción IV del artículo 59), tratándose de la importación de mercancías donadas al Fisco Federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos. Asimismo, la regla 2.6.17 de las RCGMCE para 2006, refiere que tratándose de personas que no se encuentren inscritas en el Padrón de Importadores y que realicen importaciones de conformidad con la Regla 2.2.2 aludida, deberán entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para realizar sus operaciones, sin que sea necesario entregar dicho documento a la autoridad aduanera (obligación prevista en la fracción III del artículo 59). Ahora bien, respecto a las obligaciones previstas en las fracciones I y II del citado artículo, relativas a llevar un control de inventarios y obtener la información y documentación necesarios para comprobar el país de origen para efectos de preferencias arancelarias, tampoco son exigidas tratándose de las importaciones referidas, ya que las mercancías que se importan en dichos términos no son objeto de objeto de comercialización, ni son sujetas al pago de los impuestos de comercio exterior, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera.

Ahora bien, respecto a las pequeñas importaciones, la Regla 2.7.9 de las RCGMCE para 2006, prevé un procedimiento simplificado para efectuar importaciones de mercancías cuyo valor no exceda de tres mil dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera, las que deberán cumplir únicamente con los requisitos previstos en dicha regla, sin que se exija el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 59, de lo que se concluye innecesario modificar el precepto citado en los términos propuestos.

Asimismo, la que dictamina considera inadecuada la propuesta, debido a que, si bien es cierto que el agente o apoderado aduanal formula el pedimento tomando en cuenta la documentación que el importador o exportador le proporcione, también lo es que el agente aduanal tiene la responsabilidad de ejecutar los actos inherentes al despacho aduanero con estricto apego a la legalidad, por lo que está facultado para revisar previamente las mercancías y compulsar la información que le proporcione el importador o exportador, para tener el pleno conocimiento de lo que se está importando o exportando. Asimismo, la propia legislación aduanera exige al agente aduanal firmar el pedimento que formule bajo protesta de decir verdad, lo que implica que debe cerciorarse de la evidencia física y documental que le hubiesen proporcionado para acreditar la veracidad de la información que se proporciona en el pedimento.

No obstante lo anterior, es cierto que cabe la posibilidad de que se le proporcione al agente aduanal documentación falsa o que contenga datos inexactos, por ello la Ley Aduanera, en su artículo 54, excluye de responsabilidad al agente aduanal, por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así como el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si estos provienen de la inexactitud o falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado al citado agente aduanal, siempre que éste no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al examinar las mercancías, por no ser apreciable a la vista y por requerir para su identificación de un análisis químico. Por lo anterior, se considera que no es conveniente modificar la fracción I del artículo 81, en los términos planteados.

Asimismo, esta Comisión considera que para proceder a la cancelación de una patente con fundamento en la fracción II, se requiere que la conducta del agente aduanal incurra en los supuestos siguientes: 1. Que se declare con inexactitud un pedimento y provoque la omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y cuotas compensatorias; 2. Que la omisión exceda de $141,917.00 (cantidad aplicable desde el 1 de enero de 2006); y, 3. Que dicha omisión represente más del 10 por ciento del total de las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse en su momento; en el mismo sentido, tratándose de la causal de cancelación prevista en la fracción VII, se requiere que se den los supuestos siguientes: 1. Que se trate de mercancía destinada a deposito fiscal, importación temporal, exportación temporal o tránsitos y que se declare con inexactitud algún dato en el pedimento; 2. Que la omisión exceda de $141,917.00 (cantidad aplicable desde el 1 de enero de 2006); y, 3. Que dicha omisión represente más del 10 por ciento del total de las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse en su momento. De lo que se concluye, que contrario a lo sostenido en la propuesta, no fácilmente se incurre en la causal de cancelación en cuestión, pues deben actualizarse diversos supuestos para que se dé dicha conducta infractora; aunado a ello, debe considerarse que la conducta que lleva a una omisión en el pago de contribuciones y aprovechamientos causa un daño patrimonial a la hacienda pública e indirectamente a la colectividad, por lo que se considera inadecuada la propuesta de modificación en comento.

12. Iniciativa que reforma los artículos 52, 61 y 145 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 2 de febrero de 2006.

Sobre la iniciativa del diputado Kahwagi, esta Comisión considera que las reformas planteadas no se justifican, en razón de que si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo importantes reformas el 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, mediante las cuales se crearon nuevas instituciones políticas y se establecieron nuevas formas de organización e innovadoras definiciones procedimentales, teniendo como objetivo primordial la conformación de un gobierno local para el Distrito Federal; también lo es, que no puede considerarse que el Distrito Federal sea una figura en desuso y obsoleta, como se sostiene en la exposición de motivos de la iniciativa, ya que en el artículo 44 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé la conceptuación y determinación de la naturaleza jurídica del Distrito Federal como sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994, señala que el Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad de adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general para el desarrollo de sus propias funciones, por lo que esta Comisión que dictamina, estima que la Ley Aduanera en nada transgrede lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mencionar en su artículo 61, fracción XVII, que se exentarán de los impuestos al comercio exterior a las mercancías que ingresen o salgan del país, que sean donadas al fisco federal y que se destinen al Distrito Federal, estados, municipios o personas morales con fines no lucrativos; o bien, al señalar en su artículo 145, que el Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías que hayan pasado a propiedad del fisco federal, al propio servicio, a dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, ya que, como se ha señalado, el Distrito Federal tiene plena capacidad de adquirir y poseer los bienes necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo; por lo antes expuesto, se considera improcedente la iniciativa del diputado Jorge Kahwagi.

13. Iniciativa que reforma el artículo 155 de la Ley Aduanera, del diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del PVEM, de fecha 27 de abril de 2006.

Esta comisión considera que la iniciativa prevé un procedimiento aduanero que genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes, al no precisar qué consecuencia debe sobrevenir cuando la autoridad aduanera se excede o no emita resolución dentro del plazo establecido de cuatro meses, por lo que dicha disposición conculca el artículo 16 de la Constitución, al hacer nugatoria la garantía de seguridad jurídica.

En ese contexto, si bien se prevé el plazo máximo que tiene la autoridad aduanera para resolver la situación del particular, omite señalar la consecuencia jurídica que traería consigo si la autoridad no dicta la resolución dentro del plazo referido en ley, lo que la hace una norma imperfecta, pues aun cuando transcurra el plazo de cuatro meses de referencia, no establece ninguna sanción para el caso de que se sobrepase el limite establecido. Por lo que se considera que no es de aprobarse esta iniciativa.

Conforme al análisis de cada una de las iniciativas y a lo expuesto y fundado la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las 13 iniciativas presentadas en la LIX Legislatura, en materia de Ley Aduanera objeto de este dictamen, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de febrero de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez , Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Horacio Emigdio Garza Garza , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas , Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez , José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no hay registrado ningún orador, se consideran suficientemente discutidos.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desechan las minutas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Juventud y Deporte fueron turnadas para su estudio y dictamen las minutas con proyecto de decreto que reforman los artículos 1, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 6 de abril de 2006. Y la minuta que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibida el 20 de abril de 2006.

En virtud del análisis y estudio de los proyectos que se dictaminan, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI, 45 párrafo 6 incisos e) y f) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 58, 60, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de las minutas del Senado de la República.

II. En el capítulo de ``Contenido de la Minutas'' se exponen los motivos y alcances de las mnutas en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones y Razonamientos'' la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara ofrece los razonamientos económicos, jurídicos, sociales y demás que se desprenden de los argumentos realizados a las minutas por parte de la Cámara revisora y que sustentan la decisión de los diputados.

IV. En el capítulo ``Resolutivo'', se da cuenta a esta soberanía del fallo final que en el pleno se expone.

Antecedentes

Primero. La primera minuta que hoy se dictamina proviene de la iniciativa presentada por el diputado José Alfonso Muñoz Muñoz (PRI), el 9 de diciembre de 2004.

Segundo. Dictamen presentado y aprobado el 12 de septiembre de 2005, turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Tercero. Dictamen a discusión presentado en la Cámara de Senadores el 4 de abril de 2006, aprobado en votación económica.

Cuarto. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Minuta presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 6 de abril de 2006.

Sexto. Iniciativa presentada por la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos (PRD) el 13 de septiembre de 2005.

Séptimo. Dictamen a discusión presentado en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el 9 de marzo de 2006, se turno a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Octavo. Minuta recibida en la Cámara de Senadores el 14 de marzo del 2006.

Noveno. Dictamen a discusión presentado en el Senado de la República el 19 de abril de 2006, aprobado en votación económica.

Décimo. Se devuelve a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

Undécimo. Minuta recibida en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados el 20 de abril de 2006.

Duodécimo. Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX legislatura, para desahogar el encargo conferido realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de las Minutas

I. De la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por el diputado José Alfonso Muñoz Muñoz, se desprende que la intención del legislador es la de evitar que se presente una duplicidad de cargos y facultades en el desarrollo de la administración deportiva y que el periodo de duración en el cargo del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se ajuste a los tiempos olímpicos, iniciando a la terminación de un ciclo olímpico y concluyendo al término del siguiente, en virtud de que el hecho que se encuentren los cargos de presidente de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y director general de la Conade en una misma persona, podría llevar el ámbito deportivo al deterioro, asimismo, se contempla la preparación de atletas de alto rendimiento con miras a su participación en los Juegos Olímpicos.

Por otro lado, se busca reducir el periodo de gestión del titular por el hecho de los acontecimientos que sucedieron en las pasadas justas olímpicas, mencionando que los periodos de gestión de los dirigentes son el problema; por lo que se considera que la Conade debe ajustarse a los calendarios y ciclos competitivos a fin de dar una mejor y detallada programación y preparación de nuestros deportistas representativos en las diversas justas.

Asimismo, se busca suprimir la facultad de la Conade de interpretar la ley para efectos administrativos.

II. La minuta suscrita por la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos (PRD) que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Considera la intención de que los deportistas profesionales cuenten con los instrumentos jurídicos que les permita salvaguardar sus derechos como trabajadores y que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones ante los organismos deportivos y autoridades jurisdiccionales.

La relevancia y amplitud de estas propuestas, es el de gozar a plenitud de las garantías individuales que establece la Constitución, anulando cualquier cláusula, disposición o norma interna de las asociaciones deportivas nacionales, cuando se desconozcan, restrinjan o limiten los derechos establecidos en la Ley General de Cultura Física y Deporte, a los sujetos que regula o cuando se pretenda desconocer la competencia y jurisdicción que le corresponda a las autoridades y tribunales mexicanos.

En este contexto, un factor prioritario para evitar las controversias que se generan en el ámbito deportivo es el de acudir a las instancias correspondientes, ya sean laborales, administrativas o deportivas, con el fin de salvaguardar los derechos que las propias leyes ya establecen en su correspondiente ámbito de competencias.

Consideraciones y Razonamientos

La practica del dictamen colectivo, incluye la resolución de una pluralidad de asuntos, englobando en un solo dictamen todos los negativos o no aprobatorios, Lo anterior para un mejor desahogo procesal legislativo y funcionamiento de la comisión dictaminadora.

La Cámara revisora desechó en su totalidad los proyectos por no considerarlos viables, y atendiendo al artículo 72 Constitucional inciso d), si examinado de nuevo el proyecto de ley o decreto fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Para mayor abundamiento se transcribe el artículo en mención:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

I. En cuanto a la minuta presentada por el diputado José Alfonso Muñoz Muñoz, se hace el siguiente análisis:

El cometido de los dirigentes de los organismos deportivos no tiene que ver con los periodos de gestión, ya que al quererlo reducir a 4 años y con la posibilidad mediante ratificación de un año más, no favorecería los proyectos de las instituciones al alternar los trabajos y se podría concretar a los 4 años y no habría continuidad al trabajo realizado por el siguiente titular. En los proyectos del Ejecutivo hemos visto como en los cambios presidenciales existen también cambios de estrategias y proyectos de gobierno y no existe una alternancia en ello, no hay una continuidad, por lo que estaríamos hablando de que cuatro años estaría predestinado a un titular y a los seis años sucedería lo mismo, sin embrago el plazo es mayor para poder cumplir con las expectativas.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que la Conade no tiene como encomienda específica la preparación de atletas de alto rendimiento para los Juegos Olímpicos. Sus atribuciones son de carácter general, como organismo conductor de la política nacional en las materias de cultura física y deporte. Su objetivo es claramente impulsar estas actividades en todo el país y para la población en su conjunto.

El artículo 29 de la propia Ley General de Cultura Física y Deporte menciona cuales son las atribuciones de la Conade y en ninguna se refiere a la preparación de atletas de alto rendimiento, sea para Juegos Olímpicos o para otras competiciones.

Por tanto, al no haber una causa legal que justifique una acción concreta por parte de la Conade como se pretende en la iniciativa, tampoco hay motivo para la adición que se propone.

Esta reforma sólo considera reducir el periodo basándose en calendarios olímpicos, pero no es la única finalidad ni objetivo que tiene la Conade, ya que ésta tiene a su cargo diversas funciones de igual importancia que no puede dejar de lado sólo para pensar en el deporte de alto rendimiento; existen muchas figuras más dentro de la ley donde la Conade tiene que intervenir para obtener buenos resultados, no únicamente en el área olímpica.

De igual manera, los integrantes de esta comisión consideramos que la adición crearía una contradicción con el párrafo precedente de la iniciativa que dice: que ``el titular de la Conade será nombrado y removido por el Presidente de la República'', toda vez que la remisión sería improcedente si aquel cuenta con un encargo por tiempo determinado.

Por otro lado, la Constitución reconoce la facultad del Presidente de nombrar y remover libremente a los funcionarios, salvo disposición expresa en la ley, parecería inconsecuente e injustificable que esta atribución se limite en el caso particular del titular de la cultura física y el deporte. Las facultades del Presidente previstas en el artículo 89 de la Constitución como norma suprema, faculta para nombrar y remover libremente a los empleados, que se determinará la remoción o nombramiento según lo que la constitución o las leyes mencionan, así el artículo 19 que se pretende reformar, menciona que el drector gneral de la Conade será nombrado y removido por el Presidente, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

En lo referente a prohibir al titular de la Codeme que durante su encargo desempeñe cargo alguno en asociaciones o sociedades de carácter deportivo, se considera improcedente porque supone la intromisión del poder público en decisiones que competen a una asociación civil que se rige por el drecho pivado. La organización interna de una aociación cvil debe definirse por la voluntad de los asociados, no por mandato del lgislativo y vulnera el derecho de asociación establecido en el artículo noveno de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, se contrapone con el principio que marca la propia Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 59 que a la letra dice: ``... la Conade, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización, que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.''

Por lo que se refiere a la limitación que se propone para el titular de la Codeme, se trata de una estipulación particular que contradice la generalidad de las leyes y que puede reputarse como una ley privativa, por tanto violatoria del artículo 13 constitucional.

Además, el Estatuto Social de dicha Asociación ya prevé lo relativo a su elección, y el hecho de que se establezca nuevamente en la ly, es estar en contra de la técnica legislativa, ya que según la doctrina deben de usarse oraciones breves, simples y directas; evitando las redundancias y las adjetivaciones innecesarias.

Por último, esta Comisión de Juventud y Deporte considera que la reforma consistente en suprimir la facultad de la Conade para interpretar la ley para efectos administrativos con el fin de evitar afectar la imparcialidad de los procesos ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, es incorrecto, ya que la interpretación administrativa es necesaria para facilitar la aplicación de una ley, proscribir esta facultad suscitaría frecuentes controversias que obligarían a acudir a instancias jurisdiccionales, ocasionando lentitud e ineficacia administrativa.

II. En cuanto a la iniciativa presentada por la legisladora Jazmín Elena Zepeda Burgos, se hace el siguiente análisis:

El artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte establece lo siguiente:

Artículo 51. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento a través de sus Estatutos Sociales, de acuerdo con los principios de democracia y representatividad.

Por consiguiente, una asociación es de carácter civil, una de las características propias es que tienen autonomía propia para la toma de decisiones en cuanto a sus estatutos así como de los contratos siempre y cuando estos últimos se rijan por lo establecido en las normas contractuales.

Cualquier disposición que afectara los derechos de las personas que tutela la ley, la Conade sólo puede sancionar estos estatutos, en cuanto al reglamento técnico y deportivo se rigen por el derecho internacional en cuanto a los lineamientos de la federación internacional respectiva ya que las asociaciones deben contar con una afiliación a una federación internacional y que ésta este reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales.

Las asociaciones determinan de acuerdo al principio de autonomía los aspectos que tengan que ver con su especialidad deportiva, sin embargo, no pueden contravenir lo que las leyes a este respecto refieren, ni a las disposiciones del Sinade, como bien lo menciona la ley, ``todo lo previsto les será aplicable''.

La misma ly ya establece que regularan su estructura interna y funcionamiento a través de sus estatutos mencionando los principios de representatividad y democracia.

Ahora bien, si surge un problema en al ámbito laboral por cualquier persona, no solamente en el deporte profesional, pueden recurrir a las instancias que regulan estas situaciones y para los deportistas profesionales se rigen por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y que además esta mencionado en el cuerpo de la ley.

Para cuestiones relacionadas con controversias deportivas en la propia Ley hay una sección cuarta que habla de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte cuyo objeto es mediar o fungir como árbitro en las controversias que se susciten entre los deportistas, entrenadores o directivos, con plena autonomía y jurisdicción.

Para lo referente a sanciones administrativas le corresponde a la Conade.

Y así, para la justicia deportiva, la aplicación de las sanciones por las infracciones que se cometan a los estatutos y a los reglamentos deportivos le corresponde a:

La Codeme;

El COM;

Las asociaciones deportivas nacionales;

Las asociaciones y sociedades deportivas, recreativo-deportivas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física-deportiva;

Órganos estatales, del Distrito Federal y municipales de cultura física y deporte y

A los directivos, jueces, árbitros y organizadores de competiciones deportivas.

Ahora bien, contra resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, se cuenta con los recursos siguientes:

Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y

Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD.

La ley también es clara al respecto y establece que para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos y reglamentos, los organismos deportivos que pertenecen al Sinade habrán de prever lo siguiente:

Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a favor del presunto infractor;

Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior.

Asimismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 139 menciona las sanciones a las infracciones a esta ley y a quienes se les aplica, las cuales son:

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva:a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade.

II. A directivos del deporte:a) Amonestación privada o pública;

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade, y

c) Desconocimiento de su representatividad.

III. A deportistas:a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade.

IV. A técnicos, árbitros y jueces:a) Amonestación privada o pública, y

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sinade.

De todo lo anterior, esta comisión considera que dicha reforma pretende adicionar lo que ya se encuentra regulado por la misma ley, por la Constitución, por las leyes federales administrativas y del trabajo, y como esta es una Ley General, no es conveniente hacer especificaciones de cualquier naturaleza, ya que es para todos los ciudadanos. El adentrarnos a regular la vida interna de las asociaciones nos traería muchos problemas ya que su propia naturaleza es civil, estaríamos quitando un derecho que otras leyes ya establecen y por lo tanto iríamos en contra de esos principios.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos resuelto aprobar en sus términos las minutas que nos fueron enviadas por la Cámara revisora y para los efectos del inciso D) del artículo 72 Constitucional, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 19 y 66 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibida el 6 de abril de 2006

Segundo. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, recibida el 18 de abril de 2006.

Tercero. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre de dos mil seis.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cázarez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos , Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera , Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Rafael García Villicaña.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Pido a la Secretaría que dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, requerido por la diputada Gloria Lavara Mejía , coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM:

Que el diputado Jesús González Macías sustituya a la diputada Ana María Ramírez Cerda como secretario en la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración, requerida por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

Que el diputado Joel Ayala Almeida sustituya al diputado Juan Manuel Parás González en la secretaría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón , Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento en comisión, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Que el diputado Mario Enrique del Toro cause baja como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en comisiones, requeridos por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:

Que el diputado J. Humberto Zazueta Aguilar cause baja como integrante en la Comisión de Justicia.

Que el diputado Víctor Aguirre Alcaide cause baja como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Que el diputado Humberto Zazueta Aguilar cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Que el diputado Alberto Amaro Corona cause baja como integrante en la Comisión de Marina.

Que el diputado Víctor Hugo García Rodríguez cause baja como integrante en la Comisión de la Función Pública.

Que el diputado Antonio Soto Sánchez cause alta como sustituto en el Consejo de Europa, en lugar del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez .

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones, solicitadas por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Que el diputado Jericó Abramo Masso sustituya al diputado Enrique Serrano Escobar como integrante en la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos.

Que el diputado Salvador Barajas del Toro cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.

Que la diputada María Mercedes Colín Guadarrama cause baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

Que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Esta Presidencia recibió de los diputados Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral del Estado de Baja California que se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que señala ley.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral de Baja California a sujetarse a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que la ley señala, suscrita por los diputados Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , en representación de los diputados de Baja California, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California a sujetar sus actos a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral, para que sea turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Gobernación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Acción Nacional, junto con otras fuerzas políticas y la sociedad civil organizada ha impulsado grandes transformaciones en el país, entre las cuales cabe destacar el importante avance democrático que hemos experimentado en los últimos años.

Para ello, indudablemente, un factor determinante que ha empujado el citado avance democrático han sido las trascendentes reformas que en 1996 observó nuestra Ley Fundamental en materia electoral y a través de las cuales se estableció la exigencia de que la organización de las elecciones recayera en órganos totalmente ciudadanizados, y la obligatoriedad que éstos sujeten sus actos y resoluciones a los principios rectores de la función electoral, es decir, los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral.

A través de estas instituciones y exigencias de nuestro actual estado democrático y constitucional de derecho, con gran eficacia el Constituyente federal ha desmontado las viejas estructuras en las que descansaba el antiguo sistema electoral mexicano y que se caracterizaba, entre otros aspectos, por la sujeción de los órganos electorales a los mandatos de los titulares de los Poderes Ejecutivos y la ilegalidad de sus actuaciones, la iniquidad en la competencia electoral y en el constante atropello a la vida democrática y la pluralidad política.

Sin embargo, es de señalarse que si bien es cierto que hoy en día contamos con un orden constitucional y legal que garantiza en gran medida a los ciudadanos y a los partidos políticos que los procesos electorales se inscribirán dentro de los principios de legalidad y equidad, y que quien obtenga más votos en las urnas es a quien corresponderá asumir las altas responsabilidades que competen al poder público, también lo es que todavía existen intentos de regresión por volver al pasado oscuro donde la trampa, la marrullería, la ilegalidad, el deseo de acceder al poder sin importar los medios y la manipulación eran la constante para ganar las contiendas electorales.

Como es del dominio público, en Baja California el próximo 5 de agosto los ciudadanos elegirán gobernador del estado, diputados y munícipes, y por este motivo los órganos electorales han ejecutado actos y emitido resoluciones que sin duda están incidiendo y trascenderán en las posteriores etapas del proceso electoral.

Es de señalarse que hasta ahora la actuación de cuatro de los siete integrantes del órgano superior normativo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, es decir el Consejo Estatal Electoral, además de poner en predicamento su credibilidad frente a la opinión pública han generado la crítica y el rechazo de diversos partidos políticos, y de la ciudadanía misma a través de organismos de la sociedad civil, quienes han visto con sorpresa la facilidad e irresponsabilidad con que vulneran los principios rectores de la función electoral y exhiben la falta de racionalidad y razonabilidad en sus decisiones.

Es de señalarse que los consejeros Víctor Alarcón Requejo (presidente), y Jaime Vargas Flores, Raúl Flores Adame y Humberto Hernández Soto (numerarios) han asumido conductas que vulneran el orden jurídico electoral, materializando entre otras acciones las siguientes:

1. Expedición de convocatoria para sesión del 24 de enero de 2007. (El artículo 124, fracción III, de la Ley de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de Baja California dispone que es facultad exclusiva del presidente del consejo; ninguno de ellos tenía esta calidad.)

2. Elección de presidente interino en sesión de 24 de enero. (En la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California no existe tal figura, y además en el momento que lo hicieron la potestad de nombrar al presidente del consejo correspondía en forma exclusiva al Congreso del estado, artículos 5, párrafo noveno, de la Constitución Local, y 118, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.)

3. Desahogo de procedimientos de ratificación de los directores generales del Instituto Estatal Electoral y Registro Estatal de Electores, cuando no existe ninguna disposición normativa que señale dicho procedimiento. (No aprobaron su ratificación; consecuencia de ello, los removieron.)

4. Nombramiento de encargados de oficina de las direcciones generales del Instituto Estatal Electoral y Registro Estatal Electoral cuando dichas figuras no existen en la ley y además disponen los artículos 5, párrafo decimoquinto, de la Constitución local, y 122, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California que el nombramiento de estos directores debe ser con el voto de 5 consejeros y no 4, como lo hicieron.

5. Nombramiento de un encargado de oficina de la Dirección de Administración de la Dirección General del Instituto Estatal Electoral. (La figura de encargado de oficina no existe en la ley; no se observó además el procedimiento descrito en la fracción VI del artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, donde se describe que la propuesta de este director debe ser del presidente y aprobada por 5 consejeros, y además se nombró como encargado a un connotado priísta de la entidad, quien incluso en días pasados votó como consejero nacional para la renovación de la dirigencia nacional de su partido.)

6. Nombramientos en diversos cargos estratégicos del Instituto Estatal Electoral de conocidos y activos priístas de la entidad.

7. En la dictaminación de los convenios de coalición, en sesión de 19 de febrero de este año, dieron tratamiento desigual a los iguales, puesto que alegando el incumplimiento del requisito contenido en la fracción III del artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, dos convenios que no satisfacían totalmente dichos requisitos tuvieron tratamientos distintos. (Uno fue aprobado y otro no. Es de señalarse que jurídicamente era imposible cumplir dicho requisito.)

Las actuaciones referidas dejan ver el desapego a los principios rectores de los procesos electorales a los que deben ceñirse quienes ejercen la función pública electoral. Por ello, hacemos un llamado a los consejeros mencionados a encauzar sus acciones por la vía de la legalidad; la sociedad bajacaliforniana espera organismos y procesos electorales ejemplares que garanticen la igualdad y equidad en la competencia y, por supuesto, el respeto irrestricto a la voluntad popular manifestada a través del voto de los ciudadanos.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN estaremos pendientes y atentos a la actuación del órgano electoral en Baja California; no podemos ni debemos permitir que los órganos electorales desvíen sus actuaciones en detrimento de nuestra democracia, que es el pilar fundamental sobre el cual descansa nuestro orden jurídico,

Por lo antes expuesto, sometemos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto Resolutivo

Único. Se exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California a sujetar sus actos a los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y certeza electoral que aluden los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b, de la Constitución federal; 5 de la Constitución de Baja California; y 1 y 111 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2007.--- Diputados: Antonio Valladolid Rodríguez , Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se recibió de los diputados María Eugenia Campos Galván y Cruz Pérez Cuellar , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría a los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura creado por el decreto 1123/04.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría sobre los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, creado por el decreto número 1123/04, suscrita por los diputados María Eugenia Campos Galván y Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada María Eugenia Campos Galván y diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que los préstamos y erogaciones autorizados al gobierno estatal por las legislaturas en turno, a través de diferentes decretos a partir de 1989 hasta 1992 han constituido diversos y diferentes fideicomisos los cuales han cumplido con su objetivo original. Es decir, se han cubierto en demasía las necesidades de inversión cuyo único objetivo consistía en la rehabilitación y operación de diversas autopistas.

2. Que los desproporcionados e inequitativos cobros de peaje, mismas que la administración estatal encasilla en el rubro de derechos, ha perdido su finalidad original (mantenimiento y administración de carreteras), desviando dichos ingresos a acciones y programas gubernamentales diferentes.

3. Que la abundancia de lo recaudado por las citadas cuotas, resultó tan alta no obstante los pagos a la deuda y al alto costo de los individuos involucrados en la creación y manejo de fideicomisos con sus respectivos comités, fiduciarias y su abultado personal, comisiones para toda clase de actividades que fueron creados, que aún así hubo remanentes que en el año 2004 se bursatilizaron, o ingresaron a la Bolsa Mexicana de Valores con el fin de obtener dividendos.

4. Que en el año 2004, se crea el fideicomiso número 80402 derivado del decreto 1123/02, creándose a la vez el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.

5. Que lo antes expuesto se encuentra publicado dentro del decreto 1123/04 aprobado, sin enmienda alguna, por el Congreso del estado de Chihuahua en turno, emitiéndose certificados bursátiles, hasta por 1,750 millones de pesos.

6. Que el último decreto referido incluye el financiamiento y construcción de tramos carreteros, incluido el Satevó-Delicias sacando de contexto el fin para el que fueron creados los decretos anteriores.

7. Que en el año 2006 el Ejecutivo estatal solicitó al Congreso del Estado ampliar el monto original de 1,750 millones de pesos a otros 1,600 millones de pesos adicionales. La fuente de pago sería el mismo fideicomiso No. 80402 previsto en decreto del año 2004 a plazo de ocho años, al cual los productos se destinaron al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.

9. Que ha sido transgredida la fracción 8ª del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual establece que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones ó empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las misma fijen anualmente.

9. Que los ingresos a las arcas del estado por los cobros de peaje en las autopistas, en nada o en poco han beneficiado a los habitantes de los lugares circunvecinos y a las regiones en las que éstas se establecen, no obstante las sumas alcabalatorias que anualmente se recogen por el tránsito de vehículos.

10. Que recientemente el Congreso del estado de Chihuahua celebró convenio que establece las Bases de Colaboración y Coordinación con el H. Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización y uso correcto de las transferencias que hace el gobierno de la república al gobierno de la entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante este Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública o a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, auditar los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, creado por el decreto 1123/04 el cual recibe recursos derivados del fideicomiso carretero en el estado de Chihuahua e informar a esta soberanía sobre el resultado de la misma; así como verificar la legalidad del uso de las concesiones otorgadas por el gobierno federal al gobierno del estado de Chihuahua para usar y explotar diversos tramos carreteros en el estado.

Diputada María Eugenia Campos Galván (rúbrica), diputado Cruz Pérez Cuellar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se recibió del diputado Moisés Alcalde Virgen , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, durante el periodo 2003-2006.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados durante el periodo 2003-2006, a cargo del diputado Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, otorgue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de la Función Pública, así como a las instancias de control y fiscalización competentes del Ejecutivo y Legislativo federal y estatal, las facilidades necesarias para conocer y revisar toda la información relativa a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), durante el período 2003-2006, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En observancia de la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual señala que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal; y bajo el mismo tenor del mismo artículo que señala la atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública del año fiscal precedente.

Ante estas responsabilidades, la Cámara de Diputados requiere constantemente de información oportuna y detallada sobre el ejercicio de los recursos públicos. Las decisiones que involucran a la hacienda pública, su distribución y destino, son consideraciones de la mayor trascendencia nacional.

Es comprensible que la discusión y aprobación del presupuesto público no puede ser reducido a un breve período; al final de cada ejercicio fiscal. El análisis del presupuesto es un proceso continuo e implica que la toma decisiones colegiada de esta soberanía sobre el uso y distribución de los recursos públicos demanda profundidad y reflexión sin restricciones de tiempo para evitar resoluciones apresuradas.

La canalización de recursos a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) representan un monto estratégico para el desarrollo de infraestructura regional y nacional que requiere de un conocimiento puntual. Respecto a su distribución, los recursos asignados a través de este Fideicomiso y Fondo han promediado anualmente 17 mil 800 millones de pesos. Alcanzando su monto máximo en 2004, cuando se distribuyeron 23 mil 201 millones de pesos. En 2005, año en donde se tienen datos definitivos, ambos superaron el uno por ciento de los ingresos del sector público presupuestario. La importancia de este fondo y fideicomiso se expone no por su tamaño relativo respecto al total de los recursos públicos sino por que implican la utilización de recursos provenientes de un flujo extraordinario que tiende a reforzar el equilibrio entre regiones y alientan el esquema federalista del país.

Sin embargo, consideramos que la asignación de recursos a las entidades federativas debe ir acompañada de mecanismos eficientes de seguimiento de su uso final, así como de su plena justificación con los planes, programas, y acciones de los objetivos de desarrollo federales y de las entidades federativas que, en última instancia, deben brindar un creciente beneficio a la ciudadanía.

En los últimos años, las finanzas públicas estatales se han esforzado por consolidar formalmente los flujos extraordinarios de recursos provenientes principalmente de ingresos excedentes petroleros. Es evidente que refuerzan sus recursos disponibles, aunque poco se ha dicho sobre la generación de incentivos negativos que podrían tener en el esfuerzo por generar y acrecentar recursos enteramente propios. Los recursos del FIES están etiquetados a la inversión en infraestructura pública y equipamiento de proyectos de ámbito local debidamente elegibles y, para el caso del FEIEF, funciona como estabilizador de los ingresos de las entidades al compensar la caída de la recaudación federal participable. No obstante la existencia de un filtro técnico de elegibilidad de los proyectos, puede darse un fenómeno económico no deseable al combinarse en el agregado de obras, proyectos financiados de gran relevancia social y otros de menor importancia estratégica en el desarrollo económico.

En este orden de ideas, resulta imperante que esta soberanía solicite información desagregada, proyecto por proyecto, elegido y financiado para poder realizar un seguimiento técnico apropiado y, llegado el momento de la discusión presupuestal, contar con elementos necesarios y suficientes para continuar mejorando el esquema de la distribución de los excedentes petroleros y encontrar fórmulas más precisas para respaldar el esquema fiscal federalista en el país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios SNC otorgue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de la Función Pública, así como a las instancias de control y fiscalización competentes del Ejecutivo, Legislativo federal y estatal, las facilidades necesarias para conocer y revisar toda la información relativa a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) considerando, en este último caso, todos los proyectos elegidos, autorizados y financiados, durante el período comprendido de 2003 a 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 días de febrero de 2007.--- Diputado Moisés Alcalde Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INEGI

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se recibió el diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI modifique el contenido de las encuestas que lleva a cabo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a modificar el contenido de las encuestas que lleva a cabo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Alonso Manuel Lizaola de la Torre , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que sean modificadas, de las encuestas que realiza, las opciones de respuesta ala pregunta, ¿A qué religión pertenece?, la cual consta de dos opciones establecidas de respuesta 1. Católico y 2. Otros, lo anterior por considerar que dichas opciones son restrictivas y discriminatorias para los demás grupos religiosos al no mencionarlos por su nombre o denominación, otorgando así cierto privilegio a la religión católica sobre las demás, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que la libertad, la igualdad, el respeto, la tolerancia, la armonía, la justicia, la no discriminación y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero, primer párrafo, que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

El tercer párrafo establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y las libertades de personas.

Asimismo, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, menciona que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El artículo 130, en su inciso a), menciona que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 2o, fracción 1a, que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; este derecho incluye la liberad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en publico como en privado, por la enseñanza, la practica, el culto y la observancia.

Así también, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo primero que las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objetivo de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Asimismo, en su artículo 2o menciona que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país, además de que promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

También, en su artículo 4o menciona que, para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Es por todo lo anterior que considero que la dignidad y la igualdad es uno de los principios fundamentales de todos los seres humanos, por lo que es importante que exista el compromiso de los estados para promover y alentar el respeto universal sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión intensificando las actividades de promoción y de información.

Por lo anterior, el suscrito propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que modifique el cuestionario que realiza para el Censo General de Población y Vivienda, en específico, las opciones 1. Católico, 2. Otros, de la pregunta ¿A qué religión perteneces? Toda vez que al igual que la Iglesia Católica, existen otras religiones que tienen personalidad jurídica por haber obtenido su registro ante la Secretaría de Gobernación.

Segundo. Se solicita que la respuesta de la pregunta ¿A qué religión perteneces?, se deje abierta sin opciones establecidas que limiten la libertad en los encuestados, asimismo, se solicita que ese cambio se aplique en todos los censos que se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Gobernación.

LEY DE INGRESOS DE 2007

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se recibió del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adecue la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de 2007, referente al precio de adquisición de los productores de leche.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a adecuar la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de la Federación de 2007 sobre el precio de adquisición de los productores de leche, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Muñoz Serrano , con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

En los últimos días uno de los problemas más urgentes de resolver para el gobierno mexicano ha sido el relativo al precio de la leche que se expende a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), después de haber sufrido un incremento en su precio que por más de 5 años se mantuvo en 3.50 pesos y que en noviembre de 2006 se incrementó a 4.50 pesos. Esta situación, tras la manifiesta inconformidad pública, ha requerido la inmediata atención por parte de las secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, y Hacienda y Crédito Público, toda vez que el objetivo principal de Liconsa es precisamente abastecer de éste producto lácteo a un amplio sector de escasos recursos.

Ante tales acontecimientos, se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 500 millones de pesos para estar en condiciones de bajar de $4.50 a $4.00 pesos el precio de la leche Liconsa, lo cual resulta una medida benéfica para quienes adquieren este producto. Sin embargo, se habrán de tomar las medidas necesarias para atender el otro perfil del problema, es decir, el relativo al precio en que Liconsa adquiere la leche a los productores.

No está de más subrayar que esta empresa debe dar prioridad a la adquisición de leche proveniente de nuestros productores nacionales y no de extranjeros. Ya que aún cuando el objetivo primordial de Liconsa es proporcionar el producto lácteo a un precio notoriamente menor al comercial, no se puede ni debe llevar a cabo esta acción en detrimento de los productores de leche mexicanos, por lo que resulta imprescindible no sólo fijar un precio justo y razonable de adquisición, sino, más aún, agilizar las condiciones para poder pagar a los productores lo que, por ley, les corresponde.

Nuestra propuesta busca establecer un precio de adquisición elevado, que pudiera interpretarse como subsidio a los productores; no, nosotros proponemos que, con base en lo estipulado en materia de leche, dentro de la Ley de Ingresos para 2007, se pague un precio justo, que apoye, incentive y mantenga viable la producción nacional lechera. No basta con que Liconsa ponga al mercado leche a bajo precio, es indispensable también ofrecer a toda la población que la adquiere leche de primera calidad, y eso es lo que nuestros productores nacionales ofertan.

De esta forma, contribuiremos a mejorar no sólo a quienes adquieren la leche, sino también a quienes, al producirla, sólo reclaman lo que legítimamente les corresponde, ya que hay un gran número de familias afectadas por esta situación, y hablo en particular de los hombres, mujeres niños y adultos mayores de la zona de Los Altos, Jalisco, que han dejado de percibir el dinero suficiente para su sustento diario.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhórtese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados a adecuar la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos de 2007.

Segundo. Gírese respetuoso oficio a la titular de Liconsa, para que, con base en la fórmula establecida en la Ley de Ingresos, con la mayor brevedad, se establezca y cubra, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2007, el precio de referencia de adquisición a los productores de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SISTEMA DE CENTRALES DE ABASTO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se recibió del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía realicen diversas acciones a favor del Sistema de Centrales de Abasto del país.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Economía a realizar diversas acciones en favor del sistema de centrales de abasto del país, suscrita por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , diputados federales a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de septiembre de 1983 se presentó a la opinión pública el sistema nacional de abasto, como la respuesta del Estado mexicano a los problemas de disponibilidad de alimentos con altos estándares de calidad, dicho sistema, tenía como objetivo general fomentar la integración, ordenación y modernización del proceso comercial de productos alimenticios de consumo generalizados, en sus diferentes fases, para abatir la ``intermediación innecesaria''.

De igual forma, con dicho sistema se trataba de arraigar a los productores de básicos elevando sus ingresos, así como de elevar el nivel de vida y nutricional de la población, al incrementar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, así como crear una infraestructura de acopio, almacenamiento y distribución nacional sin precedentes, para lo cual se ejercieron 115 millones de dólares otorgados por organismos internacionales, y canalizados a través de diversos fideicomisos.

Para 2000, se establecía como meta al menos contar con 83 centros de acopio (granos y oleaginosas), 135 para frutas y verduras (con 45 adicionales de tipo desmontable para las mismas), 52 centrales y módulos de abasto, 52 frigoríficos, 180 unidades de enfriamiento y un sistema eficiente de información de mercados, en la República Mexicana. Sin embargo, dicha meta no se cumplió, pues en los años noventa, al adentrarse nuestro país en el proceso de globalización, el gobierno federal abandonó el papel de órgano rector, para transformarse en un promotor de la apertura económica con lo que los aspectos normativos y operativos del mencionado sistema perdieron aplicación y relevancia.

Lo anterior dejó desprotegidos y desarticulados los sectores agrario y comercial de nuestro país, afectando también las centrales de abasto, con lo que se generaron --entre otras-- las siguientes problemáticas:

1. Por no existir un plan integral de desarrollo entre los sectores mencionados y perderse la articulación productiva entre el campo y los órganos de comercialización, cada año los precios de los productos mexicanos han perdido competitividad, pues en algunos casos el alto costo de los productos los vuelve poco atractivos para el sector comercial o bien por su bajo costo no lo son para el productor, con lo cual en muchas ocasiones se opta por la importación de mercancías en detrimento del sector agrario de nuestro país.

2. El rezago del modelo de comercialización, contra las mejores prácticas internacionales, tales como la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas internos de distribución de las centrales de abastos para la comercialización de los productos; ubicación estratégica dentro de los grandes centros poblacionales; la calidad de los empaques; el decremento de las mermas; entre otras, han generado perdida de la participación de mercado, por la falta de valor agregado en las transacciones y servicios al cliente.

3. Asimismo, la ausencia de capacitación ha generado una cultura empresarial poco competitiva en el sector comercial, lo que ha generado desequilibrios en la distribución de la riqueza a lo largo de la cadena del suministro alimentario.

Lo anterior, aunado a la competencia de grandes superficies comerciales con sistemas eficientes de comercialización y orientados al consumidor en general, pero desarticuladas con el productor nacional, propicia incertidumbre en el control del suministro de alimentos que llegan a la mesa de todos los mexicanos y ponen en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país.

En consideración de lo mencionado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el sistema de centrales de abasto en nuestro país.

Segundo. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a proponer un proyecto para insertar en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2012 las centrales de abasto, como entidades de interés nacional en el desarrollo de nuestra nación.

Tercero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a solicitar una partida en el Presupuesto de Egresos de 2007 para atender de inmediato el rezago del sistema de centrales de abasto en el país.

Cuarto. Se exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía a generar un vínculo entre aquéllas para atender la desarticulación de los sectores agrario y comercial del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputados: José Gildardo Guerrero Torres , Ernesto Oviedo Oviedo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz , del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila... No estando presente, el diputado Armando Barreiro, en lugar de la diputada Aleida Alavez, tiene la palabra.

El diputado Armando Barreiro Pérez:Con su venia, diputado Presidente: compañeras y compañeros diputados: por tercera ocasión para este tema estamos solicitando de ustedes su respaldo, su sensibilidad y la posibilidad de que se haga cumplir de acuerdo con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y poniendo de nuevo a su consideración este punto de acuerdo, para que el titular del Ejecutivo federal publique de manera inmediata la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila, y para coordinar los trabajos sobre la consulta nacional pública sobre humedales, con base en las siguientes consideraciones.

La protección de los ambientes acuáticos del territorio nacional y la generación de veda de aguas son instrumentos de política pública con suficiente fundamento en el marco jurídico nacional. Incluso el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, así como para cuidar de su conservación.

Durante la última semana de septiembre y primera de octubre de 2006, el otrora secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo, se comprometió públicamente y ante la nación entera, a promover en un mes la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras.

Sin embargo, ya han pasado cuatro meses y no hay viso de publicación alguna, incluso el 15 de febrero próximo pasado, desde la oficina del secretario de la Semarnat se nos indicó que, máximo en 10 días saldría publicada la veda; sin embargo, ya han pasado 12 días y no ha salido de la Cofemer el dictamen de ninguno de los tres valles, Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras.

Es urgente que el gobierno mexicano adopte sus compromisos contraídos con la comunidad científica nacional, los legisladores, el pueblo de México en general, mediante la urgente publicación de la declaratoria de veda de aguas correspondientes para esta región, ya que cada día de retraso implica la disminución de las aguas llamadas fósiles, que predominan en dichos valles, aunado a la pérdida de especies únicas y a la transformación del ambiente que ha prevalecido durante miles de años.

Lo mismo esperamos que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas proceda a declarar el área de El Hundido, como espacio protegido, toda vez que es congruente con lo que el pasado 5 de octubre aprobó esta soberanía, cuando se presentó la proposición con punto de acuerdo sobre la región en comento. En esa fecha se solicitó la ampliación del poligonal de protección en Cuatrociénegas, para incluir los valles El Hundido y Las Calaveras. Resulta importante que el Ejecutivo retome las propuestas del Legislativo.

Por ello ponemos a su consideración nuevamente el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publique la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila.

Es cuanto, diputado Presidente. Proponemos este acuerdo de obvia o urgente resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Aleida Alavez Ruiz , diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo federal publique de inmediato la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que constituye una garantía constitucional establecida en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segundo. Que es facultad de este Congreso legislar en materia que establezca las competencias concurrentes entre los gobiernos federal, estatal y municipal para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Tercero. Que el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación así como para cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país (integral y sustentable), dictando las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, aludiendo a la facultad federal de llevarlas a cabo, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto de manera concurrente entre los distintos órdenes de gobierno.

Cuarto. Que durante la ultima semana de septiembre y primera de octubre de 2006, el otrora secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luego Tamargo, se comprometió públicamente y ante la nación entera en promover en un mes la declaratoria de veda de aguas en la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras; sin embargo, han pasado cuatro meses y no hay viso de publicación alguna. Cabe recordar que este pleno ya aprobó el 5 de octubre de 2005 sendos puntos de acuerdo para la protección de la región en comento, por lo que recurrimos a la sensibilidad de las y los legisladores para seguir protegiendo este importante ecosistema único en el mundo que se ubica en tierras coahuilenses.

Quinto. Que debido a las particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de Cuatrociénegas, el Hundido y Las Calaveras, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región. El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos el yeso, sal y candelilla, están siendo aprovechados con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.

Sexto. Que es urgente que el gobierno mexicano adopte sus compromisos contraídos con la comunidad científica nacional, los legisladores y el pueblo de México en general, mediante la urgente publicación de la declaratoria de aguas correspondiente para esta región.

En tal virtud y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los seis días del mes de febrero de dos mil siete.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Armando Barreiro. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa, no es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DEMOCRACIA EN MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónreconoce, con motivo del CX aniversario de su natalicio, la aportación que para la construcción de la democracia en México hizo don Manuel Gómez Morín.

El diputado Héctor Larios Córdova:Con el permiso de la Presidencia: hoy, hace ciento diez años, el 27 de febrero de 1897, nació don Manuel Gómez Morín, hombre clave en la historia de México del siglo XX. Constructor de instituciones, servidor público ejemplar, legislador ciudadano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Méxicoy fundador del Partido Acción Nacional, abogado y consultor intachable.

Los nombres de las obras en su haber se suceden: Banco de México, Banco de Crédito Agrícola, Nacional Financiera, Banco de Obras y Servicios Públicos, Fondo de Cultura Económica, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Partido Acción Nacional. Todas, iniciativas parcial o totalmente suyas, que perfilan un hombre polifacético, un estadista, un visionario. En esta ocasión me permito plantear brevemente tan sólo una de sus ricas vertientes: la de constructor de la democracia. Gómez Morín fue protagonista de la construcción del México moderno.

En el país devastado aún por la lucha revolucionaria y en plena edificación institucional, fue quien con hambre y determinación proponía soluciones a los problemas de su querido México.

En materia política creía firmemente en el ideal maderista del sufragio efectivo. Consideraba que la Revolución Mexicana era patrimonio común de todos y nunca privilegio exclusivo de una fracción política.

Gómez Morín observó la Revolución Mexicana desde dentro y advirtió con claridad los elementos que precipitaron la desviación de su finalidad democrática. Descubrió, aceptó, compartió y luchó por el perfeccionamiento de los valores implícitos de nuestra revolución, particularmente el principal de ellos: la democracia.

Fue una consecuencia lógica ineludible, que pasara de la reflexión a la acción. Participó activamente en la campaña presidencial de 1929, al lado del candidato José Vasconcelos, viviendo en carne propia la negación del sufragio efectivo, el atropello a la voluntad popular, la barbarie política, el fraude electoral.

Una de sus más brillantes aportaciones como constructor de la democracia tiene que ver con el aprendizaje de esta campaña, tiene que ver con su convencimiento de que una obra política de objetivos trascendentes no podía quedar a espaldas de un solo hombre, por muy brillante, carismático y caudillo que fuera.

Por eso, planteó desde 1929 la creación de un partido político que compitiera electoralmente con el partido del gobierno y que lograra por tanto civilizar la política e institucionalizar los mecanismos democráticos como la campaña y el diálogo, el acuerdo y el respeto.

El fracaso, en todos sentidos, que constituyó para él la sucesión presidencial de 1929, no sólo no lo detuvo, sino que aún fue capaz de convocar a los partidarios de la vida democrática del país, tanto a los vasconcelistas de 1929, los universitarios de 1933-1934, los católicos de los veinte, los ciudadanos de los treinta, que integraron la base social que él supo guiar y desarrollar y de la cual nació Acción Nacional y con Acción Nacional nació, creció y culminó, gracias a la transición democrática, la posibilidad de que la palabra razonable y de buena fe sustituyera en este país a la violencia y al autoritarismo como métodos políticos.

Con respecto a esto, Carlos Castillo Peraza comentaba: ``Gómez Morín fundó una tradición. Los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás; por el contrario, a partir de un enraizamiento sin ambages en el pasado, son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Sólo así puede entenderse que sigan generando vigencias. Acción Nacional tiene el reto ahora no sólo de mantener sino de construir nuevas tradiciones, no de administrar sus recuerdos sino de crear esperanzas''.

Difícil fue el trayecto para Gómez Morín, que dirigió el partido en su primera década con una convicción democrática, estaba convencido de que no era el único llamado a dirigir el partido y dejó esta dirección 10 años después. Tuvo un trayecto difícil, la construcción de la actual vida democrática del país.

Hubo que vencer obstáculos tremendos para construir un partido de oposición realmente nacional, para que tal oposición alcanzara una madurez que la trasformara en alternativa electoral y competencia democrática por el poder, que desembocara en una alternancia y en la normalidad democrática.

Cierto es que Gómez Morín no pudo ir más allá de soñar el México democrático que hoy ya tenemos, pero la institución que fundó y que impulsó fue en gran medida la causa eficiente de la transformación política, pues él mismo señaló caminos claramente diversos a la clandestinidad, a la subversión, a la intransigencia o a la ruptura. La construcción de la democracia mexicana bien valía la constancia, la mística, la lealtad del juego democrático y la seriedad en el debate y en el acuerdo político.

Por ello, el día de hoy es fundamental reconocer y valorar lo que ha significado la edificación de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestros partidos, por lo que también es de justicia reconocer el papel que todos los actores políticos que participaron en la construcción de esta edificación merezcan, aún cuando ellos sean incógnitos, un reconocimiento de parte de los mexicanos.

Particularmente el día de hoy, 27 de febrero, en que celebramos 110 años de su natalicio, me permito proponer a esta Asamblea el siguiente resolutivo como punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario de su natalicio, hace un reconocimiento a la aportación en la construcción de la democracia en México que hizo don Manuel Gómez Morín.

Dado en el salón de sesiones, 27 de febrero de 2007. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario del natalicio de don Manuel Gómez Morín, reconoce la aportación realizada por él para la construcción de la democracia en México, a cargo del diputado Héctor Larios Córdova , del Grupo Parlamentario del PAN

Hoy, 27 de febrero de 2007, se conmemora el 110 aniversario del natalicio de Manuel Gómez Morín, hombre clave en el México del siglo XX, constructor de instituciones, servidor público ejemplar, legislador ciudadano, rector de la Universidad Nacional, fundador de Acción Nacional, abogado y consultor intachable.

Los nombres de las obras en su haber se suceden: Banco de México, Banco de Crédito Agrícola, Nacional Financiera, Banco de Obras y Servicios Públicos, Fondo de Cultura Económica, Ley de Instituciones de Crédito, Ley Orgánica de la Universidad, Partido Acción Nacional... todas iniciativas parcial o totalmente suyas que perfilan a un hombre polifacético, un estadista, un visionario de México. En esta ocasión, me permito plantar brevemente tan sólo una de sus ricas vertientes: el de constructor de la democracia.

Gómez Morín fue protagonista de la construcción del México moderno. En el país devastado aun por la lucha revolucionaria y en plena edificación institucional, fue quien con hambre y determinación proponía soluciones a los problemas de ``su querido México''. En materia política, creía firmemente en el ideal maderista del sufragio efectivo; consideraba que la Revolución Mexicana era patrimonio común de todos y nunca privilegio exclusivo de una facción política.

Gómez Morín observó a la Revolución Mexicana desde dentro y advirtió con claridad los elementos que precipitaron la desviación de su finalidad democrática. Indudablemente descubrió, reconoció, comprendió, aceptó, asumió, compartió y luchó por el perfeccionamiento de los valores implícitos en la Revolución Mexicana, el principal de ellos, la democracia.

Fue una consecuencia lógica, ineludible, que pasara de la reflexión a la acción, participando en la elección presidencial de 1929 al lado del candidato José Vasconcelos, viviendo en carne propia la negación del sufragio efectivo, el atropello a la voluntad popular, la barbarie política, el fraude electoral. Una de sus más brillantes aportaciones como constructor de la democracia tiene que ver con su convencimiento de que una obra política de objetivos trascendentes, no podía quedar a las espaldas de un solo hombre, por muy brillante, carismático y caudillo que fuera.

Las soluciones de la política correspondían a ciudadanos que decidieran democráticamente, discutiendo en común, actuando políticamente juntos, con un objetivo y un programa puesto a la consideración del pueblo que debía decidir en última instancia cómo y con quién. Por eso planteó desde 1929 la creación de un partido político que compitiera electoralmente con el de la Revolución y que lograra, por tanto, civilizar la política e institucionalizar los mecanismos democráticos como la campaña, el diálogo, el acuerdo y el respeto.

El fracaso en todos sentidos que constituyó la sucesión presidencial de 1929 no sólo no lo detuvo, sino que aun fue capaz de convocar a los partidarios de la vida democrática, de distintas trincheras y credos, a rescatar el cuerpo entero de la patria, sin temores ni complejos, porque sabía que en cada mexicano había un alma.

Fue así que de los vasconcelistas del 29, los universitarios del 33-34, los católicos de los veinte y los ciudadanos de los treinta, se integró la base social, que él supo ver y desarrollar, de la cual nació Acción Nacional. Y con Acción Nacional nació, creció y culminó, gracias a la transición democrática, la posibilidad de que la palabra razonable y de buena fe, substituya en este país a la violencia y al autoritarismo como métodos políticos.

Al respecto señalaba Carlos Castillo Peraza: ``Gómez Morín fundó una tradición. Los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás; por el contrario, a partir de un enraizamiento sin ambages en el pasado, son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Sólo así puede entenderse que sigan generando vigencias... Acción Nacional tiene el reto y el deber de fundar hoy la tradición del México del mañana, es decir, su tarea no es la de administrar recuerdos sino la de crear esperanzas''.

Gómez Morín, como fundador, dirigió al PAN durante su primera década de existencia, después, como ejemplo esperable de un genuino demócrata, decidió retirarse del mando del partido porque jamás pensó que si no lo conducía él, nadie podría hacerlo. Su convicción fue que Acción Nacional era la mejor opción partidista para los mexicanos, pero nunca exigió lealtades al PAN a quienes no eran del PAN. A los adversarios, tan sólo los llamó a hacer política y a dirimir sus diferencias con su partido en el terreno de la propia democracia.

Fue capaz de confiar en un equipo joven de dirigentes políticos quienes se dieron a la tarea de formar directivas locales, integrar planillas de candidatos, vigilar casillas, convocar a reuniones, desarrollar actividades en las plazas públicas, locales cerrados y domicilios particulares, primero y, después, en recintos legislativos, en salones de cabildo, en reuniones de trabajo, en foros académicos, así como en cualquier espacio público donde confrontar democráticamente los principios, la plataforma, las propuestas y las personas que constituyeran la alternativa a un monopolio político que no cabía en la aspiración y el proyecto democrático de México.

Difícil fue el trayecto. La construcción de la actual vida democrática del país tuvo que vencer obstáculos tremendos para convencer, para construir un partido de oposición realmente nacional, para que tal oposición alcanzara una madurez que la transformara en alternativa electoral y competencia democrática por el poder, que desembocaran en la alternancia y la normalidad democrática.

Cierto es que Gómez Morín no pudo ir más allá de soñar el México democrático que hoy tenemos. Pero la institución que impulsó fue en gran medida la causa eficiente de la transformación política, pues él mismo le señaló caminos claramente diversos a la clandestinidad, la subversión, la intransigencia o la ruptura. La construcción de la democracia mexicana, bien valía la constancia, la mística, la lealtad al juego democrático y la seriedad en el debate y el acuerdo político. En nuestros días, inmersos en la coyuntura política de la vida democrática, es fundamental valorar lo que ha significado la edificación de nuestra democracia de instituciones y de partidos, por lo que es indispensable reconocer el papel que todos los actores políticos representados en esta Cámara y de muchos ciudadanos que permanecen incógnitos han hecho para que el ideal democrático sea una realidad.

Es por ello que se propone:

Resolutivo

Único. Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del 110 aniversario de su natalicio, reconoce la aportación que para la construcción de la democracia en México, hizo don Manuel Gómez Morín.

Diputado Héctor Larios Córdova .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Héctor Larios Córdova.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se acaba de recibir una proposición con punto de acuerdo suscrita por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para la incorporación y trámite.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para incorporar y dar trámite a la proposición.

Las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del grupo parlamentario del PRD, para dar lectura a la proposición.

El diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre:Con su venia, diputado Presidente: primero que nada quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que se dieron la oportunidad de suscribir este punto de acuerdo presentado por su servidor. Creo que el tema es muy sentido e importante en el hecho de lo que representan tres entidades federativas de nuestro país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Me permito dar lectura a la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que den cumplimiento a la disposición por la cual la honorable Cámara de Diputados aprobó de manera extraordinaria 600 millones de pesos para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este punto de acuerdo es presentado por su servidor, diputado Jesús Evodio Velázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Sagarpa a cumplir fielmente la disposición de la Cámara de Diputados de aplicar los 600 millones de pesos extra aprobados para el desarrollo regional de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, presentada por el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre , del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del martes 27 de febrero de 2007

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el artículo transitorio décimo tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la honorable Cámara de Diputados aprobó de manera extraordinaria a la asignación tradicional, seiscientos millones de pesos para el desarrollo regional en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, enunciando que tal disposición se establece con el fin de atender de manera integral las zonas de mayor marginación en las entidades federativas del sur del país.

Dichos recursos extraordinarios se integraron dentro del Subprograma de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para ser aplicados bajo la mecánica del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA, que aparece en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Anexo 7 del decreto referido.

Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas constituyen una región del país que se caracteriza porque tiene los mayores rezagos sociales, por ello el Poder Legislativo federal tiene la responsabilidad de encauzar acciones para fomentar la superación de la pobreza extrema, destinando recursos presupuestales para que el Ejecutivo federal lleve a cabo los programas procedentes, a fin de elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de las regiones con rezagos económicos y sociales, situación que se presenta con agudeza en las entidades federativas en comento.

La Cámara de Diputados cumple su compromiso de encaminar una política de fomento productivo y de desarrollo económico sustentable con orientación social, a fin de revertir los angustiosos años de política gubernamental que han fomentado el abandono, la pobreza y el aislamiento de amplios núcleos de la población, en particular de aquellos que habitan la región sur del país.

En la dinámica del desarrollo nacional, los indicadores de desarrollo social muestran una notable marginación; por citar un ejemplo, estas tres entidades presentan un grado de marginación muy alto, su contribución al producto interno bruto del país es marginal y el ingreso per cápita es de los más bajos en el país.

Por lo antes expuesto, diputadas y diputados me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar fiel cumplimiento a la disposición por la cual la honorable Cámara de Diputados aprobó, de manera extraordinaria, seiscientos millones de pesos para el desarrollo regional en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se solicita atentamente a la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe a esta soberanía, en un plazo de 30 días naturales, sobre el calendario de ejecución, el ejercicio y la distribución de los recursos de asignados a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Jesús Evodio Velásquez Aguirre, (rúbrica).»

Decir, compañeras y compañeros, que este punto de acuerdo es sucrito por los compañeros diputados, lo firman sus coordinadores parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido de Convergencia. Muchas gracias. Es cuanto, compañero Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre.

El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Jorge Toledo Luis.

El diputado Jorge Toledo Luis(desde la curul): Sólo para pedirle al diputado que me acepte para sumarme a este punto de acuerdo, el cual no solamente significa apoyar a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino que esta Cámara haga valer su soberanía al hacer respetar los acuerdos que ya tomamos con anterioridad, al hacer respetar los acuerdos que se tomaron en el marco del Presupuesto y que ahora se quieren modificar. Si me permite el diputado sumarme a este punto de acuerdo y exhortar a todos los diputados a que respetemos los acuerdos que ya tomamos con anterioridad.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Si no tiene inconveniente el proponente, le pido a la Secretaría que ponga el documento a disposición del diputado para que lo firme.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión; no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición; las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 1 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica, que con motivo del 178 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 10:00 horas.

Del Congreso del estado de Coahuila.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 1 de marzo, a las 11:00 horas, y se comunica que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	INASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	INASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	OFICIAL COMISIÓN
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	OFICIAL COMISIÓN
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	INASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86Guerra Sánchez María de Jesús	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	CÉDULA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	OFICIAL COMISIÓN
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	CÉDULA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	OFICIAL COMISIÓN
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	INASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	CÉDULA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 190
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 6
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	OFICIAL COMISIÓN
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	PERMISO MESA DIRECTIVA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	OFICIAL COMISIÓN
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	INASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	PERMISO MESA DIRECTIVA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	INASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	INASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 114
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	INASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	PERMISO MESA DIRECTIVA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	OFICIAL COMISIÓN
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	INASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ochoa González Arnoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Ojeda Camacho Gilberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	OFICIAL COMISIÓN
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	OFICIAL COMISIÓN
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 89
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 10
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	OFICIAL COMISIÓN
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	INASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	INASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 López Ramírez Sergio Augusto	OFICIAL COMISIÓN
15 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
17 Velasco Rodríguez Verónica	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	INASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges
2 Amezola Fonceca Gerardo
3 Felton González Carlos Eduardo
4 Palafox Núñez José Inés
5 Salazar Madera Mario Alberto
Faltas por grupo: 5

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Dagdug Lützow Moisés Félix
2 Montalvo Rojas Victorio Rubén
3 Ramos Becerril Rafael Plácido
4 Zazueta Aguilar Jesús Humberto
Faltas por grupo: 4

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Barajas Del Toro Salvador
2 González Salum Miguel Ángel
Faltas por grupo: 2

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 González Martínez Jorge Emilio
2 Larregui Nagel Erika
3 Lavara Mejía Gloria
4 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 4

CONVERGENCIA
Diputado
1 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Ausente
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Ausente
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
23 Borrego Estrada, Felipe	Ausente
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Ausente
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Favor
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Ausente
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Ausente
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Ausente
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Ausente
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerra Sánchez María de Jesús	Ausente
87 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
89 Hernández Núñez, Elia	Ausente
90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
91 Iragorri Durán, Enrique	Favor
92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
93 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
96 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
97 Landeros González, Ramón	Favor
98 Lara Compeán, David	Favor
99 Larios Córdova, Héctor	Favor
100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
102 Leura González, Agustín	Favor
103 Lezama Aradillas, René	Favor
104 Limas Frescas, María Soledad	Favor
105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
106 López Cisneros, José Martín	Favor
107 López Reyna, Omeheira	Favor
108 López Silva, Rubí Laura	Favor
109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
110 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
111 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
112 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
113 Madrazo Limón, Carlos	Favor
114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Ausente
115 Malagón Ríos, Martín	Favor
116 Maldonado González, David	Ausente
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
118 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
119 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
120 Medellín Varela, Antonio	Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
122 Medina Rodríguez, Delber	Favor
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
124 Mejía García, Luis Alonso	Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
127 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Ausente
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Ausente
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Favor
148 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Ausente
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Ausente
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Ausente
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 174
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Ausente
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 101
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 26
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Ausente
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
41 Gloria Requena, Tomás	Ausente
42 Gómez Lugo, Elda	Ausente
43 González Calderón, Martha Hilda	Favor
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Favor
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
67 Murat , José	Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 81
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 25
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Ausente
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Ausente
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Ausente
12 Lavara Mejía, Gloria	Ausente
13 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Ausente
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1