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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Se tienen registrados previamente 256 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (a las 11:23 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 1o. de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 178 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el viernes 2 de marzo, a las 10:00 horas.

Del Congreso de Coahuila.

Del gobierno del estado de México.

De la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se modifican los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el segundo informe semestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro 2006.

Con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo por el que exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales, así como al Distrito Federal y a sus delegaciones políticas, y a los Poderes de la Unión a tomar en cuenta las medidas de austeridad en gasto corriente. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma los artículos 109 y 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerin, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco, Hermosillo, Sonora, y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, que a la brevedad expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y aquellos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua se conduzcan de acuerdo a la normatividad vigente, en materia de incentivos para la regularización de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, a cargo del diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se integre una Comisión de Investigación de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en cuanto al Origen, Cobro, Destino e Impacto que tienen en sus Finanzas el Pago de Derecho de Trámite Aduanero, suscrita por los diputados Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, a enviar un reporte de no adeudo a las Sociedades de Información Crediticia, con respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, incorpore en el calendario oficial al día 24 de agosto, como día de la firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales, a crear e integrar una Comisión de Turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al Sistema de Educación Básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, cumpla con la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP, consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT y a Capufe reubiquen la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic, suscrito por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la Declaratoria de Patrimonio Mundial al Proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH, a cargo del diputado Jorge Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR, suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, estado de Chihuahua, suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa Granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del Valle de Perote, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Tamaulipas, establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante, en los municipios de Tampico y de Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implante un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrito por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, cree una fiscalía especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político--social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal emita el decreto para declarar al primer domingo de marzo de cada año ``Día Nacional de las Familias'', a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía, a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, verifique que el IMSS esté cumpliendo con sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco, instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del Diario Tabasco Hoy, quien desapareció el día 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del Valle de Mexicali y la Región del Delta del Río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, acate la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, implemente acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa y de la Conapesca, destine recursos para el Programa de Sustitución de Motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Formalización y Supervisión del Acuerdo Político Nacional para la Transparencia y Equidad en los Procesos Electorales Locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios al gas natural, a cargo del diputado José Rosas Aispuro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía, homologue los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las Comisiones Especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP, informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, remitan a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal, tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera, en el estado de Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica, en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional, establezcan programas y acciones de comunicación y coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios, para frenar la violencia en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados, para que del tiempo fiscal asignado al estado por los medios de comunicación, destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, realice una auditoria a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, revise el pacto suscrito por esa comisión, relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, intervenga para la reapertura del Puente Internacional Suchiate en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a que intervenga frente a los cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, dirija una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía, retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía, para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Titular de la PGR, para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa de Ley para despenalizar el delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Cultura, a que investigue las posibles violaciones al Decreto Presidencial por el que se declara Zona de Monumentos Históricos a la Ciudad y Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, lleve a cabo una auditoria especial al H. ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33, de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN, nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat dé cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para Investigar el Rescate Carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, lleve a cabo una auditoria respecto de los recursos federales que integran la cuenta pública del ejercicio fiscal 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal, informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida a las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, haga un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América, para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Jefe de Gobierno del DF, instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía presente una denuncia de hechos ante la PGR, en contra de servidores públicos de la SCT, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan con la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes, implementadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud, apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, implemente un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrito por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la armonización de la legislación federal y seguimiento del sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la Secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, ratifique los Convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT en relación al costo de las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener, realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF, incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano, en tanto se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya la modificación de las reglas de operación de los Programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sectur, se considere a Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del Programa Pueblos Mágicos, suscrito por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, condone el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el Puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios, para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales, realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, declare como región fronteriza a la zona conocida como los cinco manantiales, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios del estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena incremente las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, realice una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sectur para que se retomen los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoria a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia, tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa modifique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que intervengan en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, ampliar y reforzar el Operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región Sur-Sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF, informe a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación a la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país, impartan como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Oscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, retomen los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, integre una Comisión Estatal Coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse en relación a la Controversia Constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integre a diversos municipios del estado de Quintana Roo, al área geográfica A, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa hagan cumplir los reglamentos de vialidad, para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila, establezca reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la Policía Cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León fijen su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, sobre el proyecto de Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade incentiven la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementen el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Familia, a cargo de la diputada Martha García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 183 aniversario de la creación del estado de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de febrerode dos mil siete, correspondiente al Segundo al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con diecinueve minutos del martes veintisiete de febrero de dos mil siete, con la asistencia de doscientos setenta y cuatro diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Cívica con motivo del cuadringentésimo octogésimo segundo Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza. El Presidente designa la Comisión de Cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Teresa de Jesús Alcocer y Gazca, diputada federal electa en el Primer Distrito del estado de Yucatán, y acompañada de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Comunicación del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Partido Acción Nacional, por la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas, a partir del primero de marzo de dos mil siete. De enterado, comuníquese.

La ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, solicita el permiso constitucional necesario, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el Gobierno de España. Se turna a la Comisión de Gobernación.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, remite el Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, correspondiente al periodo enero-diciembre de dos mil seis. Se remite a la Comisión de Economía.

La Secretaría de Gobernación remite:

a) Cuatro oficios, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, puedan prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría; de la República Checa en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

b) Tres contestaciones al mismo número de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

c) Contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. Se remite al promovente para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Gobernación.

Ramón Pacheco Llanes , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

César Horacio Duarte Jáquez , a nombre propio y del diputado Raúl Cervantes Andrade , ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

José Antonio Arévalo González , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

José Antonio Arévalo González , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia, que reforma los artículos tres y cinco de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación.

A las doce horas con diecisiete minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y dos diputadas y diputados.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Mónica Arriola, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ciento treinta y cuatro, y ciento cuarenta y cuatro de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Juan José Rodríguez Prats , a nombre propio y de los diputados Héctor Larios Córdova , Rogelio Carbajal Tejada , Cristián Castaño Contreras y Carlos Navarro Sugich , todos del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

Alfredo Ríos Camarena , del Partido Revolucionario Institucional, para la Reforma Política del Estado Mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la reforma del Estado.

Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal de Cabildeo.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Publica, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

María Gabriela González Martínez , a nombre propio y del diputado Obdulio Ávila Mayo , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , a nombre propio y de los diputados Ramón Landeros González y Claudia Sánchez Juárez todos del Partido Acción Nacional, para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos Calderón. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a diversas autoridades informen sobre el estado que guarda la zona arqueológica protegida de Tulum. Intervienen los diputados: Blanca Luna Becerril , de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Jesús González Macías , del Partido Verde Ecologista de México; Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática y

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Alejandro Landero Gutiérrez , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen a discusión de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte. En votación económica, la asamblea le dispensa la lectura. Se le otorga el uso de la tribuna a los diputados: José Luis Aguilera Rico , de Convergencia; Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional; Daisy Selene Hernández Gaytán , del Partido de la Revolución Democrática y Gregorio Barradas Miravete , del Partido Acción Nacional. Se aprueba por trescientos noventa y nueve votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

La Cámara de Senadores remite minuta de proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional, los días dos y tres de marzo del año en curso, para realizar una visita a la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, para participar en la décimo novena Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo de Río. En votación económica, la asamblea le dispensa todos los trámites y se aprueba por doscientos ochenta votos en pro, veinte en contra y sesenta y ocho abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los siguientes encabezados de dictámenes con puntos de acuerdo de las comisiones de:

a) Turismo

Para exhortar a la Secretaría de Turismo a que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados ``Patrimonio Cultural de la Humanidad''. En su momento intervienen para hablar sobre el tema los diputados: Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional y María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña promocional de México como un destino seguro, así como un programa de auxilio e información para los visitantes en nuestro país. En su momento intervienen los diputados: Joel Guerrero Juárez , del Partido Revolucionario Institucional y Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

b) Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo. Para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas, implante las políticas necesarias para el aprovechamiento de la Laguna del Carpintero. Intervienen los diputados Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional, en contra y Luis Alonso Mejía García , del Partido Acción Nacional, en pro. Desde su curul, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano , realiza observaciones. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En votación económica, la Asamblea autoriza dar lectura a los siguientes encabezados de dictámenes negativos con puntos de acuerdo de las comisiones de:

Hacienda y Crédito Público, por los que se desechan trece iniciativas en materia de Ley Aduanera.

Juventud y Deporte, por los que se desechan las minutas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La asamblea aprueba los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaría da lectura a comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que solicitan cambios en la integración de:

Las mesas directivas de la Comisión Especial de la región Cuenca de Burgos y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En sendas votaciones económicas, la asamblea aprueba los cambios solicitados.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. De enterado.

Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Marina, de Función Pública y en el Consejo de Europa. De enterado.

Las comisiones Especial de la Región Cuenca de Burgos; de Participación Ciudadana y de Ciencia y Tecnología. De enterado.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo suscritas por los diputados:

Antonio Valladolid Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias , ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo Estatal del Instituto Electoral del estado de Baja California, a que se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia que señala la ley. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

María Eugenia Campos Galván y Cruz Pérez Cuellar , ambos del Partido Acción Nacional, por el que se solicita una auditoría a los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura creado por el decreto: mil ciento veintitrés/cero cuatro. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), durante el periodo dos mil tres- dos mil seis. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, modifique el contenido de las encuestas que lleva a cabo. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Antonio Muñoz Serrano , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, adecue la fórmula de referencia prevista en la Ley de Ingresos dos mil siete, referente al precio de adquisición de los productores de leche. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

José Gildardo Guerrero Torres y Ernesto Oviedo Oviedo , ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, realicen diversas acciones a favor del Sistema de Centrales de Abasto del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Armando Barreiro Pérez , a nombre propio y de la diputada Aleida Alavez Ruíz, ambos del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a publicar la Declaratoria de Veda de Aguas en la Región de los Valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en el estado de Coahuila. En votación económica, la asamblea no lo considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Héctor Larios Córdova , del Partido Acción Nacional, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con motivo del centésimo décimo Aniversario de su natalicio, reconoce la aportación que para la construcción de la democracia en México, hizo don Manuel Gómez Morín. Se turna a la Comisión de Gobernación.

En votación económica, la asamblea autoriza la inclusión en el orden del día de una proposición con punto de acuerdo, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que den fiel cumplimiento a la disposición por la cual la honorable Cámara de Diputados aprobó la cantidad de seiscientos millones de pesos para el desarrollo regional de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y para presentarla, se le concede la palabra al diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre , del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul, el diputado Jorge Toledo Luis , del Partido Revolucionario Institucional, expresa su adhesión. En sendas votaciones económicas, la asamblea lo considera de urgente resolución y lo aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta y dos minutos, y cita para la próxima, que tendrá lugar el jueves primero de marzo de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVIII aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo 2 de marzo a las 10 horas, en el monumento erigido en su memoria en Plaza de Santo Domingo, situada en República de Brasil y Belisario Domínguez, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Lozada León, coordinadora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: María Gabriela González Martínez; José Alfonso Suárez del Real y Aguileray Eduardo Sánchez Hernández.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo.--- Coahuila de Zaragoza.--- Congreso del estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del PRI de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF

En sesión celebrada el 30 de enero de 2007 la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila Zaragoza conoció de una proposición con punto de acuerdo sobre la no discriminación de las personas, planteada por los diputados Alfio Vega de la Peña, José Luis Alcalá de la Peña, del Grupo Parlamentario ``Jesús Reyes Heroles'', del Partido Revolucionario Institucional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente aprobó un acuerdo en el que se determinó lo siguiente:

Primero. Envíese la presente proposición con punto de acuerdo a las legislaturas de los estados que integran la federación mexicana, para que se pronuncien a favor de la no discriminación de las personas.

Segundo. Envíese la presente proposición con punto de acuerdo a las coordinaciones de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión, para efecto de que se pronuncien a favor de la no discriminación de las personas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo que se consigna en el apartado segundo del mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 31 de enero de 2007.--- Lic. Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), oficial mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Coahuila de Zaragoza.--- Congreso del estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados Alfio Vega de la Peña y José Luis Alcalá de la Peña, del Grupo Parlamentario ``Jesús Reyes Heroles'', del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la no discriminación de las personas.

Diputados Integrantes de la LVII Legislatura

Presentes

Comienzo con una notable cita del Señor Gilberto Rincón Gallardo, destacado mexicano defensor de los vulnerables y la no discriminación:

Uno de los efectos perniciosos del centralismo político que marcó nuestra vida política por siglos, y que en algún sentido aún se mantiene, consiste en la creencia de que los avances en materia de derechos sólo pueden darse en el centro del país (periódico Vanguardia, 26 de enero de 2007).

Destaco en esta proposición la reciente legislación aprobada en Coahuila, la creación de los pactos civiles de solidaridad, que es la figura legal que en este enero aprobamos los legisladores coahuilenses, para dar seguridad jurídica a las uniones de personas del mismo sexo y también de distinto sexo.

En primer lugar, porque tiene que ver con la aplicación de un mandato constitucional, el de ``no discriminación'', que históricamente ha sido poco valorado. Si consideramos que la discriminación consiste en la limitación de derechos y oportunidades que se ejerce de manera injustificada, contra personas y grupos sobre la base de un estigma o un prejuicio, resulta claro que la nueva legislación transporta un claro sentido antidiscriminatorio, pues hace valer derechos para los miembros de un grupo que ha sido tradicionalmente maltratado y excluido en materia de derechos y aceptación social.

Resulta claro que lo que hemos hecho los legisladores coahuilenses es aplicar, en este caso específico, lo que manda la Constitución federal, que textualmente dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En segundo lugar, porque lo que hace esta ley al regular la celebración de los pactos civiles, es dar garantía jurídica a la convivencia de personas adultas, homosexuales o no, que en pleno uso de su autonomía han decidido vivir en común, ya que su primordial objetivo es garantizar la protección de los bienes de todas las parejas y hacer posible su acceso a derechos de alimentación y de salud, también establecidos constitucionalmente para todos los individuos.

De innegable contenido constitucional es el reconocimiento de derechos civiles y administrativos para todas las personas, derechos que no deberían estar limitados por las decisiones que éstas hacen respecto de su vida sexual. Por lo que es destacable que en Coahuila autoridades y legisladores sí cumplimos lo que dispone nuestra Constitución Política, ya que en el artículo séptimo establece:

Artículo 7o. Dentro del territorio del estado, esta Constitución reconoce a todas las personas el disfrute de sus derechos fundamentales. Por tanto, las autoridades deberán establecer los mecanismos que garanticen su pleno ejercicio. En consecuencia, todos los que habiten o residan, así sea accidentalmente en el territorio coahuilense, gozarán de las prerrogativas que reconoce la Constitución General de la República y que confirma la presente.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de estas personas. La ley establecerá mecanismos a favor de dichas personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sea real, efectivo y equitativo dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.

En tercer lugar, porque en la actualidad resulta indispensable que las entidades federativas legislen sobre su propia realidad y propongan soluciones a las diversas problemáticas con o sin modelos preestablecidos, como en el caso que nos ocupa en el cual cabe hacer un reconocimiento al gobernador Humberto Moreira Valdés, quien en todo momento apoyo la iniciativa y cumple el mandato constitucional, logrando en Coahuila una legislación de notable avanzada; el pacto civil de solidaridad que se diferencia de las sociedades de convivencia que ahora son posibles en el Distrito Federal en varios aspectos, entre los cuales destaca que en el pacto sí opera un cambio en el estado civil de los pactantes, generando la figura de compañero civil, con lo que existe el reconocimiento que hace una autoridad pública de un convenio o contrato entre particulares, sobre la decisión de convivir de manera estable y generando responsabilidades recíprocas. Pero también es civil porque no subordina este reconocimiento a criterios religiosos acerca de lo que debe ser la unión entre dos personas.

Sería absurdo decir que este tipo de legislación no tiene connotaciones religiosas y morales en el sentido de que puede herir la sensibilidad de algunas personas ligadas a un credo específico; sin embargo, estas connotaciones son externas, pues no están en la ley ni son algo buscado por ésta. Una ley no tiene la obligación de gustar a todos, sino de ser justa, según el parámetro de nuestra Constitución y de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el artículo 133.

En conclusión, esta ley es justa y permite reparar un daño social histórico. Esta ley coahuilense no obliga a nadie a celebrar pactos civiles ni se orienta a terminar con la familia formada por un hombre y una mujer, ya que en nada modifica a esta unión, sólo permite el reconocimiento legal de la diversidad de parejas que existen en el país, ya que en ausencia de este tipo de leyes seguirá prosperando la discriminación que tanto daño ha generado a la sociedad de todo el mundo.

Por lo que se debe buscar a cada momento el justo cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas que esperan de sus legisladores y autoridades ante todo respeto, el establecimiento de los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y que la Constitución nunca sea solamente un cúmulo de buenos deseos inalcanzables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; séptimo de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 49, fracción IV, 50, fracción V, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicitamos que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución, y sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Envíese la presente proposición con punto de acuerdo a las legislaturas de los estados que integran la federación mexicana, para que se pronuncien a favor de la no discriminación.

Segundo. Envíese la presente proposición con punto de acuerdo a las coordinaciones del Partido Revolucionario Institucional de ambas cámaras del Congreso de la Unión, para que se pronuncien a favor de la no discriminación.

Saltillo, Coahuila, a 30 de enero del año 2007.--- Por el Grupo Parlamentario ``Jesús Reyes Heroles'', del Partido Revolucionario Institucional: diputados: Alfio Vega de la Peña (rúbrica), José Luis Alcalá de la Peña.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo.--- Coahuila de Zaragoza.--- Congreso del estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Emilio Gamboa Patrón , Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada el día 30 de enero de 2007, la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila Zaragoza, conoció de una proposición con punto de acuerdo sobre sustitución de los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, planteada por los diputados Genaro Eduardo Fuantos Sánchez y Lorenzo Dávila Hernández, del Grupo Parlamentario ``General Felipe Ángeles'' del Partido de la Revolución Democrática.

Al tratarse este asunto, la diputación permanente aprobó un acuerdo, en el que se determinó lo siguiente:

Primero. El Congreso del estado de Coahuila, a través de su Diputación Permanente, manifiesta su respaldo a la petición realizada por diversos partidos políticos para que, en el marco de la inminente reforma electoral, sean sustituidos los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Segundo. Notifíquese la presente proposición a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 31 de enero de 2007.--- Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Proposición con puntos de acuerdo por la que el Congreso del estado de Coahuila manifiesta su respaldo para que, en el marco de la inminente reforma electoral, sean sustituidos los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral

Los diputados Lorenzo Dávila Hernández y Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario ``General Felipe Ángeles'' del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 49, fracción IV, 198, 248, 250 y 252 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso del estado, someten a la consideración de la Diputación Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, misma que solicitamos sea calificada de urgente y obvia resolución, para los efectos de que el Congreso del estado de Coahuila, a través de su Diputación Permanente, manifieste su respaldo a la petición realizada por diversos partidos políticos, en el sentido de que, en el marco de la inminente reforma electoral, sean sustituidos los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Fundamos y motivamos nuestra proposición en la siguiente

Exposición de Motivos

A finales del año 2003, cuando fue renovado el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que presidía José Woldenberg, y de conformidad a las encuestas de opinión, el IFE era la institución pública con el mejor índice de credibilidad entre los ciudadanos mexicanos. A poco más de tres años, la credibilidad y confianza en el IFE, según todas las encuestas y sondeos difundidos hasta hoy, se ha desplomado.

Para los partidos políticos, con excepción de Acción Nacional, la actuación del Consejo General del IFE en las pasadas elecciones federales, representó un grave retroceso. En primer lugar ha quedado claro que el perfil de los actuales consejeros, así como su capacidad, profesionalismo, objetividad e imparcialidad está muy por debajo de la acreditada por los anteriores consejeros del IFE.

Por otro lado, el actual Consejo General no pudo superar, con una actuación profesional, el vicio de origen que representó su designación. Aunado a lo anterior, durante el desarrollo del proceso electoral de 2006, el Consejo General encubrió violaciones a los ordenamientos legales y toleró la ilegal intervención del titular del Poder Ejecutivo federal, lo que propició inequidad en la competencia comicial.

Permitió (y al permitirlo, propició) las campañas de calumnias mentiras y denuestos en los medios de comunicación. Toleró, en abierta violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la intervención de un poderoso grupo empresarial en el proceso electoral, permitiendo que contrataran tiempos comerciales en televisión y radio para perjudicar las candidaturas diferentes a las del partido en el poder.

El actual Consejo General del IFE ni siquiera fue capaz de informar verazmente el resultado de la elección presidencial: La difusión de los resultados de los conteos rápidos fue cancelada, bajo el banal argumento de que los resultados de la elección habían sido muy cerrados; Sin embargo, los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) contenían múltiples inconsistencias. Entre ellas destaca el hecho de que no se contabilizó un número importante de actas aunque en el PREP se les consideró como casillas computadas.

En los meses siguientes a la elección, el Consejo General del IFE destinó recursos millonarios en una campaña publicitaria que lo convirtió en parte del conflicto postelectoral, lo que de por si terminó con la poca credibilidad que le quedaba.

Por esas razones, es evidente que los actuales consejeros del IFE ya no son garantía de imparcialidad y profesionalismo para la organización de los procesos electorales federales que habrán de celebrarse en 2009 y 2012. Consecuentes con ese razonamiento de inminente reforma electoral que deberá procesarse en el Congreso de la Unión, es el marco propicio para la sustitución de los actuales integrantes del Consejo General del IFE.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos sea calificada de urgente y obvia resolución la presente proposición, para ser aprobada en los siguientes términos:

Proposición con Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso del estado de Coahuila, a través de su Diputación Permanente, manifiesta su respaldo a la petición realizada por diversos partidos políticos para que, en el marco de la inminente reforma electoral, sean sustituidos los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Segundo. Notifíquese la presente proposición a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión.

Saltillo, Coahuila, a 30 de enero de 2007.--- Diputados: Lorenzo Dávila H. (rúbrica), Genaro E. Fuantos S.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo.--- Gobierno del Estado de México

Ciudadanos diputados Jorge Zermeño Infante y José Gildardo Guerrero Torres , Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Distinguidos señores diputados:

Acuso recibo de su oficio de fecha 21 de noviembre de 2006, número D.G.P.L. 60 II-6-259, mediante el cual comunican al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo en el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a fin de que sea instituido y se celebre en el ámbito estatal, de lo cual se toma debida nota.

Al respecto les manifiesto, que en el estado de México se respetan a todas las personas, sin hacer distinción de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencias de cualquier índole, o estado civil, y que el Ejecutivo estatal, el 17 de enero del año en curso, publicó en la Gaceta del Gobierno, el decreto número 27 que contiene la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, de la cual les acompaño un ejemplar.

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 22 de febrero de 2007.--- Licenciado Rafael Ochoa Morales (rúbrica), Subsecretario de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LX Legislatura.

Diputado Emilio Gamboa Patrón , Presidente de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, envío a usted, para su conocimiento y el de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el acuerdo sobre Agenda Legislativa aprobado por consenso de los Grupos Parlamentarios representados en este órgano legislativo, con el que se dará cuenta el día de mañana, en la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores.

Reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

México DF, a 26 de febrero de 2007.--- Senador Santiago Creel Miranda (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

DICTAMENES NEGATIVOS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Edificio.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Juventud y Deporte

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Deporte dé cumplimiento a la constitución del fideicomiso destinado al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Seguridad Pública (LIX Legislatura)

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que se apliquen los programas necesarios para que los reos realicen trabajos en favor de la comunidad.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades de las entidades federativas a implantar un sistema de certificación de calidad para tornar eficientes los centros federales y los estatales de readaptación social.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la destitución del comisionado de la Policía Federal Preventiva y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar que se mantenga la Policía Federal Preventiva en Acapulco, Guerrero.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del hombre y la mujer, y el apego al régimen de legalidad en relación con el trato que se da a los internos en los centros de readaptación social de la República Mexicana.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, previo acuerdo con los gobernadores de las entidades federativas, a expedir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Público Vehicular.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de Justicia y de Seguridad Pública de Jalisco a entregar los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de Seguridad Pública.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al titular de la SSP y al titular de la PGR a incluir a Chiapas en el programa México Seguro.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para establecer, en coordinación con los gobiernos de los estados y los de los municipios, un programa de trabajo único que atienda la prevención del delito en las instituciones del gobierno federal, sector social y privado.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar mediante el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social los trámites respectivos que resuelvan y contesten conforme a derecho las peticiones de libertad preparatoria de los internos del fuero federal.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a adoptar las medidas necesarias para facilitar el traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras a un reclusorio del Distrito Federal.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP a establecer los rubros sobre los cuales se realizará una inversión destinada al control interno y a la vigilancia de centros penitenciarios.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a destinar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 a los programas de prevención de delitos electorales relativos al voto de los mexicanos en el extranjero.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que, mediante la SSP y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, asignen a Tamaulipas recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública previsto en el Ramo 33 del PEF de 2006.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades responsables de la seguridad pública en la frontera de Tamaulipas que garanticen las condiciones de seguridad necesarias para los habitantes de dicho estado.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Seguridad Pública (LX Legislatura)

Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública, en virtud de que ha quedado sin materia.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Seguridad Social

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores, y en consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido.

Fecha de publicación: 28 de febrero.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva De la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, en sentido negativo, sobre la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la LIX legislatura fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente diversas propuestas con punto de acuerdo, entre las cuales se encuentran

La presentada por el diputado federal Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud.

Por último, la propuesta presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas, del Partido de Convergencia, para que la Comisión Nacional del Deporte dé cumplimiento a la constitución del fideicomiso destinado al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.

En virtud del análisis y estudios de los puntos de acuerdo que se dictaminan, esta comisión ordinaria legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI, 45, párrafo 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 7 de diciembre de 2004, el diputado Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud.

Segundo. En la misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero. El 8 de diciembre de 2005, el diputado Luis Maldonado Venegas, del partido de Convergencia, presentó una propuesta con punto de acuerdo para que la Comisión Nacional del Deporte dé cumplimiento a la constitución del fideicomiso destinado al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.

Cuarto. En la misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

Quinto. Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura para desahogar el encargo conferido realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de las propuestas con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente dictamen, de conformidad con el siguiente

Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo

1) La propuesta con punto de acuerdo presentada por el diputado federal Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a crear un programa federal de apoyo a la juventud considera lo siguiente:

``La problemática y los nuevos perfiles de la juventud mexicana demandan la creación y aplicación de programas sociales de promoción y apoyo a proyectos productivos para la generación y conservación de empleos, así como para la adquisición de maquinaria, equipo de trabajo, herramientas, adquisición de materias primas o materiales de trabajo.

``Que nuestra juventud nacional reclama una actitud dispuesta de las instancias de gobierno y las fuerzas productivas en su conjunto que les permita elaborar y desarrollar mejores alternativas encaminadas a la solución y satisfacción de las necesidades manifestadas en su entorno natural, desde los que se desenvuelven en las grandes urbes de nuestro país, a quienes habitan en las zonas rurales, estudian o se encuentran trabajando en la calle.

``Que para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de gobierno, los cuales surgen de acuerdo con requerimientos específicos de la población en busca de encontrar un mayor impulso al desarrollo social y humano de los mexicanos.

``Que la creación de un fondo para jóvenes que apoye los proyectos que presenten viabilidad financiera y que generen empleos o desarrollen la innovación de un producto debe ser considerada por el Ejecutivo federal como un justo y claro estímulo a la juventud emprendedora en nuestro país.''

2) Asimismo, la propuesta presentada por el diputado Maldonado Venegas Luis, del partido de Convergencia, para que la Comisión Nacional del Deporte dé cumplimiento a la constitución del fideicomiso destinado al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos contiene lo siguiente:

``El 21 de julio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

``Dicha adición, aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores, se realizó con el propósito de estimular y beneficiar a los deportistas olímpicos y paralímpicos.

``Para tal efecto se mandató a la Conade para promover y gestionar la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio para los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos.

``Sin embargo, la Conade no realizó con oportunidad las gestiones presupuestales necesarias para la constitución del referido fideicomiso en el año 2006, a pesar de que contó con el tiempo suficiente para hacerlo puesto que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal no fue remitido hasta el mes de septiembre por el Ejecutivo federal, de tal manera que medió el tiempo suficiente para que este organismo pudiera dar los pasos necesarios para cumplir la adición a la ley referida.''

Consideraciones

El constante fenómeno que de una legislatura a otra se entregue una lista de asuntos pendientes que la legislatura que termina no alcanzó a dictaminar, a través de sus comisiones, son particularmente numerosos y se sustentan en ocasiones en eventos contingentes y transitorios que pueden perder su actualidad de vigencia por el simple transcurso del tiempo, por lo que desaparece la materia que los originó o motivó; otras veces, las peticiones o propuestas de puntos de acuerdo se vinculan a eventos transitorios o sujetos de término, por lo que el transcurso del tiempo también determina su extemporaneidad.

La práctica del dictamen colectivo incluye la resolución de una pluralidad de asuntos, englobando en un sólo dictamen todos los negativos o no aprobatorios. Lo anterior, para un mejor desahogo procesal legislativo y funcionamiento de la comisión dictaminadora.

1) Esta comisión dictaminadora, atendiendo a la proposición con punto de acuerdo por el cual solicita exhortar al Poder Ejecutivo Federal a crear un programa de apoyo social a la juventud, coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud, manifiesta que el Instituto Mexicano de la Juventud como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creó para 2006 un programa de apoyo de la juventud.

Dentro del programa operativo anual 2006 del Instituto Mexicano de la Juventud se consideró incluir el sector juvenil, dado el papel estratégico que representa para el desarrollo del país, y en reconocimiento a sus demandas de educación, empleo, salud, cultura y recreación, así como por el imperativo de promover la inclusión social, la equidad y las oportunidades económicas, sociales y culturales.

En el mismo plan se menciona que fue necesario replantear algunas acciones y potenciar las que han alcanzado logros significativos y de impacto en el cumplimiento de las expectativas sociales.

Como parte de esta dinámica, se menciona que se ha llevado a cabo la integración del programa operativo anual 2006, alineado a los compromisos establecidos en el programa de mediano plazo 2001-2006 del Instituto Mexicano de la Juventud, mediante un proceso altamente participativo y con aportación de cada uno de los responsables de la operación de los programas del IMJ.

Con esto se busca que el programa operativo anual 2006 del IMJ se convierta en una guía de acción y en un marco de referencia para los procesos de programación, presupuestación y evaluación de las actividades sustantivas del instituto, lo cual permitirá avanzar en el cumplimiento de las demandas de los jóvenes y de las responsabilidades sociales, que constituyen su razón de ser y que orientan su actuación pública.

Por lo anterior, los miembros de esta comisión consideran inviable solicitar al Ejecutivo federal la creación de un programa de apoyo social a la juventud, coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud, cuando éste tiene como atribuciones y esencia crear dichos programas y ya fue creado.

Si atendemos de manera literal al segundo punto de acuerdo solicitado por el legislador, éste se encuentra fuera de tiempo, y además es impreciso en virtud de que no especifica a qué dependencia, Secretaría de Educación Pública o Instituto Mexicano de la Juventud, deberán canalizarse los recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

2) Los integrantes de esta comisión, considerando lo solicitado en el punto de acuerdo que pide a la Comisión Nacional del Deporte dé cumplimiento a la constitución del fideicomiso destinado al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en juegos olímpicos o paralímpicos, expresan que en fecha 16 de enero de 2006, mediante el oficio CNAJ/053/2006, la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade informó al diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Conade 2, 880, 000.00 pesos para cubrir el periodo agosto-diciembre de 2005 a los medallistas paralímpicos, y un monto de 11, 664, 000.00 pesos para cubrir el periodo enero-diciembre de 2006 a medallistas olímpicos y paralímpicos.

En cuanto a las gestiones por parte de la Conade, en el citado oficio CNAJ/053/2006 se informa que el profesor Nelson Vargas Basáñez ha instruido a las áreas sustantivas de la Conade hacer las previsiones presupuestales necesarias para constituir el referido fideicomiso, para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2007.

Por tal motivo, el objeto de la anterior proposición se encuentra satisfecho, debido a que lo que originó el punto de acuerdo de marras fue desahogado en la forma que solicitaba el promovente.

Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LX legislatura se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No ha lugar a aprobar las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2006.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina , Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Joel Arellano Arellano , Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra , Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández , Carlos Alberto Navarro Sugich , Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , Rafael García Villicaña (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión para estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y revisar la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Seguridad Social integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores, presentada en la LIX Legislatura por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social es competente para dictaminar la proposición en comento, no sin antes exponer los antecedentes de la misma.

Antecedentes

Con fecha 4 de noviembre de 2005, la diputada María de los Dolores Padierna Luna presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores.

En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades, turnó el asunto a la Comisión de Seguridad Social de la LIX Legislatura, en la que fue registrada. Posteriormente fue turnada nuevamente, dentro de los asuntos pendientes de trámite legislativo que se entregaron a la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura.

Esta comisión, una vez analizada la proposición de referencia, somete ante este honorable Pleno el presente dictamen, bajo las siguientes

Consideraciones

La promovente señala en su exposición de motivos que el gasto en los sistemas de pensiones en los países en desarrollo es preocupante en razón de los bajos niveles de cobertura poblacional, así como que el paso de un sistema de reparto solidario, en el que los trabajadores en activo participan con una cuota específica para dicho fin, a un sistema de capitalización individual en el que las cuotas de patrones, trabajadores y Estado se depositan en una cuenta individual durante todo el periodo de trabajador activo para otorgar una pensión de acuerdo con las cantidades que se hayan depositado y los productos financieros que las mismas hayan generado, no garantiza la suficiencia financiera a largo plazo, principalmente en sectores en que la edad de jubilación se encuentra considerablemente alejada de las tendencias internacionales.

Con esa argumentación, la promovente plantea la necesidad de analizar a fondo, por medio de la formación de una subcomisión dentro de la Comisión de Seguridad Social, la interacción entre la edad de retiro y el acceso a una pensión para que, de ser el caso, se puedan ejecutar acciones para su mejora.

Las reformas a las leyes de seguridad social están consideradas como una necesidad, tanto en aquellas en las que ya se hizo alguna, como el caso de la Ley del Seguro Social, como aquellas otras en las que se mantiene el sentido original de las mismas a pesar de que sus condiciones han sido rebasadas por la realidad económica del país.

Precisamente por estas razones, la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, dentro de su programa de trabajo aprobado por sus integrantes para el periodo del primer año de ejercicio, contempla la revisión de las leyes de seguridad social para encontrar los mejores mecanismos que permitan adecuar sus contenidos con la realidad actual, revisión que es propiamente lo que la proposición con punto de acuerdo está proponiendo, y se hará no únicamente por medio de una subcomisión sino por parte de todos los integrantes de la comisión en su conjunto.

Las subcomisiones dentro de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tienen por objeto el análisis de una iniciativa, proposición o asunto en particular, principalmente para facilitar y agilizar el trabajo en comisiones. En este caso, la proposición con punto de acuerdo que se analiza por la comisión que dictamina tendría un aspecto tan amplio como el análisis de los sistemas pensionarios de la seguridad social en lo general, que es un tema para ser analizado en su conjunto por todos los integrantes de la comisión, concluyendo en consecuencia que, dada la importancia del tema, no requiere, ni es recomendable, encargar un tema de esta envergadura solamente a una subcomisión interna.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión propone a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Seguridad Social integre una subcomisión con la finalidad de estudiar la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores; y, en consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a los siete días del mes de febrero del año dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti , Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Daniel Pérez Valdés , Rogelio Muñoz Serna , Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda , Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se determina que no son de aprobarse diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de centros de readaptación social, y de seguridad pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a que se apliquen los programas necesarios para que los reos realicen trabajos en favor de la comunidad, presentada por el diputado Alejandro Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM, el 23 de octubre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 24 de octubre de 2003.

2. Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades de las entidades federativas a implantar un sistema de certificación de calidad a efecto de tornar eficientes los centros federales y los estatales de readaptación social, presentada por el diputado Salvador Márquez Lozornio, del Grupo Parlamentario del PAN, el 29 de abril y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

3. Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, presentada por la diputada Nora Elena Yu Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de septiembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 9 de septiembre de 2004.

4. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la destitución del comisionado de la Policía Federal Preventiva y del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, presentada por el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, el 30 de noviembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

5. Con punto de acuerdo, para solicitar que se mantenga la Policía Federal Preventiva en el municipio de Acapulco, Guerrero, presentada por la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por la diputada Irma Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, el 22 de diciembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 23 de diciembre de 2004.

6. Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN, el 26 de enero de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

7. Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del hombre y la mujer, y el apego al régimen de legalidad en relación con el trato que se da a los internos en los centros de readaptación social de la República Mexicana, Presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Convergencia, presentado el 28 de abril de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, previo acuerdo con los gobernadores de las entidades federativas, a expedir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Público Vehicular, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el 28 de abril y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de justicia y de seguridad pública del estado de Jalisco a entregar los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, presentada por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI, presentado el 14 de septiembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del lunes 12 de septiembre de 2005.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al titular de la SSP y al titular de la PGR a incluir Chiapas en el programa México Seguro, presentada por el diputado César Amín González Orantes, del Grupo Parlamentario del PRI, presentado el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 8 de diciembre de 2005.

11. Con punto de acuerdo, para establecer en coordinación con los gobiernos de los estados y los de los municipios un programa de trabajo único que atienda la prevención del delito en las instituciones del Gobierno Federal, sector social y privado, presentada por el diputado José Mario Wong Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 1 de diciembre de 2005.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar, mediante el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social los trámites respectivos que resuelvan y contesten conforme a derecho las peticiones de libertad preparatoria de los internos del fuero federal, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de diciembre y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 22 de noviembre de 2005.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a adoptar las medidas necesarias para facilitar el traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras a un reclusorio del Distrito Federal, presentada por el diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD, el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 27 de septiembre de 2005.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a establecer los rubros sobre los cuales se realizará una inversión destinada al control interno y a la vigilancia de centros penitenciarios, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 14 de diciembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 29 de septiembre de 2005.

15. Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a destinar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 a los programas de prevención de delitos electorales relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, presentada por el diputado Renato Sandoval Franco, del Grupo Parlamentario del PAN, el 25 de enero de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

16. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la SSP y el Consejo Nacional de Seguridad Pública que se asignen al estado de Tamaulipas recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública previsto en el Ramo 33 del PEF de 2006, presentada por el diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, el 2 de febrero de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 13 de diciembre de 2005.

17. Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población, presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, PAN, el 19 de octubre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 14 de octubre de 2004.

18. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades responsables de la seguridad pública en la frontera de Tamaulipas que garanticen las condiciones de seguridad necesarias para los habitantes de dicho estado, presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 9 de febrero de 2006 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, y publicadas en la Gaceta Parlamentaria según se cita.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Seguridad Pública para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento par el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En reunión de trabajo de fecha 20 de febrero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

Consecuente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno a la Comisión de Seguridad Pública, con el carácter de comisión única, y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.

Y con fundamento en lo dispuesto por el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendiente de aprobación, publicada el 12 de febrero de 2007, esta comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo de los asuntos, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

Consecuentemente, la Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Seguridad Pública se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján , Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión, siendo competente y habiendo analizado la proposición con punto de acuerdo objeto del presente someten a la consideración de ésta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

I.- En la sesión del 17 de enero de 2007, el diputado Alberto Amador Leal , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública.

II.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen.

IV.- En reunión de trabajo de fecha 20 de febrero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

Establecidos los antecedentes, los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1.- Que es la fracción IV del artículo 74 de Constitución Política de los Estados Unidos la que establece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo presupuesto que cuando se trata del inicio del encargo del Ejecutivo federal deberá llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I a III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

...

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

...

...

...

...

V a VIII. ...

2.- Que la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978, tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

3.- Que es en esta ley donde se encuentran, entre otros, la regulación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y los convenios de descentralización y reasignación.

4.- Que el artículo 25 de la ley establece la participación de los estados, municipios y el distrito federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley.

5.- Que en la fracción VII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 25.- ...

I. a VI.- ...

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.

6.- Que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A través de una propuesta que formula la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7.- Que es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de quien se entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, esto con base en los criterios de distribución de los recursos que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, con base en los criterios sobre el número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indiciados y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

8.- Que sobre la información del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, se publicará a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

9.- Que los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la distribución de los recursos para cada estado y el Distrito Federal.

10.- Que es el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal el que establece el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, de las entidades federativas y el Distrito Federal, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

...

...

...

...

11.- Que en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (Foseg) mismo que quedó formalizado con fecha 4 de septiembre de 1998, entre el gobierno federal, los estados de la república y el Distrito Federal, mismo que año con año se firma.

12.- Que el Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos también se rige por el artículo 44 de la Ley Fiscal de Coordinación, por lo que los recursos a este fideicomiso son distribuidos por la Secretaría de Hacienda con base en los criterios de distribución establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Dicha distribución de los recursos para las entidades federativas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación a través de calendarios. Anualmente se firman convenios de coordinación que se rigen por anexos técnicos que se firman funcionarios federales y estatales.

13.- Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

14.- Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, cuando sus disposiciones comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencias de la federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

15.- Que asimismo, la ley mencionada establece las políticas, los lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

16.- Que en los convenios de coordinación se establece que a parte de los recursos entregados a los gobiernos de los estados, éstos pueden aportar al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos recursos con cargo a su propio presupuesto conforme al calendario y términos que son especificados en cada anexo técnico. Pudiendo incrementarse estas aportaciones por los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer los ejes y estrategias y acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

17.- Que por otro lado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007 presentado por el Ejecutivo federa, se aprobó el día 23 de diciembre de 2006 con 449 votos en pro, 20 en contra y 5 abstenciones, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2006.

18.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se establece dentro del Anexo 12 denominado Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el monto de 5,000,000,000 (Cinco mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Resultando

1.- Que esta Comisión de Seguridad Pública considera no ha lugar a aprobar el numeral primero del punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública a convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10, fracción IV, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo establecido en el artículo 44 de a Ley de Coordinación Fiscal para determinar el monto de recursos presupuestales que serán destinados a las entidades federativas, sobre bases equitativas y consensuadas entre los miembros del citado consejo, en virtud de que a la fecha el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima primera sesión celebrada el 22 de enero de 2007 aprobó la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) -- Ramo 33, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

2.- Que además de lo anterior, la cantidad que corresponde a cada una de las 32 entidades federativas, es resultante de la aplicación de la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Asimismo, el 22 de enero de 2007, se formalizaron con las entidades federativas los convenios de colaboración en materia de seguridad mediante los cuales se determinan diversas acciones a seguir en materia de seguridad pública, así como la precisión y entrega de los recursos correspondientes.

3.- Que por lo que hace al numeral segundo de la proposición con punto de acuerdo relativo a exhortar al Consejo Nacional del Seguridad Pública a considerar en los criterios de distribución de los recursos equitativa, tanto del Ramo 33 como del 39, asignados a la seguridad pública, la transferencia de parte de los mismos, por conducto de las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, esta Comisión de Seguridad Pública considera que el mismo ha quedado sin materia por la mismas consideraciones referidas en el resultando anterior.

4.- Que consecuentemente, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen por lo que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de las Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Único.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública a asumir lo establecido en los ordenamientos referentes a la asignación equitativa de los fondos destinados a la seguridad pública, en virtud de que ha quedado sin materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de febrero de 2007.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján , Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica) Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, en sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California

Honorable Asamblea

A la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión, siendo competente y habiendo analizado la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

I. En la sesión del 17 de enero de 2007, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California.

II. En la misma fecha, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen.

III. En reunión de trabajo de fecha 20 de febrero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad.

Establecidos los antecedentes, los legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. La situación de inseguridad que están viviendo los estados de Michoacán, Guerrero y Baja California, son situaciones similares entre sí, pero aisladas de lo que se está suscitando en el estado de Nuevo León, puesto que en las tres entidades federativas los casos de crimen organizado se había sucedido desde años atrás, no siendo ésta la primera vez que en dichas entidades federativas se han implantado operativos militares de naturaleza análoga.

2. El contexto histórico, político, económico y social de las entidades en las que se ha decidido establecer operativos militares es diferente al de Nuevo León, por lo que no resultaría efectivo simplemente extrapolar un esquema operativo de una entidad a otra; ya que éste debe responder a las necesidades y condiciones propias de cada estado de la República.

3. La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, tiene como misión la prevención de hechos delictivos, es responsabilidad de ésta incentivar la participación ciudadana, como pilar central de las labores de prevención de los delitos, por ello en todo momento ha buscado el fortalecer sus relaciones con la federación, y con otros estados vecinos para dar cabal cumplimiento a dicha misión, y en este sentido poder articular las capacidades que tiene el estado para combatir el crimen organizado.

4. El pasado mes de enero se implantaron, por parte del Ejército Mexicano, operativos de revisión en diversos puntos del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León como una forma de colaboración con el gobierno local, quien en todo momento mantuvo el control de sus cuerpos policíacos, dicho operativo fue impuesto de acuerdo a las circunstancias propias de la entidad federativa.

5. Otro reflejo de la voluntad del estado de Nuevo León para combatir el crimen organizado es la presentación del plan estratégico: ``Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado'', dado a conocer ante la Conferencia Nacional de Gobernadores.

6. Aunado a lo anterior, el pasado 13 de febrero de 2007, esta soberanía aprobó dictamen de la Comisión de Gobernación donde se exhorta a los titulares de las dependencias de la administración pública federal y a los mandos de las corporaciones y fuerzas de seguridad pública, a diseñar y establecer instrumentos y mecanismos de coordinación y comunicación eficaces, expeditos y claramente verificables en el marco de la lucha conjunta que libran los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, contra la inseguridad pública y la delincuencia organizada en todo el país, cabe destacar que originalmente el punto de acuerdo era encaminado a exhortar directamente al estado de Nuevo León, sin embargo la Cámara de Diputados acordó dirigirlo en forma general a las autoridades federal y locales del país competentes en materia de seguridad pública, y no de manera particular a una entidad federativa o autoridad local.

7. Asimismo, en el dictamen referido se señala que en el marco de la instrucción y compromiso asumido por el titular del Ejecutivo federal para que el Procurador General de la República y el gabinete de seguridad presenten a la sociedad mexicana a más tardar a fines del presente mes de febrero, un programa integral para mejorar los mecanismos de seguridad y procuración de justicia.

8. Por lo anterior, advertimos que la seguridad en el estado de Nuevo León, está siendo resguardada por el propio gobierno del Estado, con el apoyo de la autoridad federal, aunado al hecho de que esta soberanía ha exhortado a las dependencias de la administración pública federal a efecto de que asuman acciones concretas en este sentido, ha quedado atendido al objeto de la solicitud planteada por el promovente, con lo que queda sin materia su promoción.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de las Comisión de Seguridad Pública, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente punto de:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta las autoridades federales y al gobernador de Nuevo León a implantar una operación especial de seguridad pública similar a las aplicadas en Michoacán, Guerrero y Baja California, presentado el 17 de enero de 2007, por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar , toda vez que ha quedado sin materia, por las razones expuestas en el cuerpo de este dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de febrero de dos mil siete.

Por la Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján , Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Publíquense en el Diario de los Debates yarchívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática:

Que el diputado Faustino Soto Ramos cause baja como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro lugar, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de noviembre de 2006.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

SERVIDORES PUBLICOS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos mediante el que se determina que las directivas de las comisiones deberán informar a ese órgano parlamentario sobre la asistencia de servidores públicos federales.

Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, incisos a) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con base en los siguientes

Considerandos

I. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que la Cámara pueda adoptar las decisiones que le corresponden constitucional y legalmente y sus miembros forman parte de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos junto con el Presidente de la Cámara.

II. Que en términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso, es el Presidente de la Cámara de Diputados quien conduce las relaciones institucionales con el Poder Ejecutivo federal.

III. Que la Conferencia, por su parte, tiene a su cargo impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos de acuerdo con lo que establece el inciso c) del párrafo uno del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Que es reiterada la necesidad de acuerdos con los órganos del Poder Ejecutivo, lo cual permite el cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente de manera que corresponde al interés de esta Junta estar atenta y presente en los diálogos y reuniones concurrentes de comisiones legislativas y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la República, pues de esa manera puede contribuir al mejor aprovechamiento de las reuniones y comparecencias así como asegurar el prestigio de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adoptan el siguiente

Acuerdo

Primero. Las comisiones podrán programar convocatorias para celebrar reuniones de trabajo, encuentros de información o citar a comparecer a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal para el efecto de dar curso a situaciones que por su importancia o trascendencia requieran de la presencia en la Cámara del titular respectivo.

Segundo. En el marco de lo señalado por el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 53 en correlación con el 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y con el fin de que la Cámara de Diputados refleje organización y coordinación interna de los trabajos en su relación con el Poder Ejecutivo, las invitaciones que pretendan realizar las comisiones a los titulares de las dependencias y entidades mencionadas en el punto anterior se comunicarán a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y corresponderá al Presidente de ésta comunicar las fechas de su presencia a los funcionarios en los recintos de la Cámara, sea en comisiones o en el seno de los grupos de trabajo.

En el caso de que exista la misma fecha propuesta por varias comisiones, los presidentes de las mismas acordarán lo conducente con el Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Cuando se trate de participaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados deberá mediar acuerdo de la Junta de Coordinación Política o, en su caso, de la Conferencia.

El mecanismo que se establece en este punto, será aplicado exclusivamente cuando se trate de la presencia de servidores del Poder Ejecutivo Federal de los rangos referidos en el artículo 93 constitucional.

Tercero. Del resultado de cada comparecencia, la directiva de la comisión correspondiente dará cuenta a la Conferencia en un plazo de hasta 15 días, mediante informe escrito que resuma las consideraciones y compromisos legislativos parlamentarios.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

EXPOSICIONES ARTISTICAS Y MUESTRAS ARTESANALES

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro

La Junta de Coordinación Política

Considerando

I.Que el 2 de junio de 2005 entró en vigor el acuerdo emitido con fecha 31 de mayo del mismo año, por la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se establecen los Lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

II.Que, con fecha 11 de diciembre de 2006, la Junta de Coordinación Política ratificó los Lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro,vigentes desde el 2 de junio de 2005.

III. Que de conformidad con el gran número de solicitudes recibidas para autorizar la venta de productos artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo, y con objeto de apoyar a los artesanos nacionales cuyo trabajo representa y difunde las expresiones culturales del pueblo mexicano, la Junta de Coordinación Política ha determinado la pertinencia de crear mecanismos para que se analice y, en su caso, autorice la posibilidad de que los expositores vendan sus productos artesanales, por lo que resulta necesario ajustar la normatividad vigente, a efecto de permitir, de manera controlada y acotada, la venta de productos artesanales.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expide el siguiente

Acuerdo

Único. Se modifican los artículos tercero, numeral III; quinto; vigésimo, inciso a); vigésimo primero; y vigésimo cuarto de los Lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro,para quedar como sigue:

Lineamientos

Artículo 3o. Los presentes lineamientos tienen como principios para la autorización de las exposiciones artísticas y muestras artesanales:

I. ...

II. ...

III. Procurar la debida imagen de la Cámara de Diputados, quedando prohibida la autorización de venta de artículos, con excepción de los productos artesanales, que así hayan sido autorizados, en virtud del apoyo exclusivo para eventos que difundan el arte mexicano.

Artículo 5o. La Comisión de Cultura será responsable de evaluar en cada caso específico las solicitudes presentadas para las exposiciones artísticas y muestras artesanales, así como para la venta de productos artesanales, la cual dará curso a dichas peticiones para su realización.

De la realización

Artículo 20. La duración de los eventos será la siguiente:

a) Artesanales: hasta una semana, tanto en casos de periodo ordinario de sesiones como de receso. Para el caso de exposiciones artesanales con permiso de venta, sólo podrá autorizarse la realización de hasta dos eventos por mes.

De las prohibiciones

Artículo 21. No se permitirá la venta de ningún tipo de artículo que no tenga el carácter de artesanal y la autorización específica para ello. Por lo que, en caso de que se expendan artículos que no cuenten con el permiso correspondiente, la Secretaría General, con el auxilio de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, podrá tomar las medidas pertinentes, inclusive la cancelación de exposiciones.

Artículo 24. Queda estrictamente prohibida la instalación de bazares comerciales o actividades cuyo fin sea lucrativo, excepción hecha de aquellas que tengan el carácter de muestra artesanal de productos nacionales y cuenten con el permiso correspondiente.

Artículos Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Salvo las modificaciones previstas en este acuerdo, subsistirá íntegramente el diverso publicado en la Gaceta Parlamentaria del 2 de junio de 2005.

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobado. Continúe la Secretaría.

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta secretaría el oficio número D00/100/ 031 /2007, signado el 26 del mes en curso por el doctor Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante el cual solicita que se les haga llegar el informe semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2006, así como un ejemplar de éste en medio magnético.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y XIII del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el citado informe, para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

« Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como en el artículo 175 de su reglamento, respetuosamente se envía a usted, en fotocopia, así como en medio magnético, el informe sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2006, que fue aprobado el 22 del presente por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en su LXIV sesión ordinaria.

Sin más de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2007.--- Doctor Moisés Schawartz Rosenthal (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

PROGRAMA DE NIVELACIÓN SALARIAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-162, signado el día 30 de octubre último por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número UR 120/68/2007suscrito el día 23 de enero del año en curso por el ciudadano Rafael Domínguez Morfín, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia aplicar el Programa de Nivelación Salarial para los trabajadores del Colegio de Bachilleres aprobado por ese cuerpo colegiado, así como solucionar el conflicto con dichos trabajadores a través del cabal cumplimiento de la ley y el respeto a los mismos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2007.Armando Salinas Torre (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«ESCUDO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- SECRETARíA DE EDUCACIóN PúBLICA.

Licenciado Gabriel C. Vázquez Pérez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con referencia al oficio SEL/300/5148/06 de fecha 31 de octubre del año próximo pasado, adjunto se servirá encontrar usted, copia de la respuesta de la Dirección General de Planeación y Programación de esta secretaría, a su petición de apoyo referente al punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, el 31 de octubre de 2006, sobre el Programa de Nivelación Salarial para los trabajadores del Colegio Bachilleres.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero de 2007.--- Rafael Domínguez Morfín (rúbrica), titular de la unidad.»

«ESCUDO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- SECRETARíA DE EDUCACIóN PúBLICA.

Licenciado José de Jesús Arias Rodríguez, coordinador Ejecutivo de la SEP.--- Presente.

Con referencia a su tarjeta número 703/06, de esa Unidad de Coordinación Ejecutiva, mediante la cual envía copia de la propuesta aprobada con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública que aplique el Programa de Nivelación Salarial aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, para los trabajadores del Colegio de Bachilleres, presentado por el diputado Javier González Garza , el 30 de octubre en la sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados.

Al respecto, me permito informar a usted que con el similar número 229-2.2/5678, de fecha 31 de octubre del presente, enviado a cada uno de los Colegios de Bachilleres en los estados, se comunicó la radicación de los recursos para la nivelación salarial basada en el sistema homologado de educación media superior.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 20 de diciembre de 2006.--- Ricardo Félix Barraza (rúbrica), coordinador sectorial.»

«ESCUDO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.--- SECRETARíA DE EDUCACIóN PúBLICA.

Maestro Víctor Raymundo Way Garibay, director general del Colegio de Bachilleres del estado de Baja California.--- Presente.

Me refiero a los recursos autorizados por la honorable Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, para la nivelación salarial de los trabajadores de los Colegios de Bachilleres con el sistema homologado para educación media superior.

Al respecto, por instrucciones superiores y con el fin de atender el punto de acuerdo emitido por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, comunico a usted que se radican recursos. por 14 millones 689 mil 136.02 pesos, para cubrir dicho concepto al personal docente y administrativo de los planteles, así como al docente, administrativo y directivo de los centros de educación media superior a distancia del colegio a su cargo, de conformidad al anexo.

Finalmente le agradeceré que envíe a esta área, el acuse de recibido del presente comunicado.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 31 de octubre de 2006.--- Ricardo Félix Barraza (rúbrica), coordinador sectorial.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi oficio número SEL/300/473/07, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DFP/0240, signado el 18 de enero último por el ingeniero Carlos Albicker Albicker, delegado federal en el estado de Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y recibido en esta secretaría el 22 del actual, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a la explotación del cerro de Necaxaltepetl.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 23 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

Hago referencia a su oficio número SEL/300/047/07, de fecha 4 de enero de 2007, con el cual comunica al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre puntos de acuerdo aprobados por el Pleno del Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2006, relativos al derrumbe del cerro Necaxaltepetl, en el municipio de Juan Galindo, Puebla.

Con relación a lo anterior, por instrucciones del ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, titular del ramo, adjunto al presente me permito enviar la información solicitada en los puntos de acuerdo antes referidos, relacionados con las atribuciones de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de Puebla, consistentes en:

Punto de Acuerdo

Primero

Copia simple del oficio número S.G.P.A/DGIRA.DEI.-1997/05, de fecha 7 de agosto de 2005, con el cual la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat otorgó autorización en materia de impacto ambiental a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, para llevar a cabo el proyecto denominado ``Bancos de préstamo Ahuacatlán, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, Escamilla, Natale y Zempoala, Puebla''.

Copia simple del estudio técnico justificativo presentado por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV ante la delegación federal en Puebla de la Semarnat, como requisito establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrolla Forestal Sustentable para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

Copia simple del contrate de compra venta de material pétreo celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV.

Copia simple del oficio de autorización número DFP/0365, de fecha 26 de enero de 2006, con el cual la Delegación Federal de la Semarnat en el estado de Puebla autorizó el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, con motivo del aprovechamiento del banco de materiales denominado ``Compañía Mexicana de Luz y Fuerza'', ubicado en el municipio de Juan Galindo.

Atenta nota informativa de la Delegación Federal de la Semarnat en el estado de Puebla.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Puebla, Pue., a 18 de enero de 2007.--- Ingeniero Carlos Albicker Albicker (rúbrica), delegado federal.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítanse al promovente para su conocimiento.

FONDO DE DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-3-340, suscrito el 24 de enero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/ 345/2007,signado el 19 del actual por la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a emitir la declaratoria de desastre y a aplicar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los 17 municipios del estado de Tabasco, afectados por las fuertes inundaciones a consecuencia de las lluvias torrenciales desde el 7 de enero último.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/403/07, mediante el cual me comunica el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, a través del oficio número D.G.P.L.-60-II-3-340 en sesión celebrada el 24 de enero del año en curso y que fue remitido al titular de esta secretaría por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del ya mencionado Congreso, y en el que se destaca el siguiente punto como tema competente a la Dirección General del Fonden y que a la letra dispone:

Único. La del Congreso de la Unión en ejercicio durante el primer receso del primer año de la LX Legislatura, exhorta al Secretario de Gobernación y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que procedan, con la urgencia que requieren los acontecimientos, a emitir la declaratoria de desastres, aplicando recursos del Fonden y la declaratoria de contingencia climatológica, aplicando recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), respectivamente, en relación con los 17 municipios del estado de Tabasco que están siendo afectados por las fuertes inundaciones consecuencia de las lluvias torrenciales que vienen sucediendo desde el pasado 7 de enero de 2007.

Al respecto y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como el marco jurídico aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:

Primero. Como ya se ha mencionado en oficios anteriores, de la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la protección civil es una materia que contempla la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; es decir, federación, estados y municipios, por lo que a su aplicación corresponde.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia y de verse superada su capacidad de respuesta entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, entonces se informará a las instancias federales correspondientes, que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto.

La aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales supone, como requisito indispensable, observar el marco jurídico que lo regula, es decir, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006.

De las referidas reglas, es de advertirse que para emitir una declaratoria de desastre natural y, con ello, poder acceder a los recursos del Fonden, deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de desastre natural de parte legítima para tal efecto, que para este caso será a través de los gobernadores de los estados o el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Segundo. El Programa del Fondo de Desastres Naturales tiene como objeto la reconstrucción de la infraestructura dañada y de las viviendas de la población de bajos ingresos y se caracteriza por lo siguiente:

1. Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa afectada debe solicitar, dentro de los 4 días hábiles siguientes a la instancia federal técnica competente (CNA, tratándose de fenómenos hidrometeorológicos), sí desde su punto de vista se reúnen las características para considerarlo como desastre natural, para así poder ser susceptible de apoyo del Fonden. La CNA tiene 4 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para dar respuesta. (18 y 19 ROF).

2. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica, el gobierno del estado deberá instalar a más tardar al día siguiente un Comité de Evaluación de Daños, mismo que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados. En dicha sesión también participa la Secretaría de Gobernación, a través de esta Dirección General y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (20 ROF)

3. A partir de la instalación de ese Comité empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizar la entrega de resultados del referido comité, donde se identificarán por sector afectado, los datos referidos en el numeral 22 de las ROF (21, fracción II, ROF).

4. A partir de la entrega de resultados, empiezan a generarse de manera simultánea o paralela los siguientes trámites conforme a los plazos que a continuación se indican:

Una vez aprobados los recursos con cargo al Programa Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la dependencia o entidad federal deberá proceder a tramitar la ampliación líquida ante la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial que corresponda, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya hecho de su conocimiento el origen de los recursos. En caso de que los recursos solicitados sean autorizados con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UPCP, instruirá al Fiduciario para que lleve a cabo las acciones necesarias' para tal efecto.

Cabe mencionar que, en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.

Debe comentarse que en ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras, previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como la federal normativa.

Tercero. En cuanto al estado de Tabasco, me permito informarle, que ya ha sido recibida en esta Coordinación General el día 19 de enero del presente año, la solicitud de declaratoria de desastre, suscrita por el gobernador y la cual se encuentra en trámite. A la fecha los daños calculados por el Comité de Evaluación de daños se desglosa en el documento anexo al presente oficio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 19 de febrero de 2007.--- Licenciada Laura Gurza Jaidar (rúbrica), coordinadora general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítanse al promovente para su conocimiento.

PRODUCTORES AGRICOLAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-413, suscrito el 24 de enero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/346/2007, signado el 19 del actual por la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a declarar zona de desastre diversos municipios de Aguascalientes, Tabasco y Zacatecas, así como a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales en beneficio de los productores agrícolas damnificados, particularmente los de guayaba.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/401/07, mediante el cual me comunica el punto de acuerdo, aprobado por el Congreso de la Unión, a través del oficio número D.G.P.L.-60-II-2-413 en sesión celebrada el 24 de enero del año en curso y que fue remitido al titular de esta secretaría por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel Peña Sánchez , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del ya mencionado Congreso, y en el que se destaca el siguiente punto como tema competencia a la Dirección General del Fonden y que a la letra dispone:

Único. La del Congreso de la Unión en ejercicio durante el primer receso del primer año de la LX Legislatura exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre los municipios de Calvillo, Aguascalientes; y Tabasco, Jalpa, Juchipila, Apozol y Huanuzco, Zacatecas, a efecto de que los productores agrícolas damnificados puedan acceder a los recursos del Fonden, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y en las Reglas de Operación de dicho fondo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004 y de que se promueva un programa de apoyo para la recuperación social y económica de la entidad, particularmente a los productores de guayaba, en coordinación con los gobiernos del estado y del municipio.

Al respecto, y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como las reglas de operación vigentes publicadas en el Diario Oficial de la .Federación el 19 de septiembre de 2006, me permito manifestarle lo siguiente:

Primero. Respecto a esta secretaría, y como se ha mencionado en oficios anteriores, desde la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la protección civil es una materia que considera la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; es decir, federación, estados y municipios por lo que a su aplicación corresponde.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia y, de verse superada su capacidad de respuesta, entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, entonces se informará a las instancias federales correspondientes, que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto.

La aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales supone como requisito indispensable observar el marco jurídico que lo regula; es decir, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2006.

De las referidas reglas, es de advertirse que para que se pueda emitir una declaratoria de desastre natural y con ello poder acceder a los recursos del Fonden, deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de desastre natural de parte legítima para tal efecto, que para este caso será a través de los gobernadores de los estados o el jefe de gobierno del Distrito Federal.

Segundo. El programa Fondo de Desastres Naturales tiene como objeto la reconstrucción de la infraestructura dañada y de las viviendas de la población de bajos ingresos y se caracteriza por lo siguiente:

1. Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa afectada debe solicitar, dentro de los cuatro días hábiles siguientes, a la instancia federal técnica competente (CNA, tratándose de fenómenos hidrometeorológicos) si desde su punto de vista se reúnen las características para considerarlo desastre natural para así poder ser susceptible de apoyo del Fonden. La CNA tiene cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para dar respuesta (18 y 19, ROF)

2. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica, el gobierno del estado deberá instalar a más tardar al día siguiente un comité de evaluación de daños, que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados. En dicha sesión también participan la Secretaría de Gobernación, a través de esta dirección general, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (20, ROF)

3. A partir de la instalación de ese comité corre una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para la entrega de resultados del referido comité, donde se identificarán por sector afectado, los datos referidos en el numeral 22 de las ROF (21, fracción II, ROF)

4. A partir de la entrega de resultados se generan de manera simultánea o paralela los siguientes trámites, conforme a los plazos que a continuación se indican:

Una vez aprobados los recursos con cargo al programa Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la dependencia o entidad federal deberá proceder a tramitar la ampliación líquida ante la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial que corresponda, dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya hecho de su conocimiento el origen de los recursos. En caso de que los recursos solicitados sean autorizados con cargo al patrimonio del fideicomiso Fonden, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UPCP, instruirá al fiduciario para que lleve a cabo las acciones necesarias al efecto.

Cabe mencionar que, en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden; tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.

Debe comentarse que en ningún momento se brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras, previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como por la federal normativa.

Tercero. En razón de lo expuesto, esta secretaría se encuentra imposibilitada para dar trámite a dicha solicitud, dado que no actúa oficiosamente, merced de requerirse invariablemente la solicitud por escrito del gobernador del estado, previo desahogo del trámite previsto en los numerales 18 y 19 de las Reglas de Operación del Fonden.

Cuarto. Debido a que el Fonden no otorga recursos a los damnificados en producciones agrícolas, se considera que la instancia idónea para conocer del asunto que nos ocupa es el Programa del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, cuyo objetivo es apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras afectados por contingencias climáticas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporarlos a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso, así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento.

Quinto. En cuanto a los estados de Aguascalientes y Zacatecas, me permito informarle que no se ha recibido ninguna solicitud de declaratoria de desastre por parte de los gobernadores de dichos estados; y respecto al estado de Tabasco, la solicitud se encuentra en trámite, la cual fue recibida en esta coordinación general el 19 de enero del presente año. A la fecha, los daños calculados por el Comité de Evaluación de Daños se desglosan en el documento anexo al presente oficio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 19 de febrero de 2007.--- Licenciada Laura Gurza Jaidar (rúbrica), coordinadora general de Protección Civil.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítanse al promovente para su conocimiento.

AUSTERIDAD EN GASTO CORRIENTE

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal a fin de que en la Reforma Hacendaria se incluyan medidas de austeridad en el gasto corriente; medidas para el adelgazamiento de la estructura de la administración pública central y descentralizada; reingeniería de la estructura gubernamental, y transparencia en el destino de los recursos públicos.

Segundo. El Senado de la República exhorta a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal y sus delegaciones políticas, así como a los Poderes de la Unión, a que tomen en cuenta las medidas de austeridad mencionadas en el primer resolutivo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

« Comisión de Hacienda y Crédito Público

Febrero 14, 2007.

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, presentaron con carácter de urgente y obvia resolución, Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual solicitan a esta H. Cámara de Senadores que convoquen a un acuerdo de austeridad republicana y racionalidad del gasto público.

Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la proposición antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente dictamen:

Antecedentes

1.- En sesión de fecha 5 de octubre del 2006, los Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual solicitan a esta H. Cámara de Senadores que convoquen a través de los distintos actores económicos, políticos y sociales a un acuerdo de austeridad republicana y racionalidad del gasto público.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

3.- En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de esta Comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido del citado punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios al mismo e integrar el presente dictamen.

Con base en las referidas actividades, esta Comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

El día 5 de octubre de 2006, la Mesa Directiva del Senado de la República, aprobó que, con base en lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el punto de acuerdo presentado por los Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López fuera turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Dicho punto de acuerdo señala, en su parte conducente, que el deterioro de las instituciones ante la sociedad se relaciona estrechamente con el manejo discrecional de los recursos públicos. Asimismo, señala que una gran parte de los recursos entregados por los contribuyentes al Estado, son destinados al gasto corriente, en su mayoría, burocracia.

Aunado a lo anterior, los pasivos laborales y de seguridad social se han incrementado desmedidamente en los últimos años, lo que hace débiles a las instituciones encargadas de otorgar servicios de salud y asistencia social a la población.

En este sentido, la propuesta con punto de acuerdo también señala que los procesos electorales han sido un factor importante del deterioro en el largo plazo de las finanzas públicas y en consecuencia, de la estructura económica, política y social de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, el punto de acuerdo que se dictamina solicita a esta H. Cámara de Senadores que convoquen a través de los distintos actores económicos, políticos y sociales a un acuerdo de austeridad republicana y racionalidad del gasto público. Asimismo, solicita que como resultado de la aplicación del Programa de Austeridad, se constituya un Fondo Transferible a las entidades federativas y al Distrito Federal, en un calendario sucesivo, priorizado a aquellas que tengan menores niveles de generación de riqueza y marginación social.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo presentada por los Senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 87, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. Esta Comisión coincide con lo vertido en la propuesta con punto de acuerdo, al reconocer la necesidad de incrementar y fortalecer el ahorro interno, así como expandir aún más el gasto de capital en contraste, con el gasto corriente.

La que dictamina considera necesario tomar en cuenta que el día 4 de diciembre de 2006, el jefe del Ejecutivo Federal emitió un Decreto de austeridad que establece entre otras medidas, la reducción en un 10 por ciento los salarios del presidente del país, de los ministros y de otros altos funcionarios. Dicha medida generará un ahorro de 25.500 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, el Decreto señala que los recursos ahorrados, serán destinados en su totalidad al gasto social, intensificando programas cuyo objetivo es abatir los niveles de pobreza en nuestro país.

En relatadas circunstancias, coincidiendo plenamente con el espíritu de la Propuesta con Punto de Acuerdo y en virtud de la inminente presentación de la Reforma Hacendaria, se considera necesario replantear la propuesta para exhortar al Ejecutivo Federal, a fin de que en el Proyecto de Iniciativa de Reforma Fiscal se contemplen las medidas mencionadas como austeridad en el gasto corriente, adelgazamiento de la estructura de la Administración Pública, reingeniería de la estructura gubernamental, y transparencia en el destino de los recursos públicos.

Asimismo, la que dictamina considera conveniente exhortar a todas las Entidades Federativas, a los gobiernos Municipios y a los Poderes de la Unión, a tomar en cuenta las medidas antes mencionadas.

Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, la Comisión se permite someter a la consideración del honorable Senado de la República, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de que en la Reforma Hacendaria se contemplen medidas de austeridad en el gasto corriente; medidas para el adelgazamiento de la estructura de la Administración Pública Central y Descentralizada; reingeniería de la estructura gubernamental, y transparencia en el destino de los recursos públicos.

Segundo. Se exhorta a los Gobiernos Estatales, Municipales, así como al Distrito Federal y sus Delegaciones Políticas, y a los Poderes de la Unión a que tomen en cuenta las medidas de austeridad mencionadas en el Primer Resolutivo.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, en México, Distrito Federal, a los trece días de febrero de dos mil siete.--- Senadores: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; José Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), secretarios; Federico Döring Casar (rúbrica), Carlos Lozano de la Torre, Fernando Elizondo Barragán, Jorge Mendoza Garza, Javier Castelo Parada (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Francisco Agundis Arias, María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbrica), José Luis Lobato Campos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 109, fracción XVII, tercer párrafo; se adiciona un séptimo párrafo de la misma fracción, así como el primer párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 109, fracción XVII, tercer párrafo; se adiciona un séptimo párrafo de la misma fracción, así como el primer párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la República por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 109, fracción XVII, tercer párrafo; se adiciona un séptimo párrafo de la misma fracción, así como el primer párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta bajo las siguientes:

Consideraciones

La redacción actual del artículo 109, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de seguros, permite diversas interpretaciones que contravienen el espíritu de las disposiciones relativas a los beneficios y exenciones aplicables en materia de cobro de las sumas aseguradas al momento que ocurre el riesgo amparado por las pólizas contratadas. De conformidad con nuestra legislación, únicamente las instituciones de seguros aprobadas por las autoridades competentes pueden realizar actividades de seguros en territorio nacional. La exención que se menciona se refiere al pago que realicen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios.

Esta exención constituye un incentivo para los asegurados y beneficiarios, estimula la contratación de seguros y, en consecuencia, dinamiza la industria aseguradora en México, pero debido a la desafortunada redacción de la legislación, la referencia a instituciones de seguros ha sido interpretada en la práctica en el sentido de permitir la aplicación del tratamiento de exención al pago que realicen compañías aseguradoras extranjeras no autorizadas para operar en México como instituciones de segurosa sus asegurados o beneficiarios residentes en México que contraten con ellas.

No obstante el hecho de que las personas físicas se encuentran autorizadas para contratar seguros personales con compañías extranjeras no autorizadas en México para realizar actividades en materia de seguros, siempre y cuando la contratación se lleve a cabo fuera del territorio nacional, la exención mencionada debe aplicarse únicamente con relación a los pagos recibidos con motivo de la contratación de pólizas de seguros con instituciones de seguros autorizadas para operar como tales en México, así como lo refleja el espíritu de la legislación aplicable.

La presente iniciativa propone incentivar la industria aseguradora en México, especificando que para efectos de exenciones serán aplicables los pagos de seguro derivados de pólizas contratadas directamente por el asegurado o su empleador con instituciones de seguros mexicanas autorizadas para operar como tales conforme a la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, lo cual lograría evitar el abuso de este tipo de seguros bajo la legislación extranjera, pues, aún cuando se denominan seguros, son más bien instrumentos de inversión en los que con frecuencia la proporción que guarda la porción de seguro respecto de la porción de la inversión es mínima.

Sin embargo, a efecto de no limitar la contratación de seguros en el extranjero y al mismo tiempo prevenir el abuso de los productos de inversión conocidos como insurance wrappers, seproponeque en el caso de las pólizas contratadas con sociedades extranjeras, la exención será aplicable a la cantidad que se pague cuando ocurra el riesgo amparado por la póliza y únicamente en forma proporcional al componente del riesgo amparado por la misma y no así por la parte que corresponda a la inversión.

Por otra parte, también considero necesario modificar el tercer párrafo del artículo 109, fracción XVII, en el sentido de otorgar la exención por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o beneficiarios tratándose de contratos de seguros de vida, siempre que quien pague la prima sea el asegurado o el empleador del asegurado, lo cual en congruencia con la redacción del segundo párrafo de esta misma fracción evitará interpretaciones contradictorias.

Finalmente, cabe señalar que sistemáticamente se ha abusado del concepto de insurance wrappersal considerar que no representa un ingreso que se devenga de manera constante, en la práctica cotidiana son inversiones conceptualizadas como seguros,que no deben considerarse como ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, por ello proponemos modificar el artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se consideren ingresos aquellos que se devenguen en forma directa o indirecta o a través de préstamos respecto de seguros personales, incluyendo seguros de vida, de secuestro o de supervivencia, contratados en el extranjero, aún cuando el riesgo amparado por la póliza correspondiente no haya ocurrido, aplicándose la proporción que el componente de inversión represente respecto del total de la prima pagada en una o subsecuentes exhibiciones.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 109, fracción XVII, tercer párrafo; se adiciona un séptimo párrafo de la misma fracción y el primer párrafo del artículo 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I a la XVI. ...

XVII. ...

...

No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de vida, siempre y cuando la persona que pague la prima sea el asegurado, su empleador o parte de una misma familia y que los beneficios de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal.

...

...

...

Para los efectos de las exenciones referidas en esta fracción, las mismas serán aplicables únicamente respecto de los pagos de seguro derivados de pólizas contratadas directamente por el asegurado o su empleador con instituciones de seguros mexicanas autorizadas para operar como tales en México, conforme a la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros o cualquier ley posterior que sobre la materia entre en vigor. Por lo que se refiere a las pólizas contratadas con sociedades extranjeras, la exención será aplicable a la cantidad que se pague cuando ocurra el riesgo amparado por la póliza y únicamente en forma proporcional al componente del riesgo amparado por la misma y no así por la parte que corresponda a la inversión.

Artículo 212. Los residentes en México o los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, pagarán el impuesto conforme a lo dispuesto en este título, por los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero sujetos a regímenes fiscales preferentes que generen directamente o los que generen a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en el capital de dichas entidades o figuras jurídicas. Para efectos de este título, igualmente se consideran ingresos, aquellos que se devenguen en forma directa o indirecta o a través de préstamos respecto de seguros personales, incluyendo seguros de vida, secuestro o supervivencia, contratados en el extranjero, aún y cuando el riesgo amparado por la póliza correspondiente no haya ocurrido. Lo anterior aplicará respecto de la proporción que el componente de inversión represente respecto del total de la prima pagada, en una o subsecuentes exhibiciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Atentamente

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de febrero del año 2007.--- Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea. La Secretaría de la Mesa Directiva ha dado cuenta que el orden del día de esta sesión, publicado en la Gaceta Parlamentaria; entre otros asuntos consigna el desahogo de siete iniciativas de ciudadanas y ciudadanos diputados y 136 proposiciones con puntos de acuerdo, de las cuales en 63 está solicitando el trámite como de urgente resolución.

Esta Presidencia hace del conocimiento del Pleno que, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 18 del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, el día de ayer, en reunión de la Conferencia se acordó otorgar siete minutos para la presentación de iniciativas y tres para la presentación de proposiciones con punto de acuerdo. Por tal motivo, solicitamos a ustedes la comprensión para cumplir con los tiempos acordados para hacer uso de la tribuna y estar en posibilidades de desahogar el mayor número posible de asuntos.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL - LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Ector Ramírez Barba, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién .

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba:Con su permiso, señor Presidente: los suscritos, diputados federales Ector Jaime Ramírez Barbay Francisco Domínguez Servién, en nombre de los diputados del Partido Acción Nacionalque integran las comisiones de Salud, de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossometen ante esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal; y adiciona los artículos 378 y 456 Bis a la Ley General de Salud.

Durante los últimos años, las sustancias conocidas como betaagonistas se han utilizado en la alimentación del llamado ``ganado de engorda''; sin embargo, alguna de estas sustancias, como el clembuterol, son dañinas para la salud humana.

El clembuterol es un anabolizante de la familia de los betaagonistas, entre cuyas drogas sintéticas destacan el salbutamol y el cimaterol. Cuando están incluidas en la dieta normal del ganado, aumentan el depósito de proteínas del animal en un 15 por ciento y reducen la grasa en un 18 por ciento, aumentando con ello el valor comercial del ganado.

Sin embargo, como se ha notificado en los últimos días, con más de 200 ciudadanos intoxicados en Aguascalientes y Zacatecas por la mala práctica del uso de betaagonistas en la engorda de ganado, que se suman a los más de mil 357 casos acumulados en los estados de Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y el Estado de México, cobra una enorme relevancia en el país por los daños que ha provocado en la salud de la población.

Cabe enfatizar, además, que por cada caso documentado existen al menos 10 casos de intoxicación que no son reportados o documentados, ya que requieren exámenes de laboratorio. Existen suficientes antecedentes del uso indebido de betaagonistas para la engorda del ganado en nuestro país, aunque, por fortuna, no ha habido ni ha originado ninguna muerte; sin embargo, se han presentado diferentes iniciativas que se encuentran algunas en la colegisladora.

Nosotros consideramos que la presente iniciativa, además de recoger los incrementos en las penas señaladas en las iniciativas mencionadas anteriormente tiene la enorme ventaja de ampliar las facultades tanto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como de la Secretaría de Salud para atajar el problema antes de que se presente el daño a la población; es decir, poder detectarlo y detenerlo oportunamente.

Somos también conscientes de que actualmente está turnada a la Comisión de Agricultura de esta honorable Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la cual su Título Sexto, denominado ``Del control de Productos para Uso o Consumo Animal, Establecimientos, Actividades y Servicios'', contempla diversas disposiciones encaminadas a impedir el uso de sustancias que puedan dañar la salud del ser humano. Nuestro interés no va dirigido a obstaculizar el avance del proceso legislativo de la referida minuta, sino, en todo caso, enriquecerlo, por lo que consideramos una redacción más adecuada y que otorga mayores facultades a las secretarías para detener el uso indebido de betaagonistas.

En este orden de ideas, y compartiendo la preocupación de todos aquellos quienes se ocupan de la salud de nuestros representados, pero teniendo en cuenta que las sustancias a las que hemos hecho referencia poseen también cualidades y usos medicinales, creemos indispensable sancionar el uso indebido de los betaanálogos, por lo que ponemos a consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis y 64 de la Ley Federal de Sanidad Animal y los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 63 y se adicionan los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 15 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario, referidas en el artículo 63 de esta ley, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en dicho artículo.

Artículo 63. Al que produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, transporte, trafique, venda, compre, adquiera o enajene, introduzca o extraiga del país, suministre o utilice sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario o sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario ponen en riesgo a la salud humana, para ser usadas en alimentos destinados al consumo por animales para el abasto se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a mil días multa.

Artículo 64. El que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto algunas sustancias o alimento de los que hace alusión el artículo 63 de esta ley será sancionado con tres a siete años de prisión y trescientos a mil días multa.

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 378 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario pongan en riesgo la salud humana, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en el artículo 456 Bis de esta ley.

Artículo 456 Bis. Será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión y con cuatrocientos a mil días multa al que con fines de lucro produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, trafique, venda, compre o adquiera, enajene, suministre, introduzca o extraiga del país, administre, distribuya, almacene o posea animales destinados al consumo humano a los que se les hayan administrado las sustancias a las que se refiere el artículo 378 Bis de esta ley, o productos o subproductos de los mismos destinados al consumo humano que contengan diversas sustancias.

Transitorios. Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal de Sanidad Animal, y General de Salud, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales, Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién , en nombre de los diputados del Partido Acción Nacional que integran las Comisiones de Salud, de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis, y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal; y los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años las sustancias conocidas como betaagonistas, se han utilizado en la alimentación del llamado ``ganado de engorda'', sin embargo algunas de estas sustancias, como el caso del clembuterol, son dañinos para la salud humana.

El clembuterol es un anabolizante de la familia de las betagonistas entre cuyas drogas sintéticas destacan el salbutamol y el cimaterol.

Los betagonistas son compuestos adrenérgicos por su estructura análoga a la adrenalina y por tal son capaces de generar una respuesta adrenérgica, estos compuestos tienen la capacidad de unirse a los receptores adrenérgicos tipo beta (beta adrenérgicos)

Dos de los betaagonistas más usados son el clembuterol y el cimaterol los cuales poseen las propiedades de alterar la composición del cuerpo animal (carne) y disminuye el porcentaje de grasa lo que desde el punto de vista económico resulta muy conveniente para los comerciantes que venden a un mejor precio estos productos.

Los betaagonistas son compuestos naturales o artificiales (análogos sintéticos) que producen una repartición de los nutrientes hacia vías metabólicas que aumentan la síntesis de depósitos de proteínas, lo cual, disminuye la acumulación de materia grasa en los tejidos.

Los betaagonistas se utilizan generalmente en animales de ganado bovino aunque también se han probado en cerdos, ovejas y aves de corral, obteniéndose resultados poco satisfactorios en estos últimos.

Cuando el clembuterol y el cimaterol están incluidos en la dieta normal del ganado, ovejas y cerdos aumentan el depósito de proteínas del animal en un 15% aproximadamente y reduce la grasa en un 18%.

En general, en los animales tratados con betaagonistas, el peso se incrementa, producto del aumento de su masa muscular y es por eso que su valor comercial aumenta, aunque su uso sea peligroso para el consumo humano. De hecho, si se mezcla el clembuterol con el metimazol y la carne es consumida por mujeres embarazadas, produce defectos congénitos en el feto, como por ejemplo aplasia del cutis (ausencia del cuero cabelludo) o feminización de los genitales si el feto es varón.

La adición de betaagonistas para lograr un mejor rendimiento de las canales se administra hacia los últimos 3 meses de vida del animal, de lo que se infiere que el problema se ubica principalmente en los centros de engorda intensiva y en animales vivos, lo que significa una mala práctica ganadera.

A pesar de esto, el clembuterol es un fármaco autorizado para el tratamiento de afecciones respiratorias, como es el caso del asma; según diversos estudios, administrar betaagonistas de acción prolongada (BAP) a asmáticos favorece el flujo respiratorio. Además se usa como relajante uterino en el parto, en animales.

El tema del uso de betaagonistas en la engorda de ganado ha cobrado una enorme relevancia en algunos estados del país por los daños que ha provocado en la salud de la población y por lo que muchos compañeros legisladores han manifestado su preocupación y su intención de sancionar el uso de dichas sustancias.

De hecho según las cifras proporcionadas por la Dirección General de Epidemiología, hasta el mes de mayo de 2006, se presentaron los siguientes casos:

Existen suficientes antecedentes del uso indebido de betaagonistas para la engorda de ganado en nuestro país y, a pesar de que estos casos no han originado muertes, es una preocupación contínua de muchos compañeros legisladores; debido a lo anterior somos conscientes de las reformas planteadas tanto a la Ley Federal de Sanidad Animal, como a la Ley General de Salud, todos estos esfuerzos están encaminados a un mismo objetivo que es proteger la salud de los mexicanos y es necesario señalar que el texto de la presente iniciativa recoge el espíritu de todas estas propuestas.

Incluyendo la iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el Congreso de Jalisco, y que fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 340 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 24 de febrero de 2005 y turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales; así como la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de productos de sanidad, presentada por los diputados Guillermo Tamborrel Suárez, José Luis Treviño Rodríguez y Mario Ernesto Dávila Aranda, y que también fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 340 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 24 de febrero de 2005 y se turnó a la colegisladora para los efectos constitucionales.

Sin embargo, creemos que la presente iniciativa, además de recoger los incrementos en la penas de las mencionadas anteriormente, tiene la enorme ventaja de ampliar las facultades, tanto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, como a la Secretaría de Salud, para atajar el problema antes de que se presente el daño a la población, es decir poder detectarlo y detenerlo oportunamente.

Somos también conscientes de que actualmente está turnada a la Comisión de Agricultura de esta honorable Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal, y la cual en su Título Sexto, denominado ``Del Control de Productos para Uso o Consumo Animal, Establecimientos y Actividades y Servicios'', contempla diversas disposiciones encaminadas a impedir el uso de sustancias que puedan dañar la salud del ser humano.

Nuestro interés no va dirigido a obstaculizar el avance del proceso legislativo de la referida minuta, sino en todo, caso enriquecerlo, con lo que consideramos una redacción más adecuada y que otorga mayores facultadas a las secretarías para detener el uso indebido de betagonistas.

En este orden de ideas y compartiendo la preocupación de todos aquellos a quienes nos ocupa la salud de nuestros representados, pero teniendo en cuenta que las sustancias a que hemos hecho referencia, poseen también cualidades y usos medicinales; creemos indispensable sancionar el uso indebido de los betaanálogos por lo que ponemos a consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal; y adiciona los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 63 y se adicionan los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 15 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los nombres de las sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario, referidas en el artículo 63 de esta Ley, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en dicho artículo.

Artículo 63. Al que produzca; manufacture; fabrique; elabore; prepare; acondicione; transporte; trafique; venda; compre; adquiera o enajene; introduzca o extraiga del país; suministre o utilice sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario o sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario ponen en riesgo la salud humana, para ser usadas en alimentos destinados al consumo por animales para el abasto, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a mil días multa.

Artículo 64. Al que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto, alguna sustancia o alimento de los que hace alusión el artículo 63 de esta Ley será sancionado con tres a siete años de prisión y trescientos a mil días multa.

Artículo Segundo. Se adicionan los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 378 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario pongan en riesgo la salud humana, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en el artículo 456 Bis de esta Ley.

Artículo 456 Bis. Será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión y con cuatrocientos a mil días multa al que con fines de lucro produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, trafique, venda, compre o adquiera, enajene, suministre, introduzca o extraiga del país, administre, distribuya, almacene o posea animales destinados al consumo humano a los que se les hayan administrado las sustancias a las que se refiere el artículo 378 Bis de esta Ley, o productos o subproductos de los mismos, destinados al consumo humano que contengan dichas sustancias.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Domínguez Servién Francisco , Aguilar López José Alejandro , Armendáriz García Pedro , Arenas Guzmán Margarita , Arizméndi Uribe Efraín, Bermúdez Viramontes Andrés , Castro de la Rosa Osiel , Corral Aguilar María Mercedes , Escaroz Soler Gerardo Antonio , Félix Holguín Armando Jesús , García Reyes Ángel Humberto , García Reyes Beatriz Eugenia , Garmendia Hernández Yolanda Mercedes , Laviada Hernández Íñigo Antonio, Lara Compeán David , Macías Zambrano Gustavo , Morales Ramos José Nicolás , Muñoz Serrano José Antonio , Oviedo Oviedo Ernesto , Plascencia Alonso Francisco Javier , Pulido Pecero Pedro , Quintero Bello Jorge , Ramírez Barba Ector Jaime , Rubio Chávez José Ignacio Alberto , Sánchez Trujillo José Víctor , Valenzuela García María Gloria Guadalupe , Vieyra Olivares Adriana Rebeca .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Ector Ramírez Barba.Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud.

Esta Presidencia saluda al grupo de personas que se encuentran presentes del municipio de Apan, Hidalgo. También a los jóvenes del Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, Guanajuato, y al grupo de ciudadanos de Tecolutla, Veracruz, aquí presentes, que invitan a su ciudad, a la cocada más grande del mundo.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado José Antonio Almazán González:Muy buenos días; con su permiso, diputado Presidente: el que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanossomete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly modifica los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relacionados con las tarifas eléctricas.

Exposición de motivos: el alto nivel de los cargos de las tarifas eléctricas en nuestro país ha venido convirtiéndose en un impedimento para su desarrollo económico y en flagelo para los sectores de la población más vulnerable.

Lo anterior se ha manifestado a través de múltiples denuncias de los diferentes usuarios del servicio de energía eléctrica, muchas de ellas recogidas en el centenar de puntos de acuerdo presentados por legisladores de distintos partidos políticos.

También ha producido la formación de organizaciones de resistencia contra esos altos cargos en diferentes partes del país; así como la realización frecuente de manifestaciones públicas y otras expresiones de malestar social más ásperas, como la negación al pago de la facturación eléctrica, los apagones masivos o la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que nos indican el grado de irritación generado.

Particular referencia merece la situación del sector con débiles ingresos, el cual constituye un amplio sector en nuestro país y se ha venido ampliando con la aplicación de políticas económicas conocidas como neoliberalismo.

En reconocimiento de la existencia de este sector a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado mexicano aplicó una política de solidaridad social, instaurando una estructura de tarifas eléctricas con bajos cargos para los usuarios pertenecientes a ese sector. Esa solidaridad se ha ido abandonando en las últimas administraciones federales.

Una expresión notoria de este abandono fue la expedición, por la administración del licenciado Vicente Fox, del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, los que representó una elevación en la facturación eléctrica que erosionó las economías familiares de la mayor parte de la población con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.

Lo anterior muestra que las denominadas políticas neoliberales, por una parte, han ensanchado el sector de débiles ingresos; y por otra, a ese sector le han deteriorado más sus condiciones de vida.

Ante esta realidad social, a la Cámara de Diputados --como representación más directa de la sociedad-- corresponde disponer de la información que explique las causas de estos altos cargos y aprobar las disposiciones jurídicas tendentes a proteger el interés de esa sociedad; dichas son las motivaciones de esta iniciativa.

Estamos conscientes de que actualmente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como criterio para fijar las tarifas eléctricas que éstas tiendan a cubrir las necesidades financieras para el servicio eléctrico. Ello implica la responsabilidad de aplicar las políticas administrativas que tiendan a obtener los menores costos de este servicio, a fin de que de ello se beneficie la sociedad.

Contrariamente, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades, viene aplicando políticas que encarecen este servicio. Ejemplo de eso lo presentamos a continuación: la información existente sobre los costos de explotación muestra que 70 por ciento de estos costos los constituyen actualmente los combustibles, y que una política racional sería emplear los combustibles de más bajo costo, como se practica en otros países.

En diversos foros se indica que el precio de la energía eléctrica es menor en Estados Unidos que en México, sin ser esto del todo exacto. Generalmente se omite que en ese país el 53 por ciento de su generación eléctrica se lleva a cabo utilizando como energético el carbón mineral que tiene un precio por unidad térmica de la cuarta parte del precio del gas natural, que es el energético que más se utiliza en México.

Brasil, con abundancia en recursos hidráulicos, genera 85 por ciento de su electricidad utilizando ese recurso como energético. Esos dos países con niveles de economía diferentes, aplican la racionalidad de utilizar el energético que poseen en mayor abundancia y de menor precio.

En México, contrariamente, se ha aplicado la política de emplear en mayor proporción el gas natural para generación de electricidad; 36 por ciento de la generación. Un energético del que somos deficitarios y que representa un precio volátil con tendencia al alza y del que incluso se planea intensificar el empleo.

En nuestra propuesta se sigue confiando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad la estructuración y fijación de las tarifas, por reconocer que se trata de una tarea compleja especializada y con incidencias en las finanzas públicas.

La Cámara de Diputados intervendrá para transparentar los criterios de asignación de costos a las diferentes tarifas, el nivel de los mismos y para establecer los subsidios verificando la correspondencia de los mismos con la realidad social y para prever los equilibrios presupuestales que constitucionalmente se le han conferido.

No pasa inadvertida la existencia de concepciones sobre una nueva relación entre el Ejecutivo federal y los organismos del sector eléctrico.

Compañeros, compañeras diputadas, en virtud de que el texto de esta iniciativa está publicado en la Gaceta Parlamentaria solicito a la Presidencia se inserte íntegro este texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, José Antonio Almazán González , diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y modifica los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relacionados con las tarifas eléctricas.

Exposición de Motivos

El alto nivel de los cargos de las tarifas eléctricas en nuestro país ha venido convirtiéndose en un impedimento para su desarrollo económico y en un flagelo para los sectores de la población más vulnerables. Lo anterior se ha manifestado a través de múltiples denuncias de los diferentes usuarios del servicio de energía eléctrica, muchas de ellas recogidas en el centenar de puntos de acuerdo presentados por legisladores de distintos partidos políticos.

También ha producido la formación de organizaciones de resistencia contra esos altos cargos en diferentes partes del país, así como la realización frecuente de manifestaciones públicas y otras expresiones del malestar social más ásperas, como la negación al pago de la facturación eléctrica, las apagones masivos o la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que nos indican el grado de irritación generado.

Particular referencia merece la situación del sector con débiles ingresos, el cual constituye un amplio sector en nuestro país y se ha venido ampliando con la aplicación de políticas económicas conocidas como ``neoliberalismo''.

En reconocimiento de la existencia de este sector, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado mexicano aplicó una política de solidaridad social, instaurando una estructura de tarifas eléctricas con bajos cargos para los usuarios pertenecientes a ese sector. Esa solidaridad se ha ido abandonando en las últimas administraciones federales; una expresión notoria de este abandono fue la expedición por la administración del licenciado Vicente Fox del acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, lo que representó una elevación en la facturación eléctrica, que erosionó las economías familiares de la mayor parte de la población, con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.

Lo anterior muestra que las denominadas políticas neoliberales, por una parte, han ensanchado el sector de débiles ingresos y, por otra, a ese sector le han deteriorado más sus condiciones de vida.

Ante esa realidad social, a la Cámara de Diputados, como representación más directa de la sociedad, corresponde disponer de la información que explique las causas de estos altos cargos y aprobar las disposiciones jurídicas tendentes a proteger el interés de esa sociedad, dichas son las motivaciones de esta iniciativa.

Estamos conscientes de que actualmente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como criterio para fijar las tarifas eléctricas que éstas tiendan a cubrir las necesidades financieras para el servicio eléctrico. Ello implica la responsabilidad de aplicar las políticas administrativas que tiendan a obtener los menores costos de este servicio, a fin de que de ello se beneficie la sociedad. Contrariamente, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades, viene aplicando políticas que encarecen este servicio. Ejemplos de eso los presentamos a continuación:

La información existente sobre los costos de explotación muestra que 70 por ciento de estos costos lo constituyen actualmente los combustibles, y que una política racional sería emplear los combustibles de más bajo costo, como se practica en otros países.

En diversos foros se indica que el precio de la energía eléctrica es menor en Estados Unidos que en México, sin ser esto del todo exacto: generalmente se omite que en ese país 53 por ciento de su generación eléctrica se lleva a cabo utilizando como energético el carbón mineral, que tiene un precio por unidad térmica de la cuarta parte del precio del gas natural, que es el energético que más se utiliza en México. Brasil, con abundancia en recursos hidráulicos, genera 85 por ciento de su electricidad utilizando ese recurso como energético.

Esos dos países, con niveles de economía diferentes, aplican la racionalidad de utilizar el energético que poseen en mayor abundancia y de menor precio.

En México, contrariamente, se ha aplicado la política de emplear en mayor proporción el gas natural para generación de electricidad (36 por ciento de la generación), un energético del que somos deficitarios y que presenta un precio volátil con tendencia al alza, y del que incluso se planea intensificar el empleo.

Las actividades económicas no obtienen las ventajas competitivas que debería proporcionarles nuestra situación como país productor de hidrocarburos; tampoco la población obtiene beneficios relacionados directamente con su economía familiar.

Otro factor que incide en los costos es la dependencia creciente de la adquisición de energía eléctrica generada por particulares para el servicio público, dadas las condiciones de los contratos respectivos, en los que existe un cargo fijo que la Comisión Federal debe pagar, independientemente de que se adquiera o no energía, obliga a adquirirles grandes volúmenes de esa energía para lograr un precio medio por kilovatio/hora comparable con el costo de generación de las plantas de la comisión, y se justifique la compra de esa energía.

Lo anterior da como resultado que las plantas de la comisión las operen a bajos factores de carga o incluso mantenerlas en reserva, lo que ocasiona incremento en los costos operativos que repercuten en los cargos de las tarifas.

Destaca también el hecho de que el sector eléctrico público actualmente presenta un margen de reserva de 48 por ciento (diferencia entre la capacidad de generación eléctrica instalada y la demanda máxima) reconocido en los informes del sector, cuando el recomendado por la propia Secretaría de Energía es de 27 por ciento.

Ello significa que tenemos alta inversión innecesaria, ociosa, la cual genera altos intereses, que se transfieren a los costos de las tarifas.

El acuerdo publicado el 7 de febrero de 2002 incluye como considerando para justificar la reducción del subsidio al servicio doméstico, que las empresas públicas de energía eléctrica, cuenten con recursos suficientes para atender la demanda creciente de electricidad, los hechos muestran que ese fue un pretexto y que el interés de apoyar con recursos a las empresas públicas realmente no existe, sustentamos esta afirmación en lo siguiente:

De acuerdo con la Ley de Ingreso Federales (publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2007), los ingresos estimados para 2007 de la Comisión Federal de Electricidad serán de 216 mil 261 millones de pesos y según el Presupuesto de Egresos Federal (publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2007) se le asigna un presupuesto de 191 mil 236 millones de pesos, o sea que ni los recursos que genera se le permite ejercer.

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, en el intercambio de energía con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaria de Hacienda le impone la adquisición de energía eléctrica a un precio que no refleja el equilibro con las tarifas eléctricas, lo que la hace aparecer en una posición débil en los estados de resultados y balances financieros.

Ante una planeación y la aplicación de políticas en el sector eléctrico, que dan como resultado incrementos en los costos del servicio que se transfieren al usuario del servicio de electricidad, la Cámara de Diputados debe someter a su escrutinio la composición de esos costos, y que los mismos no sólo corran a cargo de los usuarios, sino que se implante mecanismos para que en las finanzas del gobierno federal se perciban los efectos de esas políticas, no se elude que a su escrutinio también deben quedar los índices de desempeño de los organismos públicos del sector.

El criterio de fijar las tarifas considerando los costos en que se incurre para proporcionar el servicio de energía eléctrica corresponde a una racionalidad económica, pero debe confrontarse con la racionalidad social, lo que significa que la aplicación generalizada de esa racionalidad económica sólo es viable si toda la población tuviera capacidad adquisitiva para ello, lo cual dista mucho de la realidad de nuestro país, con millones de mexicanos en situación de pobreza, a los que debe proporcionarse este servicio indispensable para la subsistencia, a precios acordes con su capacidad económica.

Mientras esa situación persista, una política de subsidios es insoslayable, la que por sus efectos presupuestales, como por la sensibilidad con que debe aplicarse, la Cámara de Diputados debe aprobar, como ocurre con otros subsidios.

De acuerdo con los informes de gobierno, incluido el último del ahora ex presidente Vicente Fox, todas las categorías de usuarios se encuentran subsidiados, incluidos los grandes industriales, sin embargo, del origen y las implicaciones de estos subsidios, no dan cuenta los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo federal, toda información al respecto está omitida, por lo cual la Cámara de Diputados ha quedado impedida de evaluar la justeza de dichos subsidios, que según el último informe de gobierno alcanzan 107 mil millones de pesos.

En nuestra propuesta se sigue confiando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad la estructuración y fijación de las tarifas, por reconocer que se trata de una tarea compleja, especializada y con incidencias en las finanzas públicas, la Cámara de Diputados intervendrá para transparentar los criterios de asignación de costos a las diferentes tarifas, el nivel de los mismos y para establecer los subsidios, verificando la correspondencia de los mismos con la realidad social y para prever los equilibrios presupuestales, que constitucionalmente se le han conferido.

No pasa inadvertida la existencia de concepciones sobre una nueva relación entre el Ejecutivo federal y los organismos del sector energético, incluyendo cambios en la naturaleza jurídica y facultades de otros organismos del sector, dentro de las cuales resultara más idóneo transferir la facultad de aprobar las tarifas eléctricas a otra instancia distinta a la Secretaría de Hacienda, sin embargo el diseño de un nuevo marco jurídico en el sector energético, es una aspiración que no se percibe se pueda alcanzar en el corto plazo, y por las evidencias y razones presentadas, en la exposición de motivos, apremia la introducción de factores de equilibrio que atiendan la conflictividad social generada por las tarifas eléctricas.

En concordancia con la motivación expuesta, me permito proponer a esta soberanía una iniciativa de ley consistente en reformas de diversas disposiciones relacionadas con las tarifas para el suministro del servicio de energía eléctrica, que se describen a continuación.

Descripción de las reformas propuestas

Se propone reformar la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de acotar la facultad exclusiva que actualmente se confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas de servicios de la administración pública federal, y hacerla congruente con las modificaciones propuestas en las leyes específicas de la materia, en las que se señala la intervención que tendría la Cámara de Diputados.

La reforma del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tiene por objeto atender al reclamo social para que los organismos públicos encargados del servicio de energía eléctrica atiendan de manera eficaz y oportuna las quejas e inconformidades de los usuarios relativas a la calidad del suministro eléctrico, a irregularidades en la facturación, a la reclasificación tarifaria debida entre otros factores a temperatura y humedad y en general revisión y corrección, en su caso, de toda irregularidad en la prestación del servicio.

Por tal razón en este artículo se concede a los organismos del sector eléctrico, capacidad decisoria para resolver dichas inconformidades y para realizar los estudios técnicos para determinar los parámetros reales con que se proporciona el servicio a fin de que a los usuarios se apliquen las tarifas que justamente procedan con las consideraciones climáticas y operativas que correspondan, precisando que para ello se utilicen en primera instancia los acervos de las instituciones públicas, así como los servicios de las mismas.

Con la reforma propuesta al artículo 30 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, se precisa la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de los subsidios a las tarifas eléctricas, con lo cual estará en condiciones de introducir los elementos de sensibilidad social a que se hace referencia en la exposición de motivos.

Previendo el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suprima totalmente el subsidio a usuarios en condiciones de debilidad social, se faculta a la Cámara de Diputados para que en función de la percepción social que tenga sobre el caso pueda otorgarlos por propia iniciativa, resolviendo el equilibrio presupuestal, en los términos del artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La reforma del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cubre varios aspectos, en primer término se incluye a Luz y Fuerza del Centro como organismo participante en la formulación de las propuestas de las tarifas, en consideración a su naturaleza de organismo descentralizado que al igual que la Comisión Federal de Electricidad, tiene a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica de conformidad con el Decreto Presidencial que le dio origen, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

También se ha estimado pertinente sustituir la alusión ambigua a las necesidades financieras como criterio para fijar las tarifas, por términos que le den más precisión, y dentro de los costos de producción, dar un trato preferencial al precio de los hidrocarburos empleados en la generación de energía eléctrica, con lo cual serán favorecidos todos los usuarios del servicio eléctrico, obteniendo los beneficios lógicos de un país productor de hidrocarburos y compensar las desventajas competitivas frente a otras economías.

En este artículo también se plantea aplicar criterios de equidad en el intercambio de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, con el fin de que esta última no aparezca con una debilidad financiera, que no corresponde a una ponderación justa de su contabilidad.

Por último se precisan los aspectos más importantes del proceso de aprobación de los subsidios, entre ellos la información necesaria a fin de contar con los elementos de juicio suficientes, para tomar decisiones justas y racionales.

Entre la información requerida se incluyen los índices principales de productividad a fin de juzgar la eficiencia operativa de los organismos descentralizados del sector eléctrico, por repercutir ésa, en los niveles de los cargos de las tarifas y en lo posible la Cámara pueda coadyuvar al mejoramiento de dichos índices.

Por lo anterior, someto a la consideración de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforman y adicionan los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda, con excepción de lo que se determine en otras leyes;

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 25 y 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaría.

La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro contarán con un área de atención a los usuarios del servicio público de energía eléctrica con capacidad resolutiva para atender las quejas e inconformidades relativas a la calidad del servicio, irregularidades en la facturación, reclasificación tarifaria debida a, entre otros factores, temperatura y humedad, y en general para revisar y corregir, en su caso, los parámetros de suministro eléctrico. En la sustanciación y atención de las inconformidades, las entidades públicas deberán utilizar preferentemente la información y los servicios de las instituciones públicas.

En el caso de queja por irregularidades en la facturación, éstas deberán ser atendidas perentoriamente, en lo términos del instructivo que para este efecto emitan los organismos públicos citados en este artículo. En tanto no se dé respuesta a la queja presentada, no procederá la suspensión del servicio.

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, según sea el caso.

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de las tarifas que consideren subsidios a los usuarios, éstos deben ser aprobados por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados puede otorgar subsidios que no hayan sido considerados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolviendo el equilibrio presupuestal, en los términos del artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la Secretaría de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se modifica y adiciona el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir los costos de producción, para lo cual reflejarán el costo económico de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización, los de inversión y el racional consumo de energía. Asimismo y a través del procedimiento señalado, se podrán fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Dentro de los insumos referentes al proceso de generación eléctrica, los hidrocarburos de producción nacional tendrán un precio preferente para la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, el cual cuando menos será 10 por ciento inferior al precio en el mercado nacional, y será considerado en la Ley de Ingresos federales y el Presupuesto de Egresos federales que corresponda.

En los contratos de compraventa de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, se tomará en cuenta el desequilibrio entre los esquemas tarifarios en alta tensión con tarifas horarias con los que se adquiera dicha energía y los esquemas tarifarios de los usuarios a quienes se distribuye la energía, que no consideren tarifas horarias o presenten diferencias en las mismas.

En los términos del Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el otorgamiento de subsidios a los usuarios del servicio eléctrico deberá derivarse de las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá cubrirse con recursos que el mismo asigne para tal efecto. En dicho caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá remitir a la Cámara de Diputados para aprobación, el monto de los subsidios propuestos, para lo cual deberá acompañarse para cada rango de consumo o periodo horario según corresponda, de cada tarifa, la información desagregada de los costos y gastos actuales asignados, así como del monto del subsidio considerado.

Dentro de la información que proporcionará la Secretará de Hacienda y Crédito Público, también se incluirán los índices principales de productividad de los organismos descentralizados del sector eléctrico

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación de este decreto, enviará la información actual para el caso de las tarifas a que hace referencia la modificación al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo Tercero. Los organismos descentralizados del sector eléctrico, dentro de un plazo de tres meses a partir de la publicación de este decreto, tendrán en funciones las áreas de atención a que hace referencia la modificación del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y emitirán conjuntamente el instructivo respectivo.

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica).»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado José Antonio Almazán. Insértese de manera íntegra la iniciativa presentada tal como lo ha solicitado el diputado Almazán González ytúrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía.

ARTICULOS 76, 78 Y 89 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros : Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, compañero diputado.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:En representación de varios diputados, diputadas de diferentes fracciones parlamentarias que conforman esta soberanía y, además, en obvio del tiempo vengo a presentar una iniciativa que modifica los artículos 76, 78 y 89 constitucionales.

El tema de la reforma del Estado y, más concretamente, las reformas que se pretende hacer a nuestra Constitución, no pueden ser discutidas sin tomar en cuenta el problema de la seguridad pública.

Hoy acudimos a esta alta tribuna para exponer una cuestión que consideramos de la mayor relevancia, máxime cuando hablamos de un área estratégica y vital para el desarrollo de nuestra nación. No debemos perder de vista que uno de los elementos cardinales que permiten la formación de un Estado democrático y de derecho es la preservación de la seguridad de la población en sus diferentes modalidades.

En este tema está comprobado que el Poder Legislativo es una instancia fundamental que debe de participar en la toma de decisiones, aún aquellas consideradas de mero trámite o simplistas.

La cuestión, aquí, radica en entender que la sociedad merece y exige la participación activa de sus representantes; por eso se nos ha conferido la facultad de realizar diversos actos, no sólo como hacedores de leyes, sino también como garantes del control constitucional.

Aquí entramos a los mecanismos de control con que actualmente cuenta el Poder Legislativo. Entrarían las comparecencias que solicitamos a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal; los informes que pedimos a los funcionarios gubernamentales; la vigilancia en el ejercicio de los recursos; pero también aquellas acciones que tienen que ver con los nombramientos de las personas que son llamadas por el titular del Ejecutivo para colaborar en el desarrollo del mandato constitucional que le fue dado en las urnas.

Sabemos todos que no es un tema reciente; de hecho, este tipo de control ha estado presente desde los inicios de nuestro constitucionalismo, salvo un caso de excepción encontrado por los estudiosos del derecho en 1843, referente a los nombramientos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

En sí mismo, este mecanismo de control ha demostrado su funcionalidad a lo largo de la historia y, en diferentes latitudes, ya sea que hablemos de sistemas parlamentarios, semiparlamentarios o presidencialistas. En cualquiera de estos casos, su operatividad varía; sin embargo, su esencia gira en torno a garantizar un ejercicio del poder de forma responsable y legítima.

Nuestra Constitución vigente contempla varios supuestos de los cuales la Cámara de Senadores está facultada para ratificar los nombramientos de determinados servidores públicos; en particular, nos referimos a los artículos 76, fracción II; 78, fracción V, y 89, fracción IX. En todos ellos existe una ausencia que no debe continuar. Nos referimos a la ratificación del secretario de Seguridad Pública, área relevante del gobierno que en cualquier democracia moderna está sujeta a la vigilancia del Legislativo.

La reforma que hoy presentamos actualiza nuestra Constitución e incorpora dentro de los supuestos del control al secretario de Seguridad Pública, cargo que, al igual que el señor procurador general, deben ser ratificados por un órgano del Congreso, siendo para el caso concreto y respetando nuestra tradición constitucional, la Cámara de Senadores.

La reforma que expongo, en representación de mis compañeras y compañeros diputados, busca terminar con una laguna legal que desfasa y debilita el papel del Legislativo en materia de seguridad pública.

No debemos dejar esta ausencia normativa sin un tratamiento, ya sea que entremos de lleno en la llamada reforma del Estado y modificamos nuestro sistema de gobierno, o ya sea que sólo reformemos nuestra Constitución y modernicemos el sistema de seguridad pública. Cualquier camino que tomemos, debemos de tener presente la propuesta legislativa que hoy hacemos, máxime cuando es parcialmente una realidad la unificación de las policías bajo un solo mando.

Este hecho, que está próximo a discutirse en esta honorable Asamblea, nos debe sensibilizar sobre el gran poder que se concentrará en una sola Secretaría y la importancia de que esté bajo el control constitucional del Poder Legislativo.

Dejo a la fina reflexión de este Pleno y de aquellos legisladores que participaron en el dictamen la aprobación de esta reforma. No hacerla traería consecuencias que hoy podríamos y deberíamos prevenir.

Recordemos que las circunstancias sociales dan la pauta para ampliar y reforzar las facultades que le confiere la Constitución al Legislativo. Por ello, la facultad de control debe ser ampliada a otras áreas del gobierno que, por alguna razón, no fueron previstas ni por el Constituyente ni por el legislador permanente.

Para concluir, quiero recordar el ofrecimiento hecho por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero de 2007 en Palacio Nacional. Hagamos valer los principios constitucionales de 1857 y de 1917: ``renovemos el derecho desde el derecho, para adecuar los órganos del Estado''. Yo añadiría: seamos actores y no espectadores de nuestro presente, porque la historia será la actora y no espectadora de nuestro pasado.

Atentamente, diputado Jesús Reyna García , diputado Alfonso Izquierdo, diputada Mayra Peñuelas, diputado Gilberto Ojeda, diputado Rodrigo Medina, diputado Jorge Godoy, diputado Armando Barreiro, diputada Guadalupe García, diputada Pilar Guerrero, diputado Francisco Elizondo, José Luis Aguilera, Ramón Valdés, Elías Cárdenas, Martha Tagle, Juan Abad de Jesús , José Manuel del Río, Layda Sansores, Robinson Uscanga, José Luis Varela, Juan Guerra, María Soledad López, Antonio Ortega, Mario Enrique del Toro, Martín Zepeda, Daniel Amador Gaxiola .

Señor Presidente, ruego que se inserte esta participación completa en el Diario de los Debates, debido a que se sumaron algunos legisladores adicionales. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Sinaloa, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 76, fracción II; 78, fracción V; y 89, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que se fundamenta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia que ha cobrado el tema de la reforma del Estado y, más concretamente, las reformas que se pretende hacer a nuestra Constitución no puede discutirse sin tomar en cuenta el problema de la seguridad pública. Por ello hoy acudimos a esta alta tribuna para exponer una cuestión que consideramos de la mayor relevancia. Máxime cuando hablamos de un área estratégica y vital para el desarrollo de nuestra nación: la seguridad pública.

No debemos perder de vista que uno de los elementos cardinales que permiten la formación de un ``estado democrático y de derecho'' es la preservación de la seguridad de la población en sus diferentes modalidades.

Y en el tema, está comprobado que el Poder Legislativo es una instancia fundamental que debe participar en la toma de decisiones, aun las consideradas de mero trámite o simplistas. La cuestión aquí radica en entender que la sociedad merece y exige la participación activa de sus representantes, por eso nos ha conferido la facultad de realizar diversos actos, no sólo como hacedores de leyes sino también garantes del ``control constitucional''.

Aquí cabe preguntarnos: ¿entrarían las comparencias que solicitamos a los titulares de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal? Sí. ¿Los informes que pedimos a los funcionarios gubernamentales? Sí. ¿La vigilancia en el ejercicio de los recursos? Sí, pero también la actividad que tiene que ver con los nombramientos de los que son llamados por el titular del Ejecutivo para colaborar en el desarrollo del mandato constitucional que le fue dado en las urnas.

Sabemos todos que no es un tema reciente; de hecho, este tipo de control ha estado presente desde los inicios de nuestro constitucionalismo, salvo un caso de excepción, encontrado por los estudiosos del derecho en 1843, referente a los nombramientos de los empleados de Hacienda.

En sí mismo, este mecanismo de control ha demostrado su funcionalidad a lo largo de la historia y en diferentes latitudes, ya sea que hablemos de sistemas parlamentarios, semiparlamentarios o presidenciales. En cualquiera de estos casos, su operatividad varía; sin embargo, su esencia gira en torno a garantizar un ejercicio del poder de forma responsable y legítima.

Nuestra Constitución vigente considera varios supuestos en los cuales la Cámara de Senadores está facultada para ratificar los nombramientos de determinados servidores públicos. En particular, nos referimos a los artículos 76, 78 y 89: en todos ellos existe una ausencia que no debe continuar. Nos referimos a la ratificación del secretario de Seguridad Pública, área relevante del gobierno que en cualquier democracia moderna está sujeta a la intervención del Legislativo.

La reforma que hoy presentamos actualiza nuestra Constitución e incorpora en los supuestos del control constitucional al secretario de Seguridad Pública, cargo que, igual que el de procurador general de la República, debe ser ratificado por un órgano del Congreso, siendo para el caso concreto la Cámara de Senadores, lo cual respeta nuestra tradición constitucional.

La reforma busca terminar con una laguna legal que desfasa y debilita el papel del Legislativo en materia de seguridad pública. Es una ausencia originada por la propia creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual no existía cuando el Constituyente de 1917 sesionó. Sin embargo, no debemos dejar esta ausencia normativa sin un tratamiento, ya sea que entremos de lleno en la llamada ``reforma del Estado'' y modifiquemos nuestro sistema de gobierno, ya sea que sólo reformemos nuestra Constitución y modernicemos el sistema de seguridad pública. Cualquier camino que tomemos debe tener presente la propuesta legislativa que hoy hacemos, máxime cuando es prácticamente una realidad la unificación de las policías bajo un solo mando.

Este hecho nos debe sensibilizar sobre el gran poder que se concentrará en ese solo hombre y la importancia que esté bajo el control constitucional del Poder Legislativo.

Dejo a la fina reflexión de este Pleno y de los legisladores que participarán en su dictaminación la aprobación de esta reforma. No hacerlo traería consecuencias que hoy podemos prevenir.

Sólo recordemos que las circunstancias sociales dan la pauta para ampliar y reforzar las facultades que confiere la Constitución al Legislativo. Por ello, la facultad de control debe ser ampliada a otras áreas del gobierno que por alguna razón no fueron consideradas por el Constituyente ni por el legislador permanente.

Para concluir, quiero recordar el ofrecimiento hecho por el titular del Ejecutivo federal el 5 de febrero de 2007: hagamos valer los principios constitucionales de 1857 y 1917, ``... renovemos el derecho desde el derecho... para adecuar los órganos del Estado''. Y añado: seamos actores, no espectadores de nuestro presente porque la historia será la actora y no espectadora de nuestro pasado.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 76, fracción II; 78, fracción V; y 89, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 76, fracción II; 78, fracción V; y 89, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I.[...]

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, secretario de Seguridad Pública, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Artículo 78. [...]

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I.

[...]

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública que le someta el titular del Ejecutivo federal;

[...]

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I.[...]

IX. Designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública; [...]

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales; y, tal como lo ha solicitado el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , insértese íntegra la iniciativa presentada en el Diario de los Debates.

Esta Mesa Directiva saluda al licenciado Héctor Rubén Espino Santana, presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, invitado por las diputadas María Mercedes Corral y Dolores de María Manuell-Gómez. Bienvenido, señor Presidente.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 401 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULO SEGUNDO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en elDistrito Federal.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Olga Patricia Chozas y Chozas , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de que el derecho al acceso al agua se constituya como garantía constitucional con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La acelerada transformación de la sociedad, los nuevos conceptos relativos a los derechos universales del hombre, los avances científicos y tecnológicos, así como los cambios profundos del reordenamiento privatizador, han cambiado profundamente a nuestra sociedad provocando el surgimiento de nuevas profesiones a fin de satisfacer las exigencias del país.

Así, a 62 años de la promulgación de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal, y después de haber sufrido varias reformas en 1974 y 1993, es razonable que la popularmente conocida como Ley de Profesiones que rige en toda la República en asuntos de orden federal, resulte obsoleta para la realidad de la nación.

Por ello, ante un México inmerso en los procesos de globalización y constante cambio, es esencial que en este período legislativo, la agenda legislativa incluya una revisión urgente de la Ley de Profesiones con respecto a uno de sus temas centrales que es: el acreditamiento profesional.

La relevancia de tocar un tema como el acreditamiento, es por un lado, asegurar el nivel de conocimientos y habilidades que poseen los profesionistas para salvaguardar el patrimonio, salud e integridad de las personas e instituciones a las que sirven. Por otro lado, va ligado a incrementar la eficiencia terminal de la educación superior en México, entendida como la proporción de los estudiantes que ingresan a los niveles de educación superior y los que obtienen una cédula profesional, así como, para impulsar la certificación profesional. Esta última, definida como una evaluación externa que no sólo reconoce los conocimientos del profesionista, sino que garantiza a nivel nacional e internacional que el mismo cuenta con una capacidad técnica de mayor calidad y actualizada, asegurando su libre movilidad en el extranjero.

Actualmente la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y que es aplicable para asuntos de orden federal, establece en su artículo 2o. que ``las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional; determinarán cuales son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio''.

Si bien la normatividad contempla la exigencia de una cédula profesional para el ejercicio de actividades profesionales, la misma es limitada y discrecional. Los riesgos son reales, si consideramos que no sólo existen algunos mexicanos mal preparados y que ejercen sin el título y cédula correspondiente, sino también extranjeros que ejercen sus servicios profesionales sin contar, en muchas ocasiones, con la acreditación y calidad necesarias. Lo anterior se evidencia al observar los siguientes datos para 1999:

La eficiencia terminal a nivel nacional es de 47 por ciento, muy por debajo de la que experimentan países europeos y Estados Unidos donde la eficiencia terminal es de más del 60 por ciento. En el Reino Unido, por ejemplo, es de más del 80 por ciento.

En algunas instituciones del país llega a ser menor al 12 por ciento.

Cuando el gobierno no actúa mediante una regulación adecuada, la sociedad genera formas de organización del ejercicio de las profesiones que no siempre están apegadas al marco legal e incluso están de manera extralegal. Es por esto, que a partir de la perspectiva de los derechos de los consumidores y su relación con los prestadores de servicios profesionales, la acreditación se convierte en un elemento fundamental para la defensa del consumidor.

Por ello, el Partido Verde Ecologista de México considera que el marco jurídico para la regulación profesional es insuficiente y demanda no sólo cuidadosas reformas, sino también nuevas disposiciones, entre ellas, la ampliación del número de profesiones bajo regulación, así como establecer un esquema de responsabilidad legal mucho más claro y un sistema de acceso a los tribunales expedito y sencillo para quienes puedan verse afectados por un profesional.

La presente iniciativa pretende llenar el vacío legal que tiene la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el DF respecto a la reglamentación de las ramas o especialidades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.

Bajo nuestra perspectiva, el artículo 2o. de la mencionada ley, enmarca a muy pocas profesiones para que les sea exigible el acreditamiento oficial para su ejercicio. Consideramos que no se puede limitar esta disposición a las pocas profesiones para las cuales sí existe una ley que reglamenta su campo de acción. Tampoco puede expedirse una lista rígida de profesiones que deben apegarse al acreditamiento oficial obligatorio para su ejercicio, en momentos donde la creación de nuevas carreras es una constante, pues nos enfrentaríamos a una legislación que tendría actualizarse día con día.

Así, proponemos que la disposición debe extenderse a toda profesión que se encuentre registrada ante la Dirección General de Profesiones y a aquellas que impacten y se relacionen directamente con el patrimonio, salud e integridad de los particulares para los cuales se lleve acabo el ejercicio profesional, así como para todas aquellas profesiones que sean susceptibles de afectar el patrimonio nacional, medio ambiente y recursos naturales.

Con ello se pretende incentivar la eficiencia terminal del sistema de educación superior, elevando el número de profesionistas que han probado tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder proporcionar sus servicios a cualquier usuario o institución.

Adicionalmente la obligatoria acreditación de las profesiones para poder ejercerse, pretende contribuir a que en un futuro, más de los profesionistas mexicanos puedan obtener, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio, la certificación a nivel internacional que les permita probar su competitividad y tener acceso en igualdad de condiciones a los mercados laborales de otros países. Por citar un ejemplo, en el caso particular de la psicología las asimetrías en la formación académica han sido un obstáculo para el reconocimiento internacional de licencias y la libre movilidad de los profesionistas, lo que ha llevado a la revisión de los sistemas formadores vigentes en México.

Por otro lado, es importante mencionar que la lucha por tener un mejor nivel educativo no basta con iniciativas que garanticen la capacidad de los profesionistas para ejercer. Bajo un contexto donde las exigencias sociales han rebasado la disponibilidad del Estado para garantizar una educación de calidad y acorde a las exigencias del mercado laboral, se vuelve también necesario legislar en pro de consolidar la evaluación educativa, de eliminar la inequidad presupuestal, así como la inflexibilidad que enfrentan algunas instituciones para permitir la movilidad interna de los estudiantes.

Estamos convencidos de que se debe constituir para el futuro un organismo unificado de acreditación y certificación, de manera tal que México se beneficie con la formación de profesionistas de mejor calidad, ampliando de forma general su responsabilidad en el buen ejercicio de la profesión, logrando un bienestar social por encima del individual.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, 71, fracción II, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.

A falta de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, las actividades que necesitarán título y cédula para su ejercicio profesional serán las que

I.Tengan repercusión directa sobre el patrimonio y la salud física y mental de las personas para quienes se lleve a cabo el ejercicio profesional.

II. Tengan impacto sobre el patrimonio nacional, medio ambiente y recursos naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de marzo de 2007.--- Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Gracias, diputada Chozas.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a proponerles una iniciativa de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Se trata de informarles que la Comisión de Marina de esta LX Legislatura resolvió, el pasado 7 de febrero, en sesión plenaria, que los seropositivos y aquellos marinos o miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieran este síndrome no fueran dados de baja. Esta Legislatura, los 30 diputados de la Comisión de Marina, el 7 de febrero, tomaron la decisión de apoyar a los marinos y soldados despedidos --desde nuestra óptica-- injustamente.

El 27 de febrero, hace apenas unos días, la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo que permite que la Marina, y precisamente el Ejército Mexicano, den de baja a los militares que tengan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Desde esta tribuna nos manifestamos solidarios con la resolución del máximo tribunal del Poder Judicial federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde aquí reconocemos el trabajo de los ministros, de todos ellos, particularmente del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, del ministro José Ramón Cosío, del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, de la ministra Margarita Luna Ramos, del ministro Juan Silva Meza, de la ministra Olga Cordero, del ministro Salvador Aguirre Anguiano, de todos los que pusieron este tema como un tema que tuvo un final feliz. Qué bueno que el máximo tribunal del país declaró inconstitucional este artículo y particularmente los numerales que señalan la resolución del máximo tribunal.

Le toca ahora a este Congreso, les toca a ustedes, diputadas y diputados, hacer la reforma correspondiente. Proponemos que con esta iniciativa se deroguen los numerales 81, 82 y 83 de la primera categoría y el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Proponemos que la primera categoría quede de la siguiente manera:

81. Los padecimientos de origen inmunológico rebeldes al tratamiento o de difícil control.

82. Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología con susceptibilidad a infecciones recurrentes.

83. La seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, más infecciones por gérmenes oportunistas y neoplasmas malignos.

De la segunda categoría proponemos:

45. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias respecto al personal técnico, aeronáutico de la Fuerza Aérea Mexicana, personal de pilotos aviadores, de los servicios y especialistas, los especialistas en medicina de aviación apoyados por especialistas del área médica que implique la patología de que dicho personal pudiera ser portador, serán los responsables de clasificarlos en esta categoría.

Proponemos que se recorra la secuencia de los numerales y se eliminen los que queden vacíos. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de marzo de 2007.

Compañeras y compañeros diputados. Nosotros creemos que el esfuerzo que hace particularmente la Armada de México por darles el apoyo médico a través del sector salud, lo que hace el Ejército Mexicano, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 27 de febrero de este año, la resolución de la Comisión de Marina, donde todas las fuerzas políticas participaron y el 7 de febrero se anticiparon a una resolución histórica, obliga a este Congreso de diputadas y diputados a resolver este tema a la brevedad posible.

Agradezco mucho su atención y también agradezco la presencia de quienes nos visitan de Veracruz, particularmente del municipio de Tecolutla, Veracruz. Muchísimas gracias. Buenos días.

«Iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito diputado, José Manuel del Río Virgen , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales presenta la siguiente iniciativa de decreto por la que se derogan los numerales 81, 82 y 83 de la ``Primera Categoría'' y el numeral 45 de la ``Segunda Categoría'' del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2004 once miembros de las fuerzas armadas de nuestro país (dos fallecieron) interpusieron sendos amparos por haber causado baja de las instituciones castrenses en virtud de que les dictaminó que estaban infectados por el VIH-sida.

Desde entonces se ha suscitado una enorme polémica moral, jurídica y de derechos humanos en torno a la posible discriminación a que podrían ser sujetos los militares portadores del virus.

Los juicios, como sabemos, llegaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se está llevando a cabo una prolongada e intensa discusión sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM).

El punto central es determinar si existe discriminación en el procedimiento de retiro de alguno de sus miembros por inutilidad adquirida fuera de actos del servicio y, en específico, por lo que respecta a los beneficios de seguridad social que les corresponde.

Los ministros de la Corte concentran su discusión en decidir si la ley que permite a las instituciones militares dar de baja a quienes sufran alguna enfermedad que los incapacite por más de seis meses es contraria a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución Política.

Algunos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas son anacrónicos y, desde luego, violatorios de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados por México, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Algunos artículos de dicha legislación prejuzgan que los militares infectados se contagiaron fuera de actos de servicio, privando además de atención médica, medicinas y pensión a quienes no cuentan con 20 años de antigüedad.

Hay que destacar que es necesario un análisis sobre la existencia en la mencionada ley de todo un catalogo de accidentes y enfermedades que dan origen al llamado ``retiro por inutilidad'' de las Fuerzas Armadas, entre las que se encuentra: pérdida.

Debemos tomar en cuenta que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su asamblea consultiva, los científicos más reconocidos del mundo y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Sida (Onusida), todos ellos han concluido que las personas que viven con este virus ``no representan ningún riesgo para la colectividad y pueden desempeñar cualquier actividad laboral para la que estén capacitadas''.

Lo mismo ha dicho la Academia Mexicana de Ciencias, en un estudio elaborado por encargo de la misma Suprema Corte de Justicia y ha estado repitiendo en estos días el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

No debemos olvidar que si bien los miembros de las Fuerzas Armadas no aportan dinero para los sistemas de seguridad social, aportan algo más valioso: su vida, su integridad física y, en cierta medida, renuncian a algunas de sus libertades constitucionales.

No sabemos con exactitud cuántos militares han causado baja por estas circunstancias, sin embargo se estima que en el sexenio pasado (2000-2006), el total de bajas por inutilidad rebasó las 2 mil 450.

Según el Conapred, se han registrado en el Ejército 249 casos de VIH, 278 casos en la Marina y 110 casos de militares que en la Fuerza Aérea Mexicana se han dado de baja por vivir con el VIH/sida.

Como no existe una cifra oficial de militares que podrían estar infectados o ser portadores de esta pandemia, la Comisión de Marina en ésta LX Legislatura aprobó un punto de acuerdo con dos resolutivos:

Primero. Se solicite a los titulares de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional que informen sobre la situación actual de los militares que han sido afectados por el VIH y sobre el número de elementos a los que se les ha comunicado su baja del servicio activo por este motivo.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional que evalúen, conforme a la ley, la posibilidad de que los militares con VIH/sida dados de baja antes de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, se les otorgue la protección de salud debida.

Considerandos 1. Que Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), que fue aprobada aquí en el Congreso, en principio es inhumana, toda vez que con sus numerales 81, 82 y 83 de la ``Primera Categoría'', del artículo 226 autoriza a las instituciones castrenses a dar de baja automáticamente a los elementos infectados con VIH/sida por considerar, sin ningún argumento científico, que son ``inútiles'' para el servicio militar.

2. Que, como determinó el Conapred en su primera resolución, el 16 de agosto de 2005, la LISSFAM es claramente violatoria en esta materia del artículo 1 de la Constitución, que en su tercer párrafo establece la prohibición de discriminar.

3. Que resulta igualmente violatoria del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe toda forma de discriminación por motivos de salud, lo que en el caso se traduce en una pérdida o menoscabo del derecho fundamental de todas las personas a un trabajo digno.

4. Que es también violatoria de muchos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos aprobados por México, que según el criterio jurídico de la propia SCJN se encuentran por encima de todas las demás leyes federales y estatales, y únicamente por debajo de la Constitución.

5. Que el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dentro de un acuerdo de Estado, y no simplemente de gobierno, como pretenden las actuales autoridades federales, recomienda en esta materia que ``es indispensable que se reforme la LISSFAM, para eliminar la referencia al VIH como causa automática de baja de las filas del Ejército''.

6. Que, con independencia y respeto de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los juicios de amparo promovidos por los militares infectados de VIH-sida, los legisladores federales, que somos representantes del pueblo y estamos atentos a las demandas ciudadanas, que se deben atender inmediatamente por el Congreso de la Unión.

Por las anteriores consideraciones me permito someter, a la elevada consideración del Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa de

Decreto por el que se derogan los numerales 81, 82 y 83 de la ``Primera Categoría'' y el numeral 45 de la ``Segunda Categoría'' del Artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM).

Artículo 226. ...

Único. Se derogan:

Primera Categoría

81. Los padecimientos de origen inmunológico rebeldes al tratamiento o de difícil control.

82. Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología, con susceptibilidad a infecciones recurrentes.

83. La seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y/o neoplasias malignas''.

Segunda Categoría

45. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias. Respecto del personal técnico aeronáutico de la Fuerza Aérea Mexicana (personal de pilotos aviadores, de los servicios y especialistas), los especialistas en medicina de aviación, apoyados por especialistas del área médica que implique la patología de que dicho personal pudiera ser portador, serán los responsables de clasificarlos en esta categoría

(Se recorre la secuencia de los numerales y se eliminan los que quedan vacíos)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo del año 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado José Manuel del Río.Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

Damos la más cordial bienvenida a los invitados especiales de León, Guanajuato, que están en este Pleno, invitados por la diputada María del Pilar Ortega Martínez . Bienvenidos.

Sonido a la curul del diputado Miguel Ángel Navarro.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero(desde la curul): Presidente, pido que se amplíe el turno a las comisiones de Salud, y de Seguridad Social.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se amplía el turno a las comisiones propuestas por el diputado Miguel Ángel Navarro. Sonido en la curul del diputado Peyrot.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís(desde la curul): Sí, señor Presidente, nada más para hacer una precisión: el punto de acuerdo que firmó la Comisión de Marinano indica que no se dé de baja a los militares, solamente se solicita, con base en la ley, que sí se les puede dar atención médica.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se amplía el turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Salud y de Seguridad Social.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DEL BANCO DE MEXICO - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley del Banco de Méxicoy de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho:Con su permiso, señor Presidente: en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.

Durante los últimos 25 años la banca comercial en México ha sido objeto de múltiples transformaciones estructurales. En 1982, durante un período de gran inestabilidad económica y financiera en nuestro país, el gobierno federal de aquel momento decidió tomar la ruta de nacionalizar los bancos privados.

En 1994-95, después de un intenso proceso de privatización bancaria, el sistema financiero nacional se colapsó. Cabe resaltar que posterior a este proceso los bancos han pasado a instituciones financieras internacionales y prácticamente el 90 por ciento de la banca comercial en México se encuentra en manos extranjeras. Durante todo este trayecto de 25 años, la banca comercial, pese a sus múltiples desencuentros financieros nunca ha tenido una sola pérdida.

Hoy nuevamente la banca comercial se encuentra en el observatorio ciudadano respecto a un tema sustancial: las tarjetas de crédito como medio de pago. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el margen financiero de la banca mexicana como proporción de los ingresos totales ha representado entre 66 y 70 por ciento entre 2000 y 2006.

En contraparte, las comisiones bancarias representan entre el 26 y 30 por ciento de los ingresos totales para el mismo período en cuestión. Estos datos nos señalan que los bancos han obtenido grandes ganancias al amparo de cobrar tasas de interés sumamente elevadas a los clientes.

Todavía más. Los datos del Banco de México señalan que el monto de préstamos en tarjetas de crédito bancarias, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, pasó de 142 mil 278.5 millones de pesos a 211 mil 226.7 millones de pesos. Esto implica un crecimiento cercano al 50 por ciento.

Esto coincide con el número de tarjetas de crédito que otorgan los bancos a sus clientes. En el año 2001 había poco más de seis millones de tarjetas de crédito. Para el mes de septiembre de 2006 esta cifra llegó a más de 20 millones de tarjetas de crédito; es decir, un incremento de 232 por ciento en menos de cinco años.

De un monitoreo de nueve tarjetas de crédito de diferentes bancos se encontró que el costo anual total oscila entre 25.23 y 60.90 por ciento. Este elevado costo se ha visto manifestado en el incremento de la cartera vencida de las tarjetas de crédito.

De acuerdo con los datos del Banco de México, el saldo de cartera vencida de la banca comercial en operaciones con tarjetas de crédito cerró en 2006 con una cifra de 12 mil 916 millones, casi 113 por ciento más que al término de 2005; esta cantidad es el triple de la que se observó antes de la crisis bancaria y financiera de 1995.

De acuerdo con la experiencia internacional, los estudios revelan que los Estados Unidos tienen una relación inversa respecto a los ingresos por intereses y aquellos conseguidos vía comisiones. Es decir, mientras los ingresos por comisiones en ese país se incrementan, los otros por la vía de los intereses disminuyen.

En el caso de México la relación es directa, la banca mexicana no sólo ha incrementado el pago de comisiones, sino que también sigue manteniendo elevadas las tasas de intereses, en específico en el segmento del dinero plástico.

En este asunto los reguladores como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia necesitan actuar para determinar criterios de regulación acordes con la calificación de riesgo-país del mercado de tarjetas de crédito y de los propios requerimientos financieros de los usuarios.

Considerando el riesgo-país y el mercado financiero nacional, no existe justificación alguna para tener cobros tan altos en las tasas de intereses de las tarjetas de crédito.

Se propone reformar el artículo 1 y adicionar un Capítulo II a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y los artículos 48 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con esta iniciativa se pretende atacar la discrecionalidad con que actúa la banca comercial en México y es complementaria de las iniciativas acerca de las comisiones bancarias que han presentado distintos legisladores de casi todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1 y se adiciona un Capítulo II a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y los artículos 48 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos 25 años la banca comercial en México ha sido objeto de múltiples transformaciones estructurales. En 1982, durante un periodo de gran inestabilidad económica y financiera en nuestro país, el gobierno federal de aquel momento decidió tomar la ruta de nacionalizar los bancos privados. En 1994-1995 y después de un intenso proceso de privatización bancaria, el sistema financiero nacional se colapsó. Las características que causaron el caos financiero fueron un desempeño macroeconómico magro, déficit en cuenta corriente, exceso de optimismo generado por el propio modelo y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que se manifestaron en un otorgamiento de créditos sin control; cambio institucional, donde resalta la liberalización financiera, la privatización de la banca e inexperiencia para manejar el negocio por parte de los banqueros, entre otros elementos, incluso metaeconómicos.¹

Posterior a la crisis bancaria y financiera de mediados de los noventa, la banca comercial experimentó un saneamiento y el inicio de una consolidación que prácticamente llega hasta nuestros días.² Cabe resaltar que después de este proceso los bancos han pasado a manos de instituciones financieras internacionales y prácticamente el 90 por ciento de la banca comercial en México se encuentra extranjerizada.

Durante todo este trayecto de 25 años, la banca comercial, pese a sus múltiples desencuentros financieros, nunca ha tenido una pérdida financiera. La máxima de Voltaire se ha cumplido a cabalidad: ``Si ves a un banquero saltar por una ventana al vacío, salta detrás de él; hay algo que ganar''.

Hoy nuevamente la banca comercial, se encuentra en el observatorio ciudadano respecto a un tema sustancial: las tarjetas de crédito como medio de pago. En el rubro de los plásticos de crédito existe una alta concentración o prácticas monopólicas, de acuerdo con diversos índices estadísticos que alteran sustancialmente la competencia en este segmento del mercado.³ Esto ha incidido directamente sobre el margen de intermediación financiera que resulta de la diferencia entre las tasas de interés de colocación y las tasas de interés de captación. Es decir, la tasa activa promedio de las tarjetas de crédito que emiten los bancos en México, menos la tasa pasiva de captación, oscila entre el 30 y 35 por ciento.⁴

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el margen financiero de la banca mexicana como proporción de los ingresos totales ha representado entre 66 y 70 por ciento entre 2000 y 2006.⁵ En contraparte, las comisiones bancarias representan entre el 26 y 30 por ciento de los ingresos totales para el mismo periodo en cuestión.⁶ Estos datos, nos señalan que los bancos han obtenido grandes ganancias al amparo de cobrar tasas de interés sumamente elevadas a los clientes.

Todavía más, los datos del Banco de México señalan que el monto de préstamos en tarjetas de crédito bancarias de diciembre de 2005 a diciembre de 2006 pasó de 142 mil 278.5 millones de pesos a 211 mil 226.7 millones de pesos; esto implica un crecimiento cercano al 50 por ciento. Esto, coincide con el número de tarjetas de crédito que otorgan los bancos a sus clientes: en el año 2001 había poco más de 6 millones de tarjetas de crédito; para el mes de septiembre de 2006 esta cifra llegó a más de 20 millones de tarjetas de crédito, es decir, un incremento de 232 por ciento en menos de 5 años. Tan sólo de 2005 a 2006 el incremento del dinero plástico ascendió a casi 5 y medio millones más, de tarjetas en circulación.

De un monitoreo de 9 tarjetas de crédito de diferentes bancos, se encontró que el costo anual total⁷ (CAT) oscila entre 25.23 y 60.90 por ciento. Entre los datos destacan los casos de HSBC, Banamex, BBVA Bancomer y Santander Serfín, ya que el costo se mantiene entre 51 y más del 60 por ciento. Este elevado costo se ha visto manifestado en el incremento de la cartera vencida de las tarjetas de crédito. De acuerdo a los datos del Banco de México, el saldo de cartera vencida de la banca comercial en operaciones con tarjetas de crédito, cerró 2006 con una cifra de 12 mil 916 millones de pesos, casi 113 por ciento más que al término de 2005; esta cantidad es el triple de la que se observó antes de la crisis bancaria y financiera de 1995.

De acuerdo con la experiencia internacional, los estudios revelan que los Estados Unidos tienen una relación inversa respecto a los ingresos por intereses y aquellos conseguidos vía comisiones. Es decir, mientras los ingresos por comisiones en ese país se incrementan, los otros por la vía de los intereses disminuyen. En el caso de México, la relación es directa, la banca mexicana no sólo ha incrementado el pago de comisiones, sino también sigue manteniendo elevadas las tasas de interés, en específico en el segmento del dinero plástico. Esto obedece principalmente a que el servicio de tarjetas de crédito en México se mantiene prácticamente concentrado en muy pocos bancos (prácticas monopólicas), mientras la experiencia norteamericana y europea mantiene una competencia amplia que obliga a los bancos a disminuir sus tasas de interés con el propósito de atraer a un mayor número de clientes.⁸

Existe una amplia aceptación académica en el sentido de que el sistema financiero contribuye de manera notable al crecimiento económico.⁹ En este asunto los reguladores como el Banco de México (el banco de bancos), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia necesitan actuar para determinar criterios de regulación acordes con la calificación de riesgo-país, del mercado de tarjetas de crédito y de los propios requerimientos financieros de los usuarios.

Considerando el riesgo-país y el mercado financiero nacional, no existe justificación alguna para tener cobros tan altos en las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

Con esta iniciativa, se pretende atajar la discrecionalidad con que actúa la banca comercial en México y es complementaria de las iniciativas acerca de las comisiones bancarias que han presentados distintos legisladores de casi todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de Senadores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 1 y se adiciona un Capítulo II a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, recorriéndose en su orden el capitulado y articulado de la propia Ley, en los siguientes términos:

Artículo 1. La presente Ley es del orden federal y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Tiene por objeto regular las tasas de interés de las tarjetas de crédito, el cobro de comisiones, cuotas interbancarias y otros aspectos relacionados con la prestación de servicios financieros, con el fin de propiciar la transparencia y proteger los intereses del público.

Capítulo II De las Tarjetas de Crédito

Artículo 4. El Banco de México promoverá el sano desarrollo de los sistemas de pagos. A este efecto, está facultado para regular y determinar, mediante disposiciones de carácter general, las tasas de interés en las tarjetas de crédito.

Las entidades financieras deberán ajustarse a los criterios establecidos por el Banco de México para determinar las tasas de interés en las tarjetas de crédito.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 26.- ...

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediarios bursátiles y de las instituciones de seguros y de fianzas.

El Banco de México, mediante disposiciones de carácter general y en congruencia con las condiciones del mercado, regulará y determinará las tasas de interés en las tarjetas de crédito que expidan las entidades financieras.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 48 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los siguientes términos:

Artículo 48. ...

Para garantizar el sano desarrollo del sistema de pagos, la determinación de las tasas de interés en las tarjetas de crédito, estará sujeta a los criterios que establezca el Banco de México.

...

...

Artículo 49. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las instituciones de crédito, podrán solicitar al Banco de México y a la Comisión Federal de Competencia que se evalúe si existen o no condiciones razonables de competencia en materia de tarjetas de crédito, comisiones o tarifas, respecto de operaciones activas, pasivas y de servicios de las citadas instituciones de crédito.

...

...

...

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Banco de México emitirá en un plazo no mayor a 90 días, las disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Huerta, C. (2003) Las crisis financieras y bancarias: un análisis teórico y empírico para el caso de México, 1982 y 1994, tesis de maestría, Facultad de Economía-UNAM, México, p. 160.

2 Ávalos, M. y Hernández, F. (2006), Competencia bancaria en México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 15 de agosto de 2006, en línea: http://www.cepal.org, p. 16.

3 Ibídem, pp. 6 y 69.

4 De acuerdo con diversos estudios (2003, 2004) se ha considerado que el margen de intermediación en México, como proporción de los activos totales es de 5.6 por ciento. En el caso de Estados Unidos es de 3.4 por ciento; Canadá del 1.7 por ciento y Francia del 1.1 por ciento. Cabe señalar que México se encuentra entre los países que tienen un mayor margen de intermediación, ya que de un total de 55 naciones observadas, México ocupa la posición 46 en este tema. Véase Claessens y Laeven (2003) ``What drives bank competition? Some internacional evidence'', World Bank and Federal Bank of Cleveland Conference on Banl Competition,Washington, DC, Estados Unidos. Véase también Barth et al. (2004) ``Comparative internacional characteristics of banking'', Economic and Policy Análisis, Working Paper 2004-1,Auburn University, Estados Unidos.

5 En el mismo orden de ideas, Ávalos y Hernández (2006), p. 55, señalan que los ingresos por intereses en términos porcentuales de los tres bancos más grandes en México oscilan entre 61 y 75 por ciento de 1998 a 2004.

6 Véase Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en línea: http://www.cnbv.gob.mx

7 El costo anual total es el costo de financiamiento expresado en términos porcentuales, para fines informativos, incorpora la tasa de interés, la comisión anual y el IVA correspondiente. Véase Condusef y Banco de México en línea: http://www.confusef.gob.mx y http://www.banxico.gob.mx. Desde el mes de octubre de 2006, los bancos están obligados a difundir y publicar el costo del financiamiento de sus productos.

8 Mientras en Estados Unidos la participación de la banca en el sistema financiero ha disminuido para quedar en 18 por ciento, en México este intermediario sigue predominando con cerca del 80 por ciento de participación en el sistema financiero nacional. Este hecho ha presionado a que la característica de alta concentración del sistema bancario determine los niveles de las tasas de interés como un agente monopólico u oligopólico.

9 Ávalos & Hernández, op. cit., p. 9. y Huerta, op. cit., pp. 156-160.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Alejandro Sánchez.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicoy también insértese de manera íntegra esta iniciativa presentada por el diputado, tal y como lo ha solicitado, en el Diario de los Debates.

Queremos dar la bienvenida a este recinto a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, invitados por un servidor. Y a los compañeros del Centro de Estudios Superiores del Norte, invitados del diputado Antonio Vega Corona . Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Alan Notholt Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal federal.

El diputado Alan Notholt Guerrero:Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los principales problemas del medio ambiente hoy son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza que supone la contaminación para la salud, el modo actual de utilizar los recursos naturales y la producción excesiva de los residuos.

Una forma de enfrentar estos problemas es mediante una legislación adecuada. El medio ambiente está vinculado a la supervivencia de la humanidad y su protección es esencial para el bienestar del hombre.

La preservación de los recursos naturales y el medio ambiente hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial de derecho penal, aún cuando se tuviera que atender al principio de subsidiariedad, su protección en algunos supuestos requiere la adopción de medidas de carácter penal, ya que hay problemas ambientales cuya solución o control no pueden estar supeditados estrictamente a la eficiencia de medios distintos.

Por tanto, es imprescindible llevar a cabo reformas penales que permitan salvaguardar estos bienes jurídicos frente a ataques que los lesionen o pongan en peligro como consecuencia de conductas realizadas por servidores públicos; como sería el caso del otorgamiento ilícito de permisos para caza deportiva o las autorizaciones que se otorgan sin una verdadera evaluación del impacto ambiental.

En este último supuesto destaca la autorización para la construcción de la terminal de gas natural licuado de Chevron Texaco, ubicada a 600 metros de las islas Coronado y a 13 kilómetros de la costa de Tijuana, de la que en días pasados la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte notificó que se elaborará un expediente de hechos sobre la petición de investigación, por la falta de aplicación efectiva de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto.

Lo anterior, compañeras y compañeros diputados, demuestra la urgencia de inhibir y sancionar penalmente las conductas de los servidores públicos que producen daños irreversibles a los recursos naturales y al medio ambiente.

Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la creación de un tipo penal conforme al cual se sancione a los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en contravención de lo establecido en la normatividad aplicable otorguen permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental.

Más aún, la reforma propuesta resulta imprescindible si tomamos en cuenta que en el 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en razón de la actualización del tipo penal.

El término ``indebidamente'' a que se refiere el artículo 217 del Código Penal sustantivo es un elemento normativo sujeto a valoración que, al ser impreciso y ambiguo, se puede prestar a que algún comportamiento de un servidor público pueda ser confundido y no tenga una connotación penal.

En ese sentido, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exige legislar sobre la materia, a fin de salvaguardar los bienes jurídicos que protege el Título Vigésimo Quinto del Código Penal federal, denominado ``Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental''.

La protección de estos bienes jurídicos resulta necesaria, máxime si consideramos que dentro de la clasificación de los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales se prevé el derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, además de que este derecho está consagrado en el párrafo cuatro del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, es ineludible la observancia del principio de legalidad recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución Política federal, que exige no sólo a los órganos de Estado que ajusten el ejercicio de su poder a lo establecido por la ley, sino que también que la propia ley penal que se origina por tal ejercicio esté diseñada con claridad y precisión, de suerte que de su contenido se derive certeza jurídica para los gobernados.

Esto es con el fin de evitar que, en lo subsecuente se determine la inconstitucionalidad de algún otro delito por ambigüedad en la norma, con el fin de que no queden impunes conductas que ponen en peligro o lesionan gravemente bienes jurídicos, tan importantes como salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Proponemos la adición de un artículo 429 Quinquies al Capítulo Quinto, ``Disposiciones Comunes a Delitos contra el Ambiente'', del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que el deterioro del ambiente pone en riesgo las presentes generaciones, las futuras y la vida humana. Preservar los recursos naturales y respetar el ambiente es una tarea que no podemos posponer. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del PVEM

Alan Notholt Guerrero , integrante de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se adiciona un artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal, con el objeto de que se sancione a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, en contravención de lo establecido en la normatividad aplicable, otorguen permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los principales problemas del ambiente son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza que supone la contaminación para la salud, el modo actual de utilizar los recursos naturales y la producción excesiva de residuos.

Una forma de enfrentar estos problemas es mediante el establecimiento de legislación adecuada, ya que el ambiente está vinculado a la supervivencia de la humanidad, y su protección es esencial para el bienestar del hombre.

La realización de conductas que producen daños irreversibles a los recursos naturales y al ambiente deben sancionarse penalmente. Su deterioro pone en riesgo a las presentes y futuras generaciones, y a la vida humana.

Preservar los recursos y respetar el ambiente es una tarea que no podemos posponer.

Con base en lo anterior, es urgente llevar a cabo acciones para que nuestro ambiente sea limpio, saludable y productivo, el cual constituye un bien jurídico que debe ser protegido. Su protección hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial del derecho penal.

Conforme a nuestro derecho vigente, la materia ambiental constituye un bien jurídico de la mayor importancia, en el que convergen la salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Actualmente estos bienes se encuentran tutelados por el Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Quinto, denominado ``Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental''.

No obstante lo anterior, es necesario realizar reformas penales que permitan salvaguardar esos bienes jurídicos frente a ataques que los lesionen o pongan en peligro, como consecuencia de conductas realizadas por servidores públicos.

La necesidad de esta reforma surge, entre otras razones, de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2004, en la que determinó la inconstitucionalidad del artículo 217 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia del Fuero Federal, relativo al uso indebido de atribuciones y facultades.

Se determinó la inconstitucionalidad de este delito en virtud de que el artículo 217 del anterior Código Penal para el Distrito Penal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, resulta violatorio de la garantía prevista en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional.

Cabe precisar que, no obstante que la sentencia citada se refiere al artículo 217 del Código Penal para el Distrito Penal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal (vigente hasta el 16 de julio de 2002), la interpretación de nuestro máximo órgano jurisdiccional resultaría aplicable al artículo 217 del Código Penal Federal, en virtud de que en la descripción típica del delito de uso indebido de atribuciones y facultades también se utiliza el término indebidamente.

Además, en la sentencia de mérito se precisó que ``el legislador, al describir los tipos penales, debe evitar el uso de conceptos indeterminados e imprecisos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma, a efecto de no atentar contra el principio de legalidad en materia penal, previsto en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución General de la República''.

Con base en estas premisas consideramos que aun cuando se tuviera que atender al principio de subsidiariedad, conforme al cual se deben aplicar las normas de carácter administrativo antes que el Estado ejerza su facultad punitiva; la protección del ambiente, en algunos supuestos, requiere la adopción de medidas de carácter penal, ya que hay problemas ambientales cuya solución o control no pueden estar supeditados estrictamente a la eficiencia de medios distintos de la aplicación de sanciones penales.

Lo anterior resulta necesario si tomamos en cuenta que constantemente se realizan conductas que afectan al ambiente y que no han sido inhibidas por los medios extrapenales, como sería el caso del otorgamiento ilícito de permisos para caza deportiva, la importación de los delfines de las islas Salomón para exhibirlos en Cancún sin haber cumplido con los requisitos legales, o la autorización para la construcción de la terminal de gas natural licuado de Chevron Texaco a 600 metros de las islas Coronado y a 13 kilómetros de la costa de Tijuana, y que en días pasados la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) notificó que se elaborará un expediente de hechos sobre la petición de investigación por la falta de aplicación efectiva de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto.

En este sentido, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exige legislar sobre la materia, a fin de salvaguardar los bienes jurídicos que protege el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, denominado ``Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental'', ya que en términos de la sentencia dictada por nuestro máximo órgano jurisdiccional, si un servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en contravención de la legislación aplicable, otorga permisos, licencias o autorizaciones para la realización de conductas que lesionan o ponen en peligro el ambiente, podrá ser sujeto de protección y amparo y, en consecuencia, no sería sancionado penal mente por la comisión de la conducta típica descrita en el artículo 217, fracción I, del Código Penal Federal vigente.

En razón de que en la actualización del tipo penal el término indebidamente a que se refiere el artículo 217 es un elemento normativo del tipo sujeto a valoración, que al ser impreciso y ambiguo se puede prestar a que algún comportamiento de un servidor público pueda ser confundido y no tenga una connotación penal.

De tal manera que el servidor público que realice dichos actos administrativos sin dar cumplimiento a la legislación aplicable, en el mejor de los casos sólo sería sujeto de sanciones de carácter administrativo pero no de carácter penal, salvo los delitos previstos en los artículos 414; 415, fracción I; 416, y 420 Ter del Código Penal Federal.

La protección de estos bienes jurídicos resulta necesaria, máxime si consideramos que dentro de la clasificación de los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales se prevé el derecho a tener un ambiente sano y adecuado.

Asimismo, este derecho está consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que ``toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''.

Este derecho resulta relevante para la armonía y el equilibrio social; sobre él está la seguridad, el bienestar y la dignidad de la existencia de la sociedad. En consecuencia, la protección del ambiente hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial del derecho penal.

Por otra parte, es ineludible la observancia del principio de legalidad recogido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que ``en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata''.

El principio de legalidad exige no sólo que los órganos del Estado ajusten el ejercicio de su poder a lo establecido por la ley, sino también que la propia ley penal que se origina por tal ejercicio esté diseñada con claridad y precisión, de suerte que de su contenido se derive certeza jurídica para los gobernados. Lo anterior, a fin de evitar que en lo subsecuente se determine la inconstitucionalidad de algún otro delito por ambigüedad en la norma.

Por ello, y sin el propósito de ser casuista en la descripción de las conductas prohibidas, propongo la creación de un tipo penal conforme al cual se sancione a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, en contravención de lo establecido en la normatividad aplicable, otorguen permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental.

La descripción típica se realizará mediante la adición de un artículo 420 Quinquies al Capítulo Quinto, ``Disposiciones Comunes a los Delitos contra el Ambiente'', del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

A este respecto es importante destacar que aun cuando se trata de un delito en el cual el sujeto activo deberá tener la calidad específica de ``servidor público'', considero que el mencionado delito se debe ubicar en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal y no en el Título Décimo, denominado ``Delitos cometidos por Servidores Públicos'', del citado ordenamiento penal sustantivo, ya que en este título el bien jurídico tutelado es la correcta administración del servicio y función pública, a diferencia del Título Vigésimo Quinto, en el cual en el bien jurídico protegido convergen la salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y, en consecuencia, la vida misma.

Por lo expuesto, con la adición del articulo 420 Quinquies atiendo a la esencia del derecho penal, el cual sanciona determinadas conductas humanas con una pena o medida de seguridad, por cuanto tales conductas lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos que, se considera, deben ser protegidos y que de acuerdo con el principio de fragmentariedad del derecho penal, éste limita su protección a aquellos bienes de carácter fundamental como la integridad física, el patrimonio y, en este caso, el ambiente, de cuya protección depende la supervivencia del género humano.

En este artículo 420 Quinquies se propone establecer como conducta típica ``otorgar en contravención a la normatividad aplicable permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental'' sin que constituya un elemento del tipo que estos permisos, licencias o autorizaciones sean de carácter económico, de acuerdo con el bien jurídico que se busca proteger.

Se trata de un delito en el que el sujeto activo sólo puede ser aquella persona que, además de realizar la acción típica, tenga la calidad exigida en el tipo, que en este caso es la de ``servidor público''.

Conforme a la descripción típica que propongo, el servidor público concede los permisos, licencias o autorizaciones de manera ilegal o contraria a las normas que regulan el acto.

Para tal efecto, será necesario que el servidor público despliegue la conducta típica en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en contravención de la legislación aplicable en materia ambiental, entre otras, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En otras palabras, los permisos, licencias o autorizaciones se otorgan sin observar los procedimientos legales correspondientes; por ejemplo, la fracción III del artículo 418 del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 meses a 9 años de prisión, y por el equivalente de 100 a 3 mil días multa, al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas.

Conforme a este supuesto, el servidor público incurrirá en la comisión de la conducta punible cuando autorice el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin observar lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate, y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua ola disminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.

Es decir, se comete el delito cuando el servidor público autoriza el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin tomar en cuenta los estudios técnicos justificativos, o cuando autoriza el cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años o en menos tiempo, sin que se haya acreditado fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establecen en el reglamento correspondiente.

En términos de lo expuesto, el hecho típico se agota con el otorgamiento ilícito de la licencia, permiso o autorización, con independencia de que se realicen las conductas sobre las que recaen.

Por lo expuesto, y con la finalidad de que no queden impunes conductas que ponen en peligro o lesionan gravemente bienes jurídicos tan importantes como la salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un artículo 420 Quinquies al Código Penal Federal

Artículo Único. Se adiciona un artículo 420 Quinquies al Capítulo Quinto, ``Disposiciones Comunes a los Delitos contra el Ambiente'', del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo Quinto Disposiciones Comunes a los Delitos contra el Ambiente

Artículo 420 Quinquies. Se impondrá pena de tres a doce años de prisión y de cuatrocientos a cuatro mil días multa al servidor público que en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, en contravención de lo establecido en la normatividad aplicable otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental.

Artículo 421. ...

I. a V. ... ... ... ... ...

Artículo 422. ...

Artículo 423. ...''

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A las personas que hayan cometido un delito de los previstos en el presente decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones del Código Penal Federal vigentes al momento de la comisión del delito.

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión, al primer día del mes de marzo de dos mil siete.--- Diputado Alan Notholt Guerrero (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Justicia. Gracias, diputado Alan.

ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

I. Del Proceso Legislativo

a) En sesión de la Honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 19 de diciembre del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma el artículo 6° constitucional, firmada por los diputados Emilio Gamboa Patrón , Héctor Larios Córdova , Javier González Garza , Gloria Lavara Mejía , Alejandro Chanona Burguete , Ricardo Cantú Garza , Miguel Ángel Jiménez Godínez y Aída Marina Arvizu Rivas ; turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

b) Con fecha 4 de enero del año 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva, modifica el trámite dictado a la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

c) En sesión de la Honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 16 de noviembre del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma los artículos 6, 26, 71, 72, 73, 108, 110, 111, 115, 116, 122 de la Constitución, suscrita por la Diputada Erika Larregui Ángel, del Partido Verde Ecologista de México. La Comisión determinó dictaminar esta iniciativa en lo referente al artículo 6° Constitucional ya que los alcances de la misma son de materias diversas.

d) En sesión de mesas directivas de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, celebrada el día 20 de febrero del año 2007, se aprobó por unanimidad de los presentes el proyecto de dictamen que contiene el decreto que adiciona el artículo 6° constitucional.

e) En sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, celebrada el día 28 de febrero del presente año se sometió a discusión y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

II. Materia de la Iniciativa

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO

México es hoy un país democrático pero con una enorme necesidad de cambios y mejoras; por convicción y necesidad, sus ciudadanos aspiran a construir una convivencia colectiva cada vez más incluyente, más abierta y que brinde las garantías propias de una vida en libertad y con justicia. Por eso, la democracia mexicana no puede contentarse con lo adquirido, sino que debe ir en busca de nuevos instrumentos que le den sustento, calidad y viabilidad en el largo plazo. Por eso la democracia mexicana se sigue edificando a través de la expansión de los derechos fundamentales que nos ha heredado la tradición histórica, nacional e internacional, del constitucionalismo democrático: los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos de libertad. Por eso, nuestros derechos deben seguir replanteándose sobre los fundamentos que se encuentran en los valores de la igualdad, la democracia, la paz y la tutela del más débil.¹

El derecho de acceso a la información se inscribe plenamente en esa agenda democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.²

Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información --por quien se vota, qué hace el gobernante electo mediante el voto-- no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustantiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que se encuentra consagrada en nuestro artículo sexto constitucional y cuyos orígenes están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

De este modo, la doctrina moderna, con sustento en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que cabe destacar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen que la concepción moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interrelacionadas, agrupables en dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir mensajes (que supone el derecho a difundir informaciones y opiniones y que toma en cuenta el punto de vista del emisor) y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor).³

Paulatinamente, diversas Constituciones han incorporado, con diferentes versiones, esta nueva concepción de la libertad de expresión. Entre otras, cabe destacar las Constituciones de Alemania, España y Portugal. En otros casos, ha sido la jurisprudencia constitucional o la legislación secundaria, la que ha ampliado el concepto tradicional de la libertad de expresión; así, aunque los textos constitucionales permanecen sin alteraciones, el concepto es radicalmente diferente. Este es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Noruega, Suiza e Italia, entre otros. En América Latina muchas Constituciones han incorporado, con diferentes formulaciones, la libertad de información, por ejemplo Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Finalmente, en el plano internacional, debe destacarse la importancia de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento. Desde 1977, junto con otros artículos de la Constitución y en el marco de la denominada ``reforma política'', se modificó el artículo sexto constitucional para añadirle diez palabras que dicen: ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''. Esta importante adición suscitó en su momento un amplio debate sobre su contenido y alcance que con el tiempo ha sido aclarado, de tal manera que ahora entendemos con mucha mayor claridad cual es el alcance de esa reforma, misma que hoy consideramos necesario perfeccionar.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica de la adición al artículo 6° constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en relación con la matanza de Aguas Blancas en el Estado de Guerrero, estableció que:

``Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas... asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados''.⁴

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícilmente podría haber considerado que los hechos en cuestión constituían una violación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha confirmado plenamente⁵, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así se desprende de la tesis titulada ``Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6º constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente.''<sup>6</sup>. Como toda garantía, este derecho encuentra algunos límites, tales como ``los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros''.⁷

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la información, pero no lo agota.

La reforma constitucional que ahora se dictamina establece las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar y que no son motivo de la presente reforma.

En otras palabras, la iniciativa que ahora se dictamina desarrolla una de las vertientes del derecho a la información --en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental-- pero de ninguna manera pretende agotar los contenidos del derecho antes mencionado, pues como ya se argumentó antes, este se constituye por un conjunto de libertades relacionadas cuya expresión constitucional respecto de algunas de estas se encuentra aún pendiente. Vale la pena añadir, en el mismo sentido, que en la exposición de motivos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública que envió el entonces Presidente Vicente Fox Quesada al Congreso de la Unión, esta situación fue reconocida literalmente. Así, se decía que ``...es importante destacar que la Iniciativa que ahora presentamos a esta soberanía regula una de las vertientes del derecho a la información, a saber, la del acceso a la información del Estado...''⁸.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La promulgación y entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una de las adquisiciones democráticas más importantes de México en los años recientes. Su vigencia ha contribuido a la apertura del Estado, al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación, ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias decisiones y ha ayudado a remover inercias gubernamentales indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad.

Esa ley se ha constituido en una poderosa palanca para la democratización del estado, y su ejemplo ha impactado en otras áreas, instituciones y niveles de gobierno en todo el país, difundiendo una nueva cultura acerca de ``lo público'' entre los ciudadanos y los funcionarios y, como nunca antes, las instituciones difunden, publican y hacen accesible una gran cantidad de información relevante sobre sus actividades. A partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes equivalentes aprobadas por el resto de los Estados de la República, se han establecido condiciones que mejoran, aunque con deficiencias aún importantes, el derecho de los mexicanos de acceder a documentos que testimonian la acción gubernamental y el uso de los recursos públicos.

Los avances en la materia son sustanciales: las casi 185 mil solicitudes atendidas hasta esta fecha a nivel federal, los más de 9 mil recursos de revisión desahogados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y los episodios de apertura en zonas cruciales del estado mexicano así lo demuestran. Los impactos democráticos de la acción de la Ley Federal de Transparencia son muchos y en muy distintas áreas de la actividad estatal: el caso de la masiva transformación de deuda privada en pública dirigida por el IPAB mediante el Fobaproa, el debate entre transparencia y secreto bancario a propósito de los fondos públicos y fideicomisos, el reconocimiento del acceso personal a los expedientes médicos como un derecho irrecusable del paciente, la identificación de los infractores de leyes y reglamentos federales al medio ambiente, a las leyes del transporte, hospitales, etcétera, el conocimiento de las transacciones y contrataciones que hacen las principales empresas públicas del país (como PEMEX), el acceso al expediente del financiamiento del sindicato petrolero, el proceso de toma de decisiones estratégicas en materia de relaciones exteriores, la apertura de los archivos sobre las responsabilidades de la represión política en 1971, el acceso a información de organismos de la sociedad que reciben presupuesto público, la evaluación de la calidad de las escuelas públicas y privadas y un largo etcétera muestra, a las claras, que el acceso a la información es una herramienta socialmente útil, poderosa, indispensable para la democratización de México.

El contenido de la Ley Federal y el proceso de aplicación de la misma tienen un significado profundo que debe subrayarse: hoy, cualquier persona, desde cualquier lugar de la Nación e incluso desde cualquier lugar del mundo, puede preguntar sobre las actividades que realizan las instituciones gubernamentales federales, los resultados que obtienen y la forma en que ejercen sus recursos. Gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, miles de mexicanos de diferentes extracciones sociales y de muy distintas ocupaciones cuentan con un instrumento legal para ejercer su derecho a estar informados de los actos gubernamentales y los funcionarios públicos tienen la obligación de difundir información básica de la institución y entregar la información pública que piden los solicitantes, sin ningún tipo de discriminación por condición social, edad, sexo o alguna otra taxativa. Las leyes de transparencia han demostrado que son instrumentos que disuelven privilegios y que por tanto, se constituyen en elementos de igualación social.

La actual Ley Federal es el resultado de una construcción plural y de una acción legislativa concertada. El compromiso con la transparencia y el acceso a la información ha alcanzado y reforzado un amplio consenso en el ámbito político, social y académico de la Nación. De hecho, pocos temas de debate interno en el país han permitido tal confluencia de fuerzas políticas y prácticamente la unanimidad en el Congreso de la Unión.

Por otra parte, la Ley Federal abrió el camino para que cada entidad federativa fuera incorporándose paulatinamente en la era de la transparencia y el acceso a la información. En el México democrático y pluralista de hoy, pocos temas han visto un desarrollo legal y cultural tan rápido y tan amplio como el de la transparencia. Desde el año 2002, el país ha cursado una larga ruta de construcción jurídica e institucional en todos los Estados de la Federación.

Sin embargo, el desarrollo del derecho de acceso a la información no ha estado exento de problemas, resistencias y deformaciones. Quizás, la dificultad más importante es la heterogeneidad con la que se ha legislado y con la que se ejerce hoy mismo en la entidades y en las instituciones de la República, una diversidad perjudicial para la práctica de un derecho que es fundamental.

Diversos estudios realizados por especialistas⁹ demuestran la existencia de muchísimos puntos de ``falla'', donde las leyes de transparencia no cumplen con sus objetivos, se quiebran y se vuelven débiles; una heterogeneidad indeseable se ha instalado en casi toda la República a falta, por así decirlo, de una ``guía constitucional'' para la construcción del derecho.

Hasta cierto punto, el hecho era previsible, pues se trata de la primera construcción institucional que ocurre en un ambiente de amplia libertad para los Congresos estatales en donde cada uno de ellos, en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, ha determinado el contenido de su legislación en la materia. Es decir, la construcción del andamiaje legal se ha dado por iniciativa de los gobiernos, los legisladores, la política local y de las prioridades institucionales propias, sin que medie ninguna intervención ni injerencia de un ``centro'' regulador o de la Federación.

La rutina democrática que posibilita pedir información a los gobiernos sin limitaciones, luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha adquirido las más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos institucionales, los límites, la apertura, la tecnología disponible y los documentos accesibles son muy distintos, por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Puede un derecho fundamental tener tantas versiones como gobiernos, jurisdicciones administrativas y soberanías? ¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan subrayado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de residencia o del nacimiento de una persona?

Gracias al impulso de las universidades y las comisiones o institutos de transparencia locales y el federal, el país ha podido discutir y ventilar esta problemática, en distintos foros públicos, con especialistas, gobernadores, alcaldes, académicos, organismos de la sociedad y con las autoridades locales en materia de transparencia. De ese trabajo nacional, cuyo principal antecedente es la ``Declaración de Guadalajara'' firmada por tres Gobernadores, emergió un consenso: conviene intentar un segundo impulso, consolidar lo avanzado, al mismo tiempo que se elevan las condiciones y las exigencias mínimas que deben ser cumplidas por todas las legislaciones del país y por la práctica de todos los niveles de gobierno. No una homogeneidad forzada, pero sí un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la democracia mexicana. El curso de esta propuesta cuenta con los siguientes antecedentes:

1. La Declaración de Guadalajara

Al concluir el Primer Foro Nacional de Transparencia Local, celebrado en la capital del Estado de Jalisco, tres Gobernadores, de tres Estados y de tres partidos políticos distintos (Amalia García Medina de Zacatecas, Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes y José Reyes Baeza Terrazas de Chihuahua), firmaron el 22 de noviembre del año 2005 un importante documento, conocido como la ``Declaración de Guadalajara'', en la que después de un diagnóstico completo sobre las leyes locales y de las reglamentaciones municipales, se propone una reforma constitucional que incorpore al texto fundamental el derecho de acceso a la información pública y los requisitos mínimos a cumplir en y por toda la República, a saber:

Otorgar a todo mexicano y a toda persona los mismos derechos: sujetar las leyes a los principios de máxima publicidad y gratuidad.

Facilitar al máximo la solicitud de información sin condicionantes artificiales, como la exigencia de demostrar personalidad, firma, identificación o interés jurídico.

Poner a disposición del público todas las modalidades para tramitar solicitudes de información, incluyendo las herramientas electrónicas.

Crear instancias profesionales, autónomas e imparciales para generar una cultura de transparencia y garantizar el acceso a la información en caso de controversia.

Establecer sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información.

La obligación de todos los órganos públicos de transparentar los principales indicadores de gestión.

Asegurar la protección de los datos personales.

Explícitamente, se trata de tomar una ruta que México ya exploró con razonable éxito en materia electoral (cuando en 1996 fueron incorporados a la Carta Magna una serie de mecanismos de control de constitucionalidad y un catálogo de principios y bases obligatorias en todas las legislaciones locales).

Los mandatarios estatales firmantes de la Declaración establecieron el compromiso de difundir la propuesta y promover su adopción entre sus homólogos de otras entidades federativas.

2. XXVII, Reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

Con el impulso de la ``Declaración de Guadalajara'' el tema llegó a la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Guanajuato durante el mes de marzo de 2006.

En esa reunión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) tuvo ocasión de exponer lo siguiente:

``En México el acceso a la información fue engendrado por el consenso de todos los partidos políticos. La Ley Federal de Transparencia tuvo un nacimiento unánime. Este hecho explica su fortaleza y también, su expansión a lo largo y ancho de la República. Aunque no existía ninguna obligación expresa, hoy, 28 Estados de la República tienen en marcha una ley de transparencia y cuatro más ya la discuten en sus Congresos, precisamente porque estas leyes y este derecho no son el monopolio de ningún partido, ni de ningún gobierno, sino el síntoma de un acuerdo verdaderamente nacional. Por eso la transparencia no se ha quedado como una idea genial de una administración, sino que la hemos convertido en un derecho individual, en una rama de nuestra legislación, al mismo tiempo que en una política pública.

Gobiernos estatales del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos, legislaturas locales, ciudades, capitales, municipios, responden a la exigencia y se incorporan al torrente de esta construcción legal e institucional que ha dejado una huella más profunda y duradera de lo que se preveía hace apenas algunos años, justamente porque se transformó en un derecho y una política asociada a la democratización... No obstante, estamos apenas en el comienzo de un largo camino. Hay que decirlo con todas sus letras: la apertura no ha sido tersa, ni indolora, ni homogénea en nuestro país. Detrás del propósito general de la transparencia, han surgido problemas de diseño institucional, dificultades operativas y visiones jurídicas muy diferentes que al comenzar el año 2006, representan ya todo un tema de la agenda política nacional... El panorama que muestran las 28 legislaciones estatales y la federal misma, es incipiente, incompleto y fragmentario. No podemos hablar aún de un criterio compartido por todas las entidades ni tampoco de una política madura que recorra ya la geografía política del país''.

Los 26 mandatarios presentes y seis representantes de gobiernos estatales decidieron dar continuidad a la propuesta de reforma constitucional e inscribirla a la agenda de trabajo de 2006 de la CONAGO.

3. La Iniciativa de Chihuahua

Meses después, la Iniciativa de Chihuahua se hizo pública el 10 de noviembre de 2006 en el marco del Segundo Congreso de Transparencia Local, que tuvo lugar en aquella entidad. El documento fue firmado por los Gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas y se sumaron el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera, y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas. En la propuesta, los cinco mandatarios dicen:

``La transparencia y el acceso a la información constituyen la conquista más importante de la sociedad y la política mexicanas en los últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del estado y un salto en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Juntos materializan un derecho moderno, que forma parte de la nueva cultura política y cívica de los mexicanos.

Como se sabe, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y han sido aprobadas 28 leyes estatales a lo largo y ancho del país, con mayorías diversas pertenecientes a todas las fuerzas políticas de México. Estos hechos demuestran que la transparencia no se trata de una bandera partidista, sino de un auténtico acuerdo nacional para transformar y democratizar al estado en todos sus niveles, gobierne quien gobierne y para el largo plazo.

Los Gobernadores que suscribimos esta iniciativa de cambio constitucional estamos convencidos que este tema no sólo es crucial para la calidad de la democracia mexicana sino que constituye una de las oportunidades más importantes, que puede ayudar a recomponer las relaciones políticas de nuestro país, mostrando la viabilidad de los acuerdos fundadores de nuestro futuro democrático.

Creemos, además, que nada sería más sano para la vida económica, social y política de nuestro país, que el ejemplo de la transparencia se extendiera a todos los niveles de gobierno, para que las entidades federativas y los municipios hicieran crecer este valor democrático con el mismo éxito y a la misma velocidad.

Sostenemos que es una alta tarea nacional desarrollar todo tipo de iniciativas públicas y sociales para hacer avanzar al acceso a la información y la transparencia local. Que los Estados del país deben colocar estos temas como prioridad indiscutible de sus gobiernos, pues el alcance de tales derechos no podrá ser completo sin un entramado legal e institucional en el nivel estatal. Sin esa obra política, los grandes objetivos de la transparencia -el seguimiento puntual de los recursos y de las acciones gubernamentales- quedarían truncos.

Sostenemos que transparencia y acceso a la información son asideros importantes para concretar un nuevo compromiso de las relaciones federales en México, esto es: que las nuevas responsabilidades y obligaciones que han ganado los Estados de la República deben corresponderse con mayores recursos; en contraparte, que este mayor ejercicio presupuestal debe estar sellado por la transparencia y el acceso a la información.

Transparencia y acceso a la información serían, así, parte medular del nuevo federalismo que buscamos: un federalismo que otorgue más recursos a los gobiernos locales, un federalismo más eficiente, un federalismo con más obligaciones para todos y un federalismo vigilado, evaluado por la propia ciudadanía. Y más que eso: los Gobernadores que suscribimos esta iniciativa consideramos que el acceso a la información y la transparencia son, sobre todo, un derecho fundamental, que no puede multiplicarse ni replicarse en decenas de versiones para su ejercicio. Precisamente porque está en la base de nuestra convivencia democrática, es necesario construir un derecho, ejercido del mismo modo y con las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país.

Para avanzar en estos propósitos que, insistimos, no son los de un partido o de un gobierno, sino genuinas tareas de la Nación para toda una generación, proponemos esta reforma constitucional que plasme obligaciones mínimas e iguales de transparencia, a ser cumplidas por todos los gobiernos del país: el federal, el estatal y el municipal.

Al aprobarse la Ley Federal de Transparencia (y no una ley general) las legislaturas y los gobiernos locales adquirieron un compromiso que no puede ser evadido: construir instituciones a la altura de la exigencia nacional.

La iniciativa que sometemos a la consideración de las soberanías estatales y por su vía, al Constituyente Permanente, busca recoger las bases de los consensos nacionales e internacionales sobre los principios mínimos indispensables en la materia y permiten a cada institución del estado, a la administración pública federal, a los otros Poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos y a las entidades federativas, construir sobre ellos las mejores condiciones para el ejercicio del acceso a la información.

De manera particular, los principios que en la materia se proponen son los siguientes:

a) Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público.

b) Acceso a la información de todos los órganos del estado y los partidos políticos.

c) Un procedimiento expedito para el acceso a la información.

d) Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos personales.

e) Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión.

f) Prueba de daño y de interés público.

g) Sanciones administrativas para los servidores públicos.

h) Obligación de proporcionar información.

i) La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

j) Protección de la vida privada...''

La idea original, expresada por los Gobernadores, es que la iniciativa fuera presentada en los Congresos de cada entidad participante en la firma, para después presentarla en el Congreso de la Unión desde los Poderes Legislativos locales.

No obstante, por iniciativa de los Diputados Federales presentes en el Segundo Congreso Nacional de Transparencia Local, Arnoldo Ochoa González del PRI, Luis Gustavo Parra Noriega del PAN y Aída Marina Arvizu Rivas del Partido Alternativa, se propuso organizar una reunión de trabajo de los Gobernadores firmantes con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el fin de exponer directamente a sus integrantes el contenido de la misma, para iniciar cuanto antes el trabajo legislativo para la reforma del artículo sexto de la Constitución.

La iniciativa de los Gobernadores, conocida como la ``Iniciativa de Chihuahua'', fue expuesta en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, bajo las siguientes bases:

La información en posesión de todos los órganos del estado y de los partidos políticos es pública,

La información gubernamental está sujeta a las reservas temporales que por razones de interés público establezca la ley;

La información que se refiera a la vida privada y los datos personales se considerará como confidencial y será de acceso restringido en los términos que fije la ley;

Un procedimiento expedito que incluya todas las posibilidades de solicitud (vía electrónica incluida) ante todos los órganos del Estado, federal, estatal y municipal, y los partidos políticos, que permita la emisión de la respuesta correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, prorrogable por una sola vez hasta por un período igual siempre que existan razones que lo motiven, para que cualquier persona solicite el acceso a la información, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización;

Un procedimiento expedito (vía electrónica incluida) para que cualquier persona solicite acceso o rectificación de sus datos personales en posesión de cualquier órgano del estado o partido político;

Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables a las solicitudes previstas en las fracciones III y IV de este artículo, que se substancie en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles y ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión;

Los casos de conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar reserva o confidencialidad de la información, se resolverán evaluando el daño que pudiera causar la difusión de la información o bien, acreditando causas de interés público, según sea el caso;

Se considerará como infracción grave, ocultar o negar dolosamente información pública gubernamental, para efectos de la imposición de las sanciones que establezcan las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

La obligación de todos los órganos del estado de poner a disposición del público y de mantener actualizados sus principales indicadores de gestión, así como la obligación de dichos órganos y de los partidos políticos de proporcionar información sobre sus actividades, a través de medios electrónicos, que procure una adecuada rendición de cuentas;

La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Federación y las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto, conforme a las bases que establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se adiciona por medio del presente ordenamiento.

4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El 16 de noviembre de 2006, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura tomó un acuerdo para su presentación y adopción por el Pleno de la Cámara de Diputados, en el sentido de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia. El acuerdo expone, entre otras consideraciones, el hecho de que ``Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango constitucional, obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso a la información''.

5. Aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de la propuesta de la Junta de Coordinación Política

El 28 de noviembre de 2006, se presentó y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en cuyo texto se argumenta la necesidad de la reforma al artículo sexto de la Constitución, en atención al problema de la heterogeneidad en las leyes de transparencia en México. Dice el acuerdo:

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, se adicionó el artículo 6 de la Constitución General, para consagrar el derecho a la información como una garantía individual.

2. Que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto vinculatorios como declarativos, en los que se señala el derecho a la información como un derecho universalmente reconocido e inherente a los regímenes democráticos.

3. Que el derecho a la información, en tanto garantía fundamental de toda persona, implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el derecho a escoger de entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de expresión y de imprenta; el derecho de asociación con fines informativos, así como el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna, es decir, el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado.

4. Que ante el impulso de la sociedad y la conjunción de la voluntad en los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, se expidió en el año 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es -como su denominación lo establece- de carácter federal, es decir, que establece derechos, facultades y obligaciones exclusivamente para órganos federales.

5. Que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha tenido resultados benéficos importantes para fomentar la eficiencia en la administración pública y la rendición de cuentas, además de constituir un mecanismo inmejorable para el combate a la corrupción y, por ende, contribuye a la construcción de un estado más democrático y justo en todos los ámbitos de gobierno.

6. Que en las entidades federativas es deseable que las legislaciones en la materia busquen establecer principios fundamentales y generales para lograr una homologación del derecho de acceso a la información y que los particulares tengan garantías en el ejercicio del mismo.

7. Que legislar y fortalecer los instrumentos y mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, otorga a los gobernados herramientas indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del estado y para evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo, además de que genera realmente una ciudadanía responsable y participativa que exige rendición de cuentas a sus gobernantes.

8. Que la protección, respeto y eficacia de un derecho fundamental requiere su fortalecimiento y revisión a la luz de las nuevas experiencias, cambio y evolución de nuestra sociedad.

9. Que a la fecha se han presentado diversas iniciativas por parte de Diputados de diversos grupos parlamentarios, a efecto de ensanchar y perfeccionar el derecho a la información, así como los instrumentos y medios para hacerlo efectivo.

10. Que en fecha reciente, Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango constitucional obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso a la información, misma que es coincidente con la visión que al respecto ha manifestado el órgano responsable de tutelar dicho derecho en el ámbito federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental de derecho a la información buscando promover los consensos que permitan aprobar aquellas.

Segundo. Los distintos grupos parlamentarios manifestamos que es de considerarse la iniciativa plural en materia de transparencia y acceso a la información que han presentado a la opinión pública en días pasados en la ciudad de Chihuahua, distintos Gobernadores de varias fuerzas políticas para impulsar los entendimientos necesarios que logren el establecimiento en nuestra Norma Suprema de principios mínimos y uniformes observables en todo el territorio nacional.

6. Presentación de la Iniciativa de Chihuahua en la Cámara de Diputados

En un evento que contó con la participación de diversos sectores en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2006, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, en nombre de sus homólogos firmantes, presentó la Iniciativa de Chihuahua a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legisladores de siete fracciones parlamentarias. También asistieron al evento Comisionados y funcionarios de diez órganos de transparencia y acceso a la información pública en los Estados, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del IFAI.

En respuesta a la intervención del Gobernador de Chihuahua, el Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado Emilio Gamboa Patrón , se comprometió a presentar la Iniciativa ante el Pleno de la Cámara como una propuesta plural de los integrantes de la Junta, dado que se trata de un tema que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas.

7. Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

El mismo 13 de diciembre del 2006, una comisión del IFAI integrada por el Comisionado Presidente del IFAI, la Comisionada María Marván Laborde y los Secretarios Ejecutivo y de Acuerdos del mismo Instituto, fueron invitados por el Diputado Raymundo Cárdenas Hernández , Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a una reunión que tuvo lugar acto seguido del evento celebrado por la Junta de Coordinación Política. En ella, el Diputado Cárdenas conoció la Iniciativa de Chihuahua y fue informado del acuerdo al que se arribó minutos antes con los integrantes de la referida Junta.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales expresó que se trata de ``un tema maduro, respaldado por un amplio consenso'' y que estaría atento a la presentación formal de la iniciativa y darle al tema la mayor importancia en la agenda de trabajos de la Comisión.

8. Presentación de la Iniciativa en el Pleno de la Cámara de Diputados y envío a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen

El 19 de diciembre de 2006 se presentó en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución firmada por los Coordinadores de las fracciones parlamentarias de los ocho partidos políticos, en cumplimiento del compromiso que establecieron los mismos durante la reunión de presentación de la Iniciativa de Chihuahua ante la Junta de Coordinación Política. A partir de esa fecha, la propuesta de reforma constitucional pasó de ser una propuesta de cinco mandatarios estatales a una iniciativa presentada por todas las fuerzas políticas con asiento en la Cámara de Diputados.

9. Iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictamen en proceso

El 21 de diciembre de 2006, la Comisión de Puntos Constitucionales celebró una reunión donde, entre otros puntos, sus integrantes analizaron la iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución. Acordaron incluirla como prioridad en la agenda legislativa del próximo período de sesiones.

10. Reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales

El siete de febrero del año 2007, la Comisión de Puntos Constitucionales organizó una reunión de trabajo conjunta con la Comisión de la Función Pública y con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. A la reunión fueron invitados a exponer sus puntos de vista los Comisionados del IFAI y otros expertos nacionales, para enriquecer los argumentos con que cuentan los Diputados que realizarán el dictamen de la iniciativa. El acuerdo central de esta reunión fue la conformación de una comisión especial para elaborar una propuesta de redacción que se apegase a los principios emitidos en la Iniciativa de Chihuahua y recuperase las observaciones de los Diputados presentes y de los especialistas consultados, de tal manera que se contase con una redacción de consenso en los términos legislativos más apropiados.

La comisión de redacción estuvo compuesta por los Diputados César Camacho Quiroz (PRI), Gustavo Parra Noriega (PAN) y Victorio Montalvo Rojas (PRD).

Resumiendo: en el curso de los dos últimos meses del año pasado, la Cámara de Diputados tuvo noticia y acogió la Iniciativa de Chihuahua. Los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política de este cuerpo legislativo recibieron y retomaron en su parte medular dicha iniciativa y la presentaron formalmente ante el Pleno. En el mismo momento de la recepción de la propuesta de los cinco mandatarios estatales, los legisladores expresaron su acuerdo general con los principios que contiene y fueron concientes de la importancia política de hacerla suya en los términos en que fue formulada, dejando la tarea de perfeccionar su contenido al trabajo legislativo de las comisiones responsables de su dictamen. Es decir, la presentación ante el Pleno se hizo cargo del valor que tenía la iniciativa al provenir de cinco mandatarios de la República, al mismo tiempo que reconocía la necesidad de mejorarla desde el punto de vista de la técnica legislativa.

Las razones que explican la nueva expresión de la iniciativa motivo de este dictamen, obedecen a razones de orden técnico constitucional y al debate que se generó entre los legisladores y expertos, que permitió mejorar el texto originalmente propuesto¹⁰. De ahí la necesidad y conveniencia de formar una comisión redactora que asumiera la tarea de perfeccionar el texto de la Iniciativa.

IV. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada ante esta soberanía tiene indudables méritos y una enorme importancia política por venir de cinco mandatarios estatales y por su pluralidad política. No obstante, una revisión técnica cuidadosa y las diversas contribuciones de los Diputados que integran las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública permitieron enriquecer y precisar el alcance de la reforma que ahora se dictamina.

La redacción que ahora se propone busca ser más concisa y ordenada, respeta la secuencia natural del párrafo inicial del artículo sexto constitucional que no se modifica, y separa con mayor precisión los principios de las bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

La nueva versión incluye de un modo explícito y congruente las bases principales para el funcionamiento de los mecanismos clave para la publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal. Como ya se expuso, la necesaria definición y correcta operación de estas bases será decisiva en las entidades federativas con mejores prácticas en la transparencia y el acceso a la información.

Así pues, cabe destacar que la adición buscada en el texto del artículo sexto constitucional tiene una implicación de grandes consecuencias para el país, a saber: consolidar la idea de que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe ser reconocido en la Constitución como una garantía de los individuos frente al estado mexicano en todos sus niveles, poderes, órganos y entidades.

De manera oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública lo planteó de otro modo: la reforma constitucional al artículo sexto trata de:

``...impulsar una idea central del desarrollo institucional de México: que el acceso a la información es un valor que está por encima de los intereses particulares, de instituciones, funcionarios y personas morales; que el acceso es un bien público y por lo tanto, cuenta con una tutela privilegiada en nuestro edificio legal. Es decir: que pertenece y debe pertenecer a la Constitución''

El texto que ahora se dictamina, con base en la propuesta elaborada por los cinco mandatarios firmantes de la Iniciativa de Chihuahua, y luego asumida y planteada por los ocho Coordinadores Parlamentarios de la LX Legislatura, concentra un espíritu federalista y democrático inocultable: se trata de reconocer un derecho de todos los mexicanos y que el mismo derecho y la misma regla democrática impere en todo el territorio nacional, sin excepciones, pero sin menoscabo de las soberanías estatales ni de la autonomía de los poderes o de las instituciones.

PRINCIPIOS Y BASES

La iniciativa que se dictamina, surge de un análisis pormenorizado y exhaustivo de una problemática nacional que no debemos aceptar: luego de cuatro años de marcha de las leyes de transparencia y acceso a la información, se ha cristalizado una heterogeneidad manifiesta y perjudicial de los cimientos para el ejercicio del derecho, que contienen diversas leyes, tanto federal como estatales.

Y la iniciativa surge también de la lectura de estudios académicos comparados en torno a los principios nacionales e internacionales consagrados y las mejores prácticas gubernamentales en el mundo. Así, dado el avance del conocimiento y una problemática ostensible, se busca establecer un mínimo a nivel nacional que garantice un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

La adición de un nuevo párrafo al artículo sexto constitucional sigue, en términos generales, el esquema que contiene el artículo 41 del mismo ordenamiento en materia electoral: la Constitución establece los estándares mínimos que deben organizar la materia, dejando a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, la capacidad para establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen la efectividad del sufragio, en un caso, y el ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en el otro. Así, se permite que esos órdenes de gobierno pueden y deben precisar lo conducente (incluso ampliarlo), ya sea en la legislación vigente o en aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma tal que expresen mejor las condiciones específicas aplicables a cada una de ellas.

Es importante destacar que se trata de garantizar sin evasivas un derecho fundamental y que por tanto, corresponde a las legislaturas, federal y estatales, el desarrollo del contenido de esas leyes. Este dictamen parte de la convicción inequívoca de que en materia de acceso a la información pública, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo establecido por esta Constitución y a las leyes locales que se expidan para tal efecto. Inequívocamente: se busca establecer un mínimo a nivel nacional que haga congruente, coherente y no contradictorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Es de hacerse notar que en esta materia, los procedimientos resultan decisivos, y por eso la redacción no podía limitarse, solamente, a una enunciación ortodoxa de los principios. En los requisitos para solicitar información, en el costo de la reproducción de los documentos, en la falta de medios electrónicos para consultar a los gobiernos, en la inexistencia de autoridades que corrijan a otras autoridades y garanticen la apertura informativa, en la ausencia de plazos perentorios para entregar la información, etcétera, se ha jugado la vigencia práctica --o la inutilidad y el fracaso- de las distintas leyes de transparencia en México. Por eso, resultaba obligado colocar en los mínimos constitucionales, también a los mecanismos y procedimientos indispensables.

Como se detalla adelante, las tres primeras fracciones contienen los principios fundamentales que dan contenido básico al derecho. Por su parte, las fracciones cuarta, quinta y sexta desarrollan las bases operativas que deberán contener las leyes en la materia para hacer del derecho una realidad viable, efectiva y vigente.

LOS PRINCIPIOS

1) Fracción primera. Contiene el principio básico que anima la reforma, toda la información en posesión de los órganos del estado mexicano es pública. Se rompe así, radicalmente, con las concepciones patrimonialistas o cerradas de la información, y se confirma un principio democrático básico, que consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.

Por tratarse de la constitucionalización de un derecho fundamental, resulta muy importante precisar quiénes son los sujetos obligados para quienes jurídicamente se hace exigible la facultad de informar. Puede afirmarse que este comprende a todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos federal, estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública federal, estatal o municipal.

Para evitar una redacción demasiado compleja en el texto constitucional, se convino que la frase ``cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal'', comprendía todo el universo de los sujetos obligados.

Es necesario puntualizar que el sentido de la reforma al incluir el término ``entidades'' no se refiere a todas aquellas que están contenidas en la Constitución, ya que es voluntad de esta Legislatura que se incluyan para la interpretación de dicho término, aquellas del sector paraestatal contenidas en la Constitución, tales como organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Dejando claro que no se refiere a entidades de interés público a las que hace mención el artículo 41 de la Constitución, toda vez que ya están reguladas por ésta y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El término posesión, al que se refiere la fracción primera del dictamen, parte del hecho de que toda la información que detente un servidor público, ya sea por que generó el mismo o porque recibió de otra institución, organización o particular, debe considerarse como información pública y por lo mismo debe estar a disposición de todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinen por causa de interés público o la relativa a datos personales.

Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite algunas excepciones¹⁵. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse de manera temporal. Este es, por ejemplo, el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes.

Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de manera restringida y limitadas, es decir su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesario para la protección de un interés público preponderante y claro. Por ello, tienen una naturaleza temporal y bien circunscrita que deberá establecer con precisión la ley secundaria. Adicionalmente, el único órgano con capacidad y legitimado para establecer esas limitaciones es el Poder Legislativo. En este sentido, la iniciativa establece una reserva de ley que impide que órganos distintos al legislativo puedan ampliar el catálogo de excepciones.

Finalmente, la fracción primera establece un principio de interpretación en el sentido que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Es un precepto que se deriva lógicamente del principio de publicidad de la información gubernamental. Por eso, las excepciones deben ser aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación. En la práctica pueden suscitarse dudas legítimas sobre el alcance de las excepciones. Por ello, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, optar por la publicidad de la información. En ese sentido, la interpretación del principio establecido en la fracción I de la iniciativa que se dictamina implicará que los sujetos obligados, en el caso de duda entre la publicidad o reserva de la información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.

2) La fracción segunda. En ella se establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los datos personales.¹⁷ La primera se refiere al ámbito de privacidad de las personas respecto de la intervención tanto del estado como de otros particulares. Los datos personales, en cambio, son una expresión de la privacidad.

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho. Así es perfectamente posible considerar que cierta información privada o datos personales, que adquieran un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos que al efecto determine la ley. Este es el caso, por ejemplo, de los registros públicos de la propiedad, de los salarios de los funcionarios públicos o bien de la regulación del ejercicio del consentimiento del titular de la información para que esta pueda ser divulgada. En otras palabras, existen circunstancias en que, por ministerio la ley, los datos personales podrán ser divulgados sin el consentimiento del titular.

En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, algunos datos personales, puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine que existen razones particulares que justifiquen su divulgación, previa garantía de audiencia del implicado. De cualquier forma, las autoridades deberán realizar una cuidadosa ponderación que justifique el hecho de que una información que pertenece al ámbito privado, puede ser divulgada por así convenir al interés público.

3) Fracción tercera. Se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información, y de acceso y rectificación de datos personales, no pueden estar condicionados; no se debe requerir al gobernado identificación alguna, ni acreditación de un interés y tampoco justificación de su posterior utilización. No se puede por ello establecer condiciones que permitan a la autoridad, de manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información. En todo caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a otras leyes.

En consecuencia, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de estos derechos implica, en el caso de información, que la calidad de pública o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la solicite (sujeto), sino a la naturaleza de aquélla (objeto), y en el caso de datos personales, únicamente se requerirá acreditar la identidad de su titular para su acceso y la procedencia de su rectificación, en su caso. Esta hipótesis procede tanto en el ámbito de los órganos públicos como de aquellos privados que manejen datos personales.

La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación de los datos personales. Resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información.

LAS BASES

4) Fracción cuarta. A partir de esta fracción, se desarrollan las bases operativas que deberán desarrollar las leyes para el ejercicio del derecho. El primer aspecto es el desarrollo de mecanismos de acceso que permitan a cualquier persona realizar y obtener de manera expedita el acceso a la información, a sus datos personales o la rectificación de estos últimos. Por otro lado, ante la eventual negativa de acceso o la entrega de información incompleta, por ejemplo, las leyes deberán desarrollar un mecanismo de revisión, también expedito, ante un órgano u organismo especializado y con ciertas características que se detallan adelante.

Es importante hacer notar que el procedimiento de acceso y rectificación de datos personales presenta una diferencia fundamental con el de acceso a la información, y es que la única persona legitimada para acceder o para rectificar sus datos personales es el titular de los mismos o su representante legal.

4.1.) Los órganos garantes. La fracción IV dispone también el establecimiento de procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales que gocen de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. La experiencia nacional e internacional en materia de acceso a la información muestra que existen múltiples razones por las cuales un sujeto obligado puede negar el acceso a la información solicitada, o bien el acceso o la modificación de registros con datos personales. Ello obliga a la implementación de procedimientos ágiles de revisión de las decisiones, que incluyan, al igual que en el caso de solicitudes de acceso, la promoción del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos.

Aunque existen varios modelos para lograrlo en otras partes del mundo, si nos atenemos a la experiencia mexicana y sus resultados de los últimos años, puede afirmarse que resulta absolutamente crucial la existencia de organismos especializados en la materia y cuyas resoluciones sean vinculantes para los sujetos obligados.

Estos órganos u organismos deben de reunir ciertas características. Una primera es la especialización, que garantiza que los tomadores de decisión tendrán el conocimiento especializado necesario para valorar adecuadamente los casos que se presenten. El segundo elemento, no menos importante, es la imparcialidad, que busca asegurar que tanto en la integración como en la operación, los órganos u organismos no responderán a consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad y que actuarán de manera profesional y objetiva.

Para lograrlo, la reforma establece que los órganos gozarán de tres autonomías, orientadas a garantizar estas cualidades: operativa que consiste en la administración responsable con criterios propios; de gestión presupuestaria que se refiere a la aprobación de sus proyectos de presupuesto, ejercer su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia sujetandose a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes, autorizar adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto, en caso de disminución de ingresos, atendiendo a sus competencia conforme a la Ley, y finalmente la de decisión, que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio independiente debidamente fundado y motivado, al margen de las autoridades en turno.

Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organismo. Esto no fue casual: responde a una distinción técnicamente importante. Los organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e independencia. El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos a los denominados organismos constitucionales, así como a los organismos descentralizados, constituidos en el ámbito de la administración pública.

Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública, no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota de facultades para su actuación y decisión, asimismo imparcial.

En este sentido, la Constitución otorga a las legislaturas una flexibilidad suficiente para que creen un diseño institucional que puede adoptar diversas modalidades, sea a través de la creación de organismos autónomos que tengan competencia sobre todos los poderes y autoridades (situación que ya existe en algunas entidades federativas) o bien dejar que algunos de los poderes en la Federación creen sus propios órganos para sustanciar los recursos de revisión. La condición crucial es que estos órganos u organismos reúnan las características señaladas en la iniciativa: especialización, imparcialidad y autonomía operativa, de gestión presupuestal y de decisión.

La intención de colocar el imperativo de imparcialidad como característica absolutamente obligada de los órganos u organismos que resuelvan las controversias y garanticen el derecho de acceso a la información, es doble: por una parte, se trata de que la integración de dichas instancias tenga lugar a través de un procedimiento abierto y transparente, mediante el cual la institución alcance la mayor independencia en relación con los sujetos obligados y el gobierno de que se trate.

Imparcialidad también en su funcionamiento, a través del compromiso inequívoco con la apertura de las acciones gubernamentales y de la aplicación constante del principio de máxima publicidad en la resolución de diferendos. En todo caso, la objetividad en su trabajo, la autonomía de sus decisiones y la aplicación constante de los principios de apertura, han de configurar la acción de las instancias que se crearán al amparo del artículo sexto.

En todo caso, se trata de contar con instrumentos jurídicos, institucionales, humanos y materiales, para poner en el centro de la vida pública, lo mismo en la Federación que en los Estados, al tema de la transparencia en la vida pública. La indicativa garantiza que la ciudadanía, sin distingos, cuente con autoridades especializadas que en plazos perentorios se pronuncien sobre la publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada. Dichas instituciones se crean no sólo para hacer especialmente expedito el uso del derecho a la información sino también para crear la atención entre la ciudadanía en torno a sus resoluciones y con su empeño en generar una pedagogía social que construya una cultura de la transparencia entre ciudadanos y funcionarios con la aplicación cabal del principio constitucional de máxima publicidad de la información pública gubernamental.

Debe reconocerse que la iniciativa originalmente preveía que las respuestas a la solicitudes de acceso y la resolución de las controversias que se susciten, tendrían que formularse en veinte y en cuarenta días hábiles, respectivamente. La discusión de los Diputados arrojó que no resultaba conveniente establecer en la Constitución tales plazos. No obstante, se determinó que en todo caso dichos procedimientos serían siempre expeditos. De esa forma, tanto la Federación como cada entidad federativa podrán precisar en sus leyes los plazos aplicables dentro del marco de referencia antes señalado, es decir, dentro de un marco expedito. En caso de controversia, corresponderá al Poder Judicial de la Federación, a través de la interpretación jurisdiccional, determinar cuando un procedimiento tiene este carácter.

Asimismo, no debe olvidarse que, por diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el Poder Judicial de la Federación.

5) Fracción quinta. Esta parte de la iniciativa supone una política de estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello no se limita a colocar la obligación para todos los órganos e instancias del estado, de entregar la información gubernamental previa solicitud de un particular, sino que da un paso más allá: establece que todos ellos deberán proporcionar a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos sus principales indicadores de gestión, así como información sobre sus actividades que procure una adecuada rendición de cuentas.

El derecho de acceso a la información está íntimamente vinculado con los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, pero no deben confundirse. Podemos por ejemplo, imaginar un sistema de círculos concéntricos. Al centro se encuentra el ``derecho de acceso a la información'' que es un derecho fundamental y supone la potestad del ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación correlativa de éstas de responderle. El segundo círculo corresponde a la transparencia, que incluye el derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio pues implica una política pública que busca maximizar el uso público de la información y que debería proveer las razones que justifican una acción o decisión determinadas. Un tercer círculo, más amplio, es el de la rendición de cuentas. Como explicamos, incluye a la transparencia pero contiene una dimensión adicional, que es la sanción como un elemento constitutivo. Finalmente todo se da en el marco de las instituciones de la gobernanza democrática.¹⁹

Con tales condiciones se cumple con uno de los postulados básicos del derecho de acceso a la información que supone la obligación de los órganos e instancias del estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados.

Con frecuencia se ha entendido que el objeto fundamental del derecho de acceso a la información se limita a una supervisión de gasto público. Sin duda este es un aspecto crucial pues supone el control ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo esta iniciativa va más allá pues si bien comprende sin lugar a dudas el acceso a la información sobre los recursos públicos, es inclusiva de toda la actividad gubernamental, no solo aquella ligada directamente al ejercicio de los recursos públicos. Comprende así, por ejemplo, una cabal rendición de cuentas de la actividad legislativa y judicial, de los objetivos y planes gubernamentales o de la razones de las decisiones de gobierno.

Esta condición amplía el ejercicio de rendición de cuentas al que están obligados los órganos e instituciones del estado, así como sus servidores públicos; se avanza en la transparencia y rendición de cuentas de la actuación gubernamental, al establecer como obligación la publicación de información pública que los particulares puedan obtener de manera directa y sin mediar solicitud alguna.

La misma fracción apunta a otro elemento central en la posibilidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la información, y es que los sujetos obligados cuenten con archivos administrativos actualizados y confiables. En esta materia resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información permiten hoy concebir a los archivos, ya no como meros depositarios de documentos, sino como auténticos sistemas de gestión documental que además pueden producir información útil, en cualquier momento, para la propia organización administrativa e incluso, para la toma de decisiones. La federación y las entidades federativas podrán así generar las leyes necesarias, y los municipios los reglamentos de archivos indispensables, para darle vigencia al derecho de acceso a la información.

En resumen: esta iniciativa establece de manera específica la obligación de los órganos e instituciones del estado de contar con archivos administrativos, que documenten sus actividades, faciliten una mejor gestión y finalmente aseguren una adecuada rendición de cuentas y la localización fácil y expedita de los documentos que se soliciten.

6) Fracción sexta. La fracción VI de la iniciativa que se dictamina, establece que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, estas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada, por lo que se considerarían incluidos las propias autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y municipales, los partidos políticos y otras instituciones de interés público, así como organizaciones no gubernamentales, sociedades, asociaciones y fundaciones entre muchos otros.

Lo anterior implica que la transparencia del ejercicio de los recursos públicos se extiende en algunos casos -mismos que determinarán las leyes específicas- a las personas físicas o morales, a quienes son entregados los recursos públicos. Si bien dichas personas no se consideran sujetos obligados, la entrega de recursos públicos las sujeta a entregar informes y documentación comprobatoria por cuanto hace al uso y destino de los recursos públicos con los que se vieron beneficiados. Esto permite que el sujeto obligado esté en condiciones de rendir cuentas sobre el otorgamiento que hizo con los recursos públicos.

Por otro lado, esta disposición establece una base constitucional para que la Federación y las entidades federativas, a través de sus órganos e instituciones, regulen los informes y documentos que las personas físicas o morales que reciban recursos públicos, deben presentar para efectos de transparencia y rendición de cuentas.

En este punto, vale la pena recordar que la Iniciativa de Chihuahua y la firmada por los ocho Coordinadores Parlamentarios comprendía a los partidos políticos como sujetos obligados. La inclusión de estas entidades de interés público llevaba, inevitablemente, a la necesidad de enumerar con toda precisión una gran cantidad de figuras, poderes, entidades, órganos u organismos que forman parte del gobierno mexicano o que dependen de él para su financiamiento o funcionamiento, tarea que sería imposible o inadecuado desarrollar desde la Constitución, pues la omisión de alguna figura daría pie a relevarla de las obligaciones de acceso a la información y la transparencia, o en su caso, incorporaría al derecho de acceso a la información a otros entes no necesariamente susceptibles a convertirse ahora en sujetos obligados de este derecho (por ejemplo los sindicatos o las corporaciones privadas).

En este sentido, la iniciativa reconoce que la obligación de rendir cuentas y supervisar el adecuado uso del gasto público corresponde a los sujetos obligados, a través de los diversos mecanismos que establezcan las leyes. En este contexto, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido con claridad que el Instituto Federal Electoral, quien es un sujeto obligado, está en capacidad de requerir obligatoriamente a los partidos políticos información que le haya sido requerido por los particulares aún cuando no obre en los archivos del IFE.

De esta manera, la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pública o de interés público. Significa que las leyes que las regulan (por ejemplo el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los partidos políticos; la Ley de Entidades Paraestatales en el caso de los fideicomisos que cobran forma de institución, la Ley de Instituciones de Crédito en el caso de los fideicomisos bajo la forma de contratos, o la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social realizadas por Organizaciones Civiles) deben desarrollar y traducir, en sus peculiaridades especificas, las bases mínimas constitucionales que se proponen con la adición.

7) Fracción séptima. Esta fracción establece que la inobservancia a las disposiciones contenidas en las leyes en la materia, será sancionada en los términos que dispongan los ordenamientos correspondientes. Por ello, esta iniciativa propone que las legislaciones federal y estatales, regulen y definan las conductas de los servidores públicos que ameriten sanción, así como las autoridades a cargo de su aplicación, como el ocultamiento o la negativa dolosa de la información gubernamental, o bien, dar a conocer datos personales a persona distinta de su titular. La iniciativa quiere evitar la generalización de leyes imperfectas cuyo incumplimiento no tiene consecuencias; al contrario, se trata de que las autoridades del estado mexicano asuman con pleno conocimiento, los valores de la transparencia y del acceso a la información.

8) Transitorios. El artículo segundo transitorio establece un plazo de un año para que la Federación y las entidades federativas expidan nuevas leyes o reforman las existentes para adecuarlas al nuevo texto constitucional. Este plazo parece razonable si se considera que todos los Estados cuentan ya con una ley, y que es previsible -luego de la aprobación de la presente reforma- que exista un plazo suficiente para la modificación de la legislación. En todo caso, el incumplimiento de este plazo permitiría a los particulares ejercer directamente su derecho, a través del juicio de garantías como resultado de la omisión legislativa.

El artículo tercero transitorio tiene una especial relevancia. La gran aportación mexicana al derecho de acceso a la información es la construcción de un sistema electrónico de solicitudes de información que ha posibilitado la presentación de más de 185 mil solicitudes de información en los primeros tres años y medio de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No se trata solamente de un ``correo electrónico'', sino de un sistema integral que facilita la comunicación entre el ciudadano y las autoridades, que contabiliza los plazos perentorios establecidos en la ley, que permite la entrega de información de manera expedita y sencilla y que abarata los procedimientos. El sistema hace, por otro lado, público, para todos, los contenidos de las solicitudes y sus respectivas respuestas, al tiempo que permite al ciudadano entrar en contacto con el órgano resolutor en casos de controversia y conocer, por los mismos medios, la decisión de la autoridad especializada respecto de la publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada.

Costos de transacción demasiado altos en solicitudes de información, tanto para el solicitante como para el funcionario público, pueden acabar frustrando la implementación y generalización del derecho. Trasladarse hasta la ventanilla de la oficina gubernamental (en muchas ocasiones trasladarse hasta la capital del estado), esperar la atención del personal, entregar o mostrar copia de la identificación, aguardar días para regresar a la oficina pública y solventar los costos de una reproducción documental, hace muy complejo y engorroso un trámite que debería, y de hecho puede, ser expedito, gratuito y sencillo gracias a la tecnología disponible, especialmente el internet. Facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que este dictamen también considera relevantes.

Ciertamente, alrededor del 20% de la población mexicana tiene hoy acceso a Internet. Sin embargo, ello no es óbice para que se introduzca un sistema al que más y más ciudadanos podrán sumarse en la medida en que accedan a este tipo de instrumentos de comunicación. En todo caso, la obligación de implementar el sistema electrónico no excluye, ni mucho menos, las otras formas de solicitudes: personalmente, en la ventanilla de las dependencias, por vía postal ó a través de un representante legal.

Por otra parte, debe ser enfatizado que la existencia de un sistema electrónico de solicitudes de información materializa un principio básico del derecho a la información: no importa quién solicita la información, ni para qué quiere la información, sino si la información solicitada debe o no debe ser pública. En un sistema electrónico se vuelve imposible la exigencia de identificación al solicitante, es imposible que acredite formalmente su personalidad, ya que su identidad es a todas luces irrelevante, e impracticable para efectos de la Ley y de la tecnología asociada. El sistema electrónico facilita y potencia el uso del derecho pues, entre otras cosas, concibe la identidad del solicitante como un dato clara e inequívocamente insignificante.

Otra cuestión de la mayor relevancia para el ejercicio del derecho de acceso a la información en los municipios del país, queda resuelta en este artículo, el cual contempla un plazo de dos años posterior a la entrada en vigor del decreto que modifica el artículo sexto de la Constitución, para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con sistemas remotos de acceso a la información pública gubernamental.

La determinación de la cifra poblacional no es aleatoria: los municipios o demarcaciones territoriales con 70 mil habitantes o más, concentran el 65 por ciento de la población nacional. Este umbral permite incluir a todas las capitales estatales del país, comenzando por la menos poblada, Tlaxcala. Se busca con ello que la mayoría de los mexicanos pueda igualar las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información y transparencia frente a sus gobiernos, sin que esto signifique desconocer las realidades y las imposibilidades tecnológicas de los ayuntamientos más pobres de México, que lo son, casi siempre, por su escasa concentración demográfica.

Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el derecho de acceso a la información estaría abriendo otra posibilidad democrática muy importante para el México moderno: el derecho de todos los habitantes a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de estas para garantizarlo.

En síntesis, la iniciativa que se dictamina supone una política de estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON VII FRACCIONES AL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

Notas:

1 Véase Ferrajoli, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Editorial Trotta. Madrid, 2006. p. 46.

2 Carbonell, Miguel. ``El derecho de acceso a la información como derecho fundamental'', en López Ayllón (coord), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, IFAI-IIJ UNAM, México, 2006. pp. 3-18)

3 También es relevante mencionar la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública del 31 de julio de 2002, auspiciada por la UNESCO, que considera que el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública: 1) es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa; 2) contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública; y 3) garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público.

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P. LXXXIX/96, p. 513

5 Para una revisión completa de la evolución de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia puede consultarse el trabajo del Ministro José Ramón Cossío Díaz (2002): El derecho a la información y los medios de comunicación en las resoluciones del poder judicial de la federación (1969-2001), México, Documentos de trabajo del Departamento Académico de Derecho del ITAM. También puede verse México. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2000): El derecho a la información, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación (serie Debates) y López Ayllón, Sergio. Democracia y acceso a la información, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005.

6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno. Novena Época. Tomo XI, abril de 2000, Tesis P. XLV/2000, p. 72.

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IX, abril de 2000, p. 72. (verificar con Ciscomani)

8 En el análisis de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Federal el 30 de noviembre de 2001, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública retoman la idea de que la Ley sólo regula una de las vertientes del derecho de acceso a la información, es decir la de acceso a la Información del estado, citando al Ejecutivo de la siguiente forma: ``El iniciador reconoce que la falta de definición precisa sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, impidió que se legislara en la materia. Para precisar el alcance de la propuesta, el Ejecutivo apunta que esta Ley regula sólo una vertiente del derecho a la información, la que corresponde al acceso a la información del Estado''. Véase, Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 985-1 de fecha martes 23 de abril de 2002.

9 Existen varios esfuerzos realizados principalmente por organizaciones no gubernamentales para evaluar la aplicación de las leyes de acceso, tanto a nivel federal como estatal. Todas ellas muestran diferencias y asimetrías importantes tanto en la calidad normativa como en la práctica. Entre otros puede verse Villanueva, Ernesto, Gómez Perla y Pacheco, Carolina, Derecho de acceso a la información pública en México. Indicadores legales, México, LIMAC/UCEM/Innovación México/Centro Universitario de la Ciénega/USAID, 2005; Guerrero Gutiérrez, Eduardo y Leticia Ramírez de Alba Leal. ``La transparencia en México en el ámbito subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales'' en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario., Sergio López Ayllón (coord), México, UNAM/IFAI, 2006, pp. 81-126; Merino, Mauricio. ``Muchas políticas y un solo derecho'' en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario., Sergio López Ayllón (coord), México, UNAM/IFAI, 2006, pp. 127-156; Cepeda, Juan Antonio y Noriega, Guillermo. ``A prueba los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a un año de su funcionamiento'' en El derecho de acceso a la información en México: un diagnóstico de la sociedad, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2004, pp. 67-89; López Ayllón, Sergio, Arellano, David y Merino Mauricio, Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. México, CIDE-IFAI, 2007.

10 En particular la exposición de cuatro Comisionados del IFAI y del grupo de expertos ante las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y un grupo de Senadores, celebrada en San Lázaro el 6 de febrero de 2007 y el Foro denominado ``La Transparencia a la Constitución'' en la Universidad Iberoamericana el 30 y 31 de enero

11 En particular la exposición de cuatro Comisionados del IFAI y del grupo de expertos ante las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y un grupo de Senadores, celebrada en San Lázaro el 6 de febrero de 2007 y el Foro denominado ``La Transparencia a la Constitución'' en la Universidad Iberoamericana el 30 y 31 de enero.

12 ``Posición institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante la Iniciativa de Chihuahua y el proceso de reforma constitucional emprendido por la Cámara de Diputados'', Comunicado de prensa, IFAI. 10 de enero de 2007.

13 Merino, Mauricio, Muchas políticas y un solo derecho, en López Ayllón (coord.), Democracia Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario IFAI-IIJ UNAM). 2006, pp. 128, 129

14 La Convención Americana de Derechos Humanos establece los principios de excepción a las libertades en su artículo 32.2: ``Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática''.

15 La Convención Americana de Derechos Humanos establece los principios de excepción a las libertades en su artículo 32.2: ``Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática''.

16 Véase, Garzón Valdéz Ernesto. Lo íntimo, lo privado, lo público. Cuaderno de Transparencia num. 6. IFAI, México 2005.

17 Véase, Garzón Valdéz Ernesto. Lo íntimo, lo privado, lo público. Cuaderno de Transparencia num. 6. IFAI, México 2005.

18 López Ayllón, Sergio. La Constitucionalización del derecho de acceso a la información, en Democracia, Transparencia y Constitución. IFAI-IIJ UNAM, 2006.

19 López Ayllón, Sergio. La Constitucionalización del derecho de acceso a la información, en Democracia, Transparencia y Constitución. IFAI-IIJ UNAM, 2006.

20 Tal y como señalan Ricardo Becerra y Alonso Lujambio en ¿Porqué constitucionalizar?, en López Ayllón, ibid. pp. 173-197

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), secretaria; Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria; Carlos A. Biebrich Torres, secretario; José Luis Reyna García (rúbrica), secretario; Mónica Fernández Balboa (rúbrica), secretaria; Patricia Castillo Romero (rúbrica), secretaria; Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretario; César Camacho Quiroz (rúbrica), Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Felipe Borrego Estrada , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), José Luis Espinosa Piña , Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas , Rosario I. Ortiz Magallón, Salvador Ruiz Sánchez , Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Juan Francisco Rivera Bedoya , Víctor Samuel Palma César , Raúl Cervantes Andrade , Erika Larregui Nagel .

Por la Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José G. Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús E. Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Alcántara Hernández, Alma Edwviges Alcaraz Hernández , Jesús Arredondo Velázquez , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande , Víctor H. García Rodríguez, Javier Guerrero García (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero , Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras , María Elena Torres Baltazar (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 1 de febrero del año en curso, los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Angola, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 8 de febrero de 2007, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de la República de Angola, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Zenón Joel Cortés Villegas, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Angola, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Angola, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 9 de febrero de 2007.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente (rúbrica); Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz , Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázaquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo .»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 9 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario paraque los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 20 de febrero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados de en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Sánchez Ortiz Gómez para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Irene Cárdenas Castro para prestar servicios como especialista comercial en la sección comercial de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Irma Ayala Castillo para prestar servicios como asistente administrativo del Departamento de Comercio de EUA en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Priscila Acosta Chavira para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Gesper Antonio Ruiz García para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano John Charles Palmerín para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Mario Rivera Landavazo para prestar servicios como ingeniero supervisor de mantenimiento en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Laura Yolanda Parra Ramírez para prestar servicios como cajera/asistente financiera en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Marín Hernández para prestar servicios como asistente de servicios consulares especiales en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 14 de diciembre de 2006 y el 20 de febrero del año en curso, las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicio como asistentes de la Embajada de la República de Angola en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 22 de febrero se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de la República de Angola en México serán de carácter administrativo.

c} Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Neyda Reyes Carlos para prestar servicios como asistente de la Embajada de la República de Angola en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Angélica Reza Cabestany para prestar servicios como asistente de la Embajada de la República de Angola en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de febrero de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, remitida por la honorable Cámara de Senadores con fecha 5 de septiembre de 2006.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``consideraciones'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada el 20 de abril de 2004, el diputado por la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Raúl Rogelio Chavarría Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa para reformar el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha Iniciativa, para su estudio y posterior dictamen, a la Comisión de Salud.

En sesión celebrada el 23 de septiembre de 2004, la Comisión de Salud, presentó ante el Pleno de la honorable colegisladora, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, mismo que fue aprobado con 353 votos a favor y tres abstenciones y turnado a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En sesión celebrada el 28 de septiembre de 2004, se recibió de la honorable Cámara de Diputados el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, haciendo uso de sus facultades turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, dicha minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Educación y Cultura; y de Estudios Legislativos, Primera.

En sesión celebrada por la Cámara de Senadores con fecha 26 de abril de 2006 fue aprobado el dictamen de la minuta en estudio por 78 votos en pro, siendo devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada con fecha 5 de septiembre de 2006 por la honorable Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a esta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La minuta en comento pretende reformar el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud con objeto de incluir la atención médica prehospitalaria entre las actividades técnicas o auxiliares que requieren conocimientos específicos y que las personas que presten dicha atención cuenten con los diplomas correspondientes, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Menciona, en las consideraciones del dictamen aprobado por la honorable colegisladora, que la atención prehospitalaria debe ser entendida como el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera del servicio de un hospital, es decir, es una extensión del servicio de urgencias hospitalarias que comprende tanto la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes al servicio hospitalario o centro de trauma, dependiendo de la patología o lesión que presente.

Se menciona que la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado en México, por lo que debe constituirse en un servicio que no se limite sólo al traslado en ambulancia, sino que incluya intervenciones como maniobras de reanimación, control de hemorragia, inmovilizaciones, estabilización de signos vitales, mantener las vías aéreas permeables, etcétera; por lo que los conocimientos y habilidades son esenciales para el tratamiento adecuado del paciente contundido o traumatizado. Por lo anterior, se considera cierto que las acciones que realiza el personal que atiende las lesiones de la víctima de un accidente o enfermedad súbita dependerá la vida del mismo.

La colegisladora coincide en que la propuesta de mérito constituye un importante avance en la regulación del personal que presta atención médica prehospitalaria. En tal sentido es de considerarse el beneficio de contar con personal capacitado y certificado que otorgue una atención adecuada a los pacientes que se encuentren en una etapa prehospitalaria, pues dicha atención es de gran importancia para la pronta y correcta recuperación de los mismos.

La colegisladora considera oportuno incorporar un lapso de tiempo prudente para la regularización de la situación de las personas que prestan sus servicios de atención médica prehospitalaria, a la que hace referencia el presente dictamen, razón por la cual, considera necesario integrar al cuerpo del decreto un artículo transitorio, en que se haga referencia al tiempo que tendrán para la regularización de su actividad profesional.

Por lo anterior, la colegisladora propone adicionar el siguiente artículo transitorio:

... ...

Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospitalaria y que son objeto de la regularización que se establece en el artículo 79 de la ley en comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

III. Consideraciones

Si bien es cierto que el artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica contempla las ambulancias como establecimiento de atención médica y el artículo 22 del mismo ordenamiento establece el requerimiento para la contratación de sus tripulantes, es de observarse que la gran mayoría del personal que tripula ambulancias en México, lo hace voluntariamente por lo que no se establece una relación contractual entre el prestador del servicio y el empleador, tal y como se dispone en el artículo 22 del reglamento en cita.

``Artículo 10. Serán considerados establecimientos para la atención médica:

I. a IV. ...

V. Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y que se clasifican en:

A) Ambulancia de cuidados intensivos;

B) Ambulancia de urgencias;

C) Ambulancia de transporte, y

D) Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la secretaría.

Las unidades móviles se sujetarán a las normas técnicas correspondientes, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y

VI. ...''

``Artículo 22. No podrá ser contratado por los establecimientos de atención médica, ni por los profesionales que en forma independiente presten sus servicios, personal de las disciplinas para la salud que no este debidamente autorizado por las autoridades educativas competentes.''

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica ``quienes ejerzan actividades profesionales, técnicas y auxiliares de las disciplinas para la salud en forma independiente, deberán poner a la vista del público su título profesional, certificados, diplomas y en general, los documentos correspondientes, que lo acrediten como tal''. En este contexto, la tripulación de una ambulancia, entendida ya como un establecimiento para la atención médica, está obligada a tener a la vista del público su título profesional, certificados, diplomas, etcétera, lo cual resulta deseable pero se vuelve inviable al tratarse de una actividad que se desarrolla en un vehículo al que el público en general no tiene acceso y el paciente, generalmente, no se encuentra en posibilidad de verificar el cumplimiento de la disposición reglamentaria en referencia, lo que refleja la carencia de especificidad en el marco jurídico vigente.

Respecto de la NOM- 020-SSA2-1994 para la Prestación de Servicios de Atención Médica en Unidades Móviles tipo Ambulancia, las comisiones que emiten el presente dictamen consideran sumamente importante señalar que, si bien es cierto contiene elementos reguladores del tema objeto de la minuta de mérito, también lo es que dicha norma oficial, de acuerdo con la Secretaría de Innovación y Calidad, se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación como proyecto, para iniciar la fase de consulta pública durante 60 días, situación por la cual resulta necesario contar con un marco jurídico que garantice la atención profesional y adecuada a aquellas personas que requieren de los servicios de atención prehospitalaria.

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los últimos 15 años los accidentes se han ubicado como la cuarta causa de mortalidad general de la población mexicana, baste decir que en el año 2004, se registraron cerca de 35 mil defunciones originadas por esta problemática. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) más del 90 por ciento del total de accidentes que ocurren en nuestro país son evitables, lo cual da muestra de la incipiente cultura de la prevención de accidentes y la necesidad de contemplar en nuestro marco normativo disposiciones que garanticen la eficaz atención a las personas accidentadas. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) resalta que la atención integral del paciente accidentado se logra a través del sistema de atención médica de urgencias que se inicia con la atención prehospitalaria, que representa una parte primordial de los servicios médicos de urgencias. Ello se debe a que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia para el desenlace final del accidente, razón por la cual, los senadores integrantes de las comisiones unidas consideran necesaria la aprobación de la minuta de mérito.

Los integrantes de esta Comisión de Salud coinciden al señalar que la actividad de la atención prehospitalaria es proporcionada, en la gran mayoría de los casos, por personal habilitado como ``paramédico o técnico en urgencias médicas'', personal que la propuesta de mérito pretende normalizar en términos jurídicos, académicos y operativos. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) la falta de normatividad en este aspecto ha propiciado la participación de grupos de voluntarios que no siempre están capacitados para participar eficientemente en el manejo de los lesionados en accidentes. Cabe destacar que lo anteriormente expuesto fue discutido y analizado en reunión de trabajo de las comisiones unidas con funcionarios del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra).

Asimismo es importante señalar que coincidimos con el criterio de la colegisladora en la intención de establecer un periodo de tiempo prudente para la regularización de los certificados de las personas que presenten atención médica prehospitalaria.

Debido a la duración de los cursos dirigidos al personal de atención médica prehospitalaria, la Comisión que emite el presente dictamen, está de acuerdo con el lapso fijado en el texto del artículo tercero transitorio aprobado por la colegisladora.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y para efectos de lo dispuesto en el artículo 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, ponemos a consideración el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Salud contará con 90 días después de entrada en vigor de este decreto para expedir la reglamentación relativa a la atención médica prehospitalaria.

Artículo Tercero. Las personas que den atención prehospitalaria y que son objeto de la regulación que se establece en el artículo 79 de la ley en comento, tendrán un año para regularizar su situación profesional, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios en este orden, los siguientes diputados y diputadas: diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , diputada María Oralia Vega Ortiz y diputada Margarita Arenas Guzmán .

Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal:Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: como ven, el trabajo de la Comisión de Saludha estado dando frutos, y el día de hoy este dictamen que presento ante ustedes, ante los representantes del pueblo de México es algo fundamental, por el cual vamos progresando en el sentido de que nuestro problema fundamental en el país es la educación, es la cultura y por eso en el ámbito de salud también la educación es fundamental.

La salud de la población mexicana tiene una muy alta prioridad para alcanzar el tipo de sociedad a que aspiramos y que implica los niveles de bienestar general y de calidad de la vida que merecen todos los ciudadanos.

La salud es un derecho plasmado en el artículo 4o. de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; es decir, que es un derecho universal, y de ahí la importancia de normar jurídicamente los requisitos para quienes presten servicios en la materia.

El dictamen a discusión pretende reformar el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, con objeto de incluir la atención médica prehospitalaria entre las actividades técnicas o auxiliares que requieren conocimientos específicos y que las personas que presten dicha atención cuenten con los diplomas correspondientes, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

La atención prehospitalaria es de gran importancia, ya que constituye el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera de los servicios de un hospital; es decir, es una extensión del servicio de urgencia hospitalaria que comprende la atención de salvamento, atención médica, transporte de los pacientes a las instituciones hospitalarias que correspondan de acuerdo a su traumatismo o lesiones.

Esta propuesta, de ser aprobada vendría a llenar un vacío en la materia; toda vez, que si hemos de ser honestos debemos reconocer que la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado y deficiente en nuestro país.

En ese sentido es menester impulsar y mandatar desde la ley un servicio que no se limite sólo al traslado de ambulancias, sino que incluye intervenciones especializadas, como maniobras de reanimación, control de hemorragia, inmovilizaciones, estabilización de signos vitales, etcétera, las cuales requieren de conocimientos y habilidades esenciales para el tratamiento adecuado del paciente, ya que en muchas ocasiones de eso depende su vida e incluso su calidad de vida futura.

En tal sentido pongo a su consideración el beneficio para las y los mexicanos de contar con personal capacitado y certificado que otorgue una atención adecuada a los pacientes que se encuentren en una etapa prehospitalaria; porque cuando la vida y la salud están en riesgo el Estado mexicano no puede solapar ningún tipo de improvisaciones; porque nada es más importante que la integridad de cada hombre y cada mujer, independientemente de su edad o condición económica.

En tal virtud, solicito el apoyo de todos ustedes y su solidaridad con el presente dictamen, lo cual se verá reflejado en beneficio de los pacientes prehospitalarios, entre los cuales podemos estar cualquiera de nosotros o nuestros familiares. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Margarita Arenas Guzmán, del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Arenas Guzmán:Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: la suscrita, diputada federal Margarita Arenas Guzmán, en su calidad de integrante de la Comisión de Saludy de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanospresenta ante este honorable Pleno la fundamentación del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud.

En los últimos 15 años los accidentes se han ubicado como la cuarta causa de mortalidad general de la población mexicana, baste decir que en el año 2004 se registraron cerca de 35 mil defunciones originadas por esta problemática.

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, más del 90 por ciento de los accidentes que ocurren en nuestro país son evitables, lo cual da muestra de la incipiente cultura de la prevención de accidentes y la necesidad de incluir en nuestro marco normativo disposiciones que garanticen la eficaz atención a las personas accidentadas.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes hace énfasis en que la atención integral del paciente accidentado se logra a través del sistema de atención médica de urgencias, que se inicia con la atención prehospitalaria, por lo cual representa una parte primordial de los servicios médicos de urgencia.

Los diputados integrantes de la Comisión de Salud sabemos que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia para la atención del paciente, por lo cual consideramos necesaria la reforma planteada, ya que es en beneficio directo de la ciudadanía.

La atención prehospitalaria debe ser entendida como el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera del servicio de un hospital; es decir, es una extensión del servicio de urgencias hospitalarias, que comprende tanto la atención de salvamento y atención médica como el transporte de los pacientes al servicio hospitalario.

En nuestro país la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado y ha estado circunscrita más al sector privado que al sector público. Los primeros organismos que se encargaron de la atención prehospitalaria fueron los diferentes grupos de socorro con tripulantes voluntarios dentro de sus ambulancias y con niveles de entrenamiento no formal impartidos por las mismas instituciones de socorro.

En la actualidad el sector privado ha desarrollado sistemas de atención para emergencias médicas o consulta médica urgente a domicilio bajo sistemas de prepago. Igualmente existen en todo el territorio nacional grupos de asociaciones civiles que en forma voluntaria ofrecen los servicios de atención prehospitalaria para casos de accidente, siniestros y desastres.

El concepto de atención prehospitalaria nació aproximadamente en 1940, con los cuerpos de bomberos de Estados Unidos, quienes fueron los primeros en brindar atención médica a los enfermos o heridos mientras eran transportados. Históricamente, la atención prehospitalaria influyó en el comportamiento de la morbilidad en las grandes guerras, con lo cual se aprecia cuándo se han empleado y mejorado los sistemas de atención prehospitalaria.

Es un hecho estadístico que en la Primera Guerra Mundial el tiempo promedio en comenzar la atención de un herido de batalla se iniciaba en las primeras 12 o 18 horas, con un porcentaje de mortalidad de 8.5. En la Segunda Guerra Mundial la atención a las víctimas inició en las ocho o 12 horas siguientes, presentándose una mortalidad del 3.3 por ciento. En la Guerra de Corea el tiempo de la asistencia a los pacientes se redujo de dos a cuatro horas y la mortalidad descendió a 2.4 por ciento. En Vietnam este tiempo de asistencia inicial bajó de una a cuatro horas y la mortalidad también descendió a 1.9.

Con la experiencia bélica de Corea y Vietnam, donde se evidenció la importancia de la asistencia inmediata de los heridos en el campo de batalla por personal especializado, combinándolo con un transporte rápido para el inicio del tratamiento definitivo, fue que los sistemas de atención en salud tanto públicos como privados empezaron a incorporar a los sistemas de atención en salud recursos específicos para que pudiera darse una adecuada asistencia en corto tiempo a las víctimas de traumatismos o hechos violentos y así disminuir la mortalidad por esta causa.

Es evidente y, como profesionales de la salud, sabemos que el tiempo que transcurre desde el momento del accidente hasta el momento de la atención en el hospital es invaluable, y en ello radica la importancia del decreto que hoy sometemos a su consideración, ya que es nuestra obligación como legisladores dar certidumbre a la población de que la atención que está recibiendo esté debidamente reglamentada.

Por lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Salud hemos coincidido en la importancia de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud, para que el ejercicio de la atención médica prehospitalaria esté debidamente certificado y por lo cual solicitamos el voto aprobatorio de esta honorable Asamblea para el presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañera diputada Arenas Guzmán. Esta Presidencia ha recibido solicitud para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI, de la diputada María Oralia Vega Ortiz. Tiene el uso de la palabra.

La diputada María Oralia Vega Ortiz:Con su permiso, señor Presidente: la atención médica es una parte importante de la cual en algunos momentos todos necesitamos el servicio fuera de un establecimiento de atención médica.

Por ello, esta iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, para incluir dentro de las actividades técnicas y auxiliares la atención médica prehospitalaria, la cual va a permitir que todos los prestadores de servicio en las unidades móviles, ambulancias, deberán contar con el reconocimiento de las autoridades educativas competentes, así como el diploma correspondiente que acredite que cuentan con los conocimientos suficientes y necesarios para atender los casos de urgencia que se presenten en la vía pública o en los espacios públicos de mayor riesgo para la población.

La atención prehospitalaria ocupa un espacio de gran importancia para el salvamento y la atención oportuna de las personas que han sufrido algún accidente o su salud se ve quebrantada de improviso y que requiere la atención urgente para su conducción a una unidad médica para la atención hospitalaria.

La urgencia hospitalaria comprende la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes a la unidad hospitalaria, lo cual representa que el cuidado de su salud debe ser atendido por personal paramédico con los conocimientos suficientes para la aplicación de mayor maniobra de reanimación, control de hemorragias, inmovilización, estabilidad de signos vitales y otros signos que son síntomas que requieren urgencia y atención, y que deberán ser aplicados por el personal que acredite su capacitación y certificación de la atención prehospitalaria.

Esta propuesta, aprobada, vendría a dar certidumbre a los pacientes que requieren el servicio del personal paramédico, ya que contarán con el aval de las autoridades educativas para certificar y validar la capacidad personal de los prestadores de servicio de atención prehospitalaria.

Por este hecho, señores, compañeros diputados, todos en algún momento podemos requerir de los servicios de atención prehopitalaria, por eso es vital apoyar esta reforma, que beneficiará el derecho a la salud a la que todos los mexicanos aspiramos y queremos. Es por eso, señores, que pedimos que aprueben esta reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada María Oralia Vega Ortiz. Tiene la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Con el permiso de la Presidencia: vengo a hablar en pro de la iniciativa; sin embargo, quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto a lo que el propio dictamen propone.

Me parece que, y lo voy a dejar como interrogante; me parece que no es un asunto de certificación de entidades educativas únicamente. Yo les digo que solamente hay dos universidades en el país, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, la que tiene la licenciatura para que los jóvenes salgan como técnicos superiores universitarios paramédicos y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tiene una carrera técnica y salen como paramédicos los muchachos.

Yo creo deberíamos tener mucho cuidado. Este me parece que es un buen paso, pero habría que tener cuidado si es la entidad educativa la que tiene que certificar o, en su caso, también las entidades médicas. Está el caso de la Cruz Roja Mexicana, que recientemente convino con la Secretaría de Educación Pública para que puedan ser certificados.

La atención prehospitalaria también tiene que ver con las ambulancias, no es solamente el personal. Habría que definir si tiene que ir un médico, tiene que ir un paramédico, tienen que ir ambos, pero tiene que ver también con el tipo de ambulancia.

Yo les platico el caso del Distrito Federal, donde podemos ver ambulancias en los cruceros; el que mejor les parezca, ahí hay una ambulancia. Yo creo que tiene que haber un control de las ambulancias también, tiene que haber un ente administrativo que vigile que las ambulancias cumplan con todos los requisitos.

Hoy tenemos ambulancias de traslado únicamente, y hay una norma oficial que regula el funcionamiento y operación de estas ambulancias, la norma oficial 020, que menciona la propia iniciativa y que no se cumple en muchas de sus partes.

Presento estas observaciones para que se tengan en cuenta y no me resta más que decir que estamos en pro de este dictamen.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Efraín Morales.

Agotado el número de oradores, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Actívese el micrófono de la curul 119, del diputado Gustavo Ramírez Villarreal .

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Se emitieron 353 votos en pro y cero en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se rectifica el trámite dado a la iniciativa presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanasyse turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional.

Esta Presidencia saluda a los miembros del honorable ayuntamiento de Santa Cruz Xococotlán, del estado de Oaxaca.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 98, segundo párrafo, del artículo 316; y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial con comités hospitalarios de bioética.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido de la minuta'' se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 14 de noviembre del 2002, el entonces diputado Salvador López Brito, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41 Bis.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó para su estudio y posterior dictamen dicha iniciativa a la Comisión de Salud.

Conforme a lo dispuesto en el punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto normativo que no alcanzó a conocer el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, se mandató a las comisiones ordinarias para que presenten los dictámenes pendientes de ser aprobados por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.

La Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura elaboró el dictamen correspondiente, que fue presentado y aprobado ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre de 2004, fecha en que fue enviado a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Con fecha 28 de septiembre de 2004 se recibió de la honorable Cámara de Diputados el expediente de la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General de Salud. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó, para su análisis y posterior dictamen, dicha minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos.

En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2006 por la honorable Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Salud, y Seguridad Social y de Estudios Legislativos presentan el dictamen correspondiente, que es aprobado y enviado de regreso a la honorable Cámara de Diputados para cumplir el proceso legislativo.

En sesión celebrada con fecha 5 de septiembre de 2006 por la honorable Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite, de conformidad con lo que establece el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la LX Legislatura turnó la mencionada minuta a esta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene por objetivo la adición de un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para que los establecimientos de atención médica, tanto públicos como privados, tengan la obligación de contar con un comité hospitalario de bioética para la resolución de problemas o disyuntivas en la materia, los que serán responsables del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas bioéticos en la práctica clínica.

III. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Salud reconocen la necesidad de regular la instalación de comités hospitalarios de bioética de acuerdo con la complejidad de las instituciones y centros de atención médica, como espacios de análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en los temas de su competencia.

Esta comisión dictaminadora considera necesario señalar que la bioética es la reflexión racional de las implicaciones éticas que tienen ciertas prácticas médicas y ciertas metodologías de investigación biológica y clínica. Si bien el resultado de dicha reflexión puede influir sobre la reglamentación de dichas prácticas y metodologías, esto no la convierte en un espacio restrictivo ni posibilita la sustitución de las normas y leyes que rigen la investigación biomédica y la práctica clínica.

A la bioética no se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como el de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o a la investigación dentro del campo de la vida humana; su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que implican conflicto de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y de la práctica clínica.

Los comités de bioética ni sustituyen ni son una evolución de los comités de ética. La esfera de aplicación de la bioética no es más amplia que la de la ética; de hecho, la bioética es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esferas de decisión superiores a los comités de ética porque carecen de figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones.

Del análisis que realizó la comisión se desprende que los comités de ética en investigación, así como los de bioética hospitalaria, constituyen una vía estratégica para la institucionalización de la bioética, el desarrollo del pensamiento deliberativo, así como las políticas institucionales en materia de bioética. En este sentido, no es menor la afirmación de que la bioética juega un papel preponderante en el funcionamiento de las instituciones de salud. Es una disciplina que brinda herramientas de apoyo al personal de salud, tanto en sus funciones de atención a la salud y la docencia como en la conducción de investigación, además de jugar un papel de velar por el bienestar, la dignidad y los derechos, tanto de los pacientes como de los participantes en investigación.

A pesar de que existe un acuerdo de parte del Ejecutivo federal en relación con la minuta objeto del presente análisis, es importante señalar que respecto a la fecha en que fue presentada como iniciativa en la Cámara de Diputados y posteriormente enviada como minuta a la Cámara de Senadores se han dado avances tanto a nivel legal como en la propia práctica del problema que se pretende regular en el decreto presentado en la minuta en estudio, razón por la cual es necesario incorporar estos elementos en el dictamen que se pondrá en consideración.

Las modificaciones que se plantea la colegisladora hacer a la propuesta de adición del artículo 41 Bis de la Ley General de Salud son la incorporación de la referencia a los artículos 98 y 316 de la ley en comento, así como un reordenamiento e incorporación de elementos en el cuerpo del decreto. Cabe señalar que las principales modificaciones son

La redefinición de los comités hospitalarios de bioética; lo anterior, con el fin de precisar sus funciones y responsabilidades. Esta modificación se lleva a acabo mediante la incorporación de los elementos propuestos por el dictamen de la Cámara de Diputados, y la redacción propuesta por el Senado.

Se incluye una fracción segunda en el artículo 41 Bis, con el fin de definir los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, señalando que deberán contar con un comité de ética en investigación, quienes serán los responsables de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 41 Bis aprobado por la honorable Cámara de Diputados pasa íntegro como segundo párrafo de la fracción II en el proyecto de decreto del Senado.

En el caso de las reformas propuestas al artículo 98 de la ley en comento, la colegisladora consideró prudente establecer las definiciones que actualmente están contempladas en dicho precepto, mediante fracciones, así como agregar una fracción segunda, haciendo hincapié en agregar una definición para el caso de investigaciones en seres humanos, estableciendo que se deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 41 Bis del presente decreto.

En el caso de la reforma propuesta al artículo 316 de la ley en estudio, el Senado considera prudente incorporar al segundo párrafo de dicho precepto la referencia del artículo 41 Bis, para que quede definido que será el comité hospitalario de bioética quienes supervisarán las acciones previstas en dicho artículo.

En tal sentido y con base en los argumentos expuestos en la consideración anterior, la comisión dictaminadora hace referencia a las modificaciones propuestas en el dictamen aprobado de la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores y la propuesta de redacción según la opinión de la Comisión de Salud:

Derivado del análisis de las propuestas, esta comisión dictaminadora considera que las reformas propuestas por la colegisladora conservan el espíritu de la iniciativa, por lo que coincidimos con su redacción en lo general, pero pensamos prudente omitir el primer párrafo de la fracción II del artículo 41 Bis, debido a que ya está mencionado en el texto del artículo 98.

En el caso del texto del artículo 98, creemos innecesaria la inclusión de fracciones, ya que se respeta en lo general el texto de la ley vigente, si bien sería prudente conservar la redacción incluyendo la referencia al artículo 41 Bis.

Aunado a lo anterior, consideramos pertinente dar al Ejecutivo federal un plazo más amplio para cumplir la reglamentación correspondiente, por lo que proponemos un plazo de 90 días, en lugar de los 30 señalados en la minuta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados de la Comisión de Salud de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 98 y 316, segundo párrafo, y se adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del sistema nacional de salud, además de los señalados en los artículos 96 y 316 de la presente ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités:

I. Un comité hospitalario de bioética que será responsable del análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, la atención médica, o en la docencia que se imparte en el área de salud, así como la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento, y

II. Un comité de ética en investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.

Los comités hospitalarios de bioética y de ética en la investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía, o especialistas en bioética, abogados con conocimientos en la materia y representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.

Artículo 98. En las instituciones de salud, bajo la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán una comisión de investigación; en el caso de que se realicen investigaciones en seres humanos, un comité de ética en investigación que cumpla lo establecido en el artículo 41 Bis de la presente ley y una comisión de bioseguridad, encargada de regular el uso de radiaciones ionizantes o de técnicas de ingeniería genética. El Consejo de Salubridad General emitirá las disposiciones complementarias sobre áreas o modalidades de la investigación en las que considere que es necesario.

Artículo 316. ...

Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos o se realicen trasplantes, adicionalmente, deberán contar con un comité interno de trasplantes y con un coordinador de estas acciones, que serán supervisadas por el comité hospitalario de bioética a que se refiere el artículo 41 Bis de esta ley.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias en un plazo no mayor de 90 días.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera , Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello , José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa que se han anotado, para fijar posiciones, los diputados Elsa Conde Rodríguez, Silvia Luna Rodríguez , Olga Patricia Chozas y Chozas , María Oralia Vega Ortiz , Efraín Morales Sánchez y Adriana Rebeca Vieyra Olivares . En consecuencia, tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez : Con el permiso de la Mesa Directiva.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Honorable Asamblea: estamos de acuerdo con la imperiosa necesidad de que el Sistema Nacional de Salud cuente con comités de bioética que proporcionen los lineamientos necesarios para continuar con el avance científico y tecnológico que tantos beneficios ha aportado al desarrollo de la humanidad. Por ello, daremos nuestro voto a favor, en lo general, a esta iniciativa.

Sin embargo, la redacción del artículo 41 Bis en comento no incluye ningún procedimiento de selección de quiénes integrarían los comités señalados ni establece con la anuencia de qué instituciones deberán ser ratificados los integrantes de dichos órganos, con lo que se corre el grave riesgo de que los comités queden constituidos por un número mayoritario de personas con posturas preponderantemente conservadoras o preponderantemente liberales, lo que, en cualquiera de los dos casos, atenta contra las bases democráticas sobre las que se ha instaurado el Estado mexicano y que tantos años de esfuerzo nos ha costado.

Es el caso de la Comisión Nacional de Bioética, cuya conformación queda a juicio únicamente del Secretario de Salud, quien tiene todas las facultades para nombrar a sus integrantes e incluso para removerlos.

Una instancia deliberativa y de opinión tan trascendente como la que nos ocupa requiere que su conformación sea mediante un procedimiento democrático y de validación que no deje lugar a dudas de que su actuar será imparcial, y que en su seno están representadas todas las posturas y visiones, dejando siempre a salvo el hecho de que estos órganos emiten opiniones y no puedan estar por encima de los derechos de nadie.

De ahí que estando conformes con el hecho de que se requiere que los servicios médicos en el país cuenten con los comités de bioética necesarios, consideramos que es necesario precisar que en los comités no sólo estén representadas todas las disciplinas requeridas por un cuerpo bioético de las características que se señalan para el cumplimiento de los fines que en la propia norma se enumeran, sino que además se garantice que en su conformación quedarán representadas todas las posturas que respecto al tema puedan verterse.

Por lo anterior, respetando la redacción actual de la iniciativa, someto a la consideración de este Pleno una redacción alterna, en la que solamente se incluya, al final del artículo 41 Bis, la precisión de que ambos comités deberán estar conformados de modo tal que sus integrantes representen la pluralidad académica y científica del país.

Quedaría de la siguiente manera:

Fracción I, exactamente como se establece en la redacción.

Fracción II, solamente agregar al final del segundo párrafo la siguiente redacción: ``Se procurará que ambos comités estén conformados de modo tal que sus integrantes representen la pluralidad académica y científica del país''. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez , del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez:Con permiso de la Presidencia; compañeros legisladores: ante la preocupación sobre los impactos negativos de la ciencia y la tecnología en la sociedad se ha replanteado la necesidad de incorporar una visión sustentada en la ética, más aún cuando las decisiones involucran la vida humana y el cuidado de la salud.

A la bioética le corresponde el estudio de los dilemas que se derivan de la investigación de la vida humana y se ha constituido como un valioso instrumento para respaldar las decisiones de los médicos cuando se enfrentan ante la necesidad de aplicar procedimientos que significan un conflicto e involucran la dignidad, la autonomía o algún aspecto que afecte a sus pacientes o a las personas con las que se interactúa.

Con el fin de ayudar a los médicos, a la sociedad y a los pacientes, en esas instituciones han surgido los comités de ética hospitalarios, mismos que desde su aparición han ido adquiriendo una importancia y un desarrollo superior a cualquier forma institucional de estudio de la ética profesional.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza comparte con amplios sectores de nuestra sociedad el interés para que se promueva la bioética como una instancia rectora de las prácticas médicas y de investigación cuando se trata de la vida y la salud humana. Sustentamos valores a favor de la dignidad y el respeto a los derechos humanos, al derecho a una vida plena y a contar con servicios de salud que pongan, en primer lugar, un trato que sea sensible a las necesidades del paciente.

Por ello nos pronunciamos a favor de que las instituciones hospitalarias, tanto privadas como públicas, cuenten con sus respectivos comités hospitalarios de bioética; instancias que deben aportar un sano debate entre profesionistas de la salud en temas que sean controversiales.

Como legisladores, es nuestra obligación crear las normas y leyes que garanticen el bienestar y el respeto a los derechos de las personas. Para quienes acuden a las instituciones de salud se debe ofrecer tanto calidad en el servicio como atención sustentada en valores éticos y humanos.

El Comité de Bioética Hospitalaria se debe concebir como un grupo multidisciplinario y de pluralidad académica dentro del hospital, cuyas funciones deberán consistir en orientar y aconsejar al personal encargado de la salud, a partir del análisis juicioso y razonado de casos concretos, para llegar a una conclusión que podrá externarse al grupo que solicite la opinión. Asimismo, el comité podrá acceder a tomar un caso por iniciativa propia o por solicitud del cuerpo directivo, cuando la magnitud del problema lo amerite.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza ratifica en esta tribuna su apuesta por el futuro, por las transformaciones y por los cambios que nuestra sociedad exige. Confiamos en que, a través de los comités hospitalarios de bioética se contribuya a dar a las instituciones de salud herramientas para hacer más humana la atención que se presta.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Nueva Alianza ratifica su apoyo a esta propuesta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez . Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas:Con su permiso, Presidenta. Compañeros diputados: se ha puesto de manifiesto la necesidad de formar comités de bioética ante la eminencia de toma de decisiones frente a problemas, en ocasiones de resolución impostergable, donde no alcanzaban sólo la ciencia médica, la legislación no consideraba o lo hacía parcialmente y el sentido común ayudaba hasta no más allá de la división del camino que suponía la posibilidad de alternativas diferentes.

Puesto en otros términos: ocurre lo que con similares características sucedió en otros ámbitos, más allá del científico-médico. El avance de la ciencia y el vertiginoso desarrollo tecnológico trajeron como consecuencia la posibilidad de abordar y resolver problemas de manera antes impensada; pero los increíbles aportes conllevan la aparición de nuevos dilemas tampoco antes imaginados, con implicaciones subsecuentes no deseadas y peligrosas hasta terriblemente perniciosas.

En ese marco, la medicina científica generó los más grandes avances: en el diagnóstico y tratamiento, contó con el concurso de otras ciencias y tecnología, superó los límites de lo hasta hace poco creíble.

La ética analiza y estudia los comportamientos tratando de otorgar mayor comprensión a los actos y a las particularidades en que están inmersos, determinando en sí situaciones particulares y específicas; en el caso de la bioética, poniendo de relieve el carácter único y sin igual de cada ser humano.

Y si bien la bioética trata singularidades, lo hace dando cabida a la participación de otros actores que estaban relegados por la ciencia, incluyendo la política planteada desde una dimensión distinta y el derecho, replanteando desde lo singular, el sentido de lo justo.

Los comités de bioética de nuestro país deben ajustarse conforme a pautas y directrices internacionales para la creación y el funcionamiento de órganos de revisión ética, trabajo fundamentalmente sobre la práctica de una ética del consenso, sin desconocer que admitiéndole una valoración positiva no pueden soslayarse sus ambigüedades y limitaciones.

Con la aprobación de este dictamen, va nuestro anhelo de lograr una voz unánime que se constituya en respuesta al imperativo de que los trabajadores de la salud, junto con la excelencia de su formación científico-técnica, adquieran una serie de formación humanística, como los ciudadanos esperan. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Olga Patricia Chozas y Chozas . Tiene el uso de la palabra la diputada María Oralia Vega Ortiz , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Oralia Vega Ortiz:Con su permiso, señora Presidenta. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, apoya la propuesta del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Salud, para que los establecimientos de atención médica, tanto los públicos como los privados, tengan la obligación de contar con un comité hospitalario de bioética para la resolución en la materia, los que serán responsables del análisis, discusión, apoyo en la toma de decisiones respecto a los problemas bioéticos en la práctica clínica.

Cabe señalar que la bioética es la reflexión racional de las implicaciones éticas que tienen ciertas prácticas médicas y ciertas metodologías de investigación biológica y clínica. A la bioética se ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o la investigación en el campo de la vida humana. Su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que impliquen conflictos de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y de la práctica médica.

Bajo este entendimiento, la fracción parlamentaria del PRI apoya el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Salud y por mi conducto les hago un atento llamado para apoyar este dictamen, ponderando que los comités de bioética, como queda señalado en esta reforma, ni sustituyen ni son una evolución de los comités de ética que señala la propia ley, y su esfera de aplicación no es más amplia que la de la ética.

De hecho, esta norma es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esfera de decisión superiores a los comités de ética porque carecen de figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones sino que se constituye en una vía estratégica para la institucionalización de la bioética en el desarrollo del pensamiento deliberativo, así como en las políticas institucionales en materia de bioética.

Un factor importante que debemos resaltar es que la bioética en esta iniciativa se convierte en una disciplina que brinda herramientas de apoyo al personal de salud, a la docencia y como conducción de investigación, además de jugar un papel de velar por el bienestar, la dignidad y los derechos de los pacientes y de los participantes en investigación.

Las modificaciones que se plantean de la Ley General de Salud para adicionar el artículo 41 Bis, objeto de esta iniciativa, vienen a dar congruencia a lo referido a los artículos 98 y 136 de la ley mencionada, así como un reordenamiento e incorporación de elementos en el cuerpo del decreto, que cabe señalar que las principales modificaciones son la redefinición de los comités hospitalarios de bioética y lo anterior, para precisar sus funciones y responsabilidades.

Se definen los casos de establecimiento de atención médica que lleven actividades de investigación en seres humanos, señalando que deberán contar con un comité de ética en investigación, quienes serán los responsables de evaluar y de dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos; y por último, los comités de bioética supervisarán las acciones previstas en el cuerpo del artículo que se propone adicionar.

Por lo anterior, compañeros diputados, es de aprobarse el dictamen en comento: estaremos dando certidumbre y transparencia a todos los actos que implican la toma de decisiones en los dilemas bioéticos. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada María Oralia Vega Ortiz . Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Efraín Morales Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Vengo en nombre de mi partido, el de la Revolución Democrática, a fijar posición respecto al dictamen que hoy se discute. Sin duda, los comités de ética hospitalarios han venido tomando fuerza; si no mal recuerdo, desde mediados de 1970 ya venían funcionando. Sin embargo, esto ha tomado una fuerza tal, que ha llevado a que muchos opinen con relación a la necesidad de normar la conformación de estos comités. Me parece importante.

Quiero compartir con ustedes información, creo que esto es muy importante que estemos informados y lo voy a hacer sin demeritar la iniciativa del diputado Salvador López, y empezaríamos por preguntarnos ¿qué es la Comisión Nacional de Bioética?

La Comisión Nacional de Bioética es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina.

Sus objetivos son establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática de la bioética; fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética; propiciar debates sobre cuestiones bioéticas, con la participación de los diversos sectores de la sociedad; fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente por lo que toca a la atención médica y de investigación en salud; promover la creación de comisiones estatales de bioética; promover que las instituciones de salud públicas y las privadas se organicen y funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación con las facultades que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables; así como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités, que es el caso que nos ocupa: establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, para el desarrollo de sus actividades.

¿Qué son los comités hospitalarios de bioética? Son grupos multidisciplinarios que auxilian al personal involucrado en la atención médica y a los pacientes a conducirse de manera ética ante los avances de la medicina moderna y los nuevos procedimientos de diagnóstico.

Su función principal es asegurar que se provea la mejor atención encaminada a restituir y a mantener la salud. Asistir en las decisiones para atender a los pacientes sin interferir en las relaciones médico-pacientes.

Sus funciones están en analizar, discutir y apoyar en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, la atención médica, o en la docencia que se imparte en el área de la salud; elaborar los lineamientos y políticas éticas institucionales para la atención y la docencia médica; promover la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento; proponer una solución prudente, no sancionar. No es deontológico.

Retomo finalmente una de las consideraciones que hizo el Senado: la bioética es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esferas de decisión superiores a los comités de ética porque carecen de una figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones. Por esta razón, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares:Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea: la suscrita, diputada federal Adriana Rebeca Vieyra Olivares, en mi carácter de secretaria de la Comisión de Salud, y de conformidad con lo establecido por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Pleno la fundamentación del dictamen con proyecto de decreto sobre la minuta que reforma los artículos 98 y 316, segundo párrafo, y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

En 1971, el oncólogo Van Ronsselaer Potter inició la discusión sobre una novedosa visión de la ciencia, la medicina y la tecnología, introduciendo justamente el término de bioética. Los estudiosos consideran este evento como un disparo de la bioética. En su libro Bioética: un puente hacia el futuro, Potter englobaba la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos.

La prestigiosa Encyclopedia of bioethics define la bioética como el ``estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias, de la vida y del cuidado sanitario'', en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores, y por supuesto, de los principios morales.

A la bioética no se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como el de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o a la investigación en el campo de la vida humana.

Su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que implican conflicto de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y la práctica clínica. El objetivo de la bioética es animar al debate y al diálogo interdisciplinario entre la medicina, la filosofía y la ética; y supone una notable renovación de la ética en la medicina tradicional.

Es un hecho que, ante el inminente y veloz progreso científico, la legislación ha quedado rezagada y con el espíritu de subsanar dicha demora, los legisladores tanto de la LIX, LVIII y legislaturas anteriores buscaron adecuar el texto de la Ley General de Salud para dar una frescura a los nuevos tiempos.

La Comisión de Salud reconoce la necesidad de regular la instalación de los comités hospitalarios de la bioética, de acuerdo con la complejidad de las instituciones y centros de atención médica como espacios, por supuesto, de análisis de discusión y apoyo en las tomas de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en los temas que son de su competencia.

En la aprobación del dictamen que hoy presentamos hemos considerado que los comités de bioética ni sustituyen ni son una evolución de los comités de la ética. La esfera de la aplicación de la bioética no es más amplia que el de la ética; de hecho la bioética es una forma especializada de la ética.

Los comités de bioética no tienen esferas de decisiones superiores a los comités de ética porque carecen de la figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones. La intención de la reforma es, pues, redefinir los comités hospitalarios de bioética, precisando sus funciones y sus responsabilidades.

Lo anterior lo hemos logrado mediante la incorporación de los elementos propuestos por el dictamen de la Cámara de Diputados y la redacción misma que el Senado envió a este Pleno. Es de este modo que los legisladores de la LX Legislatura buscamos incorporar al texto de la Ley General de Salud herramientas que nos permitan enfrentar de la mejor forma los nuevos retos y dilemas a que se enfrentan la medicina y la ciencia; y por lo que pedimos su apoyo aprobatorio para el presente dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares . No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Elsa Conde Rodríguez, previa lectura, por favor.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En el artículo 41 Bis, en el último párrafo, se agregaría: ``Se procurará que ambos comités estén conformados de modo tal, que sus integrantes representen a la pluralidad académica y científica del país''.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez .

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la Asamblea si del dictamen que se está presentando, y que se discutió, se puede tomar la votación. Ya está suficientemente discutido, ya presentamos la modificación... Sí, perdón. El diputado Mayans. Si dan sonido a la curul del diputado Mayans por favor.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal(desde la curul): Presidenta, este dictamen ya fue votado en la Cámara, enviado al Senado, se le hicieron las modificaciones correspondientes, por lo tanto el día de hoy no procedería hacer esta votación y esta adición que se le quiere hacer a la ley.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Diputado, sería regresar a la Cámara de Senadores precisamente por esta modificación que se le está realizando y la Cámara de Diputados tendría ese derecho de enviar la modificación. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Actívese la curul 119, del diputado Gustavo Ramírez Villarreal , cuyo voto va a ser de viva voz.

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Se emitieron 363 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 98, el segundo párrafo del artículo 316 y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud; se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

BIOSFERA CHAMELA-CUIXMALA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del PVEM

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 30 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los artículos 5, 22, 24, 44 y 56 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el suscrito, diputado federal Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

El 30 de diciembre de 1993, mediante decreto presidencial, se determinó la creación de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, para proteger una extensión de 13 mil 142 hectáreas compuestas por selva baja caducifolia y siete tipos de vegetación más, entre ellos manglar.

Chamela-Cuixmala es la reserva con mayor número de vertebrados endémicos en México, con 96 especies. Es hogar de alrededor de mil 149 especies de flora, muchas de ellas endémicas también. La fauna incluye aproximadamente 431 especies de vertebrados y miles de especies de invertebrados.

La reserva, ubicada al suroeste del estado de Jalisco, cuenta con varias especies en peligro de extinción; ha sido reconocida como un Humedal de importancia internacional conforme a la Convención de Ramsar; y ha sido incorporada en el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, entre otras cosas.

Esta región ha sido decretada área natural protegida; es además una de las zonas más protegidas de todo el mundo, característica con la cual pocos sitios en el planeta han podido contar. La importancia de la reserva está dada por su inmensa heterogeneidad biológica, que ayudan a la regulación del clima, protegen contra la erosión y regulan la calidad del agua.

Sin embargo, desde que se creó la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y dada la riqueza ambiental con que cuenta, ésta ha generado el interés de grandes empresarios del ramo turístico que, bajo esquemas de aparente legalidad y de corrupción a funcionarios públicos, han pretendido desarrollar proyectos turísticos de grandes dimensiones que ponen en riesgo la flora y la fauna de la región. En cinco ocasiones la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha rechazado estos proyectos. Sin embargo, en los últimos días del gobierno de Vicente Fox se dieron autorizaciones al vapor de dos megadesarrollos turísticos denominados Tambora y proyecto IEL La Huerta. Dichos permisos fueron otorgados por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el biólogo Ricardo Juárez Palacios.

El proyecto Tambora (con clave de autorización 14JA2006T0011) amenaza esta área natural protegida por el noroeste; mientras que el proyecto La Huerta (con clave de autorización 14JA2006T0018) colinda al suroeste con la Reserva. Ambas autorizaciones se otorgaron el 22 de noviembre de 2006, a escasos días de la conclusión de la administración de Vicente Fox.

Estos permisos fueron rechazados previamente, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la cual consideraba que representaban ``un importante riesgo de impacto negativo'' hacia las zonas ecológicas. Incluso, el proyecto La Huerta fue presentado previamente con el nombre Marina Careyes y fue rechazado. Además, el Instituto de Ecología de la UNAM y la Fundación Ecológica de Cuixmala, instituciones encargadas de la administración de la reserva formaron un grupo de expertos y analizaron las manifestaciones de impacto ambiental que presentaron los promotores de cada uno de los proyectos y alertaron a la Semarnat para que no diera las autorizaciones correspondientes, debido a que las manifestaciones de ambos proyectos no cumplían con los requisitos que exige la legislación para que se pueda autorizar una manifestación de impacto ambiental, como determina el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esto es, no se logró identificar los impactos que pueden causar al ecosistema los proyectos Tambora y La Huerta; ni mucho menos contaban los documentos tanto con las medidas preventivas, como de mitigación, ni las demás necesarias ante los posibles daños ambientales que los proyectos generarían.

A pesar de lo anterior, el director general de Impacto y Riesgo Ambiental dio las autorizaciones, presuntamente de manera ilegal, pues no cumplen con ninguno de los requisitos legales exigidos. Incluso, se presume que manipuló y antedató la documentación para hacer parecer que había autorizado los proyectos antes de recibir las opiniones técnico-jurídicas del propio Instituto de Ecología de la UNAM y del grupo de expertos.

Es importante aclarar que el Partido Verde Ecologista de México no se opone al desarrollo turístico de la zona, ni a la creación de otros centros de desarrollo económico y turístico en general, siempre y cuando, dichos desarrollos no atenten con el equilibrio ecológico del país. Consideramos que es posible lograr un desarrollo económico en armonía con la conservación del medio ambiente. Existen muchos ejemplos de ello. Sin embargo, la ubicación de los proyectos expuestos colinda con la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala y con otras dos zonas de gran relevancia ecológica para el país: el santuario tortuguero en playa Teopa y el santuario de las Islas de la Bahía de Chamela. Los desarrollos turísticos en las condiciones en las que se presentan a través de los proyectos Tambora y La Huerta amenazan la conservación del ecosistema, ya que, según el grupo de expertos encargados de la zona, desencadenarán indudablemente impactos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos y ciertamente peligrosos impactos acumulativos, entre los que se encuentran: la afectación de la calidad del agua, la alteración del hábitat debido a la gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción de la zona, la modificación de la calidad del aire, pérdida de vegetación y fauna, entre otros.

Conscientes de esta situación y de que la conservación de los ecosistemas mexicanos es una necesidad imperiosa para asegurar nuestra propia supervivencia, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender y, en su caso, revocar, medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la vigencia de las autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo turístico otorgados el 22 de noviembre de 2006 con el nombre Tambora, con clave de autorización 14JA2006T0011, y proyecto IEL La Huerta, con clave de autorización 14JA2006T0018, por encontrar múltiples irregularidades en el procedimiento de otorgamiento de dichas autorizaciones.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Publica para que a través del Órgano de Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique si las autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo turístico otorgados el 22 de noviembre de 2006 con el nombre Tambora, con clave de autorización 14JA2006T0011 y proyecto IEL La Huerta, con clave de autorización 14JA2006T0018, se otorgaron respetando la normatividad aplicable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al primer día del mes de marzo de 2007.--- Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa que expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y los necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a expedir con la mayor brevedad el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y los necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús González Macías , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Por mandato constitucional el Estado mexicano se encuentra obligado a promover las condiciones para un desarrollo rural integral con el propósito de general empleo y garantizar a la población campesina el bienestar, participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentando la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra, con obras de infraestructura, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

No obstante ello, el sector se encuentra abandonado y los efectos de esto han perjudicado gravemente a la clase campesina, con lo cual el Estado se encuentra moral y funcionalmente obligado a tomar las medidas que solucionen esta problemática.

Es por ello que debe contar con una política en materia agraria que brinde los elementos para insertar dentro del desarrollo nacional a los actores cuya economía pende del medio rural; toda vez que en los últimos 10 años el ingreso de los productores ha caído 24.5 por ciento en términos reales, la rentabilidad del sector ha disminuido 16 por ciento y el crédito al campo se ha desplomado casi en 60 por ciento; siendo el resultado final un peligroso aumento en las importaciones de alimentos básicos como maíz, frijol, soya, sorgo, trigo y carne de res, cerdo y pollo.¹

Dado lo anterior, es menester contar con los instrumentos de política ambiental que brinden las herramientas para solucionar, ya sea en todo o en parte, la problemática que aqueja a millones de mexicanos que se dedican a actividades agropecuarias o ganaderas.

Uno de estos instrumentos lo constituye la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable, cuya finalidad consiste la promoción del medio rural mediante un aprovechamiento adecuado del campo en términos del artículo 4o. constitucional, ya que la manera en que prevé estas actividades es bajo la óptica de preservación de los recursos naturales.

La visión de dicho ordenamiento no solamente se circunscribe al ámbito productivo, sino busca regular diferentes aspectos del medio rural, como los relacionados con la situación familiar de los trabajadores, que dependen de este tipo de actividades económicas, y de aquellas que sólo residen en estas áreas.

Esta Ley prevé la participación social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente, lo que supone un avance en la materia que abre nuevas oportunidades para el desarrollo rural a través de una estrategia conservacionista y concertada en materia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Cabe señalar que busca equiparar las condiciones en que viven los diferentes productores rurales en nuestro país, ya que el porcentaje promedio de aquellos que poseen capacidad para la exportación a nivel nacional sólo asciende a 30 por ciento; mientras que aquellos que ni siquiera cuentan con las condiciones mínimas para poder decir que tienen una vida digna y decorosa ascienden a un promedio de 70 por ciento del total de los habitantes de este medio.

Es así como se justifica que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevea diferentes figuras orgánicas y jurídicas para dar cumplimiento con los objetivos que le dieron origen. Es así como surge la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural, organismo institucional encargado de coordinar el marco programático con las acciones a desarrollar por cada uno de los actores interesados y encargados de la gestión en materia agropecuaria; y también la figura de los distritos de desarrollo rural, como las unidades administrativas básicas para el desarrollo de las comunidades rurales.

No obstante ello, y el avance que representa para el desarrollo del medio rural la expedición de la ley en comento, del mismo texto legal se desprende la inminente necesidad de expedir los reglamentos que hagan operativa su aplicación, es decir, que permitan a los actores afectados cumplir las obligaciones previstas en el cuerpo de la ley.

Es así como dicha necesidad se evidencia con el contenido del artículo sexto transitorio del decreto que expide la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,² que a la letra dice:

``Artículo Sexto. EI Ejecutivo federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los reglamentos que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento.''

Al respecto, cabe mencionar que el Ejecutivo ha cumplido parcialmente la segunda obligación prevista en este transitorio, que hace referencia a las reformas en materia orgánica y estructural, al expedir el Reglamento de la Ley en Materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados; quedando pendiente la expedición de reglas, procedimientos e instrumentos que les aseguren a los sujetos de la ley crecer sustentablemente y reactivar al sector.

Más aún, es menester que mediante la reglamentación de este ordenamiento se generen políticas para nuestro campo, encaminadas a la inclusión de mecanismos de apoyo y defensa a los pequeños y medianos productores; ejidatarios, comuneros y productores privados que les permitan enfrentar los retos que supone la entrada a un mercado internacional de productos que es regido por reglas estandarizadas que obligan a ser competitivos en aras de subsistir en el mercado global.

Es así como el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publique a la brevedad el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural, y aquellos necesarios para el cumplimiento de este ordenamiento.

Por ello, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la de la voz, a nombre los legisladores del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, solicitando sea turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que a la brevedad expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural, y aquellos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de conformidad con lo previsto en su artículo sexto transitorio.

Notas:

(1) Martínez Hernández Ifigenia, El concepto de desarrollo rural en México en el siglo XXI, Cámara de Diputados, p.31.

(2) La Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue publicada el 5 de octubre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Jesús González Macías (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.

AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua a conducirse de acuerdo con la normatividad vigente en materia de incentivos para la regularización de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua a conducirse de acuerdo con la normatividad vigente en materia de incentivos para la regularización de la explotación y del uso o aprovechamiento de aguas nacionales, a cargo del diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal César Duarte Jáquez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1995 el entonces Presidente de la República expidió un decreto por medio del cual se otorgaban facilidades administrativas y se condonaban contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes con actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, industrial, comercial y de servicios. En este decreto se incluyeron también las condonaciones de contribuciones al Distrito Federal, estados y municipios.

El decreto planteaba que la regularización de los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes proporcionaría seguridad jurídica a los usuarios, promoviendo el desarrollo social, otorgando mayores facilidades a los grupos más desprotegidos e impulsando el crecimiento económico, con el cuidado del ambiente y sentando las bases para el aprovechamiento sustentable del agua.

A lo largo del sexenio anterior, el Ejecutivo federal expidió tres decretos de condonación de adeudos (2001, 2002 y 2004) a municipios, entidades federativas, Distrito Federal, organismos operadores o comisiones estatales, o cualquier otro tipo de organismo u órgano responsable de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas.

Uno de los principales argumentos para la expedición de estos decretos se refiere a los esquemas de incentivos establecidos en la Ley Federal de Derechos, que permitía a los contribuyentes la suspensión y eventual exención del pago de estos derechos, misma que se condicionaba a la presentación y cumplimiento de un programa de acciones diversas, que en caso de no ser cumplidas, implicaban el pago de la totalidad de los derechos generados. En este sentido, el decreto reconoce que el mencionado programa de acciones no fue cumplido por la falta de recursos financieros para llevar a cabo las obras, por lo que establece la condonación de los créditos fiscales generados por los adeudos del pago en el derecho de uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales.

Estos tres decretos reconocen la graves dificultades a las que se enfrentan los entidades y organismos públicos para hacer frente a lo establecido en cuanto a pago de derechos por imposibilidades técnicas, financieras, sociales e incluso políticas, además de establecer los mecanismos para homologar lo establecido en la normatividad, los instrumentos formales, y lo determinado en la práctica, los instrumentos no formales.

Para los especialistas las políticas y prácticas centradas exclusivamente en medios técnicos y formales no sólo no satisfacen objetivos de desarrollo, sino que, además, afectan negativamente a una gran proporción tanto de hogares como de productores de las áreas metropolitanas al no reconocer los medios no formales.

En este contexto, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Campaña Nacional de Títulos de Concesión, realiza la regularización de títulos de concesión sustentada en un marco jurídico que deja a los particulares en una situación de indefensión jurídica ante sus actuaciones, especialmente en el caso de aquellos ciudadanos que menos acceso a la justicia administrativa tienen por tener menores ingresos: nos referimos fundamentalmente a los trabajadores directos del campo mexicano, los campesinos, quienes tienen que lidiar en condiciones de absoluta iniquidad con un aparato burocrático del Estado que los hostiga, escudándose en una normatividad injusta y obsoleta.

La realidad nos indica que el aprovechamiento de un alto porcentaje de nuestros recursos hídricos es irregular. No porque los particulares, especialmente los campesinos, busquen estar en la ilegalidad, sino porque se enfrentan tanto a una regulación deficiente que privilegia a la autoridad, generándoles altísimos costos legales y extralegales.

En este sentido, resulta paradójico observar que dada la regulación vigente, nadie encuentra el incentivo adecuado para regularizar su situación administrativa en términos de las explotaciones de los recursos hídricos del país, ya que de hacerlo serían parte de una minoría de beneficiarios que procura conservar en regla sus permisos y títulos de explotación, pero que se encuentra sometida a una regulación deficiente y que sin duda tiene que ser equiparada con la realidad existente en México.

¿Para qué entrar a la legalidad, cuándo la norma es deficiente y más deficiente su aplicación por parte del Ejecutivo federal?

¿Para qué regularizar un aprovechamiento cuándo la Conagua desconoce las realidades a flor de piel de aquellos que cultivan la tierra, expropiando propiedades que representan los patrimonios únicos de familias enteras, negándoseles la oportunidad de cumplir con lo omitido, suspendiendo, extinguiendo o revocando el título de la explotación de aquello que se ha constituido como su principal medio de creación de riqueza? El agua.

¿Para qué buscar un permiso o un título de concesión, cuándo es práctica regular que la Conagua proceda a la inmediata imposición de una sanción económica excesiva o bien a la clausura del área de explotación, cuando no se han pagado los derechos a tiempo y en forma porque la cosecha no rindió los frutos esperados?

¿Para qué entrar a un juego cuyas reglas son demasiado onerosas, y los beneficios de seguirlas tan bajos?

Para concluir: si bien lo necesario y deseable es que vayamos avanzando como cuerpo legislativo en la reforma de la regulación en materia de aguas nacionales, no es menos imperioso que exhortemos a titular del Poder Ejecutivo federal, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua a que, reconociendo la abrumadora realidad sobre la falta de regularización, apliquen las normas en favor de los concesionarios de buena fe, creando los incentivos necesarios para uniformar las explotaciones de los recursos hídricos del país.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Comisión Nacional del Agua a crear los incentivos necesarios para la regularización de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, en el marco de la ley, a favor de los permisionarios o concesionarios de buena fe, que por diversas razones se han visto imposibilitados de acceder a este trámite.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se integre a divesos municipios de Quintana Roo al área geográfica A.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a integrar diversos municipios de Quintana Roo en el área geográfica A, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Constituyente de 1917 al aprobar el artículo 123 otorgó una de las garantías sociales más trascendentes par los trabajadores mexicanos como lo es el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo, que le permitiera cubrir las necesidades básicas para él y su familia. Sin embargo, hasta ahora, grandes sectores de trabajadores aún no alcanzan a satisfacer con su salario mínimo, cuando tienen un empleo formal, los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.

En los últimos años, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado, aproximadamente en un 22 por ciento. Estudios recientes revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permiten cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.

La población asalariada que cotiza de manera permanente en el estado de Quintana Roo, para el mes de agosto del año pasado, fue de 225 mil 470, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales --prácticamente-- el 80 por ciento corresponde a trabajadores que prestan sus servicios en empresas o comercios instalados en las zonas turísticas de los municipios que concentran esta actividad.

Esta situación genera un desequilibrio y mantiene a los trabajadores en situación de desventaja, en una clara injusticia, ya que al mantenerse la actual área geográfica C, propicia una severa desigualdad al percibir un salario mínimo que resulta simbólico en un área geográfica, donde los bienes y servicios son caros y por lo tanto, inaccesibles para grandes colectivos de trabajadores quintanarroenses.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano facultado para establecer los salarios que rigen cada año en el país ha incrementado su monto; para el año 2001 fue de 6.99 por ciento, en 2002 de 5.78 por ciento, en 2003 de 4.5 pór ciento, en 2004 de 4.25 por ciento, para el 2005 se ubicó en 4.5 por ciento y en el presente año fue de 4 por ciento, con una clara tendencia a la baja; siendo el promedio de estos últimos seis años de un 5 por ciento. Y para el próximo año se prevé que ésta tendencia continúe.

Ante la situación de pobreza y de mala distribución del ingreso, es necesario retomar la idea del empleo como un gran objetivo y no como un resultado automática del crecimiento económico. La generación del empleo y la protección de los mismos deben de ser el centro de las políticas públicas, así como la vinculación salarial con las actividades productivas, con el objeto de que el crecimiento macroeconómico se refleje en un ingreso real para las familias trabajadoras.

El turismo es la única actividad económica que está sujeta a la oferta de atractivos que el propio sitio ofrece, por lo que nuestro país cuenta con riquezas naturales, con clima excepcionales y un rico patrimonio cultural y arqueológico, que lo convierten en un espacio propicio para el fomento de esta actividad estratégica, detonadora de empleos y generadora de divisas, lo que no se traduce en beneficio directo para los trabajadores que se desempeñan particularmente en los destinos turísticos.

En el estado de Quintana Roo, la actividad turística ofrece grandes beneficios a la economía nacional. En contraste, el nivel de vida de los trabajadores se ve afectado por la baja retribución que representan los 45.81 pesos vigentes para el año 2006, ya que por el contrario, los elevados costos de los bienes y servicios que tienen que adquirir para satisfacer sus necesidades básicas le resultan prohibitivos. Los destinos turísticos se han convertido en ciudades sumamente caras, entre otros, los pertenecientes a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá reclasificar el área geográfica C para convertirla en A, y hacerla más equitativa e igualarla con otros destinos turísticos del país que registran las mismas características de estos municipios del Estado de Quintana Roo.

Estimados legisladores: debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen.

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que integre a los 8 municipios del estado de Quintana Roo, al área geográfica A.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió también del diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre los costos de las obras de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT con relación al costo de las obras de ampliación del aeropuerto internacinal de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

He solicitado el uso de esta tribuna para referirme a la situación que guarda el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El mismo se originó durante el gobierno anterior pese a que repetidamente se señalaron varias limitaciones en su alcance. Desde el inicio, se señaló como necesario analizar la viabilidad de llevarlo adelante, con el alto costo que representa para los contribuyentes y por los dudosos beneficios para los problemas de fondo, que son principalmente los de la capacidad de atención al volumen de vuelos diarios. A pesar de ello, se decidió llevarlo adelante.

La infraestructura aeroportuaria es una pieza fundamental de la economía y desarrollo de México, por ello es necesario tener una visión de largo plazo en esta materia. Desde hace varios años se ha discutido en torno a la creciente insuficiencia del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, frente al crecimiento del tráfico aéreo.

Los usuarios han podido presenciar la manera como crecieron los retardos en los despegues y aterrizajes, la falta de salas, la demora en llegar a los túneles de ascenso y descenso o en la espera de las salas móviles para llegar a las terminales.

Además, las áreas de arribo y de espera se encuentran saturadas de viajeros y de familiares en una situación en la que la incomodidad, la pérdida de calidad en la atención e inclusive el crecimiento de los delitos son una realidad.

A pesar de los inconvenientes, el gobierno anterior decidió invertir importantes recursos, del orden de 800 millones de dólares, en la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, tal volumen de recursos no permite modificar el factor fundamental que limita el desarrollo aeronáutico, y que es el espacio aéreo del valle de México. Los recursos, en cambio, se utilizaron en las zonas de atención en tierra y en las áreas comerciales. El espacio aéreo de este aeropuerto ya no tiene la capacidad necesaria para poder atender un mayor número de vuelos que justifican las enormes inversiones en infraestructura terrestre que se han hecho.

La incapacidad política para construir el nuevo aeropuerto, y la ausencia de visión estratégica al abandonar la idea y dedicar los esfuerzos a la construcción de una obra de maquillaje sitúan a nuestro país en un serio problema de capacidad para desarrollarse. El resultado es que seguimos en las mismas condiciones de siempre y con ello aumenta exponencialmente el retraso del país.

La realidad es que se requiere otro aeropuerto. Poner dinero bueno al malo no representa una inversión rentable para el país. Sin embargo, hasta ahora no se conoce que exista un proyecto de esta naturaleza, lo cual es una lamentable omisión, ante el creciente intercambio que tiene nuestro México con todo el mundo y que exige un mejor sistema de comunicaciones y transporte.

A nuestra política en materia de comunicaciones y transporte le faltan definiciones y una visión de largo plazo. Habría que preguntarnos qué va a pasar en los próximos 30 años si no ampliamos nuestra capacidad aeroportuaria, principalmente en lo referente al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La inversión realizada al actual se verá rebasada en un periodo muy corto.

En materia aeronáutica, México sostiene diariamente una competencia inequitativa con muchos países, debido a la falta de infraestructura adecuada y al retraso en políticas que enmarcan este sector estratégico para el desarrollo.

Nuestro país, que ha suscrito tratados comerciales con muchos países del mundo, no cuenta con la infraestructura suficiente en materia aeroportuaria, por ello nuevamente inicia la discusión acerca del inevitable tema de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.

Por estas consideraciones, es necesario solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos proporcione información precisa sobre las razones que originaron el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el desglose de los gastos y una explicación clara del costo-beneficio de la obra.

En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Como de urgente y obvia resolución:

Primero. Se solicita la comparecencia, ante comisiones, del secretario de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de que informe a ésta soberanía acerca de:

1. Las razones que fundamentaron la decisión de invertir recursos en el aeropuerto de la Ciudad de México, así como la relación costo-beneficio de la obra.

2. Detalle la política aeroportuaria del actual gobierno de la República, y

3. Especifique el contenido de la política aeronáutica que seguirá dicha dependencia.

Segundo. La Junta de Coordinación Política determinará la fecha y hora, así como el formato de la mencionada comparecencia.

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo con relación al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios de Veracruz.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hago uso de esta alta tribuna de la nación para plantear ante ustedes una solicitud de apoyo solidario con el estado que tengo el honor de representar en ésta Cámara de Diputados, en virtud de que la autoridad hacendaria está recortando las participaciones federales que corresponden a dicha entidad y que están afectando la capacidad de trabajo para la población, de los municipios del estado.

Efectivamente, por causas imputables al gobierno federal, las participaciones que se están entregando a los municipios del estado son menores en casi 20 por ciento a las pagadas en el mismo periodo del año anterior, representando una disminución de casi 28 millones de pesos.

Las demandas para que se entreguen en tiempo y forma las participaciones federales, no ha rendido los frutos deseados y esta situación está comprometiendo seriamente los programas y servicios públicos que los ayuntamientos producen para la gente.

Es de señalarse que la disminución de las participaciones no es imputable al estado de Veracruz, sino que tienen una aparente razón en un posible decremento en la recaudación federal. Valga señalar que, a pesar de que los diputados autorizamos recursos suficientes y etiquetados para los programas registrados por los estados y por los municipios, a través de ellos, consideramos que hay ineficiencia en la autoridad recaudadora y le está cargando el costo de ello a la parte más sensible de la estructura federal, que son los ayuntamientos.

Es sumamente importante atender esta situación, en virtud de que si continua esta tendencia, la situación será insostenible en los próximos meses y habrá crisis en muchos programas públicos. Como tradicionalmente ocurre, los más afectados serán las comunidades más pobres.

El que suscribe, puede dar testimonio de que los altos índices de marginalidad que padecen algunas regiones de Veracruz, como es Zongolica, a quien represento en esta Cámara no resisten una menor cantidad de recursos. Hay muchas comunidades con unos cuantos establecimientos económicos y con raquíticos ingresos, que apenas sirven para los gastos mínimos de operación y para proveer lo esencial para los ciudadanos. Es imposible dar pasos atrás en la miseria que viven muchos de los ayuntamientos, por lo que la lamentable situación que están enfrentando es injustificable. Esta representación popular no puede permanecer ajena ni impasible.

Existe coincidencia entre los diputados de todos los partidos de que es necesario fortalecer el sistema federal, a la luz de la equidad y la justicia. Precisamente este es uno de los criterios más importantes para avanzar en una posible reforma fiscal y en una reforma política. El federalismo tiene que tomarse en serio y con verdadero compromiso.

Las condiciones del sureste mexicano, entre los que se encuentra Veracruz es de atraso y pobreza predominante. Por ello, un federalismo reformado deberá permitir tratar desigual a los desiguales.

Veracruz es una entidad que aún ocupa a una tercera parte de su población en la actividad más importante, pero también la menos remunerada, como es el campo. Tiene altas tasas de analfabetismo, en donde cerca del 15 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Adicionalmente, el estado tiene el cuarto lugar con índice de marginación más alto.

Casi el 50 por ciento de la población vive en localidades de menos de 5 mil habitantes. Cerca del 70 por ciento gana menos de 2 salarios mínimos. El 29 por ciento de las viviendas no tiene agua entubada, el 30 por ciento tiene piso de tierra, el 11 por ciento no cuenta con energía eléctrica y el 10 por ciento no tiene servicio de drenaje.

En estas condiciones, los miembros de esta Cámara, auténticos luchadores sociales y fieles representantes de las demandas y necesidades regionales y de las comunidades, comprenden con facilidad la injusticia que significa retener un sólo peso de los recursos destinados a los municipios. Cada uno de ellos significa la posibilidad de atender una necesidad básica de quienes menos tienen.

Por lo expuesto solicito el respaldo de esta honorable asamblea para exhortar al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que tome las medidas pertinentes, a fin de resolver esta situación de manera urgente.

En los anteriores términos presento ante ustedes la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplique las medidas necesarias, con carácter urgente, para normalizar la entrega de las participaciones federales que corresponden al estado de Veracruz, en los términos aprobados por ésta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en virtud de la disminución que está sufriendo y que afecta, al mismo tiempo, a los municipios de la entidad.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

TRAMITE ADUANERO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se integre una comisión de investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derechos de trámite aduanero.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros: todos ustedes saben el escándalo que hubo y esa putrefacción que se vio que se ha querido sepultar con el caso de ISOSA, donde incluso fallece uno de los directivos en circunstancias por demás extrañas, sin esclarecerse; donde incluso rápidamente la Corte dice que no era auditable aun cuando maneja recursos públicos y todos conocemos esa relación, ese contubernio que ha habido entre ISOSA y los fideicomisos Aduanas 1, Aduanas 2 y cómo esta empresa, que no se ha querido auditar, maneja el pago de derecho de trámite aduanero.

Por este escándalo el diputado Pablo Trejo, en tiempo, en forma, ajustándose a nuestra Constitución, al artículo 93 de la Constitución, presentó la integración de una comisión de investigación, tal como lo manda nuestra Constitución.

Estamos hablando de un derecho consagrado en la Constitución para la minoría de esta Cámara de Diputados, una minoría que puede ser quien integre más de la cuarta parte de firmas para realizar o concretar estas comisiones de investigación. Y qué es lo que ha pasado con el trámite que hizo el diputado Pablo Trejo, qué se ha hecho; simple y sencillamente la junta de coordinadores --nuestro órgano máximo, además de la Mesa Directiva-- no ha querido que se cumpla la Constitución.

Me van a perdonar tanto el coordinador de Acción Nacional como del PRI, pero, ¿quién los faculta para violar la Constitución? ¿Quién les da derecho a estar violentando la Constitución?

El PRD en otras legislaturas no ha sido segunda bancada; ha sido a veces un grupo con menos legisladores y nunca en la historia de las legislaturas se había venido a violar la Constitución en contra de las minorías. Se entendía que aun cuando la mayoría no compartiera el criterio de que se investigara tal o cual instancia, esto se tenía que hacer porque así lo manda la Constitución.

Hoy no ha ocurrido así. Es inaudito, es sin precedente. Hace cinco meses que se reunieron más de 130 firmas de diputadas y diputados para integrar esta Comisión y todavía no se integra. Entonces, yo sí...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Juan Guerra. Sonido a la curul del diputado Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): Que si me hace el favor de preguntar al diputado Juan Guerra si me permite hacerle una pregunta y una consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta, diputado Juan Guerra?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.

El diputado José Murat(desde la curul): Primero, señor diputado Juan Guerra, decirle que el grupo parlamentario del PRI está de acuerdo en que se formen las comisiones investigadoras y por supuesto, que quede claro que no estamos de acuerdo en que se esté violando la Constitución, que es muy clara en ese sentido. Por otro lado, entiendo que los coordinadores de los grupos parlamentarios están atendiendo este asunto, pero quisiera que me explicara y explicara a este Pleno a quiénes se refiere cuando hace el señalamiento de que está detenido este asunto y que está violándose la Constitución. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Bueno, me refiero directamente --y lo señalo-- al presidente de la junta de coordinadores, al diputado Emilio Gamboa, porque él es el presidente de esta junta y es el que tiene que agilizar la integración de estas comisiones. Y me refiero directamente al coordinador de la bancada de Acción Nacional, porque es el grupo mayoritario y sin esa opinión tampoco se integra.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Murat. ¿Con qué objeto?

El diputado José Murat (desde la curul): Para hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted otra pregunta, diputado Juan Guerra?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Sí.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.

El diputado José Murat(desde la curul): Estoy en condiciones, diputado Juan Guerra, de decirle que el grupo parlamentario del PRI, en el que está el diputado Emilio Gamboa, estamos de acuerdo en la integración de los grupos parlamentarios y entiendo que ya se ha tratado esto en la junta coordinadora y que a más tardar el lunes o la próxima semana deben quedar integrados estos grupos con comisiones de investigación, como lo marca la Constitución y como está en la regla y debe funcionar inmediatamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Agradezco esa opinión de la bancada del PRI; espero que haya el mismo compromiso de la bancada de Acción Nacional, porque si no, ¿qué es lo que parece? Que se quiere proteger a Gil Díaz, que no se quiere que se investigue la corrupción de Gil Díaz, personaje por demás que tiene denuncias de otro tipo, que se sabe que acomodó a sus familiares en diversas posiciones de Aduana. O sea, lo que parecería o la impresión que se da si no se integra esta comisión es que se está tratando de proteger la corrupción de Gil Díaz.

Por eso agradezco la opinión de la bancada del PRI, el compromiso para que se integre y pido lo mismo de Acción Nacional, que haya ese compromiso.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats(desde la curul): Desde luego que asumimos ese compromiso --nada más para responder al señor orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Se le ha acabado el tiempo, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Sí, termino. Agradezco mucho la opinión de la bancada de Acción Nacional. Es cuanto, ciudadano Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se integre una comisión de investigación de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal mayoritaria sobre el origen, el cobro, el destino y las repercusiones que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, suscrita por los diputados Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Pablo Trejo Pérez y Juan Guerra Ochoa, diputados a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia resolución, para la integración de una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tienen en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero.

Consideraciones

1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de las Cámara de Diputados, a petición de una cuarta parte de sus integrantes, está facultado para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

2. El artículo 41 de la Ley Orgánica prevé que las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio de la facultad a la que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional antes citado.

3. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 19 de septiembre de 2006, el Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de la recepción y, en consecuencia, dictó turno a la Junta de Coordinación Política, de la proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez .

4. La propuesta de creación de la Comisión de Investigación, señalada en el considerando anterior, objeto del presente acuerdo, se encuentra respaldada por 133 firmas de diputadas y diputados, por lo que satisface el requisito constitucional de procedencia.

5. El artículo 34, párrafo 1 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General establece la facultad de la Junta de Coordinación Política para proponer al Pleno la integración de comisiones. Sin embargo, han transcurrido más de 5 meses sin que este órgano haya presentado la propuesta de acuerdo para la integración de la citada comisión, lesionado los derechos de minoría establecidos en el tercer párrafo del artículo 93 Constitucional. Esta omisión de la Junta de Coordinación Política debe ser subsanada por el Pleno de la Cámara de Diputados y permitir, así, que ésta cumpla con sus atribuciones constitucionales de control sobre el Poder Ejecutivo que el Constituyente Permanente lo otorgó con la reforma de 1977 a la Constitución Política.

Con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 42, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derecho de trámite aduanero con relación a sus operaciones de exportación e importación.

Segundo. La Comisión de Investigación estará integrada por 16 miembros nombrados por los coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados, de conformidad con la siguiente proporción:

5 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

3 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

3 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

1 del Grupo Parlamentario de Convergencia.

1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

1 del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y

1 del Grupo Parlamentario de Alternativa

Tercero. La Comisión de Investigación contará con una mesa directiva integrada por un presidente designado por el Grupo Parlamentario del PRD, y por un secretario designado por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI respectivamente.

Cuarto. La Comisión de Investigación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2007.

Quinto. La Comisión de Investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto en el resolutivo que antecede, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.

La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo.

Sexto. La Comisión de Investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputados: Pablo Trejo Pérez , Juan Guerra Ochoa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Guerra.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Ramírez Stabros , del PRI, se turna a la Junta de Coordinación Política.

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE BANCA Y CREDITO

Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Tiene la palabra el diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito a enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez:Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea: el buró de crédito es una sociedad de información crediticia cuya misión es recabar antecedentes sobre la conducta crediticia de las personas físicas y morales. El buró tiene sus inicios en 1996 por dos empresas de nacionalidad extranjera: Trans Union de México, SA, y Dun & Bradstreet, SA. Ambas cuentan con el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy tienen como propósito integrar información sobre personas físicas y morales, formando una base de datos que ofrecen a otros.

Hasta hoy es un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México debido a que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que han contraído un crédito en alguna entidad del sistema financiero mexicano y casas comerciales que otorgan créditos al consumo y menudeo.

En virtud de lo anterior, resulta relevante apuntar que el buró de crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse. Asimismo no emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de crédito; únicamente se remite a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales a través de la vida de los empréstitos.

Diversos bancos y prestadores de servicio a crédito, recurren a la información del buró con el fin de investigar si una persona es sujeta de crédito o no lo es. La mayoría de los mexicanos han sido partícipes de compras a crédito y préstamos.

No pagar a tiempo dichos préstamos conlleva a que aparezcan en la base de datos del buró de crédito teniendo como resultado el contar con un historial crediticio negativo. Al solicitar un nuevo crédito se rechaza la solicitud debido a que al estar dentro del buró se considera una persona morosa.

Otro supuesto en el que se han visto inmersas las personas que recurren a créditos es el llamado quebranto de la institución. Es decir, cuando el deudor negocia el pago con la institución crediticia logrando una reducción del adeudo total para su finiquito.

No obstante tal negociación, los bancos no reflejan el reporte de pago del deudor ante el buró argumentando el ya mencionado quebranto a la institución. Por eso debemos decir que los efectos negativos que trae aparejado el estar situado en el buró de crédito, les hace recurrir a préstamos en condiciones de usura para liquidar las deudas por el hecho de estar en dicho buró.

Reitero: los efectos de ser acreedores a una nota negativa provocan enfrentar problemas difíciles de resolver pues impide acceder a los servicios financieros, principalmente al acceso de créditos bancarios, teniendo que recurrir así a créditos caros.

De igual manera, cuando se presentan oportunidades de compra de algún bien inmueble u otro tipo, éstos le son negados y no son asequibles por la ya mencionada situación. Esto, debido a que cuando liquidan la deuda con un banco éste no pasa el reporte a tiempo para informar que dichas deudas han sido liquidadas y que el historial crediticio denote una buena referencia.

Por lo anterior, compañeros, resulta importante que los bancos y prestadores de servicios que piden el reporte a las sociedades de información crediticia para verificar el ya mencionado historial crediticio, tengan la obligación de pasar el reporte de no adeudo en cuanto el crédito sea liquidado o finiquitado.

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que obliguen a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, a pasar el reporte de no adeudo cuando los deudores hayan cumplido o finiquitado cabalmente con sus compromisos de pago, debiendo hacer esto las entidades crediticias en un término no mayor de 30 días naturales; de lo contrario, se harán acreedores a una sanción de 100 salarios mínimos diarios a partir del día 31 y así sucesivamente por cada día de atraso que no entreguen dicho reporte.

Muchas gracias, compañeros. Solicito a esta Presidencia que sea insertado íntegro en el Diario de los Debates el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP a obligar a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito a enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia respecto a las personas que han liquidado sus deudas, a cargo del diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , integrante del Partido Acción Nacional, adscrito a la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el Poder Ejecutivo Federal obliguen a la Comisión Nacional Bancaria y a los prestadores de servicios a enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia (buró de crédito) respecto a las personas que han liquidado sus deudas ante las instituciones de crédito al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El buró de crédito es una sociedad de información crediticia cuya misión es recabar antecedentes sobre la conducta crediticia de las personas físicas y morales.

El buró de crédito tuvo sus inicios en el año 1996 por parte de dos empresas extranjeras: Trans Union de México, SA, SIC, y Dun amp; Bradstreet, SA, SIC, ambas contaron con el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tienen como propósito integrar información sobre personas físicas y morales, conformando una base de datos que ofrece a otras instancias.

Hasta hoy, es un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México, debido a que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que han contraído un crédito en alguna entidad del sistema financiero mexicano y casas comerciales que otorgan créditos al consumo y menudeo.

En virtud de lo anterior, resulta relevante apuntar que el buró de crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, asimismo, no emite juicio sobre si una persona es o no sujeta de crédito, únicamente se remite a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales a través de la vida de los empréstitos.

Diversos bancos y prestadores de servicios a crédito recurren a la información del buró de crédito con el fin de investigar si una persona es sujeta de crédito o no. La mayoría de los mexicanos hemos sido participes de compras y prestamos a crédito. El no pagar a tiempo dichos préstamos, en muchas ocasiones debido a la economía y orillados por la situación que vivimos día a día, conlleva a aparecer en las bases de datos del buró de crédito teniendo como resultado el contar con historial crediticio negativo. Al solicitar un nuevo crédito, se rechaza la solicitud debido a que al estar dentro del buró se considera una persona morosa.

Otro supuesto en el que nos hemos visto inmersos es el llamado quebranto a la institución, es decir, cuando el deudor negocia el pago con la institución crediticia logrando una reducción del adeudo total para su finiquito. No obstante tal negociación, los bancos no reflejan el reporte del pago del deudor ante el buró, argumentando el ya mencionado quebranto a la institución.

Es por eso que debemos mencionar los efectos negativos de estar situado en el buró de crédito porque nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos hace incurrir muchas veces a préstamos en condiciones de usura para liquidar las deudas por el temor de estar en el buró.

Los efectos de ser acreedor a una nota negativa nos hace enfrentarnos a problemas muchas veces estructurales difíciles de resolver pues nos impide acceder a servicios financieros, principalmente al acceso a créditos bancarios, teniendo que recurrir así a créditos caros de igual manera cuando se nos prestan oportunidades de compra de algún bien inmueble u otro tipo estos nos son negados por la ya mencionada situación y, aunado a eso, cuando liquidamos la deuda con el banco no se pasa el reporte a tiempo para informar que dichas deudas están liquidadas para que nuestro historial crediticio denote una buena referencia.

Es por lo anteriormente expuesto que resulta importante que los bancos y prestadores de servicios que piden el reporte a las sociedades de información crediticia para verificar el ya mencionado historial crediticio tengan la obligación de pasar el reporte de no adeudo en cuanto el crédito sea liquidado, por lo anterior pongo a su consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a obligar a las instituciones financieras de banca y crédito publicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito se obliguen a pasar el reporte de no adeudo cuando los deudores cumplan cabalmente con sus compromisos de pago en un termino no mayor de 30 (treinta) días naturales, de lo contrario se harán acreedores a una sanción de 100 (cien) SMD a partir del día 31 (treinta y uno) y así sucesivamente por cada día de atraso que no entreguen dicho reporte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2006.--- Diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Flores Domínguez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia les recuerda que el día de ayer, en la reunión de conferencia con todos los coordinadores, se acordó que para disminuir el rezago legislativo los puntos de acuerdo tuvieran una duración de tres minutos. Se pide comprensión a los diputados que van a pasar a presentar puntos de acuerdo.

TRATADOS DE CORDOBA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernaciónincorpore en el calendario oficial el 24 de agosto como día de la firma de los Tratados de Córdoba y se declare fiesta nacional.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez:Con su venia, señor Presidente. Ruego a usted anticipadamente que el texto íntegro de este documento se inscriba en el Diario de los Debates.

Al hablar de la independencia de México nos remontamos justamente al 16 de septiembre de 1810, fecha en la que la historia ha marcado como el día en el que el pueblo mexicano inicia la independencia del imperio español; 16 de septiembre, día en que se inicia también uno de los capítulos más importantes de la vida de México como país naciente.

Años más tarde, la Batalla del 21 de mayo de 1821 en la Villa de Córdoba, Veracruz, fue un hecho sumamente importante, en ella los cordobeses lucharon por su independencia derrotando al Ejército realista español.

Esta última acción de armas realizada en esta ciudad, constituye un importante paso para la consumación de la independencia de nuestro país. Estuvo --y este suceso sirvió para que el 24 de agosto del mismo año se reuniera en la población cordobesa-- Agustín de Iturbide, Jefe del Ejército Trigarante, y Juan de O'Donojú, último virrey de la Nueva España, para fijar los Tratados de Córdoba mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra.

El valor que demostraron en ese entonces concedió a Córdoba el 2 de noviembre de 1880 el título de Heroica, siendo esta ciudad y el municipio de Veracruz, las únicas que ostentan dicho honor en todo el estado.

La firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, como lo mencionamos, pone fin a 11 años de una guerra en la que miles de mexicanos perdieron la vida por uno de los fines más nobles que una persona puede buscar; la libertad.

Por lo mismo, la firma de los Tratados de Córdoba no es una fecha que tenga que ser excluida del calendario oficial. Hay veces que la misma historia causa injusticias. Por eso hacemos esta propuesta. Precisamente por lo anterior es que creemos que también este acontecimiento es motivo de ser incluido de manera más específica en los libros de texto gratuitos.

Actualmente, las jornadas del 21 mayo de 1821 y del 24 de agosto de ese mismo año sólo se recuerdan y se celebran localmente en la ciudad de Córdoba y no les dan el lugar histórico que les corresponde.

De ahí, que México sea el único país que festeje y celebre el inicio de su movimiento liberatorio y no se reconozca a quién lo concluyó y mucho menos dónde se realizó dicho acontecimiento. De ahí la injusticia histórica oficial para con la ciudad de Córdoba.

Rememorando la culminación de la lucha de Independencia así como la última batalla disputada para alcanzarla, no hacemos menos el 16 de septiembre; al contrario, hacemos que nuestras fiestas patrias sean completas celebrando tanto el inicio como el fin de un capítulo fundamental en la historia de nuestro pueblo. No hacemos menos ni hacemos más una fecha de la otra.

Que este Congreso le haga justicia al pueblo de Córdoba y al estado de Veracruz en la parte que dentro de la historia de nuestra Independencia nos corresponden. Festejemos como lo hacemos con el inicio de nuestra Independencia. No dejemos de festejar y de celebrar el término y la culminación de la misma. En sus manos, señoras y señores diputados, está esto. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el calendario oficial el 24 de agosto como Día de la Firma de los Tratados de Córdoba y declararlo día de fiesta nacional, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

``La patria es tradición y experiencia del pasado, actividad y voluntad en el presente y esperanza en el futuro. No podemos aceptar que se pretenda ignorar o mutilar el pasado, ni siquiera que se relate a través de verdades incompletas que le cambien el sentido''.

Al hablar de la Independencia de México, nos remontamos al 16 de septiembre de 1810, fecha que la historia ha marcado como el día en que el pueblo mexicano inicia la independencia del Imperio español, 16 de septiembre día en que inicia también uno de los capítulos más importantes de la vida de México como país naciente.

Años más tarde, la batalla del 21 de mayo de 1821 en la Villa de Córdoba fue un hecho muy importante, en ella los cordobeses lucharon por su independencia, derrotando al Ejército Realista español.

Esta última acción de armas, realizada en la ciudad, constituye un importante paso para la consumación de la independencia de México; este suceso sirvió para que el 24 de agosto del mismo año, se reunieran en la población cordobesa: Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante y Juan O'Donojú, último Virrey de la Nueva España, para firmar los tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra.

El valor que demostraron en ese entonces concedió a Córdoba el 2 de noviembre de 1880, el titulo de ``Heroica'' siendo esta ciudad y Veracruz las únicas que ostentan dicho honor en todo el estado.

La firma de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto de 1821 como lo mencionamos con anterioridad, pone fin a once años de una guerra en la que miles de mexicanos perdieron la vida por uno de los fines más nobles que una persona pueda buscar, la libertad. Con lo anterior, da inicio a la vida independiente de México como patria nueva, sin tener que rendir tributo a una potencia extranjera que durante tres siglos se apoderó de lo que quiso y de cuanto pudo.

Córdoba tuvo el honor de enfrascarse en la última batalla para lograr la independencia del país de la Corona española, batalla que hizo que nuestros compatriotas encabezados por José Joaquín Herrera al mando de 300 soldados, contingentes de amatecos, un gran número de cordobeses, soldados de Cuchichapa y 70 negros comandados por el negro Fernando Segura, lograran retener la plaza con un derroche de heroísmo y valor obligando meses más tarde a la firma de los Tratados de Córdoba documento que pone fin a este pasaje de la historia del país.

Por lo mismo, la firma de los Tratados de Córdoba no es una fecha que tenga que ser excluida del calendario oficial. Hay veces que la misma historia causa injusticias, por esto hacemos esta propuesta, no queremos que nuestros hijos sepan la historia a medias, queremos que se enorgullezcan del valor de México, del valor de su gente y del valor que tiene su historia.

Precisamente por lo anterior, es que creemos que este acontecimiento es motivo de ser incluido de manera más específica dentro de los libros de texto gratuitos que se reparten a millones de niños en educación primaria. Actualmente los libros de texto gratuitos hacen mención a este acontecimiento pero lo hacen de manera muy escueta, no dándole la importancia que tiene, estamos hablando del día que se dio fin a la a la guerra donde murieron miles de mexicanos, hablamos del día que se firmó la independencia de México, hablamos de hacer justicia a un pueblo y a una ciudad para que sean reconocidos por ser el lugar donde se dio fin a este acontecimiento.

Actualmente, las jornadas del 21 de mayo de 1821 y del 24 de agosto de ese mismo año, sólo se recuerdan y se celebran localmente en la ciudad de Córdoba y no se les dan el lugar histórico que les corresponde, de ahí que México sea el único país del mundo que festeje y celebre el inicio del movimiento liberatorio ( 16 de septiembre de 1810) y no se reconozca a quien lo concluyó y mucho menos donde se realizó dicho acontecimiento. De ahí la injusticia de la historia oficial con la ciudad de Córdoba donde se concluyó.

Rememorando la culminación de la lucha de independencia, así como la última batalla disputada para alcanzarla, no hacemos menos el 16 de septiembre, al contrario hacemos que nuestras fiestas patrias sean completas celebrando tanto el inicio como el fin de un capítulo fundamental en la historia del pueblo mexicano, no hacemos menos ni hacemos más una fecha de la otra; nuestra intención no es esa, simplemente es dar a cada fecha su justa importancia y trascendencia histórica.

Es justo rememorar el día en que la independencia del país fue firmada por ser el día que terminó el derramamiento de sangre por la libertad del pueblo mexicano, así como a la ciudad que albergó tan importante acontecimiento. Debemos reconocer el heroísmo del pueblo de Córdoba al ser protagonistas de la última batalla que se libró para alcanzar la independencia del pueblo de México.

No dejemos de reconocer el día en que culminó la lucha por la que hombres y mujeres perdieron la vida para que futuras generaciones --entre ellas la nuestra-- sepamos lo que es vivir en un país libre e independiente. Hagamos que futuras generaciones conozcan y se enorgullezcan de lo que en 1821 ocurrió en la Heroica ciudad de Córdoba, Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal somete a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incorpore al calendario oficial el día 24 de agosto por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incluya dentro de los libros de texto gratuitos de manera más profunda y elaborada la fecha del 24 de agosto de 1821 por ser esta la misma en que se firmaron los Tratados de Córdoba y con ello se dio fin a la Guerra de Independencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Edgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duck Núñez.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

COMISION DE TURISMO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a fin de que realicen la creación e integración de una comisión de turismo.

El diputado Francisco Dávila García:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo

El de la voz, Francisco Dávila García , a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar a los congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo.

Consideraciones

La atención en lo particular, al tema del turismo, implica una gran diversidad de estudios, acciones, programas y estrategias, teniendo como única finalidad, el desarrollo de la actividad en los destinos con oportunidad para su potencialización generándoles un crecimiento económico, y por tanto, un beneficio social a sus habitantes, ejemplo de ello lo encontramos en los cinco centros integralmente planeados por el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) en los destinos, Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Cancún y Huatulco, éstos se iniciaron a finales de los años setenta, con una política de visión a futuro, que tuvo como objetivo la creación de fuentes de empleo que permitieran urbanizar y dotar de infraestructura básica a nuevas poblaciones para elevarlas a rango de ciudades con todos los servicios públicos. Como resultado exitoso de estas acciones y conocido a nivel mundial es el municipio de Benito Juárez en el cual se encuentra Cancún, siendo éste el polo turístico más importante del país y el mayor captador de ingresos en sus tres órdenes de gobierno, y ejemplo como modelo turístico para otros lugares, actualmente el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, Cancún, ocupa el 2o lugar en vuelos internacionales, siendo puerta de entrada para el turismo internacional, y en la búsqueda de estrategias para un mayor crecimiento y desarrollo, a principios de los noventa, se conformó una organización tripartita integrada por los gobiernos federal, estatal y los prestadores de servicios turísticos de Cancún para promocionar el destino a nivel mundial denominado Coprotur, Consejo de Promoción Turística, así se sentaron las bases para que a finales de la década anterior se constituyera a nivel nacional el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Con este antecedente, del diseño, creación y desarrollo de un destino turístico, es posible asegurar que la atención integral para la actividad turística puede acrecentar de manera sustantiva el crecimiento económico de un municipio, región o estado, por ello propongo que los congresos estatales que aun no cuenten con una comisión que atienda únicamente este tema, analicen las oportunidades, ventajas y beneficios que el turismo generará en sus estados, con la implementación de políticas propias para el tipo o modalidad de turismo que se pueda aprovechar en cada una de estas entidades con un ordenamiento jurídico, que tenga como base de referencia el desarrollo e incremento de la actividad turística y particularizando, lo relativo a las necesidades propias del estado, lo anterior deberá ser en cumplimiento en la disposición constitucional estipulada en el inciso k), fracción 29, del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo y la concurrencia con las entidades de la federación para establecer las bases en esta materia. Al contar con una comisión para esta actividad, los congresos estatales podrán estudiar, analizar y legislar lo relativo en materia de turismo para su estado y coparticipar en la planeación y creación de las políticas que se formulen para potencializar las oportunidades que el turismo otorgue al estado.

Por ello, me permito realizar dicho exhorto de manera respetuosa a mis compañeros legisladores de los estados, ya que, en estos momentos, nuestro país está afrontando la urgente necesidad de crear empleos, y estos a su vez, deben generar salarios que permitan satisfacer las necesidades básicas de las personas. La actividad turística, compañeros diputados, es promotora de un mayor número de empleos directos e indirectos y esta actividad económica genera a sus trabajadores una remuneración que se encuentra en un 30 por ciento por encima de la media nacional, de esta manera se confirma la importancia de impulsar y llevar a cabo acciones en las que se propicie la participación de los sectores involucrados en torno al turismo. De tal forma que nuestra función como legisladores se manifieste a favor de dar soluciones concretas y prontas, en pro del bienestar común de los representados de nuestro país, cumpliendo con el encargo para el que fuimos electos.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

Único. Por el que se exhorta a los congresos estatales a formar una comisión de turismo de pronta creación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de febrero de 2007.--- Diputado Francisco Dávila García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila García. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz : En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz : En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo a implantar un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSSe Infonavit para el sector empresarial en el estado de Oaxaca.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Oaxaca ésta recuperando su esplendor y su grandiosidad y mostrando a la mirada de todos que cuenta con infinidad de virtudes, entre ellas, que es patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, los ciudadanos están realizando un trabajo loable para devolverle algo de lo que es suyo y le fue arrebatado.

La crisis económica que ahora vive, viene antecedida por un conflicto que paró de golpe el cauce económico de la entidad por más de 6 meses, tiempo que resulta imposible recuperar, tanto en el rubro económico como en todos los aspectos de la vida de sus habitantes.

Es importante reactivar al 100 por ciento la economía de los artesanos, de quienes integran la industria restaurantera, la industria hotelera, los pequeños comerciantes, los locatarios de los mercados, los transportistas y todos los sectores de la vida productiva, a efecto de que puedan contar con las facilidades y el mayor apoyo por parte del gobierno federal para contribuir a fortalecer la economía de esta entidad federativa.

Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, su producto interno bruto es cercano a los 52 mil millones de pesos. El comercio, el turismo y la producción artesanal son los bastiones de su economía.

Sin embargo, se tiene el reporte de que en el Centro Histórico, así como en municipios circunvecinos, al menos 120 establecimientos han sido cerrados y durante el clímax del conflicto 240 locales no abrieron al público. Es por eso que en la actualidad, un poco más de 160 comercios presentan pasivos por más de 1.5 millones de pesos. Esto sólo en la capital, sin contabilizar a la zona conurbada.

Los cierres totales y parciales de dichos comercios implicaron el despido masivo y el recorte de trabajadores que son el sustento de sus familias, porque los comerciantes oaxaqueños no pudieron seguir cubriendo sus honorarios y los pagos de las cuotas al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit) así como del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS).

El pago de las cuotas obrero--patronales resulta difícil de cubrir, si no existe la derrama turística habitual, por lo cual, los negocios que no puedan cumplir con esos pagos se verán imposibilitados para continuar brindando sus servicios, resultando que pueden ser más las personas que pierdan sus empleos.

En este marco, el gobierno federal anterior, se comprometió con empresarios y comerciantes a brindar todo su apoyo. El compromiso contraído por dicha administración fue por un monto de 500 millones de pesos consistentes en créditos a una tasa cero para rescatar el empleo, no obstante no hubo recuperación y los apoyos nunca llegaron. Este hecho acicateó la crisis que padecen en la entidad.

Es impostergable que los comercios que cerraron se vuelvan a abrir, que los empleos perdidos se recuperen, que el turismo regrese para apreciar lo magnánimo del pueblo oaxaqueño y que la crisis económica continué marchando por el camino de la recuperación.

No debemos permitir que Oaxaca se frene, es necesario que continué andando por el camino que reclaman los tiempos actuales, con firmeza y decisión, con mejores perspectivas para sus hombres y mujeres, con niñas y niños que vislumbren un mejor futuro y con una economía que paso a paso vaya en ascenso. En Oaxaca no hay vencedores ni vencidos, ni castigados ni verdugos, sólo un pueblo que desea la superación de la crisis que está viviendo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, para que implante un programa de estímulos económicos que compense el pago de las cutas obrero-patronales correspondientes al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), dirigido a los establecimientos agrupados en las cámaras y asociaciones empresariales y de Servicios, ubicadas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados con dicha ciudad, que resultaron directamente afectados en sus labores por el conflicto suscitado en el segundo semestre del año 2006.

El objetivo de este programa sería estimular la recuperación de la economía y el desarrollo de Oaxaca, proveyendo el bienestar que, con justicia, requieren sus habitantes.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007---Diputados: Jorge Toledo Luis (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SISTEMA DE EDUCACION BASICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Públicaaplique de manera obligatoria los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica.

La diputada María Gabriela González Martínez:Con su permiso, diputado Presidente. La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacionalen la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresode los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Públicadel gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se apliquen de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica en las plazas que le corresponden a la secretaría, bajo los siguientes considerandos:

Que la educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos, un México democrático, libre, justo y próspero, orgulloso de su cultura ancestral y a la vez competente para participar en la comunidad internacional contemporánea.

Que los medios para impulsar el desarrollo integral de los mexicanos y de la sociedad en general es contar con un sistema educativo de buena calidad, que esté orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional de evaluación continua para el mejor desarrollo de las capacidades.

Que en la actualidad nuestro sistema educativo presenta en diferentes medidas, fallas de articulación, liquidez en los programas de estudio, insuficiente diversificación de la institución, repetición y deserción, falta de aprovechamiento, problemas de cobertura, así como desigualdades entre los estados, las regiones y los diversos sectores sociales.

Que en la baja calidad de nuestra educación intervienen, entre otros, los siguientes factores: existencia de profesores con perfiles inapropiados para el adecuado desempeño de su función y la falta de instrumentos de evaluación integral y en general un avance insuficiente en la cultura de rendición de cuentas.

Que en un informe sobre la formación docente presentado en 2004 ante la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económicos, el gobierno mexicano reconoció que prevalecen en el país procedimientos discrecionales en la asignación de plazas magisteriales, lo que promueve su corrupción.

Que en el marco del compromiso social para la calidad en la educación, las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales asumieron la responsabilidad de realizar la evaluación integral de los procesos educativos y la rendición de cuentas.

Que en el mismo compromiso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional, convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asumió el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad de las formas de organización y gestión escolar, así como de fomentar una actitud responsable y comprometida entre los trabajadores de la educación con su materia de trabajo y con el derecho de los mexicanos a contar con una educación de buena calidad y equitativa.

Que la relación entre el sindicato y las autoridades educativas debe ser respetuosa, clara, transparente y propositiva, privilegiando la concepción de acuerdos que coadyuven con los retos que enfrenta la educación en este país.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que en el ámbito de sus facultades instrumente las medidas necesarias para que se apliquen de manera obligatoria, pública, sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema educación básica en las plazas que le corresponden a la secretaría.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que promueva a través de los acuerdos necesarios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cumplimiento al compromiso social por la calidad de la educación. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposicion con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a aplicar de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, en las plazas que le corresponden a la secretaría, bajo los siguientes

Antecedentes

Una educación de buena calidad es fundamental para que un país alcance altos niveles de desarrollo, lo cual incluye que sea productivo, equitativo, libre, democrático y culto.

Al reconocer el papel privilegiado de la evaluación como una herramienta para lograr la calidad en la educación, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 propuso la consolidación de un sistema de evaluación, como meta prioritaria de la política educativa.

Una parte fundamental en el sistema educativo nacional, es sin duda, el nivel profesional de los docentes, por lo que la asignación de plazas para ingresar al sistema de educación básica, debe estar orientada hacia una política de examen abierto que promueva que los mejores perfiles, en cuanto habilidades y conocimientos, sean los que accedan a un plaza.

Así entonces, la aplicación de exámenes para el ingreso de maestros al sistema de educación básica se refleja necesaria para mejorar la calidad de la enseñanza y hacer más transparente la inversión pública.

Con esta forma de ingreso, se está coadyuvando a elevar la calidad de educación en el país, y da certidumbre legal en cuanto a los procedimientos para la asignación de plazas.

Por otro lado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, establece lo siguiente

Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el titular de la dependencia, tomando en cuenta la opinión del sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los titulares, y el restante 50 por ciento por los candidatos que proponga el sindicato.

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las dependencias.

Lo anterior, otorga la facultad al sindicato para decidir sobre el 50 por ciento de las vacantes, empero, a la fecha el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asigna sus plazas de manera discrecional sin definir ni difundir públicamente los criterios para hacerlo.

Actualmente, en México solamente los estados de Baja California, Chiapas y Quintana Roo, aplican exámenes de oposición para el 100 por ciento de las plazas vacantes. Lo anterior, es sin duda un avance significativo entre las autoridades educativas locales y el sindicato, quienes con estas acciones han contribuido a elevar la calidad educativa aceptando que las plazas que les corresponden sean asignadas mediante la aplicación de pruebas.

En las demás entidades se siguen otorgando las plazas sin aplicar pruebas de ingreso para los docentes. En las entidades federativas como Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; se aplican los exámenes de ingreso y promoción de maestros de educación básica de manera parcial, es decir, que las autoridades educativas locales ponen a concurso una parte o el 50 por ciento de las plazas que les corresponden, y que el sindicato no específica claramente como es el procedimiento para que asigne una plaza.

La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaría de Educación Pública, elabora y califica los exámenes de selección de maestros de educación básica que utilizan diversas entidades. La DGEP capacita a los funcionarios de las entidades federativas, mismos que serán los encargados de realizar los exámenes a los aspirantes que concursan por una plaza o por un ascenso a directivos escolares, supervisores y jefes de sector.

A través de estas pruebas y exámenes, se busca que ingresen al servicio los maestros con las mejores competencias, transparentar la asignación de plazas y eliminar los mecanismos discrecionales o arbitrarios para otorgarlas.

Las pruebas constan de entre 60 y 80 preguntas, que sirven para evaluar el grado de manejo de los conocimientos a impartir, los concursos que se llevan a cabo actualmente, se realizan mediante convocatoria pública, empero existen algunos lugares donde los resultados no se hacen públicos.

Considerandos

Primero. Que la educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos: un México democrático, libre, justo y próspero; orgulloso de su cultura ancestral y a la vez competente para participar en la comunidad internacional contemporánea.

Segundo. Que los medios para impulsar el desarrollo integral de los mexicanos y de la sociedad en general es contar con un sistema educativo de buena calidad, que esté orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional de evaluación continua para el mejor desarrollo de las capacidades.

Tercero. Que el Compromiso Social por la Calidad de la Educación suscrito por las autoridades federales, estatales, los padres de familia, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el Poder Legislativo y Judicial, por las instituciones de educación superior y media superior, por el sector de empresarios y productores de bienes y servicios, por las asociaciones científicas y culturales y por las organizaciones sociales, dentro del marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, fue un paso importante para hacer realidad la premisa de que la educación es asunto de todos.

Cuarto. Que en la actualidad, nuestro sistema educativo presenta, en diferentes medidas, fallas de articulación, rigidez en los programas de estudio, insuficiente diversificación de las instituciones, repetición y deserción, falta de aprovechamiento, problemas de cobertura, así como desigualdades entre los estados, las regiones y los diversos sectores sociales.

Quinto. Que la baja calidad de nuestra educación intervienen, factores como la existencia de profesores con perfiles inapropiados para el adecuado desempeño de su función y la falta de instrumentos de evaluación integral y, en general, un avance insuficiente en la cultura de rendición de cuentas.

Sexto. Que en un informe sobre la formación de docentes presentado en el año 2004, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gobierno mexicano reconoció que prevalecen en el país procedimientos discrecionales en la asignación de plazas magisteriales, lo que promueve su corrupción.

Séptimo. Que actualmente y porque la normatividad así lo permite, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene derecho a otorgar el 50 por ciento de las plazas vacantes de docentes, empero no existe una metodología conocida para asignarlas.

Octavo. Que es menester señalar que en las plazas que otorga directamente la secretaría en las diferentes entidades federativas, tampoco existe la aplicación integral de exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el Sistema de Educación Básica.

Noveno. Que a la fecha solamente tres entidades federativas, realizan exámenes para el 100 por ciento de las plazas magisteriales, éstas son Baja California, Chiapas y Quintana Roo.

Décimo. Que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación, se deben mejorar los mecanismos de participación social para elevar la calidad educativa en todos los niveles, con especial énfasis en la orientación para que los docentes sean profesionales e ingresen al sistema educativo conforme a sus capacidades.

Undécimo. Que en el marco del Compromiso Social para la Calidad en la Educación, las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales asumieron la responsabilidad de realizar la evaluación integral de los procesos educativos y la rendición de cuentas.

Duodécimo. Que en el mismo compromiso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional (SNTE), convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asumió el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad de las formas de organización y gestión escolar, así como de fomentar una actitud responsable y comprometida entre los trabajadores de la educación con su materia de trabajo y con el derecho de los mexicanos a contar con una educación de buena calidad y equitativa.

Se comprometió además a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio; a fomentar la innovación desde la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes y los directivos se lleven a cabo por medio de concursos de oposición.

Décimo Tercero. Que la relación entre el sindicato y las autoridades educativas debe ser respetuosa, clara, transparente y propositiva, privilegiando la construcción de acuerdos, que coadyuven con los retos que enfrenta la educación en el país.

Décimo Cuarto. Que conforme a las facultades exclusivas que otorga la Ley General de Educación a la Secretaría de Educación Pública, la fracción XI del artículo 12, señala que la secretaría debe realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluarlo y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar; por ello, es necesario que la secretaría promueva entre las diferentes autoridades educativas la asignación de plazas mediante convocatorias públicas y transparentes al igual que los resultados de éstas.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, en las plazas que le corresponden a la secretaría.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que promueva a través de los acuerdos necesarios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cumplimiento al Compromiso Social por la Calidad de la Educación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 de febrero de 2007.--- Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

FIEBRE AFTOSA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Pedro Pulido Pecero, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a las secretarías de Economía, y de Hacienda consideren retomar el cierre de las importaciones de carne provenientes de países infectados con fiebre aftosa.

El diputado Pedro Pulido Pecero:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP a efecto de que consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa

El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero , y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y de Hacienda y Crédito Público a efecto de que consideren retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.

Considerandos

La fiebre aftosa es una enfermedad aguda, infecciosa y en extremo contagiosa que afecta principalmente al ganado bovino y cuyo impacto económico es tan severo que cuando una nación la reporta, todos los países del mundo se cierran a sus exportaciones.

Para su erradicación se deben sacrificar todos los animales alrededor del foco y región de infección, debiendo permanecer bajo aislamiento cinco años y otros cinco sin reporte de casos para poder ser declarado como libre de la enfermedad. México es un país libre de fiebre aftosa desde 1954.

El inventario actual, de 29 millones de bovinos, implica la generación directa de 1.1 millones de empleos en el campo, así como una relación estrecha con 3 millones de empleos en la red de valor de la carne de res.

El total del inventario es superior a 30 mil millones de dólares, por lo que arriesgar al país a un contagio de esta enfermedad implicaría pérdidas por más 4 mil 500 millones de dólares que es la producción anual.

En Sudamérica existe una fuerte incidencia de fiebre aftosa debido al contrabando de ganado y cárnicos, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile son países con presencia de la enfermedad, por lo cual ven limitado su acceso a países importadores de carne refrigerada y congelada.

En 2001, Uruguay presentó un brote de fiebre aftosa que propició el cierre a sus exportaciones, sin embargo cinco años después, Uruguay alcanzó el estatus de libre bajo vacunación intensiva, lo que no implica que el riesgo de contagio se haya terminado, no obstante en octubre de 2005 nuestro país, a través de la Sagarpa retomó la aprobación de las importaciones de carne de bovino de Uruguay.

Las organizaciones pecuarias de México han manifestado su inconformidad ante esta reapertura, pues no solo se pone en riesgo la economía del sector pecuario, sino la sanidad y el riesgo que implica para el consumo humano. A pesar de esto, el Senasica dio su autorización a las empresas exportadoras uruguayas argumentando el que éstas habían cumplido con las observaciones hechas a su infraestructura para tal efecto y dejando ver su flexibilidad ante una situación de riesgo.

El evento se agrava ante las negociaciones de libre comercio con nuestro país de los gobiernos de Brasil y Argentina, países declarados como positivos a la fiebre aftosa, ya que ante el antecedente de apertura a la carne de Uruguay, México podría perder contundencia en los argumentos zoosanitarios de defensa ante un panel internacional.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Sagarpa, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que considere retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.

Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica).»

Este punto de acuerdo es considerado de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : En votación económica se consulta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Salvador Barajas del Toro, del grupo parlamentario del PRI, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Salvador Barajas del Toro:Con el permiso de la Presidencia, diputadas y diputados de esta honorable Cámara, subo a esta tribuna para manifestar la adhesión de mi fracción parlamentaria a la propuesta hecha por el diputado Pedro Pulido Pecero, que consiste en exhortar al Ejecutivo federal a que considere retomar el cierre a las importaciones de carne de los países afectados con fiebre aftosa.

Estimamos que la solución que se plantea en el citado punto de acuerdo es la adecuada. En nuestro país, la fiebre aftosa ha sido erradicada desde mediados del siglo pasado, no obstante ésta es una enfermedad viral altamente transmisible que afecta a los animales, específicamente al ganado bovino, ovino, caprino y porcino, que está latente en otras latitudes, en países productores de ganado de América del Sur con los que México tiene intercambio comercial.

Puede considerarse incluso que esta situación vulneraría la seguridad nacional, ya que provocaría una amenaza y riesgo para nuestra población; es decir, aunque no se trata de una zoonosis, que significa la posibilidad de transmisión hacia el ser humano, implica la posibilidad de dañar a millones de animales que son comercializados en el mercado interno.

Es necesario tomar en consideración los efectos devastadores que en la economía representa una epidemia de esta naturaleza, por lo cual nuestro país debe tomar las medidas necesarias para evitar que nuestros productores se vean amenazados por una posible introducción en el país de animales infectados, pero sobre todo salvaguardar la salud general de la población.

El Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la máxima tribuna nacional, manifiesta su preocupación para que se lleven a cabo las medidas preventivas y permanentes por las autoridades correspondientes, que tomen en consideración la importancia de no permitir el ingreso de animales, productos o subproductos importados y contaminados de fiebre aftosa, así como con mirar que las autoridades encargadas de la inspección sanitaria realicen eficaz y mesuradamente su trabajo, porque éstos son las principales agentes que deben de garantizar la protección de la salud de los mexicanos.

Por último, cualquier estrategia que se lleve a cabo en nuestro territorio para la prevención de enfermedades provenientes de otras latitudes requiere de apoyo permanente de las autoridades involucradas y de la previsión adecuada de los recursos económicos destinados para estos fines.

No debemos permitir que una mala actuación de las autoridades correspondientes ponga en riesgo la salud del ganado mexicano, que es una de las principales actividades económicas de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barajas. Tiene la palabra el diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del PRD.

El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez:Con su permiso, diputado Presidente. También en mi grupo parlamentario, el del PRD, nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Pedro Pulido Pecero, dadas nuestras condiciones, también como médico veterinario zootecnista, con la experiencia de haber contribuido en las diferentes campañas que nuestro país ha impulsado a través de los programas de la Sagarpa para controlar estas diferentes enfermedades.

La fiebre aftosa no nada más ha dejado huella en la economía nacional de nuestro país, sino también ha dejado una huella muy profunda en cuanto al fallecimiento y acribillamiento, incluso de médicos veterinarios zootecnistas por haber cumplido también con sus deberes en cuanto a la aplicación del rifle sanitario, en muchos años atrás.

Considero que la proposición con punto de acuerdo que hace el compañero diputado es también de carácter de urgente y obvia resolución, por lo cual mi grupo parlamentario del PRD, también le damos nuestro respaldo y apoyo.

Dado que estas enfermedades, como la fiebre aftosa, que es una enfermedad que ha causado grandes pérdidas económicas para el país; y considerando que esta enfermedad que pudiera penetrar nuevamente a la explotación agropecuaria o, mejor dicho, pecuaria de nuestro país, sería de un destrozo económico muy fuerte y pondría en riesgo la salud de nuestros mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gálvez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

La propuesta agendada por el diputado Gildardo Guerrero Torres respecto de una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe se pospone.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Repúblicaa crear una fiscalía especial para la investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a crear una fiscalía especial para investigar los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Alberto Esteva Salinas , con el carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo, expresando para ello la siguiente

Exposición de Motivos

El conflicto histórico en el estado de Oaxaca deriva de la insatisfacción de los gobiernos incapaces que no han sabido atender las demandas sociales legítimas desde hace muchos años. Y el término legítimo hace referencia a las garantías constitucionales, específicamente a la del artículo 25 constitucional, que a la letra dice:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

En ese orden de ideas que la problemática de fondo a esa crisis tan lastimosa para nosotros los oaxaqueños encierra, entre otras cosas, la violación constante por las mismas autoridades del orden jurídico y, desde luego, la impartición facciosa de la justicia.

Es del dominio público que ese conflicto social ha dejado un saldo de 17 muertes violentas, las de las siguientes personas: Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez, Octavio Martínez Martínez, Marcos García Tapia, José Jiménez Colmenares, Lorenzo San Pablo Cervantes, Arcadio Fabián Hernández Santiago, Alejandro García Hernández, Daniel Nieto Ovando, Jaime René Calvo Aragón, Pánfilo Hernández, Bradley Roland Will, Emilio Alonso Fabián, Esteban Zurita López, Fidel Sánchez García, Jorge Alberto Gómez Bernal y Roberto López Hernández. Por lógica, esto es acompañado por 17 familias, que aún lamentan la pérdida de sus familiares.

No se olvidan más de un centenar de heridos, desaparecidos, detenciones arbitrarias y demás latrocinios que continúan cometiéndose en Oaxaca.

A eso pueden agregarse los múltiples ataques por paramilitares en las manifestaciones o plantones, documentados un sinfín de veces por distintos medios informativos estatales, nacionales e incluso internacionales; todo, ante la complacencia y permisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que hasta el momento no conocemos caso alguno en que se haya ejercitado acción penal contra los autores de esos cobardes delitos; sólo simulaciones del inicio de algunas investigaciones amañadas, como la que se realizó contra los probables responsables del delito de homicidio contra el estadounidense Brad Will, que fueron puestos en libertad cuando en su contra existieron testimonios y pruebas documentales que los involucraban en la comisión de ese ilícito, curiosamente son ligados a las filas del Revolucionario Institucional y al grupo político de Ulises Ruiz.

Por lo dicho, existe la imperiosa necesidad de que las investigaciones de los delitos cometidos en el marco del conflicto social oaxaqueño se realicen con total imparcialidad y fidedignamente. No podemos permitir que el gobierno de Oaxaca sea juez y parte en la búsqueda de la verdad, pues ha provocado un escepticismo en todos los que hemos vivido y sufrido los estragos del oscurantismo gubernamental en esa entidad; y lo vemos con claridad: cuando se trata de investigar ilícitos cometidos por la APPO, es cuestión de horas la integración de las averiguaciones previas respectivas, y el libramiento de la orden de aprehensión es automático.

Compañeros diputados: como podrán darse cuenta, es un asunto grave porque, de permitir que se siga torciendo la ley para castigar a unos y defender a otros, estaremos provocando mayor inconformidad en el pueblo oaxaqueño y, lejos de llegar a una solución, permitiremos que se siga acumulando resentimiento en una parte de la sociedad que ha mostrado su hartazgo y desprecio a las instituciones estatales.

Es necesaria la intervención de las instituciones federales, amén de que la investigación de los ilícitos se realice de forma distinta de como se ha estado haciendo porque --repito-- el Ministerio Público oaxaqueño no goza de credibilidad. Sería sano pedir que la PGR aplicara su facultad de atracción de los distintos casos; y no sólo eso, sino que creara una fiscalía especial para la investigación de los delitos relacionados con el conflicto político y social de Oaxaca.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía pide a la Procuraduría General de la República que cree una fiscalía especial para investigar los hechos delictivos derivados del conflicto político-social oaxaqueño, que prevalece en la entidad desde hace más de seis meses y en donde proceda ejercer la facultad de atracción de los asuntos que ya se investigan para una revisión integral y la continuación de las investigaciones respectivas.

Señores diputados: si están a favor de que se coadyuve en la solución del conflicto oaxaqueño y que en la búsqueda de la justicia se agoten los mecanismos institucionales, les pido que se manifiesten en pro de que este asunto sea considerado grave y de urgente resolución, en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se dispense su turno a la comisión correspondiente para que pueda ser discutido y sometido a votación de inmediato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia saluda a las personas del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche presentes en esta sesión.

CAMINO REAL DE TIERRA ADENTRO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jorge Salum del Palacio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a la declaratoria de patrimonio mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro.

El diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la declaratoria de patrimonio mundial del proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el INAH.

EL suscrito diputado, Jorge Salum del Palacio , en representación de los diputados que suscribimos el presente documento, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura y pertenecientes a los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo federal para que expida la declaratoria nacional de zona de monumentos arqueológicos e históricos del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro y, de la misma manera, solicitar al la honorable Cámara de Diputados exhortar a los congresos locales de las entidades que están dentro de la ruta del Camino Real y a la comisión de Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso de la Unión a asignar los recursos necesarios a fin de realizar los trabajos e investigaciones requeridas para la inscripción como patrimonio mundial de la humanidad del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, por parte de la UNESCO. Lo anterior en base a las siguientes

Consideraciones

El Camino Real de Tierra Adentro es una ruta histórica de 2 mil 900 kilómetros que se integró durante la colonia. Después de más de 400 años, representa un testimonio de historia viva que pocos conocen. Hace cinco siglos unía a la capital de la Nueva España con la ciudad de Santa Fe, provincia de Nuevo México.

El Camino Real de Tierra Adentro tuvo también su origen en las ciudades prehispánicas que conformaron natural y socialmente una ruta que permitió hacia los siglos XVI y XVII la fundación de ciudades como Zacatecas, Durango, Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Parral, Chihuahua, Alburquerque y Santa Fe. Este pasado histórico generó una riqueza patrimonial y cultural a través de la arquitectura, además de que sirvió para explotar el desarrollo comercial de la región así como el de la evangelización.

Por tanto, esta ruta es una de las mas largas de América Latina, va desde la Ciudad de México, pasa por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y termina en Nuevo México, en las que se fundaron las primeras misiones, villas, presidios, haciendas y reales de minas, y en la cual también existen sitios prehispánicos. Precisamente porque dicha ruta llega hasta Nuevo México, desde hace once años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, investigan y preservan el Camino Real de Tierra Adentro (Carta), antes ``Camino de la Plata'' o ``Camino a Santa Fe''.

Dentro de las acciones que se han llevado a cabo para difundir y promover la ruta del Camino Real, es importante resaltar lo siguiente:

El programa Camino Real de Tierra Adentro (Carta), esta considerado como tal en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Cuenta con sitio web en la página de dicho instituto; en este sitio se especifica que ya existe el expediente en la UNESCO y en el cual se da la justificación de valor universal, incluyéndose las garantías de autenticidad o integridad y la comparación con otros bienes similares.

Tanto México como Estados Unidos buscan obtener la declaratoria como itinerario cultural. De acuerdo con el INAH, en 2003 la ruta quedó inscrita, por parte de México, en la lista indicativa de patrimonio mundial de la UNESCO. Por otra parte, el Congreso estadounidense declaró el Camino Real, en su tramo de Nuevo México, como una ruta histórica.

Inició como un proyecto binacional en 1994. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del centro INAH Chihuahua, firmó una declaración conjunta con instituciones federales de Estados Unidos para la investigación, conservación y protección del Camino Real de Tierra Adentro, como un proyecto binacional que promueve el registro de los sitios arqueológicos naturales e históricos de esta ruta. Se busca propiciar y apoyar una red de museos culturales que permitan una amplia difusión de su significado histórico y cultural, además del rescate de sus archivos, programa que ya inició el INAH en Zacatecas, Durango y Chihuahua.

El INAH-Zacatecas lleva a cabo un programa que tiene por objeto investigar, conservar, proteger y difundir los bienes culturales del Camino Real, así como el establecimiento de políticas culturales para su preservación, además del impulso del proyecto de protección legal para este camino.

El gobierno de estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de Cultura (Ivec), junto con el INAH, solicitará a la UNESCO la inclusión del Camino Real de Veracruz a Perote en la lista indicativa de sitios patrimonio cultural de la humanidad.

Conclusiones

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se observa que se han llevado a cabo diferentes acciones para su rescate, conservación y protección de los bienes culturales que existen a lo largo de la ruta del Camino Real, sin embargo es necesario reforzar dichas acciones con la adecuación del marco legal con el objeto de garantizar la protección permanente de los sitios y monumentos arqueológicos e históricos que se encuentran en la ruta del Camino Real.

La inscripción en la lista mundial de la UNESCO de la declaratoria como patrimonio de la humanidad de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, permitiría potenciar de manera importante las posibilidades de todos los estados incluidos en esta ruta para preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de los edificios y monumentos incluidos, así como sería un gran aliciente para fomentar el turismo en todos los sitios y estados incluidos, facilitando la obtención de recursos económicos para la promoción, conservación e investigación, reforzando además nuestra identidad y valores. Por lo tanto, además de que es necesario conseguir la declaratoria por parte de la UNESCO, también lo es realizar acciones conducentes de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, cuyos ordenamientos establecen que

Artículo 28. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionadas con esas culturas.

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva ó por determinación de ley.

Artículo 36. Por determinación de esta ley, son monumentos históricos:

I. Los inmuebles construidos durante los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o practica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornatos públicos y al uso por parte de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX.

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la federación, de los estados ó los municipios y de las casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero durante los siglos XVI, XIX que por su rareza o importancia para la historia merezcan ser conservados en el país

IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente.

Artículo 37. El presidente de la república, mediante decreto hará la declaratoria de zona de monumentos históricos, en los términos de esta ley y su reglamento. Las declaratorias deberán inscribirse en el registro correspondiente a que se refiere el artículo 21 y publicarse en el Diario Oficial de la federación.

Artículo 39. Zona de monumentos arqueológicos es el área que comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles o en que se presuma su existencia.

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

Por lo anterior me permito presentar la siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a expedir, en uso de sus facultades, la declaratoria nacional de zona de monumentos arqueológicos de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro.

Segundo: Que la Cámara de Diputados exhorte a los congresos locales de las entidades dentro de las que se encuentra la ruta del Camino Real de Tierra adentro y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar recursos para acelerar los trabajos e investigaciones necesarias para la declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad del itinerario conocido como Camino Real de Tierra Adentro por parte de la UNESCO.

Diputado Jorge Salum del Palacio (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jorge Salum.Túrnese a la Comisión de Cultura.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas. En virtud de que no se encuentra.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, a cumplir la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, cumpla con la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El día domingo 22 de octubre del año en curso, se dio a conocer por los medios de comunicación, que la presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.

En la información dada a conocer a la opinión pública, se señalaba que al interior del canal de Aguas Blancas serán cimentados un total de 38 pilas en forma de diamante para sostener las trabes y las ballenas del paso a desnivel, cuyo costo será superior a los 60 millones de pesos, aunque las obras complementarias elevarán el gasto.

2. Sobre el canal de Aguas Blancas se construyeron, en los años noventa, superficies de rodamiento que comunicaron las tres avenidas más transitadas de Acapulco. Sin embargo, los trabajos de construcción del distribuidor están demoliendo parte de la vía que hasta hace unos días conectaba hacia Pie de la Cuesta.

En este sentido, el paso elevado por estar construido dentro de un canal pluvial que desemboca a bahía, requiere de permiso por parte de la Comisión Nacional del Agua. Empero, sin la autorización federal, las obras de este paso elevado están en el proceso de cimentación del caudal del río de Aguas Blancas.

3. Según declaraciones dadas a la opinión pública por el presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, no se ha tramitado aun la manifestación de impacto ambiental para la construcción de ese paso elevado, a pesar de que es probable que se impacte negativamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.

Por su parte, el director de Ecología del municipio de Acapulco de Juárez, indicó que la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento debió haber tenido el estudio de impacto ambiental para presentarlo a la Comisión Nacional del Agua, pero no se hizo en su momento aunque se debe presentar.

4. A través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Sisi) y mediante la solicitud de información pública número 1610100116106, de 17 de noviembre de 2006, solicité a la Comisión Nacional del Agua me informara respecto de la existencia o no del permiso para la construcción, en el municipio de Acapulco de Juárez, de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.

5. El 28 de noviembre pasado se respondió la solicitud referida, a la que se acompaña el memorando número BOO.E.53.4./2006.-300, de 27 de noviembre del año en curso, suscrito por el ingeniero Víctor Jacinto Vélez, encargado del área técnica de la gerencia estatal en Guerrero, por medio del cual informa que la Comisión Nacional del Agua no ha otorgado permiso para la obra.

Asimismo, se manifiesta en el documento de referencia que, desde el 13 de mayo del año pasado se ha tenido comunicación, por escrito, con autoridades del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, con el propósito de orientarlos en la forma de integrar el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.

6. Expuestos los hechos, existe la certeza de que el ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, sin haber integrado el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.

Asimismo, queda incertidumbre respecto si las obras que se realizan puedan afectar la corriente de agua o produzcan consecuencias indeseables, como inundaciones durante la época de lluvias, tal y como sucedió hace poco más de nueve años cuando el huracán Paulina arrastró el caudal del río de Aguas Blancas, provocando daños humanos y materiales a las personas que tenían sus viviendas dentro de ese río y en los márgenes.

Por lo anterior, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Aguas Nacionales, cuando con motivo de la operación de obras se pudiera afectar el régimen hidráulico e hidrológico de los cauces o vasos propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, se requerirá del permiso en los términos de la citada ley y su reglamento.

En estos casos, la Comisión Nacional del Agua supervisará la construcción de las obras, y podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas correctivas que sea necesario ejecutar para garantizar el cumplimiento del permiso y de dichas normas.

Segundo. Que asimismo, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que las personas que pretendan realizar obras que impliquen desviación del curso de las aguas nacionales de su cauce o vaso, alteración al régimen hidráulico de las corrientes o afectación de su calidad, al solicitar el permiso respectivo de la Comisión Nacional del Agua, deberán acompañar el proyecto y programa de ejecución de las obras que pretendan realizar, y demostrar que no se afecta riesgosamente el flujo de las aguas ni los derechos de terceros aguas abajo.

La Comisión resolverá si acepta o rechaza el proyecto y, en su caso, dará a conocer a los interesados las modificaciones que deban de hacer a éste para evitar que cualquier afectación al régimen hidrológico de las corrientes no imponga riesgos en la seguridad de las personas y sus bienes, no altere la calidad del agua ni los derechos de terceros.

En el permiso respectivo, la Comisión Nacional del Agua fijará los plazos aproximados para que los solicitantes realicen los estudios y formulen los proyectos definitivos, inicien las obras y las terminen.

Este procedimiento se aplica a todas las obras o trabajos que se realicen para dragar, desecar y en general, modificar el régimen hidráulico de los cauces, vasos, lagos, lagunas y demás depósitos de agua de propiedad nacional.

Tercero. Que resulta también aplicable lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el artículo 28 señala que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

También, dicho precepto establece en sus fracciones I y X, que en tratándose de obras hidráulicas, vías generales de comunicación, y obras y actividades en ríos, conectados con el mar, se requiere previamente de la autorización en materia de impacto ambiental de la citada secretaría.

Cuarto. Que en virtud de que los hechos presumiblemente pueden constituir violaciones al marco normativo aplicable, es necesario analizar las sanciones e infracciones aplicables caso particular.

Así las cosas, y de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la autoridad del agua sancionará administrativamente las faltas a la citada ley, con independencia de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.

En el caso en concreto, de comprobarse la falta de los permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial multialudido, se actualizaría la hipótesis del artículo en comento, la cual señala que de no acondicionar las obras en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca; lo cual es sancionable con multa que puede ir desde mil 501 a 5 mil días de salario mínimo.

Por otra parte, y de acreditarse que con la ejecución de la obra se ocasionan daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia; el honorable ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez podría hacerse acreedor a una multa entre 5 mil 1 a 20 mil días de salario mínimo.

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en su Título Décimo: de las Infracciones Sanciones y Recursos, establece que la Comisión Nacional del Agua podrá realizar actos de inspección y vigilancia para verificar, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento; así como de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El artículo 182 en análisis, faculta a la comisión para solicitar la documentación e información necesaria o efectuar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Quinto. Que en la especie, la presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, debe obtener el permiso correspondiente de la Comisión Nacional del Agua, previa realización de la manifestación de impacto ambiental que al efecto provea, por tratarse de una obra que pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Sexto. Que al respecto, este honorable órgano legislativo, debe emitir un exhorto al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, para que cumplimente las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus respectivos reglamentos, así como las demás relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Lo anterior, a efecto de que substancie los procedimientos para la obtención del permiso correspondiente para la realización del proyecto multialudido, con el objetivo de garantizar que no se afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace una atenta invitación al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, para que explique la realización del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido, y garantice a la ciudadanía que las obras que se realicen no afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.

Segundo. Se exhorta al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, a efecto de que cumpla con la normatividad federal vigente para la obtención del permiso de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre del año 2006.--- Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Emilio Ramón Flores Domínguez, del PAN, para presentar punto de acuerdo, en nombre de diputados de diversos partidos, por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacionaly a la Procuraduría General de la Repúblicaa suspender la revisión en los tramos carreteros en Samalayuca, en el estado de Chihuahua.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez:Solicito a la Presidencia se me concedan cinco minutos para dar lectura a este punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Prposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena y a la PGR a suspender la revisión de los tramos carreteros en Salamayuca, Chihuahua.

El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, Emilio Flores Domínguez , con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es por todos sabido que en México existen puntos de revisión carreteros, conocidos como Precos, para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y, en estos días, para que revisen mercancías de procedencia extranjera, olvidando que los ciudadanos ya pasaron por dos aduanas.

Pero también es conocido por todos que estas acciones no solucionan este cáncer social, y que por el contrario, agravan más el problema al atropellar diversas garantías que consagra nuestra Carta Magna a los ciudadanos comunes que viajan por necesidades o negocios en nuestras carreteras.

En ese sentido, quiero referir el caso del estado de Chihuahua, en el cual los puntos de revisión carreteros a cargo de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, proliferan a lo largo y ancho de la carretera y en algunos casos, como en el tramo Chihuahua-Juárez, a la altura del kilómetro 316, en el punto de revisión de Precos Samalayuca, el flujo de automovilistas se ha visto afectado por las constantes revisiones en estos retenes desde hace varios años y que son controlados por las mencionados instituciones federales hasta en dos puntos de la carretera en un tramo menor de 3 kilómetros.

Quiero señalar que el tomar medidas para evitar el tráfico de drogas no debe ser un esfuerzo minimizado ni eliminado; pero también estoy cierto que estos puntos de revisión constantemente están recibiendo reportes de personas por diversas anomalías que ahí se cometen cotidianamente en las personas que van a bordo de vehículos, pasando por la falta de respeto hacia quienes tienen la necesidad de transitar por estas vías y ser detenidos de manera arbitraria e injustificada para solicitarles documentos que éstos no tienen obligación legal de mostrar, provocando actos de extorsión.

Sin embargo, este plan de combate a la delincuencia, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, en el caso del estado de Chihuahua tiene un costo negativo para los conductores, especialmente los que transitan de la ciudad de Chihuahua a Ciudad Juárez, y viceversa, donde existe un doble retén de la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaria de la Defensa Nacional que exaspera con su lentitud por las revisiones a los conductores que hacen filas eternas de varios kilómetros, con tiempos de espera de hasta dos horas a las afueras de Samalayuca y que a la postre --parafraseando al maestro y jurista Ignacio Burgoa-- enlodan a la Constitución.

Estos retenes carreteros que existen en toda la República Mexicana son inconstitucionales, porque los efectivos militares y la Procuraduría General de la República están entorpeciendo el desplazamiento de automóviles en las carreteras correspondientes, y están actuando sin orden escrita de la autoridad competente, ignorando el artículo 16 de la Constitución. De tal manera que esa situación de inconstitucionalidad obedece a la grave situación por la que no solamente Chihuahua, sino muchos estados de la república, están pasando en este momento, pero desde un punto de vista estrictamente constitucional.

Cito el artículo 129: ``Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de tropas''.

Además, los encargados de los retenes a veces no tienen un criterio adecuado para realizar las funciones que les son encomendadas, y por esa razón en muchas ocasiones molestan a los ciudadanos de manera innecesaria y no respetan los derechos civiles de las personas y familias.

Por eso no sólo coincido, sino aplaudo al maestro Burgoa en que las revisiones que realizan miembros del Ejército y la PGR violan flagrantemente la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11 de la Constitución General de la República.

Garantía que otorga a los mexicanos el derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar pos su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, más aún cuando ya pasaron el punto de revisión aduanal 20 kilómetros antes.

Urge desaparecer este Precos que estrangula las garantías de los chihuahuenses y todos los mexicanos con esos retenes, que se practican de forma indiscriminada y que no resuelven el problema, porque hasta ahora no se conocen decomisos importantes, ni de armas ni de drogas, que se hayan efectuado en ese punto de revisión militar.

Pero eso no es todo, ya que existen testimonios en Chihuahua del abuso de autoridad, cohecho y extorsión en contra de trabajadores migratorios, los paisanos en estos días navideños, por su aspecto, y por carecer de documentos de identificación personal, reincidiendo nuevamente al claro atropello del referido articulo 11 de la Carta Maga.

Por lo general, los migrantes no denuncian las violaciones de que son objeto, lo que propicia la impunidad, y lo más grave de todo: estos connacionales en la pasada época decembrina sumaron poco más de 216 mil sólo en Chihuahua, y dejaron una derrama --ya contando el regreso de estos paisanos por el estado-- de aproximadamente 300 millones de pesos, principalmente dirigida a hospedaje, alimentación, gasolina, casetas de peaje y compra de artículos regionales, que gustan de llevar los paisanos del estado de Chihuahua a sus lugares de trabajo en Estados Unidos.

Es realmente preocupante la situación que se está viviendo por la consecuencia que traen aparejada estos retenes militarizados que, como ya lo hice notar, no sólo enlodan la Constitución, también discriminan a quienes hoy por hoy aportan la segunda derrama económica del país desde hace ya muchos años; ya nos tienen muy cansados a todos.

Por todo lo anterior, vengo a someter a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a suspender el Precos Salamayuca, en el estado de Chihuahua, que no contribuye eficazmente al combate del tráfico de drogas y armas, y sí propicia las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días de diciembre de 2006.--- Diputados: Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), María Eugenia Campos Galván (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Carlos Armando Reyes López , Enrique Serrano Escobar , Víctor Leopoldo Valencia de los Santos .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Flores Domínguez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

VERIFICACION DE QUORUM

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Para solicitarle si puede pedir quórum porque ahorita en esta votación somos muy pocos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema de votación hasta por cinco minutos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente, solicito la palabra.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en la verificación del quórum, diputado. Continúa la sesión mientras se verifica el quórum. Tiene la palabra el diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, Presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo con este punto en el que los reclamos de la ciudadanía a lo largo y ancho del país, en cómo de manera violenta, se vulnera el marco legal. Se establecen puntos de revisión a veces sin mayor trámite que el que se paran en las carreteras y que se presta, sin duda, a veces, para gente que tampoco pertenece a los cuerpos policíacos o de seguridad.

Pero quiero llamar la atención precisamente en el hecho de que, qué posición guardamos como Congreso ante un problema de seguridad en el que es importante que la vigilancia y la presencia de los cuerpos de seguridad se den en las vías carreteras; pero por otra, que estamos permitiendo de manera flagrante y clara la violación a las garantías constitucionales al impedir el libre tránsito que nuestra Carta Magna consagra.

El punto es en que para qué traer un punto de acuerdo en el que expresamos nuestra visión y reclamamos el hecho de que se violenten las garantías y se quite una revisión en Samalayuca, llegando a Ciudad Juárez, o el por qué no iniciamos una revisión en el marco jurídico para facultar, de alguna manera, a las instituciones que prestan seguridad, a permitir que ese hecho se consume cuando tenga naturalmente la estrategia de garantizar la vigilancia en algunas de las rutas carreteras del país.

El punto es que vayamos más allá, que iniciemos un proceso de revisión en el tema porque es fundamental que el Ejército, que la Procuraduría General de la República, que la Policía Federal Preventiva, que las autoridades estatales y municipales, en el marco legal hagan, sin duda de su facultad, la vigilancia y revisión de las carreteras.

Es un hecho muy importante, es un asunto elemental, pero en el que no estamos de acuerdo es que con una posición de mutis, una posición de indiferencia o simple y sencillamente una posición ligera y superficial, no estemos en condiciones de generar el marco jurídico debido para prestar garantía a los ciudadanos en su libre tránsito, pero también darle el marco jurídico a las autoridades para llevar a cabo la vigilancia e inspección en las carreteras federales.

Por eso el grupo parlamentario del PRI quiere dejar muy claro el punto. No estamos de acuerdo con la violación constitucional en la que se imponen puntos de revisión fuera del marco legal, pero también estamos de acuerdo en que exista esa vigilancia. Por eso es elemental que este punto de acuerdo hoy sirva precisamente para llamar a una convocatoria que nos permita regenerar, reencuadrar, replantear el marco legal en el que este acto y hecho debe darse. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Compañeras y compañeros legisladores: este punto que ha tratado nuestro compañero diputado de la bancada de Acción Nacional, ayer también lo tratamos en un desayuno que tuvimos con el general Guillermo Galván Galván,secretario de la Defensa Nacional, ya que efectivamente estos retenes que están puestos en diversas carreteras federales del país están ocasionando no solamente molestias a la ciudadanía sino también, incluso pérdidas económicas, ya que a veces las colas para cruzar estos retenes son muy largas y hay camiones que llevan productos perecederos que son afectados por estos puestos de revisión.

Aquí hay dos temas que yo quisiera rápidamente y si me da un minuto más lo abordo. Señor Presidente, es que llegamos a una conclusión muy benéfica con el general secretario Galván Galván, en el sentido de que en este proceso de reforma del Estado hagamos una revisión de la legislación militar, hagamos una revisión de las leyes de seguridad nacional y hagamos una sola política de defensa nacional.

Porque están ocurriendo fenómenos; está el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, estamos agarrando enemigos gratuitos, porque México en la actualidad no tiene enemigos externos y eso yo creo que hay que agradecérselo a la Constitución, al artículo 89 constitucional donde están consagradas la lucha por la paz y la seguridad internacional de nuestro país.

Sin embargo, al estar haciendo acuerdos con Estados Unidos y Canadá en el marco del ASPAN, estamos involucrándonos en un perímetro de seguridad que no es el nuestro. Tiene que ver con que necesitamos revisar todo el marco jurídico.

Miren ustedes, la Constitución dice claramente que en tiempos de paz el Ejército no debe involucrarse en otro tipo de tareas, léase tareas policíacas. Estamos permitiendo que el Ejército combata el narcotráfico y qué bueno porque está claro que los otros organismos policíacos no están haciendo su trabajo y como medida extrema hemos llegado a un consenso en que el Ejército se involucre en la lucha contra el narcotráfico pero hagámonos cargo de que esto no está adecuado al marco constitucional.

Estamos en un problema jurídico. Miren ustedes, ¿qué dicen los soldados cuando nos bajan en los retenes? ``De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vamos a hacer una revisión de sus vehículos''.

Pues les quiero decir que supuestamente no hay que alegar, esta ley que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico porque esta ley --por cierto que nosotros la hemos objetado porque lo que permite es la pistolización del país--; esta ley está muy mal hecha porque cuando uno tiene un automóvil y lo conduce, tiene que tener seguro del automóvil por si causa algún problema, y quien tiene un arma no tiene este seguro por si hiere o mata a alguien o daña a otras personas; de tal modo, pues, que esa ley está muy mal invocada.

Y, en concreto, yo quisiera llamar la atención ahora que han regresado todas nuestras compañeras y compañeros legisladores, a agarrarle la palabra al secretario de Defensa Nacional y a que hagamos toda una discusión para la legislación militar, para evitar que los retenes se pongan a discreción, sin ningún resultado objetivo.

En concreto también yo le planteé, como diputado guerrerense, que necesitábamos hacer una evaluación de los retenes y de los operativos antinarco en Guerrero. Me sorprendió que por la mañana tuvimos este desayuno en el campo militar número uno y por la tarde ya teníamos respuesta; el próximo martes, una comisión de diputados de la Comisión de Defensa Nacional, vamos a ir a la novena región militar en Guerrero, para hacer una evaluación ahí, in situ, de estos operativos antinarco y de los retenes, y creo que esto es un buen mensaje.

Por último, creo que también necesitamos algo que nos decía el general secretario, pues de que se necesita tecnología más de punta para que el tránsito, sobre todo de vehículos de carga, sea más expedito y creo que esto también compete a que esta soberanía le demos más recursos para ese tipo de operativos en concreto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuauhtémoc Sandoval. Tiene la palabra el diputado David Figueroa, del PAN, hasta por tres minutos.

El diputado David Figueroa Ortega:Con su permiso, señor Presidente. Sólo para sumarme al punto de acuerdo que presentó nuestro compañero Emilio hace unos minutos y expresar la realidad que estamos viviendo en Sonora. En Sonora existen dos puntos de revisión denominados Precos. En uno de ellos, el de Benjamín Hill, específicamente, quiero decirles que tardamos... y hay líneas de tráileres hasta de 10 kilómetros; que esto hace insostenible que exista a la luz de la competitividad que debemos tener en nuestro país. Pero además, también es increíble la cantidad de dinero que se pierde, precisamente por la obsolescencia que se tiene en la revisión de estos puntos de revisión.

Quiero comentar que han existido accidentes, pérdidas humanas en estos puntos de revisión porque no son adecuados. Si bien es cierto, debemos apoyar que exista todo aquel mecanismo que vaya orientado a detener y, sobre todo, a frenar el crimen y eso todos lo aprobamos.

Pero también es cierto, debemos adecuar estos puntos de revisión que realmente hoy en día son obsoletos. En el caso de Sonora verdaderamente es patético lo que ahí sucede. En el sur de Sonora, en uno de ellos, en Pótam, líneas de tráileres hasta de cinco kilómetros; pérdidas de horas hasta dos, tres o cuatro horas en la revisión.

Por eso yo quisiera pedirles, compañeros, que hiciéramos un exhorto muy respetuoso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de la República, para que en un plazo determinado tomen cartas en el asunto y que no propiamente pidamos que se desaparezca, sino más bien que se modernicen y que la infraestructura que en ellos exista, permita que sean mucho más ágiles.

Hoy día, existe tecnología de punta, los rayos gamma, los rayos violeta que se utilizan en otros países y que aquí en México es necesario que se utilicen. Por eso, respetuosamente, pues, exhorto a estas entidades y más bien al gobierno federal para que en un plazo determinado puedan ponerle solución, punto final a esta problemática que al menos en el estado de Sonora es caótica. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Figueroa. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del PT.

El diputado Rodolfo Solís Parga:Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: vengo en este acto a sumarnos al punto de acuerdo que han propuesto nuestros compañeros diputados, amigos legisladores del estado de Chihuahua.

Hay que decir que han puesto el dedo en la llaga porque el tema de los retenes de los Precos se extiende por toda la carretera Panamericana, por la 57, por las carreteras que accesan a la Ciudad de México, por las carreteras interiores de los estados.

Es lamentable que la institución castrense, que por cierto ha mantenido un papel en los últimos tiempos de ecuanimidad frente a las convulsiones sociales y políticas de nuestro país, se vea involucrada en tareas policíacas. Una de dos, o se le está rebajando de dignidad a la institución castrense, o es parte de las formas con las que se establece para la sociedad, como asunto común y corriente, la presencia del Ejército de manera pública.

Tendríamos que señalar además que no solamente es el problema de los retenes; es el problema de la operación, de la inteligencia de las corporaciones policíacas para enfrentar al crimen organizado; retenes que tienen 15 o 20 años en las carreteras, son retenes por donde no van a pasar los cargamentos de droga y de enervantes. Entonces, para quién son esos retenes: ¿para acostumbrar a la población a la presencia del Ejército y a la actuación del Ejército públicamente?

¿Y qué otros problemas tenemos? Que mientras los delincuentes se encuentran perfectamente pertrechados, los ciudadanos se encuentran encarcelados en sus casas e inermes frente a los delitos.

Por ello es importante, entonces, no solamente para el estado de Chihuahua este punto de acuerdo, sino para toda la república y para que a partir de ahí se inicie una revisión de los criterios de la seguridad pública en este país. Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Solís Parga.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 302 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor secretario. Si alguien no alcanzó a registrarse... Se toma el registro, diputada Campos.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu, de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Gracias, señor Presidente. Está agendado en el orden del día una proposición con punto de acuerdo donde Alternativa, a través de mi voz, está solicitando a la Secretaría de la Defensa Nacionaly a la Procuraduría informen sobre los alcances y eficacia de los retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país.

No voy a abundar en todos los argumentos que dieron mis compañeros que me antecedieron en la tribuna respecto a por qué es necesario hacer este exhorto a la Secretaría de la Defensa y a la Procuraduría. Solamente me voy a referir a un punto en el que nadie hasta hoy ha puesto atención y tiene que ver con el tema de la discriminación y la violación de los derechos humanos.

Esos retenes carreteros, además de todo lo que ya dijeron nuestros compañeros, hay una cosa que me parece muy grave, que dejamos la responsabilidad en un oficial de la Procuraduría General de la República o en un militar, la responsabilidad de definir quién tiene cara de delincuente o no.

Es decir, si estos retenes carreteros fueran iguales para todos y a todas las personas nos detuvieran en el momento en que pasamos con nuestros vehículos, está muy bien; pero resulta que si usted va en un vehículo negro con vidrios polarizados, seguramente lo van a detener porque con esas características, tiene cara de delincuente.

La preocupación de Alternativa en este sentido, además de lo que ya dijeron nuestros compañeros, es solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, respetuosamente, que en efecto, como decía nuestro compañero Figueroa, se modernicen en el establecimiento de estos retenes, pero fundamentalmente que garanticen el libre tránsito de las personas y que garanticen nuestros derechos humanos, porque en efecto, estamos muy preocupados cada vez que vienen nuestros paisanos en vacaciones a visitar a sus familias a los diferentes estados de la república.

Pero por otro, en estos retenes militares son constantemente agredidos y violentados. Y si estos vehículos en los que se transportan las personas tienen placa de frontera o de los estados del norte de Estados Unidos, definitivamente los van a detener.

Entonces, creo que es muy importante que hagamos conciencia de esto, que busquemos y que solicitemos que la Secretaría de la Defensa nos informe en general dónde están los retenes, cuáles han sido los alcances y los resultados de dichos retenes, y así tendríamos la posibilidad de comprobar si realmente están siendo eficaces en todos los sentidos y sobre todo, que no estén violando derechos humanos de las personas y el libre tránsito de los mexicanos o de los extranjeros que cruzan por nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame, permítame, diputado... Dígame. Sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez(desde la curul): Señor Presidente, hemos dialogado con los diputados de Acción Nacional y ya tenemos una propuesta de redacción conjunta que es un poco distinta a la que originalmente se presentó, de tal modo que yo propondría que el diputado la leyera, que sería ya el punto de consenso.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Preséntela por escrito. Que dé lectura la Secretaría. Dé lectura. Dé lectura por favor, compañero.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez : Gracias. Gracias, compañeros. En virtud de que ha sido un punto que nos atañe a todas las fracciones parlamentarias y que atañe a toda la población del país, y el apoyo con el que se han sumado todas las fracciones, hemos acordado cambiar el sentido del punto de acuerdo en esta dirección: se acuerda exhortar al Ejecutivo federal para que en un plazo perentorio no mayor de 30 días proponga a esta soberanía un esquema de evaluación y modernización de los puntos de revisión carreteros. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo en estos términos.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñóndel grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite en nombre de la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales a que presente dictamen de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso que el día 1 de febrero de 2005 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Social, la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo fue consagrar el derecho humano a la alimentación.

Es importante recordar que este instrumento legislativo tuvo origen en la iniciativa presentada por la senadora María del Carmen Ramírez García (PRD) en sesión ordinaria del Senado de la República del 26 de octubre de 2000; una segunda iniciativa fue presentada por la senadora Arely Madrid Tovilla (PRI) en sesión ordinaria del Senado de la República del 25 de septiembre de 2001; y una tercera iniciativa presentada por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández (PRI) en sesión de la Comisión Permanente del 18 de marzo de 2003.

El dictamen a discusión fue presentado en sesión ordinaria del Senado de la República del 15 de diciembre de 2003 y aprobado por 78 votos a favor; 8 en contra y 2 abstenciones.

La minuta correspondiente fue presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 18 de diciembre de 2003, que se dictaminó y cuyo dictamen con dispensa de trámites se presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2004 y fue aprobado por 382 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.

Se devolvió al Senado de la República para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que ratificó el dictamen original por votación de 62 votos en pro; 25 en contra y 3 abstenciones, en la sesión del 14 de diciembre de 2004.

Tercera. Es de señalarse que han transcurrido casi veintidós meses y la Comisión referida no ha presentado al Pleno de esta Cámara el dictamen respectivo, aún cuando la Comisión de Desarrollo Social ya ha emitido opinión favorable al respecto, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta lo siguiente:

Excitativa

Único. Excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emplazándola para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica).»

COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule una segunda excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el articulo 23, numeral 1, inciso f); artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, con fundamento en el artículo décimo quinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le señale fecha determinada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mencionada, para que emita los dictámenes señalados al rubro, y en caso de mostrar desobediencia a esta excitativa, sean turnados a otra comisión dichos expedientes, tal y como lo señala el precepto invocado.

Lo anterior de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

1. Durante la LIX Legislatura, la Auditoría Superior de la Federación rindió a la Cámara de Diputados los informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, los cuales fueron objeto de análisis y debate en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; integrando un documento de conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Dicha información fue remitida conforme al procedimiento legislativo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para el estudio y análisis del dictamen correspondiente.

2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió presentar el dictamen de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año siguiente a aquel en que se haya recibido la Cuenta Pública; al no presentar los dictámenes correspondientes a 2002, 2003, 2004 y 2005 se incumple el ordenamiento legal que se deriva de los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

3. El suscrito diputado presentó ante el Pleno de esta honorable asamblea, con fecha 8 de febrero del presente año, una excitativa para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitiera los dictámenes correspondientes, sin que a la fecha lo haya hecho.

4. El día de la fecha mencionada en el numeral precedente, el Presidente de la Mesa Directiva dictó el turno correspondiente para excitar a la citada comisión.

5. El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones deberán emitir el dictamen de los asuntos que les son turnados dentro de los cinco días siguientes, sin embargo la práctica parlamentaria ha optado por conceder un término distinto al prescrito por el ordenamiento jurídico citado. No obstante lo anterior, la Comisión que se excita no ha emitido los dictámenes correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a pesar de que ha rebasado por mucho todos los parámetros de tiempo que fija el Reglamento y la práctica parlamentaria aludida.

6. La fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte establece que es facultad del Presidente de la Mesa Directiva excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presente dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se turne un asunto y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión. Por lo que en atención a lo expuesto y en cumplimiento estricto al marco jurídico que regula la vida parlamentaria y los trabajos legislativos del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se le señale día determinado a la comisión excitada para que presente los dictámenes materia de este ocurso. Toda vez que el suscrito ha promovido excitativa a la misma comisión sin encontrar respuesta de su parte.

Consideraciones

Como es de su conocimiento, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, y que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La revisión de la Cuenta Pública es un ejercicio de análisis, seguimiento y vigilancia del gasto público, y en su dictamen que corresponde elaborar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, debe reflejar la participación plural de todos los grupos parlamentarios.

La democracia debe posibilitar la transparencia en la rendición de cuentas, por lo que debemos cumplir con este principio que da fortaleza y certidumbre a la vida política del país, de lo contrario, implicaría caer en desencuentros, desorden e ingobernabilidad.

El incumplimiento con estas obligaciones, nos parece grave, ya que este país lucha permanentemente por alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición cuentas en el ejercicio del gasto público.

Por lo anterior y con el fin de contribuir a regularizar esta situación tan delicada, manifiesto preocupación por esta situación de incumplimiento y retraso para emitir los dictámenes multicitados por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y me permito recordar que un buen gobierno es aquel que posibilita transparencia y rendición de cuentas.

Cumplir con esta obligación sería dar respuesta a una de las demandas más importantes de la sociedad y posibilitará mejores niveles de desarrollo económico, político y social en un contexto de estabilidad y democracia.

Esperando siempre una respuesta positiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Presidencia de la Mesa Directiva, solicito se dé trámite a la presente excitativa con base en el siguiente artículo:

Artículo Único. Que el Presidente de la Mesa Directiva excite nuevamente y le señale fecha determinada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que presente los dictámenes de la Cuenta Pública, correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente a más tardar el próximo 29 de marzo.

DIA NACIONAL DE LAS FAMILIAS

Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo emita decreto para declarar el primer domingo de marzo de cada año Día Nacional de las Familias.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que emita el decreto para declarar el primer domingo de marzo de cada año Día Nacional de las Familias, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa

De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la signante, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , legisladora federal del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Históricamente la estructura de las organizaciones sociales se ha modificado de acuerdo con sus realidades políticas, geográficas y económicas.

La historia de la humanidad da cuenta de que el núcleo social denominado familia es, como se señala hasta el día de hoy, la célula de la sociedad en donde la persona adquiere valores --de acuerdo con lo que cada núcleo familiar considere son sus propios valores-- recibe afecto, aprende reglas de comportamiento social, recibe protección y se desarrolla. Ninguna de las anteriores funciones de la familia está en entredicho en este momento. Lo que no es posible aceptar es la unívoca concepción de familia con una estructura predeterminada, inamovible y por lo tanto, la única posible y funcional.

A partir de lo macro, la ciencia social ha dejado claro que la comunidad mundial está constituida por sociedades, en plural, toda vez que cada grupo se da sus propias reglas, tradiciones, ordenamientos, formas de organización y estructura. La organización social que prevalece en Marruecos, Indonesia, Norteamérica y la Patagonia es tan diversa, que cada colectividad constituye un grupo social distinto.

De la misma manera, la familia como núcleo social tiene diferentes formas de organización mediante las cuales cumple su función básica de integración de la persona a la vida social. La familia nuclear integrada por padre, madre e hijos, es sólo una de las muchas formas de organización familiar que actualmente conforman a la sociedad mexicana.

Las familias mexicanas son entidades dinámicas que han experimentado vertiginosas transformaciones en su estructura, valores y estilos de vida. Al igual que en el mundo entero, en el nuevo milenio las familias de nuestro país se caracterizan por una diversidad que debe ser visibilizada y tomada en cuenta en el diseño legislativo y de políticas públicas. La consideración de la diversidad familiar permite pensar a las familias en plural y proponer alternativas acordes a la compleja realidad que viven. Se requiere dar protección jurídica y establecer políticas encaminadas a fortalecer y atender integralmente al conjunto de arreglos familiares actuales.

Cada vez con mayor frecuencia conocemos familias monoparentales, en donde una mujer es la jefa de familia y está a cargo de uno, dos o más hijos, por elección propia o porque el compañero se ha marchado. La independencia económica de las mujeres, la posibilidad de regular su facultad reproductiva y la desmitificación sobre la maternidad sin matrimonio de por medio ha generado que esta nueva forma de organización familiar se extienda en toda la sociedad mexicana. Más del 20 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres y sus familias están siendo amenazadas por el modelo económico vigente y por intereses conservadores que pretenden hacer retroceder las conquistas laborales y sociales de las mujeres.

Una especial consideración merecen las familias, especialmente las del mundo rural, que han sido afectadas por la migración masiva que ha dejado en la indefensión a quienes se quedan, sin garantías de protección a los hijos, como es la pensión alimenticia, y sin recursos ni oportunidades para que las mujeres accedan a bienes o créditos.

Dejar de reconocer que la organización familiar monoparental es una forma de familia tan valiosa como la tradicional, es dejar fuera de los derechos familiares, por ejemplo, a los integrantes de familias en donde hay un jefe de familia varón que por cualquier razón no tiene compañera.

La esperanza de vida en nuestro país aumenta vertiginosamente lo que ha generado que la integración de abuelos a la familia tradicional sea una práctica cada vez más frecuente o bien, que haya familias constituidas por dos o más adultos mayores.

La tendencia mundial a reconocer otras formas de relaciones sociales --además del matrimonio-- y el hecho de que vaya ganando terreno el derecho de las personas a decidir sobre su propia vida, ha traído consigo en México, por lo menos en dos entidades del país, el reconocimiento jurídico de otras formas de organización mediante pactos de convivencia, en donde personas del mismo sexo realizan un pacto civil que les otorga derechos y obligaciones. Además de las relaciones familiares civiles y consanguíneas, es necesario avanzar en el reconocimiento y protección de las formas de convivencia permanente cuyo vínculo se establece a través de la amistad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Junto con ellos, cada vez es más frecuente que matrimonios heterosexuales decidan prescindir de los hijos toda vez que la maternidad-paternidad no es compatible con sus deseos personales de desarrollo profesional o de pareja, sin dejar de mencionar aquellas parejas que no los tienen porque padecen problemas de infertilidad.

Es indispensable reconocer que, además de la familia nuclear hay familias emergentes: de madres y padres solteros; parejas del mismo sexo con o sin hijos; reconstituidas vinculadas en segundas uniones con hijos de una u otro; personas que hacen vida en común; de una sola persona; de personas adultas mayores; o de mujeres que cuidan hijos propios o de otras mujeres.

En Alternativa estamos convencidos y convencidas de que el valor de las familias debe considerarse en su exacta medida; que es necesario dotarlas de los instrumentos necesarios de protección a sus derechos y de las garantías para su ejercicio pleno, de que fortalecer a las familias como organización social es un paso necesario para el mejor desarrollo de las personas; todo lo cual no será posible hasta en tanto transitemos hacia el reconocimiento de que la familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos, es sólo una forma entre muchas otras, de organización familiar.

El 2 de marzo de 2006 el presidente Vicente Fox Quesada emitió el decreto por el que se declara Día Nacional de la Familia el primer domingo de marzo de cada año. En concordancia con las consideraciones vertidas hasta este momento y toda vez que es necesario fortalecer siempre todas las acciones que favorezcan el reconocimiento de derechos a favor de las personas, ponemos a la consideración de esta soberanía solicitar al Ejecutivo federal emita decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año, con lo cual quedarán incluidas en una celebración tan importante todas las formas de organización familiar que constituyen la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que, en cumplimiento a sus atribuciones y con base en sus facultades constitucionales, emita decreto por el que se declara Día Nacional de las Familias el primer domingo de marzo de cada año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de febrero de 2007.--- Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

DIPUTADA QUE SE REINCORPORA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, escrito por el que informa que a partir del día 20 de febrero se reincorpora a sus actividades.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presiente.

La suscrita, diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez por el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este conducto informa a usted que ha concluido la licencia temporal que le fue autorizada por la Comisión Permanente el 17 de enero último.

Por esa razón, a partir del 20 de febrero del año en curso me habré de incorporar a mis labores legislativas, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo Federal, a 20 de febrero de 2007.--- Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:De enterado.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; Hermosillo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:22 de horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de marzo, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	OFICIAL COMISIÓN
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	OFICIAL COMISIÓN
13 Arredondo Ibarra Salvador	OFICIAL COMISIÓN
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	INASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
86 Guerrero Torres José Gildardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	INASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	INASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	INASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	PERMISO MESA DIRECTIVA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	PERMISO MESA DIRECTIVA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	PERMISO MESA DIRECTIVA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	OFICIAL COMISIÓN
136 Muñoz Serrano José Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	INASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	CÉDULA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	OFICIAL COMISIÓN
173 Romo Jiménez Martha Angélica	PERMISO MESA DIRECTIVA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	PERMISO MESA DIRECTIVA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	PERMISO MESA DIRECTIVA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	OFICIAL COMISIÓN
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	CÉDULA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 164
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 25
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	OFICIAL COMISIÓN
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	OFICIAL COMISIÓN
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	PERMISO MESA DIRECTIVA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	INASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	OFICIAL COMISIÓN
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	OFICIAL COMISIÓN
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	INASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	OFICIAL COMISIÓN
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	INASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	INASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	PERMISO MESA DIRECTIVA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	PERMISO MESA DIRECTIVA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	CÉDULA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	OFICIAL COMISIÓN
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 108
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 6
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	INASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	INASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	OFICIAL COMISIÓN
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	INASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	OFICIAL COMISIÓN
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	CÉDULA
44 González García Sergio	INASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	INASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	INASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	INASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	INASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	INASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	INASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	OFICIAL COMISIÓN
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	INASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	OFICIAL COMISIÓN
95 Sánchez Hernández Eduardo	OFICIAL COMISIÓN
96 Sandoval Paredes Sergio	INASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	PERMISO MESA DIRECTIVA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 81
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 5
Permiso Mesa Directiva: 6
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 12
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	OFICIAL COMISIÓN
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	CÉDULA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	INASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	INASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 López Ramírez Sergio Augusto	OFICIAL COMISIÓN
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
17 Velasco Rodríguez Verónica	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 4
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	INASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes 2 González Sánchez Ma. Dolores 3 Hernández Núñez Elia 4 Laviada Hernández Iñigo Antonio 5 Maldonado González David 6 Oviedo Oviedo Ernesto 7 Palafox Núñez José Inés Faltas por grupo: 7

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Cruz Santiago Claudia Lilia
2 Dagdug Lützow Moisés Félix
3 Jacques y Medina José
4 Montalvo Rojas Victorio Rubén
5 Ojeda Hernández Concepción
Faltas por grupo: 5
6 Aispuro Torres José Rosas
7 Beltrán Montes Israel
8 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio
9 González García Sergio
10 González Salum Miguel Ángel
11 Mendoza Cortés Mario
12 Muñoz Serna Rogelio
13 Orihuela Trejo José Amado
14 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz
15 Parás González Juan Manuel
16 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda
17 Sandoval Paredes Sergio
Faltas por grupo: 12

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Estrada González Faustino Javier
2 Larregui Nagel Erika
3 Lavara Mejía Gloria
Faltas por grupo: 3

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Piñeyro Arias Irma
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Ausente
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Ausente
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Ausente
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Ausente
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Ausente
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Ausente
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Ausente
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Ausente
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Ausente
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Ausente
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Ausente
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Ausente
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Ausente
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Ausente
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Ausente
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Ausente
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Ausente
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Ausente
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Ausente
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 148
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 58
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Ausente
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Ausente
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Quorum
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 96
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 30
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Favor
44 González García, Sergio	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Ausente
54 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Ausente
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Ausente
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Salas López, Ramón	Ausente
94 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
95 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
96 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
97 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
98 Toledo Luis, Jorge	Favor
99 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
103 Villa Villa, Isael	Favor
104 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
105 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 70
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 36
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Ausente
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Ausente
9 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Ausente
12 Lavara Mejía, Gloria	Ausente
13 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Ausente
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Ausente
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Ausente
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Ausente
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Ausente
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Ausente
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Ausente
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Ausente
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Ausente
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Ausente
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Ausente
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Ausente
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Ausente
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Ausente
155 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Ausente
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Ausente
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Ausente
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Ausente
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 153
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Ausente
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 100
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 27
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Favor
44 González García, Sergio	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Ausente
54 Madrid Tovilla, Areli	Favor
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Ausente
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Salas López, Ramón	Ausente
94 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
95 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
96 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
97 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
98 Toledo Luis, Jorge	Favor
99 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
103 Villa Villa, Isael	Favor
104 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
105 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 73
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Ausente
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Ausente
12 Lavara Mejía, Gloria	Ausente
13 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Ausente
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
5 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Ausente
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1