---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 376 diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:36 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 6 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Hidalgo

Del Poder Judicial de la Federación.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita al Ejecutivo federal que manifieste ante la OMC su interés en la solicitud de consultas presentada por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores de maíz. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa a las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente a enero de 2007.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Mérida, Yucatán, respectivamente. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el último párrafo del apartado A) del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 419 y adiciona el 48 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz para prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México, y en el Consulado de Estado Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerin, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa de ley por la que se crea el comité del 195 aniversario de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre de ``Presidente Benito Juárez''.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la adición del apellido Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en 1823, en el Salón de Cortes.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las Demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que se integre la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de diversos contratos y concesiones públicas, otorgadas a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma, y que dé prioridad a la situación social en Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua rindan un informe acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa Granjas Carroll de México y sobre la extracción del agua del acuífero del valle de Perote, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante, en los municipios de Tampico y de Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF acepte y cumplimente la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-Centro Histórico, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se acuerde un aumento de emergencia a los salarios mínimos, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice la fiscalización de la empresa Liconsa, a cargo del diputado Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía, a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, verifique que el IMSS esté cumpliendo sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco instruya la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, quien desapareció el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del valle de Mexicali y la región del delta del río Colorado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco acate la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal implante acciones que modernicen los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y de la Conapesca destine recursos para el programa de sustitución de motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los subsidios destinados al gas natural, a cargo del diputado José Rosas Aispuro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía homologue los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las comisiones especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social remitan a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional establezcan programas y acciones de comunicación y coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios para frenar la violencia en el país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al estado por los medios de comunicación, destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revise el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE intervenga para la reapertura del puente internacional Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a que intervenga frente a los cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal dirija una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la iniciativa de ley para despenalizar el delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Cultura investigue las posibles violaciones del decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el programa de salud auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33 de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN nombre comisionados especiales para investigar las violaciones de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat dé cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer, a través de la Semarnat, los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía presente una denuncia de hechos ante la PGR en contra de servidores públicos adscritos a la SCT, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a difundir los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrito por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la armonización de la legislación federal y seguimiento del sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar, a través de la Semarnat, los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la dependencia a su cargo en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a ratificar los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR que informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener a realizar un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF a incorporar miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a donar libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto se demuestra la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual a realizar un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la Sectur, Lagos de Moreno, Jalisco, dentro del Programa Pueblos Mágicos, suscrito por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a rehabilitar la carretera Poza Rica-María y la Torre y se construya el puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a dotar de insumos y equipo al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de Seguridad Pública y de Protección Civil locales y federales a realizar acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que declare región fronteriza la zona conocida como Los Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sector, a retomar los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Turismo, a cargo de la diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a la construcción y operación de la biblioteca José Vasconcelos, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intervenir en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, ampliar y reforzar la operación Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar, a través de la Semarnat, sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta Soberanía, a través de la SHCP y la Sener, sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación a la estructura de la administración pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena que informe sobre la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse en relación con la controversia constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos de vialidad para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la CONADE a promover la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementen el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la SCT y a Capufe que reubiquen la plaza de cobro 156 Plan de Barrancas, ubicada en la autopista Guadalajara-Tepic, suscrito por los diputados José Gildardo Guerrero Torres y Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover la realización del primer Congreso Internacional sobre Derechos de los Adultos Mayores, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a asignar recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen, a través de una política de Estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría de los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión, a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal, sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar las propuestas sobre soberanía alimentaría contempladas en la Declaración del Zócalo en el Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de la SCT y de la SHCP, el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

Con motivo del CLXXXIII aniversario de la creación del estado de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves primero de marzo de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veintitrés minutos del jueves primero de marzo de dos mil siete, con la asistencia de doscientos cincuenta y seis diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del Centésimo Septuagésimo Octavo Aniversario Luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez. El Presidente designa la comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

El Congreso del estado de Coahuila remite acuerdos por los que:

Se pronuncia a favor de la ``No Discriminación de las Personas''. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

Manifiesta su respaldo para que, en el marco de la inminente reforma electoral, sean sustituidos los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

El gobierno del estado de México, remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por la que remite el acuerdo sobre la Agenda Legislativa. Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Mesa Directiva, con relación a veintitrés dictámenes negativos de puntos de acuerdo, de las Comisiones: de Juventud y Deporte, de Seguridad Pública y de Seguridad Social, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día veintiocho de febrero de dos mil siete. Se instruye archivar los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se recibe oficio de la Junta de Coordinación Política con el que se informa el cambio en la integración de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. De enterado.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se determina que las directivas de las comisiones deberán informar a ese órgano parlamentario sobre la asistencia de servidores públicos federales. De enterado.

La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de la Coordinación Política por el que se modifican los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. En votación económica, la asamblea lo aprueba.

La Secretaría de Gobernación remite:

El segundo Informe semestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro dos mil seis. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

Contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Tres oficios con los que envía contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, durante el primer receso, del primer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

Acuerdo por el que exhorta a los gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal y sus delegaciones políticas, y a los Poderes de la Unión, a que tomen en cuenta las medidas de austeridad en gasto corriente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento nueve, y doscientos doce de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Ector Jaime Ramírez Barba , a nombre propio y del diputado Francisco Domínguez Servién , ambos del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud.

José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía.

Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diversos diputados de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia, que reforma y adiciona los artículos setenta y seis, setenta y ocho y ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A las doce horas con trece minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos un diputadas y diputados.

Olga Patricia Chozas y Chozas , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo dos de la Ley Reglamentaria del artículo quinto Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, que reforma el artículo doscientos veintiséis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional. Desde su curul, el diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Partido Acción Nacional, realiza observaciones.

Alejandro Sánchez Camacho , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alan Notholt Guerrero , del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

Dictámenes de las comisiones:

a) Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) De Gobernación con proyectos de decreto que concede permiso a los ciudadanos:

Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerin, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas.

Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Son de primera lectura.

Dictámenes a discusión de la Comisión de Salud con proyectos de decreto que:

Reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud. En votación económica, la asamblea le dispensa la lectura. Intervienen para fijar el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario, los diputados: Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática; Margarita Arenas Guzmán , del Partido Acción Nacional; María Oralia Vega Ortiz , del Partido Revolucionario Institucional y Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Con un resultado de trescientos cincuenta y tres votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, la Presidencia declara aprobado --en lo general y en lo particular-- el proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

Reforma los artículos noventa y ocho, trescientos dieciséis, segundo párrafo y adiciona un artículo cuarenta y uno Bis a la Ley General de Salud. En votación económica, la asamblea le dispensa la lectura. Intervienen para fijar el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario, los diputados: Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, quien propone modificar el artículo cuarenta y uno Bis;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza; Olga Patricia Chozas y Chozas , del Partido Verde Ecologista de México; María Oralia Vega Ortiz , del Partido Revolucionario Institucional; Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea acepta la modificación propuesta por la diputada Conde Rodríguez. Desde su curul, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, realiza observaciones.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Con un resultado de trescientos sesenta y tres votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea, el proyecto de decreto que reforma los artículos noventa y ocho, trescientos dieciséis, segundo párrafo y adiciona un artículo cuarenta y uno Bis a la Ley General de Salud. Se remite al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Jesús González Macías , del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que a la brevedad expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y aquellos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional del Agua, se conduzcan de acuerdo a la normatividad vigente, en materia de incentivos para la regularización de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integre a diversos municipios del estado de Quintana Roo, al área geográfica A. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Jesús Ramírez Stabros , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación al costo de las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Pedro Montalvo Gómez , del Partido Revolucionario Institucional, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Juan Nicasio Guerra Ochoa , a nombre propio y del diputado Pablo Trejo Pérez , ambos del Partido de la Revolución Democrática, para que se integre una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tienen en sus finanzas el pago de derecho del trámite aduanero. Durante su intervención, el diputado promovente, acepta en dos ocasiones interpelaciones del diputado José Murat, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia, con respecto a las personas que han liquidado sus deudas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Édgar Mauricio Duck Núñez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que incorpore en el calendario oficial al día veinticuatro de agosto, como día de la firma de los Tratados de Córdoba y lo declare día de fiesta nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Francisco Dávila García , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los congresos estatales, a crear e integrar una Comisión de Turismo. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba.

Se recibe de los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján , ambos del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implante un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

María Gabriela González Martínez , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al Sistema de Educación Básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Pedro Pulido Pecero , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les otorga la palabra a los diputados: Salvador Barajas del Toro , del Partido Revolucionario Institucional y Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Se recibe del diputado Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, cree una Fiscalía Especial para investigación de los hechos delictivos derivados del conflicto político--social oaxaqueño. Se turna a la Comisión de Justicia.

El diputado Jorge Salum del Palacio , a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Acción Nacional representantes de los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua, presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la Declaratoria de Patrimonio Mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro, promovido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se turna a la Comisión de Cultura.

Se recibe del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, cumpla con la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Presenta el diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez , del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, a que suspendan la revisión en los tramos carreteros en Salamayuca, estado de Chihuahua. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Desde su curul, la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia solicita a la Secretaría abrir el sistema electrónico de asistencia para atender lo solicitado. Se les otorga la palabra a los diputados: César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática; David Figueroa Ortega , del Partido Acción Nacional y Rodolfo Solís Parga , del Partido del Trabajo. Con el registro de trescientos dos diputadas y diputados, se confirma la existencia de quórum. Finalmente interviene la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa. Desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la lectura de una nueva propuesta conjunta de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática del punto de acuerdo en comento, para tal efecto se le concede el uso de la tribuna al diputado Flores Domínguez. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Se reciben dos solicitudes de excitativas de los diputados:

Ana Yurixi Leyva Piñón , del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales

Manuel Cárdenas Fonseca , del Partido Nueva Alianza, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo veintiuno, fracción dieciséis, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes a más tardar el veintinueve de marzo de dos mil siete.

Se recibe de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal emita el decreto para declarar al primer domingo de marzo de cada año Día Nacional de las Familias.

Se recibe comunicación de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa haberse reincorporado el veinte de febrero de dos mil siete a sus labores legislativas. De enterado.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veintidós minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes seis de marzo de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta; no habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud de la Quincuagésima Novena Legislatura emitieron acuerdo económico relativo al oficio número 002478, de fecha 7 de junio de 2006, enviado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el que notifica punto de acuerdo mediante el cual se suma al Congreso del estado de Jalisco para considerar la realización de una consulta pública nacional para las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2006, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular, por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Pachuca, Hgo, 21 de diciembre de 2006.--- Licenciado Jorge Luis López del Castillo (rúbrica), secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo.»

«Escudo.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del estado de Hidalgo.

Primera Comisión Permanente de Salud de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

A los ciudadanos diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo establecido en los artículos 76, 78, fracción IX, 80, 86 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Hidalgo, nos fue turnado, para los efectos procedentes, en sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2006, el oficio número 002478, de fecha 7 de junio de 2006, enviado por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el que notifica punto de acuerdo, mediante el cual se suma al Congreso del estado de Jalisco, para considerar realizar consulta pública nacional para las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio, con base en el siguiente

Antecedente

Único. Que la LVII Legislatura del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, en sesión ordinaria de fecha 7 de junio de 2006, tuvo a bien aprobar de forma unánime el punto de acuerdo presentado por la Comisión Legislativa de Salud y Asistencia Social, mediante el cual se suma al similar del Congreso del estado de Jalisco para que se considere realizar una consulta pública nacional para la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva; asimismo se propone que se tomen en cuenta las normas NOM-005-SSA2-1993 y NOM-007-SSA2-1993; además, que sea ampliado el capítulo de planificación familiar, en lo que respecta a la salud sexual, el cual remite a esta soberanía, para que, de considerarlo pertinente, se adhiera a tal planteamiento.

Por lo antes expuesto; y

Considerando

Primero. Que esta iniciativa pretende reformar los artículos 64, 65 y 77 Bis de la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva.

Segundo. Que en lo que concierne a la reforma al artículo 64, ésta pretende que quede como sigue: ``La prestación de servicios de salud sexual a adolescentes debe evitar condiciones de riesgo para su salud, en el contagio de enfermedades sexualmente transmisibles y el embarazo de adolescentes, siendo de interés público la preservación de la seguridad, vida y salud de los menores adolescentes, por lo que se prohíbe toda injerencia arbitraria que pretenda desconocer su derecho a recibir la prestación de servicios de salud sexual, por lo que la voluntad de los adolescentes tendrá relevancia jurídica'', debiendo garantizarse que el adolescente reciba información suficiente para formarse su juicio propio y tenga derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten''. Por lo que, en relación con la primera parte de este artículo, esta comisión está consciente de que la mejor forma de evitar cualquier tipo de riesgo en materia de salud sexual es la prevención e información oportunas.

Tercero. Que en lo que se refiere a las reformas a los artículos 65 y 77 Bis, esta comisión reconoce su importancia, y el efecto que tendrá en la sociedad, motivo por el cual manifiesta y comparte el sentido de necesidad para que sean consultadas, escuchando opiniones, ideas y sugerencias, a fin de enriquecer y mejorar las modificaciones propuestas.

Cuarto. Que el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí solicita respetuosamente a esta soberanía que, de considerarlo procedente, se manifieste por la adhesión al planteamiento en comento.

Por lo que atendiendo al antecedente y consideraciones vertidas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 133, 134, 135 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que suscribe se permite emitir el siguiente

Acuerdo Económico

Primero. Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se suman a la petición del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí para que se lleve a cabo una consulta con especialistas en materia de salud sexual, profesionistas reconocidos en materia jurídica y estudiosos en ciencias sociales, para prever el impacto de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, y asimismo, en esta discusión sean tomadas en cuenta la NOM-005-SSA2-1993, ``de los servicios de planificación familiar'', y la NOM-007-SSA2-1993, ``atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido'', para que estos documentos sean congruentes en el concepto de embarazo, y además, que el capítulo de planificación familiar de la Ley General de Salud sea ampliado en lo relativo a la materia de salud sexual.

Segundo. Envíense oficios, anexando copia del presente acuerdo económico, al titular del Poder Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, para los efectos señalados.

Tercero. Gírese oficio al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, comunicando la adhesión a su propuesta de punto de acuerdo.

Elaborado en la sala de sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 30 días del mes de junio del año 2006.--- Primera Comisión Permanente de Salud, diputados: María Guadalupe Muñoz Romero, Irma Beatriz Chávez Ríos, Julio César Hernández Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Judicial de la Federación.--- Consejo de la Judicatura Federal.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguido señor Presidente:

En relación con su atento oficio número D.G.P.L. 60-II-6-354, de fecha 7 de diciembre del año anterior, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso que esta comisión de creación de nuevos órganos entrará a su análisis y estudio para determinar la viabilidad de crear un nuevo juzgado de distrito en la población de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Del resultado de dicho análisis se desprende la baja incidencia estadística que dentro del decimosexto circuito representan los asuntos provenientes de los municipios de Allende, Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú, con los cuales se integraría el distrito de Allende, ya que de acuerdo con los datos de 2006, se generaron solamente 571 expedientes, lo que representa un bajo promedio de ingresos por juzgado; el promedio a nivel nacional es de mil 506 asuntos para cada uno estos órganos, lo que imposibilita por el momento crear un órgano jurisdiccional como el solicitado.

Amén de lo anterior, y como es de su amable conocimiento, durante el presente ejercicio el Consejo de la Judicatura Federal no cuenta con recursos presupuestales para la creación de órganos jurisdiccionales, lo que desafortunadamente imposibilita atender, como sería el deseo de los integrantes de este consejo, la amable solicitud que nos hizo llegar.

Independientemente a lo expuesto, le informo que ya se están buscando medidas alternativas para acercar a diversas poblaciones, como es el caso de San Miguel de Allende, la atención de los asuntos que competan al poder judicial.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Miguel A. Quirós Pérez (rúbrica), consejero presidente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.--- IV Legislatura.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, fracciones V y VII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito comunicarle que en sesión celebrada en la fecha citada al rubro fue nombrada la ciudadana María de la Luz Mijangos Borja como presidenta del Órgano Superior de Dirección de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Asimismo, informo a usted que la citada presidenta rindió protesta de ley ante este órgano legislativo.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Sergio Miguel Cedillo Fernández (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento en comisión, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Rafael Villicaña García cause baja como integrante en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en comisiones, a petición del diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Que el diputado Alberto López Rojas cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.

Que el diputado Alberto López Rojas cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

Solicito respetuosamente a las señoras y señores de los medios de comunicación nos hagan favor de tomar sus lugares. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

Que los diputados César Octavio Camacho Quiroz , Carlos Chaurand Arzate y José Murat causen baja como integrantes en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Que los diputados Alfredo Ríos Camarena , Luis Enrique Benítez Ojeda y Alejandro Olivares Monterrubio causen alta como integrantes en el Parlatino.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a enero de 2007. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con enero de 2006. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para enero de 2007. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a enero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de marzo de 2007.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Secretario.»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación tramitar ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rocío Isela Navarro Lomas.

Puesto: asistente de visas.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.Nombre: Carolina Enríquez Veintimilla

Puesto: asistente en atención consular a ciudadanos americanos.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados en América en Mérida, Yucatán.Nombre: Gabriela Stephens Camacho.

Puesto: recepcionista en la Sección de Seguridad Regional.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales del escrito en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-446 signado el día 8 del mes en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y María Mercedez Maciel Ortíz , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 1.01.A suscrito el día 21 del presente mes por el agrónomo Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades agrarias, estatales y federales, intervenir para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria y poner fin al conflicto que tiene más de tres décadas, así como detener el continuo despojo de que son objeto las comunidades lacandonas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Reforma Agraria.

Ciudadano Armando Salinas Torres, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/559/07, de fecha 9 de febrero del año en curso, el cual se relaciona con el oficio D.G.P.L. 60-II-2-446 signado el día 8 del mes en curso, de los diputados Jorge Zermeño Infante y María Mercedez Maciel Ortíz , Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el cual comunican al titular de la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, que establece en su punto segundo lo siguiente: ``Se solicita que las autoridades agrarias estatales y federales, intervengan para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria en esa zona y poner fin a un conflicto que tiene más de tres décadas, así como para detener el continuo despojo de que son objeto las comunidades lacandona''.

Al respecto, remito a usted un informe en versión amplia y ejecutiva, el cual da cuenta de las acciones y resultados con la instrumentación del Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules, así como la copia de la minuta de la reunión celebrada el 29 de noviembre de 2006, entre el sector agrario y la comunidad de la zona lacandona, en la que se revisó el avance y se precisaron los asuntos que quedaron en trámite al término de la administración federal anterior.

Sin más, quedo aprovechando para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- Agrónomo Abelardo Escobar Prieto (rúbrica), titular de ramo.»

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

HOMOFOBIA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-457 signado el 13 del actual por los diputados María Elena Álvarez Bernal y José Gildardo Guerrero Torres , Vicepresidenta en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia de los similares números 170/UCVPS/000084/2007 y 170/UCVPS/000086/ 2007 suscritos el 20 del citado mes por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar sobre los programas en desarrollo para prevenir y combatir la fiebre hemorrágica dengue a nivel nacional, así como sobre los programas, proyectos, acciones y campañas de difusión en contra de la homofobia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo que se aprobó en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado día 13 del mes en curso, referente a solicitar al titular de la Secretaría de Salud que informe sobre diversas proposiciones, entre éstas la que presentó el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relacionada con la solicitud al secretario de Salud para que informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que éste sea nuevamente difundida tanto en medio de comunicación como en el portal de Internet de esta dependencia.

A respecto, me permito informar que el doctor Jorge Saavedra López director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-sida, ha comentado lo siguiente.

Durante 2005 la campaña contra la homofobia fue una campaña conjunta que la Secretaría de Salud realizó a través del Conasida/Censada con el Conapred y con el respaldo del Onusida. Esta campaña fue pagada por Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se trasmitió por radio.

En diciembre del 2005 la Secretaría de Salid inicia la campaña para la prevención y atención del VIH/sida la cual incluyó elementos para disminuir el estigma y la discriminación en el contexto del VIH/sida; y también elementos contra la homofobia relacionada al sida. Esta campaña se llevó a cabo en tiempos oficiales y en radio hasta el primer cuatrimestre del 2006.

El Centro Nacional en el 2006 por primera vez recibe recursos para hacer prevención aprobados por el Poder Legislativo y con este presupuesto se inicia la producción y diseño de spotsen radio y televisión enfocados a población general y a los sectores con mayor grado de de vulnerabilidad y riesgo para adquirir VH/sida como son mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, jóvenes, entre otros. La campaña cubre los temas de prevención del VIH/sida y de disminuir el estigma y la discriminación relacionada al VIH/sida.

Esta campaña se llevó acabo en tiempos oficiales que le fueron otorgados al Censida y en espacios contratados y fue difundida en televisión, radio, autobuses foráneos, metro del DF y Guadalajara, en anuncios espectaculares y tortillerías.

Actualmente el Centro Nacional tiene la meta de continuar esta campaña en los medios y realizar nuevas versiones dirigidas a mujeres y a hombres.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir dicha información a la comisión dictaminadora correspondiente, para el desahogo del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2007.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo que se aprobó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del pasado día 13 del mes en curso, referente a solicitar al titular de la Secretaría de Salud que informe sobre diversas proposiciones, entre estas la que presentó el diputado José Briones Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relacionado con el exhorto al titular del Ejecutivo federal a canalizar recursos al estado de San Luis Potosí para implantar programas preventivos y de lucha contra el dengue.

Al respecto, me permito informar que el doctor Pablo Kuri Morales, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, ha comentado lo siguiente:

El estado de San Luis Potosí presentó el último brote de dengue en 1998, año en el que se confirmaron 2 mil 158 casos en su forma clásica y 55 hemorrágicos. A partir de 1999, esa entidad implantó --con recursos federales y estatales--, un programa de vigilancia, prevención y control del dengue que le ha permitido mantener bajo control dicho padecimiento hasta el 2006 en que se registran 256 casos clásicos y 13 hemorrágicos.

Durante el año 2006, el estado de San Luis Potosí ejerció un presupuesto de 5.9 millones de pesos para el Programa contra el Dengue. Durante el ejercicio de programación--del presupuesto 2007, llevado a cabo a mediados del año pasado, los SESA de esa entidad, definieron un presupuesto, 50 por ciento mayor que lo ejercido en 2006, para atender las necesidades y proyecciones del programa estatal.

Puntos de acuerdo como el referido son de suma importancia ya que coinciden con la visión de esta Secretaría en el sentido de que para el control del dengue es necesaria la participación de múltiples sectores, incluidos: a) los servicios municipales, para la distribución de agua potable y disposición final de basura y recipientes de desecho que pueden constituirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue; b) con los prestado res de servicios turísticos, para promover y realizar acciones en busca de áreas seguras libres de dengue y; c) con las organizaciones de la sociedad civil, para mantener sus domicilios barridos, ordenados, desyerbados y libres de criaderos de mosquitos.

En este tenor, me permito señalar que la federación, a través de la Secretaría de Salud, reitera su compromiso de cumplir con sus atribuciones y responsabilidades en materia de rectoría, asesoría técnica y capacitación. No obstante, es importante precisar que los recursos de operación y fortalecimiento permanente para el Programa contra el Dengue, así como la definición y priorización de los mismos para la atención oportuna y eficaz de ese padecimiento, es responsabilidad de los servicios de salud en los estados y sus contrapartes en los gobiernos municipales.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir dicha documentación a la comisión dictaminadora correspondiente, para el desahogo del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2007.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la unidad.»

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

NORMA OFICIAL MEXICANA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-457, signado el 13 del actual por los diputados María Elena Álvarez Bernal y José Gildardo Guerrero Torres , Vicepresidenta en funciones de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia de los similares números 170/UCVPS/000087/2007 y 170/UCVPS/ 000091/2007, suscritos por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en los mismos se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, así como al cuidado de las personas con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo que se aprobó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del pasado día 13 del mes en curso, referente a solicitar al titular de la Secretaría de Salud que informe sobre diversas proposiciones, entre éstas la que presentó el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relacionado con la solicitud a la Secretaría de Salud para una prórroga, de hasta cinco años y por única vez, de la entrada en vigor del inciso 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo.

Al respecto, me permito informarle que el licenciado Luis Ernesto Ramos Gutiérrez, coordinador general Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ha comentado lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre del 2004, mediante oficio s/n del entonces comisionado de Fomento Sanitario, licenciado Luis Alfonso Caso González, dirigido al diputado en mención, que en anexo se envía, se fijó la postura de esta comisión federal, considerando el plomo utilizado en los colorantes, tintes, pinturas, lacas que se usan para pintar y decorar el barro referido en el numeral 4.3 de la norma referida como agente que en todos los casos puede intoxicar al alfarero por su contacto permanente, indicando como alternativa costos y beneficios del uso de esmalte bajo en plomo.

Como consecuencia de lo anterior, para la comisión federal los efectos de plomo, especialmente en los menores, se traduce en alteraciones neurológicas irreversibles, siendo necesario en todo caso concienciar a los alfareros acerca del uso de esmaltes con baja cantidad de plomo.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir dicha documentación a la comisión dictaminadora correspondiente, para el desahogo del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la unidad.»

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-437, signado el 21 de diciembre de 2006 por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-0107, suscrito el 19 del actual por el ciudadano Julio César Aguilar Matías, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer la política de Estado a favor de las Mipymes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/041/07, de fecha 2 de enero de 2007, dirigido al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 21 de diciembre del 2006, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), a fin de fortalecer la política de Estado a favor de las Mipymes.

Sobre el particular, cabe señalar que conforme al punto de acuerdo antes mencionado, le corresponde a la SHCP considerar los siguientes factores: i) simplificar los trámites fiscales a las empresas, tales como la declaración de impuestos; ii) hacer una revisión profunda del ISR que se le cobra a las Mipymes, con la finalidad de encontrar tasas accesibles para fomentar el desarrollo de las éstas; iii) revisar las tarifas de servicios públicos, como las de electricidad, para que sean un gasto que las Mipymes puedan manejar; y iv) mejorar la operación y administración de las empresas paraestatales.

En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implantado una serie de medidas encaminadas a contar con un esquema tributario sencillo, moderno y competitivo. Un ejemplo de ello son los servicios que proporciona por Internet, lo cual permite apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Actualmente los contribuyentes pueden llevar a cabo una serie de trámites a través de medios electrónicos, entre los que se incluyen los pagos anuales y provisionales; ello con la finalidad de generar un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades productivas, tanto de las Mipymes como de las grandes empresas.

Por otra parte, actualmente ya existen esquemas en el ISR sencillos y acordes con la capacidad administrativa de los contribuyentes. Al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) pueden acceder las personas físicas que realizan actividades empresariales y únicamente enajenan bienes o prestan servicios al público en general. El límite de ingresos para tributar en este régimen es de 2 millones de pesos y están sujetos a una tasa de 2 por ciento que le aplica a la diferencia que resulta de disminuir del total de los ingresos que obtengan en el mes un monto equivalente a cuatro salarios mínimos elevados al mes.

Adicionalmente, en el ISR también existe el régimen intermedio que aplica para las personas físicas con actividades empresariales e ingresos de hasta 4 millones de pesos, conforme al cual se determina el impuesto con base en efectivo, en el que pueden deducir sus erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio, para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos, debiendo llevar un solo libro de ingresos y egresos y el registro de inversiones y deducciones, sin incurrir en la complejidad del régimen general. Sin duda, ambos esquemas benefician a los micro, pequeños y medianos empresarios de este país.

En materia de tarifas eléctricas, cabe señalar que la política tarifaria del sector eléctrico está diseñada para reflejar los costos de suministro, considerando las variaciones a nivel de tensión, regionalización, estacional y periodos horarios; sin embargo, a nivel general las tarifas se encuentran subsidiadas.

Por lo anterior, coincidimos con lo señalado en el sentido de que se debe mejorar significativamente la operación y, en particular, la administración de los organismos suministradores, a fin de reducir los costos de suministro y estar en posibilidad de compartir las ganancias en eficiencia a los usuarios del sector eléctrico mediante el ofrecimiento de tarifas más competitivas.

Finalmente, le informo que la SHCP forma parte del Consejo Nacional para la Competitividad de las Mipymes, el cual se creó con el auspicio de la SE. En este sentido, continuaremos participando en dicho consejo con el ánimo de eliminar los obstáculos que aún enfrentan las Mipymes para alcanzar un desarrollo competitivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2007.--- Julio César Aguilar Matías (rúbrica), jefe de la unidad.»

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ISOSA

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-5-479 signado el 17 de enero del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Miguel Ángel de la Peña Sánchez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SP/100/ 0345 /2007 suscrito el 2 de febrero último por Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública, y recibido en esta Secretaría el 28 del citado mes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV, ISOSA, en las aduanas de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Poder Ejecutivo Federal.--- Presente.

En relación con el punto de acuerdo aprobado por la del Congreso de la Unión en sesión celebrada el pasado 17 de enero, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a investigar el flujo de información generado por la operación de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV, ISOSA, en las aduanas de México, la dependencia a mi cargo informa a usted lo siguiente:

1. En julio de 2006, la secretaría técnica del fideicomiso público no paraestatal encargado del programa de mejoramientos de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras con recursos procedentes de los aprovechamientos a los que se refieren los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera (Fidemica), dio vista a la Secretaría de la Función Pública de un conjunto de irregularidades en la operación de dicho fideicomiso;

2. A partir del mes de diciembre del año de 2006, esta secretaría inició diversas auditorías con el propósito de revisar el Programa de modernización de aduanas, el fideicomiso constituido para administrar la contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (Facla), el otorgamiento de patentes aduanales y las operaciones de alto volumen, así como el control de bienes confiscados, su disposición y traspaso al Servicio de Enajenación y Administración de Bienes;

3. Dichas auditorías se encuentran en curso, por lo que la Secretaría de la Función Pública no está en condiciones de informar sobre sus principales conclusiones;

4. La Secretaría de la Función Pública ratifica su compromiso de atender, con estricto apego a derecho, todas las denuncias que se formulen en relación con la gestión de servidores públicos y la aplicación de los recursos del Estado.

Lo anterior, a efecto de que a través de su amable conducto, se atienda el exhorto citado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 2 de febrero de 2007.--- Germán Martínez Cázares (rúbrica), secretario de la Función Pública.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Remítase al promovente para su conocimiento.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 223, apartado A), último párrafo, de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, D. F., a 1 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente de Enlace Legislativo.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

El que suscribe, senador Silvano Aureoles Conejo, como integrante del Senado de la República de la LX Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 223, apartado a), último párrafo, de la Ley Federal de Derechos, de conformidad con lo siguiente

Antecedentes

En México el tema del agua es de la mayor importancia y tiene indicadores amenazantes para el desarrollo. El agua con que se dispone para satisfacer las necesidades del país, es cada vez menos por el agotamiento de los acuíferos, la sobreexplotación y contaminación de las cuencas fluviales y la aparición de nuevos contaminantes, mucho más dañinos y difíciles de eliminar.

Las zonas del país donde se ha concentrado el crecimiento demográfico y económico y donde se localiza una parte substancial de la infraestructura productiva y social, son aquellas donde hay una menor disponibilidad de agua. Este fenómeno se da principalmente en dos cuencas que son las más presionadas y degradadas del país: la del valle de México y la de Lerma-Chapala, de donde se surten más de 40 millones de habitantes. En el Distrito Federal se explota cuatro veces la recarga media anual.

La importancia del agua subterránea en nuestro país, queda de manifiesto al considerar que el 70 por ciento del volumen que se suministra a la población, el 33 por ciento del que se destina a la agricultura y el 62 por ciento del que utiliza la industria, tienen ese origen. Por ello, es necesario prestar atención especial al uso de los acuíferos del país. Del total de los 653 acuíferos subterráneos que existen en México, son sobreexplotados 105, ubicados en las zonas centro y norte del país. De ellos, 17 tienen ya intrusión salina y 13 salinización insalubre, siendo ésta una estadística creciente.

En todo el país hay graves carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Aproximadamente, 10.5 millones de mexicanos carecen de servicio de agua potable y 23 millones de alcantarillado.

En el sector rural es, en donde esta situación, tiene el carácter más agudo con 3 de cada 10 habitantes sin agua potable y casi 4 de cada 10 sin alcantarillado.

Para resolver estos problemas la investigación científica y aplicada y el desarrollo tecnológico, así como para la formación y capacitación de recursos humanos calificados en materia de agua y su gestión, juegan un papel relevante. En virtud de ello se hace necesario proponer alternativas imaginativas que permitan incrementar el financiamiento de estas acciones, por lo que

Considerando

Primero. Que en los últimos años el gasto en investigación y desarrollo tecnológico con relación al PIB no se ha incrementado sustancialmente: de 0.37 por ciento en el año 2000 a 0.4 por ciento en el año de 2005 e incluso para el año del 2006, se redujo de nuevo a menos del 0.4 por ciento del PIB. Cuando al inicio del sexenio de la pasada administración el Ejecutivo federal prometió destinar a ese efecto el 1 por ciento el PIB.

Segundo. Que concretamente las necesidades de inversión en investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos del sector hídrico son altas y crecientes, dada la problemática que enfrenta el sector, para el logro de un uso eficiente del agua y el cuidado de su calidad.

Tercero. Que los resultados científicos y tecnológicos obtenidos, demuestran como, mediante una correcta vinculación con las necesidades del sector, la actividad científica y tecnológica, efectivamente constituye un motor de desarrollo y fuente de bienestar para la población. Como ejemplo de los impactos de dicha actividad, pueden destacarse los siguientes:

El desarrollo de una metodología para la recuperación integral de pérdidas en redes de agua potable que ya ha sido aplicada en 10 ciudades de la república, permitiendo la recuperación de un volumen aproximado de 500 litros por segundo, suficiente para abastecer del líquido a una población cercana a los 175 mil habitantes.

El desarrollo de una tecnología para la remoción de fierro y manganeso del agua, contaminantes que, al producir un color y sabor desagradables, causan el rechazo de la población, y que ya es utilizada en 4 plantas potabilizadoras del país, beneficiando directamente a 450 mil personas.

La capacitación de 20 mil usuarios de los distritos de riego del país en la utilización de un sistema para la aplicación óptima del riego que ya ha sido utilizado en 300 mil hectáreas, arrojando un beneficio económico estimado en 660 millones de pesos por año como resultado del ahorro del agua y del incremento en la producción.

El desarrollo y aplicación de una tecnología para la recuperación de suelos salinos que ha permitido reincorporar a la producción cerca de 60 mil hectáreas que se encontraban abandonadas por la concentración excesiva de sales en el suelo, en tan sólo seis meses y a una décima parte del costo que representa incorporar una nueva hectárea al riego.

Cuarto. Que de acuerdo a los anteriores ejemplos, es claro que, el efecto multiplicador de la inversión en estos rubros es muy importante y de gran utilidad para avanzar en el desarrollo de la investigación y producción de tecnologías de punta que requiere el sector hídrico.

Quinto. Que una alternativa viable para incrementar el financiamiento en la investigación básica y aplicada que requiere el sector hídrico y que no significa una erogación neta del presupuesto destinado al agua, es aprovechar parte de la recaudación de los derechos de agua, para que se inviertan en investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma al artículo 223, apartado a), último párrafo, de la Ley Federal de Derechos, de conformidad con la siguiente:

Artículo Primero. Se destine el 1 por ciento de la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, para que sea canalizada a la investigación y desarrollo tecnológico del sector agua. Esto significaría incrementar en aproximadamente 50 millones de pesos anuales el gasto actual destinado a esos efectos.

Artículo Segundo. De acuerdo con lo anterior, se propone la reforma del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, apartado A, último párrafo, para quedar como sigue:

...De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos:1) 300 millones de pesos tendrán destino específico para el Fondo Forestal Mexicano para el Desarrollo y Operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales. Estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a la Comisión Nacional Forestal

2) El 1 por ciento del total recaudado en el ejercicio fiscal inmediato anterior tendrá destino específico para apoyar la inversión en el sector agua para investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos calificados.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1 de marzo de 2007.--- Senadores: Silvano Aureoles Conejo, Rubén Velázquez, Antonio Mejía Haro, Claudia Corichi G. (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 y se adiciona el artículo 48 Bis de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 419 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Único.- Se reforma el artículo 419 y se adiciona el artículo 48 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 48 Bis.- Quedan prohibidos los acuerdos, convenios o contratos celebrados entre médicos y/opersonas físicas o morales que presten servicios de salud cuando se pacte un beneficio económico a cambio de canalizar, referir o reenviar a pacientes o a los familiares de estos a cualquier servicio médico, al consumo de medicamentos, análisis clínicos, estudios de gabinete y servicios funerarios.

Artículo 419.- Se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 48 Bis, 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas físicas y/omorales que al día de entrada en vigor del presente decreto conserven acuerdos, convenios o contratos vigentes con médicos para la canalización, referencia o reenvío de sus pacientes o de los familiares de estos a cambio de un beneficio económico, deberán darlos por terminados durante los primeros 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a efecto de terminar ordenadamente con los acuerdos, convenios o contratos vigentes a la fecha.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.--- México, DF, a 1 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Secretario.

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 constitucional.--- México, DF, a 1o. de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Salud.

Recordamos a los señores legisladores que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se ha reducido a siete minutos el tiempo para presentar la iniciativa, por lo que les suplicamos cumplir con este acuerdo.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Pasamos al apartado del orden del día relativo a iniciativas de diputados. Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

El diputado Neftalí Garzón Contreras:Con su permiso, señora Presidenta; ciudadanas y ciudadanos diputados; en virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, me abocaré sólo a comentar el contenido de la exposición de motivos, rogándole a la Presidencia que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates.

La democratización de los sindicatos es una exigencia indeclinable. Ya basta de limitarnos a formas huecas de contenido o abiertamente opuestas a éste. No podemos permitir que muchos de los llamados ``sindicatos'' sirvan en realidad como instrumentos para desconocer los derechos de los trabajadores y reprimir sus exigencias de democracia que ni siquiera cumplen con la obligación mínima de cualquier organización, cual es la rendición de cuentas a los miembros del sindicato respecto a su patrimonio.

En México se reconoció el derecho a la libre sindicalización en el artículo 123 constitucional como la primera declaración de derechos sociales en el mundo, después de una revolución cruenta por la profundidad de sus contradicciones.

Sin embargo, pronto se caminó hacia su distorsión, de manera que los sindicatos, en lugar de ser instituciones para los trabajadores, como si los sindicatos fueran propiedad de los líderes charros y blancos, manejados como negocios particulares y subordinados de manera corporativa al gobierno en turno o al patrón, esta realidad chocaba con la esencia de los sindicatos, la democracia y la de su vocación de servicio a los derechos de los trabajadores.

La voluntad de sus integrantes ya no era más escuchada, sino perseguida. Las directivas se autoelegían y perpetuaban en el poder valiéndose de todas las trampas y represiones, contando con la complicidad de las autoridades que teóricamente deberían respetar y hacer respetar el estado de derecho.

Sin embargo, aún no podemos ni debemos hablar en pasado de los sindicatos opuestos a los fines de los que viven de su trabajo, sino que es una realidad lacerante y actual que no sólo violenta la letra y el espíritu del artículo 123 constitucional y las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que choca con el esfuerzo que realiza el pueblo de México por avanzar en otras esferas de nuestra nación en la senda de la democracia.

Uno de los momentos en que con más fuerza se manifiestan estas iniquidades y aberraciones es cuando los sindicatos cumplen el proceso para la designación de su directiva. Son ya legendarias las mil ``chicanadas'' de que se hace uso para impedir que se manifieste la democracia, la voluntad de la mayoría; y aun cuando ésta no se puede vencer, el empuje de las masas que exigen tomar el control de lo que es suyo, vienen los actos de represión desde el uso de los golpeadores a la fabricación de falsas acusaciones, pasando incluso por el asesinato de los luchadores del sindicalismo democrático.

Por lo que, siendo amplia y compleja la solución que debe darse a esta problemática, quiero abordar en esta iniciativa dos de las cuestiones centrales, el derecho mínimo de los miembros de un sindicato a elegir a sus dirigentes mediante el voto universal directo y secreto.

Esto, que tanto ha representado con todas sus dudas y retrocesos, para avanzar en la democratización del país, parece un ideal inalcanzable en la actual realidad sindical, que somete a los trabajadores en los procedimientos para la elección de sus líderes al voto a mano alzada, lo que se presta a todo tipo de presiones y amenazas, impidiéndose que tales elecciones sean democráticas y transparentes.

No podremos hablar de un respeto al derecho humano a la sindicalización en tanto el Legislativo no consagre de manera expresa el derecho al voto universal directo y secreto en la elección de las directivas, de manera que la elección sea verdaderamente libre y a favor de las personas que el trabajador considere que realmente le representarán y defenderán sus intereses de clase.

Suprimiéndose al propio tiempo todo acto de discriminación o adulteración al momento de que los trabajadores cumplan con este derecho y obligación. Este derecho va de la mano de la necesidad de hacer efectiva la obligación de las directivas sindicales de rendir cuentas a sus agremiados, de manera que el patrimonio sindical formado gracias a las cuotas de los trabajadores se use en bien de todos y no como negocio personal de los líderes y sus familias o para alcanzar fines políticos que pavimenten la carrera política de directivas espurias. En suma, el patrimonio sindical que igual es de y para los trabajadores no debe distraerse de los fines propios de los sindicatos.

De manera que, sin crear instrumentos jurídicos que se puedan prestar para allanamiento de la autonomía sindical, deben buscarse soluciones para que los miembros de un sindicato puedan avanzar en la democratización de la vida de estos gremios.

No es posible que se permita que las directivas de los sindicatos vivan en un verdadero paraíso de no rendición de cuentas, donde todo les está permitido, so pretexto de la mencionada autonomía sindical. Todo abuso para ellos es legal; y moralmente, insostenible.

A la fecha, el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo consagra de manera expresa la obligación semestral de rendición de cuentas de parte de las directivas sindicales. Esto, en los hechos, es letra muerta.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tampoco prevé una acción laboral de los miembros del Sindicato para hacerla valer ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo, sino que reduce, en sus artículos 80 y 81, el accionar a meras acciones civiles o del derecho común, lo que evidentemente limita y dificulta la exigencia de responsabilidad frente a los líderes deshonestos, pero además no existe disposición expresa sobre la rendición de cuentas y acciones para hacerlas exigibles.

Evidentemente, esto no sería posible sin el apoyo de las autoridades administrativas y judiciales y los instrumentos de represión estatal. En consecuencia, se exige una reforma del Estado mismo y también un cambio integral del marco jurídico laboral, comenzando con las instancias encargadas de registrar los sindicatos, sus directivas y los contratos colectivos, así como la necesaria sustitución de las autoridades que tienen a su cargo la impartición de la justicia en el mundo del trabajo.

Para dar a estas propuestas la relevancia que la problemática actual exige, esta iniciativa tiene como particularidad que los derechos de mención se consagrarían a nivel de la Constitución federal, tanto a favor de los trabajadores del Apartado A como los del Apartado B.

Así, se asignará mayor estabilidad jurídica a esta solución, arrancándose al propio tiempo toda duda sobre la letra y espíritu de las reformas. Paralelamente, bajamos estas reformas a nivel de las leyes federales del Trabajo y la de los Trabajadores al Servicio del Estado, con objeto de que en automático tomen practicidad, contribuyendo a la transformación de nuestra realidad laboral, que así lo exige.

Finalmente, quiero señalar que con las reformas propuestas cumplimos lo dispuesto en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección de sindicalización ratificado por nuestro país. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Neftalí Garzón Contreras , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democratización de los sindicatos es una exigencia indeclinable. Ya basta de limitarnos a formas huecas de contenido, o abiertamente opuestas a éste. No podemos permitir que muchos de los llamados sindicatos sirvan en realidad como instrumentos para desconocer los derechos de los trabajadores y reprimir sus exigencias de democracia; que ni siquiera cumplan la obligación mínima de cualquier organización, la cual es la rendición de cuentas a los miembros del sindicato respecto a su patrimonio.

El concepto del hombre como ser social no sólo comprende su asociación en el seno de lo estrictamente político, sino en todas aquellas esferas en que su unidad se hace indispensable o útil para su mejor desarrollo y la consecución de sus intereses. En este sentido, bajo el impulso de la Revolución Industrial, en virtud de la cual la máquina arrebató el predominio a la actividad meramente manual, el conglomerado de trabajadores con necesidades y reclamos semejantes caminó hacia diversas formas asociativas, que culminaron en los siglos XVIII a XX en la conformación de los sindicatos, cuyo nacimiento es historia de encarcelamientos, asesinatos, persecuciones. Los sindicatos, pues, nacieron de y para los trabajadores como expresión de su voluntad y para enfrentar con mayores posibilidades de éxito su problemática, que iba desde la reducción de la jornada hasta la obtención de un salario digno, estabilidad en el empleo y condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

Luego frente al derecho a la sindicalización, el Estado, a través del Legislativo y, concretamente el Constituyente, no ha dado sino sólo reconocido tal derecho, que la misma clase obrera ha hecho nacer y desarrollado con objeto de lograr su defensa y dignificación.

En México se reconoció el derecho a la libre sindicalización en el artículo 123 constitucional, como la primera declaración de derechos sociales en el mundo, después de una revolución cruenta por la profundidad de sus contradicciones. Sin embargo, pronto se caminó hacia su distorsión, de manera que los sindicatos en lugar de ser instituciones para los obreros, trocaron en la mayoría de las veces en instrumentos contra los trabajadores, como si los sindicatos fueran propiedad de los líderes charros y blancos, manejados como negocio particular y subordinados de manera corporativa al gobierno en turno o al patrón.

Esta realidad chocaba con la esencia de los sindicatos: la democracia, y de su vocación de servicio a los derechos de los trabajadores. La voluntad de sus integrantes ya no era más escuchada sino perseguida, las directivas se autoelegían y perpetuaban en el poder valiéndose de todas las trampas y represiones, contando con la complicidad de las autoridades que teóricamente debían respetar y hacer respetar el estado de derecho. Sin embargo, aún no podemos ni debemos hablar en pasado de los sindicatos opuestos a los fines de los que viven de su trabajo, sino que es una realidad lacerante y actual, que no sólo violenta la letra y espíritu del artículo 123 constitucional, y a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que choca con el esfuerzo que realiza el pueblo de México por avanzar en otras esferas de nuestra nación en la senda de la democracia.

De manera que a estas fechas los sindicatos se nos presentan como una de las más graves rémoras que sufre la reforma del Estado hacia la democracia. Lo que al propio tiempo se traduce en que a los trabajadores se les arrebata su principal instrumento para hacer valer sus derechos, y lograr una mejor distribución de la riqueza.

Uno de los momentos en que con más fuerza se manifiestan estas iniquidades y aberraciones es cuando los sindicatos cumplen el proceso para la designación de su directiva; son ya legendarias las mil chicanadas de que se hace uso para impedir que se manifieste la democracia, la voluntad de la mayoría. Y cuando aun con éstas no se puede vencer el empuje de las masas que exigen tomar control de lo que es suyo, vienen los actos de represión, del uso de golpeadores a la fabricación de falsas acusaciones penales, pasando incluso por el asesinato de los luchadores del sindicalismo democrático. Por lo que, siendo amplia y compleja la solución que debe darse a esta problemática, quiero abordar en esta iniciativa dos de las cuestiones centrales, el derecho mínimo de los miembros de un sindicato a elegir a sus dirigentes mediante voto universal, directo y secreto. Esto que tanto ha representado, con todos sus dudas y retrocesos, para avanzar en la democratización del país, parece un ideal inalcanzable en la actual realidad sindical del país, que somete a los trabajadores en los procedimientos para la elección de sus líderes al voto a mano alzada, lo que se presta a todo tipo de presiones y amenazas, impidiéndose que tales elecciones sean democráticas, transparentes.

No podremos hablar de un respeto al derecho humano a la sindicalización en tanto el Legislativo no consagre de manera expresa el derecho al voto universal, directo y secreto en la elección de la directivas, de manera que la elección sea verdaderamente libre y a favor de las personas que el trabajador considere que realmente les representarán y defenderán sus intereses de clase. Suprimiéndose al propio tiempo todo acto de discriminación o adulteración al momento de que los trabajadores cumplan este derecho-obligación.

Este derecho va de la mano de la necesidad de hacer efectiva la obligación de las directivas sindicales de rendir cuentas a sus agremiados, de manera que el patrimonio sindical formado gracias a las cuotas de los trabajadores se use en bien de todos y no como negocio personal de los líderes y sus familias, o para alcanzar fines políticos que pavimenten la carrera política de directivas espurias. En suma, el patrimonio sindical, que igualmente es de y para los trabajadores, no debe distraerse de los fines propios de los sindicatos.

De manera que, sin crear instrumentos jurídicos que se puedan prestar para allanamientos de la autonomía sindical, deben buscarse soluciones para que los miembros de un sindicato puedan exigir cuentas a su directiva. Lo cual, nuevamente revertirá en mayor democratización de la vida de los gremios. No es posible que se permita que las directivas de los sindicatos vivan en un verdadero paraíso de no rendición de cuentas, donde todo les está permitido so pretexto de la autonomía sindical. Todo abuso es legal y moralmente insostenible.

A la fecha el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo consagra de manera expresa la obligación semestral de rendición de cuentas de parte de las directivas sindicales, desafortunadamente al no preverse acción legal para hacerla exigible, los líderes deshonestos omiten su cumplimiento.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tampoco prevé una acción laboral de los miembros del sindicato para hacerla valer ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo, sino que reduce, en sus artículos 80 y 81, el accionar a meras acciones civiles o del derecho común, lo que evidentemente limita y dificulta la exigencia de responsabilidad frente a los líderes deshonestos. Pero además, no existe disposición expresa sobre la rendición de cuentas y acciones para hacerla exigible.

Desde luego, nada de esto ha sido accidental, sino juego de poder y de complicidades entre líderes sindicales espurios y los gobierno en turno y los empresarios deshonestos. Así, los sindicatos apuntalan a empresas expoliadoras y a gobiernos igualmente espurios, corruptos y antinacionales, prestándose, de ser necesario, a reprimir a los trabajadores, a cambio de manos libres para expoliar las franquicias sindicales.

Evidentemente esto no sería posible sin el apoyo de las autoridades administrativas y judiciales y los instrumentos de represión estatal. En consecuencia, se exige una reforma del Estado mismo y también un cambio integral del marco jurídico laboral, comenzando con las instancias encargadas de registrar a los sindicatos, sus directivas, a los contratos colectivos, así como la necesaria sustitución de las autoridades que tienen a su cargo la impartición de la justicia en el mundo del trabajo.

Sin embargo, esta iniciativa se circunscribe a proponer, insisto, una consagración del voto secreto y un camino para la efectiva rendición de cuentas, ambas en relación con las directivas de los sindicatos, para así ir abriendo camino en estas dos demandas tan sentidas por la clase trabajadora.

Para darle a estas propuestas toda la relevancia que la problemática actual exige, esta iniciativa tiene como particularidad que los derechos de mención se consagrarían a nivel de la Constitución federal, tanto a favor de los trabajadores del Apartado A, como de los del Aparatado B. Así se asignará mayor estabilidad jurídica a esta solución, arrancándose al propio tiempo toda duda sobre la letra y espíritu de las reformas.

Paralelamente, bajamos estas reformas a nivel de las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, con objeto de que en automático tomen practicidad, contribuyéndose a la transformación de nuestra realidad laboral que así lo exige.

Los avances, por criticables que sean, en el mundo de la política del país hacia la democracia, indudablemente han influido al todo social; por ello, ahora llega el momento de impulsar la democracia en la vida de los sindicatos, lo que a su vez empujará la profundización de la democracia política. Y en su conjunto nos permitirá avanzar en mayor justicia y humanización del Estado, con el concepto de que éste no es una mera entelequia que se reduce a aparatos político-represivos, sino que comprende a la sociedad toda en las diversas esferas en que el hombre se forma y convive.

Finalmente quiero señalar que con las reforma propuestas cumplimos lo mandatado por el Convenio 87 de la OIT, ``Sobre la Libertad Sindical y la Protección de Sindicación'', ratificado por nuestro país, y en cuya parte conducente señala:

Artículo 3

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 8

1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente

Iniciativa de ley que propone reformas y adiciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XVI del apartado A, y a la fracción X del apartado B, ambas del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

XVI. ...

La elección de las directivas de los sindicatos deberá realizarse mediante voto universal, directo y secreto. Estas directivas deberán rendir cuenta de la administración del patrimonio sindical; en caso de omisión los afiliados tendrán acción ante la autoridad competente para reclamar su cumplimiento.

X. ...

La elección de las directivas de los sindicatos deberá realizarse mediante voto universal, directo y secreto. Estas directivas deberán rendir cuenta de la administración del patrimonio sindical; en caso de omisión los afiliados tendrán acción ante la autoridad competente para reclamar su cumplimiento.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 371, e igualmente se adiciona un segundo párrafo al artículo 373, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 371

I. a VIII. ...

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros. La elección de esta directiva deberá realizarse mediante voto universal, directo y secreto;

X. a XV. ...

Artículo 373

Ante la omisión de la obligación señalada en el párrafo anterior, los miembros del sindicato tendrán acción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente para que la obligación se cumpla. Esto con independencia de otras acciones que legalmente procedan.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 72, e igualmente se adiciona un artículo 81-A, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en los siguientes términos:

Artículo 72

I. ...

II. Los estatutos del sindicato. En los estatutos deberá señalarse el procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros. La elección de esta directiva deberá realizarse mediante voto universal, directo y secreto;

Artículo 81-A. Con independencia de lo señalado en los artículos 80 y 81 de esta ley, la directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.

Ante la omisión de la obligación señalada en el párrafo anterior, los miembros del sindicato tendrán acción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que la obligación se cumpla.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado César Camacho Quiroz , del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Camacho Quiroz:Gracias, con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: ya no es nuevo señalar la necesidad de transformar el sistema de justicia penal mexicano. A nadie sorprende a estas alturas la iniquidad, la lentitud, la corrupción y, quizá lo más grave, la impunidad que caracteriza dicho sistema.

Distintos actores, para fortuna de los mexicanos, han manifestado interés por atender la demanda de la sociedad que clama por un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz, a cargo de instituciones fuertes que cumplan con las garantías tanto de víctimas como de inculpados.

Destaca el ejemplo puesto por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal --mejor conocida como la Red-- que, formada por especialistas de la academia, por integrantes de los medios de comunicación, entre muchos otros, presentó en diciembre del año pasado ante esta Cámara una propuesta de reformas a la Constitución para actualizar el sistema en comento, la cual mereció cálida recepción de los partidos aquí representados, al punto que fue convertida en iniciativa formal que ya está radicada en las comisiones de dictamen de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

En el mismo sentido, el Ejecutivo federal --según han reportado los medios de comunicación-- ha mostrado interés de sumarse al análisis del tema, que ya ha iniciado esta Cámara. Discusión a la que pretendo que se sumen iniciativas como la que en esta ocasión presento.

La participación del Presidente de la República en estos trabajos será bienvenida; sumarse a la labor de construir consensos en esta materia es, por supuesto, meritorio, toda vez que se trata de un tema de interés nacional. La estaremos esperando.

México, compañeras y compañeros, necesita un nuevo modelo de justicia penal que emigre, con pericia y audacia, de prácticas inquisitivas y falsos garantismos a prácticas que permitan la democratización y eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia.

El derecho penal debe ser, en un Estado democrático, el último instrumento, el último recurso, de ultima ratio --como dicen los especialistas-- para la solución de conflictos en los que efectivamente se lesionen o se pongan en peligro, de forma grave, bienes jurídicos relevantes. Son éstos los principios de mínima intervención y de lesividad que se incorporan a través de esta iniciativa.

La utilización indiscriminada del derecho penal que ocurre diariamente en las agencias del Ministerio Público las ha convertido, frecuentemente, en agencias de cobro, a donde muchos litigantes pretenden llevar asuntos de carácter civil al derecho penal y criminalizar conductas que nada debieran importar al aparato punitivo del Estado.

Está demostrado que la criminalización irresponsable de conductas y el recrudecimiento de penas no es la solución a esos problemas, que atendidos en sus causas originales, merecen otro tratamiento, sin soslayar que cuando una persona ciertamente lesione o ponga en peligro bienes jurídicos relevantes; es decir, como cuando cometa un delito, debe ser sancionada, por supuesto, respetando siempre sus garantías.

El sistema que impulso evita la tentación de falsos garantismos que, por ejemplo, ha llevado a que la defensa en la averiguación previa sea realizada casi por cualquier persona, muchas veces sin pericia, cuando lo realmente garantista sería estar representado por un técnico en la materia. Y una aportación que considero trascendente es poner a discusión si el concepto ``cuerpo del delito'', durante décadas, durante mucho tiempo vigente, puede ser cambiado por uno moderno, audaz y seguramente mucho más eficaz. La demostración del hecho delictivo y que, si bien pueda ser mucho más fácil consignar a las autoridades judiciales a una persona, sea mucho más complejo y difícil condenarlo, criminalizarlo, castigarlo.

Y qué decir de la retención del probable responsable, únicamente por 48 horas, plazo durante el cual se debe acreditar plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que es, por supuesto, un objetivo de difícil cumplimiento en tan temprana etapa del proceso. Esto, desde luego, ha generado diversas patologías como la duplicación de plazo y el arraigo.

La democratización del sistema penal, por tanto, significa reconocer los límites del derecho punitivo; y por otro el cumplimiento de las garantías del debido proceso penal en donde las partes que intervienen en la sustanciación del mismo observen que, efectivamente, se cumpla con los principios que lo conforman: publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.

Conseguir lo anterior se puede ver reflejado en procesos penales cuyas características sean la oralidad, lo acusatorio y lo adversarial. Las grandes negociaciones y los éxitos legislativos se construyen a partir no sólo de las cesiones mutuas, sino a partir de la detección de aquello en lo que coincidimos.

Vamos pues, por bien de este país, independientemente del origen de las iniciativas, a construir los consensos necesarios y dar a los mexicanos un sistema de justicia moderno y eficaz, que nos haga entrar por la puerta grande al siglo XXI. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del PRI

César Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La revisión del sistema de justicia en México se presenta actualmente como un reto impostergable. La sociedad mexicana percibe que la lentitud, iniquidad, corrupción e impunidad son el denominador común en la mayoría de los casos cuando las personas intervienen en la sustanciación de un proceso penal.

Lo anterior genera desconfianza en las instituciones y debilita la consolidación de éstas. Es tiempo de abandonar las prácticas arcaicas que incluso están enquistadas en la legislación y migrar a un nuevo sistema que satisfaga la demanda ciudadana.

La modernización de un sistema penal de un Estado social y democrático como el nuestro, que salvaguarde los derechos reconocidos en nuestra Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de éste y a la ciudadanía en general, es posible a través de un procedimiento acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos garantismos cumpla los principios del debido proceso, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, utilizando como herramienta indispensable la oralidad.

En los meses recientes, diversos actores han mostrado interés en la actualización del sistema de justicia en México, particularmente de la justicia penal. Éste es un reclamo generalizado, que demanda nuestra puntual atención.

Quien promueve se suma a las propuestas que apuntan a la actualización de dicho sistema, particularmente a la atinada propuesta que realizo la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso Legal, mejor conocida como la ``Red'' que, formada por una serie importante de organizaciones académicas y de la sociedad civil, puso a consideración del Congreso un anteproyecto de reforma constitucional en materia de juicios orales y debido proceso.

Ese esfuerzo invaluable ha sido detonante de la amplia y necesaria discusión sobre este muy importante tema.

En la presente iniciativa se retoman algunos de los planteamientos del anteproyecto de la Red para ser matizados por otras necesidades de regulación. En lo que sigue se hace una explicación de estas propuestas.

Se considera que las expresiones ``juicios orales'' y ``debido proceso'' son acertadas, toda vez que el impacto mediático busca un lenguaje sencillo para la sociedad.

Cabe mencionar que la oralidad es una característica que da pauta para la consecución de los principios del debido proceso que redunden en beneficio de la sociedad.

Los beneficios que se ofrecen a los mexicanos no son la oralidad por la oralidad, sino la expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito y que dichas soluciones se tomen siempre con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos internacionales y en las leyes.

Como puede apreciarse, se trata de lograr dos objetivos básicos: en primer lugar, contar con un diseño normativo capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, las herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito, enseguida, hacerlo con las garantías del debido proceso.

Lo que se pretende con la reforma del sistema de justicia es dar soluciones de calidad a los gobernados.

Principios de ``lesividad'' y ``mínima intervención''

Para garantizar un sistema penal democrático es preciso no sólo construir sus alcances sino, también, definir los límites de intervención que un Estado social y democrático debe ofrecer a sus gobernados. En este sentido, coincidimos con la propuesta de laRed que, en materia sustantiva penal, agrega en un párrafo tercero a los principios fundamentales del ius puniendo, como el de ``proporcionalidad'' y ``lesividad''.

Adicionalmente, consideramos que se requiere hacer una precisión de los alcances de este último. Esto es, no se trata en modo alguno de prohibir los delitos de peligro abstracto, los cuales ciertamente no lesionan o ponen en peligro de manera directa bienes jurídicos. En este sentido, es correcto continuar criminalizando conductas como el narcotráfico o las que pudieran llegar a lesionar el ambiente, entre otras posibilidades.

Creemos de suma relevancia incluir un tercer principio, que se relaciona directamente con los anteriores: el de ``mínima intervención'', el cual establece en primer término el carácter subsidiario o ultima ratio, mediante el cual se limita la intervención del derecho penal única y exclusivamente cuando los demás instrumentos o medios han fallado y, por otro lado, su carácter fragmentario, lo que significa que el derecho penal sólo regula los casos en que los bienes jurídicos deben ser protegidos cuando la amenaza o lesión sea relevante o peligrosa.

Posible comisión del hecho delictivo

Se considera que la reforma del artículo 16 que se propone en esta iniciativa enriquece la de la Red y sugiere que, por una parte, se modifique de fondo una noción que reiteradamente ha introducido confusión en el marco del proceso penal mexicano y que lo ha mantenido como un proceso de corte mixto. Se trata de la noción de ``cuerpo del delito''. Éste es un concepto cuya complejidad y, a veces, confusión han generado no pocos enredos en el ejercicio de funciones de procuración e impartición de justicia. Se trata de una figura jurídica de difícil manejo para muchos abogados e impenetrable para las personas legas.

El texto constitucional alude en dos ocasiones a la noción ``cuerpo del delito'': la primera de ellas, justamente en el artículo 16; y la segunda, en el 19. Los debates del foro se han concentrado en buena medida en esta noción, la que algunos aceptan con desgano al haber quedado superada la de elementos del tipo penal, la cual fue adoptada por el poder revisor de la Constitución en 1993 y posteriormente abandonada en 1999.

En esta reforma se asume que la noción de cuerpo del delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos. Ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas ciertamente excesivas.

En nuestro medio, dichas trabas han propiciado la creación de figuras cuya constitucionalidad es por lo menos cuestionable; es el caso de la figura del arraigo.

La noción cuerpo del delito parte de una epistemología muy ingenua que asume que es posible acreditar plenamente hechos del pasado. Si para la sentencia definitiva es muy complejo referirse a plenitud probatoria, cuanto más lo es para un momento tan inmediato en el proceso.

Diversos teóricos del derecho que se han venido ocupando del tema de la prueba, como Michelle Taruffo, han señalado que la prueba de los hechos en el derecho, igual que lo que ocurre en otras materias como la historia, no puede aspirar a la certidumbre plena.

Como ocurre con cualquier conocimiento de tipo empírico, el que es propio del derecho está inevitablemente confinado a los marcos de la probabilidad. La probabilidad exigida puede ser más o menos grande de acuerdo con el tipo de decisión práctica que deba adoptarse.

Así, para condenar a alguien a una pena es natural que se pida un alto grado de probabilidad; el sistema estadounidense exige, verbigracia, el estándar de la duda razonable; otros, en cambio, utilizan fórmulas como el de la hipótesis más plausible o el de la mejor explicación, entre las muchas posibilidades existentes.

Como quiera que sea los sistemas procesales más avanzados han renunciado ya al estándar de la certeza plena. Si para las decisiones definitivas sobre la responsabilidad esto ha venido ocurriendo, con mayor razón debería operar para decisiones intermedias, provisionales y revisables como es el caso de las órdenes de aprehensión o la decisión de sujetar al inculpado a alguna medida cautelar.

En lugar de exigir la acreditación del cuerpo del delito como requisito previo para librar una orden de aprehensión, se propone sustituir tal noción por la de datos que hagan probables el hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado.

Debe tenerse en cuenta que el hecho de que una persona sea aprehendida porque prima facie se ha considerado probable su intervención en un hecho también probable, no necesariamente se traduce --como hasta ahora-- en que el imputado vaya a quedar sometido a prisión preventiva.

Como más adelante se detallará, esta reforma implica que el sistema de justicia penal sea siempre pensado desde la libertad del imputado y no desde su encarcelamiento --de ahí que se abandone el sistema de delitos graves para determinar quién es procesado en prisión y quién lo es en libertad--, que es lo que ocurre actualmente.

Teniendo como telón de fondo ese presupuesto, en la presente iniciativa se pretende aligerar los requisitos que el Ministerio Público debe llenar para que le sean obsequiadas las órdenes de aprehensión.

Igualmente, en el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, relativo a la delincuencia organizada, se propone eliminar la prorroga de 96 horas, toda vez que se pretende eliminar criterios de excepción que atentan contra el principio de seguridad jurídica y que, con la nueva sistemática procesal, el Ministerio Público ya no deberá acreditar con un estándar tan exigente los requisitos para consignar ante el juez.

Evidentemente, el estándar probatorio será mucho más alto en el juicio, pero para entonces el Ministerio Público habrá contado con el tiempo necesario para desarrollar una investigación suficientemente exhaustiva y meticulosa que le permita probar la responsabilidad del imputado, en su caso, y derrotar la presunción de inocencia que obra en favor de éste.

Consignar ante un juez será fácil, pero condenar exigirá mucho rigor en la investigación y en el juicio.

Las modificaciones anotadas permitirán conjurar el fantasma del derecho penal de excepción para procesar a la delincuencia organizada, que precisamente ha sido la tendencia de otras iniciativas de reforma constitucional que se han presentado en el pasado.

Con esas herramientas tan simples podrán enfrentarse eficazmente tanto la delincuencia común como la organizada sin necesidad de recurrir a un proceso penal oscuro y antidemocrático.

El régimen para la intervención de comunicaciones privadas en materia de delincuencia organizada permanecerá intacto.

Auto de prisión preventiva

Una reforma de los alcances que hasta ahora se han delineado requiere nuevas denominaciones. Como se indicó más arriba, en nuestro país el sistema procesal penal está pensado desde el encarcelamiento del imputado, desde su inmediata puesta en desventaja. Si se pretende construir un proceso democrático es necesario empezar a hablar y a pensar desde la libertad y desde los derechos. Así pues, en lugar de usar la añeja expresión ``auto de formal prisión'' para referirnos a la decisión judicial que impone la medida cautelar de prisión preventiva, se propone usar el término ``auto de prisión preventiva''.

Los requisitos para dictar dicho auto serían los mismos que actualmente existen, excepción hecha de la ya comentada noción de cuerpo del delito. Además, al igual que la propuesta inicial de la Red se exigirían acreditar los mismos presupuestos que para la necesidad de cautela, es decir, el peligro de fuga, la obstrucción al curso del proceso y la probabilidad de que el imputado afecte a terceros o a la sociedad cometiendo delitos. Al igual que para el caso del artículo 16, la noción cuerpo del delito sería sustituida por ``los datos que... deberán ser bastantes para estimar como probables la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado''.

Además de lo ya expuesto sobre el cambio de noción de cuerpo del delito cuando se abordó la reforma artículo 16, aquí cabe detenerse en una cuestión complementaria, es decir, el tema de si se requiere acreditar los dos extremos citados únicamente cuando se vincula al imputado a proceso. La propuesta de la Red es que se acredite la probabilidad del hecho, sin necesidad de acreditar la probable responsabilidad.

En atención a la misma línea de razonamiento seguida por la propuesta original, no se aprecia la necesidad de acreditar ningún extremo. La razón de ello es que la vinculación a proceso es precisamente una garantía. Lo es en tanto que constituye la comunicación formal que hace el Ministerio Público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada.

En esta tesitura debe entenderse que el proceso de investigación ya ha comenzado sólo que --por emplear una metáfora-- a espaldas del imputado, sin que éste conozca los avatares de la investigación. Al quedar vinculado al proceso el imputado, el Ministerio Público está obligado a mostrar sus pruebas y pierde la posibilidad de mantener bajo reserva los elementos de convicción que, en su momento y de considerarlo así, se desahogarán en juicio. En este sentido, el imputado activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva. Es además una garantía porque la vinculación fija la materia de la investigación y del eventual juicio.

En la presente iniciativa, en consecuencia, se plantea que no se exija acreditar ningún extremo para vincular a proceso al imputado. Si además de la vinculación el Ministerio Público solicita una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, se deja en libertad al legislador ordinario para establecer los requisitos de su procedencia, exigiendo en todo caso que la misma sea necesaria.

Ahora bien, cabe hacer un último comentario sobre la propuesta de cambiar la categoría ``cuerpo del delito'' por la ya indicada. La adopción de un sistema procesal de corte acusatorio reclama adoptar un nuevo estándar no para el simple hecho de la vinculación, sino para la imposición de la medida de prisión preventiva. Si se exige un examen de mérito, como ocurre en nuestro actual sistema mixto, aunque no se solicite medida cautelar alguna, la fase de juicio se convertirá en el remedo del debido proceso que nunca será real. La práctica cotidiana permite observar cómo, en los actuales autos de formal prisión o de sujeción a proceso, se condena virtualmente al imputado al finalizar la denominada fase de preinstrucción.

El estándar probatorio tan excesivo exigido en este plazo se traduce de facto en que el imputado tenga que defenderse ante su propio acusador, es decir, ante el Ministerio Público, en un entorno en el que no puede haber contradicción de la prueba porque apenas se está preparando el caso desde la perspectiva de una de las partes y sin tercero imparcial. Obligar al imputado a defenderse ante su propio acusador contradice las más elementales nociones de justicia y los principios fundamentales del debido proceso. La idea de que el imputado puede defenderse en averiguación previa ha solido generar demagogia, injusticia e impunidad.

Características y principios del proceso penal

Es evidente e inevitable que la presente propuesta considere establecer las características y principios en los que se sustenta el nuevo proceso penal, como ha quedado establecido en la iniciativa propuesta a instancia de la Red.

Las características serán la oralidad, lo acusatorio y lo adversarial; los principios serán la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman y adicionan los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 14....

...

...

Las leyes penales serán el último recurso para la solución de conflictos.

...

Artículo 16. ...

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos para estimar como probables la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado.

...

...

...

...

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

...

...

...

...

...

...

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de prisión preventiva en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para estimar como probables la existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado.

El plazo señalado en el párrafo primero podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de prisión preventiva o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por los hechos señalados en el auto de prisión preventiva o de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Para vincular a proceso sólo se requerirá consignar los hechos delictivos que el Ministerio Público atribuya al inculpado. Si el Ministerio Público solicita alguna medida cautelar distinta a la prisión preventiva deberá justificar su necesidad de acuerdo con lo que disponga la ley.

....

Artículo 20. El proceso penal será de tipo acusatorio, adversarial, y oral; se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, a fin de garantizar los siguientes derechos:

Apartado A. ...

I-X, ...

Apartado B. ...

I-VI. ... Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. La Federación y las entidades federativas tienen un plazo de hasta cinco años para realizar de manera gradual, coordinada y eficaz las adecuaciones necesarias para la celebración de juicios.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deberán destinar los recursos necesarios para la construcción y operación de las infraestructuras, y para la capacitación de los operadores de la norma que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto. Las determinaciones presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del mismo y en los sucesivos.

Cuarto. La Presidencia de la República tendrá a su cargo una oficina dedicada a dar impulso, asesoría, capacitación y divulgación del sistema democrático de justicia penal y de los medios alternativos de solución de controversias a los que se refiere este decreto, para lo cual el Congreso de la Unión le dedicará la provisión presupuestal correspondiente al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación mencionado en el artículo transitorio anterior. Esta oficina será de carácter temporal. La conclusión de sus funciones será determinada por el Presidente de la República, pero en ningún caso se realizará antes de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El titular de la oficina deberá presentar periódicamente un informe público en el que dará cuenta de los avances realizados y de las tareas pendientes.

Quinto. El Congreso de la Unión deberá dictar en el plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una ley del debido proceso legal que, con carácter general, precise y detalle las disposiciones del mismo.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados, los seis días del mes de marzo del año 2007.--- Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

El diputado César Camacho Quiroz : Señora Presidenta, le ruego la ampliación de turno para que se dictamine también en la Comisión de Justicia, por favor.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se corrige el turno y se turna en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González Macías , del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jesús González Macías:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas: la participación de los adultos mayores en la sociedad resulta cada vez más evidente, incluida la importancia de incorporarlos en el proceso de desarrollo y utilizar su productividad de manera que beneficie tanto a ellos como a la sociedad.

En los últimos años se ha dado mayor énfasis a esta cuestión, debido a que en el mundo la expectativa de vida ha aumentado en alrededor de 20 años, mientras la tasa de fecundidad va en descenso. Esto da lugar al aumento de las personas adultas mayores, tanto en proporción como en números absolutos.

La preocupación que este tema suscita a nivel internacional desde hace ya tiempo quedó de manifiesto en las Cumbres de Viena y Madrid, celebradas, respectivamente, en el año 1982 y en el año 2002, fechas en las que se elaboraron planes de acción internacional sobre el envejecimiento. Situación a la que no debemos restar importancia, ya que nuestro país se comprometió, a través del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, a brindar oportunidades de empleo a todas las personas de edad que deseen trabajar, mediante la eliminación de obstáculos que por razones de edad en el mercado de trabajo estructurado se den, fomentando la contratación de personas de edad, impidiendo que los trabajadores vayan envejeciendo y comiencen a experimentar desventajas en materia de empleo.

Más aún, en nuestro país, en la medida que avanza el proceso de envejecimiento no sólo habrá cada vez más adultos mayores, sino que éstos vivirán por más años, como consecuencia de la reducción de la mortalidad en edades avanzadas.

Con base en las proyecciones poblacionales realizadas en el Consejo Nacional de Población durante 2006, la población en México se estimó de 107 millones de habitantes, de los cuales ocho millones 340 mil son de 60 años y más, y se espera que para el 2050 este sector de la población pase a los 36 millones 960 mil habitantes.

Cabe precisar que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, cada 24 horas, 790 personas llegan a los 60 años, entonces el envejecimiento de la población implica un peso cada vez mayor de los adultos mayores en la población total.

Este cambio trae consigo complejos y variados desafíos, tanto a la sociedad como a sus instituciones, entre los que destaca el ámbito laboral, ya que existe una tendencia de minusvalorar las capacidades y experiencias de nuestros adultos mayores.

Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que trae consigo la edad, por lo que es inexorable proporcionar a los adultos mayores, que lo deseen y puedan hacerlo, posibilidades de continuar en el mercado laboral. Lo anterior resulta apremiante si consideramos que uno de cada dos adultos se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial.

De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Población, el envejecimiento demográfico en México ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza, profunda desigualdad en la distribución del ingreso e insuficiencia en la creación de empleos, que alimenta la informalidad, la precariedad laboral.

Es así que más del 75 por ciento de nuestros adultos mayores que trabajan reciben una remuneración menor a dos salarios mínimos. Actualmente las oportunidades de empleo para este sector de la población son menores; a pesar que muchos adultos mayores cumplirían con los requisitos laborales, son discriminados por su edad.

Si se continúa así, en México habrá graves problemas sociales, una población envejecida, sin ingresos, pero con capacidad de desempeñar un trabajo, lo que deriva en un crecimiento desmesurado de la miseria.

En tal virtud, resulta ineludible impulsar --tal y como lo hacen otras naciones-- acciones orientadas a revalorar el trabajo y la experiencia que aportan los adultos mayores y, por consiguiente, impulsarles en la obtención del mantenimiento de un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les asegure independencia económica y cierta calidad de vida.

Por lo anterior, se considera necesario implantar una política de Estado para el empleo del adulto mayor, a través del otorgamiento de estímulos fiscales a los patrones que los contraten en su planta productiva. Para tal efecto, se propone reformar el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que los patrones que contraten adultos mayores puedan reducir de sus ingresos un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de éstos, reteniendo y enterando en los términos de la ley, siempre y cuando los patrones estén cumpliendo respecto a dichos trabajadores con las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, relativa al aseguramiento del régimen obligatorio.

Compañeras y compañeros diputados, la reforma propuesta resulta apremiante. Actualmente el 70 por ciento de la población con 60 años está desempleada y con amplias posibilidades de desempeñar algún tipo de actividad productiva. Por lo que es urgente que, en ejercicio de nuestra facultad constitucional, legislemos sobre esta materia. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús González Macías , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa para reformar el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de que se otorgue un estímulo fiscal a los patrones que contraten a adultos mayores, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La participación de los adultos mayores en la sociedad resulta cada vez más evidente, incluida la importancia de incorporarlos en el proceso de desarrollo y utilizar su productividad de manera que beneficie tanto a ellos como a la sociedad.

En los últimos años se ha dado mayor énfasis a esta cuestión, debido a que en el mundo la expectativa de vida ha aumentado alrededor de 20 años, mientras que la tasa de fecundidad va en descenso. Esto da lugar al aumento de personas adultas mayores, tanto en proporción como en números absolutos.

La preocupación que este tema suscita a nivel internacional desde hace ya tiempo, quedó de manifiesto en las cumbres de Viena y Madrid, celebradas respectivamente en 1982 y 2002, fechas en las que se elaboraron planes de acción internacional sobre el envejecimiento.

Situación a la que no debemos restar importancia, ya que México se comprometió, a través del Plan de acción internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, a brindar oportunidades de empleo a todas las personas de edad que deseen trabajar mediante la ``eliminación de los obstáculos por razones de edad en el mercado de trabajo estructurado, fomentando la contratación de personas de edad e impidiendo que los trabajadores que van envejeciendo comiencen a experimentar desventajas en materia de empleo.''

Más aún en el país --en la medida que avanza el proceso de envejecimiento-- no sólo habrá cada vez más adultos mayores, sino que éstos vivirán por más años, como consecuencia de la reducción de la mortalidad en las edades avanzadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cada 24 horas 790 personas llegan a los 60 años. Por ejemplo en el Distrito Federal en el año 2000, la población de sesenta y más años, fue de 769 mil 289 personas (7.2 por ciento de la población de la entidad); en el 2005 ascendió a 876 mil 623 (9.9 por ciento de la población de la entidad); para el 2010 será de 985 mil 88 (11.1 por ciento), en 2020 llegará a un millón 362 mil 793 (que representará el 15.5 por ciento de los habitantes y, en 2030, alcanzará la cifra de un millón 792 mil 93 personas (el 20.7 por ciento de la población de la entidad).

El envejecimiento de la población implica un peso cada vez mayor de los adultos mayores en la población total. Este cambio trae consigo complejos y variados desafíos tanto a la sociedad como a sus instituciones, entre los que destacan el ámbito laboral ya que existe una tendencia a minusvalorar las capacidades y experiencia de los adultos mayores.

Sin embargo, diversos estudios científicos han demostrado la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que la edad trae consigo, por lo que es inexorable proporcionar, a los adultos mayores que deseen y puedan hacerlo, posibilidades de continuar en el mercado laboral.

Lo anterior, resulta apremiante si consideramos que ``uno de cada dos adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial''. De acuerdo con información de Conapo, el envejecimiento demográfico en México ocurre en un contexto de altos niveles de pobreza, profunda desigualdad en la distribución del ingreso, e insuficiencias en la creación de empleo que alimentan la informalidad y la precariedad laboral.

Es así que ``más del 75 por ciento de los adultos mayores que trabajan reciben una remuneración menor a dos salarios mínimos. Entre las mujeres este porcentaje alcanza 83.0 por ciento. Los elevados porcentajes de trabajadores por cuenta propia o sin pago, con empleos informales, y con bajos ingresos, revelan la alta precariedad del trabajo en las edades avanzadas''.

Actualmente las oportunidades de empleo para este sector de la población son menores. A pesar de que muchos adultos mayores cumplirían los requisitos laborales, son discriminados por su edad.

Si se continúa así, en México habrá graves problemas sociales: una población envejecida, sin ingresos, pero con capacidad para desempeñar un trabajo, lo que derivará en un crecimiento desmesurado de la miseria.

En tal virtud, resulta ineludible impulsar, tal como lo hacen otras naciones, acciones orientadas a revalorar el trabajo y la experiencia que aportan los adultos mayores y por consiguiente, impulsarles en la obtención y mantenimiento de un empleo productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que les asegure independencia económica y cierta calidad de vida.

Por lo anterior, se considera necesario implantar una política de Estado para el empleo del adulto mayor, a través del otorgamiento de estímulos fiscales a los patrones que los contraten en su planta productiva. Para tal efecto, se propone reformar el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La reforma propuesta resulta apremiante, ya que si bien actualmente existe el programa de Empleo para adultos mayores, éste por sí mismo no resuelve el problema, debido a que actualmente el 70 por ciento de la población con 60 años está desempleada, y con amplias posibilidades de desempeñar algún tipo de actividad productiva. Además, en todo caso quienes tienen un trabajo considerado como informal es un 80 por ciento.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 222. El patrón que contrate a adultos mayores, personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y, en su caso, además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión a los seis días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Jesús González Macías (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia saluda con agrado al grupo de estudiantes y maestras de la Universidad de Occidente, Unidad Guamúchil, Sinaloa, que nos visitan por invitación de la diputada y diputados integrantes de la coordinación por el estado de Sinaloa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su visita.

LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

El diputado Miguel Ángel Solares Chávez:Con su venia, diputada Presidenta: los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reportan que durante cinco años consecutivos México ha ocupado los últimos lugares por el pobre desempeño de sus estudiantes, debido a la calidad de la enseñanza, incluida la educación superior o terciaria.

En México, además, existe la problemática de la proliferación de instituciones de educación superior que no cumplen con las expectativas ni de los educandos ni de la sociedad en el sentido de proporcionar las capacidades y herramientas pertinentes para desarrollarse en un mundo donde la calidad de los conocimientos es divisa fundamental.

Recientemente el estudio Análisis temático de la educación terciaria, correspondiente a México, realizado por un equipo de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) --en el que colaboraron autoridades de la Secretaría de Educación Pública-- alertó sobre la proliferación de instituciones de educación superior privada sin calidad, conocidas como universidades o escuelas ``patito''.

Baste un dato de la OCDE: de las mil 179 instituciones particulares de educación superior únicamente 14 han obtenido las certificaciones que garantizan una enseñanza de calidad. En contraste, prácticamente la mayoría de las instituciones públicas de educación superior han pasado por ambos procesos.

También el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior informa que, de los programas acreditados, 62 correspondieron a instituciones públicas y 33 a instituciones particulares.

Por otra parte, datos de la ANUIES señalan que, de mil 200 universidades particulares, sólo siete por ciento responde a los estándares de calidad académica.

La expansión de las instituciones de educación superior particulares ha sido tal que actualmente superan a las públicas. De un total de mil 982 instituciones de educación superior en el país, mil 179 son privadas y atienden 830 mil 862 alumnos, mientras que 713 son públicas y atienden a una población escolar de un millón 700 mil jóvenes.

El auge de la educación superior particular o privada se ha expandido debido fundamentalmente a tres cosas: una, la restricción de recursos del gobierno a la educación superior pública; dos --hay que reconocerlo--, a la laxitud o incumplimiento de la autoridad educativa para aplicar lo dispuesto en la Ley General de Educación para otorgar la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudio; y tres, a lagunas e inconsistencias de la legislación educativa.

A ese problema contribuye que la autorización y el reconocimiento son otorgados por distintas autoridades: el jefe del Ejecutivo, dependencias de la Secretaría de Educación Pública, autoridades educativas locales, instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados, sean federales o estatales. Esto genera que en muchos casos los particulares o dueños de los planteles educativos privados evadan el cumplimiento de la normatividad, toda vez que, si una autoridad o institución educativa les negó la autorización o reconocimiento, tienen la opción de acudir a otra autoridad o institución distinta para obtenerlos.

En cuanto a los requisitos y criterios, la legislación educativa propicia la heterogeneidad y discrecionalidad para otorgar la autorización y el reconocimiento, los interpretan o aplican de distintas maneras. A su vez, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior carece de una adecuada normatividad.

La problemática descrita de ninguna manera debe interpretarse como un ataque o descalificación a la educación superior particular, la cual, consideramos, debe ser coadyuvante del sistema educativo público, pero además el artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades.

Éste es justamente el propósito central de la presente iniciativa, para lo cual proponemos diversas reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, particularmente las siguientes. La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los particulares cuenten, entre otros, con los siguientes requisitos:

Con personal académico que acredite título correspondiente al nivel educativo en que desempeñe funciones docentes y de investigación.

Instalaciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas con planes y programas de estudio que autoricen las autoridades o instituciones facultadas para otorgar autorización y reconocimiento y con la evaluación y acreditación de sus planes y programas de estudio, personal y servicios educativos que presenten.

A fin de evitar fraudes educativos se estipula que no podrán funcionar instituciones particulares de educación superior que no cuenten con la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios ni tampoco podrán ostentarse como universidades o utilizar este término a menos que ofrezcan por lo menos cinco planes de estudio de licenciatura y posgrado entre distintas áreas del conocimiento, entre ellas de humanidades.

Se plantea que en ningún caso las autorizaciones o los reconocimientos podrán ser transferibles directa o indirectamente de una institución a otra distinta a la que se le haya otorgado la autorización o reconocimiento.

También se dispone que la autorización y el reconocimiento tendrán vigencia de cinco años, al término de los cuales los particulares de las instituciones de educación superior deberán obtener una nueva autorización o reconocimiento.

Se adiciona el Capítulo IV, denominado ``De la Evaluación y Acreditación'', que, entre otras cosas, establece que la evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, el personal académico y los servicios educativos que presten las instituciones de educación superior son obligatorias y con vigencia de cinco años.

Debido al tiempo, diputada Presidenta, le pido de la manera más atenta que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Solares Chávez , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos y disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos En la hora actual, la riqueza o la pobreza de las naciones dependen de la calidad de la educación superior. Quienes posean habilidad y mayor capacidad para aprender pueden esperar una vida de los logros económicos sin precedente. No obstante, en las décadas venideras, a los que tengan escasa instrucción sólo les cabrá esperar algo más que la oscura perspectiva de una vida en silenciosa desesperación.

Esta advertencia, hecha en 1999 por Malcolm Gilles, rector de la Universidad de Rice, actualmente es una realidad que enfrentan muchos jóvenes estudiantes mexicanos. Los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportan que durante cinco años consecutivos México ha ocupado los últimos lugares por el pobre desempeño de sus estudiantes, debido a la baja calidad de la enseñanza.

Adicionalmente, la UNESCO ha señalado que la calidad de los conocimientos generados en las instituciones de educación superior y la disponibilidad de éstos para la economía en general, se ha ido transformando en un problema cada vez más serio para la competitividad de los países, lo que constituye un fenómeno grave para el mundo en desarrollo.

En 1998, esa preocupación fue el eje de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, signada por México, en la cual se establecen las pautas esenciales para las mejoras de la calidad educativa, como un concepto pluridimensional que comprende todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible especializados en lo internacional''.

La problemática de la educación superior en México exige llevar a cabo esa estrategia planteada por la UNESCO, sobre todo a partir de la proliferación de instituciones de educación superior que no cumplen las expectativas de los educandos ni las de la sociedad, en el sentido de proporcionar las capacidades y herramientas pertinentes para desarrollarse en un mundo donde la calidad de los conocimientos es divisa fundamental.

Ese escollo se ubica en la educación superior particular, que se caracteriza por una calidad heterogénea y un crecimiento anárquico. De un lado, hay unas instituciones de ``elite'' y de prestigio, algunas operadas por ordenes religiosas; por otro, existe un grupo menos exclusivas que están más interesadas en captar la mayor demanda educativa, la eficiencia económica de la institución y la minimización de los costos, sin preocuparse por la calidad de sus programas, personal académico y servicios; y hay un tercer grupo numeroso de dudosa calidad, cuyo fin simplemente es el lucro y, por tanto, resultan un verdadero fraude educativo y académico. Es más, operan instituciones o planteles de educación superior privados que ni siquiera cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios.

La problemática de la proliferación de instituciones de educación superior particular o privada con deficiente calidad o incluso carente de ésta, ha sido ampliamente documentada en el estudio Análisis temático de la educación terciaria correspondiente a México,realizado por un equipo de especialistas de la OCDE y en el que colaboraron autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

En el estudio publicado en noviembre de 2006, el organismo internacional consideró ``inquietante'' la proliferación de instituciones de educación superior particulares denominadas ``universidades o escuelas patito'', pero sobre todo porque sólo un bajísimo porcentaje de ellas han obtenido la certificación que garantizan una buena calidad.

La expansión de las instituciones de educación superior particulares ha sido tal, que actualmente superan a las públicas: del total de mil 982 instituciones de educación superior en el país, mil 179 son privadas (63.3 por ciento) y atienden a 830 mil 862 alumnos, mientras 713 son públicas (37.6 por ciento) y atienden a una población escolar de 1 millón 707 mil 394 jóvenes.

En la actualidad, no hay estado del país donde no operen instituciones educativas particulares, que en algunos casos están por arriba de las públicas. Destacan el Distrito Federal con 144 particulares y 41 públicas; Puebla, 112 y 34; Guanajuato, 58 y 25; Veracruz, 61 y 35; Yucatán, 32 y 12; Tamaulipas, 43 y 19; y estado de México, 45 y 29.

El auge de la educación superior particular se inició en la década de los setenta, sobre todo en el nivel de licenciatura, y ha continuado su expansión debido fundamentalmente a tres cosas: una, la restricción de recursos del gobierno a la educación superior pública; dos, hay que reconocerlo, a la laxitud o incumplimiento de la autoridad educativa para aplicar lo dispuesto en la Ley General de Educación para otorgar la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios; y tres, a lagunas o inconsistencias de la legislación educativa.

Así, la autorización y el reconocimiento son otorgados por diversas instancias: el jefe del Ejecutivo, distintas dependencias de la Secretaría de Educación Pública, autoridades educativas locales, instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados, sean federales o estatales. Esto genera que en muchos casos, los particulares o dueños de los planteles educativos privados evadan el cumplimiento de la normatividad, toda vez que si una autoridad o institución educativa les negó la autorización o el reconocimiento, tienen la opción de acudir a otra autoridad o institución distinta para obtenerlos.

Así, la actual Ley General de Educación, en el artículo 13, dispone que ``corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás formación de maestros de educación básica''. Esta facultad también la ejerce la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal, toda vez que no han sido descentralizados los servicios de educación básica y normal al gobierno capitalino.

La misma Ley General de Educación, en el artículo 14, establece que ``corresponde a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios distintos de los de preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás formación de maestros de educación básica''; es decir, para la educación media superior, superior, capacitación para el trabajo o de cualquier otro tipo de nivel terciario.

En cuanto a los requisitos y criterios, la legislación educativa propicia la heterogeneidad y discrecionalidad para otorgar la autorización y el reconocimiento, toda vez que los lineamientos establecidos en la Ley General de Educación son enunciativos y, consecuentemente, las autoridades educativas los interpretan o aplican de distintas maneras.

A su vez, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior carece de una adecuada normatividad, además de que remite a la obsoleta Ley Federal de Educación en lo conducente a la autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial de otros estudios de tipo superior.

Adicionalmente, en el caso específico de la educación superior, está el acuerdo 279, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 2000 y emitido por la Secretaría de Educación Pública, en el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. Sin embargo, la aplicación de este acuerdo es sólo de observancia obligatoria para las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública.

Empero, tal como señala la OCDE en el Análisis temático de la educación terciaria correspondiente a México, un factor que favorece la proliferación de instituciones educativas privadas de baja calidad, es el reducido porcentaje de planteles de este sector que someten a evaluación o acreditan la calidad de sus programas, personal y servicios.

Baste un dato de la OCDE: de las mil 179 instituciones particulares de educación superior, únicamente 14 han obtenido las certificaciones que garantizan una enseñanza de calidad. En contraste, prácticamente la mayoría de las instituciones públicas de educación superior han pasado por ambos procesos.

Los más recientes reportes de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior (CIEES) arrojan los siguientes resultados: 98 por ciento de las instituciones públicas de educación superior fueron evaluadas, entre ellas universidades autónomas, estatales, tecnológicas y otras de distinta denominación e institutos tecnológicos; en tanto únicamente 2 por ciento de las universidades particulares fueron evaluadas.

Otro dato: al 30 de diciembre de 2005, los nueve CIEES habían evaluado 118 instituciones de educación superior públicas (tecnológicos y universidades autónomas y estatales). En la lista de esa fecha no hay ninguna institución particular de educación superior. Por ejemplo, han sido evaluadas instituciones como la UNAM, la UAM, el IPN y hasta la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

También, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) informa que de los programas acreditados, 62 correspondieron a instituciones públicas y 33 a instituciones particulares. Por otra parte, datos de la ANUIES señalan que de mil 200 universidades particulares, sólo siete por ciento responde a los estándares de calidad académica.

La problemática descrita, de ninguna manera debe interpretarse como un ataque o descalificación a la educación superior particular; la cual consideramos debe ser coadyuvante del sistema educativo público; pero además el artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades.

Ese derecho, sin embargo, está acotado en el mismo artículo 3o. constitucional, el cual dispone que en los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios impartidos en planteles particulares; y en el caso de la educación preescolar, primaria secundaria y normal deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, también en los términos que establezca la ley.

Pero lo más importante es mejorar la calidad de la educación superior, a través de generalizar de manera obligatoria procesos permanentes de evaluación y acreditación interna y externa de todas las instituciones, y establecer criterios claros y transparentes para el otorgamiento de las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios.

En materia de la evaluación y acreditación de la educación terciaria, México tiene amplia experiencia. La Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (Conpes) creó en 1991 los CIEES, destinados a realizar evaluación diagnóstica y acreditación de programas académicos, así como de las funciones de administración y gestión y de difusión y extensión de la cultura de las instituciones de educación superior. Los comités actualmente constituidos son Administración y Gestión Institucional, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, Difusión y Extensión de la Cultura, Educación y Humanidades, Ingeniería y Tecnología.

La evaluación se institucionalizó con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. Para avanzar en el logro de este objetivo, la Conpes creó en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Conaeva), la cual ha fomentado desde entonces la autoevaluación.

En 1997, la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordó junto con la Conpes impulsar la creación de un organismo no gubernamental, cuyo propósito fuera regular los procesos de acreditación, y que diera certeza de la capacidad técnica y operativa de las organizaciones especializadas dedicadas a la acreditación de programas académicos.

En 2000 fue instituido formalmente el Copaes, donde participan representantes educativos del sector público y particular.

Los asociados constituyentes son la Secretaría de Educación Pública, la ANUIES, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia Nacional de Ingeniería.

En el ámbito de la educación superior pública, algunas universidades han dado pasos para construir una alianza de calidad de ese nivel, a través de la creación del Consorcio de Universidades Mexicanas de Excelencia, integrado por las universidades autónomas de Aguascalientes, Baja California, Ciudad Juárez, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y las de Colima y Occidente de Sinaloa.

La evaluación y la acreditación tienen, entre otros beneficios, que las instituciones de educación superior ofrezcan a la sociedad prueba de la calidad de los programas, el personal y los servicios que prestan. En el caso de las instituciones públicas, se pone de manifiesto que los recursos destinados a la educación superior están justificados, en tanto que quienes acceden a la educación particular vean correspondida la inversión económica que hacen con la calidad educativa que reciben.

No obstante esos beneficios, la evaluación y la acreditación en México no son procesos generalizados, pues tienen carácter voluntario. De acuerdo con la Conpes, la solicitan los directivos de una institución de educación superior, pública o privada, o los organismos extranjeros que ofrecen o pretenden ofrecer programas académicos en nuestro país.

En consecuencia, si queremos ser competitivos con otros países y, en particular, con nuestros principales socios comerciales, es necesario generar una cultura de la evaluación y la acreditación de la calidad de la educación superior, sin menoscabo del derecho de los particulares a prestar servicios educativos.

El problema de la calidad de la educación superior particular fue ampliamente discutido en la LIX Legislatura, a partir de una minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República que proponía evaluar a las instituciones particulares de educación superior. Directivos y representantes de este sector expresaron desacuerdos contra la minuta senatorial. Una de sus críticas fue que no fueron consultados. Ante esto, la Comisión de Educación Pública y Servicios convocó a sendas reuniones de trabajo.

En ellas presentaron ponencias y propuestas: el entonces subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Julio Rubio Oca; el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, maestro Francisco Lejarza Gallegos; el secretario general ejecutivo de la ANUIES, doctor Rafael López Castañares; el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, doctor Rafael Rancel Sostman; el rector de la Universidad de Las Américas, doctor Alejandro Gertz Manero; el rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, doctor José Morales Orozco; y el entonces titular de la SEP, doctor Reyes Tamez Guerra.

En las reuniones de trabajo de 4, 18, 25 y 26 de abril, la comisión trabajó una propuesta más integral con todos los aportes recibidos por las instituciones mencionadas y por los distintos grupos parlamentarios. Se elaboró un documento de trabajo, pero no se logró presentar antes de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones de 2006 correspondiente a la LX Legislatura.

Los planteamientos de las primeras reuniones convocadas por la Comisión de Educación se vieron reflejados en otro esfuerzo legislativo del Senado de la República, que el 26 de abril del año pasado remitió a la Cámara de Diputados una nueva minuta de iniciativa de reforma de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que incorpora aspectos de dichas reuniones. Sin desconocer lo valioso de la minuta senatorial y de otros esfuerzos legislativos, la presente iniciativa tiene como propósito contribuir a elevar la calidad de la educación superior, incorporando planteamientos y propuestas formuladas por los participantes en las reuniones de trabajo convocadas por la Comisión de Educación.

Además de la problemática descrita, esta iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en la Ley General de Educación, que en su Sección 4, ``De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional'', establece:

Artículo 29. Corresponde a la secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Artículo 30. Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

En razón de lo anterior, el propósito central de la presente iniciativa es elevar la calidad de la educación superior, a través procesos de evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, el personal académico y los servicios educativos de las instituciones de educación públicas y particulares, así como regular el otorgamiento de la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Con ese espíritu, esta iniciativa propone diversas reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para precisar las autoridades e instituciones facultadas para otorgar autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior, los requisitos que deben cumplir los particulares respecto a los planes y programas de estudio, el personal académico y las instalaciones para prestar servicios educativos.

Se determina que la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los particulares cuenten, entre otros, con los siguientes requisitos: personal académico que acredite título correspondiente al nivel educativo en que despeñen funciones docentes y de investigación; instalaciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas; planes y programas de estudios que autoricen las autoridades o instituciones facultadas para otorgar autorización y reconocimiento; y la evaluación y acreditación de sus planes y programas de estudio, personal y servicios educativos que presten.

A fin de evitar fraudes educativos, se estipula que no podrán funcionar instituciones particulares de educación superior que no cuenten con la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios; tampoco podrán ostentarse como universidades o utilizar este término, a menos que ofrezcan por lo menos cinco planes de estudio de licenciatura y posgrado, entre distintas áreas del conocimiento.

Otro problema que se propone subsanar es la transferencia de la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, particularmente de una institución mexicana a una de inversión extranjera o cuando se dé un proceso de compraventa de instituciones. Por ello, plantea que en ningún caso las autorizaciones o los reconocimientos podrán ser transferibles, directa o indirectamente, de una institución a otra distinta de aquella a que se haya otorgado la autorización o reconocimiento.

También se dispone que la autorización y el reconocimiento tendrán vigencia de cinco años, al término de los cuales los particulares de las instituciones de educación superior deberán obtener una nueva autorización o reconocimiento, previa aprobación de la evaluación y la acreditación de sus planes y programas de estudio, personal y servicios educativos y los demás requisitos.

En concordancia con lo anterior, se adiciona el Capítulo IV, ``De la Evaluación y Acreditación'', que entre otras cosas establece que la evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, el personal académico y los servicios educativos que presten las instituciones de educación superior son obligatorias y con vigencia de cinco años.

Se propone que el Copaes es la instancia facultada para efectuar los procesos de evaluación y acreditación de los planes y programas, el personal académico y los servicios educativos de las instituciones de educación superior. Para ello, el consejo podrá auxiliarse de los CIEES como instancias de apoyo. El Copaes será la única instancia validada por la Secretaria de Educación Pública para conferir reconocimiento oficial a los organismos acreditadores de los programas académicos de ese nivel educativo

Se exceptúan de la evaluación y la acreditación señaladas las instituciones que por primera vez presten servicios de educación superior o aún no cuente con egresados de un plan de estudios, pero deberán cumplir los demás requisitos previstos en la Ley General de Educación y en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Asimismo, se establece que esta disposición es también de observancia obligatoria cuando una institución educativa particular se asocie, directa o indirectamente, con organismos de inversión extranjera o éstos participen en cualquier porcentaje financiero o pedagógico en una institución educativa nacional.

En esos casos se deberá solicitar, según proceda, una nueva autorización o reconocimiento.

Con el propósito garantizar criterios homogéneos y la necesaria objetividad, se propone que la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, formule las recomendaciones pertinentes para que las autoridades educativas estatales y las instituciones y dependencias públicas facultadas para otorgar autorización y reconocimientos establezcan en sus respectivas disposiciones normativas, lo conducente a los procesos de evaluación y acreditación estipulados en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Se dispone que los criterios y las normas de evaluación deberán hacerse del conocimiento público. Igualmente, para que la sociedad conozca los estándares de calidad de las instituciones educativas, se establece que las autoridades den a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia los resultados de las evaluaciones y acreditaciones.

Por lo expuesto y motivado, someto al Pleno de esta soberanía diversas reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del articulo 2; se deroga el artículo 7; se adicionan un primer y un tercer párrafos al artículo 16 y el actual párrafo primero pasa a ser segundo; se reforma el primer párrafo del artículo 17 y se le adicionan las fracciones I y II, y un cuarto párrafo; el artículo 18 pasa a ser el 20 y, en su lugar, se adiciona un primer párrafo, la fracción I, el numeral 1 con cuatro incisos, el numeral 2 con dos incisos y el numeral 3; las fracciones II, III y IV y un duodécimo y decimotercer párrafos; el artículo 19 pasa a ser el 21 y en su lugar se adiciona un primer y un segundo párrafos, las fracciones I, II, III y IV; el artículo 20 pasa a ser el 22 y se reforma su primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo; los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 se recorren; se adiciona el Capítulo IV con tres artículos.

Artículo 2o. ...

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación.

Artículo 7. (Se deroga)

Artículo 8o. La federación, los estados y los municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento y en la Ley General de Educación.

Artículo 16. Los particulares podrán impartir estudios de tipo superior en todas sus modalidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación y la presente ley.

La autorización para impartir educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior se regirán por la Ley General de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán vigencia de cinco años, al término de los cuales los particulares que prestan servicios de educación superior deberán obtener nueva autorización o reconocimiento de validez, según el caso, previa aprobación de los requisitos establecidos en la Ley General de Educación y en la presente ley.

Artículo 17. Compete otorgar, negar y revocar la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios a la autoridad educativa federal y a los gobiernos de los estados, así como a las instituciones de educación superior que tengan carácter de organismos públicos descentralizados y estén facultadas para ello, en los siguientes términos:

I. Corresponde a las autoridades educativas locales otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica, sólo cuando los planteles funcionen en su territorio.

II. Corresponde, de manera concurrente, a las autoridades educativas federales y a los gobiernos de los estados, así como a las instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados, otorgar, negar y revocar a los particulares el reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior distintos de los señalados en el párrafo anterior; y sólo respecto de los planteles que funcionen y los planes de estudios que se impartan en territorio de la entidad federativa correspondiente.

La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios no podrán ser transferibles, directa o indirectamente, entre instituciones educativas. En el caso de que una institución educativa se asocie u opere con participación financiera, pedagógica o académica de inversionistas u organismos extranjeros, se deberá solicitar nueva autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, según sea el caso.

Artículo 18. La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten

I. Con personal que acredite la preparación académica para impartir educación superior, cuyos requisitos mínimos serán los siguientes: 1. Para el caso de personal académico de asignatura, se requerirá a) Poseer título correspondiente al nivel educativo en que se desempeñará;

b) Tratándose de estudios de profesional asociado o técnico superior universitario y licenciatura acreditar por lo menos cinco años de experiencia docente o profesional en el área respectiva;

c) Para impartir estudios de especialidad, tener título de licenciatura y experiencia mínima de tres años de ejercicio profesional o de docencia;

d) Para impartir estudios de maestría, tener título correspondiente a este nivel y experiencia mínima de cinco de ejercicio profesional o de docencia;

e) Para impartir estudios de doctorado, tener título de este nivel educativo y diez años de experiencia de ejercicio profesional o de docencia;

2. Para el caso de personal académico de tiempo completo, se requerirá a) Acreditar experiencia o preparación para la docencia y la investigación o la aplicación innovativa del conocimiento en el campo en el que desempeñará sus funciones o en la asignatura que impartirá; y

b) Acreditar grado académico superior a aquél en el que desempeñará sus funciones y en áreas del conocimiento afines.

3. Los demás requisitos que para tal efecto dispongan la Ley General de Educación y la presente ley, así como los dispuestos por la autoridad o el organismo público descentralizado otorgantes del reconocimiento de validez oficial de estudios. II. Con instalaciones higiénicas, de seguridad y. pedagógicas que la autoridad o el organismo público descentralizado otorgante determinen, en el entendido de que para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad o el organismo público descentralizado otorgantes consideren procedentes, siempre que sean estudios distintos de los de educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica.

IV. Con la evaluación y acreditación de sus planes y programas, personal y servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y la presente ley.

La evaluación y la acreditación señaladas en el párrafo anterior no será exigible tratándose de instituciones que por primera vez presten servicios de educación superior o en el caso de planes y programas de estudios que aún no tengan egresados, pero deberán cumplir todos los demás requisitos dispuestos en la presente ley y en la Ley General de Educación para obtener, según el caso, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudio.

Las autoridades facultadas en la presente ley tienen la obligación de exigir que las instituciones a las que les hayan otorgado autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, según el caso, cumplan la evaluación y acreditación de calidad de sus planes y programas, personal académico y servicios educativos, en los términos de la presente ley.

Artículo 19. Las autoridades o los organismos públicos descentralizados que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios, según el caso, serán directamente responsables de la supervisión académica y vigilancia de las instituciones respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos.

Asimismo, vigilarán que las denominaciones de las instituciones o planteles de educación superior:

I. Eviten confusión con las denominaciones de otras instituciones educativas;

II. Omitan utilizar la palabra ``nacional'';

III. Eviten la utilización de términos autónoma o autónomo, por corresponder a instituciones de educación a las que les haya reconocido esa naturaleza, en los términos de la fracción VII de I artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IV. Omitan utilizar el término ``universidad'', a menos que ofrezcan por lo menos cinco planes de estudios de licenciatura o posgrado, en tres distintas áreas del conocimiento, una de las cuales deberá ser del área de humanidades.

Artículo 20. Los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que expidan los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos requerirán de autenticación por parte de la autoridad que haya concedido la autorización o reconocimiento o, en su caso, del organismo público descentralizado que haya otorgado el reconocimiento.

Artículo 21. Los particulares que impartan estudios de tipo superior con autorización o reconocimiento de validez oficial deberán registrarse en la Secretaría de Educación Pública.

El incumplimiento de esta disposición motivará la imposición de multa hasta de cien mil pesos, y en caso de persistir el incumplimiento se podrá clausurar el servicio educativo.

Artículo 22. El funcionamiento de planteles en los que se imparta educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica y otros estudios de tipo superior sin previa autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, según el caso, motivará la clausura inmediata del servicio sin prejuicio de la aplicación de las sanciones penales correspondientes por los delitos oficiales en que incurran los funcionarios y empleados públicos que hayan permitido su apertura o funcionamiento.

Para evitar perjuicio a los educandos, la autoridad o el organismo público descentralizado que dicten resolución adoptarán las medidas que sean necesarias. Asimismo, cuando la negativa o revocación de la autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios respectivos se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad o el organismo público descentralizado responsables correspondientes, hasta que aquél concluya.

Capítulo IV De la Evaluación y la Acreditación

Artículo 30. La evaluación y la acreditación de los planes y programas, el personal académico y los servicios de la educación superior tienen por objeto identificar deficiencias y solventarlas, a fin de impulsar la calidad de las instituciones de ese nivel educativo en beneficio de los intereses de educandos, padres de familia y el desarrollo del país.

A efecto de lo anterior, las instituciones públicas y particulares de educación superior --incluidas las de educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica-- están obligadas a someter a evaluaciones y acreditaciones de calidad sus planes y programas, personal académico y servicios educativos.

En los mismos términos y con iguales propósitos, son obligatorias la evaluación y la acreditación de los planes y programas, el personal académico y los servicios educativos de aquellas instituciones particulares que tengan cualquier tipo de participación de inversionistas u organismos extranjeros, y las instituciones operadas por éstos, directa o indirectamente, o que pretendan operar en territorio nacional.

Las instituciones públicas de educación superior que por ley gocen de autonomía solamente tienen obligación de realizar auto evaluaciones cada cinco años ante los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior (CIEES).

La evaluación y acreditación de los planes y programas, del personal académico y de los servicios de las instituciones de educación superior, serán obligatorias y tendrán una vigencia de cinco años; al término de los cuales dichas instituciones deberán someter a evaluación y acreditación sus planes y programas, personal y servicios educativos.

Las instituciones particulares de educación superior que no satisfagan los criterios de evaluación y acreditación de sus programas, personal académico y servicios educativos, se les revocará, según el caso, la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 31. La evaluación y la acreditación comprenderán planes y programas en los niveles de profesional asociado, técnico superior universitario, licenciatura y postgrado de sus planes y programas, así como personal académico y servicios educativos que presten. En el caso de otro sistema, corresponderá al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la evaluación de los programas académicos de posgrado.

Artículo 32. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC (Copaes), será la única instancia de los procesos de evaluación y acreditación de los planes y programas, el personal académico y los servicios educativos de las instituciones de educación superior. Para ello, el consejo podrá auxiliar se de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior como instancias de apoyo. El Copaes será la única instancia validada por la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento oficial a los organismos acreditado res de los programas académicos de ese nivel educativo.

Los organismos acreditadores reconocidos por el Copaes están facultados para llevar a cabo los procesos de evaluación conducentes a la acreditación de programas de nivel de licenciatura y de técnico superior universitario o profesional asociado, incluidos los de posgrado, en áreas definidas del conocimiento, en las instituciones públicas y particulares de todo el país.

Con el propósito de garantizar la necesaria objetividad y el sustento técnico para la emisión de resultados y juicios que requiere la sociedad y los usuarios de los servicios, la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, formulará las recomendaciones pertinentes con el fin de que las autoridades educativas de los estados, las instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados establezcan en sus respectivas disposiciones normativas, lo conducente para los procesos de evaluación, autoevaluación y acreditación que se señalan en el presente capítulo.

En todos los casos, los criterios y las normas de las autoevaluaciones, evaluaciones y acreditaciones deberán ser hechas del conocimiento público.

Las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan otorgado, negado o revocado autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Asimismo, para que la sociedad conozca los estándares de calidad de las instituciones educativas, se establece que las autoridades y los organismos públicos descentralizados otorgantes de la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios informen a los maestros, alumnos, padres de familia los resultados de las evaluaciones y acreditaciones.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las instituciones de educación superior a que se les hayan otorgado autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no cuenten con la evaluación y la acreditación correspondientes tienen un plazo no mayor de un año para cumplir ambos requisitos.

Tercero. Las instituciones o planteles de educación superior que no cuenten, según sea el caso, con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios deberán obtenerlos en los términos de la presente ley y de la Ley General de Educación. A efecto no de afectar a los estudiantes usuarios de sus servicios, a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento tendrán un plazo de un año para obtener autorización o reconocimiento, según el caso.

Posteriormente a la obtención de la autorización y el reconocimiento, según el caso, deberán someter a evaluación sus planes y programas, personal y servicios pasados cinco años de haber obtenido autorización o reconocimiento, en los términos de la presente ley y de la Ley General de Educación.

Cuarto. Las autoridades educativas de los estados, las instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados que otorguen autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, dispondrán de un plazo no mayor de 60 días, para establecer las medidas pertinentes en sus respectivas disposiciones normativas, en lo referente a las modificaciones, reformas y adiciones contenidas en el presente ordenamiento.

Quinto. Las autoridades educativas deberán publicar en el órgano informativo oficial correspondiente, los resultados de las evaluaciones y acreditaciones en los términos dispuestos en el artículo 30 de esta ley, en un plazo no mayor de 30 días a partir de que tenga dichos resultados.

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Atendiendo a su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y del Código Civil Federal. En virtud de que no se encuentra la señora diputada, pasa al final de este apartado.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón:Gracias, Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con un numeral 18 para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La especulación y el acaparamiento injustificados son legal y moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un simbolismo que llega a la veneración.

En los primeros días de enero el precio de la tortilla se disparó de 6 pesos hasta, incluso, 15 pesos por kilogramo. Este incremento ha lesionado la economía de aproximadamente un 80 por ciento de los mexicanos que ganan menos de 10 mil pesos al mes, y de éstos la mayor parte menos de 2 mil pesos mensuales, toda vez que estas franjas de la población destinan poco más de la mitad de su ingreso mensual al consumo de dicho producto básico.

Para dimensionar lo anterior, cabe señalar que los norteamericanos de menores ingresos destinan alrededor de 20 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos. En este sentido, un aumento del 30 por ciento en el costo de sus alimentos repercute en 6 por ciento de su sueldo, mientras que para los mexicanos en alrededor de 15 por ciento.

Sin embargo el asunto no paró ahí, el aumento en el precio del maíz desató un efecto en cascada, impactando el precio de otros alimentos como carnes, huevo, aceite, fécula y mieles; y ha afectado severamente la economía de la mayor parte de la población mexicana, sobre todo en los estratos de clase media y baja.

En los distintos ámbitos de la sociedad ha sido casi unánime la condena a esta alza, así como las causas que la originaron, por ejemplo, el 10 de enero el gobernador del Banco de México atribuyó el alza en los precios de la tortilla y el azúcar a los acaparadores y especuladores, exigiendo al gobierno federal su intervención para detener el incremento de los precios. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión en sus sesiones del 10 y del 11 de enero.

En un reconocimiento explícito a la gravedad del alza por sus impactos perniciosos, días después, Felipe Calderón instruyó al secretario de Economía, a la Secretaría de De-sarrollo Social y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para poner en operación las medidas a su alcance para asegurar el abasto y contener los aumentos en los precios de los productos básicos.

Asimismo, dio instrucciones al secretario de Agricultura para abrir los cupos de importación de maíz para satisfacer la demanda y abatir los precios. En todos los casos pidió a los titulares estar atentos y aplicar todo el peso de la ley a quienes especulen con básicos.

Sin embargo, la medida fue insuficiente, toda vez a que no fueron tocados ni llamados a cuentas los especuladores y acaparadores; en buena medida, porque en la legislación penal el acaparamiento, que genera ondas especulativas con el consecuente aumento de los precios de artículos básicos de consumo, no está considerado como delito grave.

El aumento en los precios de maíz es un problema de seguridad nacional, por su importancia estratégica en la alimentación de los mexicanos y ante la situación de pobreza en que se encuentra más de la mitad de la población total del país.

Coincidimos en la necesidad de que las dependencias del Ejecutivo federal instrumenten las medidas administrativas que se estimen necesarias, y que la Profeco sancione a quienes lleven a cabo prácticas desleales de comercio en detrimento de los consumidores.

Sin embargo, resulta indispensable que se aplique la acción prevista en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, en contra de quienes resulten responsables de acaparar y especular con el maíz y demás alimentos básicos.

No está de más recordar que la madurez de un verdadero Estado democrático no se mide solamente por el ejercicio y respeto al sufragio universal; también se mide por su forma de impartir justicia, la que por cierto en nuestro país no goza de cabal salud, por la discrecionalidad en su aplicación, pero que los diputados, en nuestro carácter de representantes populares, tenemos la obligación legal y, como nos recomienda el filosofo-escritor Fernando Savater, ``...desde el ejercicio de la función pública practiquemos una pedagogía de la ética... con información veraz y oportuna para que el ciudadano se convierta en un contralor permanente de los actos públicos que realizamos.''

Y de la mano de Savater, agregamos que solamente de esta manera estaremos en posibilidad de guardar la observancia de la ley e incluso mejorarla para que la norma no solamente parezca sino que también lo sea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con un numeral 18 para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando un numeral 18 y recorriéndose las restantes en su numeración para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 1. a 17. ...

18) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 253, fracción I;

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2007.--- Diputadas: Ana Yurixi Leyva Piñón , Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Ana Yurixi Leyva Piñón.Túrnese a la Comisión de Justicia.

En visita de trabajo a nuestro país, queremos destacar la presencia en este salón de sesiones, de una delegación de parlamentarios de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por la diputada Ton Nu Thi Ninh, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien acompaña el excelentísimo señor Le Van Thinh, embajador de la República Socialista de Vietnam en México. Les damos la más cordial bienvenida y manifestamos nuestra admiración y solidaridad con el pueblo de Vietnam, deseándoles una feliz estancia en nuestro país.

Aprovecho también para saludar a diputados del Parlamento inglés, los señores Su Knight y Chris Knight, con motivo de visita de intercambio con el Reino Unido, que se encuentran aquí presentes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION - CODIGO CIVIL FEDERAL - LEY FEDERAL PARA LA NO DISCRIMINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIVILES DE LAS PERSONAS TRANSGENERO Y TRANSEXUALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado David Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos de las Personas, Transgénero-Transexuales y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y del Código Civil Federal.

El diputado David Sánchez Camacho:Muchas gracias, señor Presidente. Inicio dando un reconocimiento y el mayor de mis agradecimientos al Movimiento Transgénero y Transexual de México, debido a que fueron ellos quienes han unido esfuerzos para regularizar su personalidad jurídica y alcanzar una convivencia social plena en la sociedad mexicana. Cabe subrayar que esta iniciativa es una propuesta ciudadana en la que participaron especialistas y el sector transgénero y transexual de México.

Aprovecho para enviar una gran felicitación a las personas transgénero y transexuales españolas, debido a que el día 1 de marzo fue aprobada en el Congreso español la Ley de Identidad de Género, que les permitirá cambiar de nombre y de sexo en sus documentos oficiales.

Probablemente la iniciativa de Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales sea susceptible de algunos cambios para su enriquecimiento en su dictamen. Sin embargo, confío en que la misma tenga una aceptación en todas las fracciones parlamentarias que componen este recinto parlamentario, porque tengan la seguridad de que también en cada partido político existen, de forma abierta o encubierta, personas que viven o conviven con esta situación.

En México y otros países se plantea la necesidad de continuar con la regulación social para los efectos de un desarrollo sustentable y una óptima convivencia entre sus miembros, debido a que las personas que por un proceso de reasignación sexogenérica, conocido comúnmente como cambio de sexo, solicitan la modificación en la mención registrada respecto de su nombre y sexo en el atestado de nacimiento.

Esta situación, sin la respectiva normatividad, tiene importantes consecuencias para la persona que requiere el reconocimiento jurídico dentro del ámbito sociocultural, laboral y estatal. Estas consecuencias afectan de forma directa e indirecta al Estado mismo y a las instituciones de gobierno.

A pesar de que históricamente representa un gran avance la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta omite, dentro de su articulado, la identidad sexogenérica de las personas, lo cual ha permitido que en nuestra legislación secundaria --como en la interpretación de las instancias jurisdiccionales-- se le desconozca como un derecho esencial del ser humano.

Expresamos que es inaceptable la postura de ignorar el reconocimiento y la existencia de las personas transgénero y transexuales y sus derechos que, por el simple hecho de tratarse de seres humanos, se encuentran incluidos y protegidos en nuestra Carta Magna.

Para entender la transexualidad se deben romper las barreras del prejuicio, es decir, entender que la manera más simple de definirla es vivir en el cuerpo equivocado. La transexualidad no es un gusto personal o capricho; es una condición que tienen algunas personas desde su nacimiento.

En palabras de expertos: es una condición cuya única opción es la reasignación sexogenérica y, según los estudios científicos que se han realizado en países como Noruega, Australia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia, Luxemburgo, España, Francia, Suiza, Bélgica, Líbano, Suecia, Italia, Holanda, Estados Unidos, Tailandia, Turquía, Irán, Reino Unido, Sudáfrica, Panamá, Israel, Corea, Alemania, Brasil y Argentina han venido adecuando sus legislaciones.

La realidad es que no se trata de una condición voluntaria susceptible de ser cambiada sino de una condición humana más. Debido a la discriminación que sufren las personas y la limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, así como al reconocimiento de la identidad sexogenérica, es necesario que el Estado genere la protección y regulación apropiada a través de la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, como reglamentaria de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, a efecto de que no se les restrinja el acceso al trabajo, educación, salud, entre otros, ya que en este sentido, en la actualidad, en ausencia de un marco jurídico regulatorio, se encuentran desprotegidos, indocumentados y apátridas en su propio país; además, se les desconoce la escolaridad y experiencia laboral, propiciando una pérdida potencial de la productividad.

Haciendo mención del artículo 4o. constitucional, el cual dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es preciso destacar que el Estado recibiría un menor impacto presupuestario al implementar la normatividad respecto de la identidad sexogenérica, al brindar a la población los cuidados médicos terminales a los que carecen de tratamiento. La transexualidad sin atención médica provoca que cotidianamente se pierdan vidas humanas y sus consecuencias son, entre otras, la no coagulación sanguínea, trombosis, cáncer y osteoporosis, por el suministro hormonal inadecuado, la intoxicación por plomo, necrosis de músculos y lupus, por las prácticas contraindicadas.

Cabe mencionar que en nuestro país se comenzaron a abrir espacios legales de reconocimiento a las personas transgénero y transexuales, porque no podemos dejar de lado estas necesidades sociales.

Por ello hay que comentar de manera sobresaliente el trabajo legislativo que se ha desarrollado en los estados de Morelos y Coahuila, sobre el particular, ya que en el cuerpo de algunos de sus textos legislativos han reconocido la existencia de este sector anteriormente ignorado.

La iniciativa del diputado que suscribe pone a la consideración esta soberanía, que pretende garantizar constitucional y legalmente el derecho humano de todo individuo a ser identificado y tratado, reconociendo su identidad y expresión sexogenérica, sea cual sea su sexo de asignación, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas. Por tanto, resulta necesario que, respecto a la garantía, al reconocimiento de la identidad sexogenérica, se evite el doble discurso y se deje de flotar en las lagunas de la interpretación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, y en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; diversas disposiciones del Código Civil Federal y crear la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Muchas gracias. Solicito a la Presidencia que se publique en el Diario de los Debates en su versión completa. Muchas gracias.

«Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación Código Civil Federal, Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

El suscrito, David Sánchez Camacho , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II; 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como diversas disposiciones del Código Civil Federal, y crea la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Inicio dando un reconocimiento y el mayor de mis agradecimientos al movimiento transgénero y transexual de México, debido a que fueron ellos quienes han unido esfuerzos para regularizar su personalidad jurídica y alcanzar una convivencia social plena en la sociedad mexicana. Cabe subrayar que esta iniciativa es una propuesta ciudadana en la que participaron especialistas y el sector transgénero y transexual.

Además aprovecho para enviar una gran felicitación a las personas transgénero y transexuales españoles, debido a que el 1 de marzo fue aprobada en el Congreso español la Ley de Identidad de Género, que les permitirá cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales.

Me congratulo con los medios de información nacionales e internacionales que han mostrado interés especial por profundizar en el tema y a todos aquellos diputados por su solidaridad y respeto.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer debo señalar que también existen mujeres transgénero y transexuales, y si para aquellas que biológicamente nacen como mujeres la convivencia en una sociedad machista, como la mexicana, no ha sido fácil encontrar el equilibrio social y la justicia legal a lo que tienen derecho, las mujeres transexuales y transgénero son víctimas no sólo de esas desigualdades sino de otras más, lo que las ubica como las mujeres más vulnerables en nuestro país, porque además de padecer la discriminación, violencia, humillación, estigmatización, padecen el anonimato y la indiferencia de la sociedad, y en muchas ocasiones son víctimas de asesinatos.

Por eso, me sumo a esta causa poniendo en la mesa del debate nacional este tema con la finalidad de respetar los derechos humanos de cada persona, enarbolar el reconocimiento de este sector y propugnar porque jurídicamente gocen del derecho que les asiste, para que no recurran más al anonimato, lo cual desencadena problemas de salud física y psicológica, e incluso para evitar el suicidio.

La elaboración de un proyecto de iniciativa de ley es una necesidad de regulación social para los efectos de un desarrollo sustentable y una óptima convivencia entre los miembros que la componen. Hoy en día en México y en otros países se ha hecho más visible la presencia de las personas que, por un proceso de reasignación sexogenérica, popularmente conocido como cambio de sexo, solicitan la modificación en la mención registral respecto de su nombre y sexo en el atestado de nacimiento. Esta situación sin la respectiva normatividad tiene importantes consecuencias para la persona que requiere el reconocimiento jurídico, dentro del ámbito sociocultural, laboral y estatal. Estas consecuencias afectan de forma directa e indirectamente al Estado mismo y a las instituciones de gobierno.

Con el propósito de elaborar una propuesta de ley viable, asertiva y eficaz, ha sido preciso convocar a reuniones de trabajo, estudio, análisis, debate y discusión tanto a los dirigentes de las agrupaciones de activismo, como a los profesionales en el tratamiento de la transexualidad: psiquiatras, psicólogos, sexólogos, endocrinólogos y médicos cirujanos; a los investigadores en las áreas de antropología, sociología, historia y educación; estudiosos del derecho y abogados postulantes; incluso se ha consultado a diversos líderes de opinión y, sobre todo, al grupo de personas que viven una realidad social discordante de su identidad jurídico-legal.

Los resultados son verdaderamente sorprendentes, al recurrir a las fuentes científicas más sólidas a nivel internacional se revelaron las cifras sobre el índice de existencia de personas transgénero-transexuales en la población, en los Países Bajos por cada 11 mil 900 personas existe una mujer transexual, y por cada 30 mil 400 personas un hombre transexual. En Estados Unidos las cifras son de que una persona entre 37 mil es una mujer transexual y uno entre 107 mil es un hombre transexual. En nuestro país no se ha realizado censo alguno que respalde este índice, porque este sector social ha sido excluido hasta en las estadísticas.

A pesar de que históricamente representa un gran avance la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta omite en su articulado a la identidad sexogenérica de las personas, lo cual ha permitido que en nuestra legislación secundaria, como en la interpretación de los órganos jurisdiccionales, se le desconozca como un derecho esencial del ser humano a no ser discriminado.

Expresamos que es inaceptable la postura de ignorar el reconocimiento a la existencia de las personas transgénero-transexuales y sus derechos, que por el simple hecho de tratarse de seres humanos se encuentran incluidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto al fondo del asunto que nos reúne, hablar de transexualidad es, primero que nada, romper las barreras del prejuicio, entender que la manera más simple de definirla es como se maneja de forma común: ``vivir en el cuerpo equivocado''. Para comprender su trascendencia en nuestro entorno social y, por tanto, en la esfera jurídica, el primer paso es aceptar su existencia, a efecto de entender lo multifactorial y multidireccional de la problemática social, médica, psicológica y jurídica que este estado implica. La transexualidad, lejos de ser un gusto personal o capricho, es una condición que tienen ciertas personas desde su nacimiento; en palabras de expertos la transexualidad es una condición cuya única opción es la reasignación, y según los estudios científicos que han realizado en países como Noruega, Austria, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia, Luxemburgo, España, Francia, Suiza, Bélgica, Líbano, Suecia, Italia, Holanda, Australia, Estados Unidos, Tailandia, Turquía, Irán, Reino Unido, Suiza, Sudáfrica, Panamá, Israel, Corea, Alemania, Brasil y Argentina, han venido adecuando sus legislaciones en torno a esta problemática.

Las ciencias en general han evolucionado a una velocidad vertiginosa, por lo cual las ciencias sociales, en específico el derecho mexicano, no se puede quedar rezagado, toda vez que uno de los deberes fundamentales de la legislación es su adecuación y adaptación a la realidad social, lo cual es el fin que se pretende con la presente iniciativa de ley. La situación de las personas transgénero-transexuales es que dentro de su realidad social presentan una expresión sexogenérica opuesta al sexo asentado en su documentación oficial, por lo que, al permitirse la regularización de su situación legal, se haría acorde su realidad jurídica con su identidad social, y entonces se cumpliría la finalidad del derecho.

Devenido de la discriminación que sufre este grupo de personas y la limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, así como al reconocimiento y al ejercicio del derecho a la identidad sexogenérica, es necesario que el Estado genere la protección y regulación apropiada y, por ende, la creación de esta Ley Federal para la Atención de las Personas Transgénero-Transexuales, como ley reglamentaria de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto que no se les restringa el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, entre otros.

La transexualidad ha sido estudiada ampliamente por médicos, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos y cirujanos. A esta condición se le dan diferentes denominaciones: disforia de género, trastorno de identidad de género y síndrome de la persona transexual. Desde la psicoterapia humanista gestalt no es considerado trastorno, sino simplemente una condición humana más, que se manifiesta en algunas personas; no obstante, requiere de control médico. Hasta la fecha se han empleado para su tratamiento protocolos que varían de un país a otro; en México se emplea el de Harry Benjamín, en su sexta versión.

Es importante subrayar que transgénero-transexual no es lo mismo que travesti u homosexual, siendo estas dos situaciones total y sustancialmente diferentes. La realidad es que no se trata de una condición voluntaria susceptible de ser cambiada, estamos hablando de una condición humana más, la cual puede ser totalmente comprobada mediante un diagnóstico emitido por los especialistas en el área.

Es fundamental comprender que a falta de regulación jurídica las mujeres y hombres transexuales se ostentan socialmente con un nombre de pila acorde con su identidad sexogenérica, y cuando tienen que identificarse con documentación oficial para estudiar o laborar, son objeto de estigmas, señalamientos y discriminación. Existen casos que, con la intención de evitar los malos tratos, la exclusión y la privación de derechos, optan por recurrir a prácticas ilegales, oscuras y fraudulentas, prácticas que el Estado mexicano puede prevenir y eliminar con la sola aprobación del presente proyecto de ley y, con ello, brindar la certeza jurídica al sistema registral, al sector privado, a las instituciones de banca y crédito, al sector público y la sociedad mexicana en general.

Es del conocimiento de los abogados litigantes y funcionarios del Registro Civil que en la práctica se han realizado diversas rectificaciones de actas de nacimiento en todo el territorio nacional, y a estos pocos casos que han tenido acceso les ha representado un significativo desgaste emocional y económico que oscila entre los 80 mil y 100 mil pesos, y de 3 a 5 años, situación que les coloca en franca desigualdad de condiciones y oportunidades.

Otro aspecto que lesiona al Estado mexicano es que las personas que buscan su estado integral de salud y se someten al proceso de reasignación sexogenérica se encuentran con que sus documentos de identificación son discordantes con su persona y, por consecuencia, quedan en completa desprotección. Comparativamente hablando quedan como indocumentados y apátridas en su propio país, se les desconoce la escolaridad, la experiencia laboral, y lo más preocupante en este sentido es la productividad potencial que se deja perder por la carencia de la presente regulación jurídica.

Haciendo referencia al artículo 40 constitucional, el cual dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es preciso destacar que el Estado recibiría un menor impacto presupuestario al implantar la normatividad respecto de la disforia de género, que brindar los cuidados médicos terminales a estos casos que carecen de tratamiento, la transexualidad sin atención médica provoca que cotidianamente se pierdan vidas humanas por la ausencia de este servicio, y sus consecuencias son: la ausencia de coagulación, trombosis, cáncer y osteoporosis, por el suministro hormonal inadecuado, la intoxicación por plomo, necrosis de músculos y lupus, por las prácticas contraindicadas, entre otras.

Hacemos un reconocimiento público a los estados de Morelos y Coahuila, por reconocer la existencia de la transexualidad en el cuerpo de algunos de sus textos legislativos; otro más a la candidata transgénero por el distrito electoral 07 con sede en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, Amaranta Gómez Regalado, ya que pugnó por el reconocimiento jurídico de su identidad sexogenérica ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, calificando la aceptación de su candidatura sin emplear el nombre de ``Jorge'', y funge como representante de hombres y mujeres muxhes, es decir, transgénero-transexuales.

Expreso también nuestro agradecimiento a los profesionales que colaboraron en este proyecto de iniciativa de ley; en el área jurídica los licenciados Menahem Asher, Emma Broff Ferro, Rafael Ramírez Arana, Víctor Hugo Flores Ramírez, Marco Antonio Sánchez Saldaña y Sergio Campos Chacón; en el área psiquiátrica el doctor Juan Luis Álvarez Gayou; en el área médica el doctor David Barrios Martínez; en el área quirúrgica los doctores Nubina Gómez, Alberto Urrutia y Gerardo Lara; en el área sexológica Alma Aldana García y Luis Perelman; en el área psicológica Alejandra Zúñiga y José Luis Suárez Gallardo; en el área de revisión Natalia Anaya Quintal; y de manera muy especial al grupo de activistas y a la comunidad transgénero-transexual mexicana.

En el largo proceso de transformación política que experimenta nuestro país, la discusión sobre la discriminación deber ser un tema prioritario. De la prevención y eliminación de este fenómeno depende en gran medida la posibilidad de construir una sociedad más democrática. Si el problema de la igualdad entre los mexicanos no se aborda con seriedad, y se continúa posponiendo una política de Estado capaz de consolidar una sociedad más equitativa, la transición hacia una mejor forma de organización social no será viable. Es imposible imaginar una sociedad realmente democrática si los ciudadanos que la constituyen viven separados por desigualdades profundas.

La iniciativa que pongo a la consideración de esta soberanía pretende garantizar constitucional y legalmente el derecho humano de todo individuo a ser identificado y tratado reconociendo su identidad y expresión sexogenérica, sea cual sea su sexo de asignación, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad sexogenérica no corresponde al del sexo con el que inicialmente fueron inscritas ante el Registro Civil. Por tanto, resulta necesario que, respecto de la garantía al reconocimiento de la identidad sexogenérica, dejen de flotar en las lagunas de la interpretación y reconocerse como una garantía constitucional.

Por lo antes expuesto someto a la consideración y, en su caso, aprobación de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Código Civil Federal, Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 40 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 40

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, expresión o identidad sexogenérica o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia, el antisemitismo y en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 35, el artículo 98 en su fracción VI y el artículo 134; se adiciona una fracción III al artículo 135, y se adiciona una fracción V al artículo 136, todos del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 35

En el Distrito Federal estará a cargo de los jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal; inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes; así como efectuar el trámite de ajuste de las actas a que hace referencia la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 98

...

Al escrito a que se refiere el artículo anterior se acompañará:

VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio, de nulidad de matrimonio en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido casado anteriormente o tuviese alguna rectificación o ajuste en las actas del estado civil.

Artículo 134.

La rectificación, modificación o ajuste de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial, y en virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este código, y en los casos a que hace referencia la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Artículo 135.

Ha lugar a pedir la rectificación o ajuste:

...

III. Los casos previstos en la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Artículo 136.

Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil:

V. Las personas a que hace referencia la Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Artículo Tercero. Se crea la Ley Federal para el tratamiento de las personas transgénero-transexuales, para quedar como sigue:

Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales

Artículo 1. (El objetivo de la ley)

Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objetivo es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas transgénero-transexuales, otorgar reconocimiento a la identidad y expresión sexogenérica, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas transgénero-transexuales sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 2. (De la procedencia)

Toda persona transgénero-transexual tiene derecho a ser identificada reconociendo plenamente su expresión e identidad sexogenérica, independientemente de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal y/o de asignación.

Artículo 3. (Definición de términos de uso en el procedimiento)

Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley. Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales.

Actas del Registro Civil. Los instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas físicas.

II. Acta de nacimiento. El documento registral originario de las personas, extendido por los jueces del registro civil en formas especiales denominadas ``formas del Registro Civil'', con efectos de identificación ante la sociedad y el Estado.

III. Ajuste del acta de nacimiento. Es el trámite administrativo en virtud del cual se adecua el acta de nacimiento de una persona a su realidad social.

IV. Anotación en el acta de nacimiento. Es toda inscripción que se realiza en las actas del Registro Civil en función de hechos posteriores al registro.

V. Presolicitud. Es el formato empleado por el Registro Civil para iniciar el trámite de ajuste del acta de nacimiento en tiempo paralelo al proceso de reasignación sexogenérica.

VI. Solicitud. Es el formato empleado por el Registro Civil para tramitar el ajuste del acta de nacimiento a la realidad social de la persona en virtud de una reasignación de sexogénero.

Artículo 4. (Definición de términos de fondo)

Para los efectos y aplicación de la presente ley se entenderá por:

I. Persona transgénero-transexual. A toda persona que por necesidad opta por modificar sus caracteres sexuales de manera permanente, a través de reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas u otras, a fin de adaptar su anatomía a su identidad sexogenérica y por consecuencia requiere ajustar su situación jurídica a su realidad social.

II. Sexo de asignación. La mención contenida en el acta de nacimiento de una persona respecto de ``niña'' o ``niño'' entiéndase ``mujer'' u ``hombre'', siendo esto independiente de la connotación expresada por médicos, sexólogos, psicólogos, genetistas, endocrinólogos y otros científicos.

III. Identidad sexogenérica. El sexo que la persona percibe, siente y vive en su interior que puede ser coincidente o discordante con el sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal y/o el de asignación, situación que traduce en la percepción íntima y personal de sentirse mujer u hombre.

IV. Proceso de reasignación sexual. Conjunto de acciones tendientes a modificar sus caracteres sexuales primarios y/o secundarios de manera permanente, a través de reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas u otras, a fin de adaptar su anatomía a su identidad sexogenérica y a corregir la discordancia entre la psique y el cuerpo.

V. Equiparación de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas transgénero-transexuales una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.

Artículo 5. (De la mención de las personas)

Las personas transgénero-transexuales deberán ser tratadas empleando el prefijo y sufijo indicativo del género femenino o masculino, según sea el caso, en concordancia con su identidad y expresión sexogenérica.

Artículo 6. (De la competencia)

El juez del Registro Civil de la circunscripción en que se llevó a cabo el registro de nacimiento, es el competente para conocer y resolver sobre la presolicitud y la solicitud del ajuste de las actas de nacimiento a la realidad social.

Artículo 7. (Concepto de la presolicitud)

Para los efectos de la presente ley se entenderá por presolicitud el formato empleado por el Registro Civil para iniciar el trámite de ajuste del acta de nacimiento en tiempo paralelo al proceso de reasignación sexogenérica.

Artículo 8. (Presolicitud para la persona registrada)

Toda persona que haya sido diagnosticada como transgénero-transexual por los especialistas y equipos transdisciplinarios o institución reconocida que inicie su proceso de reasignación de sexogénero, podrá acudir ante el juez del Registro Civil competente para tramitar una presolicitud para el ajuste de su acta de nacimiento.

Artículo 9. (Requisitos de la presolicitud)

Para gestionar la presolicitud para el ajuste del acta de nacimiento a la realidad social de la persona, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Constancia de los especialistas o institución reconocida que diagnostica como transgénero-transexual.

II. Constancia de valoración psiquiátrica de salud mental.

III. Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar unido en vínculo matrimonial alguno.

IV. En caso de tener dependientes económicos, exhibir las actas de nacimiento, garantizar amplia y suficientemente el cumplimiento de la obligación previamente adquirida durante el tiempo en que dure ésta.

V. La mención del nombre a emplear en congruencia con su identidad sexogenérica.

Si la presolicitud para el ajuste del acta presentada, no reuniese los requisitos, el Registro Civil no se dará trámite hasta que cumpla con la totalidad de éstos.

Artículo 10. (Efectos de la presolicitud)

De la presolicitud debidamente requisitada, sellada y firmada por el juez del Registro Civil correspondiente, se desprende una constancia del proceso de autoreivindicación, la cual constituye un documento oficial probatorio de que la persona se encuentra en proceso de reasignación sexogenérica y que se ostenta con un nombre distinto al asentado en su acta de nacimiento, siendo que se trata de la misma persona.

En ningún momento la presolicitud o la constancia autorizan a asentar en documentos públicos o privados el nombre acorde a la identidad sexogenérica.

Artículo 11. (Término para expedir la constancia)

Una vez presentada la presolicitud ante el juez del Registro Civil, mediante el acuse recibido al entregar los documentos probatorios, se obtendrá la constancia del proceso de autoreivindicación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Artículo 12. (Concepto de la solicitud)

Para los efectos de la presente ley se entenderá por solicitud el formato empleado por el Registro Civil para tramitar el ajuste del acta de nacimiento a la realidad social de la persona en virtud de una reasignación de sexogénero.

Artículo 13. (Solicitud para la persona registrada)

Toda persona que haya sido diagnosticada como transgénero-transexual por el especialista, mayor de edad, que tenga dos años o más de iniciado su proceso de reasignación de sexogénero y que haya reunido los requisitos señalados en la presente ley, deberá acudir de forma personalísima y no mediante representante o mandatario, ante el juez del Registro Civil competente para tramitar la solicitud para que se ajuste el acta de nacimiento a su realidad social.

Artículo 14. (Requisitos de la solicitud)

Para gestionar la solicitud para el ajuste del acta de nacimiento a la realidad social de la persona, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Certificado emitido por profesional o institución con experiencia y reconocida en el que se le diagnostica como transgénero-transexual, y la constancia haberse sometido al protocolo de reasignación sexual.

II. Valoración psiquiátrica de salud mental.

III. Constancia psicológica de profesional especializado y de inserción satisfactoria en el núcleo social acorde con su identidad sexogenérica.

IV. Certificado médico en el que conste la esterilidad permanente y se exponga el estado físico quirúrgico.

V. En los casos en que por razones justificadas, como económicas, riesgos para la salud u otros, el tratamiento médico no se complete con la cirugía de reasignación genital deberá de acompañarse con el informe respectivo.

VI. Manifestar bajo protesta de decir verdad, no estar ligado por vínculo matrimonial alguno.

VII. En caso de tener dependientes económicos, exhibir las actas de nacimiento, garantizar amplia y suficientemente el cumplimiento de la obligación previamente adquirida durante el tiempo en que dure ésta.

VIII. La mención del nombre acorde con su identidad sexogenérica que ha ostentado durante por lo menos los dos últimos años.

IX. La constancia de presolicitud debidamente requisitada en caso de haberla tramitado.

Artículo 15. (Del acuerdo emitido por el juez del Registro Civil)

Una vez presentada la solicitud con todos los requisitos señalados, el juez del Registro Civil dará fe de esto y emitirá el acuerdo respectivo, el cual contendrá lo siguiente: ``Notifíquese de conformidad y efectúese la anotación'' ó ``Prevéngase al solicitante a completar o aclarar su solicitud en virtud de que (se anota la falla o faltante) se señala el término de 30 días hábiles para subsanar la presente vista, en caso de no completar el trámite se tendrá por no realizado. Notifíquese''.

Artículo 16. (Término para acordar del juez del Registro Civil)

Una vez presentada la solicitud con todos los requisitos señalados, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, se emitirá el acuerdo respectivo y a cambio del acuse recibido al entregar la documentación se recibirá la copia del acuerdo.

Artículo 17. (De la anotación en el acta de nacimiento)

Desde el momento en que el juez del Registro Civil acuerda el ajuste registral, hará la anotación de ésta en el acta en cuestión y, tendrá efectos jurídicos declarativos desde ese momento en adelante.

La anotación deberá quedar como sigue:

``Nota #### número de acta #### (año). El licenciado (nombre del juez), juez ## del Registro Civil de (la circunscripción) hace constar que la persona registrada cumplió con todos los requisitos a efecto de ajustar esta acta a fin de que pueda usar como su nombre (el nombre acorde a su identidad sexogenérica y apellidos)

y el sexo (femenino ó masculino, el que sea acorde a su identidad sexogenérica) para ajustarlos a su realidad social. (Lugar de la circunscripción), (fecha en que se realice la anotación).

Artículo 18. (Término para asentar la anotación)

Una vez que el juez del Registro Civil competente haya acordado procedente el ajuste de los rubros en el acta de nacimiento, tendrá 15 días hábiles para efectuar dicha inscripción.

Artículo 19. (De los derechos y obligaciones)

Una vez realizado el ajuste del acta de nacimiento, la persona interesada tendrá todos los derechos y obligaciones correspondientes a su reasignación sexogenérica legal, quedando inalterables todos los derechos, obligaciones y relaciones de previa existencia.

Artículo 20. (Uso del nombre ajustado a la realidad social)

Una vez obtenido del reconocimiento jurídico, se tiene la obligación de emplear el nombre y sexo asentado por el ajuste registral.

Artículo 21. (De la homologación de documentos)

Una vez realizada la anotación en el acta de nacimiento, la persona transgénero-transexual deberá acudir a las dependencias de gobierno para que le reexpidan los documentos de identificación de manera acorde a su identidad sexogenérica, a efecto de que se homologue la personalidad jurídica de la persona y se evite la duplicidad de ésta.

La homologación de los documentos deberá de realizarse dentro de un plazo de seis meses a partir de realizada la anotación en el acta de nacimiento, bajo sanción pecuniaria de carácter administrativo que señale el Código Financiero de la entidad federativa para tal efecto.

Artículo 22. (Eliminación de la anotación)

Realizado el ajuste registral y la anotación en el acta de nacimiento, la persona interesada podrá solicitar al juez del Registro Civil que se elabore una nueva acta haciendo referencia a la existencia de una anterior y omitiendo la anotación inicial.

La referencia se hará como sigue:

Reexpedición a efecto del ajuste del acta número ##### según acuerdo emitido por el licenciado (nombre del juez), juez ## del Registro Civil de (la circunscripción) del día ## del (mes) del (año).

Artículo 23. (De la expedición de copias certificadas)

Una vez expedida la nueva acta de nacimiento no se podrán obtener copias certificadas de la anterior salvo que sea solicitada por la persona registrada de manera personalísima o mediante orden judicial debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente.

Artículo 24. (De los costos)

Los hechos y actos registrales que se efectúen respecto de las personas transgénero-transexuales ante el Registro Civil, causarán el pago de los derechos que para tal efecto establezca el Código Financiero de la entidad federativa. Queda prohibido cobrar cualquier tipo de emolumento o pago que no esté previsto expresamente.

Artículo 25. (De la publicación)

Una vez efectuada la anotación, se procederá a publicar en el periódico oficial de cada entidad federativa el ajuste del acta de nacimiento.

La publicación se deberá hacer con el texto siguiente:

Se efectuó el ajuste número #### del acta a nombre de (el nombre previo al trámite) a efecto del ajuste del acta número ##### según acuerdo emitido por el licenciado (nombre del juez), juez ## del Registro Civil de (la circunscripción) del día ## del (mes) del (año).

Artículo 26. (De la rotulación)

En las oficinas del Registro Civil se podrán poner a la vista por un periodo máximo de un año, la nota publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 27. (En caso de negativa por parte del Registro Civil)

En caso de que el juez del Registro Civil competente, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la ley, se negara a dar trámite a la presolicitud o a la solicitud a efecto del ajuste del acta de nacimiento, se interpondrá el recurso administrativo correspondiente ante la autoridad competente, con independencia de la responsabilidad en que incurra como servidor público.

Artículo 28. (De la autoridad en el área de salud)

Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. La organización, operación, capacitación y supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud, así mismo dentro de sus facultades, crear las instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y reasignación sexogenérica de las personas transgénero-transexuales.

II. Apoyar los programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud de las personas transgénero-transexuales.

III. Elaborar el cuadro básico de insumos del sector salud para la atención endocrinológica de las personas transgénero-transexuales.

IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud.

Artículo 29. (Del protocolo de atención médica)

Las instituciones prestadoras de servicios de salud y las especializadas en el tratamiento de las personas transgénero-transexuales deberán seguir el protocolo de atención de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana y supletoriamente de acuerdo con los ``estándares de cuidado para los desórdenes de identidad de género'' en su versión más reciente de la Asociación Profesional Mundial para la Salud de Transgéneros, la cual, comprende las atenciones: médica, psicológica, sexológica, endocrinológica y quirúrgica genital y gonadal.

Artículo 30. (De la confidencialidad)

El tratamiento de reasignación sexogenérica al que se someta la persona transgénero-transexual deberá ser llevado con absoluta discreción y respeto a la confidencialidad de atención médica.

Artículo 31. (Del derecho al trabajo)

Toda persona transgénero-transexual tiene derecho al trabajo digno por lo que la condición o expresión de género no es causal para rescindir la relación laboral.

Artículo 32. (De la persona sujeta a proceso)

A toda persona transgénero-transexual que se encuentre sujeto a proceso o que se haga acreedora a pena privativa de la libertad, se le respetará su dignidad personal, salvaguardando sus derechos humanos, por lo que se le dará el trato correspondiente conforme a las disposiciones constitucionales, leyes y tratados aplicables en la materia.

Artículo 33. (De la sensibilización)

El personal directivo y técnico de cada una de las instituciones de gobierno, implementará programas tendientes a informar y sensibilizar al personal que ahí labora respecto al fondo de la presente ley.

Artículo 34. (De los ajustes a las actas de nacimiento efectuadas)

En el supuesto en que de que la persona transgénero-transexual haya obtenido la rectificación de su acta en cuanto a la mención del nombre y sexo vía judicial, en fecha anterior a la entrada en vigor de la presente ley, ésta podrá acudir ante el Registro Civil correspondiente a efecto de que se le expida una nueva acta de nacimiento en términos del artículo 22 de la presente ley.

Artículos Transitorios

Primero. Publíquese la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero. La Secretaría de Salud dentro de los 30 días siguientes a la publicación, convocará mediante licitación pública a las organizaciones reconocidas oficialmente de los desórdenes de la identidad de género a efecto de que se lleve a cabo la Norma Oficial Mexicana para la atención a la salud de las personas transgénero-transexuales.

Cuarto. A partir de la publicación de la presente ley, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de las entidades federativas y los órganos político administrativos deberán realizar las adecuaciones jurídico-administrativas correspondientes, en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales.

Palacio Legislativo a 6 de marzo de 2007.--- Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado David Sánchez Camacho.Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Juana Leticia Herrera Ale , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y del Código Civil Federal. Se pospone la presentación de esta iniciativa.

La iniciativa anterior se turna también para opinión de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos.

La iniciativa de la diputada Herrera Ale se pospone.

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pasamos al capítulo de dictámenes de primera lectura, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 9 de febrero de 2006 el Senador Jorge Zermeño Infante , a nombre de los Senadores Fauzi Hamdám Amad, Orlando Paredes Lara, Héctor Michel Camarena, Héctor Larios Córdova , Juan José Rodríguez Prats , Demetrio Sodi de la Tijera y Gildardo Gómez Verónica, presentó Iniciativa que contiene proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (que en adelante denominaremos como el Tribunal). En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

II. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente a la Iniciativa citada en el apartado anterior, el 18 de abril de 2006 y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

III. El 19 de abril de 2006 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A. CONSIDERACIONES

a) En lo General:

Se reconoce la estructura del Tribunal y la procedencia de ajustar su Ley Orgánica, con el fin de hacerla acorde con las competencias que actualmente tiene el citado órgano jurisdiccional con motivo de la expedición o reforma de diversos ordenamientos legales.

Manifiesta la Colegisladora su plena coincidencia con el contenido de la Iniciativa que dictaminó y aprobó, en su momento, en el sentido de otorgar al Pleno del Tribunal la posibilidad de abocarse primordialmente a la atención de los asuntos de índole jurisdiccional, mediante la creación de la Junta de Gobierno y Administración, cuya función principal será dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento del Tribunal, dejando al Pleno sólo la atención de las decisiones administrativas más relevantes, tales como la propuesta de nombramiento de magistrados al Presidente de la República, la expedición del Reglamento Interior del propio Tribunal y la del Estatuto del Servicio de Carrera.

La Junta de Gobierno y Administración fungiría como lo hace el Consejo de la Judicatura Federal respecto del Poder Judicial de la Federación.

Se mantiene el carácter del Pleno de la Sala Superior como órgano supremo del Tribunal, sobre la base de una permanente coordinación entre el Pleno y la Junta de Gobierno y Administración.

El proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal tiende a fortalecer la colaboración de Poderes, en este caso el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, por conducto del Senado de la República o de la del Congreso de la Unión, con la participación del propio Tribunal, por cuanto hace a las propuestas de magistrados que le formule el Pleno, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración pero reservando al Pleno de la Sala Superior sugerir el candidato a una magistratura del propio Tribunal al Presidente de la República.

Se destaca la estrecha vinculación de las dos principales vertientes del proyecto, por una parte la modificación al proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal, que contempla la participación del propio Tribunal y, por la otra, la creación de la Junta de Gobierno y Administración y la incorporación de los magistrados supernumerarios.

Otras modificaciones sirven para articular el proyecto en lo general y proveerle de integralidad y mejor funcionamiento, como es el Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia.

b) En lo particular:

1.- Integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que comprende los siguientes rubros:

Nombramiento de los magistrados del Tribunal y duración en su encargo. Se destaca la importancia, en materia de colaboración entre los Poderes, Ejecutivo y Legislativo, en el nombramiento de los magistrados que integran el Tribunal, para que sea el Presidente de la República quien realice el nombramiento correspondiente, con la aprobación del Senado de la República, o en su caso, de la del Congreso de la Unión.

Que la duración en el encargo de los magistrados del Tribunal, sea de 15 años para los que integran la Sala Superior y 10 años para los que integran la Sala Regional y los magistrados supernumerarios, otorgando con ello una continuidad en la formulación y aplicación de los criterios jurisdiccionales y políticas administrativas, así como una mayor estabilidad en el ejercicio del encargo.

Se prevé que los magistrados que concluyan sus funciones puedan ser considerados para un nuevo nombramiento, siempre y cuando sean propuestos por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración. Este mecanismo otorgará certeza para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los magistrados, ya que el actual sistema de ratificación ha propiciado que en algunos casos se continúe en el ejercicio de funciones jurisdiccionales por servidores públicos que, en la doctrina, se conocen como ``funcionarios de hecho''. Estas situaciones constituyen un grave riesgo de que las resoluciones de estos magistrados de hecho puedan ser impugnadas en su validez. Por ello es que para los efectos del proyecto de Ley en análisis, sólo serán considerados como magistrados del Tribunal los profesionistas que ostenten un nombramiento que se haya perfeccionado mediante la colaboración de Poderes a que se ha hecho referencia, para que se tenga por válido.

No obstante lo anterior, en el artículo Tercero Transitorio se prevé la circunstancia de que algunos nombramientos de magistrados se encuentren en proceso de ratificación de conformidad con las disposiciones de la Ley vigente, a fin de que se pueda resolver debidamente esta cuestión de transitoriedad.

2.- Integración de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y creación de los Magistrados Supernumerarios.

Se incrementa a 13 el número de magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, de los cuales 11 integrarán el Pleno y 2 se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración.

Se incorporan 2 magistrados de la Sala Regional a la Junta de Gobierno y Administración.

A los 3 magistrados supernumerarios de la Sala Regional restantes, de los 5 que se proponen en el proyecto, les corresponderá cubrir las faltas temporales superiores a un mes de los magistrados supernumerarios de Sala Regional.

3.- Reestructuración del Tribunal y creación de la Junta de Gobierno y Administración.

La Junta de Gobierno y Administración contará con autonomía técnica y de gestión; será presidida por el Presidente del Tribunal e integrada por 2 magistrados de la Sala Superior y 2 de la Sala Regional; y a la Junta de Gobierno y Administración le corresponderán las funciones del Tribunal relativas a la administración, vigilancia, disciplina y operación de la Carrera Jurisdiccional, sin perjuicio de que el Pleno de la Sala Superior mantenga facultades para resolver sobre las cuestiones administrativas de mayor relevancia, permitiendo una vinculación y coordinación estrechas entre la Junta de Gobierno y Administración y el Pleno de la Sala Superior.4.- Competencia material del Tribunal.

Se incluyen en la Ley Orgánica del Tribunal cuestiones de competencia, tales como conocer sobre resoluciones dictadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdo de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Al Pleno de la Sala Superior del Tribunal le corresponderá conocer de los juicios relacionados con resoluciones fundadas en tratados o acuerdos internacionales para evitar la doble tributación o en materia comercial, de los cuales conocen actualmente las secciones jurisdiccionales de la Sala Superior.

Se establece que, ante la ausencia de plazo en el ordenamiento legal de que se trate, la negativa ficta se configure en el plazo de 3 meses, salvo en los casos en que se pudieran afectar los derechos de terceros que se encuentren reconocidos en un registro o anotación ante alguna autoridad administrativa.

5.- Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional.

Se otorga la mayor importancia a la creación del Sistema de Carrera Jurisdiccional, sustentada en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, y que abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de los funcionarios públicos con funciones jurisdiccionales.6.- Otras Modificaciones.

Se recogen las reformas del H. Congreso de la Unión relativas a la integración del proyecto de Presupuesto del Tribunal y su ejercicio autónomo y directo.

Se modifica el criterio relativo a la competencia territorial de las salas regionales, a efecto de que conozca del juicio la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre el domicilio fiscal de la demandante (salvo en los casos de empresas que formen parte del sistema financiero, tengan carácter de controladoras o controladas, determinen su resultado fiscal consolidado o el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país).

Se establecen causas de responsabilidad para los servidores públicos del Tribunal similares a las previstas en el Poder Judicial de la Federación y se precisan diversas reglas relativas a su Contraloría Interna.

B. MODIFICACIONES A LA MINUTA

Los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al dictaminar la presente minuta, coincidieron con las propuestas hechas por la colegisladora, salvo en lo relativo a los siguientes puntos:

1. De la autonomía presupuestaria.- La Comisión modifica y suprime la parte final del artículo 1° en lo referente a la autonomía presupuestaria del Tribunal, toda vez que el país ha emprendido acciones importantes en aras de establecer la transparencia, la rendición de cuentas y mecanismos de vigilancia que permitan eliminar suspicacias respecto de la discrecionalidad con la que se determinan, por ejemplo, ciertos sueldos y fideicomisos. Con ello, lo que se busca es consolidar la legitimidad de las Instituciones y sus funcionarios, por su puesto, además del buen desempeño de sus funciones. El Tribunal posee ya autonomía para realizar la labor jurisdiccional que tiene encomendada, además tiene la facultad de proponer y ejercer directamente su presupuesto, sin embargo, respecto de poseer autonomía para ejercerlo se considera recomendable eliminar dicha facultad por considerarla demasiado amplia y discrecional, cuando lo que se pretende es que las autoridades se apeguen a criterios legales de control, transparencia y rendición de cuentas.

2. Se modifica el segundo párrafo del artículo primero, a efecto de corregir el nombre de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, toda vez que el 30 de marzo de 2006, esta Ley fue abrogada para dar paso a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. De la reducción de los emolumentos.- El artículo 10 establece la prohibición a la reducción de emolumentos de los Magistrados del Tribunal, al respecto, la Comisión considera que dicha disposición se suprima, ya que su espíritu queda recogido y protegido en disposiciones expresas en la propia Constitución (a. 123, apartado B, fracción IV, 127 y 128).

Por tanto, se recorre la secuencia numérica, a partir del artículo 10 hasta el artículo 14, creándose un nuevo 15 y retomándose la numeración original de la minuta a partir del artículo 16.

4. Se suprimieron las fracciones VIII y IX del artículo 14, de la Minuta, en lo referente a las facultades del Tribunal, y se crea un nuevo contenido al artículo 15 lo anterior con motivo de la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 21 de noviembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de ese mismo año, la cual establece:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

Modificación en la que se sustrae la facultad que hasta ese momento poseía la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las áreas de quejas y responsabilidades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para resolver y sancionar en materia de responsabilidades de los servidores públicos; trasladando dicha facultad a un órgano formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tanto, la nueva Ley Orgánica de este Tribunal debe contemplar esa facultad sancionadora expresamente en un artículo diverso al de las demás facultades del Tribunal, por lo que se adiciona un artículo que, en razón de su contenido, le corresponde el número 15 de la presente Ley, éste contendrá el espíritu de la reforma constitucional en comento.

En virtud de esta adecuación se suprimieron las fracciones VIII y IX del artículo 15 de la Minuta, ahora artículo 14, esto por la modificación en la numeración de los artículos suscitado por la eliminación del artículo 10 de la Minuta, al mismo tiempo se crea un nuevo articulo 15 y se retoma la numeración de la minuta con esta adición.

5. De las facultades de la Junta de Gobierno y Administración.- La Comisión considera que la fracción XI del artículo 41 de la Minuta en estudio, debe ser suprimida, toda vez que propone ``constituir un fondo con el objetivo de que se realice un pago de retiro único..., a los Magistrados del Tribunal... siempre que exista disponibilidad presupuestal''.Esta disposición contraviene con lo que hoy, en los distintos órdenes de gobierno, se ha buscado ponderar: el principio de austeridad, el cual, cuidando que no sea una medida populista, deba ser un criterio rector para determinar sueldos y prerrogativas de los servidores públicos en razón del trabajo que desempeñan. En este caso, los Magistrados contarán con un sueldo y prestaciones razonables y suficientes durante su encargo que se determinen de acuerdo con el marco jurídico en la materia y, por tanto, la creación de un fondo con el presupuesto disponible para efecto de realizarles un pago único, puede prestarse a una ofensiva prerrogativa desde el punto de vista de los ciudadanos.

Los cambios planteados por los integrantes de la dictaminadora, fueron el resultado de un arduo trabajo en el seno de la Comisión.

A mayor abundamiento, se hace del conocimiento de esta Asamblea que con fecha 21 de noviembre de 2006, el pleno de la Comisión de Justicia, recibió a los Magistrados integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes expusieron sus puntos de vista con respecto de la presente minuta.

En conclusión, esta Comisión considera que esta minuta significa un avance importante en el proceso de actualización y modernización de nuestra legislación, destacando los siguientes aspectos relevantes:

1. Aumento en la competencia material del Tribunal.- Se establece expresamente la competencia materia del Tribunal para conocer de los juicios que versen sobre:a) Responsabilidad Patrimonial del Estado

b) Tratados o Acuerdos Internacionales y;

c) Como una gran innovación, respecto de los actos administrativos, procedimientos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, los juicios que se promuevan, el Tribunal conocerá cuando estos sean autoaplicativos o cuando el interesado con motivo de su primer auto de aplicación.

2. Creación de la Junta de Gobierno y Administración.- Se crea un nuevo órgano denominado Junta de Gobierno y Administración, integrado por 2 magistrados de la Sala Superior, 2 de las Salas Regionales y el Presidente del Tribunal, quien lo será también de la Junta, la cual tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, similar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

3. Modificación en la integración de la Sala Superior.- Como consecuencia de lo anterior, se crean 2 magistraturas de Sala Superior, por lo que ésta se compondrá ahora de 13 magistrados, de los cuales 11 ejercerán funciones jurisdiccionales y 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

4. Creación de 5 Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.- Se encargarán principalmente de cubrir las faltas de los magistrados de Sala Regional y de sustituir a los 2 magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración durante su encargo.

5. Incremento en la duración del cargo de Magistrados.- Se aumenta la duración del nombramiento de los Magistrados de Sala Superior a 15 años improrrogables; también se aumenta la duración del nombramiento de los magistrados de Sala Regional a 10 años y ya no se prevé su inamovilidad. Tales incrementos contribuyen a la continuidad en la formulación y aplicación de los criterios jurisdiccionales.

6. Creación de un sistema profesional de carrera jurisdiccional.- En él se establecen las reglas de ingreso, promoción, permanencia y retiro del personal jurisdiccional, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, con base en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, similar a la existente en el Poder Judicial de la Federación.

7. Creación de Salas Regionales especializadas.- Se abre la posibilidad de crear Salas especializadas por materia, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

8. Domicilio Fiscal del demandante como base de la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal.- Con esta modificación se evitará que los asuntos se concentren en las Salas Regionales Metropolitanas que tienen jurisdicción en el Distrito Federal, fomentándose la descentralización y regionalización del Tribunal, acercándose la justicia al contribuyente.

9. Creación de un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos.- Con esta modificación se resolvería un importante problema administrativo para el Tribunal, como son las notificaciones, debido al número de juicios que en él se tramitan.

En los nueve Artículos Transitorios que forman parte de la Minuta materia de este Dictamen, se prevé la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se abroga de manera expresa la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.

Se prevé que el proceso para el nombramiento por el Presidente de la República, con la respectiva aprobación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión, de los 2 magistrados de la Sala Superior y de los 5 magistrados supernumerarios de la Sala Regional, deberá iniciarse en cuanto entre en vigor la presente Ley; que realizados los nombramientos antes mencionados, el Pleno de la Sala Superior deberá elegir por insaculación a los Magistrados de la Sala Superior que se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración en su primera integración, adscribir a los Magistrados de Sala Regional que formarán parte de la misma y a los Magistrados Supernumerarios que los suplirán temporalmente, previendo que por esta única ocasión, se elegirá a un magistrado de Sala Superior y a un magistrado de Sala Regional que durarán 3 años en su cargo en la Junta de Gobierno y Administración, para permitir el escalonamiento de los periodos subsecuentes.

Se prevé la aplicación del Reglamento Interior del Tribunal en vigor hasta que el Pleno expida uno nuevo; se determina la continuidad de los magistrados y de los servidores públicos que venían ejerciendo su cargo, para que continúen en él hasta que los nuevos órganos administrativos decidan lo conducente o se concluya el periodo para el que fueron designados, según el caso; se prevé que las personas que hayan concluido el plazo para el que fueron nombrados como magistrados del Tribunal y que se encuentre en trámite su propuesta de ratificación conforme la Ley que se abroga, podrán ser consideradas por el Presidente de la República para ser nombradas como magistrados del Tribunal, en términos de la presente Ley, y se dispone que los magistrados que conforme a la Ley que se abroga hayan obtenido la inamovilidad, continuarán en el ejercicio de sus encargos, atento a lo establecido en esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, y para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I De la Naturaleza e Integración del Tribunal

ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.

El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente.

ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por:

I. La Sala Superior;

II. Las Salas Regionales, y

III. La Junta de Gobierno y Administración.

ARTÍCULO 3.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendrá los servidores públicos siguientes:

I. Magistrados de Sala Superior;

II. Magistrados de Sala Regional;

III. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional;

IV. Secretario General de Acuerdos;

V. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones;

VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior;

VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional;

VIII. Actuarios;

IX. Oficiales Jurisdiccionales;

X. Contralor Interno;

XI. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares;

XII. Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa, y

XIII. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza.

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.

ARTÍCULO 4.- El Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores, nombrará a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En los recesos de la Cámara de Senadores, los nombramientos de Magistrados que haga el Presidente de la República serán sometidos a la aprobación de la del Congreso de la Unión.

ARTÍCULO 5.- Los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados de Sala Regional, podrán ser consideradas para nuevos nombramientos.

Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombradas nuevamente para ocupar dicho encargo.

ARTÍCULO 6.- Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere lo siguiente:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

IV. Contar con notoria buena conducta;

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

ARTÍCULO 7.- Durante el ejercicio de sus cargos, los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa únicamente podrán ser privados de los mismos por el Presidente de la República, en los casos de responsabilidad en términos de las disposiciones aplicables, o cuando dejen de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 6 de esta Ley, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior.

Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

ARTÍCULO 8.- En los casos en que los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, comunicará esta circunstancia al Presidente de la República y, en su caso, someterá a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno de la Sala Superior.

Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno de la Sala Superior, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.

Las faltas definitivas de Magistrados de las Salas Regionales serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional adscritos por la Junta de Gobierno y Administración, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales hasta por un mes de los Magistrados de las Salas Regionales se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

ARTÍCULO 9.- El Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de Sala Regional en los casos previstos en esta Ley, y sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración, durante su encargo.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno de la Sala Superior.

ARTÍCULO 10.- El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 3 de esta Ley.

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 3 de esta Ley.

ARTÍCULO 11.- Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Ser mayor de veinticinco años de edad;

III. Contar con reconocida buena conducta;

IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y

V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

ARTÍCULO 12.- Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo, público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o de sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado.

ARTÍCULO 13.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para la designación, aceptación del cargo y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPÍTULO II De la Competencia Material del Tribunal

ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa, y

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

Artículo 15.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

El procedimiento para conocer de estos juicios será el que señale la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO III De la Sala Superior

Sección I De su Integración

ARTÍCULO 16.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se compondrá de trece Magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales once ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que señala esta Ley.

La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en dos Secciones. Los dos Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha Junta, salvo en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 18 de esta Ley.

Sección II Del Pleno

ARTÍCULO 17.- El Pleno estará integrado por el Presidente del Tribunal y por diez Magistrados de Sala Superior.

ARTÍCULO 18.- Son facultades del Pleno, las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal en el que se deberán incluir entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior o de las Salas Regionales y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 11 de esta Ley;

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de esta Ley;

V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones;

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios Adjuntos de las Secciones y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

X. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquéllos que sean de competencia especial de las Secciones;

XI. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos;

XIV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la consideración del Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos del artículo 7º de esta Ley, y

XV. Las que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos, y

XVI. Las demás que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 19.- Para la validez de las sesiones del Pleno se requerirá, cuando menos, la presencia de siete Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal.

ARTÍCULO 20.- Las sesiones serán públicas, excepto cuando la mayoría de los Magistrados presentes acuerde su privacidad, atendiendo a la naturaleza del caso a resolver, o en los supuestos previstos en las fracciones I a IX del artículo 18 de esta Ley.

ARTÍCULO 21.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros o tenga una composición impar. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

Cuando se resuelva sobre el criterio de interpretación y aplicación de una ley, que deba asumir el carácter de precedente o de jurisprudencia, el Pleno aprobará la tesis y el rubro correspondientes para su publicación.

Sección III De las Secciones

ARTÍCULO 22.- Las Secciones estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, adscritos a cada una de ellas por el Pleno.

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre la elección.

ARTÍCULO 23.- Son facultades de las Secciones, las siguientes:

I. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;

II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables;

III. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la Sección para poner en estado de resolución un asunto competencia de la propia Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

IV. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

V. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

VI. Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de ella, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

VII. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales, y

VIII. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 24.- Para la validez de las sesiones de la Sección se requerirá la presencia de cuatro Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 25.- Las resoluciones de una Sección se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

Las sesiones de las Secciones serán públicas, salvo aquéllas en las que se designe a su Presidente, se ventilen cuestiones que afecten la moral o el interés público, o la ley exija que sean privadas, así como aquéllas en que la mayoría de los Magistrados presentes acuerden su privacidad.

ARTÍCULO 26.- Los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la Sección correspondiente en la primera sesión de cada año, la cual será privada. Durará en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales de los Presidentes, serán suplidos por los Magistrados de la Sección siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 27.- Compete a los Presidentes de las Secciones:

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma;

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones;

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección;

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección;

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección para su resolución, y

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV Del Presidente del Tribunal

ARTÍCULO 28.- El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente.

Serán elegibles los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado.

ARTÍCULO 29.- En caso de falta temporal, el Presidente será suplido alternativamente, cada treinta días naturales, por los Presidentes de las Secciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, el Pleno designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las siguientes:

I. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. Despachar la correspondencia del Tribunal;

III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno;

IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno;

X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados al Pleno, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

XIV. Rendir anualmente ante el Pleno de la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones, y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V De las Salas Regionales

ARTÍCULO 31.- El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en el artículo 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

ARTÍCULO 32.- Para los efectos del artículo 31 de esta ley, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia.

ARTÍCULO 33.- En cada una de las regiones a que se refiere el artículo anterior habrá el número de Salas que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, en el que también se determinará la sede, su circunscripción territorial, la distribución de expedientes, la fecha de inicio de funciones y, en su caso, su especialidad.

ARTÍCULO 34.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

I. Se trate de empresas que:

a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o

b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país.

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 35.- Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales serán instruidos por turno por los Magistrados que integren la Sala de que se trate. Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en que se designe al Presidente de la Sala, se ventilen cuestiones administrativas o que afecten la moral o el interés público, o la ley así lo exija.

ARTÍCULO 36.- Los Presidentes de las Salas Regionales serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 37.- Los Presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

VIII. Verificar que en la sala se aplique en sus términos el Sistema de Control de Juicios;

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo, y

XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 38.- Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero;

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente, y

X. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI De la Junta de Gobierno y Administración

ARTÍCULO 39.- La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 40.- La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos Magistrados de Sala Superior, y

III. Dos Magistrados de Sala Regional.

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta.

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha Junta, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de desempeñarse como Magistrados.

ARTÍCULO 41.- Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:

I. Proponer, para aprobación del Pleno, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal y expedir, en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

II. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados en el artículo 1 de esta Ley;

III. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que les requiera el Pleno, para los efectos del artículo 18, fracción V, de esta Ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y el número de las Salas Regionales, así como materias específicas de competencia de las Secciones o de las Salas Regionales, en su caso, y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

V. Adscribir y, en su caso, cambiar de adscripción a los Magistrados de las Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto de los trabajadores a los que les sean aplicables;

VI. Elegir y adscribir, de entre los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, a los que habrán de suplir a los Magistrados de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración , así como los que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional, en términos de lo dispuesto por esta Ley;

VII. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado;

VIII. Proponer al Pleno, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera previsto en párrafo segundo del artículo 11, que contendrá:

a) Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;

b) Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos, y

c) Las reglas sobre disciplina y un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales.

IX. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 11;

X. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para los servidores públicos previstos en el artículo 3 de esta Ley, que elabore el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa;

XI. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XII. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio y supervisar su legal y adecuada aplicación;

XIII. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración;

XIV. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;

XV. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables;

XVI. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XVII. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones XVI y XVII de este artículo;

XVIII. Conceder licencias prepensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Contralor Interno, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;

XIX. Conceder licencias sin goce de sueldo a los Magistrados hasta por tres meses, siempre que exista causa fundada que así lo amerite;

XX. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos;

XXI. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las disposiciones legales;

XXII. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan;

XXIII. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

XXIV. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y Secciones del Tribunal, según sea el caso;

XXV. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

XXVI. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente;

XXVII. Instruir y resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de esta Ley e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXVIII. Resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, en contra de las resoluciones dictadas por ella misma en las que se finquen responsabilidades y se impongan sanciones, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXIX. Integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior y de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos;

XXXI. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXII. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión;

XXXIII. Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal, y

XXXIV. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 42.- Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de cuatro de sus miembros, incluyendo la asistencia del Presidente de la misma.

ARTÍCULO 43.- Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de la Junta tendrá voto de calidad.

Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán privadas.

ARTÍCULO 44.- El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente, será suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de la Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Ante la falta definitiva de los Magistrados previstos en las fracciones II y III del artículo 40 que integren la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente.

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala Regional que determine el Pleno de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley.

ARTÍCULO 45.- La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios.

CAPÍTULO VII De los demás Servidores Públicos del Tribunal

ARTÍCULO 46.- Corresponde al Contralor Interno:

I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del artículo 3 de esta Ley, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración;

III. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;

V. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y

VI. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes.

ARTÍCULO 47.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno;

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno;

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior, y

VII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes de la Sala Superior.

ARTÍCULO 48.- Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones:

I. Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la misma;

II. Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, autorizándolas en unión del Presidente de la Sección;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no corresponda al Presidente de la Sección;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios o proyectos para las resoluciones de las Secciones;

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones, y

VII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 49.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior:

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior;

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos, y

V. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTÍCULO 50.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción;

IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados;

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos, y

VI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 51.- Corresponde a los Actuarios:

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

II. Practicar las diligencias que se les encomienden, y

III. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior.

ARTÍCULO 52.- Corresponde a los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración:

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta;

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos en el libro de actas respectivo;

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas, y

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

Los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliarán de las unidades administrativas que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

ARTÍCULO 53.- El Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa será nombrado por el Pleno, a propuesta de su Presidente, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa;

II. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla, y

III. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa.

CAPÍTULO VIII De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal

ARTÍCULO 54.- Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal:

I. Realizar conductas de atenten contra la independencia de la función jurisdiccional, tales como aceptar consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo Tribunal o de cualquier otro órgano del Estado;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Tribunal;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar;

IV. Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o, en su caso, del Contralor del Tribunal, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función jurisdiccional;

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional en el desempeño de sus funciones;

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

X. Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

XI. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

XII. Las demás que determinen las leyes.

CAPÍTULO IX De las Vacaciones y Días Inhábiles

ARTÍCULO 55.- El personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones para la atención de los asuntos que se requiera.

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno del Tribunal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.

TERCERO.- El proceso para el nombramiento por el Presidente de la República, con la respectiva aprobación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de los dos Magistrados de Sala Superior y de los cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, deberá iniciarse en cuanto entre en vigor la presente Ley.

CUARTO.- Una vez hechos los nombramientos a que se refiere el artículo anterior, el Pleno de la Sala Superior deberá elegir por insaculación a los Magistrados de Sala Superior que se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración en su primera integración, así como adscribir a los Magistrados de Sala Regional que formarán parte de la misma y a los Magistrados Supernumerarios que los suplirán temporalmente.

A fin de escalonar los períodos de los miembros de la Junta de Gobierno y Administración, en lo que atañe a su primera integración, el Pleno, al hacer la elección de los Magistrados que deban integrarlo, por esta única ocasión, elegirá a un Magistrado de Sala Superior y a un Magistrado de Sala Regional que durarán tres años en su cargo en la Junta de Gobierno y Administración.

Los Magistrados de Sala Superior nombrados conforme al artículo tercero transitorio no serán elegibles para la primera integración de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal.

QUINTO.- El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO.- Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos.

SÉPTIMO.- Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, para ser nombrados como Magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley.

OCTAVO.- A las personas que hayan concluido el plazo para el cual fueron nombradas como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que se encuentre en trámite su propuesta de ratificación conforme a la Ley que se abroga, podrán ser consideradas por el Presidente de la República para ser nombradas como Magistrados del Tribunal en términos de la presente Ley.

NOVENO.- Los Magistrados que conforme a la Ley que se abroga hayan obtenido la inamovilidad, continuarán en el ejercicio de sus encargos atento a lo establecido en dicha Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.--- La Comisión de Justicia. Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedolla (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Baustista Bravo (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio de la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso a la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Por la Comisión de Gobernación, Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregi Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica); Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Érika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 27 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestaran en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano José Juan de Dios Nava Lucio, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Hungría en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Rodríguez García, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de la República de Hungría en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso la ciudadana Érika Marí Guzmán Romero, para prestar servicios como asistente del consejero de asuntos económicos y comerciales, en la Embajada de la República Checa en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso la ciudadana Gloria Lorena Olivera Ortiz, para prestar servicios como investigador consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de febrero de 2007.--- Por la Comisión de Gobernación, Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregi Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica); Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

VOLUMEN II

ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo y siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

I. Del Proceso Legislativo

a) En sesión de la honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 19 de diciembre del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma el artículo 6° constitucional, firmada por los diputados Emilio Gamboa Patrón , Héctor Larios Córdova , Javier González Garza , Gloria Lavara Mejía , Alejandro Chanona Burguete , Ricardo Cantú Garza , Miguel Ángel Jiménez Godínez y Aída Marina Arvizu Rivas ; turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

b) Con fecha 4 de enero del año 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva, modifica el trámite dictado a la iniciativa, y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

c) En sesión de la honorable Cámara de Diputados, celebrada el día 16 de noviembre del año 2006, fue presentada iniciativa que reforma los artículos 6, 26, 71, 72, 73, 108, 110, 111, 115, 116, 122 de la Constitución, suscrita por la Diputada Erika Larregui Ángel, del Partido Verde Ecologista de México. La Comisión determinó dictaminar esta iniciativa en lo referente al artículo 6° Constitucional ya que los alcances de la misma son de materias diversas.

d) En sesión de mesas directivas de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, celebrada el día 20 de febrero del año 2007, se aprobó por unanimidad de los presentes el proyecto de dictamen que contiene el decreto que adiciona el artículo 6° constitucional.

e) En sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, celebrada el día 28 de febrero del presente año se sometió a discusión y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

II. Materia de la Iniciativa

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO

México es hoy un país democrático pero con una enorme necesidad de cambios y mejoras; por convicción y necesidad, sus ciudadanos aspiran a construir una convivencia colectiva cada vez más incluyente, más abierta y que brinde las garantías propias de una vida en libertad y con justicia. Por eso, la democracia mexicana no puede contentarse con lo adquirido, sino que debe ir en busca de nuevos instrumentos que le den sustento, calidad y viabilidad en el largo plazo. Por eso la democracia mexicana se sigue edificando a través de la expansión de los derechos fundamentales que nos ha heredado la tradición histórica, nacional e internacional, del constitucionalismo democrático: los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos de libertad. Por eso, nuestros derechos deben seguir replanteándose sobre los fundamentos que se encuentran en los valores de la igualdad, la democracia, la paz y la tutela del más débil.¹

El derecho de acceso a la información se inscribe plenamente en esa agenda democrática de México, y se inscribe como un derecho fundamental, al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.²

Puede decirse incluso que una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son las libertades de expresión y de información. En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del estado democrático. Dicho de manera más simple, sin información --por quien se vota, qué hace el gobernante electo mediante el voto-- no hay democracia posible.

Esta afirmación, que puede parecer obvia, resulta sin embargo extraordinariamente compleja cuando se traduce en su dimensión jurídica. En efecto, las rápidas transformaciones de las sociedades contemporáneas han generado una modificación sustantiva de la concepción de la libertad de expresión, para darle un nuevo contenido que comprende no sólo a los sujetos activos de la libre emisión de ideas u opiniones (que se encuentra consagrada en nuestro artículo sexto constitucional y cuyos orígenes están enraizados en toda la tradición constitucional mexicana) sino también, a los derechos de todos aquellos que las reciben o incluso, que las buscan activamente.

De este modo, la doctrina moderna, con sustento en los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que cabe destacar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen que la concepción moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interrelacionadas, agrupables en dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir mensajes (que supone el derecho a difundir informaciones y opiniones y que toma en cuenta el punto de vista del emisor) y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor).³

Paulatinamente, diversas Constituciones han incorporado, con diferentes versiones, esta nueva concepción de la libertad de expresión. Entre otras, cabe destacar las Constituciones de Alemania, España y Portugal. En otros casos, ha sido la jurisprudencia constitucional o la legislación secundaria, la que ha ampliado el concepto tradicional de la libertad de expresión; así, aunque los textos constitucionales permanecen sin alteraciones, el concepto es radicalmente diferente. Este es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Noruega, Suiza e Italia, entre otros. En América Latina muchas Constituciones han incorporado, con diferentes formulaciones, la libertad de información, por ejemplo Brasil, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Finalmente, en el plano internacional, debe destacarse la importancia de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.

Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento. Desde 1977, junto con otros artículos de la Constitución y en el marco de la denominada ``reforma política'', se modificó el artículo sexto constitucional para añadirle diez palabras que dicen: ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''. Esta importante adición suscitó en su momento un amplio debate sobre su contenido y alcance que con el tiempo ha sido aclarado, de tal manera que ahora entendemos con mucha mayor claridad cual es el alcance de esa reforma, misma que hoy consideramos necesario perfeccionar.

En este proceso de interpretación sobre el alcance de la naturaleza jurídica de la adición al artículo 6° constitucional, ha sido crucial la evolución jurisprudencial que sobre esta materia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro más alto tribunal, en una decisión rendida con motivo de la investigación en relación con la matanza de Aguas Blancas en el Estado de Guerrero, estableció que:

``Tal derecho [el de la información] es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas... asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas falta de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurre en una violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados''.⁴

En esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el derecho a la información constituía una garantía individual, pues sin ese supuesto, difícilmente podría haber considerado que los hechos en cuestión constituían una violación a las garantías individuales al ejercer la facultad derivada del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución. En diferentes decisiones, esta interpretación se ha confirmado plenamente⁵, llegando incluso al reconocimiento por parte de la Corte de que su interpretación original, que lo limitaba a una garantía por los partidos políticos, era incorrecta y que se trataba claramente de una garantía individual. Así se desprende de la tesis titulada ``Derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6º constitucional como garantía de partidos políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente.''6. Como toda garantía, este derecho encuentra algunos límites, tales como ``los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros''.7

Ahora bien, es de crucial importancia precisar que, según la doctrina aceptada, el derecho a la información tiene dos vertientes principales. La primera se refiere a los contenidos relacionados con el derecho a informar y que busca proteger el derecho de toda persona de expresar y comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, y por otro, el derecho a ser informado (que comprende los derechos de investigar y recibir informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor). Desde esta perspectiva, el derecho a ser informado es una de las vertientes del derecho a la información, pero no lo agota.

La reforma constitucional que ahora se dictamina establece las condiciones mínimas que aseguren el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, pero de ninguna manera prejuzga o limita la facultad del Constituyente Permanente de desarrollar en el futuro aspectos relacionados con el derecho a informar y que no son motivo de la presente reforma.

En otras palabras, la iniciativa que ahora se dictamina desarrolla una de las vertientes del derecho a la información --en particular el derecho subjetivo de tener acceso a la información gubernamental-- pero de ninguna manera pretende agotar los contenidos del derecho antes mencionado, pues como ya se argumentó antes, este se constituye por un conjunto de libertades relacionadas cuya expresión constitucional respecto de algunas de estas se encuentra aún pendiente. Vale la pena añadir, en el mismo sentido, que en la exposición de motivos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública que envió el entonces Presidente Vicente Fox Quesada al Congreso de la Unión, esta situación fue reconocida literalmente. Así, se decía que ``...es importante destacar que la Iniciativa que ahora presentamos a esta soberanía regula una de las vertientes del derecho a la información, a saber, la del acceso a la información del Estado...''⁸.

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

La promulgación y entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una de las adquisiciones democráticas más importantes de México en los años recientes. Su vigencia ha contribuido a la apertura del Estado, al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación, ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias decisiones y ha ayudado a remover inercias gubernamentales indeseables como el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad.

Esa ley se ha constituido en una poderosa palanca para la democratización del estado, y su ejemplo ha impactado en otras áreas, instituciones y niveles de gobierno en todo el país, difundiendo una nueva cultura acerca de ``lo público'' entre los ciudadanos y los funcionarios y, como nunca antes, las instituciones difunden, publican y hacen accesible una gran cantidad de información relevante sobre sus actividades. A partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes equivalentes aprobadas por el resto de los Estados de la República, se han establecido condiciones que mejoran, aunque con deficiencias aún importantes, el derecho de los mexicanos de acceder a documentos que testimonian la acción gubernamental y el uso de los recursos públicos.

Los avances en la materia son sustanciales: las casi 185 mil solicitudes atendidas hasta esta fecha a nivel federal, los más de 9 mil recursos de revisión desahogados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y los episodios de apertura en zonas cruciales del estado mexicano así lo demuestran. Los impactos democráticos de la acción de la Ley Federal de Transparencia son muchos y en muy distintas áreas de la actividad estatal: el caso de la masiva transformación de deuda privada en pública dirigida por el IPAB mediante el Fobaproa, el debate entre transparencia y secreto bancario a propósito de los fondos públicos y fideicomisos, el reconocimiento del acceso personal a los expedientes médicos como un derecho irrecusable del paciente, la identificación de los infractores de leyes y reglamentos federales al medio ambiente, a las leyes del transporte, hospitales, etcétera, el conocimiento de las transacciones y contrataciones que hacen las principales empresas públicas del país (como PEMEX), el acceso al expediente del financiamiento del sindicato petrolero, el proceso de toma de decisiones estratégicas en materia de relaciones exteriores, la apertura de los archivos sobre las responsabilidades de la represión política en 1971, el acceso a información de organismos de la sociedad que reciben presupuesto público, la evaluación de la calidad de las escuelas públicas y privadas y un largo etcétera muestra, a las claras, que el acceso a la información es una herramienta socialmente útil, poderosa, indispensable para la democratización de México.

El contenido de la Ley Federal y el proceso de aplicación de la misma tienen un significado profundo que debe subrayarse: hoy, cualquier persona, desde cualquier lugar de la Nación e incluso desde cualquier lugar del mundo, puede preguntar sobre las actividades que realizan las instituciones gubernamentales federales, los resultados que obtienen y la forma en que ejercen sus recursos. Gracias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, miles de mexicanos de diferentes extracciones sociales y de muy distintas ocupaciones cuentan con un instrumento legal para ejercer su derecho a estar informados de los actos gubernamentales y los funcionarios públicos tienen la obligación de difundir información básica de la institución y entregar la información pública que piden los solicitantes, sin ningún tipo de discriminación por condición social, edad, sexo o alguna otra taxativa. Las leyes de transparencia han demostrado que son instrumentos que disuelven privilegios y que por tanto, se constituyen en elementos de igualación social.

La actual Ley Federal es el resultado de una construcción plural y de una acción legislativa concertada. El compromiso con la transparencia y el acceso a la información ha alcanzado y reforzado un amplio consenso en el ámbito político, social y académico de la Nación. De hecho, pocos temas de debate interno en el país han permitido tal confluencia de fuerzas políticas y prácticamente la unanimidad en el Congreso de la Unión.

Por otra parte, la Ley Federal abrió el camino para que cada entidad federativa fuera incorporándose paulatinamente en la era de la transparencia y el acceso a la información. En el México democrático y pluralista de hoy, pocos temas han visto un desarrollo legal y cultural tan rápido y tan amplio como el de la transparencia. Desde el año 2002, el país ha cursado una larga ruta de construcción jurídica e institucional en todos los Estados de la Federación.

Sin embargo, el desarrollo del derecho de acceso a la información no ha estado exento de problemas, resistencias y deformaciones. Quizás, la dificultad más importante es la heterogeneidad con la que se ha legislado y con la que se ejerce hoy mismo en la entidades y en las instituciones de la República, una diversidad perjudicial para la práctica de un derecho que es fundamental.

Diversos estudios realizados por especialistas⁹ demuestran la existencia de muchísimos puntos de ``falla'', donde las leyes de transparencia no cumplen con sus objetivos, se quiebran y se vuelven débiles; una heterogeneidad indeseable se ha instalado en casi toda la República a falta, por así decirlo, de una ``guía constitucional'' para la construcción del derecho.

Hasta cierto punto, el hecho era previsible, pues se trata de la primera construcción institucional que ocurre en un ambiente de amplia libertad para los Congresos estatales en donde cada uno de ellos, en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, ha determinado el contenido de su legislación en la materia. Es decir, la construcción del andamiaje legal se ha dado por iniciativa de los gobiernos, los legisladores, la política local y de las prioridades institucionales propias, sin que medie ninguna intervención ni injerencia de un ``centro'' regulador o de la Federación.

La rutina democrática que posibilita pedir información a los gobiernos sin limitaciones, luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha adquirido las más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos institucionales, los límites, la apertura, la tecnología disponible y los documentos accesibles son muy distintos, por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Puede un derecho fundamental tener tantas versiones como gobiernos, jurisdicciones administrativas y soberanías? ¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan subrayado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de residencia o del nacimiento de una persona?

Gracias al impulso de las universidades y las comisiones o institutos de transparencia locales y el federal, el país ha podido discutir y ventilar esta problemática, en distintos foros públicos, con especialistas, gobernadores, alcaldes, académicos, organismos de la sociedad y con las autoridades locales en materia de transparencia. De ese trabajo nacional, cuyo principal antecedente es la ``Declaración de Guadalajara'' firmada por tres Gobernadores, emergió un consenso: conviene intentar un segundo impulso, consolidar lo avanzado, al mismo tiempo que se elevan las condiciones y las exigencias mínimas que deben ser cumplidas por todas las legislaciones del país y por la práctica de todos los niveles de gobierno. No una homogeneidad forzada, pero sí un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la democracia mexicana. El curso de esta propuesta cuenta con los siguientes antecedentes:

1. La Declaración de Guadalajara

Al concluir el Primer Foro Nacional de Transparencia Local, celebrado en la capital del Estado de Jalisco, tres Gobernadores, de tres Estados y de tres partidos políticos distintos (Amalia García Medina de Zacatecas, Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes y José Reyes Baeza Terrazas de Chihuahua), firmaron el 22 de noviembre del año 2005 un importante documento, conocido como la ``Declaración de Guadalajara'', en la que después de un diagnóstico completo sobre las leyes locales y de las reglamentaciones municipales, se propone una reforma constitucional que incorpore al texto fundamental el derecho de acceso a la información pública y los requisitos mínimos a cumplir en y por toda la República, a saber:

Otorgar a todo mexicano y a toda persona los mismos derechos: sujetar las leyes a los principios de máxima publicidad y gratuidad.

Facilitar al máximo la solicitud de información sin condicionantes artificiales, como la exigencia de demostrar personalidad, firma, identificación o interés jurídico.

Poner a disposición del público todas las modalidades para tramitar solicitudes de información, incluyendo las herramientas electrónicas.

Crear instancias profesionales, autónomas e imparciales para generar una cultura de transparencia y garantizar el acceso a la información en caso de controversia.

Establecer sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información.

La obligación de todos los órganos públicos de transparentar los principales indicadores de gestión.

Asegurar la protección de los datos personales.

Explícitamente, se trata de tomar una ruta que México ya exploró con razonable éxito en materia electoral (cuando en 1996 fueron incorporados a la Carta Magna una serie de mecanismos de control de constitucionalidad y un catálogo de principios y bases obligatorias en todas las legislaciones locales).

Los mandatarios estatales firmantes de la Declaración establecieron el compromiso de difundir la propuesta y promover su adopción entre sus homólogos de otras entidades federativas.

2. XXVII, Reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

Con el impulso de la ``Declaración de Guadalajara'' el tema llegó a la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Guanajuato durante el mes de marzo de 2006.

En esa reunión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) tuvo ocasión de exponer lo siguiente:

``En México el acceso a la información fue engendrado por el consenso de todos los partidos políticos. La Ley Federal de Transparencia tuvo un nacimiento unánime. Este hecho explica su fortaleza y también, su expansión a lo largo y ancho de la República. Aunque no existía ninguna obligación expresa, hoy, 28 Estados de la República tienen en marcha una ley de transparencia y cuatro más ya la discuten en sus Congresos, precisamente porque estas leyes y este derecho no son el monopolio de ningún partido, ni de ningún gobierno, sino el síntoma de un acuerdo verdaderamente nacional. Por eso la transparencia no se ha quedado como una idea genial de una administración, sino que la hemos convertido en un derecho individual, en una rama de nuestra legislación, al mismo tiempo que en una política pública.

Gobiernos estatales del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos, legislaturas locales, ciudades, capitales, municipios, responden a la exigencia y se incorporan al torrente de esta construcción legal e institucional que ha dejado una huella más profunda y duradera de lo que se preveía hace apenas algunos años, justamente porque se transformó en un derecho y una política asociada a la democratización... No obstante, estamos apenas en el comienzo de un largo camino. Hay que decirlo con todas sus letras: la apertura no ha sido tersa, ni indolora, ni homogénea en nuestro país. Detrás del propósito general de la transparencia, han surgido problemas de diseño institucional, dificultades operativas y visiones jurídicas muy diferentes que al comenzar el año 2006, representan ya todo un tema de la agenda política nacional... El panorama que muestran las 28 legislaciones estatales y la federal misma, es incipiente, incompleto y fragmentario. No podemos hablar aún de un criterio compartido por todas las entidades ni tampoco de una política madura que recorra ya la geografía política del país''.

Los 26 mandatarios presentes y seis representantes de gobiernos estatales decidieron dar continuidad a la propuesta de reforma constitucional e inscribirla a la agenda de trabajo de 2006 de la CONAGO.

3. La Iniciativa de Chihuahua

Meses después, la Iniciativa de Chihuahua se hizo pública el 10 de noviembre de 2006 en el marco del Segundo Congreso de Transparencia Local, que tuvo lugar en aquella entidad. El documento fue firmado por los Gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua y Zacatecas y se sumaron el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera, y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas. En la propuesta, los cinco mandatarios dicen:

``La transparencia y el acceso a la información constituyen la conquista más importante de la sociedad y la política mexicanas en los últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del estado y un salto en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Juntos materializan un derecho moderno, que forma parte de la nueva cultura política y cívica de los mexicanos.

Como se sabe, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y han sido aprobadas 28 leyes estatales a lo largo y ancho del país, con mayorías diversas pertenecientes a todas las fuerzas políticas de México. Estos hechos demuestran que la transparencia no se trata de una bandera partidista, sino de un auténtico acuerdo nacional para transformar y democratizar al estado en todos sus niveles, gobierne quien gobierne y para el largo plazo.

Los Gobernadores que suscribimos esta iniciativa de cambio constitucional estamos convencidos que este tema no sólo es crucial para la calidad de la democracia mexicana sino que constituye una de las oportunidades más importantes, que puede ayudar a recomponer las relaciones políticas de nuestro país, mostrando la viabilidad de los acuerdos fundadores de nuestro futuro democrático.

Creemos, además, que nada sería más sano para la vida económica, social y política de nuestro país, que el ejemplo de la transparencia se extendiera a todos los niveles de gobierno, para que las entidades federativas y los municipios hicieran crecer este valor democrático con el mismo éxito y a la misma velocidad.

Sostenemos que es una alta tarea nacional desarrollar todo tipo de iniciativas públicas y sociales para hacer avanzar al acceso a la información y la transparencia local. Que los Estados del país deben colocar estos temas como prioridad indiscutible de sus gobiernos, pues el alcance de tales derechos no podrá ser completo sin un entramado legal e institucional en el nivel estatal. Sin esa obra política, los grandes objetivos de la transparencia -el seguimiento puntual de los recursos y de las acciones gubernamentales- quedarían truncos.

Sostenemos que transparencia y acceso a la información son asideros importantes para concretar un nuevo compromiso de las relaciones federales en México, esto es: que las nuevas responsabilidades y obligaciones que han ganado los Estados de la República deben corresponderse con mayores recursos; en contraparte, que este mayor ejercicio presupuestal debe estar sellado por la transparencia y el acceso a la información.

Transparencia y acceso a la información serían, así, parte medular del nuevo federalismo que buscamos: un federalismo que otorgue más recursos a los gobiernos locales, un federalismo más eficiente, un federalismo con más obligaciones para todos y un federalismo vigilado, evaluado por la propia ciudadanía. Y más que eso: los Gobernadores que suscribimos esta iniciativa consideramos que el acceso a la información y la transparencia son, sobre todo, un derecho fundamental, que no puede multiplicarse ni replicarse en decenas de versiones para su ejercicio. Precisamente porque está en la base de nuestra convivencia democrática, es necesario construir un derecho, ejercido del mismo modo y con las mismas condiciones legales e institucionales por cualquier mexicano, en cualquier lugar, región, estado o municipio del país.

Para avanzar en estos propósitos que, insistimos, no son los de un partido o de un gobierno, sino genuinas tareas de la Nación para toda una generación, proponemos esta reforma constitucional que plasme obligaciones mínimas e iguales de transparencia, a ser cumplidas por todos los gobiernos del país: el federal, el estatal y el municipal.

Al aprobarse la Ley Federal de Transparencia (y no una ley general) las legislaturas y los gobiernos locales adquirieron un compromiso que no puede ser evadido: construir instituciones a la altura de la exigencia nacional.

La iniciativa que sometemos a la consideración de las soberanías estatales y por su vía, al Constituyente Permanente, busca recoger las bases de los consensos nacionales e internacionales sobre los principios mínimos indispensables en la materia y permiten a cada institución del estado, a la administración pública federal, a los otros Poderes de la Unión, a los órganos constitucionales autónomos y a las entidades federativas, construir sobre ellos las mejores condiciones para el ejercicio del acceso a la información.

De manera particular, los principios que en la materia se proponen son los siguientes:

a) Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público.

b) Acceso a la información de todos los órganos del estado y los partidos políticos.

c) Un procedimiento expedito para el acceso a la información.

d) Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos personales.

e) Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión.

f) Prueba de daño y de interés público.

g) Sanciones administrativas para los servidores públicos.

h) Obligación de proporcionar información.

i) La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

j) Protección de la vida privada...''

La idea original, expresada por los Gobernadores, es que la iniciativa fuera presentada en los Congresos de cada entidad participante en la firma, para después presentarla en el Congreso de la Unión desde los Poderes Legislativos locales.

No obstante, por iniciativa de los Diputados Federales presentes en el Segundo Congreso Nacional de Transparencia Local, Arnoldo Ochoa González del PRI, Luis Gustavo Parra Noriega del PAN y Aída Marina Arvizu Rivas del Partido Alternativa, se propuso organizar una reunión de trabajo de los Gobernadores firmantes con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el fin de exponer directamente a sus integrantes el contenido de la misma, para iniciar cuanto antes el trabajo legislativo para la reforma del artículo sexto de la Constitución.

La iniciativa de los Gobernadores, conocida como la ``Iniciativa de Chihuahua'', fue expuesta en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, bajo las siguientes bases:

La información en posesión de todos los órganos del estado y de los partidos políticos es pública,

La información gubernamental está sujeta a las reservas temporales que por razones de interés público establezca la ley;

La información que se refiera a la vida privada y los datos personales se considerará como confidencial y será de acceso restringido en los términos que fije la ley;

Un procedimiento expedito que incluya todas las posibilidades de solicitud (vía electrónica incluida) ante todos los órganos del Estado, federal, estatal y municipal, y los partidos políticos, que permita la emisión de la respuesta correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, prorrogable por una sola vez hasta por un período igual siempre que existan razones que lo motiven, para que cualquier persona solicite el acceso a la información, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización;

Un procedimiento expedito (vía electrónica incluida) para que cualquier persona solicite acceso o rectificación de sus datos personales en posesión de cualquier órgano del estado o partido político;

Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables a las solicitudes previstas en las fracciones III y IV de este artículo, que se substancie en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles y ante un organismo especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión;

Los casos de conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar reserva o confidencialidad de la información, se resolverán evaluando el daño que pudiera causar la difusión de la información o bien, acreditando causas de interés público, según sea el caso;

Se considerará como infracción grave, ocultar o negar dolosamente información pública gubernamental, para efectos de la imposición de las sanciones que establezcan las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

La obligación de todos los órganos del estado de poner a disposición del público y de mantener actualizados sus principales indicadores de gestión, así como la obligación de dichos órganos y de los partidos políticos de proporcionar información sobre sus actividades, a través de medios electrónicos, que procure una adecuada rendición de cuentas;

La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Federación y las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto, conforme a las bases que establece el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se adiciona por medio del presente ordenamiento.

4. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El 16 de noviembre de 2006, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura tomó un acuerdo para su presentación y adopción por el Pleno de la Cámara de Diputados, en el sentido de fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia. El acuerdo expone, entre otras consideraciones, el hecho de que ``Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango constitucional, obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso a la información''.

5. Aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de la propuesta de la Junta de Coordinación Política

El 28 de noviembre de 2006, se presentó y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en cuyo texto se argumenta la necesidad de la reforma al artículo sexto de la Constitución, en atención al problema de la heterogeneidad en las leyes de transparencia en México. Dice el acuerdo:

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, se adicionó el artículo 6 de la Constitución General, para consagrar el derecho a la información como una garantía individual.

2. Que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto vinculatorios como declarativos, en los que se señala el derecho a la información como un derecho universalmente reconocido e inherente a los regímenes democráticos.

3. Que el derecho a la información, en tanto garantía fundamental de toda persona, implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el derecho a escoger de entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de expresión y de imprenta; el derecho de asociación con fines informativos, así como el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna, es decir, el derecho a atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado.

4. Que ante el impulso de la sociedad y la conjunción de la voluntad en los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, se expidió en el año 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es -como su denominación lo establece- de carácter federal, es decir, que establece derechos, facultades y obligaciones exclusivamente para órganos federales.

5. Que la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha tenido resultados benéficos importantes para fomentar la eficiencia en la administración pública y la rendición de cuentas, además de constituir un mecanismo inmejorable para el combate a la corrupción y, por ende, contribuye a la construcción de un estado más democrático y justo en todos los ámbitos de gobierno.

6. Que en las entidades federativas es deseable que las legislaciones en la materia busquen establecer principios fundamentales y generales para lograr una homologación del derecho de acceso a la información y que los particulares tengan garantías en el ejercicio del mismo.

7. Que legislar y fortalecer los instrumentos y mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, otorga a los gobernados herramientas indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del estado y para evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo, además de que genera realmente una ciudadanía responsable y participativa que exige rendición de cuentas a sus gobernantes.

8. Que la protección, respeto y eficacia de un derecho fundamental requiere su fortalecimiento y revisión a la luz de las nuevas experiencias, cambio y evolución de nuestra sociedad.

9. Que a la fecha se han presentado diversas iniciativas por parte de Diputados de diversos grupos parlamentarios, a efecto de ensanchar y perfeccionar el derecho a la información, así como los instrumentos y medios para hacerlo efectivo.

10. Que en fecha reciente, Gobernadores de las principales fuerzas políticas del país han elaborado un diagnóstico y una propuesta para llevar a cabo reformas tendientes a elevar a rango constitucional obligaciones básicas e iguales en materia de transparencia y acceso a la información, misma que es coincidente con la visión que al respecto ha manifestado el órgano responsable de tutelar dicho derecho en el ámbito federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda avanzar en el análisis de las reformas que fortalezcan la garantía fundamental de derecho a la información buscando promover los consensos que permitan aprobar aquellas.

Segundo. Los distintos grupos parlamentarios manifestamos que es de considerarse la iniciativa plural en materia de transparencia y acceso a la información que han presentado a la opinión pública en días pasados en la ciudad de Chihuahua, distintos Gobernadores de varias fuerzas políticas para impulsar los entendimientos necesarios que logren el establecimiento en nuestra Norma Suprema de principios mínimos y uniformes observables en todo el territorio nacional.

6. Presentación de la Iniciativa de Chihuahua en la Cámara de Diputados

En un evento que contó con la participación de diversos sectores en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2006, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, en nombre de sus homólogos firmantes, presentó la Iniciativa de Chihuahua a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legisladores de siete fracciones parlamentarias. También asistieron al evento Comisionados y funcionarios de diez órganos de transparencia y acceso a la información pública en los Estados, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del IFAI.

En respuesta a la intervención del Gobernador de Chihuahua, el Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Diputado Emilio Gamboa Patrón , se comprometió a presentar la Iniciativa ante el Pleno de la Cámara como una propuesta plural de los integrantes de la Junta, dado que se trata de un tema que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas.

7. Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

El mismo 13 de diciembre del 2006, una comisión del IFAI integrada por el Comisionado Presidente del IFAI, la Comisionada María Marván Laborde y los Secretarios Ejecutivo y de Acuerdos del mismo Instituto, fueron invitados por el Diputado Raymundo Cárdenas Hernández , Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a una reunión que tuvo lugar acto seguido del evento celebrado por la Junta de Coordinación Política. En ella, el Diputado Cárdenas conoció la Iniciativa de Chihuahua y fue informado del acuerdo al que se arribó minutos antes con los integrantes de la referida Junta.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales expresó que se trata de ``un tema maduro, respaldado por un amplio consenso'' y que estaría atento a la presentación formal de la iniciativa y darle al tema la mayor importancia en la agenda de trabajos de la Comisión.

8. Presentación de la Iniciativa en el Pleno de la Cámara de Diputados y envío a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen

El 19 de diciembre de 2006 se presentó en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución firmada por los Coordinadores de las fracciones parlamentarias de los ocho partidos políticos, en cumplimiento del compromiso que establecieron los mismos durante la reunión de presentación de la Iniciativa de Chihuahua ante la Junta de Coordinación Política. A partir de esa fecha, la propuesta de reforma constitucional pasó de ser una propuesta de cinco mandatarios estatales a una iniciativa presentada por todas las fuerzas políticas con asiento en la Cámara de Diputados.

9. Iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Dictamen en proceso

El 21 de diciembre de 2006, la Comisión de Puntos Constitucionales celebró una reunión donde, entre otros puntos, sus integrantes analizaron la iniciativa que reforma el artículo sexto de la Constitución. Acordaron incluirla como prioridad en la agenda legislativa del próximo período de sesiones.

10. Reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales

El siete de febrero del año 2007, la Comisión de Puntos Constitucionales organizó una reunión de trabajo conjunta con la Comisión de la Función Pública y con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. A la reunión fueron invitados a exponer sus puntos de vista los Comisionados del IFAI y otros expertos nacionales, para enriquecer los argumentos con que cuentan los Diputados que realizarán el dictamen de la iniciativa. El acuerdo central de esta reunión fue la conformación de una comisión especial para elaborar una propuesta de redacción que se apegase a los principios emitidos en la Iniciativa de Chihuahua y recuperase las observaciones de los Diputados presentes y de los especialistas consultados, de tal manera que se contase con una redacción de consenso en los términos legislativos más apropiados.

La comisión de redacción estuvo compuesta por los Diputados César Camacho Quiroz (PRI), Gustavo Parra Noriega (PAN) y Victorio Montalvo Rojas (PRD).

Resumiendo: en el curso de los dos últimos meses del año pasado, la Cámara de Diputados tuvo noticia y acogió la Iniciativa de Chihuahua. Los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política de este cuerpo legislativo recibieron y retomaron en su parte medular dicha iniciativa y la presentaron formalmente ante el Pleno. En el mismo momento de la recepción de la propuesta de los cinco mandatarios estatales, los legisladores expresaron su acuerdo general con los principios que contiene y fueron concientes de la importancia política de hacerla suya en los términos en que fue formulada, dejando la tarea de perfeccionar su contenido al trabajo legislativo de las comisiones responsables de su dictamen. Es decir, la presentación ante el Pleno se hizo cargo del valor que tenía la iniciativa al provenir de cinco mandatarios de la República, al mismo tiempo que reconocía la necesidad de mejorarla desde el punto de vista de la técnica legislativa.

Las razones que explican la nueva expresión de la iniciativa motivo de este dictamen, obedecen a razones de orden técnico constitucional y al debate que se generó entre los legisladores y expertos, que permitió mejorar el texto originalmente propuesto¹⁰. De ahí la necesidad y conveniencia de formar una comisión redactora que asumiera la tarea de perfeccionar el texto de la Iniciativa.

IV. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada ante esta soberanía tiene indudables méritos y una enorme importancia política por venir de cinco mandatarios estatales y por su pluralidad política. No obstante, una revisión técnica cuidadosa y las diversas contribuciones de los Diputados que integran las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública permitieron enriquecer y precisar el alcance de la reforma que ahora se dictamina.

La redacción que ahora se propone busca ser más concisa y ordenada, respeta la secuencia natural del párrafo inicial del artículo sexto constitucional que no se modifica, y separa con mayor precisión los principios de las bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

La nueva versión incluye de un modo explícito y congruente las bases principales para el funcionamiento de los mecanismos clave para la publicidad de la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal y municipal. Como ya se expuso, la necesaria definición y correcta operación de estas bases será decisiva en las entidades federativas con mejores prácticas en la transparencia y el acceso a la información.

Así pues, cabe destacar que la adición buscada en el texto del artículo sexto constitucional tiene una implicación de grandes consecuencias para el país, a saber: consolidar la idea de que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe ser reconocido en la Constitución como una garantía de los individuos frente al estado mexicano en todos sus niveles, poderes, órganos y entidades.

De manera oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública lo planteó de otro modo: la reforma constitucional al artículo sexto trata de:

``...impulsar una idea central del desarrollo institucional de México: que el acceso a la información es un valor que está por encima de los intereses particulares, de instituciones, funcionarios y personas morales; que el acceso es un bien público y por lo tanto, cuenta con una tutela privilegiada en nuestro edificio legal. Es decir: que pertenece y debe pertenecer a la Constitución''

El texto que ahora se dictamina, con base en la propuesta elaborada por los cinco mandatarios firmantes de la Iniciativa de Chihuahua, y luego asumida y planteada por los ocho Coordinadores Parlamentarios de la LX Legislatura, concentra un espíritu federalista y democrático inocultable: se trata de reconocer un derecho de todos los mexicanos y que el mismo derecho y la misma regla democrática impere en todo el territorio nacional, sin excepciones, pero sin menoscabo de las soberanías estatales ni de la autonomía de los poderes o de las instituciones.

PRINCIPIOS Y BASES

La iniciativa que se dictamina, surge de un análisis pormenorizado y exhaustivo de una problemática nacional que no debemos aceptar: luego de cuatro años de marcha de las leyes de transparencia y acceso a la información, se ha cristalizado una heterogeneidad manifiesta y perjudicial de los cimientos para el ejercicio del derecho, que contienen diversas leyes, tanto federal como estatales.

Y la iniciativa surge también de la lectura de estudios académicos comparados en torno a los principios nacionales e internacionales consagrados y las mejores prácticas gubernamentales en el mundo. Así, dado el avance del conocimiento y una problemática ostensible, se busca establecer un mínimo a nivel nacional que garantice un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

La adición de un nuevo párrafo al artículo sexto constitucional sigue, en términos generales, el esquema que contiene el artículo 41 del mismo ordenamiento en materia electoral: la Constitución establece los estándares mínimos que deben organizar la materia, dejando a la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, la capacidad para establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen la efectividad del sufragio, en un caso, y el ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en el otro. Así, se permite que esos órdenes de gobierno pueden y deben precisar lo conducente (incluso ampliarlo), ya sea en la legislación vigente o en aquélla que en su momento deberán reformar o expedir, de forma tal que expresen mejor las condiciones específicas aplicables a cada una de ellas.

Es importante destacar que se trata de garantizar sin evasivas un derecho fundamental y que por tanto, corresponde a las legislaturas, federal y estatales, el desarrollo del contenido de esas leyes. Este dictamen parte de la convicción inequívoca de que en materia de acceso a la información pública, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo establecido por esta Constitución y a las leyes locales que se expidan para tal efecto. Inequívocamente: se busca establecer un mínimo a nivel nacional que haga congruente, coherente y no contradictorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Es de hacerse notar que en esta materia, los procedimientos resultan decisivos, y por eso la redacción no podía limitarse, solamente, a una enunciación ortodoxa de los principios. En los requisitos para solicitar información, en el costo de la reproducción de los documentos, en la falta de medios electrónicos para consultar a los gobiernos, en la inexistencia de autoridades que corrijan a otras autoridades y garanticen la apertura informativa, en la ausencia de plazos perentorios para entregar la información, etcétera, se ha jugado la vigencia práctica --o la inutilidad y el fracaso- de las distintas leyes de transparencia en México. Por eso, resultaba obligado colocar en los mínimos constitucionales, también a los mecanismos y procedimientos indispensables.

Como se detalla adelante, las tres primeras fracciones contienen los principios fundamentales que dan contenido básico al derecho. Por su parte, las fracciones cuarta, quinta y sexta desarrollan las bases operativas que deberán contener las leyes en la materia para hacer del derecho una realidad viable, efectiva y vigente.

LOS PRINCIPIOS

1) Fracción primera. Contiene el principio básico que anima la reforma, toda la información en posesión de los órganos del estado mexicano es pública. Se rompe así, radicalmente, con las concepciones patrimonialistas o cerradas de la información, y se confirma un principio democrático básico, que consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.

Por tratarse de la constitucionalización de un derecho fundamental, resulta muy importante precisar quiénes son los sujetos obligados para quienes jurídicamente se hace exigible la facultad de informar. Puede afirmarse que este comprende a todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos federal, estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública federal, estatal o municipal.

Para evitar una redacción demasiado compleja en el texto constitucional, se convino que la frase ``cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal'', comprendía todo el universo de los sujetos obligados.

Es necesario puntualizar que el sentido de la reforma al incluir el término ``entidades'' no se refiere a todas aquellas que están contenidas en la Constitución, ya que es voluntad de esta Legislatura que se incluyan para la interpretación de dicho término, aquellas del sector paraestatal contenidas en la Constitución, tales como organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Dejando claro que no se refiere a entidades de interés público a las que hace mención el artículo 41 de la Constitución, toda vez que ya están reguladas por ésta y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El término posesión, al que se refiere la fracción primera del dictamen, parte del hecho de que toda la información que detente un servidor público, ya sea por que generó el mismo o porque recibió de otra institución, organización o particular, debe considerarse como información pública y por lo mismo debe estar a disposición de todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinen por causa de interés público o la relativa a datos personales.

Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite algunas excepciones¹⁵. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse de manera temporal. Este es, por ejemplo, el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes.

Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de manera restringida y limitadas, es decir su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesario para la protección de un interés público preponderante y claro. Por ello, tienen una naturaleza temporal y bien circunscrita que deberá establecer con precisión la ley secundaria. Adicionalmente, el único órgano con capacidad y legitimado para establecer esas limitaciones es el Poder Legislativo. En este sentido, la iniciativa establece una reserva de ley que impide que órganos distintos al legislativo puedan ampliar el catálogo de excepciones.

Finalmente, la fracción primera establece un principio de interpretación en el sentido que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Es un precepto que se deriva lógicamente del principio de publicidad de la información gubernamental. Por eso, las excepciones deben ser aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación. En la práctica pueden suscitarse dudas legítimas sobre el alcance de las excepciones. Por ello, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda razonable, optar por la publicidad de la información. En ese sentido, la interpretación del principio establecido en la fracción I de la iniciativa que se dictamina implicará que los sujetos obligados, en el caso de duda entre la publicidad o reserva de la información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma.

2) La fracción segunda. En ella se establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los datos personales.¹⁷ La primera se refiere al ámbito de privacidad de las personas respecto de la intervención tanto del estado como de otros particulares. Los datos personales, en cambio, son una expresión de la privacidad.

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho. Así es perfectamente posible considerar que cierta información privada o datos personales, que adquieran un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos que al efecto determine la ley. Este es el caso, por ejemplo, de los registros públicos de la propiedad, de los salarios de los funcionarios públicos o bien de la regulación del ejercicio del consentimiento del titular de la información para que esta pueda ser divulgada. En otras palabras, existen circunstancias en que, por ministerio la ley, los datos personales podrán ser divulgados sin el consentimiento del titular.

En otros casos, la ley deberá prever la posibilidad de que, algunos datos personales, puedan ser divulgados cuando un órgano jurisdiccional o administrativo determine que existen razones particulares que justifiquen su divulgación, previa garantía de audiencia del implicado. De cualquier forma, las autoridades deberán realizar una cuidadosa ponderación que justifique el hecho de que una información que pertenece al ámbito privado, puede ser divulgada por así convenir al interés público.

3) Fracción tercera. Se establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información, y de acceso y rectificación de datos personales, no pueden estar condicionados; no se debe requerir al gobernado identificación alguna, ni acreditación de un interés y tampoco justificación de su posterior utilización. No se puede por ello establecer condiciones que permitan a la autoridad, de manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información. En todo caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a otras leyes.

En consecuencia, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de estos derechos implica, en el caso de información, que la calidad de pública o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la solicite (sujeto), sino a la naturaleza de aquélla (objeto), y en el caso de datos personales, únicamente se requerirá acreditar la identidad de su titular para su acceso y la procedencia de su rectificación, en su caso. Esta hipótesis procede tanto en el ámbito de los órganos públicos como de aquellos privados que manejen datos personales.

La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación de los datos personales. Resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información.

LAS BASES

4) Fracción cuarta. A partir de esta fracción, se desarrollan las bases operativas que deberán desarrollar las leyes para el ejercicio del derecho. El primer aspecto es el desarrollo de mecanismos de acceso que permitan a cualquier persona realizar y obtener de manera expedita el acceso a la información, a sus datos personales o la rectificación de estos últimos. Por otro lado, ante la eventual negativa de acceso o la entrega de información incompleta, por ejemplo, las leyes deberán desarrollar un mecanismo de revisión, también expedito, ante un órgano u organismo especializado y con ciertas características que se detallan adelante.

Es importante hacer notar que el procedimiento de acceso y rectificación de datos personales presenta una diferencia fundamental con el de acceso a la información, y es que la única persona legitimada para acceder o para rectificar sus datos personales es el titular de los mismos o su representante legal.

4.1.) Los órganos garantes. La fracción IV dispone también el establecimiento de procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales que gocen de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. La experiencia nacional e internacional en materia de acceso a la información muestra que existen múltiples razones por las cuales un sujeto obligado puede negar el acceso a la información solicitada, o bien el acceso o la modificación de registros con datos personales. Ello obliga a la implementación de procedimientos ágiles de revisión de las decisiones, que incluyan, al igual que en el caso de solicitudes de acceso, la promoción del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos.

Aunque existen varios modelos para lograrlo en otras partes del mundo, si nos atenemos a la experiencia mexicana y sus resultados de los últimos años, puede afirmarse que resulta absolutamente crucial la existencia de organismos especializados en la materia y cuyas resoluciones sean vinculantes para los sujetos obligados.

Estos órganos u organismos deben de reunir ciertas características. Una primera es la especialización, que garantiza que los tomadores de decisión tendrán el conocimiento especializado necesario para valorar adecuadamente los casos que se presenten. El segundo elemento, no menos importante, es la imparcialidad, que busca asegurar que tanto en la integración como en la operación, los órganos u organismos no responderán a consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad y que actuarán de manera profesional y objetiva.

Para lograrlo, la reforma establece que los órganos gozarán de tres autonomías, orientadas a garantizar estas cualidades: operativa que consiste en la administración responsable con criterios propios; de gestión presupuestaria que se refiere a la aprobación de sus proyectos de presupuesto, ejercer su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia sujetandose a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes, autorizar adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto, en caso de disminución de ingresos, atendiendo a sus competencia conforme a la Ley, y finalmente la de decisión, que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio independiente debidamente fundado y motivado, al margen de las autoridades en turno.

Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organismo. Esto no fue casual: responde a una distinción técnicamente importante. Los organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e independencia. El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos a los denominados organismos constitucionales, así como a los organismos descentralizados, constituidos en el ámbito de la administración pública.

Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública, no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota de facultades para su actuación y decisión, asimismo imparcial.

En este sentido, la Constitución otorga a las legislaturas una flexibilidad suficiente para que creen un diseño institucional que puede adoptar diversas modalidades, sea a través de la creación de organismos autónomos que tengan competencia sobre todos los poderes y autoridades (situación que ya existe en algunas entidades federativas) o bien dejar que algunos de los poderes en la Federación creen sus propios órganos para sustanciar los recursos de revisión. La condición crucial es que estos órganos u organismos reúnan las características señaladas en la iniciativa: especialización, imparcialidad y autonomía operativa, de gestión presupuestal y de decisión.

La intención de colocar el imperativo de imparcialidad como característica absolutamente obligada de los órganos u organismos que resuelvan las controversias y garanticen el derecho de acceso a la información, es doble: por una parte, se trata de que la integración de dichas instancias tenga lugar a través de un procedimiento abierto y transparente, mediante el cual la institución alcance la mayor independencia en relación con los sujetos obligados y el gobierno de que se trate.

Imparcialidad también en su funcionamiento, a través del compromiso inequívoco con la apertura de las acciones gubernamentales y de la aplicación constante del principio de máxima publicidad en la resolución de diferendos. En todo caso, la objetividad en su trabajo, la autonomía de sus decisiones y la aplicación constante de los principios de apertura, han de configurar la acción de las instancias que se crearán al amparo del artículo sexto.

En todo caso, se trata de contar con instrumentos jurídicos, institucionales, humanos y materiales, para poner en el centro de la vida pública, lo mismo en la Federación que en los Estados, al tema de la transparencia en la vida pública. La indicativa garantiza que la ciudadanía, sin distingos, cuente con autoridades especializadas que en plazos perentorios se pronuncien sobre la publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada. Dichas instituciones se crean no sólo para hacer especialmente expedito el uso del derecho a la información sino también para crear la atención entre la ciudadanía en torno a sus resoluciones y con su empeño en generar una pedagogía social que construya una cultura de la transparencia entre ciudadanos y funcionarios con la aplicación cabal del principio constitucional de máxima publicidad de la información pública gubernamental.

Debe reconocerse que la iniciativa originalmente preveía que las respuestas a la solicitudes de acceso y la resolución de las controversias que se susciten, tendrían que formularse en veinte y en cuarenta días hábiles, respectivamente. La discusión de los Diputados arrojó que no resultaba conveniente establecer en la Constitución tales plazos. No obstante, se determinó que en todo caso dichos procedimientos serían siempre expeditos. De esa forma, tanto la Federación como cada entidad federativa podrán precisar en sus leyes los plazos aplicables dentro del marco de referencia antes señalado, es decir, dentro de un marco expedito. En caso de controversia, corresponderá al Poder Judicial de la Federación, a través de la interpretación jurisdiccional, determinar cuando un procedimiento tiene este carácter.

Asimismo, no debe olvidarse que, por diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el Poder Judicial de la Federación.

5) Fracción quinta. Esta parte de la iniciativa supone una política de estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello no se limita a colocar la obligación para todos los órganos e instancias del estado, de entregar la información gubernamental previa solicitud de un particular, sino que da un paso más allá: establece que todos ellos deberán proporcionar a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos sus principales indicadores de gestión, así como información sobre sus actividades que procure una adecuada rendición de cuentas.

El derecho de acceso a la información está íntimamente vinculado con los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, pero no deben confundirse. Podemos por ejemplo, imaginar un sistema de círculos concéntricos. Al centro se encuentra el ``derecho de acceso a la información'' que es un derecho fundamental y supone la potestad del ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación correlativa de éstas de responderle. El segundo círculo corresponde a la transparencia, que incluye el derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio pues implica una política pública que busca maximizar el uso público de la información y que debería proveer las razones que justifican una acción o decisión determinadas. Un tercer círculo, más amplio, es el de la rendición de cuentas. Como explicamos, incluye a la transparencia pero contiene una dimensión adicional, que es la sanción como un elemento constitutivo. Finalmente todo se da en el marco de las instituciones de la gobernanza democrática.¹⁹

Con tales condiciones se cumple con uno de los postulados básicos del derecho de acceso a la información que supone la obligación de los órganos e instancias del estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados.

Con frecuencia se ha entendido que el objeto fundamental del derecho de acceso a la información se limita a una supervisión de gasto público. Sin duda este es un aspecto crucial pues supone el control ciudadano de la actividad gubernamental a partir del ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo esta iniciativa va más allá pues si bien comprende sin lugar a dudas el acceso a la información sobre los recursos públicos, es inclusiva de toda la actividad gubernamental, no solo aquella ligada directamente al ejercicio de los recursos públicos. Comprende así, por ejemplo, una cabal rendición de cuentas de la actividad legislativa y judicial, de los objetivos y planes gubernamentales o de la razones de las decisiones de gobierno.

Esta condición amplía el ejercicio de rendición de cuentas al que están obligados los órganos e instituciones del estado, así como sus servidores públicos; se avanza en la transparencia y rendición de cuentas de la actuación gubernamental, al establecer como obligación la publicación de información pública que los particulares puedan obtener de manera directa y sin mediar solicitud alguna.

La misma fracción apunta a otro elemento central en la posibilidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la información, y es que los sujetos obligados cuenten con archivos administrativos actualizados y confiables. En esta materia resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información permiten hoy concebir a los archivos, ya no como meros depositarios de documentos, sino como auténticos sistemas de gestión documental que además pueden producir información útil, en cualquier momento, para la propia organización administrativa e incluso, para la toma de decisiones. La federación y las entidades federativas podrán así generar las leyes necesarias, y los municipios los reglamentos de archivos indispensables, para darle vigencia al derecho de acceso a la información.

En resumen: esta iniciativa establece de manera específica la obligación de los órganos e instituciones del estado de contar con archivos administrativos, que documenten sus actividades, faciliten una mejor gestión y finalmente aseguren una adecuada rendición de cuentas y la localización fácil y expedita de los documentos que se soliciten.

6) Fracción sexta. La fracción VI de la iniciativa que se dictamina, establece que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, estas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada, por lo que se considerarían incluidos las propias autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y municipales, los partidos políticos y otras instituciones de interés público, así como organizaciones no gubernamentales, sociedades, asociaciones y fundaciones entre muchos otros.

Lo anterior implica que la transparencia del ejercicio de los recursos públicos se extiende en algunos casos -mismos que determinarán las leyes específicas- a las personas físicas o morales, a quienes son entregados los recursos públicos. Si bien dichas personas no se consideran sujetos obligados, la entrega de recursos públicos las sujeta a entregar informes y documentación comprobatoria por cuanto hace al uso y destino de los recursos públicos con los que se vieron beneficiados. Esto permite que el sujeto obligado esté en condiciones de rendir cuentas sobre el otorgamiento que hizo con los recursos públicos.

Por otro lado, esta disposición establece una base constitucional para que la Federación y las entidades federativas, a través de sus órganos e instituciones, regulen los informes y documentos que las personas físicas o morales que reciban recursos públicos, deben presentar para efectos de transparencia y rendición de cuentas.

En este punto, vale la pena recordar que la Iniciativa de Chihuahua y la firmada por los ocho Coordinadores Parlamentarios comprendía a los partidos políticos como sujetos obligados. La inclusión de estas entidades de interés público llevaba, inevitablemente, a la necesidad de enumerar con toda precisión una gran cantidad de figuras, poderes, entidades, órganos u organismos que forman parte del gobierno mexicano o que dependen de él para su financiamiento o funcionamiento, tarea que sería imposible o inadecuado desarrollar desde la Constitución, pues la omisión de alguna figura daría pie a relevarla de las obligaciones de acceso a la información y la transparencia, o en su caso, incorporaría al derecho de acceso a la información a otros entes no necesariamente susceptibles a convertirse ahora en sujetos obligados de este derecho (por ejemplo los sindicatos o las corporaciones privadas).

En este sentido, la iniciativa reconoce que la obligación de rendir cuentas y supervisar el adecuado uso del gasto público corresponde a los sujetos obligados, a través de los diversos mecanismos que establezcan las leyes. En este contexto, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido con claridad que el Instituto Federal Electoral, quien es un sujeto obligado, está en capacidad de requerir obligatoriamente a los partidos políticos información que le haya sido requerido por los particulares aún cuando no obre en los archivos del IFE.

De esta manera, la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pública o de interés público. Significa que las leyes que las regulan (por ejemplo el Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los partidos políticos; la Ley de Entidades Paraestatales en el caso de los fideicomisos que cobran forma de institución, la Ley de Instituciones de Crédito en el caso de los fideicomisos bajo la forma de contratos, o la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social realizadas por Organizaciones Civiles) deben desarrollar y traducir, en sus peculiaridades especificas, las bases mínimas constitucionales que se proponen con la adición.

7) Fracción séptima. Esta fracción establece que la inobservancia a las disposiciones contenidas en las leyes en la materia, será sancionada en los términos que dispongan los ordenamientos correspondientes. Por ello, esta iniciativa propone que las legislaciones federal y estatales, regulen y definan las conductas de los servidores públicos que ameriten sanción, así como las autoridades a cargo de su aplicación, como el ocultamiento o la negativa dolosa de la información gubernamental, o bien, dar a conocer datos personales a persona distinta de su titular. La iniciativa quiere evitar la generalización de leyes imperfectas cuyo incumplimiento no tiene consecuencias; al contrario, se trata de que las autoridades del estado mexicano asuman con pleno conocimiento, los valores de la transparencia y del acceso a la información.

8) Transitorios. El artículo segundo transitorio establece un plazo de un año para que la Federación y las entidades federativas expidan nuevas leyes o reforman las existentes para adecuarlas al nuevo texto constitucional. Este plazo parece razonable si se considera que todos los Estados cuentan ya con una ley, y que es previsible -luego de la aprobación de la presente reforma- que exista un plazo suficiente para la modificación de la legislación. En todo caso, el incumplimiento de este plazo permitiría a los particulares ejercer directamente su derecho, a través del juicio de garantías como resultado de la omisión legislativa.

El artículo tercero transitorio tiene una especial relevancia. La gran aportación mexicana al derecho de acceso a la información es la construcción de un sistema electrónico de solicitudes de información que ha posibilitado la presentación de más de 185 mil solicitudes de información en los primeros tres años y medio de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. No se trata solamente de un ``correo electrónico'', sino de un sistema integral que facilita la comunicación entre el ciudadano y las autoridades, que contabiliza los plazos perentorios establecidos en la ley, que permite la entrega de información de manera expedita y sencilla y que abarata los procedimientos. El sistema hace, por otro lado, público, para todos, los contenidos de las solicitudes y sus respectivas respuestas, al tiempo que permite al ciudadano entrar en contacto con el órgano resolutor en casos de controversia y conocer, por los mismos medios, la decisión de la autoridad especializada respecto de la publicidad, la reserva o la confidencialidad de la información solicitada.

Costos de transacción demasiado altos en solicitudes de información, tanto para el solicitante como para el funcionario público, pueden acabar frustrando la implementación y generalización del derecho. Trasladarse hasta la ventanilla de la oficina gubernamental (en muchas ocasiones trasladarse hasta la capital del estado), esperar la atención del personal, entregar o mostrar copia de la identificación, aguardar días para regresar a la oficina pública y solventar los costos de una reproducción documental, hace muy complejo y engorroso un trámite que debería, y de hecho puede, ser expedito, gratuito y sencillo gracias a la tecnología disponible, especialmente el internet. Facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que este dictamen también considera relevantes.

Ciertamente, alrededor del 20% de la población mexicana tiene hoy acceso a Internet. Sin embargo, ello no es óbice para que se introduzca un sistema al que más y más ciudadanos podrán sumarse en la medida en que accedan a este tipo de instrumentos de comunicación. En todo caso, la obligación de implementar el sistema electrónico no excluye, ni mucho menos, las otras formas de solicitudes: personalmente, en la ventanilla de las dependencias, por vía postal ó a través de un representante legal.

Por otra parte, debe ser enfatizado que la existencia de un sistema electrónico de solicitudes de información materializa un principio básico del derecho a la información: no importa quién solicita la información, ni para qué quiere la información, sino si la información solicitada debe o no debe ser pública. En un sistema electrónico se vuelve imposible la exigencia de identificación al solicitante, es imposible que acredite formalmente su personalidad, ya que su identidad es a todas luces irrelevante, e impracticable para efectos de la Ley y de la tecnología asociada. El sistema electrónico facilita y potencia el uso del derecho pues, entre otras cosas, concibe la identidad del solicitante como un dato clara e inequívocamente insignificante.

Otra cuestión de la mayor relevancia para el ejercicio del derecho de acceso a la información en los municipios del país, queda resuelta en este artículo, el cual contempla un plazo de dos años posterior a la entrada en vigor del decreto que modifica el artículo sexto de la Constitución, para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con sistemas remotos de acceso a la información pública gubernamental.

La determinación de la cifra poblacional no es aleatoria: los municipios o demarcaciones territoriales con 70 mil habitantes o más, concentran el 65 por ciento de la población nacional. Este umbral permite incluir a todas las capitales estatales del país, comenzando por la menos poblada, Tlaxcala. Se busca con ello que la mayoría de los mexicanos pueda igualar las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información y transparencia frente a sus gobiernos, sin que esto signifique desconocer las realidades y las imposibilidades tecnológicas de los ayuntamientos más pobres de México, que lo son, casi siempre, por su escasa concentración demográfica.

Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el derecho de acceso a la información estaría abriendo otra posibilidad democrática muy importante para el México moderno: el derecho de todos los habitantes a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de estas para garantizarlo.

En síntesis, la iniciativa que se dictamina supone una política de estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON VII FRACCIONES AL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

Notas:

1 Véase Ferrajoli, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Editorial Trotta. Madrid, 2006. p. 46.

2 Carbonell, Miguel. ``El derecho de acceso a la información como derecho fundamental'', en López Ayllón (coord), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, IFAI-IIJ UNAM, México, 2006. pp. 3-18)

3 También es relevante mencionar la Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública del 31 de julio de 2002, auspiciada por la UNESCO, que considera que el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública: 1) es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa; 2) contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública; y 3) garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público.

4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P. LXXXIX/96, p. 513

5 Para una revisión completa de la evolución de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia puede consultarse el trabajo del Ministro José Ramón Cossío Díaz (2002): El derecho a la información y los medios de comunicación en las resoluciones del poder judicial de la federación (1969-2001), México, Documentos de trabajo del Departamento Académico de Derecho del ITAM. También puede verse México. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2000): El derecho a la información, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación (serie Debates) y López Ayllón, Sergio. Democracia y acceso a la información, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2005.

6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Pleno. Novena Época. Tomo XI, abril de 2000, Tesis P. XLV/2000, p. 72.

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Tomo IX, abril de 2000, p. 72. (verificar con Ciscomani)

8 En el análisis de la iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo Federal el 30 de noviembre de 2001, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública retoman la idea de que la Ley sólo regula una de las vertientes del derecho de acceso a la información, es decir la de acceso a la Información del estado, citando al Ejecutivo de la siguiente forma: ``El iniciador reconoce que la falta de definición precisa sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, impidió que se legislara en la materia. Para precisar el alcance de la propuesta, el Ejecutivo apunta que esta Ley regula sólo una vertiente del derecho a la información, la que corresponde al acceso a la información del Estado''. Véase, Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en la Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 985-1 de fecha martes 23 de abril de 2002.

9 Existen varios esfuerzos realizados principalmente por organizaciones no gubernamentales para evaluar la aplicación de las leyes de acceso, tanto a nivel federal como estatal. Todas ellas muestran diferencias y asimetrías importantes tanto en la calidad normativa como en la práctica. Entre otros puede verse Villanueva, Ernesto, Gómez Perla y Pacheco, Carolina, Derecho de acceso a la información pública en México. Indicadores legales, México, LIMAC/UCEM/Innovación México/Centro Universitario de la Ciénega/USAID, 2005; Guerrero Gutiérrez, Eduardo y Leticia Ramírez de Alba Leal. ``La transparencia en México en el ámbito subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales'' en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario., Sergio López Ayllón (coord), México, UNAM/IFAI, 2006, pp. 81-126; Merino, Mauricio. ``Muchas políticas y un solo derecho'' en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario., Sergio López Ayllón (coord), México, UNAM/IFAI, 2006, pp. 127-156; Cepeda, Juan Antonio y Noriega, Guillermo. ``A prueba los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a un año de su funcionamiento'' en El derecho de acceso a la información en México: un diagnóstico de la sociedad, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 2004, pp. 67-89; López Ayllón, Sergio, Arellano, David y Merino Mauricio, Estudio en materia de transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. México, CIDE-IFAI, 2007.

10 En particular la exposición de cuatro Comisionados del IFAI y del grupo de expertos ante las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y un grupo de Senadores, celebrada en San Lázaro el 6 de febrero de 2007 y el Foro denominado ``La Transparencia a la Constitución'' en la Universidad Iberoamericana el 30 y 31 de enero

11 En particular la exposición de cuatro Comisionados del IFAI y del grupo de expertos ante las Comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y un grupo de Senadores, celebrada en San Lázaro el 6 de febrero de 2007 y el Foro denominado ``La Transparencia a la Constitución'' en la Universidad Iberoamericana el 30 y 31 de enero.

12 ``Posición institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante la Iniciativa de Chihuahua y el proceso de reforma constitucional emprendido por la Cámara de Diputados'', Comunicado de prensa, IFAI. 10 de enero de 2007.

13 Merino, Mauricio, Muchas políticas y un solo derecho, en López Ayllón (coord.), Democracia Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario IFAI-IIJ UNAM). 2006, pp. 128, 129

14 La Convención Americana de Derechos Humanos establece los principios de excepción a las libertades en su artículo 32.2: ``Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática''.

15 La Convención Americana de Derechos Humanos establece los principios de excepción a las libertades en su artículo 32.2: ``Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática''.

16 Véase, Garzón Valdéz Ernesto. Lo íntimo, lo privado, lo público. Cuaderno de Transparencia num. 6. IFAI, México 2005.

17 Véase, Garzón Valdéz Ernesto. Lo íntimo, lo privado, lo público. Cuaderno de Transparencia num. 6. IFAI, México 2005.

18 López Ayllón, Sergio. La Constitucionalización del derecho de acceso a la información, en Democracia, Transparencia y Constitución. IFAI-IIJ UNAM, 2006.

19 López Ayllón, Sergio. La Constitucionalización del derecho de acceso a la información, en Democracia, Transparencia y Constitución. IFAI-IIJ UNAM, 2006.

20 Tal y como señalan Ricardo Becerra y Alonso Lujambio en ¿Porqué constitucionalizar?, en López Ayllón, ibid. pp. 173-197

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), secretaria; Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria; Carlos A. Biebrich Torres, secretario; José Luis Reyna García (rúbrica), secretario; Mónica Fernández Balboa (rúbrica), secretaria; Patricia Castillo Romero (rúbrica), secretaria; Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretario; César Camacho Quiroz (rúbrica), Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Felipe Borrego Estrada , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), José Luis Espinosa Piña , Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas , Rosario I. Ortiz Magallón, Salvador Ruiz Sánchez , Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Juan Francisco Rivera Bedoya , Víctor Samuel Palma César , Raúl Cervantes Andrade , Erika Larregui Nagel .

Por la Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José G. Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús E. Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Alcántara Hernández, Alma Edwviges Alcaraz Hernández , Jesús Arredondo Velázquez , María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras , Arturo Flores Grande , Víctor H. García Rodríguez, Javier Guerrero García (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero , Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras , María Elena Torres Baltazar (rúbrica).»

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido en este momento a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 468 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULO 6o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para fundamentar el dictamen se han inscrito el diputado Raymundo Cárdenas Hernándezy el diputado Benjamín Ernesto González Roaro. Para la discusión en lo general están inscritos las diputadas y diputados Manuel Cárdenas Fonseca, Aída Marina Arvizu Rivas, Silvano Garay Ulloa, Patricia de Jesús Castillo Romero, Érika Larregui Nagel, César Camacho Quiroz, Victorio Rubén Montalvo Rojasy Luis Gustavo Parra Noriega.

Esta Presidencia saluda la presencia distinguida del comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, y de la comisionada María Marván Laborde.

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Raymundo Cárdenas Hernández , hasta por cinco minutos.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández:Gracias, Presidente; compañeras y compañeros: el día de hoy presentamos a este Pleno el producto o el primer producto de la voluntad de acuerdo, de la voluntad política de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública. Esperamos encontrar la misma voluntad política en el Pleno, votando a favor de la reforma constitucional que presentamos.

Les quiero decir que hace 30 años ya se llevó a la Constitución el derecho a la información, ésa fue una parte de la reforma política que en el sexenio de José López Portillo se impulsó, sobre todo por su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Ésa era una reforma política que intentaba, entre otras cosas, abrir la puerta de la izquierda a la legalidad electoral del país.

Evidentemente, la reforma política no solamente previó la manera de que el Partido Comunista y otros partidos de izquierda tuvieran su registro, sino que también había la preocupación de que una democracia no puede prosperar sin una ciudadanía madura, sin una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones y especialmente una ciudadanía bien informada.

Por esa razón, cuando se presentó en un discurso en Chilpancingo, en la reforma política se hablaba de la necesidad de preservar y desarrollar la expresión de la pluralidad política de los mexicanos. También se planteaba la preocupación de permitir el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de comunicación.

Así pues, la primera acepción de este derecho a la información estaba referida a medios de comunicación y a su responsabilidad social, especialmente la responsabilidad de entregar información objetiva a los mexicanos y de permitir que la pluralidad de voces de los mexicanos se expresara en todos los medios de comunicación.

Sin embargo, eso no pudo desarrollarse. López Portillo llegó a decir, al final de su sexenio, que no hubo una reforma o una ley reglamentaria de este derecho, porque ``no le encontraron la cuadratura al círculo''. Lo cierto es que los medios de comunicación ya entonces eran muy poderosos y no admitieron ningún tipo de reglamentación de este derecho a la información.

No fue sino en este principio de siglo que el derecho a la información tuvo una connotación distinta, que es la que hoy estamos continuando y, yo diría, completando, que es la obligación del Estado de entregar toda la información a su disposición a los ciudadanos.

Es evidente que la Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó en el sexenio pasado fue un avance muy importante. Sin embargo, no fue acompañada de un desarrollo homogéneo en todo el país, y hoy tenemos legislaciones estatales muy buenas, pero también algunas que sólo son una simulación.

Por esa razón, las reformas que hoy estamos proponiendo son muy oportunas y simplemente les quiero decir que, si aprobamos estas reformas, el párrafo, agregar un párrafo y las siete fracciones, así como tres transitorios, vamos a propiciar el desarrollo de una legislación en todas las entidades de la República que permitan que todos los mexicanos ejerzan a plenitud este derecho, el derecho a tener acceso a la información pública.

Compañeras y compañeros, yo quiero simplemente decirles que la Comisión de Puntos Constitucionales está trabajando fuerte. Esperamos traer pronto otros productos; y termino felicitando a mis compañeros, a mis compañeras de la Comisión de Puntos Constitucionales, también a los de la Función Pública. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raymundo Cárdenas. Tiene la palabra para fijar posición el diputado Benjamín Ernesto González Roaro, para fundamentar el dictamen.

El diputado Benjamín Ernesto González Roaro:Gracias, señor Presidente, y con su permiso: en nombre de los diputados que integran la Comisión de la Función Pública de esta LX Legislatura, vengo a fundamentar el dictamen que se les ha presentado.

Como ustedes recordarán, en el año 2002, cuando esta soberanía discutió y aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las fuerzas políticas del país aquí representadas sentimos que se estaba dando paso a una nueva etapa en la historia política y administrativa del país. Una etapa definida por la existencia de una nueva relación de confianza entre las instituciones públicas y nuestra sociedad, construida sobre los pilares de la transparencia en la gestión pública, el pleno acceso a la información gubernamental y la certeza jurídica basada en el respeto del espíritu y la letra de la nueva ley.

Sabíamos entonces que para atravesar por el natural proceso que va del diseño y la aprobación de esta ley a su pleno cumplimiento por parte del entorno institucional del país, tendríamos que generar y consolidar una nueva cultura de lo público basada en la confianza de los ciudadanos ante la acción gubernamental; confianza que gradualmente fuera dejando atrás el tradicional escepticismo y el recelo con que los mexicanos asumían su relación con las autoridades gubernamentales del país.

La ciudadanía ha luchado por acceder a la información de algunos de los ámbitos más estratégicos del quehacer gubernamental; ámbitos importantes no solamente para la construcción de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sino para preservar la salud y el buen estado de las instituciones públicas del país y para contribuir a la estabilidad general del sistema político.

En menos de cinco años se cuenta con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, así como con 32 leyes correspondientes a las entidades federativas. Es un avance no menor si se compara con lo que existía antes de 2002; no obstante, se puede decir también que se advierte una peligrosa asimetría que desnaturaliza y deja aún incompleto el derecho a conocer.

Por esa razón, gobernadores de distintos partidos promovieron la iniciativa, el punto de partida fue la Declaración de Guadalajara, en 2005, que culminó con la denominada Iniciativa de Chihuahua, en la que un grupo de cinco gobernantes locales de distinto origen partidista antepusieron sus preferencias políticas por el interés superior del país.

La Iniciativa de Chihuahua tiene una legitimidad a toda prueba, pero susceptible de mejorar en técnica legislativa como toda obra humana y ha sido esta técnica legislativa incorporada en el dictamen que hoy se presenta.

La distancia que separaba una redacción principista mínima a la de una redacción prolija con toques reglamentarios se ha acortado y diputados de las ocho fuerzas políticas aquí representadas hemos hecho equipo con juristas y académicos de sobrado prestigio para generar consensos, para llegar a un común denominador que, por un lado, permita garantizar el derecho de acceso a la información con todos sus atributos; y por otro, que no sea tan amplio, que incluya principios, directivas y disposiciones reglamentarias a algunos de cuyos elementos corresponden a la ley secundaria, no a la Constitución.

Es de justicia destacar la participación del grupo de trabajo integrado por los diputados Luis Gustavo Parra Noriega , César Camacho Quiroz y Victorio Rubén Montalvo Rojas , así como el espíritu que animó al trabajo conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales.

En este dictamen se avanzó en las partes sustantivas: separar con claridad que la adición del artículo 6o. constitucional, que se refiere al derecho de acceso a la información pública y no al derecho a información que comprende otros derechos; mas, habida cuenta que aquí es una vertiente de éste y no un sinónimo privilegiar el principio de máxima publicidad para efectos de interpretación, establecer que la información en posición de los Poderes federales, locales, organismos autónomos, ayuntamientos y cualquier otra entidad federal, estatal o municipal, es pública, salvo las excepciones mismas previstas en la ley.

El derecho de que toda persona pueda solicitar información sin acreditar interés alguno y de manera gratuita; mecanismos de acceso expeditos a través de medios electrónicos por órganos garantes con capacidad propia; publicación, como información de oficio, de indicadores de gestión y del ejercicio de recursos públicos, así como la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables, y la existencia de sanciones a quienes incumplan con las disposiciones de esta ley.

Es por todo ello que consideramos que se da un salto cualitativo importante con la aprobación de esta reforma constitucional, que, en nombre de la Comisión de la Función Pública, solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Benjamín González Roaro.

Esta Presidencia saluda al grupo de regidores y personal administrativo del municipio de Atizapán de Zaragoza, presentes en esta sesión.

Para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas:Gracias, señor Presidente: en efecto, lo que acaba de comentarnos el diputado Benjamín González Roaroes cierto; éste es un salto cualitativo en el tema de la transparencia, pero es el resultado del arduo trabajo de muchas personas en el país, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gobernadores, personas que trabajan en los organismos dedicados al tema, lo que hoy nos hace llegar a esta tribuna y tener enfrente un dictamen que vamos a votar.

El grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata manifiesta su respaldo en lo general al proyecto de reforma constitucional que en unos minutos se somete a votación de esta soberanía. De hecho, tal reforma no hace sino ampliar e instrumentar los medios a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas de este país conocerán de manera más pronta y clara la actuación y desempeño de los funcionarios públicos, los cuales no tienen otra actividad que servir y atender a los ciudadanos y cuidar el interés público.

Una ciudadanía efectiva no existe sin acceso a la información; es decir, la capacidad ciudadana de exigir y reclamar los actos de autoridad no puede ejercerse o no encuentra la facilidad, porque los obstáculos imposibilitan este desempeño que tendrían que hacer los funcionarios públicos.

Sin transparencia y acceso a la información no es posible la rendición de cuentas. Es de todos conocido que tal cuestión ha observado a lo largo de los últimos años una deficiencia significativa, dado el extenso margen de posibilidades en la forma de aplicar e interpretar el principio de la transparencia informativa.

Efectivamente, y no obstante la existencia de tal derecho desde hace décadas, el mismo había sido inoperante como muchos otros derechos y obligaciones, que actualmente existen sólo en la norma constitucional.

Hasta hace fechas relativamente recientes se han creado los instrumentos jurídicos para hacer efectivo este derecho, pero su aplicación ha sido por demás heterogénea, sobre todo en la esfera de las entidades federativas, donde cada legislatura estableció leyes que concedieron en mayor o menor medida amplios espacios de discrecionalidad que, por vía de los hechos, redujeron --por no decir escamotearon-- el ejercicio del derecho establecido en la Constitución.

Hoy esta Cámara de Diputados corrige las limitaciones observadas a la fecha en esta materia, al establecer criterios y normas básicas de aplicación en los tres órdenes de gobierno, con lo cual el efecto será notable y significativo.

No obstante su avance, no puedo dejar de mencionar el hecho de que los partidos políticos, siendo entidades de interés público, no fueron incorporados en esta reforma constitucional. Entiendo y comprendo las razones de las comisiones dictaminadoras, como lo explicaba el diputado Benjamín González Roaro , y confío en esta Cámara de Diputados.

Le tomamos la palabra al diputado Raymundo Cárdenas, en el sentido de que es un primer producto; por tanto, espero que para la próxima reforma electoral se instrumenten los medios para hacer extensivo ese derecho constitucional a la esfera de los partidos políticos; de otra manera, el cuestionamiento ciudadano será inmediato y no sin razón. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Partido Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores y compañeras legisladoras: para los integrantes del grupo parlamentario Nueva Alianza es muy grato estar en esta tribuna para manifestarnos en pro del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. constitucional; que este derecho fundamental quede constitucionalmente reconocido, atiende el reclamo de que aquellas personas que se desempeñan en los poderes públicos actúen con transparencia y estén sujetos al escrutinio de la sociedad.

Más allá del capricho, más allá de la ocasión o de la voluntad de los actores del poder, debe prevalecer la garantía del ciudadano de estar enterado en qué y para qué funcionan las instituciones. Pero el gusto y la satisfacción van más allá del fondo de la materia que hoy tratamos y que más adelante me referiré a la misma.

En principio, huelga destacar que con la elaboración y votación de este dictamen, esta Cámara de origen da fiel cumplimiento a la técnica jurídica; da fiel cumplimiento al procedimiento legislativo. Rinden frutos los órganos internos de consulta internos y externos. Hacemos votos para que, en la colegisladora transite de igual manera y que con el apoyo de los instrumentos internos y externos la enriquezcan.

Pero, adicionalmente, compañeros, no podemos dejar pasar por alto que este evento da muestra plena de que cuando se actúa sin frivolidad y sin atender a la vanidad --pecado favorito de cualquier ser maligno-- la responsabilidad, la humildad, la seriedad y el compromiso triunfan y se construyen los acuerdos y se legisla sin exabruptos, sin leyes contrarias a la Carta Magna, casuísticas o que establezcan estigmas a priori.

Así, con el dictamen que hoy tratamos, nos alejamos de la tentación de excedernos en nuestro papel para justificarnos y querer limpiar la mala imagen que merecidamente hemos adquirido. También nos alejamos de querer sacar ventajas de la composición numérica y doblegar al vecino sin importar el daño que le hacemos al país. Así es como se moderan los defectos humanos en el quehacer legislativo y en la convivencia parlamentaria. Así es como queda claro que no se necesitan nuevos órganos para realizar nuestro trabajo; por el contrario, lo que necesitamos es trabajar hacia dentro del Poder Legislativo para actualizarlo y perfeccionarlo. Regresarlos a su origen primigenio, quitarles los excesos en los integrantes de ambas Cámaras, entre otras cosas.

No se necesitan comisiones ejecutivas de negociación, no se necesitan nuevos procedimientos que se empalman con nuestro quehacer y hacer legislativo, no se necesita legislar para obligar a legislar. Debiéramos apenarnos. Trabajemos responsablemente.

Pero ahora este tema, que es de la mayor trascendencia y envergadura, requirió de la reflexión de esta Cámara. Pedimos a la Colegisladora que lo enriquezca, porque tal vez haya mucho que atender en ello. Ya comentaba sobre un tema la compañera de Alternativa, Marina Arvizu, nosotros agregaríamos que también quedaron fuera los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial.

Pero empezar en casa será el mejor mensaje de que podemos avanzar en un México mejor. Así lo estamos haciendo con este dictamen que tenemos a discusión y que, de aprobarse, dará un sólido sustento jurídico por la transparencia que antes no logramos ni en la política ni en la academia ni en el debate; mucho menos en la rendición de cuentas.

Con esta reforma brindaremos un instrumento más actual y acabaremos con desviaciones caprichosas injustificadas. Coincidimos plenamente con el dictamen, al asegurar éste que --cito-- ``una de las piedras angulares de las democracias contemporáneas son la libertad de expresión y de información''. En otras palabras, la iniciativa que ahora se dictamina desarrolla una de las vertientes del derecho a la información, en particular el derecho subjetivo de acceso a la información gubernamental. Pido que se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa , del Partido del Trabajo.

El diputado Silvano Garay Ulloa:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: el Partido del Trabajoy su grupo parlamentario en esta Cámara son firmes impulsores de la transparencia gubernamental. Estamos a favor de impulsar los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados y, sobre todo, estamos a favor de que la ciudadanía cuente con información precisa, veraz y oportuna de qué es lo que sus gobernantes hacen con los recursos económicos que manejan.

Nuestro grupo parlamentario siempre se ha pronunciado por la apertura a la información pública con que cuenta el gobierno, ya que en la medida en que la ciudadanía cuente con esa información estará en aptitud de protestarla y de fungir como una auténtica y efectiva contraloría social.

Una medida eficaz para que el poder esté en el pueblo es que se cuente con la información necesaria para que tome sus decisiones.

Ahora bien, es un hecho que durante muchos años los gobiernos se manejaban en la opacidad y en la cerrazón informativa, ya que de esta manera los regímenes autoritarios no tenían que rendir cuentas a nadie; pero en la medida en que la propia sociedad ha ampliado los cauces de participación política, como resultado de múltiples movimientos ciudadanos que fueron brutalmente reprimidos, hoy el resultado es que se cuenta con mayor libertad y espacios de participación democrática y política.

Éste es precisamente el mérito de la reforma que hoy discutimos. El contenido de este dictamen se sustenta en múltiples propuestas provenientes de los ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil.

Durante algún tiempo se pensó que con base en el actual y único párrafo del artículo 6o. constitucional, en relación con las atribuciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los correspondientes a los estados, bastaba para que la ciudadanía ejerciera esos derechos y pudieran acceder a la información pública que requirieran. Sin embargo, aún con estas disposiciones la autoridad es reacia a entregar la información a la sociedad.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de las bondades que contiene el dictamen y que, sin duda, se traducirá en mejores instrumentos jurídicos que permitan el acceso eficaz a los ciudadanos a la información pública gubernamental con que cuenta la federación, en las entidades federativas y en el Distrito Federal; por esta razón, resulta favorable el contenido de la fracción I del párrafo segundo que adiciona al artículo 6o. constitucional, donde se establece el carácter público de toda información en posesión de cualquier autoridad.

Aquí es necesario destacar la eficacia del término usado: la información está en posesión de la autoridad no en propiedad; luego entonces, como la información pública no es propiedad de la autoridad, ésta no puede utilizarla a su arbitrio; antes al contrario, está obligada a ponerla a disposición del particular que la requiera.

En relación con el contenido de la fracción III, resulta favorable no poner obstáculos a las personas para acceder a la información, al establecer la fracción III que no es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información. Se rompe con el candado de que era necesario acreditar el interés jurídico para poder solicitar la información pública y que si ante la autoridad no se acreditaba el interés jurídico, la información no se proporcionaba.

Lo mismo ocurre en relación con justificar la utilización de dicha información; en todo caso, el particular se hace responsable del uso de la información obtenida, pero la autoridad no puede, de manera previa, calificar el uso de la misma.

Un aspecto central de esa reforma lo constituye el contenido de la fracción V, en la que se establece la obligación de la autoridad de reservar sus documentos y la misma deberá tomar todas las medidas necesarias con el propósito de salvaguardar esa información.

Nuestro grupo parlamentario considera que con esta disposición se evitará que, de manera deliberada, la autoridad quiera desaparecer la información pública con que cuentan.

Ahora bien, en relación con la inobservancia de las exposiciones en materia de acceso a la información pública, este Constituyente Permanente deja a la potestad de los órganos legislativos, de la federación, de los estados y del Distrito Federal la facultad de establecer en la ley secundaria las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos.

En los artículos transitorios, en el segundo, se establece la obligatoriedad de la federación, los estados y el Distrito Federal de hacer dentro de un término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma, todas las adecuaciones legales que se requieran.

Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen que se pone a consideración. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Muchas gracias, diputado Ulloa. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Castillo Romero , del grupo de Convergencia.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero:Muchas gracias, señora Presidenta: tengo cinco minutos para mi participación y tomaré uno para llamar la atención de las diputadas y de los diputados presentes en este recinto.

Lo que hoy dictaminaremos, lo que hoy aprobaremos no es poca cosa. Es un paso firme para todos aquellos que estamos en contra de la secrecía, que estamos en contra de la corrupción, que estamos en contra de todo lo que era público y que han hecho --por costumbre-- privado.

La iniciativa de reforma al artículo 6o. constitucional ha sido no sólo interés de los grupos parlamentarios hoy representados en esta Cámara. No solamente, ha sido interés de la Suprema Corte de Justicia o de los gobernadores o de los académicos. Hoy debemos decir a la sociedad que a partir de hoy constitucionalizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos de saber qué se hace con los recursos públicos. Por eso, amigas y amigos diputados, no es poca cosa lo que hoy tratamos.

Podemos dar mil discursos sobre la transparencia; pero esto, compañeras y compañeros, es un acuerdo nacional para transformar y democratizar al Estado en todos sus niveles, más allá de las etiquetas políticas, de las ideologías y de la fuerza política que gobierne; la reforma es para el Estado, es para México y es para los mexicanos.

La reforma es para un futuro con certidumbre, el eje central de esta iniciativa; el derecho a la información como un derecho fundamental constitucionalmente reconocido no es cosa menor. El derecho de los mexicanos de acceso a la información que se genere en el gobierno es la premisa básica para impulsar y fortalecer nuestra incipiente democracia. Sin el ejercicio efectivo de este derecho siempre habrá dudas y suspicacias acerca del quehacer gubernamental.

En efecto, hoy se reconoce ampliamente que la información es una condición necesaria para la realización del Estado democrático, más si consideramos que la transformación de la sociedad ha modificado a la par la concepción de la libertad de expresión para darle un nuevo contenido enfocado a los derechos de todos aquellos que buscan la información.

La apertura de la información de Estado al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias decisiones.

Esta apertura, poco a poco, ha ido contribuyendo a la conciencia ciudadana, a la participación ciudadana indispensable si queremos seguir consolidando la democracia en este país. En síntesis, la iniciativa que se dictamina supone una política de Estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

En Convergencia celebramos que hoy se ponga en una caja de cristal la atracción de los órganos públicos. Hoy se termina con el secretismo, el patrimonialismo, la corrupción y la discrecionalidad. Hoy constitucionalizamos el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Hoy, diputadas, diputados, quienes manejen recursos públicos sí deberán tener las manos limpias. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada Castillo Romero. Tiene el uso de la palabra la diputada Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Érika Larregui Nagel:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: hoy se da un paso importante en la vida pública del país; hoy votaremos una reforma que sienta las bases para la homologación de criterios para que los ciudadanos de la República puedan ejercer uno de los derechos políticos más importantes: conocer los manejos de los recursos públicos y lo gubernamental de aquellos a quienes les fue encomendado el ejercicio de las funciones para el bien común.

La transparencia, como derecho humano, constituye el derecho mínimo que cualquier ciudadano debe exigir a sus gobernantes. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos la labor de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a fin de sentar los mínimos de obligaciones que los sujetos destinatarios de la norma deberán de cumplir.

El trabajo fue mucho y se lograron consensos, dando así muestra de que si todos queremos trabajar en conjunto, más allá de intereses de grupos o personales, podemos dar a los mexicanos las normas que requieren para la convivencia diaria y su desarrollo.

También debemos mencionar que hoy, si bien es cierto se ha dado un primer paso, no es el final, pues debemos aún revisar el marco secundario existente, a fin de reglamentar a profundidad este derecho político en pos de la modernidad y la democratización del país.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos la importancia de los principios de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. Asimismo, asumimos nuestro compromiso con el país y sus habitantes.

Por ello, como todos ustedes saben, en el mes de noviembre pasado fue presentada por los integrantes de mi grupo parlamentario una iniciativa de Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública, a fin de establecer no sólo los mecanismos de transparencia y acceso a la información, sino crear instrumentos de rendición de cuentas del Estado en su conjunto.

Por ello, es claro que el trabajo en esta materia apenas comienza, por lo que desde esta tribuna los invito a que trabajemos todos juntos para lograr los avances y consolidar éstos en la cultura política y cívica del país.

Por lo anteriormente expuesto me permito, en nombre de quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, refrendar nuestro apoyo al presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada Larregui. Tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz:Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados: abrir de par en par las puertas del poder da confianza a la gente. La forma republicana da paso al gobierno de las voces múltiples, de las responsabilidades compartidas y de la intensa participación ciudadana. En la república, informar es práctica cotidiana. Dijo Kant: ``para hacer avanzar a la sociedad se debe hacer uso público de la razón''. De esa suerte, la gente bien informada de los asuntos públicos participa mejor en la toma de decisiones públicas; así se construye más ciudadanía. La república es proclive a la democracia, como ésta lo es a la información pública. Cada día más, esto forma parte de la cultura política que estamos consolidando.

Por momentos pareciera olvidarse que en la democracia el poder público se instituye para servir a la comunidad y el gobernante al gobernado. La relación entre ambos debe ser edificante. Al mandante debe tenérsele al tanto de los asuntos que le atañen y le preocupan, explicándole cómo se ha cumplido con la confianza que depositó.

El mandatario, esto es, aquél que trabaja en nombre del Estado mexicano en todas sus manifestaciones, debe cumplir la ley y, por convicción ética, ofrecer explicaciones, esgrimir razonamientos, justificar decisiones. Adicionalmente, el ejercicio democrático del poder obliga a la eficacia; ésta legitima cotidianamente la responsabilidad pública si se entregan buenos resultados, si cambia positivamente el nivel de vida de las personas.

El servidor público que actúe así no sólo cumplirá con la ley, sino que le resultará motivo de orgullo informar que lo hizo bien; rendirá cuentas, puesto que es su obligación, pero también porque está orgulloso de su tarea. Ésta es la moneda de cambio de la democracia. A la confianza depositada deben corresponder buenos dividendos, apetecibles y demostrables. Si la sociedad conoce lo que el gobierno hace sin confrontarse con éste, llega eventualmente a contenerlo, le ayuda a no incurrir en errores ni excesos, ejerce el poder ciudadano.

Mostrando los resultados de la gestión pública se evita la suspicacia que proviene de la cerrazón, se alcanza la certeza en virtud de la claridad, se cierra el paso a la sospecha provocada por la confusión. Rendir cuentas es esclarecer. Donde hay transparencia no se incuba la corrupción que ofende e indigna y que ha mermado peligrosamente la confianza de los mexicanos y que puede llegar a desgarrar el tejido social.

Todas las medidas a favor del control gubernamental son positivas, pero la mejor es, sin duda, colocar en una vitrina a quienes autorizan exenciones, asignan contratos, otorgan concesiones y deciden el destino de los recursos públicos. Ya Séneca anticipaba: ``considérense felices los servidores públicos cuando puedan vivir a la vista de todos''.

Esta adición constitucional contiene méritos y proporciona ventajas; con ella se hace más pública la vida pública. La pluralidad política que desató este trabajo legislativo muestra claramente que el asunto es de la mayor importancia para México; precepto constitucional que amplía las garantías individuales de los mexicanos, pues establece con claridad el derecho de acceso a la información pública y la obligación del Estado de proteger la vida privada, así como los datos personales.

Es por su origen y sus efectos doblemente federalista. Ha sido una materia ampliamente desarrollada en algunos estados de la República; y al aprobar esta iniciativa se revierte una tendencia histórica demostrando que hay buenas lecciones que van de la periferia al centro.

Además esta adición no avasalla a los estados; deposita en sus soberanías la confianza de construir un derecho ciudadano a la medida de sus necesidades locales; establece un piso y amplios márgenes de libertad, armoniza dos principios que parecerían incompatibles: el de la máxima publicidad para la información pública derivada del interés general en los asuntos a cargo del gobierno; y el de reserva de la misma, dada la naturaleza de los asuntos o por razones de Estado.

Es una medida mesurada, pues evita que, llevado el extremo, el derecho de acceso a la información pública pudiera poner en riesgo la vida privada de las personas o atentar contra la confidencialidad de los datos personales.

Por cierto, esta plausible adición constitucional preludia un debate hasta ahora postergado acerca, precisamente, del delicado tema de los datos personales, que sintetizan la dignidad de cada uno. Obliga también a discutir sobre la inaplazable necesidad de contar con archivos actualizados, responsabilidad del Estado mexicano, cuya falta de regulación ha dado origen a una práctica que recurrentemente obstruye el acceso a la información. Esta decisión legislativa fortalece a la sociedad y al gobierno y ratifica nuestro carácter republicano y democrático.

Iluminar es lo que se necesita ahí donde estaba oscuro, y para ello se debe informar, observar con una lente que no refracta, sino que atraviesa lo que era un cuerpo opaco. En virtud de esta adición, el servidor público que haya cumplido su trabajo al dar la cara con orgullo y rendir cuentas con satisfacción, recibirá de los ciudadanos no sólo aprecio sino su invaluable respeto. El ciudadano mexicano, por su parte, cobrará mayor poder frente al gobernante; asumirá la responsabilidad que le corresponde como el gran protagonista que debe ser del Estado nacional. Enhorabuena.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, diputada Presidenta; compañeras, compañeros diputados: quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros integrantes de la Comisión relatora, a nuestro compañero diputado Gustavo Parra, de Acción Nacional, al que me antecedió en el uso de la misma, al compañero diputado César Camacho, a los compañeros presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas; al compañero Benjamín González Roaro, de la Función Pública.

A continuación, decirles también que, como ustedes saben, en el año de 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia, y con ello el país quedó embarcado en una ruta institucional que hoy va a dar grandes pasos. Sin embargo, el resultado fue el siguiente: un desarrollo complejo, desigual, extremadamente heterogéneo.

El acceso a la información y la transparencia vivieron un destino de varias velocidades: unas más aceleradas, otras con parsimonia, y el resto, francamente lentas; tan es así que después de cuatro años de aprobada, la Ley Federal de Transparencia, el derecho avanza con dificultad en amplias zonas del Estado, como destacadamente se ha hecho patente en la tan cuestionada actuación del Instituto Federal Electoral y, en particular, de su Consejo General.

Todavía hasta hace un año la república vio circular un prometedor ciclo legislativo, en el cual varios congresos locales estuvieron dispuestos a corregir y modificar sus leyes de transparencia para mejorarlas, pero al pasar los meses la marcha no sólo se detuvo, sino que presenciamos intentos francos de retroceso. Por eso, si este avance democratizador va a pervivir y ampliarse en los siguientes años, si van a volverse parte del ejercicio del poder en México, necesita obligadamente un segundo impulso, un nuevo esfuerzo político y legislativo para consolidarlo y vencer las resistencias.

Los actos de todo gobierno que se precie de ser democrático deben estar a la disposición y auscultación permanente de la sociedad. En este sentido, al gobierno correspondería tener una ventana limpia, por la cual sea observada su actuación, sin esperar señalamientos, observaciones o cuestionamientos que empañen la ventana de la transparencia y, en consecuencia, se contravengan las disposiciones de esta garantía fundamental.

La estructura de la presente reforma está pensada de la siguiente manera: subraya las instancias estatales y los niveles de gobierno obligados a cumplir con los preceptos de la Constitución que hoy pretendemos reformar. Que se escuche bien el amplísimo alcance de esta disposición. Toda autoridad, toda entidad, todo órgano y todo organismo en cualquier nivel del gobierno debe regirse por los preceptos generales. Inmediatamente se describen los principios.

Del mismo modo, de manera categórica, la iniciativa pondera los límites entre el derecho a la información pública y el derecho a la vida privada. Este último, límite esencial de la actividad del Estado en todo régimen democrático.

Esta iniciativa da un paso adelante y reconoce explícitamente que la vida privada es una condición de la civilización. Así, la Constitución mexicana traza por primera vez una ecuación democrática. Los individuos deben saber todo lo posible de los asuntos del Estado y el Estado debe saber lo estrictamente indispensable de los asuntos de los individuos.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el presente dictamen es de primer orden, ya que al constitucionalizar el derecho de acceso a la información logramos apartarlo de tentaciones y ánimos retorcidos o contrarios a la construcción de la vida democrática de la nación, resguardando su valor y función preponderante. No es casual que la gobernadora de Zacatecas y el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aparezcan como dos de sus impulsores iniciales.

Con ello deseamos hacer expresos desde esta tribuna la convicción y el apoyo irrestricto de la izquierda a un proyecto moderno, un proyecto de Estado donde se actualizan y practican los dos grandes principios de la democracia y de la civilización: hacer público lo público y proteger la privacidad del individuo.

Señora Presidenta: por lo importante del tema, que es reforma constitucional solicito que me dé tiempo de concluir. Y algo más, la reforma equivale a reconocer la necesidad de seguir expandiendo los derechos fundamentales en México por una ruta que recoge los valores de la igualdad.

La democracia, como apunta bien el doctor Ricardo Becerra, es la tutela del más débil, porque si en algún sentido actúan las leyes de acceso a la información es en la dirección de disolver privilegios para proteger siempre al más débil.

Esta reforma constitucional no está hecha para magnates, para los poderosos, para los que poseen amplias palancas o influencias. La reforma al 6o. constitucional está pensada para el ciudadano de a pie, para el que busca tomar una decisión respaldada con documentos e información oficial de su gobierno.

Por eso es parte de la agenda de la izquierda mexicana y por eso debe ser una garantía individual; porque todos los mexicanos, sin excepción, la poseen y ejercen en el mismo piso, con las mismas condiciones y con las mismas garantías; es una conquista democrática para los mexicanos de ahora, de mañana y de pasado mañana. Hoy los diputados federales nos ponemos de acuerdo para instalar la gran ventana de la transparencia en México. Enhorabuena.

Quiero también hacer un amplio reconocimiento por su trabajo y su aplicación al Instituto Federal de Acceso a la Información. Sin su ayuda, créanme, hubiera faltado rigor técnico y científico en este asunto. Solicito asimismo, señora Presidenta, que se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro que tuve que resumir. Muchas gracias.

«Dictamen a discusión que reforma y adiciona el artículo 6o. para elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información.

Posicionamiento del GPPRD. Discurso del diputado Victorio Montalvo Rojas .

Señoras y señores legisladores, buenos días:

Acudo a la tribuna de la Cámara de Diputados, como uno de los redactores responsables del dictamen a discusión que reforma y adiciona el artículo 6° constitucional.

Acudo entusiasmado y convencido de que estamos por votar una reforma importante para la vida del país, para la democratización del Estado nacional y para beneficio de la sociedad entera.

Quiero reconocer en primer lugar a los diputados César Camacho y Gustavo Parra, por su seriedad y su apertura en la hora de la redacción. Creo que en la comisión redactora, más allá de los méritos en la sintaxis constitucional, de la precisión, la exactitud y la brevedad con que se plasmó la iniciativa, construyó un clima político de confianza y de apertura que vale la pena valorar y subrayar.

Quiero reconocer la apertura del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Raymundo Cárdenas Hernández , y del presidente de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro . Con su apoyo y confianza hemos podido ofrecer a la República y a la sociedad mexicana, un fruto valioso que cambiará la idea del Estado nacional, la cultura administrativa y la relación entre gobernantes y gobernados. Porque a partir de esta reforma, cada decisión importante y cada peso gastado por cualquier autoridad pública mexicana, podrá ser conocido y escrutado por la ciudadanía.

Gracias también al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a su presidente y su equipo de trabajo por su respaldo profesional, respetuoso y atinado a los trabajos de las comisiones. Con ello, han vuelto a demostrar que el IFAI es una institución importante para la República.

Como ustedes saben, en el año 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y con ello, el país quedó embarcado en una ruta institucional que suponía varias etapas:

1) El Poder Ejecutivo estaría sometido al IFAI, que impulsaría la apertura gubernamental sin demoras, a partir del 2003;

2) Los otros poderes ---legislativo y judicial--- y los órganos constitucionales autónomos ( Banco de México, IFE, universidades, tribunales administrativos, etcétera) tendrían que someterse a las condiciones de la misma ley pero con independencia, fuera de la jurisdicción del IFAI;

3) Los gobiernos de los estados y los municipios, sin obligación expresa, formularían sus propias normas para incorporarse a la apertura y posibilitar el ejercicio del derecho, pero sin imponer ni determinar ningún tipo de condición, estructura, tiempo o estándar.

El resultado fue este: un desarrollo complejo, desigual, extremadamente heterogéneo. El acceso a la información y la transparencia vivieron un destino de varias velocidades: una más acelerada, otras con parsimonia y el resto, francamente lenta. Tan es así, que después de cuatro años de aprobada la Ley Federal de Transparencia, el derecho avanza con dificultad en amplias zonas del Estado ---como destacadamente se ha hecho patente en la tan cuestionada actuación del Instituto Federal Electoral, en particular de su Consejo General.

Es indispensable reconocer que toda información en poder del Estado es pública, este principio de transparencia y el acceso a la misma, contribuye a garantizar el derecho que todo mexicano tiene para solicitar cifras, estadísticas, programas, gastos, presupuesto, metas, informes de gestión, en fin un sin número de información con la que cuenta el gobierno para planear y ejercer el presupuesto asignado, así como para tomar las decisiones que beneficien a la población y en consecuencia a una puntual rendición de cuentas.

Todavía, hasta hace un año, la República vio circular un prometedor ciclo legislativo en el cuál, varios Congresos locales estuvieron dispuestos a corregir, y modificar sus leyes de transparencia para mejorarlas; pero al pasar los meses, la marcha no sólo se detuvo, sino que presenciamos intentos francos de retroceso.

En Coahuila, el Tribunal Constitucional estatal, de un plumazo le quitó las facultades al Instituto de Transparencia, para corregir las reservas de información hechas por instituciones del estado; y en Jalisco, se proponía que las resoluciones del órgano de transparencia dejaran de ser definitivas. Hay ejemplos de leyes que no permiten acceso a la información más que a los ciudadanos nacidos en el propio estado; hay otras que no permiten sistema electrónico de acceso; otras más, no contemplan autoridades garantes y otras tantas prescinden de las sanciones por incumplimiento o violación a la norma. Dicho brevemente: una regla básica, la transparencia, se ejerce con tantas diferencias en el país, que parece una política a modo, más que un derecho fundamental.

Si nosotros, los representantes populares, dejamos que este escenario inercial se imponga, lo más probable es que el derecho de acceso a la información acabe trunco, malhecho, sin poderse ejercer a plenitud, confinado en unas cuantas áreas del Estado, malentendido y mal ejercido por la mayoría de la sociedad mexicana.

Por eso, si este avance democratizador va a pervivir y ampliarse en los siguientes años, si va a volverse parte del ejercicio del poder en México, necesita obligadamente un ``segundo impulso'', un nuevo esfuerzo político y legislativo para consolidarlo y vencer las resistencias.

Los actos de todo gobierno que se precie de ser democrático, deben estar a la disposición y auscultación permanente de la sociedad, en este sentido al gobierno correspondería tener una ventana limpia por la cual sea observada su actuación, sin esperar señalamientos, observaciones o cuestionamientos que empañen la ventana de la transparencia y en consecuencia se contravengan las disposiciones de esta garantía fundamental.

Por eso resultó del todo pertinente la formulación de la Iniciativa de Chihuahua, en noviembre del año pasado. En ella, un grupo plural de mandatarios estatales, Amalia García de Zacatecas, Armando Reynoso de Aguascalientes, Fidel Herrera de Veracruz, Alejandro Encinas entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, convocados por el anfitrión José Reyes Baeza Terrazas, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, hicieron pública una propuesta que pretendió elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la información, para otorgar a todo mexicano y a toda persona las mismas posibilidades; para que todo gobierno y toda institución pública quede legal y constitucionalmente obligada a cumplir estándares mínimos de transparencia.

La estructura esta pensada así: subrayar las instancias estatales y los niveles de gobierno obligados a cumplir con los preceptos de la Constitución.

Que se escuche bien el amplísimo alcance de esta disposición: toda autoridad, toda entidad, todo órgano y todo organismo en cualquier nivel de gobierno debe regirse por los preceptos generales. Inmediatamente se describen los principios y las bases a los que deben sujetarse.

El presente dictamen recoge todas las preocupaciones de los cinco gobernadores y las encauza tomando en cuenta los debates y los argumentos supervinientes de los últimos meses. Pero más allá de la literalidad del texto, me permito destacar algunos de los elementos que la hacen tan importante y tan significativa:

Tal y como es presentada, esta iniciativa logra armonizar el espíritu del federalismo al reconocer a las legislaturas de los estados la atribución de legislar sobre derechos fundamentales, siempre que dicha facultad se ejerza para avanzar, para ampliar libertades y para generar mecanismos que mejoren la calidad de la vida de las personas.

Simplifica al máximo el procedimiento para que todo ciudadano conozca información gubernamental, fortaleciendo y aumentando las posibilidades de realización de todos los otros derechos consagrados por nuestra Carta Magna, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Del mismo modo, de manera categórica, la iniciativa pondera los límites entre el derecho a la información pública y el derecho a la vida privada, este último, límite esencial de la actividad del Estado en todo régimen democrático. Esta Iniciativa da un paso adelante y reconoce explícitamente que la vida privada es una condición de la civilización; así, la Constitución mexicana traza por primera vez una ecuación democrática: los individuos deben saber todo lo posible de los asuntos del Estado y el Estado debe saber lo estrictamente indispensable de los asuntos de los individuos.

Debo subrayar que quienes proponen la universalización de estos principios son dos mandatarios del PRI, dos del PRD y uno del PAN, es decir, la iniciativa no proviene de una corriente política, sino que expresa un área de encuentro del pluralismo mexicano. Muy pocos temas pueden alcanzar esa zona y por eso, representa toda una oportunidad: justo ahora aparece la posibilidad de un compromiso fundamental, de recomposición política hacia el futuro.

Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el presente dictamen es de primer orden, ya que al constitucionalizar el derecho de acceso a la información, logramos apartarlo de tentaciones y ánimos retorcidos o contrarios a la construcción de la vida democrática de la nación, resguardando su valor y función preponderante.

Las bases y principios que orientan el derecho de acceso a la información, son la plataforma fundamental desde la cual deberán adecuarse las leyes, así como los actos de autoridades federales, locales y municipales, para garantizar una uniformidad en su aplicación.

No es casual que la gobernadora de Zacatecas y el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, aparezcan como dos de sus impulsores iniciales.

Con ello deseamos hacer expreso desde esta tribuna, la convicción y el apoyo irrestricto de la izquierda a un proyecto moderno, un proyecto de Estado, en donde se actualizan y practican los dos grandes principios de la democracia y de la civilización: hacer público lo público y proteger la privacidad del individuo.

Y algo más: la reforma equivale a reconocer la necesidad de seguir expandiendo los derechos fundamentales en México (los políticos, los civiles, los sociales y los derechos de libertad) por una ruta que recoge los valores de la igualdad, la democracia, como apunta el doctor Ricardo Becerra, es la tutela del más débil; porque si en algún sentido actúan las leyes de acceso a la información, es en la dirección de disolver privilegios, para proteger al más débil.

Esta reforma constitucional no está hecha para magnates, para los poderosos, para los que poseen amplias ``palancas'' o influencias; la reforma al sexto constitucional está pensada para el ciudadano de a pie, para el que busca tomar una decisión respaldada con documentos e información oficial de su gobierno.

Por eso es parte de la agenda de la igualdad; por eso es parte de la agenda de la izquierda mexicana, y por eso debe ser una garantía individual: porque todos los mexicanos, sin excepciones, la poseen y la ejercen, en el mismo piso, con las mismas condiciones, y con las mismas garantías.

Es una conquista democrática para los mexicanos de ahora, de mañana y de pasado mañana.

Hoy, los diputados federales nos ponemos de acuerdo para instalar la gran ventana de la transparencia en México... enhorabuena.

Victorio Montalvo Rojas (rúbrica), diputado federal.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la presentación del diputado Montalvo Rojas. Tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Parra Noriega , del grupo parlamentario de Acción Nacional, y se terminan así los posicionamientos.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega:Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores y compañeras legisladoras: la historia constitucional mexicana del derecho a la información ofrece diversos antecedentes; desde el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana hasta el mensaje y proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza, por lo que vemos claramente que ha sido propósito de los legisladores mexicanos preservar como libertad política la libre manifestación de las ideas, ya que la información propiamente dicha, producto de la información moderna, ha venido a convertirse en factor de primera importancia en la modelación de la opinión pública.

Por ello, en nuestra Constitución, en octubre de 1977, se adicionó en el artículo 6o. que el derecho a la información será garantizado por el Estado, convirtiéndose en una garantía social correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la reforma política de ese entonces.

Ello consistía también en que el Estado permitiera que a través de los diversos medios de comunicación se manifestara de manera regular la diversidad de opinión de los partidos políticos, dejando a la legislación secundaria la definición del derecho y de sus vertientes, así como de los mecanismos para ejercerlo.

No obstante el planteamiento constitucional, dicha legislación resultaba insuficiente y no fue sino hasta en el 2001 --en el sexenio de la alternancia-- que el Presidente Fox, de manera decidida, impulsó la creación y aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la colaboración de esta soberanía y por supuesto de diversos actores académicos y sociales, logrando el desarrollo de una de las vertientes del derecho a la información: el acceso a la información pública; y un avance real en la construcción de una cultura de transparencia y de democracia participativa que poco a poco va permeando en los órdenes de gobierno.

Hoy la historia nos ha dado cita para formar parte de una votación que tiene visión y compromisos de futuro. Hoy la democracia en México celebra esta fiesta plural y federalista y la Cámara de Diputados muestra que es un espacio de diálogo y consensos al dar un paso tan importante en la construcción de un sistema político con calidad democrática.

Con el paso que, estoy seguro, daremos hoy cumplimos también un compromiso establecido por nuestro Presidente de la República, Felipe Calderón, quien se había manifestado en la pasada campaña electoral porque este derecho fundamental estuviera plenamente garantizado en nuestra Carta Magna, y que, como sabemos y nos consta, su gobierno ha apoyado sin reservas esta reforma fundamental para la rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestra órbita de derechos como mexicanos.

Desde esta tribuna, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero reconocer la labor de todos los demás grupos parlamentarios que han asumido la tarea de construir juntos una democracia a través de esta reforma, que busca dar estándares mínimos para este derecho tan importante y que va a permitir el pleno ejercicio de esta libertad pública.

En especial, quiero agradecer a todos los integrantes de las comisiones unidas y a sus presidentes por la confianza en el grupo de redacción al que nos encomendaron la tarea de lograr un texto que, preservando el espíritu de la iniciativa que los señores gobernadores atinadamente nos propusieron, lograra plasmar en esta reforma el consenso fundamental sobre la máxima publicidad de la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres órdenes de gobierno.

También quiero agradecer al IFAI por su interés y acompañamiento en esta reforma y a los compañeros legisladores que aportaron y se preocuparon en el tema.

Con todo respeto preciso también, de una vez, compañeros, y quiero llamar su atención para dejar en claro un tema que ha generado polémica en los últimos días a raíz de esta reforma, que es el caso de los partidos políticos.

En el texto que hoy conocemos se establece, en la fracción VI, del segundo párrafo, que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deben hacer pública la información relativa a los recursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales; éstas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada.

De la interpretación de dicha fracción se desprende que sí quedan incluidos, entre otros, los partidos y otras instituciones, así como organizaciones no gubernamentales, sindicatos, sociedades, asociaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, entre muchos otros.

En ese sentido, tal y como se argumenta en los considerandos del dictamen, la reforma propuesta no exime a los partidos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia ni a ninguna otra figura de autoridad pública.

Esto abre la posibilidad de que las leyes que la regulan deban desarrollar y traducir en su momento las bases mínimas constitucionales. Por ello los legisladores tenemos el desafío de ampliar el régimen y las obligaciones de transparencia de los partidos, realizando las reformas pertinentes a la Ley Federal de Transparencia y al Cofipe para avanzar de manera paralela con la reforma aprobada.

Otro desafío --y pido también su comprensión a la señora Presidenta y a los compañeros-- que se nos presenta es el tema de los datos personales. Esta reforma es muy clara al precisar que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las gestiones que fijen las leyes. Con ello se busca proteger los datos que se encuentran en posesión de las entidades públicas.

No obstante esta importante referencia constitucional como principio para la protección de los datos, es necesario establecer con toda claridad y la brevedad posible la facultad del Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional para legislar en la materia y ampliar esa protección al ámbito de los datos personales que recolectan y tratan los particulares.

En Acción Nacional celebramos que estamos ensanchando los cauces constitucionales para la sociedad. A ella va dedicado todo nuestro esfuerzo y trabajo a partir del diálogo responsable y el consenso en los acuerdos.

Celebramos el punto de partida que implica esta reforma para edificar un sistema de gobierno republicano y federal, con autoridades y gobernantes dispuestos a transparentar y rendir cuentas del dinero que todos los ciudadanos aportamos para el buen funcionamiento del Estado.

Celebramos también que el acceso a la información sea un valor que está por encima de los intereses particulares, de instituciones, de funcionarios y que el acceso es un bien público y por lo tanto cuenta con una tutela privilegiada en nuestra arquitectura constitucional.

Esperamos, compañeros, que todas las fuerzas políticas mantengamos este compromiso y desde el más humilde municipio hasta la entidad federativa más poderosa y, por supuesto, los poderes federales y órganos autónomos cumplan con estos principios y bases constitucionales para el bien y prosperidad de nuestra patria, además de contar con esta voluntad para abordar los temas pendientes señalados.

Quiero terminar con una frase de Madison, eminente constitucionalista, cuando decía: ``Un gobierno popular que no proporciona información al pueblo, o que carece de medios para proporcionársela, no es otra cosa que el prólogo de una farsa o de una tragedia y tal vez ambas cosas. El conocimiento privará siempre sobre la ignorancia y un pueblo que espera gobernarse a sí mismo debe armarse con la fuerza del conocimiento''. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto y esta Presidencia informa que se han registrado para participar en la discusión el diputado Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una modificación y el diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Diputada Presidenta, informo a usted y a la Asamblea que, en intercambio de opiniones con los miembros de la Comisión, retiraré la propuesta de adición que formulé a la fracción IV del proyecto de dictamen que está a discusión.

Quisiera, no obstante, pedir su autorización para comentar las razones que me llevan, o me llevaron, a hacer esta propuesta, sin dejar de reconocer, desde luego, el esfuerzo de diálogo, de consenso que antecede al dictamen que nos ocupa y al respaldo social y académico que esta iniciativa tiene. Y también, por respeto a ese proceso es que he decidido retirar esta iniciativa y dejarla para una posterior presentación en el marco de una revisión más detallada.

La cuestión de fondo es el debate que, por cierto, habrá de darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito del recurso interpuesto por el Instituto Federal Electoral respecto de la aprobación del Presupuesto de Egresos para ese órgano autónomo; y el tema es respecto de la naturaleza y los alcances de los entes autónomos.

A mí me parece que el desarrollo de diversas instituciones y órganos administrativos han llevado en un momento dado a no distinguir o a no dejar claramente establecido cuál es el control legislativo respecto de dichos órganos, y es el caso del IFAI.

El tema, insisto, es de fondo, porque lo primero que tiene que hacer un Estado que aspira a ser soberano, que aspira a contar con las bases sociales, materiales, jurídicas para atender los grandes reclamos nacionales, es fortalecer las instituciones básicas del Estado. De otra forma, compañeras, compañeros diputados, corremos el riesgo de dispersar el poder y no sabemos a quién convenga la dispersión del poder.

¿Cuál es el control legislativo sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información? Bueno, está el control administrativo de los recursos fiscales en términos del artículo 79 constitucional, fracción I; y dice el artículo 34 del IFAI --otro control legislativo muy tenue-- que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso, podrá objetar el nombramiento de alguno de los comisionados que haga el Presidente de la República. ¿Hasta dónde, entonces, está la autonomía respecto del Ejecutivo, hasta dónde del Legislativo?

Quiero destacar que ya en un breve periodo de vida de este instituto ha habido por lo menos situaciones polémicas en relación con el nombramiento de los comisionados; si procedía o no la extensión del periodo --en un minuto termino, señora Presidenta-- respecto de la calidad moral de alguno de los comisionados que nombró el Presidente de la República o su vínculo con algunos representantes emblemáticos del gobierno federal.

También ha habido algunas cuestiones no claras respecto del nombramiento de los funcionarios de la propia institución que deben obedecer a un claro procedimiento, más aún en esa institución transparente de servicio público de carrera. De modo que queda pendiente este tema. Es una reforma que avanza, es cierto, pero reconozcamos también que es incompleta.

Habrá necesidad de dar nuevos pasos y esperamos que esta disposición al diálogo y a los acuerdos permanezca, de modo que fortalezcamos las instituciones básicas del Estado y, a la vez, extendamos los criterios sobre los cuales los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal actúen en términos del espíritu constitucional del artículo 6o. de nuestra Carta Magna. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado.

Preguntamos al Partido Acción Nacional si va a hacer uso de la palabra, como estaba inscrito, el diputado Cruz Pérez Cuéllar . Adelante.

El diputado Cruz Pérez Cuéllar:Con su permiso, señora Presidenta. Debo iniciar haciendo un reconocimiento, señoras y señores legisladores, al grupo de trabajo y a los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, que hacen de éste un día muy importante para la transparencia en México.

Los principios y bases en materia de acceso a la información encuentran no sólo sustento en el derecho internacional y en la doctrina y jurisprudencia mexicana, sino también en las mejores prácticas que al respecto han instrumentado los gobiernos tanto federal como de las entidades federativas en nuestro país, plasmando normas que reflejan su amplitud y alcance.

De esto ha derivado la coexistencia de una ley federal y leyes locales en todos los estados de la República; y tener diversos diseños no ha sido malo, al contrario, dicho esquema ha permitido el enriquecimiento de las disposiciones en materia de acceso a la información.

Al respecto, habría que recordar que, antes de que existiese una legislación federal en materia de acceso a la información, entidades federativas como Jalisco ya contaban con su propio ordenamiento en la materia, con lo que se convirtieron en vanguardia en el tema.

Hay que recordar también que diversos gobernadores, entre ellos el de Chihuahua, firmaron esta iniciativa. Sin embargo, debe reconocerse que la normatividad que existe actualmente, inspirada en un esquema federal, cuenta con debilidades derivadas precisamente de la diversidad, pues el federalismo no implica concepciones idénticas de las cosas, sino que permite que cada entidad federativa, de acuerdo con sus aspectos sociales, culturales y de diversa índole, adopten diferentes formas.

Estas debilidades consisten, y esto es importante, en el hecho evidente de que, dependiendo del lugar de residencia del ciudadano es la forma como éste puede hacer efectivo el derecho de acceso a la información.

Los órganos responsables de tutelar dicho derecho, la calidad con que reciban la información e incluso la forma en que pueden apelar las decisiones que toman las administraciones públicas de las entidades federativas para tener o no acceso a esos documentos, a esas decisiones, a esos datos producidos por los poderes públicos.

De lo anterior se desprende, en obviedad, que cuando se está enfrente de un derecho fragmentado, a efecto de dotarlo de eficacia se tiene que acudir a una solución en nuestro marco constitucional que fortalezca el derecho de acceso a la información, y que al mismo tiempo, preserve e imprima nueva fuerza a nuestro esquema federal.

Esto es lo que hoy tenemos que destacar --aparte de todo lo que han destacado nuestros compañeros--; es que la reforma que estamos por aprobar el día de hoy hace que no importe, que no deba importar en qué lugar se habite, en qué lugar se resida o se encuentre una persona para tener las mismas condiciones, los mismos derechos y los mismos procedimientos para acceder a toda la información que se produce por los órganos públicos en nuestro país; motivos todos ellos que justifican la aprobación de las presentes adiciones al artículo 6o. de la Constitución general.

Así, las posibilidades que cada una de las entidades federativas tiene para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, a partir de principios y bases mínimas consagradas en la Constitución, redundará en beneficio y fortalecimiento de nuestra democracia; máxima publicidad que cualquier persona --sin tener que acreditar el interés jurídico-- pueda acceder a la información, que sea gratuito, que se tenga un sistema informático que permita el acceso de manera remota y también gratuita a la información pública; el deber de publicación mínima, es decir, una serie de datos que deben ser publicados y deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin que medie la solicitud; un mecanismo ágil, sencillo y expedito, y para ver si la reserva a la información es correcta o no en cualquier parte del país y tutelar los datos personales.

Es decir, este paso hace que todos los ciudadanos, que todos los mexicanos tengamos el mismo derecho a la información, no sólo frente al nivel federal, sino frente a los niveles estatales y municipales.

Sin embargo compañeras y compañeros diputados, esto debe ser sólo el inicio. Los gobiernos del ámbito federal, estatal y municipal están obligados a observar y cumplir principios y bases mínimas en materia de acceso a la información.

Y la ciudadanía está obligada a cuestionar, demandar y, en suma, hacer valer su derecho para fortalecer nuestro Estado democrático, porque esta reforma tiene un destinatario: los ciudadanos de este país. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Se pide a la Secretaría que dé lectura a la comunicación dirigida al Presidente de esta Mesa por el diputado Raymundo Cárdenas Hernández , presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

De conformidad con lo acordado por la comisión redactora, encargada de coordinar los trabajos relativos a la elaboración del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo, con siete fracciones, al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el aval de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, someto a su consideración la siguiente propuesta con el objeto de modificar el párrafo sexto del inciso 6), fracción VI de los considerandos de dicho dictamen visibles a fojas 19 de la Gaceta Parlamentaria del jueves 1 de marzo de 2007, para quedar de la siguiente manera:

``De esta manera, la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia. En los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Del mismo modo, otras figuras de autoridad pública o de interés público deberán cumplir este tipo de obligaciones de conformidad con las leyes específicas que las regulan (la Ley de Entidades Paraestatales, en el caso de los fideicomisos que cobran forma de institución; la Ley de Instituciones de Crédito, en el caso de los fideicomisos bajo la forma de contratos; la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social, realizadas por organizaciones civiles), desarrollando y traduciendo con sus peculiaridades las bases constitucionales que se proponen con la adición.''

Atentamente

Palacio Legislativo, a 6 de marzo de 2007.---Diputado Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Agréguese al expediente.

Se pide a la Secretaría que dé lectura a la comunicación dirigida al Presidente de esta Mesa por los diputados Gustavo Parra, de Acción Nacional, César Camacho Quiroz , del PRI, y el diputado Victorio Montalvo Rojas , del PRD.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva.---Presente.

De conformidad con lo acordado por la comisión redactora encargada de coordinarlos los trabajos relativos a la elaboración del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo con siete fracciones del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el aval de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, con el fin de dar mayor claridad y precisión al espíritu de la visión constitucional que se pretende, sometemos a su consideración la siguiente propuesta, con el objeto de modificar la fracción IV del proyecto de decreto contenido en dicho dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 1 de marzo de 2007, visible a fojas 21 y en consecuencia del párrafo cuarto al inciso ``4.1.) Los órganos garantes'', de los considerandos, visibles a fojas 16 de la citada Gaceta, para quedar como sigue:

- En el proyecto de decreto:``IV. Se establecen mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.''- En los considerandos del dictamen:``Para lograrlo, la reforma establece que los órganos gozarán de tres autonomías orientadas a garantizar estas cualidades: operativas, que consiste en la administración responsable, con criterios propios; de gestión, para ejercer su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, sujetándose a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes, autorizar adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, atendiendo a sus competencias conforme a la ley y, finalmente, la de decisión que supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio independiente debidamente fundado y motivado, al margen de las autoridades en turno.''Atentamente

Palacio Legislativo, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Gustavo Parra Noriega (rúbrica), del Partido Acción Nacional, diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), del Partido Revolucionario Institucional, diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica), del Partido de la Revolución Democrática.»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : En relación con las consideraciones del dictamen, agréguese al expediente.

Vamos a consultar en votación económica si se admite la modificación propuesta por los diputados firmantes, y para ello pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de modificación en el proyecto de decreto del punto cuatro.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Fracción IV. Se establecerá un mecanismo de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de admitirse la modificación propuesta.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se admite la modificación propuesta por los diputados Gustavo Parra Noriega , del Partido Acción Nacional; diputado César Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional; diputado Victorio Montalvo Rojas , del Partido de la Revolución Democrática.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aceptada la modificación. No habiendo más oradores registrados, se considera que está suficientemente discutido el proyecto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto con la modificación a la fracción IV, aceptada por la Asamblea.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, con la modificación a la fracción IV aceptada por la Asamblea...

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Las Comisiones Unidas de Equidad y Género de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados han pedido a esta Mesa Directiva que haga un llamado a todos los diputados y diputadas que quieran adherirse con su firma al Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que fue firmado ayer; que pasen a estampar su firma en dicho pacto a la mesa de la Secretaría General, que está aquí a mano izquierda del presídium o a mano derecha de ustedes; y es ésta una ocasión propicia mientras está la votación, que los que deseen adherirse al pacto pasen a estampar su firma en esta mesa. Muchas gracias. Algunos diputados ya están firmando el pacto.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señor Presidente: se emitieron 425 votos en pro, una abstención y cero en contra.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado en lo general y en lo particular, por 425 votos, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría que ponga a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 1 de febrero del año en curso, los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Angola, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 8 de febrero de 2007, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de la República de Angola, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Zenón Joel Cortés Villegas, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Angola, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Angola, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2007.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente (rúbrica); Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , Gloria Lavara Mejía , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz , Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázaquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 9 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario paraque los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo, Adriana Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García, John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Parra Ramírez y Carolina Marín Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 20 de febrero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados de en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Sánchez Ortiz Gómez para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Irene Cárdenas Castro para prestar servicios como especialista comercial en la sección comercial de la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Irma Ayala Castillo para prestar servicios como asistente administrativo del Departamento de Comercio de EUA en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Priscila Acosta Chavira para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Gesper Antonio Ruiz García para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano John Charles Palmerín para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Mario Rivera Landavazo para prestar servicios como ingeniero supervisor de mantenimiento en el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Laura Yolanda Parra Ramírez para prestar servicios como cajera/asistente financiera en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Marín Hernández para prestar servicios como asistente de servicios consulares especiales en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 21 de febrero de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 14 de diciembre de 2006 y el 20 de febrero del año en curso, las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicio como asistentes de la Embajada de la República de Angola en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 22 de febrero se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de la República de Angola en México serán de carácter administrativo.

c} Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Neyda Reyes Carlos para prestar servicios como asistente de la Embajada de la República de Angola en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Angélica Reza Cabestany para prestar servicios como asistente de la Embajada de la República de Angola en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de febrero de 2007.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega , Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general; no habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación.)

Se emitieron 355 votos en pro y tres abstenciones...

De viva voz:

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez (desde la curul): En pro.

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): En pro.

La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo . A favor.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): A favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): En pro.

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Esteva Salinas (desde la curul): Alberto Esteva, en pro.

La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril (desde la curul): A favor.

El diputado Martín Zepeda Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada Concepción Ojeda Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Mariano González Zarur (desde la curul): A favor.

El diputado Adrián Pedrozo Castillo (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Soto Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Almonte Borja (desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): A favor.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Wilfredo Alonso Razo (desde la curul): A favor.

La diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): A favor.

La diputada Alma Hilda Medina Macías (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco (desde la curul): A favor.

La diputada María Sofía Castro Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Gustavo Parra Noriega (desde la curul): A favor.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Dávila Fernández (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Vázquez Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás (desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : El diputado Francisco Antonio Fraile García , corrige su voto, a favor.

Diputado Presidente: se emitieron 392 votos en pro, cero votos en contra y dos abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los proyectos de decreto por 392 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa por la que se crea el comité del 195 aniversario de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de la Cámara de Diputados.

La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 29 de abril de 2004 --LIX Legislatura--, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa de ley por la que se crea el comité del CVC (sic) Aniversario de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, presentada por el diputado Armando Rangel Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1486-IV, del jueves 29 de abril de 2004.

II. Contenido

1. Propuesta legislativa

La iniciativa propone:

a) Constituir el comité del CVC (sic) aniversario de la instalación primer ayuntamiento del México independiente el 17 de septiembre de 1810, en la villa de San Miguel El Grande, integrado por diputados de todos los partidos políticos representados en la Cámara.

b) Invitar a la Cámara de Senadores a participar en las actividades que realizará el comité, por conducto de los legisladores que se designen para tal efecto.

c) Exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de la federación y al ayuntamiento municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, a designar representantes ante el comité, a efecto de que participen en las actividades del mismo.

d) Decretar el año 2005 como Año del Ayuntamiento.

e) Establecer objetivos puntuales para el Comité que tendrá a su cargo la celebración del CVC (sic) Aniversario de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente el 17 de septiembre de 1810, en la Villa de San Miguel el Grande.

2. Los argumentos

Conforme a la exposición de motivos, la iniciativa expresa:

a) Después del descubrimiento de la conspiración de Valladolid los insurgentes tuvieron que reorganizar el movimiento, y el memorable 16 de septiembre de 1810 que la tropa entró en la villa de San Miguel el Grande, tras reducir a prisión a las autoridades españolas reunidas en la Casa Consistorial, los jefes revolucionarios hubieron de contener a la exaltada multitud y evitar incendios y saqueos a los bienes pertenecientes a los peninsulares.

b) Considerando la importancia de la villa de San Miguel, en el plano económico, político y social como lugar estratégico de cruce de caminos entre los reales de minas de Zacatecas y Guanajuato, así como su comunicación con Celaya, Dolores y Querétaro, se hacía indispensable la elección de autoridades locales comprometidas con el movimiento insurgente.

c) Ante la necesidad de salir de la ciudad y considerando la inconveniencia de dejar sin ninguna autoridad el lugar, Hidalgo y Allende acordaron nombrar la junta en la que residieran las facultades necesarias para dictar sus medidas conducentes al aseguramiento del orden público, que entre otras cosas pudieran resolver los asuntos que ocurrieran en el orden político, civil y militar.

d) Así, tal y como consta en diversos documentos históricos reconocidos, el 17 de septiembre de 1810, en la villa de San Miguel el Grande se instaló el primer ayuntamiento del México independiente.

e) Es un acto de verdad y justicia histórica, que se reconozca la labor de aquellos héroes interesados en darnos no solo independencia y una vida digna basada en la igualdad entre todos, sino que además, estuvieron preocupados por dotar a los pueblos, villas o ciudades bajo su autoridad de las instituciones necesarias para su funcionamiento y gobernabilidad.

III. Consideraciones y análisis

1. La iniciativa propuesta que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: Se formuló por escrito y se presentó con un título por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, con sus nombres y firmas; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El motivo principal que animó la presentación de la iniciativa fue la cercanía del aniversario número ciento noventa y cinco de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente. Dicha conmemoración tuvo lugar en el año 2005.

5. La propuesta no correspondería a una iniciativa de ley, como la plantearon sus autores, sino a una iniciativa de decreto porque carece de los aspectos generales, abstractos e impersonales propios de toda norma jurídica.

IV. Conclusiones y propuestas

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias está de acuerdo con la intención de reconocer la labor histórica que, a favor de la creación de de instituciones para México, hicieran los personajes que formaron parte de la generación de la Independencia. Comparte también la idea de estimular la cultura cívica y el conocimiento por los próceres de la patria, a través de vías como las que sugiere la propuesta señalada. Pero al mismo tiempo, considera que la iniciativa ha perdido vigencia y oportunidad para su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa de ley por la que se crea el Comité del CVC (sic) Aniversario de la instalación del primer ayuntamiento del México independiente, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, presentada por el diputado Armando Rangel Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios.

Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

Por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats , Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

BENITO JUAREZ GARCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre ``Presidente Benito Juárez''

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de la Cámara de Diputados.

La Comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 23 de noviembre de 2004, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el nombre de ``Presidente Benito Juárez'', en honor del licenciado Benito Juárez García, Presidente de México y Benemérito de las Américas, presentada por el entonces coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia, diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez. El Presidente de la Cámara determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 1632-I, del martes 23 de noviembre de 2004.

3. El 10 de noviembre de 2005 se recibió el oficio CEFBNBJG/026705 de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, en el que se solicitaba aprobar la iniciativa.

4. El 25 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta comisión una solicitud de excitativa presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez a fin de que se dictaminara la iniciativa para imponer al salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el nombre de ``Presidente Benito Juárez'', presentada por el mismo diputado el 23 de noviembre de 2004.

II. Contenido

1. Propuesta legislativa

La iniciativa propone:

A) Imponer al salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de ``Presidente Benito Juárez''.

B) El primer artículo transitorio del decreto sugerido propone que se instruya a la Secretaría General de la honorable Cámara de Diputados para que realice las gestiones necesarias a fin de que se coloque una placa con el nombre ``Presidente Benito Juárez'' en la entrada del salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro.

2. Los argumentos.

Conforme a la exposición de motivos, la iniciativa expresa:

A) Benito Juárez fue la figura que descolló del grupo de liberales que libró una lucha de más de 30 años con los conservadores por organizar el Estado nacional, de acuerdo con los principios de la democracia representativa como única autoridad de la nación, otorgando iguales derechos a los ciudadanos, sin fueros ni privilegios para nadie. A él se deben muchas de las aportaciones que dieron forma a nuestra estructura jurídica y política como nación independiente y a la configuración de un Estado orientado al servicio de las grandes mayorías nacionales.

B) Las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil fueron tres de las disposiciones esenciales impulsadas por Juárez para acabar con el poder político de la iglesia y para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y favorecer la implantación de una educación que permitiera que el pueblo alcanzara sus metas y su desarrollo integral.

C) El sacrificio que Juárez y los liberales realizaron padeciendo pobreza, la cárcel, la persecución, el destierro, la calumnia y la infamia demostró que, además de heroicos en el hacer, eran también iluminados en el pensar y perfilaron una luminosa lección histórica que muchos mexicanos de las siguientes generaciones han tomado como referente y como fuerza que ha guiado sus actos.

D) Es compromiso de los tres Poderes de la Unión realizar las acciones encaminadas a impulsar la cultura cívica de todos los sectores sociales. Por eso, tomando en cuenta que el 21 de marzo de 2006 se cumplirían los doscientos años del natalicio del presidente licenciado don Benito Juárez, considera necesario que la honorable Cámara de Diputados rinda un homenaje a este insigne personaje imponiendo al salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de ``Presidente Benito Juárez'' en esa fecha.

III. Consideraciones y análisis

A. Este dictamen resuelve y atiende los oficios enunciados en los antecedentes.

B. La iniciativa que se analiza cumple los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: Se formuló por escrito y se presentó con un título por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, con sus nombres y firmas; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno; y fue difundida con oportunidad.

C. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

D. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir dictamen, conforme a lo que disponen el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

E. Uno de los motivos principales que animó la presentación de la iniciativa fue la cercanía del aniversario del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, con el objetivo de rendirle un homenaje.

F. El domingo 20 de abril de 1873, casi a un año de su muerte, la Cámara de Diputados aprobó un decreto en el que Juárez fue declarado Benemérito de la Patria en grado heroico, se determinó fijar su nombre en letras de oro en el salón de sesiones del Congreso de la Unión y se aprobó la construcción de un monumento conmemorativo que llevaría su estatua, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República.

G. El martes 24 de diciembre de 1968, con objeto de tributar otro homenaje al licenciado Juárez García, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado por el Congreso de la Unión en el que se disponía: ``Se inscriba con letras de oro en lugar destacado de los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión el apotegma de don Benito Juárez: 'Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz'''.

H. La inscripción del apotegma, en 1969, se realizó en el inmueble de Donceles, porque la Cámara de Diputados estuvo ubicada en Donceles, del 11 de abril de 1911 y hasta el 28 de agosto de 1981.

I. Fue hasta junio de 1982 cuando se asentaron en el Muro de Honor del actual salón de sesiones todas las inscripciones que se encontraban en Donceles, al concluirse la construcción del Palacio Legislativo.

J. Por lo que hace al Senado de la República, la inscripción del apotegma se realizó en la sala anexa al salón de sesiones, llamada ``De los Pasos Perdidos'', hoy conocida con el nombre de ``Salón de los Vitrales''. La razón de este hecho se debe a que en aquel tiempo se consideró como un lugar destacado del recinto de Xicoténcatl pues entonces no se contaba con las características arquitectónicas y estructurales que hicieran posible la inscripción en uno de los muros principales del salón de sesiones.

K. El miércoles 3 de noviembre de 2004, la Cámara de Senadores aprobó el decreto para inscribir con letras de oro en el muro principal del recinto del salón de sesiones de la Cámara de Senadores el apotegma de Benito Juárez: ``Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''. El 17 de marzo de 2005 se llevó a cabo la sesión solemne en que se inscribió el apotegma.

L. El 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura conoció y aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política en el sentido de constituir una comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, la que fue aprobada en forma unánime.

M. Asimismo, el Congreso aprobó durante los primeros días del mes de marzo de 2006 la celebración en el Palacio Legislativo de San Lázaro de una sesión solemne para conmemorar el bicentenario del natalicio de Benito Juárez García, y decidió no incluir en el dictamen la propuesta de inscribir su nombre en el salón de sesiones. La sesión solemne se realizó el 21 de marzo de este año.

N. El 29 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara 2006 ``Año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García''.

IV. Conclusiones y propuestas

A. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias coincide con la intención de rendir homenaje a uno de los héroes más distinguidos de nuestra historia nacional.

B. La comisión comparte también la idea de estimular la cultura cívica y el conocimiento por los próceres de nuestra patria, pero al mismo tiempo considera que el Congreso de la Unión en su conjunto ha realizado varios homenajes y reconocimientos a la destacada vida, obra y aportaciones a la nación de Benito Juárez García, y si bien la propuesta de la iniciativa es loable y justa, una nueva distinción no aportaría más al insigne Juárez.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión propone a esta soberanía el siguiente

Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el nombre de ``Presidente Benito Juárez'', en honor del licenciado Benito Juárez García, Presidente de México y Benemérito de las Américas, presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez.

Segundo. Archívense los asuntos que trata el presente como total y definitivamente concluidos.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

Por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar en contra de este dictamen, tiene la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas:Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros. El dictamen en sentido negativo que hoy se presenta para desechar la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de esta Cámara de Diputados el nombre ``Presidente Benito Juárez'', carece de sustento en sus argumentos, en tanto que son contradictorios.

Como todos sabemos, el Presidente Benito Juárez ha sido distinguido tanto en el ámbito interno del país como fuera de las fronteras mexicanas, como un estadista visionario respetuoso de las libertades. Su vida y obra son dignas de admiración y de encomio, los argumentos que desde esta tribuna esgrimo quedan insuficientes con la magnificencia de tan distinguido mexicano.

La Comisión dictaminadora aduce en su conclusión: a) que coincide con la intención de rendir homenaje a uno de los héroes más distinguidos de nuestra historia nacional; en tanto en su conclusión b) argumenta que comparte también la idea de estimular la cultura cívica y el conocimiento por los próceres de nuestra patria, pero al mismo tiempo considera que el Congreso de la Unión en su conjunto ha realizado varios homenajes y reconocimientos a la destacada vida, obra y aportaciones a la nación, de Benito Juárez García. Y si bien la propuesta de la iniciativa es loable y justa, una nueva distinción no aportaría más al insigne Juárez.

Como se desprende de lo anterior, este dictamen negativo, dicho sea con todo respeto, presenta incongruencias en sus conclusiones, porque acepta y coincide con los homenajes rendidos al Benemérito de las Américas, pero al mismo tiempo considera que el Congreso de la Unión le ha realizado varios homenajes y reconocimientos a la destacada vida, obra y aportaciones a la nación de Benito Juárez García.

Los diputados de Nueva Alianza discrepamos, respetuosamente, de la opinión que presenta este dictamen y por ello votaremos en contra del mismo, porque a los héroes que nos dieron patria, que ofrendaron su vida para que los mexicanos de hoy gocemos de una vida armónica, no se les debe limitar el reconocimiento; al contrario, son dignos de todos los elogios posibles, porque no alcanzan los homenajes para demostrar el reconocimiento que las instituciones y el pueblo deben tributarles.

Estamos convencidos de que no hay actos de homenaje o reconocimiento que sean suficientes para honrar la memoria de los héroes y personajes de nuestra historia que forjaron nuestra nación, defendieron nuestra soberanía y nos dieron patria y futuro.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a ustedes su voto en contra del dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto para imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre de Presidente Benito Juárez, para que sea devuelto a la Comisión y sea reconsiderado a un sentido positivo del mismo. Es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jacinto Gómez.

Se reserva para su votación al final. Continúe la Secretaría.

HERMENEGILDO GALEANA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se solicita la adición del apellido Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en 1823, en el Salón de Cortes

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de la Cámara de Diputados.

La Comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I. Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 7 de diciembre de 2004 --LIX Legislatura--, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 presentada por el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1642-I, del martes 7 de diciembre de 2004.

II. Contenido

1. Propuesta legislativa.

La iniciativa propone:

Adicionar al nombre inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados, el segundo apellido al general Hermenegildo Galeana de Vargas.

2. Los argumentos

Conforme a la exposición de motivos, la iniciativa expresa:

a) Es anhelo del pueblo de Tecpan de Galeana, la pretensión de ampliar el reconocimiento del hasta ahora conocido únicamente como general Hermenegildo Galeana.

b) Hasta esta fecha ningún historiador había podido encontrar el segundo apellido del célebre insurgente, apareciendo únicamente su personalidad como hasta ahora se conoce con su nombre y su primer apellido.

c) Investigaciones realizadas por el Hernán Escamilla Ocampo vecino de Tecpan de Galeana, investigador histórico registrado en el Archivo General de la Nación, con número de registro 032113, muestra pruebas documentales en donde se hace mención de que el apellido de la esposa del padre del general Hermenegildo Galeana es Vargas y con base en esto se sostiene que el nombre completo del caudillo del movimiento de independencia es Hermenegildo Galeana de Vargas.

III. Consideraciones y análisis

1. La iniciativa propuesta que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.

2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En 1823 el Congreso declaró beneméritos de la patria en grado heroico a diversos personajes que participaron en la Guerra de Independencia, mediante decreto expedido por el Ejecutivo. En aquél decreto se anunció la inscripción con letras de oro en el Salón de Cortes los nombres de los mismos héroes, entre ellos el de Hermenegildo Galeana, cuyo decreto fue aprobado el 19 de julio de 1823 y publicado el 5 de agosto de 1823.

5. Este hecho, así como la mención que hace la iniciativa propuesta muestran que a lo largo de la historia al prócer Hermenegildo Galeana sólo se le ha ubicado con su primer apellido.

6. Actualmente el nombre de Hermenegildo Galeana se encuentra inscrito en el primer muro del costado derecho del Salón de Sesiones de la Cámara, en el tercer sitio de arriba hacia abajo.

7. Se considera que agregarle el apellido Vargas como lo propone la iniciativa, no agrega un mayor reconocimiento del que ya se le ha tributado, pero por el contrario si representaría una erogación para la Cámara de Diputados y para el erario público, toda vez que para tal efecto es preciso realizar una sesión solemne.

IV. Conclusiones y propuestas

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias esta de acuerdo con la intención de reconocer a los personajes que formaron parte de la generación de la Independencia. Comparte también la idea de estimular el conocimiento por los próceres de la patria. Pero al mismo tiempo, considera que la iniciativa no contribuye a rendir un nuevo homenaje y más aún, que no se está en deuda con dicho personaje.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente:

Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se solicita la adición del apellido de Vargas a la inscripción con letras de oro del Benemérito de la Patria General Hermenegildo Galeana, realizada en el año de 1823 en el Salón de Cortes, presentada por el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de febrero de 2007.

Por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés , Alejandro Enrique Delgado Oscoy , Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el día 9 de agosto de 2006 por la del Congreso de la Unión, fue turnada a esta comisión, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1o y 3o, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 9 de agosto de 2006, la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

2. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para su estudio y dictamen correspondiente, en la misma fecha, se acordó dar a la propuesta legislativa de referencia el trámite de recibo y se ordenó su turno a la Comisión de la Función Pública.

II. Análisis de la iniciativa

La finalidad de la iniciativa en comento es dotar a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, de facultades de ``control de la actividad de los órganos del poder público del Estado'', sobre todo en lo concerniente a la aplicación de recursos públicos.

En principio esta comisión dictaminadora coincide con la proponente cuando establece en la exposición de motivos que: ``La participación ciudadana ha surgido como elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo'', sin embargo de un análisis general se desprende la improcedencia de la presente iniciativa, debido a que no se refiere a cuestiones que sean materia de la ley que se pretende reformar, la materia propia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, queda claramente definida con fundamento en lo establecido en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción III del artículo 109, también de la Constitución:

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Como podemos observar, la materia propia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es precisamente establecer las obligaciones de los servidores públicos, las sanciones que se les aplicará por actos u omisiones en que incurran, y los procedimientos y autoridades que aplicarán esas sanciones.

Así, en la iniciativa en estudio no se pretende adicionar algo que sea materia de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sin embargo, creemos necesario realizar un análisis mas profundo a las propuestas contenidas en dicha iniciativa:

a) En primer lugar se propone la adición de un artículo 10 Bis 1:Artículo 10 Bis 1. Se reconoce en las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil una función esencial y de primordial importancia en el control de la actividad de los órganos del poder público del Estado, y específicamente en lo referido:

I. Aplicación de los recursos públicos según los procedimientos y finalidades previstas en las normas respectivas;

II. Asignación de los recursos públicos de acuerdo con las finalidades y el espíritu de las normas que la regulen;

III. Cumplimiento de los objetivos, programas, compromisos y metas asignadas o asumidas por los organismos estatales;

IV. Eficiencia y eficacia en la labor de los organismos estatales;

V. Asesoramiento y asistencia a los organismos estatales de control.

Como podemos observar lo que se pretende es el reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil una función de control de la actividad gubernamental, en lo que se refiere a los recursos públicos.

Este artículo no es claro respecto al tipo de control que tendrían las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, ni la forma en que lo llevarían a cabo.

Si bien es cierto que una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad, sería preciso aclarar el tipo de control que tendrían sobre los órganos del Estado.

b) Además de lo anterior se plantea la adición de un artículo 10 Bis 2:Artículo 10 Bis 2. Para el cumplimiento de las finalidades enunciadas en el artículo anterior, además de los derechos ya reconocidos en la ley, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil estarán facultadas para:

I. Formular ante las autoridades competentes las denuncias, reclamos, observaciones, recomendaciones o peticiones que consideren convenientes y oportunas;

II. Actuar ante autoridades administrativas o judiciales en defensa de derechos subjetivos, intereses legítimos, acciones de clase, intereses colectivos e intereses difusos;

III. Requerir de los organismos estatales y, a través de ellos, de sus contratistas particulares, los presupuestos, precios, fichas técnicas, estado de ejecución de los proyectos y demás información que les permita verificar si se ha procedido de acuerdo con las normas aplicables y de modo acorde con el interés general;

IV. Recibir denuncias, quejas, observaciones o sugerencias de particulares u organizaciones, y transmitirlas a las autoridades competentes.

Esta adición se refiere a las facultades que tendrían las organizaciones no gubernamentales.

En lo referente a la fracción I propuesta es menester tener claridad en lo que se refiere a las figuras planteadas, cuándo procederían cada una de ellas (se habla de denuncias, reclamos, observaciones, recomendaciones o peticiones), y qué efectos tendría cada una de ellas.

En lo que toca a la fracción II propuesta podemos ver que la redacción es ambigua, ya que se les faculta para actuar ante cualquier autoridad en defensa de derechos subjetivos, intereses legítimos, acciones de clase, intereses colectivos e intereses difusos. Pero de acuerdo a la misma redacción podrían actuar en defensa de cualquier persona o interés y en cualquier tipo de controversia o litigio.

En lo que se refiere a la fracción III propuesta es una facultad con la que cuenta cualquier persona de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Artículo 1. La presente ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

En lo que respecta a la fracción IV propuesta podemos aseverar que en lugar de resultar beneficioso, se retardaría la impartición de justicia en nuestro país, ya que se pretende facultar a las organizaciones no gubernamentales como intermediarios entre las personas y los órganos del Estado.

c) De igual manera, se plantea la adición de un artículo 10 Bis 3:

Artículo 10 Bis 3. Para efectos de los dos artículos anteriores, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil se sujetará a los siguientes principios:

I. Tendrán una organización democrática y serán de adhesión voluntaria;

II. Perseguirán fines jurídicamente lícitos y socialmente útiles;

III. Gozarán de plena autonomía frente a las entidades públicas y frente a los organismos institucionales de control;

IV. Sus actividades deberán contribuir a la adecuación de las acciones públicas, a la satisfacción de las necesidades colectivas y al logro de los fines del estado social de derecho. Y se guiarán por criterios objetivos que impriman certeza a sus conclusiones y recomendaciones y las alejen de toda posible actitud parcializada o discriminatoria;

V. Su participación deberá estar orientada por criterios que permitan la coordinación entre las mismas organizaciones, entre las diferentes instancias gubernamentales y entre unas y otras;

VI. No tendrán propósitos de lucro para sí o para sus asociados ni como objeto el proselitismo político o religioso;

VII. Las investigaciones que realicen, sus presupuestos, balances y demás datos sobre el origen de sus fondos tendrán carácter público.

Respecto a esta adición podemos decir que en nuestro sistema jurídico ya existe un marco jurídico encargado de regular la actuación de las asociaciones civiles, que son la forma jurídica que adoptan las organizaciones no gubernamentales. Que además, son consideradas como personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos del 25 al 28 del Código Civil Federal, y se rigen por lo establecido en el Título Undécimo (del artículo 2670 al 2687) del propio Código Civil Federal.

d) También se pretende la adición de un artículo 10 Bis 4:Artículo 10 Bis 4. Las organizaciones que tengan entre sus fines el de participar en las funciones previstas en los artículos precedentes no podrán percibir donaciones, subsidios o contribuciones por parte de personas físicas o morales que tengan interés patrimonial o de otra índole en aspectos relacionados con su objeto social.

Esta adición es, de igual forma, ambigua, porque no establece ni la forma de demostrar cuándo una persona física o moral tiene el interés patrimonial, ni cuál sería la sanción en caso de que se violara este precepto.

e) Por último, se pretende realizar la adición de un artículo 10 Bis 5:Artículo 10 Bis 5. Los órganos del poder público del Estado podrán celebrar convenios con organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil en virtud de los cuales se asignen a estas tareas de colaboración para verificar y controlar la correcta aplicación de los recursos públicos, el desarrollo de planes, programas y el cumplimiento de las metas propuestas.

En los marcos jurídicos de cada uno de los órganos del poder público del Estado se establecen de manera clara quién tiene la facultad para suscribir acuerdos para mejor realizar sus funciones, por lo tanto la adición propuesta resulta innecesaria.

III. Consideraciones

a) La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mediante la que se pretende dotar a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, de facultades de ``control de la actividad de los órganos del poder público del Estado'', en lo concerniente a la aplicación de recursos públicos, no es pertinente, de conformidad con el análisis relativo.

b) Por lo tanto, esta comisión dictaminadora estima que es improcedente la dictaminación favorable de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones, con las atribuciones que les otorga el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en los argumentos vertidos, los integrantes de esta comisión dictaminadora estiman improcedente la iniciativa en comento, por lo que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 9 de agosto de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal 21 de febrero de 2007.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Alcántara Núñez , Alma Eduviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez , Carlos Armando Biebrich Torres , María Eugenia campos Galván (rúbrica), Liliana Carvajal Méndez (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García , René Lezama Aradillas (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés , Carlos Orsoe Morales Vázquez , Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez , Rafael Plácido Ramos Becerril , Marcos Salas Contreras (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está discusión el punto de acuerdo; no habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación al final.

ENERGIA NUCLEAR

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las Demás Sustancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Economía y de Energía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso correspondiente a la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, presentada por el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, el 1 de abril del año 2004.

En tal virtud, estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 1 de abril del año 2004, los secretarios de la misma dieron cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, suscrita por el ciudadano diputado referido en el proemio de este dictamen. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las comisiones de Economía, y de Energía''.

2. En el proceso de revisión y análisis de la referida iniciativa, los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras realizaron distintas reuniones de trabajo con el fin de precisar los alcances y determinar la viabilidad del proyecto de decreto.

II. Objeto y contenido de la iniciativa

De acuerdo con la propia exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, ésta tiene por objeto vincular el potencial minero de México con su debido aprovechamiento tanto para el desarrollo nacional como para el beneficio de las comunidades en donde se encuentran posibles yacimientos minerales.

Asimismo, se pretende beneficiar a las comunidades donde se localizan yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear, a partir de una participación a favor de dichas comunidades en los beneficios e ingresos que reditúe la explotación y comercialización de los minerales materia de la iniciativa en comento, con la finalidad de financiar programas públicos que sirvan para mejorar su nivel de vida.

El objetivo planteado se persigue mediante una adición al primer párrafo del artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, para quedar como sigue:

Artículo 5o. El Ejecutivo federal, o la institución designada al efecto, celebrarán con los concesionarios mencionados en el artículo anterior y en el caso previsto por el mismo, contrato de compraventa para la adquisición del uranio, el torio y las demás substancias de las que puedan obtenerse isótopos hendibles o materias radioactivas que puedan producir energía nuclear a base de conceder un precio razonable, que será fijado en los términos que señale el reglamento de esta ley. En el mismo contrato se establecerá una proporción de 10 por ciento del monto total como participación para los ayuntamientos en los que se encuentren los yacimientos a explotar, objeto de la compraventa.

Con base en lo anterior, los integrantes de las comisiones dictaminadoras formulan el presente dictamen, al tenor de las siguientes

III. Consideraciones

Primera. La Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, que la iniciativa que aquí se dictamina propone reformar, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1950, entrando en vigor a partir del 29 del mismo mes y año.

Segunda. Con fecha del 12 de enero de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Energía Nuclear, en la cual se introdujeron y reformaron algunos contenidos de ciertas disposiciones previstas en la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear.

Tercera. Entre los contenidos introducidos y reformados en la nueva norma, estuvo el que correspondía al artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, el cual fue derogado explícitamente en el artículo tercero transitorio de la mencionada Ley Orgánica del Instituto Nacional de Energía Nuclear, en los siguientes términos:

Artículo 3o. Se derogan los artículos 5o. y 7o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, de fecha 31 de diciembre de 1949, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1950.

Cuarta. El motivo que llevó a la derogación antes mencionada fue eliminar la celebración de contratos y la fijación de un precio aplicable a la materia de dichos contratos, derecho que se establecía hasta 1972, como se aprecia a continuación:

Artículo 5o. El Ejecutivo federal, o la institución designada al efecto, celebrarán con los concesionarios mencionados en el artículo anterior y en el caso previsto por el mismo, contrato de compraventa para la adquisición del uranio, el torio y las demás substancias de las que puedan obtenerse isótopos hendibles o materias radioactivas que puedan producir energía nuclear a base de conceder un precio razonable, que será fijado en los términos que señale el reglamento de esta ley.

Quinta. Por otra parte, el artículo 27 constitucional establece que:

``...Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva...''

``Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.''

Sexta. Esta disposición es recogida por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que establece en el artículo 5o.:

Los minerales radiactivos, en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son propiedad de la nación; y su exploración, explotación y beneficio no podrá ser materia de concesión o contrato.

Séptima. Es claro que este recorrido de sucesivas reformas alrededor de la explotación y aprovechamiento a partir de 1972 buscó rectificar lo que originalmente disponía la ley que la iniciativa que aquí se dictamina. Esto es, excluir la posibilidad de contratar la compraventa de los minerales a partir de los cuales se puede obtener energía nuclear.

Octava. Si bien, por una parte no es posible reformar una disposición que desde 1972 fue derogada, a ello se agrega que la Constitución Política prohíbe contratar la compraventa de los minerales radioactivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, estas dictaminadoras, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

IV. Resolutivo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Sustancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, turnada por el Pleno de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Energía, y de Economía, en fecha 1 de abril de 2004.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2007.

La Comisión de Economía, diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal , Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez , Luis Javier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero , Octavio Martínez Vargas , Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal , Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho , Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo .

La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto , José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez , Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats , Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales , Antonio Soto Sánchez , Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González Zarur , Narcizo Alberto Amador Leal , Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo; no habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo impugnado por el diputado Jacinto Gómez Pasillas , relativo a imponer al salón de plenos de la Cámara de Diputados el nombre de Presiente Benito Juárez.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese.

Pido a la Secretaría ponga también a votación todos los demás puntos de acuerdo que no fueron impugnados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo, excepto el que mencionó el diputado Jacinto Gómez.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los puntos de acuerdo que con sus dictámenes dese-chan los asuntos que han sido planteados; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Pido a la Secretaría que dé lectura a una propuesta de la Junta de Coordinación Política.

ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita al Ejecutivo federal que manifieste ante la Organización Mundial de Comercio su interés en la solicitud de consultas presentada por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores y exportadores de maíz

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas , del Grupo Parlamentario del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, con carácter de urgencia, a que por conducto de la Secretaría de Economía y en cumplimiento de sus atribuciones, dé atención inmediata a lo siguiente:

I. Se adhiera formalmente como tercero interesado, a la solicitud de consultas que, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Canadá presentó al gobierno de Estados Unidos el día 8 de enero de 2007, con respecto a las subvenciones para el maíz y otras medidas distorsionantes del comercio de éste y otros productos agropecuarios que el gobierno norteamericano otorga a sus productores, exportadores y procesadores, así como con relación al incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en los acuerdos suscritos en la OMC.

II. Ratifique y dé seguimiento formal a los diversos posicionamientos que en materia de comercio agropecuario ha establecido de manera independiente en marzo de 2001 y como parte del Grupo de los Veinte, en diciembre de 2004, particularmente en lo que se refiere a

1. La ampliación de la vigencia del período de reforma, hasta el momento en el que inicie la implantación de un nuevo acuerdo en esta materia.

2. La eliminación inmediata de las salvaguardas especiales para los países desarrollados.

3. La inclusión como productores especiales de las mismas fracciones que fueron consideradas como sujetas de las salvaguardas especiales previstas en el artículo 5 del Acuerdo de agricultura, y

4. La transformación de la Cláusula de paz en una obligación permanente para los países desarrollados, en relación con las importaciones de los países en desarrollo.

III. Informe si el Ejecutivo federal ya cumplió con la obligación que tiene en defensa de los productores nacionales, en el sentido de adherirse a la solicitud de consultas realizadas por el gobierno de Canadá, y en caso contrario, se le solicita que lo haga de inmediato.Palacio Legislativo, México DF, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este asunto se han inscrito los diputados Manuel Cárdenas Fonsecay el diputado Enrique Serrano Escobar. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia. Como es de todos conocido, el gobierno de Estados Unidos proporciona grandes cantidades vía subsidios a sus productores agrícolas. Este tema que hoy tratamos fue motivo de que en días pasados nos expresáramos sobre el mismo estando de acuerdo todas las bancadas.

El que hoy estemos en esta tribuna para nuevamente expresarnos y manifestarnos para que México asista y se presente como interesado en la denuncia-demanda que presentó el gobierno de Canadá ante la Organización Mundial del Comercio para salir en defensa y proteger a sus productores agrícolas, es una clara muestra de que México tiene una situación de grave crisis al respecto.

No podemos dejar pasar que en tratándose de este tema, es materia y responsabilidad única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República establecer mecanismos de salvaguardias, el concurrir a paneles de discusión, el establecer medidas de protección vía cuotas o mecanismos no arancelarios; ésa es la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo.

Aquí lo comentamos entonces, que el tema tenía fecha fatal. Aquí comentamos que no queríamos que en este caso en particular sucediera lo que pasó con el diagnóstico para empezar los trabajos en materia fiscal y de gasto público.

Aquí también expresamos que no queríamos que este tema, igual que sucedió en materia tributaria, y que advertíamos que no debería de suceder en el Programa de Seguridad Pública y Combate a la Delincuencia --que por cierto tampoco presentó en tiempo el Poder Ejecutivo porque ya estamos en marzo y el plazo vencía en febrero--, que no le fuera a suceder en esta materia lo mismo que en esos otros casos.

La exhortación es al Ejecutivo, el tiempo corre. Está por concluir y no tenemos conocimiento de que quiera salir en defensa de los productores mexicanos contra medidas que distorsionan mercado, que deprimen precios y que atentan contra las asimetrías y los mecanismos de justo reconocimiento que establece la Organización Mundial del Comercio. Por eso nosotros estamos a favor y queremos el apoyo de todas las bancadas en esta materia. Es cuanto, señor Presidente, y le solicito que se inscriba el texto íntegro en el Diario de Debates.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Inscríbase íntegro el texto en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés:Con su venia, señor Presidente: quiero preguntarles, compañeros legisladores, ¿cuál es el peso que el Poder Ejecutivo le otorga al Legislativo? ¿De qué instrumentos jurídicos disponemos para hacer valer los acuerdos de nuestras Cámaras ante los funcionarios de alto rango del Ejecutivo?

Esta sería la segunda vez que nos pronunciamos en materia de subsidios. El mes pasado aprobamos un exhorto para que el Presidente manifestara su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores de maíz. Lamentablemente, y pese a la buena disposición de los diputados, creo que el exhorto, materia de este debate, también será un intento fallido.

En el primer caso, los tiempos se agotaron; y de acuerdo con los compañeros que asistieron a la reunión para revisar la llamada Ley de Agricultura en Estados Unidos, conocida como la Farm Bill, no existe ninguna posibilidad para que México pueda adherirse.

Las secretarías competentes para negociar este asunto no hicieron su trabajo y el tiempo concluyó. ¿Y ahora qué? Lamentablemente los márgenes legales se estrecharon.

Es fundamental que como Congreso exijamos las explicaciones respectivas y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque nosotros exhortamos en un momento oportuno a que las secretarías de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores se suscribieran a la controversia que presentó el gobierno de Canadá con nuestro vecino país del norte, por el indiscriminado volumen de subsidios que otorga a sus productores del agro.

Nuestra petición era, sin duda alguna, por la investidura de nuestra facultad como diputados, un asunto de interés nacional que no estaba dispuesto a la opinión o facultades exclusivas de los secretarios de Estado.

Hoy la Comisión de Agricultura sostiene un encuentro con el secretario de Agricultura de Estados Unidos de América y todavía no sabemos los términos y los puntos agendados para dicha reunión.

Se nos ha dicho que es una reunión de cortesía, pero creemos que vendrán a negociar dos cosas: la aceptación plena de México de su nuevo proyecto legislativo, que se vincula directamente con la problemática de los subsidios y el convencimiento para no acompañar a Canadá sobre su iniciativa, propuesta que, por cierto, ha sido apoyada por más de 30 países, quedando excluido, como siempre, nuestro país, México.

La ley está dirigida a ofrecer subsidios y mayores apoyos a los productores agropecuarios estadounidenses, lo que genera sin duda alguna una situación de ventaja comercial para Estados Unidos que puede ahondar en la crisis que vive el campo mexicano.

Debemos entender que, independientemente de la política nacional que se implemente sobre este tema, nuestros campesinos están al margen de la política de subsidios comentada por los estados.

Y como ya no tengo tiempo, ya nada más quiero manifestar que se deben establecer los límites de su actuar en materia agrícola, tratando de frenar la competencia desleal. Debemos partir del hecho de que la Subsecretaría de Agricultura de este país, de manera franca como lo señaló, no quiere y no renegociará el capítulo agropecuario del TLCAN. Por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos a nivel nacional e internacional. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Tiene la palabra el diputado Enrique Serrano Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Serrano Escobar:Gracias, diputado Presidente: el punto de acuerdo que nos ocupa, diputadas y diputados, dice textualmente, y cito: ``Canadá considera que dichas medidas generan ventajas comerciales desleales, deprimen los precios de mercado y dañan y amenazan con causar un daño serio a los intereses de Canadá''. Termina la cita.

Esto es lo que dice Canadá. Nuestro país, nuestro gobierno federal no ha dicho nada, señoras y señores; se ha hecho necesario presentar este punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que el gobierno federal ejerza sus facultades dentro del Tratado de Libre Comercio y se adhiera a la gestión y a la queja que está presentando Canadá.

Es inconcebible que el Presidente de la República, habiendo ofrecido claramente promover una defensa fuerte, decidida de los intereses del campo mexicano, estemos en estas condiciones en que, a punto de vencerse plazos importantes, no hayamos presentado, por nuestro propio derecho, un recurso de revisión, como lo está haciendo Canadá en estos momentos.

Simple y sencillamente estamos exhortando al Ejecutivo federal para que, no habiéndolo hecho por sí mismo, se sume, ``se cuelgue'' --entre comillas-- de la solicitud que está presentando Canadá al gobierno de Estados Unidos respecto de los subsidios que en forma cuantiosa, abundante y ventajosa otorga a los productores agropecuarios en su país, especialmente en este caso, a los productores del maíz.

Los términos del Tratado de Libre Comercio están por concluir y no hemos hecho esta defensa. Hacemos el exhorto para que nuestro gobierno salga en una defensa legítima, una defensa fuerte, que se escuche la voz del gobierno mexicano en los foros internacionales, como sucedía en otros tiempos.

No sólo es una denuncia respecto de este punto sobre el maíz; es un exhorto al Presidente de la República para que no se dejen pasar estos aspectos tan relevantes de nuestras relaciones comerciales con el exterior y especialmente con Estados Unidos, con quien tenemos una relación de natural desventaja. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Enrique Serrano. Tiene la palabra el diputado Rutilio Cruz Escandón, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Rutilio Cruz Escandón:Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: no es posible; desde el día 8 de enero --ya se van a cumplir dos meses este 8 de marzo, en dos días más-- Canadá presentó esta controversia en contra de los Estados Unidos por los grandes subsidios que se dan al maíz y a otros productos agrícolas.

No es posible que México, siendo un asunto de interés nacional en el que está de por medio la soberanía alimentaria, México haya hecho caso omiso a todos los llamados, no solamente de esta Cámara, sino de los productores del campo para que nos sumemos a este acuerdo.

El día 15 de febrero nosotros presentamos aquí, la Comisión del Campo presentó aquí un exhorto al Presidente de la República, este punto de acuerdo --que lo hizo suyo otra vez la Junta de Coordinación Política--, y todavía el Presidente de la República, el Ejecutivo federal, ha hecho oídos sordos a este reclamo nacional.

No se trata de ir a renegociar el Tratado de Libre Comercio; fíjense, se trata nada más de hacer valer las normas que todos los socios firmaron y las cuales se responsabilizaron a respetar. Estados Unidos no lo está respetando, y por eso es precisamente que México tiene que inconformarse conjuntamente con Canadá.

Ya lo hicieron 33 países, ya lo hizo la Unión Europea; sin embargo, México, a pesar de que el maíz no solamente influye en la economía del país sino hasta en los asuntos de la vida de los mexicanos, todavía estemos esperando una respuesta del Ejecutivo.

Ah, pero eso sí, en el caso en el que Estados Unidos presentó una controversia contra la industria, contra las computadoras, contra el ramo textil en contra de China, el Ejecutivo federal inmediatamente se adhirió a Estados Unidos, hace apenas unos días, el 2 de febrero Estados Unidos lo presentó en contra de China, y el 19 de febrero México ya estaba sumado a favor de Estados Unidos, en contra de China.

Pero en este asunto todavía seguimos esperando la respuesta del Ejecutivo. Y no es posible que a estas alturas todavía no sepamos si ya tomó una decisión. Si nos dice que no se va a sumar, cuando menos tiene que dar una explicación a esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros: por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rutilio Cruz Escandón. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Que la diputada María Dolores González Sánchez cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1o. de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento en comisión, solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:

Que el diputado Víctor Hugo García Rodríguez cause baja como integrante en el Comité de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Que el diputado Víctor Samuel Palma César cause baja como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que el diputado Patricio Flores Sandoval cause baja como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Que el diputado Daniel Pérez Valdés cause baja como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Que el diputado Patricio Flores Sandoval cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Que el diputado José Edmundo Ramírez Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 1o. de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

EMPRESA CONSTRUCCIONES PRACTICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para que se integre la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de diversos contratos y concesiones públicas otorgadas a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuviera relación con la misma y que dé prioridad a la situación social en Michoacán.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, para que se integre la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de contratos y concesiones públicos otorgados a Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras empresas que tuvieren relación con ésta; y que se dé prioridad a la situación social en Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

Alberto Esteva Salinas , integrante de esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta representación proposición con punto de acuerdo para excitar a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otra que tuvieren relación con la misma, que está en proceso de integración para que, de inmediato, acoja en su agenda de estudio el caso de 206 familias de escasos recursos que están en riesgo de perder sus viviendas y ser desalojadas violentamente en el fraccionamiento Villas del Real de la ciudad de Morelia, estado de Michoacán.

Antecedentes

Como ha sido del conocimiento de la opinión pública, la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, donde se encontró la intervención e interés de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún en distintas subastas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en las que participaron y en las que adquirían, a precios de ganga, unidades habitacionales en obra negra y predios y fraccionamientos en distintos sitios de la república, están siendo objeto de diversas investigaciones, incluyendo la que proseguirá esta Cámara y la que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Ello, sin embargo, no ha detenido la actividad que la misma empresa Construcciones Prácticas está desplegando para desocupar las viviendas que previamente había vendido a distintos adquirentes la empresa Plaza Industrial, SA de CV, que era propietaria de un conjunto de estos activos que fueron cedidos al IPAB a través de Bancrecer, que tenía los créditos que comprendían dichas garantías.

Es el caso que en Morelia, Michoacán, el fraccionamiento Villas del Real pasó a ser propiedad de Construcciones Prácticas, SA de CV, a través de Administradora de Activos El Fénix, que era la intermediaria de Bancrecer y que, a su vez, fue trasladada al IPAB para el mismo objeto. Parte de este fraccionamiento popular fue vendido antes de la cesión del IPAB a 206 familias en pequeños lotes, que lo rescataron del abandono y estado ruinoso, sin servicio público alguno y asediado por invasores clandestinos. La venta, en 1999, se hizo en la cantidad de 10 mil pesos por terreno de 80 metros y pie de casa sin herrería ni acabados en muros, de tabique de hormigón. Durante todos estos años no han podido continuar con el pago de esa compra porque no hubo en Plaza Industrial, en quiebra, quien les recogiera sus abonos.

Es el caso que ahora reaparece un licenciado Serafín González Pérez, quien dice que es apoderado de Plaza Industrial, pero que en realidad lo es de Construcciones Prácticas, SA de CV, y con amenazas pretende cobrar entre 100 y 170 mil pesos por vivienda a cada familia, amenazándolos con lanzarlos sino se satisfacen tales pretensiones.

Por la gravedad y urgencia del caso, solicito:

Único. Se integre la Comisión Investigadora de inmediato y se aboque al conocimiento de este grave problema social, solicitando la colaboración del gobierno de Michoacán a fin de evitar que se consuma un ilícito de esa dimensión por omisión o complacencia de las autoridades locales y del propio IPAB.

Diputado Alberto Esteva Salinas (rubrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, punto de acuerdo relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús González Macías , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús González Macías , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El descubrimiento y la utilización del petróleo han transformado la vida de personas y la economía de las naciones, creando riqueza y generando empleos en los países.

Sin embargo, también enfrentamos una grave contaminación en los lugares donde se explota, refina, conduce y consume este hidrocarburo.

Se sabe que la formación del petróleo está asociada al desa-rrollo de rocas sedimentarias, depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y que es el resultado de procesos de descomposición de organismos de origen vegetal y animal que en tiempos remotos quedaron incorporados en esos depósitos. Las exploraciones petroleras iniciaron hace más de 100 años, cuando las perforaciones se efectuaban cerca de filtraciones de petróleo, las cuales indicaban que el petróleo se encontraba bajo la superficie.

Hoy día, se utilizan técnicas sofisticadas, como mediciones sísmicas, de microorganismos e imágenes de satélite. Potentes computadoras asisten a los geólogos para interpretar sus descubrimientos. Pero, finalmente, sólo la perforadora puede determinar si existe o no petróleo bajo la superficie.

Con lo que respecta a México, la industria del petróleo inició su crecimiento real a partir de 1938, resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entredicho la soberanía del país; por ello, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas anunció que esta industria era totalmente mexicana, y es el 7 de junio de 1938, cuando se publicó el decreto de creación de Petróleos Mexicanos.

Actualmente, el procesamiento del petróleo crudo y del gas asociado se ha incrementado a nivel mundial en los últimos años, como resultado del crecimiento de la población que demanda mayor cantidad de combustibles y lubricantes, y del desarrollo de tecnologías que permiten el procesamiento de los hidrocarburos para la generación de productos de alto valor agregado de origen petroquímico.

Referente a Tamaulipas, su economía ocupa un lugar importante a nivel nacional, ya que contribuye significativamente a la producción nacional de hidrocarburos y a la producción agropecuaria.

Tampico es considerado el segundo puerto más importante del Golfo de México; además, de que se ha convertido en uno de los lugares más prósperos y atractivos para los turistas e inversionistas debido a sus múltiples ventajas: situación geográfica privilegiada, agua, clima adecuado, gran actividad comercial, buena calidad de vida para sus habitantes, entre otros.

Aunque en la zona conurbada del sur del estado de Tamaulipas, que incluye a los municipios de Tampico, Madero y Altamira, destacan los sectores comercial y de servicios, también es de señalarse que la actividad petrolera y la industria petroquímica contribuyen de forma importante en la expansión económica.

Estos beneficios vienen acompañados también de un serio problema de contaminación causado por la actividad de la industria petroquímica.

Por ejemplo, podemos citar lo ocurrido el día 4 de junio del año 2006, aproximadamente a las 9 horas, en el kilómetro 55.5 de la carretera Tampico-Mante, cuando se presentó una contingencia ambiental consistente en derrame de hidrocarburos (Gasoleo de vacío) de la línea 1 del oleoducto Madero-Cadereyta, por lo que a petición del gerente de Seguridad y Medio Ambiente del sector Ductos Madero perteneciente a Pemex-Refinación, a través del biólogo Daniel Horsman Paz, se decretó emergencia nacional, asistiendo personal de las direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos del municipio de Altamira, Tamaulipas, quienes realizaron labores de búsqueda, salvamento y posterior evacuación de 26 personas, delimitando el área de seguridad, así como señalización y abanderamiento de la carretera federal en colaboración con la Policía Federal Preventiva, división Caminos Comandancia Altamira.

Conforme a la denuncia presentada por el doctor David Armando Valenzuela Arroyo, director de Ecología del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, quien compareció ante el agente del Ministerio Público de la Federación Especializado en Delitos Ambientales, el 24 de octubre del año 2006, podemos señalar lo siguiente:

Se afirma que se suspendió el bombeo de la línea 1 Madero-Cadereyta, iniciándose la recuperación de producto libre por compañías contratadas por Petróleos Mexicanos, procediendo además con la identificación de la falla y reparación de la misma y que durante 7 días se mantuvo el estado de emergencia, levantándose éste el día 12 del mismo mes y año, retirándose el personal del Ejército y continuando el estado de contingencia ambiental.

Después, se manifestó que se iniciaron pláticas con funcionarios de Pemex, firmándose el día 16 de junio de dicho año un convenio en el que se estableció la urgente remediación del derrame de gasoleo.

Se indica también que posterior a la reunión celebrada en la Ciudad de México, el día 21 de septiembre del 2006, convocada por el ingeniero Constantino Fernández Cabrera, subdirector de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (DOSPA) de la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex y ante el temor de que la contaminación se extendiera hacia cuerpos de agua (estero La Tuna que es la fuente de captación de agua potable para la zona norte del municipio de Altamira), se reiteró el compromiso de remediar las consecuencias de la contingencia ambiental.

Sin embargo, según señala el documento legal, a finales del mes de octubre del año 2006, es decir, 4 meses después de ocurrida la contingencia, Pemex-Refinación no ha cumplido con lo convenido, situación que se ha agravado en virtud de las precipitaciones pluviales ocurridas durante el mes de octubre.

Esto ha generado escurrimientos de residuos del hidrocarburo derramado hacia los afluentes naturales del estero La Tuna, lo que pone en riesgo a la región norte del municipio (alrededor de 12 mil habitantes).

Lo anterior quedó confirmado con el resultado del análisis de agua del estero que realizó el laboratorio Index-Lab el 17 de octubre de 2006 (a cargo de la QFB Martha Izaguirre Villanueva con acreditamiento EMA número AG-143-022/04) a solicitud de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira Tamaulipas.

El laboratorio reportó el 19 de ese mismo mes y año, que se encontraban manchas de hidrocarburo aguas arriba del estero antes mencionado y que la concentración del hidrocarburo era de 32 miligramos por litro.

Aunado a lo anterior se presentaron pruebas que avalan lo antes mencionado como son los informes de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa-Altamira), así como 88 fotografías tomadas de los sitios que resultaron afectados por la precipitaciones pluviales.

Consecuencia del derrame, se firmó un convenio de colaboración entre Pemex, el gobierno de Tamaulipas, y el municipio de Altamira para dar seguimiento y solución a las demandas planteadas en materia de Seguridad Industrial, Protección Civil y Ambiental.

En este convenio se determina que el licenciado Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de Pemex-Refinación, sería el funcionario que a nombre de Pemex informaría al gobierno de Tamaulipas (secretario general de Gobierno y director estatal de Protección Civil) de las contingencias que por su naturaleza pusieran en riesgo a la población y al entorno ecológico.

También se acordó que el ayuntamiento de Altamira acreditaría a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al personal calificado que participaría en el proceso de ejecución y supervisión de los trabajos de remediación de los suelos afectados, particularmente para tener información sobre la validación de carácter técnico.

Por otro lado, Pemex se comprometió a realizar el pago por afectaciones generados por el derrame, por lo que mantendrá la comunicación constante con el ayuntamiento de Altamira, así como:

1. Liberación de polígonos por parte de la empresa, a fin de que el ayuntamiento proceda a la regularización asentamientos humanos, fuera de los derechos de vía de 19 predios descritos en el acuerdo antes mencionado.

2. Rehabilitación de caminos y calles dentro del municipio que utiliza Pemex (se indicaron 3 calles).

3. Rehabilitación de los accesos a las instalaciones de Pemex en el municipio de Altamira informándole a la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil, marcando las rutas de acceso para su verificación.

4. Notificación de todas las actividades que lleve a cabo Pemex dentro del municipio de Altamira, Tamaulipas (mantenimiento y construcción).

5. Implementación de un programa permanente de limpieza en los patios de los pozos de Pemex.

6. Saneamiento de presas con producto pasivo localizados dentro del municipio.

7. Localización de las líneas instaladas en el municipio indicando el producto que conducen.

Por último, se señala en este documento que el ayuntamiento de Altamira solicitará a Pemex la donación de terrenos, previa verificación de su situación patrimonial para que sean utilizados para la construcción de clínicas y hospitales.

Es necesario remarcar que existen también denuncias de particulares que se vieron afectados por el derrame; ellos son:

1. Arleen Rose Jeffries de Latofski, propietaria de inmueble con superficie de 6 mil 878 metros cuadrados, ya que por su predio atraviesa un ducto de la paraestatal, del cual se solicitó su retiro o suspensión de operaciones como consecuencia del deterioro que presentaba, debido a que en varias ocasiones hubo derrames que fueron reportados en su momento; sin embargo, en esta ocasión el producto del derrame cubrió en su totalidad el predio referido inhabilitándolo para siembra o cultivo.

2. Fabiola Jeffries Martínez, propietaria de un inmueble con superficie de 25-35-46 hectáreas ubicado a la altura del kilómetro 55 de la carretera Tampico-Mante. La demandante expresa que, al igual que la anterior afectada, había solicitado en repetidas ocasiones la suspensión del ducto en comento, y que consecuencia a la evidente falta de mantenimiento, el 4 de junio se registró el derrame, introduciéndose el material a la casa habitación, provocando el deterioro y destrucción del mobiliario y de todos los artículos que se encontraban en el inmueble. Manifiesta también que el aviso fue inmediato, pero los encargados de la paraestatal respondieron de manera tardía, incrementándose con ello el daño.

Por otro lado, el municipio de Altamira afirma que las acciones de limpieza que está llevando a cabo Pemex, son insuficientes, ya que sólo se está retirando la capa intemperizada de hidrocarburo y transportada a las instalaciones de la paraestatal, dejando sin atender las filtraciones obvias del combustible.

También señalan que con respecto a los pasivos ambientales que ha dejado Pemex, y que ahora está tratando de manera que contraviene a lo estipulado en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, ya que de igual manera, sólo se está recuperando la capa de hidrocarburo intemperizado el cual es retirado con maquinaria y transportado también a las instalaciones de la paraestatal.

Las emergencias ambientales generadas por la paraestatal Petróleos Mexicanos reportadas por la Profepa suman un total de mil 479 para el periodo 1997-2001 y se reporta que el 88 por ciento de estos eventos ocurren en los estados de Veracruz (502), Campeche (419) y Tabasco (391). Con respecto a Tamaulipas, para el año 2001, ocupaba el octavo lugar con 35 derrames.

Los derrames en ductos de Pemex-Refinación, se deben a tomas clandestinas, daños o averías, corrosión y fallas de material (reportadas por la Profepa, en orden de importancia) y principalmente por problemas de corrosión.

Los eventos de Pemex afectan especialmente al suelo, seguido del agua y por último del aire. Se reporta que una de las principales causas de los accidentes derivan por fallas de material; así como consecuencia de las tomas clandestinas, fallas de equipo y fallas humanas. No está demás manifestar que en el 11 por ciento de las contingencias se desconoce el origen.

Las principales sustancias involucradas son petróleo crudo, combustóleo, diesel, gasolina, turbosina, gas natural y amoníaco.

Para evitar futuras afectaciones tan graves al ambiente, Petróleos Mexicanos debería reforzar las tareas de mantenimiento, sobre todo de ductos en mal estado.

La autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, quien cuenta con las facultades genéricas de representar los intereses de la sociedad y brindarle asesoría en asuntos competencia de las unidades administrativas, y solicitar ante las autoridades competentes, en lo que corresponda a las unidades administrativas de su adscripción, la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables.

Por su parte, la Profepa actualmente cuenta con un Programa de Inspección y Vigilancia que tiene como objetivo principal, prevenir y controlar la contaminación ambiental, para evitar el deterioro de nuestro entorno y conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas, así como los costos asociados al control de los efectos negativos al ambiente, así como fomentar que las fuentes de contaminación de jurisdicción federal prevengan y controlen la contaminación, y restauren el medio ambiente y eviten impactos ambientales adversos derivados de la realización de sus actividades económicas, mediante la aplicación estricta de la ley.

Es así como mediante la presente proposición con punto de acuerdo, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente i) vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental; la restauración de los recursos naturales, y la protección al ambiente, y ii) determine el monto del daño que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas, y que exija a dicha paraestatal resarcir el daño causado al ambiente por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:

I. Vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental; la restauración de los recursos naturales, y la protección al ambiente.

II. Determine el monto del daño que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas, y que exija a dicha paraestatal resarcir el daño causado al ambiente por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de febrero del año 2007.--- Diputado Jesús González Macías (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Culturaa investigar las posibles violaciones al decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos la ciudad y puerto de Veracruz.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Cultura a investigar las posibles violaciones del decreto presidencial por el que se declara zona de monumentos históricos la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde al artículo décimo segundo del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a la Comisión de Cultura, para que se investigue el cumplimiento de lo considerado en el decreto presidencial mencionado al tenor de que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 expresa que México, reivindicará con orgullo sus raíces históricas y culturales, que le dan profundo sentido de unidad nacional

Consideraciones

En enero de 2006 el regidor encargado del Centro Histórico del ayuntamiento de Veracruz, Raúl Díaz Díez señaló el inicio de las licitaciones para la construcción del estacionamiento subterráneo con capacidad para 400 cajones, en el Parque Manuel Gutiérrez Zamora --o Parque Zamora como se le conoce popularmente--, obra que atraería una inversión de más de 80 millones de pesos.

El regidor en ese entonces subrayó que la necesidad de esta obra respondía a las necesidades de mejorar la vialidad de la zona que desde años atrás era considerada conflictiva y reactivar el centro de Veracruz, añadió que ya se contaba con el consentimiento de líderes de los mercados, representantes de diversas cámaras y locatarios de comercios.

En esa declaración señaló que sólo faltaba consensuar con los dirigentes de grupos ecologistas, entre ellos el Frente Cívico Veracruzano. Sin embargo, la oposición a esta obra fue inmediata en virtud de que el Parque Zamora es considerado por diversas instituciones como uno de los principales pulmones de oxigeno para el centro de la ciudad de Veracruz. Entre las asociaciones opositoras se encuentran la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Centro de Investigaciones Antropológicas de México y la Academia de Ecología y Medio Ambiente de Veracruz. Este escenario favoreció la constitución del Comité en Defensa del Parque Zamora que sustenta su negativa a la construcción del estacionamiento en los siguientes hechos:

1. Que por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación publicado el 1 de marzo de 2004 se declara como una zona de monumentos históricos a la ciudad y Puerto de Veracruz al tenor del artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 2o., 5o., 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; 6o. y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 33 de la Ley de Planeación; 2o., 29, 43 y 47 de la Ley General de Bienes Nacionales; y 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; así como 32 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de enero de 1988) señala en su capítulo 1, artículo 1 ``La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable...''

3. El Parque Zamora cuenta con una importante infraestructura social ya que en él se ubican dos de las bibliotecas públicas más importantes de la ciudad, la del ISSSTE y la del Magisterio.

4. Con la construcción del estacionamiento se causaría una grave afectación al medio ambiente, no sólo por ser considerado uno de los principales pulmones para la ciudad como ya he mencionado, sino que la obra implicaría del retiro de una gran cantidad de árboles y la disminución de los espacios recreativos. Asimismo se prevé un considerable incremento en la emisión de contaminantes y los posibles daños a la ciudadanía por la operación del estacionamiento.

5. Cabe mencionar que en el lugar existen vestigios arqueológicos, por lo que implicaría un programa especial por parte del INAH para salvaguardarlos. En este contexto resulta importante señalar que con fecha 15 de noviembre de 2006 el antropólogo Jacinto Chacha Antele, director del centro INAH-Veracruz informó que la unidad a su cargo, a esa fecha, no había emitido autorización de obra para la construcción de estacionamiento subterráneo en el Parque Zamora, lo que significa una violación a los requisitos que deben cubrirse por las autoridades para la realización de esta obra.

6. El Comité de Defensa del Parque Zamora y el Frente Cívico Veracruzano AC manifiestan la falta de atención y sensibilidad por parte de las autoridades locales y estatales del gobierno de Veracruz a la opinión pública veracruzana quien ha manifestado su rechazo a esta obra, a través de la Encuesta Cívica aplicada por el Frente Cívico Veracruzano y notariada con fecha del 23 de diciembre de 2005. Esta encuesta tuvo la participación de 3 mil 615 personas, manifestándose de la siguiente manera: Por el sí, 116; por el no 3 mil 385 y nulos 114.

Esta falta de atención se observa, en opinión del Frente Cívico Veracruzano, por la nula respuesta de las autoridades a diversos oficios enviados por esta asociación civil al alcalde Julen Rementería del Puerto solicitando se detengan las obras por los argumentos ya expuestos ante esta soberanía.

7. Por último, el Frente Cívico Veracruzano manifiesta su total reprobación a las declaraciones realizadas por el alcalde Julen Rementería del Puerto quien mencionó que las obras darán inicio en próximas fechas, lo que pone de manifiesto la omisión de la opinión pública en la puesta en marcha de estos trabajos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Cultura, para que se analice, investigue e informe, a fin de aclarar ante esta representación nacional, si se está infringiendo lo dispuesto en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 1 de marzo de 2004 y todas las demás normas vigentes referidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro , a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Cultura.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo a fin de que se presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía presente ante la PGR una denuncia de hechos en contra de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario, presenta ante la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 11 de abril de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. El 9 de mayo de 2006, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, nombró comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.

3. El 31 de mayo de 2006, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión emitió el dictamen con punto de acuerdo por el que se resuelve sobre la designación de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hecha por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante comunicación de fecha 9 de mayo de 2006.

4. En la misma fecha, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó por mayoría de votos el dictamen, objetando el supuesto nombramiento de Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.

5. El 8 de junio de 2006, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous promovieron juicio de amparo indirecto con motivo de la objeción aprobada por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el cual fue admitido a trámite el 12 de junio de 2006 por el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, asignándosele el número de expediente 619/2006.

6. El 20 de julio de 2006, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ampliaron la demanda de garantías con motivo de la designación y no objeción de los suscritos en el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por parte de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.

7. Ante la objeción recaída a la propuesta formulada por el Ejecutivo federal a favor de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich para ocupar los cargos de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emitida por la del Congreso de la Unión, el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión nuevas propuestas, proponiendo al efecto la designación para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Héctor Guillermo Osuna Jaime por un periodo de ocho años, Ernesto Gil Elorduy por un periodo de siete años, Eduardo Ruiz Vega por un periodo de seis años y Gerardo Francisco González Abarca por un periodo de cinco años.

8. El 27 de junio de 2006, el Pleno de la del Congreso de la Unión resolvió no objetar las cuatro personas mencionadas en el párrafo anterior para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, junto con el ingeniero José Luis Peralta Higuera quien había sido propuesto y no objetado con antelación, por un periodo de ocho años.

9. Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo federal emitió con la vigencia respectiva en que surtió efectos la no objeción por parte del Legislativo federal, a través de la del Congreso de la Unión, sendos nombramientos como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Héctor Guillermo Osuna Jaime, José Luis Peralta Higuera, Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca.

10. Actualmente, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ocupan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, y simultáneamente se ostentan como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el juicio de amparo 619/2006, ventilado ante el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal.

II. Consideraciones

1. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión vinculó la radiodifusión al marco jurídico de las telecomunicaciones, al tiempo que mantuvo una regulación específica para estas redes y servicios, debido a su carácter de medios masivos de comunicación. Con ello se atendieron recomendaciones internacionales que proponían que la radiodifusión fuera contemplada y formara parte del resto de las telecomunicaciones.

2. Asimismo, por mandato legal se estableció que a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, las principales atribuciones sustantivas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión serían ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, autoridad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por mandato de ley, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, con la función principal de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país y dotada de autonomía plena para dictar sus resoluciones.

3. No obstante, el nombramiento realizado por el Presidente de la República como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, objetado por la Tercera Comisión de la del Congreso de la Unión, como ha sido debidamente expuesto en los antecedentes del presente punto de acuerdo, a la fecha Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ocupan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, y con dicha conducta ponen en riesgo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

4. En abundancia de argumentos, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, al desempeñar sus cargos actuales de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no garantizan el cumplimiento de los principios de lealtad e imparcialidad, al tener notorio conflicto de intereses entre el puesto que desempeñan en esa secretaría y su intención manifiesta de ejercer el cargo que supuestamente ostentan de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, este último cargo, según el dicho ante autoridad judicial de los propios funcionarios, conferido legalmente por el Presidente de la República, previa no objeción del Poder Legislativo, realizado a través de la del Congreso de la Unión.

5. Cabe mencionar que los puestos que actualmente ocupan Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, llevan implícita una relación constante y estrecha con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que les impide cumplir a cabalidad los principios a que hace referencia el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, independientemente del conflicto de intereses que puedan tener los asuntos que conocen y de las responsabilidades penales que dichas conductas realicen.

6. Es decir, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía plena para dictar sus resoluciones. Dicha autonomía no puede asegurarse si dos personas que se dicen son sus integrantes, a su vez, ocupan actualmente los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con dicha conducta se violan los principios a que hace referencia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se ocasiona también un conflicto de intereses en su actuar como servidores públicos de dos dependencias del Ejecutivo federal distintas, pero que las decisiones de una implican o se relacionan con la otra dependencia. Como ejemplo citamos lo siguiente:

a) El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en el artículo 9, fracción III, del Reglamento Interno de la propia comisión, para emitir opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre las solicitudes para el otorgamiento de concesiones y asignaciones en materia de telecomunicaciones, así como respecto de las modificaciones, prórrogas y cesiones de las mismas; y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, adscrita a la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, tiene la facultad de analizar las solicitudes de otorgamiento, modificación, cesión y prórroga de las concesiones, asignaciones y permisos en materia de telecomunicaciones, con fundamento en el artículo 23, fracción II, del Reglamento Interior de la SCT, a fin que el secretario del ramo, con fundamento en el artículo 5, fracción XI, del mismo ordenamiento, otorgue las concesiones de mérito y, en su caso, sobre su prórroga, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación.

b) El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 9, fracción IV, del Reglamento Interior de la comisión, de someter a la aprobación de la SCT los programas sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, o sobre la ocupación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias asociadas y derechos de emisión y recepción de señales, que serán materia de licitación pública; y la mencionada Dirección General de Política de Telecomunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, tiene la facultad, con fundamento en el artículo 23, fracción III, del Reglamento Interior de la SCT, de aprobar y publicar los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública, así como hacer las publicaciones por las que se establezcan bandas de frecuencias de uso libre, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

c) El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 9, fracción V, del Reglamento Interior de la comisión, de proponer a la SCT el cambio o rescate de una frecuencia o bandas de frecuencias, y la multicitada Dirección General de Política de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 23, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SCT, de resolver sobre el cambio o rescate de una frecuencia o bandas de frecuencias conforme a lo previsto en la ley de la materia, previa opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

d) Entre otras.

7. Ahora bien, es pertinente reiterar que la Dirección General de Política de Telecomunicaciones depende jerárquicamente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, cargo ocupado por Rafael del Villar Alrich; por tanto, el hecho de que dicho funcionario tenga injerencia como superior del director general mencionado en diversos asuntos en que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones resuelve podría implicar un claro conflicto de intereses, ya que dicho funcionario se ha ostentado ante la autoridad judicial como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, situación que, a su vez, provoca que se incumplan los principios de eficiencia e imparcialidad exigidos a todos los servidores públicos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

8. Asimismo, las facultades señaladas en el artículo 11 del Reglamento Interior de la SCT respecto a su Unidad de Asuntos Jurídicos, vinculan a ésta de manera directa e indirecta con la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y con cualquier acto en que la Comisión Federal de Telecomunicaciones interactúe con la secretaría, puesto que es su obligación asesorar e intervenir jurídicamente en cualquier asunto de la mencionada secretaría, situación que también puede conllevar a que difícilmente Gonzalo Martínez Pous intervenga en ejercicio de sus ahora facultades de manera eficaz e imparcial en los asuntos donde concurren las atribuciones de la SCT y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones.

9. El caso más evidente donde Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, pueden actuar en la configuración de intereses en conflicto, contrarios a la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es el que implica la elaboración de las resoluciones relativas a los recursos administrativos presentados contra las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En efecto, en la práctica administrativa actual, con base en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ante la ausencia del Reglamento Interior que habrá de emitir el titular del Ejecutivo federal, de conformidad con el quinto transitorio del decreto de reformas de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, los recursos de revisión respecto de actos emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones son resueltos por la secretaría, comúnmente por el subsecretario de Comunicaciones en ausencia del titular de la dependencia, siempre con la asistencia y el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT. Con base en lo expuesto y en los artículos 2, fracción XXIX, y 5, fracción XV, del Reglamento Interior de la SCT, se ha interpretado que el secretario del ramo tiene la atribución de resolver los recursos administrativos interpuestos contra los actos emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pudiendo, con arreglo al contenido del artículo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, desechar, confirmar o modificar los acuerdos plenarios de referencia, además de poder declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado, así como revocarlo total o parcialmente.

10. En este orden de ideas, Gonzalo Martínez Pous, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, difícilmente podrá desempeñar sus funciones de asesoría y participación en la resolución de recursos administrativos interpuestos contra actos del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con arreglo a los principios de imparcialidad y eficacia plasmados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues dicho funcionario considera y manifiesta ante autoridad judicial que las actuaciones de los actuales comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones carecen de legitimidad y están viciadas de origen, haciendo imposible que mantengan un punto de vista objetivo y centrado respecto a las actuaciones de los mismos.

11. Al mismo tiempo en que desempeñan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y durante la substanciación del juicio de amparo 619/2006, ventilado ante el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous se ostentan como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, conducta que puede ser constitutiva de delitos sancionados por las leyes penales en nuestro país, con independencia de las sanciones administrativas correspondientes.

Por todo lo expuesto, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se acuerda instruir al director jurídico de la honorable Cámara de Diputados para que presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República contra Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus cargos, en detrimento de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, así como el conflicto de intereses derivado de los dos cargos con que se ostentan, tanto como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Segundo. Se exhorta al procurador general de la República para, que en el ámbito de sus facultades, ordene que se inicie de inmediato la investigación y, en su caso, determine ejercer la acción penal correspondiente contra quien o quienes resulten responsables.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2007.--- Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Mesa Directiva.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo promueva la realización del primer congreso internacional sobre derechos de los adultos mayores.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover la realización del primer congreso internacional sobre derechos de los adultos mayores, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las características más sobresalientes de la contemporaneidad son los cambios, derivados principalmente de los avances científicos y tecnológicos, y su aplicación a la vida diaria. Frente a este contexto la interdisciplina ha acelerado considerablemente dichas variaciones a la vida, produciendo importantes modificaciones en la sociedad en periodos relativamente breves, en comparación a los experimentados el siglo pasado.

La aplicación de los avances científicos y tecnológicos a la medicina, el mejoramiento y la dignificación de las condiciones de vida de la población se han constituido como los factores principales de la prolongación del umbral de vida del ser humano. Si a ello agregamos los programas de control de la natalidad, tenemos como resultado una importante modificación dentro de la composición de la población.

El hecho de que los países, en desarrollo, como México accedan rápidamente a los avances científicos y médicos de los países desarrollados, han permitido que, contrario a lo ocurrido en estas naciones, la prolongación de la vida y el envejecimiento de la población se haya producido en un periodo mucho más breve.

La transformación y nueva composición de las sociedades ha sorprendido a los conjuntos humanos contemporáneos, con una imagen de juventud como la nuestra, y sólo en los últimos quince o veinte años el tema de los adultos en plenitud ha cobrado una mayor importancia entre las prioridades públicas. En los últimos tiempos se han multiplicado diversas iniciativas de muy variada índole y orientación, pero todas ellas con el mismo objetivo, el de atender de manera digna al creciente grupo ya citado, a través de actividades que les permitan una nueva y mejor reincursión en la sociedad.

Parte importante del tratamiento de este problema social lo constituye el cambio en la percepción cultural de la vejez, lo que implica un cambio de actitud hacia esta etapa de la vida, tanto de las generaciones más jóvenes, como de los mismos adultos mayores. Hoy se observan distintas imágenes y percepciones del adulto en plenitud como integrante de la sociedad, predominando aún las más tradicionales, a pesar de los grandes esfuerzos para modificar la imagen cultural del anciano.

Uno de los esfuerzos que el Estado ha realizado, como institución fundamental para la dignificación de las condiciones de vida, es el de trabajar para cambiar la percepción pública del Adulto en plenitud --aquella históricamente tradicional-- a una más moderna, con un ser humano que busca una mayor independencia y una mejor inclusión en las estructuras de la sociedad.

Ejemplos de este esfuerzo lo constituyen la creación del Inapam, y establecimiento del eje estratégico de transmisión de valores, que puso en marcha la campaña de revaloración del anciano, con la cual se busca propiciar el intercambio intergeneracional, favoreciéndose la convivencia, así como el acercamiento entre los extremos de la vida y el rescate de los valores de respeto y consideración hacia los ancianos. Además de otros programas, que ofrecen diversos recursos de extensión destinados a este segmento social; los estudios e investigaciones sobre las características del adulto en plenitud que comienzan; y otras iniciativas públicas destinadas a sensibilizar a la población y proyectar una nueva imagen de este segmento de la sociedad.

Sin embargo, ¿cuál es la estimación sobre este segmento de la sociedad y su importancia en la actualidad?

Para entender a la población de adultos en plenitud, es necesario analizar algunos datos que permitan tener una idea más clara de la situación. Dicho segmento actualmente México se conforma por 8.4 millones de hombres y mujeres de 60 años de edad y más, cifra que para el año 2050 representará el 27.95 por ciento de la población total, aproximadamente.

Otro factor a tomar en cuenta, y que nos obliga a realizar cambios urgentes en diversos ámbitos de gobierno y sociedad, es la curva demográfica de crecimiento, que alerta sobre el aumentos en la población de adultos en plenitud. En México diariamente 799 personas cumplen 60 años, según el Consejo Nacional de Población para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones. Esta situación obliga a enriquecer las políticas asistenciales, financieras, pensiones y otros muchos temas prioritarios, en función de que será la primera ocasión en la historia de la humanidad y del país, que ocurra que las personas de la tercera edad alcancen un volumen tal --y proporción tan significativa-- convirtiéndose en una prioridad social. Los grupos de edad más jóvenes descienden en las sociedades económicamente más desarrolladas, aumentando así el grupo de personas de más edad, es decir que las poblaciones envejecen como las propias sociedades.

Ante este panorama, ¿Cuál es la situación a la que se enfrenten actualmente los adultos en plenitud?

En función de la nueva reconfiguración y movilidad social, la problemática a la que el adulto en plenitud se enfrenta puede ser vista desde varias aristas.

Una de ellas es la percepción y trato que reciben de la sociedad los adultos en plenitud. Dicho trato puede ser analizado bajo 3 teorías, una es la del retraimiento basada en la premisa de la satisfacción que se produce tanto en el adulto mayor como en la sociedad, el abandono de parte de los adultos mayores de la interacción social, al llegar a dicha etapa o a la vejez. La otra es la opuesta o la de la actividad en donde los adultos mayores para ser personas felices deben mantener sus actitudes y actividades lo más posible, por lo beneficioso que resulta. La tercera es la de continuidad que trata acerca de la multiplicidad de modelos y ajustes, por el estilo de vida de los adultos mayores; esto produce un condicionamiento de su vejez. Otras teorías consideran al anciano o adulto mayor como una minoría o subcultura por sus actividades cotidianas.

La vejez es mayoritariamente femenina, sin embargo efectos de ésta se dejan sentir especialmente en los hombres dado lo dramático que para ellos resulta; también se vincula al estilo de vida, al nivel de salud, entre otras causas que se relacionan con los ingresos, con la forma de obtenerlos y de gastarlos, a través de los valores y actitudes desarrollados por las personas, estos van conformando los diferentes modelos de vejez que adoptan y/o mantiene las personas. Uno de los principales problemas de los adultos en plenitud es la salud, porque los problemas relacionados a ellos van en aumento con la edad; en la actualidad por los diversos avances muchas de ellos están en mejor estado de salud, lo cual rompe con el mito o la imagen de que las personas de esta edad son enfermas e incapaces en todo sentido.

La discriminación laboral --sin duda alguna-- se configura como el segundo reto a superar. En México cumplir 60 años significa dejar de ser elegible a un puesto de trabajo en función de una incorrecta homogenización, que solo contribuye a la construcción de una visión negativa de ellos y de su rol en la sociedad.

En síntesis: las personas de 60 años y más se enfrentan a situaciones de marginación, discriminación, rechazo familiar, abandono y maltrato, convirtiéndose en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto es el reflejo de la pérdida de la cultura de respeto y reconocimiento hacia la figura de los ancianos que antaño simbolizaban la experiencia, sabiduría, ecuanimidad y serenidad, entre otros muchos atributos.

Pero, es aquí y ahora, un buen momento para hacer una pausa, y cuestionarnos ¿Cuál es el valor real de los adultos en plenitud y qué podemos hacer para coadyuvar en una dignificación en sus condiciones de vida?

La manera en que el adulto en plenitud enfrenta este momento de su vida depende de factores internos, como el nivel de madurez que alcanza en el desarrollo personal unido a los vínculos afectivos que ha sido capaz de conformar, así como otros externos ya sea la familia, el trabajo y las comunidades donde participa (religiosa, social, política u otras). Dentro de la crisis se distingue la de tipo externa, constituida por el ambiente social y físico en donde el adulto mayor se mueve, vive, con que recursos cuenta, la posibilidad de entrega, ya sea en un trabajo remunerado, asimismo como en una actividad de servicio, la que reporta enormes beneficios personales y colectivos, a pesar de que sea de tipo gratuito, solo por el hecho de ayudar a los demás.

Los adultos mayores tienen valores y formas de pensar propios, por esto mantiene una opinión y actitud independiente al tomar todo tipo de decisiones. Todo esto permite llegara a la ``generatividad'', término acuñado por el psicólogo estadounidense Erick Erickson, que la define como ``como un proceso mediante el cual nos volvemos paternales y creativos y aceptamos el compromiso voluntario de guiar a las nuevas generaciones, ayudando a una autorrealización personal''; lo anteriormente definido significa un proceso de suma importancia para la sociedad, el reconocer en el adulto en plenitud a un transmisor de la tradición: que es el heredar un modo de ver hacia delante, no conservar un modo de ver hacia atrás.

Otro elemento a tomar en cuenta para la integración de este estrato de la población es el lugar donde radica, debido a que al pasar la edad ellos tienden a disminuir sus actividades, su interacción social va decreciendo a nivel de intensidad tanto en número como en variedad de personas con las que interactúan; pasan la mayoría del tiempo en sus domicilios por distintas razones, más que cualquier grupo al dar gran importancia a la calidad del entorno físico y social más próximos a su vida y realidad cotidiana. La vivienda y el barrio son elementos relevantes que influencian tanto en forma positiva --en la calidad de vida de los adultos en plenitud--, al otorgarles una seguridad y participación en un grupo social, al considerar como óptimo la vida dentro del hogar o vecindario, por el fácil desplazamiento que tiene al conocer a cabalidad su territorio.

La familia constituye uno de los pilares fundamental en esta etapa de la vida, al ser un grupo social que influye en la socialización construyendo la base en lo material y emocional; en los últimos tiempos, la situación a logrado revertirse al modificarse los roles de familia, estableciendo lazos nuevos, tanto en lo emocional como en lo afectivo. La atención tradicional hacia los padres y abuelos, se ha convertido en una nueva responsabilidad filial con características peculiares en la sociedad, beneficiando el establecimiento de un nuevo tipo de relación abuelos--padres--hijos.

Ahora bien, tomando en consideración que el mundo actual está viviendo una revolución demográfica que se traduce en una disminución universal de las tasas de natalidad y mortalidad, por otra parte que México tendrá hondas repercusiones en la relación entre productividad económica y gasto social, y que eso afectará no sólo al grupo de personas de edad sino también a las generaciones más jóvenes y al equilibrio social en su conjunto, el Estado, debe poner entre sus prioridades fundamentales a los adultos en plenitud, a efecto de garantizar las condiciones suficientes para dar a cada uno las mismas oportunidades de una vida mayormente digna.

Finalmente, ¿Por qué México debe promover un foro tan importante como el de los derechos de los adultos en plenitud?

La construcción de la democracia requiere de escuchar. Democracia es la palabra, palabra interior de la conciencia, palabra de honor que se da y se cumple, palabra jurídica que se respeta, palabra veraz que se escucha y se intercambia, palabra de humano que prevalece sobre el dinero y la espada. La violencia es el fracaso de la política y la política sólo fracasa si fracasa la palabra.

Cualquier foro de ideas, implica por sí mismo un esfuerzo en pro de una mejora, al tomar parte en este esfuerzo se busca en primera instancia la toma de conciencia y sensibilización de los pueblos y gobiernos del mundo sobre la importancia del problema de los derechos de los adultos en plenitud.

Vislumbrando además a dicho foro como una fuente de conocimientos objetivos, retos y oportunidades, así como el intercambio de experiencias exitosas.

Por todo lo anterior y teniendo en consideración las atribuciones concedidas a esta soberanía consagrados en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos y demás normas que se apliquen, se somete a su alta consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que promueva la realización del primer congreso internacional sobre los derechos de los adultos mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Pido a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela :«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que insta a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados a citar, en el marco de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a efecto de que informe sobre el estado actual de la red carretera nacional

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Junta de Coordinación Política corresponde impulsar la conformación de entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos.

Segunda. Que las comisiones de la Cámara, de conformidad con los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, en correlación con el 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la facultad de solicitar, por medio de su respectivo Presidente, información a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, así como la de citar a los secretarios de despacho, jefes de los departamentos administrativos, directores o administradores de organismos descentralizados o de empresas estatales, cuando se discuta un asunto de su ámbito de competencia.

Tercera. Que, derivado del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se determina que las directivas de las comisiones deberán informar a ese órgano parlamentario sobre la asistencia de los servidores públicos federales, hecho del conocimiento de la asamblea el jueves 1 de marzo del presente, mismo que determina que los encuentros o citas de trabajo entre las comisiones de la Cámara y servidores públicos federales a que hacen referencia los artículos citados en el considerando anterior, deben mediarse a través de la Presidencia de dicho órgano de gobierno, previa solicitud de la comisión de que se trate.

Cuarta. Que este órgano de gobierno considera pertinente que esta soberanía conozca del estado actual que guarda la red carretera nacional, desde su estado físico, sus niveles de seguridad, así como los proyectos de modernización que el Gobierno Federal tenga contemplados, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Este órgano de gobierno insta a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para que, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General de los Estados Unidos Mexicanos, cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a efecto de que informe sobre el estado de la red carretera nacional.

Segundo. Notifíquese a la Comisión de Comunicaciones. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sométalo a votación económica.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

EMPRESA GRANJAS CARROL DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Christian Martín Lujano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Comisión Nacional del Aguaque informen de las acciones que se han realizado sobre el manejo de contaminantes que emite la empresa Granjas Carrol de México, de extracción del agua del acuífero de Perote, en Veracruz.

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás:Con su permiso, diputado Presidente: la actividad ganadera en México es una de las actividades que ha mostrado crecimiento en los últimos años. Dentro de ésta, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia por su aportación a la producción total de cárnicos.

Estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM enfatizan que las ganaderías, tanto las de pastoreo como las intensivas, tienen un impacto negativo en la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la calidad del agua.

El mismo Instituto de Investigaciones Económicas reconoce que los problemas ambientales más relacionados con la porcicultura se deben al mal manejo de aguas residuales, pero también a la proliferación de este tipo de granjas sin controles adecuados.

Un ejemplo de este tipo de granjas intensivas son las Granjas Carrol de México, empresa que produce cerdos para abasto y que tiene su domicilio en el municipio de Perote, en Veracruz. Esta empresa inició sus operaciones en el año de 1994 y anualmente la usan alrededor de 800 mil cabezas, que hacen un pie de cría de 40 mil vientres, lo que la ubica como una de las tres principales productoras de cerdo en México.

Es importante resaltar que el cien por ciento de la producción se vende en México, de la cual el 85 por ciento se comercializa en el Distrito Federal y el Estado de México; el resto entre los estados de Veracruz, Puebla y Tabasco.

Recientemente la empresa tuvo serios problemas de tipo ambiental, ya que contaminaba el suelo, el aire y las aguas; sin dejar de lado la sobreexplotación de los mantos acuíferos, de donde se abastece el vital líquido para consumo humano; esto debido a que no aplicaban los mecanismos adecuados para manejar sus contaminantes y, por ende, la contaminación del aire que es provocada por el olor fétido que emite la granja, así como la contaminación de los mantos freáticos y sobreexplotación del recurso, entre otros. Esta problemática fue constatada en la anterior legislatura por diversos diputados, el 22 y 23 de febrero del año 2006.

Es preciso enfatizar que se descubrió que las áreas de eliminación de desechos no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua. El agua se extrae indiscriminadamente de los pozos para lavar los residuos. Las lagunas de tratamiento no cuentan adecuadamente con geomembranas y filtros y fosas de tratamiento biológico.

Es preciso, compañeros y compañeras diputadas, que si bien es cierto que el desarrollo económico en México tiene una gran virtud, precisamente en este tipo de granjas, es importante que genere un equilibrio en la producción, pero también en el cuidado del medio ambiente.

Es por eso que esta diputación solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua que, en el ámbito de sus respectivas competencias, rindan un informe a esta soberanía acerca de las acciones que se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite la empresa; la vigilancia que se ha efectuado por la misma respecto al manejo de contaminantes, así como un informe detallado sobre la extracción del agua del acuífero del valle de Perote. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa, a la Profepa y a la Conagua que rindan un informe acerca de las acciones realizadas sobre el manejo de los contaminantes que emite Granjas Carroll de México y sobre la extracción de agua del acuífero del valle de Perote, Veracruz, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás , en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la ganadera es una de las actividades que ha mostrado crecimiento en los últimos años. Dentro de ésta, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia por su aportación a la producción total de cárnicos.

Su participación en el producto interno bruto es mínima, alrededor de 0.3 por ciento; más bien, su relevancia reside en que proporciona un conjunto de productos importantes en la dieta de los estratos de bajos ingresos de la población y es realizada principalmente por comuneros o en forma privada, siendo esta una actividad intensiva.

Estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México enfatizan que las ganaderías, tanto las de pastoreo como las intensivas, tienen un impacto negativo en la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la calidad del agua.

El impacto ambiental de los desechos porcinos afecta de manera directa los recursos agua, aire, suelo, además de malos olores y plagas de insectos. La mezcla de residuos sólidos y líquidos que son acarreados por el agua llevan excretas (heces y orina), agua y alimento desperdiciado, y otras partículas.

Otro elemento importante por considerar es el agua utilizada por las granjas porcinas, ya que habitualmente utilizan mucha agua en este tipo de ganadería. Debido a la gratuidad del agua en lo que se refiere a las actividades agropecuarias, algunos sectores de los porcicultores no ponen atención en la cantidad de agua que utilizan en la granja y le dan un uso ineficiente.

El mismo Instituto de Investigaciones Económicas reconoce que los problemas ambientales mas relacionados con la porcicultura se deben al mal manejo en la utilización de aguas residuales, pero también a la proliferación de este tipo de granjas, sin controles adecuados. Una característica general es la falta de capacitación del personal acerca del manejo adecuado de los productos, así como de los residuos, debidos a excretas y cadáveres.

Un ejemplo de ese tipo de granjas intensivas son Granjas Carroll de México, S de RL de CV, empresa que produce cerdos para abasto y que tiene su domicilio en Perote, Veracruz.

Esa empresa inició operaciones en 1994 y anualmente produce alrededor de 800 mil cabezas, con base en un pie de cría de 40 mil vientres, lo que la sitúa como una de las tres principales productoras de cerdo en la República Mexicana.

Granjas Carroll es una sociedad formada por las compañías estadounidense Smithfield, el mayor productor de cerdo en Estados Unidos; y Agroindustrias de México S.A. de CV.

Es importante resaltar que 100 por ciento de la producción se vende en México, del cual 85 por ciento se comercializa en el Distrito Federal y el estado de México; y el resto, entre Veracruz, Puebla, y Tabasco.

Recientemente, la empresa tuvo serios problemas de tipo ambiental, ya que contaminaba el suelo, el aire y las aguas y sin dejar de lado la sobreexplotación de los mantos acuíferos en donde se abastecen del vital líquido para consumo humano. Esto, debido a que no aplicaban los mecanismos adecuados para manejar sus contaminantes y por ende la contaminación del aire, que es provocada por el olor fétido que emite la granja, así como la contaminación de los mantos freáticos y sobreexplotación del recurso.

Esta problemática fue constatada y documentada por diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que realizaron una visita el 22 y el 23 de febrero de 2006 a dichas instalaciones.

En el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria número 1969, del 17 de marzo de 2006, se describe una serie de anomalías de la empresa, entre las que destacan las siguientes:

1. Las áreas de eliminación de desechos, no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua.

2. El agua se extrae indiscriminadamente de los pozos para lavar los residuos.

3. Las lagunas de tratamiento no cuentan adecuadamente con geomembranas, filtros y fosas de tratamiento biológico.

4. El aire de la localidad presenta un aumento de amoniaco y otras sustancias debido a que las lagunas de oxidación son mal llevadas.

6. Los suelos están totalmente erosionados.

7. Los olores fétidos ponen en entredicho la calidad del aire.

8. El consumo del agua en las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región.

El realizado por diputados de la legislatura anterior habla por sí solo. A la empresa Granjas Carroll se le encontró realizando un manejo irresponsable e inadecuado por lo que se refiere a manejo de agua, así como a la disposición de excretas, tanto hacia los cuerpos de agua como en su liberación a la atmósfera, lo cual representa un factor de riesgo ambiental y de salud pública.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es la instancia gubernamental encargada de vigilar a las actividades de las empresas que tratan con animales de abasto, como queda asentado en la Ley Federal de Sanidad Animal, en el artículo 4o., fracción XI, que a la letra dice:

``Regular los animales, productos y subproductos de origen animal, los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos que constituyan un riesgo zoosanitario y coadyuvar a evitar riesgos para la salud humana, implementando las medidas zoosanitarias pertinentes.''

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional del Agua es la instancia encargada de vigilar la calidad de los cuerpos de agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de vigilar y sancionar la contaminación de suelos y atmósfera, se hace necesario conocer las acciones llevadas a cabo por estas dependencias para controlar y aminorar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud pública, en dicha región.

Sin duda estamos frente a una empresa que debe ser constantemente monitoreada, por su historial ambiental negativo debido al impacto ambiental en todas sus esferas, que provoca la producción intensiva de cerdos y por el problema de salud pública que provoca la misma contaminación en los municipios aledaños.

Es necesario acabar con la vieja práctica de otorgar a las empresas el derecho a contaminar un bien de la nación a cambio sólo de un pago económico, hablando específicamente del recurso hídrico; más bien hay que apostar al desarrollo de las empresas que sean responsables con el medio ambiente, de tal forma que a estas empresas se les siga alentando e incentivando para seguir fortaleciendo nuestra desarrollo económico sin descuidar nuestro ambiente.

Por tanto, es importante que esta soberanía tenga conocimiento de las acciones que se han llevado a cabo, en lo que se refiere a la inspección y el control de la contaminación que produce la empresa en cuestión.

Por todo lo anterior es necesario solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua que, en el ámbito de sus competencias, rindan un informe a esta soberanía acerca de las acciones tomadas en el manejo de los contaminantes que emite Granjas Carroll de México, S de RL, la vigilancia que se ha efectuado sobre la misma con respecto al manejo de contaminantes y un informe detallado acerca de la sobre- extracción del agua del acuífero del valle de Perote.

Por lo expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua que, en el ámbito de sus respectivas competencias, rindan un informe a esta Soberanía acerca de las acciones se han realizado sobre el manejo de los contaminantes que emite Granjas Carroll de México, S de RL; la vigilancia que se ha efectuado sobre la misma con respecto al manejo de contaminantes, así como un informe detallado de la sobreextracción de agua del acuífero del valle de Perote.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2007.--- Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Christian Martín Lujano.Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a establecer las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante.

El diputado Luis Alonso Mejía García:Con su venia, diputado Presidente: el suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, a la LX Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Asamblea punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución razonado en los siguientes antecedentes:

La inclusión de los adultos mayores, su presencia e intervención en los diferentes órdenes de la vida pública de nuestro país ha sido una de tantas prioridades del actual gobierno federal. Hace más de dos décadas se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de la Senectud, el cual se enfocó exclusivamente al aspecto médico asistencial.

A pesar de los beneficios, las necesidades superaron las expectativas de este instituto, por lo que en el año 2002, por decreto presidencial, se destinó a la Secretaría de Desarrollo Social el compromiso de reformar y restablecer a este sector de la sociedad, para lo cual se modificó su nombre por el de Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen).

Se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que da origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual tiene hoy día la rectoría de las políticas públicas para la atención de este grupo social, mediante la protección, atención, ayuda y orientación a las personas de la tercera edad; así como dar seguimiento y análisis a las diversas problemáticas, con el fin de encontrar soluciones adecuadas, otorgar asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación, entre otros muchos beneficios.

Sin embargo, a pesar de que este programa se ha fortalecido año con año mediante la consolidación de vínculos y apoyos tanto federales como estatales, existen hoy día gobiernos que no ratifican su compromiso con nuestros adultos mayores.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de las urgentes demandas de la sociedad que cuentan con 60 años de edad o más y que se encuentran domiciliadas en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores trabaja en coordinación con las entidades federativas y los municipios para prestar a nuestra gente grande, entre otros servicios, el de dotarles de la credencial de Inapam, por lo que en Tamaulipas deben existir módulos para la expedición de ésta, tal como se lleva a cabo en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, pero no es el caso en Tampico, Madero y Altamira.

En el año 2005 la directora del Sistema DIF del municipio de Tampico, licenciada Tita Eugenia Pérez Gallardo, solicitó en forma terminante que se retirara de las instalaciones del DIF municipal el equipo de credencialización, por no tener espacio para ello.

La misma respuesta se recibió del municipio de Madero; sin embargo, de manera frecuente se ha ofrecido un módulo fijo, o en su caso movible, para poder otorgar los múltiples beneficios a quienes con sus años de vida se lo han ganado y que constantemente lo reclaman en esta zona.

Por la importancia, diputado Presidente, le pido que me permita terminar.

En Acción Nacional exigimos el respeto al deber de otorga apoyos que garantizan una mejor y mayor subsistencia, por ser un derecho legítimo y concedido a nuestras personas adultas.

Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable Asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes a no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad y que implementen las políticas públicas necesarias para la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas.

Por lo anteriormente expuesto, y en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a esta honorable Asamblea la siguiente propuesta. La traigo considerada como asunto de urgente y obvia resolución, pero mis compañeros de Acción Nacional me piden que la pueda turnar a comisiones, lo cual en este momento decido que así sea, diputado Presidente.

Punto de Acuerdo. Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados que exhorte al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a intervenir ante el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico; ante el licenciado José Guadalupe González Galván, presidente municipal de Ciudad Madero; y ante el señor Juvenal Hernández Llanos, presidente municipal de Altamira, a fin de que se respeten de manera cabal los derechos adquiridos por nuestra gente grande mediante el cumplimiento con la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Se exhorte a la señora Adriana González Hernández, presidenta del Sistema DIF de Tamaulipas, para que de manera inmediata establezca la infraestructura necesaria en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con el fin de allegar a nuestra gente grande la credencial del Inapam y con ello los múltiples beneficios que legítimamente han ganado.

Solicito a usted, diputado Presidente, que el texto íntegro de mi intervención sea insertado en el Diario de los Debates para su constancia, incluido el cambio que estoy haciendo de que pueda ser turnado el punto de acuerdo a comisiones. He dado cuenta, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas a establecer las políticas públicas necesarias para la atención de las personas de 60 años en adelante en Tampico y Ciudad Madero, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García , del Grupo Parlamentario del PAN

En nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorte al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, a que establezca las políticas públicas necesarias en la atención de las personas de 60 años en adelante en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, con base en las siguientes

Consideraciones y Antecedentes

La obligación de prestar las ventajosas subvenciones para la subsistencia de las personas adultas mayores es un principio fundamental del orden moral y un compromiso tácito de cualquier autoridad.

La inclusión de los adultos mayores, su presencia e intervención en los diferentes órdenes de la vida pública de nuestro país ha sido una de tantas prioridades del actual gobierno federal.

Hace más de dos décadas se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), el cual se enfocó exclusivamente al aspecto médico-asistencial. A pesar de las beneficios, las necesidades superaron las expectativas de este instituto, por lo que en 2002, por decreto presidencial, se destina a la Secretaría de Desarrollo Social el compromiso de reformar y restablecer a este sector de la sociedad, para lo cual modifica su nombre por Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen), se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que da origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual tiene hoy en día la rectoría de las políticas públicas para la atención de este grupo social mediante la protección, atención, ayuda y orientación a las personas de la tercera edad, así como dar seguimiento y análisis a las diversas problemáticas a fin de encontrar soluciones adecuadas, otorgar asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación, entre otros muchos beneficios.

Sin embargo, a pesar de que este programa se ha fortalecido año con año mediante la consolidación de vínculos y apoyos tanto federales como estatales, existen hoy en día gobiernos que no ratifican su compromiso con nuestros adultos mayores.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de las urgentes demandas de la sociedad que cuentan con sesenta años de edad o más y que se encuentren domiciliadas en los municipios de Tampico y Madero.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores trabaja en coordinación con las entidades federativas y los municipios para dar a nuestra gente grande, entre otros servicios, la credencial del Inapam, por lo que en Tamaulipas deben existir módulos para la expedición de ésta, tal como se lleva a cabo en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Altamira y Ciudad Victoria, pero no es el caso en Tampico y Madero.

En 2005 la directora del Sistema DIF del municipio de Tampico, licenciada Tita Eugenia Pérez Gallardo, solicitó en forma terminante que se retirara de las instalaciones del DIF municipal el equipo de credencialización por no tener espacio para ello; la misma respuesta se recibió por el municipio de Madero; sin embargo, de manera frecuente se ha ofrecido un módulo fijo o, en su caso, movible para otorgar los múltiples beneficios a quienes con sus años de vida se lo han ganado y que constantemente lo reclaman en esa zona.

En Acción Nacional exigimos el respeto al deber de otorgar apoyos que garantizan una mejor y mayor subsistencia por ser un derecho legítimo y concedido a nuestras personas adultas.

Por esta razón exponemos la presente proposición a esta honorable asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes a no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad, y que implementen las políticas públicas necesarias para la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente propuesta para ser considerada como asunto de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados que exhorte al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a que intervenga ante el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico, y ante el licenciado José Guadalupe González Galván, presidente municipal de Ciudad Madero, a fin de que se respeten de manera cabal los derechos adquiridos por nuestra gente grande mediante el cumplimiento de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Que se exhorte a la señora Adriana González de Hernández, presidenta del Sistema DIF de Tamaulipas, a que de manera inmediata establezca la infraestructura necesaria en Tampico y Ciudad Madero a fin de allegar a nuestra gente grande la credencial del Inapam y, con ello, los múltiples beneficios que legítimamente han ganado.

Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía.Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerablese insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates.

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Leticia Díaz de León Torres, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, hasta por tres minutos.

La diputada Leticia Díaz de León Torres:Con su permiso, señor Presidente. Nuestro país, para lograr su pleno desarrollo económico, social, tecnológico y cultural, requiere de la participación activa y decidida de cada uno de los que lo formamos. Sin duda alguna los estudiantes de educación media superior y superior tienen una excelente oportunidad de contribuir con la sociedad a través del servicio social y las prácticas profesionales.

Dicho servicio tiene por objeto extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad, consolidar la forma académica y formar prestadores con conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenecen.

En algunas instituciones universitarias, los programas de servicio social se prestan de diferentes formas, como son las brigadas comunitarias, proyectos disciplinarios dentro de las especialidades de la carrera, asesoría técnica, labores administrativas; labores docentes en escuelas, en bufetes, en laboratorios, centro de investigación y de servicios, en organismos sociales, cooperativas obrero-campesinas y en ejidos, en asociaciones civiles y en dependencias u organismos descentralizados pertenecientes al gobierno federal, estatal y municipal, situación por la cual este punto de acuerdo busca construir una vía para apoyar a los prestadores de dicho servicio y prácticas profesionales al aplicar los conocimientos adquiridos y tener un acercamiento efectivo con la población en las actividades que los diputados federales tenemos en nuestros distritos.

Como representantes populares ante esta Cámara de Diputados, somos mayoría quienes provenimos y fuimos electos en el interior de la República. En ocasiones deseamos que alumnos de las instituciones de educación superior de nuestros estados y de nuestros distritos puedan acompañarnos en nuestras tareas legislativas.

Por ello, consideramos que es necesario contar con prestadores de servicio social y prácticas profesionales en nuestros respectivos estados y en nuestros distritos, a fin de brindar una atención más adecuada a la comunidad de acuerdo con sus necesidades prioritarias. Esto, sin duda, permitirá un mayor acercamiento de la ciudadanía con el trabajo que realizamos y de esta manera nos aproximaremos a la creación de un gobierno humanista, cercano y accesible a las necesidades de los mexicanos.

En este sentido se inscribe el punto de acuerdo que pongo a su consideración, compañeros y compañeras legisladoras. La propuesta va dirigida a crear un proyecto de prestadores de servicio social y prácticas profesionales que apoyen nuestra labor legislativa en nuestros distritos.

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados mandate a la Dirección General de Recursos Humanos para que establezca las reglas específicas de operación del proyecto de prestador de servicio social y de prácticas profesionales a través de convenios que realice la Cámara de Diputados con las instituciones de educación superior públicas y privadas de nuestro país.

Que los diputados que así lo soliciten y lo requieran, lo gestionen en las mismas, en su estado respectivo y la Cámara de Diputados, pudiendo así darle validez oficial al servicio que preste.

Lo solicito y lo someto a su consideración para que sea de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leticia Díaz de León Torres , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, para lograr su pleno desarrollo económico, social, tecnológico y cultural, requiere la participación activa y decidida de cada uno de los que formamos parte de él. Sin duda alguna, los estudiantes de educación media superior y superior tienen una excelente oportunidad de contribuir con la sociedad a través del servicio social y las prácticas profesionales.

Se entiende por servicio social la realización obligatoria de actividades temporales que ejecutan los estudiantes de nivel medio superior y superior, tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica profesional en beneficio de la sociedad.

Dicho servicio tiene por objeto extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad; consolidar la formación académica y fomentar en el prestador una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece.

El servicio social es un vínculo entre las instituciones educativas y los sectores público y social, permite a las instituciones de nivel medio superior y superior integrar eficazmente los planes y programas de estudio a las necesidades y prioridades del país.

En algunas instituciones universitarias los programas de servicio social se prestan de diferentes formas como son las brigadas comunitarias multidisciplinarias, proyectos disciplinarios diseñados dentro de la especialidad de la carrera, asesoría técnica, labores administrativas, labores docentes en escuelas, en bufetes, laboratorios, centros de investigación y de servicio, en organismos sociales, como son las cooperativas obreras y campesinas, ejidos, sindicatos, en asociaciones civiles y en dependencias y organismos descentralizados pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y municipal.

El servicio social y las prácticas profesionales son actividades formativas que brindan a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus conocimientos, valores, capacidades, virtudes y actitudes. Sin embargo, es conocido por todos que en ocasiones los prestadores de servicio social y de prácticas profesionales no están realizando actividades propias o adecuadas a la formación adquirida ni en beneficio de la sociedad.

Debido a esa situación, este punto de acuerdo busca construir una vía para apoyar a los prestadores de dicho servicio y de las prácticas profesionales al aplicar los conocimientos adquiridos y tener un acercamiento efectivo con la población en las oficinas de gestión que los diputados federales tenemos en nuestros distritos.

Como representantes populares ante esta Cámara de Diputados somos mayoría quienes provenimos y fuimos electos en el interior de la república. En ocasiones deseamos que alumnos de las instituciones de educación superior de nuestros estados y de nuestros distritos puedan acompañarnos en nuestras tareas legislativas.

Por ello consideramos que es necesario contar con prestadores de servicio social y prácticas profesionales en nuestras oficinas de gestión, a fin de brindar una atención más adecuada a la comunidad de acuerdo con sus necesidades prioritarias.

Esto, sin duda, permitirá un mayor acercamiento de la ciudadanía con el trabajo que realiza el Poder Legislativo, y de esta manera nos aproximaremos a la creación de un gobierno humanista, cercano y accesible a las necesidades de los mexicanos.

Asimismo, los prestadores de servicio social que están adscritos a esta Cámara de Diputados, alrededor de 600 personas, no reciben remuneración económica alguna que los apoye en sus gastos de transporte o comida, por lo que es necesario buscar un estímulo monetario que fije un precedente de esta Legislatura en los próximos años.

En este sentido se inscribe este punto de acuerdo que pongo a su consideración, compañeras y compañeros legisladores. La propuesta va dirigida en primer lugar a crear un proyecto de prestadores de servicio social y prácticas profesionales que apoyen la labor legislativa de los diputados federales en sus oficinas de gestión y, en segundo lugar, a brindarles a éstos y a los adscritos a esta Cámara una remuneración económica.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados mandata a la Dirección General de Recursos Humanos para que establezca las reglas específicas de operación del proyecto de prestadores de servicio social y de prácticas profesionales en las oficinas de gestión de cada diputado federal en el convenio que realice la Cámara de Diputados con las instituciones de educación superior, públicas y privadas.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados otorgará un apoyo económico a los prestadores de servicio social adscritos a la misma.

Tercero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a los diputados federales de la LX Legislatura a otorgar del presupuesto asignado para oficinas de gestión en sus distritos, una remuneración económica a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales que los apoyen en su trabajo legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro; México, Distrito Federal, a 6 de febrero de 2007.--- Diputada Leticia Díaz de León Torres (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Gerardo Priego Tapia , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco a instruir la investigación relacionada con el paradero del periodista Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy.

El diputado Gerardo Priego Tapia:El pasado martes 29 de enero se realizó en Tabasco una marcha encabezada por más de 70 periodistas, en la que demandaron que se aceleraran las investigaciones en torno a la reciente desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena; también pidieron que se garantice la integridad física en el ejercicio de su profesión. La presencia de periodistas y de diversas organizaciones civiles en las calles de Villahermosa respondió a la necesidad de que las autoridades encargadas de impartir justicia garanticen la seguridad en la entidad, cumplan a cabalidad con su obligación, especialmente en lo que respecta a la prevención y defensa de agresiones en contra de comunicadores.

El día que desapareció, Rincón puso un excelente reportaje de primera plana de dónde estaban situadas las narcotienditas en todo el estado de Tabasco. Un reportaje dejó para el 21 de enero, al día siguiente --era de primera plana también--, donde señalaba dónde estaban las bodegas en que se habían acumulado los productos de los robos, asaltos bancarios de bandas que operan en Tabasco. Estos elementos tienen que ser considerados para la investigación.

Es un problema éste de ataques a periodistas, de violencia contra periodistas, que aumenta y no baja en todo el país. En el sexenio de Miguel de la Madrid recordemos que hubo 33 asesinados; en el de Salinas, 46; en el de Zedillo, 24; y en el de Fox, 30 y cinco desaparecidos.

La libertad de expresión está recibiendo cada vez más un ataque a sus principales bases y no nada más a la libertad de expresión, sino también al derecho a la información, que es la que nos permite a todos los ciudadanos tener un conocimiento de qué es exactamente lo que está pasando, ingrediente básico para una transición democrática, como lo ha sido en los últimos 20 años a nivel mundial, como la que está viviendo nuestro país.

Éste es un problema de seguridad del Estado mexicano, donde cada vez que es acallado un periodista, un reportero, un fotógrafo o un locutor, en alguna parte del país. Estamos permitiendo que ese escrutinio público, ya sea de los cacicazgos locales gubernamentales o de las bandas organizadas en el país no sea puesto a la información de la población y estamos permitiendo que siga esta impunidad.

Algunos de los ejemplos en los que tenemos que pensar y acordarnos es qué hubiera sido si no hubiéramos tenido esa denuncia de la red internacional de pederastia, por ejemplo, que hizo Lydia Cacho, o cómo entender la explicación y el conocimiento de los cárteles de la droga en el país sin las investigaciones periodísticas de Jesús Blanco Ornelas, en Tijuana; o cómo no tener el dato de la matanza de Aguas Blancas, gracias una vez más a los periodistas, que nos insisten en ese escrutinio público, y en qué hacer para evitar repetir esas negativas historias.

En Tabasco, en este mes, la sociedad ha visto aumentar sus temores por la desaparición del periodista; sin embargo, existen amenazas latentes todavía. Hoy condenamos enérgicamente el cobarde atentado que el general en retiro, secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández, tuvo a las nueve de la mañana, en plena ciudad de Villahermosa y a luz pública, donde desafortunadamente murió su asistente y él está en el hospital. El esfuerzo, pues, tiene que ser conjunto entre gobierno federal y estatal.

Punto de acuerdo. Primero. Exhortamos al gobierno del estado de Tabasco y a su gobernador para que tome las medidas conducentes, se investigue con profundidad el paradero de Rodolfo Rincón y se informe sobre ello.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Tabasco para que garantice la seguridad de los periodistas al realizar su ejercicio profesional.

Tercero. Se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra Periodistas, adscrita a la PGR, para que profundice la investigación del caso y, de ser éste de su consideración, lo atraiga, si es que cabe en su competencia. Muchísimas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a instruir la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, desaparecido el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia , diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado martes 29 de enero del 2007 se realizó en Tabasco una marcha encabezada por más de 70 periodistas de la entidad, en la que demandaron que se aceleren las investigaciones en torno a la reciente desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena. También pidieron que se garantice la integridad física del gremio en el ejercicio de su profesión.

La presencia de periodistas y de diversas organizaciones civiles en las calles de Villahermosa respondió a la necesidad de que las autoridades encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad en la entidad cumplan a cabalidad con su obligación, especialmente en lo que respecta a la prevención y defensa de agresiones en contra de comunicadores.

Los comunicadores señalaron que con la desaparición de Rodolfo Rincón Taracena se pretende acallar el ejercicio de la libertad de expresión. Esta manifestación representa un duro señalamiento y una denuncia por todos los años en que los comunicadores han visto amenazada su actividad, sin tener la garantía de ser protegidos en su integridad por parte de las autoridades encargadas de hacerlo.

El sábado 20 de enero del 2007, Rodolfo Rincón Taracena, periodista del diario Tabasco Hoy, le avisó a su compañero de labores, Roberto Cuitláhuac, coordinador de la sección policiaca, que saldría a comer. Después de esto, que aconteció alrededor de las ocho de la noche, no se volvió a saber nada de Rodolfo Rincón.

Rosalinda Pedrero, esposa del reportero desaparecido, confirmó que la última vez que supo de Rodolfo fue el pasado 20 de enero, luego de que la llamara por teléfono. La falta de noticias del periodista la condujo a solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se abriera la averiguación para iniciar su búsqueda. La averiguación previa es la AMI/AMPERC/90/2007.

A varios días de desaparecido el periodista, los comunicadores señalan que no ha habido resultados satisfactorios ni avances palpables en las indagatorias para esclarecer tan lamentables acontecimientos. (Fuente: Tabasco Hoy, 30 de enero 2007).

Se sabe que la desaparición del periodista coincide con el tiempo en que debía entregar un artículo relativo a una banda de atracadores de bancos y a una investigación sobre los puntos de venta de droga en los barrios de Atasta y Tamulté, en la ciudad de Villahermosa. Según declaraciones hechas por compañeros del diario, el periodista ya había dado los nombres de algunos traficantes.

Los comunicadores temen represalias y que se continúen los ataques. Por ello, y en defensa de su ejercicio profesional, le han exigido al procurador estatal de Justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, que las distintas corporaciones policíacas garanticen la integridad física de los periodistas y comunicadores, y al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, para que se investigue a la brevedad la desaparición del periodista.

Por su parte, aún cuando el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, se comprometió ante los periodistas a esclarecer el caso hasta las últimas consecuencias, el señalamiento de que ``en Tabasco se acabaron los privilegios para algunos'' y que ``no habrá apellidos que tengan la protección del gobierno...'' (Fuente: Tabasco Hoy, 30 de enero de 2007), conduce a la sospecha de irregularidades conocidas y cometidas en anteriores administraciones por autoridades judiciales, así como de actos de impunidad solapados por altos funcionarios de la entidad. Este hecho confirma el temor y la molestia manifestadas por los periodistas en esta última marcha, en la que se pide el esclarecimiento inmediato del paradero de Rodolfo Rincón Taracena y que se detenga la ola de violencia en su contra.

En este último mes la sociedad ha visto aumentar sus temores por la desaparición del periodista; sin embargo, existe la amenaza latente de posteriores represalias en contra de comunicadores de otros diarios de la entidad. Por lo pronto, el reportero Antonio Hernández, del diario El Sol de Tabasco, interpuso una queja por haber recibido amenazas de unos atracadores de bancos que, según parece, operan de la misma manera que los investigados por Rodolfo Rincón Taracena.

Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, para que tome las medidas conducentes para que se investigue con celeridad y profundidad el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, reportero del diario Tabasco Hoy, quien desapareció el pasado 20 de enero del 2007.

Segundo. Que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para que a la brevedad, y en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo conforme a lo establecido por la ley las investigaciones ministeriales relacionadas con la desaparición del periodista.

Tercero. Que se exhorta al gobierno de Tabasco para que garantice la seguridad de los periodistas al realizar su ejercicio profesional.

Cuarto. Que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, adscrita a la PGR, para que atraiga el caso y le dé el debido seguimiento.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.--- Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Priego Tapia.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Queremos adherirnos a este punto de acuerdo, toda vez que debe resultar de urgente u obvia resolución, porque estamos, una vez más, ante un ataque del narco en contra de uno de los derechos fundamentales de los mexicanos: la libertad de expresión. Pedimos que se reconsidere en obvia o urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunto al proponente si está de acuerdo con el trámite que solicita el diputado Suárez del Real.

El diputado Gerardo Priego Tapia (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estando de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, mayoría por la afirmativa; hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame, permítame, diputado. Se aprobó que era de urgente resolución por dos terceras partes.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa, y hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobado el punto de acuerdo; comuníquese. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 8 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 682 aniversario de la Fundación de Tenochtitlán, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas.

Iniciativa del Congreso del estado de Veracruz

Que adiciona un artículo 424 quáter al Código Penal Federal.

Dictamen de primera lectura.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Erika Marí Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz, para prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:37): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de marzo, a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	INASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	INASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	INASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	INASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	INASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	INASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	OFICIAL COMISIÓN
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	INASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 197
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	INASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	OFICIAL COMISIÓN
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	CÉDULA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	PERMISO MESA DIRECTIVA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	PERMISO MESA DIRECTIVA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	INASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	PERMISO MESA DIRECTIVA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 117
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 5
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	INASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	PERMISO MESA DIRECTIVA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	INASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	INASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 100
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	INASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	OFICIAL COMISIÓN
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	OFICIAL COMISIÓN
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	INASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	INASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	INASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Alcaraz Hernández Alma Edwviges 2 Curiel Preciado Leobardo 3 Díaz Garibay Felipe 4 Díaz Gordillo Martha Cecilia 5 Fuentes Ortíz José Guillermo 6 Landero Gutiérrez Alejandro 7 Martínez Díaz María de Jesús 8 Villanueva Arjona Juan Manuel Faltas por grupo: 8

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Flores Maldonado César
2 San Martín Hernández Juan Manuel
Faltas por grupo: 2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Cárdenas Del Avellano Enrique
2 Padilla Gutiérrez Héctor
3 Sánchez Hernández Eduardo
Faltas por grupo: 3

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Chozas y Chozas Olga Patricia
Faltas por grupo: 1

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Herrera Solís Anuario Luis
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Jiménez Godínez Miguel Ángel
2 Piñeyro Arias Irma
Faltas por grupo: 2

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Ausente
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Ausente
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Ausente
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Ausente
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Ausente
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Ausente
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Favor
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Favor
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Favor
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Ausente
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Ausente
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 182
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 24
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Ausente
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
77 Monreal Ávila, Susana	Ausente
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Favor
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 110
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 17
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Ausente
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Abstención
9 Ayala Almeida, Joel	Favor
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Favor
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Favor
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
56 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Favor
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Salas López, Ramón	Favor
94 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
95 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
96 Serrano Escobar, Enrique	Favor
97 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
98 Toledo Luis, Jorge	Favor
99 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Favor
100 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
101 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
102 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
103 Villa Villa, Isael	Ausente
104 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
105 Zatarain González, Carlos Ernesto	Ausente
Favor: 89
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 16
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Ausente
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Ausente
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Ausente
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1