---

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(15:03 horas): Se reanuda la sesión. Está sonando la chicharra y están los monitores. Yo pediría a los señores diputados, quienes nos están viendo en sus respectivas oficinas, que ya se vengan. Si es necesario en un momento más volvemos a abrir el registro de asistencia. Sé que nos están viendo en las oficinas y les pido que reanuden, pues ya está sonando la chicharra.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

ORDEN DEL DíA

martes 20 de marzo de 2007.

Sesión solemne de Congreso General para recibir la visita de la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 201 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, tendrá lugar el 21 de marzo, a las 10:00 horas.

Del gobierno de Nuevo León.

Del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes a febrero de 2007.

De la Secretaría de Gobernación

Dos, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García puedan prestar servicios en las embajadas de Austria y de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente; asimismo, comunica que el ciudadano Álvaro Cisneros Herrera ha dejado de prestar servicios a gobierno extranjero. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Dos, con los que remite solicitudes de los senadores J. Jesús Dueñas Llerenas y Carlos Sotelo García, de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Con el que remite solicitud del senador Silvano Aureoles Conejo, en nombre de integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que la Comisión de Recursos Hidráulicos presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Minutas

Con proyecto de decreto, que adiciona el diverso que establece las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España. (Turno a Comisión)

Pronunciamiento con relación al natalicio de don Benito Juárez García, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César , José Ascención Orihuela Bárcenas y Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, con proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Mérida, Yucatán, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elío Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué, y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de Ley para la Reforma del Estado.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa realice los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del FAPRAC.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal la posición del Estado mexicano frente a la Convención de Naciones Unidas Enmod y remita sus consideraciones para que sean analizadas en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Dictamen negativo

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan 10 iniciativas en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del Presidente de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revise el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir en la reapertura del puente internacional Suchiate, Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y del gobierno de Michoacán atiendan la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Segob, la SRE y la PGR instrumente medidas de seguridad fronteriza con Estados Unidos de América, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a efecto de que publique el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal, relativas a la despenalización del delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el programa de salud auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33, de los ejercicios fiscales 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN nombre comisionados especiales para investigar las violaciones de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat dé cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar área natural protegida 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP condone el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implementadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud implemente un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano, en tanto se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya la modificación de las Reglas de Operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María de la Torre y se construya el Puente Remolino, en Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federales realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP asigne recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal declare como región fronteriza la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales'', en Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a incrementar las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una cruzada educativa, a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a destinar recursos para mejorar las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría de la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar el Operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo, por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación de la estructura de la administración pública del Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe sobre la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura, organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrita por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco a modificar su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse en relación con la Controversia Constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos de vialidad para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al del estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, en relación con el proyecto de Valle de Reyes, en el cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade a promover la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementar el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen, a través de una política de Estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría de los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el Presidente del Congreso del estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP revise el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del Congresista Norteamericano Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo el diputado Gerardo Sosa Castelán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación, de Justicia y de Seguridad Pública de esta Soberanía, a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que se castigue a los miembros del Ejército Mexicano que han participado en violaciones de derechos humanos de mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que declare alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena; así como al ISSSTE a informar si existe alguna persona que sea beneficiaria de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas que impulsen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lutzöw, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad médica familiar número 10 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP para que atiendan y doten de infraestructura el servicio de la educación básica indígena del sur-sureste del país, a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada y asignar los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar y homologar para todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP y de la PGR implante programas para la protección de los periodistas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que pasa el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua situados a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausure los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia a hacer frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe a instrumentar las medidas necesarias para reducir las tarifas de peaje en las autopistas que administran, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instrumentar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a solicitar a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del IFE que informe del cumplimiento que esa institución esté dando a la reducción del gasto ordenado por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Futbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del CLXXXIII aniversario de la creación del estado de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.

Con motivo del LXIX aniversario de la expropiación petrolera, el día 18 de marzo, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves quince de marzo de dos mil siete correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta y cinco minutos del jueves quince de marzo de dos mil siete, con la asistencia de trescientos cuarenta y nueve diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del Sexagésimo Noveno Aniversario de la Expropiación Petrolera. La Presidencia designa a la comisión de cortesía para asistir a dicho evento.

La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, remite respuesta a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , del Partido Revolucionario Institucional, solicita licencia por tiempo indefinido a partir del veintidós de marzo de dos mil siete, para separarse de sus funciones por tiempo indefinido, como diputado federal electo en el cuarto distrito electoral del estado de Chihuahua. En votación económica se aprueba y se llama al suplente.

Se recibe oficio de la Junta de Coordinación Política con el que propone cambios en las mesas directivas o en la integración de las comisiones: Especial de apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, de Pesca, de Desarrollo Social, Especial para conocer las responsabilidades y el origen de la tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos en el municipio de San Juan Sabines, Coahuila, de Energía, de Asuntos Indígenas, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; y del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. En votación económica, la asamblea aprueba los cambios mencionados. Comuníquense.

La Secretaría de Gobernación remite tres contestaciones al mismo número de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

Para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Iniciativa que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo tres del decreto que autorizó al Ejecutivo federal a firmar, en representación del gobierno de México, el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y cinco, ciento quince, ciento veintitrés y ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Se recibe del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Jesús de León Tello , del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia.

Ramón Pacheco Llanes , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

A las doce horas con tres minutos, se registra una asistencia de cuatrocientos cinco diputadas y diputados.

Samuel Aguilar Solís , del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. La Presidencia exhorta a las comisiones competentes en la Cámara de Diputados, en los términos del artículo noventa y ocho, numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo noventa del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que conjuntamente con el Senado de la República, se analice la iniciativa en conferencia de comisiones, con el fin de agilizar su despacho. Remítase para su conocimiento una copia de la iniciativa a la Cámara de Senadores. Desde sus respectivas curules, los diputados: Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia; Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo; Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa y Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática, realizan comentarios y la Presidencia hace las aclaraciones correspondientes. Desde sus respectivas curules, el diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional y José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática, hacen observaciones y la Presidencia solicita la lectura del artículo veintitrés inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo veintiuno fracciones cuarta y sexta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde sus respectivas curules, los diputados: Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia y Raymundo Cárdenas Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, solicitan moción de procedimiento y la Presidencia instruye votación nominal para el trámite dictado a la iniciativa en comento. Por doscientos sesenta y seis votos en pro, ciento once en contra y una abstención, se ratifica el turno de la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática, hace consideraciones sobre el turno dictado y avalado por la mayoría.

María Guadalupe García Noriega , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia, que reforma los artículos dos, catorce, veinte y veintiuno de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Joaquín Humberto Vela González , del Partido del Trabajo, que reforma los artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Rosas Aispuro Torres , a nombre propio y del diputado José Murat, ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Jesús Reyna García , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile. Es de primera lectura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de Ley para la Reforma del Estado. Es de Primera Lectura.

En votación económica, la asamblea le dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile. En votación económica, la asamblea considera el dictamen suficientemente discutido.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se aprueba en lo general y en lo particular por doscientos cincuenta votos en pro, cinco en contra y ochenta y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura de los puntos de acuerdo del dictamen negativo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por los que se desechan cuatro iniciativas en materia de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Interviene en contra la diputada Susana Monreal Ávila , del Partido de la Revolución Democrática. Se aprueba por doscientos tres votos en pro, ciento dos en contra y seis abstenciones. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Carlos Alberto García González , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en los aeropuertos de la frontera norte de Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Transportes.

Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique el Programa de Manejo al Área de Protección de Flora y Fauna de ``Yum Balam'', Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice una alternativa ambiental viable para el control de la langosta. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia, por el que se crea la Comisión Especial para la Armonización de la Legislación Federal y Seguimiento del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se les otorga la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

Martín Ramos Castellanos , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía, homologue los recursos materiales, financieros y humanos que disponen las Comisiones Especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias. Desde sus respectivas curules los diputados Juan José Rodríguez Prats y Cristián Castaño Contreras , ambos del Partido Acción Nacional, solicitan una moción de procedimiento. No se considera de urgente resolución, al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica y se turna a la Junta de Coordinación Política.

Silvia Oliva Fragoso , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones, creando un nuevo cuerpo federal de policía.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Efraín Morales Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo federal, reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica. En votación económica, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución y de la misma forma se aprueba. Comuníquese.

Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía, a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, remitan a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado en la Quincuagésima Novena Legislatura. En votación económica, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución. Intervienen los diputados Tomás del Toro del Villar , del Partido Acción Nacional y Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el tema. Desde su curul, el diputado Del Toro del Villar, realiza comentarios. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Turismo.

José Alejandro Aguilar López , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los encargados de las diversas dependencias del gobierno federal, tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

La Secretaría da lectura a un oficio de la Junta de Coordinación Política por el que propone cambios en la mesa directiva e integración de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En votación económica, la asamblea aprueba los cambios. Comuníquense.

Adriana Díaz Contreras , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Desde sus respectivas curules, hacen comentarios de procedimiento los diputados: Cristián Castaño Contreras , del Partido Acción Nacional; Díaz Contreras; Fernel Arturo Gálvez Rodríguez y Valentina Valia Batres Guadarrama , ambos del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad la Presidencia hace aclaraciones. En votación económica, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba.

Pedro Montalvo Gómez , del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que intervenga frente a los cobros excesivos de energía eléctrica. En votación económica, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo suscritas por los diputados:

Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza, por el que se exhorta a las autoridades y dependencias federales responsables de la seguridad pública nacional, establezcan programas y acciones en coordinación con las autoridades de las entidades federativas y municipios, para frenar la violencia en el país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Modesto Brito González , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que intervengan en la situación que prevalece en la minera Luismin, del municipio Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Economía.

Modesto Brito González , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a las secretarías de Economía, de Desarrollo Social y de Turismo, diseñen programas de atención para respaldar e incentivar la actividad económica de la ciudad de Taxco y diversas regiones en el estado de Guerrero. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y Desarrollo Social.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. La Presidenta clausura la sesión a las quince horas con cuatro minutos y cita para la Sesión de Congreso General para recibir la visita de la Presidenta de la República de Chile, excelentísima señora Michelle Bachelet, que tendrá lugar el martes veinte de marzo de dos mil siete a las once horas con quince minutos y al término de ésta tendrá lugar la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 201 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, el próximo 21 de marzo, a las 10 horas, en el hemiciclo a su memoria, situado en la Alameda Central, Delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco la atención que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada María Guadalupe Lozada León, Coordinadora del Museo de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Adrián Fernández Cabreray Alfonso Suárez del Real y Aguilera.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Nuevo León.--- Secretaría General de Gobierno.

Diputada María Elena Álvarez Bernal , Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En relación con su comunicación dirigida al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, licenciado José Natividad González Parás, de fecha 19 de febrero del presente año, donde se da a conocer la aprobación del punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública, a los procuradores de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de cada entidad del país para que, desde el ámbito de su competencia, conformen un grupo especial de investigación en el combate del crimen organizado, con la finalidad de detener la escalada de violencia.

Asimismo, me permito informarle que el gobernador constitucional de Nuevo León, a raíz del crecimiento de la violencia generada por el crimen organizado en el país y donde Nuevo León no está exento, ha mantenido una estrecha interacción en especial en este tema con el Ejecutivo federal y con su gabinete de seguridad con la finalidad de que en colaboración entre el gobierno federal y estatal se establezcan acciones conjuntas para dar una lucha frontal contra el crimen organizado en la entidad.

Cabe señalar que el 1 de febrero del presente, el secretario de Seguridad federal, ingeniero Genaro García Luna, presidió con el gobernador del estado la puesta en marcha de la construcción del Centro Metropolitano para la Atención Integral de la Seguridad (C4), el cual albergará las distintas corporaciones de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, dando como resultado una mejor coordinación y, a su vez, que se traduzca en reacciones prontas y expeditas en favor de la seguridad de los habitantes de esta entidad.

Además, esta administración, encabezada por el licenciado González Parás, ha suscrito un convenio de colaboración con los presidentes municipales del área metropolitana para que, desde el ámbito de su competencia, coadyuve para el mejoramiento de la seguridad en cada uno de sus municipios y en el estado de Nuevo León.

Por lo anterior, se expresa el compromiso del licenciado José Natividad González Parás, gobernador constitucional del estado, en privilegiar el rubro de la seguridad como tema prioritario en su administración.

Atentamente

Monterrey, NL, a 1 de marzo de 2007.--- Pedro Morales Somohano (rúbrica), Subsecretario General de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo del Estado de Chiapas.--- Secretaría de Gobierno.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura Cámara de Diputados

Por instrucciones del gobernador del estado, licenciado Juan Sabines Guerrero, y en atención a su oficio número D.G.P.L.-11-2-447, mediante este conducto le informo que el 25 de enero del año en curso este gobierno instaló la mesa institucional que habrá de dar atención a los núcleos agrarios que habitan en la zona lacandona, así como a su entorno ecológico, a través de dos procesos sustantivos, siendo estos:

El Programa de Ordenamiento y Regularización Agraria en la Zona Lacandona y Reserva Montes Azules, que tiene como primicia la solución concertada entre las partes a efecto de responder a los reclamos agrarios, tanto de los bienes comunales como de las comunidades y núcleos de población involucrados.

El Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva Lacandona, cuyo propósito es impulsar el desarrollo social de la zona, a través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales y las comunidades.

Ambos programas iniciaron sus operaciones en el año 2003 y son coordinadas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) del gobierno del estado de Chiapas, respectivamente.

En el informe que rinde la SRA se señala que al día de hoy se han resuelto 164 asuntos, de un total de 179, con una inversión de 506 millones 634 mil 125 pesos con 75 centavos para su solución.

La Sedeso, por su parte, informa que en los últimos cuatro años, con respaldo de los tres órdenes de gobierno, se realizaron infinidad de acciones, que van desde la capacitación hasta la electrificación masiva de comunidades, programa que el Presidente de la República puso en marcha en meses pasados (se anexa información en disco magnético e impresos).

Por lo que nos corresponde, hemos solicitado a las dependencias federales el cumplimiento de las acciones que quedaron pendientes en el sexenio pasado, tanto como hemos refrendado con la Comunidad Europea un programa de inversión que, sin duda, mejorará las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.

En relación con la situación jurídica del Felipe Díaz López, la Fiscalía General del Estado nos informa que el 21 de febrero del año en curso el juez penal de primera instancia, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas, dictó auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada.

En virtud de lo anterior, me permito patentizar que el gobierno del estado seguirá impulsando todas las acciones que permitan atender los añejos problemas suscitados en esta zona, tal como se hace en el resto de la entidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 5 de marzo de 2007.--- Doctor Jorge Antonio Morales Messner (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

DICTAMENES NEGATIVOS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Ganadería

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a incluir en el Presupuesto de 2007 recursos para apoyar el cultivo, comercialización e industrialización del nopal en el país.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Educación Pública y Servicios Educativos

Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que integre una subcomisión que estudie la viabilidad de emprender un programa de expansión del sistema de educación superior.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo relativa a la instauración de un plan de desarrollo estratégico en la educación normalista.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Energía

Dictamen por el que se desechan 23 proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública

Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo sobre la propuesta ``Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado'', que se discute en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Gobernación

Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la promoción de programas federales en el proceso electoral del estado de Tabasco de 2006.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo en relación con la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre de 2006.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo en relación con la declaratoria de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Justicia

Dictamen por el que no se aprueban 42 proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, durante la LIX Legislatura.

Fecha de Publicación: 16 de marzo.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Sagarpa a asignar recursos para apoyar el cultivo del nopal

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el pasado de 12 de octubre de 2006, proposición que pretende exhortar a la Sagarpa, incluya en el presupuesto de 2007, recursos para apoyar el cultivo, comercialización e industrialización del nopal en el país.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 12 de octubre de 2006 el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición de punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa para que incluya en el Presupuesto de Egresos para el 2007, recursos para apoyar el cultivo, comercialización e industrialización del nopal en el país.

El 12 de octubre de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que la producción de nopal se ubica en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal, y los estados de México, Morelos, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla que aportan casi el 95% de la producción nacional.

Que el cultivo del nopal no ha sido objeto de una atención adecuada por parte de las autoridades del sector, ya que dicho producto contiene un alto valor nutricional y es de hecho un cultivo de exportación.

Que en el ejercicio fiscal de 2005 esta soberanía aprobó en el anexo 17 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 39.6 millones de pesos para el apoyo de la competitividad del maguey y del nopal sin que hasta la fecha se tenga un claro y transparente manejo de dichos recursos.

Que los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta LX legislatura preocupados, no sólo por el cultivo del nopal sino por todos lo cultivos que se producen en el país y por la situación de nuestro campo, logramos impulsar y finalmente aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en su anexo 7 Programa Especial Concurrente una partida de 749 millones de pesos para el Fondo de Apoyo a la Competitividad de la Ramas Productivas, y dentro de éstas se ubican de manera textual, ``nopal verdulero, forrajero y tunero''.

Conclusiones

Único. En virtud de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, publicado el 17 de enero de 2007, en el Anexo 7 Programa Especial Concurrente para la Soberanía Alimentaria dentro del ramo 08 en el Fondo de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas se incluyó de manera textual al ``nopal verdulero, forrajero y tunero'' con un total para dicho fondo en forma general de 749 millones de pesos, por lo que la pretensión del diputado promovente fue satisfecha oportunamente.

Por consiguiente los integrantes de ésta Comisión dictaminadora tenemos a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa asignar recursos para apoyar el cultivo del nopal presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en virtud de que dicha proposición fue atendida satisfactoriamente en su oportunidad

Segundo. Archívese como total y definitivamente concluido el presente expediente.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados: Héctor Padilla Gutiérrez , presidente (rúbrica); Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Isael Villa Villa (rúbrica), Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso D. Pulido Santiago, secretarios; Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), David Lara Compean (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos , Francisco Javier Plascencia Alonso , José Víctor Sánchez Trujillo , Irineo Mendoza Mendoza , Amador Campos Aburto (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la comisión que integre una subcomisión que estudie la viabilidad de emprender un programa de expansión del sistema de educación superior

Honorable Asamblea

A esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que:

Se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que integre una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006.

A cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 4 de noviembre de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

La autora de la proposición con punto de acuerdo expresa que la sustentabilidad del desarrollo económico en nuestros días está directamente asociada a la velocidad y a la continuidad del proceso de expansión educativa. Esa relación directa se establece a partir de dos vías de transmisión distintas. Por un lado, la expansión educativa aumenta la productividad del trabajo, contribuyendo al crecimiento económico, al aumento de los salarios y a la disminución de la pobreza. Por otro lado, la expansión educativa promueve mayor igualdad y movilidad social, en la medida en que la condición de ``activo intransferible'' hace de la educación, para las personas, un activo que permite la acumulación de capital. Además de ello, debemos observar que la educación es un activo que puede ser reproducido y, generalmente, es ofrecido a la población por medio de la esfera pública. Esas dos vías de transmisión, por tanto, tornan transparente que, desde el punto de vista económico, la expansión educativa sea esencial para fomentar el crecimiento económico y reducir la desigualdad y la pobreza.

Asimismo, la proponente enlista los siguientes considerandos:

Como lo muestran los estudios de vanguardia, en la sociedad mexicana contemporánea los rezagos absolutos y relativos en la escolaridad de la población explican de modo significativo la intensa desigualdad en la distribución del ingreso. Específicamente por lo que se refiere al mercado de trabajo, se ha constatado que la heterogeneidad de la escolaridad entre los trabajadores y el valor derivado de los años de escolaridad adicional representa el principal determinante de la desigualdad salarial. De acuerdo con cálculos realizados con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, tener un alto nivel de escolaridad le proporciona a un trabajador un ingreso adicional de 836 por ciento en todo el país y de más de 932.9 por ciento en las zonas rurales.

Esta brecha se ha ampliado en los últimos 20 años, ya que en 1984 tener un grado elevado de escolaridad proporcionaba a un trabajador 816 por ciento más de ingreso, frente a un trabajador con un nivel de baja escolaridad en todo el país; mientras que en el sector rural le proporcionaba un ingreso adicional de 866 por ciento. Cada vez es más claro, por tanto, que niveles adicionales de escolaridad constituyen aún factores de movilidad social. Estas constataciones empíricas contrastan con los niveles educativos de la fuerza de trabajo en México. Los cálculos indican que 88.3 por ciento de los trabajadores, el año pasado, contaban cuando mucho con escolaridad de preparatoria inconclusa (74 por ciento ni siquiera tenía un semestre de preparatoria), mientras que, en el extremo superior, apenas 0.10 por ciento de la mano de obra en México tiene altos niveles de escolaridad y rebasa, por tanto, estudios de licenciatura.

Como se ha mostrado en los estudios internacionales, además de los realizados con bases de datos de la realidad mexicana, el nivel educativo explica en gran parte la elevada desigualdad en la distribución salarial que existe en México, Por tanto, con fines de política social es deseable reducir simultáneamente el nivel de desigualdad educativa y dar acceso a altos niveles de escolaridad a quienes hoy no tienen ninguna oportunidad y fomentar políticas que permitan que el mercado de trabajo asigne mayor valor social a cada año adicional de escolaridad. La escolaridad no es el único factor que contribuye a la desigual distribución del ingreso. La experiencia en los puestos de trabajo, el sector productivo donde se desempeñan los trabajadores, la posición jerárquica que ocupan en sus puestos de trabajo e incluso discriminaciones de género son hoy día fuentes importantes de la desigual distribución de la riqueza nacional, Sin embargo, la escolaridad es sin duda una variable que, de ser ajustada y de elevarse para una parte importante de la fuerza de trabajo, traería consigo mejoras sustanciales en la distribución salarial del país. Desde el punto de vista del desarrollo económico nacional, estudios de vanguardia muestran que el beneficio económico fundamental derivado de incrementos en el nivel de escolaridad es el aumento sostenido de la productividad de los trabajadores.

De acuerdo con el informe Panorama de la Educación 2005 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México el gasto por estudiante de licenciatura es de 4 mil 341 dólares, contra 10 mil 52 dólares del promedio de los países de la OCDE. Una forma en que podemos cubrir el rezago educativo a nivel superior es abrir mayores espacios educativos. Evitar el rechazo de jóvenes que buscan ingresar en universidades públicas es hoy tarea impostergable. Expandir, sin embargo, el sistema de educación superior sin tomar en cuenta las tendencias futuras, las características del mercado de trabajo en el futuro podría llevar al desperdicio de grandes inversiones públicas. Por ello, es necesario estudiar qué carreras y bajo qué modalidades deberán implantarse de tal forma que estemos en condiciones de ofrecer a la nación un sistema de educación superior público que, en el futuro, sea más competitivo de lo que lo es en la actualidad.

En los últimos 30 años, el crecimiento del sistema de educación superior en México ha quedado rezagado de las necesidades esenciales que impone la dinámica económica de hoy y del futuro. Buscar generar un programa inmediato y de largo plazo para abatir dicho rezago, precisando el tipo de profesionista que requerirá el México del año 2050, es una tarea que esta soberanía se puede proponer formular.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la preocupación planteada por la proponente, en el sentido de buscar las fórmulas para lograr una ampliación del sistema de educación superior, tanto en términos de acceso como en la mejora de la calidad. Es innegable que un sistema de educación superior que prepare adecuadamente a los jóvenes del país para enfrentar con éxito los retos que implica la sociedad del conocimiento es un compromiso ineludible del Estado mexicano.

Sin embargo, se considera que la presente proposición con punto de acuerdo es ya improcedente, dado que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ya aprobó la creación de una Subcomisión de Educación Superior y Posgrado, en reunión plenaria del día 18 de octubre de 2006. Además, en esa misma fecha se creo la Subcomisión para el Análisis de la Sociedad del Conocimiento, la cual también tiene por objeto analizar las dinámicas educativas del mundo globalizado y determinar estrategias para mejorar la educación en el país.

Finalmente, con el animo de abordar la problemática en educación superior del país de manera integral, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en conjunto con la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía, presentaron un punto de acuerdo el día 17 de octubre de 2006, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Cámara el 31 de octubre del mismo año, con el objeto de llevar a cabo el ``Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología.'' Dicho Foro se realizo en la Universidad de Colima los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006, y tuvo como meta el sentar las bases para la creación de una política de Estado en educación media superior, superior, y ciencia y tecnología; política que dote al país de directrices especificas en el corto, mediano, y largo plazo en la materia, y que nos lleven a una expansión y mejora sistemática del sistema de educación superior.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la Proposición con punto de acuerdo por la que se solicite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que integre una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en el país a partir del año 2006.

Lo anterior, dado que la comisión ya cuenta con dos subcomisiones que tienen entre sus funciones prioritarias llevar a cabo estudios sobre el sistema de educación superior (la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado, y la Subcomisión para el Análisis de la Sociedad del Conocimiento). Además, la Comisión se encuentra promoviendo, en colaboración con el Poder Ejecutivo, diversas acciones y estrategias para generar una política de Estado en la materia; política que siente las bases para la expansión y consolidación del sistema de educación superior en México.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica) secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Benjamín González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas .

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades educativas federales y a las estatales a instaurar un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en el país para fortalecer los programas de formación de docentes, en particular el del subsistema de normales rurales

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que

Se hace un exhorto respetuoso a las autoridades educativas federales y a las estatales para que instauren un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en el país, a fin de que se fortalezcan los programas de formación de docentes, en particular el del subsistema de normales rurales.

A cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 2 de octubre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de octubre del mismo año.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

El autor de la proposición con punto de acuerdo expresa que a lo largo de siglo XX, por mandato constitucional, el Estado mexicano realizó esfuerzos para mejorar la educación básica, mediante políticas como la ampliación de la oferta, la actualización y flexibilidad de los contenidos, el enriquecimiento de la práctica pedagógica y la mejora de la infraestructura escolar, entre otras. Asimismo, argumenta:

Desgraciadamente, mucho de ese esfuerzo se quedó a la mitad porque no se ha contado con un sistema de gestión honesto y eficiente, lo cual --junto con una baja inversión en el rubro-- impidió que se construyera una política de Estado en materia educativa.

Uno de los ejes estratégicos para el desarrollo educativo que ha sido profundamente descuidado es el de la educación de los futuros maestros. Según la información oficial, durante la última década se reformaron los planes y programas para la formación de los nuevos maestros, orientándolos más a la práctica y a la aplicación de los avances didácticos, y fortaleciendo la organización e infraestructura educativa de las escuelas normales.

Como se ha visto, esas acciones no cumplieron su cometido pues, además de que privó un enorme desorden institucional, hubo poca inversión y se privilegió la educación privada orientada a la formación de los futuros docentes, en detrimento de la pública.

Los efectos de ese avance avasallador de la formación privada de los maestros son evidentes hoy. Como sucede en otros niveles educativos, en la última década el crecimiento indiscriminado de la educación normalista privada ha significado que hoy atienda a 40 por ciento de los estudiantes, contra 60 por ciento de los que estudian en la pública.

Eso no sería negativo por sí mismo si esa educación privada fuera complementaria y no sustitutiva de la que imparte el Estado, como se impulsó desde el antiguo régimen y como se impulsa más decididamente desde el gobierno actual.

Tampoco sería negativo si esa educación privada se dirigiera a la formación de los nuevos docentes en las regiones y los estados del país donde la educación básica es todavía una promesa para más de un millón y medio de niños, como reconoce el programa nacional en la materia.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo citada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Al respecto, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la preocupación planteada por el proponente, en el sentido de que la educación normalista representa uno de los ejes para el desarrollo de la educación básica en el país. Asimismo, esta comisión comparte el argumento de que los profesores normalistas deben tener una preparación acorde con las necesidades que exige el país, en el marco de la globalización y la sociedad del conocimiento, así como una actualización sistemática y constante.

Sin embargo, se considera que la presente proposición con punto de acuerdo es improcedente, dado que la Secretaría de Educación Pública ya cuenta con la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la cual tiene a su cargo el desarrollo de planes y programas para el desarrollo y mejora de la educación normal, así como para la actualización sistemática del magisterio. Por tanto, se estima redundante exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que implemente dichos planes y programas estratégicos.

No obstante, esta comisión estima procedente solicitar a la Secretaria de Educación Pública un reporte sobre las acciones emprendidas por la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio encaminadas a mejorar la educación normalista en todas sus modalidades, así como los resultados concretos de las mismas en el periodo 2001-2006. Lo anterior, para que con dichos datos esta comisión cuente con los elementos necesarios para tomar las decisiones y acciones correspondientes.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. No es de aprobarse la presente proposición con punto de acuerdo por la que se haga un exhorto respetuoso a las autoridades educativas federales y a las estatales para que instauren un plan de desarrollo estratégico de la educación normalista en el país, a fin de que se fortalezcan los programas de formación de docentes, en particular el del subsistema de normales rurales.

Lo anterior, por considerarse improcedente, dado que la Secretaría de Educación Pública ya cuenta con la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la cual tiene a su cargo el desarrollo de planes y programas para el desarrollo y mejora de la educación normal, así como para la actualización sistemática del magisterio. Por tanto, se estima redundante exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que implemente dichos planes y programas estratégicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2007.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Leobardo Curiel Preciado , Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez , Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán , Tomás José Luis Varela Lagunas .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Energía, por el que se dese-chan 23 proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LIX Legislatura

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Energía le fueron turnadas, para su análisis y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 90 y 93 relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Durante el periodo del 30 de octubre de 2003 al 25 de abril de 2006, fueron turnadas a la Comisión de Energía, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, diversas proposiciones con punto de acuerdo consistentes esencialmente en la solicitud o exhorto hecho a autoridades de las diferentes dependencias y entidades del ramo de energía para que se abocaran a la atención de diversas cuestiones de su competencia.

En tal sentido, son materia del presente dictamen las siguientes proposiciones:

1. Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que de instrucciones al secretario de Hacienda y Crédito Público para que se apliquen los mismos criterios correspondientes a la reducción del precio de la gasolina en todos los municipios de la frontera sur del país.Turnado a la Comisión de Energía el 30 de octubre de 2003.

2. Con punto de acuerdo, para exhortar a las secretarías de Energía, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República para que realice una auditoría en las áreas de almacenamiento y distribución de combustibles a fin de evaluar los índices de pérdida y detectar las extracciones ilegales a los ductos de Pemex. Turnado a la Comisión de Energía el 9 de diciembre de 2003

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Energía para que la Dirección de Pemex privilegie a los trabajadores mexicanos en la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Turnado a la Comisión de Energía el 25 de febrero de 2004.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que implemente un programa emergente para concluir el saneamiento de los depósitos de desechos petroleros de la empresa en el municipio de Altamira, Tamps. Turnado a la Comisión de Energía el 3 de marzo de 2004.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita se aceleren los trabajos de mantenimiento del centro embarcador de amoniaco anhidro de Topolobampo, se definan y tomen medidas para solucionar el desabasto del gas en el país, se evalúen los daños que ha provocado el desabasto a la agricultura y se opere un mecanismo de compensación. Turnado a la Comisión de Energía el 3 de marzo de 2004.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a no deshacerse del capital humano altamente calificado por criterios de austeridad derivados del artículo 30 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004. Turnado a la Comisión de Energía el 5 de abril de 2004.

7. Con punto de acuerdo, para que el Congreso de la Unión se pronuncie en contra de los constantes errores cometidos y la negligencia en la refinación de hidrocarburos. Turnado a la Comisión de Energía el 29 de abril de 2004.

8. Con punto de acuerdo, para que las comisiones ordinarias de Energía y Medio Ambiente y la Especial sobre el Daño Ecológico y Social de Pemex se reúnan en el estado de Chiapas para detectar el impacto de Pemex. Turnado a la Comisión de Energía el 23 de septiembre de 2004.

9. Con punto de acuerdo, para que se cree una subcomisión de trabajo que verifique las obras realizadas por la empresa Gas Natural de México referente al diseño, introducción, instalación y operación de redes de distribución y suministro de gas natural en el D.F. Turnado a la Comisión de Energía el 28 de octubre de 2004.

10. Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que se restablezcan las condiciones adecuadas al precio del costo de distribución del gas de la empresa Ecogas de la Laguna. Turnado a la Comisión de Energía el 14 de diciembre de 2004.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a solicitar la renuncia del ingeniero Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex. Turnado a la Comisión de Energía el 15 de marzo de 2005.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos llevar a cabo la reubicación de los ductos que se encuentran en el cauce del Río Chiquito y la Subestación 8 ubicada en la zona urbana de Ciudad Mendoza, Ver.; que el Congreso de la Unión autorice el presupuesto necesario para la reubicación y la conformación de un fideicomiso. Turnado a la Comisión de Energía el 19 de abril de 2005.

13. Con punto de acuerdo, para exhortar a Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la redistribución de su presupuesto para evitar accidentes derivados de la explotación de los recursos petroleros. Turnado a la Comisión de Energía el 28 de abril de 2005.

14. Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados soliciten a las comisiones del Senado encargadas de dictaminar la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados, sesionar en conferencia en aras de avanzar en dicho proceso. Turnado a la Comisión de Energía el 28 de abril de 2005.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a al titular del Ejecutivo federal a no ratificar el nombramiento del encargado del despacho de Pemex Exploración y Producción y al director general de Pemex se solicita información relativa a la nueva modalidad de contratos con la iniciativa privada. Turnado a la Comisión de Energía el 24 de agosto de 2005.

16. Con punto de acuerdo, para reconvenir a Petróleos Mexicanos por los constantes accidentes que han ocurrido en sus instalaciones y exhortar a su dirección para que se instrumente un plan preventivo de mantenimiento, reposición de equipos, capacitación y exhortar para que en el caso específico del accidente ocurrido en Xicotepec de Juárez, Puebla, la indemnización se realice a la brevedad de manera integral. Turnado a la Comisión de Energía el 24 de agosto de 2005.

17. Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal para que indemnice a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón. Turnado a la Comisión de Energía el 4 de noviembre de 2005.

18. Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex para que erogue los recursos del programa de seguridad industrial y mantenimiento de infraestructura en instalaciones del Golfo de México. Turnado a la Comisión de Energía el 8 de diciembre de 2005.

19. Con punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades del estado de Baja California se suspendan en forma definitiva los permisos para el establecimiento de regasificadoras en el noroeste de la entidad por el impacto en esa zona protegida. Turnado a la Comisión de Energía el 8 de diciembre de 2005.

20. Con punto de acuerdo, por la que solicita al titular del Poder Ejecutivo federal informe a la ciudadanía que la reforma energética no está aún en poder de esta soberanía y que los integrantes de la LIX Legislatura no han rechazado la misma. Turnado a la Comisión de Energía el 8 de diciembre de 2005.

21. Con punto de acuerdo, para hacer un llamado urgente a las autoridades federales y al gobernador del estado de Guerrero para que se apeguen a la legalidad y detener los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico ``La Parota''. Turnado a la Comisión de Energía el 25 de enero de 2006.

22. Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex para que realice un análisis jurídico constitucional relativo a los nuevos contratos de franquicia para distribuidores de gasolina. Turnado a la Comisión de Energía el 9 de febrero de 2006.

23. Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de Petróleos Mexicanos para que envíe un reporte pormenorizado de los egresos realizados para prevenir los delitos de robo y adulteración de combustible en contra de la paraestatal. Turnado a la Comisión de Energía el 25 de abril de 2006.

Consideraciones

1. Como ha quedado descrito, las proposiciones con punto de acuerdo arriba enunciadas fueron presentadas y turnadas a la Comisión de Energía durante el periodo de ejercicio 2003-2006 de la LIX Legislatura.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso f) y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones tienen por tarea dictaminar o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

3. Para resolver los asuntos acumulados durante la pasada legislatura, los diputados integrantes de esta Comisión de la LX Legislatura se abocaron al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo pendientes, con el fin de acatar el mandato establecido en la ley.

4. El pasado 12 de febrero, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobó el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.

Dicho acuerdo establece lineamientos para que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados dictaminen las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura pendientes de dictamen, y lo comuniquen a más tardar el 31 de marzo de 2007 al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Conforme al artículo cuarto del acuerdo, el presente procede a analizar las proposiciones con punto de acuerdo que les fueron turnadas como comisión única o en la que aparece la Comisión de Energía en primer lugar en el turno de comisiones unidas.

Del conjunto de la proposiciones que se encuentran en el supuesto anterior, se hizo una primera revisión con el fin de identificar todas aquellas proposiciones que se consideren extemporáneas o que ha desaparecido su materia, razón o motivo que les dio origen, o que el propósito perseguido con el punto de acuerdo correspondiente haya desaparecido o haya dejado de ser posible o viable, en los términos del mismo artículo cuatro del acuerdo.

5. Así, del análisis efectuado sobre las proposiciones con punto de acuerdo que se han mencionado, se destaca que:

a) Varios puntos de acuerdo han sido superados por el mero transcurrir del tiempo, es decir, sus objetivos ya se han realizado o bien resultan extemporáneos, por lo que carecen de actualidad.

b) Otras proposiciones han sido satisfechas debido a las reformas legislativas o a la elaboración previa de dictámenes relacionados con asuntos similares.

d) Algunos otros puntos de acuerdo, fueron dirigidos a autoridades específicas y cuyos funcionarios han concluido en desempeño de sus funciones, por lo que han quedado sin la materia correspondiente.

e) Finalmente, algunas propuestas forman parte de temas incluidos en el programa de trabajo de la Comisión de Energía y de las subcomisiones que al efecto se aprobaron en la primera reunión plenaria celebrada el 18 de diciembre de 2006 por esta comisión.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Energía de la LX Legislatura concluyen el siguiente:

Resolutivo:

Primero. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen y que han sido descritas en el capítulo de antecedentes.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, mes de marzo de dos mil siete.

La Comisión de Energía, diputados: David Maldonado González (rúbrica), María de Jesús Guerra Sánchez (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales , Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González , Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez , Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano , Antonio Soto Sánchez , Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez , Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la LX Legislatura les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado.

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; siendo competentes y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, someten a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

I. Con fecha 5 de octubre de 2006, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

III. Con fecha 26 de octubre de 2006, mediante oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-130, la Mesa Directiva, modificó el trámite dictado a la proposición citada para ampliarlo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.

IV. En sesión plenaria del 31 de enero de 2007 se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

V. En sesión plenaria de la Comisión de Gobernación del 28 de febrero de 2007, se sometió a consideración de los integrantes de la misma, el proyecto respectivo, siendo aprobado por los presentes.

Contenido

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya expone que las acciones del crimen organizado se han vuelto cada vez más violentas, llegándose a niveles nunca vistos en la historia de México y que éstas lastiman gravemente a la sociedad en regiones del país cada vez más extensas.

En la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, se reconocen los esfuerzos de las autoridades locales y federales y de manera especial aquellos de los miembros de las diferentes corporaciones que han caído en la lucha frontal contra el crimen.

No obstante lo anterior, el diputado proponente señala que esos esfuerzos deben continuar. Para ello, asegura se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas atribuciones, así como ``adecuar el marco normativo para hacer más eficiente esta coordinación de esfuerzos y, sobre todo, dotarlos de los recursos necesarios para que estén en condiciones de hacer frente, de manera más exitosa, a estos grupos delictivos''.

El diputado Rivera Bedoya reconoce que el documento denominado ``Hacia un Nuevo Sistema Integral de Combate al Crimen Organizado'' que la Secretaría Técnica presentó a discusión y aprobación al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el pasado mes de septiembre, constituye una herramienta fundamental para lograr estos objetivos.

El diputado Rivera Bedoya celebra la visión integral del proyecto ya que este contiene ``acciones inmediatas de prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, readaptación social, participación ciudadana, información, investigación e inteligencia; de análisis legislativo, control de confianza, comunicación social y de profesionalización. Todo ello, con base en la estrecha vinculación y la interoperatividad con pleno respeto de la autonomía, independencia y, en su caso, soberanía de las instancias e instituciones a cargo de la seguridad pública en el país''.

Por lo anterior propone, en primer término que, esta soberanía realice un exhorto a la Conago a fin de acelerar su aprobación y dotar al Estado Mexicano de mejores herramientas de coordinación en materia de seguridad pública.

Además, propone que se conforme un grupo de trabajo que, en coordinación con la Conago, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y de las necesidades presupuestales que permitan una eficaz coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya propone que dicho grupo de trabajo presente las propuestas a que haya lugar a fin de dotar a esta propuesta de Sistema Integral de Combate al Crimen de los recursos públicos suficientes para su operación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. Que la Conferencia Nacional de Gobernadores se constituyó el 13 de julio de 2002 como un foro permanente, abierto al análisis de la problemática de las entidades federativas y a la búsqueda de soluciones mutuamente convenientes que permitan articular entre los estados, y con la Federación, políticas públicas en beneficio de los mexicanos.

2. Que la Conferencia Nacional de Gobernadores cuenta entre sus miembros a los titulares del poder ejecutivo de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro , Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y del Distrito Federal.

3. Que la Conferencia tiene vínculos con todas las instancias públicas como el Poder Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, municipios y algunas instituciones privadas, y en general con todos aquellos actores que tienen que ver en asuntos de carácter nacional.

4. Que la Conferencia Nacional de Gobernadores tiene como uno de sus propósitos el realizar proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos con la finalidad de acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a:

a) Política presupuestaria,

b) Criterios para la transferencia de potestades y recursos,

c) Desarrollo social,

d) Seguridad Pública,

e) Costo de los servicios públicos,

f) Políticas de inversión pública,

g) Procesos de desarrollo y descentralización administrativa,

h) Fortalecimiento a los gobiernos locales, y

i) Relaciones intergubernamentales.

5. Que la Conferencia coordina sus trabajos a través de 25 comisiones que abordan cada uno de los temas considerados prioritarios.

6. Que en la Comisión de Seguridad Pública de la Conago están representadas 29 entidades federativas siendo el gobernador de Sonora quien actualmente coordina los trabajos en la materia.

7. Que el 11 de septiembre de 2006, la Conferencia celebró su XXIX reunión ordinaria aprobando como Acuerdo Décimo Primero de la reunión, el que se transcribe a continuación:

``Décimo Primero. Se tiene por recibido el documento ``Hacia un Nuevo Sistema Integral de Combate al Crimen Organizado'' elaborado por el Grupo de Trabajo de Combate al Crimen Organizado, coordinado por el gobernador José Natividad González Parás. Al respecto, se aprueba turnar a la Comisión de Seguridad Pública el documento mencionado para que, a la brevedad posible, sea analizado conjuntamente con dicho Grupo de Trabajo.

Asimismo, una vez realizado el análisis, se autoriza a la Comisión de Seguridad Pública para que de manera conjunta con el Grupo de Trabajo establezca los siguientes contactos:

Con el Consejo Nacional de Seguridad Pública para conformar un Grupo Permanente de Trabajo de Combate al Crimen Organizado integrado por las instituciones federales y las entidades federativas para traducir el análisis realizado en un plan integral con programas y estrategias específicas, a la mayor brevedad posible.

Con un grupo de legisladores del H. Congreso de la Unión de las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública, con el fin de empezar a dialogar sobre los cambios y modificaciones a los marcos legales respectivos, que se requieran en el corto y mediano plazos.

Con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Consejo de la Judicatura Federal para conversar, conjuntamente con el Ejecutivo federal, los serios y delicados problemas que se presentan cada vez con mayor intensidad en la integración de los expedientes, en el procesamiento de las personas detenidas y en los juicios emitidos en contra de los delincuentes.

Finalmente, realizar un planteamiento para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el rubro correspondiente al Programa de Atención a los Problemas de la Delincuencia, así como se consideró un capítulo para el narcomenudeo, se incluya un presupuesto específico para apoyar a las entidades federativas que están teniendo problemas graves en materia de presencia del crimen organizado.''

8. Que en virtud de que el documento denominado ``Hacia un Nuevo Sistema Integral de Combate al Crimen Organizado'' elaborado por el Grupo de Trabajo de Combate al Crimen Organizado, fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia el 27 de noviembre de 2006, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no tiene aplicación por haber cambiado las condiciones que motivaron su presentación quedando ahora sin materia para ser objeto de atención.

9. Que además de lo anterior, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados ha aprobado crear en su seno la Subcomisión de Análisis Económico, del Presupuesto y de Fiscalización, compuesta por los diputados integrantes de la Mesa Directiva y por los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Convergencia.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública que suscribimos el presente dictamen, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado, presentado por el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , el 5 de octubre de 2006, en virtud de que ha quedado sin materia.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José de Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez , Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell , Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete , Juan de Dios Castro Muñoz , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo , Agustín Leura González , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres , Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero , Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez , Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, en sentido negativo, con punto de acuerdo relativo a la suspensión de programas federales en el proceso electoral de Tabasco de 2006

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que suspenda inmediatamente sus actividades de promoción de los programas federales en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de 2006.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis, el diputado Pedro Landero López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo exhortando al titular del Poder Ejecutivo federal para que suspenda inmediatamente sus actividades de promoción de los programas federales, en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de 2006.

II. En la misma fecha, veintinueve de septiembre de dos mil seis, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, en sesión celebrada por el Pleno de la Comisión de Gobernación, se presentó el proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, tiene como objetivo primordial dirigir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que suspenda actividades de promoción de programas federales en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de dos mil seis.

Según el proponente, existen prácticas las cuales son contrarias a los principios democráticos de la república, por lo que considera necesario la coadyuvancia de los actores políticos involucrados, con el fin de garantizar el ejercicio del voto libre y secreto en el estado de Tabasco.

2. El quince de octubre del año dos mil seis se celebraron las elecciones locales para gobernador en el estado de Tabasco.

El Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realizó el cómputo correspondiente a dicha elección, declarando la validez de la misma y expidiendo la constancia de mayoría y validez al candidato registrado por el Partido Revolucionario Institucional.

3. El veinticinco de octubre del dos mil seis, la Coalición por el Bien de Todos interpuso recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, impugnando el resultado consignado en el acta de cómputo estatal de la elección de gobernador en Tabasco.

Es el caso que el Tribunal Electoral del estado, conoció del recurso interpuesto, emitiendo la sentencia correspondiente, el nueve de noviembre del dos mil seis, y en la que se declaró la validez de la elección de gobernador del estado, y de la constancia de mayoría a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

4. El quince de noviembre del dos mil seis, la Coalición por el Bien de Todos, promovió un juicio de revisión constitucional electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de la resolución emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

5. El veintisiete de diciembre de dos mil seis, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad declaró la validez de los comicios, ratificando el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Granier Melo.

6. De lo anterior se desprende que la jornada electoral para elegir gobernador del estado de Tabasco ha transcurrido, cubriendo todas las etapas establecidas por la Ley Electoral.

7. Es el caso que la proposición con punto de acuerdo en estudio, resulta extemporánea y ha quedado sin materia en virtud de que el exhorto fue dirigido en el marco del proceso electoral que ya ha sido verificado.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a suspender la promoción de programas federales en el marco del proceso electoral del estado de Tabasco de 2006 presentada por el diputado Pedro Landero López , el veintinueve de septiembre de dos mil seis.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano , presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Erika Larregui Nagel , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, en sentido negativo, con punto de acuerdo relativo a la cancelación del desfile deportivo del 20 de noviembre de 2006

Honorable Asamblea

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a no cancelar el desfile deportivo del 20 de noviembre.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, el diputado Gerardo Sosa Castelán , a nombre de la diputada Elizabeth Morales García , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo exhortando respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a no cancelar el desfile deportivo del 20 de noviembre, ni ser sustituido por una ceremonia cívica.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada, fue turnada por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veintiocho de febrero del dos mil siete, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación, proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen señala que con fecha veinticuatro de octubre del año dos mil seis, la Presidencia de la República informó que el desfile deportivo del 20 de noviembre sería cancelado y sustituido por una ceremonia cívica encabezada por el presidente Vicente Fox, en la residencia oficial de Los Pinos, con un mensaje central del mandatario.

2. La Presidencia de la República por conducto del vocero presidencial, anunció la cancelación del desfile del 20 de noviembre ofreciendo los argumentos que se transcriben a continuación:

``...El 20 de noviembre de 1910, México fue testigo de uno de los sucesos más importantes de nuestra vida política.

...La Revolución Mexicana evoca las más sólidas convicciones de libertad, justicia e igualdad.

Éstas se han convertido en las reglas y los valores que guían hoy nuestra vida política.

...La relevancia de esta fecha amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que se viven en el país.

Por esta razón, el Presidente de la República ha decidido involucrarse de lleno en el festejo, darle un nuevo carácter y hacer de él un acto cívico que permita revalorar su sentido histórico.

En vísperas del aniversario número 100 de la Revolución, el Presidente quiere que sean sus palabras, las que en este año marquen el inicio de los preparativos de la gran fiesta nacional que celebraremos todos los mexicanos en el año 2010.

Nuestro país está inmerso en un proceso de profundas transformaciones que nos conducen hacia la consolidación de nuestra vida democrática.

Esto nos lleva a replantearnos la pertinencia de viejos ritos y la necesidad de revalorar las fechas significativas al tenor de nuestros nuevos códigos políticos.

Este 20 de noviembre se deja atrás el desfile deportivo que ya había venido cambiando desde hace años para dar inicio a una ceremonia que se apegue a una cultura propia de ciudadanos en sintonía con la pluralidad que se vive en una democracia y en la que el orgullo por nuestra historia se muestre siguiendo el ejemplo de quienes avizoraron el hacia un México democrático.

...En términos prácticos... en esta ceremonia el señor Presidente de la República no intervenía, no había discursos, en razón de eso no había la posibilidad de una reflexión sobre el hecho histórico tan importante como fue el de la Revolución de 1910.

Como se propone el diseño de este nuevo evento será con la invitación de los poderes, con la invitación de todas las fuerzas políticas, con la invitación a la ciudadanía en un acto que habrá de celebrarse en la explanada Francisco I. Madero, aquí en Los Pinos, y en la cual el señor Presidente tendrá un discurso haciendo una reflexión sobre el hecho de la Revolución Mexicana. Ese es básicamente el cambio.

Este 20 de noviembre además de que se inicia esta nueva manera de celebrar este hecho histórico, que será semejante a como se ha celebrado el 5 de febrero por la Constitución tanto de 1857, como la de 1917, que siempre es un discurso del señor Presidente de la República, que plantea una reflexión sobre estos hechos históricos fundamentales en nuestro devenir como nación...''

3. De lo expuesto, se desprende que los argumentos esgrimidos obedecen a una decisión dentro de la gestión del ex presidente Vicente Fox, haciendo referencia exclusivamente al desfile del 20 de noviembre del 2006, sin que la misma constituya necesariamente un precedente para que las administraciones futuras tengan una obligación jurídica de realizar la celebración de la misma manera.

4. En este sentido, la proposición con punto de acuerdo en estudio, ha quedado sin materia en virtud de que el mismo se dirige al ex titular del Poder Ejecutivo federal y respecto a su gestión de un momento histórico en específico, el cual es el desfile deportivo del 20 de noviembre del año 2006. Asimismo, resulta extemporáneo, toda vez que su objetivo carece de actualidad en virtud de que ya se han verificado los acontecimientos a los que hace referencia.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a no cancelar el desfile deportivo del 20 de noviembre de 2006, presentada por el diputado Gerardo Sosa Castelán , el día veintiséis de octubre del dos mil seis.

Segundo. Archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregi Nagel(rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, en sentido negativo, con punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre para Villa Corregidora, Querétaro

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo relativo al exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre para el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, y liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres para atención de la población.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, el diputado José Luis Aguilera Rico , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativo al exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre para el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, debido a la intensa lluvia registrada el 30 de septiembre de 2006 y liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres para atención de la población.

II. Con la misma fecha, diecinueve de octubre de dos mil seis, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la proposición con punto de acuerdo arriba mencionada fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron, en sentido negativo, el presente dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios tendrán facultades concurrentes para coordinar sus acciones en materia de protección civil:

Artículo 73. ......

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios coordinarán sus acciones en materia de protección civil.

...

2. La Ley General de Protección Civil establece cuál es la prelación de las autoridades para atender las emergencias que se susciten. Así, el artículo 14 señala:

Artículo 14.En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta ley y de las demás disposiciones aplicables.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil.

La primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. En caso de que ésta supere su capacidad de respuesta, acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable.

Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

En las actividades de atención de desastres y recuperación se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos económicos.

3. En las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004, se establece que para tener acceso a los recursos del fondo deberá existir una solicitud por escrito hecha por los gobernadores de los estados donde se pida la declaratoria de desastre natural, siempre y cuando se haya rebasado la capacidad del gobierno municipal y del gobierno estatal.

4. La proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere, esencialmente, a exhortar a la Secretaría de Gobernación para declarar zona de desastre y liberar recursos del Fonden para atender la emergencia provocada por la intensa lluvia que azotó el municipio de Villa Corregidora, en el estado de Querétaro, el 30 de septiembre de 2006.

5. El proponente afirma que dicho fenómeno afectó por lo menos trescientos domicilios, principalmente en las colonias Las Flores, Pirámides y la parte baja de Santa Bárbara de dicho municipio, perjudicando a ochocientas personas. El diputado José Luis Aguilera Rico destaca que se realizó la intervención oportuna de la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno del estado, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y las secretarías de Obras Públicas, de Salud y de Seguridad Ciudadana, que atendieron a la población afectada.

6. Efectivamente, según se desprende de los mismos comunicados de prensa del gobierno del estado de Querétaro, se destinó un apoyo extraordinario de dos millones de pesos al municipio para atender a las familias damnificadas. Dichos recursos se pusieron a disposición de las autoridades municipales, las cuales fijaron los mecanismos de aplicación para la atención de los ciudadanos.

7. El gobierno municipal canalizó dichos recursos estatales para la entrega de enseres domésticos a las familias que resultaron con mayor grado de afectación en sus bienes distribuyéndoles colchones, estufas y refrigeradores. Igualmente se ofrecieron a las personas afectadas despensas, agua, ropa y auxilio médico.

8. Igualmente, el ayuntamiento del municipio de Corregidora aprobó un acuerdo, el 5 de octubre de 2006, por el que se autorizó la condonación del pago de derechos de los trámites relativos a los servicios que presta el Registro Civil a los afectados para apoyar a los habitantes que perdieron documentos personales.

9. De lo anterior se advierte que la emergencia tuvo una atención coordinada de las autoridades del gobierno estatal y del municipal, siendo esta última la primera instancia especializada para responder ante la desgracia provocada por el fenómeno metereológico por lo que, en consecuencia, su capacidad de respuesta fue suficiente para atender las necesidades de las personas afectadas.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre para el municipio de Villa Corregidora, Querétaro, debido a la intensa lluvia registrada el 30 de septiembre de 2006 y liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres, presentado por el diputado José Luis Aguilera Rico , el diecinueve de octubre de dos mil seis.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia, sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia judicial y de derechos humanos presentadas ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Proposición con punto de acuerdo sobre la situación en Unión Hidalgo, Oaxaca, presentada por la entonces diputada María del Rosario Herrera Asencio, del Partido de la Revolución Democrática.

2. Proposición con punto de acuerdo en relación con los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971, presentada por la entonces diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática.

3. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que intervenga en el juicio que se sigue en contra del ciudadano Armando Villarreal Marta, preso en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la entonces diputada Eliana García Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

4. Proposición con punto de acuerdo relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el estado de Guerrero, presentada por el entonces diputado Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

5. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del estado de Morelos a deslindar responsabilidades en el caso de la brutal contra pobladores de Tlalnepantla, presentada por la entonces diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática.

6. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad que le confiere el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la grave y sistemática violación de garantías individuales por parte de las corporaciones policíacas en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, presentada por el entonces diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

7. Proposición con punto de acuerdo, con motivo de la muerte de Manuel Francisco Ortega González, presentada por la entonces diputada Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática.

8. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del estado de Guerrero a que apruebe la propuesta de Ley de Desaparición Forzada de Personas presentada por la sociedad civil, presentada por la entonces diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática.

9. Proposición con punto de acuerdo para emitir exhorto con relación a las actuaciones del juez cuarto de distrito en materia penal con sede en Monterrey, Nuevo León, en el proceso que se sigue a Miguel Nazar Haro, presentada por la entonces diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.

10. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones dictaminadoras de las iniciativas que en materia de derechos humanos a reunirse en conferencia para elaborar el dictamen respectivo, presentada por el entonces senador Raymundo Cárdenas Hernández , del Partido de la Revolución Democrática.

11. Proposición con punto de acuerdo para que se investigue el desacato a un amparo concedido a favor de los habitantes del Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, presentada por el entonces diputado Gilberto Santiago Ensástiga, del Partido de la Revolución Democrática.

12. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos, a fin de que, de manera inmediata, consigne las averiguaciones previas integradas y ejercite acción penal contra todos los responsables y participes de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada perpetuados durante la ``Guerra Sucia'', presentada por la entonces diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática.

13. Proposición con punto de acuerdo para crear una subcomisión o grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que investigue e informe al pleno sobre lo ocurrido en Guadalajara, Jalisco, el pasado 28 de mayo, durante la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, presentada por el entonces diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática.

14. Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada a cumplir integral y suficientemente, con la mayor brevedad, las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esa entidad, presentada por el entonces diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.

15. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas a agilizar las acciones y diligencias conducentes a esclarecer los asesinatos contra periodistas en dicha entidad, presentada por la entonces diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del Partido Acción Nacional.

16. Proposición con punto de acuerdo para hacer un exhorto al gobierno del estado de Oaxaca, a fin de obtener la inmediata liberación de los indígenas presos en diversos penales de la entidad, así como la libertad absoluta de los que están libres bajo fianza, presentada por el entonces diputado Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

17. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables de las agresiones físicas contra los voceadores de la entidad, presentada por el entonces diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Convergencia.

18. Proposición con punto de acuerdo para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, presentada por la entonces diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.

19. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con diversos comentarios emitidos, presentada por el entonces diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional.

20. Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentada por el entonces diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática.

21. Proposición con punto de acuerdo relativo a la situación jurídica de los ciudadanos vascos que se hallan en el reclusorio norte, presentada por la entonces diputada Eliana García Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

22. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actuar con imparcialidad en los asuntos que por querella o de oficio sean del conocimiento de ese organismo, agotar los procedimientos establecidos en la ley antes de emitir opiniones o recomendaciones contra las autoridades y evitar juicios personales y de valor sobre los asuntos nacionales, sin demérito de su libertad de expresión como persona y como ciudadano, presentada por el entonces diputado José Javier Villicaña Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

23. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a las autoridades judiciales que revisen el expediente del Bufete de Especialidades Administrativas contra el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, y conducirse con legalidad e imparcialidad, presentada por el entonces diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

24. Proposición con punto de acuerdo en relación al arresto y encarcelamiento de la ciudadana Araceli Domínguez, de la Ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo, presentada por la entonces diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del Partido Acción Nacional.

25. Proposición con punto de acuerdo sobre el encargado de la dirección de la Policía Investigadora Ministerial en el estado de Guerrero, presentada por el entonces diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.

26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la remoción de quienes ocupan altos cargos en materia de seguridad pública y de procuración de justicia en el estado de Guerrero, presentada por la entonces diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática.

27. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla y al Gobierno Federal a respetar los derechos humanos y constitucionales del ciudadano Rubén Sarabia Sánchez y en estricto apego a derechos se eliminen las condiciones extracarcelarias impuestas contra el ciudadano, presentada por el entonces diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.

28. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al procurador general de la República que ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable y establezca los contactos pertinentes por los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco, presentada por el entonces diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional.

29. Proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal agilice la investigación de los hechos denunciados en el caso de la ciudadana Nadia Ernestina Zepeda Molina y se finquen responsabilidades en contra de los funcionarios que incurrieron en violaciones y se repare el daño adecuadamente, presentada por la entonces diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática.

30. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar y deslindar responsabilidades respecto a la violación a la Ley Federal para Prevenir y Evitar la Discriminación, presentada por el entonces diputado Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional.

31. Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Congreso del estado de Baja California para que, dentro de sus facultades, pueda homologar su Código Civil al de otras entidades federativas en materia de derecho familiar, presentada por la entonces diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional.

32. Proposición con punto de acuerdo por el que se invita al titular de la Procuraduría General de la República a que, de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, destine una parte a los programas de prevención de delitos electorales referentes al voto de los mexicanos en el extranjero, presentada por el entonces diputado Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional.

33. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a intervenir en el juicio que se sigue en contra de los ecologistas rarámuris Isidro Baldenegro López y Domingo Rivas Carillo, presos en el estado de Chihuahua, presentado por la entonces diputada Eliana García Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

34. Proposición con punto de acuerdo respecto a la situación de los indígenas detenidos en el Centro de Readaptación Social de Puebla y en la prisión de Tetela de Ocampo, en la misma entidad, presentada por el entonces diputado Abdallán Guzmán Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

35. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita formar un grupo plural de legisladores que investigue la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, Coahuila, presentada por la entonces diputada Eliana García Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

36. Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que informe sobre los homicidios de mujeres en la entidad, presentada por el entonces diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Partido Acción Nacional.

37. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ, al Tribunal Superior de Justicia y a la SSP del estado de Baja California a investigar a fondo el homicidio de Paulina Baeza Sauceda, presentada por la entonces diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática.

38. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a los periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados que investigue de los actos de agresión de que fueron objeto reporteros del periódico La Crónica de Hoy, presentada por el entonces diputado Jorge Triana Tena del Partido Acción Nacional.

39. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a todas las instituciones públicas y privadas, con atención especial al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaria de Educación Pública, responsables de otorgar financiamiento a aquellas organizaciones civiles y fundaciones privadas que otorgan becas y estímulos a los hombres y mujeres en diversas áreas del conocimiento, para que vigilen y promuevan el respeto a los derechos humanos, tanto de hombres como mujeres en sus estatutos y en sus bases de convocatorias, presentada por el entonces diputado Germán Martínez Cazares, del Partido Acción Nacional.

40. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, presentada por la entonces diputada Eliana García Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.

41. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a la Fiscalía General del estado de Chiapas a llevar a cabo acciones inmediatas en los casos de delitos sexuales y feminicidios ocurridos en la zona sur del estado; y al titular del Poder Ejecutivo federal a establecer políticas con perspectiva de género tendientes a instaurar un auténtico desarrollo social, presentada por la entonces diputada María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.

42. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a actuar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las constantes agresiones contra periodistas en Baja California, presentada por el entonces diputado Manuel Gonzáles Reyes, del partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas por los diputados que se mencionan en el mismo durante la LIX Legislatura.

2. Las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

3. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 5 de diciembre del 2006, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se divide en dos, la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, por lo que esta comisión resuelve de los casos pendientes turnados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

Consecuentemente, la Comisión de Justicia considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. No son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo, a 28 de febrero de 2007.

La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedolla (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Baustista Bravo, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Javier González Garza , coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que la diputada Holly Matus Toledo cause alta como secretaria en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Que las diputadas Maricela Contreras Julián , Daisy Selene Hernández Gaytán , Rosario Ortiz Magallón y el diputado Jaime Espejel Lazcano , causen alta como integrantes en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 461 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La asistencia es de 461 diputadas y diputados, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios solicitados por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que el diputado Roberto Badillo Martínez cause baja como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Que el diputado Daniel Amador Gaxiola cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Que la diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar cause baja como integrante en la Comisión del.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración solicitada por el diputado Miguel Angel Jiménez Gódinez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Que el diputado Manuel Cárdenas Fonseca cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración solicitada por el diputado Alejandro Chanona Burguete , coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

Que el diputado Alberto Esteva Salinas cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

Esta Presidencia desea saludar respetuosamente al doctor Lawrence Carter, decano de la Capilla Internacional King de la Universidad Morehouse de Atlanta, Georgia. Bienvenidos a México, bienvenido a esta Cámara. Gracias, mister Carter. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ciudadano diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de febrero de 2007 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2006.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

México DF, a 15 de marzo de 2007.--- Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Secretaría de Gobernación que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Marcos Romano Hassán

Puesto: Secretario en la Oficina Comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Austria en México.

Por lo anterior me permito anexar, para integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Cynthia Patricia Garza García.

Puesto: Empleada del Departamento de Visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Daniela Aguilar Treviño.

Puesto: Empleada del Departamento de Visas.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Alejandro García García.

Puesto: Cajero clase B.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.Nombre: José Octavio Pérez Nava.

Puesto: Investigador en la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar sus servicios al Gobierno de Estados Unidos de América.

Nombre: Álvaro Cisneros Herrera.

Puesto: Empleado.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Las solicitudes de permiso, túrnense a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernaciónde la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jesús Dueñas Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.

El suscrito, senador de la República de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, J. Jesús Dueñas Llerenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le solicito atentamente que en uso de la facultad que confiere al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que, con fundamento en lo que dispone el numeral 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a Comisión Especial de la Función Pública, para opinión, de dicho cuerpo colegiado, a que presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 Quater, todos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 18 de octubre de 2005 el entonces senador Jorge Abel López Sánchez del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 Quater, todos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que tienen por objeto impedir que participen en los procedimientos de enajenación regulados por esta ley, los servidores públicos de la federación que ocupen uno de los cuatro cargos de más alto nivel dentro de la Presidencia de la República, secretarías de Estado, órganos u organismos autónomos por mandato constitucional o por ley, organismos descentralizados y entidades paraestatales; su cónyuge; sus parientes por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral, hasta el cuarto grado. Asimismo, estarán impedidos para ese fin, las personas morales en las que las personas físicas indicadas en el párrafo inmediato anterior, sean socios, asociados o tengan participación accionaria a través de otra persona moral. Otro objeto de importancia es el referido a que las personas físicas y morales que en litigios contra instituciones del sistema financiero mexicano hayan perdido la propiedad de inmuebles dados en garantía en crédito hipotecario, así como tratándose de créditos sobre dichos inmuebles que en uno u otro caso hayan sido transferidos al SAE por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, así como los herederos o sucesión de aquéllos, tendrán el derecho de preferencia por el tanto para comprarlos al SAE. Lo anterior tiene los límites que establece el numeral 62 Bis que se propone, diciendo que cuando los bienes definidos en el artículo 61 de dicha ley, se refieran a créditos que hayan sido otorgados por las instituciones bancarias, hasta 1996 y cuyo monto original no hubiese sido mayor de 1 millón de pesos, para créditos hipotecarios de vivienda o menores a $ 4 millones, para créditos comerciales, el instituto deberá enajenarlos de manera directa, otorgando el derecho de recompra a los pequeños y medianos deudores.

El 8 de diciembre de 2005, el Senado de la República remitió a esa honorable Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Segunda. Se considera de gran trascendencia la aprobación de esta minuta toda vez que con las reformas legales que se proponen se beneficiará a aquellas familias que se vieron despojadas de su patrimonio derivado de la crisis económica de 1994, y se les otorgará la preferencia en la oportunidad de que puedan recuperar los bienes de los que alguna vez fueron propietarios. En efecto, derivado de esa problemática económica, en la cual miles de familias que habían adquirido una casa habitación mediante crédito hipotecario u obtenido un préstamo dando como garantía su casa, sufrieron un incremento en las tasas de la deuda contratada, por lo que se vieron imposibilitados para cubrir los pagos del principal y de los intereses, y perdieron injustamente su patrimonio. Se reitera la importancia de otorgar a las familias el derecho de preferencia por la pérdida de su casa habitación o su empresa durante la crisis bancaria, ya que esta medida les permitirá recuperar ese patrimonio, máxime si se considera que la vivienda es uno de los bienes más preciados para las familias mexicanas.

De igual manera es importante la propuesta toda vez que en la fracción V de dicho numeral, la minuta prohíbe a la persona que readquiera la propiedad del bien inmueble transmitirla a terceros por compraventa dentro de los cinco años siguientes a la fecha de adjudicación, y las comisiones consideran excesivo dicho plazo estimando que debe de ser reducido a dos años.

Con la aprobación de las reformas contenidas en la minuta, se beneficiará a aquellas familias que se vieron despojadas de su patrimonio derivado de la crisis económica, y se les otorgará la preferencia en la oportunidad de que puedan recuperar los bienes de los que alguna vez fueron propietarios. En efecto, con el propósito de hacer llegar la justicia social a esas familias, una vez que el IPAB y el SAE hayan publicado la convocatoria, los deudores podrán formalizar su adhesión al programa dentro del plazo de cuatro meses, de lo contrario el SAE dispondrá de otras herramientas para hacer efectivos los créditos vencidos.

Tercera. Considerando que ya transcurrió más de un año desde que el Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la Cámara de Diputados, sin que a la fecha se haya presentado el dictamen respectivo al Pleno de la colegisladora, situación que incumple con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que establece que toda comisión deberá presentar su dictamen dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que haya recibido los negocios de su competencia.

Señor Presidente, por lo antes expuesto el suscrito senador, de la manera más atenta, le solicito dé trámite a la siguiente:

Excitativa

Único. Se turne la presente a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora, excite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Especial de la Función Pública, a que presenten el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos 32, con una fracción IX, pasando la actual IX a ser X; y 38 Quater, todos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como un artículo 62 Bis de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, presentada por el senador Jorge Abel López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de octubre de 2005, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 15 de marzo de 2007.--- Senador J. Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la solicitud de excitativa en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LX Legislatura.

Excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que dictamine la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprobada y enviada por esta Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2005.

Senador Carlos Sotelo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes consideraciones, solicita a esta Presidencia formule una excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprobada y enviada por esta Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2005.

Consideraciones

A finales de 1994, se produjo la crisis económica más grave de la historia de México. La forma en que el gobierno enfrentó la contingencia ha sido y sigue siendo una de las más costosas para el pueblo mexicano; el rescate de la banca se dio de una manera oculta y discrecional.

En lugar de transparentar el quebranto bancario, dimensionarlo, fincar responsabilidades y buscar el menor costo para las finanzas públicas, Ernesto Zedillo optó por la simulación, el engaño y la ilegalidad.

El entonces titular de Ejecutivo decidió realizar un salvamento encubierto con el pretexto de la protección al ahorro, usando como medio al Fobaproa, un fideicomiso que sin facultades legales, funcionó en la práctica como una gran paraestatal tecnocrática.

La línea de acción del Fobaproa fue rescatar a los grandes y más influyentes deudores, sin importar criterios financieros, jurídicos o morales.

En contraste, el tratamiento del gobierno hacia miles de pequeños y medianos deudores fue tolerar el despojo de sus bienes y acusarlos de pretender implantar una supuesta ``cultura del no pago''.

Esto explica la razón de la transferencia de un fideicomiso particular, como lo fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro a deuda pública, a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, no sólo ha significado el mayor quebranto a las finazas públicas del país, sino también la quiebra para miles de pequeños deudores que ven en serio riesgo su patrimonio.

Como es del dominio público, el IPAB ha estado licitando la cartera vencida absorbida por el Fobaproa, vendiéndola en precios ridículos, principalmente a empresas extranjeras, quienes han visto un jugoso negocio al adquirir los créditos en el 12 por ciento del valor del capital. Empresas que, obviamente, ahora se niegan a toda clase de negociación con los deudores, pretendiendo apropiarse de las garantías.

Por otra parte, el procedimiento irregular con que se desarrollan estas licitaciones de cartera vencida, sin supervisión alguna de autoridades fiscales, ha permitido acciones de tráfico de influencias y lavado de dinero, convirtiendo dinero sucio en propiedades.

Caso representativo, es el de Construcciones prácticas, SA, que según se desprende de las investigaciones realizadas por una comisión especial de la Cámara de Diputados, adquirió 2 mil 780 casas en tan sólo 3 mil pesos cada una, pagando por 27 créditos por un valor en libros de mil 118 millones de pesos, la ridícula cantidad de 8 millones 100 mil pesos, que apenas representa el 0.68 por ciento del valor del portafolio.

En respuesta, la sociedad civil, a través de Barzón, realizó una investigación profunda de todas y cada una de las licitaciones de cartera promovidas por el IPAB y propuso la implementación de un programa al que denominó Programa de Enajenación de Créditos Menores, que implica permitir al deudor liquidar su crédito en montos que van desde el 50 hasta el 70 por ciento del valor del capital, cantidad muy superior al 12 por ciento pagado por las compañías administradoras.

Sensible a la problemática y a la propuesta de la sociedad civil, el 8 de diciembre de 2005, esta Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El objetivo central del proyecto de decreto consiste en adecuar el marco jurídico del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a fin de que los pequeños y medianos deudores tengan un derecho de preferencia para la recompra de sus créditos, sin la intermediación de las administradoras de cartera, otorgando una especie de derecho del tanto.

Asimismo, para prevenir actos de corrupción y de tráfico de influencias, el proyecto de decreto prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen en los procedimientos de enajenación de cartera vencida.

Indudablemente que con la aprobación de la minuta con proyecto de decreto emitido por esta honorable Cámara de Diputados, el 8 de diciembre de 2005, resultarán beneficiadas miles de familias mexicanas, al otorgarles la preferencia en la oportunidad de que puedan recuperar la propiedad de los bienes que perdieron en una crisis económica derivada de operaciones fraudulentas cometidas por funcionarios públicos, banqueros y un grupo muy selecto de hombres de negocios.

Precisamente, el evidente beneficio social que provocará la aprobación de dicho proyecto de decreto, determinó, en reunión de trabajo entre representantes de sectores productivos con gobernadores integrantes de la Conago y legisladores federales y locales, celebrada el pasado viernes 9 de marzo en la ciudad de Colima, se llegará al acuerdo de exigir su inmediato dictamen.

Es por ello, que comparezco pidiendo se realice la excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que de inmediato produzca el dictamen correspondiente.

Por lo anterior, al Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, atentamente pido:

Único: Se formule la excitativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona un artículo 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprobada y enviada por esta Cámara de Senadores, el 8 de diciembre de 2005.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de marzo de 2007.--- Senador Carlos Sotelo García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Silvano Aureoles Conejo, en nombre de los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presentó la solicitud de excitativa en relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica),Vicepresidente.»

«Quienes suscriben, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a su vez son integrantes de la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que formule una excitativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El agua, como elemento vital, representa el sustento de todas las formas de vida existentes en el planeta y es el motor generador del desarrollo económico y social.

A nivel mundial los científicos e investigadores coinciden en afirmar que dos son los retos globales que como humanidad deberemos resolver para nuestra supervivencia en el presente milenio: 1. El agua; 2. Los cambios climatológicos que se están generando en el planeta.

Los temas antes citados están interrelacionados y resultan estratégicos si queremos garantizar la viabilidad del país y el desarrollo sustentable.

El agua aunque cubre el 75 por ciento de la superficie terrestre, es salada en un 97.5 por ciento y solamente dulce en un 2.5 por ciento; de este porcentaje la mayor parte se destina a la agricultura y se calcula que se desperdicia el 60 por ciento de la que se utiliza para el riego.

En México las diferencias climáticas y la distribución de la población y de las actividades productivas, le imprimen características especiales como el hecho que las mayores demandas existen en las zonas de menor disponibilidad y en contraste hay zonas con gran riqueza de recursos que no se aprovechan plenamente.

El clima y sus variaciones afectan la disponibilidad del agua e impactan a la mayoría de las actividades humanas, como la agricultura, la pesca, la generación de energía eléctrica, la industria y las comunicaciones.

Para nuestra nación el agua es ya un tema de seguridad nacional, el 70 por ciento de nuestro territorio es semidesértico; el norte y centro del país que concentran el 77 por ciento de la población, solamente reciben el 28 por ciento del escurrimiento de agua que hay en México, en contraste tenemos que en el sureste se concentra el 30 por ciento de los recursos hídricos de todo el país.

La Ley de Aguas Nacionales es el ordenamiento que regula la administración en materia de aguas a México, dicho ordenamiento es reglamentario del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales.

Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1992 y vino a sustituir a la Ley Federal de Aguas.

La Ley de Aguas Nacionales fue reformada mediante el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del ordenamiento citado de fecha 22 de diciembre de 2003 y se publicó el 29 de abril de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

Dada la complejidad y características que tiene el país, para dar inicio al proceso de reformar al ordenamiento que nos regía en materia de agua, fue necesario iniciar una consulta y estudio de propuestas de todos los sectores involucrados, lo que generó que la Ley de Aguas Nacionales, fuera reformada mediante el decreto antes citado.

Las reformas propuestas son congruentes con los objetivos fundamentales del Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Plan Nacional Hidráulico como son:

- Detener y revertir la contaminación del agua.

- Proteger y conservar los ecosistemas.

- Mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

- Fomentar el equilibrio de las regiones del país.

- Incrementar las inversiones en investigación y transferencia tecnológica.

Por otra parte se establecen como propósitos esenciales, lograr un uso eficiente del agua en la producción agrícola, el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, el desarrollo técnico administrativo y financiero del sector hidráulico y la consolidación de la participación de los usuarios y la sociedad de manera organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura de su aprovechamiento.

Las modificaciones al ordenamiento citado se sustentan en tres principios fundamentales: 1. Lograr la administración de las aguas nacionales, superficiales y subterráneas por cuenca; 2. La participación efectiva y corresponsable de los usuarios y de la sociedad organizada en la gestión del recurso y; 3. El fortalecimiento de las instituciones facultándolas legalmente para la administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

Con las reformas se pretende establecer las normas a través de las cuales se reconoce que el agua es un componente fundamental dentro del proceso del desarrollo, dadas sus profundas implicaciones ambientales, económicas y sociales y los temas relativos a la misma se han tornado estratégicos, por la reciente escasez motivada por el incremento de sus diversos usos.

Se impulsa el principio referente a que la toma de decisiones debe hacerse en la cuenca hidrológica y con unidad, pero sobre todo a que su distribución no se encuentre determinada por divisiones políticas, para con ello otorgar una importancia a la cultura del agua, de su buen uso, de su utilización de manera eficiente, su reúso y lograr con ello que todos ayuden en su protección, conservación y restauración.

A continuación se mencionan algunos de los aspectos que se propone reformar:

- Aclarar las facultades de los niveles nacional y regional hidrológico administrativo.

- Eliminar los permisos provisionales.

- Adecuar lo relativo a la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. Fortalecer al Registro Público de Derechos de Agua.

- Derogar los capítulos relativos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues estas dependencias cuentan con su propia legislación y normatividad, y al estar incluidos en la ley, se pueden propiciar interpretaciones erróneas de funciones y responsabilidades, sobre todo en lo relacionado a la aplicación de faltas y sanciones relativas al medio ambiente.

- Rectificar el plazo para la aplicación de la caducidad aspecto que fue manifestado por las organizaciones de usuarios.

- Modificar el plazo para presentar la solicitud de prórroga, hasta el vencimiento de la vigencia del título.

- Permitir las trasmisiones de derechos temporales, una práctica frecuente en el sector agrícola y que había quedado fuera de la normatividad.

- Derogar lo relativo a la solicitud de la manifestación del impacto ambiental, situación que ha generado inquietud entre los solicitantes, lo anterior dado que existe normatividad al respecto en la legislación sobre la materia.

- Ajustar los montos de la multas a la baja, reclamo generalizado por los usuarios de aguas y sus bienes públicos inherentes.

Punto Resolutivo

Único. La Mesa Directiva del Senado de la República envía a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la excitativa presentada por la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que sea dictaminado el proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el que fue presentado conforme al siguiente:

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, fracciones VIII XII XIII XX; XXXIX, XL letra a, y LXIV; 5, fracciones I y III; 6, fracción I y IX; 9, cuarto párrafo y fracciones III, IX, X; XIL XX; XXIX, XXXIIL XXXIV, XXXVII, XLIV, XLVIII y L; 9 Bis, párrafo primero; 10, párrafos primero y segundo; 11, fracciones VI, VII y IX; 12, fracciones IV, IX, X y XI; 12 Bis; 12 Bis 1; 12 Bis 2, fracción V y párrafo tercero; 12 Bis 3, párrafo primero y fracciones III y V; 12 Bis 5; 12 Bis 6, párrafo primero y fracciones 1, V, XIII, XVII, XX y XXIV; 13, primer párrafo; 14 Bis, párrafo primero y fracción II, 14 Bis 5, fracción VI; 14 Bis 6, fracción II; 20, párrafos primero y cuarto; 24, párrafo segundo; la denominación del Título Cuarto, capítulo III Bis; 29 Bis 2, párrafos primero y cuarto; 29 Bis 3, fracción VI, párrafos octavo y noveno y punto 3; 29 Bis 4, primer párrafo y fracción 1; 30, párrafos primero, segundo y tercero; 32, párrafo segundo; 33, párrafos primero y segundo, fracción I; 35, párrafos primero y tercero; 44, párrafos primero y séptimo; 86, párrafo primero y fracción IV; 111 Bis, párrafo primero; 113 Bis, párrafos segundo, tercero y cuarto; 117, párrafo primero; 118, último párrafo; 119, fracciones VIII, XXIII y XXIV; 120, fracciones I, II y III; 121, párrafo tercero; 122, fracción II y último párrafo; se adicionan a los artículos 6 con la fracción XII, pasando la actual XI a ser la XII; 9 con las fracciones LV y LVI, pasando la actual LIV a ser la LVI; 9 Bis con un párrafo segundo; 12 Bis 6 con las fracciones XXXIV y XXXV; pasando la actual XXXIII a ser la XXXV; 29 Bis 2 con una fracción la VI, párrafo quinto; 31 el párrafo quinto y pasando el actual quinto a ser el sexto y el sexto a ser el séptimo; 92, con un último párrafo; se adiciona al Título Décimo las Medidas de Apremio y Seguridad, pasando el actual capítulo I a ser capítulo II, 188 Bis 1; 118 Bis 2; 118 Bis 3; y 119, fracciones XXV y XXVI; y se derogan la fracción XXIV del artículo 9; último párrafo del artículo 10; el artículo 11 Bis 1; segundo párrafo del artículo 12 Bis 4; la fracción III del artículo 21 Bis y fracción III del artículo 121, así como el capítulo V Bis 2 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, artículo 14 Bis 3 y el capítulo V Bis 3 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, artículo 14 Bis 4, del Título Segundo;

Y que fuera presentado ante el Pleno del Senado de la República con fecha 25 de abril de 2006, y recibido y turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados el 27 de abril del mismo año.

Senadores: Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Eduardo Tomás Nava Bolaños, Eva Contreras Sandoval (rúbrica), Mario López Valdez (rúbrica), Guillermo Padres Elías, Francisco Herrera León, Francisco Javier Obregón Espinoza, Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que adiciona el diverso que establece las características de las monedas conmemorativas del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA EL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adicción el Decreto por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del ``500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas'', publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1991, y reformado y adicionado mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 25 de junio de 1993, 22 de mayo de 1996, 6 de enero de 2000 y 14 de mayo de 2004, con un artículo Decimoquinto, para quedar como sigue:

ARTÍCULO DECIMOQUINTO. Se autoriza la emisión de una moneda de plata con valor nominal de 100 pesos, conmemorativa del 500 aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso e) del artículo 2° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor Nominal:Cien pesos.b) Forma:Circular.c) Diámetro:110 mm (ciento diez milímetros).d) Ley:0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos), mínimo de plata pura.e) Peso:1000 g. (un mil gramos), equivalente a 32.15 (treinta y dos con quince) onzas troy de plata pura.f) Contenido:1000 g. (un mil gramos) de plata pura.g) Tolerancia en Ley:0.001 g. (un milésimo) en más o en menos.h) Tolerancia en Peso:Por unidad: 2.4 g. (dos gramos cuatro decigramos).i) Canto:Liso.j) Cuños:Anverso:Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda ``ESTADOS UNIDOS MEXICANOS''. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes Escudos Nacionales utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

Reverso: En el campo superior, paralelo al marco y siguiendo el contorno del mismo, la leyenda ``CALENDARIO AZTECA''. En el campo derecho, la ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo izquierdo el signo de ``$'' seguido del número ``100''; en el campo izquierdo, paralela al marco y siguiendo el contorno del mismo, el año de acuñación y continua la leyenda ``1 kg PLATA PURA LEY .999''. El marco liso.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la Condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 15 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

BENITO JUAREZ GARCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es posicionamiento con relación al natalicio de don Benito Juárez García. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas: Elsa Conde Rodríguez, Irma Piñeyro Arias, Rosa Elia Romero Guzmán, José Luis Varela Lagunas, Antonio Xavier López Adame, Wenceslao Herrera Coyac, Carlos Roberto Martínez Martínezy Francisco Antonio Fraile García. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros, hoy quiero darle voz a la inteligencia y a la persistencia de Martha Lamas, en su lucha por el Estado laico.

Este 21 de marzo Alternativa se pronuncia por el fortalecimiento del Estado laico y reafirma la importancia de la separación Estado-Iglesia. Esta fecha no pudo ser más oportuna cuando estamos a unos días de presenciar cómo la jerarquía católica salta de su púlpito a tomar las calles para encabezar una cruzada contra el derecho a decidir de las personas y contra una nueva legislación que amplía la ciudadanía de las mujeres y les garantiza el acceso seguro y sin riesgos a la interrupción de un embarazo no deseado, en la Ciudad de México.

Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democrática requiere contar con un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley.

La separación del Estado-Iglesia es esencial porque permite que las personas crean en lo que quieran creer y se reúnan libremente con otras personas que creen lo mismo. Pero sin caer en las confusiones como la de querer imponer a toda la sociedad dichas creencias. Por esta razón, los habitantes del siglo XXI no podemos ni debemos olvidar la importancia de Juárez y sus Leyes de Reforma.

¿Cuáles son hoy las fronteras del derecho a decidir? Básicamente las que se fijan entre lo público y lo privado. En todo el mundo está visto que las decisiones sobre la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno.

La jurisprudencia plantea que el principio de privacidad personal tiene al centro los conceptos de inviolabilidad de la personalidad, la intimidad y la integridad corporal. Por eso, la defensa de la privacidad consiste en el derecho de la persona a no sufrir la intrusión gubernamental injustificada en asuntos que le afectan, como la sexualidad y la reproducción.

La coincidencia amorosa, el deseo sexual, la decisión de compartir la vida con otra persona, la paternidad y la maternidad no son decisiones públicas, son expresiones individuales que conllevan derechos ciudadanos para su ejercicio.

Sólo un Estado laico puede ofrecer el marco de respeto necesario para que la sociedad decida sobre estos temas, según sus creencias religiosas. Por ello, hoy en día es imprescindible confrontar los fundamentalismos de la jerarquía católica por la presión que ejerce sobre esas libertades individuales y sobre las políticas públicas.

Mientras los legisladores nos preguntamos los motivos que tiene la jerarquía católica para entorpecer la aprobación, en el Senado, de una ley que castiga la pederastia y sobre los oficios del cardenal Norberto Rivera, para no ser procesado en Estados Unidos, por encubrir a un pederasta.

La ciudadanía mexicana ejerce su derecho a decidir en libertad y en conciencia. La ciudadanía mexicana decide sobre su vida sexual, el uso del condón, se casa o se divorcia, profesa la religión que más le convence, registra sociedades en convivencia o interrumpe un embarazo no deseado.

En pocas palabras, la ciudadanía mexicana construye una ciudadanía tolerante y respetuosa de la diferencia y no olvida que Benito Juárez nos reconoció el status de ciudadanos, sobre el status de fieles. Fernando Savater sostiene que la modernidad democrática ha significado el triunfo del laicismo en la vida pública.

Compañeras y compañeros legisladoras, este 21 de marzo de 2007 reivindiquemos la laicidad del Estado mexicano y una vez más hagamos que triunfe la razón republicana sobre los dogmas de la fe. Viva Juárez.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Irma Piñeyro Arias , del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Sonido en la curul del diputado Pedraza.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Le pido rectificación de quórum, porque esta sala se ve muy vacía, señora Presidenta. Aquí habemos cinco diputados que lo estamos solicitando.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Señor diputado, el Presidente había dicho que iniciáramos la sesión porque los diputados están pendientes en sus pantallas, en sus oficinas y se irán integrando rápidamente. Como hay cinco personas que han solicitado rectificación, se pide a la Secretaría que solicite la apertura del sistema para rectificar el quórum. Un momento, diputada.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputada Irma Piñeyro, en cuanto registre su asistencia puede pasar para que continué la sesión, mientras se está verificando el quórum. Adelante, diputada Piñeyro, dispone de cinco minutos para su exposición. Muchas gracias.

BENITO JUAREZ GARCIA

La diputada Irma Piñeyro Arias:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, recordemos sumariamente las condiciones que vivía el país hasta 1857: ingobernabilidad, escasas nociones de lo nacional, patriotismo intenso en algunos sectores pero casi inexistente en otros, miseria y pobreza extremas, hacienda sin fondos, comunicaciones limitadísimas, corrupción extrema en el sistema judicial, ejércitos muy precarios, minorías interesadas en imponer a las mayorías un proyecto nacional, analfabetismo generalizado, gran influencia del pensamiento de la Revolución Francesa y del federalismo norteamericano, clero y conservadores que insisten en que si se permite la existencia de otra fe religiosa la nación se condena al oprobio.

Juárez dirá frente a los conservadores que reclaman que su pensamiento sea el de todos: ``libre y para mí muy sagrado, el derecho de pensar''. Divisa central de liberalismo juarista a la postre se convertirá en una de las ideas-fuerza vigentes de todos los mexicanos.

Los males tienen causas ciertas y determinadas y Juárez las buscó y las combatió hasta exterminarlas. Su pueblo estaba mayoritariamente desposeído de la protección de la ley y avasallado por minorías dueñas del privilegio. Juárez sabía que nunca se renuncia voluntariamente a esos falsos fueros y hay que abatirlos compulsivamente en nombre de los intereses colectivos. En esa pugna no se persiguió la sujeción de una u otra clase ni la imposición de una institución a otra, sino la igualdad de todos ante la ley.

Tan justamente se logró el objetivo que la Iglesia, el Ejército y todas las demás entidades que en el siglo XIX privaban con fuero sobre la ciudadanía, y muchas veces al amparo de leyes deliberadamente acondicionadas a la injusticia, viven y evidencian a nuestros días históricamente la seguridad de que la Reforma en México nunca se propuso ni originó la destrucción de instituciones, que dentro de los límites de la ley son factores indispensables para la estructura social.

La justamente llamada Ley Juárez es entonces primordial; esa ley es piedra de toque que se ha elevado a la categoría de dogma entre los verdaderos republicanos y sin ella la democracia sería imposible.

Para entonces la democracia es aún aspiración remota y lo concreto es la lucha por el fin de la teocracia y del sometimiento estatal a una religión única.

Con Juárez hay que conseguirlo todo a la vez, implantar la tolerancia, proclamar los derechos del hombre, el derecho a la educación, las libertades de expresión y de reunión, el derecho al trabajo.

Del 12 de julio al 11 de agosto de 1859, el programa liberal muestra su sagacidad, su valentía, su fuerza social, su determinación de avanzar con pasos concretos y seguros. Durante esos días en sólo un mes se promulgan las Leyes de Reforma, se nacionalizan los bienes del clero, se consuma la separación de la Iglesia y del Estado, clave en la formación del Estado moderno y laico, se exclaustra a monjas y frailes, se extinguen las corporaciones eclesiásticas, se concede el Registro Civil a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, se seculariza los cementerios y las fiestas públicas, y lo esencial, se promulga la libertad de cultos; es decir, se liquida el pensamiento feudal y se ponen las bases del pensamiento crítico, sin el cual no hay ni puede haber avances en el conocimiento del mundo natural y social.

Juárez no concebía la Reforma como un movimiento exclusivamente político sino como el basamento de un sistema de democracia, para él, el poder tenía el límite de la justicia y no había justicia posible sin ética. Las leyes eran sagradas porque expresaban la altura máxima de una aspiración moral y de paz colectiva.

El concepto de lo ético en la conducta personal del gobernante y en los actos de los órganos gubernativos es la base del pensamiento juarista.

El laicismo de Juárez será decisivo, garantizará la posibilidad de la actualización permanente del conocimiento, la certidumbre de una enseñanza no sujeta a los prejuicios y a la exigencia del sometimiento a un solo credo, el respeto del Estado a las formas distintas de profesar una fe o abstenerse de hacerlo, la discusión libre de científicos y las libertades artísticas.

La tradición republicana fue unificándose en parte por el énfasis, por la importancia de disponer de ciertas instituciones como Juárez lo decía: por el imperio de la ley en vez de un imperio de los hombres.

Una Constitución mixta en la que diferentes Poderes se frenan y contrapesan mutuamente y un régimen de virtud cívica; régimen bajo el cual las personas se muestran dispuestas a servir y a servir honradamente en los cargos públicos. En fin, Juárez nos dejó lecciones de honradez, de honorabilidad, de transparencia del gobierno. Se empeñó en forjar la democracia representativa, el carácter laico de las instituciones públicas y la libertad de credos.

Juárez y los liberales de la Reforma construyeron las bases de la república moderna. Cuando se es un hombre excepcional se es un hombre universal.

Quizás no es lo apropiado de medir. La grandeza de Benito Juárez se halla en la referencia con que sintetizó esa grandeza Víctor Hugo, cuando al momento en que se iniciaba la intervención extranjera en México dijo en palabras memorables: ``De este lado del mundo tres imperios; de aquél lado del océano, un hombre: Juárez''. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán , del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el día de mañana, 21 de marzo, celebraremos el 201 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Benito Juárez es el mexicano universal por excelencia. Desde pequeño supo afrontar y superar la adversidad para superarse a sí mismo.

Juárez es el hombre más conocido de México porque tuvo la firmeza y el talento para afrontar la responsabilidad de ser Presidente de la república en los momentos más álgidos para la patria. La visión de Juárez y de la generación de liberales que lo acompañaron fue la de modernizar el Estado mexicano, marcando una separación clara entre los asuntos del Estado y los de la Iglesia, sin que ésta siguiera influyendo en las decisiones políticas.

Juárez fue un firme defensor de la legalidad, derivada de la Constitución de l857, que los conservadores y la Iglesia Católica tanto combatieron. La Guerra de Reforma es ejemplo claro de la negativa de la oligarquía y de la Iglesia a sujetarse a las disposiciones de la Constitución.

Fue Juárez quien mantuvo firme la idea de la separación del Estado, de la Iglesia. La visión de igualdad de todos los mexicanos ante la ley quedó plasmada desde la expedición de la Ley Juárez del 25 de noviembre de 1855, en donde se suprimen los tribunales especiales.

Como Presidente de la República, en 1859 expide las Leyes de Reforma, entre ellas la Ley sobre la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, en cuyo artículo 3o. se establece la perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos.

La Iglesia Católica y la oligarquía conservadora siguieron combatiendo el gobierno legítimo de la República encabezado por el Presidente constitucional Benito Juárez García.

El gobierno de Juárez y el pueblo de México sufrió una nueva agresión cuando bajo los auspicios de Napoleón III se impuso en nuestra patria un Imperio de opereta, sin importar que muchos mexicanos se subordinaran al Imperio espurio.

Juárez siguió enarbolando las ideas de libertad y de justicia y con el apoyo del pueblo combatió la opresión y la traición.

En esta lucha contra el invasor francés, cuando se escribe la más grande página de las armas nacionales, el 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza escribía al Presidente de la República: ¡Las armas nacionales se han cubierto de gloria!

Juárez y los mexicanos lograron derrotar al Imperio y el Cerro de las Campanas es prueba palpable de que los mexicanos estamos dispuestos a afrontar cualquier sacrificio en aras de mantener nuestra libertad.

Sin el ejemplo de Juárez y la generación de liberales que lo acompañaron en esas duras jornadas, México se habría perdido como república independiente. A él le debemos la consolidación de la segunda independencia de México. Sin Juárez y sin su intransigencia México no sería lo que es. Sin la Reforma, el Estado seguiría supeditado a la Iglesia y la fuente de legitimidad del gobierno no sería la voluntad del pueblo sino de las cúpulas eclesiásticas.

Compañeras y compañeros legisladores, los mexicanos del siglo XXI debemos aprender de la hermosa experiencia del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Debemos aprender a mantener y fortalecer la separación del Estado y las iglesias, ante las fuerzas oscurantistas que buscan nuevamente influir en las decisiones públicas y servirse del Estado, en donde el gobernante es un mero pelele de sus intereses.

Hoy en nuestra nación se debaten dos proyectos políticos claramente contrapuestos, como ocurrió en la época de Juárez. Uno, enarbolado por el pueblo que quiere un país que sea realmente suyo y que le genere oportunidades de progreso; otro, representado por quienes quieren entregar nuestras riquezas materiales a la tutela del capital extranjero y mantener en la pobreza a nuestro pueblo.

En este contexto, hoy más que nunca se hace necesaria la presencia del pensamiento juarista para construir un Estado realmente democrático que sea conducido por el pueblo y para el pueblo.

El mejor homenaje que podemos rendir a Juárez es poner en práctica sus ideales de libertad y de justicia; llevar a la práctica una frase misma que engalana la parte superior de este recinto legislativo: ``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''. ¡Viva Juárez! ¡Viva Oaxaca!

VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 379 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada Presidenta.

BENITO JUAREZ GARCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado José Luis Varela Lagunas , del grupo de Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea, la tradición obliga a ceder ante el imperativo de la conmemoración ---más aún siendo oaxaqueño y todavía más, en el contexto de la situación actual del país y de Oaxaca--- pero el imperativo no obliga a la reiterada letanía de los lugares comunes traídos para el caso y vueltos al ropero, donde reposan aromatizados por la naftalina de la desmemoria.

Se habla y se escribe mucho y sesudamente sobre el indígena de Guelatao, entre tanta prédica y doctorales tesis, lo elemental se empequeñece hasta casi perderse. Ante tal circunstancia, lo menos que pretendo aquí es arrullarlos con frases hechas, materia del viento, sólo para salir del paso y dar debido cumplimiento a un ritual patriotero intrascendente.

Y es que los homenajes a Benito Juárez García suenan a improperio cuando sus protagonistas arrastran tras de sí la inocultable sombra de la hipocresía, porque la alabanza pretende ocultar la conducta. Tender una cortina de palabras adornada con flores y guirnaldas al pie del monumento resulta fariseo cuando las obras de los autores desmienten al discurso.

Un pensamiento del Benemérito de las Américas debiera recorrer lapidariamente la conciencia de todos y cada uno de nosotros y conforme a su resultado, tener la calidad y entereza suficientes para hacer cualquier guardia de honor.

``Malditos aquellos que con sus palabras dicen defender al pueblo y con sus hechos lo traicionan'', dijo Juárez. Conviene a todos los representantes populares y servidores públicos vernos en el espejo de nuestras responsabilidades a la luz de esta frase: aquellos que dicen defender la ley y con ese pretexto en los hechos la violentan, sería la lección de éstos nuestros días. Y en efecto, la legalidad no se construye y se mantiene mediante acciones ilegales en ningún lugar del mundo ni en México ni en Oaxaca.

Con vocación ciudadana y republicana Juárez buscó una nación, una patria justa y generosa. Juárez, protagonista de la construcción del Estado mexicano, señala el marco filosófico y ético en el que deberá realizar su actuación. Nada por la fuerza, todo por la razón. Y si juzgamos conductas y acciones bajo este imperativo habremos de encontrar la coherencia y congruencia en la vida política del Patricio de Guelatao. La fuerza de la razón no ha sido el imperativo ético generalizado en la vida política del México de nuestros días ni en la tierra del Benemérito.

Los panegíricos dedicados a la memoria del indio oaxaqueño pierden sentido y son eslabones de una farsa histórica cuando se observan las condiciones en que sobreviven sus descendientes; cuando en las regiones de refugio de los pueblos originarios muestran los índices de abandono, la pobreza, la marginación y el drama humano de un sufrimiento continuado, fatal de los condenados de la tierra de Juárez.

Desnutrición, déficit de peso y talla, mortalidad y morbilidad materno-infantil, analfabetismo, baja escolaridad encuentran sus más altas expresiones precisamente en esas zonas de refugio; y no es todo. Expulsión de la tierra propia, explotación irracional de recursos naturales, migración forzada por el hambre, les acompaña destrucción de la lengua materna y devastación de la cultura propia. Coronan el conjunto, el ápice, la obscena explotación como objetos de folclor y racismo en el trato a 200 años del natalicio de Juárez. Éste es el dantesco homenaje que le hemos construido al nativo de la cultura zapoteca.

Mis palabras conllevan su parte autocrítica y que el otro destinatario sea aquél que se sienta aludido; el que no, bien puede sentirse heredero legítimo y con feliz desparpajo suponerse con derecho usufructuario de la imagen del Benemérito; a otros nos corresponde intentar con modestia, hacer el esfuerzo por no olvidar las lecciones siendo congruentes con nuestros propios dichos.

A final de cuentas todo lo que se hable y escriba reconociendo la grandeza del Benemérito está bien; sin embargo, los indios de mi tierras, sus paisanos, no comen de ello ni por ello, tienen acceso y oportunidad a una vida digna con posibilidades de modificar la condena a que han sido sometidos.

El homenaje válido ---lejano a la sospecha clientelar de oportunismo político--- es el respeto a la legalidad y de acciones reales para modificar ---aparentemente ineludibles--- el destino trágico de los indios de esta tierra. Lo demás, es el alimento para el viento que a Juárez le continúa haciendo, lo mismo, nada. Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente conmemoramos un año más del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, pero no sólo nos encontramos en este recinto reunidos para conmemorar su natalicio sino sobre todo, el legado histórico que este hombre dejó a nuestro país, a sus instituciones y a su pueblo.

Juárez nos legó como estadista el amor a la patria, pero sobre todo el interés de la patria siempre, siempre por encima del interés propio. Por ello, al conmemorarle, debemos refrendar nosotros, representantes populares, nuestro compromiso con el país, no con el afán de pasar a la historia o de esperar juicios históricos sino de sentar las bases de nuevo destino y desarrollo para nuestra república.

Juárez ha pasado a la historia, sí. Pasó ya la prueba del juicio de la historia, pero también en su época, incluso hoy en día, fue sometido y objeto de crítica y diría también que incluso fue sometido a una rendición de cuentas. Nuestras acciones, las acciones que demanda nuestra patria hoy no pueden esperar los juicios de la historia; necesitamos acciones efectivas en el presente.

Por eso, hoy a todos nosotros nos corresponde sentar las bases para una nueva república. El mandato soberano es claro, debemos darle curso a una nueva reforma política para hacer viable y sustentable nuestra democracia.

Hoy como nunca nos enfrentamos a problemas cada vez más complejos, entre ellos la reivindicación de los derechos ciudadanos de todos y la sustentabilidad de todos los proyectos, pues estos hechos y estas acciones resultan indispensables para el bienestar, el desarrollo y el mantenimiento de nuestra identidad.

Don Benito Juárez actuó siempre con responsabilidad política. Su actuación circunscrita al respeto de los derechos de terceros y al fortalecimiento de un país de leyes e instituciones, nos ha mostrado que el ser libre pensador significa ante todo tener una gran estatura intelectual, política y moral.

Por ello, la obra juarista debe considerase más vigente que nunca en todos los ámbitos de nuestra vida nacional; en la educación laica, en el respeto irrestricto a la división entre Iglesia y Estado; en los principios de respeto de derecho de los pueblos y las naciones y otras muchas cosas. La época de Juárez fue la etapa en que muchas de nuestras instituciones comenzaron su consolidación al retomar los principios e ideales que le inspiraron. Seamos conscientes y comprometámonos abiertamente con este nuevo desarrollo que requiere nuestra patria para lograr honrar la historia y memoria de un hombre que es el oaxaqueño más universal de todos los mexicanos.

Colegisladoras y colegisladores, es necesario retomar el ejemplo juarista no como un estandarte político sino como un ideario de vida y de acción en nuestra vida pública, por el bien de México, de su pueblo y de su historia. ¡Que viva siempre don Benito Juárez y su legado histórico-político! Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Muchas gracias, diputado Antonio Xavier López Adame . Tiene la palabra el diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac:Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, con respeto expreso algunas palabras a la memoria del ilustre zapoteco, don Benito Juárez; expreso en mi lengua materna: Nikan tikajkukii itlamachilis akin chikauak otechmachti Mexco totlalnantsin inamilis. Honra a esta representación popular realizar un homenaje a la memoria del ilustre zapoteco, una de nuestras personalidades históricas más relevantes y de más amplio legado en los valores y la cultura de los mexicanos.

El día de mañana se cumplirán 201 años del natalicio de un hombre excepcional, un hombre entregado a las causas superiores de México, defensor incansable de la República y de la soberanía nacional. Sin regateos ni apologías desbordadas celebramos la vida y la obra del restaurador de la República.

Don Benito Juárez siembra las instituciones fundamentales del México moderno al erigirse como constructor del Estado mexicano y como padre de la reforma liberal. Recordamos al Presidente federalista que resistió la embestida de los conservadores y que venció al Imperio espurio de Maximiliano, representante de una alianza que quería transformar el pacto federal en un conjunto de departamentos del poder central.

Reconocemos al baluarte de la República, impulsor de las Leyes de Reforma que consolidaron el poder civil frente a los poderes del país, las que definieron que el Estado y la Iglesia tienen ámbitos diferentes, las que consagraron las libertades públicas y cimentaron el Estado laico que admite creencias diferentes y, en un ejercicio absoluto de la libertad, inclusive el derecho a no creer.

Las ideas liberales de la ciudadanía, la preeminencia de la ley, la clara separación entre el Estado y la Iglesia, la igualdad plena entre hombres libres ---entre otras--- provienen de hombres lúcidos como Servando Teresa de Mier, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Lucas Alamán, Pastor Rúa, Crescencio Rejón, que Juárez sabe transformar en instituciones vivas de la república.

Juárez fue también un defensor del federalismo y al serlo lo fue del municipio; del municipio libre que hoy está ayuno de recursos y facultades para combatir con mayor efectividad la pobreza que afecta a la mayoría de ellos. Hoy Guelatao, la tierra natal de Benito Juárez, como muchos municipios, es símbolo de muchas carencias.

En una época sin comunicaciones ni tecnología, Juárez entendió la importancia de la solidaridad entre los pueblos, formada en los valores de la democracia. Defendió a México con la fuerza de la ley y la justicia y contribuyó a edificar un nuevo marco internacional de civilidad y respeto.

Todos le debemos su máxima universal, que es un principio rector de muchas legislaciones nacionales y de las normas internacionales en un mundo que, aunque se une cada vez más en lo económico, continúa dividido en lo político, lo jurídico y lo cultural.

``Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''. Esta expresión sintetiza el objetivo final de la formación de las instituciones. Para que haya civilidad debe haber paz, para que haya paz debe haber justicia y libertad; mientras el mundo carezca de estas últimas, que constituyen un verdadero anhelo para cientos de millones de personas, la paz estará bajo riesgo. Derechos civiles, libertades y garantías individuales, compromiso social, federalismo y solidaridad internacional son el contenido de la visión republicana juarista.

Por ello, cuando fue perseguido por todo el país, obligándolo a encabezar un gobierno itinerante, es verdad la afirmación de que Juárez llevó a la República en su carruaje. De ese tamaño fueron sus convicciones y su voluntad para resolver cualquier obstáculo, a fin de llevar a cabo su visión de un México diferente.

Por ello, en estos tiempos Juárez y su legado son un faro legítimo y adecuado para guiar el destino de México; para sumar esfuerzos en la lucha por un país mejor, más justo y más democrático. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carlos Roberto Martínez Martínez:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputadas, ``la democracia es el destino de la humanidad futura; la libertad su indestructible arma, la perfección posible del fin donde se dirige''. Palabras de don Benito Juárez, Benemérito de las Américas.

Templado en la adversidad, con la sola fuerza de su férrea voluntad forjada con dignidad y patriotismo liberó a la patria y rescató a la República de las garras imperialistas. Gigante de la patria es el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

A 201 años del nacimiento del más ilustre de los oaxaqueños y el más universal de los mexicanos, hablar de Benito Juárez es remontarnos al pasado, pensar en el presente e imaginarnos el futuro. Es decir, que Benito Juárez sigue siendo el Presidente que vive y convive con nosotros y será el Presidente vitalicio para los mexicanos.

Porque su tenacidad, su energía, su decisión ante la adversidad, su compromiso con la patria y con los que menos tienen son principios juaristas, ejemplos para todos los mexicanos. Juárez en su tiempo y ante las crueles circunstancias que se le presentaron supo defender la República, supo enfrentar el imperialismo que quería adueñarse no sólo de nuestras riquezas, sino de nuestra identidad y de nuestros valores humanos.

Como él mismo lo dijo, defendió a la patria con lo que pudo, con lo que tuvo y hasta donde se pudo. En este momento en el país nos enfrentamos ante una semejante situación a la que enfrentó el Presidente Juárez. El imperialismo acecha nuestras riquezas. Si Pemex está en estado terminal, ¿cómo explicar que haya tanto interés y tanto interesado en comprarla? Para quienes quisieran enterrar la esencia de los tiempos de la Reforma, quienes portan el despotismo racista y conservador, queremos decirles que aquí estamos los juaristas para abanderar la lucha del siglo XXI y que vamos a defender nuestra soberanía nacional, tal como hemos defendido nuestra identidad indígena y que vamos a permanecer atentos ante cualquier signo de amenaza.

Porque los más de 500 años de sobrevivencia no pueden ser olvidados y amenazados y mucho menos pueden ser desaparecidos. Los indígenas como lo fue Juárez, estamos de pie, estamos listos para enfrentar el genocidio que se está preparando para nuestros pueblos indígenas.

Hace un año se anunció con mucho entusiasmo el bicentenario del natalicio de Benito Juárez, pero no pasó de ahí. Los pueblos indígenas a los que Juárez defendió y es parte de ellos, siguen en la misma situación de olvido, de marginación, de pobreza, hostigamiento y amenaza de extinción.

La administración anterior no celebró de manera jubilosa el bicentenario del natalicio del prócer oaxaqueño. Para estos festejos de carácter estrictamente republicanos, hubo una actitud sinónimo de traición e ignorancia de nuestra historia. En Oaxaca la situación fue peor, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión autorizó un presupuesto para que en el año del bicentenario se llevaran a cabo obras y acciones que pudieran engrandecer este gran acontecimiento.

Pero lo que vimos en Oaxaca fue represión, asesinatos, secuestros, violación a los derechos humanos, encarcelamientos injustos, persecución por parte del gobierno de Ulises Ruiz, a quien se le fue la gran oportunidad de demostrar que en Oaxaca, la tierra del Benemérito, se gobierna con el ejemplo de Juárez. Lo que se diga de ahora en adelante será pura demagogia.

Los indígenas queremos decir que aquí estamos, que exigimos que se respeten nuestros territorios, que se respete nuestra autonomía y nuestra propia forma de elegir a nuestros gobernantes. Que se respete nuestra identidad, ya que cualquier acción gubernamental que se quiera llevar a cabo en nuestros territorios se debe consultar. No nos oponemos al desarrollo pero queremos participar de él.

Juárez luchó por la dignidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y nadie tiene derecho a condenarlo al silencio y al olvido. Juárez defendió a México con la fuerza de la ley y la justicia. Ni un paso atrás en la defensa de las instituciones de la república.

Por eso con Juárez, por Oaxaca y por México, ni un paso atrás en la lucha por el bienestar de los pueblos indígenas. ¡Qué viva el Presidente Juárez!

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Antonio Fraile García , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Antonio Fraile García:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, si repetimos la historia entonces quiere decir que tropezamos con la misma piedra. La vida y obra de don Benito Juárez sigue siendo lección de una profunda actualidad.

Juárez, un hombre de compromiso con las libertades, con la ley y con la República, fue ante todo un estadista. Legó a las generaciones venideras, a nosotros, una República moderna, independiente y libre.

Recordamos hoy a Juárez por su reconocimiento profundo sobre la diversidad del Estado de México del siglo XIX y por su esfuerzo para darle unidad y rumbo político, a través del fortalecimiento de las instituciones. La actualidad en el pensamiento de Juárez radica en su absoluto convencimiento del respeto irrestricto al derecho ajeno y a las instituciones como principio básico de toda convivencia social.

``Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones ---decía Juárez--- ha sido mi único fin, proponerles lo que creo mejor para sus más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones''. Fin de la cita.

La defensa que Juárez siempre hizo del orden institucional y legal estuvo sustentada en la idea de forjar una patria en la que nunca más se privilegiara los intereses personales por encima de la legalidad y del interés nacional. Tal y como en su momento con Antonio López de Santa Anna, nada que estuviese fuera de la Constitución ---escribe Justo Sierra--- sería solución posible para Juárez; toda transacción se basaría en el acatamiento de la Constitución.

De ahí su empeño para contar con el Poder Legislativo fuerte y capaz de adecuar las necesidades de la sociedad al marco legal; un Poder Judicial que garantizara el cumplimiento de la ley y un Poder Ejecutivo que no gobernara a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a la ley.

Recordamos hoy a Juárez por su contribución histórica en la conformación del Estado moderno, de este Estado que hoy disfrutamos. Fue él quien abrió el horizonte del laicismo, sí, fue él el que abrió el horizonte del laicismo y se adelantó a su época y en palabras del propio Juárez: ``Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llegarían fielmente ese deber, si fueren sectarios de alguna''. Ahí está.

El temple liberal de Juárez y su lucha indeclinable por consolidar el Estado laico, eventualmente condujo a que la conquista de la Reforma tuviera la particularidad que una vez establecida en la ley se convirtieran en hechos perdurables.

Sin embargo, y como lo explica Justo Sierra ---y que me parece muy bien--- la intención no era hacer un Estado ateo, sólo los individuos pueden ser ateos o deístas; el objetivo era el mismo que prevalece hasta nuestros días: suprimir los fueros. En eso estamos de acuerdo, y que el gobierno se limite a proteger con autoridad el culto público o los cultos públicos de todas las religiones por igual; porque si hoy Juárez escuchara más de un discurso, vendrían a colación las palabras que le mandó en una carta a Severo Cosío, que me permito leer: ``Reconozco en cada ciudadano el derecho de tener ideas propias y emitir con entera independencia, sin consideraciones de ningún género, porque sólo así serían practicables, entre nosotros, las sanas doctrinas democráticas que a costa de tanta sangre hemos logrado conquistar''.

Hagamos de este día algo memorable: respetémonos entre nosotros. Bien vale la pena. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Esta Presidencia da la bienvenida y envía un cordial saludo al grupo administrativo del municipio de Tlatlauiqui, Puebla, que nos honran con su presencia en este recinto. Sean bienvenidos.

LEY ADUANERA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Pasamos al apartado de iniciativas en el orden del día. Se recibió del diputado José Martín López Cisneros , del grupo parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Iniciativa que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal por el estado de Nuevo León, José Martín López Cisneros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera. Lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas la industria turística en México se ha convertido en una de las actividades más importantes y que generan mayor crecimiento.

El sector turístico es un área dinámica, consolidándose como una de las industrias que más aportan a la economía nacional. Los logros son evidentes y tangibles, de hecho todos los sectores del país reconocen esta realidad.

Dentro de los principales resultados del sector turístico mexicano están el crecimiento promedio del PIB, el cual creció durante este sexenio que acaba de concluir a una tasa promedio anual de alrededor de 8.0 por ciento, muy superior al crecimiento promedio de la economía en su conjunto de 2.5 por ciento.

Es un hecho que somos un lugar preferido en el mundo para visitar, cada año recibimos casi 22 millones de turistas, lo que nos ubica como el séptimo país que recibe turistas del extranjero a nivel mundial. En el caso de América, solamente los Estados Unidos nos superan en llegada de turistas internacionales, pero nosotros recibimos más visitantes del exterior que países como Canadá, Argentina o Brasil.

Gracias a esta situación mantenemos una tendencia creciente en la captación de divisas, generando cerca de 12 mil millones de dólares en la actualidad, lo que representa la tercera fuente de ingresos que posee México, sólo detrás de los ingresos petroleros y de las remesas.

Sin embargo, este crecimiento experimentado por el sector turístico nacional no ha sido homogéneo y todavía prevalecen regiones que no han podido insertarse ni aprovechar los beneficios que contiene la actividad turística.

Durante los últimos años se ha podido apreciar un cambio en la tendencia de los viajes cortos cuando se tratan de simple cruce de las fronteras, por los viajes más largos al interior de la República Mexicana. Es por esto que a pesar de las cifras que demuestran la bonanza generada por el turismo, existen sectores que aún no encuentran mecanismos que les permitan aprovechar estos beneficios.

Tal es el caso del turismo fronterizo y, particularmente, el turismo carretero, para el cual se requieren medidas específicas que permitan acrecentar la oferta turística, pero sobre todo, una mayor llegada de turistas por esta vía.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León, de 1980 al 2002, los turistas que ingresaron al país por vía aérea crecieron 197.0 por ciento, en tanto que los visitantes que ingresaron por vía terrestre se incrementaron en 52.0 por ciento. Asimismo, mientras que en 1982 el segmento carretero representó 42.0 por ciento del total del turismo receptivo, para el 2002 bajó a sólo 26.0 por ciento.

En este sentido, se ha desaprovechado la infraestructura que poseemos en nuestro país, ya que contamos con una moderna red de carreteras y una infraestructura turística creciente con una rápida multiplicación de hoteles, así como grandes inversiones que se realizan todos los años para incorporar a la oferta turística más atractivos naturales, museos y parques.

A pesar de esto, no hemos podido superar la cifra de ingreso de visitantes internacionales por vía terrestre de tres millones. De acuerdo con la información más reciente, según la Secretaría de Turismo y el Banco de México, en el año 2005 llegaron a nuestro país por vía terrestre 2 millones 597 mil 830 visitantes, lo que representa apenas 2.5 por ciento de todos los visitantes que ingresan al país.

Tomando en cuenta esta escasa proporción de visitantes por vía terrestre y considerando que el gasto promedio de cada visitante es de 310.42 dólares, se concluye que por cada millón de visitantes adicionales a los que actualmente ingresan, se pueden generar más de 310 millones de dólares. También se podrían generar 13 mil nuevos empleos directos y más de 25 mil indirectos.

Pero para atraer un mayor número de visitantes es necesario superar una serie de obstáculos, para estar en condiciones incluso de superar a los turistas que ingresan por la vía aérea.

Para ejemplificar la importancia de este tipo de turismo, tenemos el caso de Canadá, en donde el 55.0 por ciento de su recepción de turistas ingresa vía carretera desde los Estados Unidos. De los alrededor de 15 millones de estadounidenses que visitan Canadá, más de 8 millones lo hacen con su propio vehículo.

De acuerdo con esta referencia, podemos afirmar que contamos con un potencial de crecimiento de 10 millones de visitantes por la vía terrestre a nuestro país.

Lo anterior equivale a generar un incremento de 400 por ciento en la recepción de visitantes por la vía carretera; una derrama de 2,350 millones de dólares; y más de 100 mil nuevos empleos directos y 200 mil indirectos.

Un elemento que no hemos aprovechado es la incomodidad que produce los nuevos sistemas y mecanismos de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, lo que podría modificar las preferencias para ingresar al país por vía terrestre.

Tampoco hemos explotado a plenitud nuestra gran frontera que compartimos con los Estados Unidos, país que genera la mayor cantidad de turistas en todo el mundo.

Mención aparte merece el turismo de nuestros ``paisanos'' quienes se enfrentan a un verdadero calvario para regresar de manera temporal en diferentes épocas del año a su país, no sólo por el abuso de las múltiples corporaciones aduaneras y policíacas que existen en las zonas de ingreso y a lo largo de las carreteras, sino por la lentitud y la infinidad de requisitos que se les solicita para el internamiento de sus vehículos, aunado a las malas condiciones de los caminos y la escasa señalización que existe.

``México puede ser un buen destino para el turismo de aventura --revelan diversos paisanos entrevistados en la Legislatura LVIII dentro del Programa Diputado Amigo--, pero la mayor aventura consiste en hacer un recorrido por las aduanas y carreteras del país? no sabe uno a qué se va a enfrentar o si se va a llegar al destino programado, todo puede suceder con las autoridades aduanales, Banjército, los retenes, y en los miles y miles de kilómetros de carreteras del país...''

Partiendo de este potencial que no ha sido aprovechado hasta el momento, es preciso exponer las razones que explican este fenómeno. Al respecto, la principal causa que inhibe la llegada de visitantes por vía terrestre consiste en las dificultades que encuentran para internar su vehículo en México de manera temporal.

Esto se explica por los requisitos complejos y excesivos que impone la Ley Aduanera, lo que desalienta a los turistas carreteros.

Entendemos que las disposiciones relativas a la importación temporal de vehículos se enfocan a impedir la entrada indiscriminada de vehículos de manera ilegal, los famosos autos chocolates, pero al final de cuentas son unidades que periódicamente se regularizan, por lo que estas disposiciones en la Ley Aduanera resultan excesivas e innecesarias.

Entendemos también que deben mantenerse ciertos candados o restricciones, a fin de no contribuir en la generación de un mayor problema al internamiento de vehículos ilegales, pero pensando en ello, la presente iniciativa hace una propuesta de reforma a la Ley Aduanera, a efecto de incentivar el turismo carretero, pero sin afectar las condiciones actuales en cuanto a los controles que evitan la entrada de vehículos ilegales a territorio nacional.

En muchas partes del mundo se llevan a cabo medidas para promover de manera intensiva el turismo, así como facilitar los trámites de internación de los visitantes, esta tendencia nos motiva a proponer que México se inserte en esa dinámica de la muchos países ya se han beneficiado.

Bajo esta óptica Europa mantiene el primer lugar en turismo receptivo, en tanto que la región de Asia Pacífico está logrando sustituir al continente americano en la segunda posición, toda vez que está viendo decrecer sus visitantes extranjeros en un 2.1 por ciento, mientras que América del Sur logra una recuperación del 13.5 por ciento. Por otro lado, las llegadas turísticas a los destinos de África y Oriente Medio crecen ligeramente por encima de la media mundial, aunque las cifras de las que parten, permanecen muy bajas.

A nivel internacional se ha dado un impulso al sector turístico y a las relaciones comerciales internacionales, en donde la regulación de la importación de vehículos está basada principalmente en los convenios de celebración entre Estados.

Los primeros convenios fueron los celebrados por la Organización de la Naciones Unidas en 1954 y 1959, el primero relativo a las formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera y el segundo, a la importación temporal de vehículos comerciales de carretera.

Este último marcó la pauta para agilizar y uniformar el trámite, a través de un título de importación temporal para los estados contratantes, denominado ``cuaderno de aduana'', en donde se especifican los estándares de la información que los interesados deben reunir para importar vehículos.

Este convenio sirvió de base para la realización en América Latina, del ``Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos en Carretera'', celebrado por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para la aprobación de las ``Normas para la circulación de vehículos de turistas, particulares y de alquiler, en los Estados parte del Mercosur'', así como para la celebración de los ``Acuerdos de Argentina y Bolivia para la Admisión Temporal de Vehículos''.

Como consecuencia natural de que los requisitos sean menores, en muchos casos presentando sólo un formato para el paso de la aduana, y que las normas jurídicas sean claras, ha facilitado el tránsito turístico en estos países, traduciéndose en una derrama económica importante, tanto para el gobierno como para los particulares.

En lo que respecta a México, hasta el momento, nuestro gobierno federal ha realizado importantes esfuerzos por incentivar el turismo carretero, no obstante éstos no han alcanzado, por lo que esta iniciativa retoma estrategias del gobierno federal, pero las incorpora dentro de la Ley Aduanera para garantizar la aplicabilidad de las medidas y mecanismos, a efecto de permitir la facilitación de los trámites para importación temporal de vehículos que hasta la actualidad continúa siendo engorrosa.

Sin lugar a dudas, uno de los esfuerzos más destacados del Poder Ejecutivo federal es el Proyecto Nacional de Facilitación Turística, en esta estrategia se cristalizó el planteamiento con respecto al turismo carretero de simplificar y facilitar el régimen operativo y normativo aplicable a la importación temporal de vehículos, en especial los trámites y requisitos para garantizar la devolución de los vehículos (fianzas, depósitos y tarjetas de crédito), para lograr una internación más ágil y simplificada en beneficio del turismo fronterizo.

Otro programa que fue implementado para disminuir las dificultades existentes en esta materia, fue el denominado ``México Norte'', mismo que se enfoca a reforzar el sector turístico establecido en esta región del país, y dentro de sus acciones también se contemplan medidas para agilizar la importación temporal de vehículos en el marco del turismo receptivo. Busca posicionar a los estados de la frontera norte de México como un destino turístico atractivo, seguro, con servicios de calidad y con clara identidad nacional, coadyuvando a la creación de empleos, a la captación de divisas y al fomento del desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, el gobierno federal desde hace dos años ha venido señalando su intención de desarrollar el turismo receptivo del norte del país, para lo cual publicó una serie de estrategias, de donde se desprenden 20 aspectos cruciales para impulsar la actividad turística en México. Con respecto al Turismo Carretero el creador del proyecto considera necesario, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con Banjército, instalen más módulos en consulados para obtener los permisos, y de esta forma, puedan ingresar los automóviles de los turistas, otra manera sería logrando el registro el automóvil desde Internet para evitar filas en los cruces, y además sugiere se mejoren los sistemas electrónicos para agilizar la salida, así como la creación de un nuevo régimen para las embarcaciones turísticas, de modo que puedan internarse de manera simplificada, mediante hologramas para permanecer en el país hasta por 10 años.

Si bien es cierto, éstos esfuerzos han sido elementos de avance, no se pueden considerar como herramientas suficientes y eficaces para solucionar el problema de fondo, por lo que consideramos, que no obstante el mejoramiento en las cifras señaladas, se requiere avanzar efectivamente en este importante sector del turismo nacional, hacia otros segmentos de la actividad, como lo es el turismo fronterizo y carretero. Una forma de lograrlo es lograr la diversificación del uso y aprovechamiento de nuestra amplia oferta turística, brindando mayores facilidades de ingreso a los vehículos de los turistas potenciales, para que puedan llegar fácilmente a las zonas en que se encuentren los atractivos de su interés.

Hablando de estos recursos podemos señalar un gran número de ellos, tenemos sin lugar a dudas como principales atractivos, el sol en casi todo el año, las playas, los bosques, las selvas, los desiertos, y de manera destacada una de las más importantes riquezas culturales del mundo, que nos coloca en una posición privilegiada para nuestros competidores más cercanos.

Reitero otra ventaja inmejorable que poseemos, que es nuestra amplia frontera norte, que abarca una extensión de aproximadamente 3 mil 153 kilómetros; y que cuenta con 47 puentes y cruces, mismos que nos conectan con los Estados Unidos de América, país catalogado como el cliente turístico más grande del mundo, y que observa con innegable interés --gracias a esa cercanía--, el potencial del turismo fronterizo mexicano, sobre todo en los rubros cinegético, deportivo, de aventura, y de salud, entre otros.

Detalle de las modificaciones:

En la actual legislación, la importación temporal de vehículos turísticos está regulada por el artículo 106 de la Ley Aduanera, el artículo 139 del Reglamento de la misma Ley, así como las Reglas de Carácter General para el Comercio Exterior. En estas normas se detallan los requisitos y procedimientos aduanales.

Actualmente, el procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de importación temporal ante los módulos autorizados del Banjército, ubicados en las aduanas fronterizas y marítimas, en algunos consulados de México en los Estados Unidos de América, o por vía electrónica en la página web de Banjército, presentando la información correspondiente.

Puede ser iniciado por cualquier mexicano con residencia en el extranjero o extranjero con calidad migratoria de turista, visitante local, inmigrante rentista o de no inmigrante (excepto refugiados o asilados políticos) que quiera realizar la importación temporal de un vehículo de hasta 3.5 toneladas de una embarcación, casa rodante o motocicleta junto con el vehículo que las remolque.

El interesado deberá presentar la solicitud de importación temporal del vehículo ante la aduana de entrada, anexando un escrito en el cual declare, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de retornar el vehículo dentro del plazo autorizado y de no realizar actos u omisiones que constituyan infracciones o delitos, por el indebido uso o destino del mismo.

También deberá presentar la siguiente documentación:

Para el caso de los extranjeros:

Identificación oficial y la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria. Tratándose de turistas, además de la documentación anterior, deberá presentar la forma migratoria FMT que se le entregará en las oficinas de migración ubicadas en la frontera.

Para el caso de mexicanos:

Original y copia del comprobante de su residencia legal en el extranjero, o visa con vigencia mínima de un año, que le autorice a trabajar en otro país.

Original y copia del comprobante de propiedad del vehículo

- Si el auto es arrendado o lo está pagando, debe presentar el contrato de arrendamiento o la autorización escrita de la compañía financiera.

- Si el auto es de la empresa en la que trabaja, presentar el título de propiedad del vehículo, y el comprobante de que trabaja en esa empresa.

En su caso, el comprobante de retorno de los vehículos importados anteriormente.

Declaración, bajo protesta de decir verdad, en la cual manifieste que retornará el vehículo al extranjero en el plazo autorizado y que se abstendrá de cometer actos o de incurrir en omisiones que configuren infracciones o delitos por indebida utilización o destino del vehículo.

Deberá garantizar mediante un depósito en efectivo, por la cantidad que corresponda de acuerdo al año-modelo del vehículo, el pago de los créditos fiscales que pudieran ocasionarse por no regresar el vehículo en el plazo previsto o por haber cometido las infracciones señaladas en las leyes aplicables.

Pagar al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, una cantidad equivalente en moneda nacional a 22 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica más IVA, por concepto del trámite para la importación temporal del vehículo.

El Banjército prepara cierta documentación, como lo es el permiso de importación temporal de vehículos, uno para el importador y otro para el Banjército, un holograma que deberá adherirse al parabrisas del vehículo importado temporalmente, un tarjetón de internación en el que se registran la fecha de ingreso y el plazo para el retorno, un comprobante para el importador del pago por concepto de comisión de servicios, tres tantos del recibo en que conste el depósito de la garantía (cuando ésta se cubre), para el importador, Banjército y la Administración General de Aduanas.

El importador del vehículo deberá firmar algunos documentos, como el permiso de importación temporal del vehículo, la declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que el interesado se compromete a retornar el vehículo importado temporalmente, impresa en el permiso de importación temporal del vehículo, en su caso, el recibo en el que conste el pago del depósito en efectivo.

Si toda esta larga lista de requisitos fuera realmente efectiva y suficiente para evitar la internación ilegal de vehículos, y no se lesionara el turismo fronterizo y carretero, no sería necesario presentar esta propuesta, así es que proponemos adicionar la Ley Aduanera con el artículo 106 Bis, que impulse la creación de manera voluntaria del Sistema Regional Fronterizo de Importación Temporal de Vehículos para Turistas, Visitantes y Mexicanos Residentes en el Extranjeros denomina (Sirfit), para que las entidades federativas que deseen incrementar el ingreso de visitantes de turismo de esta naturaleza, se adhieran a él, considerando algunos compromisos de carácter administrativo que si bien es cierto, implica varias actividades de diseño de políticas públicas, supervisión y control, contribuirán de manera importante a incrementar su captación de divisas por turismo, así como la reactivación de su economía.

Para reforzar todos estos antecedentes, haremos ahora referencia a las conclusiones expresadas en un detallado estudio realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta honorable Cámara de Diputados, que detallan, que debido a que las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, tienen una vigencia anual y que son reformadas constantemente, no existe certeza para la realización de los trámites de esta naturaleza, ya que pueden cambiar los requisitos y con ello generar confusión para quien no esté al tanto de dichos cambios, por lo que se hace indispensable la expedición de un marco jurídico completo que contenga en un solo apartado todos los requisitos y obligaciones que se tienen al importar temporalmente un vehículo.

Por lo tanto, esta iniciativa de modificación a la Ley Aduanera, tiene el objetivo específico de modificar este ordenamiento, para recuperar el ritmo de crecimiento, incrementando el turismo proveniente de los Estados Unidos de América por vía terrestre, a través de una simplificación de los trámites correspondientes, para que sean más ágiles, con la finalidad de evitar los factores que inhiben la entrada de turistas hacia el país.

En otras palabras, pretende encontrar una solución que incremente el intercambio de personas y mercaderías, así como de acrecentar los vínculos que tiendan a una mayor y más rápida integración de las economías, con el convencimiento pleno, de la necesidad de facilitar en el mayor grado el movimiento de vehículos a través de sus fronteras.

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto el suscrito, José Martín López Cisneros , diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone esta iniciativa, enfocada a la necesaria e impostergable reforma al artículo 106 de la Ley Aduanera, para fomentar el turismo carretero y fronterizo nacional. Por lo que me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera.

Artículo Único. Se reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 106. ...

I. a IV. ...

V. Para los casos de los turistas visitantes locales que consigna la fracción IV de este artículo, éstos podrán optar por la terminología señalada en la fracción anterior o las dos alternativas siguientes para internar temporalmente su vehículo

a) Acreditar su calidad migratoria de turista o visitante local o realizar un depósito de 700 dólares como garantía para retornar a su país de origen.

b) Acreditar su calidad migratoria de turista o visitante local y proporcionar la factura original o la carta compra-venta de vehículo que se pretenda internar temporalmente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil siete.--- Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Antonio Berber Martínez , del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa.

El diputado Antonio Beber Martínez:Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa

El suscrito diputado federal Antonio Berber Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-F, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Es sumamente importante la Ley de Competitividad y el cumplimiento de su objeto a través de la colaboración con los sectores.

La relación entre la educación y el desarrollo de emprendedores es un tema que necesita de acciones concretas y efectivas, pues el empleo es una meta natural y un horizonte siempre presente en la educación, ya que la debida conjunción de ambos elementos contribuye a mejorar sustancialmente el nivel de vida de las personas.

La suma de los jóvenes desempleados que cuentan con niveles educativos de profesional medio y superior, llegan a representar casi la mitad de la población juvenil desocupada, lo cual indica que, se está desaprovechando la oportunidad de contar, simultáneamente, con la mayor proporción en la historia de jóvenes en edad de desempeñarse productivamente y con el perfil más alto de escolaridad en la historia.

En el segundo párrafo del artículo 2 de la citada Ley, se establece que la Secretaría de Economía podrá celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales, estatales del DF, municipales y con particulares, para concertar acciones de apoyo para el sector de las Mipymes. Aquí se propone, de acuerdo a la especificación que se hace en el artículo 3 y en congruencia con la ley, el término ``Sectores'' que es más genérico e involucra al sector privado, social y del conocimiento.

Se propone también impulsar la creación de un entorno favorable para el fomento y desarrollo de las actividades de modernización, innovación y fortalecimiento tecnológico en las Mipymes, ya que en la medida que el sector de las Mipymes pueda acceder a una mejor infraestructura, equipamiento, transferencia de conocimiento, capacitación, consultoría, etcétera, podrá lograr una mayor competitividad en el mercado, influida por el mejoramiento en los modelos organizacionales, comerciales y de producción. Lo anterior se puede lograr con el fortalecimiento de los vínculos entre las Mipymes y los sectores involucrados en estas áreas, como son universidades, laboratorios, incubadoras de empresas, centros de investigación, Conacyt, etcétera.

Para ello se propone pasar de 31 miembros a 33 en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de la incorporación del titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del titular de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Lo que representa, el involucramiento de las universidades en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes, ya que las universidades son parte fundamental en el impulso de una cultura emprendedora en nuestro país.

Es necesario incorporar el concepto de innovación, como uno de los mecanismos que el Consejo deberá impulsar para el desarrollo de las Mipymes. Lo que resulta interesante de analizar, ya que el concepto de innovación involucra aspectos de inventiva y de creatividad en áreas como el diseño, organización, marketing, tecnología, desarrollo organizacional, etcétera. Es importante mencionar que en los modelos actuales de desarrollo para la competitividad a nivel mundial se considera a la innovación como el principal motor para incrementar la competitividad de una economía. Por ejemplo, se cuenta con la experiencia de países como Finlandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Corea del Sur, etcétera, que han logrado un incremento considerable en su competitividad, dados los mecanismos de innovación y desarrollo tecnológico que han empleado en sus Mipymes.

Es importante hacer énfasis en la contribución que puede tener el sector del conocimiento, pero particularmente las universidades en el impulso y desarrollo de las incubadoras de empresas y de los emprendedores. En este sentido el apoyo que puede brindar el sector del conocimiento es de suma importancia, ya que por la experiencia y vocación que este sector presenta, facilita y fortalece el desarrollo de las incubadoras y de los emprendedores. Por ejemplo, existen dos casos muy importantes de éxito, los cuales son: el del IPN y el del ITESM, que han logrado posicionar a nivel nacional e internacional los proyectos impulsados en el desarrollo de incubadoras y de emprendedores, logrando importantes resultados en el desarrollo de la competitividad en estas áreas.

Esta propuesta persigue cuatro objetivos principales:

Armonización legal de los contenidos, toda vez que existen disposiciones que no se refieren a los diversos sectores y es necesaria su inclusión por la contribución que éstos realizan al fomento de la Competitividad de las Mipymes.

Claridad conceptual y operativa del apoyo, y de la coordinación que debe existir con la Secretaría de la Economía y los sectores involucrados, para la creación de un entorno favorable de las actividades que fortalezcan el desarrollo de la competitividad.

Incorporación formal de la representación de las universidades públicas como privadas en el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes.

Cumplir con la constitución de incubadoras de empresas y con el desarrollo de emprendedores, con el apoyo del sector del conocimiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley para el Desa-rrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en los siguientes términos:

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 14; se reforma el primer párrafo del artículo 18; la fracción II y III del artículo 22; y se adiciona la fracción XXIII al artículo 18, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con los sectores para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.

Artículo 14. ...

IX. La creación de un entorno favorable para el fomento y desarrollo de las actividades de modernización, innovación y fortalecimiento tecnológico de las Mipymes.

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 33 integrantes:

I. a XX. ...

XXI. Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, quienes serán designados por la Secretaría,

XXII. Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores; y

XXIII. El titular de las Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el titular de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.

Artículo 22. El Consejo tendrá por objeto:

I. ...

II. Desarrollar mecanismos para que las Mipymes reciban consultoría y capacitación en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología, innovación y procesos de producción, diseño de producto y financiamiento, así como en materia de normalización y certificación;

III. Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, y la iniciativa y creatividad de los emprendedores con el apoyo del sector del conocimiento;

IV. a XI. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Antonio Berber Martínez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el distrito II de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La delincuencia organizada en nuestro país es, sin duda, un mal que aqueja a la sociedad cada día con mayor intensidad, manteniéndola atemorizada; el tipo penal considera que se materializa la misma cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas que, por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos establecidos en el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tales como terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, de indocumentados, de órganos y de menores; asalto, secuestro, entre otros tipos penales previstos en distintos ordenamientos jurídicos.

Tales ilícitos representan una actividad profundamente nociva para la sociedad y el Estado que debe verse no sólo como un problema delictivo contra la salud y la integridad física de las personas, sino como un tema de seguridad nacional, porque afecta, entre otros, la economía, la salud y la paz pública, convirtiéndose, en consecuencia, el combate a esta organización criminal en una tarea de la más alta prioridad para la nación y las autoridades federales y locales.

Las consecuencias del crimen organizado son, principalmente violencia y muertes, inquietud y angustia comunitaria, tensiones en la relación gubernamental nacional e internacional, aumento en las adicciones, contaminación y corrupción en las instituciones públicas y privadas, pérdida de competitividad e inhibición de la inversión productiva, perversión de los valores éticos y de convivencia social.

Los criminales organizados cuentan con un gran poder de intimidación, fortaleciéndose un círculo vicioso de impunidad. No está en sus prioridades enfrentar al Estado, sino infundir miedo a la sociedad y a las autoridades para controlar el territorio e inhibir el poder público, rebasando el poder del gobierno, lo que envilece la actuación de éste último.

El problema radica principalmente en la impunidad con que se desempeñan estos grupos, causada por la corrupción de las instituciones de investigación y de impartición de justicia, así como la falta de denuncias y testimonios que permitan contar con elementos para la persecución y proceso de los agentes activos que participan en ella.

En múltiples ocasiones las actuaciones ministeriales y judiciales tienen cierto grado de dificultad, debido a la falta de testimonios que hagan presumible la comprobación de la delincuencia organizada, por lo que es conveniente dedicar esfuerzos para dejar de obstruir la aplicación de la justicia.

La iniciativa que hoy presento busca eliminar los obstáculos para la prestación de testimonios que permita, mediante una protección integral, el buen desarrollo y cumplimentación de la averiguación previa y del procedimiento penal en aquéllos delitos establecidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Pretende brindar seguridad en la integridad personal de los testigos cuando tengan información que ayude a la autoridad al esclarecimiento de este tipo de delitos desde antes de que se ejercite la acción penal, así como durante el procedimiento, pues éstos pueden contar con pruebas muy importantes para la persecución y condena penal. Todos sabemos que el poder de la delincuencia organizada frecuentemente los ahuyenta de la participación en las actuaciones de averiguación previa y demás etapas del procedimiento penal. Intenta alentar la participación de los testigos y protegerlos de posibles represalias. Se adoptan medidas encaminadas a garantizar la protección física de los testigos, permite que el testimonio se preste de modo que no se ponga en riesgo su persona.

Por ello, el presente proyecto de decreto propone salvaguardar la identidad, domicilio y demás datos personales de los testigos, asegurándose para tal efecto, en todo momento, la reserva de su identificación. Resulta complicado tener que atestiguar contra la delincuencia organizada, por ello esto ayudará al combate de tal ilícito.

En este sentido, se pretende derogar el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en virtud de la limitada protección que ofrece, pues actualmente otorga reserva de identidad hasta el ejercicio de la acción penal, lo que significa que no gozan de una seguridad plena en su persona para rendir su testimonio y ello resulta complicado en la participación de los testigos que a sabiendas de su dicho corren riesgo en su persona.

Al respecto, el artículo 34 de la ley en comento establece el derecho de apoyo y protección a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas cuando por su intervención en un procedimiento penal así se requiera; sin embargo, el precepto legal contempla una protección incierta, al depender de la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República. Por lo que se reforma en este sentido dicho precepto legal suprimiendo el término testigo a fin de ser contemplada su protección en el artículo 34 Bis.

La presente iniciativa genera de forma más específica la protección jurídica al testigo, manteniendo en todo momento el secreto de la identidad personal cuando el testigo participe tanto previo a la averiguación como durante el procedimiento penal contra algún miembro de la delincuencia organizada, por lo que se adiciona el artículo 34 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, garantizando de manera integral su testimonio y no únicamente hasta el ejercicio de la acción penal, como se venía contemplando en el artículo 14 que ahora se pretende derogar .

También se instituye de manera potestativa la responsabilidad para la Procuraduría General de la República de prestar los apoyos y protección necesarios para la salvaguarda de la integridad física del testigo a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a solicitud del testigo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 14, se reforma el artículo 34 y se adiciona un artículo 34 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conforme a lo siguiente:

Artículo Primero. Se deroga el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Segundo. Se reformael artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organiza, para quedar como sigue:

Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley así se requiera.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 34 Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá mantenerse en todo momento la secrecía de la identidad, domicilio y demás datos personales de los testigos previo al ejercicio de la acción penal y durante el procedimiento.

En su caso, a solicitud del testigo, la Procuraduría General de la República prestará los apoyos y protección para la salvaguardia de su integridad física a que se refiere el artículo 34 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría General de la República contará con un plazo de tres meses para implantar todas las medidas presupuestales y administrativas conducentes para otorgar los apoyos y protección a que se refiere el artículo 34 bis de esta ley, reformado en los términos de este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 dieciséis de marzo del 2007.--- Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas.Túrnese a la Comisión de Justicia.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Faustino Javier Estrada González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

El diputado Faustino Javier Estrada González:Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal

Faustino Javier Estrada González , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de los Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales, y tiene sus raíces en la opinión de un grupo respecto a otro. La discriminación en alguno de sus tipos ha sido causa de grandes conflagraciones mundiales.

En 1948 fue declarada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la carta que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyos artículos primero y segundo se establece el derecho a la igualdad de todos los individuos frente a la ley. Así, dicha carta, que fue ratificada por México ese mismo año, establece como principio que ``toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición''.

Adicionalmente, el 20 de noviembre de 1963 también las Naciones Unidas establecieron, mediante otra resolución, la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, estableciéndose que la discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas; una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos. En dicha declaratoria se establece la obligación de los Estados para legislar, a fin de combatir y sancionar los actos de discriminación (artículo 9, numeral 3).

Así, la acción de discriminar implica la situación (activa o pasiva) de diferenciar, distinguir o separar a una persona o grupo de éstas, de forma desfavorable a causa de prejuicios. Estos pueden ser variados: discriminar por categoría social, por raza, por orientación sexual, por la práctica de una religión determinada, por rango socioeconómico, por la edad y discapacidad.

Dentro de los países en vías de desarrollo, como México, los problemas de discriminación se agudizan por los problemas económicos. De ahí que grupos vulnerables sean atacados o lesionados por considerarlos como causantes del problema económico, haciendo el problema de la discriminación aún más grave.

El problema de la discriminación, en el ámbito mundial, se vuelve complejo por los principios de derecho internacional, que salvaguardan la soberanía de los pueblos. Por tanto, al amparo de prácticas sociales, culturales o religiosas realizan actos claros de discriminación en contra de sus connacionales.

Discriminar implica la acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de otras, considerando unas sobre las otras. En otras palabras, discriminar, desde la perspectiva del derecho, es tratar como inferior a un sujeto de derecho por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideología, etcétera.

Los sistemas jurídicos tradicionales han ``legalizado'' la discriminación, al tratar de forma diferente a destinatarios de la norma. Por ejemplo, los hijos son tratados de forma diferente si han sido engendrados dentro o fuera del matrimonio.

Sin embargo, las constituciones modernas han prohibido la discriminación. Es el caso de la Constitución Política, en reformas más o menos recientes se incluyó un tercer párrafo al artículo primero para establecer como garantía la no discriminación.

Por ello, es necesario no sólo establecer como garantía constitucional la no discriminación, sino que, a través de la facultad sancionadora del Estado, se legisle a fin de establecer las sanciones penales adecuadas para inhibir la práctica de esta conducta deslesnable.

Nuestra propuesta

Derivado de las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa de decreto por el que se tipifica como delitos del fuero federal los actos discriminatorios.

Siguiendo la técnica legislativa adoptada por nuestro Código Penal Federal, proponemos establecer un catálogo de conductas que el sujeto activo del delito pueda llevar a cabo en contra de las personas, que por sus cualidades o características señaladas en el primer párrafo del artículo 149 Ter sufran la conducta lesiva. Esta descripción ha pretendido ser lo más exhaustiva posible, a fin de evitar que conductas necesariamente dañinas para la convivencia social, puedan quedar excluidas del ámbito de la norma penal.

Por tanto, se describen conductas como incitar al odio o a la violencia; vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas; realizar públicamente opiniones o comentarios en el que se denigre a las personas; impedir el acceso a centros culturales, recreativos o de entretenimiento, o centros educativos, ya sean públicos o privados; restringir o modificar derechos adquiridos por razones contractuales derivados de la conductas previstas en el presente artículo; negar o restringir derechos laborales.

En cuanto a la sanción, se establece una pena de 4 a 12 años de prisión y multa de mil a 3 mil 500 días multa, en contra del sujeto activo de este delito. Con dicha penalidad se pretende inhibir las conductas que tiendan a la discriminación.

Dicha pena puede ser agravada hasta en una mitad si quien la realiza es, conforme a la ley, funcionario público.

Con esto, consideramos que se otorgan las herramientas necesarias al Estado, a fin de combatir esta conducta claramente lesiva para la sociedad mexicana.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados somete a consideración de ésta la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona un Título Tercero Bis, del Libro Segundo, al Código Penal Federal, en materia de discriminación.

Único. Se adiciona un Título Tercero Bis, del Libro Segundo, al Código Penal Federal, en materia de discriminación para quedar como sigue:

Libro Segundo

Título Tercero Bis Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único Del Delito de Discriminación

Artículo 149 Ter. Comete el delito de discriminación aquel que por razones de raza o procedencia étnica, nacionalidad, religión, sexo, condiciones físicas o psicológicas, edad, embarazo, estado civil, origen o posición social, color de la piel, ideología, orientación sexual, trabajo o profesión, características físicas, discapacidad o estado de salud realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Incite al odio o a la violencia de una o varias personas por alguna de las características señaladas en el párrafo anterior;

II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;

III. Realice públicamente opiniones o comentarios en el que se denigre a las personas;

IV. Impida el acceso a centros culturales, deportivos, recreativos o de entretenimiento; así como a centros educativos, ya sean públicos o privados;

V. Restrinja o modifique derechos adquiridos por razones contractuales derivados de las conductas previstas en el presente artículo;

VI. Niegue, restrinja o violente los derechos laborales.

Se aplicarán de 4 a 12 años de prisión y de mil a 3 mil 500 días multa a quien cometa una o varias de las conductas descritas en el presente artículo.

Procederá, además, la reparación del daño causado al sujeto pasivo del delito en los términos señalados en el presente código.

Artículo 149 Quáter. Al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el artículo que antecede, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de marzo del 2007.--- Diputado Faustino Javier Estrada González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Estrada González.Túrnese a la Comisión de Justicia.Sonido a la curul de la diputada Elsa Conde.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez(desde la curul): Sólo para solicitarle si es posible se nos turne la iniciativa para opinión de la Comisión Especial de no Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Lo que pasa es que no es comisión de dictamen legislativo, diputada. Pero para opiniónse turna también a la Comisión Especial de no Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la tribuna al diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros, corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio que se propaga a las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es imprescindible, siendo competencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, otorgar las comisiones y permisos para el uso del espacio territorial para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas; circunstancias que se desprenden del artículo 27 constitucional con relación a los artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión se establece la obligación del Estado de proteger a la industria de la radio y televisión, a la cual se le considera de interés público, obligación que se confirma por virtud del postulado contenido en el artículo 5 de la ley de la materia, por medio de la cual se impone a la industria mencionada la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Siguiendo este orden de ideas, el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene como deber proteger a la industria de radio y televisión no solamente por las características de interés público que se le atribuyen, sino muy particularmente por la función social, que es impuesta mediante el artículo 5o. de la ley en la materia.

En el año de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, dio cumplimiento en el espíritu de lo que señala el artículo 4o. de la ley en comento, al proteger a la industria, ya que desa-rrolló un programa orientado a apoyar a los radiodifusores que transmitían en la banda de amplitud modulada, con la finalidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio, con lo cual se cumplía con la función social a que estaban comprometidos los concesionarios, en términos de ley.

En el año indicado, previamente se le autorizó a 83 emisoras de la banda de amplitud modulada, la ampliación de su capacidad de transmisión mediante las modificaciones técnicas necesarias para el efecto de incluir la explotación de un canal de banda de frecuencia modulada que transmitía en forma simultánea la programación de la estación de radio AM, mediante la misma concesión.

Con base en lo anterior se considera que el otorgamiento de la facultad de transmitir en la modalidad de frecuencia modulada como repetidora de la programación no puede ser considerada como una concesión, sino como una simple autorización para cumplimentar la explotación de la concesión proveniente, otorgada para transmitir por radio en la frecuencia de amplitud modulada.

La Secretaría de la Contraloría en su oportunidad analizó los aspectos legales del procedimiento utilizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para autorizar la ampliación de la capacidad de transmisión a favor de los radiodifusores de amplitud modulada, que se llevó a cabo en 1994, determinando que el mismo se encontró ajustado a la ley.

Cabe señalar que actualmente siguen vigentes los artículos en los cuales la autoridad se apoyó para el otorgamiento de los sistemas de transmisión simultáneas, conocidas comúnmente como combos, como el artículo 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala: No podrán alterarse las características de la concesión o permiso sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o incumplimiento a resoluciones judiciales.

Estudios realizados previamente demuestran que existen los elementos necesarios para el carácter técnico, para que en la actualidad las estaciones de la banda de amplitud modulada puedan utilizar el espectro de la frecuencia modulada para transmitir de manera simultánea la programación de la estación concesionada.

Debido a los avances tecnológicos, con fecha 2 de julio de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transmisión a la televisión digital terrestre en México; hecho que nos sirve de antecedente para establecer la necesidad de digitalizar la radio de la misma forma.

Ahora bien, actualizar la radio para digitalizarla es algo primordial, pero hasta en tanto no se pueda llevar a cabo la digitalización es necesario dotar de elementos a los concesionarios y permisionarios de las estaciones de radio de amplitud modulada, para que puedan ser competitivos. Y esto sólo se podrá lograr mediante la retransmisión idéntica de su programación en las frecuencias moduladas.

A manera de conclusión, señalamos que debemos garantizar una competitividad entre los medios de comunicación en donde los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada se encuentran en desventaja con sus iguales en la frecuencia modulada; reiterando que con los otorgamientos de una frecuencia espejo, que les permita retrasmitir en amplitud modulada a frecuencia modulada, para garantizar la igualdad y la competitividad.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, reformando los artículos 17-J y 47, y adicionando un artículo 18, para quedar como sigue:

Artículo 17-J. A su vez se deberá de notificar a los participantes que no hubiesen sido seleccionados, mediante resolución, la cual deberá de estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 18. La autoridad llevará a cabo estudios técnicos, cuyo resultado permita valorar la viabilidad de autorizar a los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada, otorgándoles un sistema de transmisión simultánea por el término que dure la transmisión de lo analógico a lo digital.

Artículo 47. El concesionado y el permisionado deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Transitorio único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Esta iniciativa la firmamos, su servidor Humberto López Lena, el diputado Félix Moisés Dagdug, secretario de RTC del PRD, el diputado Enrique Benítez, secretario del PRI, el diputado Israel Beltrán Montes del PRI y el diputado Enrique Cárdenas, también del PRI. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, y en representación de los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que firman la presente, y de la cual funge como secretario, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía para presentar una iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es imprescriptible e inalienable, siendo competencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, otorgar concesiones y permisos para el uso del espacio territorial, para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, circunstancia que se desprende del articulo 27 constitucional, en relación con los artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión se establece la obligación del Estado de proteger a la industria de la radio y televisión, a la cual se le considera de interés público. Esa obligación se confirma por virtud del postulado contenido en el artículo 5 de la ley de la materia, por medio del cual se impone a la industria mencionada la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

El Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene la obligación de proteger la industria de radio y televisión, no solamente por la característica de interés público que se le atribuye sino muy particularmente por la función social que le es impuesta mediante el artículo 5 de la ley de la materia.

El otorgamiento de la facultad de transmitir en la modalidad de frecuencia modulada como repetidora de la programación no puede ser considerada una concesión, sino como una simple autorización para complementar la explotación de la concesión previamente otorgada para transmitir por radio en la frecuencia de amplitud modulada.

En 1994, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 22 de la Ley Federal de Radio y Televisión dio cumplimiento al espíritu de lo que señala el articulo 4 de la ley en comentoal proteger a la industria, ya que desarrolló un programa orientado a apoyar a los radiodifusores que transmitían en la banda de amplitud modulada, con la finalidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio, con lo cual se cumpliría la función social a que están comprometidos los concesionarios en términos de ley.

En el año indicado previamente, se autorizó a 83 emisoras de la banda de amplitud modulada la ampliación de su capacidad de transmisión, mediante las modificaciones técnicas necesarias, a efecto de incluir la explotación de un canal en la banda de frecuencia modulada, que transmita en forma simultánea la programación de la estación de radio de amplitud modulada, mediante la misma concesión.

Los concesionarios de radio de amplitud modulada a que se autorizó el uso de una frecuencia modulada han tenido la oportunidad de enfrentar la competencia tecnológica, mediante una inversión económica a su alcance, que beneficia su competitividad en el sector y brinda nuevas opciones a los radioescuchas de sus áreas de servicio.

La Secretaría de la Contraloría, en su oportunidad, analizó los aspectos legales del procedimiento utilizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar la ampliación de la capacidad de transmisión a favor de los radiodifusores de amplitud modulada, que se llevó a cabo en 1994, determinando que el mismo se encontró ajustado a ley.

Debido a los avances tecnológicos, con fecha 2 de julio de 2004, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México'', hecho que nos sirve de antecedente para establecer la necesidad de digitalizar la radio de la misma forma.

Ahora bien, actualizar la radio para digitalizarla es primordial, pero hasta en tanto se pueda llevar a cabo la digitalización es necesario dotar de elementos a los concesionarios y permisionarios de estaciones radio de amplitud modulada para que puedan ser competitivos, y esto se podrá lograr sólo mediante la retransmisión idéntica de su programación en la frecuencia modulada.

Actualmente siguen vigentes los artículos en que la autoridad se apoyó para otorgar los sistemas de transmisión simultánea, conocidos comúnmente como combos, y estudios realizados previamente demuestran que existen los elementos necesarios de carácter técnico para que en la actualidad las estaciones de la banda en amplitud modulada puedan utilizar el espectro de la frecuencia modulada para retransmitir de manera simultánea la programación de la estación concesionada.

A manera de conclusión, señalamos que debemos garantizar una competitividad entre los medios de comunicación, donde los concesionarios y permisionarios de amplitud modulada se encuentran en desventaja con sus iguales de la frecuencia modulada, reiterando que con el otorgamiento de una frecuencia espejo, que les permita retrasmitir de amplitud modulada a frecuencia modulada, se garantiza la igualdad y competitividad.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 17-J, y 47 y adiciona el artículo 18 a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 17-J. ... A su vez, se deberá notificar a los participantes que no hubiesen sido seleccionados mediante resolución, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada.

...

Artículo 18. La autoridad, con base en la posibilidad técnica existente, apoyará a los concesionarios y permisionarios de la banda de amplitud modulada, otorgándoles un sistema de transmisión simultánea por el término que dure la transición de lo analógico a lo digital.

Artículo 47. ... El concesionario y permisionario deberán de informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

a) a c) ... Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Humberto López Lena Cruz (rubrica).»

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Humberto López Lena Cruz . Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Ascención Orihuela Bárcenas , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena .

El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas:Con la autorización de la Presidencia. En México la Constitución de 1917 prevé en varios artículos diversos derechos sociales. La definición del Estado se funda en los valores liberales del siglo XIX, mismos que devienen de la influencia del proceso norteamericano y del conjunto de declaraciones surgidas de la Revolución Francesa.

Es decir, el artículo 40 señala que nos constituimos como una república representativa, democrática y federal, que aunque resume la dolorosa gesta de la independencia nacional y el esfuerzo nacional por construir una identidad propia, como se demuestra en el proyecto impulsado por personajes históricos de la talla de Servando Teresa de Mier y de Juárez, no reflejan las llamadas definiciones fundamentales, la vocación social de todos los mexicanos, aunque aceptemos que la idea del proyecto nacional implique en primer lugar los derechos sociales.

Nos parece que la falta de esta definición en la Constitución permite que las leyes en materia social se construyan de manera periférica como una más de las partes de nuestro sistema jurídico.

Creemos necesario alcanzar una nueva definición del Estado mexicano que indique con claridad que lo social es una parte indisoluble de la protección de las garantías sociales, incluso, que permita recuperar el desarrollo social como el conjunto de derecho de las personas y que obligue al Estado a atenderlos con mayor eficacia y fortaleza.

Para fundamentar este objetivo, debemos reconocer que en el mundo prevalece la idea de que deben superarse las visiones asistenciales y marginales del desarrollo social, en donde lo importante no sea cuantificar el número de acciones que se logren en temas como la vivienda o la educación sino evaluar de qué manera modifican realmente la forma de vida de la sociedad.

Por ello, organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e incluso instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, recomiendan centrarse en el concepto de la calidad del desarrollo que es un referente cada vez más aceptado en la creación y administración de las políticas sociales.

En los albores del siglo XXI, una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar es definir el tipo de Estado con el que nos proponemos asumir los retos tanto de la globalización como del desarrollo tecnológico y del incremento de las carencias humanas a fin de encontrar nuevas soluciones. Este reto no sólo es válido para México sino para la mayoría de los estados del mundo.

En el caso de México nuestros principales indicadores son negativos. Dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, una tercera parte en pobreza extrema. Las evaluaciones internacionales son desfavorables. La OCDE nos ha ubicado en los últimos lugares de aprovechamiento escolar, en el nivel de la educación básica; la ONU señaló que, a pesar de los informes optimistas gubernamentales, las zonas rurales e indígenas son tan pobres como las comunidades más carentes del sur del continente africano.

La debilidad jurídica e institucional de las políticas sociales permite que en lugar de fortalecer el desarrollo en el largo plazo de las familias, el enfoque sea inmediatista, parcializado y asistencialista. Los límites institucionales de nuestro desarrollo social contrastan con la amplia experiencia existente en la materia. Hace cuatro siglos se expidió la primera ley de este tipo en Inglaterra, llamada ``ley de pobres''.

En México durante 60 años se han desarrollado tres generaciones de políticas sociales: la primera centrada en instituciones de acceso y cobertura universal como el Seguro Social y el ISSSTE, entre otras. Se dio paso a una segunda etapa centrada en la acción comunitaria. El tercer momento de estas políticas, que es el vigente, se extrapoló y se dirige a la focalización y al individualismo. Una definición amplia del Estado mexicano puede iniciar la construcción de una política social auténticamente de Estado que supere el vaivén de los sexenios, la tentación de orientar a las elecciones, su distorsión hacia grupos de interés y su separación de las demás políticas públicas, en particular de la económica.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 40 de la Constitución para agregar el principio social a la naturaleza del Estado mexicano como el inicio de una nueva generación de leyes y de políticas nacionales que transformen el desarrollo social en un proceso estructural fundado en derechos y no en paliativos temporales e ineficaces.

Esta propuesta reconoce el acierto de otras naciones, de haberse definido a sí mismas a partir de un estado de naturaleza social como es el caso de Francia, que en el artículo 1o. de su Constitución se define como una República indivisible, laica, democrática y social. O el caso de España, en el artículo 1o. señala que esa nación se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Es una verdad reconocida en todo el mundo que dichas constituciones políticas son hasta ahora las mejores estructuras de estado de bienestar que haya conocido la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República social, representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta Ley Fundamental.

Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo. Rúbricas. Samuel Palma, José Ascención Orihuela y Alfredo Ríos Camarena . Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César , José Ascención Orihuela Bárcena y Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, con fundamento en los artículos 70, párrafos primero, segundo y tercero; 71, fracción II; y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las prioridades más sensibles de la sociedad contemporánea es la pobreza, como uno de los males más agudos y que impactan directamente en la vida de las personas, sus condiciones de existencia y en las perspectivas de su desarrollo. Su mayor característica es la carencia de los niveles básicos de salud, instrucción, empleo, seguridad patrimonial, física y familiar, sin subestimar la desesperanza y la angustia familiar.

Aunque en su origen el Estado se construyó como un arquetipo jurídico, orientado a garantizar la seguridad de la sociedad, su evolución a una estructura compleja obedece al cúmulo de asuntos que conlleva la búsqueda de sociedades incluyentes y promotoras del bienestar humano, en su más amplia acepción. De ahí que el Estado mínimo o el Estado policía hayan quedado en los confines de la historia media y renacentista. El Estado contemporáneo, además de la seguridad, tiene múltiples tareas de promoción económica, internacional, política, cultural, de equidad, de transparencia, de ética pública y, principalmente, de desarrollo social.

El desarrollo social tiene que ver con las garantías más adecuadas para el bienestar personal y social de los ciudadanos, por lo que este objetivo del Estado se vuelve el más importante de todos. Por ello, el alejamiento asumido por el conjunto de políticas públicas, especialmente la económica, de las políticas sociales, se ha traducido en incapacidad del Estado para promover un desarrollo social sostenido, fundado en una adecuada articulación entre las instituciones públicas y las diversas expresiones territoriales y colectivas de la sociedad, tales como los gobiernos locales y las comunidades.

El resultado de esta brecha ha sido un enfoque y una práctica individualista y asistencialista de la política social, generalmente desvinculada de fines sustantivos como el empleo y el ingreso que permitan recuperar la dignidad y el bienestar social. Bajo un enfoque asistencialista, hemos llegado a la paradoja de que un indicador del desarrollo es la provisión de desayunos escolares, pero no el incremento de la capacidad de los jefes de familia para garantizar que sus hijos desayunen en su propia casa, como correspondería a una verdadera política social, humana y de largo plazo.

Debemos partir del concepto del desarrollo social que articula el bienestar de las personas con un proceso dinámico de desarrollo económico y que, con el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en diversos ámbitos, como la salud, la educación, la nutrición, la vivienda, la seguridad social, el empleo y, principalmente, los salarios. Por lo tanto, implica lograr la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.

La capacidad de lograr estos objetivos ha sido, en el caso latinoamericano, cada vez más lejana, a causa de dos transformaciones importantes: por un lado, la crisis del Estado benefactor, principalmente por causas fiscales, impactando la seguridad social. En segundo lugar, por el inicio de una reforma social que ha cambiado el diseño de los seguros sociales y la asistencia social, impulsando una estrategia focalizadora, que se dirige, más allá de las comunidades, hacia las personas individualmente.

La idea de solucionar la pobreza, centrada en el mercado, ha implicado reducir el tamaño y las funciones del Estado, aunque ello ha demostrado que la disminución de la desigualdad social no se produce automáticamente, ni que sea posible a partir de descansar la estrategia de bienestar en organizaciones y programas asistenciales. Sin una política social de Estado, integral y estratégica, el mercado puede concentrar más las oportunidades y los ingresos y, aún en condiciones de prosperidad económica, generar una mayor diferenciación social. La situación es más grave cuando hay deterioro económico y una alta tendencia a la concentración del ingreso.

En México la Constitución de 1917, --como producto de los acuerdos entre las facciones revolucionarias--, amalgamó la tradición liberal con la institucionalización de las reivindicaciones sociales, plasmadas principalmente en los artículos 3, 4, 25, 27 y 123 constitucionales, los cuales se han reformado para ampliar la protección social en diversas materias, como fue el caso de la inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria, los derechos indígenas, la salud y otras áreas.

Sin embargo, debemos reconocer que a pesar de que la Carta Magna prevé en varios artículos diversos derechos sociales, la definición del Estado se funda en los valores liberales del siglo XIX, mismos que devienen de la influencia del proceso norteamericano y del conjunto de declaraciones surgidas de la Revolución Francesa. Es decir, el artículo 40 señala que nos constituimos como una República representativa, democrática y federal que, aunque resumen la dolorosa gesta de la independencia nacional y el esfuerzo nacional por construir una identidad propia, como se demuestra con el proyecto impulsado por personajes históricos de la talla de Servando Teresa de Mier y de Benito Juárez, no refleja en las llamadas definiciones fundamentales, la vocación social de todos los mexicanos, aunque aceptemos que la idea del Proyecto Nacional implique, en primer lugar, los derechos sociales.

Nos parece que la falta de esta definición en la Constitución permite que las leyes en materia social se construyan de manera periférica, como una más de las partes del sistema jurídico.

Creemos necesario alcanzar una nueva definición del Estado mexicano, que indique con claridad que lo social es una parte indisoluble de la protección de las garantías sociales. Incluso, que permita recuperar el desarrollo social como el conjunto de derechos de las personas y que obligue al Estado a atenderlos con mayor eficacia y fortaleza.

Para fundamentar este objetivo, debemos reconocer que en el mundo prevalece la idea de que deben superarse las visiones asistenciales y marginales del desarrollo social, en donde lo importante no sea cuantificar el número de acciones que se logran en temas como la vivienda o la educación, sino evaluar de qué manera modifican realmente la forma de vida de la sociedad. Por ello, organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, e incluso instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, recomiendan centrarse en el concepto de la calidad del desarrollo, que es un referente cada vez más aceptado en la creación y administración de las políticas sociales.

Centrarse en la calidad del crecimiento, implica proponerse que la economía sea incluyente y contribuya al desarrollo social, vinculándose con el bienestar y aceptando que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social.

En los albores del siglo XXI una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar es definir el tipo de Estado con el que nos proponemos asumir los retos tanto de la globalización como del desarrollo tecnológico y del incremento de las carencias humanas, a fin de encontrar nuevas soluciones. Este reto no sólo es valido para México sino para la mayoría de estados del mundo.

Es un objetivo relevante y urgente, en virtud de que la deuda de la pobreza que tiene en el planeta postrados frente al hambre a 800 millones de personas, y en América Latina a 250 millones, más de la mitad del total de sus habitantes, es una cuestión ética, de gobernabilidad y de darle sentido al desarrollo.

En el caso de México, los principales indicadores son negativos. Dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, una tercera parte en pobreza extrema, el 42 por ciento de la población obtiene mensualmente menos de 2 salarios mínimos, en el medio rural e indígena el ingreso diario es menor a 11 pesos, la urbanización acelerada está creando infinidad de campamentos, asentamientos irregulares, ciudades perdidas, que trasladan la pobreza del campo a las ciudades, haciéndola más compleja y difícil. El saldo de esta situación es desesperanza, angustia y, sobre todo, una situación inaceptablemente injusta y desigual. Esta realidad contradice el potencial económico y natural de México, que lo lleva a ubicarse entre las 15 naciones con mayor valor económico del mundo.

Las evaluaciones internacionales nos son desfavorables. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nos ha ubicado en los últimos lugares de aprovechamiento escolar en el nivel de la educación básica. La Organización de las Naciones Unidas señaló que, a pesar de los informes optimistas gubernamentales, las zonas rurales e indígenas son tan pobres como las comunidades más carentes del sur del continente africano.

A pesar de las estadísticas, en días recientes la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que las condiciones de pobreza en México han permanecido prácticamente intactas las últimas dos décadas y ha cuestionado la visión asistencialista, ya que el desarrollo social no puede centrarse en procedimientos similares a las dádivas o a la caridad, sino en proporcionar mecanismos reales de desarrollo humano. El mismo organismo ha sugerido que las políticas públicas tengan un enfoque de derechos humanos.

Lo anterior, significa modificar las condiciones que permiten que las instancias gubernamentales de política social otorguen a discrecionalidad los recursos y los servicios en la materia, frecuentemente condicionados por motivos clientelares y electorales, que intensifican la exclusión y la marginalidad.

La visión de derechos humanos permite que el Estado empodere al ciudadano para que, --al ser el centro de las políticas públicas, y que se acabe con el asistencialismo y el paternalismo--, pueda acceder a mejores opciones de salud, educación, vivienda y trabajo.

La debilidad jurídica e institucional de las políticas sociales permite que, en lugar de fortalecer el desarrollo en el largo plazo de las familias, el enfoque sea inmediatista, parcializado y asistencialista, predominando el estilo personal de cada Presidente de la República y de los responsables en turno de las instituciones de desarrollo social.

Los límites institucionales del desarrollo social contrastan con la amplia experiencia existente en la materia. Hace 4 siglos se expidió la primera ley de este tipo, en Inglaterra, llamada Ley de Pobres. En México, durante 60 años se han desarrollado tres generaciones de políticas sociales. La primera, centrada en instituciones de acceso y cobertura universal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras. Se di paso a una segunda etapa, centrada en la acción comunitaria. El tercer momento de estas políticas, que es el vigente, se extrapoló y se dirige a la focalización y el individualismo.

Una definición amplia del Estado mexicano, puede iniciar la construcción de una política social auténticamente de Estado, que supere el vaivén de los sexenios, la tentación de orientarla a las elecciones, su distorsión hacia grupos de interés y su separación de las demás políticas públicas, en particular de la económica.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 40 de la Constitución, para agregar el principio social a la naturaleza del Estado mexicano, como el inicio de una nueva generación de leyes y de políticas nacionales, que transformen el desarrollo social en un proceso estructural, fundado en derechos y no en paliativos temporales e ineficaces.

Esta propuesta reconoce el acierto de otras naciones de haberse definido a sí mismas a partir de un Estado de naturaleza social, como es el caso de Francia que en el artículo 1o. de su Constitución se define como una República indivisible, laica, democrática y social. En el caso de España, en el artículo 1o. señala que esa nación se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Es una verdad reconocida en todo el mundo, que dichas construcciones políticas son, hasta ahora, las mejores estructuras de Estado de bienestar que haya conocido la humanidad.

Nuestro objetivo principal es definir con precisión que la aspiración de los mexicanos es tener un Estado verdaderamente social, que centre su esfuerzo y sus capacidades en el mejoramiento real de las condiciones de vida de quienes formamos parte de él.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República social, representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 marzo de 2007.--- Diputados: Víctor Samuel Palma César (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), Alfredo Ríos Camarena (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas . Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jericó Abramo Masso:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente exposición de motivos.

De acuerdo con el informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de julio de 2005, y de conformidad con las resoluciones 57/165 sobre la promoción del empleo de los jóvenes, y 58/133, sobre políticas y programas relativos a la juventud, en la que ésta pidió al secretario general que incluyera en su informe para la Asamblea General en el sexagésimo periodo de sesiones un análisis y evaluación global sobre los planes de acción nacionales sobre el empleo de jóvenes. En dicho informe, de acuerdo con la OIT, se estima que 88 millones de mujeres y hombres jóvenes de todo el mundo están desempleados y muchos jóvenes más trabajan durante largas jornadas a cambio de escasa remuneración, luchando por sobrevivir en la economía no estructurada.

Así pues, 47 por ciento del total de 186 millones de desempleados corresponde a los jóvenes, hecho que es especialmente alarmante dado que los jóvenes representan sólo 25 por ciento de la población en edad de trabajar. También informa que tanto en las economías industrializadas como en los países en desarrollo los jóvenes tienen más probabilidades de encontrar un trabajo temporal, parcial o intermitente e inseguro.

Además de los problemas que plantean el desempleo y el subempleo, los jóvenes deben enfrentarse a otros obstáculos, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable a las influencias sociales, económicas, físicas y psicológicas. En muchos países en desarrollo existen numerosos jóvenes que nunca terminan la escuela secundaria; unas dos terceras partes de los estudiantes que abandonan la escuela son niñas y menos de una cuarta parte de las niñas asisten a la escuela secundaria.

Además, la mayoría de personas que han contraído recientemente el VIH/sida son jóvenes, con una tasa de infección más elevada entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes. Junto con la edad, otros factores que contribuyen a que los jóvenes sean especialmente vulnerables son la discapacidad, el origen étnico y social y la situación geográfica.

Varios gobiernos informaron sobre medidas en materia de política y estrategias de inversión para incentivar la creación del empleo. Entre los ámbitos principales se incluyen incentivos fiscales y del otro tipo para que el desarrollo empresarial y el fomento de los sectores económicos con posibilidades de generar empleo, como la agricultura, el sector de servicios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Brasil informa sobre su programa de creación de empleo mediante subvenciones financieras, por cada nuevo puesto de trabajo que se crea hay un incentivo financiero por valor de mil 500 reales. El programa se seguirá de cerca con el fin de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los jóvenes recién contratados. La empresa que está dispuesta a participar en el programa sin recibir incentivos a cambio es reconocida públicamente por el Ministerio de Trabajo y Empleo como Empresa Asociada al Programa del Primer Empleo.

Por consiguiente, las políticas encaminadas a fomentar la aptitud para el empleo y el espíritu empresarial deben ir acompañadas necesariamente de medidas para estimular la demanda y crear puestos de trabajo adicionales. En términos más generales, la creación de empleo debe convertirse en un objetivo central, no en una consecuencia de las políticas gubernamentales a favor de la inversión y del crecimiento económico.

El empleo de los jóvenes no debe enfocarse desde la perspectiva de un grupo específico ni simplemente como un subtema del mercado de trabajo. Si los encargados de formular políticas centran sus esfuerzos, en primer lugar en crear oportunidades sólidas de empleo para los jóvenes es de suponer que los resultados repercutan, de forma sostenible, en el grupo de los jóvenes a lo largo de su vida y que beneficien también a otros grupos de edad.

En vez de adoptar políticas a favor de los jóvenes que vayan en detrimento de otros grupos de edad, las políticas a favor del empleo de los jóvenes que vayan en detrimento de otros grupos de edad, las políticas a favor del empleo de los jóvenes deben promoverse con el propósito de mejorar la situación de todos los grupos de edad del mercado de trabajo.

En México, el 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el DOF el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 94, los cuales contemplan en su artículo 1o. la posibilidad de disminuir de la utilidad fiscal determinada para los pagos provisionales, el importe de la deducción inmediata a realizarse en el ejercicio.

El segundo significado se relaciona con el hecho de buscar la justicia tributaria a través de resarcir a los contribuyentes de los efectos económicos negativos de la inflación. El estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en un crédito o en una deducción que el beneficio hace valer a su favor.

Ante esto es importante entender que a través de la historia de este país se han venido estableciendo políticas de desarrollo a sectores o grupos minoritarios que de otra manera estarán en la desventaja competitiva de oportunidades frente a las condiciones establecidas por los grupos hegemónicos.

Así, podemos considerar el decreto del Presidente José López Portillo del 19 de marzo del 82 que establecía los estímulos al fomento de la capacitación y el adiestramiento, dirigido a los jóvenes trabajadores. De un total de 71 millones 613 mil 284, la población económicamente activa de 14 años, además de representar 58.7 por ciento, según datos del INEGI del último trimestre de 2006, es decir, poco más de la mitad se encuentra con empleo fijo o formal; sin embargo, un poco más de la mitad de éstos gana entre 1 y 3 salarios mínimos, y la mayoría de los jóvenes entre 14 y 25 se encuentra en el empleo informal.

Las posibilidades de creación de los empleos adecuados están determinadas por las características y comportamiento de la economía nacional; sin embargo, ha sido una promesa de quien ahora es el Presidente de la república el estimular el empleo en los jóvenes.

Por lo anterior descrito, propongo a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo 1. Se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: El patrón que contrate a una mujer u hombre cuya edad se encuentre entre los 18 y 29 años, y sea un nuevo puesto de trabajo, podrá deducir de sus ingresos hasta máximo un año, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores, retenido y enterado conforme al Capítulo Primero del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social y de la constancia de alta como nuevo puesto de trabajo del empleador.

Artículo transitorio primero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá la obligación de otorgar a los patrones que inscriban ante dicho Instituto a trabajadores de entre 18 y 29 años, un certificado que señale el nuevo puesto de empleador. ---Termino.

Artículo transitorio segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo en el Palacio de San Lázaro a los 14 días del mes de marzo de 2007.

Atentamente, un servidor, y pido que se ingrese textual en el Diario lo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de julio de 2005, y de conformidad con las resoluciones 57/165 sobre la promoción del empleo de los jóvenes, y 58/133, sobre políticas y programas relativos a la juventud, en la que ésta pidió al Secretario General que incluyera en su informe para la Asamblea General en el sexagésimo periodo de sesiones un análisis y evaluación global sobre los planes de acción nacionales sobre el empleo de jóvenes.

En dicho informe, de acuerdo con la OIT, se estima que 88 millones de mujeres y hombres jóvenes de todo el mundo están desempleados y muchos jóvenes más trabajan durante largas jornadas a cambio de escasa remuneración, luchando por sobrevivir en la economía no estructurada. Así pues, el 47 por ciento del total de 186 millones de desempleados corresponde a los jóvenes, hecho que es especialmente alarmante, dado que los jóvenes representan sólo el 25 por ciento de la población en edad de trabajar. También informa que tanto en las economías industrializadas como en los países en desarrollo los jóvenes tiene más probabilidades de encontrar un trabajo temporal, parcial o intermitente, e inseguro.

Además de los problemas que plantean el desempleo y el subempleo, los jóvenes deben enfrentarse a otros obstáculos, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable a las influencias sociales, económicas, físicas y psicológicas. En muchos países en desarrollo existen numerosos jóvenes que nunca terminan la escuela secundaria; unas dos terceras partes de los estudiantes que abandonan la escuela son niñas, y menos de una cuarta parte de las niñas asisten a la escuela secundaria. Además, la mayoría de personas que han contraído recientemente el VIH/sida son jóvenes, con una tasa de infección más elevada entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes. Junto con la edad, otros factores, que contribuyen a que los jóvenes sean especialmente vulnerables son la discapacidad, el origen étnico y social y la situación geográfica.

El empleo de los jóvenes también es el vínculo más evidente entre el desarrollo y los programas relativos a la seguridad que se incorporaron en la Declaración del Milenio. El aumento del empleo es una clave para reducir las tensiones que se ocultan detrás de diversas cuestiones relativas a la seguridad, así como otros problemas sociales como la migración ilegal, la trata de personas, la desigualdad entre los géneros y la pobreza

El Grupo de Alto Nivel sobre el empleo de los jóvenes ha recomendado que los países adopten un enfoque integrado para desarrollar políticas de empleo. De hecho, la mayoría de los estudios presentados se centraron en la oferta, es decir, en la cuestión de la preparación de los jóvenes para el mercado de trabajo a través de la educación básica, la formación profesional y el desarrollo empresarial. Sin embargo, algunos Estados miembros plantearon que también es necesario ofrecer nuevas oportunidades de trabajo, tanto a través de los planes de creación de empleo como de la transformación del trabajo del sector no estructurado. Los países que hicieron hincapié en la adopción de un enfoque integrado respecto del empleo de los jóvenes se centraron en el desarrollo de un sector privado competitivo que fomentara la inversión tanto extranjera como local, promoviera el espíritu empresarial y mejorara la aptitud para el empleo de la mano de obra y la igualdad de oportunidades, al tiempo que intentaba reducir la tasa de desempleo a largo plazo. Las políticas de empleo de jóvenes no sólo se limitan a las políticas activas del mercado de trabajo, sino que se extienden a las políticas sociales, educacionales, fiscales, empresariales y regionales.

Varios gobiernos informaron sobre medidas en materia de política y estrategias de inversión para promover la creación de empleo. Entre los ámbitos principales se incluyen el desarrollo de infraestructura de gran densidad de mano de obra, los incentivos fiscales y de otro tipo para el desarrollo empresarial y el fomento de sectores económicos con posibilidades de generar empleo, como la agricultura, el sector de los servicios y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Brasil informa sobre su programa de creación de empleo mediante subvenciones financieras. Por cada nuevo puesto de trabajo que se crea hay un incentivo financiero por valor de mil 500 reales. El programa se seguirá de cerca a fin de garantizar condiciones de trabajo dignas para los jóvenes recién contratados. La empresa que está dispuesta a participar en el programa sin recibir incentivos a cambio es reconocida públicamente por el Ministerio de Trabajo y Empleo como ``Empresa asociada al Programa Primer Empleo''.

Las políticas de empleo de los jóvenes de las que se ha informado se han centrado en gran medida en la oferta. Muchos países informan sobre iniciativas para hacer que la enseñanza general esté más centrada en el empleo. Otros señalan la importancia de ayudar a los jóvenes a crear sus propias oportunidades de trabajo mediante el trabajo por cuenta propia y el fomento del espíritu empresarial. Se realizan grandes inversiones para actualizar y reevaluar constantemente los programas de formación profesional, centrados no sólo en el trabajo tradicional, sino también en el desarrollo de las aptitudes necesarias en un mundo en que los jóvenes deben hacerse a la idea de que cambiarán a menudo de trabajo y de profesión durante su vida laboral.

Es probable que esas medidas, encaminadas a preparar mejor a los jóvenes para el mundo del trabajo, fracasen, a menos que vayan acompañadas de políticas que verdaderamente creen oportunidades de empleo nuevas para los jóvenes que entran al mercado de trabajo. Mientras que muchos países hablan de un desequilibrio entre las aptitudes y los tipos de oportunidades disponibles en el mercado de trabajo; el problema general del empleo de los jóvenes está relacionado con la incapacidad de la mayoría de las políticas económicas para crear oportunidades de empleo que estén a la altura de las expectativas y las aspiraciones de los jóvenes. En vez de pedir a las nuevas generaciones que rebajen sus expectativas, los encargados de formular políticas deberían tratar de fomentar un crecimiento económico de gran densidad de empleo desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa.

Por consiguiente, las políticas encaminadas a fomentar la aptitud para el empleo y el espíritu empresarial deben ir acompañadas necesariamente de medidas para estimular la demanda y crear puestos de trabajo adicionales. En términos más generales, la creación de empleo debe convertirse en un objetivo central, no en una consecuencia de las políticas gubernamentales en favor de la inversión y del crecimiento económico.

El empleo de los jóvenes no debe verse desde la perspectiva de un grupo específico ni simplemente como un subtema del mercado de trabajo. Si los encargados de formular políticas centran sus esfuerzos, en primer lugar, en crear oportunidades sólidas de empleo para los jóvenes, es de suponer que los resultados repercutan de forma sostenible en el grupo de los jóvenes a lo largo de su vida y que beneficien también a otros grupos de edad. En vez de adoptar políticas en favor de los jóvenes que vayan en detrimento de otros grupos de edad, las políticas en favor del empleo de los jóvenes deben promoverse con el propósito de mejorar la situación de todos los grupos de edad del mercado de trabajo.

En México, el 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994, el cual prevé en su artículo primero la posibilidad de disminuir, de la utilidad fiscal determinada para los pagos provisionales, el importe de la deducción inmediata por realizarse en el ejercicio.

La definición de estímulos fiscales establece un conjunto de apoyos gubernamentales que se destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas, a través de mecanismos tales como devolución de impuestos de importación a los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas impositivas, exención parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, etcétera. Lo que conlleva el cumplimiento de una política de estado cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la sociedad a la que se debe.

El estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente; para que éste pueda aplicarlo deberá ubicarse en una situación especial, establecida en abstracto por la disposición legal y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente de acogerse a dicho estímulo.

La expresión ``carácter parafiscal'' tiene dos significados, el primero se refiere a que al aplicar el estímulo se obtengan efectos que trasciendan de la esfera personal del contribuyente al ámbito social o general (ejemplo: estímulos para la construcción de vivienda de interés social aparte del beneficio para el contribuyente constructor también se logra un paliativo al grave problema de escasez de vivienda en el país).

El segundo significado se relaciona con el hecho de buscar la justicia tributaria a través de resarcir a los contribuyentes de los efectos económicos negativos de la inflación. El estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en un crédito o en una deducción que el beneficiario hace valer a su favor.

Ante esto, es importante entender que, a través de la historia de este país, se han venido estableciendo políticas de desarrollo a sectores o a grupos minoritarios que de otra manera estarían en desventaja competitiva o de oportunidades frente a las condiciones establecidas por los grupos hegemónicos.

Así, podemos considerar el decreto del presidente José López Portillo, del 19 de marzo de 1982, que establecía los estímulos al fomento de la capacitación y el adiestramiento dirigido a los jóvenes trabajadores, que en el crecimiento demográfico y económico del país provocó el fenómeno de desplazamiento de zonas rurales a las concentraciones urbanas; y que se tradujo a su vez en fuertes presiones a la infraestructura educativa y arrojó la precipitada incorporación temprana de hombres y mujeres jóvenes al trabajo.

Mucho se dice respecto a que los jóvenes son el futuro de México, cuando éstos son un presente muchas veces lastimoso y marginal. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el censo realizado en 2005, la población entre 0 a 24 años era de 50 millones 723 mil 754, y representaban el 49.1 por ciento del total, es decir, de cada 10 habitantes 5 son menores de 25 años; y 6 son menores de 30 años.

De estos, el porcentaje de la población de entre 5 y 29 años que asiste a la escuela representa el 29.6 por ciento del total de habitantes; es decir, 3 de cada 10, con edades comprendidas entre los 5 y 29 años asisten a la escuela. Pero esto se agrava cuando se cruza la información de los egresados de universidades y tecnológicos, que representan el 13.6 por ciento de la población total que asiste a la escuela, sólo el 1.3 de cada 10 termina su Universidad.

De un total de 71 millones 613 mil 284, la población económicamente activa de 14 años o más representa el 58.7 por ciento, según datos del INEGI del último trimestre de 2006; es decir, poco más de la mitad se encuentra con empleo fijo o formal; sin embargo, un poco más de la mitad de éstos gana entre 1 y 3 salarios mínimos, y la mayoría de los jóvenes entre 14 y los 25 años tiene un empleo informal.

Las posibilidades de creación de empleos adecuados están determinadas por las características y comportamiento de la economía nacional; sin embargo, ha sido una promesa de quien ahora es el Presidente de la República estimular el empleo para los jóvenes.

Por lo anterior descrito, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 229. El patrón que contrate a mujer u hombre cuya edad se encuentre entre los 18 y 29 años, y sea para un nuevo puesto de trabajo, podrá deducir de sus ingresos, hasta durante un año como máximo, un monto equivalente a 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, y reciba del IMSS la constancia de alta como nuevo puesto de trabajo del empleador.

Transitorios

Primero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá la obligación de otorgar a los patrones que inscriban ante dicho instituto a trabajadores entre los 18 años y hasta 29 años, un certificado que señale el nuevo puesto del empleador.

Segundo. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Jericó Abramo Masso. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sonido a la curul del diputado José Murat, por favor.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Murat(desde la curul): Presidenta, su servidor José Muratle solicita que verifique el quórum porque hay evidencia de que no existe tal cosa en este Pleno.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Conforme lo ha solicitado el diputado José Murat, en términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum; mientras tanto continuará el desarrollo de la sesión.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Quiñones Canales , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Lourdes Quiñones Canales:Con su permiso, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la comisión ordinaria de protección civil, a fin de legislar e implantar estrategias que beneficien a la población en materia de protección civil, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

Los cambios climáticos que se presentan en el planeta ocasionan que se presenten desastres naturales de gran impacto en los países y las regiones que los padecen. México no está exento de estos fenómenos; prueba de ello son los desastres ocasionados por los huracanes que han azotado nuestras costas.

Sin embargo, no sólo los desastres son originados por la naturaleza: existen riesgos asociados a acciones del hombre, los cuales repercuten de manera importante en la seguridad de la sociedad, como los fenómenos de origen sanitario que en la mayoría de las ocasiones se presentan en regiones consideradas pobres o marginadas.

Otro tipo de riesgos se propician con motivo del avance tecnológico, además de los que originan por la generación y manejo de energía. De igual forma, la producción, el almacenamiento, el transporte y la utilización de productos químicos y sus derivados pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas y causar un severo daño al ambiente debido a lo obsoleto de las instalaciones y el equipo utilizados y su mal manejo.

Como consecuencia del desastre natural del terremoto de septiembre de 1985 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con lo que se da orden y congruencia a las dependencias y a las distintas disposiciones que permiten la cooperación entre las entidades federativas y el gobierno federal.

En congruencia con lo anterior, por acuerdo del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, el 30 de septiembre de 1997 se constituyó la Comisión Especial de Protección Civil, que se instaló formalmente el 8 de octubre del mismo año, con lo que se cumplieron los artículos 42 de la Ley Orgánica entonces vigente, y 65 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la protección civil en México.

De igual forma, es necesario analizar los problemas reales y potenciales tendentes al diseño de políticas públicas en la materia, de entre los que destacan los aspectos financieros y presupuestales en materia de prevención de desastres.

Esta comisión especial de protección civil desarrolló un intenso programa de trabajo, del cual dio puntual cuenta a esta soberanía. Destaca una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a fin de legislar en la materia. Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 30 de abril de 1998 y por la de Senadores el 11 de diciembre del mismo año; fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999. También, una iniciativa de Ley General de Protección Civil, cuyo proceso legislativo culminó, tras su aprobación unánime en ambas Cámaras, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000.

El caso que se presenta a esta tribuna sirve para ilustrar la problemática que se ocasiona con la desaparición de la comisión especial de protección civil, la cual tuvo a su cargo una encomienda amplia, asignada por el Pleno de esta soberanía, en diversas épocas de su accionar, que se materializó en numerosas situaciones de emergencia, así como su participación en distintas acciones de carácter preventivo, llevadas a efecto por el Sistema Nacional de Protección Civil.

La continuidad en el proceso legislativo en materia de protección civil es importante a fin de fomentar y promover la cultura de la prevención y de acciones elementales, de auxilio y recuperación inmediata de desastres. La difusión y la capacitación permitirán realizar convenios y enlaces con instituciones públicas y privadas, así como tener mayor colaboración con otros países, siempre en el marco de la ley, implantando planes y programas, y las acciones relativas que adquieran una perspectiva de gran alcance, y de esa manera responder a las necesidades de la población.

La protección civil es un componente fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana. Debemos contar con herramientas que permitan prevenir tragedias que ocasionen pérdidas humanas. Es importante contar con mecanismos que permitan la atención oportuna ante los desastres y, de igual forma, es trascendental destinar recursos suficientes para la materia, así como diseñar políticas públicas que permitan hacer frente a dichos desastres.

La suma de los anteriores elementos nos permitirá contar un sistema de protección civil sólido y en congruencia con las necesidades actuales.

Hace 30 años no se hablaba de protección civil en México; hace 25 no se hablaba de legislar en materia de protección civil en el Congreso de la Unión. Nuestro país requiere órganos que agilicen el trabajo legislativo y que se tomen medidas para salvaguardar la seguridad de millones de mexicanos. Es de importancia primordial tener y promover una cultura de la prevención para reducir los efectos de los desastres en el país.

Es importante contar con un espacio de discusión en el que los legisladores participen y sean escuchadas sus propuestas, lo cual se logrará mediante el establecimiento de una comisión ordinaria en las comisiones y los comités donde se analizarán, evaluarán y ponderarán los casos en los individual para poder tomar mejores decisiones y diseñar estrategias adecuadas sobre criterios suficientemente sustentados. Pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Decreto

Único. Se adiciona una fracción XXIX y se recorre el orden de las fracciones en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39

1. Las Comisiones son...

2. La Cámara de Diputados cuenta con...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Protección Civil;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXVI. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Lourdes Quiñones Canales . Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Muchas gracias. Pedirle, señora Presidenta que se inscriba en sus términos esta iniciativa de la cual sólo formularé algunos breves comentarios.

Quiero destacar en primer término, compañeras y compañeros diputados, que el pasado 29 de septiembre presenté una iniciativa similar con la consideración de que existe la necesidad, el imperativo de descentralizar la vida nacional a partir de la ampliación y redistribución de las participaciones federales, motivo de esta iniciativa; la reforma al rubro de Aportaciones federales, al Ramo 33, para consolidar la descentralización de los servicios de educación, salud y seguridad pública; la ampliación del Fondo de Infraestructura Social del Ramo 33; la inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en la Ley de Coordinación Fiscal, cuestión que ya se aprobó en esta Cámara, pero que no incluyó el establecimiento de una proporción asignable a los municipios; la incorporación del Programa de Infraestructura para los Pueblos y Comunidades Indígenas al rubro de aportaciones del Ramo 33, y la descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente al gasto federalizado.

Esta iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público en las condiciones que todos vivimos en ese mes de diciembre y reconociendo el esmero, el empeño, el trabajo de los integrantes de esa Comisión.

Cabe destacar, no obstante, que en el capítulo de Consideraciones no se abordó el fondo de la iniciativa que en su momento presentamos. No se argumentó ni a favor ni en contra. Es decir, virtualmente se omitió el dictamen de la propuesta en su especificidad.

Entendemos que esta situación se da a partir de las propias condiciones de excepción en las que se presentó al Pleno el dictamen, así como de la decisión de dejar este tema para las negociaciones de la reforma integral hacendaria que habrá de pactarse para el bien del país en los próximos meses. Tan es importante volver a este tema que quisiera mencionar brevemente dos aspectos: El primero es que ha recibido esta Asamblea, por parte del Senado de la República, una nueva iniciativa del senador Alfonso Elías Serrano, del grupo parlamentario del PRI, donde vuelve sobre este mismo tema, profundiza sobre los argumentos que hacen indispensable reordenar, redistribuir los recursos entre los tres órdenes de gobierno y propone concretamente aumentar las participaciones federales de 20 a 22.5 por ciento del Fondo General de Participaciones.

El día de hoy, compañeros, estamos recibiendo el informe de la Secretaría de Hacienda de las participaciones federales que están siendo entregadas a los estados, a las entidades federativas durante los meses de enero y febrero.

En los meses enero-febrero 2007 se transfirieron 53 mil 721 millones de pesos, en tanto que en el mismo periodo de 2006 se transfirieron 58 mil 919 millones de pesos. Si sumamos esta diferencia a la disminución que se dio el mes de diciembre, estamos hablando que de diciembre a febrero se han reducido las participaciones en más o menos 30 por ciento.

La situación está en que las entidades federativas de alguna forma tienen posibilidad de compensar estas caídas, pero no los municipios ---y hoy tenemos una crisis en los municipios gobernados por todos los partidos--- que han visto reducidos sus ingresos, que han tenido que hacer recortes administrativos, operativos, de personal y que los hemos puesto, por falta de determinación del Ejecutivo y del Legislativo, en una situación vulnerable en tanto que repartimos las grandes bolsas de recursos en nuevos programas o entre las dependencias federales y las entidades federativas.

Es por esta razón que he decidido reiterar la petición a esta Asamblea, para que entremos a propósito de la reforma hacendaria que supuestamente habremos de pactar en los próximos meses ---y ojalá sea así--- a tocar a fondo este tema de las participaciones a los estados y a los municipios, particularmente lo que se refiere a establecer en la Ley de Coordinación Fiscal que las participaciones que reciban los municipios no serán menores que 30 por ciento de lo que reciban las entidades federativas.

Compañeras, compañeros diputados. Reitero que debemos asumir que la distribución de recursos es un reflejo de los términos en que se comparte el poder público entre los tres órdenes de gobierno, pero también en que se comparten las responsabilidades para sacar adelante a esta nación.

Su complejidad y el interés que entraña para la vida de los municipios y de los pueblos son de enorme trascendencia. Si algún reclamo recibimos en la reciente jornada cívica, para la renovación de los Poderes, fue la indignante falta de recursos para atender las necesidades más elementales de las comunidades, de las colonias populares, de los pueblos, la notable falta de respuesta de los ayuntamientos para hacer frente al crecimiento urbano y al rezago de las poblaciones rurales y la estrechez de los programas centrales para ofrecer opciones que compensen esa falta de ingresos; ese desequilibrio entre los tres órdenes de gobierno.

Por lo tanto, pido a ustedes que en las deliberaciones de la Comisión de Hacienda, y a propósito de la reforma hacendaria, asumamos nuestra responsabilidad ante la nación, promoviendo una amplia descentralización de recursos a favor de los municipios. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

Durante el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura, me permití presentar un conjunto de iniciativas de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para el fortalecimiento de las finanzas de los estados y los municipios. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara presentó el 16 de diciembre de 2006 un dictamen de estas iniciativas. En él se menciona sus motivaciones en la exposición de motivos pero sin entrar al fondo del asunto propuesto, que tiene que ver con la redistribución de los recursos públicos entre los tres ordenes de gobierno. Tal es el caso de la iniciativa de adición a los artículos 2o. y 6o. de la citada ley, dirigida a aumentar las participaciones federales a los estados y los municipios, que me permití presentar en la sesión del 29 de septiembre de 2006. Considerando que los agravantes que motivaron esta iniciativa no se atendieron con las reformas aprobadas por el Congreso y que el deterioro actual de las finanzas de los municipios denota un alto grado de vulnerabilidad, estimo que es pertinente y necesario presentar nuevamente la iniciativa en comento. Lo anterior, en el marco del debate sobre la reforma hacendaria que próximamente habrá de iniciarse.

I. Contenido de la iniciativa presentada el 29 de septiembre de 2006

En la exposición de motivos de la iniciativa se asentó lo siguiente:

La Constitución de 1917, en los artículos 115 y 116, estableció el imperativo de acabar con el centralismo y construir un federalismo actuante, a partir del fortalecimiento de los estados y los municipios. Sin embargo, en el proceso de construcción de las instituciones y de las bases materiales del desarrollo de la nación; primero las entidades federativas quedaron supeditadas a las decisiones centrales. Posteriormente, cuando se dieron avances en la descentralización de recursos y facultades de la federación a los estados, fueron los municipios los que enfrentaron las inercias concentradoras, respecto de los gobiernos de los estados.

En tal contexto, debemos asumir que la distribución de los recursos de la hacienda pública es un reflejo de los términos en que se comparte el poder público entre los tres órdenes de gobierno. De ahí su complejidad y el interés que entraña para la vida de los municipios y de los pueblos. Si algún reclamo recibimos en la reciente jornada cívica para la renovación de los poderes, fue la indignante falta de recursos para atender las necesidades elementales de las comunidades y las colonias populares; la notable falta de capacidad de respuesta de los ayuntamientos para hacer frente al crecimiento urbano y al rezago de las poblaciones rurales; la estrechez de programas centrales como Hábitat o el Programa de Infraestructura en las Comunidades Indígenas; la actitud de funcionarios federales o estatales que entregan recursos y ejecutan obras sin atención ni respeto a los ayuntamientos; en fin, el inaceptable peregrinar a que se ven obligados los comités de obras, los presidentes municipales, las autoridades subalternas o los propios legisladores ante la centralización de los recursos.

Hoy en día la transferencia de recursos a estados y los municipios se integra en el denominado Presupuesto federal descentralizado que ha evolucionado a partir de las iniciativas y los acuerdos parlamentarios que han sintetizado la búsqueda de un equilibrio justo y razonable en el reparto de los recursos públicos. El gasto federalizado se integra por a) las participaciones federales (Ramo 28); b)la aportaciones federales (Ramo 33); c) los convenios de descentralización que, a mi juicio, constituyen un esquema limitado de desconcentración, toda vez que las reglas de operación establecidas por el propio Ejecutivo federal son excesivamente centralistas; d) previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos (Ramo 25; y e) el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas (Ramo 39).

La construcción de estos instrumentos ha sido gradual. En 1982, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 115 constitucional que amplió las facultades de los ayuntamientos y provocó una redistribución de los recursos fiscales. En 1990 se inicia la descentralización de los servicios de educación y de salud, aún con vacíos en el financiamiento a cargo de los estados. En 1996 se da otro paso fundamental al incorporarse a la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente estatal y municipal y, posteriormente, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

En materia de financiamiento a los municipios no ha habido, desde entonces, una medida de esa magnitud que contribuya a materializar la libertad que la Constitución de la República consagra a los municipios. Por el contrario, los fondos de aportaciones a los municipios han sido el pretexto para que la federación y no pocos estados transfieran responsabilidades a los ayuntamientos sin que exista la correspondiente transferencia de recursos.

(...)

En consecuencia, la reforma hacendaria, para fortalecer estados y municipios, tiene que ser de carácter integral y someter a revisión el conjunto de instrumentos que inciden en las finanzas locales como son:

La ampliación y redistribución de las participaciones federales, motivo de esta iniciativa;

La reforma a el rubro de aportaciones federales (Ramo 33), para consolidar la descentralización de los servicios de educación, salud y seguridad pública;

La ampliación del Fondo de Infraestructura Social del Ramo 33;

La inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal y el establecimiento de una proporción asignable a los municipios;

La incorporación del programa de infraestructura para los pueblos y comunidades indígenas al rubro de aportaciones (Ramo 33);

La descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente gasto federalizado.

Es por estas razones que proponemos iniciar un proceso riguroso de debate y de presentación de iniciativas, con una primera definición respecto a la ampliación del Fondo General de Participaciones, que hoy es de 20 por ciento de la recaudación federal participable, para incrementarlo a 25 por ciento. Además, se propone que la proporción mínima, independientemente de que las legislaturas de los estados han establecido rangos diversos, de las participaciones asignables a los municipios sea de 30 por ciento. De esta manera, por un lado se garantiza el fortalecimiento de las finanzas de los estados, aspecto crucial para mantener su orden interno y, a la vez, se acercan las soluciones a los pueblos y a las comunidades, a través de los ayuntamientos más fortalecidos.

II. Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público

El dictamen presentado y aprobado por esta Cámara el 18 de diciembre expuso entre otros razonamientos lo siguiente:

El diputado Alberto Amador Leal comenta en su iniciativa que en materia de financiamiento a los municipios no ha habido una medida que contribuya a materializar la libertad que la Constitución consagra a los municipios, sino por el contrario, los fondos de aportaciones a los municipios han sido el pretexto para que la federación y varios estados transfieran responsabilidades a los ayuntamientos sin la correspondiente transferencia de recursos.

Asimismo, el diputado Amador Leal indica que el gasto federalizado creció 25 por ciento de 2000 a 2006, en tanto que el Ramo 33 y el Ramo 28 lo hicieron únicamente en 15 por ciento, y la posición del Ramo 28, ``Participaciones a Entidades Federativas y Municipios'', pasó de 46.8 por ciento del gasto descentralizado a 45.3 por ciento, y el Ramo 33, del 47.8 al 45.4 por ciento.

Agrega la iniciativa que los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, Ramo 33, 81 por ciento lo administran los gobiernos estatales: 63 por ciento en materia de educación básica; 12 por ciento en servicios de salud; 3 por ciento en múltiples actividades; 1 por ciento en seguridad pública; 1 por ciento en educación tecnológica y de adultos; y 1 por ciento para infraestructura social estatal. En tanto que para el ámbito municipal, las aportaciones representan 19 por ciento: 10 por ciento para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones del DF, y 9 por ciento para la infraestructura social municipal. Además, el Ramo 33 es la principal fuente de ingreso en la mayoría de los gobiernos municipales, ya que representa 43.11 por ciento de sus ingresos en promedio.

La iniciativa del diputado Amador Leal plantea la ampliación del Fondo General de Participaciones que hoy es de 20 por ciento de la recaudación federal participable a 25 por ciento, y que la proporción mínima de las participaciones asignables a los municipios sea de 30 por ciento, mediante la reforma de los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que se garantiza el fortalecimiento de las finanzas de los estados. Hasta aquí la cita.

En el capítulo de consideraciones la comisión no aborda el fondo de la iniciativa al no formular opiniones ni a favor ni en contra. Es decir, omite dictaminar la propuesta en su especificidad. Entendemos que esta situación se da a partir de las propias condiciones de excepción en las que se presentó al Pleno el dictamen, así como a la decisión de dejar este tema para las negociaciones de la reforma integral hacendaria que habrá de pactarse en los próximos meses.

III. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el Senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del PRI

En sesión del 12 de marzo esta Cámara recibió la iniciativa con proyecto de decreto del senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para incrementar el Fondo General de Participación de 20 por ciento a 22.5 por ciento de la recaudación federal participable.

La iniciativa del senador Alfonso Elías Serrano vincula el monto de las participaciones con el conjunto de disposiciones que limitan la dimensión del Fondo General de Participaciones y propone las reformas complementarias. En todo caso, los argumentos del legislador enfatizan la persistencia de la iniquidad en la distribución de recursos entre los tres órdenes de gobierno.

IV. Propuesta

Además de lo anterior, cabe destacar que las participaciones federales se han disminuido de manera considerable, a partir de diciembre de 2006, sin que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hayan informado sobre esta grave situación. Particularmente las finanzas de los municipios enfrentan una situación de inestabilidad al no tener forma de compensar la caída en sus ingresos. El despido del personal y el recorte de asignaciones para obra pública y programas sociales están, además, generando condiciones de ingobernabilidad en la célula misma del sistema político.

Los gobiernos de los estados también se han visto afectados y han recurrido a créditos o a la utilización de otros fondos para atenuar los efectos de la caída en las participaciones federales. En tanto que el gobierno federal aumentó el gasto corriente y de inversión a su cargo, acrecentando el proceso concentrador de los últimos años. De modo que enfrentamos una situación injusta en la distribución de los recursos federales cuya corrección amerita decisiones urgentes e impostergables.

En consecuencia de lo anterior, me permito proponer el siguiente

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifican los párrafos primeros de los artículos 2o. y 6o. de La Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Articulo 6o. Las aportaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado...

Transitorio

Único. Los recursos adicionales necesarios provendrán de la reducción del gasto corriente del gobierno federal y de la supresión de programas federales que tengan por objeto acciones que sean competencia de los estados y los municipios.

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal . Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y se inscribe la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates, tal y como lo ha solicitado el ciudadano diputado.

VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 412 diputadas y diputados. Hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias. Esta Presidencia, a nombre del Pleno, da un cordial saludo a los diputados de la LV Legislatura del Congreso del Estado de México que se encuentran presentes en esta sesión.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Con el permiso de la Presidencia.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población.

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley General de Población, en materia de respeto a los derechos humanos de los extranjeros en su aseguramiento, traslado y tiempo de alojamiento en las estaciones migratorias, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano ha firmado tratados internacionales e impulsado el respeto de los derechos humanos de los migrantes en las instituciones internacionales protectoras de estos derechos.

Asimismo, el responsable de la oficina de los derechos humanos de la ONU es un destacado mexicano, por lo tanto nuestro país está comprometido con la defensa de estos derechos y las autoridades, como el Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene la responsabilidad de atender este sistema de obligatoriedad de respeto a los derechos humanos de los migrantes.

El Partido Revolucionario Institucional ha estado impulsando desde hace mucho tiempo la defensa y respeto de los derechos humanos y ha contribuido al fortalecimiento de instituciones nacionales e internacionales defensoras de estos derechos; por tal motivo, nos preocupan los informes de que han dado cuenta instituciones y organizaciones de la sociedad civil, respecto a la grave violación de los derechos humanos de los migrantes en nuestro país.

La frontera con Estados Unidos, es un ejemplo extremo de tráfico de personas de origen mexicano y de otras latitudes del mundo, que se manifiesta en gran parte por la grave corrupción entre autoridades migratorias y corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. Este grave problema también tiene su fuente en organizaciones internacionales que operan en nuestro país y que se dedican al tráfico de personas, contando con infraestructura suficiente para realizar traslados de migrantes de diversos países hacia Estados Unidos.

Otra denuncia recurrente es la falta de infraestructura en las estaciones migratorias, que continúan careciendo de elementos mínimos que permitan dar alojamiento y un trato digno a las personas migrantes que ahí permanecen aseguradas. En muchos de esos establecimientos existe una concepción enteramente compatible con el sistema carcelario, debido a que las estaciones operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que hacen funciones de camastro, características que corresponden más a las de centros de internamiento que a los de alojamientos administrativos.

Lo anterior se agrava porque los periodos de aseguramiento pueden prolongarse durante varias semanas, o incluso meses. Extorsiones, maltrato y, en ocasiones, hasta abuso sexual son algunas de las conductas detectadas en esos lugares. Las personas de este grupo vulnerable son víctimas frecuentes de pandilleros, que los asaltan y agreden e incluso los hacen participar en incidentes provocados que les ocasionan lesiones y mutilaciones.

Se ha evidenciado en múltiples ocasiones, a través de los medios de comunicación, la grave violación de los derechos humanos de los mexicanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos por parte de sus autoridades migratorias, al sufrir vejaciones, golpes, maltrato físico y psicológico, pero también por las nulas posibilidades de poder tener una defensa jurídica que proteja sus derechos; de igual forma, en nuestro país muchos migrantes extranjeros sufren violaciones de sus derechos humanos, en similitud con lo que ocurre a los mexicanos migrantes en Estados Unidos, por lo que el sentido de la iniciativa que presento ante esta soberanía es que el Estado mexicano atienda el contenido de los tratados Internacionales que en materia del respeto a los derechos humanos de los migrantes ha signado y que han sido ratificados por el Senado de la República; asimismo, esta iniciativa busca que se fortalezca el andamiaje jurídico de las instituciones responsables de atender a los migrantes que se encuentra en territorio nacional y se comprometan al estricto respeto de los derechos humanos.

El pasado 13 de marzo compareció ante el pleno de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación la licenciada Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, quien reconoció las graves violaciones de los derechos humanos que se han suscitado en las estaciones migratorias; asimismo, comentó que, a pesar de un gran número de cursos capacitación en materia de derechos humanos que se han proporcionado al personal del instituto que dirige, no han sido suficientes para poner un alto a las actitudes violatorias de los funcionarios públicos del Instituto a su cargo.

La comisionada solicitó el apoyo de los diputados federales para el fortalecimiento de las leyes y reglamentos, con la finalidad de dar mayor fuerza institucional y poder atender eficazmente el grave problema de la violación a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en nuestro territorio.

Esta iniciativa que presento ante esta soberanía, sin duda fortalece los mecanismos de respeto y exigibilidad de los derechos humanos de los migrantes, atiende los reclamos de las organizaciones civiles protectoras de estos derechos y hace suyas las observaciones y recomendaciones que los informes de instituciones nacionales e internacionales han emitido respecto a la grave violación de los derechos humanos de los migrantes en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley General de Población, en materia de respeto a los derechos humanos de los extranjeros en su aseguramiento, traslado y tiempo de alojamiento en las estaciones migratorias.

Artículo Único. Se reforma el artículo 71 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la república que estime conveniente para alojar en las mismas, como medida de aseguramiento --si así lo estima pertinente--, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquéllos que deben ser expulsados.

En el aseguramiento, traslado y alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias, se respetarán y protegerán sus derechos humanos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Como lo pidió el ponente, se inscribe la iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Morales García , del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La diputada Elizabeth Morales García:Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, sin duda el futbol es uno de los deportes más populares en el mundo y por supuesto en nuestro país, México. También es uno de los deportes que generan mayor pasión. Desafortunadamente, en las últimas fechas se han generado hechos de violencia que van en incremento.

La violencia sin duda también es multifactorial y responde a la violencia que se está dando en lo general en los diversos ámbitos de la sociedad mexicana. Por eso nuestra responsabilidad de trabajar para poder apoyar en impulsar la generación de empleos, la oportunidad de estudios para los niños y los jóvenes, el combate a la drogadicción y a la delincuencia, y por supuesto, la oportunidad de expresión positiva entre los jóvenes.

Pero también es necesario trabajar en aquellos hechos particulares que generan la violencia en los estadios. Según el Consejo Iberoamericano clasifica por su orden y peso a los factores que promueven la violencia en el deporte en el siguiente orden:

1. Grupos de fanáticos; 2. Declaración de jugadores; 3. Medios de comunicación social; 4. Frustración social; 5. Declaraciones de dirigentes; 6. Connotaciones políticas y económicas; 7. Infraestructura inadecuada; 8. Criterios de los árbitros; 9. La ingesta de alcohol; 10. Agrupamientos humanos; 11. Ausencia o ineficiencia de los contingentes policiales; 12. Una sociedad mal educada en este sentido, y por supuesto, que no existan medidas punitivas que desa-lienten a cometer delitos, entre otros.

En este sentido la Federación Mexicana de Futbol ha tomado algunas medidas inmediatas que todos conocemos, como que las barras no puedan entrar por el momento como visitantes a los estadios; el que no puedan ingresar los trapos, en el que tengan que registrarse, sobre todo los grupos de animación para poder entrar nuevamente a los estadios y el que no se les den los boletos regalados, para poder controlar este problema. Sin embargo hay mucho más por hacer.

Por eso la Conade el día de mañana, a través de su director, Carlos Hermosillo, ha elaborado un seminario contra la violencia, de donde seguramente saldrán muchas propuestas que estaremos en la oportunidad de trabajar los compañeros de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados y también del Senado, que estaremos presentes.

Pero los juegos son cada semana, la violencia es preocupante. En el mundo entero ha habido heridos, lastimados, incluso hasta muertos. Por eso en esta Cámara de Diputados, la Comisión de Juventud y Deporte además de reunirse con la Federación Mexicana de Futbol, nos hemos reunido con diversos actores, entre ellos incluidas las barras que sabemos que existen, los grupos de animación que existen, las porras ---y que existen las barras---, incluso algunas barras no reconocidas por los mismos equipos a los que apoyan con sus cánticos, con su emoción, con su pasión.

Ellos están en la mejor disposición de sumar; y a nosotros, compañeros diputados, también nos toca poner lo que nos corresponde.

Por eso estamos trabajando en una reforma que ahora voy a comentarles. Esto sin duda no será la única ni será resolutiva en este problema, pero tenemos que ir construyendo al respecto.

Por eso someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo denominado De los delitos contra el deporte, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Libro Segundo. Título Vigésimo Séptimo, De los delitos contra el deporte. Artículo 430. Cuando una o varias personas de forma espontánea o de común acuerdo realicen actos de violencia en instalaciones deportivas, mediante los cuales perturben el evento, pongan en riesgo la integridad física del resto de los espectadores, causen daños a éstos o alteren las condiciones del inmueble serán castigados con una pena de 1 a 6 años de prisión y multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de que puedan ser sancionados por otros delitos que de ahí se deriven.

Artículo 431. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de mil a 3 mil días de salario mínimo vigente a quien organice eventos deportivos que no otorguen la seguridad necesaria para garantizar la integridad de los asistentes, deportistas, cuerpos técnicos y en general a toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones y que como consecuencia de dichas omisiones se produzcan los actos de violencia a que se refiere el artículo anterior.

Compañeros diputados. Les reitero que no son las únicas acciones y que además al ser este problema multifactorial, corresponde también a los dueños de los estadios, corresponde a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales donde están los estadios, corresponden a los cuerpos de seguridad, corresponde también a los árbitros, a los jugadores y a todos a quienes tenemos alguna injerencia en el deporte, participar para garantizar que cuando una familia vaya a un estadio a disfrutar de un partido, de un espectáculo deportivo, sea el que sea, y principalmente en este caso estamos hablando del futbol, puedan hacerlo en paz, en tranquilidad y salir muy felices para irse a casa todos juntos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal Elizabeth Morales García , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo denominado, ``De los Delitos Contra el Deporte'', del Código Penal Federal.

Exposición de Motivos

En la actualidad, el futbol llegó a consagrarse como un deporte profesional, masivo, normalizado, institucionalizado en forma de clubes-empresas, un mega-evento disfrutado por simpatizantes reales y virtuales. En donde los clubes han sumado a su primigenia condición de juego y deporte otras cualidades que lo han convertido en un negocio, un espectáculo, un producto de la mercadotecnia, un trabajo y uno de los espacios preferidos por las multitudes para descargar tensiones.

Considerando estas particularidades, el argumento que subyace, entiende que el futbol en México ha obrado en el curso de su historia como un medio cultural permitiendo a los sujetos imaginarse unidos a un mismo designio, propiciando la creación de narrativas. Al mismo tiempo, que fortalece ideas de corte integracionistas que estimulan sentimientos afines entre los habitantes de una ciudad, estado o del país.

Como se sabe, numerosas son las actividades deportivas practicadas en estos tiempos; sin embargo, es el futbol y no otro deporte, el que genera y despierta intensos sentimientos, excitación, fanatismo y pasiones encontradas entre las personas. El futbol es excepcional en haber logrado instituirse en uno de los pocos deportes (o quizá el único) que ha sorteado cualquier tipo de barrera, generacional, de género, económica, política e, incluso, religiosa.

El futbol es el deporte más difundido en México, donde su práctica no reconoce fronteras económicas, religiosas o étnicas. En modernos estadios o en la calle, es la actividad que despierta y moviliza mayores pasiones entre los mexicanos. Su origen se remonta a fines del siglo XIX cuando el futbol constituía una práctica exclusiva de un grupo social integrado por inmigrantes británicos y personas de la elite criolla local. Por entonces, este entretenimiento era cultivado en clubes sociales, instituciones que habían sido creadas para el esparcimiento y recreación de estos grupos; sin embargo, en pocos años el futbol lograría superar los límites sociales y culturales impuestos, para consagrarse como la actividad deportiva preferida por la mayoría de la población.

Sin embargo, los actos de violencia se han ido apoderando con mayor frecuencia de todo tipo de espectáculo deportivo siendo los estadios de futbol los más afectados; en donde la violencia en su significado más amplio se entiende como la cualidad de violento. Y ``violento'' es lo que se ejecuta fuera de razón y justicia. Tienen una raíz común con ``violar'', que significa: infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa.

Se dice que la violencia es una enfermedad infectocontagiosa, en donde ésta ha encontrado un lugar privilegiado para hacerse visible en la sociedad y en todo el mundo, donde su erradicación se percibe cada vez más lejana, actualmente la encontramos en el deporte más popular de todos los continentes, el futbol, en donde ya es parte de la agenda pública, por lo cual la violencia se ha convertido en un problema de Estado.

El consejo iberoamericano clasifica, por su orden y peso, los factores que promueven la violencia en el deporte:

1) Grupos de fanáticos.

2) Declaración de jugadores.

3) Medios de Comunicación Social.

4) Frustración social.

5) Declaraciones de dirigentes.

6) Connotaciones políticas y económicas.

7) Infraestructura inadecuada.

8) Criterio de los árbitros.

9) Ingesta de alcohol.

10) Agrupamientos humanos.

11) Ausencia o ineficacia de los contingentes policiales.

12) Sociedad maleducada y, por supuesto, que no existan medidas punitivas que desalienten a cometer el delito, entre otros.

En los años recientes, se ha hecho evidente un incremento alarmante en el nivel de violencia en diferentes competencias y eventos de carácter deportivo, en donde no se distingue la pequeña línea que separa la emoción controlada, de la pasión desenfrenada.

Los actos de violencia que rodean al futbol son historia vieja y repetida, que se ha espectacularizado en el deporte. No hay jornada en el mundo en que no haya riñas, trifulcas, heridos y hasta muerte y sangre que ensucian los más íntimos rincones del deporte. Las soluciones para revertir la violencia en este orden en México y en el mundo, no parecen dar respuesta a este grave problema, que cada vez se da con mayor frecuencia dentro del futbol mexicano, en donde el gran negocio económico que este deporte representa, parece ser más importante que la paz e integridad física de las familias que asisten, en forma cosetudinaria, a presenciar este espectáculo deportivo, lo cual resulta realmente grave ya que debería ser la seguridad de las y los mexicanos que asisten a este tipo de eventos la prioridad, tanto para los clubes deportivos y los dueños de los estadios, como para las autoridades correspondientes.

Aunque sabemos que las soluciones no son fáciles, podemos decir que tampoco son imposibles. Lamentablemente, en México la violencia pasa a segundo término para las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de las familias mexicanas que asisten a los partidos del futbol mexicano. Y sólo hay que ver los últimos sucesos que ocurrieron en el encuentro América contra Santos, donde La Monumental (porra del equipo América), golpea sin piedad a uno de los aficionados durante la segunda mitad del partido. Y como testigo, estuvo una de las principales televisoras del país, nos referimos a Televisa, sin embargo no hubo consecuencias legales para los responsables lo cual es inaceptable, ya que al no haber actuación legal por parte de las autoridades en contra de los responsables de estos actos violentos, la seguridad de las familias mexicanas que asisten a los estadios se vuelve cada vez más frágil.

Otros actos de violencia ocurridos en los meses de febrero y marzo del año en curso, son los que se presentaron en los estadios Morelos, de Morelia, y Victoria, de Aguascalientes; en el primero hinchas del club Morelia que jugaba con el club Tigres, se enfrascaron en una pelea intensa y de larga duración; y en el segundo seguidores del Necaxa (local) lanzaron piedras al ómnibus del Santos Laguna al terminar el encuentro entre ambos clubes en Aguascalientes.

Si bien los disturbios no son de gran magnitud, se unen a la indisciplina de aficionados de los Pumas de la UNAM que causaron destrozos en el estadio de Veracruz poco después de la derrota de su equipo.

La violencia, va en aumento en estadios hasta hace poco tranquilos como Colombia, Paraguay, Chile y México, entre otros países. En México, sin llegar a la gravedad de lo que sucede en Argentina o Europa, la violencia viene al alza en los estadios de futbol. Y aunque no se den clases de violencia en forma personal, la influencia de los hinchas violentos de Argentina en México es bien conocida, porque se imitan sus cánticos y también sus actitudes.

Tan sólo hay que destacar que el líder de los violentos de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, quien tiene miles de problemas con la justicia argentina desde hace años, dio a conocer en días pasados que hinchas de España, Colombia e inclusive México, se ``perfeccionan'' en lo que sería ``un posgrado en barra brava'' ofrecido por él mismo --y cobrando de mil a dos mil dólares por sesión. ``La 12 (barra brava de Boca) es como Harvard'', subrayó Di Zeo. Y afirma que dichos hinchas son pagados y apoyados por los clubes.

En tal virtud, resulta necesario que los dirigentes del futbol en coordinación con las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de forma inmediata, ya que si no lo hacen la violencia los rebasará en un tiempo no muy lejano como ya ha sucedido en países como Argentina e Inglaterra en donde la práctica de actos violentos y vandálicos han alejado a las familias del espectáculo futbolístico, al ser agredidos por estos grupos.

En México, existen más de 70 porras registradas oficialmente en la Federación Mexicana de Futbol, pero sólo 20 se autodenominan ``barras bravas'', y muchas de ellas son patrocinadas, aunque se diga lo contrario, por los mismos clubes, y entre las más agresivas están las del club América, de los Pumas y del Monterrey.

La violencia generada por este tipo de barras, ya no se limita al campo de juego, los hinchas desbordados llevan el caos a las calles o acuerdan citas en otras ciudades para desplegar sus desmanes, que terminan en ataques, vandalismo y hasta muerte. Cada vez hay más indicios de que los violentos están organizados y politizados, con vínculos a grupos racistas y extremistas.

Para evitar que la violencia siga en aumento es necesario adoptar medidas que la desincentiven, entre ellas se encuentran: la suspensión de apoyos a las barras y grupos de animación (boletos, transporte, alimentación) para que no asistan a los partidos de su respectivo equipo, en calidad de visitante.

En el marco del estado de derecho en que debieran desenvolverse las relaciones sociales de nuestra nación, resulta para todos inaceptable que cualquier individuo, solo o en grupo, bajo cualquier pretexto, ejerza actos de vandalismo y violencia al interior y exterior de cualquier instalación destinada para la realización de espectáculos deportivos, atentando y poniendo en riesgo la seguridad física de niños, mujeres y hombres que acuden a disfrutar de su deporte favorito.

Si realmente se desea recuperar los estadios y hacer del futbol un espectáculo familiar de nueva cuenta, la batalla contra la violencia y las llamadas barras deberá ser decidida, frontal y sin miramientos, las autoridades competentes deberán asumir el problema en su real dimensión, y entender que su ``guerra'' es contra un monstruo de mil cabezas que se multiplica sin control en los estadios de futbol.

De lo contrario, la violencia se seguirá multiplicando y fortaleciendo, evitando con ello que las familias vuelvan a los estadios a recuperar los espacios que realmente les corresponden. Porque el futbol, hoy en día, de ninguna manera puede considerarse un espectáculo familiar.

Por otra parte, se pueden considerar como principales responsables, de los problemas de violencia que se presentan en los estadios de futbol, a los organizadores, ya que sabiendo la clase de evento que realizan, y la pasión que estos generan, no toman en cuenta las medidas de seguridad apropiadas para evitar dichos actos.

Entre las acciones que se pueden tomar para erradicar la violencia de los estadios de futbol, están: que los clubes deportivos se comprometan con las autoridades para iniciar un proceso de entrega de credenciales, para tener un control real sobre las barras, sus líderes y todos sus integrantes; además de colocar cámaras de seguridad en todos los inmuebles, un acuerdo ya del pasado, pero que pocos cumplen cabalmente.

Otra acción sería endurecer los castigos para las directivas de los equipos que no cuentan con las medidas de seguridad ordenadas por el organismo rector del balompié nacional.

Una tercera acción será que los representantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados legislemos en torno a las sanciones que deberán imponerse, y que tendrán que ser ejemplares, para aquellos aficionados violentos que no respeten las medidas de control implantadas por las directivas de los equipos que integran el llamado máximo circuito del futbol mexicano.

Para tener éxito en esta lucha contra la no violencia en los estadios del futbol mexicano, resulta obligatorio que se dé una participación activa de las autoridades deportivas, municipales, delegacionales y federales, con el fin de elaborar un programa efectivo de ataque a la violencia.

Compañeras y compañeros legisladores: Es deber de ésta Cámara de Diputados pronunciarse por el respeto y la seguridad de los mexicanos. Debemos guardar la misma al interior y exterior de las instalaciones destinadas a la realización de espectáculos de cualquier índole, coadyuvando a la vigencia del estado de derecho, así como pronunciarnos por la defensa del derecho a una sana convivencia, esparcimiento y recreación familiar, ya que la población del país mantiene un gran interés en la participación y afición de los deportes, lo que les permite la convivencia familiar, el desarrollo físico saludable, lograr metas personales en las distintas disciplinas de deporte y formar parte de un evento por un gusto individual.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que no es suficiente contar con más policías en los estadios, o cuidando las calles y avenidas aledañas, tampoco lo son los cateos que realizan los elementos de seguridad pública y privada en los accesos de los estadios, que tienen como fin evitar que sé introduzcan objetos peligrosos que puedan herir a espectadores, dirigentes, árbitros o jugadores, estas medidas no son suficientes para contener a los grupos organizados o no, en el momento de su desenfreno.

Con la aplicación de una norma jurídica se intenta establecer el orden necesario para convivir en una sociedad. La autoridad puede ejercer mando cuando existen los supuestos jurídicos que sancionan a los individuos por conductas en acciones u omisiones que dañan o afectan a otros; el establecer el tipo penal permite ejercer jurisdicción de los tribunales y limitar la libertad del gobernado para que este no ofenda al grupo social.

Por otra parte, existen antecedentes de propuestas legislativas que han quedado sin efecto o se han rechazado, sin embargo, debido a la importancia del tema, es momento de tomar cartas en el asunto, ya que si no se crea un tipo de pena adecuado, no se podrá dar una eficiente aplicación de la ley, debido a que la simple sanción administrativa resulta insuficiente.

Aunque la ola de violencia se presenta con mayor frecuencia en el futbol, la penalización abarcará todos los actos violentos que se presenten en instalaciones deportivas; ya sean públicas o privadas.

Los delitos cometidos en las instalaciones deportivas serán perseguidos de oficio, independientemente de que se puedan denunciar y sancionar otros por querella como el delito de lesiones. Las pruebas podrán ser testimoniales, videograbaciones y desde luego la flagrancia.

Por lo anterior, someto a consideración de está honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo De los Delitos Contra el Deporte, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Libro Segundo

Título Vigésimo Séptimo De los Delitos contra el Deporte

...

Artículo 430. Cuando una o varias personas de forma espontánea o de común acuerdo realicen actos de violencia en instalaciones deportivas, mediante los cuales perturben el evento, pongan en riesgo la integridad física del resto de los espectadores, causen daño a estos, o alteren las condiciones del inmueble, serán castigados con una pena de 1 a 6 años de prisión y multa de 150 a 300 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de que puedan ser sancionadas por otros delitos que de ahí se deriven.

Artículo 431. Se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 1000 (mil) a 3000 (3 mil) días de salario mínimo vigente, a quien organice eventos deportivos que no otorguen la seguridad necesaria para garantizar la integridad de los asistentes, deportistas, cuerpo técnico y en general a toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones y que como consecuencia de dichas omisiones, se produzcan los actos de violencia, a que se refiere el artículo anterior.

Los delitos contra el deporte señalados en el título vigésimo séptimo se perseguirán de oficio.

...

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Morales.Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Jáquezdel grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de AmparoReglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, compañero Presidente. En una sesión tan larga ya no es fácil cautivar la atención de los compañeros legisladores, afortunadamente hay un buen número de compañeros aquí, trataré de ser muy concreto.

Precisamente con las facultades que la Ley Orgánica nos confiere y la Constitución misma, presento esta iniciativa de decreto, la cual tiene como objeto regular un sistema para las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones del procedimiento de garantías, para que éstos se puedan realizar a través de un sistema de cómputo habilitado con Internet.

Como bien sabemos, la figura del amparo ha constituido uno de los mecanismos jurídicos más importantes de protección de los individuos de nuestro país contra los actos de autoridad que vulneran sus garantías individuales. A través del juicio de amparo se puede impugnar la mayor parte de los actos jurídicos del derecho público, ya sean jurisdiccionales, administrativos o legislativos, tutelando íntegramente al estado de derecho en contra de las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual o inminente, personal y directa a los derechos fundamentales de un gobernado.

Es elemental que en este tema en el que estamos inmersos en los medios de comunicación, en el Internet y la naturaleza misma de esta aportación extraordinaria que hicieron abogados mexicanos, juristas mexicanos a través de los tiempos y que le aportaron al mundo el derecho de amparo como una figura extraordinaria, viene hoy con la necesidad de cumplir con uno de los más importantes temas que tienen que ver con el amparo, la inmediatez de este mismo.

Hoy por hoy, un campesino de la sierra de Guerrero o de Chihuahua, tiene que trasladarse a la capital del estado o tiene que buscar a escondidas, si ya está en un proceso que considera le estén violando sus garantías individuales, tiene que darle una cantidad importante de recursos a los abogados afamados para que les consigan un amparo.

Ahí precisamente se está rompiendo la virtud o naturaleza jurídica original que es la protección del amparo de la ley que le da a un ciudadano cuando sus garantías se están violando en la inmediatez misma.

Es por eso que un empresario, un comerciante que vea afectada su integridad o la posibilidad de perder sus garantías o que éstas sean violadas, puede por medio de Internet ---con esta transformación que estamos planteando en esta reforma--- solicitar al juzgado de Distrito un amparo, o bien en una oficina pública, en una oficina donde exista Internet, puede cualquier ciudadano por más alejado que esté, solicitar desde ahí su amparo y esto es actualizar precisamente los tiempos a las necesidades.

Por lo tanto, solicitamos que sea plasmada íntegra la exposición de motivos en el Diario de los Debates, señor Presidente y me remito a la lectura de los artículos que se transformarían.

Artículo único. Se reforman los artículos 3, 217 y 219 y se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito o a través del sistema electrónico, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparencias a que se refiere el artículo 117 de esta misma ley.

Las copias certificadas que se expidan para la sustentación del juicio de amparo directo o indirecto, no causarán contribución alguna. Las copias certificadas podrán ser enviadas a través de este mismo sistema electrónico.

Artículo 32 Bis. Las notificaciones podrán hacerse a través del sistema electrónico y surtirán sus efectos a partir de la expedición automática del acuse de recibo.

Las notificaciones efectuadas por correo electrónico, rechazadas o que no se acuse su recibo automático deberán hacerse en forma personal.

Artículo 217. Las demandas de amparo y promociones podrán hacerse a través del sistema electrónico.

Artículo 219. Se notificará personalmente o a través del sistema electrónico a las entidades o individuos que cita el artículo 212:

I. El auto que deseche la demanda;

II. El auto que se decida sobre la suspensión;

III. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional;

IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos;

V. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia se puedan afectar los intereses de los núcleos de población o de ejidos o comuneros en lo particular,

VI. Cuando la ley así lo disponga expresamente.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007. Firma su servidor, César Horacio Duarte Jáquez , del IX distrito del estado de Chihuahua. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado César Horacio. Duarte Jáquez, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de decreto tiene como objeto regular un sistema para que las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones del procedimiento de garantías, se pueda realizar a través de este sistema de cómputo.

Como bien sabemos, la figura del amparo ha constituido uno de los mecanismos jurídicos más importantes de protección de los individuos de nuestro país contra los actos de autoridad que vulneren sus garantías individuales. A través del juicio de amparo se puede impugnar la mayor parte de los actor jurídicos del derecho público, ya sean jurisdiccionales, administrativos o legislativos, tutelando íntegramente el estado de derecho en contra de las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual o inminente, personal y directa de los derechos fundamentales de un gobernado.

Siendo el juicio de amparo un mecanismo de los particulares en defensa de sus garantías individuales, son ellos los que están facultados para iniciar el juicio de amparo, a través de una demanda; es decir, los órganos jurisdiccionales se encuentran imposibilitados para actuar de oficio a favor del individuo, sino que es requisito fundamental que el gobernado solicite su intervención en los términos y las formalidades que para cada caso prevé la ley en la materia. Es por ello que, atendiendo este principio proteccionista y obedeciendo a las necesidades contemporáneas, es necesario aprobar esta reforma a la Ley de Amparo, para incorporar un mecanismo que facilite la presentación de las demandas de amparo, promociones, notificaciones y demás actuaciones en el procedimiento de garantías.

Este sistema de cómputo permitiría automatizar las demandas de amparo y dar seguimiento a las actuaciones del procedimiento en los tribunales jurisdiccionales. La demanda, promociones, notificaciones y demás actuaciones podrían hacerse desde cualquier computadora con acceso a Internet. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal deberán contar con la infraestructura tecnológica necesaria y el programa de cómputo que permita la presentación y recepción de diversos escritos, incidentes y recursos, así como su resolución y notificación correspondiente; todos ellos derivados del procedimiento de garantías.

Los interesados para operar este servicio automatizado, obtendrían del servidor web del Poder Judicial Federal un número de registro, en el cuál se les asignaría un clave o código para su acceso subsecuente en todas las promociones. El órgano jurisdiccional competente encargado de llevar el procedimiento de garantías podría hacer sus notificaciones a través de este sistema.

Cabe señalar que la utilización del sistema de cómputo es opcional para las partes en el juicio de amparo, pudiendo decidirse por seguir utilizando las formalidades tradicionales.

El sistema de cómputo que se propone requiere que el quejoso tenga una computadora, con un sistema operativo adecuado y acceso a Internet. Por su parte el Poder Judicial Federal o Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán agregar a su página web un menú de ``automatización de demanda'', que a su vez contenga una base de datos para consultar las actuaciones del procedimiento.

Los interesados en presentar demanda de amparo automatizadas, únicamente podrán utilizar este sistema, una vez que hayan efectuado el registro en la página web del Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia, el cuál les asignará un código de acceso.

Una vez que el interesado ingrese en el menú ``automatización de demandas'', aparecerá la función ``oficialía común de partes, con opción de que el quejoso dirija su demanda de amparo vía correo electrónico (e-mail) a la Suprema Corte de Justicia, a los Tribunales Colegiados o los Juzgados de Distrito. Se envía la demanda y se origina el siguiente flujo vía Internet.

La oficialía común de partes correspondiente acusará recibo de la demanda automáticamente al correo electrónico (e-mail) remitente, asignando un código de juicio y la fecha con la hora en que se recibió la demanda.

Tratándose de terceros perjudicados, las promociones podrán hacerse de forma tradicional, pero deberán acompañarse de disquete para que el órgano jurisdiccional pueda ingresar a los datos del archivo correspondiente del servidor que contenga la base de datos.

La oficialía común de partes turnará la demanda en forma automática vía Internet o red interna, con el código de juicio del quejoso, al juzgado de distrito o tribunal colegiado correspondiente.

El juzgado de distrito o tribunal colegiado correspondiente acusará recibo automáticamente a la oficialía común de partes, asignando número de expediente. En caso de incompetencia del juzgado de distrito o tribunal, se notificará al demandante donde se turna el expediente para que el órgano jurisdiccional competente asigne todos los datos antes mencionados.

Los requerimientos y notificaciones se harán con acuse automático. Cuando éstas no se puedan hacer, se realizarán los requerimientos notificados en la forma tradicional.

El quejoso en la demanda expresará quien es su abogado patrono para que el órgano jurisdiccional competente lo requiera mediante este mismo sistema para que confirme su aceptación de tal nombramiento.

Al igual que los alegatos, las pruebas documentales podrán ofrecerse o solicitarse, según sea el caso, vía correo electrónico o proporcionarse en forma tradicional con su respectivo disquete para ingresar al expediente correspondiente. La resolución de los juicios podrá hacerse a las partes mediante este sistema, con su respectivo acuse electrónico.

Cuando las partes quieran inconformarse con alguna resolución o sentencia, según sea el caso, el recurso podrán presentarlo mediante este sistema, haciendo una similitud de los pasos a seguir en la presentación de las demandas.

Es importante señalar que las notificaciones automatizadas rechazadas se deberán hacer en forma personal por el actuario al domicilio proporcionado en la demanda original o sus actuaciones; el plazo para contestar requerimientos contará a partir de la fecha de ésta última forma de notificar.

Como puede observarse, este sistema está diseñado para agilizar el procedimiento de garantías ante los órganos jurisdiccionales y así tener los gobernados una pronta restitución en sus derechos vulnerados por los actos de autoridad, evitando además a los particulares promotores del juicio de amparo traslados muchas veces innecesarios. Por su parte, los órganos jurisdiccionales encargados de tramitar el amparo proporcionarían un servicio más rápido y confiable, evitando demoras y saturaciones, así como un mayor control de los juicios y actuaciones del personal del tribunal.

Es importante subrayar que lo que se busca, si se aprueba el presente decreto, es regular las bases para que posteriormente la autoridad competente expida las disposiciones reglamentarias que describan y regulen a detalle este servicio automatizado.

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de Usted me permito someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Decretos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., 217 y 219, y se adiciona el artículo 32 Bis, todos ellos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito, o a través de sistema electrónico, salvo las que se hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 de ésta ley.

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, directo o indirecto no causarán contribución alguna. Las copias certificadas podrán ser enviadas a través de sistema electrónico.

Artículo 32 Bis. Las notificaciones podrán hacerse a través de sistema electrónico y surtirán sus efectos a partir de la expedición automática del acuse de recibo.

Las notificaciones efectuadas por correo electrónico rechazadas o que no se acuse su recibo automático, deberán hacerse en forma personal.

Articulo 217. Las demanda de amparo y promociones podrán hacerse a través de sistema electrónico.

Artículo 219. Se notificará personalmente o a través de sistema electrónico a las entidades o individuos que cita el artículo 212:

I. El auto que deseche la demanda;

II. El auto que decida sobre la suspensión;

III. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional;

IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos;

V. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia se puedan afectar los intereses de los núcleos de población o de ejidales o comuneros en lo particular.

VI. Cuando la ley lo disponga expresamente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio de San Lázaro, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Duarte.Túrnese a la Comisión de Justicia.Se pospone la presentación de la iniciativa inscrita por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del PRI.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, con proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Marzo, 19 de 2007

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del ISSSTE, por el Diputado Samuel Aguilar Solís del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios.

Estas Comisiones que suscriben, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, reunidos en Pleno presentan a esta honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

ANTECEDENTES

En sesión ordinaria del 15 de marzo de 2007, se presentó iniciativa que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del ISSSTE, por el Diputado Samuel Aguilar Solís , del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, en esa misma fecha se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y en este mismo oficio se señala que en los términos de lo dispuesto por los Artículos 98 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General y por el 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, se exhorta a las Comisiones Competentes para que conjuntamente con el Senado de la República, la Iniciativa sea analizada en conferencia de comisiones a efecto de agilizar, en su caso, su despacho.

Al efecto se llevaron a cabo reuniones en conferencia con las correspondientes del Senado de la República así como diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes del ISSSTE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como otros sectores interesados en la materia.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO.- La Iniciativa que se dictamina, señala que tiene como propósito reformar y reestructurar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de una manera integral, para cumplir cabalmente con el derecho a la seguridad social consagrada en el artículo 123, apartado ``B'', de nuestra Constitución Política, para los trabajadores al servicio del Estado Mexicano.

En la Iniciativa de mérito se hace mención que ésta es producto del amplio consenso que han alcanzado los trabajadores al servicio del Estado Mexicano, el Poder Ejecutivo Federal y los legisladores. Este consenso político menciona la Iniciativa, es una clara muestra de que todos los mexicanos, sin distinción de ideologías o partidismos, pueden encontrar puntos en común que permitan avanzar en el fortalecimiento de las instituciones que con tanto trabajo se han creado.

La Iniciativa subraya el compromiso de los trabajadores al servicio del Estado para contribuir a sentar las bases de un desarrollo sostenible de México, así como el compromiso que los legisladores asumen para mejorar y engrandecer a una de las instituciones fundamentales del país. Con esto, se logra transparentar y hacer patente que con esta Iniciativa, las representaciones sindicales velan por garantizar que la reforma beneficie a los trabajadores y a sus familias.

La propuesta señala que el sistema de seguridad social es la base para el sano desarrollo de sus trabajadores y sus familias, tanto a nivel personal como colectivo, además de que dicho sistema de seguridad social es un pilar básico para el sano desarrollo económico del país, por lo que posponer, o negar, la necesidad de una reforma de esta importancia, sería una grave irresponsabilidad de los representantes de la voluntad popular.

La Iniciativa en comento indica que aún estamos a tiempo de atender uno de los más importantes desafíos del México moderno, por lo cual los Diputados que la suscriben reiteran su firme compromiso para que las nuevas generaciones de mexicanos que decidan prestar sus servicios al Estado Mexicano, cuenten un futuro mejor y más justo.

En este sentido, la Iniciativa refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son las dos principales instituciones públicas de la seguridad social de México, ambas con una importante trayectoria histórica y social.

En el caso del IMSS, este instituto fue creado para atender a los trabajadores del apartado ``A'' del mencionado artículo 123 constitucional, en tanto que al ISSSTE le ha sido encomendada la tarea de atender a los trabajadores sujetos al apartado ``B'' del artículo 123 constitucional. La Iniciativa en comento, señala que ambas instituciones hacen tangibles para todos los trabajadores y sus familias, los derechos sociales y laborales consagrados en la Constitución en materia de seguridad social.

Por lo que hace al ISSSTE, este instituto es patrimonio de los trabajadores del Estado, y desde su creación en 1959 ha otorgado a dichos trabajadores una cobertura de seguridad social que les permita un desarrollo personal, familiar y profesional. El ISSSTE, a través de su régimen obligatorio, actualmente cuenta con más de 2.8 millones de asegurados y pensionados, incluyendo a los familiares de éstos, y da cobertura de servicios médicos a más de 10 millones de mexicanos, además de que en sus guarderías se reciben a 32 mil niños diariamente. Asimismo, este instituto otorga casi medio millón de pensiones de diversa índole anualmente y alrededor de 500 mil préstamos personales cada año.

No obstante los resultados antes mencionados, se agrega en la Iniciativa que el ISSSTE sufre de carencias y dificultades que son producto de una estructura que fue diseñada hace casi ya medio siglo al momento de su fundación, por lo que si se pretende que este instituto siga siendo un pilar fundamental de la seguridad social de nuestro país, dicha estructura requiere ser reformada y actualizada para que pueda responder a las necesidades de sus afiliados y pensionados.

Asimismo, la propuesta precisa que es necesario reconocer que México ha cambiado de manera radical en el ámbito social, laboral y económico en los últimos 40 años, por lo que resulta indispensable modificar enfoques, corregir deficiencias, superar limitaciones y con ello, sentar las bases que permitirán que la seguridad social de los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal del México del siglo XXI, sea un instrumento efectivo para un sano y sustentable desarrollo del país.

En términos de la Iniciativa sujeta a estudio, la situación actual del ISSSTE es estructuralmente similar a la que guardaba el IMSS antes de la reforma de 1997, pero aún más grave, ya que la transición demográfica y epidemiológica han tenido un efecto devastador en la salud financiera del instituto.

Se refiere en la Iniciativa de mérito que en la actualidad el ISSSTE cuenta con un déficit de caja que absorbe importantes recursos presupuestales cada año, mismos que son escasos y lo cual hace depender al instituto del presupuesto federal, a efecto de afrontar sus obligaciones anuales. Asimismo, se señala en la Iniciativa que las obligaciones del ISSSTE se tornan insostenibles en el largo plazo, por lo que afectan la operación cotidiana del instituto, mermando su capacidad de ofrecer todos los seguros y prestaciones a los que está obligado por Ley.

La Iniciativa en comento precisa que el fondo de pensiones del ISSSTE conserva un sistema de reparto, en el cual las aportaciones de los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados y que, en razón del progreso económico y el mejoramiento de las condiciones de salud que nuestro país ha experimentado en los últimos años, los mexicanos tendemos a vivir más años y a tener menos hijos, lo cual en el caso concreto del ISSSTE, ha tenido como resultado la disminución en la relación del número de trabajadores activos por pensionado, así como el consiguiente aumento de la duración del pago de las pensiones.

Se cita como ejemplo, que en 1975 la esperanza de vida en México era de 65 años, mientras que en el año 2000 era de 75 años y para 2005 ya ha aumentado en dos años más, al mismo tiempo que la edad de retiro disminuyó de 62 a 56 años. Además, el número de cotizantes por pensionado cayó de 20 a poco menos de 4. Es decir, en 1975 cuando un trabajador se retiraba había 20 trabajadores activos que contribuían al pago de su pensión durante dos años y medio, mientras que en el año 2005, sólo había 5 trabajadores activos para pagar una pensión de casi 21 años, y esta tendencia se acentuará en las próximas décadas.

Por lo que hace al rubro de pensiones, la problemática a futuro resulta especialmente grave, ya que los ingresos presentes y futuros del sistema no son ni serán suficientes para pagar las obligaciones pensionarias del Instituto. Así, para cubrir la diferencia entre los ingresos y las obligaciones actuales y futuras del ISSSTE, se requeriría un subsidio equivalente a cerca del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

De igual forma, existe un déficit de flujo de caja, es decir, que año con año la Federación tiene que subsanar con recursos presupuestales las carencias antes señaladas, precisándose que sólo en el año 2000 el déficit en los recursos del ISSSTE ascendió a más de 10 mil millones de pesos (MMP), para 2007 este déficit de caja será de 42 MMP y para el 2012, el déficit alcanzará los 77 MMP de 2006.

De la misma forma, la transición demográfica nacional aumentó el lapso de tiempo durante el cual los pensionados requieren de servicios de salud, por lo que aunado a lo anterior, el perfil epidemiológico de la población cambió de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas, las cuales son más costosas y requieren de tratamientos prolongados, además de que el costo de los medicamentos necesarios para atender a estas enfermedades crónico-degenerativas se han incrementando por arriba de la inflación.

Estas razones generaron que a partir de 1998 el fondo médico del ISSSTE enfrente un déficit corriente que cada año absorbe recursos de otros servicios del Instituto y del presupuesto federal, con lo cual la calidad en los servicios de salud se ha venido deteriorando con el paso del tiempo, lo que ha causado que la atención sea deficiente a pesar de los esfuerzos actuales, con el consiguiente deterioro en la imagen de la institución.

Así, el fondo médico del ISSSTE para 2006 contó con un déficit aproximado de 4.2 MMP y las proyecciones indican que, sin una reforma, en tan sólo dos décadas el déficit de los servicios médicos será equivalente al actual déficit anual del fondo de pensiones.

Finalmente, la Iniciativa señala que de posponerse la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, anualmente se incrementará el déficit actuarial en cerca de 100 MMP, por lo que de no corregirse ésto, se pondrá en peligro no sólo el pago de las pensiones de los trabajadores, sino también el ahorro nacional, la estabilidad financiera y macroeconómica del país y con ello, el crecimiento económico y la creación de empleos.

SEGUNDO.- En razón de lo antes descrito, la Iniciativa sujeta a estudio propone una nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que siente las bases para la conformación de un sistema nacional de seguridad social, permita la transformación del Instituto a fin de superar la difícil situación que atraviesa y asegure el cumplimiento de los objetivos fijados desde su fundación: otorgar una protección integral a los servidores públicos y sus familias, no sólo durante el tiempo en que presten sus servicios, sino, cuando por edad, separación del cargo, invalidez, vejez o muerte, también requieran dicha protección.

Así, a efecto de lograr los objetivos arriba señalados, se plantea un nuevo sistema de pensiones del ISSSTE financieramente sustentable, además de otorgar plena seguridad y portabilidad de los servicios y derechos de la seguridad social al trabajador, sin importar el instituto de seguridad social al que se encuentre cotizando.

En este sentido, es importante señalar que la Iniciativa establece expresamente que el ISSSTE no se privatizará, sino que por el contrario, se refrenda el compromiso solidario del Estado Mexicano con la seguridad social de sus trabajadores.

Tomando en cuenta la realidad económica, laboral y social de México, además de considerar que la mayoría de los trabajadores cambian de trabajo varias veces en su vida, y a efecto de hacer congruente esta Iniciativa con las reformas que han venido gestándose en los últimos años en el otro pilar principal de la seguridad social que es el IMSS, se propone el establecimiento de un sistema de pensiones que tenga como base la apertura de cuentas individuales de los trabajadores y una pensión mínima garantizada.

En la Iniciativa se reconoce que los trabajadores del sector privado ya gozan hoy de una cuenta individual que es de su propiedad, la cual les da rendimientos atractivos a los que de otra manera no tendrían acceso, además de brindar certeza y seguridad jurídica sobre los recursos que se utilizarán para el pago de su pensión.

Además, con la reforma que se propone, todos los trabajadores podrán migrar entre el sector público y privado, llevándose consigo los recursos de su pensión sin perder las aportaciones que ellos mismos, sus patrones y el Estado, hayan realizado. Esta portabilidad se hace extensiva a los recursos acumulados por cada trabajador con el fin de obtener un crédito para la vivienda, además de que el IMSS y el ISSSTE reconocerían los años de servicio de un trabajador recíprocamente para acceder a los servicios de salud como pensionado. Sólo con un sistema de seguridad social con cobertura similar en el sector público y privado, los trabajadores tendrán plena certidumbre en el manejo de sus aportaciones y flexibilidad laboral.

Es importante señalar que bajo el esquema propuesto en la Iniciativa, los pensionados y jubilados actuales no observarán ningún cambio en sus prestaciones y derechos, pues seguirán recibiendo su pensión cómo hasta ahora.

De igual forma, la Iniciativa señala que los trabajadores de nuevo ingreso entrarán a un nuevo sistema en el que contarán con una cuenta individual que será de su propiedad, en la cual se acumularán los recursos para su pensión. Además, con el esquema de portabilidad antes descrito, dicha cuenta podrá ser llevada cuando los trabajadores cambien de trabajo, ya sea del sector privado al público y viceversa. Este nuevo sistema de cuentas individuales tendrá un profundo sentido social y un absoluto respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

De igual forma se propone que las contribuciones a la cuenta individual sean fortalecidas por una Cuota Social que aportará el Estado, idéntica a la que aporta para los trabajadores del IMSS.

En la Iniciativa se establece, con el objeto de no afectar los derechos de los trabajadores que se encuentren activos al momento de la reforma, que dichos trabajadores tendrán dos opciones.

a. Recibir un bono, cuyo monto estará determinado por los derechos del trabajador al momento de entrada en vigor de la reforma. Este monto se depositará en su cuenta individual y el trabajador podrá incorporarse al nuevo esquema inmediatamente, sin perder sus derechos bajo el antiguo régimen, o

b. El régimen previsto en el artículo décimo transitorio, el cual prevé modificaciones a la edad mínima para pensionarse que se implementarán gradualmente.

Con el fin de ofrecer a los trabajadores un instrumento de ahorro que resulte más económico y rentable que el sistema actual, además de contribuir al fomento del ahorro de largo plazo y el financiamiento de infraestructura nacional, en la Iniciativa se propone la creación de un órgano desconcentrado del ISSSTE que administrará los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores que así lo elijan, denominado PENSIONISSSTE.

La Iniciativa también reconoce que sólo en un sistema financieramente sustentable, es posible incrementar la cobertura de los servicios que se prestan sin poner en peligro los derechos de quienes ya estaban previamente afiliados. En este sentido, con esta Iniciativa se consolida el sistema de seguridad social para los trabajadores del Estado, ya que se incrementará la cobertura del ISSSTE, incorporando a los trabajadores eventuales y aquellos que presten sus servicios mediante contrato, siempre que presten sus servicios por jornada completa.

Por tanto, el nuevo sistema del ISSSTE consolidará y fortalecerá la estabilidad financiera de las finanzas públicas, invirtiendo, con un rendimiento atractivo, el ahorro de los trabajadores en los proyectos de largo plazo que el país tanto necesita para garantizar un crecimiento económico sustentable.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- Las Comisiones que dictaminan coinciden plenamente con la Iniciativa sujeta a estudio, en el sentido de que es necesario modificar y actualizar la estructura actual del ISSSTE, a fin de que este instituto cuente con las herramientas necesarias para que realice plenamente sus actividades en beneficio de los trabajadores.

Resulta importante reconocer que en la elaboración de la reforma que en este dictamen se propone, se tomaron en cuenta las opiniones vertidas por diversos sectores interesados en distintos foros y reuniones de trabajo realizadas desde el año 2003, con la activa participación de sindicatos, líderes sociales, Gobernadores, autoridades locales y federales, representantes populares, y Diputados y Senadores de la República.

Asimismo, dada la importancia y complejidad que este tema representa para el bienestar social y las finanzas públicas, debe señalarse que tanto la Iniciativa, como el presente dictamen, se encuentran debidamente fundamentados en el análisis actuarial y legal que para tales efectos llevaron a cabo expertos en la materia.

SEGUNDA.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con los motivos expuestos en la Iniciativa, ya que resulta necesario reformar y reestructurar de manera integral al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de cumplir cabalmente con el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 123, apartado ``B'', de la Constitución.

Asimismo, estas Comisiones estiman que la base para garantizar un desarrollo sustentable de nuestro país, se encuentra en la seguridad social que nuestra Carta Magna consagra como un derecho fundamental de los trabajadores. La propia historia del ISSSTE es una muestra clara del compromiso irrestricto que ha tenido el Estado Mexicano como promotor de los esfuerzos para crear un cuerpo sólido de prestaciones en materia de seguridad social para sus trabajadores.

TERCERA.- Estas Comisiones Unidas, concientes de las carencias actuales que sufre el ISSSTE, las cuales son producto de mantener la misma estructura que le fue otorgada en el momento de su fundación, reconocen que el resultante déficit de caja absorbe importantes y escasos recursos presupuestales cada año y que dichas obligaciones se tornan insostenibles en el largo plazo, afectando desde hoy la operación cotidiana del instituto.

La Iniciativa en comento señala, y se coincide con ella, que el fondo de pensiones del ISSSTE conserva un sistema de reparto que resulta insuficiente para solventar las obligaciones de pago de las mismas debido a que con el incremento en la esperanza de vida, ha disminuido la relación entre el número de trabajadores por pensionado y aumentado la duración del pago de las pensiones. Tal aseveración se corrobora con las propias cifras que se presentan en la Iniciativa sujeta a estudio.

CUARTA.- Situación similar se proyecta respecto a los servicios de salud, debido no sólo al incremento en la esperanza de vida, sino también a los cambios en el perfil epidemiológico de la población y el incremento en el costo de los medicamentos.

En razón de lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman necesario que se tomen medidas urgentes que detengan el deterioro registrado en la calidad de los servicios de salud a pesar de los subsidios sustanciales que se canalizan al fondo médico por parte del Gobierno Federal.

QUINTA.- Las que dictaminan consideran que resulta acertada la propuesta relativa a los cambios corporativos y de régimen financiero, mediante los cuales se agrupan los servicios, seguros y prestaciones que ofrece el Instituto, en cuatro seguros análogos a los que tiene el IMSS: (i) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; (ii) invalidez y vida; (iii) riesgos del trabajo; (iv) salud; además de los servicios sociales y culturales y el Fondo de la Vivienda.

Con esta medida se logrará evitar la confusión para los trabajadores que migren de un apartado a otro, facilitando la transferencia de derechos entre los dos institutos. Además, la reforma al IMSS de 1997 ha probado ser una herramienta eficaz para atender las necesidades actuales de la población derechohabiente, asegurando la viabilidad financiera de ese instituto y preservando los derechos de los trabajadores.

Con la agrupación de los servicios, seguros y prestaciones que ofrece el Instituto, estas Comisiones Unidas coinciden en que se logrará crear un estricto sistema de reservas que serán independientes para cada uno de estos rubros, evitando el uso de recursos de algún seguro para otro propósito y eliminando la posibilidad de cubrir las deficiencias financieras de un seguro con reservas de otro, lo cual sólo pospone y agrava los problemas.

Así, el sistema de reservas propuesto implica que cada seguro y servicio acumule los recursos que le corresponden para hacer frente a sus obligaciones presentes y futuras. Además, se transparentará la operación y se incrementará la eficiencia en el control de costos.

SEXTA.- Por lo que hace al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente en que constituye uno de los cambios de mayor trascendencia para el ISSSTE y el país.

En efecto, con el aumento de la esperanza de vida de la población, retardar la reforma de este ramo no sólo sería irresponsable, sino que sólo se pospondría adoptar las medidas necesarias para afrontar los retos en materia de pensiones. Es una gran responsabilidad de los legisladores atender y proveer las soluciones que permitan asegurar la prosperidad de todos los trabajadores y sus familias, con lo cual, además, se pondrán las bases para que se dé un desarrollo sostenido del país. Los estudios demográficos señalan que la población mundial tiende al envejecimiento, por lo que si se toman a tiempo las medidas que permitan prever las necesidades de las generaciones actuales y futuras, como es el caso, se estarán sentando las bases del sano desarrollo del país.

Por tanto, es acertada la propuesta de modificar el actual seguro de ``jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e indemnización global'', separándolo en dos seguros independientes, de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos a cubrir y siguiendo el ejemplo del IMSS:

a. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), y

b. Seguro de invalidez y vida (IV).

Así, el seguro de RCV tendrá como objetivo que un trabajador cuente con la certeza de que contará con una vejez digna y decorosa al finalizar su vida laboral. Con el seguro de IV, el trabajador contará con la certeza de que estará cubierto en dos riesgos a los que está expuesta una persona durante su vida laboral: accidentes y/o enfermedades no profesionales, permitiendo que dicho trabajador cuente con una pensión, además de otorgar la debida protección a sus familiares y beneficiarios en caso de la muerte del asegurado.

Con esta distinción, se protege al trabajador y a su familia tanto en la etapa activa de su vida, como en la etapa de retiro, sin mezclar los riesgos y manteniendo un sano balance financiero en ambos seguros.

SÉPTIMA.- Estas dictaminadoras coinciden con la propuesta contenida en la Iniciativa a efecto de establecer un nuevo sistema de pensiones para el ISSSTE basado en cuentas individuales, siendo que bajo este sistema las aportaciones estarán ligadas a los beneficios, toda vez que la pensión para cada trabajador será igual a sus aportaciones más los rendimientos que éstas generen durante toda su vida laboral, con lo cual se garantiza el equilibrio financiero del sistema.

Con la propuesta, al igual que lo realizado en la reforma de 1997 del IMSS, el trabajador será dueño de los recursos depositados en su cuenta individual y tendrá la certidumbre de que los recursos que aporte no serán utilizados para otros fines distintos al de financiar su pensión; asimismo, el trabajador tendrá la seguridad que podrá retirarlos sin mayor trámite y que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios podrán disponer de ellos.

De igual forma, se considera acertado que la Iniciativa proponga un beneficio adicional que, al depender la pensión de la cantidad de recursos que el trabajador y el Estado hayan acumulado en la cuenta individual, permitirá que el trabajador escoja su edad de retiro, siempre que los recursos en la cuenta individual sean suficientes para tener una pensión mayor en 30% a la pensión garantizada prevista en la Ley.

En adición a lo anterior, el trabajador tendrá la posibilidad de retirar parte de los recursos de su cuenta individual y darles el destino que él escoja, siempre y cuando cubra el mínimo mencionado anteriormente.

OCTAVA.- Ahora bien, el sistema de cuentas individuales descrito en la Iniciativa y con el cual coinciden plenamente estas Comisiones, contiene dos elementos de solidaridad con los trabajadores que menos tienen. El primer elemento consiste en que el Gobierno Federal protegerá a los trabajadores de menores ingresos garantizando una pensión mínima para los pensionados por el seguro de RCV, equivalente a dos salarios mínimos del Distrito Federal, la cual se actualizará cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, cuando el saldo acumulado en su cuenta individual no sea suficiente para financiar una pensión por lo menos igual a esta pensión garantizada, aportando el Gobierno Federal la diferencia que fuere necesaria para cubrir la pensión.

Así, el sistema propuesto mantiene su carácter solidario con los trabajadores de menos ingresos y permite canalizar el subsidio fiscal a quienes más lo necesitan. Con esta medida, se evitará que el sistema pueda ser regresivo o inequitativo para los trabajadores.

El segundo elemento solidario del sistema de cuentas individuales propuesto, es la incorporación de una cuota social, financiada por el Estado. Esta cuota será un monto fijo, lo cual implica que las cuentas individuales de los trabajadores de menor ingreso se verán incrementadas en una mayor proporción.

NOVENA.- En lo que respecta a las contribuciones que deberán realizar los trabajadores y el Estado, las que dictaminan coinciden con la propuesta establecida en la Iniciativa para que las contribuciones de los trabajadores se incrementen gradualmente. Así, las contribuciones de los trabajadores pasarán de 3.5% de su salario de cotización a 6.125% en un periodo de cinco años, y el resto de las contribuciones estarán conformadas por una cuota de 5.175% a cargo de las dependencias y entidades, más la cuota social que equivale aproximadamente a 1.5% del salario promedio de los trabajadores que cotizan al ISSSTE.

Estas aportaciones y la mayor permanencia en el empleo observada en el sector público, permitirán a los trabajadores al servicio del Estado retirarse con una mayor pensión dentro de un sistema financieramente sustentable.

DÉCIMA.- De igual forma, la presente Iniciativa incorpora un régimen de ahorro solidario novedoso, en donde se obliga al Estado a contribuir con 3.25 pesos por cada peso que el trabajador deposite, con un límite de 2% para el trabajador. Con esto el nuevo pilar solidario acumula, a través de la cuenta individual, 8.5% del salario del trabajador, mediante 2% del trabajador y 6.5% del Gobierno, por lo que estas Comisiones Unidas estiman adecuada esta medida, ya que el mecanismo estimulará el ahorro de los trabajadores, y por ende, se contribuirá a una mayor pensión, sin que en ningún momento resulte gravoso para los trabajadores con menores ingresos.

En este sentido, es importante recordar que una combinación entre el ahorro obligatorio que harán los trabajadores y su ahorro voluntario, permitirá que el monto de su pensión sea mayor. La medida propuesta en esta Iniciativa estimulará el ahorro de los trabajadores, los acercará a la administración de su cuenta individual y los concientizará de la importancia que tiene la previsión social para su futuro y el de sus familias.

DÉCIMA PRIMERA.- Las que dictaminan consideran acertado que este nuevo sistema de cuentas individuales sea plenamente compatible con el sistema del IMSS, con lo cual los trabajadores podrán moverse entre el sector público y el privado, preservando sus derechos pensionarios íntegramente, siendo este un reclamo que se atiende cabalmente en el dictamen que nos ocupa.

Con los elementos de la propuesta para el seguro de RCV, se continuará la creación de un sistema nacional de pensiones con los siguientes beneficios: a) aumentará la flexibilidad laboral al facilitar el traslado entre los sectores público y privado con absoluta certidumbre jurídica; b) eliminará distorsiones e inequidades elevando la productividad; y c) fomentará directamente el ahorro nacional, con lo cual se estimulará la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico del país.

Siempre se ha reconocido que el ahorro de un país es el motor para su desarrollo económico, por lo cual la portabilidad de derechos y de recursos podrá incentivar que los trabajadores puedan acceder a las distintas ofertas que haya en el mercado laboral, con la seguridad jurídica de que su esfuerzo no se perderá si llegasen a cambiar de régimen de seguridad social.

La posibilidad de que esta reforma complemente a la del IMSS y se creen las bases firmes para un sistema nacional de pensiones, asegurará que el trabajo de los mexicanos se vea recompensado al final de su vida laboral con una pensión digna. En este mismo sentido, resulta acertado que se introduzca un esquema de migración hacia este nuevo sistema de cuentas individuales, respetando en todo momento los derechos laborales de los trabajadores activos.

DÉCIMA SEGUNDA.- En los términos de la Iniciativa que se dictamina, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución respecto de la no retroactividad en la aplicación de la Ley, los jubilados actuales no sufrirán ningún menoscabo en sus prestaciones y derechos, sino que se verán beneficiados por la certidumbre jurídica y solidez financiera que aportará la reforma al ISSSTE, además de que el Estado garantizará plenamente el pago de las pensiones de los jubilados actuales bajo los términos y condiciones vigentes.

Respecto a los trabajadores de nuevo ingreso, la propuesta establece acertadamente que éstos abrirán una cuenta individual en la cual se depositarán sus cuotas y aportaciones para el retiro, obteniendo así una pensión financiada con el monto de todas las cotizaciones que, la dependencia o entidad en que labore, el Gobierno Federal y el propio trabajador realicen a la cuenta individual durante su vida laboral, más el rendimiento que dichas cotizaciones generen.

Esta medida también es congruente y justa respecto de la reforma del sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social, ya que resulta inequitativo que los trabajadores gocen de distintos beneficios por encontrarse prestando sus servicios en el sector público o en el privado.

DÉCIMA TERCERA.- De igual forma, siendo congruentes con las medidas adoptadas en los últimos años para promover y proteger la participación de las mujeres en el mercado laboral, resulta importante señalar que el nuevo sistema que se propone para el ISSSTE es adecuado para atender los patrones de participación en el mercado de trabajo de la mujer, ya que el sistema actual es rígido y contrapone innecesariamente la participación en el mercado laboral, con las actividades en el hogar.

Así, bajo el sistema propuesto las mujeres tendrán derecho a escoger el momento y la forma en la que participan en el mercado laboral, sin perder nunca el saldo acumulado en su cuenta individual. Con esto, también se eliminará la inequidad que se presenta actualmente para las mujeres que dejan de cotizar al ISSSTE por decidir dedicarse al cuidado de la familia, pues ahora serán propietarias de los recursos depositados en dichas cuentas.

DÉCIMA CUARTA.- Por lo que hace a los trabajadores activos, el esquema de transición propuesto se compondrá por las siguientes opciones:

a. Recibir un bono, que se depositará en su cuenta individual, reconociendo los beneficios de que gocen a la fecha de la reforma que les permita migrar inmediatamente al nuevo sistema, o

b. El régimen previsto en el artículo décimo transitorio, el cual prevé modificaciones a la edad mínima para pensionarse que se implementarán gradualmente.

La primera opción propuesta en la Iniciativa sujeta a estudio, se basa en los artículos 60, 63 y 83 de la ley vigente, los cuales establecen la pensión a la que tienen derecho los trabajadores de acuerdo a la edad y años de servicio acumulados.

Cabe recordar que el artículo 60 establece que un trabajador con 30 años de cotización tiene derecho a una pensión equivalente al 100% del promedio mencionado anteriormente sin importar su edad; el artículo 63 establece la pensión que recibe un trabajador al cumplir 55 años, en función de los años cotizados a partir de los 15 años de servicio y finalmente, el artículo 83 es similar al 63, el cual establece las pensiones para trabajadores que tengan más de 60 años de edad y 10 años de cotización.

DÉCIMA QUINTA.- En términos de la propuesta, cada trabajador que decida acogerse a la nueva Ley, recibiría en su cuenta individual un monto equivalente a los derechos pensionarios a que tiene derecho actualmente.

Con esto, resulta importante resaltar que la ley vigente no prevé ningún beneficio pensionario para los trabajadores con menos de 15 años de cotización, proponiéndose como solución en la Iniciativa que se dictamina reconocer beneficios pensionarios a todos los trabajadores activos, inclusive aquellos con menos de 15 años de servicio.

Por lo anterior, a efecto de asegurar que los trabajadores cuenten con la libertad de elegir el sistema de pensiones que más convenga a sus intereses, la Iniciativa con la que estas Comisiones Unidas coinciden, contempla que puedan mantenerse dentro del sistema de reparto vigente, mismo que será modificado de manera gradual.

DÉCIMA SEXTA.- En efecto, la Iniciativa en estudio prevé que para aquellos trabajadores que elijan la opción b) enunciada en la consideración décima cuarta anterior, los requerimientos para el retiro se incrementen gradualmente, fijando una edad mínima de retiro de cincuenta años que se incrementará durante el transcurso de veinte años, hasta alcanzar una edad de retiro de 60 años, cómo se indica en la siguiente tabla:

DÉCIMA SÉPTIMA.- De igual forma, para los trabajadores que elijan la opción b) enunciada en la consideración décima cuarta anterior, se propone incrementar gradualmente el requisito para el retiro por edad y tiempo de servicio de cincuenta y cinco a sesenta años, como se indica a continuación:

DÉCIMA OCTAVA.- Con el fin de no afectar los salarios de los trabajadores, se propone que las aportaciones de éstos al Seguro de RCV, suban gradualmente como se observa a continuación:

DÉCIMA NOVENA.- No obstante lo anterior, estas Comisiones Unidas no soslayan que, tal y como se expresa en la Iniciativa sujeta a estudio, aunque el esquema de transición representa un costo sustancial para el Estado y los contribuyentes, la Iniciativa presenta una alternativa viable para los nuevos trabajadores, pues se dota de un mecanismo de transición justo, que además cumple con los criterios que nuestro Alto Tribunal ha emitido. Como bien se señala en la Iniciativa de mérito, en tesis jurisprudencial de 1999, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia y de la que fue ponente su anterior Presidente, se sostiene que ``si en su momento quien tenía derecho a jubilarse... no hizo valer ese derecho, no se actualizó en su beneficio el supuesto previsto en la norma.''

Asimismo, y como propuesta adicional de equidad de esta Iniciativa, es importante reconocer que la Ley vigente no prevé ningún beneficio pensionario para los trabajadores con menos de 15 años de cotización, por lo que con ella sí se reconoce que estos derechohabientes han contribuido al sistema y se les hace justicia.

Además, y de fundamental importancia es que la presente Iniciativa también reconoce los derechos de los trabajadores que presten sus servicios al Estado mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando laboren por lo menos cuarenta horas a la semana y el contrato sea por un periodo mínimo de un año. A estos trabajadores se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social previsto en esta nueva Ley.

VIGÉSIMA.- Ahora bien, se conviene con lo establecido en la Iniciativa en el sentido de establecer un seguro de invalidez y vida (IV) independiente del seguro para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) a efecto de atender mejor la naturaleza propia de los riesgos a cubrir.

Lo anterior es así, tomando en cuenta que el seguro de invalidez y vida protege al trabajador de contingencias eventuales y ajenas a su control, por lo cual son mejor atendidas a través de un sistema donde todos los individuos se encuentran cubiertos con los recursos del conjunto de los trabajadores, y el segundo esta diseñado para contingencias que se presentarán con certidumbre, requiriéndose por ende un esfuerzo de ahorro durante la vida activa que es prudente incentivar mediante la individualización de las cuentas de ahorro.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En este mismo orden de ideas, el seguro de invalidez y vida establecido en esta Iniciativa de Ley del ISSSTE cubrirá dos riesgos a los que está expuesto un trabajador durante su vida laboral activa: accidentes o enfermedades no profesionales que le impidan al trabajador desempeñar su labor, y la debida protección a los familiares y beneficiarios en caso de la muerte del asegurado.

De igual forma y según lo expresado en la Iniciativa objeto de dictamen, resulta atinente que en beneficio de los trabajadores, se reduzcan los requisitos de cotización para obtener la pensión de invalidez y vida, de 15 a mínimo 3 años de servicio.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Las que dictaminan encuentran acertado que la Iniciativa propuesta amplíe la cobertura del seguro de riesgos del trabajo (RT), la cual seguirá cubriendo los accidentes y enfermedades profesionales incluyendo los accidentes en tránsito, ocurridos en el traslado del trabajador al centro de trabajo y de éste a su domicilio, ampliando la cobertura del seguro a efecto de incluir las desviaciones a la estancia de bienestar infantil en ruta al trabajo.

Asimismo, resulta adecuado conservar en este nuevo ordenamiento que se propone expedir, la pensión a la que da derecho el riesgo de trabajo, establecida en la Ley Federal del Trabajo para incapacidad parcial y el 100% del salario de cotización por incapacidad total o muerte, sin importar los años que se ha cotizado al Instituto, y que la cuantía de la pensión por invalidez, ya sea temporal o definitiva, y la pensión por causa de muerte, sea igual a una cuantía básica del 35% del promedio del salario de cotización disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador.

VIGÉSIMA TERCERA.- De igual forma estas comisiones encuentran coincidencia con la Iniciativa presentada, en el sentido de que en ningún caso el monto de la pensión de invalidez, sea inferior a la pensión garantizada prevista para los trabajadores afiliados al IMSS.

Respecto al seguro de salud, estas Comisiones Unidas estiman procedente sentar las bases estructurales para llevar a cabo cambios de gran trascendencia en la operación y prestación de los servicios de salud, con el objeto de asegurar al derechohabiente estándares mínimos y adecuados en la calidad y eficiencia de dichos servicios.

En efecto, resulta adecuado crear un seguro de salud para los pensionados, trabajadores al servicio del Estado y sus familiares derechohabientes, que sustituya al actual esquema de reparto anual ya desfinanciado.

A este respecto es importante enunciar los cuatro puntos fundamentales del nuevo esquema que se detallan en la Iniciativa, con los cuales estas Comisiones Unidas coinciden plenamente:

a. Establecer un estricto régimen de reservas que evita que otros seguros absorban recursos del área médica o viceversa. Este cambio transparenta a nivel general los costos y las necesidades de los servicios y no permite subsidios cruzados entre seguros como ocurrió anteriormente.

b. Modificar el régimen financiero para fortalecer el carácter solidario del seguro. Bajo este esquema el Gobierno Federal aportaría por primera vez una cuota fija por trabajador igual a la que el Congreso ha establecido para el régimen del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS y para el Seguro Popular previsto en la Ley General de Salud.

c. Separar administrativamente el financiamiento y la provisión de servicios médicos dentro del ISSSTE. Lo anterior, con el objeto de hacer más eficientes los servicios que actualmente ofrece el Instituto, además de elevar la calidad del servicio. Con este esquema, el área médica sólo recibirá recursos por servicios prestados a los derechohabientes y tendrá incentivos a dar una mejor atención a cada trabajador. Asimismo, el área administrativa podrá identificar cuales son las unidades médicas de menor costo y mayor calidad, pudiendo incrementar la eficiencia del sistema.

d. Finalmente, elevar a rango de Ley la obligación del ISSSTE de asignar recursos presupuestarios con base en el alcance de objetivos, metas y compromisos específicos de desempeño.

VIGÉSIMA CUARTA.- Respecto del abasto en medicinas, estas Comisiones Unidas coinciden plenamente con el sentir de los derechohabientes expresado en la Iniciativa sujeta a estudio, pues el grave problema de desabasto de medicamentos debe ser resuelto y por ende, se impone la obligación al ISSSTE de surtir recetas completas y con oportunidad.

Con esta medida, se atenderá uno de los reclamos más importantes de los trabajadores y pensionados, pues el abasto de medicinas representa un servicio de gran trascendencia social.

VIGÉSIMA QUINTA.- Asimismo, estas Comisiones Unidas, haciendo eco de un sentido y justificado reclamo de los trabajadores y en plena concordancia con la propuesta contenida en la Iniciativa, estiman adecuado que el ISSSTE reconozca la antigüedad de un trabajador que haya cotizado en el IMSS y viceversa. De esta manera, cuando el trabajador cambie del sector público al privado, no perderá la acumulación de antigüedad para servicios de salud para pensionados, es decir, habrá una portabilidad plena de los derechos entre los institutos.

En este mismo sentido, resulta adecuada la propuesta que permitirá a los trabajadores que coticen simultáneamente en ambos institutos, escoger uno de ellos para que le preste servicios de salud y las cuotas y aportaciones de salud que se canalizaban al otro instituto, sean destinadas a su cuenta individual.

VIGÉSIMA SEXTA.- Por lo que hace al Fondo de la Vivienda, estas comisiones dictaminadores estiman adecuado que la nueva ley reconozca que los recursos de dicho fondo son de los trabajadores al servicio del Estado y que no estarán sujetos a restricciones relacionadas al presupuesto federal. Con esto, se salvaguardan los derechos de los trabajadores, pues se estima oportuno conceder esta autonomía al fondo, a efecto de utilizar los recursos de los mismos trabajadores al otorgamiento de crédito, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos y que de esta forma no esté sujeto a restricciones presupuestales.

Además, esta medida es congruente con lo dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual señala que los recursos de vivienda de los trabajadores sujetos a la Ley del Seguro Social son parte de su patrimonio.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- En materia de servicios sociales y culturales y coincidiendo en que estos servicios son parte esencial de un concepto amplio e integral de seguridad social construido en México a lo largo de años de esfuerzo, estas Comisiones Unidas estiman indispensable dar solidez a los mismos.

En este sentido, con el régimen financiero y el esquema de reservas propuesto, habrá plena certeza de que las estancias de bienestar infantil, así como todos los demás servicios sociales y culturales que ya presta el ISSSTE, contarán con los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su función.

VIGÉSIMA OCTAVA.- De igual forma, las que dictaminan consideran acertada la propuesta de crear un fondo destinado exclusivamente a financiar los préstamos para los trabajadores. Con esto, se garantizará que la viabilidad financiera de los servicios que preste el Instituto no se vea comprometido con los préstamos personales a los trabajadores.

Una de las innovaciones que estas Comisiones Unidas observan con gran interés y aceptación, es la inclusión de préstamos extraordinarios derivados por desastres naturales como los que han ocurrido en los últimos años y que desgraciadamente han perjudicado a los trabajadores en su patrimonio.

Considerando la situación económica del país y la trascendencia de esta reforma, estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta de que se haga una aportación de dos mil millones de pesos al fondo de préstamos personales, lo cual no pone en riesgo en ningún momento a las finanzas públicas, ya que esta aportación será por una sola vez y sus efectos en el bienestar de los trabajadores y sus familias servirá para contribuir a mejorar su nivel de vida.

VIGÉSIMA NOVENA.- De igual forma, estas Comisiones coinciden con lo que respecta a la aportación del seguro de salud por ocho mil millones de pesos que realizará por única ocasión el Gobierno Federal. Con esta aportación el ISSSTE podrá mejorar la calidad de sus servicios y el abasto en medicinas, con lo cual se dará una atención cabal al justo reclamo de los trabajadores y demás derechohabientes de dicho instituto en mejorar los servicios de salud.

TRIGÉSIMA.- Estas Comisiones Unidas, consideran importante fortalecer la institucionalidad y la estructura del ISSSTE, por lo que es importante incorporar a las delegaciones de este Instituto como sujetas a administrarse por el mismo, en los siguientes términos:

``Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley.''

TRIGÉSIMA PRIMERA.- El segundo párrafo del artículo 31, relativo a la suscripción con el Instituto de convenios para la prestación de servicios de salud, hace una referencia a empresas e instituciones. Al respecto, estas Comisiones consideran que para que no quede duda de que los servicios médicos no se privatizan, se deberá eliminar la referencia a empresas debiendo decir únicamente instituciones, por lo que debe quedar como sigue:

``Artículo 31. ...

En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder directamente de los servicios y a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo Instituto.

...

...''

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas, consideran necesario precisar en los artículos 63 y 122 que en caso de los Pensionados por riesgos del trabajo e invalidez, al terminar la vigencia del contrato de seguro de pensión, aun cuando no reúnan los periodos de cotización necesarios para recibir una pensión de vejez, deberán recibir la Pensión Garantizada prevista en la Iniciativa, para quedar como sigue:

``Artículo 63. ...

...

I. y II. ...

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos correspondientes recibirá la Pensión Garantizada.''

``Artículo 122. ...

...

I. y II. ...

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos correspondientes recibirá la Pensión Garantizada.''

TRIGÉSIMA TERCERA.- Continuando con el análisis de la Iniciativa, las que dictaminan coinciden en la creación de un órgano público encargado de la administración e inversión de los recursos de las cuentas individuales que cuente con la representación de los trabajadores, denominado PENSIONISSSTE.

Este órgano público desconcentrado tendrá como tarea principal administrar los ahorros para el retiro de los trabajadores, al mismo tiempo que fomentará el ahorro de largo plazo y el financiamiento de infraestructura.

Dicho órgano será conducido por una comisión ejecutiva con participación de representantes de las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado. La comisión ejecutiva establecerá la estrategia de inversión, procurando que los recursos se canalicen preferentemente a fomentar la actividad productiva nacional, la construcción de vivienda, la generación de energía, la producción del gas y petroquímicos, así como la construcción de carreteras.

Sin menoscabo de lo anterior, las que dictaminan estiman que resulta conveniente que las inversiones que administre el PENSIONISSSTE se lleven a cabo a través del mercado de valores y mediante instrumentos de la más alta calidad, según se plantea en la Iniciativa sujeta a estudio, con lo que se procurará el mayor rendimiento para los trabajadores con el menor riesgo posible.

Asimismo, estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar la composición de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE propuesta en el artículo 110 de la Iniciativa, a fin de proveer a que la participación del Estado Mexicano y de los trabajadores en los órganos directivos sea paritaria. Por lo anterior, se propone que dicha Comisión Ejecutiva aumente de quince miembros a dieciocho, es decir, dos representantes más de los trabajadores y uno más del Estado, para que tanto los trabajadores como el Estado tengan cada uno nueve representantes en la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, para quedar como sigue:

``Artículo 110.La dirección y administración del PENSIONISSSTE estará a cargo de una Comisión Ejecutiva integrada por dieciocho miembros como a continuación se indica:

I. ...

II. ...

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos vocales nombrados por el Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Función Pública, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

...

...

...

...''

Con esta adecuación, se hace necesario actualizar el procedimiento para la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE que se establece en el artículo 111 de la Iniciativa de mérito, para quedar como sigue:

``Artículo 111. ...

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.''

TRIGÉSIMA CUARTA.- En concordancia con la propuesta de dar mayor equidad a la participación de los trabajadores en los órganos directivos, se propone que la representación de los trabajadores en la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, también sea modificada, para quedar de la siguiente forma:

``Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por dieciocho miembros, como a continuación se indica:

I. ...

II. ...

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

...''

Asimismo, siendo congruentes con lo propuesto, el artículo 176 de la presente Iniciativa quedará como sigue:

``Artículo 173. ...

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.''

Con lo anterior, se fortalece el papel de los trabajadores en la toma de decisiones del Fondo de la Vivienda, con lo cual sus recursos podrán ser encauzados con transparencia a los sectores más necesitados y atendiendo a los justos reclamos de dichos trabajadores.

TRIGÉSIMA QUINTA.- Estas dictaminadores han acordado adicionalmente, que es conveniente incorporar a la Junta Directiva del Instituto al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que esta Dependencia tiene a su cargo la formulación y conducción de la política nacional en materia de recursos naturales, así como en materia de saneamiento ambiental y regulación ambiental del desarrollo urbano, materias que deben ser especialmente observadas por el Instituto para el desarrollo de los programas que tenga a su cargo, por lo que se propone modificar el artículo 210 de la Iniciativa, para quedar como sigue:

``Artículo 210. ...

I. ...

II. El titular y dos subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el titular de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Función Pública y el Director General del IMSS, y

III. ...

...''

TRIGÉSIMA SEXTA.- Estas dictaminadoras, a fin de fortalecer la rendición de cuentas del Instituto, para con este Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, ha considerado conveniente establecer en el artículo 214, relativo a las facultades de la Junta Directiva del ISSSTE, la obligación de presentar un informe dictaminado por auditor externo. A efecto de lo anterior, se propone que este informe se prevea en la fracción XIX del mencionado artículo 214, pasando la actual fracción XIX a ser fracción XX, en los siguientes términos:

``Artículo 214. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos:

a) La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro;

b) Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles;

c) Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y

d) La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para los propósitos anteriores la Junta Directiva informará sobre las tendencias demográficas de sus Derechohabientes, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México.

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes, y

XX. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizados por esta Ley y los que fuesen necesarios para la mejor administración y gobierno del Instituto.''

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Estas Comisiones consideran necesario que el derecho de opción de los trabajadores a que se refiere la consideración décima cuarta anterior, sea ejercido con la mayor información posible, por lo que se considera necesario que cuando el trabajador no manifieste la opción que elija, sea contactado para que pueda expresar su decisión, por lo que se propone modificar el artículo séptimo transitorio de la Iniciativa, para quedar como sigue:

``SÉPTIMO....

...

...

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección.''

TRIGÉSIMA OCTAVA.- Por lo que se refiere a los trabajadores que elijan la opción a) referida en la consideración décima cuarta anterior, y reciban Bonos de Pensión del ISSSTE para ser depositados en su cuenta individual, cabe mencionar que estos bonos serán títulos emitidos por el Gobierno Federal, que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Iniciativa sometida a la consideración de estas Comisiones, establece que en caso de que los trabajadores que tengan acreditados Bonos de Pensión del ISSSTE en sus cuentas individuales, estén laborando a la fecha de amortización de dichos bonos, la cantidad liquidada por la amortización, se invertirá en un depósito a la vista denominado en unidades de inversión en el Banco de México, con la misma tasa de interés utilizada para el cálculo de los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE, el cual pagará intereses mensualmente.

Al respecto, para una mejor protección de los derechos de los trabajadores, estas comisiones consideran que cuando se amorticen los Bonos de Pensión del ISSSTE, los trabajadores que continúen laborando deberán recibir, no un depósito a la vista, sino nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE, por lo que se propone modificar el artículo décimo quinto transitorio de la Iniciativa en los siguientes términos:

``DÉCIMO QUINTO.Los Trabajadores que habiéndoseles acreditado Bonos de Pensión del ISSSTE, estén laborando a la fecha de amortización de dichos Bonos, la cantidad liquidada por la amortización, se podrá invertir en nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE.''

TRIGÉSIMA NOVENA.- Estas Comisiones Unidas, a fin de dar mayor claridad y certeza jurídica, consideran necesario realizar una corrección en los artículos 6 fracción XXIX y cuadragésimo tercero transitorio de la Iniciativa, los cuales reconocen justamente los derechos de los trabajadores por honorarios, precisando que se trata de trabajadores que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año. Asimismo, se propone sustituir la palabra ``paulatina'', por ``gradual'', en el artículo cuadragésimo tercero transitorio, dado que esta última tiene mayor precisión y certeza. En este sentido, los artículos 6 fracción XXIX y cuadragésimo tercero transitorio quedarían como sigue:

``Artículo 6.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

``CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que presten sus servicios a las Dependencias o Entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores aplicables en la Dependencia o Entidad en que presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación.''

CUADRAGÉSIMA.- Con el fin de que los trabajadores puedan ejercer los derechos previstos en la Iniciativa, recibiendo orientación al efecto, particularmente en lo relativo a la opción a que se refiere la consideración décima cuarta anterior y lo relativo a los servicios que les preste el PENSIONISSSTE, estas Comisiones proponen adicionar un artículo cuadragésimo quinto a la Iniciativa, en los siguientes términos:

``CUADRAGÉSIMO QUINTO. Las organizaciones de Trabajadores orientarán a sus agremiados en lo relativo al ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley.''

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Las dictaminadoras, concientes de la relevancia de una reforma como la propuesta en la Iniciativa y la importancia de que los resultados de su aplicación sean revisados periódicamente, proponen incorporar un artículo transitorio adicional que prevea la obligación de la Junta Directiva del Instituto de revisar la Ley contenida en la Iniciativa que se dictamina cada cuatro años, a efecto de que en caso de encontrarse necesario, se promuevan las reformas correspondientes, como a continuación se indica:

``CUADRAGÉSIMO SEXTO. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la presente Ley, para garantizar que ésta beneficie a los Trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto, este ordenamiento será revisado por la Junta Directiva cada cuatro años. Los resultados obtenidos deberán sustentarse en estudios actuariales y, en su caso, promoverse las reformas o adiciones legales necesarias.''

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas encontraron en la Iniciativa diversas precisiones de forma, mismas que a continuación se indican:

a) El tercer párrafo del artículo 17, hace referencia al seguro de riesgos de trabajo, cuando el nombre correcto es seguro de riesgos del trabajo, por lo que éste debe quedar como sigue:

``Artículo 17....

...

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

...''

b) El segundo párrafo del artículo 22, menciona que ``Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los términos de esta Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran'', sin embargo, la Ley que se propone en la Iniciativa no establece responsabilidades, por lo que la remisión debe hacerse a la Ley en general y no a la Ley del ISSSTE en específico, para quedar como sigue:

``Artículo 22....

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los términos de Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.

...

...

...

...

...''

c) El sexto párrafo del artículo 37 hace una referencia a un periodo de cincuenta y dos semanas ``previsto en el párrafo anterior'', sin embargo esta referencia no corresponde al párrafo anterior, sino al tercer párrafo del artículo, por lo que éste debe quedar como sigue:

``Artículo 37. ...

...

I. a IV. ...

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Trabajador para desempeñar su labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva correspondiente del seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por ciento del Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la incapacidad.

...

...

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo tercero del presente artículo el Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el párrafo anterior hasta por veintiséis semanas.

...''

d) La numeración del artículo 63, dice 53, por lo que el mismo debe quedar como sigue:

``Artículo 63. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar del beneficio de Pensión. El Instituto calculará el monto necesario conforme a las reglas que para tal efecto, expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la contratación del Seguro de Pensión y el propio Instituto, entregará dicha suma a la Aseguradora elegida por el Trabajador.

...

I. y II. ...

...''

e) El cuarto párrafo del artículo 66 hace referencia a la restitución en el empleo o asignación de un empleo ``en los términos del párrafo anterior'', sin embargo esta referencia no corresponde al párrafo anterior, sino al segundo párrafo del artículo, por lo que éste debe quedar como sigue:

``Artículo 66. ...

La Pensión por incapacidad total será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.

...

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.''

f) En el segundo párrafo del artículo 118, aparece la palabra ``cinco'' entre corchetes, por lo que el mismo debe quedar como sigue:

``Artículo 118. ...

La Pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante tres años.

...

I. y II. ...''

g) El cuarto párrafo del artículo 128 hace referencia a la restitución en el empleo o asignación de un empleo ``en los términos del párrafo anterior'', sin embargo esta referencia no corresponde al párrafo anterior, sino al primer párrafo del artículo, por lo que éste debe quedar como sigue:

``Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.

...

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo primero de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.''

h) En el primer párrafo del artículo 183, se omitió la palabra ``el'' al hacerse referencia a ``el Instituto'', por lo que el mismo debe quedar como sigue:

``Artículo 183. Cuando un Trabajador deje de prestar sus servicios a las Dependencias o Entidades sujetas al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del Fondo de la Vivienda, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando el Trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el Instituto tenga celebrado convenio de incorporación.

...

...

...''

i) En el artículo 213, la fracción que aparece con el número III, corresponde a la fracción II, para quedar como sigue:

``Artículo 213. ...

I. ...

II. Ser de reconocida competencia y honorabilidad.''

j) En el artículo 214, fracción XVII, inciso b), aparece la palabra ``cuatros'' debiendo ser ``cuatro'', por lo que el mismo debe quedar como sigue:

``Artículo 214. ...

I. a XVI. ...

XVII. ...

a) ...

b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio;

c) a g) ...

XVIII y XIX. ...''

k) El último párrafo del artículo vigésimo primero transitorio de la Iniciativa presenta un error de redacción, menciona que ``se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación a efecto de que se reconozca como gasto por el mismo importe de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal a que se refiere esta Ley'', por lo que se propone eliminar la palabra por, para quedar como sigue:

``VIGÉSIMO PRIMERO....

(Fórmula)

...

...

(Tabla)

...

A efecto de cumplir con las obligaciones generadas con los Trabajadores conforme a lo dispuesto en la presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar los actos jurídicos necesarios para emitir y pagar los Bonos de Pensión del ISSSTE, así como, en su caso, a contratar, ejercer, y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento de las obligaciones del Gobierno Federal asociadas a esta Ley. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal a que se refiere esta Ley.''

l) El artículo trigésimo octavo transitorio de la Iniciativa, menciona en su primer y segundo párrafos que se aplicará a las Dependencias y Entidades que a la fecha de entrada en vigor de la Ley, tengan adeudos por concepto de Aportaciones, Cuotas y recuperación de créditos, siendo innecesaria esta doble mención, por lo que se propone eliminarla del segundo párrafo, para quedar como sigue:

``TRIGÉSIMO OCTAVO....

Las Dependencias y Entidades que voluntariamente regularicen adeudos con el Instituto, gozarán por única vez del beneficio de la condonación parcial o total de recargos, sin que ello se considere como remisión de deuda para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con las siguientes bases específicas:

A.

...

B. ...

...

...''

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En cumplimiento a lo señalado en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estas dictaminadoras, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, realizaron la valoración del posible impacto presupuestario de la Iniciativa que se dictamina, habiendo concluido el citado Centro en su oficio CEFP/220/2007, que la Iniciativa en comento no presenta efectos adversos en las Finanzas Públicas, en los términos del artículo citado, toda vez que las aportaciones extraordinarias previstas en los artículos transitorios vigésimo octavo y vigésimo noveno de la Iniciativa, relativos al fondo de préstamos personales y al seguro de salud, serán financiados con una parte de los ingresos excedentes del ejercicio en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley antes citada, así como con economías presupuestales.

Finalmente, estas Comisiones Unidas, con base en el exhaustivo análisis y estudio de la presente Iniciativa, consideran que con la propuesta de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se permitirá hacer frente a los retos y desafíos del siglo XXI para el Estado, la sociedad y primordialmente para los trabajadores al servicio del Estado, preservando y fortaleciendo uno de los pilares fundamentales de la seguridad social en México que es conquista y patrimonio de los trabajadores desde hace casi medio siglo.

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el proyecto de Decreto de:

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Artículo Único.- Se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TÍTULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil, Pensionados y Familiares Derechohabientes, de:

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo al propio Instituto;

II. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los Trabajadores de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación;

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. La Procuraduría General de la República;

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos;

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional;

VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que celebren con el Instituto, y

VIII. Los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus Trabajadores, en aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley.

Artículo 2. La seguridad social de los Trabajadores comprende:

I. El régimen obligatorio, y

II. El régimen voluntario.

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros:

I. De salud, que comprende:

a) Atención médica preventiva;

b) Atención médica curativa y de maternidad, y

c) Rehabilitación física y mental;

II. De riesgos del trabajo;

III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

IV. De invalidez y vida.

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos;

II. Préstamos personales:

a) Ordinarios;

b) Especiales;

c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y

d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales;

III. Servicios sociales, consistentes en:

a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar;

b) Servicios turísticos;

c) Servicios funerarios, y

d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;

IV. Servicios culturales, consistentes en:

a) Programas culturales;

b) Programas educativos y de capacitación;

c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y

d) Programas de fomento deportivo.

Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro;

II. Aportaciones, los enteros de recursos que cubran las Dependencias y Entidades en cumplimiento de las obligaciones que respecto de sus Trabajadores les impone esta Ley;

III. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social;

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada Trabajador en el PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así lo elije, en una Administradora, para que se depositen en la misma las Cuotas y Aportaciones de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes al Fondo de la Vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas;

V. Cuotas, los enteros a la seguridad social que los Trabajadores deben cubrir conforme a lo dispuesto en esta Ley;

VI. Cuota Social, los enteros a la seguridad social que debe realizar el Gobierno Federal, con base en las disposiciones establecidas en esta Ley;

VII. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas y municipios que se incorporen al régimen de esta Ley;

VIII. Derechohabiente, a los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes;

IX. Descuento, las deducciones ordenadas por el Instituto a las percepciones de los Trabajadores o Pensionados con motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las Dependencias, Entidades o el propio Instituto, a través de sus nóminas de pago;

X. Entidades, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, que se incorporen a los regímenes de esta Ley;

XI. Entidades Federativas, a los estados de la República y el Distrito Federal;

XII. Familiares Derechohabientes a:

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años;

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios del nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado.

Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta Ley establece si reúnen los requisitos siguientes:

1) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y

2) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social;

XIII. Fondo, los recursos en efectivo o en especie que se integran, invierten y administran para garantizar los seguros, prestaciones y servicios a cargo del Instituto y respaldar sus Reservas;

XIV. IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social;

XV. Instituto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

XVI. Monto Constitutivo, la cantidad de dinero que se requiere para contratar una Renta o un Seguro de Sobrevivencia con una Aseguradora;

XVII. Pensión o Jubilación, la Renta o Retiro Programado;

XVIII. Pensionado, toda persona a la que esta Ley le reconozca tal carácter;

XIX. Pensión Garantizada, aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor;

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, órgano desconcentrado del Instituto creado en los términos de esta Ley;

XXI. Renta, el beneficio periódico que reciba el Trabajador durante su retiro o sus Familiares Derechohabientes, por virtud del contrato de Seguro de Pensión que se celebre con la Aseguradora de su preferencia;

XXII. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja la cuantificación completa y actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas;

XXIII. Retiro Programado, la modalidad de obtener una Pensión fraccionando el monto total de los recursos de la Cuenta Individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los Pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos;

XXIV. Salario Mínimo, el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal;

XXV. Seguro de Pensión, el derivado de las leyes de seguridad social, que tenga por objeto, el pago de las Rentas periódicas durante la vida del Pensionado o el que corresponda a sus Familiares Derechohabientes;

XXVI. Seguro de Sobrevivencia, aquel que contratarán los Pensionados por, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a favor de sus Familiares Derechohabientes para otorgarles a éstos la Pensión que corresponda, en caso de fallecimiento del Pensionado;

XXVII. Subcuenta, cualquiera de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo que integran la Cuenta Individual;

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley, y

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto.

Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del Instituto conforme al reglamento respectivo.

En todo tiempo, las Dependencias y Entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio Instituto les requiera de los Trabajadores, extrabajadores y Pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los Trabajadores cotizantes, sus Aportaciones y Cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones.

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 8. Los Trabajadores están obligados a proporcionar al Instituto y a las Dependencias o Entidades en que presten sus servicios:

I. La información general de las personas que podrán considerarse como Familiares Derechohabientes, y

II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta Ley.

Los Trabajadores tendrán derecho a exigir a las Dependencias o Entidades el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo anterior, así como el que el Instituto los registre al igual que a sus Familiares Derechohabientes.

Artículo 9. El Instituto expedirá a todos los Derechohabientes de esta Ley, un medio de identificación para ejercer los derechos que la misma les confiere.

Para estos efectos, las Dependencias y Entidades estarán obligadas a proporcionar al Instituto los apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita.

Artículo 10. El Instituto definirá los medios para integrar un expediente electrónico único para cada Derechohabiente.

El expediente integrará todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación jurídica, historia clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se definan en el reglamento respectivo.

Los datos y registros que se asienten en el expediente electrónico serán confidenciales y la revelación de los mismos a terceros, sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del Derechohabiente respectivo o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal federal vigente.

El personal autorizado para el manejo de la información contenida en el expediente electrónico, así como los Derechohabientes tendrán acceso a la información de sus expedientes mediante los mecanismos y normas que establezca el Instituto.

La certificación que el Instituto emita en términos de las disposiciones aplicables, a través de la unidad administrativa competente, con base en la información que conste en el expediente electrónico a que se refiere este artículo, tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales.

El Trabajador y el Pensionado deberán auxiliar al Instituto a mantener al día su expediente electrónico y el de sus Familiares Derechohabientes. Para el efecto, la Junta Directiva incluirá en el reglamento respectivo, disposiciones que los incentiven a presentarse periódicamente a las instalaciones que el Instituto determine para cumplir con esta disposición.

Artículo 11. Para que los Derechohabientes puedan utilizar los seguros, prestaciones y servicios que les corresponden en términos de esta Ley, deberán cumplir los requisitos aplicables.

Artículo 12. Las Dependencias o Entidades deberán enterar al Instituto las Cuotas y Aportaciones tomando como Sueldo Básico mínimo el límite inferior previsto en el artículo 17 de esta Ley, aun en el caso de Trabajadores que tengan un ingreso inferior a dicho límite.

Artículo 13. El Instituto contará con medios electrónicos que le permitan crear una base de datos institucional, que contendrá los respectivos expedientes de sus Derechohabientes, misma a la que deberá dar acceso continuo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR reguladas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con excepción de lo relacionado con la información médica de los Derechohabientes, la cual estará reservada al Instituto.

Tanto las Dependencias y Entidades, como los Derechohabientes, tendrán la obligación de proporcionar la información que permita mantener actualizados los expedientes a que se refiere este artículo, conforme lo establezca el reglamento que regule las bases de datos de Derechohabientes.

Asimismo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro podrá solicitar a las Dependencias y Entidades, directamente o a través de las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, la información necesaria para proveer a la operación del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

La información que se entregue al Instituto, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR será confidencial, por lo que la revelación de ésta a terceros sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del Derechohabiente o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal federal vigente.

Artículo 14. El Instituto recopilará y clasificará la información sobre los Derechohabientes, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta Ley regula, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar. Con base en los resultados de los cálculos actuariales que se realicen, deberán proponerse al Ejecutivo Federal las modificaciones que fueran procedentes.

Artículo 15. El Instituto diseñará y pondrá en operación, un sistema de evaluación del desempeño, con base en el cual podrá definir las políticas y mecanismos de otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios.

Artículo 16. El Pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su Pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por cuenta del Pensionado.

Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

TÍTULO SEGUNDO DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO

CAPÍTULO I SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo.

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago.

Artículo 18. Los Trabajadores que desempeñen dos o más empleos en las Dependencias o Entidades cubrirán sus Cuotas sobre la totalidad de los Sueldos Básicos que correspondan, mismos que se tomarán en cuenta para fijar las Pensiones y demás beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida.

El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará por una sola vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador.

Artículo 19. La separación por licencia sin goce de sueldo, y la que se conceda por enfermedad, o por suspensión de los efectos del nombramiento conforme a la legislación federal aplicable, se computará como tiempo de servicios en los siguientes casos:

I. Cuando las licencias sean concedidas por un periodo que no exceda de seis meses;

II. Cuando el Trabajador sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras dure la privación de la libertad;

III. Cuando el Trabajador fuere suspendido en los términos del párrafo final del artículo 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que por laudo ejecutoriado, se le autorice a reanudar labores;

IV. Cuando el Trabajador fuere suspendido en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que por resolución firme, se revoque la sanción o la medida cautelar respectiva, y

V. Cuando el Trabajador obtenga laudo favorable ejecutoriado, derivado de un litigio laboral, por todo el tiempo en que estuvo separado del servicio.

En los casos señalados en las fracciones I y II anteriores, el Trabajador, deberá pagar la totalidad de las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley durante el tiempo que dure la separación. Si el Trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus Familiares Derechohabientes tuvieren derecho a Pensión y quisieren disfrutar de la misma, deberán cubrir el importe de esas Cuotas y Aportaciones.

Las Aportaciones y Cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta Ley, excepto las del seguro de salud y las del Fondo de la Vivienda.

Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, las Dependencias y Entidades, al efectuar la liquidación por sueldos dejados de percibir, o por salarios caídos, deberán retener al Trabajador las Cuotas correspondientes, y hacer lo propio respecto de sus Aportaciones enterando ambas al Instituto y, por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al PENSIONISSSTE o a la Administradora que opere la Cuenta Individual del Trabajador.

Las Aportaciones y Cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta Ley, excepto las del seguro de salud.

Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los Trabajadores o Pensionados los Descuentos procedentes conforme a esta Ley, el Instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo o Pensión mientras el adeudo no esté cubierto. En caso de que la omisión sea atribuible al Trabajador o Pensionado, se le mandará descontar hasta un cincuenta por ciento del sueldo.

Artículo 21. Las Dependencias y Entidades sujetas al régimen de esta Ley tienen la obligación de retener de los sueldos del Trabajador el equivalente a las Cuotas y Descuentos que éste debe cubrir al Instituto, de conformidad con las disposiciones administrativas que al efecto se emitan. Si las Cuotas y Descuentos no fueren retenidas al efectuarse el pago del sueldo, los obligados a hacerlo sólo podrán retener de éste el monto acumulado equivalente a dos cotizaciones; el resto de los no retenidos será a su cargo.

El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos, será por quincenas vencidas y deberá hacerse en entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, mediante los sistemas o programas informáticos que se establezcan al efecto, a más tardar, los días cinco de cada mes, para la segunda quincena del mes inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena del mes en curso, excepto tratándose de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda.

El entero de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año y se realizará mediante los sistemas o programas informáticos que, al efecto, determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las Dependencias o Entidades están obligadas a utilizar los sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el pago de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos.

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de encontrar errores o discrepancias que generen adeudos a favor del Instituto, deberán ser cubiertos en forma inmediata con las actualizaciones y recargos que correspondan, en los términos de esta Ley.

Artículo 22. Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los regímenes de esta Ley no enteren las Cuotas, Aportaciones y Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas Cuotas, Aportaciones y Descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los términos de Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el Instituto las notificará a las Dependencias y Entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se refiere este artículo.

Las Dependencias y Entidades mencionadas en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles a partir del requerimiento formulado por el Instituto, para realizar ante el Instituto las aclaraciones correspondientes.

Posteriormente, el Instituto requerirá a la Tesorería de la Federación, los pagos correspondientes por los adeudos vencidos que tengan las Dependencias y Entidades con cargo a su presupuesto. La señalada Tesorería deberá comprobar la procedencia del adeudo y en su caso, hacer el entero correspondiente al Instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

En el caso de los adeudos de las Entidades Federativas, de los municipios, o de sus Dependencias o Entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas Entidades Federativas.

En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, su actualización y recargos.

Artículo 23. Los ingresos provenientes de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos no se concentrarán en la Tesorería de la Federación, deberán ser enterados al Instituto. Tratándose de las Cuotas y Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se depositarán en la Cuenta Individual del Trabajador.

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias el concepto de Cuotas y Aportaciones de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las Dependencias y Entidades, en los términos de esta Ley.

Artículo 25. En caso de que alguna Dependencia o Entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de incumplimiento parcial o total del entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, el Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo, para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la Dependencia o Entidad respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el Director General del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo.

En el caso previsto en el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en esta Ley.

Artículo 26. En caso de que las Dependencias y Entidades realicen el pago de Cuotas y Aportaciones en exceso, deberán compensar el monto del exceso contra el monto del siguiente entero de Cuotas y Aportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios de la Dependencia o Entidad. Tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el pago de Cuotas en exceso no se deberá revertir.

En caso de que las Dependencias y Entidades realicen el pago de Cuotas y Aportaciones sin justificación legal, la devolución se sujetará al procedimiento que determine el Instituto. Tratándose de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y a la Subcuenta de ahorro solidario, se deberá estar al procedimiento que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y en ningún caso procederá la devolución de actualizaciones o cualquier accesorio diferente al monto nominal de las cantidades pagadas sin justificación legal.

CAPÍTULO II SEGURO DE SALUD

Sección I Generalidades

Artículo 27. El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental.

Artículo 28. El Instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus Derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento.

Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos; medición y evaluación del desempeño médico y financiero de los prestadores de servicios de salud del Instituto; incentivos al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de unidades prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de gestión; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos; oferta de capacidad excedente; Reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes.

Artículo 29. El Instituto desarrollará una función prestadora de servicios de salud, mediante la cual se llevarán a cabo las acciones amparadas por este seguro, a través de las unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con las modalidades de servicio previstas en las Secciones III y IV del presente Capítulo. Esta función procurará que el Instituto brinde al Derechohabiente servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar su salud y bienestar.

El Instituto desarrollará también una función financiera de servicios de salud, que administrará este seguro, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará lo mencionado en el párrafo anterior, propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero.

Artículo 30. La Junta Directiva del Instituto emitirá disposiciones reglamentarias para la regionalización de los servicios de salud, considerando criterios demográficos, de morbilidad, de demanda de servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia médica y financiera, entre otros. Asimismo, se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los servicios, referencias y contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren pertinentes.

Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo, los prestará directamente o por medio de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios, de conformidad con el reglamento respectivo.

En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder directamente de los servicios y a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo Instituto.

El Instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez garantizada la prestación a sus Derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento respectivo.

En estos casos, el Instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero.

Sección II Del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud

Artículo 32. El Instituto establecerá un plan rector para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y los servicios de salud, que deberá ser aprobado y revisado periódicamente por la Junta Directiva.

Para este efecto se establecerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los servicios de salud, que se integrará de manera paritaria con tres representantes de las áreas médica, administrativa y financiera del Instituto y tres representantes de las organizaciones de Trabajadores.

El comité tendrá las funciones de evaluar los resultados y de proponer medidas para la óptima prestación de los servicios médicos; plantear recomendaciones para que las unidades prestadoras de servicios de salud tengan los recursos necesarios y aseguren el equilibrio financiero, atendiendo prioritariamente las cuestiones de equipo, infraestructura y recursos humanos; así como proponer reconocimientos por desempeño, de conformidad con lo que establezca el reglamento que para este propósito apruebe la Junta Directiva.

Sección III Atención Médica Preventiva

Artículo 33. El Instituto proporcionará servicios de atención médica preventiva tendientes a proteger la salud de los Derechohabientes.

Artículo 34. La atención médica preventiva, conforme a los programas que autorice el Instituto sobre la materia, atenderá:

I. El control de enfermedades prevenibles por vacunación;

II. El control de enfermedades transmisibles;

III. Los programas de autocuidado y de detección oportuna de padecimientos;

IV. Educación para la salud;

V. Programas de combate a la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo;

VI. Salud reproductiva y planificación familiar;

VII. Atención materno infantil;

VIII. Salud bucal;

IX. Educación nutricional;

X. Salud mental;

XI. Atención primaria a la salud;

XII. Envejecimiento saludable;

XIII. Prevención y rehabilitación de pacientes con capacidades disminuidas, y

XIV. Las demás actividades que determine como tales la Junta Directiva de acuerdo con las posibilidades financieras del seguro de salud.

Sección IV Atención Médica Curativa y de Maternidad y Rehabilitación Física y Mental

Artículo 35. La atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación tendiente a corregir la invalidez física y mental, comprenderá los siguientes servicios:

I. Medicina familiar;

II. Medicina de especialidades;

III. Gerontológico y geriátrico;

IV. Traumatología y urgencias;

V. Oncológico;

VI. Quirúrgico, y

VII. Extensión hospitalaria.

Artículo 36. En caso de enfermedad el Trabajador y el Pensionado tendrán derecho a recibir atención médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de Servicios Médicos determinará qué se entiende por este último concepto.

En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de Pensionados, el tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación.

Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad en que labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste.

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que labore, conforme a lo siguiente:

I. A los Trabajadores que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con medio sueldo;

II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo;

III. A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y

IV. A los que tengan de diez años de servicios en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro y hasta sesenta días más con medio sueldo.

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Trabajador para desempeñar su labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva correspondiente del seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por ciento del Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la incapacidad.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en que se tomó posesión del puesto. A partir de ese momento, el pago estará a cargo de la Dependencia o Entidad conforme a las fracciones que anteceden.

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo tercero del presente artículo el Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el párrafo anterior hasta por veintiséis semanas.

A más tardar, al concluir el segundo periodo de cincuenta y dos semanas, el Instituto deberá dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del Trabajador, que lo hiciere sujeto de una Pensión en los términos de la presente Ley. Si al declararse esta invalidez el Trabajador no reúne los requisitos para tener derecho a una Pensión por invalidez, podrá optar por retirar en una sola exhibición, el saldo de su Cuenta Individual, en el momento que lo desee.

Artículo 38. Cuando se haga la hospitalización del Trabajador en los términos del reglamento respectivo, el subsidio establecido en el artículo anterior se pagará a éste o a los Familiares Derechohabientes señalados en el orden del artículo 41 de esta Ley.

Para la hospitalización o intervención quirúrgica se requiere el consentimiento expreso del enfermo o de algún familiar responsable, a menos que en los casos graves o de urgencia o cuando por la naturaleza de la enfermedad se imponga como indispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapaces, precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o, en su defecto, del Ministerio Público o autoridad legalmente competente.

Se suspenderá el pago del subsidio en caso de incumplimiento a la orden del Instituto de someterse el enfermo a hospitalización, o cuando se interrumpa el tratamiento sin la autorización debida.

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional;

II. Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo, y

III. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será señalado periódicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los del Trabajador o Pensionado del que se deriven estas prestaciones.

En el caso de que la Trabajadora no cumpla con el requisito de seis meses de antigüedad, la Dependencia o Entidad de su adscripción, cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la Junta Directiva.

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran:

I. El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. Los hijos menores de dieciocho años de ambos o de sólo uno de los cónyuges, siempre que dependan económicamente de alguno de ellos;

III. Los hijos solteros mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo;

IV. Los hijos mayores de dieciocho años incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medios legales procedentes, y

V. Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado.

Los familiares que se mencionan en este artículo tendrán el derecho que esta disposición establece si reúnen los siguientes requisitos:

a) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los servicios de atención médica curativa y de maternidad, así como de rehabilitación física y mental, y

b) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derecho a las prestaciones señaladas en el inciso anterior.

Sección V Régimen Financiero

Artículo 42. El seguro de salud se financiará en la forma siguiente:

I. A los Trabajadores les corresponden las siguientes Cuotas:

a) Una Cuota de dos punto setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico para financiar al seguro de salud de los Trabajadores en activo y Familiares Derechohabientes, y

b) Una Cuota de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del Sueldo Básico para financiar al seguro de salud de los Pensionados y Familiares Derechohabientes;

II. A las Dependencias y Entidades les corresponden las siguientes Aportaciones:

a) El equivalente al siete punto trescientos setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico financiará al seguro de salud de los Trabajadores en activo y sus Familiares Derechohabientes, y

b) El equivalente al cero punto setenta y dos por ciento del Sueldo Básico para financiar el seguro de salud de los Pensionados y sus Familiares Derechohabientes;

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una Cuota Social diaria por cada Trabajador, equivalente al trece punto nueve por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal vigente al día primero de julio de mil novecientos noventa y siete actualizado trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor de esta Ley. La cantidad inicial que resulte, a su vez, se actualizará trimestralmente, conforme al Índice Nacional del Precios al Consumidor.

Estos porcentajes incluyen gastos específicos de administración del seguro de salud.

CAPÍTULO III CONSERVACIÓN DE DERECHOS

Artículo 43. El Trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de seis meses, conservará en los dos meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en el Capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus familiares derechohabientes.

Capítulo IV De las Pensiones

Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el trabajador o sus familiares derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello.

Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso oficial de baja.

Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo Básico del solicitante que estuviere separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a Pensión y de que se finquen las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del Instituto y los de las Dependencias o Entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al Instituto las cantidades erogadas, así como sus accesorios.

Artículo 46. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido por omisión o error en el informe rendido por la Dependencia o Entidad, se resarcirá el propio Instituto con cargo al presupuesto de éstas.

Artículo 47. Cuando un Pensionado reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la Pensión que le hubiere sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de inhabilitados que quedaren aptos para el servicio.

El Pensionado por invalidez e incapacidad total que reingresare al servicio activo deberá notificar al Instituto en un plazo no mayor a diez días hábiles, a efecto de que se suspenda temporalmente su Pensión.

Artículo 48. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son compatibles con el disfrute de otras Pensiones que se reciban con el carácter de Familiar Derechohabiente.

Artículo 49. La edad y el parentesco de los Trabajadores y sus Familiares Derechohabientes se acreditará ante el Instituto conforme a los términos de la legislación civil aplicable, y la dependencia económica mediante informaciones testimoniales que ante autoridad judicial o administrativa se rindan o bien, con documentación que extiendan las autoridades competentes.

Artículo 50. El Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una Pensión. Asimismo, se podrá solicitar al interesado o a las Dependencias o Entidades, la exhibición de los documentos que en su momento se pudieron haber presentado para acreditar la Pensión. Cuando se descubra que los documentos son falsos, el Instituto, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión y en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que procedan.

Artículo 51. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las Pensiones que esta Ley establece. Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.

Artículo 52. El monto mensual mínimo de las Pensiones para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez será el señalado en el artículo 92 de esta Ley. Para el seguro de invalidez y vida, el monto mensual mínimo de las Pensiones será el previsto en el artículo 121 de esta Ley.

Artículo 53. Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo, para los efectos del otorgamiento de las Pensiones.

Artículo 54. El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes que adquieran el derecho a disfrutar de una Pensión proveniente de algún plan establecido por su Dependencia o Entidad, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que el PENSIONISSSTE o la Administradora que opere su Cuenta Individual, le entregue los recursos que la integran antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la entidad financiera que el Trabajador designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando la Pensión de que disfrute sea mayor al menos en un treinta por ciento a la Garantizada.

Capítulo V Seguro de Riesgos del Trabajo

Sección I Generalidades

Artículo 55. Se establece el seguro de riesgos del trabajo en favor de los Trabajadores y, como consecuencia de ello, el Instituto se subrogará en la medida y términos de esta Ley, en las obligaciones de las Dependencias o Entidades, derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto a los mismos riesgos se refiere.

Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo.

Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa.

Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo.

Los riesgos del trabajo pueden producir:

I. Incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo;

II. Incapacidad parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar;

III. Incapacidad total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida, y

IV. Muerte.

Artículo 57. Las prestaciones en dinero que concede este Capítulo serán cubiertas íntegramente con la Aportación a cargo de las Dependencias y Entidades que señala la Sección III del mismo.

Las prestaciones en especie que concede este Capítulo serán cubiertas íntegramente por el seguro de salud.

Artículo 58. Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. En caso de desacuerdo con la calificación el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. En caso de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, el afectado elija uno.

El dictamen del especialista tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la calificación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente.

Artículo 59. No se considerarán riesgos del trabajo:

I. Si el accidente ocurre encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez;

II. Si el accidente ocurre encontrándose el Trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el Trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del jefe inmediato, presentándole la prescripción suscrita por el médico;

III. Si el Trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona;

IV. Los que sean resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña en que hubiere participado el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y

V. Las enfermedades o lesiones que presente el Trabajador consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el Trabajador ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de éstas, al sufrir un riesgo del trabajo.

Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo.

Artículo 61. El Trabajador que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;

II. Servicio de hospitalización;

III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y

IV. Rehabilitación.

Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el Trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce del cien por ciento del sueldo, cuando el riesgo del trabajo imposibilite al Trabajador para desempeñar sus labores. El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Dependencias o Entidades hasta que termine la incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del Trabajador.

Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgo del trabajo, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que deberá someterse el Trabajador y en la inteligencia de que si a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no está el Trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o la Dependencia o Entidad, podrán solicitar en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea declarada la incapacidad permanente. No excederá de un año, contado a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del riesgo, el plazo para que se determine si el Trabajador está apto para volver al servicio o bien procede declarar su incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes;

II. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una Pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la Pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de valuación mencionada, teniendo en cuenta la edad del Trabajador y la importancia de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido la aptitud para su desempeño. Esta Pensión será pagada mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, en los términos de la fracción siguiente.

Cuando el Trabajador pueda dedicarse a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente su capacidad para el desempeño de su trabajo, las Dependencias y Entidades podrán prever su cambio de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad.

Si el monto de la Pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del Salario Mínimo elevado al año, se pagará al Trabajador o Pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente a cinco anualidades de la Pensión que le hubiere correspondido;

III. Al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una Pensión vigente hasta que cumpla sesenta y cinco años, mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta, igual al Sueldo Básico que venía disfrutando el Trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funciones. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.

Los Pensionados por riesgos del trabajo tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado:

a) En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o

b) Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con la doceava parte de la gratificación anual.

Artículo 63. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar del beneficio de Pensión. El Instituto calculará el monto necesario conforme a las reglas que para tal efecto, expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la contratación del Seguro de Pensión y el propio Instituto, entregará dicha suma a la Aseguradora elegida por el Trabajador.

La Renta otorgada al Pensionado incapacitado deberá cubrir:

I. La Pensión, y

II. Las Cuotas y Aportaciones a la Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley.

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos correspondientes recibirá la Pensión Garantizada.

Artículo 64. La Aseguradora elegida por el Pensionado deberá proceder como sigue:

I. Pagará mensualmente la Pensión;

II. Depositará bimestralmente las Cuotas y Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en la Cuenta Individual del Pensionado, y

III. Pagará una gratificación anual al Pensionado.

Artículo 65. Los Trabajadores que soliciten Pensión por riesgos del trabajo y los Pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les prescriba y proporcione en cualquier tiempo, con el fin de aumentar o en su caso disminuir su cuantía y en su caso revocar la misma en virtud del estado físico que goce el pensionista, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la Pensión.

La suspensión del pago de la Pensión sólo requerirá que el Instituto lo solicite por escrito a la Aseguradora correspondiente.

El pago de la Pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de la fecha en que el Pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar, en el primer caso, al reintegro de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión. Asimismo, el Instituto solicitará a la Aseguradora que esté pagando la Renta contratada por el Pensionado, la devolución de la Reserva del Seguro de Pensión, correspondiente al plazo que dure la suspensión.

Artículo 66. La Pensión por incapacidad parcial podrá ser revocada cuando el Trabajador se recupere de las secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice en términos del artículo anterior. En este supuesto, el Trabajador continuará laborando, y el único efecto será la cancelación de la Pensión correspondiente.

La Pensión por incapacidad total será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.

El Instituto notificará la revocación de la Pensión por escrito a la Aseguradora correspondiente.

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.

Artículo 67. Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, los familiares señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que establece, gozarán de una Pensión equivalente al cien por ciento del Sueldo Básico que hubiese percibido el Trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento y la misma gratificación anual que le hubiere correspondido al Trabajador como Pensionado por riesgos del trabajo. En este caso, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo a la Aseguradora, con cargo al cual se pagará la Pensión a los Familiares Derechohabientes.

Los Familiares Derechohabientes elegirán la Aseguradora con la que deseen contratar su Seguro de Pensión con los recursos relativos al Monto Constitutivo de la Pensión a que se refiere el párrafo anterior.

Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Trabajador fallecido, sus Familiares Derechohabientes podrán optar por:

I. Retirarlos en una sola exhibición, o

II. Contratar Rentas por una cuantía mayor.

Artículo 68. Cuando fallezca un Pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se aplicarán las siguientes reglas:

I. Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la causa que originó la incapacidad, a los sujetos señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que la misma establece, se les otorgará en conjunto una Pensión equivalente al cien por ciento de la que venía disfrutando el Pensionado a cuyo efecto, el Instituto entregará el Monto Constitutivo a la Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para el pago de la Renta correspondiente, y

II. Si la muerte es originada por causas ajenas a las que dieron origen a la incapacidad permanente, sea total o parcial, se entregará a los familiares señalados por esta Ley y en su orden, el importe de seis meses de la Pensión asignada al Pensionado con cargo a la Renta que hubiere sido contratada por el Instituto para el Pensionado, sin perjuicio del derecho de disfrutar la Pensión que en su caso les otorgue esta Ley.

Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Pensionado fallecido, sus Familiares Derechohabientes podrán optar por:

a) Retirarlos en una sola exhibición, o

b) Contratar Rentas por una cuantía mayor.

Artículo 69. La seguridad y salud en el trabajo, en las Dependencias y Entidades, se normará por la legislación aplicable, así como por las disposiciones que en esta materia se fijen en las Condiciones Generales de Trabajo o los Contratos Colectivos que rijan la relación laboral en las Dependencias y Entidades.

Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión para el viudo, concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

Artículo 71. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a realizar acciones de carácter preventivo con objeto de abatir la incidencia de las enfermedades y accidentes del trabajo. El Instituto se coordinará con las Dependencias, Entidades, organismos e instituciones que considere necesarios para la elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

El Instituto podrá evaluar la actuación de las Dependencias y Entidades en materia de seguridad y salud en el trabajo a efecto de emitir recomendaciones que se estimen pertinentes.

En caso de que exista una relación directa entre un accidente de trabajo y el incumplimiento de la Dependencia o Entidad de una acción preventiva, el Instituto deberá dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de la Función Pública para efectos de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Cuando las Dependencias y Entidades, durante el ejercicio fiscal respectivo, cuenten con recursos presupuestarios asignados a los programas y campañas y no hayan llevado a cabo las acciones a que éstos se refieren, el Instituto informará de esto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se realicen los ajustes presupuestarios que, en su caso, procedan.

Artículo 72. Las Dependencias y Entidades deberán:

I. Llevar a cabo y, en su caso, facilitar la realización de estudios e investigaciones sobre las posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo y adoptar medidas adecuadas para su control;

II. Informar al Instituto sobre la ocurrencia de accidentes o enfermedades de trabajo de su ámbito de competencia;

III. Proporcionar al Instituto datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre accidentes y enfermedades de trabajo;

IV. Difundir e implantar en su ámbito de competencia, las normas preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo;

V. Integrar y operar con regularidad las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo brindando las facilidades necesarias a sus integrantes para el adecuado desarrollo de sus funciones;

VI. Elaborar, con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto, su programa de prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, así como implantarlo conforme a las disposiciones que establezca;

VII. Capacitar a los Trabajadores sobre la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, atendiendo a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en los centros de trabajo, y

VIII. Llevar a cabo aquellas otras acciones que se establezcan en los reglamentos en la materia.

Artículo 73. Corresponde al Instituto promover la integración y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud en los centros de trabajo de las Dependencias y Entidades y, a las propias comisiones, atender las recomendaciones que el Instituto formule en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Instituto deberá asimismo, promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva Nacional y de Comisiones Consultivas de las Entidades Federativas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sector Público Federal.

Sección II Incremento Periódico de las Pensiones

Artículo 74. La cuantía de las Pensiones por incapacidad parcial o total permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior.

Las Pensiones a los Familiares Derechohabientes del Trabajador por riesgos del trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Sección III Régimen Financiero

Artículo 75. Las Dependencias y Entidades cubrirán una Aportación de cero punto setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico por el seguro de riesgos del trabajo.

Capítulo VI Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Sección I Generalidades

Artículo 76. Para los efectos del seguro a que se refiere este Capítulo, es derecho de todo Trabajador contar con una Cuenta Individual operada por el Pensionissste o por una Administradora que elija libremente. La Cuenta Individual se integrará por las Subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo.

Los Trabajadores que coticen simultánea o sucesivamente al Instituto y al IMSS deberán acumular los recursos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de ambos regímenes en una misma Cuenta Individual. Lo anterior, sin perjuicio de que se identifiquen por separado mediante Subcuentas.

En el caso de cotización simultánea o sucesiva en el Instituto y en otros sistemas de seguridad social, la acumulación de recursos seguirá los criterios y mecanismos fijados en el convenio de portabilidad que, en su caso, se suscriba.

Artículo 77. Durante el tiempo en que el Trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a:

I. Realizar depósitos a su Cuenta Individual, y

II. Retirar de su Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez por ciento del saldo de la propia Subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los Trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El Trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente.

Artículo 78. Los beneficiarios legales del Trabajador titular de una Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los Familiares Derechohabientes que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

En caso de fallecimiento del Trabajador, si los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, ya no tienen derecho a Pensión por el seguro de invalidez y vida, el Pensionissste o la Administradora respectiva entregarán el saldo de la Cuenta Individual en partes iguales a los beneficiarios legales que haya registrado el Trabajador en el Instituto.

El Trabajador, deberá designar beneficiarios sustitutos de los indicados en el párrafo anterior, única y exclusivamente para el caso de que faltaren los beneficiarios legales. El Trabajador podrá en cualquier tiempo cambiar esta última designación. Dicha designación deberá realizarla en el Pensionissste o en la Administradora que le opere su Cuenta Individual.

A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Artículo 79. Los Pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al régimen obligatorio abrirán una nueva Cuenta Individual, en el Pensionissste o en la Administradora que elijan. Una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá el Trabajador transferir a la Aseguradora, al Pensionissste, o a la Administradora que le estuviera pagando su Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta Individual, conviniendo el incremento en la Renta vitalicia o Retiros Programados que se le esté cubriendo.

Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre y cuando la Pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias exhibiciones, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La disposición de la cuenta así como de sus rendimientos estará exenta del pago de contribuciones.

Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el Trabajador podrá acumular los recursos de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez aportados bajo cualquier régimen, los de la Subcuenta de ahorro solidario, los de la Subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, los de la Subcuenta de aportaciones voluntarias y los de la Subcuenta de ahorro a largo plazo.

Asimismo, el Trabajador Pensionado en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir servicios del seguro de salud por parte del Instituto.

Artículo 81. Con cargo a los recursos acumulados de la Cuenta Individual del Trabajador, el Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez adquirirá en favor de sus Familiares Derechohabientes, en el momento de otorgarse la Pensión, un Seguro de Sobrevivencia, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en las mismas condiciones que para tal efecto establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

Artículo 82. La disposición que realice el Trabajador de los recursos de su Cuenta Individual por cualquiera de los supuestos previstos por esta Ley, disminuirá en igual proporción a los años de cotización efectuados.

La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto acumulado de los recursos de la Cuenta Individual entre el número de años cotizados hasta el momento de realizarse la disposición de dichos recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente resultante de la anterior operación. El resultado se le restará a los años cotizados.

Artículo 83. Los recursos depositados en la Cuenta Individual de cada Trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los recursos depositados en la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y en la Subcuenta de ahorro solidario serán inembargables.

Los recursos depositados en las Subcuentas de aportaciones voluntarias, complementarias de retiro y de ahorro a largo plazo serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte veces el Salario Mínimo elevado al año por cada Subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo.

Sección II Pensión por Cesantía en Edad Avanzada

Artículo 84. Para los efectos de esta Ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que el Trabajador tenga un mínimo de veinticinco años de cotización reconocidos por el Instituto.

El Trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su Pensión.

Artículo 85. La contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada, obliga al Instituto al otorgamiento de:

I. Pensión, y

II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este Título.

Artículo 86. El derecho al goce de la Pensión por cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el Trabajador cumpla con los requisitos señalados en esta Sección, siempre que solicite el otorgamiento de dicha Pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el Instituto el aviso de baja.

Artículo 87. Los Trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en esta Sección podrán disponer de su Cuenta Individual con el objeto de disfrutar de una Pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas siguientes:

I. Contratar con la Aseguradora de su elección un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, o

II. Mantener el saldo de su Cuenta Individual en el PENSIONISSSTE o en una Administradora y efectuar con cargo a dicho saldo, Retiros Programados.

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una Renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I. El Pensionado no podrá optar por la alternativa señalada si la Renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la Pensión Garantizada.

Sección III Pensión por Vejez

Artículo 88. El seguro de vejez da derecho al Trabajador al otorgamiento de:

I. Pensión, y

II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este Título.

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco años de cotización.

En caso que el Trabajador o Pensionado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su Pensión.

Artículo 90. El otorgamiento de la Pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del Trabajador y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar o termine el plazo de la Renta que venía disfrutando por estar Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior.

Artículo 91. Los Trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en esta Sección podrán disponer de su Cuenta Individual con el objeto de disfrutar de una Pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

I. Contratar con una Aseguradora de su elección un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, o

II. Mantener el saldo de su Cuenta Individual en el Pensionissste o en una Administradora y efectuar con cargo a dicho saldo, Retiros Programados.

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El Pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I. El Trabajador no podrá optar por la alternativa señalada si la Renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la Pensión Garantizada.

Sección IV De la Pensión Garantizada

Artículo 92. Pensión Garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y su monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículo 93. El Trabajador referido en el artículo anterior, cuyos recursos acumulados en su Cuenta Individual resulten insuficientes para contratar una Renta vitalicia o un Retiro Programado que le asegure el disfrute de una Pensión Garantizada en forma vitalicia y la adquisición de un Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes, recibirá del Gobierno Federal una Aportación complementaria suficiente para el pago de la Pensión correspondiente.

En estos casos, el Pensionissste o la Administradora continuarán con la administración de la Cuenta Individual del Pensionado y se efectuarán retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de la Pensión Garantizada, en los términos que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 94. El Gobierno Federal con recursos propios complementarios a los de la Cuenta Individual correspondiente, cubrirá la Pensión Garantizada, en la forma y términos que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Trabajador deberá solicitar la Pensión Garantizada al Instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte, la Administradora está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera para este efecto.

Agotados los recursos de la Cuenta Individual, la Administradora, notificará este hecho al Instituto. En este caso, la Pensión será cubierta con los recursos que para tal efecto proporcione el Gobierno Federal.

Artículo 95. A la muerte del Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que estuviere gozando de una Pensión Garantizada, el Gobierno Federal, por conducto de quien determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá contratar una Renta que cubra la Pensión correspondiente a favor de los Familiares Derechohabientes con la Aseguradora que éstos elijan o pagar las Pensiones conforme al mismo procedimiento utilizado para el pago de la Pensión Garantizada.

En caso de optar por la contratación de Rentas, los Familiares Derechohabientes del Pensionado fallecido y el Instituto, cuando tuviere conocimiento de este hecho, deberán informar del fallecimiento al Pensionissste o a la Administradora que, en su caso, estuviere pagando la Pensión, y observarse lo siguiente:

I. El Pensionissste o la Administradora deberá entregar al Instituto los recursos que hubiere en la Cuenta Individual del Pensionado fallecido, los cuales se destinarán al pago del Monto Constitutivo de la Renta de los Familiares Derechohabientes, y

II. El Gobierno Federal, por conducto de quien determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá aportar los recursos faltantes para el pago del Monto Constitutivo de la mencionada Renta.

Artículo 96. El pago de la Pensión Garantizada será suspendido cuando el Pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio de esta Ley o de la Ley del Seguro Social.

El Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una Pensión Garantizada no podrá recibir otra de igual naturaleza.

La Pensión que corresponda a los Familiares Derechohabientes del Pensionado fallecido, se entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra Pensión de cualquier naturaleza.

Sección V De la Cuenta Individual

Artículo 97. A cada Trabajador se le abrirá una Cuenta Individual en el PENSIONISSSTE o, si así lo elige, en una Administradora. Los Trabajadores podrán solicitar el traspaso de su Cuenta Individual al PENSIONISSSTE o a una Administradora diferente a la que opere la cuenta en los casos previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 98. Los Trabajadores no deberán tener más de una Cuenta Individual, independientemente de que se encuentren sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Si tuvieren varias Cuentas Individuales deberán hacerlo del conocimiento del PENSIONISSSTE o de la o las Administradoras en que se encuentren registrados, a efecto de que las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro promuevan los procedimientos de unificación o traspaso correspondientes que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Asimismo, cuando se encuentren abiertas en el PENSIONISSSTE o en una misma Administradora varias Cuentas Individuales de un mismo Trabajador, las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán unificar de oficio dichas Cuentas Individuales.

El Trabajador que tenga abierta una Cuenta Individual y que cambie de régimen o simultáneamente se encuentre sujeto a dos o más regímenes de seguridad social deberá integrar todos los recursos que se depositen a su favor, en la Cuenta Individual que tuviera abierta. Lo anterior, sin perjuicio de su derecho a traspasar su Cuenta Individual de conformidad con las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tendrá, respecto de las Cuentas Individuales, las entidades que administren éstas, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y las comisiones que se cobren a los Trabajadores por la administración de las Cuentas Individuales, las facultades a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en lo que no se opongan a las disposiciones del presente ordenamiento.

Las Dependencias y Entidades deberán informar bimestralmente a los Trabajadores, sobre las Aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, en su caso, a cualquier otra organización representativa de los Trabajadores.

Artículo 99. Las Dependencias y Entidades serán responsables de los daños y perjuicios que se causaren al Trabajador o a sus Familiares Derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo al Instituto o de avisar su Sueldo Básico o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este Capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su cuantía.

Sección VI Del Ahorro Solidario para el Incremento de las Pensiones

Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el dos por ciento de su Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto en su Cuenta Individual.

Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores que opten por dicho Descuento, estarán obligados a depositar en la referida Subcuenta, tres pesos con veinticinco centavos por cada peso que ahorren los Trabajadores con un tope máximo del seis punto cinco por ciento del Sueldo Básico.

A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las cantidades a su cargo conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin que las mismas se consideren Cuotas o Aportaciones.

Los recursos acumulados en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas aplicables a la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Sección VII Régimen Financiero

Artículo 101. Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se recibirán y se depositarán en las respectivas Subcuentas de la Cuenta Individual de cada Trabajador, de conformidad con las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 102. Las Cuotas y Aportaciones a que se refiere este Capítulo serán:

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de seis punto ciento veinticinco por ciento del Sueldo Básico;

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de retiro de dos por ciento, y por cesantía en edad avanzada y vejez, de tres punto ciento setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico, y

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una Cuota Social diaria por cada Trabajador, equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal vigente al día primero de julio de mil novecientos noventa y siete actualizado trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor de esta Ley. La cantidad inicial que resulte, a su vez, se actualizará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, conforme al Índice Nacional del Precios al Consumidor.

Para efecto de las Cuotas y Aportaciones de los Pensionados por riesgos del trabajo o invalidez, las cotizaciones antes mencionadas se realizarán con base en el monto de la Pensión que reciban.

Los recursos a que se refiere este artículo se depositarán en las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Sección VIII Del Pensionissste

Artículo 103. Se crea el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado Pensionissste, el cual será un órgano público desconcentrado del Instituto dotado de facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la presente Ley.

Artículo 104. El Pensionissste tendrá a su cargo:

I. Administrar Cuentas Individuales, y

II. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales que administre, excepto los de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda.

Artículo 105. El Pensionissste tendrá las facultades siguientes:

I. Abrir, administrar y operar las Cuentas Individuales de los Trabajadores en los mismos términos que las Administradoras;

II. Recibir las Cuotas y Aportaciones de seguridad social correspondientes a las Cuentas Individuales y los demás recursos que en términos de esta Ley puedan ser recibidos en las Cuentas Individuales, excepto las de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda;

III. Individualizar las Cuotas y Aportaciones destinadas a las Cuentas Individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas;

IV. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que administre;

V. Constituir y operar sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro;

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas Individuales de los Trabajadores, con excepción de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los gastos de administración y operación del Pensionissste que sean inherentes a sus funciones.

En todo caso, las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las administradoras;

VII. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los Trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus Cuentas Individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las Aportaciones de las Dependencias y Entidades, del Estado y del Trabajador, y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas;

VIII. Establecer servicios de información y atención a los Trabajadores;

IX. Entregar los recursos a la Aseguradora o Administradora que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes hayan elegido, para la contratación de Rentas vitalicias, del Seguro de Sobrevivencia, o Retiros Programados;

X. Contratar cualquier tipo de servicios requeridos para la administración de las Cuentas Individuales y la inversión de los recursos, y

XI. Las demás que le otorguen ésta u otras leyes.

Artículo 106. El Pensionissste estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las Administradoras.

Asimismo, los servidores públicos del PENSIONISSSTE estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones establecidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para los funcionarios de las Administradoras.

Artículo 107. El Pensionissste elaborará su presupuesto asegurando que los costos de administración sean cubiertos únicamente con el producto de las comisiones cobradas por la administración de los recursos del Fondo.

Artículo 108. Los recursos para la operación del Pensionissste se integrarán:

I. Con las comisiones que se cobren por la administración de los recursos de las Cuentas Individuales, con excepción de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y

II. Con los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título.

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva del Pensionissste deberá establecer el régimen de inversión de los recursos cuya administración se encuentre a cargo del Pensionissste.

El régimen deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los Trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar:

I. La actividad productiva nacional;

II. La construcción de vivienda;

III. La generación de energía, la producción de gas y petroquímicos, y

IV. La construcción de carreteras.

El Pensionissste deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su Comisión Ejecutiva, el cual deberá observar en todo momento las reglas de carácter general que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para la inversión de los recursos invertidos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

Artículo 110. La dirección y administración del Pensionissste estará a cargo de una Comisión Ejecutiva integrada por dieciocho miembros como a continuación se indica:

I. El Director General del Instituto, quien la presidirá;

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del Instituto;

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos vocales nombrados por el Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Función Pública, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Pensionissste no podrán ser miembros de la Junta Directiva del Instituto, con excepción del Director General.

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del Pensionissste durarán en sus funciones por todo el tiempo que subsista su designación y podrán ser removidos libremente a petición de quienes los hayan propuesto.

Artículo 111. La Comisión Ejecutiva del Pensionissste sesionará por lo menos una vez cada dos meses.

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del Pensionissste tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Resolver sobre las operaciones del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado, excepto aquéllas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá acordar lo conducente;

II. Presentar a la aprobación de la Junta Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamiento, así como los estados financieros y el informe de labores formulados por el Vocal Ejecutivo;

III. Proponer a la Junta Directiva del Instituto la estrategia de inversión de los recursos de Pensiones observando lo establecido en el artículo 109 de esta Ley, y

IV. Las demás que señale la Junta Directiva.

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del Pensionissste tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva del Instituto con voz, pero sin voto, para informar de los asuntos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado;

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y de la Comisión Ejecutiva del Pensionissste, relacionados con el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado;

III. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva;

IV. Presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del Pensionissste, dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Pensionissste a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamiento para el año siguiente;

VI. Presentar a consideración de la Comisión Ejecutiva del Pensionissste, un informe bimestral sobre las actividades de la propia Comisión Ejecutiva;

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Pensionissste para su consideración, la estrategia de inversión de los recursos de Pensiones;

VIII. Proponer al Director General los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo del Pensionissste, y

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Capítulo VII Seguro de Invalidez y Vida

Sección I Generalidades

Artículo 114. Los riesgos protegidos en este Capítulo son la invalidez y la muerte del Trabajador o del Pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley.

Artículo 115. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este Capítulo requiere del cumplimiento de periodos de espera, medidos en años de cotización reconocidos por el Instituto, según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados.

Para los efectos de este artículo, para computar los años de cotización por lo que se refiere al seguro contenido en este Capítulo, se considerarán los periodos que se encuentren amparados por el dictamen médico respectivo.

Artículo 116. El pago de la Pensión de invalidez se suspenderá durante el tiempo en que el Pensionado desempeñe un trabajo que le proporcione un ingreso mayor al referido en el artículo 118 de esta Ley.

Artículo 117. Si un Trabajador o sus Familiares Derechohabientes tiene derecho a cualquiera de las Pensiones de este Capítulo y también a Pensión proveniente del seguro de riesgos del trabajo, siempre y cuando se trate de una incapacidad parcial previa al estado de invalidez, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien por ciento del Sueldo Básico mayor, de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las Pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la Pensión proveniente de riesgos del trabajo.

Sección II Pensión por Invalidez

Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto.

La Pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante tres años.

El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en los términos de esta Ley, al otorgamiento de:

I. Pensión temporal, o

II. Pensión definitiva.

Artículo 119. La Pensión temporal se concederá con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años durante los cuales será pagada con cargo a las Reservas de este seguro por parte del Instituto. Transcurrido el periodo de adaptación, la Pensión se considerará como definitiva debiéndose contratar un Seguro de Pensión que le otorgue la Renta a que se refiere el artículo siguiente, y su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la invalidez. El derecho al pago de esta Pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el Trabajador cause baja motivada por la inhabilitación.

Artículo 120. La Pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la Pensión temporal y estará vigente hasta que el Pensionado cumpla sesenta y cinco años y veinticinco años de cotización. La Pensión se cubrirá mediante la contratación de un Seguro de Pensión con una Aseguradora.

Artículo 121. La cuantía de la Pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador. Dicha cuantía no será inferior a la Pensión prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.

Los Pensionados por invalidez tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado:

I. En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o

II. Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con la doceava parte de la gratificación anual.

Artículo 122. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar del beneficio de Pensión definitiva. El Instituto calculará el monto necesario, conforme a las reglas que para tal efecto expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la contratación del Seguro de Pensión y, el propio Instituto entregará dicha suma a la Aseguradora elegida por el Trabajador.

La Renta otorgada al Pensionado por invalidez deberá cubrir:

I. La Pensión, y

II. Las Cuotas y Aportaciones a la Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley.

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos correspondientes recibirá la Pensión Garantizada.

Artículo 123. La Aseguradora elegida por el Pensionado deberá proceder como sigue:

I. Pagará mensualmente la Pensión;

II. Depositará bimestralmente las Cuotas y Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en la Cuenta Individual del Pensionado, y

III. Pagará una gratificación anual al Pensionado.

Artículo 124. El otorgamiento de la Pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos:

I. Solicitud del Trabajador o de sus legítimos representantes, y

II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la existencia del estado de invalidez de conformidad con el reglamento respectivo. En caso de desacuerdo con la dictaminación, el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un médico especialista en la materia. En caso de desacuerdo entre la dictaminación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas para que de entre ellos el afectado elija uno.

El dictamen del perito tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la dictaminación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente.

Artículo 125. No se concederá la Pensión por invalidez:

I. Si la invalidez se origina encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez;

II. Si la invalidez ocurre encontrándose el Trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el Trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del jefe inmediato presentándole la prescripción suscrita por el médico;

III. Si el Trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona;

IV. Si la invalidez es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en que hubiere participado el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y

V. Cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del nombramiento del Trabajador.

Artículo 126. Los Trabajadores que soliciten Pensión por invalidez y los Pensionados por la misma causa están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les prescriba y proporcione y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la Pensión.

Artículo 127. La Pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá:

I. Cuando el Pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o empleo, y

II. En el caso de que el Pensionado o solicitante se niegue injustificadamente a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto le prescriba y proporcione en cualquier tiempo, así como a las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto, o se resista a las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse, salvo que se trate de una persona afectada de sus facultades mentales. El pago de la Pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de la fecha en que el Pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar, en el primer caso, a recibir las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión.

La suspensión del pago de la Pensión, sólo requerirá que el Instituto lo solicite por escrito a la Aseguradora correspondiente. Asimismo, el Instituto solicitará a la Aseguradora, la devolución de la Reserva del Seguro de Pensión, correspondiente al plazo que dure la suspensión.

Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.

La revocación de la Pensión se llevará a cabo en los mismos términos que se señalan para la suspensión, en el último párrafo del artículo anterior.

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo primero de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión.

Sección III Pensión por Causa de Muerte

Artículo 129. La muerte del Trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta Ley.

En este caso, las Pensiones se otorgarán por la Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para la contratación de su Seguro de Pensión. A tal efecto, se deberá integrar un Monto Constitutivo en la Aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la Pensión y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este Capítulo. Para ello, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo con cargo al cual se pagará la Pensión y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este Capítulo, por la Aseguradora.

En caso de fallecimiento de un Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, las Pensiones a que se refiere este artículo se cubrirán por el Instituto, mediante la entrega del Monto Constitutivo a la Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para el pago de la Renta correspondiente.

El saldo acumulado en la Cuenta Individual del Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez fallecido, podrá ser retirado por sus Familiares Derechohabientes en una sola exhibición o utilizado para contratar un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta por una suma mayor.

Artículo 130. El derecho al pago de la Pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la Pensión.

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares Derechohabientes será el siguiente:

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión.

Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común;

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del Trabajador o Pensionado;

IV. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una Pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes, y

V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad.

Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador por invalidez o de la Pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.

Artículo 133. Si otorgada una Pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en el Instituto, sin que puedan reclamar el pago de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. A efecto de lo anterior, el Instituto deberá solicitar por escrito a la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión, que se incluya a los beneficiarios supervenientes en el pago de la Pensión.

En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a Pensión como cónyuges supérstites del Trabajador o Pensionado, exhibiendo su respectiva documentación se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota a quien acredite su derecho como cónyuge supérstite.

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del Trabajador o Pensionado reclame un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio que sirvió de base para la concesión de la Pensión. Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al Instituto las cantidades cobradas por el primer beneficiario.

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegaré a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica, el pago de la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen medico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado por alguna de las siguientes causas:

I. Llegar a cumplir dieciocho años de edad los hijos e hijas del Trabajador o Pensionado, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que no estén incapacitados legalmente o imposibilitados físicamente para trabajar;

II. Porque la mujer o el varón Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando.

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o divorciado disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen nuevas nupcias, o si viviesen en concubinato, y

III. Por fallecimiento.

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:

I. Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y

III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él.

Artículo 137. Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.

Artículo 138. Cuando fallezca un Pensionado, la Aseguradora que viniese cubriendo la Pensión entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación, el importe de ciento veinte días de Pensión por concepto de gastos de funerales, sin más trámites que la presentación del certificado de defunción y constancia de los gastos de sepelio. En caso de que el Pensionado hubiese disfrutado de dos o más Pensiones los gastos del funeral se pagarán únicamente con base en la más alta.

Si no existiesen parientes o personas que se encarguen de la inhumación, el Instituto lo hará, limitado al importe del monto señalado en el párrafo anterior, mismo que le deberá ser entregado por la Aseguradora referida.

Sección IV Incremento Periódico de las Pensiones

Artículo 139. La cuantía de las Pensiones por invalidez será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior.

Las Pensiones a los Familiares Derechohabientes del Trabajador por el seguro de invalidez y vida serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Sección V Régimen Financiero

Artículo 140. Las prestaciones del seguro de invalidez y vida, se financiarán en la forma siguiente:

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del Sueldo Básico, y

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del Sueldo Básico.

Capítulo VIII De la Transferencia de los Derechos

Sección I De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el IMSS

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los derechos de los años de cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al Instituto los derechos de sus semanas de cotización.

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo se considerará que un año de cotización al Instituto equivale a cincuenta y dos semanas de cotización del régimen de la Ley del Seguro Social. Asimismo, el Instituto deberá señalar en las constancias de baja que expida a los Trabajadores el número de años de cotización incluyendo, en su caso, la última fracción de año cotizado.

En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a más de seis meses, se considerará cotizado el año completo.

Artículo 142. La asistencia médica a que tienen derecho los Pensionados por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que hayan cotizado al Instituto y al IMSS, será prestada siempre y cuando hubieren cotizado cuando menos durante quince años en alguna de estas dos Entidades o veinticuatro años en conjunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.

En este caso, la asistencia médica deberá ser prestada por aquél Instituto en el que el Pensionado hubiere cotizado durante mayor tiempo.

El Instituto donde hubiere cotizado por menor tiempo el Pensionado, deberá transferir las Reservas actuariales correspondientes al seguro de salud, a aquél que prestará el servicio de salud de conformidad con los lineamientos que, al efecto, acuerden el Instituto y el IMSS.

Artículo 143. Los Trabajadores que por tener relación laboral con dos o más patrones coticen simultáneamente al Instituto y al IMSS, podrán solicitar que las prestaciones del seguro de salud sean otorgadas por uno solo de los mencionados institutos. En este caso, las prestaciones deberán ser proporcionadas por el instituto de seguridad social al que cotice con mayor Sueldo Básico.

Las Cuotas y Aportaciones al seguro de salud originadas bajo el régimen del instituto que no preste servicios médicos al Trabajador deberán depositarse en la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de su Cuenta Individual a partir de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 144. Los Trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que a su vez tengan recursos acumulados en su Cuenta Individual conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán solicitar que estos últimos se acumulen para la contratación de su Seguro de Pensión o Retiro Programado y el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes, en los términos de la presente ley.

El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias exhibiciones, sin distinguir si fueron acumulados conforme al régimen de la Ley del Seguro Social o el de la presente ley, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento de la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes.

Para tener derecho a la Pensión Garantizada los Trabajadores deberán tener reconocidos un mínimo de veinticinco años de cotización, exclusivamente en el Instituto. Tratándose de Trabajadores que se encuentren cotizando al Instituto, que hayan transferido al mismo los derechos de sus semanas de cotización del IMSS y que éstas, conjuntamente con sus años de cotización al Instituto, acumulen veinticinco años de cotización, tendrán derecho a recibir la Pensión Garantizada establecida en la Ley del Seguro Social.

Artículo 145. Los Trabajadores que lleguen a la edad para pensionarse por cesantía en edad avanzada o vejez, podrán transferir sus periodos de cotización no simultáneos al IMSS y al Instituto, en los términos de lo previsto por los artículos 141 y 148 de la presente ley, a efecto de cumplir con el mínimo de años de cotización requerido.

En este caso, además de sus periodos de cotización, se sumarán los recursos acumulados en sus Subcuentas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, constituidas bajo los dos regímenes mencionados, para integrar el monto con el que se financiará su Pensión y el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes.

Artículo 146. Los Trabajadores que tengan derecho a pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que, a su vez, coticen conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán continuar cotizando bajo este último régimen, y una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá el Pensionado transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la Renta vitalicia, al Pensionissste o a la Administradora que estuviere pagando sus Retiros Programados, el saldo acumulado de su Cuenta Individual, conviniendo el incremento en su Pensión, o retirar dicho saldo en una sola exhibición.

Artículo 147. El Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social no podrá obtener otra Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley. Asimismo, el Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos del presente ordenamiento no podrá obtener otra Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, en ambos casos el Trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo anterior.

Artículo 148. Tratándose de los periodos de cotización para tener derecho a pensionarse bajo cualquier régimen o a recibir servicios médicos, no se acumularán aquellos periodos en los que el Trabajador hubiera cotizado simultáneamente al Instituto y al IMSS.

Se entenderá por periodo de cotización simultáneo aquél en el que al mismo tiempo se enteren Cuotas y Aportaciones correspondientes al Trabajador bajo el régimen obligatorio de esta ley y el de la Ley del Seguro Social.

Sección II De la Transferencia de Derechos al Instituto provenientes de otros Institutos de Seguridad Social

Artículo 149. El Instituto, previa aprobación de su Junta Directiva y opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad social o con Entidades que operen otros sistemas de seguridad social compatibles con el previsto en la presente ley, mediante los cuales se establezcan:

I. Reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos para obtener una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, e invalidez y vida, y

II. Mecanismos de traspaso de recursos de las Subcuentas que integran la Cuenta Individual.

Los convenios de portabilidad a que se refiere esta Sección establecerán el tratamiento que se dará, en su caso, a los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda.

Asimismo, para la celebración de dichos convenios de portabilidad, se deberá contar con dictamen de un actuario independiente en que conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda convenir, así como la suficiencia de las Reservas que se deban afectar para hacer frente a las obligaciones que resulten a cargo del Instituto.

Artículo 150. La portabilidad consistirá en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la presente ley.

Los institutos de seguridad social o Entidades que operen otros regímenes de seguridad social que celebren convenio de portabilidad con el Instituto deberán señalar en las constancias de baja que expidan a los Trabajadores el número de años de cotización y su equivalente en número de semanas.

Para hacer equivalente la portabilidad de derechos que se menciona en el presente artículo, se considerará por un año de cotización del Instituto el equivalente a cincuenta y dos semanas de cotización en otro sistema de seguridad social.

Artículo 151. Los Trabajadores que, por tener relación laboral con dos o más patrones, coticen simultáneamente al Instituto y a otro instituto de seguridad social o entidad que opere un régimen de seguridad social podrán solicitar que las prestaciones del seguro de salud sean otorgadas por uno solo de los mencionados institutos o entidades. En este caso, las prestaciones deberán ser proporcionadas por el instituto de seguridad social o entidad al que cotice con mayor Sueldo Básico.

Las Cuotas y Aportaciones al seguro de salud originadas bajo el régimen del instituto o entidad que no preste servicios médicos al Trabajador, deberán depositarse en la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de su Cuenta Individual a partir de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 152. Los Trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta Ley o en un seguro o régimen equivalente con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, podrán aplicar los recursos de su Cuenta Individual y periodos de cotización en los mismos términos previstos en los artículos 144 y 148 de esta ley.

Artículo 153. El Pensionado que goce de una Pensión equivalente a la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, no podrá obtener una Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley, en ambos casos el Trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 146 de esta ley.

Sección III De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo 154. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los Trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta Ley podrán transferir al Instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva.

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas que, para tal efecto, expida cada uno de los institutos de seguridad social mencionados.

Artículo 155. Los Trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del Instituto o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su Cuenta Individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las Aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador.

Artículo 156. Los Trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el Instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus Aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente.

A efecto de lo anterior, el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las Aportaciones de vivienda entre ambos institutos.

Capítulo IX Del Sistema Integral de Crédito

Sección I Préstamos Personales

Artículo 157. El Sistema Integral de Crédito está compuesto por los siguientes tipos de préstamos:

I. Préstamos personales, y

II. Préstamos hipotecarios.

Artículo 158. El Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos estará constituido por el importe de la cartera total institucional de dichos créditos, más la disponibilidad al último día del ejercicio anterior y los rendimientos que generen los préstamos. Los recursos del Fondo únicamente se destinarán al otorgamiento de esta prestación.

Los ingresos que generen los intereses de los préstamos otorgados y sus disponibilidades financieras no afectarán el techo presupuestal del Instituto y se integrarán al propio Fondo de préstamos personales.

Artículo 159. La cartera institucional más el remanente de disponibilidad señalados en el artículo anterior, así como los intereses correspondientes, integrarán el capital inicial de trabajo para la operación del Fondo.

Artículo 160. Los recursos del Fondo, en tanto no se destinen a préstamos personales, deberán ser invertidos bajo criterios prudenciales en aquellos instrumentos financieros del mercado que garanticen la más alta rentabilidad, el menor riesgo posible y la mayor transparencia para la rendición de cuentas, de conformidad con las disposiciones que expidan para el efecto la Junta Directiva del Instituto.

El Instituto, previa aprobación de la Junta Directiva y contando con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las operaciones financieras necesarias sin afectar o comprometer recursos presupuestales, con respaldo en los derechos sobre la cartera vigente de préstamos personales, con el fin de allegarse de recursos adicionales para ampliar la cobertura de esta prestación.

La Junta Directiva del Instituto será responsable de que el Fondo conserve cuando menos su valor real.

Artículo 161. Los gastos por concepto de administración general del Fondo se financiarán con sus propios recursos de acuerdo con el presupuesto anual que apruebe la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 162. Los préstamos personales se otorgarán a los Trabajadores y Pensionados de acuerdo con el programa anual que autorice la Junta Directiva del Instituto, con base en la revolvencia del propio Fondo y conforme a lo siguiente:

I. Sólo a quienes tengan un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del Instituto;

II. Los préstamos se otorgarán dependiendo de la disponibilidad financiera del Fondo y de conformidad con las reglas que establezca la Junta Directiva del Instituto, y serán de cuatro tipos, a saber:

a) Ordinarios. Su monto será hasta por el importe de cuatro meses del Sueldo Básico, de acuerdo con la antigüedad de quien lo solicite;

b) Especiales. Su monto será hasta por el importe de seis meses del Sueldo Básico, de acuerdo con la antigüedad de quien lo solicite;

c) Para adquisición de bienes de uso duradero. Su monto será hasta por el importe de ocho meses de Sueldo Básico, de acuerdo con la antigüedad de quien lo solicite, y

d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales. Su monto será establecido por la Junta Directiva del Instituto;

III. El Instituto determinará trimestralmente la tasa de interés aplicada a los créditos personales, de tal manera que el rendimiento efectivo del monto prestado no sea inferior a uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. En caso de que desapareciera este indicador, se tomará el que lo sustituya;

IV. Para garantizar la recuperación de los créditos otorgados, con cargo a los mismos se deberá integrar una Reserva de garantía, con la que se cubrirá el monto insoluto de los préstamos, en los casos de invalidez e incapacidad total permanente, muerte e incobrabilidad, conforme lo establezca el reglamento que para el efecto emita la Junta Directiva del Instituto, y

V. El monto del préstamo y los intereses deberán ser pagados en parcialidades quincenales iguales, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho quincenas en el caso de los ordinarios y los especiales, y de setenta y dos quincenas en el caso de los de bienes de consumo duradero. En el caso de los créditos extraordinarios para damnificados por desastres naturales, estos tendrán un plazo de hasta ciento veinte quincenas, según acuerdo especial de la Junta Directiva.

Artículo 163. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a realizar los Descuentos quincenales en nómina que ordene el Instituto para recuperar los créditos que otorgue y a enterar dichos recursos conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Asimismo las Dependencias y Entidades estarán obligadas a entregar al Instituto quincenalmente la nómina de sus Trabajadores con la información y en los formatos que ordene el Instituto.

En los casos en que la Dependencia no aplique los Descuentos, los Trabajadores deberán pagar directamente, mediante los sistemas que establezca el Instituto, sin perjuicio de las actualizaciones y recargos que se establezcan en el reglamento correspondiente.

Cuando las Dependencias omitan el entero de estos Descuentos al Instituto, deberán cubrirlas adicionando el costo financiero previsto en el artículo 22 de esta ley.

Artículo 164. Los préstamos se deberán otorgar de manera que los abonos para reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los Descuentos por préstamos hipotecarios y a los que deba hacerse por cualquier otro adeudo en favor del Instituto, no excedan del cincuenta por ciento del total de las percepciones en dinero del Trabajador, y se ajustarán al reglamento que al efecto expida la Junta Directiva.

Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo con el Fondo de préstamos y solicite licencia sin goce de sueldo, renuncie o sea separado de la Dependencia o Entidad, deberá cubrir en un plazo no mayor de noventa días, el monto total de su adeudo. En su caso, la Dependencia o Entidad retendrá al acreditado el monto total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el Trabajador. De persistir algún adeudo, el Instituto realizará las gestiones administrativas y legales conducentes para recuperarlo. Transcurrido un año desde la separación del acreditado y habiéndose agotado las gestiones administrativas de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes se cancelarán contra la Reserva de garantía de créditos otorgados en los términos que se establezca en los lineamientos y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el Instituto. En caso de que el Trabajador reingrese al régimen de la presente Ley, el Instituto ordenará el Descuento del adeudo actualizado para resarcir a la Reserva de garantía.

Artículo 166. No se concederán nuevos préstamos especiales ni para bienes de consumo duradero mientras permanezca insoluto el anterior. En el caso de los préstamos ordinarios sólo podrán renovarse cuando se haya cubierto el pago de cuando menos el cincuenta por ciento del monto del crédito que fue concedido, cubiertos los abonos para dicho periodo y el deudor pague la prima de la Reserva de garantía, cubra el saldo insoluto y la aportación de renovación con cargo al nuevo crédito.

Sección II Del Crédito para Vivienda

Artículo 167. El Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las Aportaciones que las Dependencias y Entidades realicen a favor de los Trabajadores.

El Instituto contará con una Comisión Ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la Vivienda de acuerdo con el reglamento que emita la Junta Directiva.

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán por una sola vez.

El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda se podrá contratar cualquier tipo de servicios.

Artículo 168. Los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran con:

I. Las Aportaciones que las Dependencias y Entidades enteren al Instituto a favor de los Trabajadores;

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las anteriores fracciones.

Artículo 169. Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines:

a) A la adquisición o construcción de vivienda;

b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores;

Asimismo, el Instituto podrá descontar con las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que hayan otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores;

II. Al pago de capital e intereses de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores en los términos de ley;

III. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a esta Ley;

IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines, y

V. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto.

Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por dieciocho miembros, como a continuación se indica:

I. El Director General del Instituto, quien la presidirá;

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del Instituto;

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores.

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables.

Artículo 171. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda no podrán ser miembros de la Junta Directiva del Instituto, con excepción del Director General del Instituto. Igualmente será incompatible esta designación con el cargo sindical de Secretario General de la Sección que corresponda al Fondo de la Vivienda.

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.

Artículo 172. Los vocales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda durarán en sus funciones por todo el tiempo que subsista su designación y podrán ser removidos libremente a petición de quienes los hayan propuesto.

Artículo 173. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda sesionará por lo menos una vez cada dos meses. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate su presidente tendrá voto de calidad.

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, tendrá las atribuciones y funciones siguientes:

I. Resolver sobre las operaciones del Fondo de la Vivienda, excepto aquellas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá acordar lo conducente dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente;

II. Examinar, en su caso aprobar y presentar, a la Junta Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los estados financieros y el informe de labores formulados por el Vocal Ejecutivo;

III. Presentar por conducto del Vocal Ejecutivo a la Junta Directiva para su aprobación, el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda;

IV. Proponer a la Junta Directiva, el programa de constitución de Reservas, las reglas para el otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda, y

V. Las demás que le señale la Junta Directiva.

Artículo 175. El Vocal Ejecutivo tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, para informar de los asuntos del Fondo de la Vivienda;

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva, relacionados con el Fondo de la Vivienda;

III. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva y presidir las mismas en ausencia del Director General;

IV. Presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda dentro de los dos primeros meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior;

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, a más tardar el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de financiamientos para el año siguiente;

VI. Presentar a la consideración de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, un informe mensual sobre las actividades de la propia Comisión;

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda para su consideración y en su caso aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el Instituto;

VIII. Proponer al Director General los nombramientos y remociones del personal técnico y administrativo de la Comisión, y

IX. Las demás que señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 176. Al momento en que el Trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de su Cuenta Individual se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley.

Durante la vigencia del crédito concedido al Trabajador, las Aportaciones a que se refiere esta Sección a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador.

El Trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá utilizar como pago inicial para la construcción o adquisición, el saldo de su Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Asimismo, las Aportaciones que se efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto.

El Fondo de la Vivienda podrá otorgar créditos a los Trabajadores en cofinanciamiento con entidades financieras o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuyo caso, el Trabajador también podrá utilizar los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda como pago inicial. Las Aportaciones que se efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Fondo de la Vivienda.

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Fondo de la Vivienda deberá otorgar crédito al Trabajador cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes.

En el caso de que el Trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior o de que el Trabajador obtenga crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Fondo de la Vivienda no pueda otorgar crédito, el Trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes Aportaciones a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda podrá incluir en el porcentaje de Descuento que la Dependencia o Entidad efectúe al sueldo del Trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo.

Artículo 177. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda previstas en esta Ley, se deberán registrar en la Subcuenta del Fondo de la vivienda.

El saldo de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del Fondo de la Vivienda.

Para tal efecto, la Comisión Ejecutiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Fondo de la Vivienda, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación. Se considerará remanente de operación del Fondo de la Vivienda a las cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las Reservas que con cargo al propio Fondo de la Vivienda deban constituirse, en razón de los estudios actuariales respectivos y las disposiciones de esta Ley.

La Comisión Ejecutiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del remanente de operación del Fondo de la Vivienda para el año inmediato siguiente a aquél al que corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de intereses a las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de cada mes. Una vez determinado por la Comisión Ejecutiva, el remanente de operación del Fondo de la Vivienda en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año.

Una vez que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda haya fijado tanto la estimación, como determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, así como al de la determinación del remanente citado.

La Comisión Ejecutiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los Trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine.

Artículo 178. El Trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda.

Artículo 179. Los créditos a que se refiere esta Sección se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los Trabajadores, los saldos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado Aportaciones a la misma, si el Trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados.

La Junta Directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere el párrafo anterior.

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez.

Artículo 180. La Junta Directiva del Instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto expida, determinará:

I. Los montos máximos de los créditos que otorgue el Fondo de la Vivienda, en función de, entre otros factores, la capacidad de pago de los Trabajadores, y

II. Los métodos para la asignación aleatoria en grupos de Trabajadores que reúnan iguales condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos.

Artículo 181. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos.

Artículo 182. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al Trabajador o Pensionado o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del Fondo de la Vivienda.

Los Trabajadores o Pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el Instituto a través del Fondo de la Vivienda en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como beneficiarios. Para que proceda el cambio de beneficiario, el Trabajador o Pensionado deberá solicitarlo igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el Fondo de la Vivienda; una vez presentada dicha solicitud, éste deberá comunicar al Trabajador o Pensionado su consentimiento y el registro de los nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia el Instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.

A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de prelación que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

El Fondo de la Vivienda solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del Trabajador o Pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren.

Artículo 183. Cuando un Trabajador deje de prestar sus servicios a las Dependencias o Entidades sujetas al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del Fondo de la Vivienda, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando el Trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el Instituto tenga celebrado convenio de incorporación.

Para los efectos del párrafo anterior, también se entenderá que un Trabajador ha dejado de prestar servicios cuando transcurra un periodo mínimo de doce meses sin laborar en ninguna de las Dependencias o Entidades por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento.

Las Dependencias y Entidades a que se refiere esta Ley seguirán haciendo los depósitos para el Fondo de la Vivienda, sobre los sueldos de los Trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y 37 de la presente Ley, así como de los que sufran suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debiendo suspenderse dicho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo.

La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el Instituto.

Artículo 184. En los casos de Trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto en su crédito de vivienda se descontarán de su Pensión los subsecuentes pagos al Fondo de la Vivienda.

Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta Ley.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años.

Artículo 186. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los Trabajadores para su propia habitación con los recursos del Fondo de la Vivienda, quedarán exentos a partir de la fecha de su adquisición o construcción de todos los impuestos federales por el doble del crédito y hasta por la suma de diez veces el Salario Mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto.

Gozarán también de exención los convenios, contratos o actos en los que se hagan constar las correspondientes operaciones, los cuales tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos legales y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad respectivo, incluyendo la constitución del régimen de propiedad en condominio que haga constar el Instituto en relación con los conjuntos que financie o adquiera, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante Notario Público de su elección en las operaciones en que sea parte. Los gastos que se causen por los referidos conceptos serán cubiertos por mitad entre el Instituto y los Trabajadores; para tal efecto la Junta Directiva tomando como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de reducción de los mismos, sin que dicha reducción pueda ser inferior al cincuenta por ciento. Las exenciones quedarán insubsistentes si los inmuebles fueran enajenados por los Trabajadores o destinados a otros fines.

El Instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, para que los Trabajadores protegidos por esta Ley gocen de las exenciones de impuestos que correspondan a la propiedad raíz, en los términos de este artículo.

Artículo 187. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos.

Artículo 188. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los intereses de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, estarán exentos de toda clase de impuestos.

Artículo 189. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los Descuentos para cubrir los créditos que otorgue el Instituto, que reciban las entidades receptoras conforme a esta Ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto por lo que respecta al Fondo de la Vivienda, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta Sección, en valores a cargo del Gobierno Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda.

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias con respecto al Fondo de la Vivienda.

Artículo 190. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del Fondo de la Vivienda, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda, contando para ello con las mismas facultades de dicha comisión respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el Fondo de la Vivienda.

Artículo 191. Son obligaciones de las Dependencias y Entidades:

I. Inscribir a sus Trabajadores y beneficiarios en el Fondo de la Vivienda, y

II. Efectuar las Aportaciones al Fondo de la Vivienda y hacer los Descuentos a sus Trabajadores en su salario.

El pago de las Aportaciones y Descuentos señaladas en la fracción II de este artículo, será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año conjuntamente con las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Los servidores públicos de las Dependencias o Entidades responsables de enterar las Aportaciones y Descuentos, en caso de incumplimiento, serán sancionados en los términos de lo dispuesto en el Título Sexto de la presente Ley.

Artículo 192. Los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los Trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, serán transferidos al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras para la contratación de la Pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por esta Ley.

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá transferir los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras a más tardar el segundo día hábil siguiente a que le sean requeridos.

Sección III Régimen Financiero

Artículo 193. Las prestaciones relativas a préstamos personales se financiarán con el Fondo constituido al efecto en el Instituto.

Artículo 194. El Fondo de la Vivienda se constituirá con una Aportación del cinco por ciento del Sueldo Básico.

CAPÍTULO X De los Servicios Sociales y Culturales

Sección I Servicios Sociales

Artículo 195. El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley, a las necesidades básicas del Trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo.

Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes:

I. Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar;

II. Servicios turísticos;

III. Servicios funerarios;

IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y

V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad financiera en el corto, mediano o largo plazo.

Sección II Servicios Culturales

Artículo 197. El Instituto proporcionará servicios culturales, mediante programas culturales, recreativos y deportivos que tiendan a cuidar y fortalecer la salud mental e integración familiar y social del Trabajador, y su desarrollo futuro, contando con la cooperación y el apoyo de los Trabajadores.

Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá los siguientes servicios:

I. Programas culturales;

II. Programas educativos y de capacitación;

III. De atención a jubilados, Pensionados y discapacitados;

IV. Programas de fomento deportivo, y

V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad financiera en el corto, mediano o largo plazo.

Sección III Régimen Financiero

Artículo 199. Los servicios sociales y culturales se financiarán en la forma siguiente:

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de cero punto cinco por ciento del Sueldo Básico, y

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de cero punto cinco por ciento del Sueldo Básico.

En adición a lo anterior, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las Dependencias y Entidades cubrirán el cincuenta por ciento del costo unitario por cada uno de los hijos de sus Trabajadores que hagan uso del servicio en las estancias de bienestar infantil del Instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva.

TÍTULO TERCERO DEL RÉGIMEN VOLUNTARIO

CAPÍTULO I CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO

Artículo 200. El Trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna Dependencia o Entidad y no tenga la calidad de Pensionado, podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o alguno de los seguros del régimen obligatorio, con excepción del seguro de riesgos del trabajo y, al efecto, cubrirá íntegramente las Cuotas y Aportaciones que correspondan conforme a lo dispuesto por el régimen financiero de los seguros en que desee continuar voluntariamente. Las Cuotas y Aportaciones se ajustarán anualmente de acuerdo con los cambios relativos que sufra el Sueldo Básico en la categoría que tenía el interesado en el puesto que hubiere ocupado en su último empleo.

Para el caso del seguro de salud se requerirá que el Trabajador acredite haber laborado, cuando menos, cinco años en alguna Dependencia o Entidad incorporada al Instituto.

El pago de las Cuotas y Aportaciones se hará por bimestre o anualidades anticipados.

Artículo 201. La continuación voluntaria deberá solicitarse por escrito al Instituto dentro de los sesenta días siguientes al de la baja del empleo.

Artículo 202. La continuación voluntaria terminará por:

I. Declaración expresa del interesado;

II. Dejar de pagar las Cuotas y Aportaciones en los plazos a que se refiere el artículo 200 de esta Ley, y

III. Ingresar nuevamente al régimen obligatorio de esta Ley.

Artículo 203. El registro de Familiares Derechohabientes y las demás reglas de los seguros contratados se ajustarán a las disposiciones aplicables previstas en esta Ley.

CAPÍTULO II INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO

Artículo 204. El Instituto podrá celebrar convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas o de los municipios y sus Dependencias y Entidades, a fin de que sus Trabajadores y Familiares Derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta Ley. La incorporación deberá ser total y, en ningún caso, el Instituto podrá otorgar seguros, prestaciones o servicios que no estén previstos en el convenio correspondiente.

Las disposiciones a que deben sujetarse las Dependencias y Entidades previstas en la presente Ley también serán aplicables a las respectivas Dependencias y Entidades de las Entidades Federativas y municipios, en lo que sea conducente y en términos de los convenios referidos en el párrafo anterior que, al efecto, se celebren.

Para la celebración de estos convenios de incorporación, las Dependencias y Entidades de carácter local antes mencionadas, deberán garantizar incondicionalmente el pago de las Cuotas y Aportaciones y la suficiencia presupuestal necesaria y autorizar al Instituto a celebrar en cualquier momento las auditorías que sean necesarias para verificar dicha suficiencia presupuestal.

Asimismo, los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse al texto que apruebe la Junta Directiva del Instituto, el cual deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago de las Cuotas y Aportaciones correspondientes, previéndose, en su caso, la afectación de sus participaciones y transferencias federales, en términos de las disposiciones federales y locales aplicables, para cubrir el adeudo, así como la forma en que se realizará la liquidación de los derechos de los Trabajadores a la terminación del convenio.

En caso de que las participaciones federales afectadas no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el Instituto deberá requerir a las Entidades Federativas y municipios morosos y ejercer las vías legales procedentes para hacer efectivos los adeudos. En este caso, el Instituto hará públicos los adeudos en el periódico de mayor circulación en la localidad y en un periódico de circulación nacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo, cuando así proceda, la afectación de las participaciones y transferencias federales en el supuesto a que se refiere el presente artículo. A efecto de lo anterior, los convenios de incorporación deberán contar con la previa opinión de dicha Secretaría.

Artículo 205. Los convenios de incorporación deberán prever que los seguros, servicios y prestaciones que se proporcionen a los Trabajadores incorporados al Instituto por virtud del convenio sean iguales a los que se brindan a los Trabajadores incorporados en términos de lo previsto en el artículo 1o. de esta Ley.

A tal efecto, a los Trabajadores incorporados les será aplicable el Sueldo Básico calculándose sus años de cotización a partir de la celebración del convenio, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente.

En los convenios de incorporación que incluyan reconocimiento de antigüedad deberán pagarse o garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta Ley y realizarse las Aportaciones necesarias a las Cuentas Individuales de los Trabajadores incorporados para que su saldo sea equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer.

Igualmente, en los casos de sustitución de régimen de seguridad social, las Reservas constituidas deberán transferirse en favor del Instituto en la forma y términos en que se convenga.

Los gobiernos de las Entidades Federativas, los municipios, sus Dependencias y Entidades, así como sus Trabajadores que se incorporen voluntariamente al régimen de esta Ley, cubrirán las Cuotas y Aportaciones para los seguros, prestaciones y servicios que resulten de los estudios actuariales correspondientes que para cada caso realice el Instituto, que en ningún caso podrán ser menores a las que se prevén en esta Ley para los respectivos seguros.

En los convenios de incorporación se deberá garantizar que las Dependencias y Entidades incorporadas cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para la administración y el intercambio automatizado de la información que le requiera el Instituto.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 206. El Instituto se reserva el derecho de contratar los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere el presente Título, así como de dar por terminada la vigencia de los mismos anticipadamente, en caso de que existan causas o motivos suficientes a juicio del Instituto que pongan en peligro la adecuada y eficiente prestación de los servicios, el equilibrio financiero del propio Instituto o la preservación de los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio.

Igual disposición se observará en lo relativo a las incorporaciones señaladas en las fracciones VII y VIII, del artículo 1o. de esta Ley.

Para la terminación anticipada de algún convenio de incorporación voluntaria o respecto del régimen de continuación voluntaria de algún Trabajador, bastará una resolución de la Junta Directiva y la notificación de dicha resolución a la Dependencia o Entidad, o en su caso, a los interesados de que se trate, con un plazo mínimo de ciento ochenta días anteriores a la terminación.

TÍTULO CUARTO DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO

CAPÍTULO I FUNCIONES

Artículo 207. El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. Para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate de asuntos que afecten al erario federal, se deberán afectar los gastos de administración del Instituto por la cantidad correspondiente según conste en acuerdo expreso de la Junta Directiva del Instituto.

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones:

I. Cumplir con los programas aprobados para otorgar los seguros, prestaciones y servicios a su cargo;

II. Emitir las resoluciones que reconozcan el derecho a las Pensiones;

III. Determinar, vigilar, recaudar y cobrar el importe de las Cuotas y Aportaciones, así como los demás recursos del Instituto, por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el entero de las Cuotas y Aportaciones correspondientes, se realizará mediante los sistemas o programas informáticos que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro;

IV. Invertir los Fondos de las Reservas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;

V. Adquirir o enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines;

VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas conforme a su presupuesto aprobado y el estatuto orgánico que al efecto emita la Junta Directiva;

VII. Administrar los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión social;

IX. Expedir los reglamentos para la debida prestación de los servicios y de organización interna;

X. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requieran los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley, y

XI. Las demás funciones que le confieran esta Ley y sus reglamentos.

El financiamiento de los gastos generales de administración del Instituto que no estén estrictamente relacionados con la prestación de algún seguro, prestación o servicio no deberá rebasar del equivalente a la cantidad que resultaría de la aplicación de una Aportación de uno punto cinco por ciento del Sueldo Básico al total de los Trabajadores.

CAPÍTULO II ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 209. Los órganos de gobierno del Instituto serán:

I. La Junta Directiva;

II. El Director General;

III. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda;

IV. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, y

V. La Comisión de Vigilancia.

Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá de diecinueve miembros como a continuación se indica:

I. El Director General del Instituto, el cual presidirá la Junta Directiva;

II. El titular y dos subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el titular de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Función Pública y el Director General del IMSS, y

III. Nueve representantes de las organizaciones de Trabajadores.

Por cada miembro de la Junta Directiva, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario.

Artículo 211. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser al mismo tiempo servidores públicos de confianza del Instituto, salvo el Director General.

Artículo 212. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos por todo el tiempo que subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan designado.

Artículo 213. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y

II. Ser de reconocida competencia y honorabilidad.

Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva:

I. Autorizar los planes y programas que sean presentados por la Dirección General para las operaciones y servicios del Instituto;

II. Examinar para su aprobación y modificación, el programa institucional y los programas operativos anuales de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, así como los estados financieros del Instituto;

III. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto;

IV. Aprobar las políticas de inversión del Instituto, a propuesta del Comité de Inversiones, excepto tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el programa anual de Reservas actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios que determina esta Ley, así como el cumplimiento de sus fines;

V. Conocer y aprobar en su caso, en el primer bimestre del año, el informe del estado que guarde la administración del Instituto;

VI. Aprobar el estatuto orgánico y los reglamentos necesarios para la operación del Instituto propuestos por el Director General;

VII. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en las Entidades Federativas;

VIII. Autorizar al Director General a celebrar convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas o de los municipios o sus Dependencias o Entidades, a fin de que sus Trabajadores y Familiares Derechohabientes aprovechen los seguros, prestaciones y servicios que comprende el régimen de esta Ley;

IX. Dictar los acuerdos y resoluciones a que se refiere el artículo 219 de esta Ley;

X. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para otorgar los beneficios previstos en los seguros, prestaciones y servicios establecidos en esta Ley;

XI. Constituir a propuesta del Director General, un Consejo Asesor Científico y Médico;

XII. Nombrar y remover al personal de confianza del primer nivel del Instituto, a propuesta del Director General, sin perjuicio de las facultades que al efecto le delegue;

XIII. Conferir poderes generales o especiales, de acuerdo con el Director General;

XIV. Otorgar premios, estímulos y recompensas a los servidores públicos del Instituto, de conformidad con lo que establece la ley de la materia;

XV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de reformas a esta Ley;

XVI. En relación con el Fondo de la Vivienda:

a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de labores y de financiamiento del Fondo de la Vivienda para el siguiente año;

b) Examinar y, en su caso, aprobar, en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio;

c) Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos;

d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda, los que no deberán exceder del cero punto setenta y cinco por ciento de los recursos totales que maneje;

e) Aprobar los programas de inversión y de Reservas que deben constituirse para asegurar la operación del Fondo de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo;

f) Vigilar que los créditos y los financiamientos que se otorguen se destinen a los fines para los que fueron programados, y

g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Fondo de la Vivienda;

XVII. En relación con el PENSIONISSSTE:

a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de labores y de inversión del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado;

b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros que resulten de la operación en el último ejercicio;

c) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, la estrategia de inversión de los recursos;

d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del PENSIONISSSTE;

e) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, el programa de Reservas que deben constituirse para asegurar la operación del PENSIONISSSTE y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo;

f) Autorizar la constitución de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y

g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del PENSIONISSSTE;

XVIII. Aprobar mecanismos de contribución solidaria entre el Instituto y sus Derechohabientes;

XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos:

a) La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro;

b) Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles;

c) Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y

d) La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para los propósitos anteriores la Junta Directiva informará sobre las tendencias demográficas de sus Derechohabientes, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México.

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes, y

XX. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizados por esta Ley y los que fuesen necesarios para la mejor administración y gobierno del Instituto.

Artículo 215. La Junta Directiva sesionará una vez cada tres meses, pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran.

Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo menos diez de sus miembros, cinco de los cuales deberán ser representantes del Estado.

Artículo 216. La Junta Directiva será auxiliada por un Secretario, por el Comité de Inversiones y por los demás comités técnicos de apoyo que apruebe la propia Junta, cuyas funciones serán determinadas por la normatividad correspondiente.

Artículo 217. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 218. A falta del Presidente de la Junta, las sesiones serán presididas por uno de los representantes del Estado que se elija entre los presentes.

Artículo 219. Las resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro de los treinta días siguientes.

Artículo 220. El Director General representará legalmente al Instituto y tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y representar a éste en todos los actos que requieran su intervención;

II. Convocar a sesiones a los miembros de la Junta Directiva;

III. Someter a aprobación de la Junta Directiva:

a) El programa institucional;

b) El programa de administración y constitución de Reservas;

c) El programa operativo anual de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación;

d) El programa anual de préstamos;

e) Los estados financieros del Instituto, y

f) El informe financiero y actuarial;

IV. Presentar a la Junta Directiva un informe anual del estado que guarde la administración del Instituto;

V. Someter a la Junta Directiva los proyectos de estatuto orgánico y reglamentos previstos en esta Ley;

VI. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público así como las disposiciones y lineamientos normativos distintos a los reglamentos expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal, necesarios para la operación del Instituto;

VII. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y, en su caso, la remoción de los servidores públicos de primer nivel del Instituto y nombrar a los Trabajadores de base y de confianza de los siguientes niveles, sin perjuicio de la delegación de facultades para este efecto;

VIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes a reserva de informar a la Junta Directiva sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos;

IX. Formular el calendario oficial de actividades del Instituto y conceder licencias al personal, vigilar sus labores e imponer las correcciones disciplinarias procedentes conforme a las condiciones generales de trabajo, sin perjuicio de la delegación de facultades;

X. Presidir las sesiones del Comité de Control y Auditoría;

XI. Firmar las escrituras públicas y títulos de crédito en que el Instituto intervenga, representar al Instituto en toda gestión judicial, extrajudicial y administrativa, y llevar la firma del Instituto, sin perjuicio de poder delegar dichas facultades;

XII. Informar bimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el incumplimiento en el pago de Cuotas y Aportaciones;

XIII. Hacer pública, la información del incumplimiento de Cuotas y Aportaciones;

XIV. Ejercitar y desistirse de las acciones legales;

XV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva;

XVI. Establecer los mecanismos de evaluación de desempeño del Instituto;

XVII. Establecer las medidas que aseguren la solidez financiera a largo plazo del Instituto;

XVIII. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, facultad que podrá ser delegada en el Vocal Ejecutivo respectivo;

XIX. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los Vocales Ejecutivos del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, y

XX. Las demás que le fijen las leyes o los reglamentos y aquellas que expresamente le asigne la Junta Directiva.

Artículo 221. El Director General será auxiliado por los servidores públicos de confianza que al efecto señale el estatuto orgánico.

Artículo 222. La Comisión de Vigilancia se compondrá de once miembros, con voz y voto, como a continuación se indica:

I. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Dos representantes de la Secretaría de la Función Pública;

III. Un representante de la Secretaría de Salud;

IV. Un representante del Instituto, designado por el Director General que actuará como Secretario Técnico, y

V. Cinco representantes designados por las organizaciones de Trabajadores.

La Junta Directiva cada doce meses designará de entre los miembros de la Comisión de Vigilancia representantes del Gobierno Federal, a quien deba presidirla. La Presidencia será rotativa; en caso de inasistencia del Presidente y su suplente, el Secretario Técnico presidirá la sesión de trabajo.

Por cada miembro de la Comisión de Vigilancia, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del titular debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del miembro propietario.

Artículo 223. La Comisión de Vigilancia se reunirá en sesión cuantas veces sea convocada por su Presidente o a petición de dos de sus miembros.

La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a la Junta Directiva sobre el ejercicio de sus atribuciones. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia podrán solicitar concurrir a las reuniones de la Junta Directiva, para tratar asuntos urgentes relacionados con las atribuciones de la Comisión.

Artículo 224. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto;

II. Verificar que las inversiones y los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados;

III. Disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo auxiliarse con las áreas afines del propio Instituto;

IV. Proponer a la Junta Directiva o al Director General, según sus respectivas atribuciones, las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, prestaciones y servicios;

V. Examinar los estados financieros y la valuación financiera y actuarial del Instituto, verificando la suficiencia de las Cuotas y Aportaciones y el cumplimiento de los programas anuales de constitución de Reservas;

VI. Analizar la información relativa al entero de Cuotas y Aportaciones;

VII. Designar a los auditores externos que auxilien a la comisión en las actividades que así lo requieran;

VIII. Conformar, a través de la Secretaría Técnica, los grupos de trabajo que estime necesarios, para el cumplimiento de las fracciones I, II y III del presente artículo, y

IX. Las que le fijen el estatuto orgánico del Instituto y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 225. El Ejecutivo Federal establecerá las bases para determinar las organizaciones de Trabajadores que deberán intervenir en la designación de los miembros de los órganos de gobierno del Instituto.

CAPÍTULO III COMITÉ DE INVERSIONES

Artículo 226. El Instituto deberá constituir un Comité de Inversiones que se compondrá por cinco miembros, de los cuales cuando menos dos serán personas independientes con experiencia mínima de cinco años en la materia. Los otros tres miembros del Comité, serán designados respectivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Banco de México y por el propio Instituto, correspondiendo a este último presidirlo.

Artículo 227. El Comité de Inversiones tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto de la inversión de los Fondos de las Reservas que constituya el Instituto de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

CAPÍTULO IV PATRIMONIO

Artículo 228. El patrimonio del Instituto lo constituirán:

I. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;

II. Las Cuotas, Aportaciones y Cuota Social al seguro de salud que se enteren en los términos de esta Ley, a excepción de las del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda, que junto con los intereses y rendimientos que generen, son patrimonio de los Trabajadores;

III. El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto, con excepción de los afectos al Fondo de la Vivienda;

IV. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta Ley haga el Instituto;

V. El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del Instituto;

VI. El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta Ley;

VII. Las donaciones, herencias y legados a favor del Instituto;

VIII. Los bienes muebles e inmuebles que las Dependencias o Entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que establece la presente Ley, así como aquéllos que adquiera el Instituto y que puedan ser destinados a los mismos fines, y

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el Instituto resulte beneficiario.

Artículo 229. Los Trabajadores o Pensionados y sus Familiares Derechohabientes, no adquieren derecho alguno, individual o colectivo, sobre el patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los beneficios que esta Ley les concede.

Artículo 230. Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al Instituto gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios que sean concedidos a los fondos y bienes de la Federación.

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos, y aquellos en los que intervenga en materia de vivienda no requerirán de intervención notarial, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante notario público de su elección en las operaciones en que sea parte.

El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianza legal de ninguna clase.

Artículo 231. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos que generen o hayan generado el Instituto, o sus órganos de operación administrativa desconcentrada, deberán incrementar las Reservas de operación para contingencias y financiamiento en los términos que determine la Junta Directiva.

Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el Gobierno Federal y los gobiernos o Dependencias y Entidades de las Entidades Federativas o municipales que coticen al régimen de esta Ley en la proporción que a cada uno corresponda.

En caso de que el informe financiero y actuarial que anualmente se presente a la Junta Directiva, arroje como resultado que las Cuotas y Aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones de uno o varios de los seguros y servicios a cargo del Instituto, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y del público en general.

CAPÍTULO V RESERVAS E INVERSIONES

Sección I Generalidades

Artículo 232. El Instituto, para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios y seguros que se establecen en esta Ley, deberá constituir y contabilizar por cada seguro y para el rubro de servicios, la provisión y el respaldo financiero de las Reservas que se establecen en este Capítulo, en los términos que el mismo indica.

Las Reservas formarán parte del pasivo del Instituto y sólo se podrá disponer de ellas para cumplir los fines previstos en esta Ley y garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo. El incumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 233. En caso de que se determine realizar incrementos en las Reservas financieras y actuariales o en la Reserva general financiera y actuarial, estos incrementos deberán registrarse en las provisiones de pasivo, afectarse el gasto devengado y de flujo de efectivo y efectuarse las aportaciones a las Reservas que las respalden. Las Aportaciones para su incremento o reconstitución deberán hacerse trimestral o anualmente, según corresponda, y establecerse en definitiva al cierre de cada ejercicio.

Artículo 234. El Instituto constituirá las siguientes Reservas:

I. Reserva de operación;

II. Reserva de operación para contingencias y financiamiento;

III. Reservas financieras y actuariales, y

IV. Reservas general financiera y actuarial.

Los recursos afectos a las Reservas señaladas quedan fuera de las disposiciones de anualidad presupuestal, por lo que podrán financiar obligaciones y contingencias más allá de un solo ejercicio fiscal. Del manejo multianual que haga el Instituto de estos Fondos deberá informarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el día veintiocho de febrero del año siguiente.

Sección II De las Reservas de los Seguros

Artículo 235. Se establecerá una Reserva de operación, que financie las operaciones e inversiones presupuestadas para cada ejercicio en todos los seguros y servicios.

La Reserva de operación recibirá la totalidad de los ingresos por Cuotas, Aportaciones y Cuota Social del seguro de salud, que corresponda administrar al Instituto, así como la transferencia del Gobierno Federal para cubrir las Cuotas y Aportaciones que éste debe de enterar. Sólo se podrá disponer de esta Reserva para hacer frente al pago de seguros, servicios, prestaciones, gastos administrativos y de inversión, y para la constitución de las Reservas de operación para contingencias y financiamiento, financieras y actuariales y general financiera y actuarial.

Al cierre del ejercicio fiscal esta Reserva no deberá registrar ningún saldo.

Artículo 236. En el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la Vivienda y del Fondo de préstamos personales, se estará a lo dispuesto por los Capítulos correspondientes de esta Ley.

Artículo 237. Las Reservas financieras y actuariales se constituirán por cada uno de los seguros, excepto el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y por cada una de las coberturas, a través de una aportación trimestral calculada sobre los ingresos de los mismos, que consideren las estimaciones de sustentabilidad financiera de largo plazo contenidas en el informe financiero y actuarial que se presente anualmente a la Junta Directiva. Cada una de esas Reservas podrá ser dividida y manejada conforme a la naturaleza de los riesgos que afecten a cada seguro y coberturas. Esta separación buscará el mejor equilibrio entre las fuentes y características del riesgo y los recursos necesarios para su financiamiento.

Artículo 238. La Reserva general financiera y actuarial deberá constituirse, incrementarse o reconstituirse a través de una aportación anual a estimarse en el informe financiero y actuarial que se presente anualmente a la Junta Directiva, para enfrentar efectos catastróficos o variaciones de carácter financiero de significación en los ingresos o incrementos drásticos en los egresos derivados de problemas epidemiológicos o económicos severos y de larga duración que provoquen insuficiencia de cualquiera de las Reservas financieras y actuariales.

Artículo 239. El Instituto deberá constituir la Reserva de operación para contingencias y financiamiento a que se refiere este Capítulo separándola en tres renglones, previsión, catastrófica y especiales:

I. El renglón de previsión podrá ser utilizado para financiar gastos de inversión física cuando condiciones económicas desfavorables dificulten el avance planeado en los proyectos de inversión física;

II. El renglón de catastrófica podrá ser utilizado para enfrentar los gastos de cualquier tipo para enfrentar desastres naturales o causas de fuerza mayor que por su naturaleza no hayan sido aseguradas, y

III. El renglón de especiales podrá utilizarse para enfrentar casos especiales previstos al momento de su constitución.

Para el uso de estos recursos deberá contarse con la aprobación de la Junta Directiva del Instituto y deberá darse aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de su aplicación, la cual tendrá diez días hábiles para suspender el uso de estos recursos si a su juicio no existen las condiciones requeridas.

Artículo 240. La Reserva de operación para contingencias y financiamiento se constituirá, incrementará o reconstituirá trimestralmente hasta alcanzar un monto equivalente a sesenta días naturales del ingreso total del Instituto en el año anterior, excluyendo los recursos correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda.

Además de los ingresos ordinarios por Cuotas y Aportaciones, a la Reserva de operación para contingencias y financiamiento podrán afectarse los recursos que de manera extraordinaria obtenga el Instituto. La Junta Directiva dictará, en su caso, el acuerdo respectivo, mismo que, automáticamente, modificará el programa anual de administración y constitución de Reservas.

El Instituto, previa autorización de la Junta Directiva, podrá disponer de los recursos afectos a la Reserva de operación para contingencias y financiamiento, para sufragar la contingencia hasta por un monto equivalente a noventa días de ingreso promedio del año anterior del seguro o servicio que requiera el financiamiento.

Para ejercer los recursos de la Reserva de operación para contingencias y financiamiento, se entenderá por contingencia en algún seguro o servicio, algún hecho que hubiese sido imposible programar y presupuestar con oportunidad, que presione el gasto del Instituto por única vez dentro de un ejercicio fiscal y que, de no enfrentarse, ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones legales del Instituto.

Cuando se presente alguna de estas situaciones, el Director General deberá hacerlo del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión.

Los recursos destinados a financiar contingencias se deberán reintegrar con los correspondientes intereses, en los términos del reglamento respectivo, en un plazo no mayor a tres años.

Artículo 241. Las Reservas financieras y actuariales y la Reserva general financiera y actuarial, se constituirán en la forma, términos y plazos que se establezcan por la Junta Directiva, conforme al reglamento correspondiente, considerando el informe que el Instituto le envíe.

Artículo 242. El Instituto podrá disponer de las Reservas financieras y actuariales de cada seguro y cobertura sólo para cubrir las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, previo acuerdo de la Junta Directiva a propuesta del Director General, y sólo para enfrentar caídas en los ingresos o incrementos en los egresos derivados de problemas económicos de duración mayor a un año, así como para enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad mayores a las estimadas en el estudio actuarial que se presente anualmente a la Junta Directiva o para el pago de beneficios futuros para los que se hubiera efectuado la provisión correspondiente.

Sección III Del Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas

Artículo 243. A propuesta del Director General, con base en el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio y en los estudios financieros y actuariales que se presenten cada año a la Junta Directiva, ésta deberá aprobar anualmente en forma previa al inicio del ejercicio fiscal un programa anual de administración y constitución de Reservas, conforme al reglamento correspondiente, el cual confirmará o adecuará en lo conducente, una vez que se conozca el presupuesto de gastos definitivo del Instituto. Este programa contendrá como mínimo los siguientes elementos:

I. Un informe sobre la totalidad de los recursos financieros en poder del Instituto, separándolos por tipo de Reservas conforme a esta Ley;

II. Proyecciones de ingresos y egresos totales en efectivo, y de la Reserva de operación para el siguiente ejercicio fiscal;

III. Los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incrementar o reconstituir cada una de las Reservas en el siguiente ejercicio fiscal; proyección de las tasas de interés que generarán dichas Reservas y montos esperados de las mismas al final del ejercicio, y

IV. Los recursos anuales que en forma trimestral prevea afectar a la Reserva de operación para el siguiente ejercicio fiscal.

La Junta Directiva, a propuesta del Director General, podrá modificar en cualquier momento la asignación de recursos contenida en el programa de administración y constitución de Reservas, con excepción de los montos de incremento de las Reservas financieras y actuariales y de la Reserva general financiera y actuarial comprometidos, cuando los flujos de ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo requieran. La propuesta del Director General deberá describir el impacto que esa modificación tendrá en el mediano y largo plazo.

Sección IV De la Inversión de las Reservas y de su Uso para la Operación

Artículo 244. El Instituto deberá contar con una unidad administrativa que de manera especializada, se encargará de la inversión de los recursos del Instituto y los mecanismos que deberá utilizar para ello, conforme al reglamento correspondiente, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero nacional, procurando una revelación plena de información.

Dicha unidad administrativa deberá contar con una infraestructura profesional y operativa que permita un proceso flexible, transparente y eficiente.

Artículo 245. La Reserva de operación y la Reserva de operación para contingencias y financiamiento, deberán invertirse en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal; o en su caso, oyendo previamente la opinión del Comité de Inversiones, en valores de alta calidad crediticia o en otros instrumentos financieros.

Artículo 246. Las inversiones de las Reservas financieras y actuariales y la Reserva general financiera y actuarial, previstas en este Capítulo, sólo podrán invertirse en los valores, títulos de crédito y otros derechos, que se determinen por la Junta Directiva, oyendo previamente la opinión del Comité de Inversiones, conforme al reglamento correspondiente.

Los intereses o rendimientos que genere cada Reserva deberán aplicarse exclusivamente a la Reserva que les dé origen.

Sección V De la Contabilidad

Artículo 247. Los ingresos y gastos de cada seguro, prestación y servicio, así como de las Reservas, se registrarán contablemente por separado. Los gastos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del ejercicio del gasto deberán tomar como base los equivalentes que al efecto se establezcan por las autoridades competentes para las Entidades de la Administración Pública Federal adecuándolos, para efecto de rendición de cuentas, a las características y necesidades de una institución que cumple una función social.

TÍTULO QUINTO DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 248. El derecho a la Pensión es imprescriptible. Las Pensiones caídas y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto.

Artículo 249. Los créditos respecto de los cuales el Instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a partir de la fecha en que el propio Instituto pueda, conforme a la Ley, ejercitar sus derechos.

Artículo 250. Las obligaciones que en favor del Instituto señala la presente Ley, prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles. La prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro.

Artículo 251. El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles.

TÍTULO SEXTO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 252. Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 253. El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y ejercitará ante las autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra quien cause daños o perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados.

Artículo 254. La interpretación de los preceptos de esta Ley, para efectos administrativos, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor el día primero de enero de dos mil ocho.

Lo dispuesto en las fracciones I, V y VI del artículo décimo transitorio les será aplicable a todos los Trabajadores hasta que ejerzan el derecho previsto en el artículo quinto transitorio.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus reformas y adiciones, con excepción de los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B, mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

TERCERO. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente Ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

CUARTO. A los Trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocen los periodos cotizados con anterioridad.

QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales.

SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo que no excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se realizará lo siguiente:

I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de acuerdo con la información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se recabe para este fin, de conformidad con los programas y criterios que estime pertinentes;

II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado de cada Trabajador, el Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo preliminar de los importes de los Bonos de Pensión del ISSSTE que les correspondan;

III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los Trabajadores el cálculo preliminar de sus Bonos de Pensión, así como la información sobre las opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este ordenamiento, y

IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e información requeridas para la acreditación del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las opciones y derechos correlativos.

SÉPTIMO. A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los Trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador considere que su Sueldo Básico o tiempo de cotización son diferentes a los que le sean acreditados como base para el cálculo preliminar de su Bono de Pensión, tendrá derecho a entregar al Instituto, para que realice la revisión y ajuste que en su caso correspondan, las hojas únicas de servicio que para este efecto le expidan las Dependencias y Entidades en que haya laborado, con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en el cálculo del Bono de Pensión, como parte de los elementos necesarios para sustentar su decisión.

La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección.

OCTAVO. Los Trabajadores que hubieran optado por el régimen del artículo décimo transitorio, en ningún caso tendrán derecho a la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

NOVENO. El valor nominal de emisión expresado en unidades de inversión de los Bonos de Pensión del ISSSTE que se calculará a cada Trabajador será el que se determine conforme a la tabla siguiente:

Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se deberá multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad del Trabajador, por el Sueldo Básico, elevado al año y expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo el Trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor esta Ley.

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES QUE NO OPTEN POR EL BONO

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más de cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio que se define en la fracción IV, de conformidad con la siguiente Tabla:

15 años de servicio 50 %

16 años de servicio 52.5 %

17 años de servicio 55 %

18 años de servicio 57.5 %

19 años de servicio 60 %

20 años de servicio 62.5 %

21 años de servicio 65 %

22 años de servicio 67.5 %

23 años de servicio 70 %

24 años de servicio 72.5 %

25 años de servicio 75 %

26 años de servicio 80 %

27 años de servicio 85 %

28 años de servicio 90 %

29 años de servicio 95 %

c) Los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio, de conformidad con la siguiente Tabla:

60 años de edad 10 años de servicios 40%

61 años de edad 10 años de servicios 42%

62 años de edad 10 años de servicios 44%

63 años de edad 10 años de servicios 46%

64 años de edad 10 años de servicios 48%

65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado;

II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla:

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

15 años de servicio 50 %

16 años de servicio 52.5 %

17 años de servicio 55 %

18 años de servicio 57.5 %

19 años de servicio 60 %

20 años de servicio 62.5 %

21 años de servicio 65 %

22 años de servicio 67.5 %

23 años de servicio 70 %

24 años de servicio 72.5 %

25 años de servicio 75 %

26 años de servicio 80 %

27 años de servicio 85 %

28 años de servicio 90 %

29 años de servicio 95 %

La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto.

La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente:

60 años de edad 10 años de servicios 40%

61 años de edad 10 años de servicios 42%

62 años de edad 10 años de servicios 44%

63 años de edad 10 años de servicios 46%

64 años de edad 10 años de servicios 48%

65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado.

La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior iniciarán en cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento cada año de edad hasta llegar a la Pensión máxima de cincuenta por ciento;

III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al Instituto, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador;

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo;

V. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo, tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el Gobierno Federal, contratará una Renta vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes;

VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo siguiente:

15 años de servicio 50 %

16 años de servicio 52.5 %

17 años de servicio 55 %

18 años de servicio 57.5 %

19 años de servicio 60 %

20 años de servicio 62.5 %

21 años de servicio 65 %

22 años de servicio 67.5 %

23 años de servicio 70 %

24 años de servicio 72.5 %

25 años de servicio 75 %

26 años de servicio 80 %

27 años de servicio 85 %

28 años de servicio 90 %

29 años de servicio 95 %

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.

DÉCIMO PRIMERO. Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los Trabajadores que opten por el régimen previsto en el artículo anterior serán ingresados en la tesorería del Instituto, excepto la Aportación del dos por ciento de retiro, la cual se destinará a la Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales de estos Trabajadores que serán administradas exclusivamente por el PENSIONISSSTE.

DÉCIMO SEGUNDO. Estarán a cargo del Gobierno Federal las Pensiones que se otorguen a los Trabajadores que opten por el esquema establecido en el artículo décimo transitorio, así como el costo de su administración.

El Gobierno Federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que en ningún caso afectarán a los Trabajadores.

El Instituto transferirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos a que se refiere el artículo anterior, en los términos que se convengan.

DE LOS TRABAJADORES QUE OPTEN POR EL BONO

DÉCIMO TERCERO. Para los Trabajadores que hayan elegido la acreditación de los Bonos de Pensión del ISSSTE, para el ejercicio del derecho previsto en el artículo 80 de esta Ley, durante los periodos que a continuación se indican deberán cumplir los siguientes requisitos de edad o tiempo de cotización al Instituto:

I. Durante el año 2008 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cinco años de edad, o haber cotizado al Instituto durante treinta o más años;

II. Durante el año 2009 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cuatro años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintinueve o más años;

III. Durante el año 2010 tener cumplidos por lo menos cincuenta y tres años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintiocho o más años;

IV. Durante el año 2011 tener cumplidos por lo menos cincuenta y dos años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintisiete o más años, y

V. Durante el año 2012 tener cumplidos por lo menos cincuenta y un años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintiséis o más años.

A partir del año 2013, estos requisitos dejarán de ser exigibles.

DÉCIMO CUARTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tengan derecho a pensionarse conforme a la Ley que se abroga y hubieren elegido los beneficios de la presente Ley, pero que deseen seguir laborando, recibirán, en lugar de Bonos de Pensión del ISSSTE, un depósito a la vista denominado en unidades de inversión en el Banco de México, con la misma tasa de interés real anual utilizada para el cálculo de los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE prevista en el artículo vigésimo primero transitorio, el cual pagará intereses mensualmente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y términos en que los recursos de dicho depósito podrán ser utilizados por el PENSIONISSSTE o, en su caso, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que elija el Trabajador para la inversión de los recursos de su Cuenta Individual.

El monto del depósito a que se refiere este artículo se determinará de conformidad con la tabla prevista en el artículo noveno transitorio.

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro individual de estos depósitos hasta que sea entregada la información al PENSIONISSSTE.

DÉCIMO QUINTO. Los Trabajadores que habiéndoseles acreditado Bonos de Pensión del ISSSTE, estén laborando a la fecha de amortización de dichos Bonos, la cantidad liquidada por la amortización, se podrá invertir en nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE.

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se encuentren separados del servicio y posteriormente reingresaren al mismo, y quisieren que el tiempo trabajado con anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esta Ley, deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año contado a partir de su reingreso.

Una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el Trabajador deberá acreditar su antigüedad con sus hojas únicas de servicio y le serán acreditados los Bonos de Pensión del ISSSTE que le correspondan.

Los beneficios que se les otorguen a los Trabajadores referidos en este artículo se calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, del año anterior a su separación del servicio público.

DÉCIMO SÉPTIMO. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el periodo en que hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo dará lugar al otorgamiento de los beneficios previstos en el presente ordenamiento.

DERECHOS DE LOS PENSIONADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY

DÉCIMO OCTAVO. Los Pensionados o sus Familiares Derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.

DÉCIMO NOVENO. Para la administración de las Pensiones en curso de pago, el Instituto deberá llevar por separado la contabilidad de los recursos que reciba para este fin. Los recursos que destine el Gobierno Federal al Instituto para cubrir dichas Pensiones no se considerarán ingresos de este último.

Anualmente, el Instituto transferirá al Gobierno Federal, en los términos que convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto, los recursos de las Cuotas y Aportaciones de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida de los Trabajadores que optaron por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS DE PENSIÓN DEL ISSSTE

VIGÉSIMO. Los Bonos de Pensión del ISSSTE reunirán las siguientes características:

I. Serán títulos emitidos por el Gobierno Federal en términos de las disposiciones legales aplicables, que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Tendrá, cada uno, un valor nominal de cien unidades de inversión;

III. Serán títulos cupón cero emitidos a la par y tendrán un valor nominal constante en unidades de inversión;

IV. Serán títulos no negociables;

V. La conversión de las unidades de inversión se realizará conforme al valor de éstas al día del vencimiento de los títulos;

VI. Los títulos se emitirán en series con vencimientos sucesivos, conforme al perfil que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. El monto y plazo de vencimiento de cada serie corresponderá al que resulte del perfil de Jubilación del Trabajador. Esto es, cuando suceda el primero de los siguientes eventos, que el Trabajador cumpla cincuenta y cinco años de edad o treinta años de cotizar al Instituto, y

VIII. Podrán ser amortizados previamente a su fecha de vencimiento, cuando el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo considere conveniente o cuando el Trabajador tenga derecho a pensionarse anticipadamente. En estos casos, se aplicará la fórmula de redención anticipada prevista en el artículo vigésimo primero transitorio.

Con base en el cálculo preliminar del importe de los Bonos de Pensión del ISSSTE que el Instituto proporcione al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta deberá determinar el número de series, así como las demás características de los Bonos de Pensión del ISSSTE y de la emisión de los mismos.

A más tardar el treinta de septiembre de dos mil ocho, el Instituto deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto exacto de cada serie de Bonos de Pensión del ISSSTE, acompañando el soporte respectivo, en los términos que en su caso estén previstos en las disposiciones reglamentarias o administrativas correspondientes.

El Banco de México tendrá a su cargo las funciones de custodia, administración y servicio de los Bonos de Pensión del ISSSTE.

VIGÉSIMO PRIMERO. Los Bonos de Pensión del ISSSTE podrán ser redimidos antes de su vencimiento, cuando el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo considere conveniente o cuando el Trabajador tenga derecho a pensionarse. En estos casos, el Trabajador recibirá la cantidad que representen sus Bonos de Pensión del ISSSTE a la fecha de redención anticipada conforme a la fórmula siguiente:

Donde:

t = El día en el que se evalúa el valor de redención anticipada del Bono de Pensión del ISSSTE.

Udit = Valor de la unidad de inversión en el día t.

VR = Valor de redención anticipada expresado en pesos al día t.

VN = Valor nominal de emisión del Bono de Pensión del ISSSTE, expresado en unidades de inversión.

n = Número de años faltantes para el vencimiento del Bono de Pensión del ISSSTE, expresado como el número de días para el vencimiento, dividido entre trescientos sesenta y cinco.

Esta fórmula utiliza los mismos supuestos de cálculo utilizados para determinar el valor de los Bonos de Pensión del ISSSTE acreditados al Trabajador.

De conformidad con la fórmula de pago anticipado, el valor de redención expresado en unidades de inversión de los Bonos de Pensión del ISSSTE a la fecha de su emisión será el siguiente:

Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se deberá multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad del Trabajador, por el Sueldo Básico mensual, elevado al año y expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo el Trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor esta Ley.

A efecto de cumplir con las obligaciones generadas con los Trabajadores conforme a lo dispuesto en la presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar los actos jurídicos necesarios para emitir y pagar los Bonos de Pensión del ISSSTE, así como, en su caso, a contratar, ejercer, y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento de las obligaciones del Gobierno Federal asociadas a esta Ley. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal a que se refiere esta Ley.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los procedimientos para acreditar en las Cuentas Individuales los Bonos de Pensión del ISSSTE y su traspaso al PENSIONISSSTE o a las Administradoras se deberán sujetar a las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El PENSIONISSSTE y, en su caso, las Administradoras, deberán incorporar en los estados de cuenta que expidan a los Trabajadores el valor nominal de sus Bonos de Pensión del ISSSTE en unidades de inversión y en pesos, así como el valor de pago anticipado de los Bonos en unidades de inversión y en pesos, a la fecha de corte del estado de cuenta, de conformidad con las disposiciones que emita al efecto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

DEL PENSIONISSSTE

VIGÉSIMO TERCERO. El Instituto dispondrá de un plazo de doce meses a partir de la vigencia de esta Ley, para que en el orden administrativo establezca lo necesario para la creación y el funcionamiento del PENSIONISSSTE debiendo proveer los recursos humanos, materiales y presupuestales que se requieran desde el inicio de operaciones del PENSIONISSSTE hasta que éste reciba recursos por concepto de comisiones.

El Gobierno Federal deberá apoyar al Instituto, proveyendo los recursos necesarios, para el inicio de operaciones del PENSIONISSSTE.

VIGÉSIMO CUARTO. Durante el periodo que transcurra entre la entrada en vigor de esta Ley y que el PENSIONISSSTE tome a su cargo la administración de las Cuentas Individuales de los Trabajadores, las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se depositarán en la cuenta que lleve el Banco de México, al Instituto.

Los recursos depositados en la mencionada cuenta se invertirán en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal, y causarán intereses a una tasa de dos por ciento anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual, ajustado en una cantidad igual a la resultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste.

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro de las Cuotas y Aportaciones enteradas y su individualización, incluyendo la relativa a las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, para su entrega al PENSIONISSSTE.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá las demás características de la cuenta que lleve el Banco de México al Instituto.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberá establecer el procedimiento para que se registre la información de las Cuotas y Aportaciones y se opere la apertura de las Cuentas Individuales en el PENSIONISSSTE.

VIGÉSIMO QUINTO. El PENSIONISSSTE administrará las Cuentas Individuales de los Trabajadores afiliados o que se afilien al Instituto durante los treinta y seis meses siguientes a su creación. Los Trabajadores que ingresen al régimen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y tengan abierta ya una Cuenta Individual en una Administradora, podrán elegir mantenerse en ella.

Una vez concluido el plazo antes mencionado, los Trabajadores a que se refiere el párrafo anterior podrán solicitar el traspaso de su Cuenta Individual a cualquier Administradora. Asimismo, a partir de esa fecha, el PENSIONISSSTE podrá recibir el traspaso de Cuentas Individuales de Trabajadores afiliados al IMSS o de Trabajadores independientes.

Los Bonos de Pensión del ISSSTE no deberán ser considerados por las Administradoras para el cálculo de las comisiones que estén autorizadas a cobrar a las Cuentas Individuales.

Tratándose de Trabajadores que a la entrada en vigor de la presente Ley hayan elegido que su Cuenta Individual sea operada por una Administradora y opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en términos del artículo quinto transitorio, dicha Cuenta Individual seguirá siendo operada por la Administradora que hubieren elegido y los Bonos de Pensión del ISSSTE deberán ser acreditados en las Cuentas Individuales operadas por dichas Administradoras.

VIGÉSIMO SEXTO. Los recursos acumulados en las Cuentas Individuales abiertas bajo el sistema de ahorro para el retiro vigente a partir del primer bimestre de mil novecientos noventa y dos hasta la fecha de entrada en vigor de esta Ley, deberán ser transferidos al PENSIONISSSTE dentro del mes siguiente a que inicie operaciones, y se mantendrán invertidos en créditos a cargo del Gobierno Federal en el Banco de México.

A los Trabajadores que hayan elegido la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les abrirá la Cuenta Individual a que se refiere esta Ley, en la que acumularán los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las Cuentas Individuales del sistema de ahorro para el retiro, se transferirán y serán administradas por el PENSIONISSSTE.

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO

VIGÉSIMO OCTAVO. El capital inicial de operación del Fondo de préstamos personales al primer día de la entrada en vigor de la presente Ley, se constituirá por el valor de la cartera vigente de préstamos personales, capital más intereses y el valor de los recursos disponibles de este Fondo al día anterior de la entrada en vigor de la presente Ley.

El Gobierno Federal, para el fortalecimiento del Fondo suministrará adicionalmente, por una sola vez, la cantidad de dos mil millones de pesos, dentro de los sesenta días siguientes a que entre en vigor esta Ley. El Instituto devolverá esta cantidad al Gobierno Federal, en los plazos y términos que convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIGÉSIMO NOVENO. De manera extraordinaria, el Gobierno Federal deberá aportar al seguro de salud la cantidad de ocho mil millones de pesos, en los términos que convengan el Instituto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TRIGÉSIMO. La Cuota Social del seguro de salud, será cubierta por el Gobierno Federal a partir del día primero de enero del año dos mil ocho. En ese año, el Gobierno Federal aportará la cantidad que resulte suficiente para cubrir la Cuota Social del cincuenta y siete punto dos por ciento del total de los Trabajadores y Pensionados a esa fecha. El Gobierno Federal incrementará las Aportaciones por concepto de Cuota Social del seguro de salud en un catorce punto tres por ciento de los Trabajadores y Pensionados cada año a partir de dos mil nueve, hasta cubrir el cien por ciento de los Trabajadores y Pensionados en el año dos mil once.

TRIGÉSIMO PRIMERO. La Cuota por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente a los Trabajadores se deberá ajustar a lo dispuesto en la tabla siguiente:

DISPOSICIONES GENERALES

TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto proporcionará a los Derechohabientes el medio de identificación a que se refiere el artículo 9o. de esta Ley, dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la misma, sin perjuicio de que durante dicho plazo sigan siendo válidos los medios de identificación expedidos por el Instituto a los Derechohabientes.

TRIGÉSIMO TERCERO. A efecto de instrumentar las diversas obligaciones a cargo de las Dependencias y Entidades previstas en esta Ley, se deberá crear un Comité de Oficiales Mayores o sus equivalentes en las Entidades y órganos desconcentrados, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

El Instituto y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberán participar en dicho Comité como asesores en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRIGÉSIMO CUARTO. Las Dependencias y Entidades, y el propio Instituto, a más tardar el día treinta y uno de diciembre de dos mil siete, deberán ajustar a las normas y criterios de esta Ley los mecanismos de administración, los sistemas informáticos y los formatos de sus bases de datos; los sistemas de recaudación y entero de Cuotas y Aportaciones; y los procedimientos de dispersión e intercambio de información, de tal modo que garanticen a satisfacción del Instituto la capacidad de operación para la gestión de los seguros, servicios y prestaciones.

Los procedimientos relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez deberán sujetarse a las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Hasta en tanto inicien operaciones los sistemas o programas informáticos a que se refiere esta Ley, las Dependencias y Entidades deberán enterar las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a través de los medios utilizados para el pago de las Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley que se abroga.

TRIGÉSIMO QUINTO. El cálculo del Sueldo Básico señalado en esta Ley, en ningún caso podrá dar por resultado una cantidad menor al Sueldo Básico establecido en la Ley que se abroga para el cálculo de las Cuotas y Aportaciones al Instituto.

TRIGÉSIMO SEXTO. En un plazo que no excederá de seis meses contado a partir del día primero de enero de dos mil ocho, el Instituto deberá adecuar la inversión de sus Reservas, al régimen previsto en el presente ordenamiento.

En cuanto a la constitución de los Fondos afectos a la Reserva de operación para contingencias y financiamiento, el Instituto tendrá un plazo máximo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento para constituir dicha Reserva.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Instituto y los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, así como sus Dependencias y Entidades, deberán adecuar los convenios que hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los términos previstos en el presente ordenamiento, en un plazo que no excederá del día treinta de junio de dos mil ocho.

Los convenios de incorporación parcial al régimen obligatorio celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, podrán renovarse como convenios parciales, con la obligación de ajustarse al régimen de esta Ley.

En los casos en que no se cumpla con lo previsto en los párrafos anteriores, y que los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, y sus Dependencias y Entidades no pudieren convenir la garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, los convenios de incorporación se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto en el primer párrafo de este artículo.

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor al día treinta y uno de julio de dos mil siete, la relación de Dependencias y Entidades que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tengan adeudos por concepto de Aportaciones, Cuotas y recuperación de créditos a corto y mediano plazo a los Derechohabientes, dando a conocer los estímulos establecidos en esta Ley para el pago de sus adeudos.

Las Dependencias y Entidades que voluntariamente regularicen adeudos con el Instituto, gozarán por única vez del beneficio de la condonación parcial o total de recargos, sin que ello se considere como remisión de deuda para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con las siguientes bases específicas:

A.

B. Las Dependencias y Entidades que reconozcan antes del treinta de junio de dos mil ocho, el total de sus adeudos generados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y opten por saldar sus adeudos mediante la formalización de un convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago a plazos, tendrán el beneficio de la condonación del veinte por ciento del total de los recargos generados. Estos convenios deberán someterse a la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previamente a su celebración.

La regularización de adeudos operará contra el pago de quincenas vencidas completas y en ningún caso se condonará la actualización del principal omitido.

Quedan exceptuados de cualquier condonación por la regularización de adeudos el principal, los recargos o actualización a que haya lugar por las Aportaciones del dos por ciento del sistema de ahorro para el retiro y el cinco por ciento a la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, previstos en la Ley que se abroga.

TRIGÉSIMO NOVENO. Cuando por disposición de leyes como la de Veteranos de la Revolución o cualesquiera otras que deban aplicarse concomitantemente con la presente Ley, se establezcan beneficios superiores a favor de los Trabajadores computándoles mayor número de años de servicio o tomando como base un sueldo superior al Sueldo Básico para la determinación de la Pensión, el pago de las diferencias favorables al Trabajador será por cuenta exclusiva de la Dependencia o Entidad pública a cuyo cargo determinen esas leyes las diferencias. Sin embargo, para que puedan otorgarse esos beneficios complementarios a los Trabajadores, se requerirá que previamente se hayan cumplido los requisitos que la presente Ley señala para tener derecho a Pensión.

CUADRAGÉSIMO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la presente Ley, el Instituto contará con un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley para realizar los estudios que correspondan y definir las condiciones en las que podrá intercambiar seguros de salud con instituciones públicas federales y estatales del sector salud.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Los Trabajadores y Pensionados que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, tengan derecho a la prestación de préstamos personales, continuarán gozando de dicho beneficio de acuerdo con el programa anual que autorice la Junta Directiva y de conformidad con las reglas que establezca la misma.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El reglamento para el otorgamiento de préstamos deberá ser expedido en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que presten sus servicios a las Dependencias o Entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores aplicables en la Dependencia o Entidad en que presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los lineamientos para su incorporación.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Las viviendas propiedad del Instituto que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tenga en arrendamiento se regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Junta Directiva del Instituto.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Las organizaciones de Trabajadores orientarán a sus agremiados en lo relativo al ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la presente Ley, para garantizar que ésta beneficie a los Trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto, este ordenamiento será revisado por la Junta Directiva cada cuatro años. Los resultados obtenidos deberán sustentarse en estudios actuariales y, en su caso, promoverse las reformas o adiciones legales necesarias.

Sala de comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, a 19 de marzo de 2007.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel , Antonio Soto Sánchez , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño , Joaquín Humberto Vela González , Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez , Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).

Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero , presidente; Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras , Rosario Ignacia Ortiz Magallón , Rafael Plácido Ramos Becerril , Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ramón Almonte Borja , Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Joel Ayala Almeida (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Jesús González Macías (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez , Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Abundio Peregrino García , Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Valdés Chávez , Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 27 de febrero de 2007, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Mérida, Yucatán, respectivamente.

En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 6 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Mérida, Yucatán, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Stephens Camacho, para prestar servicios como recepcionista en la sección de seguridad regional, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Isela Navarro Lomas, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios como asistente en atención consular a ciudadanos americanos, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica) presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Erika Larregui Nagel , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Manzanares, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Maria del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la solicitud de permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Luisa Elio Bernal pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Elio Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- La Comisión de Gobernación Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Racial Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué, y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para que puedan aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel González Félix para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Julio Souza Fernández para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la maestra Ana Lilia Cepeda de León para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejeda (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Racial Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.'

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Dario Lemarroy Martínez , Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Maria del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de Austria.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Federico Sada González, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de marzo de 2007.

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama , secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), secretario; Érika Larregui Nagel, secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Maria del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Presidente, solicito a la Presidencia que en términos de los artículos 30, fracción IV, y 59 del Reglamento Interior se consulte a la Asamblea se considere de urgente resolución y se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión y votación de inmediato el dictamen de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asimismo, solicito a esa Presidencia, para que no exista duda sobre la votación, que ésta se realice en forma nominal con apoyo del sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si hay otros cuatro legisladores más que lo soliciten, les pediría que levanten la mano.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Me acompañan en esta petición los compañeros que están aquí presentes: Mónica Arriola, Silvia Luna, Miguel Ángel Jiménez y Humberto Dávila.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para tomar la votación si a este dictamen se le dispensa la segunda lectura...

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para señalar que es un dictamen bastante extenso y que no obstante que nos haya sido entregado el día de hoy por escrito en la Gaceta Parlamentaria, resulta imposible, si no es que verdaderamente muy difícil, que todos los legisladores en las escasas dos horas que lo han tenido en sus manos hayan podido darle lectura completa.

Por ese motivo yo apelaría. No se da el caso ni la hipótesis de la urgente u obvia resolución. Por eso yo apelaría a que respetásemos en este momento el procedimiento legislativo y se votara en la siguiente sesión, se pasara a segunda lectura en la siguiente sesión, para que todas las diputadas y los diputados pudiéramos leer su contenido y poder hacer los trámites que tengan que ver al respecto.

No es ocioso señalar, señor Presidente, que para hacer cualquier reserva de cualquier artículo, para hacer cualquier propuesta alternativa, se necesita preparar; y si el día de hoy hace dos horas nos fue entregada por escrito, es imposible que las legisladoras y los legisladores tengamos el tiempo suficiente para preparar a conciencia ese trabajo.

Por eso, pues yo pediría a la Asamblea, respetuosamente, nos condujéramos respetando el proceso legislativo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. De acuerdo al proceso legislativo, ha sido solicitada la dispensa de la segunda lectura y será la Asamblea la que determine si se dispensa o no la lectura. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de aprobar la urgente resolución del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputado Presidente, se emitieron 198 votos a favor, 221 votos en contra y cero abstenciones. No hay mayoría.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Queda de primera lectura.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas. Raymundo Cárdenas.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández(desde la curul): Gracias. Presidente, sólo para dejar constar que estábamos en el procedimiento de presentación de dictámenes en primera lectura; y el señor de Nueva Alianza pidió que se dispensara esa lectura. En rigor, lo que votamos ahorita es que no se dispensa la primera lectura. De manera que ese dictamen formalmente no es ni de primera lectura porque este Pleno no autorizó que con la simple publicación en la Gaceta se considerara de primera lectura.

Usted nunca declaró que este dictamen era de primera lectura. El aceleramiento de sus socios del Panal, los acaba de conducir a un error de procedimiento que vale la pena subrayar. Ese dictamen no es de primera lectura porque esta votación indica que el Pleno no autorizó que el procedimiento de primera lectura se obviara. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le voy a solicitar a la Secretaría le mande la versión estenográfica. Fueron declarados de primera lectura todos los dictámenes. Envíenle al diputado Raymundo Cárdenas, está hecha la declaratoria, de todos los dictámenes de primera lectura.

LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley para la Reforma del Estado. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, con proyecto de Ley para la Reforma del Estado

A las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con la opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de Ley para la Reforma del Estado.

Estas comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 80 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO

Conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 14 de noviembre de 2006, el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que contiene proyecto de Ley para la Reforma del Estado.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa citada en este apartado el 13 de febrero de 2007 y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

II. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 15 de febrero de 2007, la Secretaría de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la asamblea de la minuta proyecto de Ley de para la Reforma del Estado que remitiera la colegisladora; la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. La minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria numero 2194 del jueves 15 de febrero de 2007. Con fecha 22 de febrero la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados amplió el turno de esta minuta a efecto de que la Comisión de Gobernación también participara en su dictamen.

III. Con fecha 22 de febrero de 2007, el Diputado Juan N. Guerra presentó solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado, para emitir el dictamen respecto de la minuta proyecto de Ley para la Reforma del Estado, enviada por el Senado de la República.

IV. Contenido de la minuta de la colegisladora. En ella se exponen los motivos y alcances de la propuesta, haciendo una breve referencia a los mecanismos sugeridos para el desarrollo de los trabajos para impulsar la reforma del Estado Mexicano.

Se pretende establecer una ley de vigencia temporal circunscrita a un año, que siente las bases para analizar, discutir y hacer propuestas para transformar a los órganos que integran al Estado Mexicano.

Propone la creación de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, con el objeto de que sea el órgano rector del proceso de reforma del estado en México, que le de un orden metodológico a los trabajos que en el tema se realicen.

Crea dos Subcomisiones, una de Consulta Pública y otra Redactora; establece el proceso de negociación en seis etapas, delimita los temas sobre los que deberá de pronunciarse el poder legislativo obligatoriamente: régimen de estado y gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del poder judicial; reforma hacendaria y garantías sociales.

CONSIDERACIONES

Estas comisiones dictaminadoras concuerdan con la colegisladora en la necesidad de emprender una revisión sustantiva al marco legal y constitucional de los diferentes componentes de nuestro sistema político y privilegiar que el eje de la transformación de nuestro andamiaje constitucional sea el consenso entre las principales fuerzas políticas del país, con el concurso de la sociedad en su conjunto, a través de amplios esquemas de participación ciudadana.

Diversos han sido los esfuerzos realizados a efecto de emprender una reforma del Estado Mexicano, mismos que desde hace dos décadas han arrojado algunos frutos, fundamentalmente en el mejoramiento de nuestro sistema electoral y la modificación de algunas atribuciones de los poderes legislativo y judicial.

Sin embargo, habremos de reconocer que nuestra democracia aun puede perfeccionarse, haciendo a un lado la cultura autoritaria y con ello fortalecer nuestras instituciones, profundizando en las diferentes alternativas de solución a los problemas de desigualdad, crecimiento de la delincuencia y estancamiento del progreso económico.

Sin duda, debe de ser el Congreso de la Unión el espacio por excelencia para adecuar nuestro sistema constitucional y legal a la realidad, sumando en este objetivo a diversas instancias plurales que logren la generación de acuerdos.

De igual manera coincidimos con la colegisladora en que la creación de la Ley para la Reforma del Estado, será un paso muy importante en el impulso de los mecanismos de participación ciudadana en este proceso, en la sistematización de las propuestas, así como, en la conducción de las negociaciones para buscar los consensos necesarios que logren los acuerdos y que impulsen a su vez, el proceso legislativo en las comisiones ordinarias relacionadas con los temas de la Reforma del Estado.

MODIFICACIONES A LA MINUTA

Los integrantes de las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, al dictaminar la presente minuta, coincidieron con las propuestas hechas por la colegisladora, y resolvieron aprobar la minuta con las modificaciones que se detallan a continuación:

I. Del carácter de Ley o Decreto. En la opinión del Dip. Alfredo Ríos Camarena , expresada en la exposición de motivos de la iniciativa que sobre el mismo tema presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, a la que se suma el trabajo realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en el sentido de que jurídicamente el producto de este procedimiento legislativo sería un Decreto y no una Ley, estas Comisiones Unidas después de un amplio debate con respecto a las características de la norma jurídica plasmadas en una Ley o en un Decreto, consideran que si bien es cierto que el cuerpo normativo dictaminado regula situaciones particulares de órganos o corporaciones, en un plazo determinado y para un fin específico, también lo es que ya existen una serie de conjuntos normativos en nuestro sistema jurídico, con estas mismas características a los que se les ha denominado Ley, como la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas; de igual manera en otros países han existido leyes para encauzar los procesos de reforma política como España o Argentina. Por lo que estas Comisiones mantienen el criterio de que se trata jerárquicamente de una Ley.

II. De la denominación. Por cuanto a la consideración de la denominación Reforma del Estado, es cierto que estrictamente no se trata de una reforma integral a todos los componentes del Estado Mexicano como territorio, población, sistema de gobierno y orden constitucional, también lo es que pretende reformar algunos de ellos dentro del todo, como pudiera ser el sistema de gobierno y nuestro andamiaje constitucional, amén de que el término reforma política se ha entendido con una orientación a la reforma electoral, estas comisiones dictaminadoras mantienen la denominación de Ley para la Reforma del Estado.

III. Se modifica el artículo 1.- A efecto de lograr una mejor claridad en la propuesta, así como establecer el objeto de la Ley, estas comisiones dictaminadoras han decidido modificar este artículo dividiéndolo en dos párrafos: el primero que establece la calidad de las normas que contiene, como de orden público y observancia general y, en el segundo señalando que es objeto de esta ley establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado Mexicano.

IV. Modificaciones al artículo 3.- Con el objeto de lograr una participación paritaria de ambas Cámaras en la integración de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, tal y como la propia colegisladora la reconoce en la foja 6 de su dictamen, se incluye a la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, en el primer párrafo del artículo 3.

Las comisiones dictaminadoras consideran que se hace necesario modificar el párrafo segundo de este artículo, a efecto de que la participación de los representantes del poder Ejecutivo Federal y de las presidencias de los partidos políticos nacionales sea potestativa, únicamente con derecho a voz y que pueda designarse a quienes los suplirán en sus ausencias.

Se considera necesario agregar un párrafo tercero con el objetivo de incluir la participación de la representación del Poder Judicial, en lo que respecta al tema de la reforma del Poder Judicial, como fue sugerido por los Diputados Juan N. Guerra y Alfredo Ríos Camarena , en sus iniciativas sobre el tema.

Se hace mención de que en éste como en los demás artículos se procura un lenguaje con equidad de género, por lo que se substituye la palabra presidentes por presidencias.

V. Modificaciones al artículo 4.- Las comisiones dictaminadoras consideran que la presidencia de la Comisión Ejecutiva recaerá únicamente en los presidentes de cada una de las Cámaras, por periodos de seis meses. Las presidencias de las comisiones de la Reforma del Estado de ambas Cámaras fungirán como vicepresidentes.

La modificación a la fracción primera de este artículo busca hacerla congruente con el cambio realizado al artículo primero de la minuta, estableciendo como atribución de la Comisión Ejecutiva el conducir y coordinar el proceso nacional de diálogo, análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción de la Reforma del Estado.

De igual manera se modifica la fracción cuarta, a efecto de no contravenir la facultad de iniciativa establecida en el artículo 71 constitucional, señalando la facultad de promover la presentación de iniciativas, por parte de los sujetos legitimados para ello.

VI. Modificaciones al artículo 5.- Se invierte el orden de las subcomisiones con las que contará la Comisión Ejecutiva, ya que derivado de los frutos de los foros de consulta se elaboraran los documentos de trabajo y propuestas legislativas; quedando primero la subcomisión de Consulta Pública y después la Redactora.

VII. Modificaciones al artículo 6.- Derivada de la modificación al artículo 5, este numeral corresponde a la Subcomisión de Consulta Pública. Se modifica la integración propuesta en la minuta, en el sentido de que los representantes de cada una de las cámaras que formen parte de esta Subcomisión sean integrantes de las comisiones ordinarias competentes, relacionadas con los temas de la Reforma del Estado. Asimismo se modifica el segundo párrafo de este artículo, para establecer como funciones de la Subcomisión de Consulta Publica las siguientes:

I. Recopilar y revisar las minutas radicadas en las comisiones de dictamen, así como las iniciativas presentadas por los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas; por las Legislaturas de los Estados y por el Ejecutivo Federal, ante las cámaras del Congreso de la Unión, respecto a los temas para la Reforma del Estado.

II. Recabar y analizar la información derivada de los foros y consultas realizadas con anterioridad, relativas a los temas para la Reforma del Estado.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Subcomisión de Consulta Pública deberá realizar dicho análisis y consulta, conforme a la agenda prevista en el artículo 12 de la presente Ley.

III. Organizar la consulta pública nacional para la Reforma del Estado, en los términos de la convocatoria que al efecto emita la Comisión Ejecutiva y conforme a las indicaciones que ésta formule.

En todo caso, para la consulta pública nacional podrán realizarse hasta seis foros regionales por todo el país, mismos que deberán llevarse a cabo de manera sucesiva, en un plazo no mayor de tres semanas. En la organización y desarrollo de los foros regionales podrá participar un representante del poder Ejecutivo Federal.

VIII. Modificaciones al artículo 7.- Derivada de la modificación al artículo 5, este artículo se refiere a la Subcomisión Redactora. Se aprobó una nueva redacción para el primer párrafo, en el que se incluye en la integración de la misma, a los presidentes de las comisiones ordinarias de ambas cámaras, relacionadas con los temas de la Reforma del Estado; al considerara que ello mejora los trabajos de esta Subcomisión y auxiliará en su oportunidad al proceso legislativo.

IX. Modificaciones al artículo 8.- Toda vez que el espíritu de la Ley es el logro de acuerdos por la vía de consensos, se considera necesario modificar la primera parte de este artículo substituyendo el que las decisiones y acuerdos se tomaran por votación de las dos terceras partes de los presentes, por el término del máximo de consenso posible de los presentes. En razón a la modificación hecha al artículo 4, en el sentido de que las vicepresidencias de la Comisión para la Reforma de Estado de ambas Cámaras funjan como suplentes de la presidencia, se modifica el segundo párrafo y se suprime el número de ausencias del presidente de la Comisión Ejecutiva.

X. Modificaciones al artículo 9.- La minuta en su artículo noveno establece las etapas del proceso de negociación y construcción de los acuerdos para la reforma del estado, previendo en su fracción sexta la relativa al proceso legislativo; lo anterior no resulta ni legal ni técnicamente viable, ya que el proceso legislativo propiamente dicho, no es objeto de regulación por esta Ley, ni determinado en el ámbito de la Comisión Ejecutiva, por lo que se suprime esta fracción.

XI. Modificaciones al artículo 12.- Al considerar que el tema de reforma hacendaria es una materia que incluye tanto el aspecto fiscal como el presupuestario, y al ser ésta una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aunado al trabajo que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara ha venido realizando la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a petición unánime de la misma, se suprime el tema de reforma hacendaria marcado como el numero cinco en la minuta, por lo que se recorre en su orden el de garantías sociales.

Para una mayor claridad en la redacción se substituye, en el segundo párrafo de este artículo, la palabra surgieren por surjan.

XII. Modificación al artículo sexto transitorio.- En razón de que en el presupuesto de ambas cámaras existen las partidas presupuestales para la realización de foros, seminarios, consulta a expertos, entre otros, se acordó que los gastos que deriven de la aplicación de la presente Ley corran a cargo del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007, asignado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Los cambios planteados por estas comisiones a la minuta de la colegisladora obedecen a una serie de valiosas opiniones de los grupos parlamentarios, los legisladores en lo individual, así como los integrantes de las mismas, y en especial de la Comisión para la Reforma del Estado.

De igual manera se hace del conocimiento de la asamblea que se recibió personalmente a los legisladores que así quisieron hacerlo, recogiendo sus puntos de vista con respecto a la minuta.

Lo argumentado en párrafos precedentes conlleva la modificación del Proyecto de Decreto, por lo que es preciso devolver la minuta al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto de Ley para la Reforma del Estado:

Artículo Único. Se expide la Ley para la Reforma del Estado, para quedar como sigue:

LEY PARA LA REFORMA DEL ESTADO

Artículo 1. Las normas contenidas en la presente Ley son de orden público y de observancia general.

Es objeto de esta Ley establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de Reforma del Estado Mexicano.

Artículo 2. Se crea la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de reforma del Estado en México. En lo sucesivo se denominará Comisión Ejecutiva.

Artículo 3. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada Grupo Parlamentario en ambas cámaras y las presidencias de las comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

Podrán participar en la Comisión Ejecutiva los representantes del Poder Ejecutivo Federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

De la misma manera, podrá participar una representación del Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de Reforma del Poder Judicial.

Artículo 4. La Comisión Ejecutiva será presidida en periodos de seis meses cada uno, por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el orden anunciado.

Las presidencias de las Comisiones de la Reforma del Estado de ambas cámaras fungirán como vicepresidentes.

La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conducir y coordinar el proceso nacional de diálogo, análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción de la reforma del Estado;

II. Integrar e instalar las subcomisiones previstas en el presente ordenamiento y los grupos que sean necesarios para la realización de los trabajos y la consulta;

III. Expedir el reglamento interno, las convocatorias y otros instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en la materia y ciudadanos;

IV. Promover la presentación, ante la Cámara de Senadores y de Diputados, según sea el caso, por parte de los sujetos legitimados para ello, de las iniciativas de reformas constitucionales y legales o de nuevas leyes que expresen el acuerdo obtenido, a fin de que sigan el proceso constitucional respectivo; e

V. Interpretar los alcances de la presente ley y emitir los lineamientos, normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 5. La Comisión Ejecutiva contará con las subcomisiones de Consulta Pública y Redactora. Asimismo, tendrá facultades para integrar otras subcomisiones, grupos de trabajo específicos y establecer cualquier forma de trabajo que estime pertinente.

La Comisión Ejecutiva contará con un secretario técnico que será el responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar a su cumplimiento, así como proveer la relatoría y el apoyo logístico necesario para el desahogo de cada uno de los temas convenidos en el presente ordenamiento y de conformidad con los términos de la convocatoria que al respecto se emita. Será propuesto por el presidente de dicha comisión y su nombramiento deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la misma.

Artículo 6. La Subcomisión de Consulta Pública se integrará por seis representantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, miembros de las comisiones ordinarias competentes, relacionadas con los temas de la Reforma del Estado.

La Subcomisión de Consulta Pública tendrá como funciones las siguientes:

I. Recopilar y revisar las minutas radicadas en las comisiones de dictamen, así como las iniciativas presentadas por los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas; por las Legislaturas de los Estados y por el Ejecutivo Federal, ante las cámaras del Congreso de la Unión, respecto a los temas para la Reforma del Estado.

II. Recabar y analizar la información derivada de los foros y consultas realizadas con anterioridad, relativas a los temas para la Reforma del Estado.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Subcomisión de Consulta Pública deberá realizar dicho análisis y consulta, conforme a la agenda prevista en el artículo 12 de la presente Ley.

III. Organizar la consulta pública nacional para la Reforma del Estado, en los términos de la convocatoria que al efecto emita la Comisión Ejecutiva y conforme a las indicaciones que ésta formule.

En todo caso, para la consulta pública nacional podrán realizarse hasta seis foros regionales por todo el país, mismos que deberán llevarse a cabo de manera sucesiva, en un plazo no mayor de tres semanas. En la organización y desarrollo de los foros regionales podrá participar un representante del poder Ejecutivo Federal.

Artículo 7. La Subcomisión Redactora se integrará por las presidencias de las comisiones ordinarias competentes de ambas cámaras, relacionadas con los temas de la Reforma del Estado, y hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales, de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado, a solicitud de la Comisión Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba de la misma.

Artículo 8. Para que la Comisión Ejecutiva y las subcomisiones puedan sesionar y tomar acuerdos deberán reunirse por lo menos las dos terceras partes de sus miembros. Las decisiones y acuerdos se tomarán por el máximo consenso posible de los presentes. Las sesiones que celebre la Comisión Ejecutiva sólo serán válidas siempre y cuando el número de suplentes que concurran en lugar de los miembros titulares no sea mayor de cinco.

El presidente de la Comisión Ejecutiva, podrá ausentarse de las sesiones, su ausencia será sustituida por el vicepresidente de la comisión.

Artículo 9. El proceso de negociación y construcción de acuerdos para la Reforma del Estado constará de las siguientes etapas:

I. Presentación de propuestas;

II. Consulta pública;

III. Negociación y construcción de acuerdos;

IV. Redacción de los proyectos; y

V. Aprobación, firma y presentación de iniciativas;

Artículo 10. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva y todos los que participen en la consulta, deberán entregar a la propia comisión sus propuestas concretas de reforma en los temas que establece la presente ley, conforme a los requisitos y en los plazos que determine la Comisión Ejecutiva en la convocatoria que al efecto expida.

Artículo 11. Conforme se logren los acuerdos en la Comisión Ejecutiva o se concluya cualquiera de los temas a que se refiere la presente ley, se elaborarán las iniciativas que expresen estos acuerdos y podrán ser suscritas por los legisladores que la integran que así lo decidan; éstas se presentarán a la Cámara que corresponda.

Artículo 12. Los temas sobre los que deberán pronunciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales serán:

I. Régimen de Estado y gobierno;

II. Democracia y sistema electoral;

III. Federalismo;

IV. Reforma del Poder Judicial; y

V. Garantías sociales.

En caso de que surjan otros temas de interés, inherentes a la reforma del Estado, éstos podrán seguir el procedimiento señalado en la presente ley. Para ello será necesario que antes se hayan completado los trabajos concernientes a los temas de pronunciamiento prioritario que señala este artículo y que se esté en posibilidades de concluir los nuevos temas durante el periodo de vigencia del presente ordenamiento.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Ejecutiva deberá quedar integrada e instalada dentro de los quince días naturales siguientes de la entrada en vigor de esta ley.

Tercero. La Comisión Ejecutiva deberá, dentro de los quince días naturales siguientes a su instalación, integrar e instalar las subcomisiones Redactora y de Consulta Pública.

Cuarto. La Comisión Ejecutiva y las subcomisiones deberán aprobar sus reglas y lineamientos de operación a más tardar en la sesión inmediata posterior a la de su instalación.

Quinto. La Comisión Ejecutiva deberá expedir la Convocatoria para la Consulta Pública de la Reforma del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes a partir de la instalación de ésta.

Sexto. Los gastos que deriven de la aplicación de la presente Ley correrán a cargo del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007, asignado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Séptimo. La presente Ley para la Reforma del Estado concluirá su vigencia transcurridos doce meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación, en la sesión del 13 de marzo del año dos mil siete.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas , Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica en contra), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla , Rodrigo Medina de la Cruz , Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).

La Comisión de Gobernación. Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José de Jesús Reyna García , Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se han registrado para hablar en este dictamen, para fundamentarlo, el diputado Juan José Rodríguez Pratsy para la discusión en lo general la diputada Elsa Conde, el diputado Manuel Cárdenas, el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Elías Cárdenas Márquez, el diputado Francisco Elizondo Garrido, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, el diputado Jaime Espejel Lazcanoy el diputado Rogelio Carbajal Tejada. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats. Para fijar el dictamen se conceden hasta 10 minutos y para la discusión en lo general, 5 minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente. Yo sugeriría esperar un poco a que la Asamblea...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, señor diputado. Les pido a las señoras y los señores diputados si pueden tomar sus lugares y poner atención al orador... Adelante, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Muchas gracias, señor Presidente. Dicen los clásicos que la política es fuego y la sabiduría del derecho coadyuva a atemperarla. Se insiste también en que el derecho es la inteligencia de la política. Y hoy precisamente analizamos una minuta que nos permite organizar nuestro trabajo. Es una ley sui generis, es una ley que nos convoca a cumplir nuestro deber. No es un punto de llegada, es un punto de partida. Diría yo más: es darle continuidad a una reforma permanente.

Desde hace muchas décadas se viene reformando al Estado, se viene reformando al poder, se viene reformando la participación política y los órganos del poder. Por eso es más bien darle continuidad a un gradualismo, a un mejorismo, como algunos dijeron en su tiempo, para ir adecuando la ley a la realidad.

En muchos casos el Legislativo se adelantaba a la realidad y le ordenaba un cauce, le señalaba una meta. En otros casos, el Legislativo ya reconocía lo que la realidad estaba legitimando. Hoy, sin duda, tenemos una nueva realidad y a esa nueva realidad debe recaer una nueva legalidad. Y ése es el caso.

Estamos analizando un acuerdo político elevado a rango de ley. Estamos analizando un principio que debe orientar nuestro trabajo legislativo. Y esto evoca tal vez el primer debate de trascendencia que hubo a partir de nuestra vida independiente, terminado el imperio, cuando en 1824 discutieron en la Cámara dos presbíteros, dos grandes mexicanos, cuyos nombres están en estas paredes: Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Y fíjense ustedes, como anécdota, qué interesante cuando alguien sugirió, teniendo México 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 6 millones de habitantes, más de 90 por ciento de analfabetismo, que se hiciera una consulta para ver qué clase de república deberíamos ser.

Y Fray Servando dijo algo que me parece muy pertinente citar hoy, Fray Servando dijo: ``Yo no soy lacayo y vengo a ejercer un acto de representación pública y a tomar decisiones''. Esto es lo que el pueblo de México demanda hoy de su Congreso: decisiones. Eso es lo que esta minuta que estamos discutiendo nos está obligando a realizar: decisiones.

Y por eso se modificaron muchos de sus artículos, porque no pretendemos mediante esta ley sustituir al proceso legislativo; pretendemos agilizar iniciativas; pretendemos impulsar los acuerdos; pretendemos que esa nueva realidad que México tiene en su sistema político se adecue a una nueva legalidad.

Y por eso los cinco temas: el tema de régimen político, el tema de la reforma política, la cuestión electoral, el federalismo, el Poder Judicial y las garantías sociales. Cinco temas que yo confío y yo espero que en este periodo ordinario de sesiones podamos emanar algunas conclusiones y algunas leyes que emanen del Congreso de la Unión.

¿Qué acaso no estamos todos de acuerdo en que deben disminuirse las cantidades de dinero que reciben los partidos políticos? Hay iniciativas ya que coinciden de todas las fracciones parlamentarias. ¿Qué acaso no estamos de acuerdo en reducir el número de diputados y de senadores? ¿Qué acaso no estamos de acuerdo en la precampaña? No me sometería a la discusión.

Yo creo señores legisladores que si esto arranca un debate, debemos partir de tres principios éticos: primer principio ético, el principio de falibilidad. Nosotros podemos estar equivocados; ustedes pueden estar equivocados; ambos podemos estar equivocados. Segundo principio ético, el principio de la discusión racional. Discutamos racionalmente sin caer en las descalificaciones, sin caer en el ataque personal; y, tercer principio ético, vamos aproximándonos a la verdad mediante la discusión.

Yo los exhortaría a respetar esos tres principios éticos y definitivamente estaremos de acuerdo en que hay que reducir las precampañas, en que hay que legislar la relación de los medios con los partidos políticos, en que hay que analizar las facultades que se le otorguen al IFE para que revisen y tenga más atribuciones en las finanzas de los partidos políticos. Creo que podemos llegar a acuerdos y ---repito--- aquí ha habido iniciativas que hemos presentado distintas fracciones parlamentarias, en donde ha habido coincidencias. La historia de México es una historia de grandes reformas por lo regular no pactadas, después de conflictos bélicos surgió la necesidad de que emanaran nuevas leyes. Hoy tenemos una gran oportunidad de una reforma pactada y que demos nuevas normas a la conducción política.

Cito a un gran mexicano iniciador y convencido de la reforma del Estado, Jesús Reyes Heroles. Él decía: ``Se ha dicho que en materia jurídica la diferencia entre un práctico, quien ejerce cotidianamente su profesión con el bagaje técnico indispensable para ello, y un teórico, que especula sobre el significado y valorización del fenómeno jurídico, es que el primero sabe dónde se está y el segundo sabe a dónde irse''.

Y creo que ése es el reto. Un diagnóstico ---donde estamos--- qué es lo que tenemos que modificar, cuáles son nuestras tareas y emprender en ese trabajo de legislador, utilizando la lupa del detective para ver los pequeños casos, pero también el telescopio del astrónomo para ver lo que sucede en el largo plazo, qué reformas debemos hacer.

Cito a otro gran mexicano, Manuel Gómez Morín. Él decía: ``justamente cuando se hace depender la solución de los más grandes problemas jurídicos, los métodos técnicos en la legislación, de la exactitud gramatical e ideológica del texto, de la claridad absoluta del mandato, nosotros hacemos leyes ambiguas, plagadas de errores gramaticales, propicias a todas las interpretaciones, confusas en su ideología, faltas de un plan, de una idea central que armonice con el conjunto que le dé fuerza y que permita una interpretación correcta, en los innumerables casos en que la duda y la laguna en la ley no pueden evitarse''.

Entonces, tenemos una gran tarea, hacer leyes contundentes, claras, diáfanas, que el pueblo de México sepa a qué atenerse en la reforma del Estado. Y definitivamente esto implica y nos exhorta a la mayor madurez. Un mexicano ejemplar que en estos días y hace ya algunos años perdiera la vida, pronunció un discurso, unos días antes de su fallecimiento, del proditorio asesinato de su persona y él habló de la reforma del Estado. Luis Donaldo Colosio, dijo: ``proponemos la reforma del poder para que exista una relación entre el ciudadano y el Estado''.

Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos.

Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso federal. Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia de independencia de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la república. Reformar el poder significa llevar el gobierno a las comunidades, a través de un nuevo federalismo.

Significa también... en unos momentos termino... a ese respeto yo aludía hace unos momentos y que yo les agradezco que me concedan...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No se permiten diálogos. Concluya, diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Sí, señor Presidente. Significa también nuevos métodos de administración para que cada ciudadano tenga respuestas eficientes y oportunas cuando requiere servicios, cuando plantea problemas, cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos de sus hijos.

Esos son los compromisos con la reforma del poder. Es así como cada ciudadano tendrá más libertades, más garantías, para que sus intereses sean respetados, para gozar de seguridad y de una aplicación imparcial de la ley. Cito esta idea central de uno de los últimos discursos de Luis Donaldo Colosio.

A la minuta de la Cámara de Diputados, le incorporamos muchas modificaciones, de las cuáles reflexionaremos en el transcurso de este debate.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Jorge Zermeño Infante : Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para la discusión en lo general tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez del grupo parlamentario de Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la reforma del Estado en la región latinoamericana ha sido un esfuerzo constante, lamentablemente también un esfuerzo fracasado. Esta concepción ha fracasado.

Primero. Por su optimismo ideológico sin fundamento frente a las capacidades del mercado. La única palabra dicha sobre el rol del Estado en este esfuerzo ha sido la modernización y su adelgazamiento. El resultado, economías modernas con altos grados de exclusión social, desequilibrios internos, tensiones subterritoriales y daños ambientales.

Segundo. La ausencia de propuestas para la construcción de los consensos sociales y políticos necesarios para su implementación. Así que el talón de Aquiles del conjunto de las reformas fue no sólo de su parte política institucional sino también de su pobre legitimidad.

Durante dos décadas la respuesta de los movimientos sociales que no veían reflejadas sus demandas en la gestión económica predominante fue de un estatismo neoconservador; por defender la única forma de protección conocida, el pacto clientelar que intercambia favores económicos por adhesión política.

Omitieron la lucha por construir una sociedad de derechos en donde la relación de protección no estuviera asociada al clientelismo clásico y en donde lo público no se asociara necesariamente al Estado.

Quienes venimos de la sociedad civil sabemos bien de qué hablamos. De nada serviría hoy reproducir un debate entre neoestatistas y neoliberales. Esa ruta está agotada.

Es preciso hoy volver a un punto clásico, ya no de la teoría política o la sociología histórica, sino de la vida misma de las sociedades: el Estado.

Tal reflexión compromete al menos tres procesos: primero, hagamos una valoración de cómo el pasado vive entre nosotros, pensemos en la cultura política que heredamos, la cual debemos usar a favor de la reforma o renunciar a ella para lograrlo; dos, preguntémonos qué nación queremos llegar a ser en los próximos 20 años. Dibujemos un horizonte apenas razonable para medir los efectos de nuestros actuales empeños; y finalmente, ¿qué problemas debe acometer la reforma del Estado en este tiempo nuestro?

Para Alternativa, dos fundamentales. El primero es la desigualdad persistente a la que parecen condenadas nuestras sociedades, el incremento de los abismos sociales y la incapacidad manifiesta de las actuales estrategias económicas para hacerles frente.

Mientras la desigualdad persista en el Estado actual somos la región más desigual del planeta; que no la más pobre.

Mientras en México unos vivan como en Suiza y otros como en las regiones más pobres de África, nada habrá que blinde a nuestras instituciones de su corrosión, de su corrupción y de su perpetuo sobresalto.

El segundo es el predominio de distintas formas de poderes fácticos. Sin esas dos cuestiones de fondo resueltas será imposible el éxito en la defensa del territorio y de la soberanía nacional, en la construcción de una comunidad nacional incluyente de todos en el proceso político y económico; la inserción ventajosa de México en el escenario internacional o la implementación de un modelo sustentable de desarrollo social y económico.

Finalmente, les garantizo que no habrá reforma del Estado sin incorporar a los excluidos de hoy y de manera singular, sin incorporar a la mujer en el razonamiento del Estado, a la perspectiva de género en su construcción, en el modo en que se piensa su economía, su hacienda, su educación, su cultura.

Sin nosotras llegarán a cualquier lado, pero no a un Estado del que nos sintamos parte. Y no lo olviden, somos la mitad de la población. Un Estado sin esa mitad será siempre un Estado excluyente. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia. El tema a tratar no puede quedar al margen de la condición humana. Las cosas las hacemos los humanos.

Todos los días en la vida parlamentaria, en el proceso legislativo, tenemos que ver si respetamos o no respetamos las leyes que nos hemos otorgado; si respetamos, si honramos los acuerdos, si honramos la palabra o nos desdecimos en términos de intereses personales o de pequeños grupos que trascienden, inclusive, a la vida de los partidos y de los grupos parlamentarios. No hay nada de qué espantarse, así es la vida en este recinto, unos honran la palabra y el acuerdo y otros se desdicen y concurren a cualquier pretexto para poder hacer valer el interés, ése, mezquino y personal.

Comentaba la persona, el orador, mi par, que me antecedió en la palabra, y se refería a una serie de iniciativas y de reformas, él lo ha planteado en otro tiempo y recogería ese tiempo en que lo planteó, en que lo que primero tenemos qué hacer, antes de mirar afuera del Poder Legislativo, es dotarnos de una nueva Ley Orgánica que nos permita transitar en los términos de los tiempos actuales.

Qué fácil salir a criticar a los otros Poderes, sin la moral y sin la ética, para podernos dar la regulación propia, para que no sucedan las cosas como las que hoy hemos visto, atropellando a legisladores fuera del recinto, donde legisladores mismos propician la inseguridad y la anarquía en la que cada uno quiere prevalecer.

Sí, a las reformas, sí a las reformas que señaló el compañero que me antecedió, empecemos con el Poder Legislativo. Dotémonos de una ley de partidos, porque vivimos un sistema de partidos, hagamos cierta y veraz la transparencia y la rendición de cuentas, pero no acusemos, so pretexto de graciosas concesiones, pisotear la ley. No busquemos que la autoridad y la fama pública de la que hoy nos ha dotado el pueblo, por cierto muy negativa, la vamos a mejorar obligándonos para cumplir la obligación que nos mandata la Constitución y que es legislar, a nosotros no nos eligieron ni siquiera aun cuando sea una actitud muy noble, para concurrir a la gestoría, pero qué bueno que lo hacemos, lo que no es permisible es que nos obliguemos con otra ley al realizar lo que la misma ley y la Constitución nos mandata.

Si lo queremos ver de otra manera, y lo haremos más adelante en términos de las opiniones jurídicas, pero si lo queremos ver de otra manera, de la forma en la que estamos transitando, tenemos que reconocer que el problema somos nosotros mismos, la forma en que nos conducimos y la forma en que queremos ver la paja en el ojo ajeno, no la viga en el ojo propio.

Hagamos del Poder Legislativo el Poder que la nación nos está demandando y los electores que nos eligieron. Cuando tengamos rendición de cuentas, cuando estemos en similitud de los otros Poderes, entonces y sólo entonces tendremos autoridad moral para sentarnos a una mesa y buscar las reformas de las cuales tenemos en ayuno al pueblo de México.

Sí a la reforma, no a un procedimiento que sólo busca cultivar la vanidad y pisotear la necesidad de cumplir los ordenamientos que debemos de observar. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia envía un cordial saludo al grupo de alumnos de bachillerato que nos acompañan del estado de Puebla, por haber sido galardonados con el premio Campeones de Oratoria. Felicidades y muchas gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano tiene su soporte constitucional en la Constitución de 1917. El eje articulador del Estado mexicano se sustenta, entre otros, en los siguientes principios: Estado federal, división de Poderes, régimen municipal, garantías individuales y el principio de distribución de competencias.

El cúmulo de facultades metaconstitucionales a favor del Presidente de la República trajo como consecuencia el que se desarrollara un presidencialismo que limitaba el ejercicio de las facultades legales de los otros dos Poderes constituidos e incluso, que el Poder Legislativo y el Judicial se subordinaran al Presidente de la República.

En este sistema presidencialista, la voluntad del Presidente se convirtió en el fundamento de las decisiones gubernamentales. Esta situación empezó a cambiar cuando en 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con lo que el Presidente se vio impedido de imponer mecánicamente su voluntad en esta Cámara.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la premisa fundamental de la reforma del Estado consiste en redistribuir el poder político para que el pueblo sea un actor fundamental en la creación de un Estado democrático que pasa por la necesidad de establecer en la Constitución las figuras de democracia participativa, ya que el sistema de democracia representativa está agotado.

Dichas figuras son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, entre otras, que combinadas con el sistema de democracia representativa alienten la participación popular. En el Partido del Trabajo y en su grupo parlamentario en esta soberanía tenemos claro que una democracia que produce pobres es una pobre, pero muy pobre democracia.

El eje de la reforma del Estado debe ser el consenso entre las principales fuerzas políticas del país, con el concurso de la sociedad en su conjunto a través de amplios esquemas de participación ciudadana.

Los temas materia de la reforma del Estado son muy amplios. En el proceso de negociación de la reforma de Estado tendremos que decidir si se mantiene el régimen presidencial o es conveniente innovar, transitando así a un sistema semiparlamentario o plenamente parlamentario.

En el tema de la democracia y sistema electoral tenemos que establecer reglas claras que permitan dar certidumbre al elector sobre el sentido de su voto y que su decisión ha sido respetada. Tenemos que eliminar los fraudes electorales que ponen en riesgo la estabilidad del país, que ahondan las diferencias entre los mexicanos y aniquilan nuestra endeble democracia.

Proponemos el uso de la urna electrónica para eliminar el fraude.

Proponemos que los ilícitos electorales cometidos antes de la jornada electoral sean sancionados con la cancelación del registro.

Proponemos la creación del Instituto Nacional de Elecciones.

Proponemos también prohibir la contratación por los partidos políticos de los spots electorales, como sucede en Francia y en Chile.

La renovación de la confianza en las autoridades electorales pasa, necesariamente, por la remoción inmediata de los actuales integrantes del Consejo General del IFE, que el pasado 2 de julio demostraron no estar a la altura de la responsabilidad que se les confirió y con una actitud facciosa contribuyeron a perpetrar el fraude más grande de la historia en perjuicio de México y de Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente legítimo de nuestro país.

En cuanto al tema del federalismo, es urgente plantear una redistribución de competencias de la federación hacia los estados, el Distrito Federal y los municipios. En nuestra opinión, México no podrá ser un país fuerte si previamente no tenemos estados y municipios fuertes. En este punto es vital plantear un nuevo sistema de coordinación fiscal. En el tema de las garantías sociales, es imprescindible ---ya termino--- sostener e incrementar éstas, ya que en 1992 con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, la propiedad social se vio severamente afectada y los ejidatarios y comuneros se han visto forzados a vender sus tierras.

Señora Presidenta, por último deseamos manifestar que nos reservamos, para su discusión en lo particular, el artículo 3o., el artículo 6o. y el artículo 6o. Transitorio. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia. Les rogamos ajustarse al tiempo de cinco minutos, por favor.

El diputado Elías Cárdenas Márquez:Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. La reforma del Estado es una necesidad imprescindible en nuestra vida institucional, democrática y constitucional.

Convergencia desde su creación ha pugnado por la transformación que exige y clama la sociedad actual. Ello implicará un profundo cambio de estructuras para adecuar a los órganos de gobierno a los cambios acelerados que han afectado, para bien o para mal, el mundo nuestro en las últimas cuatro décadas oscuras, entre la virtualidad y la realidad.

Por ello, Convergencia ha considerado la reforma del Estado como el eje de la transformación del andamiaje constitucional y que sea el consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la nación, sin mengua esto, de la participación de toda la sociedad que debe ayudarnos a conformar el mayor consenso nacional posible.

¿Por qué? Porque estamos en un momento de agotamiento de nuestras instituciones y debemos responder con responsabilidad, so pena de ser avasallados por las fuerzas desencadenadas de los intereses en la disputa de la nación.

La profundización de las desigualdades sociales cada día constituye un agobio social que puede ser detonante de un movimiento social de consecuencias impredecibles que nadie, en su sano juicio, desea.

En consecuencia urgen los cambios del modelo económico haciendo un instrumento de justicia social, de seguridad jurídica, de lograr mejores niveles de bienestar social, pero sobre todo, que sea la entrada a una mejor distribución del ingreso nacional entre todos los mexicanos y mexicanas. Sólo de esta manera podremos combatir con eficiencia, eficacia y globalmente, el creciente desborde de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Combatamos ahora las causas; no nos limitemos a combatir y a atajar los efectos. Caminemos pues a una reforma del Estado con ese espíritu optimista de que la Presidenta chilena, doctora Michelle Bachelet, nos ha dado cuenta este día. Los chilenos supieron construir estas estructuras positivas de la esperanza social después de una gran tragedia que sufrieron. Los mexicanos debemos evitar esas catástrofes. Estamos ahora a tiempo. Los mexicanos podemos hacerlo, déjenme decirlo con la voz del pueblo que se expresa en las manifestaciones, en los estadios y en cualquier lugar de reunión. Sí se puede. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido:Gracias a esta Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy en esta honorable Cámara de Diputados se discute la minuta por la que se expide la Ley para la Reforma del Estado. Esta ley implica un gran avance para la nación, sienta las bases para el desarrollo del país en los temas prioritarios. En suma, demuestra la voluntad de todos los actores políticos y del pueblo de México para llegar a los acuerdos necesarios y trascendentales.

Es de resaltarse que las modificaciones hechas a las minuta implican el reconocimiento y la paridad de todos los partidos políticos con presencia en este Congreso. Esto manifiesta la responsabilidad con la que se ha actuado, con miras siempre al respeto de los derechos de los distintos sectores sociales.

En cuanto al plazo, es importante resaltar que implica un gran reto para la nación en su conjunto, pues es un plazo en donde todas las voces, todos los actores y todos los sectores deberán participar para que en su conjunto y con sus ideas, se logren las reformas estructurales que nuestro país requiere.

Hoy, hoy damos muestra de todo, a todo mundo, que en México sabemos lograr consensos, pero debemos reconocer que este dictamen sólo es el comienzo de lo que está por venir. Es el primer paso para el trabajo que se avecina. Es necesario que una vez aprobada la ley conforme al proceso legislativo, actuemos con seriedad y con mayor responsabilidad tomando en cuenta las necesidades de la nación, más allá de las necesidades partidistas o de grupo.

México hoy tiene en sus manos su futuro. Nosotros sólo somos la voz del gran pueblo mexicano y por ello, desde esta tribuna, les convoco a que no esperemos la promulgación de la ley, sino al contrario, actuemos con diligencia a fin de iniciar los trabajos necesarios para sentar las bases para una mejor nación.

Por otra parte, hacemos un reconocimiento a todas las diputadas y todos los diputados que participaron en nombre de los distintos grupos parlamentarios en la discusión y aprobación en comisiones para lograr dictaminar la minuta por la que se expide la Ley para la Reforma del Estado.

Las propuestas hechas por todos los partidos políticos fueron retomadas y plasmadas, por lo que dicho proyecto establece las bases del primer acuerdo nacional.

Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometemos nuestro voto favorable al presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado Elizondo. Hará uso de la palabra la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros legisladores. Como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas que se produjo a causa de la alternancia en el Poder Ejecutivo que tuvo lugar en el año 2000 y a raíz de la peculiar manera como el Presidente de la República anterior solía manejar y ejercer el mandato popular, durante el pasado sexenio se presentó un especial clima de enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, a pesar de la buena disposición que siempre se mostró en el seno de esta representación.

Esta confrontación política arrojó resultados perniciosos para la buena marcha de la República, entre los que se destaca la falta de un adecuado marco de convergencia institucional para la construcción de acuerdos de Estado.

Como parte de la extraña estrategia de confrontación que provocaba el entonces primer mandatario, la ausencia de consensos era imputada de manera injusta y sistemática al Poder Legislativo de la Unión, acusando a sus integrantes de incumplir con sus facultades legislativas y de entorpecer la dinámica del cambio.

No obstante que en esta estricta justicia no se le puede atribuir a los legisladores la carga exclusiva de esta tremenda responsabilidad, también es verdad que en el ánimo de los grandes sectores de la sociedad se ha arraigado la percepción de que se encuentra pendiente una batería de ajustes estructurales y que, como presupuesto de éstos, se requiere de una profunda reconversión a diversas disposiciones normativas.

Es evidente que desde hace cuatro legislaturas ninguno de los partidos políticos nacionales ha alcanzado la mayoría suficiente para orientar por sí mismo el sentido de los cambios que debe experimentar la ley y, por otro lado, si bien existe un consenso unánime en el sentido de que se tienen que impulsar esos ajustes, es claro que sobre el sentido de los mismos existe una diversidad al menos tan extensa como la variedad de las fuerzas representadas en las Cámaras.

Todo lo anterior nos lleva a considerar que, como requisito ineludible para la actualización del marco legal que nos está exigiendo la sociedad, es indispensable un intenso ejercicio de concertación y la urgente necesidad de celebrar acuerdos entre las distintas partes que componen el espectro político de la nación.

Por otro lado, en sí misma considerada la reforma al estatuto del poder público, es otra de las asignaturas pendientes de cumplir que desde hace tiempo, mucho tiempo, la clase política tiene para con la sociedad civil.

Y es que para conseguir una reforma legal que cale tan hondo en las estructuras que su sola aplicación sirva para modificar de manera sustancial la situación de grandes grupos de mexicanos, estimamos que como indispensable antecedente de la misma tiene que darse con anticipación la revisión y posible redefinición de las estructuras del poder público.

La razón fundamental de nuestro apoyo radica en la convicción a la que hemos arribado, en el sentido de que la ley que ahora se debate puede ser el instrumento más idóneo para conseguir una reforma del gobierno que resulte sino completamente definitiva, sí por lo menos a la altura de las expectativas que tiene la sociedad y que reclama con justa razón.

Hemos apreciado que la Ley para la Reforma del Estado sería una especie de disposición marco que serviría para establecer ante todo una extensa agenda de temas que se proponen para la discusión. Insisto, es una especie de ley marco porque establece el ámbito preciso para la concertación de los más diversos agentes de la vida política institucional del Estado mexicano.

Uno de los defectos de anteriores intentos de concretar una profunda reforma a las estructuras del poder, consistió en la excesiva prolongación de lo que en muchos casos acabaron siendo estériles debates que terminaron por dispersar y anular el esfuerzo dedicado de estos proyectos.

En cambio, la ley que se propone establece una vigencia que terminaría en el curso de un año, en el que de manera inexorable quedarían sentadas las bases para analizar, discutir y hacer propuestas para transformar las estructuras del gobierno en beneficio de la población.

La Ley para la Reforma del Estado, concluyo, es un esfuerzo serio y responsable para restaurar el diálogo institucional como una de las herramientas más eficaces para perfeccionar el ejercicio de la democracia. Pero, sobre todo, es un instrumento certero para reivindicar los espacios del Congreso, como la serie más privilegiada para que resuenen los elevados debates de la república.

En razón de lo anterior, compañeros legisladores, solicitamos su voto aprobatorio. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Espejel Lazcano , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Jaime Espejel Lazcano:Con su permiso, diputada Presidenta. Señoras y señores legisladores, lo que denominamos reforma del Estado es un proceso de adecuación permanente entre los órganos del mismo y las transformaciones propias que se dan al paso del tiempo en la sociedad.

En México el pluralismo político y social ha impulsado los cambios que han logrado incidir en la transformación de las instituciones públicas, al grado de haber logrado la consolidación vigorosa y una representación pluripartidista en el Congreso de la Unión y la alternancia del poder en el Ejecutivo federal.

No se trata en esta ley de alterar principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como el federalismo, la división de Poderes, ni mucho menos el orden republicano, sino de garantizar el equilibrio de las relaciones entre órganos de poder, en la que se incentive la negociación y la toma de decisiones por consenso.

En nuestro país las principales reformas se han dado en el contexto electoral y no podía ser de otro modo, pues todo país que se precie de ser democrático tiene que cumplir, antes que otra cosa, con las reglas mínimas que garanticen que el juego electoral se realice de manera limpia, transparente y equitativa.

La sucesión de reformas electorales es la que finalmente dio pauta a la pluralidad política, a la redistribución del poder y a la democratización de nuestras instituciones. Sin embargo, este gran avance se muestra hoy incipiente, si lo comparamos con los retos que tiene México como país.

Simplemente pensemos en un hecho incuestionable, y me refiero al hecho de que la pasada elección federal dejó rastros de incertidumbre jurídica, una duda no resuelta a cabalidad y como resultado de ello una sociedad dividida.

La duda y la incertidumbre han sido el fundamento de una crisis de legitimidad que envuelve al actual gobierno y a las instituciones claves para el desarrollo del país. Por ello se hizo indispensable abrir el debate para nuevas reformas.

El senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Juan Guerra presentaron sendas iniciativas de Ley para la Reforma del Estado, cuyos motivos y fundamentos coinciden en que la elección federal de julio de 2006 fue profundamente inicua; y como consecuencia de ello se generó un debate post electoral, enconado con posturas encontradas de las principales fuerzas políticas y desafortunadamente, con la polarización de la sociedad.

El dictamen de la iniciativa de la Ley para la Reforma del Estado que hoy está a discusión en esta Asamblea atiende también el desencuentro que ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de acuerdos. Mismo desencuentro del que se han beneficiado los poderes fácticos para orientar al país a esquemas de vacío legal que han llenado con operaciones y negocios ventajosos, como lo son los monopolios informativos, por ejemplo.

Con esta ley nos estamos dando un tiempo límite y un listado mínimo de temas de capital importancia, sobre los cuales se empezarán a tejer los acuerdos entre las representaciones políticas, en un espacio institucional y reconocido por todas las fuerzas políticas, como el único espacio legítimo del diálogo, como es el Congreso de la Unión, al que debemos poner en el centro del debate, de cara a la ciudadanía.

Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad nacional en la que el sistema político se transforme de tal manera que se funde una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, en la que éste adopte una posición sensible frente a los reclamos de la sociedad y le permita a la ciudadanía una participación real en los asuntos públicos.

Los legisladores del PRD plantearemos en las discusiones que vendrán, la vigencia de los principios fundadores de nuestro sistema constitucional; tales como el pacto federal, los derechos sociales y fundamentales, la forma de gobierno republicano representativa, democrático federales y ahora participativas, la colaboración entre Poderes, el ejercicio de la libertad, la justicia social y la rectoría económica del Estado.

Respecto de los cambios sustantivos que presenta el dictamen a discusión, en mi grupo parlamentario creímos indispensable la participación del Poder Judicial en los debates. Sin embargo, objetamos desde el principio los argumentos que llevaron a la supresión del tema hacendario, de las prioridades que marca el artículo 12 de esta ley, ya que los razonamientos vertidos son falaces, ni se trata de una competencia exclusiva de esta Cámara, ya que la materia hacendaria es federalista por decisión y tiene todo que ver con la Ley de Ingresos, que como toda ley es competencia de las dos Cámaras ---termino, ciudadana Presidenta.

Hoy, al aprobar la Ley para la Reforma del Estado, daremos un gran paso al consenso, el primer gran paso para la construcción de los acuerdos que le urgen a México. Invito a todos las diputadas y los diputados de esta soberanía, a los senadores y a todas las fuerzas políticas, a que nos despojemos del egoísmo e hipocresía, fingiendo reformas que se dice benefician a los mexicanos y sólo conducen a privilegiar a los grupos de poderes fácticos.

Ninguna reforma que es profunda y benéfica para la sociedad debe quedar marcada por la prisa y el atropello de leyes y de reglamentos de este Poder Legislativo. Contrario a la práctica del albazo es el espíritu consensual de la ley que estamos a punto de votar.

Seamos honestos en nuestra labor legislativa y convoquemos desde aquí, de manera abierta y generosa, a los ciudadanos y a la sociedad organizada, a que en este proceso de reforma del Estado sean ellos los que conduzcan primordialmente las deliberaciones, que sean ellos los que defiendan sus derechos, sus aspiraciones, sus sueños para sí y para sus hijos.

El voto a favor de este dictamen expresará la fuerza de la voluntad política que tienen los legisladores y las legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, para replantear nuestras instituciones, pues no podemos postergar los cambios necesarios para recuperar la confianza de las y los mexicanos.

La posibilidad de que la reforma del Estado se concrete significaría un gran avance en el proceso de consolidación de nuestra democracia para asegurar el ingreso de México a la modernidad democrática y el progreso. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado Espejel Lozano. Tiene la palabra el diputado Rogelio Carbajal Tejada , del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada:Gracias, señora Presidenta. Los diputados de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen; no traicionaremos los acuerdos a los que hemos llegado.

Lo haremos honrando la larga tradición legislativa del PAN y sus más de mil iniciativas presentadas que hablan por sí mismas del espíritu reformador de Acción Nacional en seis décadas de presencia en el Congreso.

Daremos nuestro voto a favor porque aunque perfectible en todos sentidos, esperamos que el acuerdo parlamentario para reformar el Estado que aquí se propone, sea elevado al rango de ley, se convierta en una invitación formal al diálogo de todas las fuerzas parlamentarias aquí representadas. Diálogo que sinceramente queremos sea fructífero y que a la vuelta de un año produzca cambios sustanciales a nuestra legislación.

Votaremos a favor con la convicción de que México requiere sin dilación reformas que consoliden su régimen democrático; reformas que por necesidad den contenido a la república y fortalezcan el estado de derecho.

En efecto, a México le urge dar forma a la república en el sentido más profundo de su significado: como equilibrio de poder.

Citando a Castillo Peraza: ``Nuestra democracia germinal, pero real, carece de algún modo de república. De la antigua arbitrariedad centralizada, monopolizada, hemos pasado aparentemente a la arbitrariedad diseminada''. De este modo México exige adecuar sus instituciones a las nuevas realidades políticas que desde hace una década enfrentamos como país.

Por ello Acción Nacional impulsará decididamente que en este marco de negociación establezcamos reglas electorales modernas que sigan dando certeza a nuestra democracia, reglas que definan con claridad qué clase de democracia queremos para México.

Por ello, Acción Nacional insistirá en una reforma que disminuya su costo, pero que maximice su calidad; una reforma compacta en los calendarios electorales pero que respete la vida federal; una reforma electoral que permita, sí, la reelección consecutiva de legisladores, pero que aumente la rendición de cuentas ante el ciudadano. Por ahí deberemos comenzar pues sin democracia no hay república y sin república no habrá instituciones que garanticen el estado de derecho ni las condiciones mínimas que aseguren el desa-rrollo humano de todas las personas.

Fortalecer la República implica, desde luego, proponer la edificación de un sistema de colaboración entre Poderes, de un sistema que sin menoscabo del poder del otro fortalezca el Poder del Legislativo, el Poder del Ejecutivo y el Poder del Judicial.

El poder en equilibrio es una premisa del Estado democrático, pero también del Estado de derecho. Por ello será menester de este proceso dialogar acerca de las reglas que norman a aquellos cuyo encargo es el de aplicar la ley y de decir en derecho la última palabra.

Fortalecer la capacidad de quienes se encargan de proveer de seguridad jurídica es fortalecer nuestra economía y su competitividad y por consecuencia, fortalecer el bienestar de todos los mexicanos.

En este proceso no será menor, desde luego, el diálogo que podremos sostener para revisar las reglas de nuestra federación.

El poder en equilibrio es también una premisa básica del Estado federal. Revisar las potestades y las capacidades de estados y municipios deberá implicar fortalecer las propias del Estado federal.

Señoras y señores diputados, dialogar, sin embargo, por definición no significa acordar. Acordar es una consecuencia. La ley que hoy aprobaremos es sólo la forma. Si es genuino el compromiso de todos para reformar al Estado, entonces en este recinto nos veremos para votar las leyes que los ciudadanos nos están urgiendo como legisladores, todo lo demás es lo de menos.

Votaremos a favor de este dictamen, porque independientemente del mecanismo que se adopte, el PAN jamás rehuirá el debate que implican las reformas que nuestro sistema político demanda.

A la vuelta de 12 meses esperamos que como legisladores hayamos acordado y votado los cambios sustanciales que México necesita para dar sentido a su República y dar eficacia a su democracia. Acción Nacional así lo desea, para ello no habrá hecho falta una ley, pero sí, pero sí mucha responsabilidad. No tengo nada más que decir, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rogelio Carbajal. Se han inscrito también para hablar en contra, el diputado Manuel Cárdenas Fonsecade Nueva Alianza y a favor el diputado Narcizo Alberto Amador Lealdel PRI. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonsecade Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca:Con el permiso de la Presidencia. Hemos comentado que estamos a favor de la reforma del Estado, a favor de mejorar nuestros ordenamientos legales pero en contra de procedimientos que trastocan la estructura legal que mandata la Carta Magna.

En días pasados, en el uso de las atribuciones, envié una excitativa a la Presidencia de la Mesa para que de acuerdo con su responsabilidad la turnara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que no hemos tenido los dictámenes de 2002 a 2005.

Así también, respetuoso de la norma que nos rige envié una segunda excitativa, a la que el Presidente de la Mesa le dio turno y le puso plazo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que presente los dictámenes el próximo 29 de marzo, de no hacerlo habrá que cambiar de Comisión, así lo establece nuestra Ley Orgánica y el Reglamento.

Adicionalmente, en tratándose de la reforma electoral, en días pasados la gran mayoría de los que han presentado iniciativas de reforma electoral firmaron un escrito dirigido al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, para que encontraran las coincidencias, las similitudes y las opiniones y propuestas únicas que ahí reflejan esas iniciativas.

Está por llegar ese estudio, está por concluirlo el Centro de Estudios. Espero que mantengamos lo que ahí propusimos y entonces emitamos un dictamen en lo que somos coincidentes y dejemos el sí pero no y también nos alejamos del no pero sí.

Sin embargo, sólo leeré y cito algunas consideraciones del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias que hablan por sí solas: ``Conclusiones. El proyecto denominado Ley para la Reforma del Estado aprobado en el Senado de la República no reúne las características de una ley, en razón de que carece de los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad.'' Y sigue, es ocioso seguir planteando aquí tantos argumentos de carácter jurídico, que lo que plantea es que esto no transita.

En otra parte y en otro documento dice en sus conclusiones: ``En consecuencia, en estricto sentido técnico la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, en realidad se trata de un decreto, pues en rigor es un acto emanado del Poder Legislativo de carácter particular; es decir, relativo a determinado tiempo, corporaciones, poderes y/o personas''. Termina la cita del Centro.

Les recomiendo leer el artículo de Eduardo Andere ---porque el tiempo no me va a dar--- publicado en El Economista el 8 de marzo de 2007, en el que habla de las sandeces legislativas y de que Sandio anda suelto.

Compañeras y compañeros legisladores, no caigamos en un esquema que así como le criticamos al Ejecutivo que no planteara cosas cuando el paquete económico en el que a todas luces procedía el amparo, no vayamos a plantear cosas aquí o a aprobar aquello que permita acciones de inconstitucionalidad. Dignifiquemos nuestro trabajo.

La convocatoria es que trabajemos de lunes a viernes y no de martes ---iniciada la sesión--- a jueves, antes de que termine la sesión.

Por tanto, yo pido a la Presidencia que se deseche en todos sus términos este dictamen mal llamado ``Ley para la Reforma del Estado'', y que se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Intervención del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , a favor del dictamen de la Reforma del Estado.

A favor de mejorar nuestros ordenamientos legales.

Pero en contra del procedimiento que pretende establecer la mal denominada Ley de Reforma del Estado.

Opinión Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP)

Consideraciones en relación con la denominación que podría atribuírsele a la minuta remitida por el Senado de la República para abordar el tema de la Reforma del Estado.

Conclusiones

El proyecto denominado ``Ley para la Reforma del Estado'', aprobado en el Senado de la República, no reúne las características de una Ley en razón de que carece de los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad y si por el contrario contiene elementos del decreto consistentes en la particularidad, concreción e individualidad.

No existe generalidad en el proyecto porque no permanecería vigente después de su aplicación, ya que cumplido su objeto quedaría sin materia y por tanto se extinguiría, lo que evidencia la particularidad del proyecto que es un elemento del decreto.

El proyecto no cuenta con la característica de la abstracción de la ley, puesto que regula una situación concreta consistente en realizar acciones tendientes a lograr acuerdos que se traduzcan en proyectos de iniciativas para reformar la Constitución y la legislación secundaria, por lo que al regular situaciones concretas se actualiza otra característica del decreto y no de la ley.

El proyecto al ir dirigido a los legisladores federales y partidos políticos, no cuenta con el elemento de impersonalidad de la ley.

Finalmente debe tenerse en consideración que el cumplimiento de una ley es obligatorio, existiendo una sanción ante su incumplimiento, situación que en el proyecto revisado no se presenta, pues está basado en la búsqueda de acuerdos de voluntades, lo que no puede ser obligatorio, de tal forma que no podría en manera alguna fijarse en el proyecto el principio de obligatoriedad requerido en toda ley.

Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP)

Diferencias entre Ley y Decreto

Conclusiones

Si bien es cierto que al tratar las diferencias y semejanzas entre ley y decreto, como en muchas otras cuestiones jurídicas, pueden darse múltiples discusiones e interpretaciones personales, como hemos visto, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia están claramente definidas las características, naturaleza, y alcances entre ambas figuras legales, que no repetiremos aquí nuevamente, en obvio de tiempo y para no cansar al lector.

``En consecuencias, en estricto sentido técnico, la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado en realidad se trata de un decreto, pues en rigor es un acto emanado del Poder Legislativo, de carácter particular, es decir relativo a determinado tiempo, corporaciones (poderes) y/o personas.''

Sandeces legislativas por Eduardo Andere

Sandio anda suelto en el Senado. Sandio es simple y necio. Sandio quiere echarse fama con causas populistas. La primera sandez de Sandio fue ``la iniciativa con proyecto de decreto para crear la ley de la Reforma del Estado''

Si Sandio supiera que los legisladores deben, precisamente, sentarse a negociar para proponer normas nunca se le habría ocurrido una ley para reformar una ley; Sandio, entonces, es tautológico.

La impericia se desprende del pleonasmo; la maña del arreglo para incorporar básicamente a los legisladores en los trabajos formales junto con los presidentes de los partidos políticos, con presidencias alternas de la comisión ejecutiva para los proponentes.

Esto es tanto como expedir una ley donde se diga que el Presidente de lo que en ella se cree soy ``Yo''. Ineficiencia, porque se establecen mecanismos burocráticos, tortuosos y costosos con cargo a las finanzas públicas. Vamos, es toda una parafernalia legislativa. Y uno se pregunta: ¿para esto la nación contrata a sus legisladores? ¿Para expedir leyes irrelevantes, costosas, burocráticas e inocentes hasta el colmo y la burla?

8 de marzo 2007.--- El Economista.

Por lo anteriormente expuesto solicito se deseche el dictamen de la mal llamada Ley de Reforma del Estado.

Dip. Manuel Cárdenas Fonseca .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Manuel Cárdenas. Insértese el texto en el Diario de los Debates. Para hablar en pro, tiene la palabra el diputado Narcizo Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal:Me parece, compañeras y compañeros diputados, que el propio cuerpo del dictamen aclara con transparencia y de manera contundente el debate en torno a la naturaleza jurídica o no del decreto o de la ley asignada al instrumento que está a consideración de la Asamblea.

El tema me parece que tampoco debemos concentrarlo, referirlo únicamente ---aunque es obvio que está en el curso del debate--- a si era o no necesaria una Ley para la Reforma del Estado.

Podíamos ---como aquí se ha dicho--- no sólo como representantes de la nación ante esta legislatura, haber emprendido ya una serie de reformas y de decisiones en torno a cuestiones fundamentales; pudieron haberlo hecho también las anteriores legislaturas que no lo hicieron.

De modo que esta ley contribuye a encauzar el debate, a ordenar los términos de la discusión y a fijar un método para llegar una meta que todos queremos que es consolidar la democracia, construir las bases materiales para un desarrollo justo y preservar la soberanía de este país. Pero hay dos temas que comentaré muy rápidamente, compañeras y compañeros diputados, que por sí mismos justifican un instrumento de esta naturaleza; el tema de régimen de Estado y gobierno y el tema del federalismo.

Es cierto el avance democrático. Es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas que estamos representadas en esta Cámara.

Ahora sabemos, siempre lo supimos pero hoy lo sabemos con certeza, que la sola alternancia del partido en la titularidad del Poder Ejecutivo, no equivale a un cambio de régimen y, que por ende, es apremiante una amplia reforma del Estado que añada certidumbre al cambio político y a la construcción del desarrollo.

El tema central de división y equilibrio de Poderes es básico para consolidar la democracia. Estamos con las mismas instituciones, con las mismas bases y principios jurídicos de un presidencialismo fuerte, de un régimen presidencial puro que requiere hacer realidad el principio de equilibrio y, por tanto, de división de Poderes.

Y yo les digo, compañeras, compañeros diputados, lo sabemos muy bien cada uno de nosotros, que sin tal equilibrio no se va a consolidar la democracia mexicana. Tendremos que decidir en el curso de los debates si avanzamos a un régimen semiparlamentario o por lo menos avanzamos hacia un conjunto de reformas que nos permitan revalorar la esencia de la representación popular que tenemos ante esta Asamblea.

No es sólo, compañero diputado Cárdenas, la función legislativa la que compete a los legisladores. Compete la representación popular en términos que dicta la Constitución, compete en funciones de control al Congreso. Por cierto ---muy mal acotadas en términos legales--- la Auditoría Superior de la Federación funciona con evidentes desventajas, no tiene las condiciones materiales ni legales para ejercer una función real de control sobre el Ejecutivo. Tan es así que no existen aún ---por ejemplo--- los dictámenes sobre la Cuenta Pública. En fin, podríamos tener todo un debate sobre qué es la representación popular y qué papel ocupa la tarea legislativa en ese contexto.

Termino, señor Presidente, pidiendo a la Asamblea que nos demos esa oportunidad de tener un método objetivamente establecido en un instrumento legal para avanzar en lo que todos queremos: consolidar la democracia en México para el bienestar y el progreso de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador Leal. Para hablar en pro tiene la palabra la diputada Silvia Oliva Fragoso, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca(desde la curul): Bueno, en términos de que mi par ya no está en tribuna, no tendría sentido pedirle que me contestara si esto que están apoyando reúne las características de una ley. Pero bueno, así sucede en la práctica parlamentaria.

El Presidente Jorge Zermeño Infante : Continúe, diputada Silvia Oliva.

La diputada Silvia Oliva Fragoso:Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados de este Congreso, el día de hoy estamos discutiendo ---y esperemos que aprobemos--- la Ley para la Reforma del Estado; y la importancia que esta ley tiene, es, efectivamente, de que podamos lograr consensos en temas fundamentales para adecuar nuestras instituciones y nuestras leyes a una realidad que hemos estado viviendo en los últimos años.

Nadie puede ser ajeno al problema que tuvimos en las elecciones de 2006. La nación, el pueblo, los ciudadanos, nos están exigiendo que cambiemos estas leyes. Los ciudadanos nos están diciendo que los gastos que se están erogando en las elecciones son muy grandes. Los ciudadanos no están de acuerdo ya con muchas de las instituciones que estamos viviendo. No están de acuerdo en que se gaste tanto dinero en los medios de difusión.

Pero no únicamente es el problema electoral, también tenemos que ver muchos otros temas, como son las garan- tías sociales que están incluidas en esta ley; y qué decir de la reforma al sistema de justicia, que es un tema que en la actualidad estamos viendo que no está respondiendo a las necesidades de este país.

¿Y qué pasa con el federalismo? ¿Y qué pasa con todos los temas que están incluidos en esta ley? Por eso es importante que se apruebe esta ley, para que estos temas se puedan discutir y que se llegue a acuerdos.

Lo importante también es que en esta ocasión la reforma del Estado está pasando por las Cámaras, que no es una reforma totalmente impuesta; que no es una reforma que únicamente viene del Ejecutivo y que nosotros vamos a aprobar. Aquí se van a discutir cada uno de los temas que en esta ley se están planteando y por eso es importante que aprobemos esta ley que necesitamos nosotros para adecuar las instituciones de nuestro país.

Realmente a nosotros, en el PRD, nos hubiera gustado y por eso haremos la reserva, de que también se estuviera discutiendo la reforma hacendaria, porque la economía también, como base de muchas de las instituciones, tendría que ver cómo adecuamos ahora esta ley y nosotros sostenemos que la Ley de Ingresos puede entrar perfectamente en esta ley porque no tiene exclusividad la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos ---como lo dice en el artículo 73--- corresponde al Congreso no a la Cámara.

Efectivamente, en el Presupuesto nos corresponde a nosotros la discusión, pero tendremos la posibilidad y los senadores tienen la posibilidad de discutir también cómo se puede este Presupuesto distribuir.

Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy tenemos que tener la firme convicción de que esta ley ayudará a tener las instituciones al día, a cambiar estas formas que tenemos hasta ahora y a responder todo lo que la ciudadanía nos está exigiendo en cuanto a las reformas que nuestra sociedad necesita.

Por eso la vamos a aprobar, a pesar de que tenemos algunas diferencias, a pesar de que no estamos de acuerdo en que se haya eliminado lo de reforma hacendaria, a pesar de que consideramos que el Ejecutivo no debiera participar porque aquí está representado por su grupo parlamentario. Sin embargo, vamos a aprobar esta ley porque es una necesidad, porque nos debemos a los ciudadanos y a ellos tenemos que responder. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Sonido a la curul del diputado Garibay.

El diputado Felipe Díaz Garibay(desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para hacer una observación a esta importante ley que se está discutiendo ahorita. Quienes tuvimos la oportunidad de estar en campaña en el año 2006, haciendo recorridos en nuestros distritos, nos dimos cuenta de un factor que es muy importante, que es ese alejamiento del Estado respecto del ciudadano.

Yo creo que en efecto, como se dijo en la mañana allí en tribuna, en presencia de la premier chilena, la reforma del Estado debe ir al rescate del mayor sentido de lo público; por lo tanto, yo creo que la agenda que se está proponiendo, los cinco temas, me parece que son un poco insuficientes.

Faltaría tomar en cuenta también la visión económica, la visión humana, la visión social, la visión de la impartición de la justicia, toda vez que nuestro país ahorita, de acuerdo con apreciaciones de la propia ONU, tiene una calificación reprobatoria en ese tema.

Bien vale la pena que esta reforma vaya encaminada justamente a acercar lo más posible a ese Estado que se le ha ido de las manos ya al propio ciudadano, señor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Informo a la Asamblea que se han reservado el artículo 3o. los diputados Carlos Chaurand Arzate , José Manuel del Río Virgen , Mónica Fernández Balboa y Rodolfo Solís Parga . El artículo 6o. por el diputado Juan Guerra Ochoa y por la diputada María Mercedez Maciel Ortíz . El artículo 12 por el diputado Juan Guerra Ochoa. El 6o. transitorio por el diputado Carlos Zatarain González y también por el diputado Jaime Cervantes Rivera . Si hubiera alguna otra reserva, les pediría que la registraran aquí en la Mesa. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 393 votos a favor, dos votos en contra y 18 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 393 votos. Si algún diputado no registró su voto, venga a registrarlo a la Secretaría.

Ya hemos dado lectura a los diputados que reservaron los artículos 3o., 6o., 12 y 6o. transitorio. Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurand Arzate para hablar en la reserva al artículo 3o.

El diputado Carlos Chaurand Arzate:Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados, aprovecho la oportunidad para hacer una propuesta de modificación al artículo 3o., segundo párrafo, del dictamen que está a discusión para compartir con ustedes algunas experiencias, algunos comentarios.

En primer término, deseo agradecer cumplida pero sinceramente a todas y a todos los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Reforma del Estado y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el trabajo desarrollado para elaborar este dictamen. Este dictamen que sufrió una serie de modificaciones que estamos realizando a la minuta que nos envió la Colegisladora, en pleno respeto al trabajo que cada una de las Cámaras efectuamos.

No fue un trabajo fácil la búsqueda de los consensos necesarios entre las diversas fuerzas políticas a efecto de estar en posibilidades de mejorar el trabajo que la Colegisladora presentó. Fue, han sido días de intercambio de opiniones, de debates y por qué no decirlo, de puntos de vista a veces contrapuestos, que sin lugar a dudas y estoy convencido, nos han dado la oportunidad de traer un mejor producto a este Pleno y por eso creo yo que fue aprobada en lo general, en los términos que ya se dio.

Sin embargo, en este proceso de negociación algunos grupos, algunos compañeros en lo individual, algunos partidos políticos nos han hecho algunas observaciones que vengo a esta tribuna a plantear de manera personal y no en mi carácter de presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

La redacción propuesta en el dictamen a este segundo párrafo del artículo 3o. establece la posibilidad de que la representación del Ejecutivo se diera de manera ilimitada; es decir, textualmente señala: Podrán participar en la Comisión Ejecutiva los representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe.

Yo sé que no hay la voluntad política del Ejecutivo de entorpecer estos trabajos, al contrario, presiento la voluntad política del Ejecutivo de coadyuvar con el Poder Legislativo en la búsqueda de esos consensos necesarios para los trabajos de la reforma del Estado.

Sin embargo, al dejarlo en los términos que está redactado, cabría la posibilidad de que se nombraran 50 o 60 representantes, lo que no sería conveniente. Por eso les venimos a proponer a ustedes que se establezca que sean cinco los representantes del Poder Ejecutivo; es decir, uno por cada tema a los que se refiere el artículo 12 de la ley que hoy se analiza.

Con esto se tiene una proporción guardada; se tiene una mayor vinculación en los trabajos por parte de ambos Poderes. Y al mismo tiempo aprovechar para hacer una segunda propuesta en este artículo. La Comisión había determinado establecer que los partidos políticos nacionales asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La propuesta que vengo a plantear es que se suprima esta parte para que quede en los mismos términos que nos lo envió nuestra Colegisladora; es decir, que el segundo párrafo del artículo 3o. establezca: Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

Hago esta propuesta a efecto de que el Pleno valore en su integridad. Y espero puedan ser aceptadas. Por su atención. Muchas gracias. Si la Presidencia lo permite.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputado del Río, sonido en su curul

¿Con qué objeto diputado?

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señora Presidenta, para preguntarle al diputado Carlos Chaurand. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta que él hace, solamente preguntarle si en la Comisión queda redactado de la siguiente manera, dice: así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho de voz. En el documento que yo tengo dice: pero sin derecho a voto, es con derecho a voto, quiero entender.

El diputado Carlos Chaurand Arzate : Sí, diputado. Al final de cuentas eso se entendería, si no se dice de manera explicita es, a efecto de respetar el texto que nuestra Colegisladora envió. Repito, podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, que al efecto designe; así como, las presidencias de los partidos políticos nacionales. Que es el texto que envió la Colegisladora y le suprimimos: de los dictámenes quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Al suprimir esto, se entiende que lo tiene. Gracias, diputado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sonido en la curul de la diputada Batres, por favor.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): ¿Sí me permite una pregunta para el diputado?

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sí la acepta el diputado.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Creo que hay consenso o habría algún tipo de consenso, si hablamos del voto para los presidentes de los partidos. Pero confundimos si se elimina el enunciado ``sin derecho a voto''. Estaríamos hablando también, metiendo en el mismo a la representación del Ejecutivo. ¿También es esa su intención diputado?

El diputado Carlos Chaurand Arzate : Diputada, la intención es regresar a la propuesta original de la Cámara de Senadores. Esto es, que para evitar precisamente el que si el Ejecutivo tiene derecho a voto en cada una de las sesiones y que prácticamente pudiéramos nosotros, ya en el ejercicio de las atribuciones de esta ley, meternos a una serie de discusiones interminables, que todo esto vaya al reglamento, de conformidad con el texto propio del articulado.

La Comisión Ejecutiva tendrá las facultades de emitir su reglamento y ahí podrán determinar, a detalle, todas estas cuestiones que no necesariamente tienen que ir en la ley; y si es una ley que ---como bien se ha dicho aquí--- es un instrumento que nos estamos dando, a efecto de poder lograr esos consensos necesarios en la búsqueda de soluciones al tema de la reforma del Estado, pues sean precisamente estos consensos los que se busquen, más que arrollar o atropellar en algunas votaciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Sonido a la curul del diputado Jaime Espejel, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Jaime Espejel Lazcano(desde la curul): Sí, estimado diputado. Estuvimos trabajando juntos y veo su gran intención de que el Ejecutivo no se encuentre fuera de los cinco temas. Sin embargo, a mí me llama la atención en lo siguiente:

En el artículo 12, último párrafo, dice: en caso de que surjan otros temas de interés inherentes a la reforma del Estado. Lo que para mí implicaría, ¿por qué no un representante del Ejecutivo en cada uno de los temas? Es una pregunta. ¿Por qué no un representante del Ejecutivo en cada uno de los temas? Son cinco temas, pueden ser cinco representantes. Si surgen otros, ¿por qué limitar a cinco representantes del Ejecutivo?

El diputado Carlos Chaurand Arzate : Sí, diputado Espejel. Efectivamente la ley prevé, en su artículo 12, la posibilidad de que en el transcurso de los trabajos a realizar pudieran surgir algunos otros temas de interés. En lo personal creo que un tema que va a surgir será la reforma al Distrito Federal, por ejemplo.

En ese sentido la Comisión podrá tocar estos temas, pero la reforma al Distrito Federal es una reforma que al igual que la necesidad de la equidad y género, son transversales y tocan todos los temas ¿eh?, porque es importante que las mujeres participen en lo que es la reforma electoral, que se les dé el lugar que hace mucho tiempo están reclamando, que se vea el federalismo, la participación de la mujer, que se vea en el gobierno, que se vea en todos los temas, es necesario.

Igualmente una reforma del Distrito Federal tocaría los cinco temas transversalmente; pero no anticipemos vísperas, no digamos que esto ya va a suceder, sino que sea precisamente la dinámica la que determine que la Comisión Ejecutiva pudiese en un momento dado ampliar estos temas.

No quedaría fuera la representación del Ejecutivo, toda vez que los representantes en el tema de reforma electoral o de reforma al Poder Judicial estarían presentes en el supuesto tema del Distrito Federal, que es el ejemplo que aquí hemos ocupado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputado Chaurand, el diputado Pablo Arreola desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?

El diputado Carlos Chaurand Arzate : Sí, claro.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Adelante, diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Compañero diputado Chaurand, cuando no hay claridad en el concepto de los artículos y más en el contenido de este artículo que usted reserva, cuando se habla de que los presidentes de los partidos tengan derecho a voz y voto, después, cuando nos vamos a la reglamentación, se puede prestar a una interpretación incorrecta del espíritu que usted le está incluyendo a este artículo. ¿No le parece mejor que se hablara con claridad que los presidentes tienen derecho a voz y voto?

El diputado Carlos Chaurand Arzate : No lo considero estrictamente necesario, en primer término porque si analizamos en el contexto general de la ley, yo creo que las votaciones que habrán de realizarse al interior de la Comisión Ejecutiva serán meramente de carácter administrativo, como bien pudiera ser el nombramiento de los secretarios técnicos, como bien pudieran ser las personas o los expertos que van a participar en una de las subcomisiones.

Los temas centrales de la reforma del Estado, de acuerdo con los consensos que hemos logrado los partidos políticos son buscar esos consensos, evitando que una fuerza política pudiera detener posibles negociaciones o posibles puntos de acercamiento que hubiese entre las demás fuerzas políticas.

Sí es una ley que en su origen fundamentalmente busca eso, que nos sentemos a la mesa todos los actores políticos, en la búsqueda de acuerdos, pues no partamos de una mala interpretación de que si los votos o que si el voto ponderado o que si yo represento más o yo represento menos.

En ese sentido, en la búsqueda armoniosa de esta situación es por lo que proponemos la redacción en los términos que aquí he expresado.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado Chaurand. Para defender el dictamen en los términos del artículo 3o., se han anotado... diputado José Murat, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado José Murat(desde la curul): Para hacerle una petición a usted, Presidenta, que solicito que la Secretaría lea con exactitud y precisión cómo venía el artículo 3o. que nos envió el Senado de la República, para que no quede a la interpretación y para dejar clara la definición y el espíritu que tiene este artículo 3o. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : A ver, diputado Del Río.

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): Señora Presidenta, no es pregunta al diputado orador que está en la tribuna sino para decirle que estoy anotado para reservar el artículo 3o., párrafo tercero.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : ¿Es la misma parte del artículo que se está discutiendo?

El diputado José Manuel del Río Virgen(desde la curul): No, es el párrafo tercero.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Si, está usted anotado. Entonces para referirse a la misma parte del artículo a que se ha referido el diputado Chaurand han pedido la palabra el diputado Rodríguez Prats y el diputado Juan N. Guerra.

Tiene la palabra el diputado Rodríguez Prats. Ah, perdón, la petición del diputado Murat que la Secretaría... perdón diputado Murat... un momentito, Rodríguez Prats. La Secretaría va a dar lectura al texto original del artículo 3o.

El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Gracias, señora Presidenta.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Texto original de la minuta proveniente del Senado. Artículo 3o. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de la Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Servido, diputado Murat. Le ruego al diputado Chaurand que prepare el texto exacto de cómo quiere la modificación para que luego se pueda poner. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats .

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señora Presidenta. Bueno, en primer término quisiera yo corregir una omisión que cometí en mi pasada intervención. Hablaba yo a nombre de las Comisiones, y lo primero que debía de haber hecho y lo hago ahora, es el reconocimiento al trabajo de las dos Comisiones, de sus presidentes, Carlos Chaurand, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de la Comisión de Gobernación, de Diódoro Carrasco.

Creo que fue un trabajo bien conducido, se lograron los puntos de acuerdo y se logró dar este debate y venir con un dictamen votado por ambas Comisiones en sesión en días pasados.

En lo que se refiere al planteamiento que hace mi estimado colega, Carlos Chaurand, nosotros coincidiríamos en la representación del Ejecutivo, pero si reflexionamos un poco en el contenido de toda la ley y de su articulado, vamos a encontrar una contradicción. Por una parte se está diciendo que las decisiones se tomarán por consenso, mayoritariamente por consenso.

Esto significa un trabajo de concertación, esto significa que la Comisión Ejecutiva que va a tener entre 22, 24 integrantes, tendrá que partir de un principio de buena fe para llegar a acuerdos. Yo creo que hemos ya traído este tema de la reforma del Estado por muchos años de discusión, y que los temas ahí están y que me parece que con un poco de voluntad política de todas las partes lograríamos llegar a conclusiones y a que se redacten las iniciativas e inicie el proceso legislativo y aprobemos estas iniciativas.

Entonces, definitivamente no podemos hablar de darle voz, de darle voto a los partidos políticos. El Partido Acción Nacional, no es que esté defendiendo el que sea el partido con el mayor número de diputados en la Cámara de Diputados y con el mayor número de senadores; aquí nos iríamos a un principio de representación, la ciudadanía votó y ya fue su decisión.

Para el Partido Acción Nacional también ha sido difícil entender su papel de ser partido en el poder y ser el primer interesado en impulsar las reformas. Pero yo creo que definitivamente debemos dejar abierta la cuestión de que la Comisión Ejecutiva tome decisiones mediante consenso. No demos voto ni demos voto calificado mediante consenso.

Si hay buena fe, si hay deseo de avanzar, si hay deseo de concertar, si nos estamos poniendo de acuerdo en las cuestiones fundamentales, si ya muchas cosas están convalidadas en la realidad y nos las han venido manifestando en los últimos procesos electorales, creo que podemos llegar a pasar a la subcomisión redactora y posteriormente a la subcomisión de consulta popular las grandes iniciativas, para que arranque el proceso legislativo.

Por eso, el PAN ratifica que está de acuerdo en esta fracción del 3o., como lo ha sugerido Carlos Chaurand en cuanto a la representación del Ejecutivo, pero que definitivamente debemos dejar claro que las decisiones de la Comisión Ejecutiva deben adoptarse por consenso, o sea, de la buena fe, de la buena acción política, de la voluntad política de cada una de las partes para que podamos llegar a los acuerdos necesarios. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra, para referirse a la misma fracción, el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros, yo creo que este asunto hay que discutirlo con calma. Estamos recibiendo propuestas que no teníamos suficientemente consensuadas.

Cuando llegó la minuta del Senado sobre esta Ley para la Reforma del Estado, una de las objeciones ---me tocó platicarla con Rodríguez Prats--- era de que Acción Nacional consideraba que no estaba representado como grupo mayoritario porque ésta era una comisión paritaria. Nosotros platicando con ellos, les dijimos: es que no se trata que en la Comisión Ejecutiva ahí se van a resolver. Ahí está el Pleno de ambas Cámaras, el Congreso. Ahí es una comisión paritaria que va a buscar construir consensos, para qué quieren una mayoría.

Yo veo que también ha sido aceptado el criterio de la paridad, que escuché con atención lo que dijo Rodríguez Prats. Ciertamente este principio parte, si se quiere, de aquella ley que se hizo: la Ley Cocopa, de buscar el asunto de la paridad. Por eso me parece que está mal el diputado Chaurand, que quiere dar cinco votos al Ejecutivo, que además ni pide Acción Nacional.

Es romper con este asunto de la paridad, o sea cuál es el propósito de desquilibrar esta situación y menos a estas alturas. Porque si retiramos el asunto de los votos del Ejecutivo, que Acción Nacional en eso coincide, nos queda la discusión si los partidos deben tener voto o no. Nosotros pensamos que no deben tener.

Esta es una ley ---aunque lo dijo con otra actitud nuestro Presidente del Congreso---, pero sí es una ley para hacer leyes, como lo es la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, es una ley que regula y reglamenta la vida del Congreso y la esencia de un Congreso es legislar, es hacer leyes. Entonces sí es una ley para hacer leyes. Una ley, evidentemente que es del tipo, pero que está protegida en el artículo 73 de la Constitución, que dice: Facultad que tenemos como Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectiva las facultades que tenemos como legisladores.

Ese es el carácter. Por eso el peso lo tiene que tener el Congreso. Ni el Ejecutivo ni los partidos. Por eso está muy bien la propuesta como se presenta. Es decir, en la propuesta actual quien tiene voto son los legisladores: senadores y diputados. El Ejecutivo participa en una representación pero con voz y los partidos también.

Si nos salimos de esa lógica y empezamos a meter votos del Ejecutivo, empezamos a meter votos de los partidos, estamos desnaturalizando incluso el propio carácter que sí tiene esta ley y que sí es una ley y que está en el marco que he señalado.

Así las cosas, yo pregunto: ¿Qué es lo que dice lo que estamos discutiendo? Dice:

Artículo 3o., segundo párrafo. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva ---dice actualmente--- los representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Yo sí le pido al diputado Chaurand, si están así las cosas, si hay esa actitud de Acción Nacional, si lo que él quiere precisar es que podrán participar, aquí donde dice: podrán participar en la Comisión los representantes del Poder Ejecutivo... Si él quiere decir ``hasta por un representante por mesa de trabajo'', no habría problema. Pero si le empieza a dar voto al Ejecutivo, la verdad es que ya desnaturalizamos todo esto.

Yo sí les pido que lo reflexionemos. Nadie aquí ---de lo que se ha planteado--- bueno, nosotros quizá somos los únicos que tenemos inscrito con la diputada Mónica, que no pensamos que debería de participar el Ejecutivo, porque esto es de legisladores.

Sin embargo ---bueno, así las cosas--- está bien que participe, pero dejemos que los legisladores, buscando los consensos, sean los que hagan la chamba. No se trata de cerrarnos a opiniones, no se trata de no recibir opiniones del Ejecutivo o del Poder Judicial. Es simplemente qué Comisión estamos integrando.

¿Estamos integrando una Comisión donde el peso de las decisiones ---buscando los consensos--- las tienen los legisladores o qué es? Yo digo que nos precisen la propuesta. Si es sin voto y se dice que hasta uno por mesa, bueno, podría ser; pero tampoco nos metamos ---y creo que ahí tiene razón Rodríguez Prats--- a darle voto también a los partidos; ahí estarán. El voto es de los legisladores, porque tal es la naturaleza de esta ley. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Diputado Chaurand.

El diputado Carlos Chaurand Arzate:Con su permiso, Presidenta. Compañeras, compañeros. De ninguna manera ha sido la intención de el de la voz, del proponente, el darle un voto a la representación del Poder Ejecutivo.

Si se lee la propuesta, el segundo párrafo del artículo 3o. en los términos que lo entregué a esta Mesa, en ninguna parte se señala que puedan tener ese voto, no. No es ni la intención y que quede claro, porque este debate forma parte del proceso legislativo y en un momento dado a la interpretación de la ley nos podríamos remitir.

Artículo 3o. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, punto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

En ningún momento se habla, pues, de que tengan derecho a voto. Coincidimos plenamente con lo aquí manifestado por el compañero Rodríguez Prats y también con lo manifestado por el diputado Juan Guerra. No es, pues, la intención de darle voto al Ejecutivo. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este segundo párrafo del artículo 3o. Es nada más el segundo párrafo, la parte a la que se estaba refiriendo el diputado Chaurand y todavía vamos a seguir. Ahorita nada más es sobre la fracción que estaba discutiendo el diputado Chaurand y enseguida pasamos a todo lo demás. Es sobre lo mismo. Continuamos con el debate.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, para referirse al artículo 3o. Quienes quieran intervenir en el mismo párrafo segundo, porque tengo aquí apuntada ---sin precisar párrafo--- a la diputada Mónica Fernández Balboa . ¿Es sobre el segundo párrafo?

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Sí, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Entonces, si le parece, diputado Del Río, que pase la diputada. Adelante. Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa , del PRD.

La diputada Mónica Fernández Balboa:Con su permiso, señora Presidenta. A continuación les vamos a presentar la propuesta del grupo parlamentario del PRD, sin hacer a un lado la propuesta de consenso que nuestro compañero Juan Guerra acaba de mencionar.

Con la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado estamos construyendo en el Congreso mexicano, un mecanismo de discusión con tiempos definidos y limitados, con una lista temática de prioridades en donde es fundamental adecuar nuestro marco jurídico.

Esperemos que pronto, una vez aprobado este mecanismo, se empiecen a tejer los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en un espacio institucional como éste. El único espacio reconocido por todas las fuerzas políticas como un espacio legítimo de diálogo, al que debemos honrar y privilegiar y no contaminar con la presencia de como ambiguamente dice en el artículo 3o. del dictamen que estamos discutiendo, los representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe.

Ya que si esta ley está diseñada para alcanzar las decisiones y acuerdos por el máximo consenso posible de los presentes, la presencia del Ejecutivo difícilmente hará prosperar esos amplios consensos de los que habla el artículo 8o. de la presente ley.

Como bien señaló el diputado Espejel, recordemos la duda y la incertidumbre que generó el pasado proceso electoral y sus supuestos resultados. Sabemos que todo ello envuelve al actual gobierno y a las instituciones clave para el de-sarrollo del país en un ambiente de crisis de legitimidad, que señores, simplemente no vale la pena traer a cuento en este espacio legítimo.

El Ejecutivo podrá verter sus puntos de vista de diferentes maneras, ante la opinión pública y formalmente a través de sus representantes de su propio partido y desde luego, en la parte sustantiva del proceso legislativo, que es ni más ni menos a la hora de promulgar las leyes que emanen de los acuerdos tomados en este Congreso en torno a estos temas y la publicación de los mismos en el Diario Oficial de la Federación; funciones, todas ellas, exclusivas del Poder Ejecutivo.

Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad nacional en la que el sistema político se transforme de tal manera que se funde una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado. No metamos elementos ajenos a esta representación nacional que puedan crispar los ánimos de consenso que expresamente reflejará la aprobación de esta ley.

Proponemos entonces a esta soberanía, que el artículo 3o. quede redactado de la siguiente manera: ``La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

``Podrán participar en la Comisión Ejecutiva las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

``De la misma manera podrá participar una representación del Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial.

Señoras y señores, no queremos y no debemos aprobar reformas a pedido ni por mandato. Tenemos que hacerlo por el bien de todos. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, para referirse al mismo artículo 3o.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, se ha aclarado perfectamente bien qué es lo que se desea para esta reforma del Estado.

Soy de los legisladores que creen que la expresión de reforma del Estado es una expresión desafortunada porque el Estado, ahora que hemos aprobado la ley en lo general, no va a ser cuadrado, no va a ser redondo. Sin embargo, desde hace muchos años se ha venido usando esa expresión y para que quede bien claro cada uno de los temas y cada uno de los párrafos, diferentes diputados han hecho uso de la voz para precisar cómo debe quedar cada párrafo.

Yo creo que el párrafo tercero está mal redactado y para que quede redactado de acuerdo con el nivel que tenemos los legisladores aquí y sobre todo, tratándose de sujetos iguales se tienen que utilizar verbos iguales, por lo que vengo a proponerles que el párrafo tercero quede redactado igual que el párrafo segundo. Dice el párrafo segundo: ``Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe''.

El párrafo tercero dice: ``De la misma manera, podrá participar una representación del Poder Judicial federal''. Para que quede bien redactado, les vengo a proponer, diputadas y diputados, lo siguiente:

El párrafo tercero deberá quedar redactado de la siguiente manera: ``Podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Judicial que al efecto designe, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial federal''.

En realidad se trata de sujetos iguales, verbos iguales. La Constitución General de la República habla perfectamente bien de división de Poderes y además, el problema que tenemos es realmente de taxonomía, no es un problema de profundidad. Así es que les quiero rogar a todos los diputados que quede redactado en los términos que he señalado aquí.

Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados, y así le damos al Poder Judicial federal el mismo trato que la Constitución General de la República le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra, para referirse al mismo artículo, el diputado Rodolfo Solís Parga , del Partido del Trabajo.

El diputado Rodolfo Solís Parga:Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos a esta tribuna para fundamentar la reserva que se hace del artículo 3o. de la Ley para la Reforma del Estado.

Los partidos políticos han sido actores fundamentales en la negociación e impulso de las reformas electorales que se han dado en el país. En 1977, como resultado de la reforma política de ese año se otorgó a los partidos políticos el rango de entidades de interés público, según disposición del artículo 41 constitucional en su segundo párrafo.

La actual legislación electoral es producto de la negociación de un paquete integral de reformas constitucionales y de la legislación secundaria que en 1996 se dieron en estas mesas de trabajo. Los partidos políticos contaron con voz y con voto y ellos fueron junto con los legisladores, interlocutores directos con el secretario de Gobernación en representación del gobierno federal.

En el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas se modifica el artículo 3o., párrafo segundo de la minuta enviada por la Colegisladora y al hacerlo se priva a los partidos del derecho de votar en el seno de la Comisión Ejecutiva. Esta medida es antidemocrática, ya que se pretende evitar que los partidos participen con igualdad de derechos en la Comisión Ejecutiva.

Por tanto, nuestra propuesta específica es que se reconozca plenamente el derecho que deben tener todos los partidos en el seno de la Comisión Ejecutiva, no sólo para tener derecho a voz sino también a voto.

En consecuencia, proponemos que se regrese a la redacción original del artículo 3o. contenido en la minuta enviada por la Colegisladora, en donde además se otorga una representación al Poder Ejecutivo, por lo que hacemos la siguiente propuesta:

Artículo 3o. La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales.

Esto además ha dado buenos resultados en 1996 y para efecto de desahogo de trabajos de los temas que se abordan en esta Comisión Ejecutiva, en este organismo para la reforma del Estado tenemos también la experiencia de las mesas de trabajo y las mesas técnicas que se organizaron en 1996, en donde cuadros políticos, destacados juristas, participaron y elaboraron los contenidos de la propia reforma política de 1996.

A partir de esto y a partir de la experiencia ya aprobada, que ha permitido que nos hayamos dotado de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la fecha, hasta el 2 de julio de 2002, había funcionado. Nosotros proponemos que se mantenga el mismo formato, el formato además que envía la Cámara de Senadores con relación a la integración de la Comisión Ejecutiva de esta Comisión para la Reforma del Estado. Y esperamos que no ocurra lo que en el 96, que Felipe Calderón se retiró de la mesa. Igual ahora esperamos que se mantengan en la discusión y en el debate. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidente diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Se agotó el registro de oradores para referirse al artículo 3o. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este artículo.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 3o. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, suficientemente discutido.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría cada una de las propuestas que fueron haciendo los diferentes diputados que abordaron la tribuna, para preguntarles si se acepta o se desecha la modificación que fueron proponiendo, previa su lectura naturalmente.

Por favor, Secretario lea la propuesta que hizo el diputado Carlos Chaurand.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Modificación que propone el diputado Carlos Chaurand al artículo 3o., segundo párrafo, para quedar como sigue: podrán participar en la Comisión Ejecutiva cinco representantes del Poder Ejecutivo federal que al efecto designe; así como, las presidencias de los partidos políticos nacionales. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría si es de aceptarse o se desecha la proposición.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por el diputado Chaurand, al artículo 3o., segundo párrafo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se desecha y se reserva el texto original para su votación en conjunto. Léase la propuesta del diputado José Manuel Del Río Virgen .

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : La propuesta de modificación del diputado Del Río Virgen, al artículo 3o., párrafo tercero, para quedar de la siguiente manera: podrán participar cinco representantes del Poder Judicial federal, exclusivamente en cuanto al tema de reforma del Poder Judicial federal. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta del diputado Del Río Virgen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se desecha.

Dé lectura, por favor a la propuesta de la diputada Mónica Fernández Balboa .

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : La propuesta de la diputada Mónica Fernández Balboa , al artículo 3o., para quedar como sigue: la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras.

Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Podrán participar en la Comisión Ejecutiva, las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistirán a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. De la misma manera podrá participar una representación del Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de reforma de Poder Judicial.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa de la modificación propuesta por la diputada Mónica Fernández, sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se desecha. Dé lectura y ponga a votación la propuesta hecha por el diputado Rodolfo Solís Parga .

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Propuesta del diputado Rodolfo Solís Parga . Artículo 3o., para quedar como sigue: la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Senadores.

Deberá designarse un representante suplente por cada uno de los titulares. Participarán en la Comisión Ejecutiva una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales.

En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la propuesta de modificación del diputado Rodolfo Solís Parga . Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se desecha y se reserva el artículo 3o. para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen. Para discutir el artículo 6o. se han inscrito el diputado Juan Guerra y la diputada María Mercedez Maciel Ortíz .

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene la palabra el diputado Juan Guerra del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros, una pregunta que desde que trabajamos esto como propuesta, como iniciativa y luego ya como minuta, como resolución del Senado, una pregunta que siempre campeó es: ¿por qué necesitamos una ley para cumplir con nuestras responsabilidades?

O sea, ¿cuál es la razón de hacer una ley si la responsabilidad de los legisladores es precisamente legislar? Pues, compañeras y compañeros, hay que reconocerlo, porque en muchos temas no estamos de acuerdo, y no nos podemos poner de acuerdo porque si ya tuviéramos los consensos, evidentemente lo que haríamos es hacer las iniciativas.

Se trata por eso de abrir una discusión con la población y de nutrirnos de esa discusión y que eso norme el criterio nuestro y de buscar los consensos con base también en la discusión que se da en la población. Porque si ya tuviéramos aquí para firmar los acuerdos, no estaríamos impulsando esto.

Pero esa es la característica, por eso esta Ley para la Reforma del Estado convoca, no a realizar eventos desmedidos, pero a realizar eventos, los suficientes, para que nos permita a nosotros escuchar la opinión de los sectores productivos, de las asociaciones civiles, de los sectores educativos, de los sectores laborales; oír la opinión para nutrirnos como legisladores y decir: la sociedad en torno a este tema más o menos tiene estas contradicciones, tiene esta opinión. Ese es el asunto de abrir esto de la Ley para la Reforma del Estado y que ésta motive una discusión.

Sin embargo, y aquí viene esta reserva, que les quiero pedir su apoyo. En el último párrafo del artículo 6o. se limita el tratar los cinco temas a seis eventos. Compañeras y compañeros que son presidentes de una comisión legislativa, aquí, para cualquier tema a veces tenemos que llamar a un especialista, llamar a otro, llamar a varias gentes y escuchar la opinión y nos puede llevar hasta dos, tres reuniones de trabajo.

Y aquí para discutir los cinco temas se establecen seis reuniones. ¿Por qué seis? No lo sé, o sea, no le veo ningún fundamento a eso. A la mejor son necesarias seis, siete u ocho, o menos; no lo sé, pero creo que si estamos nombrando una Comisión Ejecutiva, e incluso subordinada a esta Comisión Ejecutiva una Comisión de Consulta, démosles oportunidad que ellos nos hagan una propuesta.

No limitemos desde ahora algo en esta ley. No digamos ``a la mejor abrimos uno o dos por tema o a lo mejor queremos discutirlo por cinco o seis regiones''. Está bien, todo eso se vale, pero no limitemos las cosas, tampoco se trata de hacerlo. Tiene plazos muy medidos la ley para cuándo concluir y hasta dónde podemos llegar.

Por eso ¿qué les propongo? Pues eliminemos ese párrafo que realmente está de más y que puede incluso resultar un estorbo. Esa es la propuesta. Chéquenlo, por favor, denle lectura y verán que lo único que hace es limitar de antemano las cosas, cuando vamos a tener una Comisión Ejecutiva.

Entonces la propuesta en este caso es sencillamente suprimir el último párrafo del artículo 6o., que para lo único que sirve es para decir que va a haber seis eventos, sin saber y sin haber trabajado todavía esta situación. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz , para referirse al mismo artículo 6o.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que establece el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosacudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que se hace del artículo 6o. de la Ley para la Reforma del Estado.

En este artículo se propone que se realicen foros regionales por todo el país y que los mismos se deberán llevar a cabo de manera sucesiva en un plazo no mayor de tres semanas. En nuestro grupo parlamentario tenemos la percepción de que este plazo entre foro y foro es muy corto para que la ciudadanía interesada en participar pueda preparar de manera adecuada sus propuestas.

Además, debemos evitar al máximo la posibilidad de que la ciudadanía piense que los resolutivos de los foros están predeterminados y que éstos únicamente asistirán para legitimar decisiones previamente tomadas.

El objetivo de los foros es precisamente que la ciudadanía interesada en participar cuente con el tiempo suficiente para la preparación de sus propuestas; además si la vigencia de la ley, según se establece en el artículo 7o. transitorio es de 12 meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y que conforme al artículo 5o. transitorio, la Comisión Ejecutiva deberá expedir la convocatoria para la consulta pública para la reforma del Estado dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de su instalación, estaríamos hablando de 15 días de la Comisión Ejecutiva para instalarse y de 30 para emitir la convocatoria; esto es 45 días y nos restarían 320 días calendario.

Como se plantea que sean seis foros en un plazo no mayor de tres semanas, estaríamos hablando de cuatro meses y medio; esto es, 120 días, con lo que nos restan 194 días. Como vemos queda tiempo más que suficiente para que se procesen las propuestas presentadas en los foros, y que la Comisión Redactora pueda preparar las propuestas legislativas que se presentarán a las Cámaras del Congreso. En consecuencia proponemos que se eliminen las fracciones, que se dé el tiempo que la Comisión estime pertinente para la realización de los foros y que no se le imponga un candado de tiempo, que se regrese al texto original de la minuta enviada por la Colegisladora, por lo que formulo la siguiente propuesta:

Artículo 6o. La Subcomisión Redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales; de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado, a solicitud de la Comisión Ejecutiva, conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba la misma. Es todo y dejo aquí la propuesta de redacción.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Para referirse al mismo artículo tiene la palabra Yadhira Tamayo, de Acción Nacional.

La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera:Con permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario de Acción Nacional quiere hoy estar de acuerdo con la propuesta del diputado Juan Guerra, en que se elimine el párrafo que propone. Y me toca el justificar, ¿por qué? Porque precisamente de acuerdo con la redacción de la ley es necesario y es facultad de la Comisión de la Consulta, que resuelva cuántos foros se deben hacer.

Entonces creemos que lo prudente es que quede la propuesta que hace el compañero diputado Juan Guerra. Sin embargo, queremos hacer las siguientes reflexiones.

Ya hay suficientes consultas, ya los partidos registraron sus plataformas electorales. Ya en los archivos de este Palacio Legislativo existe toda una documentación sobre las posturas, foros, simposios, etcétera, que se han hecho.

Además, es preciso decir que no es privativo esta Ley y que se limita en el número de foros de que estas consultas a las que se refería el compañero Juan Guerra se sigan haciendo las consultas de las asociaciones, las consultas de los particulares, etcétera, pueden seguirse haciendo, además ya se viene haciendo en muchas de las comisiones.

Asimismo, sobre todo debemos privilegiar las iniciativas que ya existen, también hechas por muchos de nosotros y por las legislaturas pasadas en materia de reforma del Estado. Es necesario remitirnos siempre a ese procedimiento legislativo y a esa esencia de lo que representa que nosotros estemos aquí.

Por último, una reflexión con respecto a la temporalidad. Sabemos bien que esta ley tiene una temporalidad fija y tiene un objeto, que se le dé celeridad a estas cosas. Que se le dé celeridad porque es importante darle resultados a la ciudadanía, es importante que la gente vea que estamos de acuerdo en transitar por un mismo camino, en brindar resultados, en tener eficacia.

Es por eso que estamos de acuerdo con esta propuesta y es por eso que dejamos sobre la mesa reflexionar en estos puntos que propone el grupo parlamentario de Acción Nacional y que enmarcan esta ley que hoy pretendemos votar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputada. Se ha agotado el turno de oradores inscritos para referirse a este artículo 6o., consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 6o. Las diputadas y los diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, se considera suficientemente discutido.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Dé lectura, señor Secretario, a la propuesta del diputado Juan Guerra y pregunte en votación económica si se admite o se desecha.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : El propósito de la reforma del diputado Juan Guerra es suprimir el último párrafo del artículo 6o., relativo a la organización del número de foros. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de la propuesta del diputado Juan Guerra, sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se admite la modificación del diputado Juan Guerra. Dé lectura a la modificación propuesta por la diputada Mercedez Maciel Ortíz.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : La diputada María Mercedez Maciel presenta propuesta de artículo 6o. que a la letra dice: La Subcomisión Redactora será un órgano técnico dependiente de la Comisión Ejecutiva y se integrará hasta por ocho especialistas en materia de derecho constitucional o ciencias políticas y sociales, de nacionalidad mexicana, reconocidos tanto por la calidad de su obra escrita como por su trayectoria profesional.

La Subcomisión Redactora tendrá como funciones elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley que deriven del acuerdo político alcanzado a solicitud de la Comisión Ejecutiva conforme a las indicaciones y orientaciones que expresamente reciba la misma.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Señor Secretario, antes de pedir la votación permítame darle la palabra a la diputada Mercedez desde su lugar. ¿Con qué objeto, diputada Maciel Ortíz?

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz(desde la curul): Para retirar la propuesta porque coincidimos con la primera que ya votamos a favor. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se retira la propuesta de la diputada. La diputada Yadhira, ¿ya está incluida su propuesta?... muy bien. Se reserva el texto con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra, para su votación nominal en conjunto.

Pasamos a la discusión del artículo 12. Se ha inscrito el diputado Juan Guerra para referirse a este artículo.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras, compañeros. La modificación que se propone al artículo 12 en sí es muy sencilla, tiene que ver con algo que decía un diputado de Acción Nacional, que lo decía al final. Decía: ¿por qué otros temas no están en la agenda, particularmente el económico?

La verdad, en la minuta que nos enviaron del Senado venía el tema de la reforma hacendaria. Yo todavía no entiendo por qué se eliminó ese tema. Se nos ha dicho que el tema se está trabajando aparte en los grupos, pero uno lo que ve es otra cosa. Yo veo bancadas que dicen: el Ejecutivo tiene que hacer una propuesta; y veo como que se está esperando que la propuesta llegue del cielo.

Es un tema, lo reconozco ---el hacendario--- escabroso. No es un tema fácil. Y lo es no sólo por todo lo que implica: lo económico, lo hacendario; lo es por uno de sus puntos, que es lo fiscal. Ciertamente en México no hay una recaudación fiscal para presumirse. Y cuando uno ve la recaudación fiscal de todos los países de la OCDE, uno se extraña de una cosa. Y eso quizá desencante a alguna gente: el impuesto más alto no es el consumo en ningún país de la OCDE, no lo es. El impuesto más alto es un impuesto que tiene que ver con los ingresos personales; es decir, tampoco es de las empresas.

Las empresas tienen una recaudación incluso más baja que el consumo. Es de los ingresos personales por una razón muy sencilla: porque México es el único país donde los únicos ingresos personales que se gravan son de los empleados. O sea, no se gravan los dividendos en este país. Pero es el único país de la OCDE que no grava los dividendos.

Y no crean que en materia impositiva en la OCDE este gravamen es bajo. En promedio está arriba de 40 por ciento, pero hay países que los gravan al 50. Estados Unidos los grava casi a 45 por ciento. Entonces aquí no se tiene una aportación.

Es un tema escabroso porque aquí hay regímenes de excepción. Es un tema escabroso porque aquí uno no sabe ---por ejemplo--- y lo digo abiertamente, el dinero que se recauda con el redondeo no se puede presentar más que a nombre de una empresa, porque si no sería lavado de dinero; y esa empresa cuando entrega este dinero, lo que hace es deducirlo de los impuestos. Es decir, sirve incluso para la evasión fiscal.

Sí, sí es un tema escabroso porque México ha sido el paraí-so en ese aspecto y por eso es de los países que se disputa el último lugar en materia de recaudación. Pero yo pregunto: ¿a poco porque es escabroso no hay que discutirlo? ¿O pensamos que aparte, en un cuarto se va a resolver esto? ¿O que va a ser una cosa de sorpresa? Yo les digo ---los invito--- metamos este tema. Que opinen también todos los sectores; que tengamos alguna opinión al respecto.

Yo creo que hay una cosa que si la defendemos siempre sale adelante: hay que defender la equidad. Si alguien paga impuestos, todo mundo debe de pagar en la proporción que está señalado y en la proporción que se debe. ¿Por qué no nos atrevemos a discutir esas cosas? ¿Por qué seguimos con una serie de paraísos, de privilegios y viendo, pues no sé qué medidas que no nos van a resultar?

Yo por eso la propuesta que hago es muy concreta: discutamos el tema, abrámoslo. Los consensos se formarán entre los grupos parlamentarios y se resolverá, pero no veo por qué no vayamos a discutir este tema o que alguien me lo explique. Que alguien de los que defendieron sacar este tema me explique cuál es la razón para no discutir este tema de la reforma hacendaria, venía en la minuta del Senado. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el conservadurismo para sacar este tema? ¿Por qué este tema está vetado, está prohibido de la discusión?

No lo entiendo, esperaría cuando menos que alguien nos lo explique, si no les pediría que votemos porque éste también sea un tema dentro de la Ley para la Reforma del Estado. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Para referirse al mismo artículo, hará uso de la palabra el diputado Rogelio Carbajal, de Acción Nacional.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada(desde la curul): Declino.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Declina. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la propuesta de reforma propuesta por el diputado Guerra.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se admite la propuesta del diputado Juan Guerra.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Dé lectura previamente, señor Secretario, a la propuesta.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Para incluir una fracción VI en el artículo 12, que se incluya el tema de reforma hacendaria entre los temas que deben pronunciarse en el Poder Legislativo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se desecha y se reserva el texto del dictamen para su votación nominal en conjunto.

Pasamos al artículo 6o. transitorio y se han inscrito para referirse a él, el diputado Carlos Zatarain González y el diputado Jaime Cervantes Rivera ; el primero del PRI, el segundo del Partido del Trabajo. Tiene la palabra el diputado Carlos Zatarain González.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González:Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen sobre la minuta de Ley de Reforma del Estado que hoy se puso a consideración y que en lo general fue aprobado por este Pleno de la Cámara de los Diputados es el marco adecuado de diálogo y la negociación, a fin de llegar a acuerdos entre las principales fuerzas políticas nacionales. Ésta es una convocatoria a todos los actores políticos de la vida pública nacional. Los partidos políticos, los integrantes del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal.

Nuestros compañeros en el Senado están convencidos en esta propuesta y creo que debemos de estar nosotros también, de que México requiere mostrar un rostro moderno, un rostro que la sociedad le está exigiendo, un rostro de cambio, de renovación acorde con nuestros nuevos tiempos como una renovación de la vida política nacional.

Mediante la ley se pacta una agenda temática que incluye los temas prioritarios para nuestro futuro, que haga posible destrabar los temas que aún frenan el desarrollo y se establecen tiempos perentorios, en donde en un año los actores políticos, Congreso, Ejecutivo federal, nos debemos de poner de acuerdo.

En las circunstancias actuales este hecho adquiere un significado de gran trascendencia. Es posible que logremos ponernos de acuerdo para avanzar hacia la legalidad, las instituciones y las responsabilidades compartidas, así como la certeza y equidad en las contiendas electorales. Tal es el fin que persigue la Ley para la Reforma del Estado, tal es el fin que debemos nosotros aprobar hoy que son tiempos compartidos, diputada Presidenta y compañeros diputados.

Quiero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y demás correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacer una propuesta de modificación al artículo 6o. Transitorio del dictamen con proyecto de decreto de Ley para la Reforma del Estado por los siguientes motivos.

La Colegisladora, en la minuta que envió a esta Cámara, estimó conveniente que los gastos ocasionados por el cumplimiento de la ley corriesen a cargo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Las comisiones dictaminadoras consideraron oportuno que esos gastos fueran cubiertos única y exclusivamente por el Legislativo. Varios legisladores estimamos que por este esfuerzo en la búsqueda de consensos necesarios para la reforma del Estado, los gastos deben de ser compartidos entre ambos Poderes, no únicamente en los aspectos de los trabajos a desarrollar, sino también en los gastos que los trabajos ocasionen.

Por lo anterior, consideramos que se debe de regresar al texto original, para quedar como sigue: Artículo 6o. transitorio. A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos que estimen pertinente los Poderes Legislativo y el Ejecutivo federal.

Espero, compañeros diputados, que su voto en sentido favorable al dictamen, con la modificación al artículo 6o. Transitorio que estoy proponiendo, habrá de significar un voto para fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza en los compromisos y los acuerdos que requerimos y estamos llevando a cabo, y que benefician a nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera . Sonido en la curul del diputado Jaime Cervantes Rivera .

El diputado Jaime Cervantes Rivera(desde la curul): Sólo para informarle que declino mi participación en virtud de que la propuesta que hacemos nosotros va en el sentido de la que hizo el diputado que acaba de intervenir. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si la propuesta del diputado Carlos Zatarain, apoyada por el diputado Jaime Cervantes Rivera , se acepta o se desecha. Dé previamente lectura a la propuesta... Sonido a la curul del diputado Francisco Santos.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola(desde la curul): Tengo una solicitud para la Presidencia de que se me permita la palabra. Quiero defender el punto a favor de como está el dictamen.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Pase a la tribuna, señor diputado.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola:Compañeras, compañeros, yo sé que ya todos estamos cansados; ha sido una sesión larga, pero me parece grave que por un lado se defienda la autonomía del Legislativo y que por otro lado se esté pidiendo que el Ejecutivo intervenga.

Es una incongruencia compañeros y también lo digo para algunos compañeros del PRD, porque no podemos por un lado decir que queremos la autonomía de cada uno de los Poderes de la Unión y por el otro podemos decir que queremos que intervengan a través del Presupuesto.

¿Cuánto pueden costar las consultas? No hay grandes gastos que se vayan a hacer. Vamos a la congruencia compañeros. Vamos a las reformas, ya lo dijo el diputado Prats, tiene firmas. No vayamos de antemano diciendo que no a lo que sabemos que es necesario. No obedezcamos línea de nadie, sigamos nuestra conciencia. Esta es la reforma que queremos. Yo les pido a todos ustedes, compañeros, que si somos legisladores y que tenemos fielmente la creencia de la autonomía de este Poder, que no aceptemos un peso del Ejecutivo. Gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el artículo 6o. transitorio se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si las modificaciones al artículo 6o. transitorio se encuentran suficientemente discutidas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Suficientemente discutido. Señor Secretario, dé lectura a la modificación propuesta a este artículo 6o. transitorio y posteriormente pregunte en votación económica si se admite o se desecha la modificación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Modificación propuesta por el diputado Carlos Zatarain, al artículo 6o. transitorio que a la letra dice: A efecto de cubrir los gastos que ocasione el cumplimiento de esta ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2007, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos que estimen pertinentes los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados como sigue: 3o. en sus términos; 6o. con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra Ochoa y aceptada por la Asamblea; 12, en sus términos; 6o. transitorio, con la modificación propuesta por el diputado Carlos Zatarain González y aceptada por la Asamblea.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recoger la votación en sus términos, del artículo 3o. con la modificación propuesta por el diputado Juan Guerra y aceptada por la Asamblea, del artículo 6o., del artículo 12 en sus términos y del artículo 6o. transitorio con la modificación propuesta por el diputado Carlos Zatarain González.

(Votación)

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame . Ciérrese el sistema electrónico de votación. Tenemos solamente una votación de viva voz, el diputado José de Jesús Solano Muñoz .

El diputado José de Jesús Solano Muñoz (desde la curul): Para manifestar mi voto a favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : El diputado Francisco Fraile va a expresar su voto.

El diputado Francisco Antonio Fraile García : Mi voto a favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame : Se informa a la Presidencia que se emitieron 378 votos en pro, 1 en contra y 20 abstenciones.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Aprobados por 378 votos, el artículo 3o. en sus términos, el 6o. con modificaciones, el 12 en sus términos y el 6o. tansitorio con modificaciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley para la Reforma del Estado. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaría diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, con proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocio Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida Yucatán, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elío Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Angel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary De Retteg, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confiere los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alvaro Castro Estrada, para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otrogan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamante.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal (20:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de marzo a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

RESUMEN DE TRABAJOS

--------------- O ---------------

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	INASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	OFICIAL COMISIÓN
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	INASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	ASISTENCIA
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	INASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	INASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	INASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena s	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	INASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	OFICIAL COMISIÓN
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	CÉDULA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	INASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 194
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	INASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	INASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	INASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	OFICIAL COMISIÓN
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	PERMISO MESA DIRECTIVA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	INASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	PERMISO MESA DIRECTIVA
81Narcía Álvarez Héctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	INASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 112
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	ASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	PERMISO MESA DIRECTIVA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	PERMISO MESA DIRECTIVA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Mendoza Cortés Mario	ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	OFICIAL COMISIÓN
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
74 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 98
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
16 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 17
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	INASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	PERMISO MESA DIRECTIVA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	INASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino
2 Barradas Miravete Gregorio
3 Gutiérrez Lagunes María Victoria
4 Medina Rodríguez Delber
5 Mohamar Dainitin Oscar Miguel
6 Morales Ramos José Nicolás
7 Palafox Núñez José Inés
8 Torres Gómez Artemio
Faltas por grupo: 8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Arellano Pulido Miguel Ángel
2 Campos Aburto Amador
3 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo
4 Montalvo Rojas Victorio Rubén
5 Ruíz Sánchez Salvador
Faltas por grupo: 5

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Aguilar Jiménez Rubén
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Luna Becerril Blanca
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Ausente
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Ausente
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Favor
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Ausente
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Ausente
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Ausente
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Ausente
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Favor
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Ausente
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Ausente
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Ausente
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Ausente
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
172 Román Isidoro, Demetrio	Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Ausente
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Ausente
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Abstención
Favor: 178
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 27
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Abstención
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Abstención
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Abstención
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Contra
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Abstención
114 Soto Sánchez, Antonio	Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Abstención
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Ausente
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Abstención
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Abstención
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 89
Contra: 2
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 28
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Ausente
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Abstención
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Ausente
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Mendoza Cortés, Mario	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Favor
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Ausente
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Ausente
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 80
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 25
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Abstención
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Abstención
3 Castillo Nájera, Ariel	Abstención
4 Dávila Esquivel, Humberto	Abstención
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Abstención
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Abstención
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Abstención
9 Piñeyro Arias, Irma	Abstención
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
16 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Ausente
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Favor
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Ausente
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Ausente
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Favor
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Ausente
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Ausente
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Favor
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Ausente
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Ausente
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Ausente
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Favor
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Ausente
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Favor
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Ausente
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Ausente
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Ausente
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Ausente
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Ausente
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
172 Román Isidoro, Demetrio	Ausente
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Ausente
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Ausente
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Favor
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Ausente
Favor: 174
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Abstención
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Abstención
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Favor
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Abstención
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Abstención
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Favor
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Abstención
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Ausente
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Abstención
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Abstención
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Abstención
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 88
Contra: 1
Abstención: 9
Quorum: 0
Ausentes: 29
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Ausente
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Abstención
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Ausente
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Ausente
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Favor
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Mendoza Cortés, Mario	Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio	Favor
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Favor
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Favor
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Ausente
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 76
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 29
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Favor
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Abstención
3 Cárdenas Márquez, Elías	Abstención
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
12 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime	Favor
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
11 Solís Parga, Rodolfo	Abstención
12 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Abstención
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Abstención
3 Castillo Nájera, Ariel	Abstención
4 Dávila Esquivel, Humberto	Abstención
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Abstención
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Abstención
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Abstención
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 7
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Ausente
4 García Méndez, Armando	Favor
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1