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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:24 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Mérida, Yucatán, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elío Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué, y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa realice los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del FAPRAC.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal la posición del Estado mexicano frente a la Convención de Naciones Unidas Enmod y remita sus consideraciones para que sean analizadas en la Comisión de Relaciones Exteriores.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que solicita al gobernador de Nayarit informe sobre los trabajos que se han realizado para erradicar los altos índices de feminicidios.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona un artículo 348 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Asistencia Social.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento al Federalismo, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan diez iniciativas en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del presidente de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos revise el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE intervenga para la reapertura del puente internacional Suchiate, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo el diputado Gerardo Sosa Castelán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y del gobierno del estado de Michoacán atiendan la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Segob, la SRE y la PGR instrumente medidas de seguridad fronteriza con Estados Unidos de América, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a efecto de que publique el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal relativas a la despenalización del delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 correspondientes a obras de infraestructura carretera, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el programa de salud auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33 de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat dé cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrito por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan con la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implementadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP condone el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la Secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano, en tanto se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya la modificación de las Reglas de Operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María de la Torre y se construya el Puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federales realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol soccer, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal declare como región fronteriza la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales'', en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena incremente las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP realice una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz destine recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría respecto a la construcción y operación de la biblioteca José Vasconcelos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia a tomar las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a ampliar y reforzar la operación Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación a la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrita por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a retomar los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco a modificar su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse en relación con la controversia constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa a hacer cumplir los reglamentos de vialidad para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila a establecer reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a asignar recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León a fijar su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, sobre el proyecto de Valle de Reyes, en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade a incentivar la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementar el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a cumplir la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen, a través de una política de Estado, el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SENER y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT y de la SHCP, revise el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista norteamericano Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político presentada por el Presidente del Congreso del estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir dentro del PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y los legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que se castigue a los miembros del Ejército Mexicano que han participado en violaciones de derechos humanos de mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que declare alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, estado de Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984, en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena, así como al ISSSTE a informar si existe alguna persona que sea beneficiaria de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas que detonen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lutzöw, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que, a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la comisionada del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad médica familiar número 10 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP para que atiendan y doten de la infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena del sur-sureste del país, a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada y asignar los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar y homologar para todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SSP y de la PGR, implante programas para la protección de los periodistas en nuestro país, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que cruza el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias correspondientes, informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la Sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP que corrijan las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua ubicados a lo largo de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausurar los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia para que haga frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización, explotación o ambas de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe a instrumentar las medidas necesarias para reducir las tarifas de peaje en las autopistas que administran, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instrumentar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a solicitar a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Fútbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y los presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en sus programas alimenticios a partir de un padrón de productores nacionales definido por el DIF nacional, suscrita por los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia que vive el estado de Tabasco por la delincuencia organizada y el narcotráfico, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de su delegación en Sinaloa vigile que se cumpla la normatividad relativa a la contratación de menores de edad y de los trabajadores jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SSP y de la SCT a intervenir para detener los hechos de extorsión que se dan en las terminales de autobuses del país, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993 los trabajadores agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda las importaciones de carne de cerdo en tanto no se resuelva la situación de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Francisco Domínguez Servién , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a revisar y modificar las reglas para otorgar el título de concesión para administrar la devolución del IVA que ha sido trasladado a los extranjeros con calidad de turistas, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros a nivel nacional a donar pólizas contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Sedena, se instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores federales y a los organismos involucrados en la organización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2007, para que el mecanismo de votación para la elección de los legisladores infantiles se realice con la mayor legalidad, suscrita por los diputados Marcela Cuén Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de las secretarías de Salud, y de Economía, las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las bebidas energizantes, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angúlo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al gobierno federal recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para sanear el río y cuencas de Zahuapan, Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el cierre de la biblioteca José Vasconcelos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar un grupo de trabajo que revise el esquema actual de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender, a través de las dependencias competentes, acciones que conduzcan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria a emitir el dictamen final de la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas no autorizados en animales, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT y del vocal ejecutivo del IPAB para que informen respecto de las causas y consecuencias del conflicto colectivo de Mexicana de Aviación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los presidentes municipales a modificar el formato de su informe de labores para que las erogaciones con motivo de éste se limiten a la impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos económicos decomisados por las autoridades se destinen al fortalecimiento de las políticas y los programas contra las adicciones, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a modificar el formato de su informe de actividades para que las erogaciones con motivo de éste se limiten a la impresión, digitalización y entrega a la legislatura local, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de Chiapas a establecer como permanente el programa de atención para erradicar el tracoma en las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer políticas en materia migratoria que garanticen la seguridad nacional y la eficiente prestación de servicios, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a intensificar las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del país, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativa

A las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del CLXXXIII aniversario de la creación del estado de México, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.

Con motivo del LXIX aniversario de la expropiación petrolera, el día 18 de marzo, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del XIII aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintisiete de marzo de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésina Legislatura

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con cuarenta y tres minutos del martes veintisiete de marzo de dos mil siete, con la asistencia de trescientos cincuenta y tres diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Remiten contestaciones de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

El procurador general de Justicia del Estado de Tabasco.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La Secretaría de la Función Pública.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Se remiten a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaría da lectura a oficio de la Comisión de Puntos Constitucionales por la que solicita ampliar el plazo para la presentación del dictamen de la minuta que reforma los artículos cuarto y veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia concede la prorroga solicitada.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos de puntos de acuerdo, de las Comisiones: de Relaciones Exteriores y de Salud, publicados el veintitrés de marzo en la Gaceta Parlamentaria. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Junta de Coordinación Política comunica cambios en la Mesa Directiva o en la integración de las comisiones: de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Metropolitano, y Especial de Citricultura. De enterado.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que autorice el traslado de los restos del intérprete guanajuatense Pedro Vargas Mata, a la Rotonda de las Personas Ilustres. En votación económica, la Asamblea lo aprueba. Comuníquese. Desde su curul, el diputado Juan Manuel Parás González , del Partido Revolucionario Institucional, solicita una moción de procedimiento.

A las once horas con cincuenta y siete minutos, se registra una asistencia de trescientos noventa y siete diputadas y diputados.

La Asamblea autoriza en votación económica la lectura al punto de acuerdo que remite la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por el que se prorroga el nombramiento del licenciado Roberto Michel Padilla como titular de la Unidad de Evaluación y Control, por un periodo de cuatro años, del primero de mayo de dos mil siete al treinta de abril de dos mil once. A nombre de la comisión interviene el diputado Carlos Altamirano Toledo , del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Con un resultado de trescientos cuarenta y cinco votos en pro, cero en contra y una abstención, se prorroga el nombramiento del licenciado Roberto Michel Padilla, como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Comuníquese.

Se recibe del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento noventa del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:

Carlos Sánchez Barrios , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo dos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos dos y cuatro de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda.

Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, que reforma los artículos cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y treinta y ocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Félix Castellanos Hernández , que expide la Ley Nacional Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Rafael Ramos Becerril, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Adrián Pedrozo Castillo , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Juan de Dios Castro Muñoz , del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos trescientos setenta y tres y trescientos setenta y siete de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de los diputados Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Partido del Trabajo y Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana, a petición del diputado Esteva Salinas, turno aceptado por la promovente.

Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Miguel Ángel Peña Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno y cuarenta y cuatro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, esta última a petición del diputado Alfredo Barba Hernández , del Partido Revolucionario Institucional.

Felipe Díaz Garibay , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y ocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Neftalí Garzón Contreras , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes: del Seguro Social; del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.

Luis Alonso Mejía García , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sergio Hernández Hernández , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Luis Gustavo Parra Noriega , a nombre propio y de diversos diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , a nombre propio y de diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tres de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Energía.

Nabor Ochoa López , del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos treinta dos -D de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Desde su curul, la diputada Irene Aragón Castillo , del Partido de la Revolución Democrática solicita la verificación del quórum y la Presidencia solicita la apertura del sistema electrónico de asistencia para tal efecto.

Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.

La Secretaría da lectura a tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

Por el que se solicita al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, que informe a la Cámara de Diputados del cumplimiento que esa institución esté dando a la reducción del gasto ordenado por el tercer párrafo del artículo quince del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete.

Con relación a las redadas y las deportaciones de migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos de América.

Por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chiapas para que agilice las conclusiones de sus investigaciones en la Averiguación Previa seiscientos sesenta y nueve/CAJ cuatro-B/dos mil cuatro y se repare el daño ocasionado al seguro de vida, seguro jubilatorio y seguro de pensión vitalicia de los maestros de la sección cuarenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba los acuerdos de referencia. Comuníquense.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. La Presidenta clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y un minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles veintiocho de marzo de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos.Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 27 de febrero de 2007, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Mérida, Yucatán, respectivamente.

En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 6 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y Mérida, Yucatán, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Stephens Camacho, para prestar servicios como recepcionista en la sección de seguridad regional, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Isela Navarro Lomas, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios como asistente en atención consular a ciudadanos americanos, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica) presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Erika Larregui Nagel , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Manzanares, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Maria del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se encuentra ningún artículo reservado, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la solicitud de permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Luisa Elio Bernal pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana María Luisa Elio Bernal para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué, y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para que puedan aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel González Félix para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Julio Souza Fernández para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda de Número, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la maestra Ana Lilia Cepeda de León para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para que pueda aceptar y usar la condecoración orden ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37, constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para que pueda aceptar y usar la condecoración orden ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.'

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Dario Lemarroy Martínez , Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de Austria.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Federico Sada González, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 14 de marzo de 2007.--- Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama , secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), secretario; Érika Larregui Nagel, secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés , secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

CONDECORACIONES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo primero del proyecto de decreto, por la diputada Valentina Batres Guadarrama. Tiene la palabra la diputada Valentina Batres Guadarrama.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:Con su permiso, señor Presidente. Vengo a esta soberanía a pedir el voto en contra del primer artículo de este decreto, con base en las siguientes consideraciones:

Primera. En la práctica, las autorizaciones para aceptar o usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros a ciudadanos mexicanos, por ser asuntos que son turnados a los integrantes de la Comisión de Gobernación, la mayoría de las veces en paquete y sin más antecedentes que el escueto dictamen, se suscriben éstos de buena fe, atentos a que son premios o reconocimientos a una labor que nuestros connacionales realizaron seguramente, de manera honrosa en otra nación, es que se han suscrito sin dificultad alguna.

Sin embargo, el caso del ciudadano Daniel Cabeza de Vaca merece un análisis serio y una reflexión oportuna, puesto que consideramos que su labor como procurador general de la República no es digna de ningún reconocimiento.

Segundo. Durante la gestión del licenciado Cabeza de Vaca, la PGR consumó la entrega para su extradición de Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera y Asier Arronategui Duralde, éste último naturalizado mexicano, ciudadanos vascos detenidos en el reclusorio oriente.

El Tratado de Extradición entre México y el Reino de España, así como sus dos protocolos, no fueron suscritos por el titular del Poder Ejecutivo ya que el primero, que data de 1978, lo suscribió Santiago Roel, entonces secretario de Relaciones Exteriores; y en 1997 lo suscribió el subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República, Rafael Estrada Sámano, con lo que se violentó el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su fracción X las facultades y obligaciones exclusivas del Presidente de la República de celebrar los tratados internacionales.

Dicha extradición estuvo plagada de irregularidades, fue más que evidente que las autoridades mexicanas en sus resoluciones le dieron prioridad al Tratado de Extradición suscrito por México con el Reino Unido y su protocolo que a nuestra Constitución. Se le analogaron indebidamente con el Código español los delitos de terrorismo y el de delincuencia organizada previstos en nuestro Código Penal Federal, violentando el artículo 14 constitucional que prohíbe imponer ---por simple analogía--- una pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

Además de que el artículo 15 de nuestra Constitución establece la prohibición para la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y para la de aquellos que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos y de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos en la propia Constitución.

Tercero. La condecoración Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco representa un premio por la sumisión que tuvo el gobierno mexicano respecto al gobierno de España, dejando a un lado su Constitución y los tratados internacionales a los que se comprometió con la comunidad internacional.

Como un dato adicional, esta ley data del franquismo, que después fue modificada por el Rey Juan Carlos y que en su artículo 4 de la Ley para la Reglamentación de la Orden al Mérito Policial, establece que podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros y funcionarios de los cuerpos que integran la policía gubernativa, cualquiera que sea su categoría, así como aquellos otros componentes de los restantes cuerpos y unidades integrados en las fuerzas de seguridad del Estado y excepcionalmente a las personas ajenas a dichas corporaciones cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios que practiquen actos de relativa importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad o así resulte aconsejable por otros importantes motivos.

Cuarto. ---Termino, señor Presidente. Por último es importante destacar que además del señalamiento de realizar la extradición de los ciudadanos vascos en un mar de irregularidades, fue exhibido por los diputados de la LIX Legislatura, dada la dilación para integrar las denuncias interpuestas en contra de los hijos de Marta Sahagún, así como de funcionarios del IPAB y empresarios relacionados con los hermanos Bribiesca.

Por lo antes expuesto, nuestro grupo parlamentario hace la reserva al artículo primero del dictamen con proyecto de decreto que concede el permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que le confiere el Reino de España.

Por lo anterior, solicito al pleno que le neguemos, por falta de méritos, porque no encontramos dentro del desarrollo de su trabajo, del ex procurador Cabeza de Vaca, algún mérito que le dé la autorización de portar esta condecoración. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Juan José Rodríguez Prats:Con su permiso, señor Presidente. Muy respetables, desde luego, los puntos de vista de la oradora que me antecedió en el uso de la palabra. Sin embargo, señores diputados, yo me permitiría invitarlos a reflexionar que aquí no están a discusión los méritos, las fallas, que pudo haber tenido en su desempeño como procurador el licenciado Cabeza de Vaca. Lo que él está solicitando es el permiso para aceptar una condecoración que ya un gobierno extranjero ha decidido otorgarle.

Esta discusión ya se dio hace muchos años en un distinguido mexicano, Andrés Iduarte Fouche, que era distinguido por el gobierno inglés y por diversas razones se le negó. Un paisano de él aquí recordó alguna vieja querella, alguna vieja rencilla, y la Cámara de Diputados le negó el permiso.

Y el gran jurista, el gran constitucionalista Manuel Herrera y Lasso señaló que la Cámara de Diputados se había equivocado, porque ---repito--- aquí no estamos analizando si el licenciado tiene los méritos. Eso ya el gobierno español lo ha decidido. Lo que él nos está pidiendo es el permiso.

Este es un artículo reminiscencia del siglo XIX en que se consideraba que mediante una condecoración podía un gobierno extranjero cooptar a un mexicano. Por eso se le obligó y sigue permaneciendo en la Constitución el que se requiera el permiso del Congreso mexicano para aceptar condecoraciones.

Definitivamente no tenemos ningún derecho a analizar los méritos o las fallas que puede tener el funcionario. Repito, esto ya le correspondió al gobierno extranjero, por lo tanto mi fracción parlamentaria votará a favor y yo invitaría a los señores diputados a que con base en derecho, con base en esta experiencia, depositen su voto, den su voto a favor para otorgarle permiso al licenciado Cabeza de Vaca y acepte esta condecoración. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Sí, señor Presidente. Quisiera que me otorgara el uso de la palabra por hechos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Quiero comentar que es vigente nuestro artículo constitucional, donde le da la facultad a este pleno de decidir si un mexicano puede aceptar una condecoración de un gobierno extranjero y todavía, debo decir, que es tan vigente no solamente porque existe y no se ha modificado en la Constitución, sino porque sigue vigente el peligro de que un mexicano haga favores a un gobierno extranjero, como es el caso de Daniel Cabeza de Vaca.

Sí revisamos, sí está a juicio la serie de irregularidades que caracteriza o que caracterizaron la extradición de los vascos que estuvieron en el reclusorio oriente en este país. Si ése es el mérito ---digo--- habría que cuestionarlo.

Además quiero comentar otra cosa, tiro por viaje y de buena fe, estamos firmando estos decretos donde ni siquiera la Secretaría de Gobernación nos trata con respeto a los diputados dándonos un expediente más vasto, en cuáles son los méritos que consideró el gobierno extranjero para otorgarle una condecoración o un premio a un mexicano por alguna labor de colaboración.

Y debo decirlo, estamos votando a ciegas en este caso preciso. Vuelvo a reiterar la solicitud a nuestros compañeros diputados de negar el permiso para portar esta condecoración. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Sonido a la curul del diputado Pech.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech(desde la curul): Para rectificación de hechos y desde mi lugar, señor Presidente. Desde luego que no está a discusión que está vigente el artículo constitucional que establece que esta Cámara tendrá que aprobar el permiso a un ciudadano mexicano para recibir alguna condecoración; pero lo que no me parece en el argumento que se ha presentado anteriormente es que se insinúe, y que eso es lo que tendríamos que analizar, que el gobierno español está otorgando esta condecoración por un favor recibido por una persona o por un ciudadano mexicano.

Y en este sentido, la fracción parlamentaria de Acción Nacional no tiene ningún argumento para que se pudiera sostener esta aseveración. Y nos parece que negar un permiso en este sentido no sería, en todo caso, dañar al señor Cabeza de Vaca, sino ofender al gobierno español que ha otorgado ya esta condecoración que no está en valoración; ya ha sido otorgada y sólo se pide el permiso para aceptarla.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez Pech. Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Señor Presidente, otra vez por hechos. Yo no estoy cuestionando al gobierno español, estoy aludiendo a una facultad que tenemos como Congreso, como Cámara de Diputados para darle o no el permiso al señor Daniel Cabeza de Vaca. Y ahí sí es todo nuestro derecho hacer las objeciones, análisis correspondientes para saber si le damos o no el permiso.

Como es vigente y tiene sustento, y yo radico en que el origen de este artículo era precisamente por el peligro de que otras naciones compraran favores de funcionarios mexicanos. Yo no creo que haya desaparecido este peligro y lo pongo claro en el punto de la discusión.

Ante una extradición plagada de irregularidades, la posición de la fracción parlamentaria del PRD es negarle que se le otorgue el permiso para portar dicha condecoración. No vemos mérito alguno, no tenemos otro dato que nos haya dado el expediente más que la solicitud del gobierno español, del Reino Español.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Batres. Solicito a la Secretaría ponga a votación este artículo primero del decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de ciudadanas y ciudadanos diputados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 367 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de quince minutos para realizarlo por cédula.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS - CONDECORACIONES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Vamos a reservar la votación al final, una vez que se den a conocer los demás proyectos. Adelante, Secretario.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en grado de Comendador, que otorga la Nunciatura Apostólica en México. No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la Asamblea, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto. Se van a hacer dos votaciones, éste de todos los proyectos de decreto de los dictámenes con excepción del que se reservó en el caso del artículo primero, del ciudadano Francisco Cabeza de Vaca.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto, excepto el artículo primero, por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Cabeza de Vaca Hernández.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica. Informo a la Presidencia que se emitieron 314 votos en pro, 8 abstenciones y 8 votos en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los proyectos de decreto; pasan al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Ábrase nuevamente el sistema electrónico hasta por tres minutos para la votación de los demás decretos no reservados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Se va a proceder a recoger la votación nominal de la reserva del artículo primero, por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Cabeza de Vaca. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Señor Presidente, para pedirle respetuosamente que le indique al pleno que vamos a votar el artículo primero del decreto relativo al permiso para el señor Cabeza de Vaca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Efectivamente se va a votar la reserva hecha por la diputada Valentina Batres respecto a la condecoración que otorga el gobierno de España al ciudadano Francisco Cabeza de Vaca. Ábrase hasta por tres minutos el sistema electrónico.

Esta Mesa Directiva lamenta el sensible fallecimiento del señor Federico Torres Nava, padre de la diputada María Elena Torres Baltazar , del grupo parlamentario del PRD. Descanse en paz.

(Votación)

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 103 votos en contra, 5 abstenciones y 206 votos en pro.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado el artículo reservado, por 206 votos; pasa al Senado y al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del FAPRAC

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el pasado 26 de octubre de 2006, proposición que pretende exhortar a la Sagarpa realice los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del FAPRACC, oportunamente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 26 de octubre de 2006 el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo que pretende exhortar a la Sagarpa realice los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del FAPRACC, oportunamente

El 26 de octubre de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería

Con base en los antecedentes ya mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas mejor conocido como FAPRACC, ha servido para atender a la población rural de muchos municipios del país que se han visto devastados por fenómenos naturales no imputables al hombre y que han ocasionado perdidas de sembradíos y ganado con un alto costo para el productor nacional y que como consecuencia de ello muchos productores han dejado la actividad, emigrando a los EE.UU.

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la encargada de operar dicho programa a través de las Reglas de Operación del mismo y entre las cuales destaca la solicitud formal por parte del gobierno del estado dependiendo de la entidad federativa de que se trate, para dar paso a un estudio técnico y determinar así los daños y montos que podrían en su momento otorgarse, además de recursos que el propio gobierno del estado destine para tal fin.

Que se tiene conocimiento en esta soberanía que muchas de las veces los recursos no se canalizan adecuadamente, o se entregan a destiempo y en muchos de los casos son insuficientes los recursos para atender acertadamente el problema.

Que es necesaria una revisión integral a las Reglas de Operación del FAPRACC, adecuándolas a las necesidades y realidades de cada caso en concreto, haciéndolas más expeditas, accesibles y prontas para resarcir el daño que causó el fenómeno meteorológico de que se trate.

Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignó una partida de 307.4 millones de pesos al Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas FAPRACC por lo que se requerirá que la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación hagan un uso transparente racional pero efectivo del gasto en este concepto, con la finalidad de atender eficientemente a la población rural que se vea afectada por fenómenos climatológicos.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta comisión tenemos a bien expedir el presente dictamen en sentido positivo.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Sagarpa a realizar estudios técnicos necesarios para garantizar que los recursos del FAPPRAC mitiguen efectivamente los efectos negativos de fenómenos climatológicos extremos para que los productores afectados aseguren su reintegración a sus actividades productivas lo más pronto posible.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa a llevar a cabo una revisión a fondo en la Reglas de Operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), con la participación que corresponda de los gobiernos estatales y del Distrito, además de la opinión que sobre el particular puedan emitir las diputados federales, con la finalidad de que dichas reglas sean más eficientes en su aplicación que permitan que los recursos asignados a través de dicho programa se canalicen en forma oportuna y eficaz, logrando atacar el problema de que se trate a tiempo.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil siete.

Comisión de Agricultura y Ganadería. Diputados: Héctor Padilla Gutiérrez , presidente (rúbrica); Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Isael Villa Villa (rúbrica), Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Celso D. Pulido Santiago, secretarios; Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes , Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler , David Lara Compeán (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso , José Víctor Sánchez Trujillo , Irineo Mendoza Mendoza , Amador Campos Aburto (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar , Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo. Se ha registrado para hablar en pro de este punto de acuerdo, el diputado Gustavo Pedro Cortés. Tiene la palabra.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las contingencias ecológicas se han sucedido con mayor intensidad en nuestro país en los últimos años; ello ha provocado que cada vez un número mayor de poblaciones y sus habitantes sufran los estragos de los cambios climatológicos, ya sean heladas, huracanes o sequías. El dictamen que hoy discutimos surge de la preocupación de este Poder Legislativo por buscar mecanismos más eficientes para atender los daños que provocan las contingencias relacionadas con los abruptos cambios de clima.

El Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRAC), es un mecanismo de respuesta y atención que busca minimizar los efectos negativos en el patrimonio de los productores y habitantes del campo.

Este programa otorga recursos a los productores para que puedan reemprender su actividad productiva, cuestión que es fundamental para garantizar que su nivel de vida no sea afectado de manera severa; sin embargo, uno de los problemas asociados a este programa es que los recursos no llegan con oportunidad o no son suficientes para apoyar a los productores rurales.

Las disposiciones normativas del Presupuesto de Egresos de la Federación señalan que debe haber revisiones externas a los programas y acciones del gobierno federal. En este contexto, la Sagarpa solicitó a la Universidad Autónoma de Chapingo una evaluación externa del FAPRAC.

Los resultados de dicha revisión arrojan que casi la mitad de los beneficiarios están insatisfechos con este programa. El mismo estudio señala que hay debilidades que deben ser subsanadas, por ejemplo que el padrón de beneficiarios es inconsistente.

Los diputados del Partido del Trabajo hemos señalado en reiteradas ocasiones que los programas públicos deben ser aplicados de manera rigurosa y buscando el beneficio de la población a la que van dirigidos. Hemos sostenido también que sólo con la fiscalización por parte de la sociedad podremos garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Compartimos las razones que llevaron al diputado Alejandro Sánchez Camacho a presentar el punto de acuerdo que hoy se discute. Es necesario que los recursos del FAPRAC sean aplicados con transparencia y apegados a las normas presupuestales. Asimismo, nos parece adecuado que se revisen las reglas de operación de este fondo y que en ellas participen las instancias de las entidades federativas, el Poder Legislativo, con el fin de hacerlas más eficientes y que no se constituyan en un obstáculo para la aplicación de los recursos.

Compañeras y compañeros diputados, los pronósticos del clima para este año indican que el calor va a ser muy intenso. En Durango, en particular, hay una gran preocupación de los productores porque los efectos de este calor ya se empiezan a sentir. Desde aquí invitamos a nuestros compañeros diputados para que apoyen este punto de acuerdo y las autoridades correspondientes tomen las medidas para que el programa se aplique de manera suficiente y con oportunidad, en bien de los productores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante : Aprobados; comuníquese. Continúe con los demás puntos de acuerdo.

TECNICAS DE MODIFICACION AMBIENTAL CON FINES MILITARES

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se solicitan al Ejecutivo federal la posición del Estado mexicano frente a la Convención de Naciones Unidas Enmod y sus consideraciones para que sean analizadas en esa comisión

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual la H. Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, envíe a la brevedad la Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles (ENMOD) al Senado de la República para su pronta ratificación, presentada por la Diputada Erika Larregui Nagel del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

Antecedentes

El 21 de Noviembre de 2006, la Diputada Erika Larregui Nagel del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe al Senado de la República la Convención de Naciones Unidas que prohíbe las técnicas de modificación ambiental con fines hostiles o militares, también conocida como ENMOD, para su ratificación.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ésta Honorable Asamblea turnó la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen correspondiente con base en las siguientes:

Consideraciones

En la fecha citada en los antecedentes, la Diputada Erika Larregui Nagel , presenta proposición con punto de acuerdo sobre el tema de la modificación ambiental, cuyo resolutivo versa lo siguiente:

Único.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a la brevedad la ``Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles (ENMOD) al Senado de la República para su pronta ratificación.

Antecedentes:

Para entender con detalle la proposición y el tema que se trata en este análisis, cabe decir que las consideraciones que hace la Diputada Larregui comienzan describiendo la naturaleza y el alcance de las técnicas de modificación ambiental con fines hostiles y hace mención que es muy importante regular estas prácticas, ya que, en diversos momentos han sido utilizadas con fines bélicos, causando daños irreversibles, o bien de largo plazo al Medio Ambiente.

Prueba de ello fue la guerra de Vietnam, cuando se rociaban sustancias químicas sobre la vegetación, o bien, se alteraron los patrones climáticos para precipitar con más fuerza los monzones.

Se refiere la Diputada también a que la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno al tema prohíbe tajantemente la modificación ambiental con los fines anteriormente descritos.

Asimismo, la Diputada Larregui hace las consideraciones para concluir que se requiere de un tratado como el anterior (ENMOD por sus siglas en inglés: Environmental Modification / Modificación Ambiental), que sea jurídicamente vinculante para todas las naciones que lo han ratificado en aras de evitar el deterioro ambiental causado por estas modificaciones intencionales del mismo.

Aclara también que muchos países no han ratificado dicho tratado, por lo que se hace necesario que ENMOD siga promoviéndose intensamente para preservar y asegurar el Medio Ambiente Natural del mundo.

Ahora bien, conviene aclarar algunos hechos sobre los que habla el tratado arriba mencionado. El 10 de Diciembre de 1976, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 31/72, adoptó la ``Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD)''.

El tratado ENMOD es un instrumento de derecho internacional relacionado con el desarme, prohibiendo el empleo del Medio Ambiente como herramienta de combate.

El instrumento internacional consta de diez artículos y un párrafo anexo que se añade al final del texto de la Convención. La introducción que hace la Asamblea General de la ONU al Convenio se refiere claramente a la resolución 1722 (XVI) del 20 de Diciembre de 1961, en la que reconoce la importancia y el interés de todos los países por el desarme.

Invocando la resolución anteriormente citada, la ONU entonces se dispone a convenir un tratado que evite el uso del medio ambiente como arma de combate y para ello, crea el Convenio ENMOD.

Los artículos principales del tratado son aquellos que concretamente marcan los límites al respecto de la modificación ambiental, por ejemplo:¹

``Artículo 1.- Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos... daños o perjuicios...''

Como se puede apreciar anteriormente, la Convención es muy clara respecto a la prohibición sobre la utilización de las técnicas de modificación ambiental y sus efectos.

Posteriormente describe en su artículo segundo cuáles son aquellas técnicas de modificación ambiental que son dañinas, y para ello, indica que dichas prácticas son ``todo aquello que tenga por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, litosfera, hidrosfera, atmósfera o espacio ultraterreste''

La Convención también aclara de manera concisa que la información tecnológica y científica que pueda ser utilizada para bien, debe ser promovida y se le debe facilitar el intercambio entre los países.

Al firmar la Convención, los países se obligan a adecuar su marco constitucional para garantizar que las medidas adoptadas por dicho instrumento internacional cuenten con el respaldo jurídico necesario para llevarlas a cabo.

La Convención ENMOD fue negociada en el marco de la ``Conferencia del Comité de Desarme'' y aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de Diciembre de 1976. Fue abierta para su firma el 18 de Mayo de 1977 en Ginebra y entró en vigor el 5 de Octubre de 1978.

La Convención fue signada por cincuenta y un países originalmente, entre los que destacan: Australia, Canadá, Cuba, Alemania (Federal y Democrática antes de la caída del muro), Irán, Iraq, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URRS), Reino Unido, Estados Unidos de América, etc.²

Entre los países que no firmaron originalmente la Convención pero que después se sumaron a la misma se encuentran: Japón, República Popular de Corea, República de Corea, Kuwait, Pakistán, Vietnam, etc.

De los cincuenta y un países que firmaron originalmente la Convención ENMOD, sólo treinta y seis lo han ratificado. Entre los países más importantes que han ratificado la Convención se encuentran: La URRS, Estados Unidos de América y el Reino Unido.

México no figura entre las partes iniciales de este Convenio, ni tampoco se ha adherido al mismo.

México ha promovido un intenso trabajo a favor del Medio Ambiente, tanto en el interior como en su política exterior.

La Cancillería describe la misión de México en el ámbito internacional para el cuidado del Medio Ambiente y dice que ``México ha asumido una actitud responsable y ha cumplido con sus compromisos internacionales, tales como la elaboración de informes nacionales y la creación de programas que evalúen el estado del medio ambiente. Asimismo, promueve acciones para establecer sinergias entre los instrumentos ambientales, racionalizar recursos humanos y financieros para mejorar la gestión ambiental internacional, impulsar iniciativas entre los países centro de origen y megadiversos como el nuestro, y la adopción de medidas multilaterales para hacer frente a la problemática del uso y la conservación de los recursos naturales''.³

México tiene una vocación pacifista. En la historia reciente, podríamos decir que abarca los últimos cincuenta años o más, nuestro país rara vez se ha visto envuelto en guerra franca contra alguna otra nación o contra enemigo alguno. Los enemigos de México no se encuentran en otros Estados, sino más bien, los enemigos de México son de otro tipo: el reto de la competitividad, el crecimiento económico, el desarrollo, etc. México en la historia más reciente no ha sostenido conflictos bélicos con otros países en los que resulte necesaria la utilización de armas de destrucción masiva, técnicas bélicas, incursiones militares, invasiones o cualquier otro tipo de agresión.

A pesar de ello y de que México es un país pacifista cuya vocación está consagrada en nuestra Constitución Política, resulta necesario analizar la conveniencia de que México adopte y signe la ``Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD)'', con el fin de ejecutar una política exterior congruente y coherente.

México ha suscrito otros importantes tratados como el Protocolo de Kioto o el tratado sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, la Cancillería ha manifestado el activo papel que México desempeña en el cuidado del Medio Ambiente y la promoción que nuestro país hace del mismo en el ámbito internacional. Por ello, resulta de gran importancia conocer las razones por las cuáles México no ha firmado la Convención ENMOD.

Para ello, se presenta este dictamen que pretende solicitar a la Cancillería un informe sobre la posición de nuestro país frente a dicha Convención, así como las consideraciones de la misma para que puedan ser analizadas en el seno de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores resuelve el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- La H. Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal envíe a esta Soberanía la posición del Estado Mexicano frente a la ``Convención de Naciones Unidas para la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles (ENMOD)''y remita sus consideraciones a esta Soberanía a fin de que se puedan discutir en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Notas:

1 Cfr. ``Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD), consultado en: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/ 5V5LHT/$FILE/1976_ENMOD.pdf?OpenElement, Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, el 7 de diciembre de 2006, a las 7:41 p.m.

2 Cfr. Departamento de Estado de Estados Unidos de América, http://www.state.gov/t/ac/trt/4783.htm, consultado el día 7 de diciembre de 2006, a las 21:00 horas.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de enero de 2007.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), secretaria; Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), secretario; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro, secretario; Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), secretario; Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), secretario; Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretario; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), César Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete , Felipe Díaz Garibay , Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), José Murat, Víctor Samuel Palma César , Miguel Ángel Peña Sánchez , Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se solicita al gobernador de Nayarit que informe sobre los trabajos realizados para erradicar los altos índices de feminicidios

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al gobernador del estado de Nayarit que rinda un informe sobre los altos índices de feminicidios en la entidad.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha catorce de diciembre del dos mil seis, la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Estado de Nayarit a rendir un informe respecto de las acciones que bajo su gestión se han realizado para detener los altos índices de feminicidios en dicho estado.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada, fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. El feminicidio ha sido definido como el genocidio contra mujeres y ocurre cuando se atenta contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Estos ataques suceden en tiempo y espacio, realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales; ocasionales o profesionales que conducen a la cruel muerte de algunas víctimas.

2. Con fecha ocho de diciembre del año dos mil seis la Comisión Especial sobre Feminicidios de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a cargo de la ex diputada federal Marcela Lagarde, dio a conocer un informe, del cual se desprende de cifras oficiales que se obtuvieron a partir de datos del INEGI, donde se afirma que el estado de Nayarit, ocupa el primer lugar en feminicidios en materia de porcentaje en todo país, y tiene una tasa estatal de homicidios de 4.485 muertes al día de mujeres y niñas.

3. Como consecuencia de lo anterior, la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez , proponente del punto de acuerdo en estudio, sostiene los siguientes argumentos:

``La violencia en contra de las mujeres es una realidad aberrante en nuestro país. En pleno siglo XXI, la marginación, la falta de oportunidades para el desarrollo y la exclusión social son signos permanentes en nuestra sociedad y en la vida de millones de mujeres mexicanas.

Actualmente, de nueve millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, el 47 por ciento reporta un incidente de violencia, el 38 por ciento padece violencia emocional, 29 por ciento económica, 9 por ciento física y el 7 por ciento restante violencia sexual.

Conocer las causas, los tipos de violencia y sus mecanismos tanto sociales, culturales y jurídicos, son un deber público de cualquier gobierno para poder poner en marcha políticas públicas efectivas tendientes a prevenir, atender y sancionar estas conductas.

Como expresa Celia Aguilar, representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer: ``el feminicidio es la expresión más cruda dela falta de derechos''. Según el estudio antes referido, esta problemática abarca casi la totalidad de los estados de la República.

El dato es revelador...Una situación que es necesario combatir con todos los recursos del estado.''

4. Sin duda la realidad que arroja el estudio mencionado, no debe ser ignorada por ninguno de los órdenes de gobierno, debiendo coadyuvar todos y cada uno de ellos en el ámbito de sus respectivas competencias en la lucha contra los crímenes aberrantes que se describen.

5. Uno de los pasos importantes para logra el objetivo descrito es entender las causas y las acciones que se han llevado a cabo por parte de las autoridades competentes para erradicar la criminalidad en contra de las mujeres en el estado de Nayarit.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se solicita, de manera respetuosa, al gobernador del estado de Nayarit para que rinda un informe sobre los planes y trabajos que se han realizado durante su gestión para erradicar los altos índices de feminicidios en el estado.

Segundo. Se exhorta, de manera respetuosa, al gobernador del estado de Nayarit, para que en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones necesarias que garanticen la seguridad de las mujeres y niñas en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil siete.

La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Erika Larregui Nagel , Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo; comuníquense.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se autoriza.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 2 de febrero de 2006, la diputada Angélica Ramírez Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 348 y 419 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud, que se dictaminó a favor con modificaciones a la propuesta inicial.

Una vez aprobado dicho dictamen por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006, se remitió la minuta a la honorable Cámara de Senadores, cuya Mesa Directiva la turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

Las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la colegisladora, emitieron el dictamen por el cual desecharon la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, que fue aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Senadores, devolviendo el expediente a la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya Mesa Directiva de este órganos legislativo lo turnó el 21 de diciembre de 2006 a la Comisión de Salud de la LX Legislatura.

Por lo que, llegado el momento, esta comisión dictaminadora emite el siguiente dictamen, respecto a la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 348 Bis a la Ley General de Salud.

Contenido de la minuta

La minuta enviada por la colegisladora desecha el dictamen emitido por la honorable Cámara de Diputados, por el cual se aprueba, con modificaciones, la propuesta original de la diputada Angélica Ramírez Luna; dictamen a través del cual se adiciona un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, referente a establecer como disposición legal lo siguiente:

Artículo 348 Bis. En caso de que el cadáver sea incinerado, una vez efectuada la incineración, el ataúd en que fue trasladado podrá reutilizarse por quien esté debidamente legitimado para ello, siempre y cuando medie autorización previa de la autoridad sanitaria competente.

El dictamen de la colegisladora coincide con la diputada Angélica Ramírez Luna en que actualmente existe un gran número de agencias de servicios funerarios que lucran ilegalmente con los ataúdes que previamente fueron utilizados con otros cadáveres, y que posterior a la incineración logran convencer a los familiares de las persona fallecidas para que donen dichos el ataúdes para ser reutilizados. Sin embargo, desechó la minuta proveniente de la honorable Cámara de Diputados, por considerar que la Ley General de Salud regula en términos generales lo correspondiente a dicha materia.

Asimismo, refiere el dictamen de la colegisladora que el Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, en su artículo 55, establece que los ataúdes podrán reutilizarse, previa autorización de la autoridad sanitaria; y así como esta disposición reglamentaria, en las diferentes entidades federativas existe legislación en materia de control sanitario que reglamenta la operación y funcionamiento de los cementerios o panteones; por tanto, lo concerniente a las cremaciones, las cuales incluyen el destino final de los ataúdes.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora señala que actualmente existe vasta normatividad respecto al trámite y proceso de las cremaciones, reutilización de ataúdes, así como el control sanitario de dicha práctica, tal es el caso de la Ley General de Salud, que en su Título Décimo Cuarto, Capítulo V, consigna lo referente al traslado y depósito de cadáveres, su clasificación, así como los requisitos para inhumar e incinerar.

En este sentido, y en atención a la preocupación insinuada entre líneas por la diputada Angélica Ramírez Luna, respecto al mercado irregular y doloso derivado de la reutilización de ataúdes y, en especial, de aquellos que hayan contenido y portado cadáveres o restos humanos infecto-contagiosos, cuya práctica conlleva un inminente riesgo para la salud humana, esta comisión dictaminadora considera conveniente destacar lo establecido en el artículo 350 de la propia Ley General de Salud, que a la letra dicta:

Artículo 350. Las autoridades sanitarias competentes ejercerán el control sanitario de las personas que se dediquen a la prestación de servicios funerarios. Asimismo, verificarán que los locales en que se presten los servicios reúnan las condiciones sanitarias exigibles en los términos de los reglamentos correspondientes.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, estipula que es materia de salubridad general, por tanto, competencia de la Secretaría de Salud, el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos, y a través de acuerdos de coordinación, también compete a las distintas entidades federativas.

En la Sección Cuarta, Capítulo IV, de dicho Reglamento se destaca que la Secretaría de Salud es la instancia a que corresponde dictar normas técnicas relacionadas con las condiciones de manejo, utilización, conservación y disposición de cadáveres; al tiempo que se establece que el control sanitario de los panteones estará a cargo de las autoridades sanitarias competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y con las normas técnicas que corresponda emitir a la Secretaría de Salud.

A este respecto, también conviene referir el Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual se establecen las atribuciones de dicha comisión como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, en materia de regulación, control y fomento sanitario, y como instancia que conduce el sistema federal sanitario, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Comisión a la que, de cuerdo con este reglamento, corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios.

En el mismo sentido, debemos tomar en cuenta la existencia, en las diversas entidades federativas, de normas técnicas sanitarias para crematorios, las cuales tienen por objeto establecer las especificaciones técnicas y sanitarias que deben observarse en la construcción, instalación, funcionamiento y operación de los crematorios, y dentro de las cuales se consigna, entre otras disposiciones, que cualquier resto humano o cadáver cuya muerte haya sido por causa de una enfermedad contagiosa, potencialmente peligrosa y ponga en riesgo la salud de las personas, deberá estar protegido con un contenedor especial para su cremación, el cual deberá estar compuesto de un material de fácil combustión; proveer facilidad y seguridad en su manejo; estar sellado para evitar olores y derrames de líquidos; identificarse claramente con una etiqueta de precaución que indique que los restos humanos contienen agentes potencialmente peligrosos; por tanto, deben prevalecer las precauciones universales para su manejo, así como proveer adecuada protección y un manejo decoroso y respetuoso del cadáver.

Así también, las entidades federativas cuentan con un reglamento de cementerios, el cual regula el establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de los mismos, así como su control sanitario, sin perjuicio de la intervención que sobre la materia compete a la Secretaría de Salud, de acuerdo con la Ley General de Salud, y para cuya práctica de incineración de cadáveres se establece, entre otros aspectos, que deberá efectuarse en cumplimiento de una orden expedida por un juez del Registro Civil y previa autorización sanitaria de la entidad federativa. Asimismo, y derivado de este ordenamiento, existen reglamentos interiores para cada cementerio o panteón establecido o que pretenda establecerse.

Cabe mencionar el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-SCFI-2006, Prácticas Comerciales-Requisitos de Información en la Contratación de Servicios Funerarios, publicada el miércoles 17 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, el cual tiene por objeto establecer los requisitos de información preliminar y de contenido en los contratos de prestación de servicios funerarios que deben cumplir las personas físicas y morales dedicadas a la comercialización de estos servicios, a fin de que los consumidores conozcan con precisión y oportunamente los costos, características y demás términos fijados para su contratación, los cuales serán de observancia obligatoria dentro del territorio nacional y aplicable a todas las personas físicas y morales dedicadas a la comercialización de servicios funerarios, sin menoscabo de los dispuesto por las legislaciones locales sobre la materia. Proyecto de norma que en la parte de disposiciones generales establece que los proveedores de servicios funerarios deben contar con las licencias, permisos, avisos o autorizaciones emitidos por las autoridades correspondientes, para llevara cabo sus actividades, mientras que el uso o traslado de cadáveres o restos humanos destinados a la cremación debe sujetarse a las disposiciones jurídicas correspondientes. Asimismo, precisa que en la información escrita que los proveedores de servicios funerarios entreguen a los consumidores debe considerarse, entre otras, que cuando el consumidor solicite la cremación del cadáver o restos humanos se señale la disponibilidad de ataúdes o féretros especiales para ser cremados junto con el cadáver o restos humanos, así como las implicaciones sanitarias por el uso de ataúdes o féretros que no son destinados para cremarse junto con el cadáver.

Segunda. Esta dictaminadora considera que la adición del artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, propuesta en el dictamen emitido por la honorable Cámara de Diputados resulta innecesaria, en virtud de que la amplia normatividad vigente, en términos generales, establece las instancias legales para el manejo de ataúdes, previo consentimiento de las autoridades sanitarias competentes.

Tercera. Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta comisión dictaminadora estima que la reutilización de ataúdes queda contemplada en la normatividad vigente en materia de salud y control sanitario, así como en la normatividad específica que regula la operación y funcionamiento de los cementerios de las diferentes entidades federativas, por lo que coincidimos con la minuta por la cual se rechaza la adición de un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, razón por la cual los integrantes de esta comisión, emiten el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona un artículo 348 Bis a la Ley General de Salud, de fecha 21 de diciembre de 2006.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Salud, en relación con la iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada 24 de febrero de 2005 fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto para que el Consejo de Salubridad General no tenga intervención alguna de las secretarías de Estado, por lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 10 y 30, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

El 24 de febrero de 2005, el diputado Hugo Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud.

II. Contenido

La iniciativa objeto del presente dictamen pretende reformar el artículo 15 de la Ley General de Salud, ya que el principal argumento es que dicho artículo es inconstitucional, por mencionar que el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del presidente de la república, en lo términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

``Esta integrado por un presidente que será el secretario de salud...'', el diputado proponente menciona en su exposición de motivos que lo leído anteriormente es contrario a la Constitución y lo fundamenta en que el artículo 73 de nuestra Carta Máxima establece que ``el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado...'', por ende el artículo 15 de la Ley General de Salud debe ser reformado.

III. Consideraciones

Como bien sabemos, la Constitución Política es el conjunto de normas legislativas que ocupan una posición especial y suprema en el ordenamiento jurídico y que regulan las funciones y los órganos fundamentales del Estado. En este concepto encuadra nuestra Constitución que actualmente nos rige (1917). Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene supremacía; consecuentemente, al trastocar la palabra supremacía constitucional nos podemos encontrar con diferentes criterios; sin embargo, la doctrina nos menciona que ``proviene de supremo, éste del latín superus (situado arriba o por encima de), principio de derecho que reconoce la Constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden normativo positivo, federal y local vigente en el país. Por virtud de él, las leyes y los decretos deben estar de acuerdo con lo mandado por la Constitución, so pena de nulidad para le caso de no estarlo''.

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado y tiene el carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas y consultivas, único en su tipo, integrado por vocales titulares que ocupan cargos directivos en el sector salud, así como del sector educativo, de investigación y social, lo que le otorga la facultad para la toma de decisiones que inciden en la salud.

Al ser un órgano tan importante podemos decir que es base de la salud en nuestro país, el cual a lo largo de la historia médica ha tomado mucha trascendencia, es por ello que las decisiones de este órgano deben ser analizadas de manera eficaz.

Por otra parte nuestra Constitución Política, en su artículo 73, fracción XVI, base primera, a la letra plasma:

El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

Existen razones históricas por las cuales se estableció la no intervención de las secretarías de Estado dentro del mencionado consejo, lo anterior a fin de evitar que cuestiones comerciales o económicas interfirieran en asuntos que sólo son competencia de los especialistas médicos y sanitarios; de modo que, al depender directamente del presidente de la república sus dediciones se aplicaran de manera expedita, debido a su carácter de urgencia y seguridad nacional.

Es necesario señalar también, que cuando fue expedido el decreto citado la Secretaría de Salud no tenía la naturaleza jurídica de una secretaría de Estado, sino de un departamento administrativo denominado Salubridad Pública.

De lo anterior se infiere que el espíritu que motivó al constituyente a incluir la ``no intervención de una secretaría de Estado'' era precisamente el de no retrasar la actuación del consejo ante los casos referidos anteriormente; sin que esto signifique las secretarías en su integración. Lo anterior se corrobora, ya que hasta hoy las resoluciones del consejo siguen teniendo un carácter expedito.

No debemos guiarnos por la aparente contundencia de los argumentos de la iniciativa, ya que debe ser vista a la luz del una correcta interpretación del precepto constitucional, que debe ser armónica, y relacionando los preceptos apelando a las circunstancias en que fueron elaborados; esto es, refiriéndonos al momento histórico y a lo que conocemos como el espíritu de la norma, de lo cual obtenemos un sentido correcto de la intención del legislador o en este caso del constituyente.

Debido a estas circunstancias consideramos improcedente la propuesta del promovente.

En lo que respecta a la inclusión de un diputado y un senador integrantes de la Comisión de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, como vocales del consejo va en contra de lo que establece el artículo 49 de la Constitución y que a la letra dice:

Artículo 49. El Supremo Poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación,...

El consejo de Salubridad General no sólo es una persona jurídica, sino que por su composición colegiada puede incluso afirmarse que es una corporación; de lo cual se infiere que no puede concurrir en su seno miembros de distintos poderes.

Aunado a lo anterior y atendiendo a la preocupación del promovente de tomar parte en las decisiones del citado consejo; es pertinente mencionar que la base cuarta de la fracción XVI del artículo 73 constitucional establece que las medidas que adopte el consejo pueden ser revisadas por le Congreso de la Unión en los casos que le competan.

Derivado de lo anterior, consideramos improcedente la propuesta del promovente.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que les otorgan el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de febrero de 2005.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García , Gilberto Ojeda Camacho , Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea

En sesión celebrada el 11 de noviembre de 2005, fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de esta comisión.

En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en el análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 11 de noviembre de 2005, la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos la diputada promovente manifiesta su interés en definir lo que debe entenderse por maltrato y sobre todo referido al ámbito familiar en donde, por desgracia, frecuentemente se produce.

Afirma que los expertos en la materia coinciden en que el maltrato puede situarse en lo físico y en lo mental; es decir, en lo psicoemocional. Se ha avanzado mucho en esto y con base en la legislación vinculada, como son los códigos punitivos, podemos introducir lo que debe entenderse por maltrato físico o psicoemocional, y que esta violencia familiar que se materializa en el maltrato, no solo se concibe para fines de esta ley como los actos y omisiones en perjuicio de la integridad física o psicoemocional de las niñas , niños, adolescentes y mujeres, sino también en perjuicio de cualquier otro miembro de la familia por sus condiciones de necesidad, indefensión, o desventaja física o mental.

Por estos motivos, propone adicionar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a fin de que enseguida del texto relativo a la fracción XII, se precise que se entiende por maltrato la violencia familiar llevada a cabo por acción u omisión en perjuicio de la integridad física o psicoemocional de las niñas, los niños, adolescentes y las mujeres; así como de cualquier otro miembro de la familia por sus condiciones de necesidad, indefensión o desventaja física o mental.

III. Consideraciones

El 2 de septiembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de sentar las bases para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

El artículo 3 del mencionado ordenamiento establece que se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Es importante señalar que el artículo 4, objeto de la iniciativa en estudio, es parte del capítulo II de la ley, referente a los Sujetos de la Asistencia Social, enumerados con suficiente claridad.

Es precisamente esa claridad en la redacción del texto vigente la que nos conduce a la primera objeción respecto a la reforma propuesta, ya que la iniciativa adolece de congruencia con la redacción del texto vigente, al pretender establecer definiciones de acciones, cuando el capítulo se limita estrictamente a establecer quienes serán los sujetos de la asistencia social.

Consideramos que la intención de la diputada de proporcionar una definición de maltrato obedece a un interés genuino de mejorar la ley, sin embargo, en este caso no se consigue debido a que la Ley de Asistencia Social no es de interpretación estricta, como lo es el caso del derecho penal; así que de restringir las acciones en materia de asistencia social a los supuestos establecidos en las definiciones propuestas, la autoridad se vería limitada en su acción, con lo cual se medra la aplicación de la norma.

El Código Civil Federal vigente, ordenamiento que requiere mayor precisión en sus definiciones, recupera en su artículo 323 Ter, el sentir de la iniciativa estudiada al señalar las conductas que se deben evitar ante la violencia familiar tanto en el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

La recién aprobada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del año en curso, prevé en el artículo 6o. diversos tipos de violencia, entre los que se comprenderían acciones estimadas en la iniciativa en comento como maltrato.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Parido Revolucionario Institucional, el 11 de noviembre de 2005.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 10 y 30, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 22 de febrero de 2005, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asistencia Social.

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En su exposición de motivos, la promovente manifiesta su preocupación por el incremento en la violencia intrafamiliar, de la que en general son objeto las mujeres.

Asegura que las víctimas de la violencia intrafamiliar padecen además secuelas psicológicas crónicas, que se manifiestan como temores prolongados, inseguridad, fobias, baja autoestima, aislamiento y deficiente capacidad para denunciar a su agresor.

Estima que una obligación del gobierno federal es proporcionar asistencia y representación jurídica gratuita a las mujeres que sufren violencia familiar.

Por estas razones, la diputada propone la reforma de las fracciones I, inciso c), y II, inciso b), del artículo 4, así como de la fracción I, inciso c), del artículo 12 y el inciso d) del artículo 28, todos de la Ley de Asistencia Social.

III. Consideraciones

Haciendo un análisis de la propuesta en estudio, los diputados integrantes de la Comisión de Salud comprendemos y compartimos la preocupación de la promovente; sin embargo, consideramos necesario hacer las siguientes precisiones:

La ley que se pretende reformar fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de septiembre de 2004, en el texto de la cual quedan establecidos sus alcances, parámetros, obligaciones de las autoridades competentes y beneficiarios de la misma.

En el artículo 4 de la ley se estipula que los sujetos que tienen derecho a la asistencia social, los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, y señala que tendrán preferencia en la asistencia social Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; maltrato o abuso, etcétera.

Así, el inciso c) de la fracción I del citado artículo establece claramente que los niños que sean víctimas de maltrato o abuso, en cualquier forma y de cualquier especie, contarán con una protección especial; es decir, el texto de la ley vigente no se limita a que el mencionado maltrato o abuso sea cometido en el seno familiar, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida de los menores amparados por este ordenamiento.

Por esta razón no consideramos pertinente la reforma de la redacción texto vigente, ya que aunque tiene una intención de proteger a las víctimas de la violencia intrafamiliar limitaría la aplicación general del ordenamiento, restringiéndola a que el maltrato o abuso sólo se lleven a cabo en el interior de la familia y dejando de lado una multitud de espacios en los que se desarrolla la vida social de los niños.

De igual forma, la promovente pretende reformar el inciso b) de la fracción II del mencionado artículo 4, cuyo texto vigente estipula que tendrán preferencia en la asistencia social las mujeres en estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes, en situación de maltrato o abandono, y en situación de explotación, incluyendo la sexual. Cayendo en el mismo error señalado con anterioridad, la propuesta pretende restringir dicha protección al ámbito estrictamente familiar, por lo no creemos que reformar el texto vigente sea prudente, ya que una vez más se limitaría la aplicación de la norma, violentando con esto el propio espíritu de la iniciativa.

En su propuesta de reformar el inciso e) de la fracción I del artículo 12, la iniciativa es redundante, ya que el propio artículo 12, en la fracción XIV, estipula que se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los análogos y conexos a los contenidos en las fracciones del mismo artículo y que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral, dejando abierta la posibilidad de proteger a las mujeres, como se establece en el artículo 4, así como a todos los individuos que lo requieran, sin constreñirse únicamente al ámbito familiar.

Creemos que el texto vigente de la Ley de Asistencia Social es adecuado y cumple el espíritu de protección de los más necesitados que motivó su aprobación por el poder legislativo, resultado de un profundo análisis y considerando todas las aportaciones de los diputados y senadores de la LIX Legislatura.

Aunado a lo anterior y en relación con el espíritu de la iniciativa, con el que coincidimos, es necesario señalar que con fecha 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se establece la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como se señala en su artículo 1.

En este orden de ideas, la mencionada ley establece en su artículo 3 que todas las medidas que se deriven de la misma garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

De la misma manera, estipula en el artículo 5, fracciones IV, V y VI, lo que se entiende por ``violencia contra las mujeres'', ``modalidades de violencia'' y ``víctima'', que a la letra dicen:

IV. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

V. Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;

VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;

La nueva ley no deja de lado la llamada ``violencia intrafamiliar'', y establece en el Título Segundo, Capítulo I, ``De la Violencia en el Ámbito Familiar'', lo siguiente:

Artículo 7. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

En este sentido, el artículo 9 de la ley menciona que con objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán

I. Tipificar el delito de violencia familiar, que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley;

II. Establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños;

III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma; y

IV. Incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que los motivos que originaron la iniciativa en estudio se han visto cumplidos e incluso superados por la legislación referida, por lo cual no creemos procedente su aprobación.

En otro orden de ideas, es importante hacer mención de que no sólo es el Poder Legislativo el que ha tomado medidas para detener la violencia al interior de las familias.

El Poder Ejecutivo, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 30, fracciones III y XVIII, 50, 60, 13, apartado A, 169, 171 y demás relativos de la Ley General de Salud; 30, fracción XI, 40, fracción XI, 41, 43 y 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás relativos, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA-1999, ``Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar'', misma que se encuentra vigente y cuya observancia es obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el sistema nacional de salud.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asistencia Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de febrero de 2005.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo , Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján .»

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal

Marzo 7 de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa y, conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. El 6 de diciembre de 2005, el diputado Ramón Galindo Noriega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

2. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen.

Descripciones de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina pretende adicionar un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Ley sobre la Celebración de Tratados

Artículo 12. Las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de las sentencias, laudos arbitrales o resoluciones jurisdiccionales con carácter de indemnizaciones, compensaciones o multas serán cumplimentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que el acto impugnado haya sido emitido por una dependencia del gobierno federal, una entidad federativa o un municipio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá consultar con la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio, según sea el caso, a fin de llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones bajo los cuales ésta restituirá a la secretaría el monto que debió ser cubierto a razón de la obligación derivada de un tratado internacional. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la autoridad que emitió el acto impugnado no pudiese llegar a un acuerdo en los términos antes descritos, esta secretaría estará facultada para efectuar las retenciones y descuentos correspondientes a una entidad federativa o municipio respecto del presupuesto de la dependencia de gobierno en cuestión, en cuyo caso podrá hacerlo en subsecuentes ejercicios fiscales con el fin de no desequilibrar las finanzas de la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio correspondiente.

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 9o.Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La salvedad anterior se aplicará igualmente respecto de las obligaciones que las entidades o municipios contraigan con la federación, según lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 12 de la Ley de Celebración de Tratados.

La iniciativa que pretende adicionar un artículo 12 a la Ley sobre Celebración de Tratados y reformar el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, externa una preocupación por su autor, en el sentido de buscar reglamentar algunos aspectos relacionados con indemnizaciones y decisiones judiciales generadas por el incumplimiento de tratados internacionales de los cuales México es parte; y argumenta lo siguiente:

... en nuestra actual legislación mexicana no se establece a quién le corresponde pagar las indemnizaciones generadas de algún incumplimiento al tratado por lo que en diferentes casos o ha tenido que pagar la federación y descontar del presupuesto de egresos de la entidad federativa que cometió la falta

Y también cuando indica:

... propongo que una vez que la SHCP haya cubierto el monto reclamado, se otorgue la posibilidad de que la secretaría y la autoridad responsable negocien y acuerden la forma en que esta última restituirá el monto que la SHCP tuvo que pagar a la autoridad o corporación extranjera.

Consideraciones de las comisiones unidas

Respecto a la adición del artículo 12 de la Ley de Celebración de Tratados, las comisiones dictaminadores estiman conveniente que existan disposiciones que establezcan tanto los mecanismos como las vías para que, en su momento, la federación haga frente a esos compromisos, y posteriormente, de ser el caso, pueda recuperar las erogaciones que hubieren sido hechas en razón de un acto de una entidad federativa, local o municipal. No obstante lo anterior, la Ley sobre la Celebración de Tratados no es el instrumento en que se deben incluir tales disposiciones.

El texto que se propone adicionar a la Ley sobre la Celebración de Tratados como artículo 12 desborda ampliamente el ámbito de dicha ley, dado que el contenido del mismo abarca cuestiones de naturaleza presupuestal, tributaria, de responsabilidad y del ámbito municipal, local y federal.

Por ello se estima que los procedimientos propiamente dichos de la solución interna sobre quién debe asumir al final el costo de la erogación y por medio de qué figura se debe asumir el mismo se indiquen en la ley o leyes que reglamentan dichas materias y no en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Adicionalmente, las comisiones dictaminadoras consideran el poder vinculatorio de los tratados internacionales de los cuales México es parte en el sistema jurídico nacional expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999:

... estos compromisos internacionales (refiriéndose a los tratados internacionales) son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional...'' (Tesis LXXVII/99.)

Es decir, las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de que México es parte rigen para toda la federación, razón por la cual las dependencias de gobierno, estados y municipios se encuentran obligadas a cumplir las normas contenidas en los mismos, incluyendo el pago de las indemnizaciones, compensaciones o multas. Este principio justifica plenamente la obligación de las dependencias de gobierno, estados y municipios de solventar las multas de las cuales fueran responsables, independientemente de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las pague en primera instancia.

Adicionalmente, es conveniente tomar en consideración disposiciones vigentes que aportan ya una solución a cuestiones de una naturaleza semejante. Por ejemplo, el inciso e) del artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece lo siguiente:

Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación, quedando la parte correspondiente de la entidad federativa en los términos que su propia legislación disponga;

Y en el último párrafo de este mismo artículo se señala:

El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas respecto de la materia que regula la presente ley.

Respecto a la reforma del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, cabe señalar que la Ley sobre la Celebración de Tratados señala en el artículo 1o.: ``La presente ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales''. Y agrega: ``El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben''. Es decir, los tratados internacionales sólo pueden ser celebrados entre el gobierno federal.

Con relación a la afectación de participaciones, ésta se sujeta a las siguientes disposiciones: en primer término, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, establece: ``Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública; y...''

Por otro lado, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece: ``Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

``Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

``Las entidades y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso, las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información respecto a los registros de su deuda...''

La reforma del artículo 9o. en comento también incluye a partir de 1996 lo siguiente:

``... procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los municipios y las obligaciones que tengan con la federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.''

Del texto anterior se deduce que la Secretaría de Hacienda sólo puede afectar las participaciones cuando exista acuerdo entre las partes o la Ley de Coordinación Fiscal se lo autorice.

Por esa razón, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público resolvemos:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 6 de diciembre de 2005 por el diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2007.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio , Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo , César Octavio Camacho Quiroz , Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), José Murat (rúbrica), Edmundo Ramírez Martínez , Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar , Lourdes Quiñones Canales , Laura Angélica Rojas Hernández , Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Emigdio Garza Garza , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fortalecimiento del Federalismo, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal

7 de marzo de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo, al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, por el diputado Martín Remigio Vidaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de abril de 2004.

Estas comisiones unidas que suscriben, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 22 de abril de 2004 el diputado Martín Remigio Vidaña Pérez presentó ante el Pleno una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 37 de al Ley de Coordinación Fiscal.

2. Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-5-571 de fecha 22 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo de la LIX Legislatura la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen.

Consideraciones de las comisiones unidas

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo de la LX Legislatura después de un detallado análisis de la iniciativa en comento estimaron los motivos y fundamentos de la iniciativa que se dictamina, considerando improcedente su aprobación con base en las consideraciones siguientes:

Las que dictaminan consideran que un estado de derecho, se distingue por respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido, garantizando los derechos humanos de las personas y sobre todo, se recurra a las medidas para prevención del delito, lo que conlleva al cumplimiento de la seguridad pública, que constituye una de las funciones más importantes de todo Estado que es la de salvaguardar la integridad física de las personas, la protección patrimonial, así como el orden y la paz pública, lo cual es posible a través de normas, políticas y acciones encaminadas a la prevención y persecución de delitos, así como, de las violaciones que atentan contra el orden público y que actualmente requiere nuestra sociedad, pues tanto la seguridad, la justicia y el bien común, son los fines propios que persigue el derecho.

De ahí que el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal señale que: ``Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de los estados, y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley''.

De acuerdo al considerando anterior el artículo 37 de la ley en comento establece claramente el objetivo y la finalidad del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, señalando expresamente que se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras y necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública.

En este sentido y de una interpretación estricta a la reforma que se propone, ésta no se encuadra en los objetivos que originaron la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, ya que lo que se pretende establecer es desviar hasta el 10 por ciento de las aportaciones al pago de los adeudos que tanto los municipios como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tengan en materia de alumbrado público. Además que ello traería como consecuencias distraer recursos que se encuentran claramente señalados en la Ley de Coordinación Fiscal.

Adicionalmente debe considerarse que, en principio, los municipios no necesitan los recursos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios para cubrir estas erogaciones, ya que en la fracción IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución se reconocen como ingresos propios del municipio los derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, en donde las haciendas municipales pueden administrar libremente las contribuciones que las legislaturas locales establezcan a su favor.

Conforme a dichas atribuciones, las entidades federativas han establecido en sus legislaciones locales el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público, cuya recaudación corresponde a las haciendas municipales. Así, en el ámbito del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En ese orden de ideas, los ingresos que por este concepto obtienen los municipios resultan de gran importancia para sus finanzas al resarcirlos de los gastos y costos en los que se incurren para la prestación de dicho servicio.

Derivado de lo anterior, las que dictaminan no consideran viable aceptar la propuesta en comento, toda vez que viola la propia naturaleza que animó la creación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios e indirectamente impediría que los municipios eficienten sus esquemas de cobro de atributos.

Por las consideraciones antes expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo emitimos el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios puedan aplicar hasta el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, a fin de cubrir adeudos en materia de alumbrado público, presentada por el diputado Martín Remigio Vidaña el 22 de abril de 2004.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2007.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Emigdio Garza Garza , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, diputados: Armando Enríquez Flores (rúbrica), presidente; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez , Ramón Landeros González (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón , Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Venancio Luis Sánchez Jiménez , Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , Andrés Carballo Bustamante , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).»

LEY DE PLANEACION - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena , integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

2. En esa misma fecha, veintiuno de noviembre de dos mil seis, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

3. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

4. Con fecha trece de marzo de dos mil siete, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señalan los iniciadores que la creciente insatisfacción ciudadana hacia las instituciones públicas ha dado lugar a la amenaza más peligrosa: la crisis de legitimidad de la democracia representativa como sistema de gobierno, ya que la pérdida de confianza en las instituciones y en los líderes políticos menoscaba la legitimidad de los gobiernos democráticos.

Con el fin de superar lo anterior, la exposición de motivos señala que es necesario poner en práctica nuevos mecanismos como la formulación presupuestal que dé impulso al régimen de la planeación, como instancia estratégica para inscribir las leyes y políticas sociales y económicas, en un perspectiva nacional que favorezca el desarrollo del país; sin embargo, a decir de los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena , los análisis de distribución del ingreso, de la riqueza física o de la educación y la salud, muestra una exagerada concentración que ha profundizado las diferencias entre los que todo lo tienen y los que nada poseen. En este sentido, se consideraría situar a la Planeación en su justa dimensión, de acuerdo a los postulados establecidos en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos se señalan los antecedentes que, desde la etapa del México posrevolucionario, se han dado en materia de planeación hasta la ley en la materia, promulgada en 1989, y que se encuentra en vigor.

De esta forma, los proponentes plantean que en la Ley de Planeación el papel del Congreso es reducido, ya que puede opinar, pero no aprobar o rechazar el Plan Nacional del Desarrollo, por lo que sería necesario reformar la Ley de Planeación para establecer que el Congreso deba conocer, revisar y, en su caso, modificar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo; igualmente, se propone la creación de una Comisión ordinaria que sería denominada ``Comisión del Plan Nacional de Desarrollo'', adicionando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

1. La Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, tiene por objeto establecer las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar las actividades de la Administración Pública Federal; igualmente, sienta las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, las bases para que el Ejecutivo federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, de los pueblos y comunidades indígenas y para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos del plan y de los programas.

2. Dichos objetivos de la Ley de Planeación obedecen al mandato previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga al Estado mexicano a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima la solidez, permanencia, equidad y dinamismo al crecimiento de la economía para la democratización política, social y cultural de la nación.

3. La planeación nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. de la ley en la materia, es entendida como ``la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen''.

4. De la lectura anterior se desprende la responsabilidad del Poder Ejecutivo para conducir la planeación nacional del desarrollo y establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática, y los criterios para la formulación, la implementación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

5. En este sentido, la planeación es un proceso que se constituye en un ámbito ``preparlamentario'' y ``paragubernamental'', ya que sus objetivos se trazan en paralelo a los mecanismos de gobierno, como una forma de autorregulación del Poder Ejecutivo, democratizando los procesos políticos y gubernamentales.

6. Por otro lado, para recabar y poner la atención correspondiente a las demandas sociales para ser incorporados al plan, será competencia del Poder Legislativo federal determinar las fórmulas y procesos que atiendan las aspiraciones sociales para ser incorporados en los diversos planes de desarrollo de la administración pública.

7. En el sistema de planeación, el Congreso de la Unión, y sus respectivas Cámaras, vigilarán el cumplimiento de los postulados del Plan de Desarrollo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Planeación, de la siguiente forma:

a) Examinar y opinar sobre el plan remitido por el Ejecutivo. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan;

b) Atender el informe del presidente de la república sobre el estado general que guarda la administración pública del país, donde hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;

c) Atender el informe remitido por el Ejecutivo de la Unión a la del Congreso de la Unión, durante el mes de marzo, sobre las acciones y resultados del plan y los programas a que se refiere el primer párrafo del artículo 6o. de la Ley de Planeación, incluyendo los apartados específicos con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. constitucional en materia de derechos y cultura indígena;

d) El análisis del contenido de las cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal con relación a los objetivos y prioridades de la planeación nacional.

e) La aprobación de la Cámara de Diputados de las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos de la federación, cuyo contenido estará relacionado con los programas anuales que deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

8. Igualmente, el precepto constitucional dispone que la ley señalará cuáles son los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de los estados e induzca a con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

9. Por otro lado, atendiendo a la competencia de los Poderes de la Unión, el propósito establecido en la iniciativa con el fin de que el Congreso de la Unión apruebe y, en su caso, modifique el Plan Nacional de Desarrollo no es una atribución expresamente otorgada en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial siguiente:

``Poderes de la federación. Las atribuciones de uno respecto de los otros se encuentran limitativamente previstas en la Constitución y en las leyes que a ella se ajustan.

...Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder...

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, septiembre de 2000. Tesis: P. CLVIII/2000, página: 33. Materia: constitucional. Tesis jurisprudencial.''

10. Por la tesis jurisprudencial y las consideraciones vertidas anteriormente, se concluye que, al no estar señaladas las atribuciones para aprobación y, en su caso, modificación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Poder Legislativo, y en acato al principio de supremacía constitucional respetando la esfera de competencia del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo, no se considera procedente la propuesta de la iniciativa materia del presente dictamen.

Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, presentada por los diputados Víctor Samuel Palma César y Alfredo Ríos Camarena , el veintiuno de noviembre de dos mil seis.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a los trece días del mes de marzo de dos mil siete.

Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera , Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Manzanares (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández , Maria del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia , José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez , René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla , Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Víctor Samuel Palma César , Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre , José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).»

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan 10 iniciativas relacionadas con la Ley del Impuesto sobre la Renta

Marzo 7, de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Legisladores de la LIX Legislatura, presentaron iniciativas en materia de Ley del Impuesto sobre la Renta, en la forma siguiente:

1. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de junio de 2006.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de octubre de 2005.

3. Iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los diputados Graciela Larios Rivas y Armando Neyra Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de marzo de 2006.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de noviembre de 2005.

5. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 25 de octubre de 2005.

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 27 de abril de 2006.

7. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles, en materia de estímulos para inversión en energía renovable, presentada por el Senador Fauzi Hamdán Amad, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en nombre propio y diversos Senadores el 25 de octubre de 2005.

8. Iniciativa que reforma los artículos 8º y la fracción XVIII del segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado José Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de febrero de 2006.

9. Iniciativa que adiciona los artículos 29 y 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de marzo de 2006.

10. Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2006.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de cada una de las iniciativas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 7 de junio de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y determinó que se turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

2. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 20 de octubre de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y determinó que se turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 7 de marzo de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los diputados Graciela Larios Rivas y Armando Neyra Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y determinó que se turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

4. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, realizada el 27 de octubre de 2006, la mesa Directiva de la Colegisladora se presentó Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta del Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue remitida a la Cámara de Diputados.

En sesión ordinaria del 3 de noviembre de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

5. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 25 de octubre de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, y determinó que se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

6. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 27 de abril de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y determinó que se turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

7. En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, realizada el 20 de octubre de 2006,se presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles, en materia de estímulos para inversión en energía renovable, presentada por el Senador Fauzi Hamdán Amad , del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en nombre propio y diversos Senadores, misma que fue remitida a la Cámara de Diputados.

En sesión ordinaria del 25 de octubre de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

8. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 2 de febrero de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa que reforma los artículos 8º y la fracción XVIII del segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado José Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y determinó que se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

9. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada del 30 de marzo de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa que adiciona los artículos 29 y 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del Diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de marzo de 2006, y determinó que se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

10. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 9 de febrero de 2006, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, que se determinó que se turnara a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, para su estudio y dictamen.

Descripción de las iniciativas

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de junio de 2006.

La iniciativa presentada, pretende aplicar la tasa del 26% en el primer año de calendario de apertura de la empresa, o cuando ésta tenga contrataciones por haber aperturado nuevos puestos de trabajo en el año inmediato anterior superiores al 10% de su plantilla laboral total, siempre y cuando no haya cancelado ninguna plaza activa de trabajo. Asimismo, dispone que será la ley Laboral en la cual se determinará la frecuencia con la que este descuento aplicará, que en ningún caso será superior a tres veces consecutivas.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de octubre de 2005.

Propone reformar el cuarto párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), a efecto de que no se consideren acumulables para los contribuyentes del Título II de dicha disposición, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de subsidiarias residentes en el extranjero, cuando los dividendos sean identificables con las utilidades que éstas a su vez hayan percibido de personas morales residentes en México.

3. Iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los diputados Graciela Larios Rivas y Armando Neyra Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de marzo de 2006.

La iniciativa propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 y el ultimo párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores se consideran ingresos en servicios aun cuando estos últimos, se proporcionen en las instalaciones propias (comedores en los centros de trabajo) o en su caso, al carecer de éstas, dados los altos costos de inversión, mantenimiento y operación de las mismas, sean proporcionados a través de los establecimientos expendedores de alimentos que posibiliten su adquisición, proponiendo para su deducibilidad fiscal los límites ya establecidos en la ley vigente.

En tal sentido la reforma pretende conceptuar a los alimentos y a la alimentación como instrumento básico de trabajo, con lo cual se lograrán diversos beneficios para los trabajadores y sus familias, así como se reactivará el sector de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de alimentos, al generar nuevas fuentes de empleos.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta EL Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de noviembre de 2005.

La iniciativa en comento incluye a los montacargas dentro de los supuestos previstos por la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y con ello permitir la deducción del 25% como máximo del valor de estos bienes.

5. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 25 de octubre de 2005.

La Iniciativa propone adicionar un cuarto párrafo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), a efecto de evitar que contribuyentes personas morales del Impuesto sobre la Renta reciban, de manera simultánea, tanto el estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la LISR, como otro tipo de apoyos económicos otorgados por los Fondos CONACYT y Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Asimismo, se pretende que de la adición se exceptúe a universidades, instituciones de educación superior, institutos, centros públicos de investigación y personas físicas que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 27 de abril de 2006.

La Iniciativa en comento pretende establecer un estímulo fiscal para fomentar la contratación de personas adultas mayores, permitiendo al patrón deducir de sus ingresos un monto equivalente al 20% del Impuesto Sobre la Renta, retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles, en materia de estímulos para inversión en energía renovable, presentada por el Senador Fauzi Hamdán Amad, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en nombre propio y diversos Senadores el 25 de octubre de 2005.

La Iniciativa de referencia, consiste en modificar las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Activo, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con la finalidad de establecer diversos estímulos fiscales que incentiven el establecimiento de empresas que generen tecnologías, productos y energía con fuentes renovables, así como de estimular el consumo de bienes que utilicen fuentes de energía renovable o aumenten la eficiencia energética de las fuentes de energía convencional.

8. Iniciativa que reforma los artículos 8º y la fracción XVIII del segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado José Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de febrero de 2006.

La iniciativa descrita, adiciona el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) a efecto de considerar dentro del sistema financiero a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como modificar la fracción XVIII del artículo segundo transitorio de las disposiciones transitorias de la LISR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002 a efecto de considerar a las sociedades de ahorro y préstamo (SAP´s) parte del sistema financiero del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2008 y se considerarán no contribuyentes del impuesto sobre la renta por ser no lucrativas, en términos del artículo 95, fracción XIII de la LISR.

9. Iniciativa que adiciona los artículos 29 y 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de marzo de 2006.

La iniciativa presentada pretende adicionar al artículo 29 una nueva fracción VIII, y al artículo 98 una nueva fracción II, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con lo que se tiene la intención de promover y fomentar el desarrollo de las actividades deportivas mediante incentivos fiscales a las sociedades y asociaciones.

10. Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2006.

La iniciativa que nos ocupa, pretende adicionar una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de prever como deducción personal las inversiones realizadas durante el ejercicio correspondiente de hasta $150,000.00 en fondos de inversión de capital de riesgo que a su vez participen en el capital de pequeñas y medianas empresas que tengan proyectos viables y rentables y que no produzcan efectos negativos en el medio ambiente.

Asimismo, prevé que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinarán las reglas de operación.

Consideraciones de la Comisión

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los Diputados Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de junio de 2006.

La iniciativa presentada, pretende aplicar la tasa del 26% en el primer año de calendario de apertura de la empresa, o cuando ésta tenga contrataciones por haber aperturado nuevos puestos de trabajo en el año inmediato anterior superiores al 10% de su plantilla laboral total, siempre y cuando no haya cancelado ninguna plaza activa de trabajo. Asimismo, dispone que será la ley Laboral en la cual se determinará la frecuencia con la que este descuento aplicará, que en ningún caso será superior a tres veces consecutivas.

La que dictamina considera que la propuesta presentada no es viable, debido a que la misma tiene un alto impacto hacia las finanzas públicas, lo cual traería un efecto negativo, por concepto de impuesto sobre la renta. Asimismo, la iniciativa no cuantifica el impacto recaudatorio de la medida, conforme el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el Senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de octubre de 2005.

Propone reformar el cuarto párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), a efecto de que no se consideren acumulables para los contribuyentes del Título II de dicha disposición, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de subsidiarias residentes en el extranjero, cuando los dividendos sean identificables con las utilidades que éstas a su vez hayan percibido de personas morales residentes en México.

La que dictamina considera que no es de aprobarse esta iniciativa por las razones siguientes:

La LISR considera acumulables aquellos dividendos distribuidos por residentes en el extranjero, señalando que, a efecto de evitar una doble tributación, se tendrá la posibilidad de acreditar el ISR pagado por dichas sociedades, en el monto proporcional que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México.

El motivo que dio origen al artículo 17 de la LISR fue evitar que los dividendos percibidos por personas morales de otras personas morales, residentes en el extranjero, fueran considerados ingresos acumulables y por consiguiente se sujetaran repetidamente al pago de impuestos.

La limitación a ``dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México'', obedece a que es precisamente en dicho supuesto se justifica la necesidad de evitar una doble tributación, por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), razón que no se vería acreditada en el caso de que los dividendos provinieran de sociedades residentes en el extranjero, ya que si bien dichos dividendos, pudieran quedar afectos a un impuesto en su Estado de residencia, en México, las utilidades de las que proviene el dividendo pudieran no haberse acumulado para el caso de ISR.

En este sentido, es de considerar que en los términos en que se encuentra planteada la iniciativa podrían generarse prácticas de evasión fiscal en detrimento del Fisco Federal.

Adicionalmente, cabe destacar que, si bien, la iniciativa establece que no serán acumulables los ingresos por dividendos o utilidades percibidos a través de subsidiarias residentes en el extranjero ``cuando los dividendos sean identificables con las utilidades que éstas a su vez hayan percibido de personas morales residentes en México'', lo cierto es que no menciona alternativa alguna para indicar de qué manera se acreditaría que efectivamente tales dividendos se identificarán con las utilidades que esas subsidiarias hubiesen percibido de personas morales en el extranjero, lo cual sería en definitiva un factor negativo para efectos de recaudación.

3. Iniciativa que reforma los artículos 32 y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los diputados Graciela Larios Rivas y Armando Neyra Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de marzo de 2006.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, destaca que del análisis efectuado a la exposición de motivos de la Iniciativa, en relación con las reformas propuestas, no es posible desprender una vinculación directa entre las mismas, lo anterior, en virtud de que las reformas a los artículos 32 y 110, en los términos propuestos de ninguna manera cumplen con el objetivo pretendido consistente en buscar dar un incentivo fiscal a los patrones, beneficiar a los trabajadores o fomentar nuevas fuentes de empleo y únicamente se limita a ampliar la no deducibilidad, prevista en la actualidad únicamente para gastos en comedores, a alimentos proporcionados por el patrón y a sus trabajadores en locales propios del centro del trabajo o los proporcionados a través de establecimientos de consumo de alimentos.

Del estudio de la Iniciativa no se precisa lo que respecta a la reforma propuesta al artículo 32, fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que únicamente retoma una parte del primer párrafo de la fracción en comento con lo cual queda la incertidumbre respecto a si la Iniciativa pretende modificar de manera total la fracción o solo de forma parcial.

En base a lo anteriormente expuesto la que dictamina considera que la Iniciativa no guarda correlación con la exposición de motivos y por lo mismo la reforma no alcanzaría la intención buscada más aún crea confusión en cuanto a su contenido.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta el senador Fernando Gómez Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de noviembre de 2005.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que la reforma propuesta a la fracción VI del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya se encuentra contemplada en dicha disposición. Lo anterior, por virtud del ``Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales'', publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2005 y que entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2006.

5. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 25 de octubre de 2005.

La Iniciativa propone adicionar un cuarto párrafo a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), a efecto de evitar que contribuyentes personas morales del Impuesto sobre la Renta reciban, de manera simultánea, tanto el estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la LISR, como otro tipo de apoyos económicos otorgados por los Fondos CONACYT y Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

La que dictamina no considera viable la iniciativa por las siguientes razones:

La iniciativa no considera el principio de equidad previsto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual radica en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes deberán recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación y deducción, entre otros. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, respecto del principio de proporcionalidad y equidad tributaria.

En base a lo antes expuesto, es de destacar que la iniciativa no presenta una causa objetiva y justificada por la cual fuera factible que contribuyentes que se ubiquen en una misma hipótesis debieran recibir un tratamiento distinto, por lo que la reforma propuesta estaría contraviniendo el precepto constitucional antes invocado al prever un tratamiento preferencial de ciertos contribuyentes, con respecto a otros.

En este mismo sentido, es importante destacar que se estaría dejando en estado de indefensión a los contribuyentes personas morales que en la actualidad gozan del beneficio al estimulo fiscal previsto por el artículo 219 de la LISR, al no prever régimen transitorio alguno para los mismos.

Sin perjuicio de lo anteriormente manifestado, es importante destacar, que debiera presentarse como una propuesta integral, a efecto abarcar todas las disposiciones que guardan relación con la situación particular, en este sentido, cabe destacar que el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé el estímulo fiscal a que hace referencia el artículo 219 de la LISR.

En tal sentido, es que la iniciativa resultaría incongruente, al no prever la reforma planteada, tanto en la LISR, como en la Ley de Ciencia y Tecnología, en su parte correspondiente, lo cual pudiera ser objeto de impugnación por parte de los particulares.

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Diputado Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 27 de abril de 2006.

La Iniciativa en comento pretende establecer un estímulo fiscal para fomentar la contratación de personas adultas mayores, permitiendo al patrón deducir de sus ingresos un monto equivalente al 20% del impuesto sobre la renta, retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Comisión que dictamina considera que el otorgamiento de este estímulo cuenta con un alto impacto hacia las finanzas públicas, lo cual traería un efecto negativo al encontrarse el gobierno federal ante la necesidad de contar con menores ingresos, por concepto de impuesto sobre la renta, para atender ciertos sectores prioritarios.

Así mismo, de la Iniciativa es posible desprender que podría contravenir lo previsto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que otorga un beneficio a ciertas empresas con respecto de otras que no requiriesen por su actividad contratar los servicios de adultos mayores, con lo cual se podría estar otorgando un trato diferencial e inequitativo.

Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que la presente iniciativa no incluye en la exposición de motivos el impacto recaudatorio que exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, ni los mecanismos alternos que pudieran compensar la pérdida recaudatoria de la medida.

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles, en materia de estímulos para inversión en energía renovable, presentada por el Senador Fauzi Hamdán Amad, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en nombre propio y diversos Senadores el 25 de octubre de 2005.

A. Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Activo

La iniciativa pretende adicionar una fracción XIV al artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer una deducción del 100% para la maquinaria y equipo que utilicen fuentes de energía renovables.

Sobre este punto, se considera que no es necesaria la adición que se plantea, toda vez que actualmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 40, fracción XII, ya permite la deducción al 100% de la maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables.

Asimismo, no se considera necesaria la definición que se plantea como numeral 1 del artículo quinto de la iniciativa de decreto que nos ocupa, ya que en el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya se establece una definición de lo que se debe entender como fuentes renovables de energía, que señala que son aquellas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, el precepto legal citado establece que se considera generación, la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía.

Como se puede observar, actualmente la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya contempla un estímulo a la generación de energía a través de fuentes renovables, el cual se encuentra adecuadamente definido en la propia ley; además, de aprobarse la iniciativa que nos ocupa puede generar una contradicción con la regulación vigente, al subsistir la deducción prevista en el artículo 40, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la fracción XIV que se pretende adicionar.

Es importante destacar, que con el objeto de que el beneficio de la deducción no se convierta en un mecanismo para erosionar la base del impuesto sobre la renta y cumpla su objetivo de fomentar el uso de las energías renovables, la actual fracción XII del artículo 40 citado, condiciona su aplicación al hecho de que la maquinaria y equipo se encuentre en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción, aspecto que no contempla la iniciativa que nos ocupa, pues para la deducción no se establece condición alguna, de ahí que de aprobarse la adición propuesta, rompería con el objetivo propuesto de fomentar el uso de fuentes renovables de energía y convertirse en un simple mecanismo de evasión o elusión fiscal.

Por lo que se refiere a la adición de las fracciones XVI y XVII al artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estima que ya se encuentra contemplada su deducción en el enunciado genérico de la actual fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dado que la deducción es aplicable a cualquier maquinaria o equipo utilizado para la generación de energía proveniente de fuentes renovables.

Además, es importante señalar que el objetivo que actualmente contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta, es el de fomentar la generación de energía a través de fuentes renovables, aspecto que va acorde con la política fiscal y los acuerdos internacionales que México tiene celebrados. Sin embargo, la iniciativa que nos ocupa, además de la generación de energía, amplia el beneficio al uso de maquinaria y equipo que utilice fuentes renovables de energía, aspecto que contrariamente a lo señalado en la exposición de motivos, si genera un impacto recaudatorio al abrir la aplicación de la deducción a cualquier tipo de bien por el simple hecho de utilizar fuentes renovables de energía.

Aunado a lo anterior, el artículo 41, regula la deducción de maquinaria y equipo que no se contemple en el artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se utilice en una actividad determinada; sin embargo, la propuesta que nos ocupa no establece la utilización del equipo o maquinara a una determinada actividad, sino que enuncia equipo o maquinaria específica para generar energía a través de fuentes renovables, lo cual, como ya se señaló, se encuentra previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Además, técnicamente es inadecuado extender el tratamiento en materia de depreciación a la maquinaria y equipo utilizado por una industria, sólo porque una parte está vinculada con fuentes renovables de energía. Ello, lleva al extremo de que por utilizar cualquier fuente de energía renovable para hacer funcionar alguna industria, todos los activos de dicha industria deban depreciarse al 100%. Ello, rompe con todo los principios para depreciar los activos, es decir, diferenciar cada bien por su vida útil, obsolescencia tecnológica, tratamiento contable y comparación internacional.

En el contexto internacional, las tasas de depreciación que se señalan para la producción de energía de fuentes renovables, aplican exclusivamente a los activos utilizados para tal fin.

Asimismo, no se considera viable la adición de una fracción XVIII al artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que pretende otorgar una deducción del 100% a la maquinaria y equipo que se utilice en la captura de gases de efecto invernadero, dado que se estima que se duplicaría con la deducción del 100% a la maquinaria y equipo que se utilice para prevenir y controlar la contaminación ambiental, que actualmente se contempla en la fracción XIV del artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la cual se estima se incluye cualquier maquinaria y equipo para la captura y reducción de gases de efecto invernadero.

Ahora bien, por lo que se refiere a la disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tampoco se considera viable en atención a lo siguiente:

En principio, la iniciativa de mérito no contempla en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de la medida propuesta, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Aunado a lo anterior, la medida genera un doble beneficio que impacta de manera importante a las finanzas públicas, dado que por una parte se otorga, en materia de impuesto sobre la renta, la deducción del 100% de la maquinaria y equipo que utilice fuentes renovables de energía y además se concede un crédito fiscal equivalente a la diferencia entre el costo de bien que utilice fuente de energía convencional y el costo del bien que utilice fuente de energía renovable.

Además, el crédito fiscal que se pretende otorgar no se condiciona al hecho de que se sustituya los bienes que utilizan energía convencional por bienes que utilizan energía de fuentes renovables, por lo que la medida que se propone no estaría cumpliendo su objetivo extrafiscal de protección al ambiente y simplemente se convierte en un instrumento que permite disminuir la carga fiscal.

Más aún, como se encuentra estructurado el crédito fiscal, puede aplicarlo cualquier contribuyente con independencia que adquiera o no bienes que utilicen fuentes renovables de energía, pues la iniciativa que nos ocupa en modo alguno condiciona la aplicación del crédito a la adquisición del bien que utilice fuentes renovables de energía.

De igual forma, de aprobarse la iniciativa que nos ocupa en los términos propuestos, permitiría que los contribuyentes apliquen el mismo crédito fiscal contra impuestos federales y sus accesorios durante 15 años, aún y cuando ya lo hubieran aplicado y agotado en un ejercicio.

Además, la aplicación del crédito fiscal contra cualquier impuesto federal o sus accesorios, permitiría su acreditamiento contra impuestos como el de automóviles nuevos y el de tenencia de vehículos, que son impuestos federales que administran las entidades federativas y lo cual tendría un impacto recaudatorio en las finanzas públicas de la propias entidades federativas.

Cabe señalar que, conforme a la experiencia internacional, los países que aplican instrumentos económicos y fiscales, buscan encauzar la conducta de los agentes económicos hacia un menor daño al ambiente, no sólo mediante mecanismos de estímulo como deducciones, sino también mediante impuestos con fines recaudatorios. En países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, la enajenación, concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, está muy relacionada con el desarrollo de un mercado de emisión de contaminantes, a través del cual se definen los promedios de contaminación, y las empresas que contaminan menos de la media establecida le sobrarán derechos que podrá vender, situación que aún no se presenta en México.

Por lo que se refiere a la adición de un último párrafo al artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, dado la amplitud de los activos que se pueden deducir, abre la posibilidad de que cualquier activo por el hecho de que manera indirecta o esporádica se utilice a la producción, generación, instalación o mantenimiento de fuentes de energía renovable, pueda deducirse de la base del impuesto al activo, lo que provocaría básicamente desaparecer el gravamen.

Además, la Ley del Impuesto al Activo contempla ya esta disposición, al considerarse tal impuesto como complementario del de renta. De esta manera, al establecer que conforme al Artículo 40 fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta será deducible al 100%; e incluir en la LIMPAC su propuesta, se estaría otorgando un doble beneficio.

Por otra parte, estas propuestas requieren del establecimiento de un aparato administrativo destinado a evaluar y supervisar que efectivamente las empresas realicen las actividades señaladas, lo cual podría generar prácticas discrecionales, como sucedió en el pasado.

Finalmente, se ha considerado más eficiente apoyar la protección del medio ambiente, con medidas dirigidas a promover la inversión en tecnología anticontaminante, para evitar agudizar los efectos de concentración fabril y de contaminación; promover mayores gastos en investigación y desarrollo, y consecuentemente en tecnologías limpias en cuanto a las emisiones contaminantes.

B. Ley del Impuesto al Valor Agregado

La iniciativa en comento propone reformas en materia del impuesto al valor agregado deben estar orientadas a eliminar las distorsiones causadas por los diversos regímenes preferenciales y tratamientos de excepción que restan neutralidad, equidad y simplicidad al sistema tributario, se considera que la propuesta de modificaciones previstas en la iniciativa en estudio no es apropiada, ya que con ella se propone ampliar la aplicación de la tasa de 0% a la enajenación o al uso o goce temporal de bienes que utilicen fuentes de energía renovable o que aumenten la eficiencia energética de las fuentes de energía convencional, a la enajenación o al uso o goce temporal de maquinaria y equipo que capture los gases de efecto invernadero, así como a diversos servicios relacionados con el uso de dicha energía y con la captura de los gases citados.

Por otra parte, se considera que el texto propuesto en la iniciativa en análisis al utilizar el concepto de ``Bienes que utilicen fuentes de energía renovables o que aumenten la eficiencia energética de las fuentes de energía convencional...'', en los supuestos de enajenación de bienes y de otorgamiento del uso o goce temporal, puede implicar una enorme dificultad en el control administrativo de la medida, puesto que tendría que tratarse de bienes con especificaciones técnicas perfectamente identificadas para que se ubiquen en el supuesto de la norma. Al no ser esto así y al establecerse en la propuesta una definición tan amplia de los bienes afectos a la tasa de 0%, se estima que daría lugar a abusos en la aplicación del beneficio que representa la aplicación de dicha tasa, en cuyo caso el impacto en las finanzas públicas sería significativo.

En efecto, debe tomarse en cuenta que conforme a la Iniciativa en comento, los bienes a los cuales les sería aplicable la tasa 0% estarían definidos por las fuentes de energía renovable que utilicen y no por sus características. En este sentido, cualquier bien de uso eléctrico en general (electrodomésticos, computadoras, maquinaría y equipo eléctrico) podría calificar para sujetarse a la tasa 0% del IVA, ya que la condicionante para aplicar esta tasa es que su suministro de energía eléctrica sea renovable y no a las características propias del bien. Lo mismo sucedería para el caso de prestación de servicios. En consecuencia se considera que el impacto recaudatorio de esta Iniciativa sería significativo.

Por otra parte, respecto a la aplicación de la tasa cero al arrendamiento o uso o goce, además de los bienes objeto de esta Iniciativa, se incluye al equipo agrícola sin vinculación alguna con fuentes alternas de energía, lo cual no promueve la eficiencia energética y las fuentes de energía renovable, ya que se trata de tractores, motocultores y motosierras, entre otros.

En materia de servicios, la iniciativa propone que se aplique la tasa del 0% a:

1. Los servicios relacionados con la proyección, elaboración, creación o realización de proyectos que fomenten el uso de energías renovables o que aumenten la eficiencia energética de las fuentes de energía convencional por encima de los requerimientos que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables.

2. Los servicios relacionados con la producción, mantenimiento, reparación, acondicionamiento de bienes que utilicen fuentes de energía renovable.

3. Los servicios relacionados con la captura de gases de efecto invernadero en términos y para los fines que establecen los tratados internacionales y demás ordenamientos aplicables.

Tampoco se comparte la propuesta de la iniciativa en estudio para establecer la aplicación de la tasa de 0% de IVA a los servicios mencionados, toda vez que resultaría muy difícil mantener un control que permitiera asegurar que dichos servicios fomentan el uso de energía renovable, y más aún, que aumentan la eficiencia energética de las fuentes de energía convencional, por lo que se prevé que esta situación ocasionaría una tendencia a afirmar que se prestan este tipo de servicios, aunque no lo sean, con el objeto de tomar indebidamente el beneficio de la aplicación de la tasa 0%.

C. Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Respecto a la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en la Iniciativa que se estudia, se propone la adición de una fracción IV al artículo 8o., en los términos siguientes:

``Artículo 8o. ...

IV. En la enajenación al público en general de automóviles que funcionen total o parcialmente a través de fuentes de energía renovable.''

El argumento que se expresa en la exposición de motivos para sustentar esta propuesta, es el siguiente:

``... De igual manera, se adiciona una fracción al artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos con la intención de fortalecer la política preventiva de la contaminación, que señala que debemos conservar la biodiversidad nacional, para lo cual el otorgamiento de este estímulo fiscal contribuirá en gran medida a incentivar la adquisición de vehículos automotores que utilicen fuentes alternas a las convencionales...''

8. Iniciativa que reforma los artículos 8º y la fracción XVIII del segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el Diputado José Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 2 de febrero de 2006.

La Iniciativa descrita, adiciona el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) a efecto de considerar dentro del sistema financiero a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como modificar la fracción XVIII del artículo segundo transitorio de las disposiciones transitorias de la LISR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002 a efecto de considerar a las sociedades de ahorro y préstamo (SAP´s) parte del sistema financiero del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2008 y se considerarán no contribuyentes del impuesto sobre la renta por ser no lucrativas, en términos del artículo 95, fracción XIII de la LISR.

La Comisión de Hacienda y Crédito conforme al análisis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), reconoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP) como entidades de ahorro y crédito popular, en términos de lo dispuesto por el artículo 2º de dicha disposición.

Por su parte la LISR dispone en su artículo 95, fracción XIII que:

Artículo 95. Para los efectos de esta Ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

...

XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Por otra parte, es importante destacar que la LACP, surge de la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado a efecto de dar seguridad a los depósitos de los ahorradores, así se previó como entidades que realizan las funciones de ahorro y crédito popular a las SCAP y a las sociedades financieras populares (SFP).

La que dictamina considera que es destacar que se previó un régimen transitorio, entre otras, para las SAP´s a efecto de que solicitaran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorización para operar como entidad de ahorro y crédito popular, en términos de la LACP, situación que también se encuentra prevista por la LISR, en sus disposiciones transitorias para el ejercicio fiscal de 2002, conforme a lo siguiente.

``Artículo Segundo. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:

...

XVIII. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante los ejercicios de 2002 y 2003 se considerará que forman parte del sistema financiero las sociedades de ahorro y préstamo....''

En base a lo antes mencionado, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que no se procedente la iniciativa conforme a los siguientes términos:

No se considera materia de la LISR el determinar la naturaleza de las SCAP como parte del sistema financiero, toda vez que es la LCAP, disposición especial, en la que dichas sociedades se encuentran consideradas como entidades de ahorro y crédito popular.

No obstante lo anterior, las SCAP se consideran como personas morales con fines no lucrativos, para efectos de la LISR, por virtud del artículo 95, fracción XIII de la LISR, antes trascrito.

Ahora bien, por lo que respecta a las SAP´s, y en base a lo anteriormente expuesto, es de destacar que la intención del legislativo dentro de la LACP, fue precisamente el prever únicamente como entidades de ahorro y crédito popular, a las SCAP y a las SFP, para lo cual dispuso de un período dentro del cual las SAP´s, entre otras, debían solicitar la autorización correspondiente para operar como alguna de las Entidades previstas por la LACP, período después del cual deberán abstenerse de captar recursos.

Asimismo, la reforma propuesta al artículo segundo transitorio de las disposiciones transitorias de la LISR resulta errónea, toda vez que la fracción XIII del artículo 95 de la LISR únicamente hace referencia a las SCAP y no así a las SAP´s.

9. Iniciativa que adiciona los artículos 29 y 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de marzo de 2006.

La Iniciativa presentada pretende adicionar al artículo 29 una nueva fracción VIII, y al artículo 98 una nueva fracción II, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que se tiene la intención de promover y fomentar el desarrollo de las actividades deportivas mediante incentivos fiscales a las sociedades y asociaciones.

Al respecto, es importante destacar que la Ley General de Cultura Física y Deporte prevé en su artículo 104 lo siguiente:

``Artículo 104. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan.''

Asimismo, es de destacar que la iniciativa no incluye el impacto recaudatorio conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la Iniciativa no resultaría viable, conforme a los términos en que se encuentra planteada, en virtud de que, pudiera estarse dando un doble beneficio a las personas morales que efectúen aportaciones para promover el desarrollo de la cultura física y el deporte, toda vez que en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte se prevé el otorgamiento de reconocimientos y estímulos, entre otros, a las personas morales que contribuyan al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional.

En este sentido, es pertinente señalar que si bien la iniciativa implica una disminución de la base gravable del impuesto y mayores costos de fiscalización por la facilidad de evasión mediante su aplicación, no establece una mecánica de compensación de ingresos que permita su aplicación sin afectar el régimen de finanzas públicas, por lo que no se considera viable la propuesta de reforma.

Asimismo, en atención a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que regula los requisitos de las donatarias que otorguen becas para realizar estudios en instituciones de enseñanza, de conformidad con la Ley General de Educación, cabe destacar que la adición que se propone efectuar a través de la Iniciativa, difiere del supuesto regulado por dicha disposición, por lo que resultaría inviable conforme a lo planteado. A mayor abundamiento, de aprobarse la Iniciativa que nos ocupa, resultaría nugatorio que las asociaciones o sociedades civiles, pudieran otorgar becas a la sociedad en general, pues necesariamente tendrían que otorgarlas para el fomento y desarrollo de atletas de alto rendimiento. En este sentido, se perdería la intención que actualmente tiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la de fomentar el otorgamiento de becas educacionales de la población, que se necesiten, y no sólo a deportistas de alto rendimiento.

Por otra parte, la iniciativa al perseguir un fin eminentemente extrafiscal, genera una inequidad para con aquellos contribuyentes que por sus circunstancias especificas, justificadamente no pueden realizar aportaciones para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte de alto rendimiento y, por ende, no podrían efectuar la deducción correspondiente, pese a tratarse de empresas que realizaran las mismas actividades productivas.

10. Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 9 de febrero de 2006.

La Iniciativa que nos ocupa, pretende adicionar una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de prever como deducción personal las inversiones realizadas durante el ejercicio correspondiente de hasta $150,000.00 en fondos de inversión de capital de riesgo que a su vez participen en el capital de pequeñas y medianas empresas que tengan proyectos viables y rentables y que no produzcan efectos negativos en el medio ambiente.

Asimismo, prevé que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinarán las reglas de operación.

La que dictamina considera destacar que con fecha 28 de diciembre de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionan los artículos 227 y 228 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal adición surge de la necesidad de promover fuentes de financiamiento ya sea de capital o de deuda para el desarrollo de las empresas.

Con la adición antes mencionada reconoció la importancia que reviste para las empresas mexicanas el allegarse de financiamiento para lograr un crecimiento, es que se considera que la iniciativa en los términos planteados no resultaría procedente debido a que se estaría brindando un doble beneficio a un determinado sector.

Asimismo, es de destacar que en los términos bajo los cuales se encuentra la normativa actual el beneficio otorgado a dicho sector se aplica de manera general a las personas que inviertan en capital de riesgo, sin limitar tal beneficio a montos o a proyectos viables y rentables que no produzcan efectos negativos en el medio ambiente, situación que además en nuestra opinión resultaría del todo subjetiva.

Por otro lado, es de destacar que la iniciativa no atiende al impacto recaudatorio por lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Aunado a lo anterior, y por lo que respecta a la obligación por parte de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de determinar las reglas de operación, es de señalar que la misma resulta vaga e imprecisa, al no especificar respecto de qué versarían las reglas de operación que tales Dependencias debieran emitir, asimismo, con tal disposición, podría estarse vulnerando el principio de legalidad tributaria.

Finalmente, una vez analizadas cada una de las 10 iniciativas, por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que no son de aprobarse, por lo que propone a esta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las 10 iniciativas mencionadas, de la LIX Legislatura en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta objeto de este Dictamen, mismas que fueron turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Archívense los presentes asuntos, como total y definitivamente concluidos.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2007.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez , Horacio Emigdio Garza Garza , Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García (rúbrica), José Martín López Cisneros , Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz, José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados los puntos de acuerdo; archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, de la Ciudad de México; de la Universidad del Valle de Atemajac, de La Piedad, Michoacán; y del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, de Peana, Puebla, aquí presentes. Bienvenidos.

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

ANTECEDENTES

I. Con fecha 9 de febrero de 2006 el Senador Jorge Zermeño Infante , a nombre de los Senadores Fauzi Hamdám Amad, Orlando Paredes Lara, Héctor Michel Camarena, Héctor Larios Córdova , Juan José Rodríguez Prats , Demetrio Sodi de la Tijera y Gildardo Gómez Verónica, presentó Iniciativa que contiene proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (que en adelante denominaremos como el Tribunal). En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

II. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente a la Iniciativa citada en el apartado anterior, el 18 de abril de 2006 y se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

III. El 19 de abril de 2006 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

A. CONSIDERACIONES

a) En lo General:

Se reconoce la estructura del Tribunal y la procedencia de ajustar su Ley Orgánica, con el fin de hacerla acorde con las competencias que actualmente tiene el citado órgano jurisdiccional con motivo de la expedición o reforma de diversos ordenamientos legales.

Manifiesta la Colegisladora su plena coincidencia con el contenido de la Iniciativa que dictaminó y aprobó, en su momento, en el sentido de otorgar al Pleno del Tribunal la posibilidad de abocarse primordialmente a la atención de los asuntos de índole jurisdiccional, mediante la creación de la Junta de Gobierno y Administración, cuya función principal será dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento del Tribunal, dejando al Pleno sólo la atención de las decisiones administrativas más relevantes, tales como la propuesta de nombramiento de magistrados al Presidente de la República, la expedición del Reglamento Interior del propio Tribunal y la del Estatuto del Servicio de Carrera.

La Junta de Gobierno y Administración fungiría como lo hace el Consejo de la Judicatura Federal respecto del Poder Judicial de la Federación.

Se mantiene el carácter del Pleno de la Sala Superior como órgano supremo del Tribunal, sobre la base de una permanente coordinación entre el Pleno y la Junta de Gobierno y Administración.

El proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal tiende a fortalecer la colaboración de Poderes, en este caso el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo, por conducto del Senado de la República o de la del Congreso de la Unión, con la participación del propio Tribunal, por cuanto hace a las propuestas de magistrados que le formule el Pleno, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración pero reservando al Pleno de la Sala Superior sugerir el candidato a una magistratura del propio Tribunal al Presidente de la República.

Se destaca la estrecha vinculación de las dos principales vertientes del proyecto, por una parte la modificación al proceso de nombramiento de los magistrados del Tribunal, que contempla la participación del propio Tribunal y, por la otra, la creación de la Junta de Gobierno y Administración y la incorporación de los magistrados supernumerarios.

Otras modificaciones sirven para articular el proyecto en lo general y proveerle de integralidad y mejor funcionamiento, como es el Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia.

b) En lo particular:

1.- Integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que comprende los siguientes rubros:

Nombramiento de los magistrados del Tribunal y duración en su encargo. Se destaca la importancia, en materia de colaboración entre los Poderes, Ejecutivo y Legislativo, en el nombramiento de los magistrados que integran el Tribunal, para que sea el Presidente de la República quien realice el nombramiento correspondiente, con la aprobación del Senado de la República, o en su caso, de la del Congreso de la Unión.

Que la duración en el encargo de los magistrados del Tribunal, sea de 15 años para los que integran la Sala Superior y 10 años para los que integran la Sala Regional y los magistrados supernumerarios, otorgando con ello una continuidad en la formulación y aplicación de los criterios jurisdiccionales y políticas administrativas, así como una mayor estabilidad en el ejercicio del encargo.

Se prevé que los magistrados que concluyan sus funciones puedan ser considerados para un nuevo nombramiento, siempre y cuando sean propuestos por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración. Este mecanismo otorgará certeza para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los magistrados, ya que el actual sistema de ratificación ha propiciado que en algunos casos se continúe en el ejercicio de funciones jurisdiccionales por servidores públicos que, en la doctrina, se conocen como ``funcionarios de hecho''. Estas situaciones constituyen un grave riesgo de que las resoluciones de estos magistrados de hecho puedan ser impugnadas en su validez. Por ello es que para los efectos del proyecto de Ley en análisis, sólo serán considerados como magistrados del Tribunal los profesionistas que ostenten un nombramiento que se haya perfeccionado mediante la colaboración de Poderes a que se ha hecho referencia, para que se tenga por válido.

No obstante lo anterior, en el artículo Tercero Transitorio se prevé la circunstancia de que algunos nombramientos de magistrados se encuentren en proceso de ratificación de conformidad con las disposiciones de la Ley vigente, a fin de que se pueda resolver debidamente esta cuestión de transitoriedad.

2.- Integración de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y creación de los Magistrados Supernumerarios.

Se incrementa a 13 el número de magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, de los cuales 11 integrarán el Pleno y 2 se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración.

Se incorporan 2 magistrados de la Sala Regional a la Junta de Gobierno y Administración.

A los 3 magistrados supernumerarios de la Sala Regional restantes, de los 5 que se proponen en el proyecto, les corresponderá cubrir las faltas temporales superiores a un mes de los magistrados supernumerarios de Sala Regional.

3.- Reestructuración del Tribunal y creación de la Junta de Gobierno y Administración.

La Junta de Gobierno y Administración contará con autonomía técnica y de gestión; será presidida por el Presidente del Tribunal e integrada por 2 magistrados de la Sala Superior y 2 de la Sala Regional; y a la Junta de Gobierno y Administración le corresponderán las funciones del Tribunal relativas a la administración, vigilancia, disciplina y operación de la Carrera Jurisdiccional, sin perjuicio de que el Pleno de la Sala Superior mantenga facultades para resolver sobre las cuestiones administrativas de mayor relevancia, permitiendo una vinculación y coordinación estrechas entre la Junta de Gobierno y Administración y el Pleno de la Sala Superior.4.- Competencia material del Tribunal.

Se incluyen en la Ley Orgánica del Tribunal cuestiones de competencia, tales como conocer sobre resoluciones dictadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdo de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Al Pleno de la Sala Superior del Tribunal le corresponderá conocer de los juicios relacionados con resoluciones fundadas en tratados o acuerdos internacionales para evitar la doble tributación o en materia comercial, de los cuales conocen actualmente las secciones jurisdiccionales de la Sala Superior.

Se establece que, ante la ausencia de plazo en el ordenamiento legal de que se trate, la negativa ficta se configure en el plazo de 3 meses, salvo en los casos en que se pudieran afectar los derechos de terceros que se encuentren reconocidos en un registro o anotación ante alguna autoridad administrativa.

5.- Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional.

Se otorga la mayor importancia a la creación del Sistema de Carrera Jurisdiccional, sustentada en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, y que abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de los funcionarios públicos con funciones jurisdiccionales.6.- Otras Modificaciones.

Se recogen las reformas del H. Congreso de la Unión relativas a la integración del proyecto de Presupuesto del Tribunal y su ejercicio autónomo y directo.

Se modifica el criterio relativo a la competencia territorial de las salas regionales, a efecto de que conozca del juicio la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre el domicilio fiscal de la demandante (salvo en los casos de empresas que formen parte del sistema financiero, tengan carácter de controladoras o controladas, determinen su resultado fiscal consolidado o el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país).

Se establecen causas de responsabilidad para los servidores públicos del Tribunal similares a las previstas en el Poder Judicial de la Federación y se precisan diversas reglas relativas a su Contraloría Interna.

B. MODIFICACIONES A LA MINUTA

Los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, al dictaminar la presente minuta, coincidieron con las propuestas hechas por la colegisladora, salvo en lo relativo a los siguientes puntos:

1. De la autonomía presupuestaria.- La Comisión modifica y suprime la parte final del artículo 1° en lo referente a la autonomía presupuestaria del Tribunal, toda vez que el país ha emprendido acciones importantes en aras de establecer la transparencia, la rendición de cuentas y mecanismos de vigilancia que permitan eliminar suspicacias respecto de la discrecionalidad con la que se determinan, por ejemplo, ciertos sueldos y fideicomisos. Con ello, lo que se busca es consolidar la legitimidad de las Instituciones y sus funcionarios, por su puesto, además del buen desempeño de sus funciones. El Tribunal posee ya autonomía para realizar la labor jurisdiccional que tiene encomendada, además tiene la facultad de proponer y ejercer directamente su presupuesto, sin embargo, respecto de poseer autonomía para ejercerlo se considera recomendable eliminar dicha facultad por considerarla demasiado amplia y discrecional, cuando lo que se pretende es que las autoridades se apeguen a criterios legales de control, transparencia y rendición de cuentas.

2. Se modifica el segundo párrafo del artículo primero, a efecto de corregir el nombre de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, toda vez que el 30 de marzo de 2006, esta Ley fue abrogada para dar paso a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. De la reducción de los emolumentos.- El artículo 10 establece la prohibición a la reducción de emolumentos de los Magistrados del Tribunal, al respecto, la Comisión considera que dicha disposición se suprima, ya que su espíritu queda recogido y protegido en disposiciones expresas en la propia Constitución (a. 123, apartado B, fracción IV, 127 y 128).

Por tanto, se recorre la secuencia numérica, a partir del artículo 10 hasta el artículo 14, creándose un nuevo 15 y retomándose la numeración original de la minuta a partir del artículo 16.

4. Se suprimieron las fracciones VIII y IX del artículo 14, de la Minuta, en lo referente a las facultades del Tribunal, y se crea un nuevo contenido al artículo 15 lo anterior con motivo de la reforma al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 21 de noviembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de ese mismo año, la cual establece:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;

Modificación en la que se sustrae la facultad que hasta ese momento poseía la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las áreas de quejas y responsabilidades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para resolver y sancionar en materia de responsabilidades de los servidores públicos; trasladando dicha facultad a un órgano formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por tanto, la nueva Ley Orgánica de este Tribunal debe contemplar esa facultad sancionadora expresamente en un artículo diverso al de las demás facultades del Tribunal, por lo que se adiciona un artículo que, en razón de su contenido, le corresponde el número 15 de la presente Ley, éste contendrá el espíritu de la reforma constitucional en comento.

En virtud de esta adecuación se suprimieron las fracciones VIII y IX del artículo 15 de la Minuta, ahora artículo 14, esto por la modificación en la numeración de los artículos suscitado por la eliminación del artículo 10 de la Minuta, al mismo tiempo se crea un nuevo articulo 15 y se retoma la numeración de la minuta con esta adición.

5. De las facultades de la Junta de Gobierno y Administración.- La Comisión considera que la fracción XI del artículo 41 de la Minuta en estudio, debe ser suprimida, toda vez que propone ``constituir un fondo con el objetivo de que se realice un pago de retiro único..., a los Magistrados del Tribunal... siempre que exista disponibilidad presupuestal''.Esta disposición contraviene con lo que hoy, en los distintos órdenes de gobierno, se ha buscado ponderar: el principio de austeridad, el cual, cuidando que no sea una medida populista, deba ser un criterio rector para determinar sueldos y prerrogativas de los servidores públicos en razón del trabajo que desempeñan. En este caso, los Magistrados contarán con un sueldo y prestaciones razonables y suficientes durante su encargo que se determinen de acuerdo con el marco jurídico en la materia y, por tanto, la creación de un fondo con el presupuesto disponible para efecto de realizarles un pago único, puede prestarse a una ofensiva prerrogativa desde el punto de vista de los ciudadanos.

Los cambios planteados por los integrantes de la dictaminadora, fueron el resultado de un arduo trabajo en el seno de la Comisión.

A mayor abundamiento, se hace del conocimiento de esta Asamblea que con fecha 21 de noviembre de 2006, el pleno de la Comisión de Justicia, recibió a los Magistrados integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes expusieron sus puntos de vista con respecto de la presente minuta.

En conclusión, esta Comisión considera que esta minuta significa un avance importante en el proceso de actualización y modernización de nuestra legislación, destacando los siguientes aspectos relevantes:

1. Aumento en la competencia material del Tribunal.- Se establece expresamente la competencia materia del Tribunal para conocer de los juicios que versen sobre:a) Responsabilidad Patrimonial del Estado

b) Tratados o Acuerdos Internacionales y;

c) Como una gran innovación, respecto de los actos administrativos, procedimientos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, los juicios que se promuevan, el Tribunal conocerá cuando estos sean autoaplicativos o cuando el interesado con motivo de su primer auto de aplicación.

2. Creación de la Junta de Gobierno y Administración.- Se crea un nuevo órgano denominado Junta de Gobierno y Administración, integrado por 2 magistrados de la Sala Superior, 2 de las Salas Regionales y el Presidente del Tribunal, quien lo será también de la Junta, la cual tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, similar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

3. Modificación en la integración de la Sala Superior.- Como consecuencia de lo anterior, se crean 2 magistraturas de Sala Superior, por lo que ésta se compondrá ahora de 13 magistrados, de los cuales 11 ejercerán funciones jurisdiccionales y 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

4. Creación de 5 Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.- Se encargarán principalmente de cubrir las faltas de los magistrados de Sala Regional y de sustituir a los 2 magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración durante su encargo.

5. Incremento en la duración del cargo de Magistrados.- Se aumenta la duración del nombramiento de los Magistrados de Sala Superior a 15 años improrrogables; también se aumenta la duración del nombramiento de los magistrados de Sala Regional a 10 años y ya no se prevé su inamovilidad. Tales incrementos contribuyen a la continuidad en la formulación y aplicación de los criterios jurisdiccionales.

6. Creación de un sistema profesional de carrera jurisdiccional.- En él se establecen las reglas de ingreso, promoción, permanencia y retiro del personal jurisdiccional, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, con base en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, similar a la existente en el Poder Judicial de la Federación.

7. Creación de Salas Regionales especializadas.- Se abre la posibilidad de crear Salas especializadas por materia, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

8. Domicilio Fiscal del demandante como base de la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal.- Con esta modificación se evitará que los asuntos se concentren en las Salas Regionales Metropolitanas que tienen jurisdicción en el Distrito Federal, fomentándose la descentralización y regionalización del Tribunal, acercándose la justicia al contribuyente.

9. Creación de un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos.- Con esta modificación se resolvería un importante problema administrativo para el Tribunal, como son las notificaciones, debido al número de juicios que en él se tramitan.

En los nueve Artículos Transitorios que forman parte de la Minuta materia de este Dictamen, se prevé la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se abroga de manera expresa la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.

Se prevé que el proceso para el nombramiento por el Presidente de la República, con la respectiva aprobación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión, de los 2 magistrados de la Sala Superior y de los 5 magistrados supernumerarios de la Sala Regional, deberá iniciarse en cuanto entre en vigor la presente Ley; que realizados los nombramientos antes mencionados, el Pleno de la Sala Superior deberá elegir por insaculación a los Magistrados de la Sala Superior que se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración en su primera integración, adscribir a los Magistrados de Sala Regional que formarán parte de la misma y a los Magistrados Supernumerarios que los suplirán temporalmente, previendo que por esta única ocasión, se elegirá a un magistrado de Sala Superior y a un magistrado de Sala Regional que durarán 3 años en su cargo en la Junta de Gobierno y Administración, para permitir el escalonamiento de los periodos subsecuentes.

Se prevé la aplicación del Reglamento Interior del Tribunal en vigor hasta que el Pleno expida uno nuevo; se determina la continuidad de los magistrados y de los servidores públicos que venían ejerciendo su cargo, para que continúen en él hasta que los nuevos órganos administrativos decidan lo conducente o se concluya el periodo para el que fueron designados, según el caso; se prevé que las personas que hayan concluido el plazo para el que fueron nombrados como magistrados del Tribunal y que se encuentre en trámite su propuesta de ratificación conforme la Ley que se abroga, podrán ser consideradas por el Presidente de la República para ser nombradas como magistrados del Tribunal, en términos de la presente Ley, y se dispone que los magistrados que conforme a la Ley que se abroga hayan obtenido la inamovilidad, continuarán en el ejercicio de sus encargos, atento a lo establecido en esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, y para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I De la Naturaleza e Integración del Tribunal

ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.

El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación, en los términos de los criterios generales de política económica, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente.

ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por:

I. La Sala Superior;

II. Las Salas Regionales, y

III. La Junta de Gobierno y Administración.

ARTÍCULO 3.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendrá los servidores públicos siguientes:

I. Magistrados de Sala Superior;

II. Magistrados de Sala Regional;

III. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional;

IV. Secretario General de Acuerdos;

V. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones;

VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior;

VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional;

VIII. Actuarios;

IX. Oficiales Jurisdiccionales;

X. Contralor Interno;

XI. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares;

XII. Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa, y

XIII. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza.

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.

ARTÍCULO 4.- El Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores, nombrará a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En los recesos de la Cámara de Senadores, los nombramientos de Magistrados que haga el Presidente de la República serán sometidos a la aprobación de la del Congreso de la Unión.

ARTÍCULO 5.- Los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados de Sala Regional, podrán ser consideradas para nuevos nombramientos.

Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombradas nuevamente para ocupar dicho encargo.

ARTÍCULO 6.- Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere lo siguiente:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

IV. Contar con notoria buena conducta;

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

ARTÍCULO 7.- Durante el ejercicio de sus cargos, los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa únicamente podrán ser privados de los mismos por el Presidente de la República, en los casos de responsabilidad en términos de las disposiciones aplicables, o cuando dejen de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 6 de esta Ley, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior.

Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

ARTÍCULO 8.- En los casos en que los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, comunicará esta circunstancia al Presidente de la República y, en su caso, someterá a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno de la Sala Superior.

Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno de la Sala Superior, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.

Las faltas definitivas de Magistrados de las Salas Regionales serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional adscritos por la Junta de Gobierno y Administración, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales hasta por un mes de los Magistrados de las Salas Regionales se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

ARTÍCULO 9.- El Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de Sala Regional en los casos previstos en esta Ley, y sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración, durante su encargo.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno de la Sala Superior.

ARTÍCULO 10.- El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 3 de esta Ley.

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 3 de esta Ley.

ARTÍCULO 11.- Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Ser mayor de veinticinco años de edad;

III. Contar con reconocida buena conducta;

IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y

V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

ARTÍCULO 12.- Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo, público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o de sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado.

ARTÍCULO 13.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para la designación, aceptación del cargo y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

CAPÍTULO II De la Competencia Material del Tribunal

ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa, y

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

Artículo 15.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

El procedimiento para conocer de estos juicios será el que señale la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO III De la Sala Superior

Sección I De su Integración

ARTÍCULO 16.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se compondrá de trece Magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales once ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que señala esta Ley.

La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en dos Secciones. Los dos Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha Junta, salvo en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 18 de esta Ley.

Sección II Del Pleno

ARTÍCULO 17.- El Pleno estará integrado por el Presidente del Tribunal y por diez Magistrados de Sala Superior.

ARTÍCULO 18.- Son facultades del Pleno, las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal en el que se deberán incluir entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior o de las Salas Regionales y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 11 de esta Ley;

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de esta Ley;

V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones;

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios Adjuntos de las Secciones y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

X. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquéllos que sean de competencia especial de las Secciones;

XI. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos;

XIV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la consideración del Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos del artículo 7º de esta Ley, y

XV. Las que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos, y

XVI. Las demás que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 19.- Para la validez de las sesiones del Pleno se requerirá, cuando menos, la presencia de siete Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal.

ARTÍCULO 20.- Las sesiones serán públicas, excepto cuando la mayoría de los Magistrados presentes acuerde su privacidad, atendiendo a la naturaleza del caso a resolver, o en los supuestos previstos en las fracciones I a IX del artículo 18 de esta Ley.

ARTÍCULO 21.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros o tenga una composición impar. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

Cuando se resuelva sobre el criterio de interpretación y aplicación de una ley, que deba asumir el carácter de precedente o de jurisprudencia, el Pleno aprobará la tesis y el rubro correspondientes para su publicación.

Sección III De las Secciones

ARTÍCULO 22.- Las Secciones estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, adscritos a cada una de ellas por el Pleno.

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre la elección.

ARTÍCULO 23.- Son facultades de las Secciones, las siguientes:

I. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;

II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables;

III. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la Sección para poner en estado de resolución un asunto competencia de la propia Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

IV. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

V. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

VI. Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de ella, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

VII. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales, y

VIII. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

ARTÍCULO 24.- Para la validez de las sesiones de la Sección se requerirá la presencia de cuatro Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 25.- Las resoluciones de una Sección se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

Las sesiones de las Secciones serán públicas, salvo aquéllas en las que se designe a su Presidente, se ventilen cuestiones que afecten la moral o el interés público, o la ley exija que sean privadas, así como aquéllas en que la mayoría de los Magistrados presentes acuerden su privacidad.

ARTÍCULO 26.- Los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la Sección correspondiente en la primera sesión de cada año, la cual será privada. Durará en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales de los Presidentes, serán suplidos por los Magistrados de la Sección siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 27.- Compete a los Presidentes de las Secciones:

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma;

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones;

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección;

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección;

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección para su resolución, y

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV Del Presidente del Tribunal

ARTÍCULO 28.- El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente.

Serán elegibles los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado.

ARTÍCULO 29.- En caso de falta temporal, el Presidente será suplido alternativamente, cada treinta días naturales, por los Presidentes de las Secciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, el Pleno designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las siguientes:

I. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. Despachar la correspondencia del Tribunal;

III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno;

IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno;

X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados al Pleno, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

XIV. Rendir anualmente ante el Pleno de la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones, y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V De las Salas Regionales

ARTÍCULO 31.- El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en el artículo 15 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

ARTÍCULO 32.- Para los efectos del artículo 31 de esta ley, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia.

ARTÍCULO 33.- En cada una de las regiones a que se refiere el artículo anterior habrá el número de Salas que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, en el que también se determinará la sede, su circunscripción territorial, la distribución de expedientes, la fecha de inicio de funciones y, en su caso, su especialidad.

ARTÍCULO 34.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

I. Se trate de empresas que:

a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o

b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país.

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 35.- Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales serán instruidos por turno por los Magistrados que integren la Sala de que se trate. Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en que se designe al Presidente de la Sala, se ventilen cuestiones administrativas o que afecten la moral o el interés público, o la ley así lo exija.

ARTÍCULO 36.- Los Presidentes de las Salas Regionales serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

ARTÍCULO 37.- Los Presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

VIII. Verificar que en la sala se aplique en sus términos el Sistema de Control de Juicios;

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo, y

XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 38.- Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero;

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente, y

X. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI De la Junta de Gobierno y Administración

ARTÍCULO 39.- La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 40.- La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos Magistrados de Sala Superior, y

III. Dos Magistrados de Sala Regional.

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta.

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha Junta, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de desempeñarse como Magistrados.

ARTÍCULO 41.- Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:

I. Proponer, para aprobación del Pleno, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal y expedir, en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

II. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados en el artículo 1 de esta Ley;

III. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que les requiera el Pleno, para los efectos del artículo 18, fracción V, de esta Ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y el número de las Salas Regionales, así como materias específicas de competencia de las Secciones o de las Salas Regionales, en su caso, y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

V. Adscribir y, en su caso, cambiar de adscripción a los Magistrados de las Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto de los trabajadores a los que les sean aplicables;

VI. Elegir y adscribir, de entre los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, a los que habrán de suplir a los Magistrados de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración , así como los que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional, en términos de lo dispuesto por esta Ley;

VII. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado;

VIII. Proponer al Pleno, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera previsto en párrafo segundo del artículo 11, que contendrá:

a) Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;

b) Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos, y

c) Las reglas sobre disciplina y un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales.

IX. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 11;

X. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para los servidores públicos previstos en el artículo 3 de esta Ley, que elabore el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa;

XI. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XII. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio y supervisar su legal y adecuada aplicación;

XIII. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración;

XIV. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;

XV. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables;

XVI. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XVII. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones XVI y XVII de este artículo;

XVIII. Conceder licencias prepensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Contralor Interno, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;

XIX. Conceder licencias sin goce de sueldo a los Magistrados hasta por tres meses, siempre que exista causa fundada que así lo amerite;

XX. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos;

XXI. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las disposiciones legales;

XXII. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan;

XXIII. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

XXIV. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y Secciones del Tribunal, según sea el caso;

XXV. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

XXVI. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente;

XXVII. Instruir y resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de esta Ley e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXVIII. Resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, en contra de las resoluciones dictadas por ella misma en las que se finquen responsabilidades y se impongan sanciones, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXIX. Integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior y de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXX. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos;

XXXI. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXII. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión;

XXXIII. Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal, y

XXXIV. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 42.- Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de cuatro de sus miembros, incluyendo la asistencia del Presidente de la misma.

ARTÍCULO 43.- Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de la Junta tendrá voto de calidad.

Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán privadas.

ARTÍCULO 44.- El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente, será suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de la Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Ante la falta definitiva de los Magistrados previstos en las fracciones II y III del artículo 40 que integren la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente.

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala Regional que determine el Pleno de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley.

ARTÍCULO 45.- La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios.

CAPÍTULO VII De los demás Servidores Públicos del Tribunal

ARTÍCULO 46.- Corresponde al Contralor Interno:

I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del artículo 3 de esta Ley, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración;

III. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;

V. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y

VI. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes.

ARTÍCULO 47.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno;

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno;

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior, y

VII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en los expedientes de la Sala Superior.

ARTÍCULO 48.- Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones:

I. Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la misma;

II. Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, autorizándolas en unión del Presidente de la Sección;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no corresponda al Presidente de la Sección;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios o proyectos para las resoluciones de las Secciones;

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones, y

VII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 49.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior:

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior;

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos, y

V. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

ARTÍCULO 50.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción;

IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados;

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos, y

VI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 51.- Corresponde a los Actuarios:

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

II. Practicar las diligencias que se les encomienden, y

III. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior.

ARTÍCULO 52.- Corresponde a los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración:

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta;

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos en el libro de actas respectivo;

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas, y

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

Los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliarán de las unidades administrativas que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

ARTÍCULO 53.- El Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa será nombrado por el Pleno, a propuesta de su Presidente, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa;

II. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla, y

III. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa.

CAPÍTULO VIII De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal

ARTÍCULO 54.- Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal:

I. Realizar conductas de atenten contra la independencia de la función jurisdiccional, tales como aceptar consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo Tribunal o de cualquier otro órgano del Estado;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Tribunal;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar;

IV. Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o, en su caso, del Contralor del Tribunal, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función jurisdiccional;

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional en el desempeño de sus funciones;

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

X. Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

XI. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

XII. Las demás que determinen las leyes.

CAPÍTULO IX De las Vacaciones y Días Inhábiles

ARTÍCULO 55.- El personal del Tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones para la atención de los asuntos que se requiera.

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno del Tribunal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.

TERCERO.- El proceso para el nombramiento por el Presidente de la República, con la respectiva aprobación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de los dos Magistrados de Sala Superior y de los cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, deberá iniciarse en cuanto entre en vigor la presente Ley.

CUARTO.- Una vez hechos los nombramientos a que se refiere el artículo anterior, el Pleno de la Sala Superior deberá elegir por insaculación a los Magistrados de Sala Superior que se incorporarán a la Junta de Gobierno y Administración en su primera integración, así como adscribir a los Magistrados de Sala Regional que formarán parte de la misma y a los Magistrados Supernumerarios que los suplirán temporalmente.

A fin de escalonar los períodos de los miembros de la Junta de Gobierno y Administración, en lo que atañe a su primera integración, el Pleno, al hacer la elección de los Magistrados que deban integrarlo, por esta única ocasión, elegirá a un Magistrado de Sala Superior y a un Magistrado de Sala Regional que durarán tres años en su cargo en la Junta de Gobierno y Administración.

Los Magistrados de Sala Superior nombrados conforme al artículo tercero transitorio no serán elegibles para la primera integración de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal.

QUINTO.- El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO.- Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos.

SÉPTIMO.- Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, para ser nombrados como Magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley.

OCTAVO.- A las personas que hayan concluido el plazo para el cual fueron nombradas como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que se encuentre en trámite su propuesta de ratificación conforme a la Ley que se abroga, podrán ser consideradas por el Presidente de la República para ser nombradas como Magistrados del Tribunal en términos de la presente Ley.

NOVENO.- Los Magistrados que conforme a la Ley que se abroga hayan obtenido la inamovilidad, continuarán en el ejercicio de sus encargos atento a lo establecido en dicha Ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2007.

La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedolla (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Baustista Bravo (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade , Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande , Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso , María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió comunicación de la Comisión de Justicia. Proceda la Secretaría a dar lectura al comunicado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Dip. Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.

De conformidad con lo acordado por los integrantes de la Comisión de Justicia someto a su consideración la siguiente propuesta, con el objeto de modificar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en lo relativo al artículo 34 fracción I, así como la inclusión de la adición de una fracción III a dicho artículo; en consecuencia, también se solicita la modificación de los considerandos del dictamen respectivo, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del jueves 8 de marzo de 2007, visible en la foja 16 del Anexo II. Las modificaciones que se proponen son las siguientes:

A. En el proyecto de decreto se modifica la fracción I se adiciona una fracción III al artículo 34 (página 30):

``ARTÍCULO 34.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

I. Se trate de personas morales que:

a. a b. ...

II....

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.

...

...

...

...''

B. En los considerados del dictamen, apartado ``B. Modificación a la minuta'' (página 19), se incluye el siguiente párrafo, en el orden consecutivo que corresponda, de acuerdo a los artículos de la minuta que se modifican:

``Se modifica la fracción I del artículo 34, para cambiar la palabra 'empresas' por 'personas morales', por ser este último el término jurídico correcto. Asimismo, se adiciona una fracción III al artículo 34, incluyendo como excepción para que las Salas Regionales conozcan de los juicios por razón de territorio, los casos en que se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. Lo anterior obedece a los montos tan elevados que forman parte de las litis de dichos juicios,''

Atentamente

Palacio Legislativo, a 15 de marzo de 2007.--- César Camacho (rúbrica), Victorio Montalvo (rúbrica), Felipe Borrego (rúbrica).»

Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la Comisión de Justicia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la Comisión de Justicia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa y es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la Comisión de Justicia y aceptada por la Asamblea. Se han inscrito para fijar posición en esta discusión el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, el diputado José Manuel del Río Virgen, el diputado Jesús González Macías, el diputado Jorge Mario Lescieur Talaveray el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez:Con su venia, señor Presidente. Nueva Alianza reconoce que la principal obligación de los legisladores es adecuar la normatividad jurídica a la realidad social, económica y política de nuestro país.

Aprovechando las experiencias pasadas, consciente del futuro y con visión de futuro, este proceso de actualización o adecuación de la norma se verifica con este dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que presenta la Comisión de Justicia, con el que se pretende reconocer la estructura y procedencia del tribunal, con el fin de hacerlo más acorde con las competencias que actualmente tiene.

Al respecto, nos parece adecuado que se otorgue al pleno del tribunal, la posibilidad de abocarse primordialmente a la atención de los asuntos de índole jurisdiccional mediante la creación de la Junta de Gobierno y Administración, cuya función principal será dictar las medidas conducentes para el buen funcionamiento del tribunal, dejando al pleno sólo la atención de las decisiones administrativas más relevantes como la propuesta de nombramientos de magistrados al Presidente de la República, la expedición del Reglamento Interior y el Estatuto del Servicio de Carrera.

Es positiva la propuesta de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo por conducto del Senado de la República o de la del Congreso de la Unión, con la participación del propio tribunal por cuanto hace a las propuestas de magistrados que le formule el pleno, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, pero reservando al pleno de la Sala Superior sugerir el candidato a una magistratura del propio tribunal al Presidente de la República.

Se destaca la estrecha vinculación de las dos principales vertientes del proyecto. Por una parte, la modificación al proceso de nombramiento de los magistrados del tribunal que contempla su propia participación y, por la otra, la creación de la Junta de Gobierno y Administración y la incorporación de los magistrados supernumerarios.

Otro acierto, sin duda, de esta ley, es que mantiene el carácter del pleno de la Sala Superior como órgano supremo del tribunal sobre la base de una permanente coordinación entre el pleno y la Junta de Gobierno y Administración.

No necesariamente aprobamos la temporalidad del cargo en el caso de los magistrados pero reconocemos la necesidad de dar una mayor estabilidad en el ejercicio y desempeño de este encargo.

Se incluyen en la Ley Orgánica del Tribunal cuestiones de competencia tales como la de conocer sobre resoluciones dictadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre los juicios que se promuevan contra los activos, actos administrativos.

Se crea el Sistema de Carrera Jurisdiccional, sustentado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia y que abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de los funcionarios públicos con funciones jurisdiccionales.

Como podemos ver, este dictamen sobre la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, representa un avance en la administración de justicia del país, por lo que el grupo parlamentario de Nueva Alianza, dará su voto a favor. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jiménez Godínez. Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Justicia discutió con profundidad el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Hay cambios significativos, de fondo. Hay un aumento en la competencia, se les otorgan mayores facultades de competencia al tribunal, se crea una Junta de Gobierno y Administración, modificamos la integración de la Sala Superior, se crean dos magistraturas de Sala Superior, por lo que ésta se compondrá ahora de 13 magistrados, de los cuales 11 ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Creación de cinco magistrados supernumerarios de la Sala Regional. Se encargarán principalmente de cubrir las faltas de los magistrados de Sala Regional y de sustituir a los dos magistrados de la Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración durante su encargo.

Crece la duración del cargo de magistrados; se aumenta la duración del nombramiento de los magistrados de la Sala Superior a 15 años improrrogables. Se les quitó un cochinito que se estaban preparando ahí los magistrados para que cuando se fueran, querían que les dieran un pago y hasta decía ``por única vez''. Se les quitó. Ahí hubo una votación favorable para que no se les diera ese cochinito a los magistrados una vez que terminaran esos 15 años.

Se crea un sistema profesional de carrera jurisdiccional; se crean salas regionales especializadas; habrá un domicilio fiscal del demandante como base de la competencia territorial de las salas regionales del tribunal; se crea un boletín procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos.

En la Comisión de Justicia discutimos y concluimos que los magistrados en ejercicio continuarán hasta concluir su periodo y luego, podrán ser propuestos pero ya será la potestad del presidente y por supuesto, del propio Congreso, quien determine el futuro de ellos.

Fue verdaderamente una discusión a fondo, todos los partidos participamos, los miembros de la Comisión de Justicia discutimos. Recuerdo muy bien que había el interés por algún lado, de que también los magistrados ganaran igual que los ministros de la Suprema Corte. Se discutió a profundidad y se concluyó que para que ganen como ministros de la Corte, pues tienen que ser ministros.

Así es que a profundidad, con toda libertad discutimos este dictamen que hoy nos da una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si todos ustedes la votan a favor, fuerte, perfectible claro, pero tendremos una nueva ley para beneficio de todos los que acudan a ese tribunal. Muchísimas gracias. Les pido su voto a favor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Tiene la palabra el diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Jesús González Macías:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas, la trascendente función pública encomendada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativadentro del sistema jurisdiccional mexicano y la confianza en el cumplimiento exige en nuestros días, llevar a cabo reformas legales que permitan garantizar a los gobernados un verdadero acceso a la justicia.

Por una parte, al modificar el proceso de nombramiento de magistrado del tribunal se prevé la participación del pleno de la Sala Superior, quien tendrá la facultad para someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración.

Esta reforma propicia que al evaluar el desempeño de los magistrados, implícitamente éstos estén limitados a desempeñar sus funciones en materia eficaz, eficientemente; ya que la evaluación estará basada en elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño de su cargo.

Por otra parte, la creación de la junta de gobierno y administración, que tendrá competencia para conocer de la administración, vigilancia, disciplina y la operación de la carrera jurisdiccional, dará lugar a descargar al presidente del tribunal de alguna de sus funciones, materialmente administrativas, que lo distraen de las funciones primordiales, que es impartir la justicia.

La creación de un sistema profesional de carrera jurisdiccional que estará basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia aplicable a los secretarios de acuerdos de la Sala Superior y la Sala Regional, actuarios, contralor interno, entre otros, fomentará la integración de un tribunal con personal idóneo, bien preparado y con la práctica previa en las funciones esenciales en el que normalmente se permanece un largo tiempo en su desempeño.

El sistema profesional de la carrera jurisdiccional propiciará que el tribunal cuente con funcionarios con una adecuada formación y capacitación. Estas reformas y las relativas al aumento de la competencia material del tribunal, la modificación de la integración de la Sala Superior, el incremento de la duración del cargo de los magistrados, entre otras, constituyen un avance positivo en nuestro sistema de impartición de justicia.

Compañeros legisladores, en virtud de que el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contribuirá a una mayor eficiencia y dinamismo en la administración de la justicia y a elevar y dignificar la actuación de los magistrados, por eso, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor de su dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Macías. Tiene la palabra el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera:Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, la modernización y fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país debe ser un imperativo que permita la solución de controversias de manera clara, accesible y eficaz, mediante juzgadores públicos, fuera de sospecha y subordinación política. Así lo sostiene mi grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.

El dictamen que se pone a discusión persigue precisamente ese objetivo, a favor de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Primero, como tribunal fiscal, este órgano jurisdiccional conoció juicios de revisión en materia fiscal, pero su competencia se amplió para un radio material de controversias del ámbito del derecho administrativo.

Fue constituido con una natural dependencia del Ejecutivo federal, sus magistrados eran nombrados por él y su ejercicio presupuestal era asfixiado por la Secretaría de Hacienda. Eso le valió ---inclusive--- que, al igual que otros tribunales, fuera señalado por la doctrina como tribunal administrativo, en su connotación burocrática, y no precisamente por la materia de su competencia.

Afortunadamente, tan importante órgano jurisdiccional, virtud a las reformas del Congreso, ha venido superando estas etapas, ensanchando su competencia y ganando cada vez una mayor autonomía.

Ahora, el tribunal ya no es sólo un órgano para impugnar las resoluciones fiscales y administrativas, sino que está a punto de dar un gran salto hacia la jurisdicción autónoma, con la acción y el juicio de responsabilidades, a partir de la reforma constitucional de noviembre pasado ---cuyas generalidades me permití señalar en una intervención anterior en este podium--- al proponer a ustedes la necesaria iniciativa de reforma complementaria.

Esto es, deberán adecuarse y reformarse para la eficacia de la ley ---cuyo dictamen hoy votamos--- tres leyes más que son: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Responsabilidades Administrativas y, por supuesto, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En responsable y unánime criterio, la Comisión de Justicia de esta legislatura ---como se ha dicho acá--- entró al análisis de la minuta del Senado, para transformar radicalmente su ley orgánica, oyendo incluso la comparecencia de sus magistrados de su Sala Superior.

De estas discusiones se deben destacar, como principales aportaciones alcanzadas en el dictamen, las siguientes:

Surge un aumento de su esfera autonómica Se introduce novedosamente su competencia material, para conocer de diversos juicios. Se conforma una junta de gobierno de administración. Se apuntala una mayor vigilancia de los recursos asignados y de esta manera se le pretende una mayor desvinculación de la Secretaría de Hacienda; se crean dos magistraturas de Sala Superior para un total de 13, cuya designación la deben compartir el Ejecutivo, el Legislativo y el propio tribunal; se amplía su ejercicio del cargo a 15 años; se crea un Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional y, ahora el domicilio legal fiscal del demandante será la referencia de la competencia territorial.

Esta Cámara puede coincidir, si encuentra la empatía de ustedes, con el interés de la colegisladora, para actuar por la vía institucional, la impartición de justicia administrativa sustentada en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia.

Mi grupo parlamentario solicita a todos ustedes, a todas ustedes, su voto decidido a favor de este dictamen, el cual con las modificaciones aportadas por la Cámara de Diputados, hallará ---estamos seguros--- el eco necesario en la Cámara de Senadores.

Y finalmente, quiero informar a esta Asamblea, este día se está verificando en la conocida Universidad La Salle, por cierto en un foro con la presencia de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Senado, un importante foro donde me permití, por la mañana, a nombre de mi grupo parlamentario, presentar estos avances que venimos desa-rrollando en la materia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Lescieur. Tiene la palabra el diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señor Presidente. Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fijar posición respecto de esta trascendental reforma al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Efectivamente, al seno de la comisión se desarrolló una discusión muy seria, vasta, responsable. Convencimos, nos convencieron, tenemos la intención de votar en lo general a favor; sin embargo, mantenemos también una reserva respecto del artículo séptimo transitorio, que al seno de la comisión indudablemente generó suspicacia y no sólo al seno de la comisión; también al seno del mismo tribunal.

Y es importante resaltarlo porque este tribunal, como todos sabemos, sigue siendo dependiente; es un apéndice, desafortunadamente, del Poder Ejecutivo. Hoy, un ciudadano que impugne cualquier resolución administrativa se encuentra con que la misma resolución recae en el Poder Ejecutivo.

Quisiéramos haber visto una reforma que equiparara o que dotara de autonomía plena, que se incorporase al Poder Judicial de la Federación; sin embargo, a valoración de nuestro grupo parlamentario, hay avances significativos; efectivamente se crean facultades nuevas, se dota de presupuesto, de una cierta autonomía, de una desvinculación de la Secretaría de Hacienda, y esperamos que este camino nos lleve finalmente a cortar el cordón umbilical del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, quisiera alertar en términos de la reserva que hará nuestro grupo parlamentario del artículo séptimo ---como lo anuncié---, en el sentido de que tenemos un temor fundado de que esta reforma lleve nombre y lleve destinatario.

El mismo tribunal llegó a la Comisión de Justicia dividido; llegaron magistrados con posiciones diversas. Destacaban dos, en términos de la interpretación que se le da al artículo séptimo transitorio, con relación a la permanencia de magistrados que hoy detentan su cargo. Y tenemos fundado cuestionamiento, porque hemos sabido de intenciones de introducir en el tribunal a destacados litigantes o cercanos litigantes a los despachos de Diego Fernández de Cevallos, de Fauzi Hamdan, en fin.

Esto sí lo queremos dejar claro, lo vamos a reservar, pero no quisiéramos dejar la percepción de que estamos en contra de esta ley únicamente por eso; lo vamos a dejar muy claro para que sea la opinión pública, los litigantes y todo aquel ciudadano que llegue a solicitar justicia administrativa, que sean vigilantes de las acciones que se tomen en términos del nombramiento de futuros magistrados.

Estamos a favor de que efectivamente, el tribunal sea dotado de presupuesto autónomo, de que se puedan emprender acciones en aras de establecer la transparencia, de que se otorgue al pleno la posibilidad de abocarse a la atención de asuntos jurisdiccionales. En eso estamos de acuerdo y contarán con nuestro voto en lo general, a favor; sin embargo, haremos la reserva que acabo de mencionar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Tiene la palabra el señor diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Jesús de León Tello:Con su permiso, señor Presidente. Antes de dar inicio al posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero precisar que el artículo séptimo transitorio de la ley del dictamen que está a discusión habla de la posibilidad de continuar, previa evaluación de los magistrados que actualmente están en funciones, no tiene que ver, no tiene nada que ver la autonomía del tribunal, toda vez que la autonomía viene desde la Constitución en el artículo 73.

Creo que el artículo séptimo es muy claro, que previa evaluación que tengan los magistrados al concluir para el periodo que fueron designados, podrán ---previa evaluación--- ser nuevamente propuestos para que sean ratificados en el cargo de magistrados, que no tiene que ver nada con la autonomía del tribunal.

Dicho lo anterior quiero pedir el voto a favor de todos los legisladores en este dictamen, toda vez que la importancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del sistema jurisdiccional mexicano, se plasmó en la exposición de motivos de ley que lo creó.

Se deseaba desde el inicio, que este tribunal administrativo se convirtiera en el órgano que prestigiará en México la impartición de la justicia administrativa.

El tribunal ha ido evolucionando y se le ha dotado de nuevas competencias, con objeto de ampliar los supuestos en que los particulares antes de recurrir ante el Poder Judicial de la Federación acudan ante una instancia administrativa plenamente autónoma. El objetivo es claro, revisar los actos de la administración pública federal que les producen un perjuicio o alteración en su esfera jurídica.

Bajo esa perspectiva de origen, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha cumplido fielmente el alto encargo de ser custodio de la legalidad de los actos de la administración pública, en aquellas materias de su competencia.

Recordemos que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano jurisdiccional autónomo, que en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Acción Nacional tiene claro que el desarrollo del país requiere de instituciones fuertes, sólidas y comprometidas con la sociedad mexicana. Por lo que el pasado 10 de febrero de 2006, los entonces senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, Héctor Larios Córdova y Jorge Zermeño Infante , presentaron e impulsaron la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la cual, entre sus principales objetivos, busca reconocerlo como un tribunal de lo contencioso administrativo, con la fortaleza y profesionalización que una institución de tal importancia debe tener en todo momento.

El pasado 19 de abril la Cámara de Diputados recibió la minuta de la colegisladora que contenía la iniciativa de la nueva ley. Consideramos que es de vital importancia promover y alentar todas aquellas reformas que vengan a actualizar y mejorar nuestras instituciones jurídicas, tal y como la reforma que hoy se impulsa que contiene, entre otras, las siguientes características principales:

Que sea el domicilio fiscal del actor el que se tome como base para fijar la competencia territorial de las salas regionales del tribunal; la creación de la junta de gobierno y administración; se modifica la integración de la Sala Superior; la creación de cinco magistrados supernumerarios; amplía la duración del cargo de los magistrados; crea un sistema profesional de carrera jurisdiccional, lo cual permite una mayor capacitación y mejor calidad de las actuaciones del tribunal; crea las salas regionales especializadas; una mayor competencia en materia del tribunal y el boletín procesal para notificar las resoluciones y acuerdos.

Sin duda, la reforma refleja claramente el sentir institucional de los legisladores de Acción Nacional, así como el compromiso que tenemos respecto de la profesionalización de nuestras instituciones gubernamentales, jurídicas y políticas, siempre con la intención de elevar el estado de derecho y posicionar a México como un país de instituciones sólidas y a la vanguardia en la modernización y profesionalismo de todos y cada uno de los órganos de nuestra nación.

Finalmente, reconocemos ampliamente a los señores legisladores de la Comisión de Justicia que en un ejercicio de pluralidad y consenso votaron a favor de la iniciativa que hoy presentamos, la cual constituye el reflejo de un diálogo y de una gran apertura al interior de este honorable recinto legislativo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús de León Tello. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa a la Asamblea que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo séptimo transitorio, por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Se pregunta a la Asamblea si hay algún otro diputado que desee reservar algún otro artículo. En consecuencia, se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación)

Señor Presidente, se emitieron 2 votos en contra, 1 abstención y 362 votos en pro.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 362 votos.

Para la reserva en lo particular, tiene la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del grupo parlamentario del PRD, para hablar sobre el artículo séptimo transitorio.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor Presidente.

«Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Los suscritos diputadas y diputados y por acuerdo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; formulamos reserva con relación al Dictamen de la ``con proyecto de decreto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa'', al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Reconocemos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como aquel órgano que tiene como principal función la impartición de justicia, en especifico donde un particular o gobernado se enfrenta con la Administración Pública Federal para tratar de obtener la nulidad de un acto de autoridad que le causa una afectación en su esfera jurídica.

Reconocemos y agradecemos la aceptación de las modificaciones planteadas por nuestro grupo parlamentario ante el pleno de la Comisión de Justicia de ésta H. Cámara de Diputados, sin embargo consideramos que sería inapropiado aprobar el artículo séptimo transitorio toda vez que establece que ``Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, para ser nombrados como Magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley''.

De la lectura del articulo transitorio se aprecia que el mismo cuando menos tiene dos problemas serios.

PRIMERO. Con base en la redacción del transitorio propuesto los magistrados del tribunal que fueron propuestos con la ley vigente no tendrían la misma oportunidad para cumplir con los años establecidos en esa misma ley que los propuestos con la nueva ley, lo cual sería violatorio de la garantía de igualdad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que establece que se debe dar un trato igual a los iguales y en ese sentido tanto los magistrados propuestos por la ley vigente como los propuestos por esta ley deben estar en igualdad de circunstancias para el ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO. ¿Quién o que órgano evaluaría el desempeño de los magistrados?, no obstante que la evaluación se realice por la junta de gobierno y administración del propio Tribunal lo trascendental es quien decide sobre la permanencia de los magistrados. No debe pasar desapercibido que una de las últimas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo a 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Jalisco por violaciones cometidas a sus garantías individuales por una reforma del Congreso local donde se señalaba que los magistrados serían evaluados por ellos mismos y el congreso decidiría si los mismos eran ratificados o separados de su encargo. Este mismo asunto derivó en una controversia constitucional por invasión de competencias del poder legislativo de Jalisco en contra del poder judicial de la misma entidad. Dicha controversia fue resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando inconstitucional dicha reforma.

Es necesaria la adecuación para que no se perjudique a los magistrados actuales y a los que están en proceso de ratificación. Esta propuesta coincide con la de la mayoría de los magistrados que acudieron a solicitud de la Comisión de Justicia el 21 de noviembre pasado.

Por las razones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentamos a la consideración del Pleno la siguiente reserva al dictamen con proyecto de decreto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

SÉPTIMO TRANSITORIO.- Los magistrados de la sala superior y de salas regionales que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo a que se refiere el artículo 5° de esta ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de marzo de 2007.--- Diputada Alliet Bautista Bravo (rúbrica).»

Por su atención gracias, y esperamos, de igual manera, que pueda tenerse la mayoría para darle la inmovilidad a los magistrados y garantizar que los magistrados que estén en este alto tribunal, puedan tener la capacidad y que tengan una carrera jurisdiccional y no violar este derecho constitucional. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, al artículo séptimo transitorio.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la diputada Alliet Mariana al artículo séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se de-secha.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo particular.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficiente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación del artículo séptimo transitorio reservado y todos los demás artículos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal del artículo séptimo transitorio en los términos del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente: se emitieron 245 votos en pro, 79 votos en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

VOLUMEN II

DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que haga un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos contra los derechos humanos de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, José Edmundo Ramírez Martínez , integrante de esta LX Legislatura, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por la magnitud de los volúmenes de población que a nivel mundial implica el fenómeno migratorio, se obliga a los gobiernos de los países a realizar acciones de política pública y de Estado, comprendiendo a la migración como un todo, integrándola en una sola visión, causas y consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, pero sobre todo, garantizando el respecto irrestricto a los derechos humanos.

La migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional de México. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y sus familias. En otras palabras, este fenómeno afecta a nacionales mexicanos residentes en el exterior, así como también, a los que se encuentran dentro del territorio mexicano.

En este contexto, para el Grupo Parlamentario del PRI en esta LX Legislatura, el tema migratorio es una prioridad nacional y uno de los fenómenos estratégicos que tiene que enfrentar el Estado mexicano, para poder construir relaciones más dinámicas y de corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, y que tengan como objetivo primordial el sentar las bases para una política de Estado en materia migratoria viable, permanente e integral.

El papel de esta soberanía entre otras cosas se debe de enfocar en construir, de manera constante y permanentemente, un dialogo abierto y una negociación justa sobre este tema con nuestros vecinos del norte.

Sin embargo, no es posible dejar de pronunciarnos desde esta tribuna, de manera enérgica, para condenar y rechazar los actos de violencia, racismo y xenofobia que reciben los que intentan migrar al país del norte en busca de una forma digna de trabajo, que por desgracia, no pueden encontrar en nuestro territorio.

Como legisladores debemos de ser enérgicos y solidarios con nuestros connacionales y exigir al gobierno estadounidense que garantice el respeto fundamental a lo más valioso de un ser humano, su vida. Los migrantes son gente en busca de esperanza para ellos y sus familias y que sin duda con su trabajo físico e intelectual, contribuyen de manera fundamental al desarrollo de ese país y no es posible que se les trate como delincuentes y en muchos de los casos se les cace como animales. ¡No más violencia en contra de nuestros hermanos migrantes!

Los hechos ocurridos en días recientes, ponen de manifiesto la importancia de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que facilite la migración segura y ordenada de nuestros connacionales, que redunde en beneficio para ambos países.

La muerte de connacionales es una situación inaceptable que atenta en contra de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Es un acto indigno que lastima las relaciones diplomáticas de los dos países y genera un entorno de inconformidad, de irritación y de molestia.

De acuerdo a Eduardo Ibarra Aguirre y a un reporte de la American Inmigration Law Fundation se documenta que entre 2 mil y 3 mil cadáveres de hombres, mujeres y niños han sido encontrados en los últimos 12 años a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.

La cifra más exacta la aporta el profesor Wayne Cornelius, de la Universidad de California en San Diego: 2 mil 798 cuerpos de indocumentados han sido recuperados en territorio de Estados Unidos, entre 1995 y 2004. Éste hace un planteamiento estremecedor para el presente y el futuro de los flujos migratorios. Revelando también que la doble moral del discurso de los arquitectos estadounidenses del modelo unipolar no sólo es inadmisible, sino también imposible de llevar a la práctica, como recordó Vladimir Putin a un George Bush en bancarrota.

El planteamiento es que para poner esta tasa de mortalidad en perspectiva, la frontera fortificada de Estados Unidos con México ha sido 10 veces más mortal para migrantes de México durante los recientes nueve años que lo que fue el muro de Berlín para los alemanes orientales durante sus 28 años de existencia.

El día de hoy tenemos la obligación y la oportunidad de que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso mexicano, colaboren de manera articulada para generar políticas públicas y de Estado que disminuyan los niveles de migración, además, para el PRI, es una gran preocupación que este tipo de acciones reprobables en todo sentido se han convertido en un asunto cada vez más recurrente.

En el Grupo Parlamentario del PRI lamentamos profundamente estos hechos, ocurridos en días pasados en Tucson, Arizona, en donde tres personas murieron por heridas de arma de fuego y otros resultaron heridos. Debemos de trabajar desde el ámbito de nuestra competencia para implementar, con carácter de urgente, con los gobernadores de los estados fronterizos de ambos países acuerdos que garanticen la seguridad física y el respeto a los derechos humanos.

Por lo anterior, es necesario solicitar al Poder Ejecutivo y la cancillería hagan un reclamo enérgico a Estados Unidos por estos hechos en los que resultaron tres personas muertas y dos lesionadas.

Por lo anterior, me permito solicitar su solidaridad y apoyo, por lo que pongo a su consideración para que se vote de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exigir de manera enérgica y respetuosa al Poder Ejecutivo que por la vía diplomática haga el extrañamiento y exigencia del cumplimiento de la ley a Estados Unidos de Norteamérica.

Segundo. Solicitar al Ejecutivo federal que implemente, de manera inmediata, un programa de seguridad fronteriza para prevenir estas situaciones.

Tercero. Que esta Cámara de Diputados se pronuncie en contra del ataque y actos de xenofobia que afectan a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.--- Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

REGLAMENTO EN MATERIA DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIONES Y PERFORACIONES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de los diputados Ector Jaime Ramírez Barbay Margarita Arenas Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saludemita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el Reglamento en materia de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del PAN

Consideraciones

La práctica de la ornamentación corporal data de tiempos inmemoriales; cobra múltiples formas.

Actualmente, la aceptación y popularidad social de esas tendencias ha crecido y motivado la diversificación y multiplicación de las técnicas, materiales y artistas dedicados al servicio. Entre los artistas dedicados a esos menesteres se encuentran los tatuadores, perforadores y micropigmentadores, cuya actividad en la actualidad no está reglamentada ni autorizada.

Estos servicios se desarrollan en centros comerciales, establecimientos privados, tiendas de joyería, casas particulares y consultorios médicos, por lo que toda la población tiene acceso a ellos. Generalmente no se utilizan antibióticos y los métodos de esterilización son variables.

De entre los riesgos para la salud, publicados y descritos en la bibliografía médica por el empleo de estos procedimientos invasivos, se reportan infecciones, dolor, edema y hemorragia prolongada. Se considera que cualquier exposición percutánea tiene el potencial de causar riesgos para la salud.

En sesión celebrada el 26 de noviembre de 2002 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa de Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones, por lo cual la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de ley a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con opinión a la Comisión de Juventud y Deporte, para su estudio y dictamen.

En la Cámara de Diputados fue dictaminada y aprobada, con 384 votos en pro y 16 abstenciones, el jueves 18 de marzo de 2004.

En la Cámara de Senadores fue dictaminada y aprobada con modificaciones, con 87 votos en pro, el martes 4 de octubre de 2005.

Fue devuelta a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dictaminada de nuevo el jueves 16 de febrero de 2006.

De lo anterior resultó que el 24 de abril de 2006, durante la LIX Legislatura, se publicara en el Diario Oficial de la Federación la adición de los artículos 268 Bis y 268 Bis-1, y reforma del 419 de la Ley General de Salud en materia de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 268 Bis. Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores deberán contar con autorización sanitaria de acuerdo con los términos del Capítulo I del Título Décimo Sexto de esta ley y las demás disposiciones aplicables.

Se entenderá por:

Tatuador: Persona que graba dibujos, figuras o marcas en la piel humana, introduciendo colorantes bajo la epidermis con agujas, punzones u otro instrumento por las punzadas previamente dispuestas.

Perforador: Persona que introduce algún objeto decorativo de material de implantación hipoalergénico en la piel o mucosa con un instrumento punzocortante.

Micropigmentador: Persona que deposita pigmentos en áreas específicas de la piel humana, bajo la epidermis, en la capa capilar de la dermis con agujas accionadas mediante un instrumento manual o electromecánico.

Artículo 268 Bis-1. Queda prohibido realizar tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones a personas menores de 18 años de edad, así como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales. En el caso de las acciones antes mencionadas, sólo podrá exceptuarse lo anterior cuando los menores de 18 años estén acompañados de uno de sus padres o tutor, previa acreditación de tal carácter, o cuenten con la autorización por escrito.

La violación de esta disposición se sancionará en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, y conllevará a la revocación definitiva de la autorización respectiva.

Artículo 419. Se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con sesenta días a partir de la entrada en vigor de este decreto para emitir el Reglamento en materia de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones.

Debido a las anteriores reformas de la Ley General de Salud, es necesario reglamentar los artículos adicionados y reformados a fin de proveer en la esfera administrativa su exacta observancia por parte del Ejecutivo y asegurar la prestación segura e higiénica de estos servicios.

En atención al consenso parlamentario sobre la materia, a la expresión de los grupos sociales que prestan los servicios a que alude la ley, a la posibilidad de prevenir riesgos para la salud y al transcurso de 228 días sin reglamento, hoy es necesaria su emisión a fin de cumplimentar la ley.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el Reglamento en materia de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones, relativo a los artículos 268 Bis y 268 Bis-1 del Capítulo VIII del Título Duodécimo de la Ley General de Salud, con fundamento en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.--- Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Salud.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde 1982, cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Esta significativa fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (Uicter) un siglo después de que el doctor Robert Koch anunciara el descubrimiento del bacilo causante de esta enfermedad.

No obstante que el propósito de celebrar este día es destacar el trabajo y la colaboración de todos los países que luchan contra esta enfermedad, y buscar nuevas formas de informar a la población sobre sus consecuencias y erradicación, no podemos ni debemos hacerlo con los brazos cruzados.

Si el mundo tuviera en vida al doctor Koch, él lamentaría profundamente ver cómo hoy en día, después de que formuló la vacuna para combatir el bacilo de la tuberculosis, siguen muriendo personas en todo el mundo a consecuencia de dicha mal, sin poder erradicarlo.

Esta enfermedad, que es considerada un problema de salud pública, puede atacar a cualquier persona, ya que su propagación se realiza a través del aire cuando alguien infectado tose o estornuda. Cuando la bacteria llega al pulmón, en una primera etapa no se presenta ningún síntoma; después de transcurrido un tiempo se mantiene inactiva, pero si la persona presenta una baja de sus defensas o sufren éstas algún tipo de alteración y se debilitan, el padecimiento aparece. Importante es saber que estos cambios los pueden originar algunos virus, como el VIH, o enfermedades como el cáncer.

Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran: fiebres de hasta 38 grados, tos excesiva, falta de apetito, baja de peso y cansancio.

De acuerdo con informes de la OMS, en el nivel mundial se informa que un tercio de la población se encuentra infectada por el Mycobacterium tuberculosis, y al año ocurren 10 millones de casos nuevos y fallecen 3 millones de personas.

Es importante destacar, que la Organización Mundial de la Salud, posterior a la declaración de emergencia mundial de la tuberculosis, definió la estrategia del ``tratamiento acortado estrictamente supervisado'' conocida, por sus siglas, como TAES, que se inició en nuestro país en 1996.

Dicha estrategia, entraña la realización firme y decidida de las siguientes acciones: el compromiso político del gobierno a fin de garantizar los recursos necesarios para el control de la tuberculosis, a través del suministro de medicamentos e insumos de laboratorio a todos los servicios y unidades de salud; la organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de casos; el diagnóstico de los casos, mediante examen de esputo en los y las pacientes con tos y expectoración que acuden a los servicios de salud; el tratamiento acortado estrictamente supervisado, personalizado, a todos los casos confirmados; y un sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de casos, hasta su curación.

En el caso particular de México, a pesar de que esta estrategia se ha venido aplicando, se ha reconocido en el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis 2001-2006 de la Secretaría de Salud de la administración pasada, que no se ha logrado la cobertura TAES deseada, ya que ésta no se realiza de manera sistemática en las unidades de salud ni entre la población, lo que impide detectar todos los casos existentes de forma oportuna, por lo que se requieren acciones intensivas y áreas donde se precisa una búsqueda intencionada y dirigida de casos.

Un aspecto que no podemos soslayar es que los factores de mayor riesgo para que la tuberculosis prolifere son la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento y el abuso en el consumo de alcohol y tabaco, así como de otras drogas.

No olvidemos las cifras que tenemos sobre pobreza extrema y desnutrición en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y qué decir del incremento en el consumo de drogas en todo el país.

Esta situación sin duda debe preocuparnos, más aún cuando en las cámaras del Congreso, durante las comparencias de los secretarios de despacho con motivo de la glosa de los informes presidenciales, quedan muchas interrogantes respecto a los temas que se abordan; tal es el caso de la comparecencia del ex secretario de Salud, Julio Frenk Mora, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno al término de la legislatura pasada, en la que dicho funcionario sólo mencionó que en el caso de la tuberculosis la mortalidad se ha reducido 32 por ciento, sin que se profundizara en este tema toral para la salud.

Considerando, que:

El Plan Mundial Alto a la Tuberculosis 2006-2015 se ha fijado como propósito reducir a la mitad la incidencia de esta enfermedad, así como el nivel de fallecimientos, ya que esta enfermedad continúa siendo una amenaza para la salud en el mundo.

Una de las metas trazadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establece el compromiso de alcanzar, al menos, 70 por ciento de detección y 85 por ciento de curación.

Desde 1993, debido a que a la tuberculosis se ha asociado el VIH/sida y la aparición de cepas de M. tuberculosisresistentes a los medicamentos, se consideró por la Organización Mundial de la Salud una emergencia a nivel mundial.

En México, además de lo anterior, se ha identificado que la enfermedad tiene mayor asociación con diabetes mellitus, desnutrición y adicciones, principalmente el alcoholismo, lo cual ha agravado el perfil de la tuberculosis.

Las zonas y poblaciones que pertenecen a los municipios más alejados y marginados del país son aquellas que evidentemente no alcanzan a recibir los servicios de salud que las autoridades sanitarias de los tres ámbitos gubernamentales deben procurar y aplicar, en articulación y con base en la estrategia TAES para prevenir y atender la tuberculosis.

Por ello se debe impulsar el incremento de las acciones de prevención y control de esta enfermedad sin dejar de atender la estrategia mundial para alcanzar su erradicación.

Para no frenar el paso en la lucha contra la tuberculosis debemos refrendar el compromiso y redoblar esfuerzos, para disminuir el riesgo en la población de enfermar y morir a causa de la tuberculosis e interrumpir su transmisión; asegurar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, principalmente en las zonas y poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social; así como fortalecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de la salud y el control de esta enfermedad.

No hay mejor forma de celebrar esta fecha que levantar la voz para hacer un llamado al Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia, a no ceder en la lucha contra las enfermedades que son todavía un problema grave de salud pública, como la tuberculosis; así como en la puesta inmediata de acciones y aplicación de recursos para ese fin.

Por lo anterior, pido atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluta sujeción al principio de división y colaboración de poderes, exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, a que a la brevedad se diseñe y aplique un programa emergente en todo el país, principalmente en las poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social, con objeto de que se intensifiquen en su aplicación las medidas sanitarias y los servicios de salud para prevenir y controlar la tuberculosis. Para tal efecto se implantarán los mecanismos legales de coordinación con las secretarías de las entidades federativas, así como para hacer efectiva la participación social.

Asimismo, se pongan en operación más laboratorios móviles para garantizar de inmediato en dichos municipios la detección oportuna, el diagnóstico confiable, el seguimiento bacteriológico de calidad y la atención de la población que padece ya la enfermedad.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de marzo de 2007.--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Salud.

SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA, Y NO DISCRIMINACION

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación se destine un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva y a la no discriminación.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a destinar un porcentaje del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme al artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisa la administración y la distribución de los tiempos fiscales otorgados por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Dicha distribución se realiza en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, mismo que se distribuye en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

En el caso del Poder Ejecutivo la Secretaría de Gobernación es la encargada de dar seguimiento a la utilización de estos tiempos fiscales y está facultada para reasignarlos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados.

El artículo 18 también establece que los ``tiempos oficiales sólo se pueden destinar a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las leyes aplicables''. En tal virtud exhortamos al Ejecutivo federal para que del 40 por ciento de tiempo que tiene asignado, destine por lo menos un 5 por ciento cada año, para que la población reciba información sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva basándose en los programas que para tal fin cuenta la Secretaría de Salud federal.

De igual forma exhortamos al Poder Legislativo federal, en particular a la Cámara de Diputados, para que del 15 por ciento que le corresponde designe un 2 por ciento anual de su tiempo a los temas mencionados en el párrafo anterior.

El derecho a la salud y a la información son derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en los artículos 4o. y 6o. de la Constitución y por lo tanto hay que respetarlos y fomentarlos.

Es necesario que el Poder Ejecutivo utilice los tiempos fiscales otorgados en medios de comunicación para informar a la población de sus derechos, para campañas preventivas y para la difusión de las políticas públicas que se diseñan en su beneficio. La Secretaría de Salud federal cuenta con diferentes materiales educativos y programas sobre salud sexual y reproductiva que sería muy importante que se difundieran a través de estos espacios. En este sentido destacan los programas sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes; sobre todo, aquellos referidos a la prevención del embarazo adolescente, uso del condón y prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual; tecnología anticonceptiva; salud sexual y reproductiva de las comunidades indígenas; atención en el climaterio y la menopausia; orientación para la prevención y diagnóstico de la infertilidad, así como la promoción y difusión de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar, entre otros.

También a través de estos espacios se pueden dar a conocer los diferentes servicios que en materia de salud se prestan a la población de todo el país.

La salud reproductiva se define como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de sólo ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

Se centra de acuerdo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en la promoción de la toma de decisiones saludables, voluntarias y seguras en lo relativo a la vida sexual y reproductiva de individuos y parejas, incluyendo las decisiones sobre el tamaño de la familia y el momento del matrimonio, las cuales son fundamentales para el bienestar humano. La sexualidad y la reproducción son aspectos vitales de la identidad personal y son elementos clave para la creación de relaciones personales y sociales plenas, dentro de distintos contextos culturales.

Lleva implícito el derecho del hombre y la mujer de obtener información y servicios de planificación familiar de su elección, así como de métodos para regular la fecundidad que no estén legalmente prohibidos y tener acceso a servicios adecuados de atención a la salud.

La salud sexual y reproductiva abarca aspectos tan sensibles como importantes para los individuos, las parejas y las comunidades, como son la sexualidad, la discriminación por género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. De ahí la importancia de que la población en general reciba este tipo de información de manera constante, lo cual sin duda ayudará a prevenir embarazos no deseados en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, prevenir enfermedades, prevención del VIH-Sida, proteger la salud de la población y bajar los índices de mortalidad infantil y materna.

Finalmente, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud sostiene que el derecho a la educación y a la información es particularmente importante para la promoción y protección de la salud. Y es a través de la difusión de programas de radio y televisión, como función social, la manera de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para que del tiempo fiscal asignado por ley que otorgan al Estado los medios de comunicación se designe el 5 por ciento en el caso del Poder Ejecutivo y un 2 por ciento para la Cámara de Diputados a temas sobre la salud sexual y reproductiva y la no discriminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputada: Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Mesa Directiva.

VIOLENCIA FAMILIAR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Guadalupe Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Saludemita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-190, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 9 de marzo de 2000 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-190-SSA 1-1999), sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar. Conforme al artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud inició la revisión de la misma desde el año 2005, con el fin de llevar a cabo las adecuaciones correspondientes y hasta la fecha no ha sido publicada.

La norma oficial mexicana citada tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación que se proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar. Es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el sistema nacional de salud. Es un instrumento para atender en los establecimientos de salud a las personas involucradas en situación de violencia familiar, y para contribuir a la prevención de esta última.

La violencia familiar es un serio problema de salud pública y el gobierno mexicano desde el punto de vista de atención médica lo ha reconocido así. En México, como en muchas partes del mundo, la violencia familiar tiene un trasfondo cultural complejo, lo que dificulta la adecuada planeación y ejecución de acciones para su prevención, detección y atención.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud ``la violencia contra la mujer es causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva, tan grave como el cáncer, así como un factor de riesgo de salud mayor que el de los accidentes de tránsito y la malaria combinados''.¹

En el caso de las mujeres, la violencia de pareja tiene una importancia especial tanto por su frecuencia como por la carga de enfermedad que provoca. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 48 encuestas realizadas en diversos países, se encontró que entre 10 y 69 por ciento de las mujeres encuestadas mencionaron haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún momento de sus vidas.

La violencia familiar se reconoce no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito, que además incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica.

La violencia sexual es un fenómeno mucho más frecuente de lo que pensamos y cuyas consecuencias físicas, psicológicas y para la salud pública poco se mencionan; con estas consideraciones, es necesario que proveedores y proveedoras de los servicios de salud cuenten con información especializada para prevenir y limitar en lo posible y de manera inmediata mayores daños a la salud, derivados de este tipo de agresión, para apoyar a quienes la padecen y garantizar su seguridad así como promover su recuperación.

Es importante reconocer que la atención oportuna y de calidad, tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de complicaciones importantes ante delitos como el de violación, que afectan la calidad de vida, al perpetuar los daños emocionales biológicos y sociales, entre los que se encuentran el embarazo forzado y las infecciones de transmisión sexual.

La mayoría de las mujeres en situación de violencia familiar o en riesgo de sufrirla, acuden al menos una vez al sector salud para recibir atención médica por las lesiones producto de la violencia o por otros motivos de salud, hecho que incrementa la necesidad de que personal de salud participe de manera acertada para la prevención, detección y atención de casos de violencia familiar.

Con las adecuaciones realizadas a la nueva Norma Oficial Mexicana, el Gobierno de México seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.²

Bajo este contexto es de especial relevancia que la norma siga vigente como instrumento de ayuda para conocer la magnitud y características específicas del impacto de la violencia familiar en nuestro país. Además de que con su publicación apoyará a la recientemente publicada Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A casi 7 años de la entrada en vigor de la norma fue necesario adecuarla a los nuevos retos y circunstancias que se presentan en el tema de la violencia. El proyecto ya está, el proceso ya se cumplió, por lo que es importante que la Secretaría de Salud, a través de las instancias correspondientes agilice los trámites hacia el interior de la secretaría y lleve a cabo la publicación de la misma con la mayor brevedad.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría de Salud federal, en particular a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a emitir los comentarios correspondientes sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana 190, sobre prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar, y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.

Notas:

1 Datos del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud. Comentarios a la Norma Oficial Mexicana, 1ª edición, 2003.

2 Foros internacionales importantes (Asamblea General de las Naciones Unidas. 1979), Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ``Convención de Belem do Pará'' (OEA, 1994), Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), y la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Salud.

BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que solicita una auditoría a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría sobre la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla , Antonio Ortega Martínez , Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría especial sobre la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos al Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; de igual manera se solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que --en caso de encontrarse irregularidades que puedan ser constitutivas de delito--, se proceda en consecuencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la presentación del proyecto de la Biblioteca José Vasconcelos se presentaron diversos cuestionamientos acerca de la definición del proyecto, toda vez que se presentaba como la creación de la Biblioteca Nacional, institución que existe en México desde el año de 1857, el día 14 de septiembre, fecha en que con el acervo de la biblioteca de la Universidad de México se formó el acervo simiente de la Biblioteca Nacional. Se inaugura el día 2 de abril de 1884, bajo la dirección del gran escritor y filólogo José María Vigil. En el discurso de inauguración, hace casi ciento veintitrés años, decía:

``Conocido ya el caudal efectivo de la Biblioteca Nacional no es difícil ir enriqueciendo sistemáticamente las diversas divisiones, llenando los vacíos que en ellas se observan, tarea que se allana en gran manera teniendo a la vista buenos catálogos de las principales librerías extranjeras, y siguiendo el movimiento intelectual indicado por las obras que en todas materias se dan a la estampa, y cuya noticia se consigna oportunamente en los periódicos bibliográficos''¹

Esta tarea no fue comprendida por las autoridades del subsector cultura, que ignoraron la labor hecha por más de 118 años, y que al verse expuestos en el error histórico, pretendieron cambiar el proyecto, ya de una biblioteca de acervo, ya de una biblioteca de consulta, hasta que idearon el proyecto de albergar en el edificio el cerebro electrónico de la red de bibliotecas del país. No quiero extenderme en la discusión de estos proyectos, me concentro en el tema de los costos:

Se ejercieron 99 millones etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, para el inicio del proyecto.

En el año 2004 se creó un fideicomiso por 289 millones, con un depósito de Nacional Financiera, SNC (200311H0001353), a título de Biblioteca de México José Vasconcelos. También se ejercieron 418 millones etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 en Conaculta.

Hay que considerar que la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, prohíbe en su artículo 1, fracción VI, en su séptimo párrafo:

``Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.''

El siguiente año se erogan 521 millones asignados al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, aún cuando esta partida se había eliminado por la Cámara de Diputados.

Adicionalmente el director de la dirección de Bibliotecas de Conaculta, el doctor Jorge von Ziegler acepta en una reunión de trabajo con la Cámara de Diputados, el día 21 de febrero del presente año, que Conaculta ejerció 128 millones adicionales en el mismo año.

En 2006 el presupuesto del Capfce etiqueta el gasto de la Biblioteca José Vasconcelos en dos partidas, una por 258 millones y otra por 270 millones de pesos; se destina la primera para finalizar la construcción y la segunda para el equipamiento.

El mismo año, 2006, de un presupuesto original de 806.1 millones, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, tuvo diferentes ampliaciones, gracias a las cuales casi duplicó su presupuesto original al llegar al ejercicio de mil 553.7 millones de pesos, un comportamiento irregular a todas luces.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2007, el citado Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, tiene un presupuesto de apenas 126 millones de pesos.

Si la diferencia entre los 126 millones del presupuesto actual contra los mil 553 millones del presupuesto del año pasado no representa al menos un gasto irresponsable, fuera de toda medida, entonces no ofrece materia para la fiscalización del destino de más de mil 300 millones en un solo año.

Como complemento de la base argumental de este punto de acuerdo, pongo a la consideración de esta soberanía, la manera en que se impuso en el organigrama de gobierno la Biblioteca José Vasconcelos, de tal forma que ni siquiera se hizo la planeación del gasto para el año 2007. Tal como se advirtió en su momento, la creación de este elefante blanco, sólo ha representado una presión de gasto en el subsector cultura, y la desviación de los escasos recursos de las instituciones federales al funcionamiento de una obra que irresponsablemente se dejó a media construcción.

Es tal la cantidad de irregularidades que ya arrojó la primera auditoría, realizada en 2004, que debe hacerse una auditoría especial tanto al Capfce como a Conaculta, y se debe auditar el fideicomiso, para lo cual ha de exhibirse el contrato de su constitución, con la finalidad de saber de qué manera se ejercieron los recursos, si se ejercieron, si se violentó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, y de qué partidas se regresan los 289 millones de pesos, y finalmente en qué se entretuvo este dinero más de dos años.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría especial, a Conaculta y al Capfce en las transferencias a obras públicas y a la adquisición de bienes muebles, así como la investigación a la Dirección de Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien gestionó junto con Conaculta y el Capfce, recursos adicionales para la construcción y equipamiento de la Biblioteca México José Vasconcelos.

Segundo. Establecido lo anterior, solicitamos la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y que en caso de encontrarse irregularidades, que puedan ser constitutivas de delito, se proceda en consecuencia.

Nota:

1 Boletín de la Biblioteca Nacional de México, Número, agosto 21 de 1904, página 23.

Palacio Legislativo a 27 de febrero de 2007.--- Diputados: Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

PROTECCION DE HUMEDALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la protección de los humedales mexicanos.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

El de mañana ha sido señalado por la comunidad internacional como Día Mundial de los Humedales, conmemorándose la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales en 1971. La razón subyace en realizar actos, actividades y acciones encaminadas a aumentar la sensibilización del público acerca de los valores de los humedales y los beneficios que reportan en general y la Convención de Ramsar en concreto.

El Poder Legislativo, en consecuencia, debe también promover acciones que involucren la protección de los humedales.

Estos ecosistemas son uno de los más frágiles que existen en el planeta y por ello la acción gubernamental, sustentada en la legislativa y apoyada por la judicial, implica poner importante énfasis en la consecución de los compromisos internacionales adquiridos sobre esta materia, así como la aplicación irrestricta de nuestra Carta Magna y las leyes que derivan de ella.

El tema sobre los humedales en nuestra nación ha carecido de firme compromiso político toda vez que es visto como un rubro especifico de los recursos hídricos del país y no como un proceso que involucra otras variables fundamentales como la vida silvestre, la protección ambiental, los recursos forestales y el propio término de equilibrio ecológico.

Se evidencia una clara falta de compromiso de todos los sectores sociales, iniciando por el gubernamental, quien debería ser el garante de la viabilidad de estos frágiles ecosistemas.

Resulta desalentador que el gobierno mexicano, avalado por un puñado de organizaciones no gubernamentales que no representan la diversidad de ideologías relacionadas con lo ambiental, no tenga mucho que decir en su último informe ante el Secretariado de la Convención Internacional sobre Humedales.

En la última reunión de las partes de dicha convención que tuvo lugar en la ciudad de Kampala, Uganda, en 2005, se presentó el informe nación del gobierno mexicano sobre la aplicación de la convención. Desde 1986 que nuestra nación inscribe un sitio bajo la tutela de esta Convención, los avances han sido nulos.

El informe señala que está en realización un inventario completo de los humedales del país y reconoce que no se guió por la metodología señalada por la convención, señalando que no existe un término para finalizar dicho inventario y que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua su ejecución.

La realidad no las da los contenidos que remitió a la Convención el gobierno mexicano en su informe, del cual destaca lo siguiente:

No contamos con un inventario que por lo menos identifique: los posibles sitios Ramsar; los humedales de importancia local; y los humedales que requieran ser restaurados y rehabilitados, con la pertinente lista de prioridades, otorgando especial prioridad a los inventarios de humedales cársticos y subterráneos, humedales intermareales, arrecifes coralinos, turberas, sitios que sustenten a especies amenazadas mundialmente y otros tipos de humedales y de características subrepresentados en la lista de Ramsar.

Si acaso existe un listado, que no inventario, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sobre cuáles son los humedales protegidos.

No existen metadatos sobre humedales.

Algo realmente grave es que reconoce la inexistencia de información sobre humedales para que las autoridades tomen decisiones sobre políticas en estas zonas.

El gobierno no ha presentado proyectos al Fondo de para Pequeñas Subvenciones de la Convención Ramsar y por tanto es una de las tantas inferencias que se sustentan la falta de voluntad política del gobierno mexicano para proteger los humedales. De este fondo hubieran salido fondos para proteger algo de los humedales mexicanos como Cuatrociénegas, delta del Colorado, La Mancha, Lerma, etcétera.

Es lamentable que el informe señale que el gobierno mexicano sólo contribuyó con comentarios y revisión de la Evaluación del Milenio sobre Ecosistemas, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El gobierno mexicano ni siquiera llenó la parte del formulario relativo a Poner a disposición de las Partes Contratantes y de otras organizaciones interesadas las conclusiones y orientaciones elaboradas por la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas (EM)a fin de que se valgan, según proceda, de las orientaciones y de los métodos de la EM para llevar a cabo evaluaciones subglobales de los ecosistemas de humedales en los planos local, nacional y regional (supranacional), incluso mediante la cooperación internacional en la evaluación de ecosistemas acuáticos transfronterizos. Esto es realmente serio ante la problemática que se tiene con el delta del Río Colorado.

El gobierno mexicano no llevó a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad de los humedales al cambio de las características ecológicas, comprendida su vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático y del aumento del nivel del mar.

No existe un depósito de las contribuciones consistentes en la evaluación nacional de las modificaciones de los recursos de humedales, como base para un análisis periódico y para mejorar la presentación de informes sobre el estado de los recursos mundiales de humedales.

No existe documentación de las pérdidas registradas y la situación y las tendencias actuales de los ecosistemas costeros.

No se evaluaron las consecuencias de las represas en los humedales.

No se ha monitoreado y evaluado las repercusiones de la sequía y otros desastres naturales en las características ecológicas de los sitios Ramsar y otros humedales y en los medios de vida de las comunidades locales y pueblos indígenas dependientes de los humedales.

A pesar que el informe señala que se inicia la elaboración de una norma para caudal ecológico y que existe una Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, esto es de manera general y no se particulariza sobre los humedales.

México no cuenta con una política explícita sobre humedales.

El gobierno federal no ha velado por que las cuestiones relativas a los humedales estén plenamente integradas en otros documentos estratégicos o de planificación y armonizadas con ellos.

No hay evaluación de los ecosistemas de humedales de montaña. Las comunidades locales y los pueblos indígenas no han participado en los procesos de evaluación del impacto ambiental ya que la participación social que en México se tiene no es autogestiva ya que sigue siendo paternalista.

El gobierno ni siquiera respondió sobre si se ha trabajado en la revisión del concepto de uso racional, su aplicabilidad y su compatibilidad con los objetivos del desarrollo sostenible, a pesar que es mandato constitucional que el desarrollo nacional será integral y sustentable.

No se ha participado en el proceso dirigido por la oficina de Ramsar para establecer un comité coordinador para la acción mundial sobre las turberas.

El gobierno no ha considerado, dentro de los marcos nacionales y jurídicos, entre otras cosas, la posibilidad de realizar la compilación y evaluación de los elementos culturales materiales e inmateriales relacionados con los humedales y el agua teniendo en cuenta, según proceda, los derechos de propiedad intelectual, el derecho consuetudinario y el principio de consentimiento fundamentado previo; ni promovido el aprecio y la revitalización de estos valores culturales entre las poblaciones próximas a los humedales y la población en general; ni incluido los aspectos pertinentes del patrimonio cultural tanto en la preparación como en la ejecución de los planes de gestión de los humedales, llevando a cabo estos empeños con la participación activa de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros interesados directos, y considerar la posibilidad de emplear los valores culturales de los humedales como herramienta para reforzar esta participación, en particular en la planificación y el manejo de los humedales.

No se han emprendido evaluaciones de los flujos ambientales en relación con las repercusiones de las grandes represas.

El gobierno reconoce que no ha promovido iniciativas de participación de organizaciones de la sociedad civil, tanto públicas como privadas, relacionadas con la gestión de las aguas subterráneas, dentro del marco del manejo integral de los recursos hídricos; ni se han evaluado las consecuencias de la aplicación del Protocolo de Kyoto en la conservación de los humedales.

El gobierno reconoce que se han tomado medidas en el manejo de manglares para preservar el papel de los ecosistemas de manglar en la mitigación del cambio climático y del aumento del nivel del mar argumentando la publicación de la NOM 022 pero lo que no dice es que las modificaciones que el propio secretario Cárdenas Jiménez realizó unilateralmente, violando la ley, a esta norma va en sentido contrario al espíritu que se le solicita informar al respecto.

El gobierno menciona que se han llevado a cabo algunas acciones transfronterizas importantes se relacionen con humedales, sin embargo la situación que prevalece en el delta del Río Colorado desdice lo informado.

En fin, el listado de inconsistencias nos llevaría largo rato y no es el objeto de esta participación en tribuna; sin embargo, se quiere hacer referencia a lo que el gobierno ha dicho en torno al tema de los humedales y la situación real en el país.

Resulta entonces evidente que a partir de hoy se tomen medidas emergentes y de largo plazo para construir una política pública en torno a los humedales. Por ello, en el pasado período de sesiones presente ante este pleno, mismo que fue aprobado en ese mismo acto, la convocatoria a una Consulta Pública Nacional para elaborar un diagnóstico de la situación que impera en los humedales nacionales y se promuevan los cambios legislativos correspondientes para su protección y manejo sustentable.

No obstante, ni la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Comisión de Recursos Hidráulicos han promovido su realización, pese a que esta Cámara ha avanzado en aprobar sendos puntos de acuerdo y minutas relacionadas con el tema de los humedales, como lo fue el caso de Cuatrociénegas y la aprobación de adiciones a la Ley General de Vida Silvestre. Con ello queremos dejar en claro que no se trata de realizar un foro al respecto sino que la Consulta consiste en abrir un período mínimo de seis meses ante la opinión pública para que se haga llevar a esta Cámara las distintas propuestas relacionadas con modificaciones legales o nuevas propuestas de ley en torno al tema de los humedales y una vez expirado el lapso, crear un grupo técnico de trabajo para elaborar las iniciativas correspondientes y presentarlo, todo ello podría reforzarse con foros regionales, pero lo fundamental es que todos los interesados puedan participar con sus propuestas de la manera que se ha mencionado.

En tal virtud y dado que esta Cámara recién aprobó la instauración de comisiones especiales me permito someter a la consideración del pleno, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos sea la que coordine los trabajos de la Consulta pública nacional para la protección de los humedales por este pleno el 5 de octubre de 2006, toda vez que dentro de las razones por la cual fue constituida está la protección de los ambientes acuáticos que incluye a los humedales.

Segundo. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos se encargue de darle seguimiento a los compromisos adquiridos en la Convención Ramsar y a los diversos documentos que han surgido desde su creación, participando activamente en la revisión del próximo informe nacional que el gobierno mexicano someta a la convención, previo a su envío, de tal forma que promueva una visión más realista de la situación que prevalece en los humedales mexicanos.

Tercero. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos contacte de manera inmediata a los titulares de las siguientes organizaciones civiles: Ann Sock de Amigos del Manatí, AC; David Ocampo Peraza de Consejo Ecológico de Mazatlán, AC; Arturo García Lozano de Cuerpos de Conservación Guanajuato, AC; y Sergio Jiménez Lezama de Organización Vida Silvestre, AC, quienes realizaron junto con autoridades de la Semarnat el Instrumento de planificación nacional para la aplicación de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, para que informen sobre su motivación por avalar dicho informe, así como los trabajos de investigación, documentos y sinopsis de su participación en tal documento, así como la consecución que se le ha dado al mismo instrumento y cómo lo promovieron frente a la sociedad ambientalista de la nación, dado que se trata de una responsabilidad que involucra el interés general de la nación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007.--- Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

TARIFAS DE PEAJE EN AUTOPISTAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Carlos Sánchez Barrios, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesy de Capufe instrumenten las medidas necesarias para reducir las tarifas de peaje en las autopistas que administran.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe a instaurar las medidas necesarias para reducir el peaje en las autopistas que administran, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

México es un país de enormes desigualdades y carencias. Algunas de carácter social y económico, pueden ser consideradas como superables; en cambio otras desigualdades y carencias con origen en la naturaleza, poseen un mayor grado de dificultad para ser resueltas.

La inicua distribución del ingreso es un ejemplo de desigualdades económicas y sociales.

Por otro lado, la localización de los recursos naturales, como el agua dulce y las relativas a la orografía del territorio, son ejemplo de desigualdades y carencias naturales.

Si bien estas diferencias no son atribuibles a nadie en particular; marcan, sin embargo, a nuestros compatriotas, favoreciendo a unos y afectando a otros. Tal es el caso del transporte, tanto de personas, como de mercancías, a través de la red carretera y en especial de las autopistas de cuota, en donde prevalecen inconvenientes disparidades de costos.

Una primera aproximación a las tarifas de peaje muestra una significativa disparidad de las mismas. El costo promedio por kilómetro para automóviles en todas las autopistas del país es de 1.18 pesos, ese costo en las autopistas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, es de 1.12 pesos, y el mismo costo en autopistas operadas por otros concesionarios se eleva a 1.36 pesos. Lo anterior denota, por una parte, una fuerte disparidad en el costo por kilómetro entre autopistas; y por otro, un menor costo promedio en las autopistas operadas por Capufe que en las de otros concesionarios.

Lo mismo se repite en los casos de autobuses y camiones de dos ejes. Para los autobuses el costo promedio por kilómetro es de 2.02 pesos en el conjunto de las autopistas; de 1.89 pesos en las operadas por Capufe y de 2.41 pesos en las operadas por otros concesionarios.

En el caso de los camiones el costo promedio es de 2.02, 1.89 y de 2.43 pesos, respectivamente.

Existen autopistas en las que los peajes superan, con mucho, los promedios señalados. En las autopistas Capufe la tarifa por kilómetro para automóviles varía de 0.59 pesos (en la autopista Estación Don-Nogales) a 1.79 pesos (en la autopista Guadalajara-Tepic); y para autobuses oscila entre 0.97 pesos (en la autopista Estación Don-Nogales) y 2.66 pesos (en la autopista Zacapalco-Rancho Viejo).

Dado que se presenta esa disparidad de peajes, existe un margen para reducirlos así como para intentar igualarlos en todo el país, en beneficio de los usuarios de las autopistas, en particular de quienes radican en zonas de orografía pronunciada. Lo anterior sin desconocer, desde luego, las condiciones diversas en las que se tienen que construir las vialidades, las diferentes especificaciones de las vías y en consecuencia los distintos costos de construcción y operación.

Recordemos que una de las funciones del estado mexicano es atenuar las desigualdades en el país. El tema carretero es un campo en donde esa función debe ser desplegada.

De tal manera, propongo a esta soberanía, exhortar a las autoridades responsables, a considerar estos hechos y adoptar nuevos criterios para la fijación de tarifas, tendiendo al mismo tiempo a reducirlas e igualarlas.

Considerando lo antes señalado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al titular de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que instrumenten las medidas que resulten necesarias tendientes a reducir e igualar las tarifas de peaje por kilómetro que se cobran actualmente en las autopistas de cuota a cargo de Capufe.

Segundo. Igualmente, esta honorable Cámara de Diputados, exhorta a los mencionados funcionarios, con el fin de que tomen en consideración nuevos criterios en la fijación de las cuotas de peaje en las autopistas a cargo de Capufe de modo que éstas no profundicen las desigualdades existentes entre las regiones del país; lo mismo que en futuras concesiones, se privilegie la rentabilidad social sin abandonar el criterio de la rentabilidad económica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2007.--- Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Comisión de Transportes.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió de diversos grupos parlamentarios punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad y el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones contraídos por Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos diputados federales que integran la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 34, inciso c y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV, como consecuencia de la concesión que le fue otorgada, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la publicación de la Ley de Aeropuertos el 22 de diciembre de 1995, da inicio la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano y para ello establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos se requiere de concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El 9 de febrero de 1998 el gobierno federal, publica los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano. Bajo el esquema de la concesión, se establecieron como objetivos conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria; elevar los niveles de seguridad y eficiencia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.

Se constituyeron 4 empresas como sociedades controladoras, con un capital de mil millones de pesos sufragados con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dichas sociedades constituyeran una sociedad concesionaria por cada grupo controlador.

Sobre el particular, gobierno federal otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacifico, GAP, la concesión para explotar 12 centrales aéreas del pacífico y centro norte.

No obstante que la Ley de Aeropuertos establece la obligación a los concesionarios de modernizar y ampliar la estructura aeroportuaria, en el caso del aeropuerto de Guadalajara, fue necesaria la presión de las autoridades estatales para que se hicieran las obras que el aeropuerto demandaba y en el caso de Tijuana han existido una serie de irregularidades a los términos originalmente pactados en la concesión que ameritan una revisión puntual del grado de cumplimiento de los propósitos que animaron el otorgamiento de la concesión al GAP.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene como socios a las empresas: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Fenosa Dragados y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). En 1998 el Grupo Ángeles, en unión con AENA, sin tener experiencia en el manejo de aeropuertos participa y gana la concesión, que no se licitó, del 15 por ciento de los títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del Pacifico. Poco tiempo después, el Grupo Ángeles vende su participación del capital social del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Poco tiempo después el Grupo Ángeles vende su participación a Holdinmex (controladora accionaria de la empresa Jugos del Valle), empresa que es utilizada como puente financiero por Unión Fenosa y Dragados de España, autorizándose la venta, con la participación mexicana nuevamente sin experiencia respecto a la operación de aeropuertos.

A partir de entonces, el Grupo Aeroportuario del Pacífico disfruta de una serie de ventajas muy por encima de las mejoras en los aeropuertos. En principio, la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal y han sido beneficiarios de diversos pagos: 10 millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, 1 por ciento de comisión por la venta de combustible y, en el mismo año que se les otorgo la concesión, se les autorizó el pago de dividendos (ejercicios fiscales 1998-1999) por 447.1 millones de pesos y al año siguiente se les devolvieron impuestos por 180 millones de pesos.

El GAP se comprometió a invertir 385.9 millones de pesos en los primeros 14 años de la concesión, Si consideramos que este grupo recauda 315 millones de pesos cada año por concepto de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), en ese lapso recibirá 4 mil 410 millones de pesos.

Sin embargo en materia de inversión, en Tijuana, en el Plan Maestro autorizado al GAP se establecía el compromiso de realizar una inversión mínima de 131 millones de pesos durante los años 2000, 2001 y 2002, asentándose en el reporte de mayo de 2002 un déficit de 72.2 millones de pesos, estoes, más del 50 por ciento de la cifra global comprometida.

En materia laboral el escenario es igual de negativo: su voracidad los ha llevado a recortar el 50 por ciento del personal que trabaja en ASA, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos. También ha desatado una política de agresión en contra de los locatarios, a quienes han buscado desalojar por todas las vías a su alcance u obligarles a que acepten condiciones leoninas para los usos de los locales.

No menos importante, en el caso de Tijuana, es el deterioro de las condiciones en que se devuelve el aeropuerto por el aumento de la inseguridad pública, la proliferación de pordioseros y el aumento del ambulantaje. Destaca, a sí mismo, que en este aeropuerto no paga las contribuciones locales, como derechos de conexión e impuesto predial y solo l municipio le adeuda más de 120 millones de pesos.

Además, con la concesión aumentaron las tarifas que les cobran a las líneas aéreas por concepto de aterrizaje y otros servicios, en montos superiores al 30 por ciento respecto de las que cobraba ASA. Aunque esta problemática la comparten las líneas aéreas en el caso de los demás aeropuertos concesionados, no deja de ser una ventaja adicional para el GAP.

Las innumerables irregularidades señaladas han sido denunciadas en la LVIII, LIX y LX Legislaturas de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en Tijuana, el GAP tuvo a los usuarios sentados en el piso por más del 50 por ciento del primer quinquenio de operación; sin monitores informativos de llegadas y salidas de vuelos; canceló el puente al estacionamiento y la única salida de emergencia que existía; presionó y amenazó a los locatarios; intentó aumentos de hasta 500 por ciento en los arrendamientos y propició la interposición de más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios. En los aeropuertos de Mexicali, Hermosillo, Los Mochis, La Paz, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Manzanillo, Guadalajara, Aguascalientes, Del Bajío y Morelia, los locatarios nacionales han sido desplazados.

La situación descrita podría agravarse con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si consideramos el posible conflicto de intereses del secretario, licenciado Luis Téllez, quien formó parte de varias empresas, entre ellas del Consejo del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

La Ley de Aeropuertos establece que ``corresponderá a los concesionarios o permisionarios asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre las bases de seguridad, eficiencia y calidad''.

Así las cosas, ante el evidente cúmulo de irregularidades, el consecuente daño al patrimonio nacional, la mala calidad del servicio que se proporciona a los usuarios y en virtud de que las autoridades han eludido su responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos contraídos por el GAP, se hace imprescindible que la LX Legislatura investigue esta situación.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se crea una Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacifico SA de CV, como consecuencia de la concesión que le fue otorgada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de de 2007.3.--- Diputados: Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Silvano Garay Ulloa . (rúbrica), María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Humberto López Lena Cruz ((rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Héctor Narcia Alvarez (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Susana Monreal Avila (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Mario Vallejo Estevez (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), César Flores Maldonado (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), María Elena Torres Baltasar (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo expida un decreto para que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2006.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas:Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea, el suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal por la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal para que expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones más afectadas del estado de Oaxaca; a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal y a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales continúen aplicándose y se amplíen durante el año 2007.

Consideraciones: la economía en el estado de Oaxaca está paralizada por la baja actividad turística causada por el conflicto magisterial y social, además de la poca promoción de la misma por parte de los gobiernos estatal y federal.

En Oaxaca hay un estado débil de derecho y un ambiente de desconfianza en relación con la solución real del conflicto, por lo que la sociedad oaxaqueña insiste en que lo peor de la recesión económica está por venir.

Los beneficios, exenciones y estímulos otorgados por el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo del 28 de noviembre de 2006, si bien es cierto que constituyeron una respuesta a las circunstancias imperantes, también lo es que las condiciones han variado, por lo que se impone ampliar sus alcances y objetivos.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal, a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de las zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007.

En un momento termino, señor Presidente. Le pido su anuencia para continuar esta propuesta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas : Segundo. Se amplíen los beneficios y estímulos considerados en el decreto que prorroga la vigencia del expedido el 28 de noviembre de 2006 por el Ejecutivo federal, con los siguientes:

Exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta para personas morales y físicas, previstos en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Diferimiento del pago del impuesto al valor agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

Reducción en el pago de 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Diferimiento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el ejercicio fiscal del 2008.

Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo a la mediana y pequeña empresa, a profesionistas, taxistas, artesanos con instituciones públicas y privadas para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.

Se acuerde con las instituciones financieras correspondientes, el Infonavit y Fovissste, una prórroga de 18 meses, a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casa-habitación.

Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente o cuando menos, el del 28 de noviembre de 2006, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con los contribuyentes, o pagos a que se refieren los incisos anteriores.

Durante este plazo de gracia se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.

Los beneficios que se determinan en los incisos 1), 2), 3) y 4) se otorgarán a favor de todos los contribuyentes en general, y/o tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, o que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones, o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento o actividad fuera de ellas, quienes gozarán de los beneficios establecidos correspondientes a las agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento, o bien a los atribuibles al domicilio fiscal ubicados en las regiones afectadas del estado de Oaxaca.

Concluyo, señor Presidente. Se solicita del pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo y se tramite a comisión con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Les pido, por favor, de que también Oaxaca es un estado de la Federación, el cual necesita del apoyo de esta soberanía. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, José Luis Varela Lagunas , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el Carácter De Urgente Resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 26 julio de 2006 la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a condonar las contribuciones federales a que están sujetas las personas físicas y morales establecidas en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

2. Con fecha 28 de noviembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que el titular del Poder Ejecutivo otorgó beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla. En los considerandos de dicho decreto se establece, en lo conducente:

Que la ciudad de Oaxaca es un importante destino del turismo nacional e internacional que genera una importante derrama económica al estado, en virtud de la venta de productos artesanales, la prestación de servicios de hotelería, restaurantes, industrias y de comercios en general.

Que desde el pasado mes de mayo se han visto afectadas gravemente las actividades económicas de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados, derivado de plantones permanentes y bloqueos que han impedido que las actividades productivas de dichos lugares, se realicen con normalidad, situación que se ha agravado por la suspensión del festejo anual de la Guelaguetza, cuya derrama económica representa aproximadamente 300 millones de pesos.

Que con objeto de evitar que se dañe gravemente la actividad económica de dichas regiones, así como impedir la pérdida de empleos y la afectación a las cadenas productivas, se estima conveniente otorgar diversos beneficios fiscales para aminorar el impacto generado por la situación que atraviesan la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados.

En virtud de lo anterior, el Poder Ejecutivo federal otorgó los siguientes beneficios:

-- Exención total del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal 2006.

-- Aplazamiento del entero de las retenciones del impuesto sobre la renta efectuadas a sus trabajadores, por los contribuyentes que tributen el impuesto sobre la renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, que efectúen pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2006.

-- Exención de efectuar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006.

-- A los contribuyentes personas físicas que tengan su domicilio fiscal, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, que tributen en los términos del Título Cuarto, Capítulo 2o., Sección Tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo 2 C. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán realizar el pago de las cuotas a su cargo correspondientes a los bimestres tercero, cuarto, quinto y sexto de 2006, en cuatro parcialidades mensuales, iguales y sucesivas.

-- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, consistente en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo respecto de los cuales se pueda aplicar el artículo 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Los beneficios anteriores se hicieron extensivos a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones, o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento fuera de ellas.

Se exime de la obligación a garantizar el interés fiscal a los contribuyentes que efectúen el pago diferido o en parcialidades, conforme a los incisos anteriores.

Para los efectos del decreto en análisis, se consideraron las regiones afectadas del estado de Oaxaca, los municipios de Ánimas Trujano, Huilapan de Guerrero, Magdalena Apasco Etla, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San Andrés Huayapan, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Francisco Lachigoló, San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas, San Juan Guelavia, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Tutla, Santa Ana del Valle, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, Santa María Guelacé, Santa María Yatareni, Santiago Matatlán, Teotitlán del Valle, Tlacochahuaya de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera, Villa de Mitla, Villa Díaz Ordaz, Zaachila y Zimatlán de Álvarez.

Se establecieron algunas modalidades y reglas para la aplicación del Decreto en cuestión.

Consideraciones

I. En la actualidad en el estado de Oaxaca hay una relativa paz, pero las actividades económicas se encuentran paralizadas, pues el conflicto político magisterial ha ocasionado que hasta la fecha exista el veto de diversos países para que sus turistas visiten dicho estado.

II. Que es necesario evitar que se siga dañando gravemente la actividad económica del estado de Oaxaca, impedir la pérdida de empleos y la afectación de cadenas productivas, por lo que resulta necesario y conveniente que se continúen otorgando los beneficios y estímulos fiscales materia del decreto del titular del Poder Ejecutivo federal de 28 de noviembre de 2006, para atenuar los efectos y aminorar el impacto generado por el movimiento magisterial y apoyar la recuperación de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados, durante el año de 2007.

III. Se toma en consideración que la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca ha tenido una creciente participación de generación de riqueza de 18.7 por ciento en el total estatal en 1989, pasa a 18.9 por ciento en 1994 y 28.6 por ciento en 1998. Se podría inferir que en 2004 esta zona rebasa el 30 por ciento.

Es por ello que al irse polarizando las posiciones entre gobierno estatal, por un lado, y por la otra el magisterio y la APPO se han provocado fenómenos importantes. Los costos privados y sociales se han ido incrementando y se ha producido una caída de la producción de los bienes y servicios relacionados con el comercio, servicios privados bancarios y no bancarios, servicios sociales y gubernamentales. Lo anterior deriva en el corto plazo, mediano y largo plazo, en efectos que son de atonía en toda la actividad económica, con la disminución en la producción de bienes y servicios, la caída de la inversión privada y finalmente la caída del empleo y su ingreso asociado cuya territorialidad es la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.

Un efecto colateral ha sido el ambiente negativo para invertir, consumir y producir, mientras no haya posibilidades firmes de solución al conflicto.

Por otra parte, la actividad gubernamental en materia de promoción turística y económica es prácticamente nula.

A lo anterior hay que agregar un estado de derecho débil y un ambiente de desconfianza en relación a la solución real e irreversible del conflicto, por lo que la sociedad oaxaqueña insiste en que lo peor de la recesión económica está por venir desplegándose en una espiral de baja inversión, bajo nivel del producto, bajo nivel de empleo, bajo nivel de ingreso y bajo nivel de potencial de mercado, que a su vez repercutirá en menores niveles de inversión pública y privada.

IV. Que los beneficios, exenciones y estímulos otorgados por el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo de 28 de noviembre de 2006, han resultado ineficientes e insuficientes para cumplir los objetivos pretendidos de resolver la crisis económica y social que dejaron como estela los movimientos magisterial y de la APPO en el estado de Oaxaca, pues continúa el estancamiento económico; el turismo permanece deprimido con recuperación muy precaria; el comercio no ha podido recuperarse y los servicios, principalmente restaurantes, hoteles y sitios históricos, culturales y de entretenimiento, continúan prácticamente desiertos; empresarios y trabajadores como taxistas, artesanos y comercio informal están agobiados por los gastos, las deudas acumuladas y la descapitalización que sufrieron durante los meses de conflicto y, en general, la población de los municipios afectados se encuentra resentida y temerosa de que en un futuro inmediato se puedan repetir los funestos acontecimientos de referencia, como sucede cíclicamente cada mes de mayo en que se plantea la revisión de los salarios y condiciones de trabajo de los maestros.

Consecuentemente, es necesario y procedente no sólo prorrogar los beneficios otorgados por el decreto del Ejecutivo de 28 de noviembre de 2006, sino que tales beneficios y estímulos deben ampliarse a fin de que se pueda recuperar efectiva y oportunamente la economía de las áreas y la población afectada en el estado de Oaxaca. Para este efecto, se considera indispensable que en el decreto que prorrogue dichos beneficios para el año de 2007, se incluya lo siguiente:

Exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta para personas morales y físicas previsto en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Diferimento del pago del impuesto al valor agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

Reducción en el pago del 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diferimento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores, en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo a la mediana y pequeña empresa, con instituciones públicas y privadas, para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.

Se concierte con las instituciones financieras correspondientes una prórroga de 18 meses, a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casas-habitación.

Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con las contribuciones o pagos a que se refieren los incisos anteriores.

Durante este plazo de gracia, se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a expedir, en el ámbito de colaboración entre los poderes, un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007.

Segundo. Se amplíen los beneficios y estímulos considerados en el decreto que prorroga la vigencia del expedido el 28 de noviembre de 2006 por el Ejecutivo federal, con los siguientes:

1. Exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta, para personas morales y físicas, previsto en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2. Diferimento del pago del impuesto al valor agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

3. Reducción en el pago del 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. Diferimento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores, en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

5. Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo la mediana y pequeña empresa, con instituciones públicas y privadas, para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.

6. Se concierte con las instituciones financieras correspondientes una prórroga de 18 meses, a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casas-habitación.

7. Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con las contribuciones o pagos a que se refieren los incisos anteriores.

Durante este plazo de gracia, se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.

Los beneficios que se determinan en los incisos 1, 2, 3 y 4 se otorgarán en favor de los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las regiones afectadas del estado de Oaxaca; o que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones; o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, quienes gozarán de los beneficios establecidos correspondientes a las agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento o bien a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las regiones afectadas del estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2007.--- Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica).» Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como lo ha solicitado el diputado José Luis Varela. Sonido por favor a la curul del diputado Arredondo.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra(desde la curul): Presidente, sólo para sumarme al punto de acuerdo del compañero diputado José Luis Varela.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputada Irma Piñeyro, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Irma Piñeyro.

La diputada Irma Piñeyro Arias(desde la curul): Señor Presidente, para sumar mi apoyo al punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Varela ya que el 16 de noviembre del año pasado, presenté un punto de acuerdo en los mismos términos. Confiamos ahora que con esta propuesta se dé una respuesta positiva para el estado de Oaxaca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola y, si no hay inconveniente del diputado Varela, para que se sumen a su punto de acuerdo. Queda entonces a las órdenes de ustedes aquí en la Secretaría el documento para que lo suscriban. Tiene la palabra el diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Señor Presidente, para sumarme al punto de acuerdo del compañero José Varela.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: De acuerdo. Carlos Altamirano, del PRD.

El diputado Carlos Altamirano Toledo(desde la curul): También para sumarnos a ese punto de acuerdo, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputada Patricia Villanueva.

La diputada Patricia Villanueva Abraján(desde la curul): Señor Presidente, para solicitarle al diputado Varela me permita también adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a disposición de todos los diputados que han hecho uso de la palabra y si alguno más así lo considera, este punto de acuerdo en la Secretaría para que lo puedan suscribir.Se ratifica el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Beatriz Pagés Llergo, para presentar punto de acuerdo en relación con el cierre de la Biblioteca José Vasconcelos, suscrito también por el diputado Alfonso Suárez del Real.

La diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar:Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con el cierre de la biblioteca José Vasconcelos.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el del Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente resolución, sometemos ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como ha trascendido, la biblioteca José Vasconcelos, la obra cultural más importante del sexenio que presidió el señor Vicente Fox Quesada, está cerrada, debido a una serie de problemas e irregularidades derivados de las condiciones en que fue construida. Además, que la precipitación en el desarrollo y ejecución del proyecto impidieron definir si la citada obra era ``biblioteca de acervo'', ``biblioteca de investigación'', o una ``central digital''. Seguramente, el tiempo limitado en que se construyó, casi un año efectivo, abonó a la problemática.

En un principio se habían presupuestado para el proyecto de la biblioteca ``José Vasconcelos'' mil millones de pesos, monto que al final alcanzó los 2 mil 300 millones de pesos, más un fideicomiso de 289 millones de pesos, administrados por Nacional Financiera, cuyo contrato es poco claro; una donación de 40 millones de dólares, que realizó el empresario Bill Gates, que se usaría para equipamiento de la megabiblioteca y que a la fecha no se sabe cual fue el destino de los recursos; así como 418 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a favor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), cuya aplicación también se desconoce.¹

El megaproyecto de la biblioteca José Vasconcelos fue diseñado con una infraestructura para:

Albergar un acervo bibliográfico de millón y medio de libros; sin embargo, sólo existen 500 mil libros, 200 mil de los cuáles aún no se clasifican, permaneciendo vacíos más del 40 por ciento de los anaqueles, de lo cuales las goteras y filtración de humedad han dañado cerca de 30 mil volúmenes.

Contar con 750 terminales de cómputo con acceso público y gratuito conectadas a Internet, donde casi la tercera parte de las terminales no funciona

Se construyó una cisterna con una capacidad de 6 millones de litros, que se utilizaría para regar los 22 mil metros del jardín botánico y así evitar que la biblioteca se inundara. Sin embargo, el edificio, en la primera temporada de lluvia sufrió inundaciones.

Como es evidente, el proyecto presenta diversos problemas, algunos de ellos ya han sido identificados por la Auditoría Superior de la Federación:

En el informe sobre la Cuenta Pública 2005, que la Auditoría Superior de la Federación hizo -de conformidad con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas aplicables a la fiscalización superior de la gestión gubernamental, como son la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, entre las que destacan:

1) La obra no contaba con los permisos correspondientes al 31 de diciembre de 2004, en contravención al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, aunque ya se habían ejercido 100 millones de pesos un año antes, esto es, en 2003.

2) La obra inició sin que se elaboraran los programas anuales de obra pública, sin establecer las metas de corto, mediano y largo plazo.

3) Algunos contratos no cuentan con pólizas que cubran de manera suficiente su compromiso en la terminación de las obras adjudicadas.

Por propias declaraciones de las autoridades culturales, en particular del presidente de Conaculta, el maestro Sergio Vela, y de la titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, la polémica sobre la biblioteca José Vasconcelos se ha renovado, toda vez que ahora se sabe que la construcción de la biblioteca Vasconcelos se encuentra a sólo cinco metros de los mantos freáticos.

Aún más específico es el informe del libro blanco del Comité Administrador para el Programa Federal para la Construcción de Escuelas, el cual en el inciso 1.5, Obra civil, edificios A, B y C, reconoce entre otras cosas:

1. ``...el subsuelo no posee la capacidad de carga, por lo que se estableció que la cimentación de todos los edificios que conforman las instalaciones en comento sería a base de pilotes de carga de punta prefabricados, en virtud de que el estrato resistente se localiza a una profundidad de 20 a 24 metros.''

2. Que sobre la base de los pilotes de carga se ligaron a la losa de cimentación, y que ``en el interior de esta cimentación fue concebido también para ser utilizado para el almacenaje de grandes cantidades de agua provenientes de las precipitaciones pluviales captadas de diversas zonas de la Biblioteca México José Vasconcelos''.

3. Que por razones de costos se utilizó un procedimiento que se describe así: ``para realizar la unión de las placas con elementos estructurales fue utilizado el procedimiento de atornillado, en virtud de que dicho procedimiento resulta más rápido y económico al no requerir mano de obra especializada,...''

4. En ese proceso para resolver los problemas de cimentación se implementó un sistema de pilotes colados in situ:

``Una vez concluido el proceso de colado de inclusiones e hincado pilotes de fricción y de pilotes de punta; sobre últimos (sic) fue planteada la cimentación de tipo superficial, formada a base de dados de concreto reforzado, ligados entre sí por medio de contrabajos de liga, con las cuales se logra absorber los efectos de deformación y torsión propiciados por la transferencia de carga del subsuelo y la reacción de éste ante dicha carga.'' 5. Por si fuera poco, el citado documento reconoce que el equipo ganador entregó su proyecto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien se encargó de las licitaciones en una primera fase, entre las que destaca la cimentación profunda, pero que dicho proyecto fue modificado por la necesidad de ajustar la obra a los tiempos de entrega: ``Sin embargo, conforme avanzó la construcción de la obra, y después de analizar los resultados y avances en su ejecución, hubo necesidad de replantear y definir de qué manera se podía llevar a cabo ésta sin exceder la fecha límite para su construcción.''

Sin duda alguna este documento oficial exhibe gran parte de los problemas, que se complementan con las revisiones hechas por integrantes del Colegio de Arquitectos, que constataron las ``deficiencias en el drenaje y en las tuberías de los baños, así como la fragilidad de los cristales y la filtración de la humedad''.²

Por su parte, el arquitecto Enrique Espinosa hace la observación de que el origen de los errores y desperfectos en la construcción de la biblioteca José Vasconcelos se debe a las prisas por inaugurarla: ``el concreto no fragua por decreto''; éstas son las palabras textuales del especialista. Es todavía más alarmante que la falta de tiempo para la fragua del concreto, la utilización de un sistema económico y rápido en el armazón de los pilotes de carga, que las filtraciones en sótanos y estacionamientos, en suma: que la modificación del proyecto por la prisa en la entrega de la obra, pudieran haber afectado irremediablemente la cimentación y los sistemas fundamentales de la biblioteca Vasconcelos que pudiera representar un riesgo para usuarios y trabajadores.

Es precisamente por el riesgo que representa una construcción realizada con tal contratiempo, de manera tan precipitada, que fue necesario que la Auditoría Superior de la Federación requiriera al Conaculta, al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y a los contratistas participantes en la construcción de la Biblioteca México José Vasconcelos, durante el periodo comprendido del 20 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2006, un informe del resultado de sus actuaciones en la construcción de dicha unidad documental, con la finalidad de conocer el estado de las cimentaciones, de las condición estructural de las edificaciones, así como un análisis de los posibles riesgos que corren los usuarios. No se trata de poca cosa, se trata de la protección de vidas humanas y del hacer transparente la erogación de más de 2,000 millones de pesos.

Como en los viejos tiempos, la voluntad del presidente se impone a los proyectos a la definición de la finalidad de la obra, a la imposibilidad de construir, de prever el gasto al erario federal, de evitar el sobrecosto. El resultado está a la vista, no hay por qué dar carpetazo, no hay por qué cerrar los ojos. Detrás de todas estas decisiones erráticas hay personas, existen anomalías, irregularidades, posibles delitos. Documentemos el agravio a la cultura y a la nación, identifiquemos a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitamos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a ésta para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, realice una revisión de situación excepcional aplicada al proyecto de construcción de la megabiblioteca México José Vasconcelos y el impacto de sus modificaciones, mecánica de suelos, de comportamiento sísmico, estructural y cimentación, en particular la calidad, cantidad y estado de los materiales utilizados, así como el cumplimiento de las normas básicas del Programa de Protección Civil con el que debe contar.

Segundo. Que la revisión de situación excepcional comprenda el periodo del 16 de mayo de 2003 al 30 de noviembre de 2006.

Tercero. Con la finalidad de otorgarle certeza, imparcialidad y objetividad, solicitamos que se constituya un comité técnico pericial conformado por especialistas reconocidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de Ingenieros.

Cuarto. Se crea una comisión especial conformada de manera plural, con el objeto de dar seguimiento a las investigaciones y acciones emprendidas en torno a la biblioteca José Vasconcelos, cuya duración será de un año, a partir de la fecha de su constitución.

Notas

1 Semanario Proceso, número 1585.

2 Villamil, Jenaro, ``Faraónico despilfarro'', en la revista Proceso, semanario de información y análisis, número 1585, 18 de marzo de 2007, México, p. 9.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), diputada María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Presidente, yo sí pediría, no me queda clara la votación. Yo la pediría nominal.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Ábrase el registro electrónico para que se haga la votación nominal, en virtud de que así lo solicita la propia Secretaría, por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos del artículo 161. Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos.

(Votación)

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Señor Presidente: se emitieron 163 votos en pro, 3 abstenciones, 143 votos en contra; no hay las dos terceras partes.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En virtud de que no hay las dos terceras partes, no se considera de urgente resolución.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

PORCICULTURA NACIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, suspenda las importaciones de carne de cerdo, en tanto no se resuelva la situación de la porcicultura nacional.

El diputado Francisco Domínguez Servién:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas de esta LX Legislatura, con fundamento a la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal suspenda las importaciones de las piernas, paletas y trozo de cerdo, en su modalidad fresca, refrigerada o congelada, en sus fracciones arancelarias 0203.12.01 y 020322.1, en tanto no se resuelva la situación crítica de la porcicultura nacional.

La porcicultura mexicana, compañeros, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha visto seriamente afectada por importaciones a precios dumping de todos los productos de la cadena porcícola, desde el cerdo en pie hasta los diferentes cortes.

Dejaría de manera ilustrativa a esta Mesa Directiva y a la Presidencia, donde se muestran las siguientes estadísticas de importaciones de piernas de cerdo, donde se observa tan sólo en los últimos seis años, crecieron 116 por ciento, sin considerar el periodo de 1996 al 2006, donde ésta creció en 2600 por ciento.

El crecimiento sostenido de importaciones dio como resultado una saturación del mercado, donde la competencia desleal ha mermado el ingreso de los productores. Ante esta situación, los precios del ganado de cerdo en pié han mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos años; de enero de 2005 a la fecha se redujo 20 por ciento mientras que en el 2006 fue de 17 por ciento.

El incremento en los precios de los granos en el año de 2006 y lo que va de 2007 fue de 54 por ciento, lo que repercutió en un momento en los costos de producción en un 24 por ciento, y ante esta situación de depreciación no se han logrado repercutir estos costos en el mercado que han mermado las utilidades de los productores.

Considerando esto, que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han hecho diversos puntos de acuerdo que ven esta situación, que la porcicultura es importante para la actividad pecuaria, de la cual dependen un gran número de familias del sector rural.

Finalmente es urgente, compañeros, adoptar medidas de protección a la porcicultura nacional, para preservar esta garantía, que asegura la soberanía alimentaria del país, evitando la dependencia de productos de importación, con mayor razón cuando éstos son introducidos al país con precios dumping.

Emito el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal suspenda las importaciones de las piernas, paletas y trozos de cerdo en su modalidad de fresca, refinada y congelada, en tanto no se resuelva la situación crítica de la porcicultura nacional; y

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal realice una investigación minuciosa de la actuación de las instancias responsables del monitoreo de prácticas desleales de comercio en la atención de esta problemática que afecta gravemente a la producción nacional. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda las importaciones de carne de cerdo hasta que se resuelva la situación de la porcicultura nacional, a cargo del diputado Francisco Domínguez Servién , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Francisco Domínguez Servién , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La porcicultura mexicana, como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha visto seriamente afectada por las importaciones a precios de dumpingde todos los productos de la cadena porcícola, desde el cerdo en pie hasta los diversos cortes del mismo.

De manera ilustrativa, se muestran las siguientes estadísticas de importaciones de piernas de cerdo, donde se observa que tan sólo en 6 años las mismas crecieron 116 por ciento. Si consideramos el periodo 1996-2006, este crecimiento fue del 2 mil 600 por ciento.

El crecimiento sostenido de las importaciones dio como resultado una saturación del mercado, donde ante la competencia desleal ha mermado el ingreso de los productores.

Que ante esta situación los precios del ganado porcino en pie, han mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos años: de enero 2005 a la fecha se redujo en 20 por ciento, mientras que para el 2006 fue del 17 por ciento.

El incremento en el precio de los granos para el 2006 fue del 54 por ciento, lo que repercutió en un aumento del costo de producción del 24 por ciento y ante la situación de depresión de los precios no se ha logrado repercutir estos costos en el mercado, lo que ha mermado las utilidades de los productores.

Considerando que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han hecho diversos puntos de acuerdo que evidencian esta situación que prevalece en los años anteriores.

Que la porcicultura nacional es una importante actividad pecuaria, de la cual depende un gran número de familias del sector rural y que al carecer de una protección adecuada ha obligado a un número importante de pequeñas y medianas granjas porcícolas a cerrar, por incosteabilidad, debido a la presencia de productos importados.

Finalmente, es urgente adoptar medidas de protección a la porcicultura nacional, para preservar esta actividad, garantizar la soberanía alimentaría del país, evitando la dependencia de los productos de importación y con mayor razón cuando estos se introducen al país a precios de dumping.

Por las consideraciones anteriormente expuestas:

Se emite el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se solicita al Ejecutivo federal, suspenda las importaciones de piernas, paletas y trozos de cerdo, en su modalidad de frescas, refrigeradas o congeladas (fracciones arancelarias 0203.12.01 y 0203.22.01), en tanto no se resuelva la situación crítica de la porcicultura nacional.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo Federal realice una investigación minuciosa del la actuación de las instancias responsables del monitoreo de prácticas desleales de Comercio en la atención de esta problemática que afecta gravemente al sector productivo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2007.--- Diputado Francisco Domínguez Servién (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Hay dos terceras partes; hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Adelante, compañero, diputado Salvador Barajas del Toro.

El diputado Salvador Barajas del Toro:Muchas gracias, Presidente. Y con su permiso en nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta alta tribuna para manifestar nuestra adhesión sobre este exhorto de esta honorable Asamblea al Ejecutivo federal, para que de una vez por todas se decida enérgicamente a tomar decisiones para socorrer a los productores pecuarios mexicanos.

Las estadísticas citadas por quien presenta esta iniciativa, referentes a la importación de carne de cerdo, son patéticas pues exhibe de manifiesto que no existe una soberanía alimentaria como tal y que revela el desmesurado acaparamiento de la disponibilidad en el mercado por la introducción de despojos cárnicos comestibles.

Es oportuno exponer que en este mismo sentido y en materia, una observación adecuada a la que se pretende pronunciar no es otra sino el perjuicio provocado por la exorbitante importación, debido al libre comercio que ejercemos en nuestro vecino país del norte, en donde otros sectores pecuarios y, muy en particular, también el bovino y el avícola se ven involucrados.

Por eso quisiera mencionarles las importaciones de carne de ave y de res deshuesada que han estado ingresando en los últimos días en toneladas. En el 2006 fueron 217 mil toneladas de carne de especie bovina fresca refrigerada, de corte sin deshuesar fueron 2 millones 629 mil toneladas; en lo que se refiere a la carne de aves fresca, refrigerada y congelada fueron 382 mil 150 toneladas.

Por lo cual nosotros nos sumamos a este punto de acuerdo, pero a la vez también, le proponemos a quien ha presentado esta iniciativa que no nada más se detengan las importaciones de carne de cerdo, que en este mismo punto de acuerdo se plasme el que se agregue ``que se limiten las importaciones de carne de res y la carne de aves'' para verdaderamente proteger a los productores de nuestro país.

La alza de los granos no ha venido nada más a afectar a los porcicultores, la alza de granos ha venido a afectar a toda la cadena pecuaria, por lo cual si queremos una verdadera solución a este tema y verdaderamente queremos defender a los productores pecuarios mexicanos vamos diciéndole al Poder Ejecutivo federal que retenga las importaciones de cerdo, de res y de aves; ésa es la postura del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Gracias, compañero Presidente. Este tema sin duda que es un tema sensible, delicado, pero que también nos lleva con una enorme responsabilidad a la posición que este Congreso pueda asumir en este punto de acuerdo.

Sin duda somos solidarios con una expresión de desesperación de los productores porcícolas del país, pero como aquí el diputado Salvador Barajas del Toro también lo plantea desde el punto de vista de los productores de carne bovina y de ave.

Pero la trascendencia de una decisión de esta envergadura, de este tamaño, significaría la posición del Congreso a cerrar la importación de todo producto cárnico, de cerdo, de ave y de res. Lo cual, sin duda, al no ser autosuficientes en algunos de estos sectores, pondríamos en difíciles condiciones a la industria nacional que ya tiene en un proceso permanente de transformación de estos productos.

Por lo que a la circunstancia, yo plantearía al diputado Domínguez ---iniciador de este punto--- que hagamos a un lado la posición radical de cerrar en este momento, que sea la posición de cerrar la importación de estas carnes y que naturalmente sería el apoyo a Salvador Barajas del Toro y que nos diéramos a la tarea en un acuerdo, de convocar al subsecretario Carlos Arce, que tienen en la responsabilidad la autorización de las importaciones de productos cárnicos al país, a una comparecencia a la Comisión de Agricultura, Ganadería, a la Especial de Ganadería, a la de Desarrollo Rural, para que ahí pudiéramos ventilar los criterios que mueven y motivan a los diputados que con toda solidaridad hoy reflejan inquietud de los productores agropecuarios, sobre todo porcícolas del país.

Sería esa la postura en que me gustaría que más que radicalizar la posición del Congreso diéramos la oportunidad de una comparecencia para llegar a acuerdos con la Secretaría de Agricultura.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega(desde la curul): Gracias, señor Presidente. El asunto que estamos discutiendo y que espero que sea votado por unanimidad, tiene una razón fundamental de acuerdo con la situación económica de nuestro país. En la cuestión de importaciones se está dando una política indiscriminada y no únicamente en el asunto de la carne de cerdo, sino también de otros productos agropecuarios.

Creo que es correcto lo que está planteando el compañero diputado Domínguez; y también fortalece la posición del diputado Salvador Barajas y de César Duarte. Sí se requiere ahorita que se detenga la importación. El mismo punto de acuerdo nos está diciendo que revisemos, no es cerrar ya la importación y después a ver qué hacemos; el punto es muy concreto y dice: ``Hay que parar las importaciones de los productos cárnicos de puerco'', pero también revisemos y yo creo que es correcto que comparezca la instancia correspondiente para que se revise con exhaustividad cuál es la situación que están guardando todas las importaciones de los productos cárnicos.

Entonces nos sumamos y en lo individual, como diputado del Partido del Trabajo, Pablo Arreola, en todos los términos nos sumamos al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza:Muchísimas gracias, señor Presidente. Es un tema fundamental, quisiéramos de partida coincidir con la propuesta que se está haciendo por parte del Partido Acción Nacional.

Efectivamente hay problemas de más profundidad. No nos equivoquemos, estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo con el añadido. Sí hay problemas de mucho más profundidad.

Nuestros productores están compitiendo en una competencia desleal, porque resulta que de los Estados Unidos nos están enviando lo que ellos no consumen, pero no nos están permitiendo a nosotros exportarles ---y no nos permiten exportarles--- por asuntos de sanidad. De pronto nos dicen que no puede entrar ni carne de res ni carne de pollo porque tiene problemas con la sanidad, pero eso lo manejan de acuerdo con sus intereses.

El problema tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio respecto a eso. Cualquier productor de pollo les dice: ``Si a mí me permiten vender la pechuga en los Estados Unidos al precio que se compra allá, les regalo todo lo demás''. Eso es lo que está pasando; estamos compitiendo con esa carne deshuesada y con esa carne congelada que nos están enviando y están en contra de nuestros productores.

Por lo tanto, nosotros, el grupo parlamentario del PRD está de acuerdo y se suma a la propuesta con el añadido que hace el compañero Duarte. Nos llama la atención un problema; resolvamos ese problema de fondo, no ahorita, discutamos el problema en serio, de cómo vamos a integrar nuestros productos en el Tratado de Libre Comercio, porque lo que está pasando hasta ahora es que vamos a la cola y nos van a reventar a los productores nacionales y se van a quedar con todo el mercado interno.

No lo debemos dejar pasar. Estamos de acuerdo con esa propuesta, resolvamos esa propuesta hoy y estoy de acuerdo en que llamemos a las comisiones a discutir el punto de más trascendencia y que vayamos a tomar acuerdos de otro orden, pero por lo pronto no frenemos esta posibilidad y estamos de acuerdo con ustedes. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la tribuna del diputado Francisco Domínguez.

El diputado Francisco Domínguez Servién(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Nada más para sumarme y estar de acuerdo con el añadido que hace mi compañero César Duarte.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En su momento; ahorita estamos viendo si ya está suficientemente discutido.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Están terminando la redacción para someterla a votación. Un momento, compañeros. Se instruye a la Secretaría para que dé lectura a la redacción del artículo primero del punto de acuerdo, para ver si se acepta.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : Artículo primero. Se cita a comparecer al subsecretario Carlos Arce, para llevar a cabo una revisión de las importaciones de carne de cerdo, ave y res y que se cite a las Comisiones de Agricultura, de Desarrollo Rural, y Especial de Ganadería a la brevedad para dicha comparecencia.

Artículo segundo. Se solicita al Ejecutivo federal realice una investigación minuciosa de la actuación de las instancias responsables del monitoreo de prácticas desleales de comercio, en la atención de esta problemática que afecta gravemente al sector productivo nacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición... A ver, antes, diputado Barajas. Sonido a su curul, por favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): Gracias, Presidente. Efectivamente, me sumo a la propuesta que hizo el diputado Duarte Jáquez, pero sí quedar de manifiesto de que si queremos una verdadera solución, si queremos que verdaderamente se beneficien los productores nacionales pecuarios tenemos que hacer que se ejerzan las facultades que tiene el Poder Ejecutivo dentro del artículo 89, fracción X, de la Ley de Comercio Exterioren su artículo 4o., fracción II; todo ello para que se pueda incrementar la competitividad de la economía nacional.

Creo que llamaremos a un funcionario y en unos pocos meses estaremos nuevamente viendo que sigue ingresando carne de res, de ave y de cerdo a nuestro país y no vamos a resolver el problema. Pero creo que hay buena voluntad de la fracción del PRI, convocaremos a funcionarios, si así lo aprueba la Asamblea. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el texto propuesto por los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con los añadidos leídos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con su modificación, hecha por el diputado Francisco Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba esta proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobada; comuníquese.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablece la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónen investigación de violaciones a garantías individuales, la cual puede ser de oficio cuando este máximo tribunal de la República lo estime conveniente o a petición de parte, pero no de cualquier sujeto indeterminado sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.

Sin duda, la facultad investigadora que le otorgó el Poder Constituyente Permanente en la Ley Suprema hace que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Poder ante delicados temas de violaciones graves a garantías individuales. Ejemplo de ello es la reciente integración de una comisión para investigar el caso Atenco y los resultados en las investigaciones de la periodista Lidya Cacho.

Hoy a más de nueve meses de haberse iniciado el conflicto social en el estado de Oaxaca y de existir constantes violaciones graves a las a garantías individuales de los habitantes, permanentes o temporales en dicha entidad, nos encontramos en el escenario para que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad investigadora. Hoy ante la falta de soluciones a este grave conflicto es necesario la voluntad y decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto.

Sobre este punto es de señalarse el informe sobre el conflicto de Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que ilustra con toda crudeza y precisión lo que ha ocurrido en esta entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general.

El informe confirma que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales de forma recurrente y en ocasiones masiva contra la población civil. Ratifica, asimismo, que las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres, ante la indiferencia de las autoridades.

Pero el informe no apunta únicamente a una serie de abusos aislados, como han justificado en su momento autoridades estatales y federales. En Oaxaca se estableció una estrategia jurídica policiaca y militar, cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista. Esta situación es muy grave porque prácticamente pulveriza el estado de derecho. No existen las garantías individuales, por lo que cualquiera puede convertirse en una nueva víctima.

En este contexto se ubican las detenciones de menores de edad, con uso indebido de la fuerza, y numerosas agresiones verbales físicas y sexuales contra mujeres, por su condición de género, detectadas por la comisión.

De acuerdo con esa organización no gubernamental, se constata un incremento significativo de la violencia de la presencia militar, así como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas.

Por cuestiones de tiempo, diputadas y diputados, me gustaría que se integrara este texto completo en el Diario de los Debates, porque no solamente hacemos alusiones en lo general, sino se establecen los casos particulares que esta comisión informó en su momento al Poder Ejecutivo federal y cómo se documenta toda la violación a garantías que estamos señalando.

Por todo lo anterior, espero podamos contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para que el punto de acuerdo sea aprobado de obvia y urgente resolución, estableciendo como punto único:

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales para que averigüen sobre los hechos que se han puesto en su conocimiento en el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanentemente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que nombre comisionados especiales para investigar las violaciones de derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen los hechos que constituyen graves violaciones de las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad de intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la investigación de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual la cual puede practicarse de oficio, cuando este máximo tribunal de la República lo estime conveniente, o a petición de parte, pero no de cualquier sujeto indeterminado, sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.

Sin duda, la facultad investigadora que el Poder Constituyente Permanente le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la ley suprema, hacen que ésta se erija como un verdadero poder ante delicados temas de violaciones graves a las garantías individuales.

Hoy, a más de ocho meses de haberse iniciado el conflicto social en el estado de Oaxaca y de existir, todavía, constantes violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes permanentes o temporales de dicha entidad, se ha conformado el escenario ideal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad investigadora. Hoy, ante la falta de soluciones a este grave conflicto social es necesaria la voluntad y decisión de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia para investigar un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto.

Sobre las violaciones graves a las garantías individuales, nuestro máximo órgano constitucional ha establecido en la tesis P. LXXXVI/96. ``Garantías individuales. Concepto de violación grave de ella para los efectos del "segundo párrafo del artículo 97 constitucional.'', la definición de ellas, citada a continuación:

``Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un 'estado de cosas', acaecidos en una entidad o región determinadas, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones; b) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.''

En este tenor, las violaciones graves a las garantías individuales de los oaxaqueños y de las personas que habitan en dicha entidad ha sido una constante desde que Ulises Ruiz Ortiz tomó protesta del cargo a gobernador constitucional del estado de Oaxaca.

Sin embargo, la situación de violaciones a los derechos humanos en dicha entidad federativa, quedaron de manifiesto a nivel nacional e internacional con el estallido el 22 de mayo del 2006 del conflicto magisterial, aunado a la irrupción en el Hotel del Magisterio en la madrugada del 14 de junio de cientos de policías estatales fuertemente armados para desalojar a los maestros que ocupaban el Zócalo de la capital de Oaxaca.

Desde ese día a la fecha, son situaciones cotidianas en la vida de los habitantes del estado de Oaxaca, la represión, las agresiones físicas, las privaciones ilegales de la libertad, los lesionados, los homicidios, el despliegue de fuerzas policiales, los ataques de los grupos de choque del gobierno estatal, las violaciones a las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso de los detenidos, entre otros. Pero desgraciadamente, estos hechos provocan la interrupción del orden constitucional, destruyen el estado de derecho y provocan la ingobernabilidad.

La tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la definición y alcance de las violaciones graves a las garantías individuales se actualiza de manera perfecta para los lamentables acontecimientos que han sucedido en el estado de Oaxaca.

Desafortunadamente, es el propio gobernador constitucional de Oaxaca, quien haciendo caso omiso de su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, ha violentado a las personas que habitan en dicha entidad pues su gobierno ha propiciado continuas agresiones hacia sus gobernados, como se demostrará con los siguientes hechos:

a) El desalojo violento, realizado en la madrugada del 14 de junio de 2006, por 3,500 policías estatales, de los maestros que realizaban un plantón pacífico en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, quienes se despertaron por el ruido de los disparos de armas de fuego, los estallidos de las granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta de la policía estatal. El reporte de la Cruz Roja, señala 11 muertos: 8 adultos, uno de ellos una maestra embarazada que falleció luego de ser tundida a golpes por la policía, otro que falleció por un impacto que le hizo saltar un ojo y 3 niños que pernoctaban al lado de sus padres en el plantón. Asimismo se reportó un total de 192 personas atendidas, a decir del titular de la benemérita institución.

b) Las muertes de numerosas personas desde que se inició el conflicto magisterial:

El 11 de agosto murió José Jiménez Colmenares tras recibir un impacto de bala en el corazón durante una marcha organizada por el magisterio y la Asamblea Popular para exigir la liberación de los presos políticos.

El 22 de agosto murió Lorenzo San Pablo, quien trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y apoyaba a la Asamblea Popular. Su muerte se registró durante un operativo conjunto que las policías Ministerial, Preventiva y Municipal organizaron en contra de los manifestantes que tenían tomada la estación radiofónica ``La Ley''.

El 3 de octubre murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.

El 5 de octubre fue asesinado el maestro Jaime René Calvo Aragón. Fue degollado por dos sujetos que lo interceptaron antes de abordar su automóvil. El profesor pertenecía al grupo disidente de la Sección 22, al Consejo Central de Lucha, y esa noche se dirigía a una reunión de trabajo en donde se analizaba la reapertura de escuelas en el estado.

El 14 de octubre Alejandro García Hernández de 39 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada del sábado, cuando se encontraba en la barricada ``14 de Junio'' ubicada en la avenida Símbolos Patrios.

El 27 de octubre son asesinados el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz.

El 29 de octubre muere, por el impacto de una bomba de gas en la boca del estómago, el enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) Alberto José López Bernal.

c) Algunos datos documentados por diversos medios indican que se afectaron a más de un millón 300 mil alumnos por la falta de clases pues se cerraron 42 mil escuelas lo que originó que se perdieran dos meses del ciclo escolar 2006-2007, representando pérdidas por más de 5 mil millones de pesos.

d) La cancelación de la festividad de La Guelaguetza, provocó pérdidas por 330 millones de pesos para hoteleros y restauranteros. Las protestas redujeron el turismo en un 75 por ciento que, a su vez, causó una pérdida económica para la ciudad de Oaxaca de cuando menos 45 millones de dólares, ya que se estima que el sector hotelero y los comerciantes sufrieron pérdidas por 5 y 9 millones de pesos diarios, respectivamente, mientras duró el conflicto. Además, 1,500 locales de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez fueron afectados.

e) Se tomaron más de 10 edificios públicos, se cerraron 25 hoteles y 30 comercios, lo que generó que 1,500 personas perdieran sus empleos y 20 mil empleados fueran dados de baja en el IMSS.

f) El 26 de octubre del año próximo pasado se escuchó en la frecuencia modulada 99.1, la llamada ``Radio Ciudadana'', en la cual se transmitían mensajes en contra de los maestros y de la APPO, su locutor nunca reveló su identidad, omitió decir desde dónde transmitía y anunciaba, y daba como número telefónico para recibir llamadas a micrófono abierto, un número falso, pues entraba al dial una estación pirata del propio gobierno. Las voces de supuestos radioescuchas que ``llamaban'' a ese número fantasma coincidían al usar lenguaje violento contra los maestros, la APPO y los que demandaban la caída del gobernador, exigían ``mano dura'' y prodigaban elogios al ``góber que sí sabe amarrarse los pantalones''.

g) El 27 de octubre se suscitaron más actos de violencia en la ciudad de Oaxaca. Desde las 10 de la mañana comenzaron balaceras y algunos desconocidos brincaron la barda del campus de Ciudad Universitaria y prendieron fuego a las oficinas de la dirección de la Facultad de Derecho, con la intención de distraer la atención de los estudiantes que resguardaban las instalaciones de Radio Universidad, pues un grupo de encapuchados vestidos de negro pretendieron ingresar para tomarla.

Poco después hubo más disparos en el puente de El Rosario, donde fue levantadoel mecánico Gerardo Sánchez, quien fue recluido en el penal de Tlacolula acusado de disparo de arma de fuego.

Desde las 5 de la tarde, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Oswaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.

Algunos testigos aseguran haber visto salir de ahí a Pedro Carmona, ex presidente de la colonia Felipe Carrillo Puerto, quien habría disparado contra el documentalista, y a Manuel Aguilar, El Gato, jefe de personal del ayuntamiento y primo del dirigente de la CROC, David Aguilar Robles, actual diputado local del PRI.

h) El 28 de octubre el municipio de Santa María Coyotepec cumplía varios días de estar sitiado por comandos armados organizados por el presidente municipal Jorge Pablo, estos comandos mantenían bloqueados todos los accesos al pueblo, carretera, caminos vecinales y hasta las veredas rurales e impedían reiteradamente el ingreso de enviados de las organizaciones civiles de derechos humanos, de párrocos y familiares de los detenidos y periodistas; es de señalarse que varios heridos no fueron llevados a la Cruz Roja, sino sacados por atrás de la comisaría y subidos en un camión de volteo, como parte de los 17 detenidos que fueron ingresados en la cárcel de Miahuatlán, a dos horas de distancia.

A decir de las autoridades, estos últimos hechos provocaron que la Policía Federal Preventiva (PFP) entrara a la ciudad de Oaxaca, el domingo 29 de octubre. El operativo inició a las 13 horas, y no fue sino hasta las 16 horas que la PFP pudo avanzar a las primeras calles del Zócalo de la ciudad. El operativo policiaco-militar fue realizado en un ambiente de enfrentamientos y protestas contra su presencia en esa ciudad.

El gobierno oaxaqueño frente a un desorden generalizado, fue omiso, negligente e impotente, por lo que tuvieron que hacer el llamado al gobierno federal para controlar la situación, pero no para reestablecer el orden constitucional y mucho menos hacer valer el respeto irrestricto a las garantías individuales. Lo anterior es así, toda vez que los integrantes de la Policía Federal Preventiva que se encontraban en dicha entidad federativa, siguieron con las violaciones a las garantías individuales, detenciones arbitrarias, traslados de los detenidos a penales de alta seguridad y de otras entidades federativas.

i) El 30 de octubre después de la toma de la capital de Oaxaca elementos de la Policía Federal Preventiva allanaron locales del pasaje comercial Alberto Canseco Ruiz, ubicado debajo del quiosco del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, saquearon dichos comercios, robaron refrescos, botellas de agua, bolsas de papas fritas, e inclusive se llevaron carnes frías, una televisión, un horno de microondas y un minicomponente de una tortería. Rompieron las cortinas de un puesto de periódicos ubicado frente a Catedral.

j) El 2 de noviembre grupos policíacos implementan el Operativo Juárez 2006, el cual duró aproximadamente siete horas, su objetivo era liberar la circulación en Cinco Señores y la avenida Universidad, entre el Periférico y la avenida del Sol, pero grupos de supuestos priístas y policías estatales, identificados inclusive por la Secretaría de Gobernación, dificultaron el avance de la Policía Federal Preventiva, generando más violencia.

Al inicio de la operación para liberar las vialidades, la policía federal había dado una muestra de distensión al liberar a dos personas, pero a las ocho de la mañana los grupos ligados al PRI lanzaron cohetones a los agentes y así comenzó el embate. En Ciudad Universitaria y en el crucero de Cinco Señores, miles de estudiantes, docentes y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, padres de familia y habitantes de distintas comunidades, repelieron a los uniformados y en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) fueron disparadas contra ellos cientos de granadas de gas lacrimógeno y agua a presión desde las tanquetas con lo que resultaron heridas 40 personas y 22 más en las inmediaciones, así como 10 policías, cuatro de ellos graves. La policía detuvo a 30 personas, quienes fueron golpeados.

A causa de las bombas molotov con fragmentos de metal y clavos y piedras fueron heridos los fotógrafos de Proceso, Miguel Dimayuga y Germán Canseco, y de El Universal, Daniel Jaramillo, quien fue trasladado en helicóptero al hospital de la 28 Zona Militar, un cohetón le estalló cerca al camarógrafo del Canal 9 de la televisión estatal, Jorge Brindis, y el fotógrafo de Centro Medios Libres, Mario Mosqueda Hernández, fue golpeado por varios policías, que lo hirieron con toletes en la cabeza, la espalda y un brazo.

k) El 19 de noviembre agentes de la Policía Federal Preventiva apostados en uno de los retenes instalados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, agredieron con agua a la que le pusieron chile piquín, a los participantes de una marcha pacífica convocada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) Primero de Agosto y organizaciones feministas. La movilización fue para protestar por el abuso sexual que sufrió una señora de 48 años a manos de efectivos de la PFP, así como por otros casos de hostigamiento y acoso. En el incidente resultó afectado el fotógrafo del diario Reforma, Tomás Martínez.

l) El 20 de noviembre, por casi cuatro horas, agentes de la Policía Federal Preventiva y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se enfrentaron en las calles del centro histórico de la capital, con un saldo de 53 intoxicados y lesionados por parte de los miembros del magisterio y la Asamblea popular, y al menos cinco elementos de dicha corporación. Tres de los seguidores de la APPO fueron reportados graves al diagnosticárseles traumatismo craneoencefálico por golpes, y uno presentó un impacto en la pierna por un proyectil de gas lacrimógeno. Francisco Olvera y Octavio Velez Ascencio de La Jornada, fueron perseguidos pistola en mano por agentes federales. Los fotógrafos de las agencias Efe y Reuters, Patricia Domínguez y Jorge Luis Plata, así como el camarógrafo de Tv Azteca Alejandro Domínguez Juárez fueron agredidos por elementos de la PFP. Mientras, el reportero de El Universal Alejandro Torres recibió un impacto de gas lacrimógeno en la pierna izquierda, que no tuvo mayores consecuencias.

m) El 21 de noviembre en la madrugada, aproximadamente 30 hombres armados y vestidos de civil, algunos con el rostro cubierto, incendiaron el campamento central de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, instalado en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán, a tres cuadras de los retenes establecidos por la Policía Federal Preventiva alrededor de la Plaza de la Constitución.

n) El 25 de noviembre, durante la marcha de la APPO en el centro histórico de la capital del estado de Oaxaca, se dieron enfrentamientos entre éstos y la Policía Federal Preventiva, los cuales tuvieron como resultado más de 140 heridos y 100 detenidos; y fueron incendiados numerosos inmuebles públicos y privados, entre otros: los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez, ex sede del Congreso local, las oficinas de la Secretaría de Turismo de la entidad. También fueron dañados los edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la UABJO y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. De igual forma, sufrieron daños por bombas molotov el hotel Camino Real y otras dos casonas sobre la calle Macedonio Alcalá, donde se reportaron algunos de los combates más fuertes esa tarde y noche. Asimismo, fueron incendiados diferentes establecimientos comerciales, así como decenas de automóviles y autobuses.

Los hechos anteriormente enumerados materializan de sobra las hipótesis contenidas en la definición, emitida por la Suprema Corte de Justicia, de violaciones graves a las garantías constitucionales, a saber:

I. Las violaciones graves de garantías a que se refiere el artículo 97 constitucional, son hechos generalizados consecuentes a un ``estado de cosas''. Por economía únicamente señalaremos algunos de los hechos generalizados que han sucedido en el estado de Oaxaca:

A. El desalojo violento, realizado en la madrugada del 14 de junio de 2006, por 3,500 policías estatales, de los maestros que realizaban un plantón pacífico en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, quienes se despertaron por el ruido de los disparos de armas de fuego, los estallidos de las granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta de la policía estatal. El reporte de la Cruz Roja, señala 11 muertos: 8 adultos, una de ellas una maestra embarazada que falleció luego de ser tundida a golpes por la policía, otro falleció por un impacto que le hizo saltar un ojo, 3 niños que pernoctaban al lado de sus padres en el plantón también han fallecido. Asimismo se reportó un total de 192 personas atendidas, a decir del titular de la benemérita institución.

B. El 27 de octubre, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.

C. El 25 de noviembre durante la marcha de la APPO en el centro histórico de la capital del estado de Oaxaca, se dieron enfrentamientos entre éstos y la Policía Federal Preventiva, lo cuales tuvieron como resultado más de 140 heridos, 100 detenidos y fueron incendiados numerosos inmuebles públicos y privados, entre otros: los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez ex sede del Congreso local, las oficinas de la Secretaría de Turismo de la entidad. También fueron dañados los edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de Sociología de la UABJO y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. De igual forma, sufrieron daños por bombas molotov el hotel Camino Real y otras dos casonas sobre la calle Macedonio Alcalá, donde se reportaron algunos de los combates más fuertes esa tarde y noche. Asimismo, fueron incendiados diferentes establecimientos comerciales así como decenas de automóviles y autobuses.

II. Acaecidos en una entidad o región determinadas.

En el estado de Oaxaca han acaecido los hechos señalados.

III. Su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad.

Los acontecimientos sucedidos en el estado de Oaxaca no han sido afrontados ni resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego al principio de legalidad, sino todo lo contrario, baste para demostrarlo lo sucedido el 11 de agosto de 2006, cuando murió José Jiménez Colmenares tras recibir un impacto de bala en el corazón durante una marcha organizada por el magisterio y la Asamblea Popular para exigir la liberación de los presos políticos; y el 22 del mismo mes y año murió Lorenzo San Pablo, quien trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y apoyaba a la Asamblea Popular. Su muerte se registró durante un operativo conjunto que las policías Ministerial, Preventiva y Municipal organizaron en contra de los manifestantes que tenían tomada la estación radiofónica ``La Ley''. Asimismo, el 3 de octubre del mismo año murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.

IV. Se producen, en consecuencia, violaciones de los derechos fundamentales de los individuos.

El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, violaron los derechos fundamentales de los habitantes del estado al ordenar que las fuerzas de seguridad pública agredieran a los ciudadanos de Oaxaca en lugar de protegerlos, como sucedió el 19 de noviembre de 2006 cuando agentes de la Policía Federal Preventiva apostados en uno de los retenes instalados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, agredieron con agua a la que le pusieron chile piquín, a los participantes de una marcha pacífica convocada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas (Como) Primero de Agosto y organizaciones feministas. La movilización fue para protestar por el abuso sexual que sufrió una señora de 48 años a manos de efectivos de la PFP, así como por otros casos de hostigamiento y acoso. En el incidente resultó afectado el fotógrafo del diario Reforma Tomás Martínez.

V. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material.

El costo económico del conflicto ha sido enorme para los habitantes de Oaxaca, según se demuestra con las siguientes cifras: la cancelación de la festividad de La Guelaguetza, provocó pérdidas por 330 millones de pesos para hoteleros y restauranteros. Las protestas redujeron el turismo en un 75 por ciento que, a su vez, causó una pérdida económica para la ciudad de Oaxaca de cuando menos 45 millones de dólares, ya que se estima que el sector hotelero y los comerciantes sufrieron pérdidas por 5 y 9 millones de pesos diarios, respectivamente, mientras duró el conflicto. Además, 1,500 locales de los mercados 20 de Noviembre y Benito Juárez fueron afectados.

VI. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad social

El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha fallado en su obligación de procurar seguridad social a sus gobernados como se demuestra con que se hayan tomado numerosos edificios públicos, se hayan cerrado 25 hoteles y 30 comercios, lo que generó que 1,500 personas perdieran sus empleos y 20 mil empleados fueran dados de baja en el IMSS. Asimismo, algunos datos documentados por diversos medios indican que se afectaron a más de un millón 300 mil alumnos por la falta de clases, se cerraron 42 mil escuelas y se perdieron dos meses del ciclo escolar 2006-2007.

VII. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad política.

El pueblo de Oaxaca ha vivido en un clima de inseguridad política pues ha sido agredido por sus autoridades en repetidas ocasiones, según ha sido narrado por habitantes de la localidad, como lo sucedido en el municipio de Santa María Coyotepec, cuando el 28 de octubre de 2006 cumplía varios días de estar sitiado por comandos armados organizados por el presidente municipal Jorge Pablo, estos comandos mantenían bloqueados todos los accesos al pueblo, carretera, caminos vecinales y hasta las veredas rurales e impedían reiteradamente el ingreso de enviados de las organizaciones civiles de derechos humanos, de párrocos y familiares de los detenidos y periodistas; es de señalarse que varios heridos no fueron llevados a la Cruz Roja, sino sacados por atrás de la comisaría y subidos en un camión de volteo, como parte de los 17 detenidos que fueron ingresados en la cárcel de Miahuatlán, a dos horas de distancia. Otro ejemplo de la inseguridad política que han vivido los habitantes de Oaxaca sucedió el 3 de octubre del 2006 cuando murió el policía popular Arcadio Hernández Santiago en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, donde los pobladores, simpatizantes de la APPO, desconocieron al presidente municipal. Justamente un enfrentamiento entre la policía municipal y la popular fue lo que originó la muerte de este hombre, pues la gresca terminó en balacera.

VIII. La grave violación de garantías individuales se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad jurídica.

El gobierno oaxaqueño ha violado las garantías individuales de sus gobernados al propiciar el estado de inseguridad jurídica en el que han vivido en los últimos meses, pues frente a un desorden generalizado, fue omiso, negligente e impotente, para resolverlo conforme a la ley, por lo que tuvo que hacer un llamado al gobierno federal para controlar la situación, pero no para reestablecer el orden constitucional y mucho menos hacer valer el respeto irrestricto a las garantías individuales. Lo anterior es así, toda vez que los integrantes de la Policía Federal Preventiva que se encontraban en dicha entidad federativa, cometieron violaciones sistemáticas a las garantías individuales de los pobladores, detenciones arbitrarias y traslados de los detenidos a penales de alta seguridad y de otras entidades federativas.

IX. Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones.

Es incuestionable que Ulises Ruiz no solamente ha fallado al proteger a la población que gobierna sino que ha propiciado actos violentos en contra de ella, según él, con la intención de reestablecer el orden, pero sin importarle que con su actuar violara los derechos de sus gobernados y de las instituciones. Lo anterior se demuestra plenamente con lo sucedido el 27 de octubre de 2006, cuando la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión, las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental, ya que las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), resultando muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Hill, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteban Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. El fotógrafo Osvaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda. Los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso.

X. Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad.

Es innegable que Ulises Ruiz no supo controlar el desorden generalizado que durante meses asoló a la ciudad de Oaxaca, su actuar como gobernante fue omiso y negligente pues falló en encauzar las relaciones pacíficas de su comunidad, lo que se demuestra con la represión que ha ejercido contra los ciudadanos de Oaxaca, las agresiones físicas de que han sido objeto, las privaciones ilegales de la libertad, los lesionados, los homicidios, el despliegue de fuerzas policiales, las violaciones a las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso de los detenidos. Estamos conscientes que algunos ciudadanos oaxaqueños actuaron contrario a la ley, pero eso no justifica que el Estado viole sus garantías individuales. Si algún ciudadano infringió la ley deberá ser sometido a un proceso justo y sancionado conforme lo determinen las leyes.

XI. Que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

Ulises Ruiz ha demostrado una total indiferencia en obtener el respecto a las garantías individuales de sus gobernados, pues en lugar de propiciar un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto en su entidad, ha propiciado el terror, el desorden y la ingobernabilidad.

Al actualizar cada uno de los elementos de la definición del concepto de ``violaciones graves de las garantías individuales'', se comprueba el distanciamiento constitucional que ha sido una constante en el gobierno de Ulises Ruiz y se demuestra de manera fehaciente la grave crisis de ingobernabilidad y de violencia que vivió el pueblo de Oaxaca y que hace insoslayable el llamado del Poder Legislativo para que intervenga, en consecuencia, el máximo órgano jurisdiccional del país y nos acerquemos un poco al camino de la justicia y de la dignidad que nuestro pueblo reclama.

El Estado mexicano, requiere de un cambio real y profundo y lo requiere con urgencia; la presión es mucha y sería deseable que los integrantes del alto tribunal, decidieran investigar los hechos que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de los habitantes permanentes y temporales en el estado de Oaxaca.

Hacemos este llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues desgraciadamente la impunidad campea en Oaxaca. A pesar de que el gobernador Ulises Ruiz ha violado de manera grave las garantías individuales de sus gobernados, sigue intocable en su puesto. Las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido rechazadas por el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, argumentando que los hechos narrados por la Comisión son ``fantasías que nunca sucedieron''.

Es pues entonces imprescindible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercite su facultad de investigación de los hechos que constituyeron graves violaciones de las garantías individuales de los habitantes del estado de Oaxaca, pues además de ser procedente, su intervención sería de gran ayuda para restaurar el Estado de derecho en la entidad y reestablecer la seguridad jurídica para la sociedad oaxaqueña.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo prescrito por el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombre comisionados especiales, para que averigüen sobre los sucesos, que se han hecho de su conocimiento mediante el presente documento, que constituyen graves violaciones a las garantías individuales de la población que permanente o temporalmente reside o habita en el estado de Oaxaca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los trece días del mes de febrero de 2007.--- Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo , Othón Cuevas Córdoba, Joaquín Conrado de los Santos Molina , Daniel Dehesa Mora , Daisy Selene Hernández Gaytán , Benjamín Hernández Silva , Carlos Roberto Martínez Martínez .»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Aprobada; comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Gabriel Ramos Millán; a la Asociación de Mujeres de Aguascalientes; a los alumnos de la Barra Nacional de Abogados del Distrito Federal; y a los presidentes de las Ligas Unidas de Beisbol de Baja California. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

PROGRAMA ENCICLOMEDIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Gerardo Sosa Castelán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Públicarealice una investigación sobre el programa Enciclomedia.

El diputado Gerardo Sosa Castelán:Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros, a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, someto a la consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo:

Ustedes saben que México tiene un gran problema en este momento de competitividad, y este problema no sólo está inmerso con relación al asunto empresarial o productivo sino está inmerso en algo que es todavía fundamentalmente más importante, el asunto educativo. En este sentido, nosotros como país hemos pasado en el ámbito de competitividad, del lugar 33 al 55, en los últimos seis años y obviamente que esto nos ubica de manera muy desventajosa con relación al punto educativo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado en los últimos dos años diversas evaluaciones de la calidad de la educación que se imparte en México y en ellas los alumnos del Sistema de Educación Básica resultaron con calificaciones en los últimos lugares en matemáticas y lectura por lo que con estos resultados, nuestra expectativa se reduce considerablemente.

Sólo para dar un ejemplo, la importancia de la sociedad del conocimiento ha identificado a Corea como el primer país en integrar todo un sistema educativo por Internet de banda ancha, empleando de manera generalizada los pizarrones electrónicos y ahora los libros electrónicos. Ese país pasó de ser una nación subdesarrollada a otra mejor con tasas de crecimiento superiores al 8 por ciento anual.

En nuestro país hemos escuchado ya ejemplos como el de la Biblioteca José Vasconcelos y ahora éste, que sin duda es un problema para todos nosotros. Hay asuntos de opacidad en este programa, relativos a los siguientes: el que cada aula cuesta 50 mil pesos al erario; el que la inexistencia de indicadores no sirvieron para medir la eficacia y la eficiencia; que faltó capacitación de docentes para operar el equipo y la constancia en serie; que la Universidad de Harvard envió a profesores para hacer una evaluación y lo primero que determinaron fue que no había electricidad en las aulas. Acusan a ex funcionarios, sobre todo a personas como Ramón Muñoz, a Reyes Tamez y Eduardo Romero, de tráfico de influencias.

Éstos y otros son problemas que sin duda tienen que aclararse; por lo tanto, estamos solicitando en la fracción parlamentaria del PRI, que la Cámara de Diputados pueda aplicar y solicitar a la Secretaría de la Función Pública que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice una auditoría integral al programa Enciclomedia tanto en sus procesos de licitación y adjudicación como en la evaluación de sus resultados durante el periodo que abarca desde su origen y enfocado al Sistema de Educación Primaria, hasta la fecha.

Segundo. Que la Cámara de Diputados de esta legislatura exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que con base en los principios rectores de transparencia y revisión de cuentas, envíe a la brevedad los resultados a esta Cámara, derivados de la auditoría, solicitados en el artículo anterior. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que realice una investigación sobre el programa Enciclomedia, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de ácuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

He solicitado el uso de la palabra para realizar algunas reflexiones en torno a un tema de la mayor importancia para el desarrollo del país y que, desafortunadamente se ha visto inmerso en una serie de confusiones, dudas y posibles irregularidades, que defraudan la confianza de la sociedad y de quienes tenemos el honor de representarla en esta institución legislativa.

Es de todos conocido que el país presenta un grave atraso en materia de competitividad. Me refiero no sólo a lo que tiene que ver con la eficiencia productiva de las empresas, sino sobre todo con el factor clave del desarrollo, que es la elevación de las capacidades humanas. Sin ellas, ni la mejor tecnología podría ser aprovechada cabalmente para satisfacer las expectativas de mejoramiento económico y social que requiere nuestra nación.

La globalización y la formación de la sociedad del conocimiento, exigen reforzar el sistema educativo con mecanismos de mejor calidad y aprovechamiento. Por ello, tenemos el reto de superar el problema que representa ocupar uno de los últimos lugares en materia de competitividad internacional, en donde en 6 años nos fuimos a pique, toda vez que pasamos del lugar 33 al 55.

Adicionalmente a ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha realizado en los últimos dos años varias evaluaciones de la calidad de la educación que se imparte en México y, en ellas, los alumnos del sistema de educación básica resultaron calificados en matemáticas y en lectura en los últimos lugares. Son dos áreas de conocimiento vértices, tanto para el desarrollo técnico como para la toma de decisiones en la vida productiva, por lo que, con estos resultados, nuestra expectativa se reduce considerablemente.

Para subrayar la importancia de ello, hay que recordar que la clave de la superación de países como Corea, Taiwán o Singapur consistió en la introducción seria, amplia y comprometida de nuevos esquemas educativos, a partir de generar sociedades de conocimiento. Corea fue el primer país en integrar todo su sistema educativo con Internet de banda ancha, empleando de manera generalizada los pizarrones electrónicos y ahora los libros electrónicos. Ese país pasó de ser una nación subdesarrollada a otra con tasas de crecimiento superiores al 8 por ciento anual, con presencia en prácticamente todos los mercados mundiales, con productos de alta tecnología. Precisamente, ese país fue el mejor evaluado el año anterior en matemáticas.

La integración de la educación y las nuevas tecnologías requieren la mayor prioridad, inversiones sostenidas, pero sobre todo honestidad y respeto a su adecuada implantación.

A pesar de ello, el gobierno pasado inició dos proyectos, que en lugar de ser presentados como alternativas para la calidad educativa, terminaron siendo vistos como proyectos enfocados a elevar la imagen presidencial y como auténticos caprichos. Me refiero tanto a la Biblioteca José Vasconcelos como al proyecto Enciclomedia. Desde su arranque hubo dudas con relación a si representaban la mejor alternativa, respecto a la aplicación de los recursos, envueltos en la discrecionalidad y con un procedimiento alejado del control y la fiscalización, lo cual era básico por tratarse de cuestiones de suma importancia.

Lo anterior, dio motivo a que se integrara una comisión investigadora de la biblioteca señalada y a generar el contexto para que, como pasa ahora, el programa Enciclomedia hiciera crisis tanto en credibilidad por parte de esta Cámara, como dentro de la propia Secretaría de Educación Pública que hasta ahora tiene la ocurrencia de llamar a un debate sobre el tema y, por supuesto, esto llega al proceso de licitación, de adjudicación y de cumplimiento de contratos, en donde brotan irregularidades y demandas, en torno a varios miles de millones de pesos que afectan al Estado.

Se han señalado favoritismos y serias irregularidades en el otorgamiento de los contratos para extender el programa a las escuelas secundarias. Ello motivó múltiples preguntas por parte de los legisladores para autorizar más recursos para 2007, las cuales nunca tuvieron respuesta satisfactoria, lo que se confirma con la política de avestruz que ahora quieren seguir los funcionarios de la SEP.

Es necesario que la sociedad reciba cuentas claras de cómo se diseño, estructuró y realizó el programa, qué está operando en el nivel primaria y respecto del proceso de licitación correspondiente a las secundarias. Por ello, en cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Poder Legislativo de controlar y fiscalizar la utilización de los recursos públicos, que son recursos de la nación, proponemos que se ejerciten las facultades de auditoría que se establecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para aclarar las dudas, y deslindar responsabilidades, las cuales tienen que hacerse del conocimiento de esta institución.

Nuestro compromiso tiene que ser con una lucha firme e inquebrantable para eliminar toda forma de abuso y desviación del servicio público, para recuperar la confianza y la credibilidad ciudadana.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice una auditoría integral al programa Enciclomedia, tanto en sus procesos de licitación y adjudicación, como en la evaluación de sus resultados, durante el periodo que abarca desde su origen, enfocado al sistema de educación primaria y hasta la fecha.

Segundo. Asimismo, se exhorta a la misma dependencia, para que, con una actitud de transparencia, envíe sus resultados a esta institución legislativa.

Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2007--- Rúbrica.»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Con el permiso del Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a proponerles un punto de acuerdo para la integración de una comisión especial que investigue el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.

Compañeras y compañeros diputados, el 27 de agosto del año de 1997, el rescate de las carreteras concesionadas mediante el pago de pagares de indemnización de carreteras o conocidos como PIC y de la asunción de una deuda de los concesionarios ascendió a la cantidad de 58 mil 123 millones de pesos.

Durante los últimos años el gobierno federal ha recurrido a la creación de múltiples fideicomisos, ya que la existencia del llamado secreto fiduciario le ha permitido operar de manera discrecional. Y también le ha permitido operar al margen del control presupuestario de esta soberanía. El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FAPRACC, donde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, vengo a proponerles con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de este Congreso, se cree la comisión especial que les he propuesto. Esta comisión deberá de tener los apoyos que requiere para investigar a profundidad todo el rescate carretero.

No se trata de decir no a determinada opinión de algún legislador; se trata, compañeras y compañeros, que ustedes que son soberanos en sus decisiones, absolutamente soberanos, se interesen en este asunto, que son más de 58 mil millones de pesos que en el año de 97 se entregaron para rescatar las carreteras.

Hay que fortalecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hay que darles instrumentos para que avancen los tramos carreteros que tanto necesitamos pero hay que investigar qué pasó en el 97.

Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que todo el documento que le quiero entregar a los secretarios se inscriba en el Diario de Debates como si hubiera sido leído aquí y también en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados, por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito diputado José Manuel del Río Virgen integrante del grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone la integración de una comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. El 27 de agosto de 1997, el rescate de las carreteras concesionadas, mediante el pago de pagarés de indemnización de carreteras (PIC´s) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58,123 mdp.

2. Durante los últimos años, el gobierno federal ha recurrido a la creación de múltiples fideicomisos ya que la existencia del llamado ``secreto fiduciario'' le ha permitido operar de manera discrecional y al margen del control presupuestario que tiene la Cámara de Diputados.

3. El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, dónde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.

Considerando

1. Que un fideicomiso es un contrato mercantil por virtud del cual, una persona que se denominará fideicomitente, entrega bienes o derechos a otra que se denominará fiduciaria, para que ésta los administre y realice con ellos el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles; una vez que éstos sean cumplidos, destine los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona que se denomina fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente.

2. Que conforme a lo anterior sólo un fideicomiso es un contrato mercantil, mediante el cual una persona (física o moral) destina ciertos bienes a un fin determinado, y cuya realización encarga a una institución fiduciaria.

3. Que la persona que hace el encargo, es decir el que destina los bienes, recibe el nombre de ``fideicomitente''; mismo que en el caso del FARAC fue el Banobras quién recibió las carreteras que el gobierno federal prácticamente nacionalizó en 1997.

4. Que la institución que realiza el encargo, recibe el nombre de ``fiduciario'', es en el caso del rescate carretero el propio Banobras.

5. Que la persona que recibe los beneficios de ese encargo, es denominada ``fideicomisaria'', y en términos del rescate carretero es el propio gobierno federal quien recibe los recursos para indemnizar a los ex accionistas de las carreteras rescatadas.

6. Que en la constitución y operación del FARAC, el Banobras está actuando con absoluta discrecionalidad y sin rendirle cuentas de sus acciones a ninguna autoridad, debido a que de acuerdo a la figura jurídica del fideicomiso, el banco es juez y parte, en otras palabras el propio Banobras se asignó recursos, para manejarlos el mismo, por lo anterior el manejo que le puede dar a ellos, es absolutamente discrecional.

7. Que la ilegalidad del fideicomiso del rescate carretero se confirma si revisamos el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece en su segundo párrafo que: en los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la SCHP fungirá como fideicomitente único de la administración pública.

8. Por lo anterior en el caso del FARAC, se está violando abiertamente esta disposición en virtud de que Banobras es el fiduciario y fideicomitente tal y como lo señala la ASF en su informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública del año 2002, a quién se le ha negado información argumentando el secreto fiduciario.

9. Que entre 1997 y 2006, este Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) emitió pagarés de indemnización carretera PIC´s y asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal, que a junio de 2006 sumaban aproximadamente 150 mil mdp.

10. Que en los informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública de los años 2001, 2002, se señala que durante la construcción de diversas autopistas de cuota, los concesionarios de ellas enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción que se combinaron con las sobrestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, mantenimiento, y amortización en los créditos contratados con la banca.

11. Que al generar este fideicomiso una deuda para los contribuyentes de poco más de 150 mil millones de pesos, se convierte en un asunto de interés público y dado el impacto presupuestario de esta deuda lo convierte también en materia de estudio y análisis de esta Cámara de Diputados.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos proponemos ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Insértese de manera íntegra, como lo ha solicitado el diputado José Manuel del Río Virgen, este punto de acuerdo ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

CUENTAS DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2002, 2003, 2004 Y 2005

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente a los ejercicio fiscales de 2002, 2003, 2004 y 2005.

La diputada Susana Monreal Ávila:Compañeros diputados y compañeras diputadas, vengo a esta tribuna a solicitarles el apoyo para la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002-2005.

La que suscribe, Susana Monreal Ávila , diputada federal por Zacatecas a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta Cámara de Diputados dictamine a la brevedad la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que la revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

2. Que la Auditoría Superior de la Federación tiene como facultad la fiscalización en forma posterior de los ingresos y egresos, el manejo, custodia y aplicación de recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales.

3. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva para revisar la Cuenta Pública del año anterior, y el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el objeto de hacer aportaciones sobre aspectos programático-presupuestales específicos para que sean considerados en la revisión de la Cuenta Pública.

4. Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala, en sus artículos 80 y 81, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación de examinar la Cuenta Pública y presentar el dictamen dentro de los 30 días posteriores.

5. Que el pasado 21 de abril de 2005, en la LIX Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó con reservas la Cuenta de la Hacienda Pública de 2001, en ejercicio de su facultad exclusiva otorgada por la fracción IV del artículo 74 constitucional, instruyendo a la Auditoría Superior de la Federación para que en uso de sus atribuciones legales continúe los procesos de solventación que quedaron pendientes y dé trámite al fincamiento de responsabilidades procedentes, ya que se detectaron diversas irregularidades. Las dependencias y entidades revisadas en mayor o menor medida no cumplieron algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables, reportando un efecto económico en el orden de los 339 mil 456.2 millones de pesos, cifra equivalente a la quinta parte del gasto ejercido durante el 2001.

6. Que nos encontramos ya en una nueva administración y sólo se ha aprobado con reservas el primer año de gestión del presidente Vicente Fox, estando pendientes por revisar los cinco años restantes de su administración y, por tanto, las responsabilidades que de ellas deriven.

7. Que de acuerdo con un estudio denominado Proyecto Internacional de Presupuesto, realizado a 59 países, México ocupa el lugar 22 con apenas 50 de los 100 puntos posibles, caracterizándose por no tener espacios abiertos para la apertura, transparencia presupuestaria y opacidad total.

8. Que la sociedad a la que representamos demanda de los poderes públicos transparencia en la administración de recursos, y eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Esto no es una cuestión de posturas políticas, ni de ideologías partidistas, sino más bien es un elemento esencial de la rendición de cuentas y del eficaz ejercicio gubernamental tendente a la erradicación de prácticas de corrupción, de arbitrariedad y de autoritarismo.

Por lo expuesto, se propone:

Único. Que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados dictamine a la brevedad la Cuenta Pública de la Hacienda Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005.

Asimismo, solicite a la Auditoría Superior de la Federación que informe detalladamente a las Cámaras del Congreso de la Unión respecto a la situación de los procesos de solventación que quedaron pendientes y del fincamiento de responsabilidades derivadas del dictamen de la Cuenta Pública de 2001.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, no hay las dos terceras partes; no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: En virtud de que no se considera de urgente resolucióntúrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene el uso de la tribuna el diputado Robinson Uscanga Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes, retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex.

El diputado Robinson Uscanga Cruz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, Petróleos Mexicanosrequiere un nuevo régimen fiscal que le permita mejorar su situación financiera y sustituir de forma competitiva importaciones de gas, gasolina y petroquímicos.

Hay que dotar a Petróleos Mexicanos de amplias posibilidades de autonomía de gestión para una mejor operación, administración y actividad financiera, además disminuir el endeudamiento al que recurre para financiar proyectos de inversión, cuidando que la formulación de la política energética sea siempre responsabilidad compartida entre los Poderes Legislativo y el Ejecutivo.

Se debe garantizar un aumento en petroquímica, exploración, mantenimiento de sus instalaciones y prevención de accidentes. Es inadmisible extraer del subsuelo mucho más petróleo del que somos capaces de reponer por medio de nuevos campos o pozos petroleros. Sabemos que las reservas totales han disminuido en más de 10 mil millones de barriles en sólo seis años.

Es importante considerar que el nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos deberá ser 100 por ciento deducible de impuestos; las inversiones en exploración de manera efectiva, tanto en campos petroleros como en las nuevas explotaciones de los importantes yacimientos de gas con que cuenta México.

Dotemos a Petróleos Mexicanos con la capacidad financiera para invertir en la exploración y en su caso explotación de los 15 mil 788 millones de barriles, que significan las reservas probables y prospectar el desarrollo de las reservas posibles. Inversión es lo que requiere la paraestatal.

La propuesta del nuevo régimen fiscal consiste en hacer efectiva la gradualidad en la disminución de la lista de contribuciones con que la paraestatal debe sufragar a Hacienda, quien ha visto en Petróleos Mexicanos una fuente de ingresos con carácter eminentemente recaudatoria y ha sido lamentablemente un estímulo perverso para mantener detenida la reforma fiscal.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar a las Comisiones Unidas de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos iniciado en la pasada legislatura. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia

El Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante años, diversos especialistas han señalado lo que ya es evidente, el régimen fiscal al que se encuentra sujeto Petróleos Mexicanos asfixia a la paraestatal y compromete su viabilidad en los años por venir.

Petróleos Mexicanos requiere del esfuerzo de todos para alcanzar un nuevo régimen fiscal que le permita mejorar su situación financiera y aprovechar las condiciones favorables del mercado, como lo hace cualquier otra empresa petrolera integrada del mundo.

Hoy, Pemex enfrenta el reto de revertir la tendencia de un deterioro financiero cada vez más agudo y disminuir el rezago histórico en inversiones que permitan sustituir de forma competitiva, importaciones de gasolinas, gas natural y petroquímicos.

En materia de mayores facilidades para la paraestatal es posible plantear que una de las necesidades vitales de Pemex radica en dotarle de más posibilidades de autonomía de gestión y que esto le permita mayor flexibilidad en cuanto a su operación, administración y actividad financiera para alcanzar estándares internacionales en términos de productividad, competitividad y transparencia, cuidando que la formulación de la política energética sea siempre responsabilidad compartida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Una nueva revisión del actual régimen fiscal le permitirá a la paraestatal mejorar sus finanzas y disminuir el endeudamiento al que recurre para financiar proyectos de inversión. En la misma proporción que corresponda al monto de los impuestos ahorrados entre el actual régimen fiscal y el nuevo, se deberá garantizar un aumento en los volúmenes de inversión tanto en petroquímica como en exploración,así como en el mantenimiento de sus instalaciones y prevención de accidentes.

Se han cancelado proyectos de inversión que por no llevarse a cabo provocan que las reservas probadas mantengan una tendencia decreciente, la más importante de las observaciones que hacen organismos internacionales es que la tasa de reposición de reservas en México es muy baja; significa esto que extraemos del subsuelo mucho más petróleo del que somos capaces de reponer por medio de nuevos campos o pozos petroleros.

De acuerdo con información publicada por Pemex y la Secretaría de Energía, se evidencia la fuerte tendencia decreciente que experimentan las reservas totales del país. Mientras que en 2000 el país contaba con 58 mil 204 millones de barriles como reservas totales, hoy, en el primer informe de 2006, solamente son 46 mil 417 millones de barriles. Las reservas totales han disminuido en más de 10 mil millones de barriles en sólo seis años.

No obstante la gravedad de ello, la realidad es aún más preocupante, porque al desagregar las reservas en los tres rubros que Pemex define como probadas; probables y posibles, constatamos que la disminución de las reservas probadas es aún más importante, ya que de 34 mil 103 millones de barriles en 2000, pasaron a sólo 16 mil 469 millones de barriles en este año, un decrecimiento de 17 mil 634 millones de barriles, o lo que es igual, una disminución en sólo seis años de 52 por ciento.

Es importante considerar que el nuevo régimen al que se someta la empresa más importante del país deberá hacer 100 por ciento deducibles de impuestos las inversiones en exploración de manera efectiva. Tanto en campos petroleros como, en su caso, para las nuevas explotaciones de los importantes yacimientos de gas con que cuenta México en la cuenca de Burgos, ello se traducirá en una mayor actividad petrolera, encaminada a incorporar más reservas de hidrocarburos y a aumentar los volúmenes de producción.

Con una revisión del nuevo régimen, se facilitará a Pemex Exploración y Producción alcanzar mayores niveles de producción y, fundamentalmente de restitución de reservas de forma gradual y económicamente viable. Dotemos a Pemex con la capacidad financiera para invertir en la exploración y, en su caso, explotación de los 15 mil 788 millones de barriles que significan las reservas probables y prospectar el desarrollo de las posibles.

Inversión es lo que requiere la paraestatal. El asfixiante régimen fiscal al que la Secretaría de Hacienda ha sometido a Pemex durante decenios ha estancado la inversión en refinación y petroquímica, con lo que nunca se fortaleció la posición de México como país exportador de plásticos y polímeros de alta calidad; la poca inversión que hace la paraestatal se destina fundamentalmente a exploración y producción. El resultado, México se ha convertido en país exportador de crudo e importador de petroquímicos y gasolinas.

Asimismo, se promovería un mantenimiento adecuado a las instalaciones petroleras al hacer deducible de impuestos los costos relacionados con esa actividad y, por tanto, podrá ser considerable la disminución de accidentes provocados por derramamiento de crudo, con lo que se beneficiará ecológicamente al país y las zonas de explotación y transporte del petróleo.

Actualmente el régimen fiscal de Pemex, producto del consenso de todos los grupos parlamentarios en la LIX Legislatura, continúa siendo sujeto de revisión, puesto que la paraestatal aún mantiene un esquema con importantes contribuciones fiscales que le dejan el mínimo para operar, la propuesta consiste en hacer efectiva la gradualidad en la disminución de la larga lista de contribuciones con que la paraestatal debe contribuir a Hacienda, que se compone por el derecho extraordinario sobre hidrocarburos equivalente a 79 por ciento del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraído en el año, menos las deducciones permitidas; más los pagos por el derecho sobre la extracción de petróleo; más el derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo; más el derecho adicional sobre la extracción de petróleo; más el derecho sobre hidrocarburos; más aprovechamientos sobre rendimientos excedentes; más los impuestos a los rendimientos petroleros; más una larga lista de contribuciones por valor agregado, IEPS, impuestos a la importación de mercancías, etcétera.

Queda claro que conforme aumentó el premio por más recursos públicos, el régimen fiscal de Pemex se modificó para forzar una recaudación mayor de los ingresos que genera este organismo. Así, cuando se examina el resultado final en el presente, se concluye que el régimen fiscal posee todos los mecanismos de recaudación posibles para dejarle a Pemex lo estrictamente indispensable para su operación.

Pemex no puede continuar así, su régimen fiscal es sujeto de mejora y de compromiso tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por hacer efectivos los cambios aprobados en su momento y por mantener vigente el esfuerzo por desarrollar, fortalecer, vincular nuevas fuentes de ingresos, evitar lo más posible perturbaciones en el flujo de las finanzas públicas y disminuir la dependencia de ingresos petroleros.

A su vez, se debe fortalecer el compromiso por permitirle a la empresa mejorar sus finanzas, su operatividad y su gestión, de tal manera que la disminución en las contribuciones anuales de Pemex a las finanzas públicas se vea compensada por mayores niveles reales de inversión en los diversos campos de la actividad petrolera.

Es imperante hacer un llamado para que Pemex no sea visto más como ``la gallina de los huevos de oro''; si bien el argumento de que la riqueza petrolera debe ser distribuida en el país es valido, también es cierto que Hacienda ha visto en Pemex una mera fuente de ingresos con carácter eminentemente recaudatorio, y ha sido lamentablemente un estimulo perverso para mantener el tema de discusión de la reforma fiscal en un perpetuo impasse.

Cuando de origen se diseñó el régimen fiscal de Pemex predominó el objetivo recaudatorio, que a su vez estuvo motivado por una fuerte presión de gasto público para financiar los programas sociales del gobierno federal. Tal presión gubernamental tuvo su origen en las crisis económicas por las que el país transitó en la década de los ochenta y mediados de los noventa, que provocaron un empobrecimiento general de la sociedad mexicana.

Sin embargo, dicha riqueza petrolera que, se suponía, debía destinarse a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, ¡se dilapidó! Se desperdició en gasto corriente, traducido en altos sueldos para funcionarios públicos y dispendio del sindicato, y poco se destinó a favor del desarrollo nacional.

Esta abundancia petrolera fomentó que hoy 38 por ciento del gasto público aprobado por esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2007 esté financiado por la renta petrolera; dicha dependencia sabemos y hemos visto ya, es muy peligrosa.

Aunado a lo anterior, también es momento de discutir el contrato colectivo de trabajo que el sindicato tiene firmado con la paraestatal Pemex, para operar con libertad y criterios que optimen la producción. Los lastres, sean estos fiscales o de otro carácter, llevarán a la bancarrota no sólo a la empresa más importante del país, sino al país mismo.

Hoy la responsabilidad que nos ocupa nos convoca a la decisión entre mantener las mismas prácticas codiciosas hasta secar el último de los pozos del país, o dar un giro de 180 grados para decidir que la riqueza del petróleo, en los cortos 10 años que nos quedan, se aproveche para invertir en desarrollo de tecnología, en canalizar recursos para la investigación en fuentes alternas de energía y, por supuesto, en educar a los mexicanos para aprovechar las oportunidades de este aún temprano siglo XXI.

Legisladores y legisladoras, liberemos a la paraestatal de este yugo fiscal e impulsemos al país, a Pemex y a los mexicanos a un nuevo rumbo, uno donde la riqueza petrolera sí sea fuente de desarrollo.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar a las Comisiones Unidas de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a retomar los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, iniciado en la LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- (Rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Robinson. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público.

REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Claudia Sánchez Juárez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas se integren al programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

La diputada Claudia Sánchez Juárez:Con su venia, señor Presidente. Por razones de tiempo me permito leer sólo un extracto de lo más relevante de este punto de acuerdo y solicito su inserción íntegra en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.

En atención al programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, el cual deriva el Plan Nacional de Desarrollo, acuerda:

En su vertiente 1 estrategia 3; y en la vertiente 3, estrategia 4. El apoyo social a la población para la consolidación jurídica de su patrimonio, reduciendo los gastos de titulación de vivienda, coadyuvando a la modernización de catastros y de los registros públicos de la propiedad en las entidades federativas.

De igual manera el artículo 6, fracción III, de la Ley de Vivienda promueve las medidas regulatorias encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda.

De acuerdo con lo antes mencionado, uno de los esfuerzos del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda es identificar los mecanismos y procesos relativos a la generación de vivienda y a los esquemas existentes en el país para la titulación y registro de las propiedades inmobiliarias.

Los registros públicos de la propiedad tienen una problemática que se puede sintetizar en los siguientes puntos:

Se encuentran apartados del proceso económico del Estado;

No ofrecen plena certidumbre jurídica;

Su marco jurídico no responde a sus necesidades actuales;

La tecnología de información es nula o ineficiente en la mayoría de ellos;

Están desvinculados de los catastros.

Debido a ello, la Conavi inició en el año de 2003, el programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad en conjunto con algunas entidades federativas del país, con el objetivo fundamental de contar con registros públicos de la propiedad eficaces y eficientes que aseguran la certeza jurídica de la titularidad, de las inscripciones registrales.

Que sirvan de garantía y legalidad en las transacciones comerciales, además de abatir los tiempos de respuesta y el alto costo de los trámites relativos a la producción de la vivienda y con ello fomentar el mercado inmobiliario nacional.

Para dar inicio con este programa se seleccionaron tres estados para participar en un proyecto piloto de modernización: Baja California, Colima y Sonora, iniciando estas acciones en dichas entidades con los principios de modernidad definidos y elaborados por la Conavi.

El financiamiento oficial para este programa de modernización partió de la donación de 2 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir del 17 de junio de 2003, con lo que se suscriben tres anexos de ejecución con los convenios de desarrollo de la vivienda y del suelo. Con los estados mencionados adicionalmente se aportó un millón de dólares por parte del gobierno federal y otro millón de los gobiernos estatales, haciendo un total de 4 millones de dólares.

Con ello se obtienen los siguientes beneficios: reducción de tiempo en la atención de trámites, servicio de consulta vía Internet, portal de Internet para los notarios, sistema de precaptura para los fraccionamientos y trámites masivos vía Internet, para los desarrolladores de vivienda, ventanilla de atención a clientes institucionales, vinculación de información del registro público con información del catastro.

El modelo integral mencionado está formado por nueve componentes que proporcionan una visión global de la modernización de un registro público de la propiedad, los cuales son:

Marco jurídico; aceptación de firma electrónica y folio real; procesos registrales; reingeniería de procesos; tecnologías de información; sistemas de captura y consulta ágiles; gestión de la calidad; certificaciones ISO/9000; profesionalización de la función registral; capacitación universitaria; políticas institucionales; gestión y acervo documental; participación y vinculación con los otros sectores; indicadores de desempeño, así como la evaluación de su operación para mejoras adicionales. Punto de acuerdo.

Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas que aún no se han integrado al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, instrumentado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda a que lo hagan y de esta manera se operen con mayor eficiencia en beneficio propio y de los estados y de la sociedad los registros públicos de la propiedad. Por su atención, muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrarse al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LX legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía , exhorto con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En atención al Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, el cual deriva del Plan Nacional de Desarrollo, acuerda:

En su Vertiente 1 estrategia 3; ``Apoyo social a la población más necesitada para la adquisición de vivienda y el mejoramiento habitacional, rural y urbano, y la consolidación jurídica de su patrimonio'', estableciendo como línea de acción: Instrumentar un programa de mejoramiento jurídico para consolidar la tenencia de la propiedad de la vivienda.

Por otra parte en la Vertiente 3 estrategia 4; ``Desgravación, desregulación y normatividad habitacional y su marco normativo'', establece como línea de acción: ``Reducir los costos indirectos asociados a la producción y titulación de vivienda coadyuvando a la modernización de los catastros y los registros públicos y del comercio en todas entidades federativas''.

La Ley de Vivienda publicada en pasado 27 de junio de 2006, establece en su artículo 6, fracción III, ``promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda''.

Finalmente en el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda publicado el pasado 31 de Agosto de 2006, en su artículo 16 fracción VII, ``promover en las entidades federativas, y en su caso en los municipios, la modernización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros''.

De acuerdo con lo antes mencionado uno de los esfuerzos del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de la Vivienda, es identificar los mecanismos y procesos relativos a la generación de vivienda y a los esquemas existentes en el país para la titulación y registro de las propiedades inmobiliarias.

Mediante un diagnóstico de los esquemas nacionales de propiedad existentes, se detectó en la mayoría de las entidades, que los asuntos alrededor de los derechos de propiedad y la operación de las instancias responsables, los registros públicos, han sido históricamente actividades rezagadas en el país.

Los registros Públicos de la Propiedad (RPP) tienen una problemática que se puede sintetizar en los siguientes puntos:

Se encuentran apartados del proceso de desarrollo económico del Estado.

No ofrecen plena certidumbre jurídica.

Su marco jurídico no responde a sus necesidades actuales.

La tecnología de información es nula o ineficiente en la mayoría de ellos.

Están desvinculados de los catastros.

Debido a ello, la Conavi inició en el año de 2003, el Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad, en conjunto con algunas entidades federativas del país, con el objetivo fundamental de contar con registros Públicos de la Propiedad eficaces y eficientes, que aseguren la certeza jurídica de la titularidad de las inscripciones registrales, que sirvan de garantía y legalidad en las transacciones comerciales, además de abatir los tiempos de respuesta y el alto costo de los trámites relativos a la producción de la vivienda y con ello fomentar el mercado inmobiliario nacional.

Para dar inicio con este programa, se seleccionaron tres estados para participar en un proyecto piloto de modernización (Baja California, Colima y Sonora), iniciando estas acciones en dichas entidades bajo los principios de modernidad, definidos y elaborados por la Conavi

El financiamiento inicial para este programa de modernización partió de la donación de dos millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir del 17 de junio de 2003, con lo que se suscribieron tres anexos de ejecución de los Convenios de Desarrollo de la Vivienda y del Suelo (Codevisu) con los estados mencionados, adicionalmente, se aportó un millón de dólares por parte del gobierno federal y otro millón de los gobiernos estatales, haciendo un total de cuatro millones de dólares.

Beneficios

Este programa pretende lograr que los registros Públicos de la Propiedad (RPP) del país se inserten en el contexto económico de cada entidad federativa, redefiniendo sus funciones, como una institución fundamental, para la confianza de los ciudadanos de que los derechos de propiedad inmobiliaria estén plenamente garantizados a través de su oficio y como una institución capaz de ofrecer información estratégica para la planeación y desarrollo económico de la entidad.

Con ello se obtienen, entre otros, los siguientes beneficios para los usuarios de los registros:

1.Reducción de tiempo en la atención de trámites a la ciudadanía.

2. Servicios de consulta, solicitud de trámites y pago vía Internet.

3. Portal de Internet para los notarios.

4. Sistemas de precaptura para fraccionamientos y trámites masivos vía Internet para los desarrolladores de vivienda.

5. Ventanillas de atención a clientes Institucionales (Infonavit, Bancos, Sofoles, entre otros)

6. Vinculación de información del RPP con información del catastro.

Siendo generalmente la inversión en una vivienda, la parte fundamental del patrimonio familiar en el país, resulta prioritario contar con registros Públicos de la Propiedad eficaces, que avalen la certeza jurídica de la titularidad de los bienes inmobiliarios a través de las inscripciones registrales, asegurando la legalidad de las transacciones que se realicen en el mercado inmobiliario.

Un registro público transparente y con un enfoque de servicio a la ciudadanía en general, se traduce en salvaguarda del patrimonio de los adquirentes de una vivienda y sobre todo de aquellos que hoy en día no cuentan con acceso a información y asesoría jurídica en materia inmobiliaria, lo que los pone en desventaja ante cualquier contraparte en una transacción de este tipo, los que en su mayoría pertenecen a las clases más desprotegidas de la sociedad.

El programa de modernización contempla la implantación de un programa de cultura registral a lo ancho y largo del país, dirigido a la población en general, a efecto de que todos y cada uno de los mexicanos hagamos conciencia de la importancia que tiene el uso de los instrumentos legales que legitimen esa certidumbre jurídica para protección de nuestro patrimonio.

Modernización

Basado en los principios de modernidad desarrollados por la Conavi y con la experiencia de más de 3 años en la conducción del programa de modernización que instrumenta, en el año 2005 se elaboró conjuntamente con el Instituto Mexicano del Derecho Registral (IMDERAC), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano (ANNM) el modelo integral de Registro Público de la Propiedad que fue avalado por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis): el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), además de el Colegio de Notarios del DF, la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado AC (AMSFOL), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).

El modelo integral mencionado está formado por nueve componentes que proporcionan una visión global de la modernización de un Registro Público de la Propiedad, los cuales son:

1. Marco Jurídico (aceptación de firma electrónica y folio electrónico real).

2. Procesos registrales (reingeniería de procesos).

3. Tecnologías de Información (sistemas de captura y consulta ágiles).

4. Gestión de la Calidad (Certificaciones ISO-9000).

5. Profesionalización de la función registral (capacitación universitaria).

6. Políticas institucionales (registros con autonomía y patrimonio propio).

7. Gestión y acervo documental (preservación del acervo para consultas).

8. Participación y vinculación con otros sectores (fundamentalmente con el catastro para compartir y validar información).

9. Indicadores de desempeño (evaluación de su operación para mejoras adicionales).

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, que aún no se han integrado al programa nacional de modernización de los registros públicos de la propiedad aplicado por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, a que lo hagan, y de esta manera, se operen con mayor eficacia en beneficio propio y de la sociedad los registros públicos de la propiedad.

Palacio Legislativo a 13 de febrero de 2007.--- Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Economíae insértese el texto de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

INDUSTRIA QUIMICA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se recibió del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar, mediante la Secretaría de Economía, la baja de aranceles de diversos productos químicos, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La industria química sirve de plataforma para apoyar el desarrollo y el crecimiento de México, además de que es útil para la conformación de cadenas productivas abasteciendo a más de 40 ramas industriales.

Las principales ramas beneficiadas son la textil, automotriz y transporte, detergentes y cosméticos, calzado, empaques de bebidas y alimentos, agricultura, construcción, vestido, entre muchas otras.

Los sectores industriales que se nutren de la industria química son el del hule, calzado de tela, adhesivos, películas, laminado, conexiones de resinas, así como artículos de polietileno y plástico.

La química como industria es intensiva en capital y destina entre 2 y 3 por ciento de sus ventas totales al desarrollo tecnológico. La generación de empleos es cuantiosa al determinar una cadena productiva entre la petroquímica básica, petroquímica secundaria y la industria manufacturera. La evolución de la producción de químicos ha venido decreciendo en los últimos dos sexenios. De esta forma, encontramos que en 1995 se produjeron más de 22 millones de toneladas de químicos; en contraste, para 2005 la producción disminuyó para quedar en 19 millones de toneladas. La participación de Pemex en la producción de la industria química ha pasado de 14 a 8 millones de toneladas en los últimos 10 años.

Su participación dentro del producto interno bruto (PIB) ha caído drásticamente. Para 1995 esta industria participaba con más del 5 por ciento del PIB; diez años después ha caído a menos del 2 por ciento. Cabe mencionar que el promedio mundial de la industria química como proporción del PIB se encuentra en cerca del 5 por ciento.

Las inversiones el año pasado alcanzaron los mil 172 millones de dólares, cifra que resulta superior en 24.4 por ciento a la registrada en 2005. Sin embargo, esta inversión todavía resulta totalmente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos químicos.

Pese a esta situación crítica, el 2 de octubre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.

Este acuerdo redujo en 30 por ciento unilateralmente los aranceles en algunos productos de la industria química sin consulta previa del sector industrial afectado. Esta reducción atiende en forma desigual a los sectores productivos, afecta la integración de cadenas productivas, la inversión y los procesos de investigación y desarrollo y, finalmente, se contrapone a la postura de negociación de México en los foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio.

Algunos de los principales productos afectados con la reducción de aranceles son el cloro, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el tripolifosfato de sodio. Esto afectará a los mercados del detergente, jabón y papel. Todavía más, los pigmentos y las resinas también fueron afectados con la reducción de aranceles, por lo que se perjudicará al mercado de pinturas, papel, tintas, cosméticos, sector automotriz, electrodomésticos, resinas y textiles, envases y calzado.

Es importante que el gobierno federal pueda apuntalar a la industria química antes de aventurarse a una reducción de aranceles que afecten la inversión en este sector y a la generación de empleos.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química y, asimismo, informe a esta soberanía, en un lapso no mayor a 30 días naturales, sobre los criterios que se consideraron para llevar a cabo tal medida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de Economía.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se recibió del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del grupo parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Públicamodifique y homologue para todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar y homologar en todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José de Jesús Solano Muñoz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. La educación media superior es un instrumento clave de la política social hacia la juventud; su esencia educativa consiste en generar en el individuo el desarrollo de su personalidad, la adquisición de un sentido crítico y de una cultura que comprenda la ciencia, la tecnología y las humanidades, así como la preparación adecuada hacia el trabajo.

Es, por tanto, tarea ineludible de este tipo de educación proveer al estudiante de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que coadyuven a su consolidación como individuo en el aspecto psicológico, intelectual, productivo y social; es decir, a su formación integral. Al mismo tiempo le proporciona las bases para ingresar al nivel superior o bien integrarse al mundo de trabajo.

La Ley General de Educación establece que la educación media superior ``comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes''.

Es posterior a la secundaria y atiende a la necesidad de apoyar el proceso de formación integral de la población escolar compuesta, mayoritariamente, por jóvenes de entre quince y dieciocho años de edad, quienes reciben el servicio en instituciones federales, estatales, autónomas y privadas.

Existen dos opciones educativas principales con programas diferentes:

El bachillerato prepara para el estudio de las diferentes disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas, y proporciona una cultura general, con objeto de que sus egresados se incorporen a las instituciones de educación superior o al sector productivo. Está conformado por tres tipos de bachillerato: el universitario, dependiente de la universidades autónomas y estatales; el general, dependiente de la Dirección General del Bachillerato (DGB) de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), y el tecnológico, dependiente de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT), que ofrece dos opciones simultáneas, ya que al mismo tiempo que prepara para continuar estudios superiores, proporciona una formación tecnológica orientada a la obtención de un título de técnico profesional.

La educación profesional técnica, atendida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), el IPN y la SEIT, entre otras instituciones; forma al estudiante para su incorporación al ámbito de la producción y de los servicios; está orientada a desarrollar una capacidad técnica y a realizar tareas específicas en estos ámbitos. Con la finalidad de que los egresados del Conalep tengan acceso a la educación de tipo superior, se han complementado los planes y programas de estudio vigentes desde 1990, con las asignaturas y contenidos temáticos correspondientes al tronco común del bachillerato, en resolución número DGB.EQ-1/97 de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1997.

Asimismo, dicha Ley menciona en su artículo 46 que la educación media superior ``tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta''.

Modalidad escolar. Involucra un sistema presencial entre docente y alumnos, donde éstos asisten de manera regular a un centro de estudios, con horarios, programas de estudio y apoyos didácticos definidos y estructurados. La responsabilidad de coordinación y orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje se centra en el docente, considerando que el alumno, al estar presente, se vincula directamente con él y con los contenidos de conocimiento, de los diversos campos del saber previamente seleccionados.

Modalidad no escolarizada. Es una modalidad no presencial donde se establecen estrategias de enseñanza y de aprendizaje autogestivas, que son el punto de partida del proceso educativo que comprende, entre otros, los programas de estudio, textos, apoyos didácticos y las asesorías.

Modalidad mixta. Es un modelo que combina la educación presencial con la no presencial; la responsabilidad compartida entre el docente y el estudiante; requiere textos o paquetes didácticos para fortalecer el estudio independiente.

Nos centraremos básicamente a la educación profesional técnica, la cual no permite sustentar la decisión salomónica de englobar las dos características en el mismo plan de estudios. Ofrecer y certificar formación propedéutica a nivel de bachillerato en las áreas de conocimiento correspondientes y, simultáneamente, formación y certificado de técnico. La mayor parte de sus estudiantes se orientan por la primera opción, aunque la obtención del certificado de técnico medio es cada vez más valorada por la población estudiantil.

Si bien en su mayoría los egresados de los bachilleratos declaran su intención de continuar estudios, muchos de ellos no logran ingresar, como consecuencia del plan curricular, que no permite movilidad al estudiante en los casos de cambio de plantel, o de una entidad federativa a otra, retrasando y en la gran mayoría de los casos impidiendo su registro a la escuela superior. Esta modalidad cuenta con 713 planteles, 498 mil 582 alumnos, 29 mil 330 maestros y 167 carreras. Seis organismos se adscriben a dicha modalidad, pero las matrículas se concentran en una sola institución: la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con 74 por ciento del total, en tanto que 13 por ciento se concentra en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y en la Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (Uecytm).

Encontramos que en nuestro país los jóvenes que cursan la Educación Media Superior, encuentra una disyuntiva, ya que al querer ingresar a la educación superior, enfrentan una problemática que de forma inmediata les impide realizar el trámite correspondiente para su ingreso, falta de créditos del nivel bachillerato o la validación de las materias cursadas que varían en función de un subsistema a otro entre entidades federales. Esto generalmente se traduce en una inversión para la federación, ya que hay que apoyar a los jóvenes que desean continuar con sus estudios y ver la culminación de los que desean realizar una licenciatura.

Si bien es cierto que la SEP se ha pronunciado por mejorar la calidad de este nivel educativo a través de los diversos mecanismos de regulación y mejora, ha faltado la implementación de políticas que contribuyan a facilitar el acceso de este sector estudiantil para facilitarles la tarea de continuar o concluir con su bachillerato en otras instituciones, en cualquier estado de la República.

Uno de los aspectos que no han sido suficientemente apoyados es la homologación de los planes de estudios entre los subsistemas de las entidades federales en el nivel medio superior, dificultando la culminación educativa de los jóvenes en este nivel.

Por ello, hago un llamado a las autoridades educativas a que comprendamos la problemática planteada y recordemos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestro país, es la educación, por ello los invito desde esta honorable tribuna a coadyuvar en el apoyo y facilitar los mecanismos necesarios, a nuestros jóvenes, a fin de que puedan concluir la educación media superior a través del apoyo que brinde la Secretaría de Educación Publica para la homologación de los subsistemas en este nivel educativo entre los estados y brindar el apoyo que se requiera en caso de que decidan realizar estudios en el nivel superior.

Por las razones fundadas y expuestas someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Asamblea exhorta a la Secretaría de Educación Pública a modificar y homologar para todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior, con el objetivo de que los alumnos que cursan bachillerato puedan concluir sus estudios de nivel medio superior en cualquier institución del país, contribuyendo de manera directa con el incremento de la matrícula para la educación superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se rectifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Beatriz Pagés Rebollar, del Partido Revolucionario Institucionaly suscrita por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD, en relación con la Biblioteca José Vasconcelos.Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Por lo que respecta al punto cuarto de la proposición en relación con la creación de una comisión, túrnese a la Junta de Coordinación Política.

SEGURIDAD FRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Alejandro Chanona Burguete, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exterioresy la Procuraduría General de la República, instrumente medidas de seguridad fronteriza con los Estados Unidos de América.

El diputado Alejandro Chanona Burguete:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo que pongo a su consideración para ser votado por urgente u obvia resolución emana de una preocupación sustantiva. A veces nos perdemos también cuando vemos el bosque de la relación México-Estados Unidos y no vamos observando cómo, día a día, se deterioran las posibilidades de consolidar una política exterior de Estado que privilegie en particular las relaciones regionales con los Estados Unidos y Canadá.

El punto de acuerdo por su generalidad pretende, entre otros temas, revisar algo que es ineludible. Le hemos apostado en los últimos años a que la relación bilateral vaya por la vía del entendimiento, a construir una base de respeto y de reciprocidad, sin embargo los hechos han ido en sentido contrario.

Si ustedes sitúan en su contexto reciente la relación bilateral y la anclamos en el giro que recibió la política exterior de Estados Unidos hemisférica y global después de 2001, toda la estrategia antiterrorista que se consagra en la doctrina de la defensa de la patria interna del Home Lance Security, podríamos verla como una problemática interna de Estados Unidos, sin embargo nos ha repercutido de tal manera que no hemos podido satisfacer los estándares de entendimiento bilateral para poder recibir una posición respetuosa de parte de ellos. Voy al punto y luego hago las especificidades.

Por un lado, firmamos en marzo del año 2002 el Acuerdo de Fronteras Inteligentes, que habrían de establecer el conjunto de medidas para el entendimiento de cruce de personas, bienes y servicios, entre otros, pero en particular con relación al cruce de personas y esto llevó, entre otras, a que se firmara la afamada Alianza para la Seguridad y Progreso (Aspan), que eventualmente daría un marco en donde, por un lado, Estados Unidos sacaría una Ley Migratoria respetuosa de México, y México estaría estandarizando las medidas de control para poder resolver el problema de la seguridad regional de manera responsable, recíproca y con la coparticipación también de Canadá. Esto no ha sido así, esto tiene como ciclo histórico el que en el año 2006 tuviéramos frente a nosotros un tema de fondo. En vez de haber avanzado, tenemos un muro.

Creo que el tema que ---en mi opinión--- debe quedar en la mesa para seguir avanzando es el tema de las garantías mutuas para el cruce de personas México-Estados Unidos. En este sentido voy al punto.

El pasaporte que nosotros sacamos cuando llenamos la solicitud de visa de no inmigrante y los datos complementarios, permiten a Estados Unidos una transferencia de datos biográficos exagerado que está violentando y raya en la violación de derechos humanos y en la intimidad de los individuos.

Si queremos regresar a un punto de respeto y reciprocidad, tenemos que hacer lo que hizo la Unión Europea ---pido 30 segundos más adicionales--- que fue lo siguiente:

En la Unión Europea, el Parlamento Europeo en el 2004 le dijo a la Comisión de la Unión Europea: no permitas, por el exceso de datos biográficos, que se violenten los derechos humanos y la intimidad de los individuos. Y decidieron, por un lado, sacar un pasaporte biométrico y reducir de 15 a 35 datos biográficos para la preservación de la intimidad y de la individualidad de todos los ciudadanos, que implicaba no tener por qué confesar de manera irrestricta por ejemplo la religión, la raza, el color de la piel, hasta el color de los ojos.

En ese sentido, yo quisiera que hiciéramos algo parecido a lo de la Unión Europea. Tenemos Estado, tenemos coparticipación, tenemos corresponsabilidad, somos pares a nivel regional, por lo cual yo quisiera poner a su consideración como primera piedra angular un exhorto que, en mi opinión, podría servirle a muchas otras instancias a empezar este tipo de negociaciones.

El punto de acuerdo quedaría de la siguiente manera: es un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumenten las políticas necesarias, a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos no atenten contra la soberanía nacional y se respete la vida privada, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Ruego a usted, señor Presidente, que se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro de este punto de acuerdo firmado por los ocho coordinadores parlamentarios, cuyo original entrego en este momento a la Mesa Directiva. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a establecer mediante la Segob, la SRE y la PGR medidas de seguridad fronteriza con Estados Unidos de América, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete , coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumente las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos, no atenten contra la soberanía nacional, y se respete la vida privada, los derechos y libertades fundamentales de las personas, con base en las siguientes

Consideraciones

México ha colaborado de manera permanente, con apego a derecho y salvaguardando su soberanía, en materia de delincuencia organizada internacional, tráfico de armas, de personas o drogas, con Estados Unidos o con otras entidades como la Organización Internacional de Policía Criminal (interpol).

La colaboración entre ambas naciones se ha estrechado con el cúmulo de experiencias, de programas, instrumentos jurídicos, reconociendo que una frontera común de 3 mil kilómetros, nos obliga a resolver los problemas coordinadamente.

A partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la necesidad de fortalecer e instrumentar nuevos mecanismos de seguridad fronteriza y subcontinental fue urgente. En este contexto, México ha puesto de su parte para avanzar en la materia, convencidos que es de nuestro interés construir un espacio de seguridad y prosperidad.

En este sentido, el pasado 20 de febrero, ante la preocupación y necesidad de adecuar nuestro marco jurídico para asegurar que México esté en posibilidad de contar con una normatividad que abarque todas las aristas del terrorismo y contribuya a prevenir los atentados de este tipo, así como a enjuiciar y castigar a los autores; y para lograr una mayor y efectiva cooperación con los miembros de la comunidad internacional, dejamos constancia al aprobar en este recinto el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones y leyes en materia de terrorismo.

La participación de México en estos esquemas es fundamental, no sólo porque a través de ella contribuimos a la edificación de un área segura que nos compete; sino también por el hecho de garantizar que dichos esquemas no vulneren al Estado mexicano, su soberanía o su pueblo. La construcción de un espacio de seguridad surge a partir de la participación respetuosa e igualitaria de sus miembros.

Entre México y Estados Unidos ya existe una amplia red de instrumentos de intercambio de información e inteligencia sobre bandas delictivas, modus operandi, perfiles, así como el establecimiento de sistemas y bases de datos compatibles.

Acciones en esta materia, que nos involucran de manera directa, por desarrollarse en la frontera común, o bien por afectar a ciudadanos mexicanos, no pueden instrumentarse de manera unilateral. Así, algunas acciones como aquéllas que se contemplan en el Programa US-Visit, por el que se recolectan datos biométricos y biográficos de mexicanos, sin la debida participación coordinada del gobierno de México, no son admisibles.

Sabemos que nuestra frontera común es la más transitada del mundo. El 60 por ciento de los ingresos documentados a Estados Unidos se realiza por esta frontera. Con base en información de Estados Unidos, 6.8 millones de mexicanos tienen una visa láser y efectúan aproximadamente 104 millones de cruces al año. Tal cantidad de generación de datos biométricos y biográficos de mexicanos, sin la participación de México es delicada, sobre todo cuando se cuenta con los instrumentos bilaterales para colaborar en esta materia.

Entre los programas más relevantes que se han instrumentado, que contemplan el intercambio de información y colaboración en inteligencia destacan: el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (2001), el Plan de Acción de la Alianza para la Frontera México-EUA (2002), el Plan de Acción de la Asociación Fronteriza entre Estados Unidos y México (2002), el Plan de Acción entre México y Estados Unidos para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza (2004), y la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) (2005).

Estamos convencidos que México debe ser un actor relevante, cuya participación garantice acciones coordinadas, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el estado de derecho y la seguridad nacional y pública.

Nos asiste en esta demanda, el hecho de que la propia Unión Europea también ha manifestado su preocupación por este tipo de programas como el US-Visit, procediendo de inmediato a establecer un instrumento bilateral para su adecuado control y delimitación del alcance de las competencias de las autoridades estadounidenses y de los datos que se transfieren, pasando de 35 a 15 datos biográficos y biométricos.

Demandamos que cualquier esquema de esta naturaleza descanse en el amplio acervo común, que consolide los diferentes instrumentos normativos y jurídicos, que respete la vida privada, los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Creemos que una estructura mínima y un régimen institucionalizado son necesarios para vigilar las acciones desplegadas, y no vulnerar ámbitos propios de la otra nación.

En suma, cualquier avance relativo a la seguridad fronteriza y subcontinental debe basarse en la colaboración, la coordinación y el respeto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumente las políticas necesarias a fin de que las medidas de seguridad fronteriza México-Estados Unidos no atenten contra la soberanía nacional, y se respete la vida privada, los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Chanona. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución e insértese el texto en forma íntegra en el Diario de los Debates, como ha sido solicitado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores en pro. Diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es muy loable y positivo que la Junta de Coordinación Política, que los ocho coordinadores parlamentarios hayan acordado apoyar esta petición del diputado Alejandro Chanona, que se refiere a este tema de los requisitos que se están pidiendo por parte de algunos gobiernos con relación a que ciudadanos de otros países ingresen, sobre todo a la Unión Americana.

Es claro que estamos en una situación en la cual se están imponiendo criterios de mucha histeria antiterrorista, de tal modo que a los ciudadanos mexicanos se les están pidiendo un número de datos para ingresar a la Unión Americana que exceden con mucho los estándares internacionales.

Ya lo decía aquí el diputado Chanona, cómo los convenios que tiene Estados Unidos con los países, con los 27 países de la Unión Europea, son distintos a los que se aplica en el caso mexicano y por lo tanto, no hay una tesis fundamental que hay en la diplomacia que es la reciprocidad. Entonces, creo que está muy bien planteado el punto de acuerdo, es muy bueno que lo haya suscrito y quisiera ir más allá.

Creo que lo que hoy ha planteado el diputado Chanona, suscrito por la Junta de Coordinación Política, nos debe llevar también a avanzar en un conjunto de acuerdos en relación con la agenda México-Estados Unidos.

Tenemos enfrente ya, en el mes de junio, una importante reunión interparlamentaria México-Estados Unidos que el año pasado fue en Valle de Bravo, Estado de México y ahora se va a hacer en Austín, Texas. Creo que a este evento debemos llevar este tipo de planteamientos que ha hecho el diputado Chanona y otros más.

El año pasado, en plena campaña electoral fuimos capaces de elaborar un documento que se llamó México frente al fenómeno migratorio. Fuimos capaces de lograr que Andrés Manuel, Madrazo, Calderón y no sé quién más estaba de candidato, se pusieran de acuerdo y suscribiera este tema que fue muy importante, de tal modo que llegamos a la interparlamentaria con un documento base.

Hoy necesitamos que las fuerzas políticas mexicanas nos pongamos nuevamente de acuerdo en un documento que pueda ser la base de la posición mexicana que suscriba ante la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos.

No podemos llegar con las manos vacías; no podemos llegar nuevamente con improvisaciones y qué bueno; y celebro, ya que me están aquí marcando el tiempo, que el hecho de que el diputado Chanona haya tenido la iniciativa de plantear este tema. quedan otros más en la agenda, de tal modo que debiéramos tomar medidas para que la delegación mexicana que asista a la próxima interparlamentaria México-Estados Unidos, lleve documentos de consenso tal como éste que ha sido aprobado por esta soberanía. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cuauhtémoc. Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Diego Cobo Terrazas:Muchas gracias, Presidente. Señoras y señores legisladores, la frontera entre México y los Estados Unidos puede entenderse como un símbolo entre el choque de civilizaciones que a diario enfrentan mexicanos y estadounidenses. La frontera norte es un escenario en el que se enfrentan discrepancias y tensiones siendo el primer punto de controversia el cruce de migrantes, pero el que sin duda es de gran preocupación para nuestro vecino del norte es la seguridad, o mejor digamos, la falta de ella.

Si bien es cierto que en nuestra amplia y vasta frontera norte se aglutinan una serie de fenómenos que contraen implicaciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, una de esas implicaciones se refiere a la alta incidencia de crímenes derivados del narcotráfico, el tráfico de personas y del contrabando, como parte intrínseca de la agenda internacional.

De tal manera es que muchos de los esfuerzos bilaterales se haya volcado hacia un aspecto específico de este problema: el control de la seguridad por parte de nuestro país a manera de moneda de cambio.

Pero en ese trueque el que ha salido perdiendo, sin duda, es nuestro país pues el pago que hemos recibido de parte del gobierno de Estados Unidos han sido mayores restricciones, como el programa US-Visit, propuesta que he mencionado anteriormente, o la construcción de un muro no sensibilizan a nadie sobre la realidad actual sino que sólo incrementan los temores en ambos lados de la frontera.

Este tipo de propuestas tampoco evitarán que los terroristas entren a territorio norteamericano ni tampoco obstaculizará a quienes se dedican a actos ilegales de diversa índole. En lugar de entorpecer una verdadera cooperación se deberían instrumentar políticas que sean realmente efectivas e integrales respecto a la cuestión de seguridad en la frontera. Se requieren medidas que vayan más allá de hacer cada vez más difícil el paso de un lado hacia el otro de esa frontera.

Desafortunadamente lo que sigue imperando son actitudes discriminatorias que sólo avivan la llama del racismo; pero no sólo eso, dichas iniciativas legislativas hacen que las raíces del miedo sean más profundas al crear temores infundados contra los migrantes, quienes su única culpa es ser de otra raza y buscar un trabajo digno para sobrevivir.

Por ello, un enfoque en términos de igualdad es fundamental para avanzar de manera integral y conjunta hacia la solución de este complejo fenómeno para desarrollar políticas de Estado en ambos países, que garanticen no sólo el respeto y protección de todos sino una solución conjunta al lastre de criminalidad en la frontera.

México tiene que ser firme con relación al respeto que Estados Unidos le debe como socio comercial y como vecino. Un ejemplo exitoso de que se puede llegar a acuerdos de toda índole entre naciones diversas es la Unión Europea. Ese ejemplo es el que debemos seguir, pues en esa región se han dado grandes avances en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cobo. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González:Aprobada; comuníquese.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Armando Barreiro Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR, a fin de que informe sobre la situación laboral del personal técnico operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos.

El diputado Armando Barreiro Pérez:Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, comento a ustedes y solicito su respaldo con el propósito de revisar la situación que priva dentro del personal técnico operativo y administrativo de las direcciones de Erradicación y Servicios Aéreos, dependientes de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República, quienes desde 1970 han venido organizando de manera sistemática el ataque a los plantíos ilícitos en territorio nacional, como parte de los convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, con la creación de la campaña permanente que se sigue combatiendo a través de la aspersión aérea de herbicidas, con una metodología técnico operativa funcional, basada en la investigación y experimentación realizada por el mismo personal y con procedimientos metodológicos de gabinete para la planeación, registro, análisis y seguimiento estadístico de los resultados obtenidos en sus operativos.

Queremos decirles que estas operaciones hasta hace algunos años habían sido compartidas con la sección de antinarcóticos de los Estados Unidos de América y desde hace tres años con una periodicidad semestral, han sido evaluados también por la Dirección General de Erradicación cumpliendo satisfactoriamente con las normas de certificación de calidad ISO 901-2000.

Sin embargo, con fecha 2 de enero de 2007, el personal adscrito a estas direcciones fue notificado de su baja en la prestación de estos servicios en estas dos direcciones y fueron integrados a las corporaciones de la Policía Federal Preventiva en donde permanecen desde hace cuatro meses bajo las órdenes de quien coordina actualmente esas fuerzas federales de apoyo.

Queremos señalar dos cuestiones importantes. ---Solicito unos segundos más para concluir con esta exposición. La primera de ellas es la violación de los derechos laborales de los trabajadores de estas direcciones; y en segundo lugar, el desconocimiento que se tiene de las actividades de erradicación de los plantíos ilícitos, particularmente de marihuana y amapola en el territorio nacional.

Por lo tanto, estamos solicitando su respaldo y poniendo a su consideración el siguiente punto de acuerdo que ya desde hace cuatro meses considerábamos de urgente u obvia resolución y que consideramos sigue siendo de actualidad en este sentido.

El primero de ellos es que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, a fin de que informe sobre los mecanismos de coordinación de policía única en los recientes operativos en diversas entidades.

Segundo, la Cámara de Diputados solicite del titular de la Procuraduría General de la República, informe la situación laboral actual del personal técnico y operativo, así como del administrativo adscrito a la Dirección General de Erradicación, dependiente de la Agencia Federal Investigadora y del personal de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República que ha sido comisionado para formar parte del cuerpo de fuerzas federales de la Policía Federal Preventiva.

Y tercero, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que se respeten todos los derechos laborales del personal mencionado en la presente proposición, como lo establecido en sus condiciones generales de trabajo.

Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la PGR para que informe sobre la situación laboral del personal técnico-operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos de dicha dependencia, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Armando Barreiro Pérez , diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El personal técnico-operativo y administrativo de erradicación adscrito a la Unidad de Operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones y de Servicios Aéreos dependiente de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) organizó sus actividades sistemáticamente en su ejecución a partir de 1970, debido al aumento registrado en la siembra de plantíos ilícitos en el territorio nacional y como parte de los convenios de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para la lucha contra el narcotráfico, con la creación de la campaña permanente contra el narcotráfico. Así se inició la formación de personal especializado en el combate de la siembra y del cultivo de plantíos ilícitos, mediante la aspersión aérea de herbicidas con una metodología técnico-operativa funcional basada en la investigación y experimentación realizada por el mismo personal y que para poder cumplir esas actividades utilizaban helicópteros Bell y aviones Cessna con la infraestructura necesaria para desarrollar sus operaciones aéreas, como son instalaciones, hangares equipados para el mantenimiento de aeronaves y equipo logístico, y con procedimientos metodológicos de gabinete para la planeación, registro, análisis y seguimiento estadístico de los resultados obtenidos en sus operativos.

Esas actividades eran realizadas únicamente por la PGR, comprobándose los resultados mediante operaciones de supervisión en la destrucción de plantíos ilícitos de marihuana y amapola, y que los resultados obtenidos, así como la verificación de la eficiencia y eficacia en las acciones de erradicación hasta 2000, fueron avaladas por la NAS de Estados Unidos de América, y desde hace tres años con una periodicidad semestral, se evaluaron las actividades de la Dirección General de Erradicación y el desempeño de su personal mediante la certificación por la norma de calidad ISO-9001-2000.

Consideraciones

Con fecha 2 de enero de 2007, mediante el oficio número AFI/UDO/DGI/0053/20007, firmado por el director general de Intercepción, se notificó al personal que presta sus servicios en la Dirección General de Erradicación que, por instrucciones superiores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracciones I, X y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, dejan de prestar sus servicios en la mencionada dirección y que a partir de la misma fecha son comisionados hasta nueva orden al Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva, por lo que se les indica en el mismo oficio que se presenten de manera inmediata en las instalaciones de avenida Constituyentes número 947, colonia Belem de las Flores, delegación Miguel Hidalgo, donde permanecerán a las ordenes del general Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.

Quien firma el oficio a que hago referencia es el director general de Intercepción, y no el director general de Erradicación y que al hacerlo viola la garantía constitucional considerada en el artículo 16, en el primer párrafo, ya que todo mandato debe ser por escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El director general de Intercepción al hacerlo rebasa las atribuciones específicas reguladas en el artículo 65 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual en ninguna de sus fracciones le otorga atribuciones para comisionar al personal de la PGR a otras instituciones federales, y cuando menciona que por instrucciones superiores no especifica de sus superiores quién le dio las órdenes y tampoco muestra el oficio que pruebe de quien recibe la instrucción. Además, señala que la indicación es conforme a lo establecido en el artículo 134, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, la cual no es aplicable en forma directa a la situación laboral del personal técnico-operativo y administrativo de la Dirección de Erradicación, en virtud de que son trabajadores al servicio del Estado, debiendo ser aplicable en forma directa la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El oficio en comento invierte y altera sustancialmente las funciones y la situación jurídica del personal, toda vez que al comisionarlo a la Policía Federal Preventiva, cuerpo ajeno a la PGR, lo transforma de servidor público administrativo de base a policía federal preventivo, con funciones totalmente diferentes de las que tenía en la Dirección General de Erradicación.

Como consecuencia de lo anterior, se pretende hacer por vía administrativa una situación que no es legal, ya que lo dispuesto en la reforma integral en materia de justicia y seguridad presentada por la administración de Vicente Fox en el sentido de unificar a los cuerpos policiacos para crear una policía, la cual estará bajo el mando de un comisionado, si bien propuesto por el secretario del interior y designado y removido libremente por el Ejecutivo federal, resulta inconstitucional, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, primer párrafo, establece que la investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía, la cual estará bajo su autoridad y mando inmediatos.

Por todo lo expuesto, presento respetuosamente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del procurador general de la República a fin de que informe sobre los mecanismos de coordinación de policía única en los recientes operativos en diversas entidades.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al procurador general de la República que informe acerca de la situación laboral actual del personal técnico-operativo y administrativo adscrito a la Dirección General de Erradicación, dependiente de la Agencia Federal Investigadora, y del personal de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República que ha sido comisionado para formar parte del Cuerpo de Fuerzas Federales de la Policía Federal Preventiva.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República a que se respeten todos los derechos laborales del personal mencionado en la presente proposición como lo establecido en sus condiciones generales de trabajo.

Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica).» Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Armando Barreiro Pérez . Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señora Presidenta, no hay dos terceras partes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

DELITO DE DIFAMACION Y CALUMNIAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que publique el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal en materia de despenalización del delito de difamación y calumnias.

El diputado Humberto López Lena Cruz:Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros, en virtud del tiempo y de que este punto de acuerdo tiene ya varias semanas, quiero decir lo siguiente: en primer lugar, quiero hacer un agradecimiento por el hecho que se haya atendido la excitativa que el de la voz envió a la Colegisladora, para que dictaminaran de acuerdo con el decreto que reforma el delito de difamación y calumnias, el cual lo hicieron hace unas semanas en forma favorable, por lo cual los reconozco y felicito por esta decisión.

Por otro lado, quiero ser enfático también diciéndoles de que la despenalización del delito de difamación y calumnias no quiere decir que sea un cheque en blanco para los comunicadores o para los que ejercen la libertad de expresión. Y menos que signifique impunidad, porque será la vía de lo civil, la que recoja y persiga si es que existe algún delito en esta materia. Por lo tanto, quiero hacer un exhorto al Presidente de la República, Felipe Calderón, en una forma respetuosa, para que de acuerdo con las facultades del artículo 89 pueda publicar esta reforma de decreto e inicie su periodo.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, remite a la Mesa Directiva del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, un reconocimiento por la aprobación a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado para los efectos constitucionales, misma que deroga diversas disposiciones del Código Penal federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias y adiciona diversas disposiciones al Código Civil federal, para que sea esta la vía por la que se reclamen los daños que pueda causar lo antes mencionado.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gire atento oficio al Ejecutivo federal, a efecto de exhortarlo a la aprobación y publicación del decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal federal y adiciona diversas disposiciones del Código Civil federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias.

Tercero. Después de publicarse por parte del Ejecutivo federal el mencionado decreto se gire oficio donde se exhorten también a congresos locales, para que adecuen sus marcos jurídicos, a efecto de despenalizar los delitos de injuria, difamación y calumnias. Es cuanto, señora Presidenta, solicito que se publique en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal relativas a la despenalización del delito de difamación y calumnias, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Humberto López Lena Cruz , diputado integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comisión a la cual representa en esta proposición, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que apruebe y publique el decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias, con base en las siguientes

Consideraciones

Comparezco ante esta tribuna para realizar un posicionamiento personal respecto a la reciente aprobación, por el Senado de la República, de la reforma en que se derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal; y se adicionan los párrafos sexto, con cuatro fracciones, séptimo y octavo al artículo 1916 y el párrafo tercero al artículo 1916 Bis del Código Civil Federal; todos, relativos a la despenalización de los delitos de injurias, difamación, calumnias y el seguimiento respectivo a tales conductas mediante la reparación de daño por la vía civil.

Debo agradecer en primer lugar el hecho de que haya atendido la excitativa que el de la voz envió a la colegisladora para que se pronunciara a favor de dicho proyecto, pues con eso se garantiza un avance importante en materia de la libertad de expresión,

La aprobación del proyecto permite que la legislación nacional retome las exigencias internacionales en la búsqueda del respeto de ese derecho humano.

Quiero ser enfático en el siguiente sentido: despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnias no es un cheque en blanco para quienes ejercen la libertad de expresión o, en su caso, la libertad de prensa y mucho menos significa impunidad para injuriar, difamar o calumniar; simplemente, se respeta el principio general del derecho que reza: ``El interés general está por encima del interés particular'', y en ese sentido una generalidad de la población tiene el derecho a expresar sus ideas y a enterarse de lo que la prensa publique, lo que también es llamado ``derecho a la información''.

El hecho de que sea la vía civil la idónea para dar seguimiento a los excesos en la libertad de expresión es precisamente garantizar que en el abuso de la libertad de expresión que atente contra la honra, la moral, la reputación o cualquier otro bien jurídico tengan una sanción pecuniaria.

Lo anterior, con la finalidad de resarcir la pérdida o el perjuicio que se haya ocasionado a una persona mediante la reparación del daño, eliminando así las penas privativas de la libertad, que atentan contra la libre manifestación de ideas y de cierta forma establecen la censura previa.

Por eso me congratulo porque los colegas de la Cámara de Senadores hayan tomando en consideración tan importantes razonamientos; eso demuestra que tenemos capacidad para construir mediante el diálogo, cuando se tienen ganas de hacer las cosas abandonando los intereses personales o de partido, siendo así la forma como debemos trabajar.

Si continuamos laborando de la misma forma, podremos mostrar al pueblo de México que somos dignos representantes de su confianza.

Me permito realizar en forma respetuosa un exhorto al presidente de la república, Felipe Calderón, para que actúe conforme a la facultad prevista en la fracción I del artículo 89 constitucional, completando el proceso legislativo y, con la mayor brevedad, sancione, promulgue y publique la reforma en mención y con ello se inicie la vigencia de ésta.

Se tiene que mencionar que la aprobación por el Senado no obliga a los estados a modificar sus legislaciones locales porque el ámbito territorial de aplicación de las leyes es distinto; es decir, en el ejercicio de las facultades legislativas de los congresos locales de las entidades federativas, cada estado tiene su propio código penal que establece un catálogo de delitos.

En la actualidad sólo han sido despenalizados los delitos de injurias, calumnias y difamación, en Durango, Morelos, Baja California y el Distrito Federal, pero en los demás estados siguen tipificados estos delitos, con el riesgo de que las autoridades sigan abusando para acallar a quienes consideran enemigos, por pensar diferente de los gobernantes en turno.

Por eso es importante que los criterios asentados en la reforma mencionada no se queden sólo en el ámbito federal y tampoco dejarlos al libre albedrío de las cámaras locales, sino que tenemos que dar un paso más en materia de la libertad de expresión, estableciendo en la ley suprema las bases que garanticen la observancia de este derecho fundamental.

Con ello evitaremos que la ley sea un medio represivo, transformándola en el conducto para garantizar efectivamente el respeto de las libertades.

Compañeros legisladores, hemos protestado cumplir y hacer cumplir el marco jurídico mexicano, y sólo con reformas como la analizada podremos honrar nuestra protesta.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio al Ejecutivo federal a efecto de exhortarlo a la aprobación y publicación del decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias, en atención a la solicitud de punto de acuerdo presentado por el diputado Humberto López Lena, integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la cual funge como secretario.

Segundo. En caso de publicarse por parte del Ejecutivo federal el mencionado decreto, se exhorte también a los congresos locales a adecuar sus marcos jurídicos a efecto de despenalizar los delitos de injuria, difamación y calumnia y, al mismo tiempo, establezcan la vía civil para que a los particulares afectados se les permita defender su honra y reputación cuando consideren que son afectados por el abuso de la libertad de expresión, en los términos en como fue aprobado por el Senado de la Republica.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Humberto López Lena. Inscríbase íntegro en el Diario de Debates; túrnese a la Mesa Directiva.

CARRETERAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Martín Malagón Ríos , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda otorgue los recursos financieros aprobados en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2007, correspondientes a las obras de infraestructura carretera.

El diputado Martín Malagón Ríos:Con su permiso, diputada Presidenta.

El que suscribe, diputado federal Martín Malagón Ríos , integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes consideraciones:

Reconocemos que se ha impulsado el proceso de programación del presupuesto asignado al sector de infraestructura carretera, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2005-2006, por lo que se llevan procesos de programación en su presupuesto, de conformidad con la norma.

Sin embargo, la asignación de los recursos a los tramos carreteros se hace cuando el proyecto ejecutivo cumple con todos los requisitos marcados por la Ley de Egresos de la Federación y es muy común que las licitaciones y construcciones de las obras sean desfasadas en sus agendas y programas, iniciando estos procesos generalmente después de la primera mitad del año, adicionando a ello los cambios climáticos como la época de lluvias que no favorecen a la construcción y/o mantenimiento de los tramos carreteros, generando tiempos muertos y pérdida de valiosos recursos financieros asignados para su construcción.

Bajo este contexto y con razones sencillas, pero de vital importancia, solicito que se haga entrega puntual e inmediata de los recursos financieros en el ejercicio cabal de los programas y calendarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene responsabilidad de cumplir y hacer cumplir, respecto a los presupuestos aprobados por esta soberanía.

Pero sobre todo, debemos insistir en la planificación y calendarización a la par de los estados, distritos y municipios que se ven inmersos en este proceso y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de tal suerte, que el crecimiento real de la infraestructura a través de la aplicación de presupuestos y de la disponibilidad puntual del presupuesto y de los recursos, dé certidumbre, a la cual se derivará la proyección y planeación por ministraciones.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de obvia y urgente resolución. Punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, cumpla de manera oportuna con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en el ejercicio de las partidas presupuestales, para que el otorgamiento de los recursos fiscales correspondientes a las obras de infraestructura carretera se hagan de manera programada y calendarizada, con el objetivo de lograr su aplicación en tiempo y forma, logrando con ello cabalmente el cumplimiento de las licitaciones y construcción de la infraestructura carretera; sin que ello implique retrasos y ejecución de obras de baja calidad en sus procesos constructivos por la premura del calendario del ejercicio fiscal anual. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para obras de infraestructura carretera.

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Es de todos sabido que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la infraestructura carretera junto con los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales y estratégicos para el desarrollo económico, político y social que permiten dotar al país de la obra pública eficiente que haga posible la integración de todos los mexicanos entre sí y con el resto del mundo, generando un valor agregado para las diversas actividades económicas y sociales del país, de manera equilibrada y sostenida.

Con respecto a la infraestructura, las acciones desarrolladas para ampliar y mantener la infraestructura carretera federal, estatal y de cuota, así como el incremento de los estándares de calidad, seguridad y desarrollo, presentaron avances registrados en la construcción de instalaciones que conforman la infraestructura del 2000 al 2006, y que las acciones se concentraron en contar con una red carretera moderna y eficiente para lo cual se han llevado a cabo importantes trabajos para su modernización.

De ahí la importancia de la asignación de los recursos, en tiempo y forma, que deberá ir acompañada desde luego de una eficaz y oportuna aplicación de las partidas, en los planes, programas y acciones que las dependencias deban aplicar a favor de la ciudadanía y con una clara línea de objetivos que promuevan acciones tendientes a ampliar y modernizar la infraestructura, a través de inversiones privadas y canalización complementaria de recursos públicos.

Reconocemos que se ha impulsado el proceso de programación del presupuesto asignado a este sector a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2005 y 2006, por lo que se llevaron procesos de programación en el presupuesto, de conformidad con la norma; sin embargo, la asignación de recursos a los tramos carreteros se hace cuando el proyecto ejecutivo cumple con todos los requisitos marcados en la Ley de Egresos de la Federación y es muy común que las licitaciones y construcciones de las obras, sean desfasadas en sus agendas y programas, iniciando estos procesos generalmente después de la primera mitad del año, adicionando a ello los cambios climáticos, como la época de lluvias que no favorece la construcción y/o mantenimiento de tramos carreteros generando tiempos muertos y pérdida de valiosos recursos financieros asignados para su construcción.

Hoy debemos tomar en consideración que el clima hace que algunos estados de la República tengan un alto riesgo de convertirse en áreas de temporal, lo que dificulta cumplir con los objetivos de modernizar la red federal de carreteras y aumentar su cobertura y eficiencia, desde luego aún cuando el esfuerzo por parte de las entidades federativas encargadas de estos procesos ha sido una labor permanente para planear, programar, presupuestar y dar seguimiento dentro del marco legal vigente para el desarrollo de los programas carreteros, desafortunadamente nos damos cuenta que en la realidad esto nada tiene que ver con las disposiciones establecidas en la práctica por parte de estas instancias.

Esas circunstancias exigen de la puntualidad de agendas programadas para la entrega en tiempo y forma de las partidas presupuestales y calendarizaciones de manera mensual para ejercer la obra pública. Por todo ello, sin duda, el tema de la oportunidad debe de ser un apartado muy importante en la aplicación de los recursos del PEF 2007.

Bajo este contexto y con razones sencillas pero de vital importancia solicito que se haga entrega puntual e inmediata de los recursos financieros en el ejercicio cabal de los programas y calendarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir con respecto a los presupuestos aprobados por esta soberanía.

Pero sobre todo debemos insistir en la planificación y calendarización a la par de los estados, distritos y municipios que se ven inmersos en este proceso y en coordinación con la SHCP de tal suerte que el crecimiento real de la infraestructura a través de la aplicación del presupuesto y con la disponibilidad puntual de los recursos dé certidumbre de la cual se derivará la proyección y planeación por ministraciones.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía como de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones, cumpla de manera oportuna con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el ejercicio de las partidas presupuestales para que el otorgamiento de los recursos fiscales correspondientes a obras de infraestructura carretera, se haga de manera programada y calendarizada, con el objetivo de lograr su aplicación en tiempo y forma, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero del 2007.--- Diputado Martín Malagón Ríos (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Martín Malagón Ríos . Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa y hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría si es de aprobarse el punto presentado.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, Secretario. Aprobado. Comuníquese.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del grupo parlamentario Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar a conocer los criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Durante décadas, los esfuerzos de nuestro sistema educativo se orientaron a la expansión de la cobertura, las políticas educativas y la inversión en el sector estuvo centrada en la infraestructura; se construyeron más escuelas y se formaron más maestros para poder ofrecer acceso a la educación pública a toda la población en edad escolar.

Hoy con una matrícula cercana a los 30 millones de alumnos en todos los niveles, se dice que la cobertura en educación básica, esta cubierta, habrá que tomar este dato con sus reservas, pues en muchas entidades de nuestra República, con el afán de cumplir con la cobertura, el docente debe atender grupos de más de sesenta alumnos en detrimento de la calidad, a pesar de lo anterior, las autoridades educativas, sostienen que la cobertura no constituye uno de los problemas más urgentes.

En este contexto, ha surgido un renovado interés político y público por saber qué es lo que efectivamente aprenden los alumnos en la escuela, preocupación que se ha manifestado desde hace más de una década en el mundo, cito la Declaración Mundial de la Educación para Todos (UNESCO, 1990, párrafo 4), que señala ``si la expansión de las oportunidades educacionales se traduce o no en desarrollo --para un individuo o para la sociedad-- depende en último término de lo que la gente efectivamente aprende como resultado de dichas oportunidades, en otras palabras, depende de la medida en que incorporan conocimientos útiles, habilidad de razonamiento, destrezas y valores''.

Por otra parte, existe en la sociedad mexicana un consenso sobre la importancia estratégica que tiene la educación como factor para el desarrollo de nuestra economía; el libre comercio y la competencia entre las naciones, exige que de nuestras escuelas egresen ciudadanos preparados para incorporarse al sector productivo, preparados para competir y con los conocimientos y habilidades para poder alcanzar un mejor nivel de vida.

Hoy en nuestro país, es la calidad del servicio educativo el que se coloca como el factor que debe ser atendido con urgencia.

La evaluación educativa, se ha convertido en un elemento central del debate sobre la educación que se ofrece en nuestro país. A partir de la publicación de los resultados de las evaluaciones desarrolladas como parte del Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos, denominado Proyecto (PISA), de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), se planteó la necesidad de que nuestro país contara con mecanismos propios que le permitieran medir los resultados de la educación que se imparte en nuestras escuelas.

Con el propósito de que las autoridades educativas federales y estatales contaran con las ``herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos'' el día 7 de agosto de 2002, se publicó el decreto presidencial a partir del cual se creaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.

Desde su creación, el INEE ha realizado diversas evaluaciones, así como el diseño de indicadores y otros instrumentos metodológicos necesarios para la evaluación, sin embargo hasta ahora es evidente que el impacto de este trabajo, paradójicamente no se puede medir.

A los esfuerzos del INEE, se suman los de las propias autoridades educativas, quienes a través de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), aplicada a más de 8 millones de niños y jóvenes de 3º a 6º grados de educación primaria y 3º de educación secundaria, nos ofrece una amplia base de datos e información, a partir de la cual se reactiva el debate sobre la calidad de la educación que se imparte en México.

Como legisladora, para la sociedad y para los padres de familia, considero de enorme valor el poder contar con datos confiables que permitan conocer la calidad de nuestras escuelas, la información resultado de estas evaluaciones, deberá ser analizada y comparada con otras, a fin de que sean útiles en la revisión de todos los factores que componen el proceso educativo.

En diversos medios de comunicación, se ha hecho énfasis en los resultados de ENLACE, la propia Secretaría los ha publicado y anuncia que para el próximo mes de abril esta programada la aplicación de una nueva evaluación en alumnos de primaria y secundaria, supongo que se habrán contemplado indicadores que permitan comparar resultados entre esta nueva evaluación y la realizada en el mes de junio del año pasado.

Asimismo, es de suponerse que al ser esta evaluación ``un instrumento fundamental para detectar desigualdades, explicar avances o limitaciones y sustentar procesos de planeación y de toma de decisiones'', ya se contarán con propuestas concretas para corregir en donde así lo requiera o consolidar resultados en las escuelas que muestran buen desempeño.

De no ser así, surgen muchas interrogantes, por lo que considero urgente solicitarle a las autoridades educativas, que hagan de la evaluación un efectivo instrumento para mejorar la calidad educativa, que esta evaluación contemple todos los factores del proceso educativo y que informe de manera clara y transparente a la sociedad, que acciones se estarán tomando a partir de los resultados obtenidos en estas pruebas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que dé a conocer a la sociedad, docentes, padres de familia y alumnos, los criterios, objetivos y métodos en que se fundamentarán las diversas evaluaciones que se aplicarán a todos los elementos del sistema educativo.

Segundo. Se exhorte a Secretaría de Educación Pública para que cumpla con lo que establece el artículo 31 de la Ley General de Educación e informe de manera transparente, a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada entidad federativa.

Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que las evaluaciones que realice se hagan de manera integral sobre el proceso educativo; incluyendo el desempeño de las autoridades educativas; la currícula en cuanto a su pertinencia y actualidad; la calidad y tipo de materiales que se proporcionan a los docentes; las condiciones de la infraestructura y equipamiento de las escuelas; la participación social y todos aquellos factores que inciden el aprovechamiento escolar.

Palacio Legislativo, 20 de febrero de 2007.--- Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

PROGRAMA DE SALUD AUDITIVA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Salvador Arredondo Ibarra , del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra:Con su permiso, señora Presidenta. Diputadas y diputados, todos compañeros, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosel suscrito, diputado federal Salvador Arredondo Ibarra, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Saluda que lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva basado en las siguientes consideraciones.

Se estima que en México más de 8 millones de personas tienen problemas de audición en diversos grados, de los cuales 200 mil padecen sordera profunda y de 10 a 20 por ciento pueden ser candidatos a un implante cloquear, una opción científica con la que podría recuperar la capacidad auditiva.

En México se inició con el Programa Multiinstitucional de Implantes Clocleares, en que participan el INED y los hospitales Infantil Federico Gómez y General de México, los tres de la Secretaría de Salud.

La sordera es la privación completa o parcial de la facultad de oír y puede deberse a múltiples causas, el caso de la sordera profunda puede deberse a causas congénitas, enfermedades virales dentro del primer trimestre del embarazo y meningitis, entre otras.

Hay dos tipos de sordera: la de la conducción y la neurosensorial. La primera se debe a las alteraciones del oído externo, desde el pabellón de la oreja, conducto tímpanos y huesecillos. En la actualidad este tipo de sordera puede resolverse a través de una cirugía que restituye los mecanismos de la conducción del sonido, por ejemplo, si esa persona no tiene conducto o se perforó el tímpano, se le puede crear el primero o reparar el segundo. También se puede hacer una restitución de los huesecillos, como sustituir el estribo por una prótesis.

El implante cloquear consiste en colocar, mediante cirugía, un dispositivo electrónico de múltiples canales en el lugar del caracol afectado. El aparato cumple las funciones del oído interno ya dañado y a través de él los sonidos del exterior son procesados hasta el nervio auditivo sano.

Una vez que se cicatriza la herida se procede a colocar un receptor en la parte posterior de la oreja, como un micrófono que se encarga de captar las ondas sonoras, que son enviadas a un procesador, que puede ser como un audífono para sordera o una caja del tamaño de una cajetilla de cigarros que se coloca en el cinturón o en un bolsillo. Éste codifica los sonidos, en otras palabras, separa las diferentes frecuencias graves, medias y agudas, y el estímulo acústico convertido en señales eléctricas es enviado a la parte del implante colocado en el oído interno, que al estimular el nervio auditivo transmite las señales neuroacústicas al cerebro.

Son candidatos a un implante cloquear las personas con sordera profunda en ambos oídos, a quienes los audífonos convencionales no les sirven, por muy potentes que sean; las personas cuyos audífonos les den una buena ganancia, definitivamente no son candidatos a este procedimiento.

Como legisladores tenemos que ser la fuerza trabajando juntos con las instituciones que atienden este problema, para mejorar en México el manejo de la hipoacucia profunda, sistematizando y difundiendo los procesos de detección profunda, selección de auxiliares y prótesis, calibración de las mismas y metodología de la rehabilitación o habitación en su caso.

La selección de beneficiarios para asegurar el éxito de implante es con evaluaciones médicas. Por lo anterior se considera que las personas locutivas, con una sordera de poco tiempo de evolución, así como los niños implantados precozmente por su mayor plasticidad neurosensorial, por lo que se considera que antes de los tres años es mejor este implante.

Por todo lo anterior y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva, el cual consiste en:

1. Realizar una campaña de educación y promoción para la salud con objeto de informar sobre la importancia de la audición y los cuidados que requiere, así como la identificación temprana de este problema.

2. Identificar a los niños menores de tres años con problemas de audición, ya que es más efectivo a esa edad y menos costoso.

3. Realizar las pruebas para valorar a un candidato, si puede o no llevar el implante coclear.

4. Realizar la operación para el implante coclear.

5. Llevar a cabo la realización de la rehabilitación que dura entre un periodo de seis meses a un año.

6. Enseñar al portador del implante coclear el mantenimiento y cuidado para su buen funcionamiento posterior, así como indicar que las revisiones periódicas sean cada tres meses en un principio y posteriormente reducirse dos veces al año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 28 de marzo. Señor Presidente, le pido que se inserte íntegro en el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo el Programa de Salud Auditiva, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Salvador Arredondo Ibarra , presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo el Programa de la Salud Auditiva, basado en las siguientes

Consideraciones

Se estima que en México más de 8 millones de personas tienen problemas de audición en diversos grados, de los cuales 200 mil padecen sordera profunda y del 10 al 20 por ciento pueden ser candidatos a un implante coclear; una opción científica con la que podría recuperar la capacidad auditiva.

En México se inició con el Programa Multiinstitucional de Implantes Cocleares, en que participan el INER, el Hospital Infantil Federico Gómez y el Hospital General de México, los tres de la Secretaría de Salud.

El INER informa que el programa tiene como propósito presentar esta alternativa para las personas con sordera profunda, quienes hasta hace unos años estaban condenadas al mundo del silencio.

La sordera es la privación completa o parcial de la facultad de oír y puede deberse a múltiples causas. En el caso de la sordera profunda puede deberse a causas congénitas, enfermedades virales dentro del primer trimestre del embarazo y meningitis, entre otras. Hay dos tipos de sordera, la de conducción y la neurosensorial. La primera se debe a alteraciones del oído externo, desde el pabellón de la oreja, conducto, tímpanos y huesillos (martillo, yunque y estribo). En la actualidad este tipo de sordera puede resolverse a través de una cirugía que restituye los mecanismos de la conducción del sonido. Por ejemplo, si una persona nació sin conducto, o si se perforó el tímpano, se le puede crear el primero ó reparar el segundo (timpanoplastías). También se puede hacer una restitución de los huesillos, como sustituir el estribo por una prótesis.

A su vez, la sordera neurosensorial se origina por un defecto del oído interno o del nervio auditivo. Los otorrinolaringólogos apuntan que, para enfrentar la sordera del oído interno, la alternativa a ofrecer es la utilización de audífonos, siempre y cuando la sordera no sea profunda, ya que para estos casos, los audífonos brindan poca o nula utilidad. Asimismo, refiere que hace unos 20 años se comenzaron a realizar los implantes cocleares en diferentes partes del mundo (a la fecha se contabilizan alrededor de 30 mil).

El implante coclear consiste en colocar, mediante cirugía, un dispositivo electrónico de múltiples canales (electrodos) en el lugar del caracol afectado. El aparato cumple las funciones del oído interno dañado, y a través de él, los sonidos del exterior son procesados hasta el nervio auditivo sano. Una vez que cicatriza la herida, se procede a colocar un receptor en la parte posterior de la oreja, como un micrófono que se encarga de captar las ondas sonoras que son enviadas a un procesador (microcomputadora), que puede ser como un audífono para sordera o una caja del tamaño de una cajetilla de cigarros que se coloca en el cinturón o en un bolsillo. Este codifica los sonidos, en otras palabras, separa las diferentes frecuencias (graves, medias y agudas) y el estímulo acústico, convertido en señales eléctricas, es enviado a la parte del implante colocado en el oído interno que, al estimular al nervio auditivo, transmite las señales neuroacústicas al cerebro.

Son candidatos a una implante coclear las personas con sordera profunda bilateral (en los dos oídos) y en quienes los audífonos convencionales no les sirven por muy potentes que sean. Las personas cuyos audífonos les den una buena ganancia, definitivamente no son candidatos a este padecimiento.

En México se han realizado alrededor de 60 implantes, esto marca el inicio del programa multiinstitucional, y para el resto del año se aplicaran tres más. Dado el alto costo de los implantes, las donaciones de instituciones altruistas son muy importantes para la comunidad del programa.

Los convenios con el Hospital General Doctor Gea González de la Secretaría de Salud, y a la donación del acto quirúrgico por parte de los cirujanos, pueden eliminar el costo de la cirugía, lo que equivale a reducir casi en una tercera parte el costo del implante.

Por ello, la misión es llevar el tratamiento óptimo en el momento y con la mejor tecnología disponible para cada caso en particular, a cualquier persona que padezca hipoacusia profunda.

Como legisladores tenemos que ser la fuerza, trabajando junto con las instituciones que atienden este problema, para mejorar en México el manejo de la hipoacusia profunda, sistematizando y difundiendo los procesos de detección oportuna, selección de auxiliares y prótesis, calibración de las mismas y metodología de rehabilitación o habitación en su caso.

La selección de beneficiarios para asegurar el éxito del implante es contar con las evaluaciones médicas, psicológicas y de terapia de lenguaje que identifiquen al solicitante como candidato al implante coclear.

Por lo anterior, se considera que las personas poslocutivas con una sordera de poco tiempo de evolución, así como los niños implantados precozmente, por su mayor plasticidad neurosensorial, por lo que se considera que antes de los 3 años de edad es mejor este implante.

Por todo lo anterior, y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que lleve a cabo el Programa de la Salud Auditiva, el cual consistiría en:

1. Realizar una campaña de educación y promoción para la salud con el objetivo de informar sobre la importancia de la audición y los cuidados que requiere, así como la identificación temprana de este problema.

2. Identificar a los niños menores de tres años con problemas de audición, ya que es más efectivo a esa edad y menos costoso.

3. Realizar las pruebas para valorar si un candidato puede o no llevar el implante coclear.

4. Realizar la operación para el implante coclear

5. Llevar a cabo la realización de la rehabilitación que dura un periodo de entre seis meses y un año.

6. Enseñar al portador del implante coclear el mantenimiento y cuidado para su buen funcionamiento posterior, así como indicar que las revisiones periódicas sean cada tres meses en un principio y posteriormente reducirse a dos veces por año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Salvador Arredondo. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Salud. Sonido a la curul del diputado Mayans.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal(desde la curul): Señor Presidente, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para sumarnos al punto de acuerdo del diputado Salvador Arredondo y si el diputado estuviera de acuerdo, que se pudiera votar de urgente u obvia resolución, por lo importante del tema y lo urgente del problema nacional en este padecimiento.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputado Salvador Arredondo, ¿está usted de acuerdo en que el trámite sea de urgente resolución? Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto es de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos René Sánchez Gil, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

El diputado Carlos René Sánchez Gil:Con su venia, señor Presidente. En virtud del tiempo que tenemos haré una breve síntesis del punto. Compañeros y compañeras legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas es premisa incuestionable en el ejercicio del poder público. Es demanda de nuestra sociedad el que los recursos públicos sean ejercidos con total transparencia y rendición de cuentas de cualquier instancia de gobierno.

El municipio tiene autonomía en el manejo de su hacienda municipal; sin embargo tratándose de recursos federales tiene una acotación en cuanto a su supervisión, control y fiscalización, de acuerdo con el artículo 79, fracción I, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confiere esta facultad a la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, los recursos federales derivados del Ramo 33, desde luego que son recursos federales que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación su fiscalización, control y supervisión.

El gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, en su administración 2004-2006 se distinguió por una ausencia de transparencia y nula rendición de cuentas. Tuvo muchas situaciones de escándalo que fueron del conocimiento de la opinión pública, dados a conocer por la prensa local.

Entre ellos destaca un endeudamiento excesivo y sobre todo, el que haya dejado una deuda al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema de Pensiones del estado de Jalisco. Con ello se perjudicó a cientos de trabajadores del municipio a quienes les fueron suspendidas sus prestaciones en materia de seguridad social por este motivo; no obstante que a estos trabajadores se les habían descontado sus cuotas.

Para colmo, el último día de la gestión de esta administración --- 31 de diciembre de 2006--- el municipio se quedó sin electrificación porque le fue cortado este servicio por otra deuda que el ayuntamiento tenía con la Comisión Federal de Electricidad.

Este punto de acuerdo, compañeros y compañeras legisladoras, no se fundamenta solamente en estos antecedentes. Se cuenta con las observaciones que hizo la Auditoría Superior del estado de Jalisco en la revisión de la Cuenta Pública de este municipio en su ejercicio 2005 y en trámite 2006, observaciones por una cuantía superior a los 50 millones de pesos para aclarar el gasto de compras y trabajos a sobreprecios de obras no ejecutadas y no concluidas. Destacan entre esas observaciones de la Auditoría Superior local, que la mayoría de estas obras corresponden a recursos federales del Ramo 33.

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, en su fracción IV, señala que el órgano de fiscalización local, cuando detecte que los recursos de los fondos federales no sean destinado a los fines establecidos en esta ley deberá de hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior, quien, en ejercicio de las facultades del artículo 33 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación podrá requerir a las entidades fiscalizadas revisiones de conceptos específicos por irregularidades en el presunto manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales.

En consecuencia, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal, correspondiente a los años 2005 y 2006.

Segundo. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que informe al pleno de esta Cámara de Diputados el resultado de la auditoría realizada y en caso de que existan irregularidades y daños y perjuicios a la hacienda pública federal se ejerzan las acciones correspondientes.

Invito a todos mis compañeros y compañeras legisladores a que se sumen a este punto de acuerdo que no tiene que ver con colores o posicionamientos políticos, sino con un reclamo legítimo de nuestra sociedad, que es la transparencia y la rendición de cuentas.

Solicito, señor Presidente, que este punto de acuerdo sea inscrito íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo 33 correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y de 2006, a cargo del diputado Carlos René Sánchez Gil , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos René Sánchez Gil , diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El municipio libre es base de la división territorial y organización política y administrativa de los estados, como señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, constituye la primera instancia de gobierno con el ciudadano y corresponde a su competencia y atribuciones la prestación de los servicios públicos prioritarios como es el agua potable, drenaje, alumbrado, aseo, calles y seguridad pública, entre otros; servicios públicos que son satisfechos por el gobierno municipal con recursos públicos derivados de su hacienda municipal, de participaciones y aportaciones tanto de la federación como de los estados.

2. Entre las aportaciones de recursos federales que el municipio recibe se encuentran los correspondientes al Ramo 33, ``Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal'', que tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y municipales, con apego a la autonomía de gestión en el ejercicio de los recursos que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de infraestructura básica, lo que coadyuva a mejorar la eficacia en la ejecución del gasto público por parte de las autoridades municipales; la operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V, artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales para dicho fondo con destino previamente especificado como ``recursos etiquetados para destinarse a obras prioritarias de beneficio social'', fondo que por disposición de la ley y de sus reglas de operación define criterios de distribución por el índice global de pobreza y crecimiento de su población sin la infraestructura de servicios básicos. No obstante que los gobiernos municipales son autónomos y libres en el manejo y administración de los recursos públicos de su hacienda, tratándose de los recursos federales de los diversos ramos y fondos, tienen la obligación legal imprescindible de destinar dichos recursos a los rubros específicos del fondo, cuyo manejo se debe transparentar y rendir cuentas del manejo de los mismos.

3. El gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, en su periodo 2004-2006, recibió recursos del gobierno federal en concepto de aportaciones por una cuantía superior a los cien millones de pesos anuales, mismos que debieron ser destinados a la realización de obras de infraestructura básica; sin embargo, el gobierno municipal de Tonalá se caracterizo por su irresponsable y arbitraria conducta en el manejo de los recursos públicos, su falta de transparencia y de rendición de cuentas, por presunto desvío de recursos públicos para fines particulares, por sus escándalos públicos y su falta de compromiso y responsabilidad con la sociedad, así como por el desmedido endeudamiento del municipio por 150 millones de pesos en el año 2004, comprometiendo en garantía las participaciones federales que el municipio recibiría en sus próximos 10 años.

4. Prueba de las irregularidades la constituyen las observaciones que la Auditoría Superior del Estado del Jalisco realizó a la Cuenta Pública de 2005 del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de 16.4 millones de pesos a los gastos en obras públicas realizadas, y de 37.9 millones de pesos para aclarar compras con diferencia de precios; obras no ejecutadas ni concluidas, con sobreprecios en trabajos realizados, irregularidades en el destino y ejercicio de recursos públicos, al no encontrar este órgano fiscalizador las pólizas de cheques ni comprobantes correspondientes. Cabe destacar que de estas observaciones y aclaración de gastos al ayuntamiento de Tonalá por parte de la Auditoría estatal, corresponden en su mayor parte a obras públicas realizadas con recursos federales del Ramo 33 (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del día 30 de septiembre del año 2006).

No obstante las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; en 2006 el gobierno municipal vuelve a incurrir en irregularidades en el ejercicio y destino de los recursos públicos municipales y federales, dado que desde finales del año 2005 dejó de pagar a la Dirección de Pensiones del estado de Jalisco las aportaciones del municipio y la cuota que ya había sido descontada a los propios trabajadores para garantizar los servicios y apoyos en materia de seguridad social que por ley el municipio debía de pagar; adeudando a dicha institución la cantidad de 26.2 millones de pesos, situación que el presidente municipal pretendió realizar con la venta de terrenos públicos municipales. El 31 de diciembre de 2006, el municipio de Tonalá, Jalisco, se quedó sin alumbrado público, ya que la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio de alumbrado al municipio por un adeudo de 3.7 millones de pesos (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del 12 de diciembre de 2006).

Al término del gobierno municipal 2004-2006 ( 31 de diciembre de 2006), se dejó una deuda pública no justificada en una cuantía aproximada a los 228 millones de pesos, que incluye un adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social en concepto de servicios médicos de los trabajadores municipales y de sus familias; un adeudo por concepto de recolección de basura en el municipio; a Teléfonos de México y a diversos proveedores, entre otros. En resumen, el gobierno municipal 2004-2006 generó un endeudamiento y empobrecimiento del municipio de Tonalá, Jalisco, en perjuicio y menoscabo directo de su población, poniendo en riesgo la debida prestación de los servicios públicos municipales que requiere la población y poner en riesgo la administración y buen despacho de los asuntos municipales (fuente: periódico Mural, de Guadalajara, Jalisco, del 5 de enero de 2007).

5. Ante los antecedentes de irregularidad de los recursos federales derivados del Ramo 33, por las observaciones y aclaraciones solicitadas a la Cuenta Pública del año 2005 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y por las irregularidades manifiestas de los recursos públicos federales del ejercicio 2006 correspondientes a dicho ramo, se corrobora un uso indebido de recursos públicos, ante el manejo arbitrario e irresponsable de los mismos, así como por el desmedido endeudamiento del municipio, por la ausencia de transparencia y la nula rendición de cuentas, en consecuencia se solicita que, en uso de las atribuciones legales conferidas por la fracciones I, III y IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; en relación con los artículos 34, 35, 36, 38, 41, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y por tratarse de recursos federales ``etiquetados'' de fondos del Ramo 33, el órgano de fiscalización superior de la federación, realice una revisión, supervisión y fiscalización mediante una auditoría especial, respecto al destino y ejercicio de los recursos federales aportados al municipio de Tonalá, Jalisco, correspondiente a los años 2005 y 2006, realizando, en su caso, las denuncias, acciones legales y sanciones que en derecho corresponda a los responsables en caso de acreditarse irregularidades.

Por lo antes expuesto, pido a esta honorable Cámara de Diputados que solicite al titular de la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión y fiscalización mediante la aplicación de una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto del ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, ``Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal'', correspondiente a los años 2005 y 2006. En consecuencia, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión y fiscalización mediante la aplicación de una auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al ejercicio y destino de los recursos federales del Ramo 33, ``Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal'', correspondiente a los años 2005 y 2006; por los motivos, razones y fundamentos legales antes citados.

Segundo. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que informe al Pleno de esta Cámara de Diputados el resultado de la auditoria realizada y, en caso de que existan irregularidades, daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal, se ejerzan las acciones, denuncias y sanciones legales correspondientes.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de febrero de 2007.--- Diputado Carlos René Sánchez Gil (rubrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos René Sánchez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

EDUCACION BASICA INDIGENA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Odilón Romero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Públicaatiendan y doten de infraestructura, a fin de permitir el óptimo servicio de la educación básica indígena del sur-sureste del país.

El diputado Odilón Romero Gutiérrez:Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal Odilón Romero Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democráticade esta LX Legislatura, vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a proponer punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Públicapara que atiendan y doten de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena, del sur-sureste de nuestro estado, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El pasado día 2 de marzo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció que esta dependencia destinará 700 millones de pesos para rehabilitación de escuelas urbanas pobres. Es de suponer que estos recursos se destinarán para atender los rezagos de infraestructura para 2 mil 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país, ubicadas en zonas de pobreza urbana, con lo que se busca renovar las instalaciones eléctricas hidrosanitarias y el mantenimiento de techos y fachadas. Se anunció también que el programa se aplicará en las 32 entidades de la República de forma proporcional al número de escuelas que tengan en zonas de pobreza urbana.

Sin duda es una buena intención; sin embargo, se excluyeron a las escuelas en zonas rurales indígenas, particularmente de los estados más pobres y de mayor atraso social del sur-sureste de nuestro país.

A lo largo de la historia de la educación indígena, México transita aún por el camino de la segregación social. Persisten estigmas racistas y discriminatorios. Todavía hay ciudadanos de segunda y de primera: unos que lo tienen todo y otros que carecen de lo elemental.

Las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente, tienen serias dificultades para elevar su nivel intelectual, profesional y moral y prácticamente su futuro se encuentra secuestrado; y es que sufren mortalidad infantil, desnutrición crónica y la necesidad de trabajar desde pequeños, ya sea en actividades agropecuarias o en otras, lo que constituyen signos de alarma y tragedia nacional.

En general, la niñez y la juventud indígena de las tres entidades federativas en referencia se encuentran desprovistas de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida en un corto plazo. De mantenerse los altos niveles de pobreza rural y de marginación social y cultural, resulta previsible el incremento de la migración y como consecuencia de ello, el secuestro del futuro de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas.

En estas condiciones es necesario y urgente replantear las políticas públicas en el ámbito educativo y especialmente por un reparto equitativo de los recursos públicos, ya que las escuelas indígenas representan 5.6 por ciento del total de las escuelas públicas del país.

Ahora, de acuerdo con datos oficiales, 8 mil 615 escuelas primarias de educación indígena se encuentran en condiciones materiales muy deplorables y en un ambiente desolador. No hay aulas, sino galeras construidas de madera; otras están hechas de enramadas e incluso algunos alumnos indígenas reciben clases a la sombra de los árboles.

Asimismo, aunado a todo esto 50 por ciento de la población indígena de 15 años y más no tienen educación primaria. Resulta importante, en consecuencia, reconocer que el gobierno federal y las entidades garanticen una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes indígenas con nuevas modalidades que garanticen la igualdad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, incluir a las escuelas de las zonas rurales indígenas en el Programa de Fortalecimiento y Dotación de Infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena de los niños, niñas y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, del sur-sureste de nuestro país.

Asimismo se solicita que, en un plazo de 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía de los planes, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados para infraestructura básica de las zonas rurales indígenas, particularmente en el sur-sureste de nuestro país.

Se solicita, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP a atender y dotar de infraestructura la educación básica indígena del sur-sureste del país, a cargo del diputado Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Odilón Romero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado día 2 de marzo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció que esta dependencia destinará 700 millones de pesos para ``remozar escuelas urbanas pobres''.

Es de suponer que estos recursos se destinarán para atender los rezagos de infraestructura para 2 mil 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país ubicadas en zonas de pobreza urbana, con lo que se busca renovar las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y el mantenimiento de techos y fachadas.

Se anunció también que el programa se aplicará en 32 entidades de la república de forma proporcional al número de escuelas que tengan en zonas de pobreza urbana.

Sin duda, es una buena intención, sin embargo, se excluyeron las escuelas en zonas rurales indígenas, particularmente de los estados más pobres y de mayor atraso social del sur-sureste del país, que se caracterizan por su precariedad material, deficiencias en el perfil y condiciones de trabajo de los maestros, simplificaciones y reducciones a los contenidos, métodos, materiales y tiempos dedicados a la enseñanza.

A lo largo de la historia de la educación indígena se ha tenido un impacto negativo con los niños y jóvenes, como es la negación de su identidad, la privación de la plena ciudadanía, situaciones tales que no contribuyen a apuntalar hacia Estado fundado en el respeto a la diferencia, la pluralidad lingüística y cultural en nuestro país.

México transita aún por el camino de la segregación social, persisten estigmas racistas y discriminatorios, todavía hay ciudadanos de segunda y de primera; unos que lo tienen todo y otros que carecen de lo elemental.

Las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente, tienen serias dificultades para elevar su nivel intelectual, profesional y moral, y prácticamente su futuro se encuentra secuestrado.

Y es que, sufren mortalidad infantil, desnutrición crónica y la necesidad de trabajar desde pequeños --ya sea en actividades agropecuarias o en otras--, lo que constituye en signos de alarma y tragedia nacional.

A lo que más aspiran las niñas, niños y jóvenes indígenas de México, particularmente del sur-sureste, es a un proceso de trabajo asalariado, expresado tanto en su ocupación temporal o en zonas de agroexplotación en los estados del norte del país y en los Estados Unidos, y las jóvenes mujeres como trabajadoras domésticas en los centros urbanos y en su creciente incorporación en las industrias de la maquila. Ese es su futuro inmediato.

En general, la niñez y la juventud indígenas de las tres entidades federativas en referencia se encuentran desprovistas de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida en un corto plazo.

De mantenerse los altos niveles de pobreza rural y de marginación social y cultural, resulta previsible el incremento de las migraciones y, como consecuencia de ello, el secuestro del futuro de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas.

En este contexto, la escasa calificación laboral, las altas tasas de analfabetismo y la condición étnica son tres factores muy importantes por considerar en la formulación de políticas que permitan a niños y a jóvenes indígenas tener oportunidades de inserción en la sociedad que ahora se les niega por su diferencia cultural.

En estas condiciones, es necesario y urgente replantear las políticas públicas en el ámbito educativo y especialmente por un reparto equitativo de los recursos públicos. No podemos seguir con una educación preferencial a las escuelas urbanas y se abandona a las escuelas indígenas, que representan el 3.6 por ciento del total de las escuelas públicas del país.

Ahora, de acuerdo con datos oficiales, 8 mil 615 escuelas primarias de educación indígena se encuentran en condiciones materiales muy deplorables y en un ambiente desolador. No hay aulas sino galeras construidas de madera, otras están hechas de enramadas e incluso algunos alumnos indígenas reciben clases a la sombra de los árboles.

Asimismo, 50 por ciento de la población indígena de 15 años y más no tiene educación primaria.

Las escuelas de las comunidades, pueblos y regiones indígenas no pueden seguir ofreciendo un servicio diferencial y de escasez de presupuesto y precariedad de sus instalaciones, deficiente calificación profesional de sus maestros, enseñanza del castellano como si fuera primera lengua.

A todo esto hay que agregar otro problema, el incremento de la migración del campo a las ciudades, agravando el panorama, y se muestra la insuficiencia del subsistema de educación indígena para atender las demandas educativas de las poblaciones étnicamente distintas. A la fecha, cientos de miles de indígenas viven en ciudades donde no funciona el sistema de educación indígena; se ven obligados a estudiar en escuelas urbanas y con un plan de estudios estándar.

Aunque el Programa Nacional Educativo 1995-2000 consideró por primera vez en nuestra historia la atención a niños indígenas migrantes asentados temporal o definitivamente en zonas urbanas; y a pesar de la operación de programas como Área Metropolitana de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de Atención a Niños Indígenas en algunas ciudades, es cierto que representa serios esfuerzos de la SEP, pero con todo, las acciones son aún insuficientes.

Resulta importante, en consecuencia, reconocer que el gobierno federal y las entidades garanticen una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes indígenas, con nuevas modalidades que garanticen la igualdad con la diferencia.

Tal como se lo propuso el indigenista Manuel Gamio a principios del siglo XX, en el siglo XXI se tendrá que avanzar en la solución del dilema histórico entre igualdad y diversidad, solución que demanda construir una verdadera educación pública intercultural.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a incluir las escuelas de las zonas rurales indígenas en el programa de fortalecimiento y dotación de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena de las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas del sur-sureste de nuestro país. Asimismo, se solicita que en un plazo de 30 días, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía de los planes, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados para infraestructura básica a las zonas rurales indígenas, particularmente en el sur-sureste de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2007.--- Diputados: Odilón Romero Gutiérrez , César Flores Maldonado , Marcos Matías Alonso , Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Jesús Humberto Zazueta Aguilar , José Rosas Aispuro Torres , Ana Yurixi Leyva Piñón , Humberto Wilfrido Alonso Razo, Wenceslao Herrera Coñac, Layda Sansores San Román , María del Carmen Salvatori Bronca , Juan Abad de Jesús , Martín Ramos Castellanos , Sergio Hernández Hernández , Raymundo Cárdenas Hernández , Ramón Félix Pacheco Llanes , Claudia Lilia Cruz Santiago , Javier González Garza , Abundio Peregrino García , Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Juan de Dios Castro Muñoz , Isidro Pedraza Chávez , José Antonio Almazán González , Santiago López Becerra , Valentina Valia Batres Guadarrama , Lourdes Alonso Flores , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , Miguel Ángel Solares Chávez , Víctor Aguirre Alcalde, Modesto Brito González , Amador Campos Aburto , Juan Darío Lemarroy Martínez, Adrián Pedrozo Castillo , Susana Monreal Ávila , Víctor Varela López , Rafael Franco Melgarejo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Romero Gutiérrez. Como ha sido solicitado, insértese íntegro en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría si el asunto es de urgente resolución. Permítame por favor, Secretaria. Sonido a la curul del diputado Herrera Coyac.

El diputado Wenceslao Herrera Coyac(desde la curul): Sí, para expresarle en primer lugar mi solidaridad al señor diputado que leyó el punto de acuerdo y pedirle que me permita suscribir este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Venga a firmarlo aquí a la Secretaría. Consulte la Secretaría si se acepta de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

TRASTORNOS ALIMENTICIOS DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales Garcíadel grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana.

La diputada Elizabeth Morales García:Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Seré breve en atención a tantos puntos de acuerdo y además el tema que voy a compartir con ustedes ha sido insistentemente abordado hace algunas semanas y algunos meses, he de decirlo así, por los medios de comunicación. Se trata de los desordenes alimenticios de la anorexia y de la bulimia.

Además, en próximas fechas una servidora presentará diversas reformas y adiciones a disposiciones legales en relación con este tema, como son por ejemplo la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, pero como sabemos que el proceso legislativo lleva su tiempo, por eso les quiero pedir su apoyo para poder aprobar el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución:

Es paradójico que por una parte seamos un país donde más de 70 y casi 80 por ciento de la población tiene algún problema de sobrepeso y obesidad y por otra parte, 3 millones de mexicanos, generalmente jovencitas y jovencitos en búsqueda de la figura perfecta, sufran de anorexia y de bulimia.

Es necesario trabajar para prevenir esta enfermedad y este tipo de desordenes, una enfermedad en que participan diversos factores como son la presión social, la presión familiar, los medios de comunicación, el falso concepto de belleza, el falso concepto del éxito, hasta el perfil para encontrar un trabajo si vemos en los periódicos.

En La Prensa, por ejemplo, donde se dice se solicita empleado o empleada; uno de los requisitos es buena presentación, e incluso, lo que se cree como una característica fundamental para encontrar un novio o una novia, el ser bonito o el ser bonita.

Además de prevenir, es urgente trabajar en atender a quienes hoy padecen ya este mal. Entre 5 y 10 por ciento de quienes padecen anorexia mueren, y mueren por alteraciones electrolíticas graves, por infecciones, por complicaciones gastrointestinales, por desnutrición extrema y hasta por suicidios porque crea un problema tan grave que incluso les lleva a trastornos psicológicos.

Se tienen datos de que la anorexia se inicia entre los 14, 15 y se da hasta los 18 y más años. Y la bulimia entre los 13 y 20 años de edad. Estamos hablando que entre anorexia y bulimia, es un problema que está afectando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes entre los 13 y los 20 años.

Pero además, también hoy sabemos que desde los nueve años, las niñas y los niños hoy se están preocupando por sus medidas, por su figura y por su posible sobrepeso, lo que nos debe poner en alerta.

Por eso, hoy compañeros, les pido su apoyo para las jovencitas, para las mujeres, para los jóvenes, para los hombres y para los niños que tienen esta enfermedad, para aprobar el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que de manera inmediata se implementen, a través de la Secretaría de Salud y en los tres ámbitos de gobierno, programas específicos de atención integral personalizada y profesional a personas que padezcan algún trastorno alimenticio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que dentro de los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional se incluya información básica que permita a los niños, adolescentes y padres de familia detectar de manera oportuna y prevenir eficazmente cualquier tipo de trastorno alimenticio. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con los trastornos alimenticios entre la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del PRI

El miedo a ganar peso, la presión social y familiar, la influencia de la publicidad y la obsesión por tener un cuerpo perfecto pueden resultar fatales.

A raíz de la muerte de una modelo brasileña por anorexia ocurrida hace unas semanas, diversos medios de comunicación han venido presentando reportajes y entrevistas sobre el grave problema que representan los trastornos alimenticios.

En México, un caso reciente es el de Laura Guadalupe Morales, una oaxaqueña que en su obsesión por lucir bien en su boda, hoy se encuentra al borde de la muerte por la anorexia que padece; no ha podido ser atendida adecuadamente en su estado natal, por lo que ha tenido que ser trasladada al Distrito Federal.

Según especialistas, la anorexia y la bulimia son los trastornos que se presentan con mayor frecuencia, principalmente entre jóvenes de entre 13 y 20 años; sin embargo, cada vez son más las niñas y los niños que desde los 9 años de edad manifiestan su preocupación por aumentar de peso, o bien, que no están satisfechos con su imagen, lo cual indica que este problema podría alcanzar dimensiones mayores en un futuro cercano.

Se estima que la anorexia ataca a nueve mujeres por cada hombre, mientras que la bulimia se presenta en siete de ellas por cada tres varones.

Estos padecimientos, que de acuerdo con la Secretaría de Salud afectan a alrededor de 3 millones de mexicanos, presentan una serie de consecuencias que van desde problemas gastrointestinales y cardiacos, desnutrición, pérdida de cabello, palidez extrema, falta de energía, cambios en el estado de ánimo y en las relaciones interpersonales, hipertensión arterial, diabetes y hasta la muerte.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 3.2 por ciento de los jóvenes encuestados aceptó haber practicado alguna conducta alimentaria de riesgo, como dietas, ayunos y exceso de ejercicio con el objetivo de bajar de peso; mientras, 18.3 por ciento reconoció que en los tres meses previos a la encuesta les preocupó engordar o consumir demasiado, o bien, perdieron el control para comer.

Pero no sólo quienes padecen esas enfermedades sufren: sus familias también resultan severamente afectadas. Lo más grave es que, en la mayoría de los casos, no cuentan con información y orientación adecuadas, con recursos económicos suficientes ni adónde acudir para solicitar ayuda.

Por ello es fundamental que el Estado mexicano considere este tema problema de salud pública que requiere atención inmediata.

Nuestra responsabilidad como legisladores es velar por el bienestar de nuestros representados; y desde la Cámara de Diputados podemos actuar en consecuencia.

No permitamos que nuestros jóvenes sigan siendo víctimas de estos padecimientos; estamos a tiempo de evitar muchas muertes.

Todos esos problemas tienen solución y quienes padecen estas enfermedades tienen derecho a vivir, a ser felices, a dejar de sufrir. Por eso hoy someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a implantar de inmediato, a través de la Secretaría de Salud y en los tres ámbitos de gobierno, programas específicos de atención integral, personalizada y profesional de personas que padezcan algún trastorno alimenticio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a incluir en los planes de estudio del sistema educativo nacional información básica que permita a los niños, a los adolescentes y a los padres de familia detectar de manera oportuna y prevenir eficazmente cualquier tipo de trastorno alimenticio.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de febrero de 2007.--- Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Elizabeth Morales. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza : En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa; hay dos terceras partes, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. La diputada Daisy Hernández Gaytán, ¿solicitó el uso de la palabra? Adelante.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán(desde la curul): Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, una de las tareas y responsabilidades de las y los legisladores, es generar herramientas jurídicas que creen y garanticen la seguridad económica, política, social, educativa y de salud; a éste último es al que haremos referencia, pero sobre todo cuando afecta de manera alarmante a las niñas, niños y jóvenes de México.

En México y el mundo el cumplimiento por alcanzar a toda costa el ideal estético, socialmente impuesto, deja de lado la atención por la pérdida de la salud y en los casos extremos, la vida. La anorexia nerviosa es un trastorno de alimentación potencialmente fatal, en el que la persona voluntariamente decide estar en ayunas para evitar el sobrepeso.

Noventa por ciento de las personas que padecen o han padecido anorexia son mujeres; mientras que el 10 por ciento restante son varones. La edad suele estar comprendida entre los 13 y 24 años, aunque existen casos descritos desde los siete hasta los 25 años.

La anorexia así como la bulimia, pueden ser mortales, su tratamiento y prevención es indispensable ya que la persona que enfrenta estos trastornos, raramente reconoce su padecimiento que se desprende fundamentalmente de la preocupación que genera la cultural actual por exhibir un cuerpo delgado; demanda que presiona de manera particular a las y los adolescentes y jóvenes, olvidando que la estructura de nuestra raza en muchos casos es incompatible con la imagen y el ideal mundial. En todos los casos el tratamiento inmediato consiste en que la persona tome alimentos y gane peso.

A medida que se intenta que la o el paciente ingiera algún alimento, se requiere de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y endocrinológicos. Detectar a tiempo la anorexia tiene buen pronóstico. A pesar de ello se estima que entre 5 y 18 por ciento de las personas que sufren anorexia pueden morir.

El tema es muy discutido últimamente, pues determinadas actitudes modernas, como la ropa cada vez más estrecha, la aparición de modelos cada vez más delgadas, influye negativamente en el ánimo de muchas jóvenes que tratan de conseguir el supuesto cuerpo perfecto que la sociedad pide.

Para muchos psicólogos, la educación a este problema pasa por educar y alertar a las jóvenes preparándolas para escapar de estereotipos y de manera particular, de esta mortal moda de la delgadez extrema, enseñando a la gente a incrementar su autoestima y asumir una actitud crítica y de rechazo hacia toda acción que tienda a descalificar su propio cuerpo.

Por ello, nos pronunciamos por la cultura de la prevención para evitar estas enfermedades de salud pública, impulsando campañas y la información necesaria que logren reeducar y proteger a nuestras nuevas generaciones.

Es por ello que en el grupo parlamentario de la Revolución Democrática votaremos a favor por este punto de acuerdo, ya que en toda acción, grande o pequeña que tenga como fin proteger, mantener y/o acrecentar el derecho de las y los jóvenes mexicanos, vamos a favor.

Es por ello que invitamos a todos los grupos parlamentarios a que voten a favor de la juventud. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado; comuníquese.

CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, para presentar proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático y sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión.

El diputado Antonio Xavier López Adame:Con su venia, señor Presidente. Hace apenas un par de días elsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quezada, comentó que las medidas que se adopten en este país para impedir el cambio climático no deben sacrificar el crecimiento económico de México.

En principio nosotros estaríamos de acuerdo, porque sí efectivamente para generar bienestar, hay que crear mayor riqueza. No obstante, habría que acotar dicha afirmación y sobre todo, acotar el tipo de crecimiento que deseamos para que éste sea realmente compatible con los esfuerzos internacionales para contener los cambios del clima.

Desde un punto de vista ambiental México tiene el privilegio, pero también la obligación de cuidar la megadiversidad biológica de la que gozamos, si consideramos que a nivel mundial pueden desaparecer hasta 150 especies diarias por el calentamiento global. Es evidente que México debe asumir una mayor responsabilidad de conciencia sobre el tema.

Pero también desde una perspectiva puramente económica, el Estado mexicano no puede dejar de reconocer, que el costo de los efectos del cambio climático en la tierra podría llegar a equivaler hasta el 5 por ciento del producto interno bruto mundial por año y este costo podría elevarse hasta 20 por ciento del PIB mundial; según las estimaciones que dio a conocer el economista Nicolás Stern, que es el asesor económico del gobierno británico.

Por el contrario, el costo de tomar las medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero se calcula en aproximadamente 1 por ciento del PIB. Esto implicará que tanto las naciones desarrolladas como las naciones en desarrollo deban contener y acotar su crecimiento económico, basado en el uso exclusivo de combustibles fósiles, en el consumo excesivo y en la sobre explotación de los recursos naturales; es decir, para evitar la catástrofe del planeta no se requiere impulsar cualquier tipo de riqueza, no podemos apostar al crecimiento económico a cualquier costo sino sólo aquel que sea compatible con la preservación de nuestros recursos naturales y con la estabilidad climática del país.

Lo que requiere México, compañeros legisladores, se llama: desarrollo sustentable, y ello implicará no solamente crear riquezas sino distribuirlas mejor, además de impedir mayores daños a nuestros ecosistemas que incidan en nuestras posibilidades de desarrollo, y por supuesto, en asumir mayores compromisos para reducir emisiones y capturar gases de efecto invernadero, siendo que nuestro país está entre las primeras 15 naciones con mayores emisiones.

Una de las acciones más importantes que ha tomado el gobierno federal en esta materia ha sido la creación de una comisión intersecretarial integrada por diversas dependencias. Esta comisión se creó con objeto de coordinar en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones de la administración pública federal relativas a la formulación, instrumentación de políticas nacionales para prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

Por la relevancia del tema, los legisladores del Partido Verde Ecologista consideramos relevante que el Congreso de la Unión participe de estos esfuerzos y se coordine con el gobierno federal en la definición de las políticas de Estado en materia de cambio del clima.

Por lo expuesto, nos permitimos poner a consideración un punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, para que sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión, relacionadas con las materias relevantes a partir de los trabajos referentes a la definición de políticas públicas que tengan como fin abatir los efectos del cambio en el clima. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instruir a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, en el ámbito de sus atribuciones, para que se incluya a los miembros de las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión en los trabajos referentes a la definición de las políticas públicas para abatir los efectos de ese fenómeno ambiental

Antonio Xavier López Adame , diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me pernito poner a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

Es bien sabido que el grave problema del cambio climático provocará irreversibles perjuicios para la biodiversidad del planeta, sin embargo, las medidas y acciones que se tomen en esta materia son definitivas para el futuro de millones de personas alrededor del mundo.

Al respecto, diferentes gobiernos y cientos de instituciones se han pronunciado y han realizado diversas acciones que ayuden a contrarrestar estos graves efectos inducidos por las emisiones de gases efecto invernadero. El gobierno británico ha declarado, a través de un reporte denominado Stern Review on the Economics of Climate Change, que todavía hay tiempo para evitar el impacto negativo del cambio climático, siempre y cuando se apliquen acciones eficaces e inmediatas. De lo contrario, este reporte estima que el costo total de los efectos del cambio climático en la tierra equivaldrá al cinco por ciento del producto interno bruto mundial al año y podrán elevarse hasta el 20 por ciento del PIB global o más.

En contraste, el costo de tomar las medidas necesarias se calcula en aproximadamente el uno por ciento del PIB mundial, lo que representaría evitar una pérdida neta del cuatro por ciento de este PIB, a causa de los efectos del cambio climático. Es por ello, que la respuesta a este problema debe darse a nivel regional, nacional e internacional, por lo que el gobierno mexicano, en específico el Ejecutivo federal, ha creado una comisión intersecretarial integrada por los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes.

Esta comisión se creó con el objeto de coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la convención marco de la materia y los demás instrumentos derivados a la misma.

La Comisión lntersecretarial de Cambio Climático tiene también por objeto identificar oportunidades, además de facilitar, promover, difundir, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos Mexicanos, en términos del Protocolo de Kyoto, así como de otros instrumentos tendientes al mismo objetivo.

El Congreso de la Unión, consciente de la urgente necesidad de tomar fuertes medidas que ayuden a contrarrestar y a mitigar el calentamiento global exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de esta Cámara de Diputados, a que integren a los legisladores en las mesas de trabajo de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, a fin de promover y trabajar, de manera conjunta, en acciones de prevención, mitigación y adaptación; impulsar el desarrollo sostenible del país; frenar los altos costos que acarrean los efectos del Cambio Climático; y contribuirn en el cumplimiento de los compromisos suscritos por México en la convención marco y el Protocolo de Kyoto en términos de reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero en México.

Por lo expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático para que sean incluidos los miembros de las Comisiones Ordinarias del honorable Congreso de la Unión relacionadas con la materia a participar dentro de los trabajos referentes a la definición de las políticas públicas que tengan como fin abatir los efectos del cambio climático.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 28 de marzo de 2007.--- Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Xavier López Adame.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Rivas: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 29 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de Tlaxcala.

De la Dirección General de Caminos y Puentes Federales.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en febrero de 2007.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 15:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 29 de marzo a las 11:00 horas, y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 26 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 268 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 367 diputados
• Puntos de acuerdo aprobados: 7
• Proposiciones con punto de acuerdo: 23
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 61PAN-13, PRD-22, PRI-9, PVEM-3, Convergencia-6, PT-3, Nueva Alianza-3, Alternativa-2
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, respectivamente;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Luisa Elio Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Álvaro Castro Estrada, para aceptar y usar la condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente;
• 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos delFondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climatológicos extremos;
• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo a proposición, por el que solicita al Ejecutivo federal enviar a esta soberanía la posición del Estado mexicano frente a la ``Convención de Naciones Unidas sobre la Prohibición de utilizar Técnicas de modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles'' para que sean analizadas en la Comisión de Relaciones Exteriores;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo a proposición, por los que solicita al gobernador del estado de Nayarit que informe sobre los trabajos que se han realizado para erradicar los altos índices de feminicidios;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por los que se desecha por el que se desecha la minuta que adiciona un artículo 348 Bis de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por los que se desecha por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 de la Ley General de Salud;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4 de la Ley de Asistencia Social;
• 1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Asistencia Social;
• 1 de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 12 a la Ley sobre la Celebración de Tratadosy reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal;
• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal;
• 1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Planeacióny adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por los que se desechan diez iniciativas en materia de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentadas durante la LIX Legislatura;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Estado de Oaxaca: 136
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Protección de humedales: 115
• Altamirano Toledo, Carlos(PRD) Estado de Oaxaca: 128
• Arenas Guzmán, Margarita(PAN) Reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones: 106
• Arredondo Ibarra, Salvador(PAN) Estado de Oaxaca: 127
• Arredondo Ibarra, Salvador(PAN) Programa de salud auditiva: 174
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Estado de Oaxaca: 128
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Porcicultura nacional: 134
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Porcicultura nacional: 133, 135
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Procuraduría General de la República: 165
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Prestar servicios en representaciones diplomáticas-condecoraciones: 37
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Condecoraciones: 33, 35
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 103
• Chanona Burguete, Alejandro(Convergencia) Seguridad fronteriza México-Estados Unidos: 161
• Cobo Terrazas, Diego(PVEM) Seguridad fronteriza México-Estados Unidos: 164
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Salud sexual, salud reproductiva, y no discriminación: 110
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Violencia familiar: 112
• De León Tello, Jesús(PAN) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 101
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 98
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Rescate de autopistas concesionadas: 147
• Domínguez Servién, Francisco(PAN) Porcicultura nacional: 131, 135
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Porcicultura nacional: 134
• González Garza, Javier(PRD) Porcicultura nacional: 134
• González Macías, Jesús (PVEM) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 99
• Hernández Gaytán, Daisy Selene(PRD) Trastornos alimenticios de la juventud: 186
• Herrera Coyac, Wenceslao(PRI) Educación básica indígena: 183
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 98
• Lescieur Talavera, Jorge Mario(PRI) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 100
• López Adame, Antonio Xavier(PVEM) Cambio climático: 187
• López Lena Cruz, Humberto(Convergencia) Delito de difamación y calumnias: 168
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Secretaría de Educación Pública: 172
• Malagón Ríos, Martín(PAN) Carreteras: 170
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Día Internacional contra la Tuberculosis: 108
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Programa de salud auditiva: 177
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Cuentas de la Hacienda Pública Federal 2002, 2003, 2004 y 2005: 149
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Grupo Aeroportuario del Pacífico: 120
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 100
• Morales García, Elizabeth(PRI) Trastornos alimenticios de la juventud: 184
• Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz(PRI) Biblioteca José Vasconcelos: 128
• Pedro Cortés, Santiago Gustavo(PT) Fenómenos meteorológicos: 39
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Industria química: 157
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Estado de Oaxaca: 127
• Ramírez Barba, Ector Jaime(PAN) Reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones: 106
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Derechos Humanos de connacionales en los Estados Unidos de América: 105
• Ramírez Pech, Édgar Martín (PAN) Condecoraciones: 35
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Condecoraciones: 34
• Romero Gutiérrez, Odilón(PRD) Educación básica indígena: 180
• Sánchez Barrios, Carlos(PRD) Tarifas de peaje en autopistas: 118
• Sánchez Gil, Carlos René(PAN) Estado de Jalisco: 177
• Sánchez Juárez, Claudia(PAN) Registros Públicos de la Propiedad: 154
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Seguridad fronteriza México-Estados Unidos: 163
• Solano Muñoz, José de Jesús(PAN) Educación media superior: 158
• Sosa Castelán, Gerardo(PRI) Programa Enciclomedia: 145
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Biblioteca José Vasconcelos: 113
• Uscanga Cruz, Robinson(Convergencia) Petróleos Mexicanos: 150
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) Estado de Oaxaca: 122
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Estado de Oaxaca: 128

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
3 Alcalde Virgen Moisés	OFICIAL COMISIÓN
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	INASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	INASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	PERMISO MESA DIRECTIVA
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Dávila Fernández Adriana	CÉDULA
44 Dávila García Francisco	INASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	CÉDULA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	OFICIAL COMISIÓN
66Ramón Flores Domínguez Emilio	OFICIAL COMISIÓN
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	CÉDULA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	OFICIAL COMISIÓN
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	INASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	INASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	OFICIAL COMISIÓN
105 López Cisneros José Martín	INASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
109 Lujano Nicolás Christian Martín	INASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	OFICIAL COMISIÓN
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	OFICIAL COMISIÓN
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	CÉDULA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	OFICIAL COMISIÓN
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	INASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	INASISTENCIA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150Parra Jiménez Dolores María	OFICIAL COMISIÓN
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	CÉDULA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	OFICIAL COMISIÓN
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	INASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	INASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	INASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194Valenzuela García María Gloria	INASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	INASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 169
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 12
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 17
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	CÉDULA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	CÉDULA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Barreiro Pérez Armando	CÉDULA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	PERMISO MESA DIRECTIVA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	CÉDULA
25 Contreras Julián Maricela	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	CÉDULA
27 Cuevas Córdova Othón	CÉDULA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	OFICIAL COMISIÓN
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	CÉDULA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	CÉDULA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	CÉDULA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	OFICIAL COMISIÓN
41 García Rodríguez Víctor Hugo	INASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	CÉDULA
43 González Garza Javier	CÉDULA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	PERMISO MESA DIRECTIVA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	CÉDULA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	CÉDULA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	PERMISO MESA DIRECTIVA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	PERMISO MESA DIRECTIVA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	OFICIAL COMISIÓN
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	INASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	PERMISO MESA DIRECTIVA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ortega Martínez Antonio	CÉDULA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	CÉDULA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	PERMISO MESA DIRECTIVA
93 Pérez Cruz Raciel	CÉDULA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	CÉDULA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	PERMISO MESA DIRECTIVA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	PERMISO MESA DIRECTIVA
114 Soto Sánchez Antonio	OFICIAL COMISIÓN
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	OFICIAL COMISIÓN
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	OFICIAL COMISIÓN
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 83
Asistencias por cédula: 18
Asistencias comisión oficial: 7
Permiso Mesa Directiva: 16
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	OFICIAL COMISIÓN
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	OFICIAL COMISIÓN
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	OFICIAL COMISIÓN
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	OFICIAL COMISIÓN
37 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
38 Gamboa Patrón Emilio	CÉDULA
39 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
40 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
41 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
42 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
43 González Calderón Martha Hilda	INASISTENCIA
44 González García Sergio	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	OFICIAL COMISIÓN
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	CÉDULA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	PERMISO MESA DIRECTIVA
54Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
55 Martínez Rocha Arturo	CÉDULA
56 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
57Medina De la Cruz Rodrigo	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	PERMISO MESA DIRECTIVA
60 Mendoza Cortés Mario	OFICIAL COMISIÓN
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro	INASISTENCIA
64 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
67 Murat José	ASISTENCIA
68 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael	OFICIAL COMISIÓN
73 Orihuela Bárcenas José Ascención	OFICIAL COMISIÓN
74 Orihuela Trejo José Amado	PERMISO MESA DIRECTIVA
75Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	OFICIAL COMISIÓN
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	INASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	INASISTENCIA
100 Vargas Landeros Gerardo Octavio	PERMISO MESA DIRECTIVA
101Vega Ortíz María Oralia	PERMISO MESA DIRECTIVA
102 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
103 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
104 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
105 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 77
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 9
Permiso Mesa Directiva: 11
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 105

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	INASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	PERMISO MESA DIRECTIVA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	PERMISO MESA DIRECTIVA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	CÉDULA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	CÉDULA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	INASISTENCIA
16Puente Salas Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	INASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	CÉDULA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	INASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	OFICIAL COMISIÓN
12 Sansores San Román Layda Elena	CÉDULA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	OFICIAL COMISIÓN
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	CÉDULA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 6
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	OFICIAL COMISIÓN
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	OFICIAL COMISIÓN
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	INASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 2
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Bermúdez Viramontes Andrés 2 Borboa Becerra Omar Antonio 3 Campos Galván María Eugenia 4 Dávila García Francisco 5 Díaz Gordillo Martha Cecilia 6 Iragorri Durán Enrique 7 Laviada Hernández Iñigo Antonio 8 López Cisneros José Martín 9 Lujano Nicolás Christian Martín 10 Navarro Sugich Carlos Alberto 11 Padilla Orozco Raúl Alejandro 12 Rojas Hernández Laura Angélica 13 Romo Jiménez Martha Angélica 14 Rubio Chávez José Ignacio Alberto 15 Valenzuela García María Gloria Guadalupe 16 Vázquez Martínez Alberto 17 Verástegui Ostos César Augusto Faltas por grupo: 17

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 García Rodríguez Víctor Hugo
2 Matías Alonso Marcos
3 Ríos Gamboa Raúl
Faltas por grupo: 3

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 González Calderón Martha Hilda
2 Montalvo Gómez Pedro
3 Ruíz Chávez Sara Latife
4 Toledo Luis Jorge
Faltas por grupo: 4

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Chozas y Chozas Olga Patricia
2 González Martínez Jorge Emilio
3 Notholt Guerrero Alan
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús
2 Salvatori Bronca María del Carmen
Faltas por grupo: 2

ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
Faltas por grupo: 1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés	Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Favor
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
32 Castaño Contreras, Cristián	Ausente
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Ausente
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Ausente
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Ausente
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Ausente
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Favor
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Ausente
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Abstención
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Ausente
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
105 López Cisneros, José Martín	Ausente
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Ausente
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Favor
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Ausente
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Ausente
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Ausente
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Favor
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Ausente
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Ausente
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Ausente
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 163
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Favor
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Favor
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Ausente
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Favor
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Ausente
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Ausente
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Favor
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Favor
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Contra
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Ausente
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Favor
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Ausente
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Ausente
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 90
Contra: 2
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 35
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Ausente
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Ausente
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
44 González García, Sergio	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Favor
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Favor
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Mendoza Cortés, Mario	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Ausente
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Ausente
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 73
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Ausente
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Ausente
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Ausente
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Favor
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Favor
12 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Ausente
4 García Méndez, Armando	Ausente
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés	Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Alcocer y Gasca, Teresa de Jesús	Favor
6 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
7 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
8 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
9 Arellano Arellano, Joel	Favor
10 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
11 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
12 Armendáriz García, Pedro	Favor
13 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
14 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
15 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
16 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
17 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Favor
18 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
19 Berber Martínez, Antonio	Favor
20 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
21 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
22 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
23 Borrego Estrada, Felipe	Favor
24 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
25 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
26 Caballero Chávez, Claudia Gabriela	Ausente
27 Campos Galván, María Eugenia	Favor
28 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
29 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
30 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
31 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Ausente
32 Castaño Contreras, Cristián	Ausente
33 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
34 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
35 Castro Romero, María Sofia	Favor
36 Ceja Romero, Ramón	Favor
37 Chávez García, Daniel	Favor
38 Collado Lara, Beatriz	Favor
39 Contreras Coeto, José Luis	Favor
40 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
41 Cuen Garibi, Marcela	Favor
42 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
43 Dávila Fernández, Adriana	Favor
44 Dávila García, Francisco	Ausente
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
51 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
52 Díaz García, José Antonio	Favor
53 Díaz Garibay, Felipe	Favor
54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Ausente
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Ausente
60 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
61 Espinosa Piña, José Luis	Favor
62 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
63 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
64 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Ausente
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
67 Flores Grande, Arturo	Favor
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Ausente
74 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
76 García Vivián, Raúl	Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
78 Gómez Leyva, Silvio	Ausente
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Favor
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Ausente
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Favor
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
105 López Cisneros, José Martín	Ausente
106 López Reyna, Omeheira	Ausente
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Ausente
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Ausente
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Maldonado González, David	Ausente
116 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
117 Martínez Díaz, María de Jesús	Ausente
118 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
119 Medellín Varela, Antonio	Favor
120 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
121 Medina Rodríguez, Delber	Favor
122 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
123 Mejía García, Luis Alonso	Favor
124 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
125 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
126 Minjares Jiménez, José Manuel	Ausente
127 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
128 Mollinedo Hernández, Agustín	Ausente
129 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
130 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
131 Mora Cuevas, Marisol	Favor
132 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
133 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
134 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
135 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
136 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
137 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
138 Murillo Torres, José Luis	Favor
139 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Ausente
140 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
141 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
142 Ochoa López, Nabor	Favor
143 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
144 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
145 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
146 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
147 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
148 Palafox Núñez, José Inés	Favor
149 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
150 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Ausente
151 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
152 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
153 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
154 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
155 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
156 Pulido Pecero, Pedro	Favor
157 Quintero Bello, Jorge	Favor
158 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
159 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
160 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
161 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
162 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
163 Reyes López, Carlos Armando	Favor
164 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
165 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
166 Rivero Rivero, Rolando	Favor
167 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
168 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Ausente
169 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
170 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
171 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
172 Román Isidoro, Demetrio	Favor
173 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
174 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Ausente
175 Rueda Gómez, Francisco	Favor
176 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
177 Salas Contreras, Marcos	Favor
178 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
179 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
180 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
181 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
182 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
183 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
184 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
185 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
186 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
187 Shej Guzmán Sara	Favor
188 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
189 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
190 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
191 Torres Gómez, Artemio	Favor
192 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
193 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
194 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
195 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
196 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
197 Vázquez Martínez, Alberto	Ausente
198 Vega Corona, Antonio	Favor
199 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
200 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
201 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
202 Victoria Alva, Juan	Ausente
203 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
204 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
205 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
206 Zermeño Infante, Jorge	Favor
Favor: 153
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Contra
3 Almazán González, José Antonio	Contra
4 Almonte Borja, Ramón	Contra
5 Alonso Flores, Lourdes	Ausente
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Contra
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Contra
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Contra
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando	Contra
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Contra
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Contra
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Contra
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Contra
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Contra
23 Chávez García, Higinio	Contra
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Contra
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Contra
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Contra
31 Dehesa Mora, Daniel	Contra
32 Del Toro , Mario Enrique	Contra
33 Díaz Contreras, Adriana	Contra
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Contra
35 Espejel Lazcano, Jaime	Contra
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Ausente
39 Franco Melgarejo, Rafael	Contra
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Contra
43 González Garza, Javier	Contra
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Contra
47 Hernández Hernández, Sergio	Ausente
48 Hernández Manzanares, Javier	Contra
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Contra
51 Jacques y Medina, José	Contra
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Contra
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Contra
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Contra
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Ausente
59 López Rojas, Alberto	Ausente
60 López Torres, María Soledad	Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Contra
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco	Contra
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Ausente
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Ausente
69 Martínez Vargas Octavio	Contra
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Contra
72 Mayans Canabal, Fernando	Contra
73 Mendoza Arellano, David	Contra
74 Mendoza Flores, Roberto	Contra
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Contra
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
77 Monreal Ávila, Susana	Contra
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Contra
79 Morales Sánchez, Efraín	Contra
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Contra
81 Narcía Álvarez, Héctor	Contra
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Contra
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Contra
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Contra
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Abstención
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Contra
90 Pedraza Chávez, Isidro	Contra
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Contra
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Ausente
93 Pérez Cruz, Raciel	Contra
94 Pulido Santiago, Celso David	Contra
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Abstención
97 Rasgado Corsi, Gloria	Contra
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Contra
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Ausente
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Contra
103 Sánchez Barrios, Carlos	Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Contra
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Contra
106 Sánchez Camacho, David	Contra
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Contra
108 Sánchez Ramos, Francisco	Contra
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Abstención
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Contra
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Contra
118 Trejo Pérez, Pablo	Ausente
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Contra
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Contra
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Contra
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Contra
127 Zepeda Hernández, Martín	Contra
Favor: 0
Contra: 72
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 52
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Favor
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Ausente
30 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
31 Domínguez Domínguez, Nemesio	Favor
32 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
33 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
34 Escalante Jasso, Aracely	Favor
35 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
36 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
37 Flores Sandoval, Patricio	Favor
38 Gamboa Patrón, Emilio	Ausente
39 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
40 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Favor
41 Gloria Requena, Tomás	Favor
42 Gómez Lugo, Elda	Favor
43 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
44 González García, Sergio	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Favor
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 Madrid Tovilla, Areli	Favor
55 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
56 Martínez Rocha, Arturo	Favor
57 Medina de la Cruz, Rodrigo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Mendoza Cortés, Mario	Ausente
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
64 Morales García, Elizabeth	Favor
65 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
66 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
67 Murat , José	Favor
68 Ochoa González, Arnoldo	Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael	Ausente
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
74 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
75 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
79 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
80 Parás González, Juan Manuel	Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Ausente
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Ausente
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Favor
96 Sandoval Paredes, Sergio	Favor
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Ausente
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Abstención
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 66
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Castellanos Cortés, Sara Isabel	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Ausente
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Ausente
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
8 González Macías, Jesús	Favor
9 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
10 Guerrero Rubio, Pilar	Favor
11 Larregui Nagel, Erika	Favor
12 Lavara Mejía, Gloria	Favor
13 López Adame, Antonio Xavier	Favor
14 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
15 Notholt Guerrero, Alan	Ausente
16 Puentes Salas, Carlos Alberto	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
5 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
6 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
15 Valdés Chávez, Ramón	Favor
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Ausente
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Contra
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Contra
3 Cantú Garza, Ricardo	Contra
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Contra
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Contra
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Contra
8 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
9 Peregrino García, Abundio	Contra
10 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
11 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
12 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 0
Contra: 7
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 12

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Ausente
4 García Méndez, Armando	Ausente
5 Hernández Valadés, Delio	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Favor
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 1