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ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 327 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 11:24 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Primer Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 29 de marzo de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de Tlaxcala.

De la Dirección General de Caminos y Puentes Federales.

Del Presidente de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, diseñe un programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres y el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. (Votación)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes del comercio exterior en febrero de 2007.

Con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativa del Ejecutivo federal

De Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud del senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que la Comisión de Justicia presente el dictamen correspondiente a la

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas; y

Minuta con proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.

Minuta

Con proyecto de decreto, que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Federal de Procedimientos Civiles. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 162 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 324-Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez y Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García para prestar servicios en las embajadas de Austria y de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción XII al artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas en materia de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas en materia de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del estado de Morelos adopten medidas necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las mujeres y niñas, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y del gobierno del estado de Michoacán atiendan la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en la siderúrgica Sicartsa en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso de la Unión retomen los trabajos sobre las modificaciones a la Ley Minera para la explotación y aprovechamiento del gas metano, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF, lleve a cabo una auditoría respecto de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2006 en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como área natural protegida a las 300 hectáreas ubicadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el impulso de proyectos de desarrollo arqueológico, con visión cultural y turística, suscrita por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Emilio Gamboa Patrón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del DF instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS realice inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan la normatividad en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud dirigidas a adolescentes implantadas por el Estado mexicano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SEP y a la Secretaría de Salud apliquen medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al área de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores para que realicen la difusión de los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP condone el pago del IVA en energía eléctrica y gas a los productores de tortilla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat verifique los permisos otorgados para construir desarrollos turísticos en el municipio de Loreto, Baja California Sur, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud, a efecto de que explique las políticas públicas de la secretaría a su cargo, en materia de salud reproductiva y en campañas de prevención de enfermedades y en contra de la discriminación, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República ratifique los convenios con la OIT 81, 85, 174 y 176, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedena y a la PGR informen sobre los alcances y eficacia de los puntos de revisión carreteros instalados en el país, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario Alternativa (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Sener realicen un análisis para determinar la viabilidad de la condonación del pago de adeudo histórico de los municipios sobre energía eléctrica, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sistemas del DIF incorporen la miel de abeja en los desayunos escolares, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sagarpa para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realice la certificación de los productos lácteos consumidos en el país, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donen libros de conocimientos científicos y generales para las bibliotecas públicas estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal suspenda la aplicación del horario de verano en tanto se demuestre la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico y el ahorro acumulado desde su aplicación, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales revise y actualice la remuneración que reciben los defensores de oficio de la entidad, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y de la Profeco den atención a los pasajeros afectados por la suspensión de las operaciones de Líneas Aéreas Azteca, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual realice un estudio de impacto económico sobre la piratería de software en nuestro país, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sectur se considere Lagos de Moreno, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrita por los diputados Martha Angélica Romo Jiménez y Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal expida y publique el Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal coadyuve a que las delegaciones de la entidad suscriban convenios con las instancias encargadas de fomentar la cultura de la no discriminación en el DF, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del Infonavit y del ISSSTE, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Norte del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes para que rehabiliten la carretera Poza Rica-María de la Torre y se construya el Puente Remolino, en el municipio de Papantla, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del DF dote de insumos y equipo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se asignen a la Secretaría de Marina recursos extraordinarios para la adquisición de equipo bélico y se refuercen las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas del país, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de seguridad pública y de protección civil locales y federales realicen acciones a fin de garantizar la seguridad en los estadios de futbol, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca diseñen programas de ordenamiento pesquero en el golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal declare región fronteriza la zona conocida como ``Los Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Ángel Humberto García Reyes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la Sedesol y a la Sectur a crear un programa que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de artesanos mexicanos de plata, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena incremente las medidas de seguridad en los puntos de revisión carreteros en el estado de Sonora, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación del doctor mexicano-estadounidense Agustín Aguayo, a cargo del diputado José Jaques Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP realice una cruzada educativa a efecto de analizar el contenido de los libros de texto gratuitos, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional de carga se ajusten a la NOM-012-SCT-2-2003, que establece las condiciones para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sagarpa y a la Comisión Federal de Competencia tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena de maíz-tortilla, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa modifique el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes ampliar y reforzar el operativo Tijuana, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat informe sobre el grado de avance que presentan los estudios para que se decrete la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la Sener informe a esta soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo por la proximidad de la temporada de verano, en materia del servicio doméstico de electricidad, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal para que se integre un apartado en el Plan Nacional de Desarrollo que incluya la región sur-sureste, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF informe a esta soberanía sobre los impactos financieros y de gestión resultado de la modificación de la estructura de la administración pública del DF, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las facultades, escuelas y departamentos de derecho del país impartan como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Sedena para que informe la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados en contra de legisladores y funcionarios públicos, a cargo del diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Cultura organicen un homenaje donde se otorgue un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Óscar, suscrito por los diputados María del Carmen Salvatori Bronca y Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal incentive la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Jalisco modifique su normatividad para constituir una comisión ordinaria de atención a grupos vulnerables, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse con relación a la controversia constitucional interpuesta en contra del Ejecutivo federal por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades en materia de vialidad en cada entidad federativa hagan cumplir los reglamentos de vialidad, para prevenir accidentes automovilísticos, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Coahuila establezca reglas de funcionamiento, alcance y límite de las atribuciones que tendrá la policía cibernética que operará en dicha entidad, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala inmoderada en la Sierra Madre de Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP asigne recursos para complementar el pago de las cuotas de aseguramiento al IMSS de los productores de caña de azúcar, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al estado de Nuevo León fijen su postura respecto de la situación del municipio de Santa Catarina, sobre el proyecto de Valle de Reyes en el Cañón de Ballesteros, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Conade incentiven la práctica del deporte autóctono y tradicional en los niveles de educación básica e incrementen el apoyo económico destinado a las tareas de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, a cargo del diputado Francisco Sánchez Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP incluya la enseñanza de la lengua inglesa en los programas educativos de preescolar y primaria de la educación pública, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud cumplan la norma oficial mexicana que establece el precio máximo de venta al público de medicinas, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía y el gobierno federal impulsen a través de una política de Estado el consumo de productos pesqueros y acuícolas nacionales, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar un ajuste de la tarifa eléctrica residencial en el estado de Yucatán, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes de la Unión a que en los eventos que organicen con cargo al erario federal sólo se consuman bebidas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT y de la SHCP, revise el proceso administrativo de autorización de proyectos de inversión pública en infraestructura, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la no acreditación en Cuba de corresponsales de diversos periódicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en solidaridad con la iniciativa de enmienda HR 502 del congresista estadounidense Henry Cuéllar, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el pasado 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo a abocarse al estudio y resolución de la denuncia de juicio político, presentada por el Presidente del Congreso del estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , Enrique Serrano Escobar y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a dirigir una política exterior respetuosa de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las comisiones unidas de Gobernación, de Justicia, y de Seguridad Pública de esta soberanía a los titulares de la SSP y de la PGR, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir en el PND la construcción de tres refinerías, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Ramón Pacheco Llanes , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Ganadería de esta soberanía a los titulares de la SE y de la Sagarpa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legisladoras y legisladores federales y locales a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que se castigue a los miembros del Ejército Mexicano que han participado en violaciones de derechos humanos de mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, Veracruz, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Fifonafe inicie el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a efecto de que ejercite la acción de revisión parcial del decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en el municipio Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el Tribunal Agrario competente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedena, así como al ISSSTE a informar si existe alguna persona que sea beneficiaria de la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas del sur-sureste de México a formar una comisión que impulse las políticas públicas que detonen el desarrollo económico de dicha región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lutzöw, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía para que a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público promueva una reforma fiscal integral, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a suscribir el proyecto de bases de colaboración elaborado por ambas dependencias, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría al fideicomiso número 1936 FARAC, relativo a la concesión de autopistas nacionales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración para que informe sobre la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados de Centroamérica en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a realizar los trámites necesarios para la construcción de la unidad médica familiar número 10 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SER a intervenir para la reapertura del puente internacional Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre cambio climático, suscrita por los diputados Benjamín Hernández Silva y Roberto Mendoza Flores , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a informar sobre las condiciones de las obras del paradero del Metro Ciudad Azteca que fueron concesionadas, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la próxima visita del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada y asignar los recursos para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para replantear los contenidos de la actual campaña publicitaria que lleva a cabo esta soberanía, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP y de la PGR implante programas para la protección de los periodistas en el país, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a los gobiernos estatales por los que cruza el río Lerma a establecer un comité de vigilancia de descargas de agua residual, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes informe a esta soberanía acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la declinación del activo Cantarell y sus futuras implicaciones en la plataforma de extracción petrolera nacional, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar acciones y programas de protección para los bosques de la sierra de Zongolica y las altas montañas del volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que publique el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SEP, del Conacyt y de la SHCP a corregir las irregularidades en el proceso de suministro de recursos para el financiamiento de proyectos correspondientes a las convocatorias de investigación científica, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una verificación de los pozos de agua ubicados a lo largo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y clausure los que se encuentren de forma clandestina, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a donar un día de salario para ayudar al pueblo de Bolivia para que haga frente a las recientes inundaciones, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP, de la Cofetel y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen las posibles irregularidades en la comercialización o explotación de la radiodifusora 105.7 FM, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a instrumentar una estrategia de difusión nacional sobre los efectos del cambio climático, a cargo de la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Conaculta un informe relativo a las donaciones recibidas y otorgadas en el año 2006, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a solicitar a las empresas e instituciones que realizan la actividad de casas de empeño que se adhieran a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Federación Mexicana de Fútbol a otorgar apoyo económico y publicitario a la Selección Nacional Femenil, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la problemática que enfrentan los productores de leche de bovino del trópico, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad, a cargo del diputado Oscar González Morán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a esclarecer los hechos violentos suscitados en contra de legisladores en las inmediaciones de dicha secretaría, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se transparente el apoyo que entregará el gobierno del estado de Chihuahua a la CFE para contribuir al pago del adeudo de productores, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar respecto al formato de los informes que rinden los gobernadores y presidentes municipales, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la PGR para que aplique los medios jurídicos pertinentes para otorgar la libertad a los indígenas Gamaliel Ascencio Amaya y Miguel Galindo Quiroz, a cargo del diputado Humberto W. Alonso Razo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilicen leche fluida en sus programas alimenticios a partir de un padrón de productores nacionales definido por el DIF nacional, suscrita por los diputados Gerardo Antonio Escaroz Soler y Armando Jesús Félix Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de violencia que vive el estado de Tabasco por la delincuencia organizada y el narcotráfico, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que, a través de su delegación en Sinaloa, vigile que se cumpla la normatividad relativa a la contratación de menores de edad y de los trabajadores jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SSP y de la SCT a intervenir para detener los hechos de extorsión en las terminales de autobuses del país, a cargo del diputado Oscar González Morán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993 los trabajadores agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a revisar el pacto suscrito por esa comisión relativo al incremento del salario mínimo vigente, a cargo del diputado Tomás del Toro del Villar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a revisar y modifiquen las reglas para otorgar el título de concesión para administrar la devolución del IVA que ha sido trasladado a los extranjeros con calidad de turistas, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las compañías de seguros a nivel nacional a donar pólizas de contra accidentes para brindar cobertura a los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Sedena, se instaure una bandera nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores federales y a los organismos involucrados en la organización del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2007 para que el mecanismo de votación para la elección de los legisladores infantiles se realice con la mayor legalidad, suscrita por los diputados Marcela Cuén Garibi y Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Economía, revise las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las bebidas energizantes, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicitan al Gobierno Federal recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 para el saneamiento del río y cuencas de Zahuapan, Tlaxcala, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las medidas de seguridad tomadas durante la visita del Presidente de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a integrar un grupo de trabajo que se encargue del análisis y revisión del esquema actual de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias competentes, ponga en práctica acciones que conduzcan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de México, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir el dictamen final de la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas no autorizados en los animales, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT y del vocal ejecutivo del IPAB para que informen respecto de las causas y consecuencias del conflicto colectivo de Mexicana de Aviación, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los presidentes municipales a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a la impresión, digitalización y entrega a los miembros del ayuntamiento, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos económicos decomisados por las autoridades sean destinados al fortalecimiento de las políticas y los programas contra las adicciones, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobernadores de los estados a modificar el formato del informe de gobierno, con la finalidad de que las erogaciones para la diligencia de mérito se limiten a la impresión, digitalización y entrega a la legislatura local, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y del estado de Chiapas a establecer en forma permanente el Programa de Atención para Erradicar la Enfermedad del Tracoma en las comunidades indígenas de la entidad, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Profepa a intensificar las campañas y programas destinados a la protección de la cubierta vegetal del territorio mexicano, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales a emprender acciones en materia de seguridad pública en el estado Veracruz, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al combate contra la violencia de género que padecen las mujeres migrantes irregulares en la frontera sur, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SE a liberar los recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad para proyectos productivos de la leche en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría integral al ejercicio de la administración de la Conaliteg en el periodo 2001-2006, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud y a la Profeco un informe de los programas y acciones enfocadas a verificar la calidad del agua embotellada, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco a informar sobre los avances y el estado actual de la averiguación previa número 15058/2006, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de un programa de radio en el estado de Aguascalientes, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a solicitar al gobierno del estado de Veracruz su anuencia u opinión sobre los permisos para la celebración de carreras de caballos, peleas de gallos o algún otro juego o sorteo en dicha entidad, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal establezca un programa de apoyos e incentivos destinados los adeudos de la población en situación de pobreza para la regularización de terrenos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Sagarpa informe sobre el programa de subsidios de Aserca correspondiente a la próxima cosecha en el estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal implante un programa de apoyos de seguridad social para los pescadores de alta mar, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir la modificación de las reglas de operación de los programas Oportunidades y de Abasto Social de Leche, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública, a solicitud del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.

Agenda política

Comentarios sobre la aprobación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, relativa a la protección de los manglares en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre las Jornadas de Lucha Campesina por el Programa Emergente para la Producción del Maíz, la Soberanía Alimentaría y la Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la violencia y los feminicidios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa.

Con motivo del 69 aniversario de la expropiación petrolera, el día 18 de marzo, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 13 aniversario Luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiocho de marzo de dos mil siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con veinticuatro minutos del miércoles veintiocho de marzo de dos mil siete, con la asistencia de doscientos sesenta y ocho diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Dictámenes a discusión de la Comisión de Gobernación, con proyectos de decretos, que concede permiso a los ciudadanos:

Gabriela Stephens Camacho, Rocío Isela Navarro Lomas y Carolina Enríquez Veintimilla, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Mérida, Yucatán, respectivamente.

María Luisa Elio Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de España.

Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Miguel Ángel González Félix, Julio Souza Fernández, Ana Lilia Cepeda de León, Carlos José Mauricio Prieto y Jacqué y Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary De Retteg, para aceptar y usar condecoraciones en diferentes grados que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Federal de Alemania, respectivamente.

Álvaro Castro Estrada, para aceptar y usar la Condecoración Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en grado de Comendador, que le otorga la Nunciatura Apostólica en México.

Patricia Espinosa Cantellano y Federico Sada González, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de Austria y del Reino de España, respectivamente.

En votación económica, la Asamblea les dispensa la lectura. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del primer artículo del dictamen que concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España. Interviene en pro el diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional. Desde sus respectivas curules, rectifican hechos los diputados: Batres Guadarrama, en dos ocasiones y Édgar Martín Ramírez Pech, del Partido Acción Nacional.

A las once horas con cuarenta y cinco, se registra una asistencia de trescientos sesenta y siete diputadas y diputados.

Con un resultado de trescientos catorce votos en pro; ocho en contra y ocho abstenciones, se aprueban en conjunto los proyectos de decreto y los artículos no impugnados. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia hace la aclaración. Con un resultado de doscientos seis votos en pro, ciento tres en contra y cinco abstenciones, se aprueba el artículo por el que se concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que le otorga el gobierno del Reino de España. Pasan al Ejecutivo federal y al Senado de la República, según corresponda, para sus efectos constitucionales.

La Asamblea autoriza en votación económica la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones de:

Agricultura y Ganadería, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice los estudios técnicos necesarios para garantizar los recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas. Interviene en pro el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Partido del Trabajo. En votación económica, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo.

Relaciones Exteriores, por el que solicita al Ejecutivo federal la posición del Estado mexicano frente a la ``Convención de Naciones Unidas sobre la Prohibición de utilizar Técnicas de modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles y remita sus consideraciones para que sean analizadas en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Gobernación, por los que solicita al gobernador del Estado de Nayarit, informe sobre los trabajos que se han realizado para erradicar los altos índices de feminicidios.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo antes descritos. Comuníquense.

En votación económica, la Asamblea autoriza la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes negativos de las comisiones de:

Salud, por el que se desecha la minuta que adiciona un artículo trescientos cuarenta y ocho Bis de la Ley General de Salud.

Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo quince de la Ley General de Salud.

Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social.

Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Asistencia Social.

Unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, por los que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo doce a la Ley sobre la Celebración de Tratados y reforma el artículo nueve de la Ley de Coordinación Fiscal.

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fortalecimiento al Federalismo, por los que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo treinta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal.

Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación.

De Hacienda y Crédito Público, por los que se desechan diez iniciativas en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En votación económica, la Asamblea aprueba en conjunto, los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Asamblea dispensa en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La Secretaría da lectura a una modificación propuesta por la comisión que se aprueba en votación económica por mayoría calificada. Se les concede el uso de la tribuna, para fijar el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario a los diputados: Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia; Jesús González Macías , del Partido Verde Ecologista de México; Jorge Mario Lescieur Talavera , del Partido Revolucionario Institucional; Victorio Rubén Montalvo Rojas , del Partido de la Revolución Democrática, y Jesús de León Tello , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la Asamblea considera el dictamen suficientemente discutido. La Presidencia comunica a la Asamblea la reserva del artículo séptimo transitorio. Con un resultado de trescientos sesenta y dos votos en pro, dos en contra y una abstención, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no impugnados. Presenta la reserva del artículo séptimo transitorio la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo , del Partido de la Revolución Democrática y propone modificaciones que se desechan en votación económica. Con un resultado de doscientos cuarenta y cinco votos en pro, setenta y nueve en contra y cuatro abstenciones, se aprueba en los términos del dictamen el artículo séptimo transitorio. La Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se devuelve al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

José Edmundo Ramírez Martínez , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, haga un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América, para que frene los abusos a los derechos humanos en contra de connacionales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Ector Jaime Ramírez Barba y Margarita Arenas Guzmán , ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones. Se turna a la Comisión de Salud.

Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, relativo al Día Internacional contra la Tuberculosis. Se turna a la Comisión de Salud.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados, para que del tiempo fiscal asignado al Estado por los medios de comunicación, destinen un porcentaje a temas sobre la salud sexual y reproductiva, así como la no discriminación. Se turna a la Mesa Directiva.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , de Alternativa, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, emita comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM--ciento noventa. Se turna a la Comisión de Salud.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , a nombre propio y de diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita una auditoría a la construcción y operación de la Biblioteca José Vasconcelos. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Aleida Alavez Ruiz , del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de los humedales mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Carlos Sánchez Barrios , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales, a que apliquen las medidas necesarias para reducir las tarifas de peaje en las autopistas que administran. Se turna a la Comisión de Transportes.

Victorio Rubén Montalvo Rojas , del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, por el que se crea la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad y cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se les otorga la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

José Luis Varela Lagunas , de Convergencia, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que expida un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiocho de noviembre de dos mil seis.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Desde sus respectivas curules solicitan la adhesión a este punto de acuerdo los diputados: Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática; Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Carlos Altamirano Toledo , del Partido de la Revolución Democrática y Patricia Villanueva Abraján , del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el cierre de la Biblioteca José Vasconcelos. En virtud de existir dudas sobre el resultado de la votación económica, para determinar su urgente resolución, se instruye votación nominal. Por ciento sesenta y tres votos en pro, ciento cuarenta y tres en contra y tres abstenciones, no se considera de urgente resolución por no alcanzar las dos terceras partes y se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y por lo que respecta al cuarto punto de esta proposición, se turna a la Junta de Coordinación Política.

Francisco Domínguez Servién , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, suspenda las importaciones de carne de cerdo, en tanto no se resuelva la situación de la porcicultura nacional. En votación económica, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución. Para expresar la adhesión de su grupo parlamentario, se les concede el uso de la tribuna, a los diputados Salvador Barajas del Toro y César Horacio Duarte Jáquez , ambos del Partido Revolucionario Institucional, quienes proponen modificaciones al punto de acuerdo. Desde su curul, el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo, expresa su adhesión. Interviene el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, para adherirse al punto de acuerdo. Desde su curul, el diputado Francisco Domínguez Servién , del Partido Acción Nacional, expresa su adhesión a las modificaciones al punto de acuerdo. En votación económica, la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido. Desde su curul, el diputado Barajas del Toro, realiza comentarios. En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba las modificaciones propuestas y el punto de acuerdo. Comuníquese.

Aleida Alavez Ruiz , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombre comisionados especiales para investigar las violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca. En sendas votaciones económicas por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución y se aprueba. Comuníquese.

Gerardo Sosa Castelán , del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, realice una investigación sobre el Programa Enciclomedia. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

José Manuel del Río Virgen , de Convergencia, por el que se crea la Comisión Especial para investigar el rescate carretero y al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Susana Monreal Ávila , del Partido de la Revolución Democrática, para que se dictamine la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco. Al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Robinson Uscanga Cruz , de Convergencia, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta soberanía, retomen los trabajos de análisis, discusión y aprobación del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica, no se considera de urgente resolución y se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

Claudia Sánchez Juárez , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a que se integren al Programa Nacional de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad. Se turna a la Comisión de Economía.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

Miguel Ángel Peña Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, reconsidere la baja de aranceles de diversos productos de la industria química. Se turna a la Comisión de Economía.

José de Jesús Solano Muñoz , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que modifique y homologue para todo el país el Programa Curricular del Sistema de Educación Media Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, instrumenten medidas de seguridad fronteriza con los Estados Unidos de América. En votación económica por mayoría calificada, se considera de urgente resolución. Se les otorga la palabra en pro a los diputados: Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Partido de la Revolución Democrática y Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

Armando Barreiro Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, para que informe sobre la situación laboral del personal técnico, operativo y administrativo de las direcciones generales de Erradicación, y de Servicios Aéreos de dicha dependencia.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Humberto López Lena Cruz , de Convergencia, por el que se exhorta Ejecutivo federal a efecto de que publique el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal, relativas a la despenalización del delito de difamación y calumnias. Se turna a la Mesa Directiva.

Martín Malagón Ríos , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue de manera oportuna los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal dos mil siete, correspondientes a obras de infraestructura carretera. En sendas votaciones económicas, por mayoría calificada, se considera la proposición de urgente resolución y se aprueba. Comuníquese.

Se recibe de la diputada Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que dé a conocer criterios, objetivos y métodos en que fundamenta las evaluaciones educativas que aplica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:

Salvador Arredondo Ibarra , del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que lleve a cabo el Programa de Salud Auditiva.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión y solicita el trámite de urgente resolución, que se acepta en votación económica por mayoría calificada y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Carlos René Sánchez Gil , del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría especial al honorable ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, respecto al destino de los recursos públicos federales del Ramo treinta y tres, de los ejercicios fiscales dos mil cinco y dos mil seis. En votación económica no se considera de urgente resolución por no alcanzar la mayoría calificada y se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Odilón Romero Gutiérrez , del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública, para que atienda y dote de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena del sur-sureste del país. Desde su curul, el diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Partido Revolucionario Institucional, expresa su adhesión. En sendas votaciones económicas, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba. Comuníquese.

Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la problemática que representan los trastornos alimenticios para la juventud mexicana. En votación económica, por mayoría calificada, la Asamblea considera la proposición de urgente resolución. Interviene en pro la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán , del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea aprueba la proposición en votación económica. Comuníquese.

Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, instruya a la presidencia permanente de la Comisión Intersecretarial del cambio climático, sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del honorable Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves veintinueve de marzo de dos mil siete a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobada el acta.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del estado de Tlaxcala.

Licenciado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado señor diputado:

Me refiero a su oficio número D.G.P.L.60-II-3-455, por el que comunica el punto de acuerdo en el que se exhorta a autoridades estatales y municipales de Protección Civil y de Desarrollo Social de los estados a intensificar acciones para atender a la población civil afectada por los fenómenos climatológicos de la temporada invernal.

Al respecto, manifiesto a usted que he quedado enterado del contenido de su exhorto y le informo que en el estado se implementaron en tiempo y forma las medidas necesarias para resguardar y proteger a los habitantes de esta entidad, prioritariamente en zonas de mayor vulnerabilidad.

Con mi saludo respetuoso, le reitero la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlaxcala, Tlax., a 15 de marzo de 2007.--- Héctor Israel Ortiz Ortiz (rúbrica), gobernador del estado.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Diputada María Elena Álvarez Bernal , Vicepresidenta en Funciones de Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Hago referencia a su Oficio número D.G.P.L.60II-6-819, mediante el cual se notifica a este organismo descentralizado sobre los puntos de acuerdo relacionados con la plaza de cobro número 156 ``Plan de Barrancas'', para comunicarle lo siguiente.

La plaza de cobro número 156 ``Plan de Barrancas'' se localiza actualmente en el kilómetro 69+337 de la autopista Guadalajara-Tepic. Esta autopista forma parte de la red del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), cuyo fiduciario y concesionario en la actualidad es Banobras, Capufe funge como operador en términos del contrato de prestación de servicios suscritos con Banobras.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que una vez que se dispuso del proyecto ejecutivo para la reubicación de la plaza de cobro en el kilómetro 58+180, Capufe sometió a la consideración del Comité Técnico del FARAC la autorización para la ejecución de la obra con presupuesto de 2007, acordándose en el seno de dicho Comité Técnico programar la inversión para el año 2008.

Por otra parte se informa a esa soberanía que Capufe ha implantado medidas de carácter preventivo, tales como la construcción de una rampa de emergencia previa a la plaza de cobro, así como el disponer de manera permanente de un carril de la plaza de cobro para que eventualmente sea utilizado por vehículos sin frenos. De cualquier forma se ha instruido a la Delegación Regional IX Occidente, con sede en Guadalajara, a efecto de que se lleve a cabo el análisis y en su caso se refuerce el señalamiento preventivo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 20 de marzo de 2007.--- Ingeniero Humberto Treviño Landois (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

COMISION DE COMUNICACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen en sentido negativo en el que se tienen como desahogadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente comisión:

Comisión de Comunicaciones

Dictamen por el que tienen como desahogadas 12 proposiciones con punto de acuerdo, ya que se consideran debidamente atendidos cada uno de los planteamientos.

Fecha de publicación:28 de marzo

Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, por el que se concluye que doce proposiciones con punto de acuerdo se desahogaron por el cumplimiento de un ordenamiento jurídico y la realización de la acción o evento que las motivaron, por lo que se consideran debidamente atendidos cada uno de los planteamientos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comunicaciones, de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, le fueron turnadas --producto del rezago de legislaturas anteriores-- para su estudio y dictamen las proposiciones con punto de acuerdo que a continuación se enlistan; a cada una de ellas se integran los motivos y justificaciones a través de los cuales se elaboro su dictamen.

1. Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal que gire sus instrucciones para que las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público realicen las acciones pertinentes con objeto de dar cumplimiento al Programa de Inversión contemplado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, para la construcción y modernización de la carretera Guadalajara-Ameca, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el Pleno el 5 de noviembre de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 5 de noviembre de 2004.

De la propuesta que antecede se desprende que existe el avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión presupuestaria del gobierno federal, que dan como resultado que el proyecto esta considerado y que su infraestructura económica abarca un periodo de ejecución que inició del 13 de abril de 2005, y conclusión para el 31 de diciembre de 2007; cabe señalar que el costo total de este proyecto es de 675 mil millones de pesos, habiendo ejercido desde el inicio y hasta la fecha 107 mil 700.5 mil millones de pesos, el proyecto de referencia esta en marcha actualmente.

Asimismo con fecha 2 de febrero de 2007, el ingeniero Reynaldo Guajardo Villareal, director general del Centro SCT Jalisco, mediante oficio número SCT.6.14 .303 .408. 0061/07, remite a esta comisión el desglose de los subtramos en los cuales se esta trabajando.

Por lo anterior se considera satisfecha en sus términos la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se archive como asunto concluido.

2. Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal asigne frecuencias de televisión abierta para el sistema de televisión educativa (Edusat), a nivel nacional, a cargo del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el Pleno el 3 de marzo de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

3. Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asigne la frecuencia a nivel nacional del Canal 58 de televisión abierta a la Dirección General de Televisión Educativa, a cargo del diputado Nava Díaz Alfonso Juventino del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el Pleno el 18 de agosto de 2004.

De las proposiciones con punto de acuerdo que se citan con los numerales anteriores, se desprende que a través de la solicitud de información realizada por esta comisión, se obtuvo respuesta por parte de la Cofetel con fecha 12 de febrero de 2007, en la que señala que el Sistema de Educación Televisiva (Edusat) estableció en diciembre de 1995 un sistema nacional basado en tecnología satelital digitalizada, con una gran potencialidad en términos de cobertura y volumen de oferta, por lo que el sistema funciona con 10 canales de programación, usando la reserva satelital del Estado para ser recibidos directamente mediante codificadores. Parte de dicha programación es retransmitida en forma abierta por sistemas estatales de televisión, así como por el canal 22 de la Ciudad de México; a mayor abundamiento, no es conveniente la asignación del canal 58 por encontrarse comprendido en la banda de 700 megahertz, MHz, toda vez que se pretende favorecer la optimización en el uso de espectro radioeléctrico conforme al Acuerdo Segundo, Numeral 3, de la Política de Transición a la Televisión Digital, el cual establece que la mayoría de los canales se concentren en la porción de las bandas ubicadas del canal 2 al 52, procurando evitar la asignación futura de canales analógicos superiores a este último, ya que no es factible por razones de interferencia.

De lo anterior, se desprende que las citadas proposiciones con punto de acuerdo, no son atendibles en virtud de los argumentos expuestos archivándose como asuntos concluidos.

4. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelvan el diferendo entre la empresa Infored y el Grupo Radio Centro, a cargo del diputado Vázquez González Pedro, del Grupo Parlamentario del PT, presentada ante el Pleno el 10 de marzo de 2004 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral que antecede, se desprende que a través de la solicitud de información realizada por la comisión, se obtuvo opinión por parte de la Cofetel con fecha 12 de febrero de 2007, y normando el criterio para el dictamen de este asunto, se llego a la conclusión de que esta problemática obedece a un asunto entre particulares, misma en la que habrá de recaer una resolución judicial que defina la controversia entre las partes, resolviendo las pretensiones de los involucrados y determinando los derechos derivados de las concesiones de radio de las que son titulares.

Por lo anterior se considera satisfecha en sus términos la proposición con punto de acuerdo en comento, para los efectos de su correspondiente archivo.

5. Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a las dependencias y entidades competentes del gobierno federal que aseguren condiciones de competencia entre las compañías telefónicas, y realicen una investigación minuciosa sobre este servicio, así como la expedición de una Norma Oficial Mexicana que verifique el servicio medido telefónico, a cargo del diputado López Villarreal Manuel Ignacio del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el pleno el 28 de abril de 2005 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral que antecede, se desprende que a través de la solicitud de información realizada por la comisión, se obtuvo opinión por parte de la Cofetel con fecha 12 de febrero de 2007, en la que señala que el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que los concesionarios y permisionarios fijaran libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en los términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Por otra parte, la Secretaría de Economía ha incluido en los programas nacionales de normalización anuales de los años 2005, 2006 y 2007 el tema de una Norma Oficial Mexicana relativa a la medición del servicio telefónico a elaborarse de manera conjunta con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Actualmente existe una versión del anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana y de su Manifestación de Impacto Regulatorio, propuesto a la Cofetel por la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas, que tendrán que ser analizadas y discutidas para continuar con el proceso de la NOM, establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Por lo anterior la comisión que dictamina, considera que en virtud de que está en proceso la elaboración de la Norma Oficial Mexicana a que se hace referencia en el punto de acuerdo, la misma se encuentra satisfecha para el efecto de su correspondiente archivo, como asunto concluido.

6. Proposición con punto de acuerdo por la que se requiere la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique las causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el Pleno el 28 de abril de 2005, y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de mayo de 2005.

Del estudio realizado al presente asunto, se desprende que la reforma a los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación, eliminan la intervención de los pilotos de puerto, exclusivamente en cuanto a la firma de comprobantes de las prácticas realizadas por los aspirantes a pilotos de puerto, ello obedece a que se trata de un acto de autoridad, hecho que no afecta en modo alguno la participación de los mismos en las practicas respectivas, sin que por ello se ponga en riesgo la seguridad en las operaciones realizadas en los puertos mexicanos.

Aunado a ello, los artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Navegación otorgan al Ejecutivo federal por conducto de la SCT, por sí o a través de las capitanías de puerto la potestad de autoridad marítimo-portuaria que no puede conferirse a los particulares, tal y como es el caso de los pilotos de puerto, prestadores del servicio de pilotaje mediante permiso o contrato de sesión parcial de derechos, o bien la agrupación que agremie a los mismos.

Por lo anterior se considera jurídicamente improcedente el requerimiento de la proposición con punto de acuerdo, tal y como se desprende del análisis realizado, motivo por el cual se considera asunto concluido para su archivo, en los términos antes descritos.

7. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortes del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el pleno el 14 de diciembre de 2005, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral anterior, se desprende que a través de la solicitud de información realizada por la comisión, que cada dependencia de la administración pública federal, contrata individualmente los servicios de telecomunicaciones que requiere o utiliza, con proveedores particulares, cada una de ellas pacta en su caso con cada proveedor, las condiciones de operación de tales servicios, incluyendo el encriptamiento para resguardar su confidencialidad.

Por tal motivo se consideran satisfechos los argumentos que esgrime la proposición con punto de acuerdo en las áreas o dependencias de carácter estratégico como lo son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Armada de México, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la Republica, Petróleos Mexicanos, entre otros, ya que ni la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispone de facultades para proveer lo que solicita el proponente.

De lo anterior se advierte que la proposición con punto de acuerdo en comento, queda satisfecha para los efectos de su correspondiente archivo como asunto concluido.

8. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a intervenir y solicitar una antena de recepción de telefonía celular para el municipio de Parácuaro, Michoacán, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 23 de marzo de 2006, y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 14 de marzo de 2006.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral anterior, se desprende que a través de la solicitud de información realizada por la comisión, se obtuvo respuesta por parte de la Cofetel con fecha 12 de febrero de 2007, se informa que existen compañías de telefonía celular que cuentan con cobertura en dicho municipio, y la Cofetel ha implantado esquemas regulatorios que hacen atractiva la entrada de otros concesionarios para atender zonas o regiones no atendidas por los mismos como es el sistema ``El que llama paga'' nacional e internacional, el cual favorece a poblaciones con las características de la referida, al eliminar los costos de llamadas entrantes provenientes especialmente de los Estados Unidos de América, por lo que los concesionarios que no se encuentren actualmente prestando sus servicios, atenderán dicho municipio en un corto plazo y de no ser el caso la Cofetel sugerirá a aquellos concesionarios que no hayan cubierto dicho municipio proporcionar el servicio en el mismo, siempre dentro del marco jurídico y de las obligaciones de cobertura que están sujetos bajo los títulos de concesión.

Por lo anterior se considera desahogada la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se archive como asunto concluido.

9. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a estudiar las peticiones del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, a cargo de la diputada García Sanjines María Antonia, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada ante el Pleno el 7 de diciembre de 2004, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral anterior, se desprende que el reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, dispone en su artículo 6o. que la clasificación de los caminos y puentes se sujetará a lo establecido en el apéndice del propio reglamento.

Con esta puntualización, podemos observar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha otorgado la clasificación A2 a la carretera Ciudad Victoria-Matamoros que cuenta con 309.9 Km. de longitud, por ser una vía de dos carriles que permite la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET.

Esta comisión dictaminadora no ha recibido desde la fecha de presentación de la proposición con punto de acuerdo que antecede, solicitud alguna para la modificación de la clasificación de esta carretera; por otro lado se reconoce la facultad del Ejecutivo federal para emitir las normas reglamentarias que rigen la esfera de la administración pública federal, en tales circunstancias se considera que este asunto debe concluirse para su correspondiente archivo.

10. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Gobernación, a suspender la campaña en contra de las radios comunitarias, a cargo de la diputada Manzanares Córdova Susana Guillermina, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 18 de noviembre de 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de noviembre de 2003.

11. Proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detener los hostigamientos que servidores públicos de su adscripción han iniciado contra la radio comunitaria indígena Nomdaa, ``la palabra del agua'', a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno el 10 de febrero de 2005, y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de febrero de 2005.

De las proposiciones con punto de acuerdo que se citan con los numerales anteriores, se desprende que, a través de la solicitud de información realizada por la comisión, se obtuvo respuesta por parte de la Cofetel con fecha 21 de diciembre de 2006, indicando a esta soberanía que el termino ``radios comunitarias'' no esta considerado en la legislación vigente, por lo que se desconoce la campaña que existe en contra de ellas.

Esta comisión considera que el presente asunto esta fuera de contexto en cuanto a su procedencia jurídica, en virtud de que la normatividad vigente señala a través del artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la naturaleza y propósito de las estaciones radiodifusoras, en tal sentido; el término de referencia o la conformación de estas emisoras no esta contemplado por la ley.

La operación de las estaciones de radio sean concesiones o permisos, deberán estar sujetas a lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión por un lado, y por otro en cuanto a los aspectos técnicos deben cumplir con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas, que establecen requisitos de operación independientemente de la naturaleza y propósito de las estaciones, no es conveniente por tanto, privilegiar como lo solicitan los proponentes a quienes se encuentran fuera de la legislación vigente aplicable para estos casos, sin importar que la motivación argumentada sea que estas radiodifusoras destaquen sus fines sociales y espacios de participación ciudadana, así como la supuesta cohesión de una comunidad.

Por lo anterior la comisión resuelve que la presente proposición con punto de acuerdo debe concluirse en base a las consideraciones antes expuestas y en conforme al criterio jurídico de la normatividad aplicable, para su respectivo archivo como asunto debidamente atendido.

12. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a proceder de inmediato a la destitución del delegado de dicha dependencia en el estado de Baja California Sur, investigar los presuntos actos de corrupción y negligencia cometidos por ese funcionario e informar de los hechos a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la diputada Ponce Beltrán Esthela de Jesús, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el Pleno el 30 de noviembre de 2004, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha.

De la proposición con punto de acuerdo que se cita con el numeral que antecede, se considera que independientemente de la trascendencia que representó en el momento histórico en que fue presentada por la proponente, los eventos y objetivos concretos que la motivaron han sido rebasados por el transcurso del tiempo. Consecuentemente debe concluirse esta solicitud ya que se estima que existen los procedimientos jurídicos a través de los cuales se debió actuar en contra de las presuntas irregularidades en la actuación del funcionario público que se señala, por lo tanto, a la comisión no le compete realizar en este momento juicios de valor y aprobar el punto de acuerdo solicitado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en las fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo, publicadas en las gacetas parlamentarias que igualmente se citan y turnadas a la Comisión de Comunicaciones, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en artículo cuarto inciso d) del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen los Lineamientos del Programa de Resolución de las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura pendientes de aprobación, de fecha 7 de febrero de 2007, mediante el cual se establece que las comisiones ordinarias procederán al dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo que les fueron turnadas como comisión única o en la que aparezcan en primer lugar en el turno de comisiones unidas, por lo que a esta comisión le corresponde la elaboración del mismo.

Las proposiciones listadas en el proemio del presente dictamen contienen la información y respuestas que se relacionan con cada una de ellas, por parte de las instancias a las que les recae competencia en el conocimiento de las mismas, así como la valoración que esta comisión ha considerado pertinente para cada caso en concreto.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Las proposiciones con punto de acuerdo listadas en la primera parte de este dictamen, tenían en común solicitar a diversas autoridades en materia de comunicaciones y transportes la realización de acciones o la rendición de determinados informes; por la información que de ellas se obtuvo, la comisión dictaminadora ha determinado la satisfacción de cada asunto, aunado a que se detectaron condiciones como el cumplimiento del ordenamiento jurídico, o la realización de la acción o evento que las motivaron.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Del estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo enlistadas en el proemio del presente dictamen, se concluye que las mismas se desahogan por el cumplimiento de un ordenamiento jurídico y la realización de la acción o evento que las motivaron; en tal virtud, se consideran debidamente atendidos cada uno de los planteamientos, a efecto de que se realice su respectivo archivo de conclusión.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica), presidente; César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón , Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez , Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica), Antonio Vega Corona .»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en el Diario de los Debates yarchívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del grupo parlamentario del PRD.

Que la diputada Holly Matus Toledo , cause baja como integrante en la Comisión de Participación Ciudadana.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México DF, a 28 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, diseñe un programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres y el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Que, de conformidad con lo que establecen la Ley de Planeación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Instituto Nacional de las Mujeres elabore el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, haciendo un llamado amplio y plural para que todas las mujeres interesadas participen y sus ideas se vean reflejadas en la elaboración de los programas en comento, a fin de que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo.

Segundo. Que, de conformidad con lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Gobernación, con la coadyuvancia del Instituto Nacional de las Mujeres, elabore el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se integre en el Plan Nacional de Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Larios Córdova , Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social, Demócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para hablar sobre este tema ha pedido la palabra la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Gracias, señor Presidente. El grupo parlamentario del PRD se congratula porque en este momento estemos planteando que en elPlan Nacional de Desarrolloexista una serie de programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres; sin embargo, existe, por ley, en la ley para la reivindicación de la violencia contra las mujeres que quien está a cargo de hacer el programa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia es la Secretaría de Gobernación.

En este asunto se está planteando que sea el Instituto Nacional de las Mujeres. Simplemente para hacer esa corrección, señor Presidente, porque pensamos que si nosotros exhortamos a algo que por ley no puede proceder estaríamos en un gran error.

En segundo término, quisiera plantear que no solamente tienen que ver estos dos programas: la erradicación de la violencia y la no discriminación en términos del Plan Nacional de Desarrollo sino qué es lo que va a pasar con una serie de programas que hacen que haya una transversalización de la perspectiva de género en todos y cada uno de los programas que hacen las secretarías de la administración pública federal. Es una preocupación.

Finalmente podemos estar enunciando en el Plan Nacional una serie de temas, pero sí nos preocupa mucho, desde el grupo parlamentario del PRD, que no exista una congruencia con lo que hemos estado firmando en convenios nacionales e internacionales para lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y que claramente quede, en el Plan Nacional de Desarrollo, una perspectiva hacia los derechos de las mujeres muy claramente sustentada en una serie de reglamentos y órdenes jurídicos que tenemos en nuestro país. Eso sería todo. Simplemente sería plantear esta serie de preocupaciones que están ahí y que estamos expresando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lilia Cruz. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Aprobado; comuníquese.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : « Servicio de Administración Tributaria.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en febrero de 2007; únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente, a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos y la situada en los supuestos establecidos en el artículo referido, bienes que no siendo transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las autoridades aduaneras del SAT reportaron que en el mes citado dieron destino, de los cuales se anexa relación para su referencia.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Ingeniero Juan José Bravo Moisés (rúbrica), administrador general.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a la Comisión de Economía.

IMPORTACION DE CARNE

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres : « Servicio de Administración Tributaria.

Diputado Jorge Zermeño Infante , Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por este conducto me permito hacer referencia a su atento oficio D.G.P.L.60-II-6-747, de fecha primero de marzo de 2007, dirigido al licenciado Francisco Ramírez Acuña, titular de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual comunica que en sesión celebrada en esa fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo que a la letra indica:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía y la de Hacienda y Crédito Público, a que consideren el retomar el cierre a las importaciones de carnes provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.

Sobre el particular comunico a usted que, en atención al citado acuerdo y de conformidad con el artículo 49, fracciones I, VI y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece que son atribuciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre otras, ``realizar inspecciones en materia de sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera y de inocuidad de los alimentos en puertos, aeropuertos, fronteras y puntos de verificación interna que se determinen en las disposiciones correspondientes''. Asimismo, el artículo 8 del acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece la clasificación y codificación de las mercancías de origen animal cuya introducción a territorio nacional está sujeta al cumplimiento de lo señalado en la hoja de requisitos zoosanitarios emitida por la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e inspección en el punto de entrada al país, en términos del manual de procedimientos que al efecto emita la propia dependencia.

En esta tesitura, como se destaca, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene la facultad de revisar la calidad zoosanitaria y evitar la propagación de enfermedades que afecten la salud pública, por ello la Administración General de Aduanas solicitó al Senasica un informe de la situación que guarda esta enfermedad, de la existencia de alerta zoosanitaria y, en su caso, ponderar la vigilancia en los puntos de ingreso al país, a fin de evitar la entrada de la fiebre aftosa a México. Asimismo, se instruyó a las aduanas del país para que se extreme la vigilancia en los puntos de ingreso autorizados para la importación de animales en pie y carne de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y demás de pezuña hendida, así como estar atentos a las medidas de carácter emergente y de mitigación de riesgo zoosanitario que establezca en su oportunidad la Sagarpa-Senasica.

No omito precisar que la Administración General de Aduanas lleva a cabo las siguientes acciones, con la verificación del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al sector bovino, porcícola y ovino, siendo importante destacar que actualmente los productos referidos se identifican en los anexos 10, 18 y 21 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes, tal como se observa a continuación:

Regulaciones y restricciones no arancelarias

-- Inscripción en el padrón de importadores

Para las importaciones de productos de los sectores bovinos, porcinos, ovinos, caprinos es requisito estar inscrito en el padrón de importadores a cargo del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los artículos 59, fracción IV, de la Ley Aduanera y 71 del Reglamento de la Ley Aduanera.

-- Inscripción en el padrón de importadores de sectores específicos

Quienes importen animales en pie y carne de bovino, cerdo y ovino, deberán estar inscritos en el padrón de importadores de sectores específicos a cargo del Servicio de Administración Tributaría, de conformidad con el artículo 59, fracción IV, de la Ley Aduanera y en relación con el anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2006 y sus reformas publicadas en el mencionado Órgano Oficial de fechas 15 de agosto de 2006, 6 de noviembre de 2006 y 22 de enero de 2007.

-- Datos de identificación, análisis y control de mercancías

Las fracciones arancelarias que a continuación se señalan forman parte del anexo 18 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior en vigor, por lo que las importaciones de dichas mercancías deberán declarar en alguno de los documentos que se presentan al despacho de las mismas, ya sea pedimento, factura comercial u otro documento anexo, los datos que a continuación se señalan, de conformidad con el artículo 36, fracción 1, inciso g, de la Ley Aduanera, así como con la regla 2.6.10 de las, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior en vigor.

Anexo 21 (Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2006, de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006.

De conformidad con el apartado A, fracción XI, incisos a), b), c), e), f), y h), y fracción XX, establece las aduanas de: Agua Prieta, Altamira, Cancún, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Hidalgo, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa (Sección Aduanera Nuevo Amanecer), Colombia, Ensenada, Guadalajara, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Matamoros, Mazatlán, Mexicali, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Progreso, Querétaro, Salina Cruz, San Luis Río Colorado, Tampico, Tijuana, Toluca, Tuxpan, Veracruz y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Certificado de Importación Zoosanitario expedido por Sagarpa

Con fundamento en el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación esta sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2002, y sus modificaciones, las fracciones arancelarias correspondientes a animales, carne y despojos de bovino, porcino y ovino deberán cumplir lo señalado en la hoja de requisitos zoosanitarios emitida por la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante la cual se otorgará el certificado zoosanitario de importación, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 6. Los importadores de animales, de mercancías de origen animal y de mercancías para uso en animales, listadas en el artículo 2 de este acuerdo, deberán comprobar ante el representante de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el punto de entrada al país el cumplimiento de lo señalado en la hoja de requisitos zoosanitarios, a fin de que se realice la inspección con el objeto de certificar que los productos a importar se encuentren libres de plagas y enfermedades.

La hoja de requisitos zoosanitarios a que se refiere este artículo incluirá las medidas y requisitos que deben cumplir las mercancías o los importadores, en su caso, para comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de salud animal, aplicables a las mercancías importadas.

De ser procedente, se otorgará el certificado fitozoosanitario de importación, el cual autoriza el ingreso de las mercancías correspondientes y deberá presentarse conjuntamente con el pedimento aduanal.

Asimismo, comunico a usted que la Administración General de Aduanas, con la finalidad de vigilar el correcto cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las normas oficiales mexicanas, ha implementado lo siguiente:

1. Acciones, infraestructura y equipamiento

Se ha modernizado el procedimiento de revisión y equipo en las aduanas: la Aduana México impuso un procedimiento de verificación que consideran: padrón sectorial, fiscalización a priori, mediante detección de socios, representantes legales, agentes aduanales, importadores que hayan operado bajo amparos o que se les haya encontrado algún tipo de irregularidad.

También se ha establecido investigación permanente en las aduanas, por fracción arancelaria, RFC, agentes aduanales, determinados con base en factores de riesgo; investigaciones en coordinación con autoridades mexicanas (Sagarpa, SSA, SE y Semarnat) y extranjeras; elaboración de fichas técnicas sobre mercancías sensibles para una mejor fiscalización; muestreo de mercancías; glosa aduanera; visitas domiciliarias y operación del sistema Valunet.

Además cuenta con el siguiente equipo para la vigilancia de fronteras: rayos gamma para ferrocarril y vacíos (equipo fijo de rayos gamma para ferrocarril; grabación de carros de ferrocarril a una velocidad de hasta 12 kilómetros por hora, puede revisar hasta 500 carros por hora.); básculas para pesaje de mercancía a granel (se adquirieron cuatro básculas para las aduanas de Manzanillo, Altamira, Veracruz y Nuevo Laredo.); circuito cerrado de televisión; sistemas de supervisión y control vehicular; equipos de radiocomunicación; reequipamiento y armamento para la Unidad de Administración y Fiscalización Aduanera; binomio canino.

Finalmente se reitera que esta Administración General de Aduanas solicitó a la Sagarpa-Senasica el informe del estado que guarda la presencia de esta enfermedad en países potencialmente exportadores de carne infectada con fiebre aftosa y la existencia de alerta zoosanitaria. Asimismo, se instruyó a las aduanas del país para que se extreme la vigilancia en los puntos de ingreso autorizados para la importación de animales en pie y carne de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y demás de pezuña hendida, así como estar atentos a las medidas de carácter emergente y de mitigación de riesgo zoosanitario que establezca en su oportunidad la Sagarpa-Senasica.

Sin otro particular por el momento, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2007.--- Licenciado Rodolfo Torres Herrera (rúbrica), administrador central.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

* LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria acompaño copia simple de la evaluación de impacto presupuestario de la presente iniciativa, emitida por la Secretaría de Economía.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 28 de marzo de 2007.--- Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero jurídico del Ejecutivo federal.--- Presente.

Por este conducto hago referencia a mis diversos 2264 y 1000, mediante los cuales se enviaran a esa Consejería a su cargo versiones relativas al proyecto de iniciativa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con la finalidad de que éste fuera revisado de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los lineamientos aplicables a la materia emitidos por esa dependencia.

Al respecto, le comento que, una vez revisado y ajustado el proyecto en cuestión a las solicitudes y planteamientos formulados por las diversas áreas involucradas, se gestó como resultado una nueva versión que puede considerarse, salvo su mejor consideración, como definitiva, la cual envío a usted por este conducto con el propósito de que sea considerada para dar continuidad a los trámites correspondientes y tendientes a ser un instrumento de forma que permita ser sujeto de propuesta ante el honorable Congreso de la Unión.

Atentamente

La Jefa de la Unidad, María Jimena Valverde Valdés (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Evaluación de impacto presupuestario del anteproyecto de Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportación (LIGIE)

I. Impacto en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones

Dado que el objetivo de esta nueva ley es actualizarla a las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en lo que respecta a los cambios al Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías versión 2007 (SA 2007) que todos los países miembros de la OMA, incluido México están realizando, no habrá ningún impacto en la estructura ocupacional de la Secretaría de Economía, toda vez que la (LIGIE) aplica directamente a las empresas que actúan en el comercio exterior y la razón fundamental de la modificación solo tiene que ver con las nuevas disposiciones internacionales de clasificación arancelaria de bienes tangibles.

La OMA creó el sistema armonizado por la necesidad de que existiera un criterio homogéneo para designar y clasificar las mercancías mediante una codificación uniforme a nivel mundial para todos los aspectos relacionados con el comercio exterior. Ello significa homogeneidad en la identificación de productos a nivel internacional.

La LIGIE está basada en la nomenclatura del Sistema armonizado de la OMA y a través de la tarifa arancelaria se causan los impuestos al comercio exterior, con terceros países, que todo importador o exportador debe pagar al momento de efectuar el despacho aduanero de las mercancías, por lo que esta medida no afecta ninguna estructura o unidad administrativa del gobierno federal ni se crea ningún tipo de institución adicional.

II. Impacto en los programas aprobados de las dependencias y entidades

Esta es una ley mediante la que se aplican impuestos al comercio exterior a cualquier persona que desee importar o exportar bienes a países con los que no tenemos negociados tratados y acuerdos comerciales y los impuestos se pagan en el momento del despacho aduanero de las mercancías; la expedición de la (LIGIE) no tiene ningún impacto en los programas aprobados a esta dependencia ya que su aplicación no requiere de la utilización de ningún tipo de recurso interno de la Secretaría de Economía.

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales

El artículo 1° de la Ley de Ingresos, establece que se estiman captar 27,585 millones de pesos por concepto de impuestos al comercio exterior que son directamente captados por el fisco federal al momento del despacho de la mercancías. Esta ley no establecerá ningún destino específico de gasto público para estos ingresos.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias o entidades

Por las razones arriba expuestas no se establecen nuevas atribuciones ni actividades al interior de esta dependencia por la expedición de la nueva LIGIE.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria, organizacional o del Servicio Profesional de Carrera

La emisión de la LIGIE no implica disposiciones que impacten la regulación en materia presupuestaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Ciudadano diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El Ejecutivo Federal a mi cargo, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72, apartado H, de la propia Constitución, por conducto de esa H. Cámara de Diputados somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Exposición de Motivos

La apertura comercial que México inició en los últimos años en busca de un crecimiento económico vigoroso y sustentable, exige políticas generales que permitan estimular nuestro desarrollo económico para responder a los retos de la globalización.

La dinámica del intercambio comercial a nivel mundial demanda que los países intensifiquen y aceleren sus procesos de simplificación administrativa, transparencia y modernización de su marco jurídico, para proveer y otorgar mayor certeza jurídica en las actividades de comercio exterior que realicen sus habitantes; por ello, las políticas de protección y fomento al comercio exterior deben reflejarse en mecanismos de acción que simplifiquen y agilicen los procedimientos, actualizando al mismo tiempo el marco jurídico.

Dentro de este contexto, es imprescindible para nuestro país mantener actualizadas la legislación en materia de comercio exterior y la nomenclatura arancelaria que se utiliza como base de la tarifa aduanera, a fin de que ésta se convierta en un instrumento jurídico verdaderamente útil para los importadores y exportadores nacionales, así como en un elemento de apoyo al comercio exterior que no obstaculice el intercambio de mercancías, toda vez que una nomenclatura única y reconocida universalmente, racionaliza, simplifica y uniforma los procedimientos, datos y documentos relativos al intercambio comercial, facilitando además la recopilación, comparación y análisis de las estadísticas correspondientes.

La nomenclatura arancelaria es un sistema codificado de clasificación de mercancías utilizado para las operaciones de comercio exterior. Desde el siglo pasado, las tarifas arancelarias de México han utilizado como base la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual asigna un código numérico de seis dígitos, conocido como subpartida, a cada mercancía y comprende instrucciones específicas (Notas legales, de sección, capítulo o partida) para la determinación de la subpartida que corresponde a cada uno de los bienes objeto de comercio exterior.

El Sistema antes mencionado fue creado en la Organización Mundial de Aduanas como un lenguaje común aduanero ante la imperiosa necesidad de procurar uniformidad y armonía para realizar las negociaciones comerciales mundiales y simplificar las relaciones de comercio exterior. La Organización Mundial de Aduanas tiene la encomienda de mantener permanentemente en estudio y revisión la nomenclatura arancelaria, con el fin de adaptarla a los cambios en los patrones mundiales de comercio, los avances científicos y tecnológicos y las necesidades de preservación ecológicas, así como perfeccionar la metodología para la clasificación de mercancías o corregir errores de ortografía.

Dicho organismo, en el cual participa activamente México desde 1991, acordó recientemente numerosos cambios al citado Sistema que incluyen, entre otros, modificaciones a las Notas legales, la eliminación de varias subpartidas que describen productos que han reportado escaso movimiento comercial, así como la creación o reestructuración de otras para identificar productos nuevos en el comercio mundial, o clasificar ciertos productos que deben ser vigilados cuidadosamente en cumplimiento a diversos convenios internacionales --tales como los relacionados con el tráfico ilícito de narcóticos y sustancias psicotrópicas y estupefacientes, el comercio de desechos peligrosos, armas químicas y armas biológicas--. Las modificaciones citadas deberán entrar en vigor a más tardar el 1o. de julio de 2007 para los países que, como el nuestro, suscribieron el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

México no debe mantenerse al margen de reformas de tal importancia, por ello, resulta imprescindible abrogar la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, vigente desde 2002, para actualizar la estructura de la clasificación aduanera introduciendo las modificaciones llevadas a cabo por el Comité de Nomenclatura de la Organización Mundial de Aduanas.

Es de mencionar que la Iniciativa que se presenta, permitirá homologar nuestro sistema de clasificación con el de otros países, con lo que se evitarán discrepancias de interpretación por el uso de nomenclaturas distintas, se agilizarán los trámites aduaneros, se propiciará la aplicación efectiva de las preferencias comerciales pactadas por nuestro país y se facilitará la correcta identificación y clasificación arancelaria de las mercancías, evitando que los importadores y exportadores incurran en equívocos por razón de error, o bien por dolo.

La aplicación de la nueva nomenclatura no conllevará cambios en la política comercial interna en materia de comercio exterior, ni en los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de aranceles, o la cobertura de las restricciones y regulaciones no arancelarias vigentes, pero obligará a reclasificar ciertas mercancías y asignar nuevos códigos numéricos a otras, ya que al disponer de una clasificación armonizada de las mercancías se cumplirán los objetivos que persiguen las políticas arancelarias de preservación fitosanitaria y cualquier otra que se dicte en materia de comercio exterior en nuestro país.

Adicionalmente, con la ley que se propone se crearán o adecuarán partidas o subpartidas para mercancías novedosas, se eliminarán las subpartidas que han reportado escaso movimiento y se establecerán descripciones individuales para productos sensibles como los antes mencionados, con lo que se fortalecerá el control del movimiento de tales productos; se establecerán asimismo clasificaciones especiales para describir productos de bambú, se reestructurará la clasificación de los juguetes y la de los llamados ``productos de tecnología'', como los monitores para computadora o televisión, las impresoras de función múltiple, los equipos de telefonía celular, y los microcircuitos electrónicos. En suma, en comparación con la tarifa aduanera vigente, que como se mencionó anteriormente quedaría abrogada, se incorporan 5,295 modificaciones que repercuten en las fracciones de la tarifa arancelaria y cerca de 800 cambios a los textos legales.

El principio rector de la preparación de la presente Iniciativa, fue que los aranceles seguirán aplicándose de la misma forma a las mercancías procedentes de países con los que México ha firmado un Tratado de Libre Comercio, así como en las operaciones con el resto del mundo. Así, a las subpartidas y fracciones de nueva creación les ha sido asignada la misma tasa arancelaria y velocidad de desgravación que tienen las subpartidas y fracciones de las cuales se desprenden. De igual forma, las regulaciones fitozoosanitarias, ecológicas y ambientales, de salud, de educación, entre otras, seguirán aplicándose a las mismas mercancías actualmente reguladas, sin que su nueva clasificación evite su cumplimiento.

En ese contexto, la presente iniciativa prevé en el artículo 1 de la Ley que se propone los impuestos generales de importación y de exportación, mediante la identificación de un código numérico de ocho dígitos llamado ``fracción arancelaria'', asociado a la descripción de la mercancía; a la unidad de medida de dicha mercancía para efectos estadísticos, y a la alícuota o tasa arancelaria que se causa por su importación o su exportación, según se trate. Asimismo, la aplicación del código numérico se encuentra, en su caso, precedida de notas de Sección, Capítulo o Subpartida.

Por otra parte, el artículo 2 de la ley que se propone, establece las Reglas Generales y las Reglas Complementarias para la aplicación de la tarifa arancelaria, referidas al modo correcto de clasificar, la jerarquía para la aplicación de las partidas y subpartidas, la metodología de la codificación, las unidades de medida utilizables, las abreviaturas relativas a países y organismos internacionales, la aplicación de las ventajas arancelarias otorgadas bajo los distintos Acuerdos de Complementación Económica, y Tratados de Libre Comercio, así como la definición de bienes que por su naturaleza no se consideran mercancías y, por tanto, resultan no gravables.

Finalmente, la Iniciativa que hoy someto a su consideración contiene cuatro artículos transitorios. En el primero se establece que la Ley inicie su vigencia a partir del 1o. de julio de 2007; en el segundo, se prevé la abrogación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2002; en el tercero se prevé que las referencias en otras disposiciones normativas que se verán afectadas con la emisión de esta nueva ley se deberán entender como realizadas a la nueva Ley que aquí se propone, y finalmente, en un artículo cuarto transitorio se prevé el arancel que resultará aplicable a ciertas mercancías del sector madera, para las cuales se estableció desde 2005 un programa de reducción arancelaria paulatina que culminará el 16 de agosto de 2008.

Es por todo lo anterior que por conducto de esa H. Cámara de Diputados someto a la consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS DELICTIVAS QUE CONFORMAN LA TRATA DE PERSONAS - LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con los siguientes asuntos:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, presentada por la diputada Ana María Ramírez Cerda , el 7 de diciembre de 2006.

Minuta con proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y de adición a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, aprobada por el Senado el 15 de diciembre de 2005.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicito de esta presidencia que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66, inciso c), 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicite a su homólogo en la colegisladora que, en pleno uso de sus facultades, formule excitativa para la dictaminación de las iniciativas abajo enumeradas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. Las iniciativas en comento son las siguientes:

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar las Conductas Delictivas que Conforman la Trata de Personas, presentada por la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM el día 7 de diciembre de 2006, y

b) Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por los senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot Sánchez Carreño, del Grupo Parlamentario del PRI, el día 9 de diciembre de 2004, aprobada por esta soberanía el 20 de diciembre de 2005.

Segundo. Las comisiones están obligadas a realizar su labor de dictaminación dentro de los 20 días hábiles siguientes al turno de los instrumentos encomendados, en estricto arreglo al proceso legislativo, que ha sido evidentemente rebasado.

Tercero. La iniciativa y la minuta en comento fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Cuarto. Que la Presidencia de cada una de las Cámaras debe velar por el estricto cumplimiento del marco regulatorio en el Congreso de la Unión.

Quinto. Que la trata de personas afecta a dos y medio millones de seres humanos en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, siendo para México una premiosa necesidad contar con un marco jurídico que establezca mecanismos efectivos para la prevención y combate de dicho ilícito.

En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 67, inciso g), en relación con el artículo 66, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene la atribución para hacer efectivas las solicitudes de excitativa que le formulen los Senadores, por lo que, con fundamento en los artículos invocados, me permito solicitar de la manera más atenta a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente:

Punto Resolutivo

Único. En el debido ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que tenga a bien solicitar a su homólogo en la Cámara de Diputados que formule excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para que emitan dictamen a los siguientes instrumentos:

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y expide la Ley Federal para prevenir y sancionar las conductas delictivas que conforman la Trata de Personas, presentada por la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM el día 7 de diciembre de 2006, y

b) Minuta con proyecto de iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y de decreto que adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por los senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot Sánchez Carreño, del Grupo Parlamentario del PRI, el día 9 de diciembre de 2004, aprobada por esta soberanía el 15 de diciembre de 2005.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día 27 de marzo de 2007.--- (Rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA - LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción V del artículo 15 y la fracción II del artículo 32, y se adicionan una fracción VIII en el artículo 11, recorriéndose en su orden la vigente para quedar como IX, una fracción X en el artículo 12, recorriéndose en su orden la vigente y última para quedar como XI, un artículo 22 bis, y una fracción XII en el artículo 29, recorriéndose en su orden la vigente y última para quedar como XIII, todos de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II De los Defensores Públicos

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I.a VII. ...

VIII. Solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación, cuando proceda, un traductor o intérprete en lenguas indígenas;

IX. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta.

Artículo 12. ...

I. a IX. ...

X. Solicitar al Juez inmediatamente un intérprete o traductor en lenguas indígenas, cuando proceda, y

XI. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.

CAPÍTULO III De los Asesores Jurídicos

Artículo 15...

I.a IV....

V. Los indígenas a través de un intérprete o traductor en lenguas indígenas, y

II. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

CAPÍTULO IV De los Servicios Auxiliares

Artículo 22 bis. Para la formación y acreditación de defensores públicos y asesores jurídicos bilingües en lenguas indígenas el Instituto Federal de Defensoría Pública se auxiliará del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, quien hará la acreditación.

TÍTULO SEGUNDO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

CAPÍTULO II De la Junta Directiva

Artículo 29...

II. aXI....

XII. Aprobar los lineamientos para la formación y acreditación de defensores públicos y asesores jurídicos bilingües en lenguas indígenas.

XIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III Del Director General

Artículo 32...

I...

II. Dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo a efecto de conocer, entre otras cosas, si los procesados con derecho a libertad caucional están gozando de ese beneficio, si cumplen con la obligación de presentarse en los plazos fijados, si se cuenta con traductores o intérpretes en lenguas indígenas cuando proceda, así como si los procesos se encuentran suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal;

III a XII ...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un inciso m) al artículo 14, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

CAPÍTULO IV Del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

ARTÍCULO 14...

a) a l)...

m) Formar y acreditar intérpretes y traductores que asistan a autoridades responsables de la procuración y administración de justicia federal cuando proceda, previa solicitud, así como auxiliar al Instituto Federal de Defensoría Pública en la formación y acreditación de defensores públicos y asesores jurídicos.

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona una fracción VIII en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, recorriéndose en su orden la vigente y última, pasando a ser fracción IX, para quedar como sigue:

ARTICULO 53. ....

I. a VII. ...

VIII. No solicitar intérprete o traductor en lenguas indígenas, cuando proceda, y

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

TITULO SEPTIMO Actos Procesales en General

CAPITULO I Formalidades judiciales

ARTICULO 271. ...

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio, por conducto de la persona autorizada para ello.

...

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Vicepresidente; Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 27 de marzo de 2007.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.

COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia desea felicitar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federacióny a su presidente, el diputado Antonio Ortega Martínez, por ser la primera comisión en terminar con el rezago legislativo.

«Informe de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de asuntos turnados y atendidos en la LIX Legislatura

Diputado Jorge Zermeño Infante , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 83, 85, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos solicitar a usted que dé cuenta al Pleno de esta Cámara que han sido atendidas las proposiciones con punto de acuerdo que se presentan en el reporte anexo y que la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación durante la LIX Legislatura, con las facultades que le confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica.

Por lo anterior, esta comisión solicita que se inserte el reporte en el Diario de los Debates, se descarguen de todos los registros parlamentarios y se remitan al archivo como asuntos atendidos.

Agradeciendo de antemano su atención, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de enero de 2007.--- Diputados: Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Presidente; Secretarios: Alma Eduviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).

30 de enero de 2007.

1. Proposición con punto de acuerdo sobre la fiscalización de los fondos federales del Ramo 33 por la Auditoría Superior de la Federación.

Presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (Convergencia), con adhesión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política el 18 de septiembre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Se exhorta a todas las entidades federativas que aún no han suscrito los Convenios de Coordinación y Colaboración en materia de fiscalización de los recursos federales que ejerzan, para que lo hagan a la brevedad en beneficio de la transparencia y de la rendición de cuentas con la que estamos todos comprometidos.

2. Se exhorta a todas las entidades federativas para que brinden todas las facilidades y los apoyos necesarios a la Auditoría Superior de la Federación para garantizar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de esta Cámara de Diputados respecto de la revisión de la Cuenta Pública.

3. Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad mexicana de examinar rigurosamente al ejercicio y la aplicación de los recursos federales revisando, con el apoyo de la entidad de fiscalización, si la gestión financiera se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 19 de septiembre de 2003

Aprobación o resolución: 22 de octubre de 2003.

2. Proposición con punto de acuerdo relativo a los señalamientos del auditor superior de la Federación para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa.

Presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM) y suscrita por diputados del PVEM el 7 de octubre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Resolutivos

1. Verifíquese el cumplimiento de los señalamientos del auditor superior de la Federación para recuperar recursos indebidamente canalizados al Fobaproa, sobre todo los autopréstamos que se dieron los banqueros durante el rescate bancario y que se revisen los abusos cometidos en la venta de cartera.

2. Que esta Cámara, respetuosamente, pida a su colegisladora que, cuando ejerza sus facultades para designar al nuevo gobernador del Banco de México, tome en cuenta que el actual gobernador fue el arquitecto de la privatización bancaria, del rescate bancario con el Fobaproa, del remate de las carteras y de la entrega de los bancos en manos extranjeras. Creemos que ningún funcionario es indispensable, pero sobre todo creemos que tampoco debe haber impunes en libertad. Guillermo Ortiz Martínez no es el pilar de la estabilidad del peso, pero sí es el freno a la recuperación económica, por sus compromisos con los banqueros, a los que salvó y entregó la banca mexicana. No se le pueden dar otros ocho años de impunidad, ni el país merece un funcionario tan inepto y posiblemente corrupto.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 8 de octubre de 2003.

Aprobación o resolución: 22 de octubre de 2003.

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.

Presentada por el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila (PVEM) el 28 de octubre de 2003.

Turno conjunto: Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en tomo de presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.

Trámite

Estado actual: Aprobada.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 28 de octubre de 2003.

Aprobación o resolución: 28 de septiembre de 2004.

4. Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República, por exhorto de esta soberanía, investiguen el monto y el destino de los recursos que se recuperan por concepto de sanciones económicas y penales, mediante la Secretaría de la Función Pública.

Presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (Convergencia), el 13 de noviembre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que esta soberanía, mediante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, analice los documentos antes mencionados y los turne a la ASF, a fin de que se auditen la legalidad de éstos y el desempeño de la Secretaría de la Función Pública para que, finalmente, se rinda un informe al Pleno.

2. En caso de que procedan omisiones por parte de algunas dependencias y servidores públicos, se dé cuenta a las áreas administrativas y judiciales correspondientes.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 14 de noviembre de 2003.

Aprobación o resolución: 22 de febrero de 2004.

5. Punto de acuerdo para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva a la transferencia presupuestal asignada a Provida en el Presupuesto de 2003.

Presentada por el diputado Jesús Porfirio González Schmal (Convergencia) y suscrita por diputados de Convergencia el 9 de diciembre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara que se practique una revisión exhaustiva de la transferencia presupuestal citada en el Presupuesto 2003 y se determine, en su caso, las responsabilidades que correspondan al Presidente de la Comisión o a sus integrantes.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de diciembre de 2003.

Aprobación o resolución: 18 de diciembre de 2003.

6. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos de origen federal que benefician a particulares del estado de Oaxaca que realizan operaciones con los gobiernos local y federal.

Presentada por el diputado Jesús Porfirio González Schmal (Convergencia) y suscrita por diputados de Convergencia el 9 de diciembre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que con base en los artículos 2o., fracción VI, a 16, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones a las empresas Grupo Corporativo Gurrión, SA de CV; Hospital Sinaí, SA de CV; Impulsora del Istmo, SA de CV; y Dos Océanos, SA de CV, por lo que se refiere a los fondos públicos federales que han manejado en el estado de Oaxaca.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de diciembre de 2003.

Aprobación o resolución: 19 de diciembre de 2003.

7. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones a los fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2002.

Presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia) y suscrita por diputados de Convergencia el 9 de diciembre de 2003.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, 79 de la Constitución General, así como 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de diciembre de 2003.

Aprobación o resolución: 16 de diciembre de 2003.

8. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los gastos en promociones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para que esta soberanía ordene al Consejo Universitario de dicha institución una evaluación y, en su caso, sanción de las posibles faltas administrativas y procedimentales en las que haya incurrido el rector.

Presentada por la diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle (PAN), en nombre propio y del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (PAN), el 4 de febrero de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que esta honorable Asamblea ordene que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los gastos realizados en promocionales, anuncios, spots en televisión y radio, desplegados en prensa, espectaculares y demás relativos a la promoción personal del rector y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del período de enero.

2. Que esta honorable Asamblea solicite a la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Puebla un informe detallado sobre sus gastos.

3. Que esta honorable Cámara de Diputados ordene al Consejo Universitario que tome las medidas que considere pertinentes con el fin de valorar y, en su caso, sancionar las posibles faltas administrativas y procedentes en las que ha incurrido el rector Enrique Doger Guerrero.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 4 de febrero de 2004.

Aprobación o resolución: 9 de marzo de 2004.

9. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos del Ramo 33 asignados a todos los estados de la federación y al gobierno de la Ciudad de México.

Presentada por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) el 18 de febrero de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que se solicite por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la entidad superior de fiscalización que fiscalice los fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación asignados a todas las entidades federativas del país, así como al Distrito Federal, en especial a las que no han suscrito convenios de coordinación conforme a un cronograma que se estructure con la mayor brevedad.

2. Que se pida al auditor superior de la Federación promueva a la brevedad la firma de los convenios de coordinación respectivos con las Legislaturas de todas las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acatando escrupulosamente la ley y preservando la soberanía de los estados.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 19 de febrero de 2004.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2004.

10. Proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal dé a conocer el estado que guardan los Pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad hasta enero de 2004.

Presentada por la diputada María de los Dolores Padierna Luna (PRD) el 18 de febrero de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Resolutivos

1. Solicitar a la ASF que emita una opinión sobre la evaluación de cada uno de los proyectos Pidiregas para saber cuáles son rentables y cuáles están generando pérdidas. En particular, determinar si el remanente por MW construido es mayor en el caso de los proyectos de inversión directa que el de los proyectos de inversión condicionada. Si éste fuera el caso, entonces los PIE ya no tienen razón de ser.

2. Solicitar a la ASF que haga una valoración del riesgo para las finanzas públicas que podría provenir de cambios en los parámetros utilizados en la evaluación de los proyectos, ya que no se cuenta con reservas ni fondos para afrontar los compromisos en caso de que se diera una drástica caída en los ingresos de la CFE.

3. Exhortar al Ejecutivo federal a detener la emisión de Pidiregas; reanudar las discusiones sobre la reforma a la industria eléctrica con base en los siguientes ejes que constituyen hasta ahora los puntos en común entre los grupos parlamentarios:

- Fortalecimiento institucional de la CFE y de LFC.

- Reforma de la industria del gas natural.

- Reforma del régimen fiscal de la CFE, LFC y Pemex.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 18 de febrero de 2004

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2006

11. Proposición con punto de acuerdo para que se haga una auditoría al municipio de Puebla en los ejercicios que comprenden el trienio 2000-2003.

Presentada por la diputada Rosa María Avilés Nájera (PRD) el 25 de febrero de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el presente punto de acuerdo a efecto de que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales se auditen y transparenten los recursos federales a través del órgano competente, que es la entidad de fiscalización superior de la federación y tener la certeza que los recursos de los programas sociales están llegando a los mexicanos que realmente lo necesitan.

2. Que en este sentido se haga auditoría al municipio de Puebla, Puebla, en los ejercicios del trienio que comprenden de 2000 a 2003 para conocer cómo aplicó los recursos federales que se le asignaron a través de los ramos 28 y 33 y si llegaron a los programas sociales a que estaban destinados.

3. Que el resultado de dicha auditoría permita deslindar las responsabilidades que la misma establezca y en su caso aplicar la ley a quien o quienes resultaren responsables.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 25 de febrero de 2004.

Aprobación o resolución: 9 de marzo de 2004.

12. Proposición con punto de acuerdo para ordenar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice los fondos federalizados asignados al estado de Colima, con objeto de transparentar el ejercicio de su gasto, en especial los destinados al pago electrónico de la nómina.

Presentada por el diputado Antonio Morales de la Peña (PAN), en nombre propio y del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), el 1 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que realice con la mayor brevedad una revisión a los recursos de origen federal otorgados al estado de Colima, a fin de trasparentar el gasto y fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos públicos, sobre todo practicando una revisión exhaustiva a los recursos destinados al pago electrónico de la nómina y, en su caso, se deslinden las responsabilidades que correspondan.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 25 de marzo de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

13. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República del caso Colosio.

Presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) el 1 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que esta soberanía, mediante la Auditoría Superior de la Federación, con la acción concurrente de la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría de la PGR, en sus respectivos ámbitos de competencia, apliquen una auditoría técnica y de desempeño a la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial del Caso Colosio y emitan el dictamen e informe procedente.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 2 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 10 de mayo de 2004.

14. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por el diputado David Hernández Pérez (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

15. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por la diputada Kenny Denisse Arroyo González (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

16. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Nayarit durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por el diputado Raúl José Mejía González (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

17. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2003.

Presentada por el diputado Guillermo del Valle Reyes (PRI) el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con el artículo 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

18. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales de 2002 y de 2003.

Presentada por el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

19. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por el diputado Lino Celaya Luría (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

20. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por la diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

21. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2003.

Presentada por el diputado Raúl Pompa Victoria (PRI) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI el 20 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 15 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 27 de abril de 2004.

22. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Chiapas durante los ejercicios 2001 a 2003.

Presentada por el diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles (PRI) el 29 de abril de 2004

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base, igualmente, en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Chiapas durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002, 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 27 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 9 de junio de 2004.

23. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 y en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, revise los fondos federales asignados al estado de Chihuahua durante los ejercicios fiscales de 1999 a 2003.

Presentada por el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN) el 29 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Chihuahua durante los ejercicios fiscales de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 27 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 4 de junio de 2004.

24. Proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la entidad de fiscalización superior de la federación que revise el manejo de los recursos públicos federales destinados a los 11 municipios de Aguascalientes en los ejercicios de 2000 a 2003.

Presentada por el diputado Francisco Javier Valdéz de Anda (PAN) el 29 de abril de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se ordena a la entidad de fiscalización superior de la federación que realice auditorías a los once municipios del estado de Aguascalientes respecto de los ejercicios de los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la aplicación de los recursos federales que les fueron asignados en dichos periodos, debiendo informar oportunamente a esta soberanía el resultado de dichas revisiones.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 27 de abril de 2004.

Aprobación o resolución: 21 de mayo de 2004.

25. Punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en las operaciones del municipio de Aguascalientes.

Presentada por la diputada María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba (PRI) el 7 de julio de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en términos de lo establecido por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique todas las auditorías y revisiones a la operación bursátil realizada por el ayuntamiento de Aguascalientes, toda vez que los recursos que garantizan dicha operación y con los que se liquida la misma, son recursos federales.

2. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que determine si esta operación bursátil, que se denominó ``emisión de deuda Aguascalientes'', se ajustó a lo establecido por la Constitución General de la República, la Constitución Política del estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales.

3. Se turna esta petición a la Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización del Congreso de la Unión, así como a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 27 de julio de 2004.

26. Punto de acuerdo con relación a la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación proceda a auditar el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional.

Presentada por el diputado Luis Maldonado Venegas (Converg|encia) el 18 de agosto de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación proceda a auditar al Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, con fundamento en las facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2o., 30 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

27. Punto de acuerdo para solicitar a la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación una revisión a todos los municipios del estado de Puebla afiliados al Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal, AC.

Presentada por la diputada Rosa María Avilés Nájera (PRD) el 18 de agosto de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que la del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo la revisión prevista en los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación al Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal, AC, ya todos los municipios del estado de Puebla afiliados al instituto mencionado por los ejercicios fiscales del 2002 al 2005, porque existe la presunción de un daño patrimonial al estado en su hacienda pública federal.

2. Que de la revisión prevista al Instituto Poblano para el Desarrollo Municipal, AC, se especifique cuál fue el destino de los recursos federales aportados por los municipios del estado de Puebla.

3. Que asimismo, de la revisión prevista a todos los municipios afiliados a la asociación civil se especifique cómo se aplicaron los recursos federales que se les asignaron a través de los ramos 28 y 33 y si llegaron a los programas sociales a que estaban destinados.

4. Que el resultado de dicha revisión permita deslindar las responsabilidades que la misma establezca y, en su caso, se aplique la ley a quien o quienes resulten responsables.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

28. Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una revisión de situación excepcional, a efecto de requerir a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, una revisión de los ejercicios fiscales 2001 a 2003, en términos del Título Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Presentada por la diputada Portillo Ayala Cristina (PRD), en nombre propio y de la diputada María Angélica Díaz del Campo (PRD), el 18 de agosto de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo la revisión prevista en los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a Ferrocarriles Nacionales de México por los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003 y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

29. Punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo la revisión prevista en los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación a diversas organizaciones civiles que recibieron donativos otorgados a través del fideicomiso Transforma México y otras dependencias del gobierno federal durante los ejercicios fiscales 2001 a 2003

Presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez (PRD), en nombre propio y de los diputados Lucía Mícher Camarena, Inti Muñoz Santini y Alfonso Ramírez Cuellar, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, el 18 de agosto de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la del Congreso de la Unión solicite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo la revisión prevista en los artículos 36 a 44 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a diversas organizaciones civiles que recibieron donativos otorgados a través del fideicomiso Transforma México y otras dependencias del gobierno federal durante los ejercicios fiscales 2001, 2002 y 2003, debido a que existe la presunción de un daño patrimonial al Estado en su hacienda pública federal y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

30. Punto de acuerdo para que se aplique una auditoría volumétrica por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a Pemex Refinación en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de gasolinas, con el propósito de conocer el origen y destino de las gasolinas.

Presentada por la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (PRI), en nombre propio y del diputado Roger David Alcocer García (PRI), el 25 de agosto de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

1. Se solicita a Petróleos Mexicanos que informe a esta soberanía sobre las diferencias estadísticas sobre su producción, importación, ventas internas y exportación de las gasolinas.

2. Se solicita a Petróleos Mexicanos que informe sobre el avance de las medidas adoptadas para terminar con el mercado ilegal y su impacto en la reducción de pérdidas comerciales.

3. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que realice una auditoría a Pemex Refinación en los volúmenes de gasolinas.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

31. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Secretario de la Función Pública que informe sobre los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que esa Secretaría esté realizando o haya realizado a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y al Comité Provida, AC.

Presentada por la diputada Guerra Castillo Marcela (PRI) el 28 de septiembre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Se solicita, con fundamento en el artículo 93 constitucional, que el secretario de la Función Pública informe a la Cámara de Diputados de los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que haya realizado o esté realizando a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigente y en operación el gobierno federal.

2. Se propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados que acuerde citar, con la mayor brevedad, al titular de la Secretaría de la Función Pública a una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para informar de los resultados de las auditorías a Provida, AC.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 28 de septiembre de 2004.

Aprobación o resolución: 26 de octubre de 2004.

32. Proposición con punto de acuerdo para solicitar que se audite el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo comprendido de 1967 a la fecha.

Presentada por el diputado Roberto Javier Vega y Galina (PRI) el 19 de octubre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Solicítese a la entidad de fiscalización superior de la federación que, con base en los dictámenes de revisión de la Cuenta Pública y los informes de resultados correspondientes de los años mencionados, se practique una auditoría a los ingresos, egresos y reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el año de 1967 a la fecha y, en su oportunidad, se comuniquen los resultados al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 5 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 5 de noviembre de 2004.

33. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a informar a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, acerca de las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y de la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

Presentada por el diputado Marco Antonio Torres Hernández (PRI) el 19 de octubre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 5 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 11 de noviembre de 2004.

34. Punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Presentada por el diputado Inelvo Moreno Álvarez (PRD) el 19 de octubre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica y de desempeño al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con objeto de transparentar el uso de los recursos aprobados y en especial en lo relacionado a la convocatoria, adjudicación y estado actual de la licitación pública internacional para la contratación de servicios de telepeaje.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 14 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 5 de noviembre de 2004

35. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice las gestiones conducentes a esclarecer la donación de la Academia de Policía del municipio de Tehuacán realizada al gobierno del estado de Puebla.

Presentada por el diputado Felipe de Jesús Díaz González (PAN) el 26 de octubre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las fracciones I y III del artículo 79 constitucional, así como el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, realice las gestiones necesarias a efecto de aportar claridad al uso de los recursos federales por parte del municipio de Tehuacan, Puebla.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 19 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 2 de diciembre de 2006.

36. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión del ejercicio de recursos federales al gobierno del estado de Durango que concluyó y que corresponde al periodo 1998-2004.

Presentada por el diputado Bernardo Loera Carrillo (PAN) y suscrita por diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PVEM, PT y de Convergencia el 26 de octubre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

1. Que se instruya a la entidad de fiscalización superior de la federación, a fin de que audite los recursos federales transferidos al Gobierno del estado de Durango por el periodo comprendido del 15 de septiembre de 1998 al 15 de septiembre del 2004, en cada una de sus partidas presupuéstales y que de su resultado se emprendan las acciones administrativas o penales contra los responsables.

2. Que se efectúe una investigación respecto de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia; y aplicación de fondos y recursos federales, para que en su caso se determinen los daños y perjuicios al patrimonio del estado de Durango.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 21 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 5 de noviembre de 2004.

37. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como a la Comisión Federal de Competencia, a investigar la gestión de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, y la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura situado en Progreso, Yucatán.

Presentada por el diputado Roger David Alcocer García (PRI) el 9 de noviembre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen tanto la gestión de la sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de CV, así como la legalidad del proceso de licitación de la terminal de contenedores del puerto de altura ubicado en Progreso, Yucatán, tomando medidas para asegurar el pleno respeto al estado de derecho, para que dentro del ámbito de su competencia impongan las sanciones que resulten procedentes en caso de que confirmen la existencia de irregularidades ya sea en la gestión de la administración portuaria integral, o bien, en el desarrollo del procedimiento iniciado con motivo de la convocatoria API/PRO/TEC/01/04.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 28 de octubre de 2004.

Aprobación o resolución: 30 de noviembre de 2004.

38. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación aplicar revisión a la administración ayuntamiento de Motozintla de Mendoza, Chiapas, presidida por el ciudadano Óscar René González Galindo, sobre los recursos federales de los diferentes ramos 28, 33, 39 y demás aportaciones federales para entidades federativas y municipios.

Presentada por el diputado Belizario Iram Herrera Solís (PRI) el 30 de noviembre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Esta Honorable Cámara de Diputados solicita al Secretario de la Función Pública Federal y al auditor superior de la Federación la revisión exhaustiva de los recursos federales que se destinan sobre todo en los ramos 28, 33, 39 y demás aportaciones federales derivadas por otros programas al municipio de Motozintla de Mendoza en Chiapas, la aplicación de una auditoría a la administración del ayuntamiento referido, presidida por el ciudadano Óscar René González Galindo.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 23 de noviembre de 2004.

Aprobación o resolución: 15 de diciembre de 2004.

39. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a practicar una revisión al funcionamiento, a los procedimientos y a los resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, del ejercicio fiscal de 2002 a la fecha.

Presentada por el diputado Gonzalo Rodríguez Anaya (PRI) el 30 de noviembre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que esta Honorable Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación practique una fiscalización al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, del ejercicio 2002 hasta la fecha.

2. Que se establezcan las medidas jurídicas y normativas para que se evite la discrecionalidad de los procesos de donación del SAE, mediante la participación de las honorables Cámara de Diputados y Senadores en su Junta de Gobierno, a fin de equilibrar su composición y dar con ello transparencia y seguridad a este organismo descentralizado.

3. Que esta soberanía supervise la redacción y actualización del Reglamento Interior del SAE, principalmente en lo referente a los bienes entregados para su administración.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 23 de noviembre de 2004.

Aprobación o resolución: 15 de diciembre de 2004.

40. Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investiguen y procedan en consecuencia en relación con la falta de cobro de multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, y con el destino y la aplicación de mil cuatrocientos millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como con el pago de diecisiete millones de pesos hecho por esta dependencia a una empresa de la que son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación.

Presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) el 7 de diciembre de 2004.

Turno conjunto: Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que esta soberanía instruya a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que, de acuerdo con sus facultades, investiguen y procedan conforme a derecho, por no haberse cobrado 9 mil 122 millones de pesos en multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos; asimismo, que ambas comisiones investiguen el destino y aplicación de los mil 400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública y el pago de 17 millones de pesos en beneficio del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, empresa de la cual son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, en contravención de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

2. En apoyo de las investigaciones solicitadas en el punto anterior, se llame a comparecer a los secretarios de la Función Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 25 de noviembre de 2004.

Aprobación o resolución: 28 de noviembre de 2006.

41. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a proponer, con fundamento en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, un mecanismo de coordinación con el Congreso de Chiapas para verificar la aplicación correcta de los recursos recibidos por los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapilula, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Palenque.

Presentada por el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández (PRI) el 9 de diciembre de 2004.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, con fundamento en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, proponga un mecanismo de coordinación con el Congreso de Chiapas para verificar la aplicación correcta de los recursos recibidos por los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapilula, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Palenque.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 9 de diciembre de 2004.

Aprobación o resolución: 18de enero de 2005.

42. Proposición con punto de acuerdo sobre la auditoría que se lleva a cabo a la Presidencia de la República.

Presentada por el diputado Javier Salinas Narváez (PRD) el 19 de enero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a agilizar, sin menoscabo de la rigurosidad de sus investigaciones, la revisión que desde hace casi un año se practica a las partidas de la Presidencia de la República, con el objetivo de conocer el manejo que se hace de los recursos públicos.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 12 de enero de 2005.

Aprobación o resolución: 18 de febrero de 2005.

43. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise los recursos asignados y ejercidos por el gobierno del estado de Jalisco correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal de 2004.

Presentada por el diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) y suscrita por el diputado José Manuel Carrillo Rubio (PRI) el 19 de enero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría sobre los recursos asignados y ejercidos por el gobierno del estado de Jalisco correspondientes al Ramo 33 durante el ejercicio fiscal de 2004.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 19 de enero de 2005.

Aprobación o resolución: 18 de febrero de 2005.

44. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a suspender de sus funciones como delegado de la Profeco en el estado de México al ciudadano Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal de Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003.

Presentada por el diputado David Hernández Pérez (PRI) el 26 de enero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta al titular del Ejecutivo para que suspenda de sus funciones como delegado de la Profeco en el estado de México al ciudadano Antonio Álvarez Hernández, quien fue presidente municipal en Tlaquepaque, Jalisco, por su responsabilidad en las irregularidades que presenta la Cuenta Pública del ejercicio de 2003 por 78 millones de pesos.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 26 de enero de 2005.

Aprobación o resolución: 16 de febrero de 2005.

45. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) el 10 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

La honorable Cámara de Diputados instruye a la Auditoría Superior de la Federación para efectuar una fiscalización completa a las áreas y funcionarios responsables de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 10 de febrero de 2006.

46. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz.

Presentada por el diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN) el 10 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una revisión exhaustiva a los recursos que fueron otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, encabezado por el ex alcalde Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta, a fin de transparentar el gasto, y fiscalizar el destino y la aplicación de los recursos públicos en el periodo que comprende del año 2001 al 2004.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2005.

47. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una revisión especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Presentada por el diputado Roger David Alcocer García (PRI) el 10 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que conozca, investigue e informe si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa, sobre los tramos carreteros Mérida-Kantunil, Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, así como a la supervisión del estado físico y condiciones establecidos en el título de concesión de la autopista Kantunil-Cancún.

2. Se solicite a la misma ASF que realice una auditoría especial sobre los fondos federales invertidos en dichos tramos carreteros, así como el impacto económico sobre las finanzas nacionales que ha tenido la irresponsabilidad de Facopsa y la pasividad de la SCT. Particularmente, revisar la correcta aplicación de multas en proporción a dichos daños económicos, con la finalidad de determinar las sanciones correspondientes tanto a los particulares como a los servidores públicos que hubieren incurrido en responsabilidad.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 8 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2005.

48. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) el 10 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

La honorable Cámara de Diputados instruye a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar una completa fiscalización a las áreas y funcionarios responsables de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 10 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2005.

49. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales correspondientes a la administración del otrora gobernador Miguel Alemán Velasco.

Presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia) y suscrita por los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia el 10 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución, y 2, 4 y 16 Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique una revisión a los fondos federales asignados a Veracruz en los ejercicios de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 11 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2005.

50. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a ésta para realizar una fiscalización legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa.

Presentada por el diputado José Guadalupe Osuna Millán (PAN) el 28 de febrero de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que se instruya para realizar una revisión legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyendo verificación de los gastos administrativos y por lo que se refiere a celebración de contratos de asesoría externa, si estos no contravienen a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional y demás disposiciones aplicables.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 1 de marzo de 2005.

51. Punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sobre el destino de los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004.

Presentada por la diputada María Angélica Díaz del Campo (PRD) el 1 de marzo de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una revisión especial sobre el destino que se dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados en el ejercicio fiscal 2004 por la cancelación de plazas.

2. Se exhorta al titular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a fin de que haga pública la información referente a las medidas que tomará para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo que dicho organismo está obligado en el ejercicio presupuestal 2005. Se deberá incluir el número y tipo de plazas a ser canceladas, el ahorro financiero que ello representaría, la afectación que tal medida tendría el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, así como el destino que se dará a tales ahorros.

3. Asimismo se exhorta al titular de la entidad a fin de que en la eventual cancelación o transferencia de plazas laborales se lleve a cabo se dé cumplimiento al Mandato contenido en el artículo trigésimo cuarto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de acuerdo con el cual si la asignación autorizada a las distintas dependencias y entidades fueran insuficientes para cubrir los servicios personales, aquellos deberán ajustar sus gastos exclusivamente en los grupos jerárquicos de mandos medios a mandos superiores, es decir, jefaturas de departamento o secretarías de Estado.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 24 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 14 de marzo de 2005.

52. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a fin de que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural.

Presentada por el diputado Vázquez García Sergio (PAN) el 1 de marzo de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

1. Que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que se fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo dentro del Programa Especial Concurrente y se verifique físicamente la existencia de los beneficiarios con los domicilios proporcionados.

2. Que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados conforme se vayan concluyendo los trabajos del resultado de las auditorías.

3. Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice a las dependencias federales que otorgan apoyos federales a organizaciones de productores del medio rural.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 28 de febrero de 2005.

Aprobación o resolución: 11 de marzo de 2005.

53. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a explicar lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, SA de CV, sobre el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago'' y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique revisiones de los fondos aplicados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Presentada por el diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez (Convergencia) el 31 de marzo de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública para que expliquen lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la Empresa Información para la diversión, SA de CV, para el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago''; y para que la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones de los fondos aplicados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en relación con el contrato otorgado a la Empresa Información para la Diversión, SA de CV, y que fiscalice y dé seguimiento a los términos establecidos en el contrato.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 30 de marzo de 2005.

Aprobación o resolución: 31 de marzo de 2005.

54. Proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya para que se realice una auditoría financiera de legalidad al DIF de Durango en el año 2002 sobre los fondos federales.

Presentada por el diputado Pedro Vázquez González (PT) y suscrita por diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PT el 5 de abril de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

La Honorable Cámara de Diputados, por medio de la Comisión de Vigilancia instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una fiscalización al DIF de Durango, al Instituto de Vivienda del estado de Durango y a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado en el periodo 1998-2004, para determinar las responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos de dichas dependencias por actos u omisiones en el desempeño de sus funciones.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 13 de abril de 2005.

55. Proposición con punto de acuerdo por el que se propone que la honorable Cámara de Diputados exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar las fiscalizaciones necesarias al Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social del Distrito Federal en el ejercicio fiscal de 2004, y a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios responsables de dicho programa en todas sus áreas.

Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) el 28 de abril de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que la Cámara de Diputados exhorte a la Auditoría Superior de la Federación con objeto de iniciar una amplia fiscalización al Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal en el ejercicio fiscal de 2004; y a la Secretaría de la Función Pública, a investigar a los funcionarios responsables de dicho programa en todas sus áreas.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 20 de mayo de 2005.

56. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de la Función Pública, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a investigar y dictaminar, en el ámbito de su competencia, sobre el manejo de los recursos asignados al estado de Yucatán mediante el programa Mejoramiento Genético Bovino; y para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales de ese programa en el mismo Estado.

Presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (PRI) el 28 de abril de 2005.

Turno conjunto: Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Agricultura y Ganadería.

Resolutivo

1. Que esta honorable Cámara de Diputados haga un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de la Función Pública, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen y dictaminen sobre el manejo de los recursos asignados al estado de Yucatán por medio del programa Mejoramiento Genético Bovino.

2. Que esta honorable Asamblea exhorte a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, una vez hechas las investigaciones a que alude el punto anterior, si se desprenden posibles hechos constitutivos de un delito, presenten la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República o ante las autoridades ministeriales competentes.

3. Que, independientemente de esas investigaciones, la honorable Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, aplique una revisión especial de los recursos aplicados por medio del programa Mejoramiento Genético Bovino en el estado de Yucatán durante los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005, a efecto de esclarecer estas presuntas irregularidades.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 26 de abril de 2005.

Aprobación o resolución: 31 de mayo de 2005.

57. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice la Cuenta Pública del gobierno del estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2004.

Presentada por la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno (PAN), en nombre de los diputados Rogelio Alejandro Flores Mejía, Ángel Alonso Díaz Caneja, Angélica Ramírez Luna y Felipe de Jesús Díaz González (PAN), el 1 de junio de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que ésta honorable Asamblea ordene que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la Cuenta Pública del gobierno del estado de Puebla correspondiente al ejercicio fiscal 2004 y, en caso de encontrar irregularidades, que se apliquen las sanciones de ley.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 22 de septiembre de 2005.

58. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a instruir a la Auditoría Superior de la Federación a revisar el uso y destino de fondos federales en el estado de Yucatán e informar sobre el resultado de dicha revisión.

Presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (PRD) el 24 de agosto de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a instruir a su órgano auxiliar la Auditoría Superior de la Federación para que revise el uso de los fondos federales del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Entidades Federativas, así como las asignaciones derivadas de los excedentes petroleros, todos ellos asignados al estado de Yucatán y que recientemente utilizó el gobierno de dicho estado para la compra de terrenos para la construcción de un nuevo aeropuerto, e informe a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre el resultado de dicha revisión.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 30 de agosto de 2005.

Aprobación o resolución: 30 de septiembre de 2005.

59. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que investigue el acuerdo que firmó el gobierno federal por el que cede a la empresa estadounidense Kansas City Southern un paquete accionario del 20 por ciento de la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana.

Presentada por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD) el 14 de diciembre de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 22 de septiembre de 2005.

Aprobación o resolución: 12 de mayo de 2006.

60. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una fiscalización de todo el proceso de selección del servicio profesional de carrera y se constituya una subcomisión de legisladores para realizar una visita de inspección al área responsable de ejecutar dicho servicio en la administración pública federal.

Presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) el 14 de diciembre de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 6 de octubre de 2005.

Aprobación o resolución: 12 de mayo de 2006.

61. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar las revisiones necesarias al sistema Metrobús del Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de dichos sistemas.

Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) el 14 de diciembre de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 25 de octubre de 2005.

Aprobación o resolución: 10 de febrero de 2006.

62. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise la gestión financiera del 2004 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.

Presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) el 14 de diciembre de 2005.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 3 de noviembre de 2005.

Aprobación o resolución: 23 de febrero de 2005.

63. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a investigar e informar, conforme a sus facultades, si existió la aportación de recursos federales por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005 y se apliquen las sanciones pertinentes en su caso.

Presentada por el senador Francisco Antonio Fraile García (PAN) el 4 de enero de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

1. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar e informar, conforme a sus facultades, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso.

2. Se exhorta al Congreso local de Puebla, para que a través de su órgano fiscalizador y conforme a sus facultades, investigue e informe si existió la aportación de recursos por parte del honorable ayuntamiento de Puebla, así como del gobierno del estado de Puebla, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso.

3. Se exhorta al Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de puebla a informar a esta soberanía sobre los avances de la Comisión de Vigilancia del Voto y de Asuntos Jurídicos, respecto a este tema.

4. Se exhorta a Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la Republica en el estado de puebla a informar a esta soberanía sobre los avances de la denuncia presentada el 12 de diciembre de 2005 por el PAN en el estado de Puebla.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 4 de enero de 2006.

Aprobación o resolución: 10 de febrero de 2006.

64. Proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación revise los recursos federales de la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 y 2004.

Presentada por el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (PAN) el 25 de enero de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Que esta honorable Asamblea solicite a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice el correcto ejercicio de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 y de 2004 y, en caso de encontrar irregularidades, se actúe en términos de ley para imponer las sanciones respectivas.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 25 de enero de 2006.

Aprobación o resolución: 2 de marzo de 2006.

65. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una revisión de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que efectúa Pemex Exploración y Producción en la cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de servicios múltiples.

Presentada por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD) el 2 de febrero de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una fiscalización de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que efectúa Petróleos Mexicanos Exploración y Producción en la cuenca de Burgos bajo el esquema de contratos de servicios múltiples.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 13 de diciembre de 2005.

Aprobación o resolución: 2 de marzo de 2006.

66. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la ASF a auditar las instituciones involucradas en la implementación del programa Emprendedores con Discapacidad, a fin de deslindar responsabilidades de posibles actos ilícitos.

Presentada por la diputada Martha Palafox Gutiérrez (PRI) el 7 de marzo de 2006.

Turno conjunto: Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de la Función Pública.

Resolutivos

1. Se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus atribuciones, inicie una auditoría integral a las secretarías involucradas en este programa (de Desarrollo Social, de Economía, y de Salud, entre otras) incluyendo a la oficina de la Presidencia de la República.

2. Se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones, determine si el uso y aplicación de dinero del erario público en el programa Emprendedores con Discapacidad, es correcto.

3. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le solicitamos su opinión respecto a los llamados microcréditos destinados a los interesados de este programa, en especial el presumible cobro de la tasa de 1.5 por ciento semanal.

Trámite

Estado actual: Aprobada.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 23 de febrero de 2006.

Aprobación o resolución: 30 de marzo de 2006.

67. Punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF que audite los recursos federales correspondientes a los fondos del Ramo 33, ejercidos en diversos municipios del estado de Guerrero.

Presentada por el diputado Ángel Pasta Muñuzuri (PAN) el 22 de marzo de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos de lo que establece la ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicite la fiscalización de los recursos federales correspondiente a los fondos del Ramo 33, relativos a educación, salud e infraestructura social, ejercidos por los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Ajuchitlán del Progreso y Tecoanapa durante los ejercicios de 2004 y 2005.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 7 de marzo de 2006.

Aprobación o resolución: 12 de mayo de 2006.

68. Punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF que investigue los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla y que la Junta de Coordinación Política de esta soberanía forme una comisión especial que dé seguimiento a esos recursos durante el periodo electoral en curso.

Presentada por la diputada Rosa María Avilés Nájera (PRD) el 23 de marzo de 2006.

Turno conjunto: Junta de Coordinación Política y Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Resolutivo

1. Se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y dé seguimiento a los recursos federales que se están enviando al estado de Puebla y se conozca el uso y destino final de todos ellos.

2. Hacemos un exhorto para que las autoridades se conduzcan bajo las reglas que estableció el IFE y que entraron en vigencia este 19 de febrero sobre la conducta que deben observar todos los funcionarios públicos de todos los partidos políticos.

3. Se solicita a esta soberanía que a través de la Junta de Coordinación Política se nombre una comisión especial para vigilar que los recursos públicos, bienes e infraestructura del gobierno estatal no sean desviados para las campañas políticas hacia algunos de los candidatos en las próximas elecciones federales.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 7 de marzo de 2006.

Aprobación o resolución: 9 de mayo de 2006.

69. Punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF que fiscalice la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a efecto de determinar las posibles responsabilidades del director general, al excluir de sus procesos de licitación pública a la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV.

Presentada por la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) el 28 de marzo de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

La Cámara de Diputados instruye, a través de la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una revisión a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para determinar las probables responsabilidades en que haya incurrido su director general al excluir arbitrariamente de sus procedimientos de licitación pública la sociedad mercantil Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, y el daño patrimonial que con su actitud al respecto pudiera causar a la hacienda pública.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Publicación en la Gaceta Parlamentaria: 22 de marzo de 2006.

Aprobación o resolución: 9 de mayo de 2006.

70. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF y a la Secretaría de la Función Pública que auditen e investiguen, respectivamente, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaría.

Presentada por el diputado Víctor Suárez Carrera (PRD) el 25 de abril de 2006.

Turno conjunto: Unidas de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que mandate a la entidad de fiscalización superior de la federación para llevar a cabo una auditoría, en términos de la fracción I del artículo 79 constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al Senasica, así como de los programas que operaba a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y, en caso de irregularidades, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de la Función Pública que inicie una investigación contra el doctor Francisco Javier Trujillo Arriaga, titular del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por las presuntas irregularidades en la utilización de recursos públicos y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 7 de junio de 2006.

71. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría al honorable ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, durante la administración pública municipal 2002-2004, respecto al ejercicio y la aplicación de los recursos públicos federales en sus diferentes ramos y programas.

Presentada por el diputado Carlos Hernán Silva Valdés (PRD) el 25 de abril de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

Primero. Se instruye respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice la administración pública municipal 2002-2004 del honorable ayuntamiento del municipio de Uruapan, Michoacán, respecto al ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales, en sus diferentes ramos y programas.

Segundo. Se le instruye, asimismo, para que, de ser el caso, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, proceda a fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes y promueva ante los órganos y autoridades competentes, las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.

Tercero. Se exhorta a la LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Michoacán de Ocampo para que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, a través de la Auditoría Superior de Michoacán, colabore con la Auditoría Superior de la Federación en la verificación de la correcta aplicación de los recursos federales recibidos por dicho ayuntamiento, presidido por la señora doña Jesús María Dóddoli Murguía.

Cuarto. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo tanto estatal, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, como municipal actual, señor don Marco Antonio Lagunas Vázquez, para que coadyuven eficazmente en la realización de esta auditoría, asegurándose de otorgar todas las facilidades que la misma requiera, así como suministrar, sin cortapisas, toda la información que se encuentre relacionada con ella, bien directa, bien indirectamente.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 7 de junio de 2006.

72. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la ASF a instruir a ésta para que audite el ejercicio 2005 y lo que va de 2006 de los recursos del programa Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC)en el estado de Quintana Roo.

Presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández (PRD) el 25 de abril de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivos

Primero. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que, a su vez, ésta fiscalice el ejercicio de los recursos del programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo de la Sagarpa, ejercido en el año 2005 y lo que va de éste, en el estado de Quintana Roo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo a entregar, sin mayor dilación, los recursos del FAPRACC a sus destinatarios.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 7 de junio de 2006.

73. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF que revise de manera puntual la forma en que instaura la Secretaría de la Función Pública la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) el 25 de abril de 2006.

Turno: Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Resolutivo

Único. Se mandata a la Auditoría Superior de la Federación para realizar una revisión puntual de la forma en que se está instrumentando, por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el gobierno federal, e indicar si ya se realizó un estudio sobre el impacto presupuestario que éste tendrá, con el propósito de que se lleven a cabo las correcciones pertinentes y, mientras tanto, se detenga el proceso de certificación e ingreso.

Trámite

Estado actual: Resuelto.

Aprobación o resolución: 12 de mayo de 2006.

Total de proposiciones: 73.»

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Octavio Fuentes Téllez, diputado suplente electo en el IV distrito del estado de Chihuahua. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Cruz Pérez Cuellar, Rafael Villicaña García, César Horacio Duarte Jáquez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Israel Beltrán Montes, Enrique Serrano Escobar, Jesús González Macías, José Luis Aguilera Rico, Rubén Aguilar Jiménezy Jacinto Gómez Pasillas.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Se invitar a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadano Octavio Fuentes Téllez¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Octavio Fuentes Téllez : Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenido y puede pasar a su lugar. Gracias.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Emilio González Martínez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jorge Emilio González Martínez , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracciones XXI y XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara que corresponda de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La situación existente en el sistema penitenciario mexicano, caracterizado por la corrupción, la promiscuidad, el tratamiento brutal al encarcelado, en detrimento de su integridad y dignidad humana, exige revisar la legislación en esta materia.

El tratamiento de readaptación social de los sistemas penitenciarios mexicanos contempla al trabajo y a la educación como la base sobre la cual se organiza el sistema penal. Sin embargo, no toma en cuenta la actividad física y el deporte como elemento indispensable en el tratamiento hacia una readaptación social de la población reclusa.

El artículo 18 constitucional establece que ``Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente''. En función de la obligación que tiene el Estado de garantizar la reintegración a la sociedad de los reclusos, la actividad deportiva resulta altamente eficaz y accesible como una de las herramientas con las que cuenta el gobierno para el cumplimiento de este objetivo.

Los beneficios de la actividad deportiva como parte del sistema de readaptación social han sido evidentes a través de la experiencia internacional. Ejemplos de ello, son los sistemas penitenciarios como el cubano, el español, el francés, entre otros, que sirve para contrarrestar conductas antisociales, violentas y la fármaco-dependencia de los condenados.

Un estudio realizado por la prisión inglesa, The Winchester Prison, analiza a más de cien internos que disponen de una hora al día para practicar deporte en el gimnasio o en el polideportivo de la prisión y observa que, entre los beneficios de la práctica deportiva se encuentra que cuando hacen deporte, los internos aprenden reglas. Este aspecto es de suma importancia para ellos porque durante toda su vida han vivido rompiendo las reglas y con tendencias de autodestrucción. En el campo de juego ellos se arbitran y se autocontrolan.

Otra de las investigaciones más significativas, fue llevada a cabo en una prisión norteamericana de mediana seguridad, se estudiaron a 89 internos que, durante seis meses, siguieron un programa de actividad deportiva integral, con una periodicidad de dos o tres veces por semana.

De los beneficios de la actividad física entre los internos, destaca el siguiente dato resultante del estudio: la mejora general y particular de la salud de los internos participantes mejora en la capacidad de relajación, de dormir, de perder peso y de llevar una vida saludable (un 32% redujo el consumo de tabaco), además de una mejora de la autoconfianza y del autocontrol, de sus relaciones sociales. Este punto es de suma importancia porque aparece el deporte como una actividad capaz de contrarrestar la subcultura carcelaria. Además, los internos afirmaban tener la sensación de estar empleando el tiempo en algo productivo y bueno para ellos. La participación en este programa también dio lugar a cambios en los sentimientos y actitudes de los internos: menos depresivos (en un 68%), menos frustrados por la vida en prisión (en un 79%), menos aburridos (en un 89%), menos enojados o irritables (en un 58%), menos cansados (en un 37%), más contentos (en un 68%), y todos más capacitados mentalmente para sobrellevar la vida rutinaria de la prisión.

Las actividades deportivas y recreativas pueden y deben jugar un importante papel en el proceso de readaptación social de las personas que son privadas de su libertad y en la mejoría de su calidad de vida. Son una herramienta que estimula a los condenados a reducir el consumo de tabaco, alcohol y drogas; a preocuparse por su estado de salud; a disminuir el estrés y la violencia en prisión; a facilitar puentes de comunicación entre la prisión y el exterior; además, fomentan la superación personal y el trabajo en equipo; les hace sentir que el tiempo que están en prisión no es un tiempo perdido; les permite romper la rutina de la prisión, es decir, el deporte permite poner en marcha los recursos físicos, psicológicos, psicosociales y psicoafectivos del individuo preso para potenciar su autodominio, mediante la adquisición de hábitos y reglas que éste puede aplicar después, en su vida en el exterior de la prisión. En suma, garantizar la readaptación social de los sentenciados permitiendo una mejor y eficiente reinserción a la sociedad.

Por otro lado, las condiciones actuales de los centros de rehabilitación social en relación con las visitas familiares o íntimas no cumplen con las condiciones básicas de higiene, privacidad e intimidad; los espacios asignados para estos fines son insuficientes e inadecuados, pues en general, se encuentran en muy mal estado.

En el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda consignado que:

``Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad''.

En este sentido, la privación de la libertad es una privación de los derechos civiles, más no humanos. El sistema diseñado por la autoridad para hacer uso de los espacios asignados para las visitas conyugales o familiares no es el más adecuado, pues no cuenta con las condiciones dignas para la convivencia.

No hay duda de que la visita íntima es un derecho que debe gozar toda persona privada de su libertad; la autoridad está obligada a organizarlo de tal manera que toda la población penitenciaria que cumpla los requisitos y desee disfrutar del mismo, pueda tener acceso en los periodos que los espacios lo permitan. Lo mismo sucede con los espacios destinados a la recepción, por parte de los reclusos, de la visita de familiares, los cuales son reducidos, en muchos casos insalubres y carentes de las condiciones mínimas que permitan una adecuada convivencia.

Nuestra propuesta

Ante la evidente necesidad de reformar el sistema penitenciario mexicano, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta, ante esta Asamblea, una propuesta para reformar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, ya que ésta no contempla la cultura física y el deporte como medio para la readaptación social del delincuente.

Los centros de readaptación social deben garantizar siempre un proceso de reincorporación a la sociedad. La cultura física y el deporte juegan un papel fundamental en este tratamiento de readaptación social debido a la gran cantidad de beneficios que los reclusos obtienen a partir de estas actividades.

La práctica del deporte no es sólo un mecanismo de salud mental, nuestra propuesta contempla estimular al reo a la buena conducta a través de ejercicio de la cultura física y el deporte, como mecanismo para reducir la pena. Esto es, por cada participación en actividades relacionadas con el deporte organizado se reducirá un día de cumplimiento de la condena.

Para llevar a cabo esta propuesta, es también necesario crear instalaciones adecuadas para la práctica del deporte, que permitan incluso la organización de torneos internos que estimulen la competitividad y el trabajo en equipo.

En cuanto a la adiciones propuestas al artículo 12, así como la inclusión de los artículos 12 Bis y 12 Ter, se pretende con ello, garantizar la convivencia, como instrumento de readaptación, con los familiares del sentenciado. Ello permitirá que los reos puedan mantener los lazos afectivos y de convivencia, garantizándose así, que el grado de readaptación sea mayor y posibilite, de mejor manera, su reinserción en su medio y en la sociedad.

Así, se pretende establecer los requisitos máximos que la autoridad administrativa requeriría a las visitas de los internos para su ingreso.

Por otra parte, se determinan las zonas o lugares en donde se realizarán las visitas tanto de familiares, amigos, consortes o concubinarios.

En suma, las disposiciones reformadas y adicionadas pretenden establecer certeza a los reclusos relacionados con su internamiento y el régimen de visitas, reforzando la convivencia con sus familias permitiendo así, una mayor readaptación social y posibilita las vías para su reinserción en la sociedad.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6 y 16; se adicionan un artículo 11 Bis, dos párrafos al artículo 12 y los artículos 12 Bis y 12 Ter, todos de La Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, 6 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 2. El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la cultura física y deporte como medios para la readaptación social del delincuente.

Artículo 6. ...

...

...

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios. En todos los casos, deberá destinarse espacios especiales y suficientes a fin de la práctica deportiva organizada, conforme a la Ley de Cultura Física y Deporte.

Artículo 16. Por cada dos días de trabajo, o asistencia a clases, previa aprobación de las asignaturas o de participación en actividades relacionadas con el deporte organizado, se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas o deportivas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación en actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado.

...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 11 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. En materia de cultura física y deporte, en la que los internos participen, deberá tomarse en cuenta las aptitudes físico-atléticas y la posibilidad del centro penitenciario para la práctica de actividades deportivas organizadas que incentiven la interrelación personal. En todos los casos los centros podrán organizar torneos deportivos internos y con otros centros a fin de coadyuvar en la readaptación social de los sentenciados.

...

Artículo Tercero. Se adiciona un segundo y tercer párrafos y se recorre el actual del artículo 12 y se adicionan los artículos 12 Bis y 12 Ter de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

Asimismo, la autoridad establecerá los instrumentos y modalidades que garanticen la convivencia del interno con sus familiares, sin limitación de grado. Los lugares en que se lleven a cabo dichas convivencias deberán cumplir los mínimos de seguridad, higiene e intimidad.

La visita familiar se llevará a cabo tres días a la semana y se sujetará a los horarios establecidos en el módulo donde se ubique el interno, según lo disponga el Consejo Técnico Interdisciplinario del centro; estas visitas serán distintas al día que corresponda para la visita íntima. Queda prohibido permitir visitas en días y horarios distintos a los destinados para el módulo que se visita. Por ningún motivo se solicitarán más requisitos para permitir el ingreso de visitas, de los señalados en el artículo 12 Ter del presente ordenamiento.

La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino previo estudio social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo.

Artículo 12 Bis. Para el caso de la parte final del segundo párrafo del artículo anterior la convivencia familiar tendrá lugar en:

I. El área de visita familiar;

II. El área de locutorios, sólo en los casos de amigos; y,

III. El área de locutorios, para los internos que se encuentren en el Centro de Observación y Clasificación así como los de aquellos internos que sean de nuevo ingreso.

Para el caso de la fracción III del presente ordenamiento, el Centro tendrá un plazo improrrogable de 15 días naturales para expedir la credencial permanente de visita. Durante este plazo se le extenderá al solicitante un pase de visita temporal, no renovable, para locutorios.

A ninguna persona se le autorizará la visita familiar con más de un interno, salvo que sea ascendiente directo o hermanos de más de uno.

Artículo 12 Ter. Los requisitos documentales del visitante que acompañarán a la solicitud de vista familiar o íntima, serán los siguientes:

I. Copia certificada del acta de nacimiento, o documento que ampare la relación de parentesco con el interno;

II. Copia certificada del acta de matrimonio, para el caso de la o el cónyuge;

III. Comprobante de concubinato, de conformidad con la legislación vigente en el lugar de residencia de la solicitante;

IV. Comprobante de domicilio;

V. Tres fotografías tamaña infantil a color y con fondo blanco; y,

VI. Documento legal que acredite el parentesco por afinidad cuando éste sea el caso.

Por cada interno, sólo se autorizará a doce personas como visitantes, si bien, únicamente se permitirá el acceso simultáneo al interior del Centro a un máximo de cuatro personas, salvo que el Director del Centro autorice el ingreso hasta de seis personas al área hospitalaria, cuando el Jefe de Servicios Médicos así lo recomiende y se trate de personas autorizadas previamente como visitas del interno.

Ningún interno podrá acompañar a otro a recibir su visita.

Las autoridades del Centro no podrán solicitar mayores requisitos que los previstos en el presente ordenamiento. La violación a la presente prohibición será sancionada conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicas y demás disposiciones administrativas o penales aplicables.

Transitorios

Artículo Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los correspondientes de las entidades federativas, deberán establecer en el ejercicio fiscal que corresponda la previsión presupuestal correspondiente para el cumplimiento adecuado de lo previsto en el presente decreto.

Artículo Cuarto. El ejecutivo federal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá realizar las modificaciones conducentes a los reglamentos aplicables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil siete.--- Diputado Jorge Emilio González Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a la Comisión de Justicia.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Leonardo Magallón Arceo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma los artículos 162 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo:Con su permiso, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 162 y 264 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

El suscrito, diputado federal Leonardo Magallón Arceo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264, y que adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La necesidad de garantizar por parte del Estado el pleno goce de la democracia a los ciudadanos ha provocado que el derecho electoral pase a ser una rama autónoma del derecho y no una ramificación del derecho constitucional o administrativo. La importancia que en los últimos años se ha dado al tema de la democracia y con éste al de las elecciones y al de la vigilancia y control de los diferentes órganos y niveles de gobierno se han reflejado en una ciudadanía mejor informada y por lo mismo más critica a la hora de emitir su voto, esta nueva cultura democrática apenas naciente en nuestro país pronto se verá reflejado en los niveles de desarrollo cívico político que como mexicanos podremos alcanzar, para que ésto ocurra es necesario seguir fortaleciendo las instituciones y la legislación en las que se garantiza y se ejerce la democracia de nuestro país.

Las sociedades requieren de una legislación justa, ética, transparente y dinámica que atienda de forma oportuna sus necesidades, así la democracia y en particular el derecho electoral deben tener en cuenta el dinamismo social de su entorno. Los integrantes de la LIX Legislatura en el año 2005 aprobaron la última gran reforma en materia electoral, la del voto de mexicanos en el extranjero, garantizando de esta forma el goce y ejercicio de su derecho fundamental (el de los mexicanos que por diversas razones, viven en países extranjeros) de elegir a sus gobernantes. Se ha criticado por diversas razones, no sin fundamentos, dicha reforma, pero nadie puede negar que se trata de una reforma que obedece al espíritu democrático, hoy sólo queda mejorarla con la experiencia que nos dio su puesta en práctica en las elecciones federales del año pasado.

La reforma que se propone en la presente iniciativa, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; es una práctica que incide en una correcta depuración del padrón electoral, mismo que desencadena una mayor confianza en nuestros procesos electorales, y por ende, en los gobernantes que surgen de los mismos, esta idea surgió de la praxis, y sin lugar a dudas, de aprobarse, contribuirá con la integración más exacta de la lista nominal de electores, lo cual se verá reflejado directamente en jornadas electorales más democráticas.

La adición a la que se refiere la presente iniciativa pretende desestimular ciertas prácticas antidemocráticas que en el periodo de autoritarismo presidencial y de partido único, era utilizada por el gobierno en el poder para ganar de forma indebida las elecciones, esta práctica consistía en utilizar las credenciales de elector de personas ya difuntas o de personas que se encontraban privadas de su libertad dentro de un centro de reclusión, para sufragar.

Se puede señalar, con cierta razón, que la credencial de elector cuenta con otros medios de seguridad que no permitirían a una persona votar con la credencial de un tercero ya finado o preso en un centro de reclusión, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los funcionarios de casilla son ciudadanos que sólo reciben un curso introductorio para el ejercicio de su encargo, y por lo tanto presumen la buena fe del ciudadano que se presenta a votar.

Por otro lado con la tendencia creciente de elecciones cada vez más concurridas, y competidas; donde los funcionarios solo verificarán, que la credencial se encuentre inscrita en la lista nominal de electores, y donde unos cuantos votos pueden ser la diferencia entre ganar o perder la elección.

Nuestra actual legislación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 162 señala lo siguiente:

Artículo 162.

1. A fin de mantener permanentemente actualizados el Catálogo General de Electores y el Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte.

2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto Federal Electoral de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva.

3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, deberán notificarlas al Instituto Federal Electoral dentro de los diez días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.

4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto Federal Electoral dentro de los diez días siguientes a la fecha en que:

a) Expida o cancele cartas de naturalización;

b) Expida certificados de nacionalidad; y

c) Reciba renuncias a la nacionalidad.

5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto Federal Electoral.

6. El Presidente del Consejo General del Instituto podrá celebrar convenios de cooperación tendientes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

Si bien es cierto nuestra legislación contempla de manera puntual la depuración del padrón electoral a consecuencia de los decesos de ciudadanos inscritos en el mismo, incluso en su numeral 3 prevé los casos para las personas a las que se les decrete la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano; también, obliga a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar aviso al Instituto Federal Electoral cuando expida o cancele cartas de naturalización; expida certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento, declaración de nacionalidad mexicana por nacimiento; lo que ocurre en la práctica es que este aviso al que están obligados los servidores públicos a que se refiere el artículo 162 del multicitado código no se efectúa o en el mejor de los casos es efectuado en un plazo mayor del establecido por la norma.

Como parte de las actividades para el desarrollo de los instrumentos electorales la Comisión Nacional de Vigilancia, que es el máximo órgano de vigilancia, y su órgano técnico auxiliar que es el Comité Nacional de Supervisión y Evaluación del Registro Federal de Electores, integrados por los partidos políticos y la autoridad electoral, llevan a cabo una serie de acciones para conocer el grado de certeza y confiabilidad de los datos incluidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, en ese sentido, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con la supervisión de los partidos políticos, instrumenta mecanismos de verificación para evaluar la calidad del Padrón Electoral, los resultados que este ejercicio arroje podrán dar pie al conocimiento de las autoridades e instancias que incurran en el desacato de la ley.

Asimismo, cabe indicar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala, en su artículo 264, de las faltas administrativas y de las sanciones en caso de incumplir con los ordenamientos que estipula el código, sin considerar en ellos sanciones a quien incurra en faltas al artículo 162, y que es de suma importancia para la organización responsable de los comicios electorales.

La presente iniciativa busca reformar el artículo 264, numeral 3, y adicionar un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para sancionar de manera expresa y agravada la falta de cumplimiento por parte de los funcionarios públicos, de los tres niveles de gobierno, por no dar los avisos a que se encuentran obligados según lo señalado en el artículo antes señalado.

De tal forma se pretende sancionar conforme lo establece la ley, a los funcionarios públicos que estando obligados a dar aviso al Instituto Federal Electoral de los casos enumerados en el artículo 162, no cumplan en tiempo y forma con lo que les manda la ley.

De aprobarse las propuestas de reforma al artículo 264 y la adición al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estará dotando a la ley de un instrumento coercitivo para el mejor cumplimiento de esta norma, y la actualización constante de nuestra legislación electoral.

Por ultimo considero que el momento es propicio para aprobar la presente iniciativa y de esta manera hacer frente de mejor manera a los comicios federales del 2009.

Con base en lo antes señalado, es que presento la siguiente:

Iniciativa que reforma el artículo 264 y que adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 162 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 162. ...

1. a 6. ...

7. Las autoridades y los funcionarios señalados en el presente artículo que no cumplan en tiempo y forma con la obligación de remitir la información al Instituto Federal Electoral, acataran las disposiciones que marca el artículo 264 de este Código.

Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 264, para quedar como sigue:

Artículo 264. ...

1. a 2. ...

3. Igualmente, conocerá de las infracciones que cometan las autoridades federales, estatales y municipales a que se refieren los artículos 131 y 162 de este Código, en los casos en que no proporcionen en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral. Para ello se estará a lo siguiente

a) Conocida la infracción, se integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley; y

b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado Leonardo Magallón Arceo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Magallón Arceo.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia saluda a los niños de la Escuela Primaria, Licenciado Eduardo Novoa de aquí del Distrito Federal, presentes en esta sesión.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió del diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Alternativa, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y adiciona un inciso C, a la fracción II del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , del Grupo Parlamentario Alternativa

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un inciso C, a la fracción II, del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La injusticia y la impunidad son dos de los fenómenos que más aquejan a la sociedad mexicana, estos mismos hechos son los que a su vez producen la inseguridad y pérdida de credibilidad en las instituciones.

En la mayoría de los casos, las víctimas de los delitos consideran que los delincuentes cuentan con medios suficientes para evadir la acción de la justicia permitiéndoles y continuar delinquiendo al amparo de autoridades sin escrúpulos

En tanto, que a los que sufren las consecuencias del delito, es decir las víctimas del delito, no se les atiende de forma adecuada, no se le informa de los procesos, no se les proporciona el auxilio asistencial ni jurídico suficientemente y tampoco les son reparados los daños que se les causa por dichas conductas y, por lo tanto no creen en la impartición de justicia a la que, por lo consiguiente, resulta innecesario acudir.

El objetivo de la presente iniciativa es reformar y ahondar en la legislación existente en cuanto a los derechos de las víctimas del delito y del abuso de poder, quienes, debido a la criminalidad que impera en estos tiempos, tienen el infortunio de convertirse en sujetos pasivos del delito.

La ausencia de suficientes y sobre todo, eficientes instituciones, provoca la falta de protección y restitución de sus derechos.

En México, los fundamentos de los derechos de la víctima nacen a la vida jurídica con las reformas de 1993 y del 2000, las cuales reconocen en las garantías constitucionales, algunos de los derechos de las víctimas y los ofendidos por la comisión de algún delito, sin embargo dichas disposiciones son incompletas.

En materia Internacional los derechos de las víctimas del delito y abuso de poder surgen a partir, del VI Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas (Venezuela) en 1980, en donde entre otros temas se trató el concerniente al abuso del poder económico y político en relación con las víctimas.

Posteriormente en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, surgió, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, dicha Declaración fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre del mismo año, resolución que, a su vez, fue ratificada por México, convirtiéndolo así en Estado Parte de dicha Declaración hecho que lo compromete a mejorar el acceso a la justicia y el trato justo, el resarcimiento, la indemnización y asistencia social a las víctimas de delitos.

Con el fin de entender la importancia de la presente reforma es importante recordar que por víctima definimos a la persona que haya sufrido daño, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal.

A mayor abundamiento los victimólogos como; Rodríguez Manzanera definen como víctima del delito a ``toda persona física o moral que sufre un daño por causa de una conducta típica, antijurídica y culpable''1<sup>.</sup> Para Herrera Moreno por víctima debe entenderse al ``sujeto paciente del injusto típico, es decir, las personas que sufren merma de sus derechos''², en el más amplio sentido de la palabra, como resultado de una acción típicamente antijurídica, sin que sea necesario que el victimario haya actuado culpablemente. Las víctimas son, por lo tanto, titulares legítimos del bien jurídico vulnerado.

Por lo que las víctimas son, por lo tanto, titulares legítimos del bien jurídico vulnerado y en este sentido el Estado tiene la obligación de proporcionar a través de la legislación vigente la tutela de los derechos de dichas víctimas y deberá garantizar y cumplir plenamente con el propósito constitucional de garantizar que los habitantes y los gobernados vivan con la suficiente seguridad y tranquilidad, tutelando en el caso de las víctimas del delito y abuso del poder, el cumplimiento del conjunto de principios, valores, normas y procedimientos jurídicos, federales, locales, nacionales e internacionales tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas.

Toda vez, que en la mayoría de los las víctimas del delito, se convierte en víctimas del olvido y del abandono legal. Así, el sufrimiento generado por el delito, se añade al sufrimiento derivado de la desatención y carencia de apoyo por parte de los servidores públicos.

En este sentido Montesquieu señala que ``la libertad política consiste en la seguridad o al menos en la convicción que se tiene de la propia seguridad'' y ``dicha seguridad no se ve nunca tan atacada como en las acusaciones públicas o privadas''; de modo que ``cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, tampoco lo está su libertad''.

En consecuencia, enfatiza Ferrajoli, ``-si es verdad que los derechos de los ciudadanos están amenazados no sólo por los delitos sino también por las penas arbitrarias- la presunción de inocencia no es sólo una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad o si se quiere de defensa social: de esa ``seguridad'' específica ofrecida por el Estado de derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica ``defensa'' que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo.

El miedo que la justicia inspira a los ciudadanos es el signo inconfundible de la pérdida de legitimidad política de la jurisdicción y a la vez de su involución irracional y autoritaria.

Cada vez que un imputado inocente tiene razón para temer a un juez, quiere decir que éste se halla fuera de la lógica del Estado de derecho: el miedo, y también la sola desconfianza y la no seguridad del inocente, indican la quiebra de la función misma de la jurisdicción penal y la ruptura de los valores políticos que la legitiman''³.

Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli señalan que los legisladores contemporáneos tenemos una apuesta muy alta: el construir ``las paredes maestras del Estado de derecho que tienen por fundamento y fin la tutela de las libertades del individuo frente a las variadas formas de ejercicio arbitrario del poder, particularmente odioso en el derecho penal''. A lo cual señala Norberto Bobbio, que ``incluso el más perfecto sistema de garantismo no puede encontrar en sí mismo su propia garantía y exige la intervención activa por parte de los individuos y de los grupos en la defensa de los derechos que aun cuando se encuentran normativamente declarados no siempre están efectivamente protegidos.''

En este contexto, existe un grave problema para la víctima o el ofendido de un delito que por dolo de sus propios defensores o asesores jurídicos e incluso del ministerio público, se aprovechan del desconocimiento jurídico de la víctima u ofendido para dejar de interponer los recursos necesarios los cuales dan inicio a la instancia procesal siguiente.

A mayor abundamiento y como ejemplo de la necesidad de la presente Iniciativa podemos señalar que el INEGI, señala en sus indicadores sobre delitos denunciados ante el Ministerio Público según fuero local y federal, de fecha 1997 a 2006⁴, que por cada mil habitantes se obtienen los siguientes porcentajes:

1) Fuero Local: 1997 equivale a 15.8%, 1998 equivale a 14.4%, 1999 equivale a 14.3%, 2000 equivale a 13.6%, 2001 equivale a 14.4%, 2002 equivale a 14.3 %, 2003 equivale a 14.1%, 2004 equivale a 13.8%, 2005 equivale a 13.5%, y 2006 equivale a 5.6%.

2) Fuero Federal: 1997 equivale a 0.8%, 1998 equivale a 0.8%, 1999 equivale a 0.8%, 2000 equivale a 0.8%, 2001 equivale a 0.7%, 2002 equivale a 0.7%, 2003 equivale a 0.8%, 2004 equivale a 0.8%, 2005 equivale a 0.9%, y 2006 equivale a 0.4%.

Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad⁵ (ICESI), revela como datos estadísticos en su última encuesta realizada en el año 2005, lo siguiente; en promedio más de dos de cada diez habitantes, han sido víctimas de por lo menos algún delito durante su vida, mientras que en el Distrito Federal tres de cada diez habitantes han sido víctimas de algún delito. El 33.7% de los delitos son cometidos en el Distrito Federal, 26.5% en Zona conurbada del Estado de México, 25.8% en Mexicali, 23.9% en Villahermosa, 23.6% en Culiacán, 23.4% en Guadalajara, 23% en Cuernavaca, 21.7% en Cancún, 20.5% en Tijuana, 20.4% en Oaxaca, 18.5% en Acapulco, 16.3 % en Chihuahua, 15.9% en Toluca, 14.9% en Monterrey, 14.4% Ciudad Juárez, y 12.1% en Nuevo Laredo.

Es decir, que en más de tres de cada diez viviendas son víctimas de algún delito. El 56% son hombres, entre los 20, 39 y 44 años de edad, y 44% son mujeres entre los 20 y 34 años de edad. Los delitos más cometidos son en robo de vehículos, robo a transeúnte, delitos sexuales, lesiones, robo casa habitación, secuestro o secuestro exprés y otros delitos de agresión a la persona, en donde una de cada cinco víctimas denuncia el delito.

En este sentido, las autoridades competentes deben alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención, la persecución y la sanción de las infracciones y delitos, así como la protección de la víctima del delito, antes y después que éste se produzca, y la reinserción social del delincuente, convencidos que ello es parte de una visión integral de la seguridad pública que tiene a su cargo el Estado.

El acceso a la justicia debe ser un requisito y soporte fundamental del sistema legal igualitario para que se legitimen, de manera efectiva, las garantías fundamentales de las víctimas del delito, es decir, su función debe orientarse al reconocimiento de la diversidad y de esta manera acceder al plano de igualdad en el sistema jurídico penal. El proceso penal debe, entonces, ser sinónimo de simplicidad, celeridad, eficacia y confianza, ya que es un medio con el que cuentan las víctimas del delito frente al Estado.

Por ello, se debe garantizar a los gobernados la protección de sus derechos a no ser victimizados, o en su caso, hacer tratados de manera justa cuando sean víctimas del delito o abuso de poder, respetando así nuestra dignidad como personas, a fin evitar una doble victimización: la que provoca el delincuente y la que puede ocasionar la apatía, la indiferencia, la nula preparación o negligencia de las autoridades que imparten la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un inciso C, a la fracción II, del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, bajo la siguiente, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO: Se reforma la fracción VI y adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado:

I a la X....

B. De la víctima o del ofendido:

I a la V....

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio, con el fin de proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

VII. A que el Ministerio Público, Auxiliares y servidores públicos los traten con la atención y respeto a sus derechos humanos, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad, y bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia;

VIII. A que se les procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, y, en su caso, ser auxiliados por interpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna discapacidad que les impida acceder a la misma;

IX. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable y a tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance que guarda el mismo;

X. A ser asistidos en las diligencias que se practiquen por persona que ejerza la patria potestad, tutela o cúratela o, en su defecto, por la psicóloga adscrita, cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público;

XI. A la no discriminación, motivada por origen étnico o racial, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

XII. A ser restituidos en sus derechos.

ARTICULO SEGUNDO:Se adiciona un inciso c, a la fracción II, del artículo 5, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I...

a)...

b)...

c)...

II. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría deberá:

a) ...

b) ...

c) Establecer las medidas necesarias para la procuración de justicia, en atención a los derechos de las víctimas del delito.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Notas:1``Derecho victimal, justicia y atención a las victimas del delito''.50º. Curso internacional de criminología. México, Universidad La Salle, 1995, p.78.

2 ``La hora de la víctima''. Compendio de criminología. Madrid, Ediar, 1996, p.332.

3 Ferrajoli, Luigi,``El utilitarismo Penal reformado'', Editorial Trotta, Madrid España, 1997.

4 Sexto Informe de Gobierno, 2006. Anexo Estadístico. México, D.F., 2006.

5 Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI),asociación civil, auspiciada por la UNAM, el ITESEM, la revista Este País, el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex.Dado en el Salón de Sesiones,a los veinte nueve del mes de marzo de 2007.--- Dip. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho:Con el permiso de esta honorable Asamblea quiero que me permitan desviarme del tema un minuto, para hacer una reflexión que considero de suma trascendencia, ya que la iniciativa que hoy pongo a consideración de este pleno me motivó a hacer una reflexión y sacar una deducción de que en muchas ocasiones lamentablemente se legisla sin tener en consideración que tendremos aquí un mandato ciudadano y que debemos obedecer a ese mandato, presentando iniciativas y propuestas de reformas que tengan que ver con el interés general y que no únicamente tratemos de mejorar estadísticas personales con iniciativas que dañan a las mayorías.

En esta iniciativa que hoy presento daré cuenta de lo que estoy diciendo, ya que en 2003 se modificaron unos artículos del Código de Comercio en donde dañan severamente a los abogados, a los jueces de primera instancia y a las partes de los juicios mercantiles en las entidades federativas, y no le encontré nunca el sustento de las reformas de 2003.

Por eso en esta contrarreforma que hoy presento queda de manifiesto lo que acabo de decir, ojalá y que en estos tiempos que estamos siendo convocados a un tema tan importante, como es la reforma del Estado, legislemos con responsabilidad y con una visión de que tenemos que atender un reclamo general y que nos debemos a la gente que está allá en las entidades federativas y que es la que votó por nosotros.

Con el permiso de esta honorable Asamblea, el suscrito, diputado Gilberto Ojeda Camacho , somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 1411 del Código de Comercio, con el más firme propósito de que en cumplimiento con la determinación constitucional los asuntos se resuelvan de manera pronta, imparcial y expedita al tenor de las siguientes consideraciones y exposición de motivos:

En el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2003 se dan a conocer las reformas a las que fueron sometidos los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, mismas que entraron en vigor un día después.

Antes de las reformas a las que fueron sometidos, los artículos en referencia disponían:

Artículo 1054. En caso de no existir convenios de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto, se aplicará la Ley de Procedimientos local respectiva.

El artículo 1063 rezaba: Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo con los procedimientos aplicables conforme a este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto, por la Ley Procesal local respectiva.

Actualmente y en virtud de las reformas a las que fueron sometidos estos artículos, establecen:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo con los procedimientos aplicables conforme a este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al comparar los contenidos de ambos artículos, antes y después de las reformas, se aprecia que el cambio que sufrieron fue únicamente con relación al estatuto supletorio. No obstante, ese cambio afecta a todo el Código Mercantil ya que anteriormente a este ordenamiento se aplicaba supletoriamente, en materia procesal, el Código de Procedimientos Civiles local de cada entidad federativa correspondiente; y hoy el aplicable es el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es evidente que la reforma en comento tuvo como fin principal que existiera unicidad respecto del estatuto supletorio, lo que puede calificarse como una decisión atinada puesto que la uniformidad jurídica genera una mejor administración de justicia. Sin embargo, el legislador de aquella época no previó algunos inconvenientes que una reforma de tal dimensión podía ocasionar, inconvenientes dentro de los que se destaca el siguiente:

El artículo 1411 del Código de Comercio dice textualmente: Presentado el avalúo y notificadas las partes para que concurran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por tres veces dentro de tres días, si fuesen muebles y dentro de nueve, si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho...

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ha agotado su tiempo, señor diputado.

El diputado Gilberto Ojeda Camacho : Si me permite, creo que tengo 10 minutos. Siete, permítame. De dicho texto se advierte que el precepto es omiso en precisar en dónde debe el juzgador ordenar las publicaciones de los edictos, omisión que se suplía con lo que al respecto establecían los Códigos de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa, pero que a raíz de las reformas, en atención a lo previsto en los artículos 1054 y 1063, descrito líneas atrás, debe ser suplida con la que sobre el aspecto previene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente con lo dispuesto en el artículo 474 de este ordenamiento, que expresa: valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el Diario Oficial de la Federación y en las tablas de avisos o en la puerta del tribunal, en los términos señalados.

El espíritu ---para terminar y ya que está publicada en la Gaceta esta iniciativa--- es el siguiente: porqué tienen que publicarse los edictos de remate en los juicios mercantiles en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional, cuando tenemos la posibilidad de hacer el mismo procedimiento localmente, en donde la gente tiene mucho más acceso a los periódicos locales y al Diario Oficial de cada entidad federativa.

El espíritu de esta reforma es que se hagan las modificaciones para que vuelva como estaba antes, el artículo 1411 del Código de Comercio, a efecto de que esas publicaciones se hagan en las entidades federativas en los lugares en donde se siguen los juicios mercantiles; y evitemos así gastos innecesarios de las partes del juicio, de los abogados postulantes y trabajo innecesario de los jueces de primera instancia que tienen que enviar exhortos hacia la capital de la república para darle seguimiento a este ordenamiento legal.

Por ello les pido que, al momento de analizar esta propuesta en las comisiones, tomen en consideración lo aquí expresado por su servidor. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 1411 del Código de Comercio, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Gilberto Ojeda Camacho , somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 1411 del Código de Comercio, con el más firme propósito de que, en cumplimiento con la determinación constitucional, los asuntos se resuelvan de manera pronta, imparcial y expedita, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Diario Oficial de la Federación, del 13 de junio de 2003, se dan a conocer las reformas a las que fueron sometidos los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, mismas que entraron en vigor un día después.

Antes de las reformas a las que fueron sometidos, los artículos en referencia disponían:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos, aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y, en su defecto, por la ley procesal local respectiva.

Actualmente y en virtud de las reformas a las que fueron sometidos, estos artículos establecen:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos, aplicables conforme a este código, las leyes especiales en materia de comercio y, en su defecto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al comparar los contenidos de ambos artículos, antes y después de las reformas, se aprecia que el cambio que sufrieron fue únicamente en relación al estatuto supletorio. No obstante, ese cambio afecta todo el Código Mercantil, ya que anteriormente, a este ordenamiento se aplicaba supletoriamente en materia procesal el Código de Procedimientos Civiles local de la entidad federativa correspondiente y actualmente el aplicable es el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es evidente que la reforma en comento, tuvo como fin principal que existiera unicidad respecto al estatuto supletorio, lo que puede calificarse como una decisión atinada, puesto que la uniformidad jurídica genera una mejor administración de justicia. Sin embargo, el legislador de aquella época no previó algunos inconvenientes que una reforma de tal dimensión podía ocasionar. Inconvenientes dentro de los que destaca el siguiente:

El artículo 1411 del Código de Comercio dice textualmente:

``Presentado el avalúo y notificadas las partes para que concurran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueve si fuesen raíces, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho''.

De dicho texto, se advierte que el precepto es omiso en precisar en donde debe el juzgador ordenar las publicaciones de los edictos; omisión que se suplía con lo que al respecto establecían los Códigos de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa, pero que a raíz de las reformas, en atención a lo previsto por los artículos 1054 y 1063 descritos líneas atrás, debe ser suplida con lo que sobre ese aspecto previene el Código Federal de Procedimientos Civiles, particularmente con lo dispuesto por el artículo 474 de este ordenamiento, que expresa:

``Valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el Diario Oficial de la Federación, y en la tabla de avisos o puerta del Tribunal, en los términos señalados. Si los bienes estuvieren ubicados en diversas jurisdicciones, en todas ellas se publicarán los edictos, en la puerta del juzgado del Distrito correspondiente''.

De lo anterior, se colige que en tratándose de remate en juicios mercantiles que se ventilan en los tribunales de las diversas entidades del país, se presentan los siguientes inconvenientes:

Ocasiona trámites burocráticos a las partes y a los órganos jurisdiccionales locales, ya que tiene que remitirse exhorto a los tribunales del Distrito Federal para que ordenen la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación por tener la sede de sus oficinas en la capital del país; pero sobre todo ocasiona más erogaciones económicas a las partes, y dilata o retarda el procedimiento de ejecución, lo que obviamente pugna con el principio de expedites de la justicia recogido por el artículo 17 de la Carta Magna.

Además, si el objeto de la publicación de los edictos, en este caso, constituye una garantía que se otorga a favor de los deudores, para el efecto de que por virtud del anuncio pueda ocurrir un mayor número de postores al remate, es incuestionable que ese cometido no se alcanza al hacerse la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues debe tenerse en cuenta que es un hecho notorio que dicho rotativo es un documento que en la mayoría de las veces es leído más por profesionistas, o personas con cierto nivel de instrucción académica, o bien que se desempeñan en actividades determinadas y no por la ciudadanía en general, para quienes resulta más práctico acceder y tener en sus manos un periódico de información general de los que circulan en la población donde radican; en los se pueden leer noticias nacionales y locales, deportes, cartelera cinematográfica, edictos, entre otros, y que además tienen un costo menor al del Diario Oficial.

Atento a lo manifestado y tomando en cuenta que el ``juicio Ejecutivo Mercantil'' es sumario, y que --además-- debemos de cumplir la determinación constitucional que establece la premisa de que los asuntos deben resolverse de manera pronta, imparcial y expedita, se hace necesario en consecuencia reformar el artículo 1411 del Código de Comercio a fin de que no requiera de supletoriedad alguna.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 1411 del Código de Comercio, para quedar como sigue

Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que concurran al juzgado a imponerse de aquél, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes, por tres veces, dentro de tres días, si fuesen muebles, y dentro de nueves días si fueses raíces, en uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar en que se tramita el juicio, rematándose en seguida en pública almoneda y al mejor postor conforme a derecho.

Transitorio

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes marzo de dos mil siete.--- Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Economía.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen , del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado José Manuel del Río Virgen:Compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Diferentes diputadas y diputados de varios partidos políticos han firmado esta iniciativa; diputados que han tenido la oportunidad de ser presidentes municipales y que conocen que el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos es un artículo que le da toda la posibilidad de concentración a la Secretaría de Gobernación para otorgar los permisos correspondientes en las peleas de gallos y en carreras de caballos.

Ustedes saben, diputadas y diputados, que la historia del juego con apuestas o arriesgando algo de valor ---como se conocían hace muchos años--- tiene una historia desde el año 1450 antes de Cristo. Incluso en el circo romano, centenas de miles de personas asistían y apostaban en carreras de caballos. En el periodo Medieval había justas de tor- neos de arco y flechas. Sin embargo la inercia de las apuestas provocó, desde entonces y hasta la actualidad, una desmedida ambición por apostar y por ganar. Hace muchos años, desde el año 350 después de Cristo, surgió la figura de un vigilante de los juegos, el cual determinaba la legalidad de las competencias y por ende de los resultados. En la actualidad el Estado es garante de la legalidad de los juegos y competencias. En México no están permitidas las apuestas en casinos, pero sí existe la posibilidad de apostar en carreras de caballos y en peleas de gallos.

Por ello, considerando todo lo que les he comentado, quiero señalar específicamente que el gobierno de Veracruz, a cargo del licenciado Fidel Herrera Beltrán, tiene una enorme preocupación para que los alcaldes o presidentes municipales, y el gobierno del estado, puedan participar sin contravenir los principios que la ley le ha otorgado a la Secretaría Gobernación, de la siguiente manera:

Que se supervise el desarrollo de las competencias o juegos con cruce de apuestas en el territorio de cualquier estado. Nosotros en este momento nos estamos refiriendo al caso de Veracruz. Soy diputado federal del VI distrito de ese estado y, por lo tanto, conozco la problemática de las carreras de caballos y también la problemática de las peleas de gallos.

¿Qué se propone? Se propone que se pueda reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. ¿Para qué lo proponemos? Lo proponemos con un objetivo esencial: que las autoridades locales; es decir, el presidente municipal y el gobierno estatal coadyuven en la autorización, supervisión, vigilancia, control y desarrollo de los eventos que incluyen carreras de caballos y peleas de gallos con cruce de apuestas y puedan contar con el instrumento jurídico que les permita cumplir la obligación de protección y salvaguarda, brindando con ello certeza y seguridad jurídica. Para qué lo proponemos. Lo proponemos para que, como lo señala el artículo 10 de esta ley, se establezca que todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte, de acuerdo con la ley.

¿Cómo lo proponemos? Proponemos que con la autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y municipales puedan supervisar y vigilar con mayor atingencia este tipo de competencias y juegos con apuestas, mediante la creación de un servidor público denominado inspector. Se trata de que haya un inspector.

¿Qué facultades va a tener ese inspector? Las facultades que tendrían los estados y municipios para intervenir en la designación de servidores públicos locales, facultades para verificar que los organizadores responsables de las carreras de caballos y peleas de gallos cuenten con el permiso correspondiente y además, cumplan con sus obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales.

¿Cómo lo proponen los diputados que firman esta iniciativa y su servidor? Proponemos lo siguiente: Que se modifique el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los gobiernos de los estados y los ayuntamientos en los que se celebren carreras de caballos y peleas de gallos con el cruce de apuestas permitido autorizarán, junto con la Secretaría de Gobernación, la supervisión, control y desarrollo de estos eventos, quedando facultados para nombrar los inspectores, los que tendrán facultades para verificar que los organizadores y responsables de estos eventos cuenten con el permiso correspondiente, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales y, en su caso, procedan a la suspensión del evento en el caso de detectar alguna irregularidad o violación a la legislación de la materia.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

¿Por qué lo proponemos los diputados que hemos ostentado el cargo de presidentes municipales? Porque esta facultad no la tienen los presidentes municipales ni la tienen los gobernadores de los estados y luego resulta que, si hay muertos ahí, los únicos responsables son los presidentes municipales o el gobernador del estado, cuando ni siquiera dan los permisos ni tienen ninguna facultad.

Por eso llamo la atención de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para que junto con la Secretaría de Gobernación se nombre un inspector y, en su caso, ese inspector tenga las facultades de suspender una carrera de caballos o una pelea de gallos si no hay condiciones y, no luego se culpe al presidente municipal o se le culpe al gobernador del estado.

No es justo que esto suceda si ellos no han otorgado los permisos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados. Dejo la iniciativa a cargo de la Secretaría. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen , integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales, presenta la presente iniciativa de decreto por el que se modifica el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La historia del juego con apuestas o arriesgando algo de valor es tan antiguo como la propia humanidad. Apostar en caballos empezó cuando el hombre aprendió a domesticar animales, registrándose las primeras apuestas en el año 1450 AC. Los antiguos egipcios ya competían apostando algo en salto, lucha y juegos con pelotas siglos antes de la creación de las olimpiadas por los griegos.

En el circo romano, centenas de miles de personas asistían y apostaban en carreras de cuadrigas tiradas por caballos y en los gladiadores. En el periodo medieval, había justas y torneos de arco y flechas, decidiendo a veces el destino de ciudades y hasta de los mismos reinados. El juego estuvo siempre presente en todas las competiciones organizadas en Europa en el Renacimiento e inicio de la edad moderna.

Sin embargo, la inercia de las apuestas provocó desde entonces y hasta la actualidad una desmedida ambición por ganar. Era necesario comenzar a regular y controlar este tipo de juegos para evitar que surgieran problemas cuando una de las partes quisiera inclinar los resultados a su favor mediante actos externos a la competencia.

De esta forma surgió la figura de un vigilante de los juegos el cual determinaba la legalidad de las competencias y, por ende, de los resultados.

En la actualidad, el Estado es garante de la legalidad de los juegos y competencias. En México no están permitidas las apuestas en casinos, pero existe la posibilidad de apostar en carreras de caballos y en peleas de gallos, específicamente en los palenques celebrados en las diferentes entidades de la república.

Considerandos

1. La modernización y la actualización del marco jurídico vigente es una responsabilidad irrestricta de los legisladores federales, y se acentúa aún más cuando surge la necesidad de apoyar a las entidades de la federación.

2. Específicamente, el gobierno de Veracruz, de donde soy originario, tiene enorme preocupación por supervisar el desarrollo de estas competencias o juegos con cruce de apuestas, toda vez que en el territorio estatal se celebrar múltiples fiestas patronales que no son vigiladas y controladas, por lo que surge la necesidad de que las autoridades realicen las labores establecidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

3. El objetivo esencial es que las autoridades locales coadyuven en la autorización, supervisión, vigilancia, control y desarrollo de los eventos que incluyen carreras de caballos y peleas de gallos con cruce de apuestas puedan contar con el instrumento jurídico que les permita cumplir con la obligación de protección y salvaguarda, brindando con ello certeza y seguridad jurídica.

4. En el Artículo 10 se establece que ``todas las autoridades federales, las locales y la fuerza pública cooperarán con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones que ésta dicte de acuerdo con esta ley''; sin embargo, es imprescindible reconocer que la Segob no tiene el personal, instalaciones y la capacidad para supervisar este tipo de competencias que se celebran cada vez más en el territorio nacional.

5. Con la autorización de la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y municipales pueden supervisar y vigilar con mayor atingencia este tipo de competencias y juegos con apuestas, mediante la creación de un servidor público denominado ``inspector''.

6. De esta forma se propone que se den facultades a los estados y municipios para intervenir en la designación de servidores públicos locales facultados para verificar que los organizadores y responsables de estos eventos cuenten con el permiso correspondiente; el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales.

7. Asimismo, los funcionarios mencionados en su caso, pueden proceder a la suspensión del evento en el caso de detectar alguna irregularidad o violación a la legislación de la materia, dando parte inmediatamente a las autoridades federales correspondientes.

Por las anteriores consideraciones me permito someter a la elevada consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa de

Decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Único. Se modifica el artículo 10 de la ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los gobiernos de los estados y los ayuntamientos en los que se celebren carreras de caballos y peleas de gallos con el cruce de apuestas permitido, autorizarán junto con la Secretaría de Gobernación, para la supervisión, control y desarrollo de esos eventos, quedando facultados para nombrar inspectores, los que tendrán facultades para verificar que los organizadores y responsables de estos eventos cuenten con el permiso correspondiente; el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales, y, en su caso, procedan a la suspensión del evento en el caso de detectar alguna irregularidad o violación a la legislación de la materia.

Artículo 11.- ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a los alumnos del Colegio de Bachilleres del Municipio de Nopala, Hidalgo, que nos honran con su presencia.

ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Arredondo Velázquez , del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Arredondo Velázquez:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal Jesús Arredondo Velázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de este honorable Congreso el proyecto de iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La naturaleza jurídica del presente proyecto de iniciativa consiste en elevar a rango constitucional la obligatoriedad que debe tener todo servidor público para atender en un término realmente breve, las solicitudes de información que se le formulen al organismo o entidad a la que pertenezcan y evitar con ello retardos innecesarios o en su defecto, omisiones que impliquen un vacío en la prestación de un servicio público. El derecho de petición, jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Asimismo, existe el derecho de respuesta que se entiende como la facultad que tienen los ciudadanos de, una vez ejercido el derecho de petición, recibir una respuesta en los términos legalmente establecidos.

El derecho de petición debe entenderse como un derecho de seguridad jurídica, en tanto que supone una vía formal de relación y diálogo entre los particulares y las autoridades. Lo hasta aquí expuesto nos permite establecer que las personas tienen la potestad de acudir ante cualquier autoridad para formular una solicitud o instancia escrita de cualquier índole.

Por su parte los servidores públicos, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el deber de dictar en breve término y de manera congruente, la respuesta escrita a la solicitud que el gobernado les haya realizado satisfaciendo de este modo el imperativo constitucional mencionado.

Existen casos en que se solicita información concerniente a la actuación en cualquier materia; es decir, en procesos judiciales, civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera, ante diversas instancias, sin que las autoridades emitan su respuesta en un término considerablemente breve, provocando con ello confusión para el peticionario, incurriendo así en prácticas que en nada benefician a la transparencia. Como consecuencia, el peticionario puede interponer un juicio de amparo.

En la práctica encontramos también solicitudes que no se sustentan, por su naturaleza, en otras leyes u ordenamientos jurídicos ni están vinculadas con algún procedimiento seguido en forma de juicio, sino son solicitudes relacionadas con las áreas de atención y/o gestión ciudadana, las cuales deben tener un trato especial por lo que deben ser acatadas en los términos para ser atendidas, prescribiéndose como plazo genérico máximo para la emisión de la respuesta escrita el de tres meses, atendiendo así a los criterios adoptados en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y en lo previsto en criterios sustentados por nuestros más altos tribunales federales.

Es por ello que el presente proyecto de iniciativa evitaría que las autoridades jurisdiccionales federales tengan la carga de analizar, de forma casuista y conforme a las peculiaridades de cada caso, el concepto de breve término, en la omisión de la respuesta alegada.

Por consiguiente, resulta necesario el consignar la obligatoriedad, en el artículo 8 constitucional, para que los servidores públicos emitan una respuesta a las solicitudes de los ciudadanos conforme a los términos que establezcan las leyes y reglamentos en cada materia; y con ello establecer un verdadero régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sujetos al título cuarto de la Constitución federal, ya que dicha obligatoriedad permitirá señalar, como conducta de omisión, el no dar respuesta en los términos establecidos en cada materia.

Por todo lo dicho hasta ahora, la iniciativa que se propone aquí es modificar al segundo párrafo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a la letra diga:

Artículo 8. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. Este acuerdo deberá ser congruente con la solicitud pedida y la autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes u ordenamientos jurídicos de cada materia y, en caso de no preverse, se tendrá un plazo de tres meses. Es cuanto diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura LX, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años nuestro país ha evolucionado de manera vertiginosa en diversos aspectos de la vida nacional, entre ellos lo referente al derecho de petición que tienen los ciudadanos para solicitar información a las autoridades respecto a la actividad y ejercicio del servicio público, así como la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información a favor de los peticionarios, sin que sea condicionante el que sea atendida favorablemente.

La naturaleza jurídica del presente proyecto de iniciativa consiste en elevar a rango constitucional la ``obligatoriedad'' que debe tener todo servidor público para atender en un término ``realmente breve'' las solicitudes de información que se le formulen al organismo o entidad a la que pertenezcan, y evitar con ello dilaciones innecesarias o en su defecto omisiones que impliquen un vacío en la prestación de un servicio público.

El derecho de petición lo debemos ver como lo demuestra la doctrina en sus dos acepciones:

1. Derecho de petición que jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligatoriedad que tiene el Estado de permitir al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud.

Asimismo se entiende como un derecho fundamental de participación política, en tanto que permite a los particulares trasladar a las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto (quizá por eso la Constitución lo contempla tanto en el artículo 8 como en el 35, junto con los demás derechos de los ciudadanos).

De igual forma este derecho debe entenderse también como un derecho de seguridad jurídica, en tanto que supone una vía formal de relación y diálogo entre los particulares y las autoridades.

2. Derecho de respuesta que se entiende como la facultad que tienen los ciudadanos de una vez ejercido el derecho de petición, recibir una respuesta en los términos legalmente establecidos, lo cual es un segundo acto, dentro del procedimiento petitorio, contemplado en el segundo párrafo del artículo en comento. Consiste en una serie de elementos con la actuación del órgano o servidor público al conocer y decidir sobre la petición que se les formule y consiste en:

La obligación de lo órganos o servidores públicos de acordar la petición.

Que este acuerdo sea por escrito.

Que se haga conocer al peticionario en breve término del acuerdo recaído.

El derecho de respuesta opera como una garantía al peticionario de que el órgano o servidor público ha conocido de la petición y ha dictado un acuerdo sobre tal conocimiento de la misma.

Ahora bien, la respuesta que se dé tiene que tener conexión entre lo que se pide, con la petición, así como si la autoridad tiene la competencia para dar el acuerdo. En el supuesto que la autoridad sea incompetente para resolver sobre el fondo del asunto o sobre la procedencia formal de la petición, no se le exime del deber de acordar y en su momento hacer del conocimiento del peticionario el acuerdo que ha recaído a su petición.

En la actualidad existen casos en que se solicita en cualquier materia; es decir, en procesos judiciales civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera, información concerniente a actuaciones, ante diversas instancias como lo son las contralorías internas, áreas laborales de recursos humanos, en donde se instrumentan procedimientos seguidos en forma de juicio, o incluso en un área administrativa que detenta información de ``acceso público'' solicitudes de información o de ``documentos'', sin que las autoridades que conocen de los mismos emitan su respuesta en un término ``considerablemente breve'', provocando con ello cierta confusión para el peticionario respecto a la posible violación de un derecho, incurriendo así en prácticas que en nada benefician a la transparencia. Dando como consecuencia que el peticionario interponga un juicio de amparo, toda vez que a su criterio ha sido conculcado su derecho de petición.

Sin embargo en la práctica encontramos también ``solicitudes'' que no se sustentan por su naturaleza en otras leyes u ordenamientos jurídicos, ni están vinculadas con algún procedimiento seguido en forma de juicio, sino son ``solicitudes'' relacionadas con las áreas de atención y/o gestión ciudadana (quejas, información de trámites, asesorías jurídicas, reportes de los servicios públicos, solicitudes de intervención de áreas de servicios públicos, etcétera) las cuales deben tener un trato especial, por lo que deben ser acatadas en los términos para ser atendidas, prescribiéndose como plazo genérico máximo para la emisión de la respuesta escrita el de 3 meses, atendiendo así los criterios adoptados en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y en lo previsto en los criterios sustentados por nuestros más altos tribunales federales.

Lo hasta aquí expuesto nos permite establecer que las personas tienen la potestad de ocurrir ante cualquier autoridad para formular una solicitud o instancia escrita de cualquier índole; por su parte, los servidores públicos a virtud de la relación jurídica consignada en el mencionado artículo 8 constitucional, tiene como obligación el deber de dictar, en breve término y de manera congruente, la respuesta escrita a la solicitud que el gobernado les haya elevado, satisfaciendo de este modo el imperativo constitucional mencionado

Es por ello que el presente proyecto de iniciativa, evitaría que las autoridades jurisdiccionales federales tengan la carga de analizar de forma casuista y conforme a las peculiaridades de cada caso, el concepto de ``breve término'' en la omisión de la respuesta alegada por el impetrante de garantías.

Problemática que cobra vigencia con los criterios que han tenido que establecer nuestros más altos tribunales entre las que destaca la tesis de jurisprudencia visible con el número 188 en la página 226 de la Tercera Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965 (tesis 470, página 767, misma parte, del Apéndice 1917- 1975), en cuyo texto se establece que

``...es indudable que se ha violado el derecho de petición consagrado por el artículo 8o. constitucional cuando han pasado más de cuatro meses de la presentación de un ocurso sin que le haya recaído acuerdo alguno. Pero resulta absurdo pretender interpretar esto a contrario sensu, en el sentido que no se viola el derecho de petición antes de cuatro meses. La interpretación a contrario sensu sólo cabe, en efecto, cuando no hay más que dos afirmaciones contrarias posibles, de manera que la adopción de una bajo ciertas condiciones, obliga a la elección de la otra, bajo las condiciones opuestas. Pero cuando hay varias posibles afirmaciones, la elección de una, bajo ciertas condiciones, de ninguna manera implica necesariamente la elección de ninguna otra, bajo condiciones diferentes. O sea que la interpretación a contrario sensu es la más delicada de aplicar, y de ninguna manera debe pretender abusarse de ella. De que se estime indudablemente extemporáneo un amparo promovido después de cuatro meses de conocer el acto reclamado, no podría concluirse, a contrario sensu, que es procedente todo amparo promovido antes de cuatro meses. Por lo demás, tanto la diversa tesis visible con el número 193 de la página 237 del mismo Apéndice antes señalado (tesis 471, página 769, del Apéndice 1917-1975) como el texto del artículo 8o. constitucional, hablan expresa y claramente de ``breve término''. Y es manifiesto que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por breve término, de manera que comprenda todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado, y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el período de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, y el Juez de amparo debe ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Aunque en principio, conforme a la tesis de jurisprudencia citada en el párrafo anterior, cuatro meses sería un término excesivo, en cualquier circunstancia.''

Por otro lado, existen constituciones estatales que contemplan un plazo generado para que la autoridad conteste a la petición hecha por el particular; ejemplo de ello lo encontramos en el estado de Coahuila, en el cual se establece que las autoridades siempre y cuando la ley no marque otro término tendrán quince días para dar respuesta; en tanto Oaxaca establece un término de 10 días, siempre y cuando no se establezca en la ley; y por último el estado de Veracruz, establece un término de 45 días hábiles para todas las autoridades.

Por consiguiente resulta necesario consignar la obligatoriedad en el artículo 8 constitucional, para que los servidores públicos emitan una respuesta a las solicitudes de los ciudadanos en cualquier materia, conforme a los términos que se establezcan en las leyes y reglamentos de cada materia, y con ello establecer un verdadero régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos sujetos al Titulo Cuarto de la Constitución federal, ya que dicha obligatoriedad permitirá señalar como conducta de omisión el no dar respuesta en los términos establecidos en cada materia y poder así instrumentar los procedimientos administrativos de responsabilidad para los servidores públicos que incurran en dichas prácticas.

Por lo anteriormente expuesto, presento con todo respeto a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 8o. ...

A toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, este acuerdo debe ser congruente con la solicitud pedida, y la autoridad tiene la obligación de hacerlo conocer en los plazos que dispongan las leyes u ordenamientos jurídicos de cada materia y en caso de no preverse se tendrá un plazo de tres meses.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 414 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia saluda cordialmente a los alumnos y las alumnas de la Universidad Vasco de Quiroga, de Apatzingán, Michoacán. Les damos la bienvenida y agradecemos su visita.

Igualmente saludamos a los ciudadanos de Tecámac, del Estado de México, que están con nosotros esta mañana. Muchas gracias también por su visita.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Tiene el uso de la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas , del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 324 Bis a la Ley General de Salud.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas:Con su venia, señora Presidenta. El suscrito, Victorio Montalvo Rojas, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democráticaen esta LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis, a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El siglo XX fue el de la revolución científica y tecnológica en una multiplicidad de desarrollos y conocimientos en distintas áreas. Una de las más trascendentes fue la de transplantes de órganos en humanos.

En la década de los 60 se practicaron los primeros transplantes de órganos en humanos.

En la década de los sesenta se practicaron los primeros transplantes y fueron juzgados como auténticas hazañas médico-científicas, México no fue la excepción. La década de los ochenta, fue testigo de los grandes pasos en materia de transplantes en México. Así, en 1985, médicos mexicanos realizan el primer transplante de hígado; en tanto que en el 87 se realiza el transplante de páncreas. Un año significativo fue 1988, cuando se realizó el primer transplante de corazón y en 1989, el primer transplante de pulmón.

A pesar de los avances en la medicina, la demanda de órganos no ha sido resuelta. Solamente entre 1991 y el año 2000 el tamaño de listas de espera para transplantes de órganos se triplicó y el número de pacientes que solicitan transplante único o múltiple se incrementó en un 45 por ciento, entre esos años.

Datos del Centro Nacional de Transplantes señalan que cada año se llevan a cabo en nuestro país, alrededor de 5 mil transplantes de órganos y de acuerdo con estas cifras, se estima que hay 8 mil 300 pacientes en espera de un órgano. No obstante, hay un subregistro que podría elevarlos a 18 mil. En 1999, se creo el Consejo Nacional de Transplantes, debido a la gran demanda de órganos y tejidos que se registran anualmente en México.

Desde que se empezaron a realizar transplantes en nuestro país se han llevado a cabo más de 30 mil de estas cirugías, principalmente de hígado, riñón, corazón, córneas y piel; sin embargo, es mucho mayor la demanda de pacientes que requieren de este tipo de cirugía que la oferta disponible en los hospitales.

Por otra parte, el incremento de la delincuencia organizada, así como la cifra de muertes violentas por delincuencia organizada ha aumentado significativamente. El informe de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos la (DEA), en su informe sobre la violencia en México señala que la cifra de muertes por delitos de narcotráfico superaría las mil 500 en el año 2005; sin embargo, a la fecha este número ha aumentado a más de dos mil.

El INEGI señala que el número de muertes vinculadas con el crimen organizado en el 2005 fue de mil 776. Cabe señalar que en la comisión de algún ilícito el sujeto activo adopta acciones evasivas, resultando en muchos de los casos herido de gravedad y posteriormente pierde la vida o la pierde en el momento mismo de la comisión del ilícito.

En ese sentido, quien lleva a cabo hechos materiales de violencia con el conocimiento de que constituyen delitos y por tanto, preconcibe, realiza y acepta el resultado material de su conducta adquiere la responsabilidad del hecho, o hechos y en consecuencia, la obligación de resarcir el daño causado.

En este orden de ideas, si la persona que realiza el acto violento constitutivo de delito muere a consecuencia del enfrentamiento que tenga con los elementos policiales al intentar evadirse, a manera de resarcimiento social por su conducta, es justificable que sus órganos y tejidos sean aprovechados por el beneficio social, que en el caso concreto, serían todas aquellas personas que se encuentran en la lista de espera de algún órgano o tejido en el Centro Nacional de Transplantes.

Ahora bien, en términos del artículo 347 de la Ley General de Salud, los cadáveres se clasifican en personas conocidas y desconocidas. Los no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos que no se conozca su identidad, se considerarán personas desconocidas.

Por su parte, el artículo 350 Bis 3 de la propia Ley General de Salud previene que en el caso de los cadáveres de personas desconocidas podrán ser obtenidos del Ministerio Público, o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social, por las instituciones educativas con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos; es decir, se ensaya con fines científicos con estos cuerpos.

Asimismo, el artículo 350 Bis del propio dispositivo legal previene que los cadáveres de personas desconocidas, las no reclamadas y los que sean destinados para la docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

En virtud de lo anterior y previo los estudios médicos y clínicos correspondientes, en este caso los órganos y tejidos podrían ser utilizados para ser donados a las personas que tienen fincadas sus esperanzas de vida o de mejora de la calidad de ésta en la obtención de un órgano o tejido. Como es de observarse, la donación de órganos y tejidos es un tema sensible en nuestro país por todo lo que implica en materia de salud para los mexicanos.

Es de conocimiento público que la lista de espera por un tejido u órgano representa una línea muy delgada donde se encuentra la posibilidad de vivir con calidad o el transcurrir intermitente del abatimiento y la desesperación de muchas personas, ya que todo depende ---hasta ahora--- de la voluntad y decisión de un ser humano en prolongar o mejorar la calidad de vida a otro, a través de la donación de un órgano o tejido.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud:

Artículo único. Se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 324 Bis. No se requerirá el consentimiento de las personas mencionadas en el artículo 324 cuando el donante hubiere fallecido a consecuencia del enfrentamiento con elementos policiales al intentar evadirse de manera violenta de su captura por la comisión de un delito grave.

En el caso de los cadáveres que se desconozca su identidad y sean considerados como personas desconocidas en los términos de esta ley, serán considerados como donadores de organismos y tejidos. En ambos casos se dará intervención a las autoridades o instituciones mencionadas en los artículos 328 y 350 Bis, y 3 de esta ley, para la extracción de órganos y tejidos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un artículo 324-Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Victorio Montalvo Rojas , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Victorio Montalvo Rojas , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si bien el siglo XX fue el de la revolución científica y tecnológica en una multiplicidad de desarrollos y conocimientos en distintas áreas, indudablemente una de las más trascendentes fue la de los trasplantes de órganos humanos. En la década de los sesenta se practicaron los primeros trasplantes, y fueron juzgados como autenticas hazañas médico-científicas; de hecho, ocupaban las primeras planas de los periódicos del mundo. México no fue la excepción, pues en 1963 los doctores Federico Ortiz Quesada, Manuel Quijano Narezo y Manuel Flores Izquierdo, realizaron el primer transplante renal en el entonces Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS). Cuatro años después se efectuaron trasplantes en el Instituto Nacional de la Nutrición de la Secretaría de Salud (SSA), el Hospital Central Militar y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La década de los ochenta fue testigo de grandes pasos en materia de trasplantes en México. Así, en 1985 médicos mexicanos realizaron el primer trasplante de hígado, en tanto que en 1987 otro equipo de especialistas hizo lo propio en el caso del páncreas. Un año significativo fue 1988, cuando en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del IMSS, el doctor Rubén Argüero realizó el primer trasplante de corazón, y en 1989 sus colegas, los doctores Jaime Villalba Caloca y Patricio Santillán, realizaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la SSA, el primer trasplante de pulmón.

Sin embargo, y a pesar de los avances en la medicina, la demanda de órganos no ha sido resuelta, solamente entre 1991 y el año 2000, el tamaño de listas de espera para trasplantes de órganos se triplicó y el número de pacientes que solicitan trasplante único o múltiple se incrementó en un 45 por ciento en esos años.

Por otra parte, en marzo del año 2004 la empresa Parametría emitió una encuesta nacional sobre la percepción de los mexicanos sobre el tema de la donación de órganos.

Dicha encuesta señala que alrededor de 18 mil personas esperan un trasplante de un órgano o tejido para incrementar su esperanza o calidad de vida. La encuesta muestra que seis de cada diez individuos están a favor de la donación, sin embargo, existe un 13 por ciento que no tiene definida una posición al respecto y el 11 por ciento no sabe que responder ante el tema. Por otra parte existe un 16 por ciento que esta en contra de la donación; los motivos para no hacerlo son diversos, 32 por ciento por motivos personales, 26 por ciento por cuestiones religiosas, 17 por ciento por desconocimiento y un 12 por ciento por desconfianza en las instituciones de salud.

Datos Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), señalan que cada año se llevan a cabo en nuestro país alrededor de cinco mil trasplantes de órganos, y de acuerdo con estas cifras se estima que hay 8 mil trasplantes de órganos, y de acuerdo con estas cifras se estima que hay 8 mil 300 pacientes en espera de un órgano; no obstante, hay un subregistro que podría elevarlos a 18 mil, asimismo, en el país hay cinco mil 220 personas (58.23 por ciento del total) que esperan córnea, tres mil 369 (37.58 por ciento) riñón, 298 (3.22) hígado, 67 (0.75) corazón, 13 (0.15) riñón-páncreas, tres (0.03) pulmón, tres (0.03) hígado-riñón y una (o.01 por ciento del total) páncreas.

En 1999 se creó el Consejo Nacional de Transplantes (Conatra), debido a la gran demanda de órganos y tejidos que se registran anualmente en México. Desde que se empezó a realizar transplantes en el país se han llevado a cabo más de 30 mil de estas cirugías, principalmente de hígado, riñones, corazón, córneas y piel. Sin embargo, es mucho mayor la demanda de pacientes que requieren de este tipo de cirugía, que la oferta disponible en los hospitales. Por ello, desde hace algunos años diversas instituciones trabajan en proyectos para promover en México la cultura de la donación.

México es el país que hoy ocupa el décimo segundo lugar en cuanto a donación de órganos. España es el que tiene la mejor taza de donación, y le sigue Estados Unidos de América.

Operaciones de transplantes han proliferado sólo en la zona norte y centro del país. No así en el sur, ya que esta bastante desprovista de sitios de transplante de alta capacidad, no cuentan con ningún centro hospitalario de transplantes, ni equipo, ni médico.

Por otra parte, el incremento de la delincuencia organizada, así como la cifra de muertes violentas por delincuencia organizada ha aumentado significativamente.

El informe de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) en su informe sobre la violencia en México, señala que la cifra de muertes por delitos del narcotráfico superaría las mil quinientas en el año 2005, sin embargo a la fecha éste número ha aumentado a más de 2 mil.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), señala que el número de muertes vinculadas con el crimen organizado en el año 2005 fue de mil 776.

Cabe señalar que en la comisión de algún ilícito, el sujeto activo adopta acciones evasivas en su persecución, las cuales en muchos de los casos es herido de gravedad y posteriormente pierde la vida, o la pierde en el momento mismo en que enfrenta a los elementos policiales que tienen como función auxiliar la persecución de los delitos.

En ese sentido quien lleva a cabo hechos materiales de violencia, con el conocimiento de que constituyen delitos y por tanto, preconcibe, realiza y acepta el resultado material de su conducta, adquiere la responsabilidad del hecho o hechos y, en consecuencia, la obligación de resarcir el daño causado.

En este orden de ideas, si la persona que realiza el acto violento constitutivo de delito, muere a consecuencia del enfrentamiento que tenga con los elementos policiales al intentar evadirse, a manera de resarcimiento social por su conducta, es justificable que sus órganos y tejidos sean aprovechados para el beneficio social, que en el caso concreto serían todas aquellas personas que se encuentran en lista de espera de algún órgano o tejido en el Centro Nacional de Trasplantes.

Ahora bien, en términos del artículo 347 de la Ley General de Salud, los cadáveres se clasificación en personas conocidas y desconocidas. Los no reclamados dentro de las 72 horas posteriores a la perdida de la vida y aquellos que no conozca su identidad, se considerarán como personas desconocidas.

Por su parte el artículo 350 Bis 3 de la propia Ley General de Salud, previene que en el caso de los cadáveres de personas desconocidas, podrán ser obtenidos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social, por las instituciones educativas con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normatividad aplicable.

Asimismo, el artículo 350 Bis del propio dispositivo legal, previene que los cadáveres de personas desconocidas, los no reclamados y los que se han destinado para la docencia e investigación, serán inhumados o incinerados.

En virtud de lo anterior, y previos los estudios médicos y clínicos correspondientes, en este caso los órganos y tejidos podrían ser utilizados para ser donados a las personas que tiene fincadas sus esperanzas de vida o de mejora de la calidad de esta en la obtención de un órgano o tejido.

Como es de observarse, la donación de órganos y tejidos es un tema sensible en el país por todo lo que implica en materia de salud para los mexicanos. Es de conocimiento público que la lista de espera por un tejido u órgano representa una línea muy delgada donde se encuentra la posibilidad de vivir con calidad o el transcurrir intermitente del abatimiento, y la desesperación de muchas personas, ya que todo depende hasta ahora, de la voluntad y decisión de un ser humano en prolongar o mejorar la calidad de vida a otro a través de la donación de un órgano o tejido.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 324 Bis, a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 324 Bis. No se requerirá el consentimiento de las personas mencionadas en el artículo 324, cuando el donante hubiere fallecido a consecuencia del enfrentamiento con elementos policiales, al intentar evadirse de manera violenta de su captura por la comisión de un delito grave.

En el caso de los cadáveres que se desconozca su identidad y sean considerados como personas desconocidas en los términos de esta ley, serán considerados como donadores de organismos y tejidos.

En ambos casos se dará intervención a las autoridades o instituciones mencionadas en los artículos 328 y 350 Bis 3 de esta ley, para la extracción de órganos y tejidos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 29 días de marzo, de dos mil siete.--- Diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Carballo Bustamante , del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Andrés Carballo Bustamante:Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal Andrés Carballo Bustamante, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d); y se adiciona un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Mientras en el mundo se libran batallas financieras, bursátiles, políticas y militares en aras de reducir el número de manos en las que se encuentra el control de los principales energéticos, en México la lucha entre los grupos políticos, y sobre todo las fracciones parlamentarias, es en torno del reparto de los excedentes fiscales que ahora dejan los altos precios del petróleo en el mercado internacional.

El Ejecutivo federal, gobernadores y municipios e inclusive acreedores, quieren beneficiarse del reparto, pero nadie da cuenta justa y exacta de qué está ocurriendo con estos recursos.

No es menor la suma en juego para el presupuesto de 2005; se previeron ingresos de 23 dólares por barril de mezcla mexicana de exportación, pero hoy ésta se cotiza en casi 51.73 dólares; es decir, 100 por ciento más de lo esperado.

Estamos hablando de un monto por excedentes petroleros hasta de mil 100 millones de dólares sólo al cierre del primer trimestre del año, mientras expertos calculan que durante todo el 2004 la cifra por ese concepto alcanzó los 10 mil millones de dólares.

Dadas estas observaciones, consultores en economía manifiestan: ``Es de suma importancia manejar con prudencia el Presupuesto de Egresos, que es de aproximadamente 1 billón 500 mil pesos: pero al sumarle todos los requerimientos observamos que se eleva a 1 billón 800 mil...'', con lo que no hay excedentes que alcancen.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 fue de 1 billón 818 mil 441 millones de pesos. En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 de 2 billones 72 mil millones 400 mil pesos, para los investigadores, consultores y académicos estiman que urge transparentar el uso que se de a los excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad en su distribución, sobre todo cuando se canalizan los recursos a los estados, donde es aun más difícil fiscalizar el gasto público.

Estos mismos investigadores responsabilizan al Poder Legislativo, manifestando lo que es un hecho, es que han formado una maraña tanto en el decreto de Presupuesto como en la Ley de Ingresos, a fin de manejar de manera discrecional los excedentes. Y si bien es cierto que los gobernadores a través de la Conago, o de los diputados en el Congreso de la Unión, piden cuentas claras, al final aceptan lo que les toca y no presentan mayores alegatos. Para Hacienda lo importante es utilizarlos para mantener el balance económico.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó, en diciembre de 2004, establecer en el paquete económico para 2005 modificar su propuesta de fijar un precio de 27 dólares por barril a la venta del crudo mexicano y establecerlo en uno más moderado de 23 dólares el barril, pese a considerarlo muy conservador en momentos en que los precios internacional rondan máximos históricos.

A cambio de tal concesión, los diputados decidieron que una parte de los recursos adicionales que generan los excedentes petroleros quedaran etiquetados para imponer al gobierno federal la obligación de usarlo para inversiones en el sector productivo. Asimismo, etiquetados otra parte de los excedentes por venta de cruda para que se destine a Pemex, mediante un fondo de estabilización petrolera y otra para repartirla a las arcas de los estados de la república.

Sin embargo, hasta el momento no se ha visto claro en dónde se aplican esos recursos, por más que hayan sido etiquetados y reetiquetados por el Poder Legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza esos excedentes de acuerdo con sus propias necesidades y metas, con base en las facultades que le otorga la ley para el manejo del presupuesto; y mientras las autoridades financieras prefieren guardar silencio al respecto.

Aun así, ni quien se ocupe ni preocupe por los municipios donde la paraestatal Pemex deja un sinnúmero de problemas; y aunque la ley obliga a resarcir cada uno de estos daños que ocasiona con su exploración, explotación, conducción e infraestructura establecida en cada uno de los espacios ocupados de los diversos municipios afectados, todo ello da como resultado el encarecimiento y deterioro de la vida social. En lugar de recibir desarrollo reciben problemas y muy poco por la vía de los presupuestos, es decir, de los excedentes.

Si reconocemos que existen tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y actuamos como tal en ese entendido, los productos de los excedentes petroleros y estos mismos deberían ser devueltos a la sociedad por la vía más cercana de relación constante, misma que son los honorables ayuntamientos constitucionales y así dar viabilidad y respeto al artículo 115 constitucional, marco rector vínculo del federalismo en la triada de gobernabilidad representativa, popular y democrática.

El tema del patrimonio del petróleo debe ser situado apropiadamente en este tenor del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera textual, en el párrafo cuarto, señala que: ``Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias en v vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos''.

En la Constitución queda claro que el petróleo pertenece originalmente a la nación, que el dominio de la nación de conformidad con el párrafo sexto del artículo 27 es inalienable e imprescriptible.

Por lo anterior es de considerar que el pueblo de México es legítimo, único y original propietario del petróleo y de más hidrocarburos del subsuelo; en este sentido podemos señalar que la propiedad sólo puede estar en manos del pueblo o del gobierno. Teniendo en cuenta que la Constitución Política le confiere ese derecho de propiedad al pueblo de México es preciso definir hacia quién deben de ir canalizados los beneficios de los excedentes petroleros, toda vez que este recurso no renovable deja situaciones de desequilibrio ecológico en las amplias zonas donde se encuentra Petróleos Mexicanos.

Por ello, en el proyecto de decreto que se reforma el artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propongo el artículo único que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d), se le adicione un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo, una vez realizadas, en su caso, las composiciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I, de esta ley, se destinarán a los siguientes:

d) En un 8 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento a las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportando en la Cuenta Pública reciente.

En el inciso e) que propongo. Es un 2 por ciento a todos y a cada uno de los municipios relacionados con Pemex por cuestiones de exploración, explotación, conducción e infraestructura para ser aplicados en la reestructuración del equilibrio ecológico y el amortiguamiento del daño social.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplirá con las proposiciones que establece este artículo relativo a la proporción que le corresponde a los municipios como lo expresa el inciso e).

Dado en el Palacio Legislativo. Pido a la Presidenta sea tan amable de turnarlo a las comisiones correspondientes y de igual manera a la de Fortalecimiento al Federalismo. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Andrés Carballo Bustamante , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d), y adiciona un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mientras en el mundo se libran batallas financieras, bursátiles, políticas y militares en aras de reducir el número de las manos en que se encuentra el control de los principales energéticos, en México la lucha entre los grupos políticos y, sobre todo, las fracciones parlamentarias es en torno del reparto de los excedentes fiscales que ahora dejan los altos precios del petróleo en el mercado internacional; Ejecutivo federal, gobernadores, municipios e incluso acreedores quieren beneficiarse del reparto, pero nadie da cuenta justa y exacta de qué está ocurriendo con esos recursos.

No es menor la suma en juego: para el Presupuesto de 2005 se previeron ingresos de 23 dólares por barril de mezcla mexicana de exportación, pero hoy ésta se cotiza en casi 51.73 dólares; es decir, 100 por ciento más de lo esperado.

Estamos hablando de un monto por excedentes petroleros hasta de mil 100 millones de dólares sólo al cierre del primer trimestre del año, mientras que expertos calculan que en 2004 la cifra por ese concepto alcanzó 10 mil millones de dólares.

Dadas estas observaciones, consultores en economía manifiestan: ``Es de suma importancia manejar con prudencia el Presupuesto de Egresos, que es de aproximadamente 1 billón 500 mil pesos; pero al sumarle todos los requerimientos, observamos que se eleva a 1 billón 800 mil...'', con lo que no hay excedentes que alcancen.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 Artículo 3.El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto importa la cantidad de................................ $1,818,441,700,000.00, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este decreto. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 Artículo 3.El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto importa la cantidad de.............................. $2,000,072,400,000.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los anexos de este decreto.

Investigadores, consultores y académicos estiman que urge transparentar el uso que se da a los excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad en su distribución, sobre todo cuando se canalizan los recursos a los estados, donde es aún más difícil fiscalizar el gasto público.

Los mismos investigadores responsabilizan al Poder Legislativo; manifiestan: ``Lo que es un hecho es que han formado una maraña tanto en el decreto de Presupuesto como en la Ley de Ingresos'', a fin de manejar de manera discrecional los excedentes. Y si bien es cierto que los gobernadores, a través de la Conago o de los diputados en el Congreso de la Unión, piden cuentas claras, al final aceptan lo que les toca y no presentan mayores alegatos. Para Hacienda, lo importante es utilizarlos a fin de ``mantener el balance económico''.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó en diciembre de 2004 establecer en el paquete económico para 2005 modificar su propuesta de fijar un precio de 27 dólares por barril a la venta de crudo mexicano y establecerlo en uno más moderado, de 23 dólares por barril, pese a considerarlo ``muy conservador en momentos en que los precios internacionales rondan máximos históricos''. A cambio de tal concesión, los diputados decidieron que una parte de los recursos adicionales que generan los excedentes petroleros quedarán ``etiquetados'' para imponer al gobierno federal la obligación de usarlos para inversiones en el sector productivo. Asimismo, ``etiquetados'' otra parte de los excedentes por venta de crudo para que se destine a Pemex mediante un fondo de estabilización petrolera, y otra para repartirla a las arcas de los estados de la república.

Sin embargo, hasta el momento no se ve claro dónde se aplican esos recursos, por más que hayan sido ``etiquetados y reetiquetados'' por el Poder Legislativo. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público utiliza esos excedentes de acuerdo con sus necesidades y metas, con base en las facultades que le otorga la ley para el manejo presupuestario. Mientras, las autoridades financieras prefieren guardar silencio al respecto.

Aún así, ni quién se ocupe ni preocupe por los municipios donde Pemex deja un sinnúmero de problemas, y aunque la ley obliga a esta empresa a resarcir todos y cada uno de los daños que ocasiona con su exploración, explotación, conducción e infraestructura establecida en cada espacio ocupado de los diversos municipios afectados. Todo ello da como resultado el encarecimiento y deterioro de la vida social: en lugar de recibir desarrollo, reciben problemas y muy poco por la vía de los presupuestos; es decir, de los excedentes.

Si reconocemos que existen tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y actuamos como tal en ese entendido, los productos de los excedentes petroleros y estos mismos deberían ser devueltos a la sociedad por la vía más cercana de relación constante, los ayuntamientos constitucionales, y así dar viabilidad y respeto al artículo 115 constitucional, marco rector vínculo del federalismo en la triada de gobernabilidad, representativa, popular y democrática.

El tema del patrimonio del petróleo debe ser situado apropiadamente. En este tenor, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza de manera textual en el párrafo cuarto: ``Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos''.

En la Constitución queda claro que el petróleo pertenece originariamente a la nación, que el dominio de la nación, de conformidad con el párrafo sexto del artículo 27, ``es inalienable e imprescriptible''. Por lo anterior, es de considerar que el pueblo de México es el legítimo, único y original propietario del petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo. La propiedad sólo puede estar en manos del pueblo o del gobierno.

Teniendo en cuenta que la Constitución mexicana confiere ese derecho de propiedad al pueblo de México, es preciso definir hacia quién deben ir canalizados los beneficios de los excedentes petroleros, toda vez que este recurso no renovable deja situaciones de desequilibrio ecológico en las amplias zonas donde Pemex tiene injerencia, por cuestiones de exploración, explotación, conducción e infraestructura.

El objeto de esta reforma es que la proporción de 10 por ciento a que se refiere el inciso d) de la fracción IV del artículo 19 de la ley referida sea de 8 por ciento y el restante 2 por ciento quede adicionada en un inciso e) remitida a todos los municipios de todo el país que tienen relación con Pemex por razones de exploración, explotación, conducción e infraestructura.

Lo anterior permite resarcir a todos los municipios afectados por Pemex parte de los destrozos que se ocasionan a las tierras, al ecosistema y, por ende, a los pobladores, a través de la iniciativa de reforma que presento.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Articulo Único. Se reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d), y se le adiciona un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I, de esta ley, se destinarán a lo siguiente:

a) a c) ... d)En 8 por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

e) En 2 por ciento a todos y cada uno de los municipios relacionados con Pemex por cuestiones de exploración, explotación, conducción e infraestructura, para ser aplicados en la reestructuración del equilibrio ecológico y el amortiguamiento del daño social.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumplirá las proporciones que establece este artículo en lo relativo a la proporción que corresponde a los municipios como lo expresa el inciso e).

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Andrés Carballo Bustamante (rúbrica).»

La Presidenta María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo. Sonido en la curul del diputado Montalvo.

LEY GENERAL DE SALUD

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas(desde la curul): Sí; gracias, Presidenta. Para solicitarle muy atentamente que rectifique el turno de la iniciativa que presenté, para reformar el artículo 324 Bis a la Ley General de Salud, si puede incluir el turno a la Comisión de Justicia.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Le vamos a aumentar al turno de la Comisión de Salud que fue dado, con opinión de la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia saluda a los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, le da la bienvenida y les agradece habernos visitado.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra, al diputado Alberto Amaro Corona del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Alberto Amaro Corona:Con su venia, ciudadana, diputada Presidenta. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; la fracción VI al artículo 111 del Capítulo II Bis; artículo 113 Bis al Título Séptimo de la Ley General de Salud, con base en la siguiente exposición de motivos:

La presente iniciativa de reforma a la Ley General de Salud pretende establecer como materia de salubridad general la actividad física para la salud. Ante las condiciones que vivimos de un incremento sustancial en la obesidad de la población de nuestro país, la cual tiene características epidémicas por el alarmante número de casos registrados y en el incremento importante en el porcentaje de casos de este mal. Ante esto, expondré los motivos que llevan a realizar esta propuesta para trasmitir a adultos y niños la importancia de la actividad física.

Debemos plantearnos como objetivos el combate al sedentarismo y la falta de actividad física, considerándolos como una de las principales causantes de la obesidad en nuestro país. La cifra en materia de sobrepeso es alarmante entre los cinco y 11 años de edad, pues uno de cada cuatro niños presenta sobrepeso. Esto es equivalente a 4 millones de niños. En los últimos siete años creció en 40 por ciento.

Entre los adolescentes la situación es también crítica pues casi 6 millones presentan problemas de obesidad. Al llegar a la edad adulta cerca de 70 de cada... mujeres mayores de 20 años, es decir 25 millones de mexicanas, tienen condición de sobrepeso y obesidad.

Los hábitos de los mexicanos para realizar actividades físicas y deportivas se reducen a menos de una hora, un día a la semana. Datos de la Conade arrojan que los mexicanos concebimos la actividad física y el deporte como eventos de fin de semana y no como una práctica sistemática y disciplinaria que requiere cuando menos 30 minutos cada tercer día para que el ejercicio mejore a nivel de salud y propicie el desarrollo físico.

De lo contrario tenemos como consecuencia que, producto del sedentarismo, se da el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, como obesidad, cardiovasculares, diabetes, cáncer, deformaciones a nivel musculoesquelético, y también la alimentación deficiente y el exceso de presiones, que son factores comunes que detonan una gran cantidad de problemas que afectan a los individuos también psicológicamente.

Por lo anteriormente mencionado y tomando como referencia el panorama internacional, es conveniente retomar experiencias significativas que puedan implementarse en nuestro país, no sólo como una solución sino más bien como medidas preventivas. Así tenemos casos que han estudiado problemas del sedentarismo y los beneficios de programas de actividad física, por ejemplo, en Australia y Canadá se encuentran beneficios en su población económicamente activa al reducir el ausentismo laboral y aumentar la productividad, así como en disminuir las enfermedades del corazón.

Por otro lado, las enfermedades no transmisibles provocadas por la inactividad causaron 76 por ciento de todas las defunciones en América Latina en el 2002, según datos proporcionados por la Organización Panamericana de Salud, ya que más de dos terceras partes de la población de países de América Latina, como Brasil y México, no practican los 30 minutos diarios recomendados de actividad física moderada para prevenir enfermedades no transmisibles.

En el 2005, según un reporte de la Secretaría de Salud, hubo 50 mil muertes debidas a problemas cardiovasculares, eso significa una de cada 10 muertes en el país. En el mundo cada año mueren 17.5 millones de personas.

La única forma de reducir la incidencia de estos padecimientos es la prevención, por eso se pretende motivar a los mexicanos pequeños, adolescentes y adultos a la práctica de alguna actividad física y llevar estilos de vida saludables evitando el tabaquismo y fomentando una nutrición sana y el chequeo de sus niveles de colesterol, presión arterial, azúcar en sangre, lípidos y sobrepeso, por lo menos una vez al año e impartir prácticas informativas a pacientes y público en general.

En la actualidad hablar de obesidad es hablar de un problema de salud pública. Tenemos que promover actividades donde la familia participe, que conviva, que haya movimiento en lugar de que se reúnan en torno a la televisión, la computadora o el videojuego. Por ello es importante la actividad física para contrarrestar los hábitos actuales de los niños y también de nuestra población adulta.

Sin embargo, es prioritario tomar medidas inmediatas para contrarrestar principalmente las consecuencias en niños con obesidad, las cuales van desde imagen corporal negativa hasta problemas de salud que anteriormente sólo se presentaban en personas en edad adulta, pero que hoy se presentan en nuestra población infantil.

Por ello la importancia de que la población comprenda los beneficios de adquirir hábitos de actividad física. Esto se logrará por medio de personal especializado de las instituciones de salud pública y a través de la promoción y educación en la primaria que permitan a los mexicanos gozar de salud y una mejor calidad de vida y al mismo tiempo, disminuir costos en la atención médica, producto de enfermedades derivadas del sedentarismo y la obesidad.

Bajo este esquema debemos mencionar que desde el punto de vista legislativo es necesario plasmar en la Ley General de Salud un artículo que regule e implemente la actividad física para la salud, haciendo conciencia de que los beneficios que el ejercicio le brinda al ser humano son muchos; entre ellos mejora el trabajo del corazón, disminuye la presión arterial y el riesgo de tener infartos, reduce niveles de azúcar y grasa en la sangre y la ayuda a bajar de peso, favorece el aprendizaje, aumenta la autoestima y la sensación de bienestar.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Concluya por favor, diputado.

El diputado Alberto Amaro Corona : Le solicito respetuosamente me permita un minuto más; con eso concluyo. Por las consideraciones expuestas someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; la fracción VI al artículo 111 y el Capítulo Dos Bis, artículo 113 Bis, el Título séptimo de la Ley General de la Salud en los siguientes términos:

Artículo 3. Se adiciona la fracción XIII Bis, actividad física para la salud.

Artículo 111. Queda como sigue: la promoción de la salud comprende... Y adicionamos la fracción VI, la actividad física para la salud.

Capítulo Dos Bis. Actividad física para la salud.

Artículo 113 Bis. La actividad física para la salud tiene por objeto:

Fracción I. Fomentar, orientar y capacitar a la población para el desarrollo de actividades y conductas que le permitan reconocer los beneficios de la actividad física a la salud; asimismo como un medio para prevenir algunas enfermedades, en especial las crónico-degenerativas.

Fracción II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre los daños del sedentarismo, la obesidad y la falta de actividad física.

Fracción III. Desarrollar programas tendientes a establecer los medios para ofertar servicios de manera regular y sistemática, que la práctica de la actividad física sea acorde con las necesidades y posibilidades físicas de los individuos.

La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, así como las de la sociedad civil organizada y los ciudadanos, formulará, propondrá, desarrollará y escrutará programas de actividad física para la salud, procurando sean efectivos y acordes con las necesidades específicas de cada individuo.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito se inserte íntegramente en el oficial Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Alberto Amaro Corona , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; el Capítulo II Bis, artículo 113 Bis, al Título Séptimo de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de reforma a La Ley General de Salud pretende establecer como materia de salubridad general la actividad física para la salud, ante las condiciones que vivimos, que muestran un incremento sustancial de la obesidad de la población de nuestro país, la cual tiene características epidémicas por el alarmante número de casos registrados y el incremento importante en el porcentaje de casos de este mal; ante esto, expondré los motivos que llevan a realizar esta propuesta para transmitir a adultos y niños la importancia de la actividad física, lo que tiene un impacto en el mejoramiento de su condición física y, por ende, en su calidad de vida; asimismo, deberá formar parte de una política pública, donde concurran los diferentes órdenes de gobierno, para combatir esta enfermedad y sus consecuencias.

Debemos plantearnos como objetivo el combate al sedentarismo y la falta de actividad física, considerándolos como uno de los principales detonantes de la obesidad en nuestro país. La cifra en materia de sobrepeso es alarmante: uno de cada 4 niños de entre 5 y 11 años de edad presenta sobrepeso, esto equivale a más de 4 millones de niños mexicanos. Este fenómeno está avanzando a gran velocidad y en los últimos 7 años creció 40 por ciento; entre los adolescentes la situación es también crítica, pues casi 6 millones presentan hoy problemas de obesidad; por su parte, al llegar a la edad adulta cerca de 70 de cada 100 mujeres mayores de 20 años; es decir, 25 millones de mexicanas, tienen la condición de sobrepeso y obesidad; estas circunstancias se presentan en todos los estados del país. La obesidad y sobrepeso son producto, entre otras carencias, de la falta de actividad física; así, tenemos que en México tan sólo 16 de cada 100 mexicanos practican algún deporte y en el caso de las mujeres es todavía más grave, con apenas 10 por cada 100.

Los hábitos de los mexicanos para realizar actividades físicas o deportivas se reduce a menos de una hora un día a la semana; datos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte arrojan que los mexicanos conciben la actividad física y el deporte como eventos de ``fin de semana'' y no como una práctica sistemática que requiere de cuando menos 20 minutos cada tercer día para que el ejercicio mejore el nivel de salud y propicie el desarrollo físico; de lo contrario tenemos como consecuencia que producto del sedentarismo se da el aumento de enfermedades crónico degenerativas como: obesidad, cardiovasculares, diabetes, cáncer, deformaciones a nivel musculoesquelético, y también la alimentación deficiente y el exceso de presiones que son factores comunes que detonan una gran cantidad de problemas que afectan a los individuos también psicológicamente. En México prácticamente no existe una cultura física, por lo que después de la etapa escolar los mexicanos se olvidan definitivamente del ejercicio, pues menos del 7 por ciento de la población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o deporte que sea significativa para conservar su salud.

Por lo mencionado anteriormente y tomando como ejemplo el panorama internacional, es conveniente retomar experiencias significativas que puedan implementarse en nuestro país, no sólo como una solución, sino más bien como medidas preventivas, así tenemos casos que han estudiado los problemas del sedentarismo y los beneficios de programas de activación física; por ejemplo, en Australia y Canadá se encuentran beneficios en su población económicamente activa al reducir el ausentismo laboral y aumentar su productividad, así como en disminuir las enfermedades del corazón con un ahorro potencial de 103.75 millones de dólares (Australia) y 190 millones de dólares (Canadá, 1995) que se hubieran gastado en su tratamiento; en Estados Unidos han estimado que sus programas de actividad física promueven un ahorro en salud anual de 330 dólares per cápita y consideran que por cada dólar invertido en programas de actividad física tienen un ahorro de 3.2 dólares en atención médica.

Por otro lado, las enfermedades no transmisibles causadas por la inactividad causaron 76 por ciento de todas las defunciones en Latinoamérica en 2002 --según datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)-- ya que más de dos terceras partes de la población de países de América Latina, como México y Brasil, no practican los 30 minutos diarios recomendados de actividad física moderada para prevenir enfermedades no transmisibles, por lo que, según un reporte de la OPS y estudios de investigadores de la UNAM, el sedentarismo va en aumento y el ritmo diario de trabajo en México lleva a las personas a comer hamburguesas, tacos y tortas, lo cual implica mayor ingesta de grasas y calorías y menor gasto energético, por consiguiente, se incrementa la posibilidad de morir a causa de problemas asociados con la obesidad y la mala alimentación; no obstante, los estilos de vida sedentarios son los que predominan en casi todas las zonas urbanas en el mundo entero, tan es así, que la inactividad constituye uno de los grandes factores de riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales de las enfermedades no transmisibles como la obesidad.

En el 2005, según reporte de la Secretaría de Salud, hubo 50 mil muertes debidas a problemas cardiovasculares, eso significa una de cada 10 muertes en el país. Las principales causas de esta enfermedad son los malos hábitos de alimentación, sedentarismo (poca o nula actividad física), hipertensión arterial, altos niveles de colesterol, diabetes mellitus, obesidad y tabaquismo.

En el mundo cada año mueren 17.5 millones de personas. La única forma de reducir la incidencia de estos padecimientos es la prevención, por eso se pretende motivar a todos los mexicanos, pequeños, adolescentes y adultos para que practiquen alguna actividad física y lleven estilos de vida saludable, evitando el tabaquismo y fomentando una nutrición sana y el chequeo de sus niveles de colesterol, presión arterial, azúcar en sangre, lípidos y sobrepeso por lo menos una vez al año, e impartir pláticas informativas a pacientes y publico en general.En la actualidad hablar de obesidad es hablar de un problema de salud publica que no podemos minimizar y por ello la necesidad de concienciar tanto a los niños y adultos dentro del sistema de seguridad social, que es el vínculo para que comprendan y conozcan el cuerpo humano y logren reconocer la importancia del ejercicio físico, como una actividad preventiva, que fomente en nuestra población hábitos que fortalezcan la salud e incrementen la calidad de vida de los mexicanos.

Tenemos que promover actividades en donde la familia participe, que conviva, haya movimiento, en lugar de que se reúnan entorno a la televisión, la computadora o el videojuego, por ello es importante la actividad física, para contrarrestar los hábitos actuales de los niños y también de nuestra población adulta; sin embargo, es prioritario tomar medidas inmediatas para contrarrestar principalmente las consecuencias en niños con obesidad, las cuales van desde imagen corporal negativa, hasta problemas de salud que anteriormente sólo se presentaban en personas en edad adulta, pero que hoy se presentan en nuestra población infantil; por ello la importancia de que la población comprenda los beneficios de adquirir hábitos de activación física; esto se logrará por medio de personal especializado de las instituciones de salud pública y a través de la promoción y educación en la materia, que permitan a los mexicanos gozar de salud y una mejor calidad de vida; al mismo tiempo, disminuir costos en atención médica producto de enfermedades derivadas del sedentarismo y la obesidad, ya que son las que más dinero le cuestan actualmente al sector salud.

Bajo este esquema, es necesario mencionar que, desde el punto de vista legislativo, es necesario plasmar en la Ley General de Salud un artículo que regule e implemente la activación física para la salud, haciendo conciencia de que los beneficios que el ejercicio o actividad física brindan al ser humano son muchos, entre ellos: mejora el trabajo del corazón, disminuye la presión arterial y el riesgo de tener infartos; reduce los niveles de azúcar y grasa en la sangre y ayuda a bajar de peso, favorece el aprendizaje, aumenta la autoestima y la sensación de bienestar; en general, mejora la calidad de vida, al mismo tiempo que disminuye la tensión nerviosa (estrés), y en general las enfermedades derivadas del sedentarismo.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; el Capítulo II Bis, artículo 113 Bis, al Título Séptimo de la Ley General de Salud.

Artículo Único: Se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3; el Capítulo II Bis, artículo 113 Bis, al Título Séptimo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

...

XIII Bis. Actividad física para la salud.

...

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

...

I Bis. La actividad física para la salud;

Capítulo II Bis Actividad Física para la Salud

Artículo 113 Bis. La actividad física para la salud tiene por objeto:

I.Fomentar, orientar y capacitar a la población para el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan reconocer los beneficios de la actividad física en la salud, así mismo como un medio para prevenir algunas enfermedades en especial las crónico-degenerativas;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre los daños por el sedentarismo, la obesidad y la falta de actividad física;

III. Desarrollar programas tendentes a establecer los medios para ofertar servicios de manera regular y sistemática para que la práctica de la actividad física sea acorde con las necesidades y posibilidades físicas de los individuos;

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá, desarrollará y ejecutará programas de actividad física para la salud procurando que sean efectivos y acordes con las necesidades específicas de cada individuo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

Esta Presidencia saluda y felicita a los alumnos ganadores y alumnas ganadoras del concurso de oratoria del quinto sector educativo de la zona escolar 29 del Estado de México que nos acompañan esta mañana. Muchas felicidades.

Saludamos también al grupo de mujeres de la comunidad de Acapatzingo, del estado de Morelos; gracias por su visita. También nos acompañan y damos un cordial saludo a los comisariados y líderes del municipio de Atotonilco, Hidalgo, que nos acompañan esta mañana como invitados especiales. Gracias por su visita.

ARTICULOS 74, 91 Y 93 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita además por el diputado Alfredo Ríos Camarena .

El diputado César Horacio Duarte Jáquez:Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, hoy presentamos a esta soberanía una iniciativa que nos parece trascendente e importante y me acompañan en ella dos ilustres abogados: el diputado Alfredo Ríos Camarenay el doctor Raúl Cervantes, que vienen a plantear un tema fundamental para el ejercicio del gasto para la función de la administración pública federal, para la práctica diaria a la que nos sometemos y que tiene que ver también mucho con la frustración en la que los legisladores nos encontramos después de aprobar los presupuestos, al no ver aterrizados en nuestros distritos, en nuestros estados, en nuestras regiones, esas políticas que impulsamos, vía presupuesto o vía acuerdos con el Ejecutivo federal.

Estas reformas tienen que ver con que, una vez nombrados los delegados federales, tengamos la capacidad en el Congreso de traer a comparecer a cada una de las comisiones relacionadas con el tema de la responsabilidad asignada en las dependencias.

A comparecer, para que cumplan con el requisito de ser ratificados por esta soberanía y que con ello, más allá de un tinte partidista o de regatearle hoy facultades al Ejecutivo, tengamos una capacidad de convivencia en el equilibrio de Poderes y sobre todo en ese discurso maravilloso que escuchamos siempre de federalismo.

El federalismo deberá de darse en el equilibrio de fuerzas, deberá de darse en la participación responsable de cada uno de los poderes públicos que hoy conformamos el gobierno federal.

Es por eso que sería importante traer aquí, a esta soberanía, a quienes serán los que ejerzan el gasto público, a quienes sean los que participen y complementen las definiciones de las dependencias.

Hoy por hoy no conocemos ni sabemos la trayectoria de los delegados de la Procuraduría General de la República. Hoy por hoy, qué importante sería que hubiéramos sido partícipes, junto con el Ejecutivo, de pasar a cada uno de los delegados federales de la Procuraduría General de la República aquí en la Comisión de Seguridad Pública, por ejemplo, para conocer sus antecedentes, su capacidad profesional, el conocimiento de los temas en este tema tan sensible y sobre todo complicado como es la seguridad pública.

Qué importante sería que tuviéramos la capacidad de que los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, que muchos se convierten en ``santocloses'' al estar distribuyendo los recursos de los programas que aquí se sancionan, que aquí se aprueban y que allá a veces sólo llevan el matiz partidista.

Cuántos delegados solamente por la conformidad de haber perdido una elección, los mandan como candidatos derrotados a ocupar una delegación. Y en esa delegación, cuántas veces van a cobrar la frustración de no haber sido electos. O lo que es mejor todavía, cuántas veces proyectando solamente la idea de un perfil para hacerlo candidato del partido en el gobierno se le entrega una delegación para que con ello se refleje, se proyecte, se posesione y con eso gane terreno en la elección.

Esto es algo delicado y grave porque si bien hoy gobierna un partido, mañana los partidos que tendremos posibilidades de gobernar, también tendríamos este elemento; pero es fundamental que tengamos ese equilibrio, esa capacidad de conocer y fomentar el Servicio Civil de Carrera.

Que un delegado de Semarnat venga a la Comisión de Medio Ambiente y plantee sus conocimientos en el tema; que un delegado de la Secretaría de Economía, pase la información debida a la producción o la competencia de los productos que la Secretaría está permitiendo en sus importaciones aquí, en la Ciudad de México.

Es elemental que los delegados de Agricultura, de Reforma Agraria, tengan los elementos y conocimientos suficientes del terreno en que van a trabajar y sobre todo en la responsabilidad que se les está otorgando. Es por eso que esta iniciativa es elemental en este tiempo.

Es elemental para fortalecer el federalismo; es elemental para que los delegados federales no se conviertan únicamente en promotores electorales y más en un año como éste que hay 14 elecciones locales y que no pueden ser únicamente el motivo promotor electoral del partido en el gobierno; sino al revés, tienen que ser fieles, responsables, profesionales, pero sobre todo servidores públicos que pasen por el filtro del Congreso en el conocimiento de los temas de los diputados que integren las comisiones de cada una de las actividades.

Es elemental y trascendental para fortalecer el federalismo que deje de ser discurso o una posición solamente mediática en la que en las acciones el Ejecutivo Federal comparta con esta soberanía el nombramiento a la ratificación de quienes sean delegados de cada una de las dependencias.

Es por eso que agradezco enormemente a mi coordinador, el diputado Emilio Gamboa, que se haya sumado en esta iniciativa; al diputado Javier González Garza , coordinador del PRD, que también la ha signado; a Gloria Lavara, coordinadora del Verde; a José Luis Aguilera, de Convergencia; a Rubén Aguilar, del Partido del Trabajo; al profesor Jacinto Gómez Pasillas , mi paisano, diputado por el Partido Nueva Alianza, que también lo ha signado.

Cuarenta y seis legisladores cenecistas, que estoy seguro que esta iniciativa nos fortalece, así como también en la bienvenida que damos al diputado Octavio Fuentes Téllez , que hoy ha asumido su curul.

Al diputado Israel Beltrán Montes , a la diputada Lilia Merodio y al diputado Enrique Serrano, agradezco que hayan signado junto con su servidor, esta iniciativa, la cual pido, Presidente, sea incorporada íntegra en el Diario de los Debates, así como su exposición de motivos para que a la brevedad esta soberanía tenga la posibilidad de dictaminarla y la hagamos una realidad. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez y Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales César Duarte Jáquez y Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 91 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2o., fracción VIII, y 45, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y artículos 14, 16, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Exposición de Motivos

Desde sus orígenes, el Poder Legislativo ha sido no sólo la institución de donde emanan las normas básicas que rigen a nuestro país, sino también, el instrumento de participación del pueblo en las tareas del Estado, que establece el control del poder a través de la crítica y corrección constante de aquello que lesiona la patriótica búsqueda del bien común.

En la actualidad, el avance de la normalidad democrática empieza a conformar, más que un sistema de división de poderes, un esquema de colaboración y equilibrio entre los mismos. En este sentido, los teóricos de los procesos políticos definen la separación de poderes como ``el desarrollo del proceso de orientación política mediante el funcionamiento de controles y responsabilidades ejercidos por el complejo de órganos constitucionales''.¹

En esta perspectiva, se hace impostergable el impulso y perfeccionamiento de instrumentos de equilibrio que garanticen márgenes de certidumbre para los electores sobre la actuación de los organismos del Estado, en particular, del Ejecutivo federal. Estos medios de control se caracterizan, además, por ser una forma de permanente evaluación de los métodos democráticos, haciendo de este órgano representativo un instrumento específico y eficaz para estos fines; métodos de control que nos permitan conocer la actividad del Ejecutivo federal, valorarla, verificarla, fiscalizarla, comprobarla, evaluarla, revisarla o examinarla, así como expresar una opinión al respecto, y en conjunto trasladarla a la opinión pública, fortaleciendo el estrecho vínculo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos.

En este contexto, el Ejecutivo federal, a través de lo establecido en el artículo 89 constitucional, lleva a cabo los nombramientos de los funcionarios que integrarán su gabinete. Sin duda, el presidente de la república debe contar con el margen de maniobra suficiente para designar a los funcionarios de alto nivel de su administración. Dentro de estos nombramientos, los secretarios de Estado, con la representación del Ejecutivo federal, realizan los nombramientos de directores generales, jefes de unidades, delegados federales, entre otros. Estos últimos, cumplen la función de ser los representantes de las secretarías de Estado en las diversas entidades. Son ejecutores del gasto, coordinan el cumplimiento de los programas de la secretaría correspondiente, suscriben acuerdos de cooperación con los gobiernos de los estados, otorgan permisos, licencias, autorizaciones y sus respectivas modificaciones, suspensiones, cancelaciones, revocaciones entre otras casi 50 responsabilidades.

La capacidad gestora y de recursos de este tipo de funcionarios es muy útil, por plantearlo más claro: la capacidad de maniobra de los delegados federales es del tamaño del estado donde operan, y es proporcional a la tentación de nombrar gente conveniente, que lejos de cumplir con un perfil profesional que indique su pleno conocimiento de la grave problemática que enfrentará, se ajusta a un esquema político que responde a las necesidades, acentuadas en tiempos electorales, del gobierno federal.

De estos funcionarios se han recibido una gran cantidad de quejas por malversación de fondos y proselitismo a favor de candidatos, generalmente, de su mismo partido. La figura del delegado federal se ha desgastado a tal grado que la percepción general es que, paralelamente al cargo federal, estos funcionarios fungen como cabezas de partido en sus respectivas entidades. Si hacemos un recuento de la cantidad de funcionarios que manejan recursos y capacidad gestora, con la figura de delegados, a través del nombramiento discrecional del Ejecutivo, la cantidad sobrepasa los 600, sin incluir las paraestatales y organismos descentralizados.

Es por ello, que, en el marco de la construcción de una normalidad democrática, es fundamental que el Congreso de la Unión asuma su papel de órgano representativo de la ciudadanía, a través de la instauración de controles que incentiven la eficiencia y la transparencia en el desempeño de estos funcionarios, sometiendo la ratificación de sus nombramientos a través de la dictaminación respectiva y el posterior voto del pleno.

Con la ratificación del nombramiento de estos funcionarios se fortalecerá, sin duda, la equidad y claridad del ejercicio de gobierno, además de profesionalizar la toma de decisiones para la designación de puestos tan importantes, sustentados en la capacidad real de los candidatos. Un proceso de este tipo vigorizará el arribo de los mencionados funcionarios, al surgir de un verdadero esquema de auscultación con la legitimidad y el apoyo que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, a través del análisis serio y responsable, pueden edificar.

Nadie que se llame demócrata puede estar en contra de que este órgano de representación popular establezca controles responsables a la acción de gobierno. Todos nosotros sabemos que la demanda de control, de transparencia y de buen gobierno está formada con la esperanza ciudadana que genera cada proceso electoral, pero también, con la frustración y desilusión por el ejercicio cotidiano de gobierno.

Por estas razones, proponemos reformar los artículos 74, 91 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes a las facultades de esta Cámara, a los requisitos para ser secretario de Estado y a la comparecencia de funcionarios, además de los artículos 2o., fracción VIII, y 45, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los artículos 14, 16, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:

Iniciativa

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 74; se reforma el texto del artículo 91; y se adiciona el texto del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VIII. ...

IX. Ratificar los nombramientos de delegados federales de entre la terna que sometan a su consideración los secretarios de despacho correspondientes.

Artículo 91. Para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. Para poder ser delegado federal de alguna de las secretarías de Estado se deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser secretario de despacho, además de contar con amplia experiencia comprobable de por lo menos 6 años en la rama correspondiente.

Artículo 93. (...)

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, a los delegados federales, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Artículo Segundo. Se adiciona el texto de la fracción VIII del artículo 2o.; y se adiciona el texto de la fracción II del artículo 45; ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Dependencias: Las secretarías de Estado, las delegaciones federales y los departamentos administrativos, incluyendo a sus respectivos órganos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente los términos del artículo 4o. de esta ley;

Artículo 45. (...)

I. (...)

II. Los subsecretarios, delegados federales y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la secretaría y a la Cámara de Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento, y

(...)

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 14 y 16, en su párrafo tercero; se adiciona una fracción XV, recorriendo las subsecuentes, al artículo 31; y se adiciona una fracción VII, recorriendo las subsecuentes, al artículo 37, todos de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezcan el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. En dichos ordenamientos deberá precisarse la actuación de cada dependencia o unidad administrativa que preste auxilio al secretario de Estado.

(...)

Artículo 16. (...)

(...)

Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas deberán precisar el alcance de la delegación realizada, así como las funciones de las unidades adscritas y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIV. ...

XV. Realizar estudios, programas, convenios y acciones en materia de descentralización hacia las entidades federativas, bajo el criterio de racionalidad administrativa, eliminación de estructuras y puestos que dupliquen el servicio público y el fortalecimiento de los recursos humanos, materiales y financieros de las mismas.

XVI. a XXVI. ...

Artículo 37. A la Secretaría de la función pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. ...

VII. Impulsar la descentralización de atribuciones, facultades y recursos a las entidades federativas y municipios, bajo los criterios de racionalidad administrativa, orientación al ciudadano y fortalecimiento institucional de los servicios públicos locales. Para ello, en el marco de sus atribuciones, estudiará y dictaminará la eliminación de estructuras y puestos federales que dupliquen, obstaculicen o reduzcan la capacidad de actuación de las administraciones públicas estatales y municipales.

VIII. a XXVIII. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Lucas Verdú, Pablo, Curso de derecho político, p. 223.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputados: César Duarte Jáquez, Alfredo Ríos Camarena (rúbricas).»

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Insértese de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra la diputada Claudia Cruz Santiago, del grupo parlamentario del PRD para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:Gracias, señor Presidente. Uno de nuestros derechos humanos en México es el derecho a la salud y hemos de alguna manera, en algunas zonas del país hay una serie de atenciones que tienen la infraestructura necesaria para que las mujeres puedan tener sus hijos. Pero hay otras zonas del país donde no existe eso y donde hay una serie de mujeres que han hecho tradicionalmente y por muchos siglos en nuestro país, lo que es el servicio de la partería.

Hoy estas mujeres han estado llevando a cabo a través, de una serie de estudios y servicios profesionales, todo este servicio que se da en las comunidades más pobres del país, donde generalmente se encuentran con mujeres de muy bajos recursos que no tienen una condición ni siquiera los medios para poder acudir a ningún hospital. Y que ellas en esta medida han podido ayudar a que muchos mexicanos y mexicanas puedan nacer en las mejores condiciones.

Hoy vengo a proponerles, diputados y diputadas, que este servicio pueda se excluido de que paguen el impuesto. Hemos estado haciendo una revisión de cuánto sería ese pago de impuesto, exentarlas de ese pago de impuesto y cuánto nos repercutiría a nosotros; en la práctica es casi nada, es nulo el asunto de cuántos son los impuestos que ellas están pagando y en que reduciría todo este valor que ellas estarían en este momento pagando.

Una serie de grupos, de organizaciones de parteras precisamente, de varias partes del país, han recurrido a este Congreso para que esa exención pueda significar el que ellas puedan cobrar más barato a todas las mujeres a quienes les otorgan el servicio.

Y por ese motivo vengo a exponer y a plantearles la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo único. Se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 15. Los servicios profesionales de medicina, enfermería y partería profesional, cuando su presentación requiera de título de médico, enfermera o técnico terminal profesional, en el caso de partera profesional conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles.

Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial.

Solidariamente solicitamos que el texto pueda ser integrado en su totalidad en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Claudia Cruz Santiago, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las más importantes garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho a la protección de la salud, para lo cual la federación y las entidades federativas promueven mediante su legislación respectiva, el acceso a dichos servicios, en forma concurrente. Pero la infraestructura existente y la concentración de los servicios profesionales de medicina en centros urbanos, así como los problemas estructurales para hacerlo extensivo a todos los ciudadanos, hace que los mismos no sean suficientes para atender las necesidades de la población en áreas rurales, por lo disperso de la población, lo cual dificulta la dotación de servicios básicos de salud, educativos y de atención social. Ante ello la misma sociedad crea respuestas de organización y protección de la salud, las cuales en una sociedad del conocimiento, ha derivado en que actividades tradicionales, como la de partera; alcance el reconocimiento de estudios con validez oficial, registrados ante la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo los bajos niveles educativos en el país, donde el promedio de escolaridad de las mujeres mexicanas mayores de 15 años, en localidades menores de 15 mil habitantes (área rural) es de 6.3 años y considerando que sólo el 22.5 por ciento de los jóvenes, entre 20 y 24 años, pueden tener acceso a la educación superior, de modo que tan sólo el 15 por ciento de los que se inscriben a la primaria llegan a la universidad, por la urgencia de los jóvenes de ejercer en la profesión, oficio u actividad que permita su sustento, es que dicha profesión tiene su alcance en las escuelas rurales, de nivel técnico terminal profesional y sus servicios son ofrecidos de manera independiente en zonas rurales a bajos precios por la poca capacidad adquisitiva y el espíritu de servicio de esta noble actividad que debe se apoyada para evitar la mortalidad materna que representa un problema de salud pública relacionada con la cobertura y calidad de los servicios de salud. Ya que sabe que este fenómeno no muestra tendencias de disminución, con una mortalidad de 3.9 a 3.7 por cada diez mil nacidos vivos registrados. Estas muertes en su mayoría son prevenibles, y ocurren en zonas rurales o suburbanas, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por dar una cobertura de los servicios básicos de salud que no ha impedido la morbi mortalidad materno infantil manifestada en estas áreas rurales y altamente marginadas.

Por lo anterior, las enfermeras parteras profesionales que se forman en sus propias comunidades y sirven en estas, ya que es muy difícil que médicos profesionales formados en centros urbanos, busquen residir o permanecer en dichas comunidades, son quienes ofrecen los servicios de salud reproductiva, económicos y de calidad a las mujeres de áreas rurales y suburbanas. Las parteras profesionales son una esperanza para que estas mujeres tengan buen servicio y a bajo costo en zonas que no cuentan con servicio de salud en su comunidad y que como consecuencia presentan alta incidencia de factores de riesgo.

Debemos considerar que las parteras profesionales son las personas que habiendo sido admitidas a un programa educacional de partería, debidamente reconocido en el país en que está ubicado, ha contemplado con éxito el curso de estudios de partería y ha adquirido la competencia requerida y autorizada para ejercer la partería. Debe ser capaz de ofrecer la supervisión, el cuidado y los consejos necesarios a las mujeres durante sus embarazos, partos y el periodo de posparto; de dirigir los partos bajo su propia responsabilidad y de prodigar los cuidados al recién nacido y al lactante. Estos cuidados incluyen las medidas preventivas, la detección de condiciones anormales, tanto en la madre como en el niño, obtención de asistencia médica y la ejecución de medidas de emergencia en ausencia de ayuda médica. Ella tiene una importante tarea de asesoramiento y educación en materia de salud, no sólo para las mujeres, sino también dentro de la familia y la comunidad. El trabajo debería comprender educación prenatal y preparación para l maternidad y se extiende ciertas áreas de ginecología, planificación familiar y cuidado de los niños. Podrá ejercer en hospitales, consultas, centro de salud a domicilio.

De este modo se propone modificar el artículo 15, fracción XIV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de que los servicios por la prestación de servicios médicos por los cuales no se paga el mencionado impuesto, incluya los impuestos de enfermería y parteras profesionales que cuenten con reconocimiento de nivel técnico terminal profesional en este último concepto, por ser preponderantemente el nivel académico que es más característico en zonas rurales y de baja capacidad adquisitiva. Por ello se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se forman la fracción XIV el artículo 15, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, para quedar de la siguiente manera

Artículo Único. Se reforma, la fracción XIV, del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue

Artículo 15. ...

I. a XIII. ...

XIV. Los servicios profesionales de medicina, enfermería y partera profesional, cuando su presentación requiera de título de médico, enfermera o técnico terminal profesional en el caso de partera profesional conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles.

XV. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputada Claudia Cruz Santiago (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Damos la más cordial bienvenida a los jóvenes integrantes del Centro Universitario Alianza, de Cuautla, Morelos. Bienvenidos.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajoy de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Adelante, diputado.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya:Con su permiso, señor Presidente. Con la alta representación y el apoyo de mis compañeros de Nuevo León, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajoy de varios amigos y compañeros de Acción Nacional y atendiendo a una petición que hiciera la titular del DIF de Nuevo León.

En estos meses previos al Día de la Madre, al Día del Niño, ocurrimos a presentar una iniciativa que reforma fundamentalmente la Ley Federal del Trabajo, para que las madres adoptivas, que reciban a un menor de hasta seis meses, puedan disfrutar de los mismos beneficios laborales que las madres biológicas y de igual manera aquellas que adopten un hijo mayor de esa edad, que tengan también algunos beneficios como sucede en otros países.

Todos sabemos que la adopción es una figura jurídica que sustituye, a través de padres artificiales, a los consanguíneos. Sin embargo, es una alta responsabilidad del Estado y de la sociedad el proteger al niño desde sus primeros años, ya que todos sabemos que el hombre es el ser más indefenso de la naturaleza y debemos cuidar su nacimiento y fortalecimiento.

Ya la Declaración de Ginebra hablaba de que el niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse, debe ser alimentado, debe recibir apoyo en todos los órdenes, debe ser dotado de los medios para ganarse la vida. En México se ha consolidado ese respeto a los niños ya que desde el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos del Niño y del Adolescente, pero debemos seguir trabajando y apoyando el fortalecimiento de los menores.

Un niño adoptado pasa por diferentes fases en este proceso de adaptación, pero éstas siempre serán las mismas en todos los casos, lo que variará es la duración de éstas. En ese sentido, se propone que tratándose de la nueva relación entre adoptantes y adoptados, al momento en que se les otorgue a los futuros padres la guarda y custodia del menor con fines de adopción, se conceda a la madre adoptante un permiso de 20 días hábiles, a fin de ejercer su maternaje y facilitar el proceso de adaptación. Entendiéndose por esto, los recursos internos y externos para permitir enfrentar y superar los nuevos desafíos que plantea su desarrollo. En igual forma y atendiendo a todos los derechos aplicables a los hijos biológicos, lo son también para los adoptados.

En el caso de los derechos de maternidad, a la madre biológica la ley le concede tres meses de licencia remunerada en el ámbito laboral. Todas las normas laborales, como las de seguridad social, deben reconocerse también a la madre adoptiva; el derecho de disfrutar de estas prestaciones en el periodo de ``maternaje''. Todo ello, a partir de la fecha en que reciba la guarda y custodia del menor, que es cuando éste se incorpora a su nueva familia y requiere de una atención especializada.

Estos beneficios se otorgan con mayor extensión en España y en Italia, incluso se propone en esta iniciativa que, en el caso de que la madre esté imposibilitada, puedan los beneficios ser también en beneficio del padre: que pueda gozar de días para la atención al hijo o al niño adoptado.

Todo ello debe ser consignado en la Constitución como una protección definitiva al niño y a las madres, que asumen una responsabilidad muy grande y necesitan la protección del Estado y de la sociedad. Todo ello debe incorporarse a la ley federal y a las leyes que regulan estas disposiciones.

En este sentido y con el apoyo de mis compañeros de Acción Nacional de Nuevo León, los diputados que de alguna manera han firmado conmigo esta iniciativa, del PT y de mis compañeros diputados de Nuevo León, hacemos esta propuesta, respondiendo así, a la atención petición que nos hizo la titular del DIF de nuestro estado.

Y finalmente, la iniciativa se reduce a que con carácter de decreto sea reformado el artículo 123 en su Apartado A, fracción V, y Apartado B, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones que aparecen debidamente transcritas en la Gaceta. Por su atención muchísimas gracias, y ruego a usted, señor Presidente, sea insertado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los diputados federales por el estado de Nuevo León, con base en la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 en su apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracciones II, IV y VII de la Ley Federal del Trabajo, y 28, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en los términos que a continuación se exponen

Exposición de Motivos

La iniciativa que se presenta tiene como finalidad incorporar en nuestra legislación derechos semejantes para las madres adoptivas, a los que ya se contemplan para las madres biológicas en la legislación laboral, en razón de la alta responsabilidad que significa la maternidad como parte de la atención y formación del ser humano, con independencia de que los padres sean estos biológicos o por adopción.

Vale la pena atender a que es lo que se entiende por adopción para valorar a plenitud ésta: La adopción ha sido definida como la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio. Algunas legislaciones precisan esta concepción En el Código de los Niños y Adolescentes en España, en su artículo 115 se define a la adopción como ``Una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tiene por naturaleza''.

Como podemos observar de los que se trata es de proteger a un ser humano que no tiene la protección natural de sus parientes consanguíneos y que el Estado decide asumir esta responsabilidad conjuntamente con personas que no tendiendo una relación consanguínea deciden participar de la protección de este ser humano que no puede valerse por sí mismo.

Si revisamos la historia nos podemos dar cuenta de que la protección de los menores siempre ha sido preocupación de todas las civilizaciones, por implicar en sí misma la propia perpetuación de la especie. Sólo basta recordar que aquellos que hicieren daño a los menores tenían sanciones ejemplares en diversas civilizaciones, por ejemplo, algunos estudiosos nos señalan que los egipcios condenaban al padre cuyos maltratos ocasionaban la muerte del hijo, a permanecer abrazando al cadáver durante tres días. O bien, se adoptaban medidas extremas para proteger a los menores, como el caso de los griegos en que la patria potestad estaba subordinada a la ciudad, el menor pertenecía a la ciudad, la cual exigía una educación adecuada para que sirviese con eficacia a la comunidad.

En la evolución histórica esta protección se fue institucionalizando, destacándose la protección de aquellos niños que son abandonados por los padres biológicos. Se hablaba ya que los romanos desde aproximadamente el año 1000 de esta era, establecieron instituciones perfectamente estructuradas para la protección de estos niños, mismas que eran reguladas por el derecho romano del que por cierto ha abrevado el derecho de los países de origen latino, por lo que se señala ; ``En el derecho romano, en el período de Justiniano, se distinguía tres períodos en la edad: uno de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, llamado de la infancia y el próximo a la infancia (infantil) hasta 10 años y medio en el varón y 9 años y medio en la mujer; el infante no podía hablar y no era capaz de pensamiento criminal. El segundo correspondiente a la proximidad de la pubertad, hasta los doce años en la mujer y en el varón hasta los 14 años, en que el menor no podía aún engendrar, pero en el cual la incapacidad de pensamiento podía ser avivada por la malicia, el impúber podía ser castigado. El tercero de la pubertad hasta los 18 años, extendido después hasta los 25 años, denominado de minoridad, en que eran castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, estableciendo sólo diferencias en la naturaleza y en la calidad de la pena''. Con ello se trata de mostrar, el grado de preocupación por legislar de la mejor manera posible para proteger al ser humano, desde su nacimiento, dándole una especial protección en aquellas etapas de la vida en que no es lo suficientemente apto para actuar por sí mismo.

Con este mismo espíritu en 1924, la Asamblea de las Naciones, emitió la Declaración de Ginebra, la cual consta de los siguientes cinco puntos:

I. El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una manera normal, física y espiritualmente.

II. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos.

III. El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad.

IV. El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida, debe ser protegido contra la explotación.

V. El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio de sus hermanos.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 1989, en su resolución 44/25, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. En México se han consolidado importantes avances, principalmente en el ámbito jurídico, para garantizar a niñas, niños y adolescentes sus derechos, entre los que se encuentra la reforma al artículo 4 constitucional, que ahora incluye derechos específicos a favor de la infancia. Asimismo, en el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En materia de adopción, el Sistema DIF funda su actuación jurídica en los tratados internacionales de los que México es parte, como lo son la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores, ratificado el 11 de febrero de 1987 y, la Convención sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, ratificada el 14 de septiembre de 1994 y vigente desde el 1 de mayo de 1995. El artículo 133 de la Constitución mexicana establece que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, Ley Suprema de toda la Unión.

La UNICEF asume los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a que cada niño o niña tiene derecho a ser cuidado por sus propios padres y por su familia extendida, siempre que sea posible. De no ser así, los niños deben ser ubicados en ambientes familiares alternativos. Si no hubiera estas posibilidades, el Estado debe procurarles cuidado institucional, como último recurso y de manera temporal.

Las leyes de nuestro país requieren que todos los futuros padres adoptantes participen en un estudio sociofamiliar, con tres propósitos: educar y preparar a la familia adoptiva para el proceso de la adopción, recolectar información acerca de los futuros padres y evaluar la idoneidad de la familia adoptiva.

Un niño adoptado pasa por diferentes fases en ese proceso de adaptación, pero éstas siempre serán las mismas en todos los casos, lo que variará es su duración (más breves cuanto más pequeño es el niño) y la facilidad en la adaptación (mayor también cuanto más pequeño), en función de la edad del niño. Estas fases suelen ser:

- Una fase inicial de angustia, en la que pueden ser frecuentes los llantos, el nerviosismo, el mal dormir, e incluso puede resentirse el apetito. En esta fase, el niño muestra rabia y dolor por el abandono. Para ayudarle a asimilar todo esto, es conveniente ofrecerle mucho contacto físico (abrazos y caricias, demostraciones de afecto), que le hagan sentirse seguro y querido en esa, su nueva casa.

- Una fase de adaptación, de conocerse mutuamente. Irá probando los límites de lo que puede y no hacer, de lo que puede esperar y recibir de las otras personas. También habrá largos períodos de llanto, y predominará la ansiedad por ambas partes.

En ese sentido, se propone que tratándose de la nueva relación entre adoptantes y adoptado, al momento en que se les otorgue a los futuros padres la guarda y custodia del menor con fines de adopción, se conceda a la madre adoptante un permiso de 20 días hábiles a fin de ejercer su maternaje y facilitar el proceso de adaptación. Entendiéndose por maternaje los recursos internos y externos que permitirán enfrentar y superar los nuevos desafíos que plantea el desarrollo.

Atendiendo que todos los derechos aplicables a los hijos biológicos lo son también para los adoptados. En el caso de los derechos por maternidad, a la madre biológica se le conceden tres meses de licencia remunerada. En el ámbito laboral, tanto las normas laborales como las de seguridad social deben reconocen también a la madre adoptiva el derecho a disfrutar de esas prestaciones durante el período maternaje y de esa forma brindar el mayor acompañamiento posible al menor durante su ingreso a la nueva familia y, por lo tanto, la falta de la misma no sólo va en detrimento de la unidad familiar sino que puede terminar afectando al menor.

Las modificaciones que hoy se proponen abundan en este sentido, apoyando a aquellas trabajadoras que con este fin requieren del tiempo necesario para cuidar de manera adecuada, en condiciones semejantes a las de una madre biológica, a aquellos menores que en su primera etapa requiere de esta protección.

De lo que se trata es de complementar la legislación en materia de adopción, con los derechos que en materia laboral asisten a quienes en términos de la legislación laboral tiene a su cargo esta elevada responsabilidad de atender esta primera etapa del desarrollo de un infante. Por ello es que se propone que estos derechos de las madres trabajadoras adoptivas se hagan valer a partir de lo que se ha denominado guarda y custodia del menor, que es cuando el menor se incorpora al seno de su nueva familia, con independencia de el tiempo que transcurra durante el proceso mismos de adopción en su fase administrativa y/o judicial. Lo anterior en razón de que es en el momento que se ingresa al seno de la familia, cuando se brinda ya de manera directa esta protección al menor, entrando en una fase de adaptación familiar.

Es de señalar que en legislaciones de otros países, estos derechos ya se encuentran plasmados en sus legislaciones internas, sólo basta mencionar a manera de ejemplo el caso de España, en donde la situación de maternidad/paternidad está contemplada como una causa de suspensión del contrato de trabajo, por lo que ese establece una prestación económica para compensar la pérdida de la retribución durante estas circunstancias (artículo 45.1 ET) en el que incluso se prevé una asignación económica mensual por tener a su cargo menores o minusválidos.

Es de hacer notar que en el capítulo IV Bis LGSS en que se señala que el subsidio por maternidad se señala que ``pueden ser beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores afiliados a la SS que estén en alta o situación asimilada de alta y que acrediten un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los cinco anteriores a la fecha de parto o decisión administrativa o de resolución judicial de adopción...

El descanso solicitado por el padre o en el caso de adopción o acogimiento de menores hasta de hasta seis años. El permiso tiene una duración de 16 semanas ininterrumpidas ampliables en dos semanas por adopción múltiple a partir del segundo.

El descanso solicitado por el padre o en el caso de adopción o acogimiento de menores hasta de hasta seis años o cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos. El permiso tiene una duración de 16 semanas y si el padre y la madre trabajan el permiso se disfrutará a opción de los interesados...

Cuantía de la prestación económica, consiste en un subsidio de pago periódico y duración temporal consistente en el 100 por ciento de la base reguladora que tenga el beneficiario, la base reguladora es el equivalente a la establecida por la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes''

En Italia también se brindan derechos semejantes a las madres trabajadoras reguladas por su Código Civil en que se brinda una protección para el caso de embarazo y maternidad en su sección 2110. En donde, por ejemplo, desde el inicio del embarazo el trabajador no puede ser despedido, excepto por causas justas, y durante dicho periodo una mujer que renuncie a su puesto tiene la misma indemnización que en caso de despido.

Los derechos, como podemos apreciar en la mayoría de las legislaturas se otorgan tomando periodos ante y posparto, es de hacer notar que algunos de los derechos que la ley 1204/1971 reservada a las madres, se han ido extendiendo de manera paulatina a los padres, en un principio sólo en caso de imposibilidad de la primera, pero recientemente con opciones alternativas. Por ejemplo en 1987 el Tribunal Constitucional (decisión número/1987) extendía por primera vez al padre el derecho de un permiso de tres meses tras el parto, en los caso que el cuidado de los niños por parte de la madre se hacia imposible por enfermedad o muerte, Asimismo, de conformidad con diversos ordenamientos, es posible que ambos padres obtengan un permiso con sueldo durante tres meses tras la efectiva introducción del niño en la familia, pudiendo llegar hasta los 10 meses o mas cuando se trata de niños con discapacidades.

Con lo anterior solo se trata de dejar asentado que lo que se propone ya es aplicado en muchos países de manera exitosa, brindando esta protección a la madre adoptiva y aún al padre y al menor. Es claro que estamos hablando de sociedades diferentes, por lo que no se trata de extrapolar ordenamientos de una país a otro, que responde a realidades diferentes. Pero es claro también que se tiene que avanzar en la protección de estas madres adoptivas, que al igual que las biológicas son quienes brindan esa protección tan necesaria al ser humano en su primera etapa de la vida.

Lo que esta en el fondo es la protección del niño, por eso es que en el corto plazo habrá que legislar para que esos benéficos sean alternativos, como en las legislaciones a las que se ha hecho mención, para hacerlas extensivas a los padres, en los casos extremos, de imposibilidad real física o mental de parte de la madre, o en caso de la falta de ésta. Supuestos en los que deberá ser el padre quien atienda al niño en esta primera etapa de su vida, en la que igual que la madre será el encargado de alimentar y ofrecer los primero cuidados a este nuevo ser.

El derecho anterior de permisos posparto, como se define de manera genérica en la mayoría de legislaciones, tiene como finalidad primordial el garantizar el cuidado del infante y, en menor medida, la recuperación de la madre de los malestares causados por el parto, por ello es que estos derechos deben de se extensivos a quien haya adaptado a un menor que requiere de esos cuidados, por ello es que se propone un límite de edad, en la que estos cuidados son absolutamente necesarios. En este sentido es que se habla de la adopción de un menor de hasta seis meses de edad.

Lo anterior debe de ser completado con disposiciones que prevean un periodo de adaptación para el caso que los menores adoptados rebasen esta edad de seis meses, en la que si bien los cuidados son diferentes y quizás no se requiera de la participación de los padres, por ejemplo para la alimentación, el hecho es que sí se requiere de adaptarse a un nuevo esquema familiar en su conjunto, en el que deben de participar todos sus integrantes.

Cabe señalar que en este sentido el DIF-Nuevo León, por conducto de su titular, ha hecho llegar a esta diputación federal, una propuesta legislativa para atender esta etapa de adaptación familiar, derivada de los procesos de adopción, que se ha incorporado en la propuesta que el día de hoy se presenta.

Las adiciones que se proponen en este sentido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen como finalidad dejar asentado en este ordenamiento la disposición general de este derecho laboral para el caso de las madres adoptivas trabajadoras, señalándose que será la legislación secundaria quien establecerá los términos en que se hará valer este derecho. Es en este sentido que se deja a Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que sean las que precisen este derecho para las madres adoptivas trabajadoras. Lo anterior tiene como objetivo que en un futuro cercano este derecho pueda ser ampliado con mayor flexibilidad realizando sólo a adecuaciones a la ley secundaria atendiendo al dinamismo que toda norma, como producto social, va requiriendo, para acceder a estadios superiores de desarrollo de la propia sociedad.

En consideración de todo lo anterior, es que presentamos ante esta soberanía la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 en su apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracciones II, IV y VII de la Ley Federal del Trabajo y ; 28 fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

A.Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, o en la que se haya adoptado un menor en términos de la ley, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XI.La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) ...

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, o en la que se haya adoptado un menor en términos de la ley, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean estos por parto o adoptivos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, o de la adopción de un menor de hasta 6 meses de edad, en este caso el termino será a partir de que el niño es entregado en custodia a su nueva familia;

III. ...

IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean estos por parto o adoptivos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa; en caso de incapacidad de la madre para poder alimentar al menor, o muerte de ésta, el derecho le será concedido al padre. Para el caso de madres adoptivas este derecho se hace valer a partir de que el menor le es dado en custodia.

V.

VI. ...

A que se computen en su antigüedad los períodos pre y posnatales y postadopción.

...

VIII. En el supuesto de adopción de un menor de edad superior a la señalada en la fracción II, las madres adoptantes gozarán de un período de 20 (veinte) días hábiles, a partir del momento en que se les otorgue la guarda y custodia del menor para este fin. En el supuesto de adopción de un menor con discapacidad o de dos o más menores, la duración de la licencia laboral, se prolongará por 10 (diez) hábiles, con motivo de la integración social y familiar.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 28. La mujer trabajadora, la pensionista, la esposa del trabajador o del pensionista o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensionista, soltera, menor de 18 años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo 24 tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I. ...

II. Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo, o el menor adoptado de hasta seis meses de edad lo requiera. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses, con posterioridad al nacimiento, o de que se ha dado en custodia a la nueva familia en el caso de adopción y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo; y

III. ...

Transitorio

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007.--- Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Gustavo F. Caballero Camargo (rúbrica), Jesús R. Canavati Tafich (rúbrica), Rodrigo Medina de la Cruz , Juan Manuel Parás González (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Claudia Gabriela Caballero Chávez , Cristian Castaño Contreras, Martha Margarita, José Martín López Cisneros , José Luis Murillo Torres , Gustavo Ramírez Villarreal , Javier M. Zambrano Elizondo, Juan Manuel Villanueva Arjona , Ricardo Cantú Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Rivera Bedoya.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social,e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo solicitó el ciudadano diputado

ARTICULOS 65 Y 69 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mario Enrique del Toro:Con su permiso, señor Presidente. Solicito se inserte íntegro el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Las diputadas y los diputados que tengan interés en el tema, está publicado en la Gaceta Parlamentaria. El objetivo de este documento es proponer se haga una adecuación al formato del informe presidencial.

Durante muchos años en este recinto legislativo se han generado polémicas, enfrentamientos verbales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y la propuesta es que el Presidente de la República simplemente haga entrega de su informe por escrito como lo manda la Constitución, que los diputados aquí hagamos el análisis correspondiente, pero que cada tres meses el Presidente de la República venga a hablar con los diputados, que se analicen en forma abierta y transparente, se discutan los temas nacionales con cada uno de los diputados en formatos previamente establecidos por las diferentes fracciones parlamentarias y la Junta de Coordinación Política.

Que el Presidente de la República, independientemente, también tenga la posibilidad de solicitar su presencia aquí en la Cámara cuantas veces lo desee y que podamos hacer una democracia más fluida, un ejercicio parlamentario más amplio en el que podamos analizar a fondo, podamos cuestionar al Presidente; hagamos un debate intenso sobre los diversos problemas de este país.

Considero que es válida esta propuesta y pediría a los compañeros del Partido Acción Nacional, los diputados de Acción Nacional, que esta iniciativa se considere con la responsabilidad que se tiene toda vez que yo creo que el viejo sistema nos implantó un esquema de informe presidencial que ya ha quedado muy acartonado, ya está anquilosado y necesitamos darle vida a esta nueva dinámica de régimen parlamentario. Y solicito a los señores diputados del PAN que no se esperen a que sean oposición nuevamente para que hagan suyas estas demandas que creo que bien le van a servir al fortalecimiento de nuestra naciente democracia. Sería cuanto, y muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las fortalezas del Estado mexicano, se encuentra en la capacidad de responder a las necesidades de transformación de sus instituciones, lo que ha permitido dar cauce a los nuevos requerimientos y exigencias de la diversidad que conforma la nación mexicana.

El concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también sus instituciones y estructuras económicas y sociales, lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo de una sociedad más democrática y libre, así como establecer las bases para la construcción de un futuro en un clima de paz en el que se tome en cuenta la participación de todos.

La correlación de fuerzas existentes en el Congreso de la Unión hace cada vez más frecuente la ausencia de grupos parlamentarios con mayoría. Por ello, la actual conformación del Congreso de la Unión genera que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo cambien para adaptarse a las nuevas formas de representación política.

Estas relaciones se tornan cada vez más complejas, situación que resta confianza y credibilidad a la figura presidencial, cada vez más sometida a mayorías opositoras mucho más heterogéneas.

Estas condiciones han generado que en los últimos años el Informe Presidencial haya pasado de ser una ceremonia solemne, en la que el presidente de la República rinde cuentas ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración del país, a ser un espectáculo en el que el interés por manifestar las posturas políticas de los miembros del Congreso, exceda los límites del respeto y la civilidad que debe privar entre los Poderes de la Unión, llevando a la política a representar un triste espectáculo público dramatizado.

Lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia una reforma del Estado. Las condiciones políticas, no obstante, se presentan muy complicadas, lo que exige una decidida voluntad política por parte de todos los actores involucrados, a fin de implantar acciones que hagan más equitativa esta relación entre poderes, que necesariamente implicará el fortalecimiento del Poder Legislativo.

El equilibrio entre los poderes es una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto al estado de derecho. Con la ayuda del balance entre poderes, se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto a la ley y la civilidad.

Debemos partir de un hecho que es irreversible: la democracia se ha vuelto un modelo social prevaleciente. De acuerdo con Freedom House, en 1950 sólo se eligieron por la vía del sufragio el 30 por ciento de los gobiernos nacionales en el mundo. En el 2000, el porcentaje correspondió al 63 por ciento.

A pesar de que el restante 47 por ciento, son países que aún se gobiernan con mecanismos autoritarios --principalmente en Asia, la mayor parte de África, y algunos países árabes--, podemos deducir que la democracia es el medio preferido por las sociedades para organizar su vida política. Sin embargo, esto no significa que la democracia sea permanente, para siempre o indiscutible. Ni siquiera que sea por sí misma suficiente.

Para afianzarla es preciso mejorar la calidad de la democracia. Ya somos democráticos, pero eso no nos ha enriquecido. Entre otras razones, el uso indiscriminado de la comunicación electoral por el marketing televisivo, ha hecho que los actores políticos privilegien los lemas, mensajes cortos y la imagen, sobre las propuestas y la discusión de los asuntos públicos. Contra lo esperado, los nuevos procedimientos de la democracia --diría de la videocracia, el maestro Giovanni Sartori-- empobrecen la cultura política y tienden a minar los valores cívicos que necesita todo sistema democrático.

Existe una clara exigencia de replantear aspectos importantes del sistema democrático. Frecuentemente existen pocos avances, que desafortunadamente ocurren como fruto de la espontaneidad, la presión social o de iniciativas aisladas de actores y partidos. No se trata de una estrategia de cambio político, surgida del diálogo, del acuerdo o de una instrumentación compartida, que establezca un rumbo, con tiempos y metas específicas.

El proyecto que integra de manera más acabada el contenido de las reformas democráticas es el de la reforma del Estado. Sin embargo, en gran medida por la falta de sensibilidad y liderazgo sólo se ha dado la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, pero no se han impulsado reformas sustantivas en la relación entre poderes o las que corresponden a los procesos de negociación y asignación de facultades y recursos entre las entidades que forman el Pacto Federal y las relaciones con la ciudadanía, entre otras.

La relación entre poderes, por otra parte, es sumamente perfectible. No existen canales institucionales para empatar la agenda de gobierno y la del Congreso. No hay requisitos claros para facilitar el procesamiento de las iniciativas de reforma constitucional y secundaria, que involucre de manera productiva a los promoventes, los ejecutores y los destinatarios.

Decía Manuel Crescencio Rejón que es vital acotar el poder presidencial y fortalecer el de la representación popular. Finalmente, la institución presidencial es unipersonal, por disposición de la Carta Magna y, tarde o temprano, los intereses y percepciones específicas del individuo que lo detenta, tenderá a alejarse de los intereses generales del Estado y a representar una amenaza contra la semilla de la libertad.

Por ello, una institución parlamentaria que no dialogue, que no reclame, que no evalúe, juzgue y califique, favorecería la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y del Ejecutivo en particular.

Hemos quedado lejos del encantamiento tecnocrático. Somos conscientes de que ahora, la política importa, y mucho, para el desarrollo. Por eso, necesitamos transformar a la política, para que no reduzca la fuerza institucional del Estado, sino que se comprometa con él, a través de reglas claras, sujetas a la crítica y a la evaluación ciudadana. Una política que recupere su contenido ético. Que al hacerlo revalide a la política como una función socialmente necesaria, quizá la más importante y difícil de todas.

Es necesario salir del menosprecio hacia la política, para replantear la politización de la sociedad, reencontrarla y poder así reinventar y reformar la política. En concordancia con el espíritu planteado por los grandes pensadores republicanos.

Ese es precisamente el objetivo de fondo de esta Iniciativa. Hacer posible transitar a una nueva era en donde la esencia de la vida democrática es el debate, la confrontación de ideas y la puesta en escena pública de las acciones gubernamentales. Ello no es posible con el formato obsoleto de una vez al año en donde el Congreso examina, a medias, la gestión gubernamental. La tarea de gobernar es de todos los días y, como afirmaba Tocqueville, también se requiere debatir permanentemente.

Es necesario que el Titular de Ejecutivo concurra un mayor número de veces al Congreso y discuta abiertamente las políticas públicas. Establecer esta obligación, en nada subvalora la institución presidencial. En los regímenes parlamentarios desarrollados el primer Ministro y el gabinete en pleno concurren una vez a la semana a sesiones de control, con preguntas y respuestas abiertas. Lejos de desgastar la figura del Jefe de Gobierno, ello le da mayor liderazgo y calidad moral.

La presidencia autocrática, como la conocemos ahora, sólo decae en su transparencia y arrastra en la falta de confianza ciudadana a todas las instituciones públicas. Es hora de volver lo público verdaderamente cosa pública, ciertamente. Ir al contenido semántico, deontológico e histórico de una vida republicana.

En este orden de ideas, el formato en el que actualmente se lleva a cabo el Informe Presidencial, no sólo expresa una incompatibilidad entre el nuevo régimen plural que se vive en la esfera parlamentaria, sino la persistencia de viejos rituales políticos con simbolismo y protocolo altamente funcional para una relación de poderes basada en la hegemonía y verticalidad de la investidura presidencial.

La diversidad y complejidad de los asuntos que demandan atención en el país, requieren de estabilidad, fluidez, permanencia y colaboración estrecha y responsable entre quienes toman las decisiones; y en este nuevo esquema de colaboración se hace inoperante la actual forma en la que se desarrolla el Informe Presidencial.

Atendiendo a esta evolución y con la finalidad de dar cabida a la participación de los nuevos actores políticos, en 1994 se reformó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso rindieran un posicionamiento antes del informe presidencial, lo cual aún es insuficiente ya que los actuales tiempos inducen a una participación más activa de los actores políticos en un hecho tan trascendente para nuestra nación, lo que requiere de informar más específicamente para conformar una opinión pública más significativa.

Por lo anterior es necesario proporcionarle al Poder Legislativo una mayor capacidad fiscalizadora de las decisiones y acciones tomadas por el Ejecutivo. Es necesario crear un contrapeso a favor del Legislativo, que induzca al Poder Ejecutivo a la estricta observancia de sus facultades, y que tenga también capacidad de revalidación de las acciones de gobierno, favoreciendo con esto la rendición de cuentas de una manera cotidiana, a efecto de impulsar una relación entre poderes más frecuente y permanente.

Si bien el formato del actual informe permite la participación de los grupos parlamentarios, ésta se hace antes de conocer el contenido del informe por lo que se hace necesario un intercambio de puntos de vista, a efecto de evitar las opiniones desvinculadas con el contenido del informe y que tienen que ver con cualquier tema de índole político, más no administrativo.

Mediante el ejercicio de debate, con un orden establecido, con respeto y civilidad política, arribaremos a una nueva era de nuestra consolidación democrática.

Con la iniciativa que someto hoy a la consideración de esta honorable Asamblea, se pretende conservar el informe anual presentado ante el Congreso de la Unión, pero se incorpora la indispensable comparecencia del jefe del Ejecutivo, garantizando su permanencia en el salón de sesiones para dar lectura al documento, evitando con ello la sola presentación por escrito.

De igual forma se faculta al Congreso de la Unión para analizar y debatir sobre el Informe de gobierno, mediante un cambio en el formato que implica preguntas, respuestas y réplicas por parte de los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras, con lo que se pretende atender la necesidad de la ciudadanía de contar con información más específica por conducto de sus representantes, sobre el desarrollo de las acciones implantadas en la esfera administrativa por parte del Poder Ejecutivo y que el Legislativo cuente con más elementos de evaluación de las condiciones reales de desarrollo del país, las cuales son indispensables para legislar adecuadamente.

Se otorgan también facultades al Congreso de la Unión para reunirse en sesión el día primero de los meses de diciembre, marzo y junio de cada año, para recibir al presidente de la República, a efecto de evaluar de manera trimestral el estado que guarda la administración pública del país, la evolución de las políticas gubernamentales y los temas relevantes de la agenda nacional. De igual forma, se le otorga la atribución al presidente de la República para cumplir con la obligación anteriormente descrita igual que en el informe anual, mediante un formato que implique preguntas respuestas y réplicas por parte de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, lo que permite comprobar, inspeccionar, verificar, examinar y valorar la actividad del Poder Ejecutivo.

Los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa, sólo se lograrán con pleno respeto entre los poderes, fortaleciendo al Poder Legislativo para que sus actividades tengan reconocimiento de la sociedad; y con transparencia en las acciones que permitan a los gobernados evaluar y corregir, apoyar e influir en el progreso del país.

Para darle aplicabilidad a las reformas propuestas será necesario, en caso de se aprueben las reformas aquí propuestas el análisis de la normatividad secundaria como lo será la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de este Congreso, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 69 y se adicionan los párrafos segundo y tercero, se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 65 y una fracción XX al artículo 89, pasando el texto vigente de la actual a ser la nueva fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 69. El primero de septiembre el presidente de la República presentará un informe por escrito al Congreso de la Unión, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país con respecto al año inmediato anterior.

El presidente de la República comparecerá ante Congreso de la Unión, el día primero de los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio, y cuando voluntariamente lo solicite, previo acuerdo del congreso, para discutir y analizar los temas de mayor trascendencia para el interés nacional.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 65. ...

...

De igual forma se reunirá en el momento que el presidente de la República lo solicite, previo acuerdo del Congreso, y el día primero de los meses de septiembre, diciembre, marzo y en periodo extraordinario en junio de cada año, para discutir y evaluar los temas de trascendencia para el interés nacional.

El Congreso acordará previamente a las sesiones, las reglas para el desarrollo de las comparecencias.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Comparecer el día primero de septiembre, diciembre, marzo y junio a sesión de Congreso de la Unión, para discutir y analizar los temas relevantes de la agenda nacional;

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante:Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de esta soberanía. El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosy el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a esta LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen materia de rectoría del desarrollo nacional para que el Estado garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:

Los derechos sociales son garantías que el Estado debe atender en su reconocimiento político y jurídico desde lógicas de emancipación. De la profundización de estas garantías depende la conversión de un Estado social administrativo a un auténtico Estado democrático de la sociedad.

Los actores institucionales como el legislador, la administración y los jueces deben ser los custodios de los derechos humanos y de los derechos sociales, así como los que, a través de la opinión y acuerdo, definan un sistema de protección de estos derechos.

El establecimiento en nuestra Carta Magna de los derechos sociales o colectivos constituye una de las más grandes aportaciones de nuestro sistema constitucional al mundo moderno. Sin embargo la realidad por la que atraviesa nuestro país es una clara señal de que estos derechos deben ser fortalecidos y desarrollados, para verse reflejados en instituciones fuertes y acordes con la sociedad mexicana, es decir, fomentar el establecimiento de un Estado democrático de la sociedad.

El reconocimiento y garantía de los derechos sociales hacen posible uno de los principios esenciales del estado de derecho, el principio de igualdad. Se puede decir también que el reconocimiento de la legitimidad del estado de derecho supone que uno de los valores superiores que tienen que integrarse es el de la igualdad; y por lo tanto los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran vinculados en su contenido y en la protección de sus derechos. La legitimidad del Estado implica, por lo tanto, el respeto a la garantía de los derechos fundamentales y por ende de los derechos sociales.

La constitucionalización de los derechos sociales debe sin duda tener presente las nuevas condiciones sociales, culturales y tecnológicas que enfrenta nuestra sociedad; como es la situación de las familias de nuestro país, en donde hay menores viviendo únicamente con uno de sus padres, familias de ancianos, familias que tienen a cargo parientes con alguna discapacidad, la feminización de la pobreza que se ve reflejada en madres solteras, madres con familias numerosas y con bajos ingresos y con ancianas que viven solas y que no tienen ningún apoyo familiar.

El de los inmigrantes es uno de los sectores de nuestra población con graves problemas ya que sufren de desintegración familiar, escasa preparación para el trabajo, problemas en la integración y reintegración a la sociedad y los avances tecnológicos que han provocado, sobre todo en el ámbito laboral, una disminución en oportunidades de trabajo por falta de capacitación.

La constitucionalización plena de los derechos sociales implica el reconocimiento de los mismos como normas supremas para el Estado y origina las condiciones necesarias para su debido cumplimiento.

En este tiempo, la transformación de las instituciones del Estado mexicano implica la constitucionalización plena de los derechos sociales y su total vinculación con los ciudadanos para que estos ejerzan estos derechos.

Por lo tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía busca la constitucionalización de los derechos sociales para que el Estado, como responsable de la rectoría del desarrollo nacional, garantice entre otros principios que señala el primer párrafo del artículo 25 de nuestra Carta Magna el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.

De esta manera, la iniciativa que presento consolida las garantías de nuestra Constitución Política y señala el mandato a las instituciones del Estado mexicano para que éstas cumplan, a través del ejercicio de acciones de gobierno, el pleno disfrute de los derechos sociales de los mexicanos.

Además, la iniciativa integra la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, protectora de estos derechos sociales y humanos, toma en cuenta informes de observadores y de organismos internacionales que recomiendan al Estado mexicano en esta materia, para que en sus programas de gobierno se ponga más atención al grave deterioro que sufren muchos mexicanos en sus derechos humanos y sociales.

Esta iniciativa también tiene su sustento en las opiniones de expertos y académicos que han realizado diversos estudios del impacto social, en lo que respecta a los presupuestos, equidad social, tratados comerciales y convenios con organismos financieros y de comercio internacional, en donde señalan que el Estado mexicano debe poner mayor atención al cumplimiento de estos derechos en forma progresiva y poner un alto a su grave deterioro.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectoría de desarrollo nacional, para que el Estado garantice respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita y garantice el pleno ejercicio de la libertad de los derechos humanos y de los derechos sociales, la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.

Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007. Muchas gracias por su atención. Señor Presidente, solicito su inclusión completa en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectoría del desarrollo nacional para que el Estado garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos sociales son garantías que el Estado debe atender en su reconocimiento político y jurídico desde lógicas de emancipación. De la profundización de estas garantías depende la conversión de un Estado social administrativo en un auténtico Estado democrático de la sociedad.

Los actores institucionales, como el legislador, la administración y los jueces, deben ser los custodios de los derechos humanos y de los derechos sociales, así como los que a través de la opinión y acuerdo, definan un sistema de protección de estos derechos.

El establecimiento en la Carta Magna de los derechos sociales o colectivos, constituye una de las más grandes aportaciones del sistema constitucional al mundo moderno, sin embargo la realidad por la que atraviesa México, es una clara señal de que estos derechos deben de ser fortalecidos y desarrollados para verse reflejados en instituciones fuertes y acordes con la sociedad mexicana, es decir fomentar el establecimiento de un Estado democrático de la sociedad.

El reconocimiento y garantía de los derechos sociales hacen posible uno de los principios esenciales del estado de derecho, el principio de igualdad. Se puede decir también que el reconocimiento de la legitimidad del estado de derecho supone que uno de los valores superiores que tienen que integrarse es el de la igualdad, y por lo tanto los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran vinculados en su contenido y en la protección de sus derechos. La legitimidad del Estado implica, por lo tanto, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales y por ende de los derechos sociales.

La constitucionalización de los derechos sociales debe sin duda tener presente las nuevas condiciones sociales, culturales y tecnológicas que enfrenta la sociedad, como lo es la situación de las familias del país, en donde hay menores viviendo únicamente con uno de sus padres, familias de ancianos, familias que tienen a cargo a parientes con alguna discapacidad, la feminización de la pobreza que se ve reflejada en las madres solteras, madres con familias numerosas y con bajos ingresos y con ancianas que viven solas y que no tienen ningún apoyo familiar, los inmigrantes son uno de los sectores de la población con graves problemas ya que sufren de la desintegración familiar, escasa preparación para el trabajo, problemas en la integración y reintegración a la sociedad y los avances tecnológicos que han provocado sobre todo en el ámbito laboral una disminución en oportunidades de trabajo por falta de capacitación.

La constitucionalización plena de los derechos sociales implica el reconocimiento de los mismos como normas supremas para el Estado, y origina las condiciones necesarias para su debido cumplimiento.

En este tiempo, la transformación de las instituciones del Estado mexicano, implica la constitucionalización plena de los derechos sociales, y su total vinculación con los ciudadanos para que estos ejerzan estos derechos.

Por tanto, la iniciativa que en este momento someto a la consideración de esta soberanía busca la constitucionalización de los derechos sociales, para que el Estado como responsable de la rectoría del desarrollo nacional, garantice entre otros principios que señala el primer párrafo del artículo 25 de la Carta Magna, el pleno respeto y ejercicio a los derechos humanos y sociales de los mexicanos.

De esta manera la iniciativa que presento, consolida las garantías que la Constitución Política señala y mandata a las instituciones del Estado mexicano, para que estas cumplan a través del ejercicio de acciones de gobierno, el pleno disfrute de los derechos sociales de los mexicanos.

Además la iniciativa que en este momento pongo a la consideración de este Pleno, integra la preocupación de organizaciones de la sociedad civil protectoras de estos derechos sociales y humanos y toma en cuenta informes y observaciones que organismos internacionales recomiendan al Estado mexicano en esta materia para que en sus programas de gobierno se ponga más atención al grave deterioro que sufren muchos mexicanos en sus derechos humanos y sociales.

Esta iniciativa también tiene su sustento en las opiniones de expertos y académicos que han realizado diversos estudios de impacto social en lo que respecta a presupuestos, equidad social, tratados comerciales y convenios con organismos financieros y de comercio internacional, y en donde señalan que el Estado mexicano debe poner mayor atención al cumplimiento de estos derechos en forma progresiva y poner un alto a su grave deterioro.

Esta iniciativa llama a la reflexión sobre el camino por el que México debe de transitar, y busca entrar al análisis riguroso de cuales deben ser las políticas públicas que fortalezcan el desarrollo y la viabilidad del país, porque hoy podemos constatar que México tiene profundas desigualdades sociales y que la sociedad llama a los diputados federales ha impulsar reformas que tengan que ver con responsabilidades del Estado para abatir la desigualdad social.

Con la consolidación del Estado democrático con justicia social, así como con el fortalecimiento del derecho positivo a través de un constitucionalismo axiológico, los mexicanos construiremos un país mejor, y daremos el paso de la sociedad de las instituciones a las instituciones de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectoría del desarrollo nacional, para que el Estado garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero, del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita y garantice el pleno ejercicio de la libertad, de los derechos humanos, de los derechos sociales y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica).»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates como lo ha solicitado el diputado Izquierdo Bustamante.

ARTICULO 127 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal:Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del presente año se adujo que el gasto público es un instrumento fundamental para dar cumplimiento al programa de gobierno, y que la propuesta presupuestaria remitida por el Ejecutivo federal debía cumplir con objetivos muy concretos: dar prioridad a los programas para la superación de la pobreza y propiciar un mayor crecimiento de la economía y el empleo; privilegiar el gasto social, incrementar el gasto en educación y salud y la calidad de sus servicios, favorecer el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y contribuir a una mejor protección del ambiente y los recursos naturales.

Todos coincidimos en estas prioridades para el país, por lo que estamos obligados, con el concurso de todas las fuerzas políticas, no sólo a analizar y aprobar cada año el gasto público para cumplir tales objetivos, sino a realizar las adecuaciones a nuestro orden jurídico para dar puntual respuesta y satisfacción a las necesidades más apremiantes de la sociedad, y de esta forma consolidar a México como un estado garante del desarrollo y bienestar de sus ciudadanos.

El mandato popular que se nos ha conferido nos pide reconocer que ya no es posible seguir destinando recursos económicos para cubrir partidas presupuestales, que hoy en día no encuentran justificación política, jurídica y social alguna; por el contrario, ante el grave deterioro de las economías familiares por la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia del incremento de precios de productos básicos, aunado al aumento del desempleo y falta de oportunidades para millones de mujeres y hombres; esta erogación de recursos públicos discrepa y obstaculiza el avance de los procesos de recuperación y desarrollo económico y social, que la república reclama de manera urgente emprender.

Tal es el caso de los recursos económicos que se erogan para el pago de la pensión vitalicia a los ex presidentes de la república, que por el estado actual de cosas significa una afrenta para la mayoría de los mexicanos, cuyas condiciones sociales nos indican que el 81.3 por ciento de la población vive en la pobreza y el 39.1 por ciento en la indigencia a nivel nacional, de acuerdo con un estudio realizado por el economista Julio Boltvinik, investigador del Colegio de México.

Cabe referir que este beneficio de la pensión vitalicia con otro conjunto de prerrogativas para los ex presidentes se encuentran previstas en dos acuerdos presidenciales de fechas 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987.

En estos acuerdos se establecieron, entre otros aspectos, que al concluir su mandato el ciudadano que hubiese ocupado el cargo de Presidente de la República dispondría, bajo sus órdenes directas y como apoyo para el desempeño de sus actividades generales, de personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; dicho ciudadano disfrutaría de una pensión y de prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe en la actualidad un secretario de estado; además de que se garantizó el derecho del cónyuge para continuar disfrutando de la pensión presidencial en caso de fallecimiento del ex presidente, así como de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluidos los hijos. También se incrementó la planta de personas a su servicio, destinando 25 servidores públicos civiles adscritos a la Presidencia de la República para atender los asuntos personales de cada ex presidente.

Estas disposiciones, contenidas en tales acuerdos, más que prestaciones representan privilegios cuya naturaleza no encuentran base constitucional ni legal, particularmente la relativa a la pensión presidencial, ya que la pensión en lato sensu se concibe como el derecho que tiene toda persona que se retira de la actividad laboral fundamentalmente por razones de edad, y que deja de percibir una remuneración o ingresos económicos para recibir una renta de carácter vitalicio en sustitución de la remuneración o ingreso que percibía durante su actividad o vida laboral.

A manera de ejemplo, basta señalar que un trabajador para poder disfrutar una pensión o jubilación, debe reunir requisitos como el de haber laborado por un tiempo determinado, aproximadamente 30 años o más, además de haber realizado durante el mismo ciertas aportaciones, así como reunir otros requisitos legales; a diferencia de los ex presidentes, cuyas pensiones vitalicias se justifican tan sólo bajo el argumento endeble de que en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina y Canadá, entre otros, se acostumbra desde hace ya varios años la aplicación y otorgamiento de este tipo de beneficios económicos, toda vez que los ciudadanos que han ocupado el cargo de presidente o primer ministro gozan de una pensión vitalicia en reconocimiento a la labor que desempeñaron como jefes de gobierno o de Estado: Tal fue el caso de la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a esta Cámara en 2002 por el ex presidente Vicente Fox, quien ahora ya goza de ese reconocimiento por haber ostentado durante seis años el cargo de presidente de la república, con los resultados por todos conocidos.

Haciendo un análisis de los recursos que se destinan para el pago de dicha pensión, puede establecerse que la percepción anual total de los ex presidentes oscila entre los 29 y 53 millones de pesos, considerando los rangos mínimos y máximos que tienen todos y cada uno de los servidores públicos que se encuentran prestando servicio con cada uno de los ex presidentes.

Con base en datos de estudios que se han realizado sobre este tema, se señala que con las pensiones vitalicias de un año que perciben cada uno de los ex presidentes se podrían pagar 17 mil salarios mínimos mensuales en sólo un año, 4 mil 814 salarios de policías en el DF en el mismo periodo, así como la construcción de mil 444 viviendas populares.

Con estas cifras, debemos preguntarnos: ¿cuál debe ser la posición y el camino a seguir de esta Cámara en el propósito de alcanzar una mejor distribución y aplicación de los recursos públicos, en favor de las clases más desprotegidas?

Por salud de la república, tenemos que reorientar el gasto público hacia la aplicación de programas sociales e inversiones útiles para la nación, en materia de salud y educación; así como en medidas que hagan posible el incremento de los salarios mínimos, o ¿por qué no modificar nuestra legislación para establecer o incrementar las pensiones a favor de los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad o capacidades diferentes o adultos mayores?

La propuesta de reforma constitucional, que pongo a su consideración, no tiene más objetivo que armonizar la norma constitucional con nuestra realidad social, la que debe motivar al Constituyente Permanente para tomar la decisión política fundamental de suprimir los privilegios o prerrogativas contrarias al interés colectivo. Ese propósito se inspira en otras decisiones de igual naturaleza como aquélla que expresa que ninguna persona o corporación puede gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley; así como en la máxima de Morelos, que sostiene: ``como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto''.

Por lo anterior expuesto, y con el fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa e innecesaria para el erario público y la sociedad mexicana, y poder construir una política eficaz para garantizar el uso eficiente y racional de los recursos y riqueza públicos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 127. El presidente de la república, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable durante el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.

El ciudadano que hubiere ocupado el cargo de Presidente de la República no podrá recibir remuneración, prestación económica o pensión por retiro con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, excepto cuando se reúnan los siguientes requisitos:

I. Tener cumplidos los 60 años de edad, al momento de haber concluido con su encargo;

II. No percibir remuneración económica alguna por prestar sus servicios o ejercer cualquier cargo en órganos u organismos públicos de la administración pública federal, estatal y municipal;

III. Así como desempeñar algún empleo, cargo o comisión retribuida en organismos internacionales e iniciativa privada nacional o extranjera.

La remuneración o pensión de retiro se otorgará mensualmente de forma permanente, y su monto no podrá exceder el equivalente a quinientos días de salario mínimo.

Para tal efecto, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, determinará con precisión la partida correspondiente.

El pago de la pensión podrá suspenderse en el caso de que se deje de cumplir con alguno de los requisitos contenidos en las fracciones II y III del presente artículo; o bien, por fallecimiento del ciudadano que hubiere ocupado el cargo de Presidente de la República. En este caso, los familiares que le sobrevivan tendrán derecho a la pensión, conforme a las condiciones que la misma ley establezca.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan y derogan los acuerdos y demás disposiciones vigentes relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ex presidentes que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mayans Canabal.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Privada del Estado de México, a los invitados especiales del municipio de Xaltenco, del Estado de México; al grupo de personas de San Martín de las Pirámides, del Estado de México; a los estudiantes de la escuela primaria Niños Héroes, de Atizapán, Estado de México y a los estudiantes de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, aquí presentes.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González:Con su venia, diputado Presidente Zermeño. Compañeras y compañeras diputados, el suscrito, Carlos Ernesto Zatarain González, diputado de esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma y adiciona una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

A raíz de la firma de los tratados de libre comercio y de la inclusión de México en la OCDE se ha venido sucediendo una serie de cambios en la vida política, económica y educativa de nuestro país.

La educación está inmersa en una reforma histórica, ya que el epicentro de la misma está transitando de un modelo centrado en el maestro a uno centrado en el alumno y por competencias. Esto es muy relevante y revolucionario ya que se formará a un nuevo ciudadano más democrático, participativo, creativo y con las competencias que demanda la sociedad para su desarrollo.

Hoy, para formar jóvenes de clase mundial se requiere elevar los índices educativos a los niveles promedio de los países de la OCDE, para lo cual se está exigiendo a las instituciones educativas que cambien su modelo, que vayan hacia la gestión integral del conocimiento y la calidad a través de los procesos ISO-9000, ISO-9001, la certificación de competencia de sus recursos humanos, la acreditación de carreras, la automatización de la gestión, la utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de su infraestructura tecnológica, la cobertura, la equidad, etcétera.

Pero esto demanda grandes cantidades de recursos financieros con los que el Estado no cuenta, debido a la baja recaudación y en muchos casos, a la mala distribución del presupuesto, por lo que se hace necesario y urgente que las instituciones educativas se alleguen financiamiento y recursos alternos e innovadores que les permitan hacer frente a sus necesidades y es por esto que se propone una adición a nuestra Carta Magna que les permita lograr los recursos financieros necesarios para cumplir las exigencias que están teniendo.

Los plantes de educación media superior y superior no están impedidos por la ley para generar sus propios recursos y obtener financiamiento, pero sí por la normatividad que se ha ido tejiendo a lo largo de los años y que prácticamente ha obstaculizado a los directivos y autoridades de estas instituciones, inhibiéndolos en la generación de estos financiamientos alternos, por lo que se hace necesario que se expresen en ley los lineamientos que le den una base jurídica a estas acciones.

Es impostergable formular programas institucionales para generar recursos propios en proporciones significativas para la atención de las necesidades presupuestales. Es de suma importancia que las instituciones de educación media superior y superior diversifiquen sus fuentes de ingreso y se alleguen recursos complementarios.

Por ello, se recomienda que las instituciones realicen actividades especificas, orientadas a lograr el incremento de sus patrimonios y a completar sus propios presupuestos mediante acciones diversas, tales como la venta de servicios, la obtención de productos, sistemas de crédito, colaboración de egresados y otras.

Sin lugar a dudas, el fortalecer el sistema educativo es la herramienta más importante para lograr abatir los rezagos sociales, disminuir los grandes contrastes que existen entre la sociedad mexicana y buscar lograr mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades para todos los mexicanos.

Es conocido de todos mis compañeros legisladores la gran necesidad de recursos que las diversas universidades públicas del país nos solicitan en el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, en el caso de todas las universidades públicas del país se cuenta con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados que están siendo subutilizados y que podrían contribuir de manera importante a mejorar la calidad educativa de las instituciones y puedan colaborar a lograr la autosuficiencia financiera y contribuir a la sustentabilidad de nuestras universidades.

Nada más por mencionar algunos aspectos de oportunidad de las universidades públicas, podrían explotar la impartición de cursos de capacitación, cursos de idiomas, de actualización, a solicitantes externos, la renta de instalaciones, la elaboración de peritajes, la elaboración de estudios y proyectos a la comunidad regional, la celebración de rifas y sorteos.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto de ley por el que se modifica el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Fracción IX. Las instituciones de educación media superior y superior, deberán realizar acciones para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento.

Transitorio único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de marzo de 2007.

Solicito se publique, diputado Presidente, de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, a todos ustedes amigas y amigos legisladores, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Ernesto Zatarain González , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobiernos Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A raíz de la firma de los tratados de libre comercio y de la inclusión de México en la OCDE, se han venido sucediendo una serie de cambios en la vida política, económica y educativa del país.

La educación está inmersa en una reforma histórica, ya que el epicentro de ésta transita de un modelo centrado en el maestro a uno centrado en el alumno, y por competencias. Lo anterior es muy relevante y revolucionario, ya que se formará a un nuevo ciudadano, más democrático, participativo, creativo, y con las competencias que demanda la sociedad para su desarrollo.

Hoy, para formar jóvenes de clase mundial se requiere elevar los índices educativos a los niveles promedio de los países de la OCDE, para lo cual se exige a las instituciones educativas que cambien su modelo, que vayan hacia la gestión integral del conocimiento y la calidad a través de los procesos ISO 9000, la certificación de competencias de sus recursos humanos, la acreditación de carreras, la automatización de la gestión, la utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de su infraestructura tecnológica, la cobertura, la equidad, etcétera. Pero todo esto demanda grandes cantidades de recursos financieros, con los que el Estado no cuenta debido a la baja recaudación y a la mala distribución del Presupuesto, por lo que se hace necesario y urgente que las instituciones educativas se alleguen financiamiento y recursos alternos e innovadores que les permitan enfrentar sus necesidades. Por eso se propone una adición de la Carta Magna y de la Ley General de Educación que les permita lograr los recursos financieros necesarios para cumplir las exigencias que están teniendo.

Los planteles de educación media superior y superior no están impedidos por la ley para generar sus propios recursos y obtener financiamiento, pero sí por la normatividad que se ha ido tejiendo a lo largo de los años, y que prácticamente ha obstaculizado a los directivos y a las autoridades de estas instituciones, inhibiéndolos en la generación de financiamientos alternos, por lo que se hace necesario que se expresen en la ley los lineamientos que den base jurídica a estas acciones.

Es impostergable formular programas institucionales para generar recursos propios en proporciones significativas para la atención de las necesidades presupuestales. Es de suma importancia que las instituciones de educación media superior y superior diversifiquen sus fuentes de ingresos y se alleguen recursos complementarios. Por ello se recomienda que las instituciones realicen actividades específicas orientadas a lograr el incremento de sus patrimonios y a completar sus presupuestos, mediante acciones diversas, como la venta de servicios, la obtención de productos, proponer la creación de impuestos, sistemas de crédito y colaboración de egresados.

Por tanto, y en atención a lo expuesto, el suscrito diputado respetuosamente somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con

Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. ...

IX. Las instituciones de educación media superior y superior deberán realizar acciones para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento. Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 29 de marzo de 2007.--- Diputado Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zatarain. Publíquese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz:Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, junto con un servidor, el diputado Rodrigo Medina pone a la consideración de ustedes esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

Nos consta a todos, no sólo porque los medios lo consignan sino porque lo hemos padecido, el crecimiento de la delincuencia y la forma en que se ha hecho más compleja la forma de delinquir. Este crecimiento del fenómeno obliga también al Estado mexicano a estar dotado de los instrumentos más eficaces, sobre todo de instrumentos de indudable apego a la ley para hacerle frente a este creciente fenómeno.

Me refiero a lo que recientemente se ha dado en la capital del país y en algunas otras partes, que es la apropiación, por parte del Estado, de bienes propiedad de los particulares relacionados o afectos o que han sido instrumento para la comisión de delitos.

Se ha echado mano seguramente por la falta de instrumentos idóneos, de la expropiación. Es evidente que esta figura del derecho administrativo difícilmente puede funcionar en el campo del derecho penal.

Adicionalmente las leyes de expropiación federal y de las de los estados y del Distrito Federal no tienen en su larga lista de hipótesis, de supuestos, una que corresponda a los hechos delictivos, alguna que corresponda a la necesidad de llevar a cabo esta apropiación de bienes relacionados con la comisión de delitos.

Por si esto fuera poco, ya nada más faltaba que se tenga que indemnizar a los propietarios de bienes que son instrumento, sujetos o producto de la acción del crimen. Existen, los conocemos, la figura del decomiso o de la apropiación de los medios comisivos siendo evidentemente insuficientes.

El Estado mexicano contemporáneo tiene que buscar instrumentos modernos, eficaces, pero lo digo subrayadamente, sin ningún viso de ilegalidad. Nos pronunciamos por la implantación de un sistema en donde se respetan y observen las garantías de todos, las garantías individuales de las personas, no podemos pensar de un modo diferente; queremos consolidar un sistema democrático de justicia penal.

Pues bien, en este orden de ideas se inscribe la propuesta que traigo a su consideración, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales, cuando esos bienes, cuando esas cosas son, insisto, instrumento, objeto o producto de actividades delictivas.

En otras latitudes, a esta figura se le ha llamado extinción de dominio. Es más, se ha presentado ya en la Colegisladora una iniciativa que robustece a la Procuraduría por parte del Ejecutivo, que a mi juicio tiene algunos bemoles de carácter jurídico y constitucional, que con una propuesta alterna, la que ahora pongo a su consideración, pudiera, primero, generarse una prolífica y amplia discusión y enseguida dotarnos del instrumento que las autoridades de la Procuraduría y del Poder Judicial necesitan.

Algunos rasgos de la propuesta en cuestión: para poder ejercer éste que es un pleno, rotundo y severo acto de autoridad, no basta tener datos; se necesitan pruebas suficientes y es la autoridad la que debe tener la carga de la prueba, la que debe demostrar la vinculación con la ilicitud y no ser el particular quien tenga que demostrar el origen lícito de los bienes.

Por supuesto, los bienes abandonados que son tan frecuentemente objeto de incautación, de decomiso, tienen ---por la falta de solidez jurídica--- o generan problemas de operación por parte de las autoridades de justicia.

Y algo más, los bienes que se logren recuperar, cuyo dominio se extinga, deben formar parte de un caudal depositado en un fideicomiso, para que sean parte de la justicia restaurativa, es decir, ante la eventualidad de que una persona resulte absuelta después del proceso penal correspondiente, el resarcimiento en el ejercicio pleno de sus derechos, debe también contener el pleno goce y disfrute de los bienes que le fueron afectados.

Dos características más entre otras, la no afectación de los derechos de propietarios y poseedores de buena fe y la necesidad, la obligación imperiosa de establecer un procedimiento ad hoc.

Una serie de pasos procesales que desemboquen en una resolución judicial y que en el proceso, durante el desahogo del mismo, haya efectivamente igualdad de armas; la posibilidad de que las partes, no sólo haya corrimiento de traslado ---conocimiento de lo que se está imputando---, sino la posibilidad de responder en forma oportuna y apegada a derecho.

La pretensión del proponente ---de los proponentes--- es que, por supuesto, se implante la figura de extinción de dominio, pero que no caigamos en el error de generar o de tener un instrumento para hacer justicia y que este instrumento pueda tener visos de ilegalidad o que pueda ser un vehículo de la injusticia.

Al crimen sofisticado le haremos frente con una serie de instrumentos, de herramientas jurídicas modernas, de un Estado como el nuestro, como el Estado mexicano, que quiere implantar de una vez por todas un sistema garantista, un sistema de absoluto apego al derecho, porque no sólo es nuestra obligación jurídica; ésa es una convicción democrática. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del PRI

César Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es innegable que en la percepción de la sociedad mexicana, la delincuencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes, pues no dejan de ocurrir acontecimientos violentos a consecuencia del crimen organizado en el territorio nacional.

La seguridad pública es, sin duda, uno de los retos más importantes que tiene el Estado. La delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia; ésta ha alcanzado un elevado grado de sofisticación, organización y equipamiento, que la fortalecen, haciendo más complejo su combate.

Ante esta situación, las autoridades deben reaccionar firmemente, cuidando la implantación de figuras jurídicas modernas y eficaces de obvia legalidad.

Este fenómeno delictivo emergente es consecuencia de la débil política social de prevención y de diversos factores que fomentan la realización de conductas delictivas.

Es incorrecto considerar que figuras como la expropiación sean herramientas jurídicas para llevar a cabo aseguramientos o cualquier otro tipo de medida cautelar, pues no se deben mezclar instrumentos jurídicos de distinta naturaleza; en este caso, la administrativa con la penal.

Asimismo, es necesario admitir que figuras jurídicas como el decomiso y el aseguramiento de los medios comisivos ya vigentes, son insuficientes para combatir de manera eficaz a la delincuencia.

Se deben instrumentar una serie de mecanismos en aras de cubrir las diversas aristas del problema; uno de ellos es, precisamente, la extinción de dominio de bienes, esto es, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, figura que debe ser analizada para efecto de valorar su pertinencia.

Es pertinente la creación de figuras jurídico-penales ad hoc que atiendan este fenómeno, y que observen los principios de un sistema democrático de justicia penal.

En este orden de ideas formulo una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura denominada ``extinción de dominio'', que se sustenta en bases sólidas de un moderno derecho penal:

a) Tener presente la prohibición de aplicar la confiscación. La extinción de la propiedad o posesión de bienes propios o de terceros, a favor del Estado, cuya procedencia derive directamente de conductas delictivas, se dará siempre que no se acredite la buena fe. Deben existir pruebas suficientes para considerar que estos bienes están directamente relacionados con actividades delictivas (principio de presunción de inocencia).

b) Establecer un procedimiento cautelar para asegurar bienes provenientes de conductas delictivas. La tramitación de la extinción de dominio debe ser una acción procesal autónoma, que tenga sus propias pretensiones, sus propios fundamentos jurídicos, los elementos de prueba deben ser distintos a los de la causa penal y deben contemplar sus propios medios de impugnación, a fin de garantizar la igualdad en la sustanciación del proceso. En este sentido la resolución judicial que extinga el dominio se dictaría previo procedimiento en que se haya dado vista a las partes procesales y se acredite plenamente la vinculación de los bienes con la comisión de un delito (principios de contradicción, igualdad de armas, lesividad).

c) Contemplar la figura de restauración de bienes, cuando se acredite la legítima procedencia de los mismos y cuando la persona a quien se someta a un proceso sea absuelta (principio de lesividad y justicia restaurativa).

d) Prever la protección de los bienes vacantes y mostrencos a favor del Estado. En todos los casos la extinción de dominio de bienes a favor del Estado obligaría a depositar los mismos en un fideicomiso que tenga la finalidad de la justicia restaurativa.

Lo anterior dará como consecuencia que las personas que cometan conductas delictivas estén impedidas para realizar operaciones económicas aparentando actos lícitos, y evitar así el estado de insolvencia o pérdida de evidencias.

De prosperar este planteamiento se combatiría más eficazmente el crimen, se menguarían sus recursos materiales y económicos, observando siempre el principio de legalidad y los específicos que deben estar presentes en un sistema garantista, respetuoso de los derechos de todas las personas, a fin de privilegiar el imperio del derecho en las acciones de justicia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

La autoridad judicial podrá resolver la aplicación de la extinción de dominio de los bienes a favor del Estado, respecto de los cuales:

I. Existan pruebas suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto, relacionados directamente con actividades delictivas.

II. Hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables.

En ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe.

La resolución judicial se dictará, previo procedimiento en que se hayan dado vista a las partes procesales, y se acredite plenamente la vinculación de los bienes con actividades derivadas de la comisión de un delito.

Los bienes extinguidos a favor del Estado serán depositados en un fideicomiso que tenga a su cargo el cumplimiento de la justicia restaurativa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de marzo de 2007.--- Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado César Camacho.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de preparatoria de la delegación Iztacalco en el Distrito Federal, presentes aquí, en esta sesión.

ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros:Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, voy a explicar de forma breve los motivos de esta iniciativa, ya que ésta misma ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La razón principal de esta reforma es lo que percibimos a diario las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de la procuración de justicia y las normas que la regulan, han sido rebasadas completamente por la delincuencia. El problema está claro: ni las instituciones que procuran justicia ni las corporaciones policiacas han podido responder y contener a esta delincuencia.

Estudiosos de esta problemática han llegado a la conclusión de que el actual modelo de procuración de justicia basada en un Ministerio Público que monopoliza la investigación y persecución del delito y una policía auxiliadora se encuentran politizadas, corrompidas, saturadas, retrasadas y sobre todo, muy rebasadas.

Estos calificativos que describen puntualmente el estado que guarda el Ministerio Público y su relación con los cuerpos encargados de la seguridad pública traen también cifras alarmantes. Valdría la pena mencionar algunas.

En un año se cometieron más de 11.8 millones de delitos, de los cuales las autoridades reconocieron solamente 1.4 millones de ellos. Se calcula que las procuradurías registran poco más de un delito por cada ocho que se cometen. Sólo se inicia una averiguación previa en 20 por ciento de los casos; es decir, a nivel nacional sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos que se comenten.

Sólo 25 por ciento de quienes padecieron un delito lo denunciaron ante el Ministerio Público, de estos denunciantes 63 por ciento quedaron insatisfechos con su actuación. El 88 por ciento de los delitos no quedan registrados en las estadísticas oficiales; 45 por ciento de la población opina que la policía actúa mal o muy mal para controlar el delito. Todavía peor, 7 de cada 10 personas manifestaron desconocer a la AFI y a la PFP.

Si revisamos las cifras de incidencia delictiva y su relación con los principales delitos que se cometen, encontramos que 94 por ciento son de competencia local y el 6 por ciento representan delitos del fuero federal.

El robo, el daño en propiedad ajena y lesiones son los que corresponden a la jurisdicción estatal y la portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y ataques a las vías generales de comunicación, son los que corresponden a la jurisdicción federal.

Por ello nos preguntamos, ¿qué es lo que no está haciendo bien el gobierno para combatir a la delincuencia? ¿En dónde estamos fallando? A nosotros como legisladores nos corresponde preguntarnos también, ¿qué es lo que está faltando para la eficacia en nuestras leyes?

Como resultado de estas reflexiones creemos que es necesario poner al día el artículo 21 constitucional y redefinir algunos términos que a principios del siglo XX no fueron imaginados, es decir, la carrera delictiva inicia en el fuero común con delitos simples como el robo de una cartera, de una bolsa, las partes de un vehículo. Con ello el delincuente se va comprando una navaja, luego una pistola. Poco a poco se va ganando un respeto entre quienes realizan este tipo de actividades. Y de ahí se van organizando en bandas y terminan realizando lo que hoy conocemos como la famosa delincuencia organizada: lavado de dinero, delitos contra la salud, terrorismo, tráfico de órganos, secuestro, tan sólo algunos ejemplos de este tipo de delincuencia que no fueron contemplados por nuestros Constituyentes de 1917.

Por ello, esta reforma busca generar un texto ordenado y funcional que fortalezca a nuestras instituciones de seguridad pública y justicia penal con la facultad de investigación, pero también que garantice a la población de manera clara y precisa, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales.

Por ello proponemos que el artículo 21 constitucional incorpore el concepto de seguridad pública, amplíe las facultades investigadoras del Ministerio Público a las corporaciones de seguridad pública, municipal, estatal y federal; mantenga como exclusiva la facultad de imponer penas a los órganos jurisdiccionales, delimite el actuar de la autoridad administrativa, contemple las obligaciones internacionales de las que México es parte y desarrolle realmente un sistema nacional de seguridad pública transversal y transparente en el que los programas, políticas públicas y recursos sean formulados, ejecutados, controlados y evaluados por este mandato constitucional.

En el caso particular de nuestras policías preventivas municipales no debemos perder de vista que son las que tienen el contacto diario con la población; muchas veces ellos tienen información de posibles delitos, antes de que exista una denuncia o querella ante la autoridad ministerial. Sin embargo no pueden denunciar por no contar con los conocimientos suficientes para identificar el delito o simplemente porque están impedidos por ley para realizar acciones de investigación y rastrear estos indicios.

También en la práctica encontramos casos de muchos policías preventivos municipales que realizan investigaciones maquilladas de acciones preventivas, gente que se arriesga a ser sancionada administrativa o penalmente por ser algo ilegal, pero que han dado resultados muy eficientes e importantes para descubrir personas o bandas delictivas.

El debilitamiento de nuestra policía municipal al quitarles la facultad de investigación y limitar las funciones supuestamente de prevención, con la premisa de corrupción e impunidad, sólo ha contribuido al crecimiento de la delincuencia, al grado tal que hoy en día quien delinque sabe perfectamente que las probabilidades de que sea detenido son prácticamente nulas.

La solución que busquemos debe tener presente las pocas denuncias y los muchos delitos, la gran sensación de inseguridad en la población y la poca confianza en nuestras instituciones, las averiguaciones previas mal integradas que difícilmente llegarán a poner al presunto responsable ante la autoridad judicial.

Sabemos que existen algunos cuerpos policiales en los que la corrupción en las organizaciones criminales se ha infiltrado, que hay violaciones a los derechos humanos de la población, que existen altos niveles de impunidad y que un gran número de policías municipales no cumplen ni siquiera con un perfil de ingreso, selección y permanencia, que están mal capacitados.

Sin embargo todo esto no debe ni puede mantener nuestras leyes estáticas. Las deficiencias de la mayoría de las instituciones responsables de seguridad pública y procuración de justicia, no pueden continuar gracias a estos temores. Por el contrario, los temores del hombre deben ser las fortalezas de nuestras instituciones.

Para finalizar, quiero mencionar que el pasado 9 de marzo el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Senadores una propuesta de reforma en la que sugiere facultar a la Policía Federal, para que investigue los delitos conjuntamente con el Ministerio Público.

Nosotros creemos que esta modificación debe ir más allá y fortalecer también en la investigación a las policías preventivas, municipales y estatales.

Compañeras y compañeros legisladores, la población no sabe de competencias, no le interesa conocer de jurisdicciones; le interesan las soluciones, vivir con seguridad en su persona, en su patrimonio y en su familia. Gracias por su atención. Señor Presidente, solicito se inserte esta participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Sinaloa, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia así como las normas que regulan su estructura y funcionamiento han sido rebasadas definitivamente por la delincuencia.

A pesar de los esfuerzos que ha venido realizando el Estado para crear mecanismos de coordinación y colaboración que permitan prevenir y combatir las actividades ilícitas, la multiplicación de los delitos es constante, afectándose la integridad y derechos de los gobernados así como el orden y la paz públicos.

El problema es claro, ni las instituciones que procuran justicia ni las corporaciones policiales han podido responder y contener a la delincuencia.

Los estudiosos de esta problemática han llegado a la conclusión de que el actual modelo de procuración de justicia, basado en un Ministerio Público que monopoliza la investigación y persecución del delito y una policía auxiliadora en estas actividades se encuentra ``... politizado, corrompido, saturado, retrasado y rebasado...'' (Castillo Banuet, Germán A., Mitos y realidades de la autonomía del Ministerio Público. Propuesta de un nuevo modelo de procuración de justicia, Procuraduría General de la República, México, 2006, página 13).

Estos calificativos, que describen puntualmente el estado que guarda la institución del Ministerio Público y su relación con los cuerpos encargados de la seguridad pública, traen también cifras alarmantes. Por ejemplo, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, durante los años 2004, 2005 y 2006, reveló lo siguiente:

En un año se cometieron más de 11 millones 810 mil 377 delitos, de los cuales las autoridades reconocieron solamente un millón 403 mil 425;

Se calcula que las procuradurías registran poco más de 1 delito por cada ocho que se comenten;

Sólo se inicia una averiguación previa en 20 por ciento de los casos, es decir, a nivel nacional sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos;

Sólo el 25 por ciento de quienes padecieron un delito lo denunciaron ante el Ministerio Público; de estos denunciantes, el 63 por ciento quedaron insatisfechos con su actuación.

El 88 por ciento de los delitos no quedan registrados en la estadística oficial;

La percepción de la ciudadanía arroja que siete de cada 10 personas se sienten inseguras;

45 por ciento de la población opina que la policía actúa mal o muy mal para controlar el delito;

Siete de cada 10 personas manifestaron que desconocen a la Agencia Federal de Investigación y a la Policía Federal Preventiva.

Si revisamos las cifras de la incidencia delictiva y su relación con los principales delitos que se cometen, encontramos que el 94 por ciento son de competencia local; y el 6 por ciento restante, del ámbito federal. De estos porcentajes casi el cincuenta por ciento de la incidencia delictiva se concentra en seis delitos: robo, daño en propiedad ajena y lesiones, que corresponden a la jurisdicción estatal, y portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y ataques a las vías generales de comunicación, de jurisdicción federal.

Por ello nos preguntamos: ¿Qué es lo que no está haciendo bien el gobierno para combatir la delincuencia? ¿Dónde estamos fallando?, ¿como sociedad? ¿en la familia? ¿cómo autoridades? ¿en la aprobación de la ley?

A nosotros, como legisladores, nos corresponde preguntarnos también: ¿qué está pasando con nuestras leyes, con nuestra Constitución?, ¿por qué nuestro sistema jurídico no cuenta con la facticidad y validez necesarias para que las instituciones y los hombres que las conforman puedan controlar la delincuencia?

Como resultado de estas reflexiones, de esta revisión a la norma jurídica, se considera necesaria una reforma al artículo 21 constitucional, relacionada con nuestro sistema de justicia penal y de seguridad pública. Creemos que es necesario poner al día este precepto y redefinir algunos términos que a principios del siglo XX no hubiesen sido imaginados.

Nos referimos a diversos fenómenos de la complejidad social del siglo XXI, grandes y vastos problemas generados por el delincuente común, pero también por la delincuencia organizada. Hoy, como diría García Ramírez (``El sistema penal'', en Estudios jurídicos, UNAM, 1999, página 487): ``El delito tiene un objetivo sistemático, que no agota las finalidades del infractor, sino lo provee de nuevos medios para acometer [más y más grandes] delitos y ampliar la organización criminal y su impacto social.''

Por tanto, la carrera delictiva inicia en el fuero común, con delitos simples, como el robo de una cartera, de una bolsa, las partes de un vehículo; con lo que obtiene, el delincuente se compra una navaja, luego una pistola, después ya va ganando un respeto con la delincuencia de ese tipo, se va organizando en bandas y termina organizándose en lo que conocemos como delincuencia organizada.

Lavado de dinero, delitos contra la salud, terrorismo, tráfico de órganos, secuestro, son sólo algunos ejemplos de este tipo de delincuencia que no fueron contemplados por el Constituyente de 1917, pero que hoy están lastimando y dañando a un pueblo deseoso de seguridad.

Creemos en la necesidad de modificar los principios tradicionales y las reglas clásicas de nuestro derecho penal, para que pueda ocuparse y ajustarse con la seguridad pública, por ello la reforma busca generar un texto ordenado y funcional que fortalezca nuestras instituciones de seguridad pública y justicia penal, pero también que garantice a la población, de manera clara y precisa, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales.

Una de las aportaciones de esta iniciativa tiene relación con el debilitamiento de la facultad investigadora del Ministerio Público y el escaso margen de acción de las policías. La mayoría de la sociedad sufre por el delito del fuero común, pero ambas, policías y sociedad, en los hechos, han sido superadas y lesionadas, no sólo por la gran cantidad de ejecuciones y actos de violencia que viven diariamente por los integrantes de la delincuencia organizada.

Por ello debemos pensar en un nuevo orden penal, que incorpore el concepto ``seguridad pública'', que amplíe las facultades investigadoras del Ministerio Público a las corporaciones de seguridad, que mantenga como exclusiva la facultad de imponer penas a los órganos jurisdiccionales, que delimite el actuar de la autoridad administrativa, que contemple las obligaciones internacionales de las que México es parte; pero sobre todo que desarrolle realmente un sistema nacional de seguridad pública transversal y transparente, en el que los programas, políticas públicas y recursos sean formulados, ejecutados, controlados y evaluados por una ley que refleje los intereses del Ejecutivo federal, conjuntamente con los intereses de nuestros estados, el Distrito Federal y nuestros municipios.

En otras palabras, un reflejo sistemático, de las necesidades y problemáticas que vive la población en materia de seguridad pública y justicia penal dentro de nuestra federación.

En el caso particular de nuestras policías preventivas municipales, no debemos perder de vista que son las que tienen el contacto diario con el grueso de la población, muchas veces tienen información de posibles delitos antes de que exista una denuncia o querella ante la autoridad ministerial; sin embargo, no pueden denunciar, porque no tienen los conocimientos suficientes para identificar el ilícito o, simplemente, porque están impedidos por ley para realizar acciones de investigación y rastrear indicios.

También en la práctica encontramos casos de muchos policías preventivos que realizan investigaciones maquilladas de acciones preventivas, gente que se arriesga a ser sancionada administrativa o penalmente, porque es algo ilegal, pero que han dado resultados muy eficientes e importantes para descubrir personas o bandas delictivas.

El debilitamiento de nuestras policías, al quitarles la facultad de investigación y limitarlas a funciones supuestamente de ``prevención'', bajo la premisa de la corrupción e impunidad existente, sólo ha contribuido al crecimiento de la delincuencia, al grado tal que hoy en día quien delinque sabe perfectamente que las probabilidades de que sea detenido son prácticamente nulas.

Otros estudios, como el realizado por Guillermo Zepeda (Crimen sin castigo, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, página 219 y subsiguientes), concluyen que, en promedio, la probabilidad que tiene un presunto delincuente de que sea capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial por el Ministerio Público o su policía investigadora es de 3.3 por ciento por cada cien hechos ilícitos.

Estamos hablando de un margen de impunidad del 96.7 por ciento, lo cual refleja la incapacidad del actual modelo, basado en una policía preventiva y un Ministerio Público con policía investigadora, cuyos procedimientos, acciones y programas son arcaicos y limitados en cuanto a recursos humanos, materiales y económicos.

Por ello es importante que nuestra Constitución y la legislación secundaria faculten a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, federales, estatales y municipales, para que investiguen los delitos, para que los delincuentes vean que sus posibilidades de quedar impunes son reducidas y que tanto los cuerpos policiales como el Ministerio Público sean garantes de las libertades y derechos de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

La solución que busquemos debe tener presente las pocas denuncias y los muchos delitos; la gran sensación de inseguridad en la población y la poca confianza en las instituciones; las averiguaciones previas mal integradas, que difícilmente llegarán a poner al presunto responsable ante la autoridad judicial. En pocas palabras, terminar con la ineficiencia, corrupción, impunidad e injusticia que afectan la sociedad.

En este sentido, la reforma permitirá hacer una redefinición de las facultades y competencias de las corporaciones policiales, en el ámbito municipal, estatal y federal, para que participen en la investigación de los delitos que realiza el Ministerio Público.

Debemos contar con una policía profesional, que sepa recibir denuncias y recabar evidencias, que genere elementos para esclarecer los hechos delictivos, que cuente con instrumentos científicos y tecnológicos, que sea bien remunerada y, sobre todo esto, que sea transparente y honesta ante la sociedad. Cabe hacer notar que en todos los cuerpos policiales de seguridad municipal existen elementos que reúnen este perfil, desafortunadamente son los menos.

Sabemos que existen algunos cuerpos policiales en los que la corrupción y las organizaciones criminales se han infliltrado, que hay violaciones a los derechos humanos de la población, que existen leyes obsoletas y altos niveles de impunidad, que un gran número de policías no cumplen ni siquiera con un perfil de ingreso, selección y permanencia; que están mal capacitados; sin embargo, todo ello no puede mantener nuestras leyes estáticas, las deficiencias de la mayoría de las instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia no pueden continuar gracias a estos temores.

Por el contrario, los temores del hombre deben ser las fortalezas de las instituciones, por ello actualicemos nuestra Constitución y terminemos con los anacronismos funcionales. Generemos mecanismos eficaces para la rendición de cuentas.

Para ello, corresponderá al Ejecutivo federal revisar el servicio de carrera policial, pericial y ministerial, ponerlo al día, hacerlo funcional para la Federación, los estados y los municipios; determinar criterios de reclutamiento, selección, permanencia y cese de sus integrantes; hacer de la capacitación un deber; otorgar mejores y mayores salarios; incrementar las prestaciones de seguridad social; y crear un sistema de estímulos pero también un sistema de control y de sanciones a los malos elementos.

Terminemos con la saturación de los órganos ministeriales por la falta de coordinación y la falta de profesionalización. Hagamos una investigación más dinámica y flexible a través de un conjunto de reglas que permitan a las autoridades de la federación ser eficientes y dar los resultados que la sociedad exige.

Hoy día existen casi 400 mil servidores públicos que trabajan en áreas relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno: 169 mil 894 elementos son de la policía preventiva estatal; 130 mil 609, de la preventiva municipal; 15 mil 261, de la federal preventiva; 27 mil 793, de la policía judicial o ministerial; 15 mil 78, agentes del Ministerio Público y peritos; 9 mil 769, agentes federales de investigación; 28 mil 947, custodios estatales y municipales; y mil 893, custodios federales.

Sin embargo, se ha visto que ni la Agencia Federal de Investigación ni ninguna corporación federal tienen por sí mismas la capacidad de despliegue para brindar el servicio de seguridad que la población demanda ante el cúmulo de delitos y la diversidad de delincuentes que hay en nuestro país.

Por ello requerimos de un servicio de seguridad pública de calidad, que inicie en el nivel municipal, transite al nivel estatal y se amalgame en el nivel federal.

Pretendemos un verdadero sistema nacional de seguridad pública y de justicia penal que sea profesional y eficiente; pero, también, que tenga arraigados los valores de la honestidad, la lealtad y el amor por México.

La población no sabe de competencias, no le interesa conocer de jurisdicciones, le interesa vivir con seguridad en su persona, en su patrimonio y en su familia.

La propuesta de reforma se sintetiza en los siguientes incisos:

1. Revisión de la redacción actual del artículo 21 constitucional. Se modifica la actual redacción del artículo 21 constitucional para facilitar un texto más ordenado, claro y preciso, que delimite funciones, etapas y actores. Para ello se respetan supuestos clave ya plasmados en la norma, como el reconocimiento de la Corte Penal Internacional, la impugnación de resoluciones del Ministerio Público y la aplicación de sanciones por parte de la autoridad administrativa, incorporándose, a la vez, la participación de la policía en las actividades de investigación de delitos bajo la dirección del Ministerio Público, el establecimiento de principios de la administración pública y las finanzas relacionados con los programas, acciones y recursos utilizados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Persecución de los delitos y ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. El nuevo párrafo primero del artículo 21 constitucional delimita, con base en las etapas correspondientes al procedimiento penal, las dos principales facultades con que cuenta el Ministerio Público: el ejercicio de la acción penal y la persecución de los delitos, entendiéndose la persecución como aquellas actuaciones que realiza el Ministerio Público ante la autoridad judicial.

3. Imposición de penas por la autoridad judicial. Una vez que se ejercita la acción penal y se lleva a cabo el procedimiento respectivo debe generarse una sentencia absolutoria o condenatoria de la conducta que, en este segundo supuesto, puede traer consigo una pena. En este sentido el propio párrafo primero de nuestra propuesta respeta la actual redacción y define como exclusiva la facultad de imponer penas por parte del órgano jurisdiccional.

4. Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De reciente adición al artículo 21 Constitucional (Diario Oficial de la Federación del 20 de junio de 2005), el segundo párrafo reconoce la facultad que tiene el Ejecutivo Federal para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional previa aprobación del Senado. Este párrafo da cumplimiento y pone nuestra Constitución al día con los diversos compromisos adquiridos por México ante la comunidad internacional.

5. Investigación de delitos por la policía y el Ministerio Público. El párrafo tercero del nuevo artículo 21 constitucional contempla de forma particular la facultad investigadora con la que cuenta el Ministerio Público, pero fortalecida con la corresponsabilidad que tendrá ahora la policía federal, la cual investigará bajo la dirección de aquél. Entiéndase por dirección aquella facultad que tendrá el Ministerio Público para dictar lineamientos y ejercer acciones que produzcan una investigación policial efectiva, respeto a los derechos humanos y bajo los principios que rigen la materia penal. Es importante señalar que la corresponsabilidad de la policía federal en la investigación penal simplemente devuelve facultades propias de cualquier corporación policial. Se busca fortalecer la especialización tanto del Ministerio Público como de la policía federal, dejando a un lado la concepción clásica que ubicaba a la policía bajo la autoridad y mando orgánico del Ministerio Público, sin que ello implique una autonomía operativa, pues estará en todo momento bajo la dirección de aquél. El fin principal es contar con una policía federal que pueda recibir denuncias, recabar datos y evidencias de los hechos o actos ilícitos, identificar personas, todo ello con el fin de presentar al Ministerio Público o, en su caso, al órgano jurisdiccional elementos que den certeza al procedimiento penal.

6. Impugnación de las resoluciones del Ministerio Público. Se respeta la redacción del actual artículo 21 recorriéndose para convertirse en un párrafo cuarto, relativo a la facultad que tiene cualquier persona de impugnar el no ejercicio o desistimiento de la acción penal en los términos que establezca la ley.

7. La seguridad pública como función del Estado. El párrafo quinto de la propuesta define a la seguridad pública como aquella función a cargo del Estado --federación, Distrito Federal, estados y municipios-- que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Esta redacción, más específica que la actual, trata de mejor manera los alcances o fines de la seguridad pública en comparación con el texto actual que señala: ``La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala...''

8. Establecimiento de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el párrafo sexto se adiciona al texto constitucional la facultad que la Ley le conferirá al Ejecutivo Federal para el establecimiento, conjuntamente con los estados, el Distrito Federal y los municipios, de las bases para la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas, políticas y financiamiento utilizados para el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública. Lo anterior tiene relevancia tomando en cuenta las tendencias mundiales en cuanto a la formulación de los programas y políticas públicas de cada gobierno, sobre todo en lo relativo al uso transparente de los recursos y en la necesidad que tiene la ciudadanía por saber que el actuar de la autoridad no vulnera sus libertades y derechos.

9. Participación de las instituciones encargadas de la seguridad pública en la investigación del delito. La propuesta que contiene el nuevo párrafo séptimo tiene la mayor importancia pues, al igual que el supuesto contenido en su similar del párrafo tercero, busca crear una corresponsabilidad entre la investigación del delito y las instituciones encargadas de la seguridad pública para que garanticen este derecho a toda la población. Se trata de dotar de facultades a las corporaciones de la policía, particularmente a la municipal preventiva y estatal preventiva, previo fortalecimiento del proceso de reclutamiento, selección, capacitación y supervisión que se viene realizando como parte de las acciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se busca fortalecer la capacidad de despliegue del Ministerio Público y especializar a la policía en labores de investigación, que --como hemos dicho-- se vienen realizando ilegalmente, siendo que es una facultad natural de este tipo de instituciones. Así, el Ministerio Público contará con personal técnico especializado en actividades de investigación en cada Estado y en cada municipio, quienes tendrá el deber de recibir denuncias, recabar datos y evidencias, identificar personas y realizar todo aquello que sea solicitado por el Ministerio Público bajo el único requisito de cumplir con lo dispuesto en la ley y con estricto respeto a las garantías que otorga esta Constitución.

10. Principios rectores de los cuerpos policiales, ministeriales y periciales. Se crea un párrafo octavo, relativo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que rigen la actuación de las instituciones policiales, ministeriales y periciales, en lugar del párrafo vigente, que se ciñe a las instituciones policiales, pues dichos principios deben ser la guía para todos aquellos servidores públicos que se desempeñan en actividades relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública.

11. Sanciones por la autoridad administrativa. Los párrafos noveno, décimo y undécimo corresponden a las reglas para la aplicación de sanciones por la autoridad administrativa. El texto que contienen es el mismo del actual precepto constitucional, respetándose éste por considerar que su redacción se mantiene vigente ante la realidad que vivimos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. El ejercicio de la acción penal y la persecución de los delitos ante la autoridad judicial corresponden al Ministerio Público. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La investigación de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía, la cual estará bajo la dirección de aquél.

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

La ley facultará al Ejecutivo Federal para establecer, conjuntamente con los estados, el Distrito Federal y los municipios, las bases para la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas, políticas y financiamiento utilizados en el sistema nacional de seguridad pública.

Las instituciones encargadas de la seguridad pública, en las respectivas competencias que señala esta Constitución para los estados, el Distrito Federal y los municipios, participarán en la investigación de los delitos cuando así lo solicite el Ministerio Público. Las actuaciones que se realicen con motivo de esta función se harán en los términos que señale la ley y con estricto respeto a las garantías que otorga esta Constitución.

La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los párrafos tercer y séptimo, que entrarán en vigor hasta en tanto no se hagan las adiciones, reformas o modificaciones a la legislación secundaria respectiva por el honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Ejecutivo federal, conjuntamente con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinará a través del sistema nacional de seguridad pública, para reclutar, seleccionar, capacitar y controlar a los servidores públicos que participarán en las labores de investigación mencionadas en los párrafos tercero y séptimo del artículo 21 constitucional.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá, dentro del año siguiente a su publicación, aprobar las modificaciones, reformas y adiciones a la legislación secundaria respectiva que sea de su competencia.

Cuarto. Una vez terminado el proceso descrito en el artículo segundo transitorio, el sistema nacional de seguridad pública deberá, previo estudio de viabilidad técnica y financiera, seleccionar aquellos municipios, estados o regiones que entrarán al programa de investigación policial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2007.--- Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Vargas Landeros.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Carlos Armando Biebrich para presentar iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios.

El diputado Carlos Armando Biebrich Torres:Con su permiso, señor Presidente. Compañeros y compañeros diputados, México experimentó durante las últimas décadas un profundo proceso de transformación para poder consolidar su régimen democrático en un sistema de partidos plural y competitivo.

A través de distintas reformas fue posible encontrar respuestas acabadas para expresar un régimen de transición que, en los términos del artículo 40 de la Constitución General de la República, concrete el anhelo de integrarnos como una república representativa, federal y democrática.

La competencia y la pluralidad política fueron aspectos atendidos por las reformas electorales de los últimos años. Con ello logramos que la sociedad manifestara sus preferencias políticas y en un amplio margen de libertad y opciones partidarias.

Consecuente con ello, desde 1997 la Cámara de Diputados y el Congreso General han sido conformados sin que ningún partido político tenga la mayoría absoluta. Este mandato ciudadano significa un gran reto para el Congreso mexicano, que nos obliga a encontrar los mecanismos de organización y trabajo camaral que correspondan a las expectativas ciudadanas. Los electores nos convocan a crear las condiciones más propicias para el acuerdo político, al negarlo reiteradamente la mayoría a un partido político.

Es así como se impulsa la reforma a la Ley Orgánica del Congreso en 1999, la cual entre otras de sus muchas innovaciones creó la institución de la Mesa de Decanos. No hay duda que esa iniciativa ha mostrado sus bondades, ha permitido la transición entre legislaturas en forma ordenada y en un ambiente de libertad y diálogo entre las fuerzas políticas aquí representadas.

Por otra parte, cabe señalar que la figura de Mesa de Decanos es, en el ámbito internacional, una institución que goza de gran prestigio y en la cual se sustenta mucha de la fortaleza de los cuerpos parlamentarios.

Amigos y amigas legisladores, accedo a esta tribuna a solicitar su apoyo a la iniciativa que he presentado, misma que ha merecido la solidaridad y apoyo de los señores coordinadores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados.

El objetivo de la propuesta es darle permanencia a la Mesa de Decanos como entidad y apoyo y asesoramiento a los distintos órganos legislativos y de gobierno de la propia Cámara. Se trata de una función de asesoría y opinión, en la cual las resoluciones que se adopten carezcan de carácter vinculatorio, a efecto de no trastocar el esquema de responsabilidades que actualmente tienen los órganos de gobierno de la Cámara.

Se propone, por lo tanto, crear un comité que tome en algunos de sus rasgos la experiencia europea, sin duda, cuna del sistema parlamentario universal. La iniciativa pretende conjugar experiencia y formación de nuevos cuadros; de ahí que la conformación del Comité que se propone, además de los miembros de la Mesa de Decanos, que incluya la participación de diputadas o diputados más jóvenes de cada grupo parlamentario.

Como se puede apreciar la iniciativa comprende varios propósitos, cumple una función importante dentro de la Cámara para apoyar al trabajo parlamentario, con el aporte de la experiencia que rescata o puede rescatar lo mejor de nuestro pasado y otorga serenidad para vislumbrar el futuro.

Incluye también a jóvenes quienes arriban a este espacio, imbuido de nuevas ideas y propósitos renovadores que a todos nos enriquece. Vincular juventud y experiencia es una de las más sabias ecuaciones a la que se puede aspirar en política; eso es lo que pretende lograr esta iniciativa y es lo que se puede lograr si ustedes la respaldan.

No omito destacar que presento esta iniciativa con la firma y colaboración de los integrantes de la Mesa de Decanos, a quienes agradezco sus aportaciones y compromisos. Solicito, señor Presidente, la transcripción de esta intervención y de la iniciativa en el Diario de Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales coordinadores de los Grupos Parlamentarios constituidos en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y los integrantes de la Mesa de Decanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía popular, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto para adicionar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La Cámara de Diputados enfrenta el reto de hacer operable un mandato de minorías, que sea capaz de reflejar los consensos que se necesitan para la reforma de los marcos jurídicos de las políticas públicas del gobierno mexicano.

Desde hace más de un lustro esta representación nacional ha sido dominada por las minorías relativas, signo inequívoco de que en nuestro país está garantizada la pluralidad de ideas y ha sido fortalecido su sistema de partidos. Esta predominancia con seguridad seguirá en el futuro previsible, lo cual exigirá de los grupos parlamentarios cada vez más capacidad de negociación para atender con eficacia las exigencias del cambio social y de su respectiva seguridad jurídica.

Segundo. Las fracciones parlamentarias, especialmente en la Cámara de Diputados, tendrán que mostrar por encima de su ventaja numérica, una visión constructiva acerca del desarrollo y de la gobernabilidad del país, que permita dar paso al entendimiento y a los comunes denominadores.

Esto no se logrará si prevalece sólo el principio de proporcionalidad en el que descansa el reparto y el ejercicio de las funciones legislativas en el Congreso federal. En el recién concluido período de sesiones este principio mostró severas limitaciones propiciando fluctuaciones entre disensos de los que nos avergonzamos los legisladores y consensos que quisiéramos predominaran en nuestra tarea legislativa.

Por lo tanto, es urgente una eficaz instancia dentro de la organización de la Cámara de Diputados, que contribuya a la tolerancia, a la prudencia y, particularmente, a reforzar una visión constructiva del papel del Congreso en el desarrollo nacional a partir de consensos.

Tercero. Una forma de reducir al mínimo estas insuficiencias de gobernabilidad, en este escenario de minorías relativas, radica en reconocer institucionalmente el valor de la trayectoria y la experiencia de quienes, entre los miembros de las fracciones parlamentarias, hayan ejercido las facultades legislativas, administrativas y de conducción en el ejercicio de responsabilidades de gobierno.

La Ley Orgánica del Congreso General lo reconoce aunque de forma mínima, al crear una Mesa de Decanos diputados, responsable de conducir la sesión constitutiva de la Cámara.

En efecto, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá un Mesa de Decanos, constituida por un presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios, la cual se integrará por los diputados electos presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal, y tendrá como objetivo la conducción de la sesión constitutiva y la protesta constitucional de los diputados federales electos.

Cuarto. En el derecho y las prácticas de otros parlamentos, especialmente los de gran tradición democrática, la institución del decano es aprovechada al máximo para proporcionar orientación estratégica a los grupos legislativos y aportar una visión de conjunto acerca de los marcos jurídicos idóneos en la construcción de mejores políticas de gobierno.

Tal es el caso de algunas comisiones del senado norteamericano donde la permanencia y experiencia de sus miembros las ha convertido en pilares del trabajo legislativo. Tampoco puede pasar desapercibida la figura de indiscutible imparcialidad del speaker británico que, sin ser parlamentario, conduce las sesiones de la Cámara de los Comunes por su experiencia en la articulación operativa de la Asamblea¹.

En el esquema supranacional, la Unión Europea también recoge el papel de esta institución. El Tribunal de Cuentas Europeo, que está organizado por grupos de fiscalización, nombra a un decano en cada uno de ellos a fin de que asuma la responsabilidad de su buen funcionamiento². La rica experiencia europea permea de los gobiernos provinciales, como el Parlamento de Baviera, Alemania, donde su presidente es auxiliado activamente por el Consejo Decano³.

Quinto. En México, la Mesa de Decanos se constituyó como órgano de apoyo en servicio del Pleno y de los diputados, tal como lo establece la exposición de motivos que fundamentó la reforma a la ley orgánica que creó esta Institución, el 26 de mayo de 1999.

Pese a que en la propia exposición de motivos ``Se plantea la Mesa de Decanos como un nuevo órgano de las instituciones parlamentarias mexicanas, a partir de considerar la experiencia legislativa previa de los integrantes de la nueva Legislatura'', su funcionalidad quedó trunca por un vacío legal, ya que no se le asignan otras facultades más que las señaladas en el citado artículo 15 de la ley orgánica del Congreso General.

Sexto. Nuestra propuesta consiste en fortalecer la Mesa de Decanos, otorgándole atribuciones de consulta y opinión, que enriquezcan el criterio de proporcionalidad con el de la experiencia, en aras de una mayor eficacia del proceso legislativo que la lograda hasta la fecha.

Para tal efecto, la Mesa de Decanos operaría como un comité de carácter permanente, ejerciendo sus facultades bajo los siguientes principios:

Ser una instancia de concordia, respeto y generación de consensos sobre los temas y prioridades que debe abordar la Cámara, para ser propuestos a los grupos parlamentarios con el aval de sus diputados decanos.

Ser un órgano con suficiencia de opinión, destinado al máximo aprovechamiento de la experiencia de los cuadros de expertos de la Cámara.

Su opinión, de carácter no vinculatorio, en apoyo a la Junta de Coordinación Política, le permitiría a ésta descansar en el comité propuesto gran parte de su tarea de evaluación sobre los avances y dirección del trabajo legislativo.

Ser una instancia encaminada a buscar la mayor productividad legislativa, al proponer la discusión de temas afines a los grupos parlamentarios e impulsar las iniciativas sobre leyes o reformas centrales para el momento y futuro inmediato del país.

Séptimo. El nuevo Comité de Decanos tendría una composición encaminada a entreverar a las nuevas generaciones con las más experimentadas, tal como sucede en la Asamblea Nacional Francesa y en el Parlamento Español⁴. Se constituiría por los siete diputados miembros de la Mesa de Decanos y un diputado, el más joven, de cada fracción parlamentaria.

Octavo. A fin de institucionalizar esta instancia de aprovechamiento de la experiencia de los diputados decanos, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se precisen las nuevas facultades de la Mesa de Decanos, ahora como comité de carácter permanente que pueda nutrir la toma de resoluciones, tanto de la propia Junta de Coordinación Política como de los órganos legislativos.

De conformidad con lo anterior, nos permitimos presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se propone adicionar el artículo 46, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Decreto por el que se adiciona con un párrafo quinto el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona con un párrafo quinto el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46.

1. a 4. ...

5. La Mesa de Decanos, una vez cumplidas sus responsabilidades en la instalación de la Cámara, señaladas en el artículo 15, se constituirá en Comité Legislativo, conservando la misma composición de mando. Será un órgano de consulta y opinión, de carácter no vinculatorio, sobre los temas legislativos que le requieran la Junta de Coordinación Política y los órganos legislativos. Se integrará por los miembros de la Mesa de Decanos y por el diputado más joven de cada fracción parlamentaria representada en la Cámara.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Junta de Coordinación Política dispondrá las medidas necesarias a fin de aportar los recursos financieros y materiales para el inicio de las actividades del Comité de Decanos, así como definir las facultades específicas del propio comité, mismas que propondrá al Pleno para ser incluidas en el reglamento de esta ley.

Notas:

1 Diccionario de Política. Norberto Bobbio y Nicola Mateucci. Siglo XXI Editores. Tomo II. Páginas 1167-1180. Año 2000. La forma parlamentaria de gobierno: problemas actuales (capítulo III). Constitución, democracia y control. Aragón Manuel. IIJ-UNAM. Serie doctrina jurídica número 88. Año 2002.

2 Organización y estructura del Tribunal de Cuentas Europeo. www.eca.europa.eu/presentation/structure/index_es.htm

3 Parlamento de Baviera. Oficina del Parlamento, Maximilianeo, 81627 Munich. http://www.spd.bayern-landtag.de/pdf_internet/ BL_Span.pdf

4 Artículos 1o. del Reglamento de la Asamblea Nacional Francesa y 2o. del Reglamento del Congreso de los Diputados de España.

Dado el Palacio Legislativo, México, DF, a los 29 días del mes de marzo de 2007.--- Diputados: Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Héctor Larios Córdova (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Murat Casab (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Arnoldo Ochoa González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Armando Biebrich. Insértese íntegro en el Diario de los Debates. Sonido a la curul del diputado Suárez del Real.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Con todo respeto quisiera solicitarle rectificación del quórum, señor.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Secretario, ábrase el sistema de asistencia hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

ARTICULOS 41, 99 Y 116 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DE SISTEMAS DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por lo pronto tiene la palabra el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacióny de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo:Con el permiso de la Presidencia. La iniciativa que hoy propongo a este Pleno, diputadas y diputados, proviene de diversas reflexiones de los diputados de la LX Legislatura. Como las propuestas del diputado Rodríguez Prats, como las propuestas del diputado Aispuro Torres, como las propuestas del diputado Guerra Ochoa; me parece que en este contexto de que también hemos aprobado la Ley para la Reforma del Estado es fundamental que nos realicemos no solamente preguntas sino compromisos sobre una reforma radical al sistema electoral mexicano.

Lo que estoy proponiendo es la federalización de las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Instituto Federal Electoral se haga cargo de las elecciones en los 31 estados y el Distrito Federal.

Para Felipe Tena Ramírez, federalización, etimológicamente, es la acción de hacer federal, que es precisamente lo que ocurre cuando los Poderes federales atraen hacia sí, incorporan hacia su jurisdicción actividades o atribuciones que antes pertenecían al patrimonio de las entidades federativas.

En el sexenio pasado la Comisión para la Reforma del Estado la propone, así como también Enrique González Pedrero; el doctor Miguel Carbonell, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El doctor Luis Carlos Ugalde en una entrevista que tuvo en octubre de 2004 con la dirigencia nacional del Partido Convergencia, le solicita al Congreso de la Unión que pueda evaluar cuáles serían las nuevas funciones del Instituto Federal Electoral.

El diagnóstico parte del sexenio pasado en las elecciones en Tabasco del año 2000 ---que se tuvieron que repetir---, también parte del proceso político en el estado de Yucatán en el 2001, donde prácticamente hubo rebelión de los consejeros ciudadanos y de los magistrados electorales locales. O qué decir de las elecciones de Veracruz en el año de 2004 y las elecciones de Oaxaca, cuyo resultado fue un proceso que está tomando carta de naturalización en el país, que es la judicialización de la política.

El sexenio pasado pudimos observar que los gobernadores, sobre todo del sur-sureste del país, tenían controlados a los órganos estatales electorales locales ---llámense institutos, comisiones o como se definan---; era un control similar al que tenía la Secretaría de Gobernación en 1988 con la Comisión Federal Electoral, es decir, se tenía el control desde el poder político.

Sin embargo, dos compañeros diputados de Baja California hace un par de semanas propusieron un punto de acuerdo aquí en esta misma tribuna, lo turnaron a comisiones, donde realizaban el diagnóstico de lo que estaba pasando con el órgano electoral local en Baja California. Es decir, asistimos también a un nuevo fenómeno de la privatización de la política, en donde un poder fáctico se puede apropiar del Consejo General de un órgano electoral local.

Sin embargo, por qué proponemos que el Instituto Federal Electoral sea el que organice las elecciones. En el año de 1997 organizó las elecciones para la Jefatura de Gobierno, las primeras elecciones que se realizaron en el Distrito Federal. No hubo impugnaciones, fueron elecciones legales, legítimas y sin ningún problema de organización.

El Instituto Federal Electoral tiene 333 oficinas a lo largo del país, desde distritales hasta oficinas estatales, sin embargo, si pensamos también no solamente en quitarles el control del poder político a los gobernadores sino en reducir el costo de la democracia en este país.

En la elección para el gobernador del Estado de México en el año de 2005 tan solo la elección del Estado de México costó mil 800 millones de pesos. Si le agregamos las otras 12 elecciones locales que hubo en ese año, estaríamos hablando que se destinaron 5 mil millones de pesos para que se organizaran las elecciones estatales, lo mismo que se le dio a los partidos políticos para las elecciones federales del año 2003 y el año 2006.

Para este año, las elecciones de 2007 ---las 14 elecciones--- se va a erogar un gasto de mil 773 millones de pesos, que bien se pueden distribuir para lo que aquí hemos dicho, lo que aquí hemos debatido, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera. Es así como quizá resulte un poco provocador, pero es el tránsito del federalismo a la federalización.

La propuesta se encuentra dentro de una concepción de la democracia constitucional o desde un punto de vista del neo-constitucionalismo que, desde nuestro punto de vista, significa hoy que la democracia es la paradoja de la política.

Hoy tenemos que repensar a nuestro nuevo sistema político mexicano, donde no solamente podamos ahorrar dinero, sino que tenemos que elevar la calidad de la democracia en un solo nivel democrático: el nivel de confiabilidad, de legitimidad y de credibilidad que tienen las elecciones en un nivel federal, necesitamos que los 31 estados y el Distrito Federal tengan el mismo carácter de certidumbre y, sobre todo, de legitimidad de los resultados electorales.

Es así como les pido no solamente su reflexión para esta propuesta, sino también a la Presidencia, que se inserten en el Diario de los Debates las reflexiones, así como solicitar que se pueda turnar para su opinión a la Comisión Especial de Reforma del Estado, señora Presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General de los Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , del Grupo Parlamentario Alternativa

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Reflexionar sobre la Soberanía, en el contexto actual, es un ejercicio que debe realizarse cotidianamente. Este ``poder de mando y dirección en última instancia, caracterizado por su unidad, individualidad, centralidad, inalienabilidad e incondicionalidad (...) está relacionada con la esencia de la política: el orden en el plano interno; la guerra en el plano externo''. En base a este concepto, la Soberanía cuenta con tres objetivos básicos: ``a) la transformación de la fuerza bruta (Macht) en dominio (Herrschaft), b) la conversión del poder de hecho en poder de derecho y, c) la asignación proceso político de una estructura normativa capaz de proporcionar la conjugación de estabilidad con cambio y legalidad con legitimidad''1.

Por consiguiente todas nuestras instituciones deben regirse por el mismo principio de Soberanía que permita explicar la aparición del Estado, pues en virtud de ella el pueblo decide unirse y adoptar determinada forma de gobierno, nombrando en consecuencia sus gobernantes. Es por ello, que se deben establecer prerrogativas inherentes a la soberanía del Estado, es decir, disposiciones constitucionales que le convengan, siempre que no sean contrarias a las garantías que la propia Constitución le otorga².

Uno de los problemas que enfrenta la Soberanía en nuestro país es el de la distribución de competencias, tanto a nivel nacional como estatal. Las frágiles soberanías locales enfrentan un gran reto: su gobernabilidad; ya que pueden ser consideradas como menores de edad, por que carecen de un sistema de fiscalización eficaz y, reciben la mayor parte de sus recursos de la federación, es decir, gobiernan con dinero federal y en consecuencia su soberanía financiera es limitada.

Al preguntarse ¿quién es el soberano en nuestro sistema constitucional?, José María de la Garza responde: ``Por un lado, el artículo 39 señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Por otro lado, el artículo 40 habla de estados libres y soberanos. Sin embargo, la doctrina tradicional de la soberanía nos dice que la soberanía es indivisible. Como consecuencia de ello, no puede haber dos titulares de la misma en el territorio de un Estado. Como bien se sabe, esencial a la ``soberanía'' es la noción de que ésta es indivisible. ¿Quién es el soberano entonces, el pueblo o los estados?''

``La respuesta que ha dado la doctrina constitucional nacional consiste en distinguir entre la titularidad y el ejercicio de la soberanía. Se dice así que la titularidad de la soberanía es única, y que corresponde al pueblo, mientras que el ejercicio de la soberanía corresponde a los poderes de la Federación y a los de los estados, atento a lo dispuesto por el artículo 41 constitucional.''

``El titular de la soberanía es, entonces, único. No así los sujetos a quienes corresponde el ejercicio de la soberanía. Esos sujetos son órganos públicos, y están definidos en dos órbitas, la de la Unión, y la de los estados. Esto quiere decir que, sin ser titulares de la soberanía, la Federación y los estados ejercen la soberanía por medio de sus poderes constitutivos, dentro de los límites que marca la propia Constitución general. En ese sentido, creo yo, es como debe entenderse la soberanía de los estados: como la capacidad de ejercicio de una serie de facultades cuya titularidad corresponde no al estado mismo, ni por supuesto a la Federación, sino al pueblo mexicano.''3

En este sentido, elevar la calidad de la democracia en nuestro país ha producido diversos cambios en las instituciones del Estado como la relación más estrecha y equilibrada entre los poderes y las entidades federativas; en nuestro actual contexto el Poder Legislativo mexicano, tanto federal como local ha tenido que adecuar sus estructuras y actividades, acercándose a todos aquellos actores que colaboran en su transformación.

En la nueva situación política la democracia no es un simple formulismo vacío; ``no es la forma, no es el número, no es el instrumento''. Es decir, por el contrario, ``una doctrina de fondo y una técnica; no mera técnica, sino técnica para la realización de principios y valores éticos4''. El olvido de esos principios y valores y el empleo de técnicas inadecuadas, han sido causa decisiva de una crisis en la democracia. La democracia es importante para resolver los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro siglo.

En México ``la democracia debe ser un régimen político exigente'', ya que no solo exige comportamientos coherentes con los objetivos definidos a través de la libre competencia electoral. Es exigente, sobre todo, porque quiere que esos comportamientos tengan un funcionamiento ético, de moralidad pública, de respeto a los principios críticos, la democracia no es un régimen político privado de un cuerpo de principios éticos y basados de relativismo absoluto.⁵

Sin embargo, de acuerdo a World Democracy Audit (Auditoria Mundial de la Democracia), México ocupa el lugar 61 en la lista general de la democracia en el mundo. En cuanto a los derechos políticos de los mexicanos, la evaluación hecha por Freedom House y publicada en 2006, le da a nuestro país el nivel 2, que es alto, pero es el que se tenía desde antes de la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia en el 2000.

Con respecto a las libertades civiles, el reporte de Freedom House señala una tendencia decreciente (3) en relación al año 2000, mientras que los índices de corrupción y libertad de prensa ubican a México en los sitios 57 y 68, respectivamente, en la tabla general.⁶

Por otra parte el sistema electoral es el pilar institucional de la democracia, para ello se requiere de un sistema de representación que evite la existencia de un estado con pretensiones de monopolios y facultades expropiatorias ilimitadas. Se necesita un sistema electoral fiable, que realmente haga cumplir las garantías fundamentales de sus gobernados.

Para ello, es preciso aplicar al sistema electoral un equilibrio adecuado, justo y equitativo, creando así una condición necesaria para la construcción de un Estado de derecho. Al efecto Luigi Ferrajoli afirma: ``La democracia está en riesgo debido a que la sujeción del poder a la ley esta en crisis: la primera crisis de legalidad, expresada en la ausencia o en la ineficacia de los controles y de la ilegalidad del poder; la segunda en la inadecuación estructural de las reformas del Estado de derecho y; la tercera en la crisis del Estado nacional, que se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema y, por consiguiente, en el debilitamiento del constitucionalismo7'', las tres crisis amenazan la democracia por que la subordinación del poder a la ley no opera adecuadamente y es en ella donde se funda la soberanía popular y el Estado de derecho.

En tal sentido, los procesos electorales locales no muestran el nivel democrático alcanzado por nuestra sociedad y para lo cual fueron creadas nuestras instituciones. En este contexto la dimensión electoral es de primordial importancia para comprender el paso de un autoritarismo sustentado en un partido hegemónico a una democracia con elecciones libres y competitivas, con posibilidad de alternancia.

Es importante señalar como antecedentes, que hasta mediados del siglo XX (1918-1945), los municipios eran los encargados de organizar las elecciones, registrar candidatos, imprimir boletas, instalar y ubicar casillas, calificar la elección, e inclusive expedían credenciales, rigiéndose con la Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918, la cual establecía que, además de los ayuntamientos, la sociedad estaba encargada de realizar la elección.

Hacia el año de 1946, se centraliza la organización de las elecciones con la creación de la Ley Federal Electoral. Es aquí cuando se intenta la modernización del sistema electoral, por lo tanto es pertinente utilizar la clasificación realizada por Juan Molinar Horcasitas⁸, a) preclásica (1946-1963), b) clásica (1963-1976), y c) postclásico (1976-1985)

Podríamos afirmar que este proceso se ajusta bien a lo que O'Donnell y Schmitter han dado en llamar ``autoritarismo liberalizante'' o ``dictablanda'', en los cuales los gobernantes autoritarios pueden tolerar y hasta promover la liberalización en la creencia de que, al abrir ciertos espacios para la acción individual y colectiva, pueden aliviar diversas presiones y obtener información y apoyo necesarios sinalterar la estructura de autoridad, o sea, sin tener que dar cuenta a la ciudadanía de sus acciones o someter al resultado de elecciones libres y competitivas su pretensión a gobernar⁹.

En ese sentido, en 1989, después de los cuestionados comicios de 1988, se emprendió una nueva reforma a la Constitución y en agosto del año siguiente se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el cual dio lugar la creación del IFE como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y Legislativo ya que el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.

Es por ello, que el papel del Poder Legislativo Federal y Local pueden jugar un papel decisivo en el fortalecimiento del federalismo democrático, si asumen la responsabilidad política en un proceso de consolidación de la democracia mexicana. Si bien es cierto que la transición democrática culminó por la vía de la alternancia política del año 2000, también es cierto que falta todavía diseñar y fortalecer las instituciones del Estado que le darán estabilidad y continuidad al nuevo régimen democrático. La reforma del Estado aparece, entonces, como un expediente inaplazable en el corto y mediano plazo.

En consecuencia un nuevo federalismo democrático supone no solamente una nueva distribución funcional y territorial del poder, sino también un asentamiento de esas atribuciones constitucionales en instituciones previamente democratizadas en los tres niveles de gobiernos10. El poder Legislativo Federal puede contribuir a asentar las bases de esta reforma y convertirse en un actor central, estableciendo: la federalización a los institutos estatales electorales y la distribución de recursos destinados a dichos organismos.

Debido a que el federalismo es una decisión política fundamental en la que coexisten tres niveles de competencias de gobierno y de normatividad: federal, estatal y municipal. Aunque en estricto sentido la fórmula federativa se compete de dos elementos: gobiernos estatales (suscriptores del pacto federal) y gobierno federal (producto del propio pacto)...

Que en consecuencia establece una fórmula de división vertical de poder, que implica un complejo sistema de competencias, autonomías, delegaciones, coordinaciones, y cooperación...'' 11

De la anterior exposición puede observarse la necesidad que existe de una verdadera relación entre los tres niveles de gobierno, para un eficaz funcionamiento de un sistema Federal y Estatal.

Por ello, es importante impulsar las transformaciones que nos permitan transitar hacia una normalización política y electoral que culmine en la consolidación democrática y fortalecimiento institucional electoral.

Lo cierto es que el rumbo electoral es muy importante, como lo es el financiamiento a partidos políticos federales y locales, es por ello, que se requiere una reestructuración en las instituciones y la oportunidad para aprovechar e impulsar algunos cambios importantes, pero además actuar sobre otros en la incidencia electoral y política para nuestra vida nacional.

La falta de atención respecto a los ajustes necesarios en el sistema electoral no, debería ser tomada con ligereza si recordamos la crisis actual en la que se encuentran los partidos políticos en el mundo entero, lo que no es ajeno a nuestro país. México esta obligado a establecer los mecanismos idóneos para reestructurar su sistema electoral. Además se necesita vivir de una vez por todas en una realidad institucional y previsible.

Actualmente los montos designados a los Institutos Estatales Electorales son excesivamente elevados. Tan solo este año en las catorce elecciones ordinarias y una extraordinaria (Jalisco) se destinaron las siguientes cantidades:

En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito que se prevea dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que todas las elecciones sean organizadas por el Instituto Federal Electoral, es decir, que exista una federalización de las elecciones entre el Instituto Federal Electoral y los Institutos Estatales Electorales. Ya que dicha Institución, en general ha demostrado que cuenta con los medios suficientes, y que se tiene confianza de la ciudadanía y de los principales actores políticos, cosas que no suceden con otros órganos electorales, toda vez que se invierten millones de pesos por cada elección local ó bien son designados para sus intereses personales, que bien podrían ser destinadas para su desarrollo económico y social de dichas entidades que se encuentran sumergidas en la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.

La duplicación de las estructuras electorales a nivel federal y a nivel local, no parece tener mucho sentido si se revisan los calendarios electorales, mismos que mantienen durante un buen tiempo ociosa a la estructura electoral de ambos niveles¹³.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona una fracción V, al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I...

II...

a)...

b)...

c)...

III...

IV...

V. El Instituto Federal Electoral en su desempeño de sus funciones deberá establecer las medidas y mecanismos necesarios para eliminar la duplicación de funciones electorales ante los Institutos Estatales Electorales, adoptando para ello un sistema federalizado, que organicé, vigile y resguarde las elecciones federales, estatales y municipales.

La aplicación de las normas del párrafo anterior corresponderá únicamente al Instituto Federal Electoral, en coordinación, apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV, del artículo 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

... ...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I a la III...

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de la Federación,para organizar y calificar los comicios de las elecciones de los estados y de los municipios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V a la IX. ...

...

...

...

...

...

...

...

ARTICULO TERCERO: Se derogan los incisos b, c, d y e, de la fracción IV, del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I...

a)...

b)...

II...

III....

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a)...

b) (Se deroga).

c) (Se deroga).

d) (Se deroga).

e) (Se deroga).

f)...

g)...

h)...

i)...

V...

VI...

VII...

ARTICULO CUARTO: Se adiciona una fracción 4, al artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 69

1. Son fines del Instituto:

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f)...

g)...

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Para el desempeño de sus actividades el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral. La desconcentración será base de su organización:

4. Instituir un sistema federalizado en todo momento, para eliminar la duplicación de funciones electorales ante los Institutos Estatales Electorales.

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el inciso e, de la fracción I, del artículo 189, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 189.- La Sala Superior tendrá competencia para:

I. Conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por:

a)...

b)...

c)...

d)...

e) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de la Federación para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las elecciones de los estados y de los municipios, que violen un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de Gobernadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales y de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos o de los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.

Estas impugnaciones solamente procederán cuando habiéndose agotado en tiempo y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por los que se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, la violación reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de la elecciones, y la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y ello sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos;

f)...

g)...

h)...

II a la XV...

ARTÍCULO SEXTO: Se reforma el inciso d, de la fracción 2, del artículo 3, de la Ley General de Sistemas de Impugnación en materia Electoral, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 3

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

a)...

b)...

2. El sistema de medios de impugnación se integra por:

a)...

b)...

c)...

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones de las autoridades de la Federación, en los procesos electorales de los estados y de los municipios, y

e)...

TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los constituyentes locales adecuarán el texto de su Constitución a la presente reforma.

Notas: 1 Faria, José Eduardo, ``El derecho en la economía globalizada'', Editorial Trotta, Madrid 2001, pp.18-19.

2 Serie de Grandes Temas del Constitucionalismo Mexicano 4, ``La Soberanía Nacional'', Poder Judicial de la Federación, SCJN, 2005, p. 35.

3 Serna de la Garza, José María. ``Reflexiones en Torno a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativas a los casos de Tabasco y Yucatán'', en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, No. 100, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 2007, pp.1-3.

4 González Luna, Christlieb Ibarrola, Preciado Hernández, Gómez Morin, González Torres. ``La Democracia en México''. Editorial Jus, México 1962.

5 Pasquino, Gianfranco, ``La Democracia Exigente'': Versión de Pilar González Rodríguez, Alianza Editorial, Madrid 2000, p.68.

6 www.worldaudit.org/countries/mexico.htm

7 Ferrajoli, Luigi, ``Derechos y Garantías: la ley del más débil''. ''. Editorial Trotta, Madrid, 1999. p.15.

8 Molinar Horcasitas, Juan, ``El tiempo de la legitimidad, elecciones, autoritarismo y democracia en México'', Cal y Arena, México, 1991.

9 O'Donnell, Guillermo, y Philippe C. Schmitter, ``Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas'', Vol. IV. ``Transiciones desde un gobierno autoritario'', Barcelona, Paidós, 1994.

10 Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, ``El Poder Legislativo Federal y Local en un marco de un nuevo Federalismo'', Encuentro Nacional de Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias u homólogas, Manzanillo, México, 2005, p. 81.

11 Idem, pp. 73-74.

12 Presupuesto de Egresos designado en 2007, a los Institutos Estatales Electorales de cada Entidad. Congresos Locales de: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

13 Carbonell, Miguel, ``La Constitución Pendiente: agenda mínima de las reformas constitucionales'', Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2004, p. 143.

Dado en el Salón de Sesiones, a los veinte nueve días del mes de marzo de 2007.--- Dip. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro, como lo solicita el diputado, en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación, con opinión de la Comisión de la Reforma del Estado.

LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR - LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal : Se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Oliva Fragoso , del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada Silvia Oliva Fragoso:Con su permiso, diputada Presidenta. Diputados y diputadas, la iniciativa que pongo hoy a su consideración es respecto de un problema que se ha estado presentando cotidianamente y es el problema de que los compradores de autos usados no tienen certeza jurídica y por lo tanto ha habido problemas judiciales muy serios porque no hay autoridad que expida un certificado que indique que ese vehículo no es robado.

Por tanto, se propone que se haga en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal un convenio en el cual puedan tener una base de datos ---que ya existe--- pero que esté actualizada y se pueda otorgar ese certificado que les daría certeza jurídica a los compradores de autos usados.

Por tal motivo, se proponen reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por tanto y en obviedad de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegramente esta propuesta en el Diario de los Debates, para que sea analizada y discutida. Muchas gracias, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción V, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Silvia Oliva Fragoso , perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa de reformas de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es por mandato constitucional una función a cargo del Estado, por lo cual en sus distintos niveles se deben fortalecer los mecanismos legales, estrategias y marcos de operación para garantizar plenamente ese derecho a la ciudadanía.

En diciembre de 1995 se publicó en el diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Como ella misma enuncia, esta ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública.

La inseguridad que se vive en nuestro país tiene muchas vertientes: la comisión de delitos que dañan la integridad física, los que generan detrimento en la economía y los bienes de las personas, o la falta de certeza jurídica cuando se realizan transacciones con cosas u objetos cuya procedencia desconocemos.

El robo de vehículos es uno de los delitos que comprende ambas vertientes, ya que no sólo se genera un daño económico a la víctima privándola del vehículo, sino a un tercero, que en su caso pudiera obtenerlo a través de la compraventa.

Según un estudio general sobre el robo de vehículos realizado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI), este delito constituye uno de los más importantes considerado de alto impacto desde hace mucho tiempo, ya que ha tenido un incremento importante en las últimas dos décadas. Su principal aumento se dio en la década de los noventa, al crecer 60 por ciento en sólo tres años.

Conforme a ese estudio, en cuatro entidades se concentra más de 73 por ciento de la incidencia registrada del robo de vehículos: el Distrito Federal, con 30 por ciento; el estado de México, con 18; Baja California, con 15; y Jalisco, con 10 por ciento. Correspondiendo sólo 27 por ciento para los otros estados.

Según una nota del ICESI publicada en La ciudad y el crimen, del periódico Reforma, el 5 de junio de 2006, los vehículos desaparecen por dos motivos: uno es para venderlos a un tercero o desarmarlos y lucrar con sus partes; en este caso se trata de un auténtico robo. El otro, al que suele llamarse ``secuestro de auto'' o ``robo de uso'', se distingue porque quien se lleva el auto no quiere quedarse con él, sino usarlo como medio de transporte, sea para cometer otro delito, sea para irse de vacaciones, y tras de usarlo lo abandona en cualquier lado.

Este delito se ha consolidado en los últimos años como uno de los negocios más lucrativos de las redes criminales organizadas nacionales e internacionales que operan en México. Las utilidades que se generan con este ilícito lo hacen ampliamente competitivo y con un gran impacto socioeconómico, alternando con otros delitos como narcotráfico, secuestro, tráfico ilegal de personas, robo de transportes de mercancías y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AC (AMIS), organismo que agrupa las compañías aseguradoras de México, brinda información sobre los reportes de vehículos robados; sin embargo, esa información sólo comprende la de automotores asegurados y no tiene validez oficial. Por tanto, debemos destacar que es competencia y obligación de las instituciones del Estado, y no de la iniciativa privada, garantizar seguridad y brindar certeza jurídica a los ciudadanos.

Además del gran impacto socioeconómico que genera el robo de vehículos, la actual tendencia hacia el uso de la violencia en su comisión ha tenido un severo impacto en la sociedad. De acuerdo con cifras de la AMIS, el robo de autos con violencia se ha incrementado en los últimos años, representando 47 por ciento de ese delito. En 2004, las entidades en que más se cometió fueron el Distrito Federal y el estado de México, con 60 por ciento.

Este delito es de talla mundial, debido a la gran participación de la delincuencia organizada y la facilidad para comercializar los automotores en el extranjero.

El Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana reporta que este delito es un problema global. Indica que el ``boom del robo internacional de autos establece un número de obstáculos intimidantes para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley'', debido a la falta de datos centralizados, al inadecuado registro de vehículos robados y de las unidades en general, lo que dificulta trabajar en su recuperación.1

La preocupación nuestra no sólo radica en la comercialización ilícita en el extranjero de los vehículos robados en nuestro país sino la seguridad y certeza jurídica que debemos garantizar a las personas que realizan un acto jurídico para adquirir un vehículo a través de la compraventa entre particulares, lotes o tianguis de autos de segunda mano en nuestro mismo territorio.

Sabemos que realizar este tipo de transacciones con vehículos usados y seminuevos representa una gran problemática, debido a la total ausencia de seguridad jurídica que implica desconocer su procedencia, así como la autenticidad del legítimo derecho de la persona que vende.

En el escenario más seguro, los compradores consultan la base de autos robados de las procuradurías estatales o la de la AMIS para verificar que el vehículo objeto de la posible transacción no cuente con reporte de robo, lo que de ninguna manera otorga certeza jurídica, toda vez que no se otorga constancia alguna de esa verificación, además de la posibilidad de que éste haya sido utilizado para la comisión de otro delito.

La inseguridad en la compraventa implica otros riesgos, como considera el artículo 400, fracción I, del Código Penal Federal:

Artículo 400. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa al que

I. Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;

Para ese efecto, remitámonos al párrafo segundo de la fracción señalada, pudiendo interpretar que el comprador de buena fe cometería el delito de encubrimiento por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse del derecho a disponer de la cosa de la persona a quien la compró.

Queda claro que quienes tienen la intención de comprar un vehículo y no acuden a verificar que no es robado no adoptan esas ``precauciones indispensables'' para cerciorarse de su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, pero, ¿acaso quienes se cercioran tienen medios probatorios suficientes a su alcance para desvirtuar la imputación que se pudiera hacer en su contra, cuando el vehículo, a pesar de que supuestamente se verificó, resulta en un momento posterior como robado o que, en su caso, la denuncia de robo hubiere sido hecha en entidad distinta de la de la compra? La respuesta es clara: no, no los tienen.

Por ello, el espíritu de la presente iniciativa radica en otorgar seguridad y certeza jurídica a quienes pretenden obtener o comprar algún vehículo.

Dentro de los Registros Nacionales de Seguridad Pública, se encuentra el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública tiene como principal objetivo ejecutar acciones oportunas por parte de las dependencias dedicadas a combatir el robo de vehículos manteniendo información en línea y tiempo real en todo el país.

El módulo de consulta de la base nacional de vehículos robados y recuperados está instalado en 137 puntos de presencia de procuradurías, en 30 oficinas de secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas, 15 instituciones municipales, 56 puntos de presencia de la Policía Federal Preventiva y 74 puntos de presencia en otras instituciones de seguridad pública en las entidades federativas.2

Conforme al artículo 11 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las políticas, los lineamientos y las acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con fundamento en los acuerdos y las resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, en noviembre de 2004 se celebró el convenio de colaboración específico para el intercambio de información sobre vehículos robados y el procedimiento para su recuperación y devolución, que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 estados integrantes de la federación y el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.

Asimismo, según una nota publicada en El Universal el 3 de febrero de 2007, los procuradores generales de justicia de la zona centro del país firmaron un convenio para combatir el robo de vehículos y agilizar los procesos de devolución. Entre los acuerdos esta intercambiar información y generar operativos conjuntos entre las procuradurías del Distrito Federal, Puebla, estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Guerrero.

Son indudables los esfuerzos que han realizado las autoridades competentes, sin embargo es necesario fortalecer los mecanismos legales y la coordinación en todo el país no sólo para generar estrategias de combate de ese delito sino para proporcionar seguridad jurídica a los terceros que pueden ser afectados por la comisión de éste.

Ante ese panorama, proponemos la reglamentación del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, para que a través del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública se realicen los convenios necesarios para concentrar y coordinar la información de las entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de generar una base de datos nacional a la cual tengan acceso todas las autoridades competentes en la materia y se este en posibilidad de brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos que adquieran vehículos dentro del territorio nacional, mediante la expedición de un certificado que garantice la ausencia de registro de robo del vehículo.

Por tales motivos proponemos la siguiente

Iniciativa de reformas de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente redacción:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 11 de la Ley del Registro Público Vehicular; para quedar como sigue:

Artículo 11. Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, por escrito o por medios electrónicos, conforme a los formatos que al efecto sean establecidos por el secretariado ejecutivo.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción IX del artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se adiciona una fracción X, para que contenga las disposiciones que actualmente se encuentran en aquella de esa misma ley; se adiciona una Sección Sexta del Capítulo IV del Título Segundo; y se adicionan los artículos 46 Bis, 46 Ter y, 46 Quáter de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. a VIII. ...

IX. Procedimientos, mecanismos e instrumentos de registro, formalidades, temporalidad y vigencia de los datos concernientes al robo y recuperación de vehículos.

X. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.

Capítulo IV Sección Primera a Sección Quinta...

Sección Sexta Del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados

Artículo 46 Bis. El Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados contendrá la base nacional de datos sobre la información relativa de vehículos robados y recuperados en la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Para el debido funcionamiento del registro el secretariado ejecutivo deberá suscribir convenios con las autoridades locales respectivas para:

I. Integrar al registro la información correspondiente de los vehículos robados y recuperados.

II. Establecer los procedimientos correspondientes para mantener actualizada la información.

III. Integrar los mecanismos de coordinación a fin de que las entidades federativas y el Distrito Federal cuenten con la información de la base de datos nacional, a través de sus autoridades competentes.

IV. Implementar las estrategias necesarias para facilitar el acceso a la población interesada.

Artículo 46 Ter. El registro contendrá por lo menos:

I. Los datos que permitan identificar plenamente las características del vehículo como son: número de serie, número de motor, modelo, marca, placas, propietario.

II. Número de averiguación previa.

III. Lugar y fecha donde fue robado el vehículo.

IV. En su caso, lugar y fecha donde fue recuperado el vehículo.

Artículo 46 Quáter. El secretariado ejecutivo deberá celebrar convenios con los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que a través de sus autoridades competentes en la materia expidan a petición de la parte interesada un certificado de no registro de robo.

Dicho certificado deberá expedirse de manera inmediata conteniendo la información referente al vehículo en particular y tendrá validez en todo el país.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fraga, Raúl. ``Robo de vehículos, delito sin freno'', en www.lacritica.com.mx ( 23 de abril de 2004).

2 Información tomada de la página web de la Secretaría de Seguridad Pública federal el jueves 22 de febrero de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 días de marzo de 2007.--- Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso.Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.Pido a la Secretaría que cierre el sistema de asistencia y dé cuenta del registro de la misma.

ERNESTINA ASCENSIO ROSARIO

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras. Permítame, Secretario. Sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Diputado, le solicito el uso de la palabra para la presentación de un punto de acuerdo de las diputadas que subieron a hablar con usted sobre el tema de la violación y asesinato de Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente por miembros del Ejército mexicano.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Dé cuenta de la asistencia. Ahorita le damos trámite, diputada.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Batres y de la diputada Holly Matus.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Señor Presidente, también para pedirle el uso de la palabra para hablar sobre la declaración que hoy hizo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como resultado de las investigaciones de la mujer indígena que falleció en la sierra de Zongolica.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Alma Lilia Luna.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): En el mismo sentido, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Martha Tagle.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez(desde la curul): Señor Presidente, para pedirle, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, que se agende la discusión del tema de la mujer asesinada en Zongolica, Veracruz.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Holly Matus.

La diputada Holly Matus Toledo(desde la curul): Gracias, Presidente. También solicitando la intervención, por favor, para poder emitir una opinión sobre el tema relativo a la muerte de la mujer indígena de la región de Zongolica.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Salvatori Bronca.

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Gracias, Presidente. En el mismo sentido Convergencia y yo, como legisladora veracruzana, emitir mi opinión al respecto de ese lamentable suceso.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Mercedes Maciel.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz(desde la curul): A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el mismo sentido que mis compañeras para que se presente este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Alliet Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Señor Presidente, en el mismo sentido, para opinar acerca de este tema.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia hace suya la solicitud de las diputadas y le pide a la Secretaría consulte a la Asamblea si acepta la participación en el orden del día sobre el asunto que están solicitando las diputadas.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se incorpora al orden del día el tema solicitado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, no hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame. Les pido que conserven sus lugares. Es mayoría simple.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Siendo mayoría simple, no está claro el sentido, no está claro el sentido de la votación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Yo les pediría a las diputadas que han solicitado el uso de la palabra, se inscriban para que podamos hacer una participación ordenada.

VERIFICACION DE QUORUM

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 345 diputadas y diputados; hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría que se pongan de acuerdo. Yo les pediría que nombren dos oradoras y posteriormente... Ábrase el sistema de votación para ver si se aprueba en el orden del día que se abra este asunto.

Ya había dicho que esta Presidencia hace suya la solicitud de las diputadas; yo pediría a las señoras y los señores diputados que hagan suya también esta propuesta pero tiene que ser la Asamblea la que decida si se modifica el orden del día.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico para determinar si se acepta la modificación del orden del día en la incorporación del asunto solicitado.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame diputada Batres. Sonido a la curul de la diputada Batres.

ERNESTINA ASCENSIO ROSARIO

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama(desde la curul): Señor Presidente, quisiera por medio de usted dirigirme al pleno y comentar que en varias ocasiones aquí, a petición de los coordinadores, se ha abierto, se ha modificado el orden del día para darle paso a una discusión sobre la agenda política.

No puede ser que este pleno solamente permita un orden del día administrativo para solicitar iniciativas de ley, dictámenes a discusión y puntos de acuerdo; y estemos cancelando la discusión política que es la naturaleza de este pleno.

Me parece que no es un asunto de votaciones; es un asunto de libertad de debate, de expresión y que solamente aquellos que no tengan elementos para debatir podrán estar votando en contra de que hagamos uso de la palabra. ¿O qué se necesita ser coordinador de fracción para poder modificar el orden del día?

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítanme. Voy a pedir, para ilustrar a la Asamblea, que se dé lectura al artículo 5o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, de las discusiones de los dictámenes y de la operación del sistema electrónico de votación.

Dé lectura al artículo 5o. en su segundo párrafo y dé lectura también al artículo 20.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Artículo 5o. De la integración del orden del día. La Mesa Directiva integrará los asuntos a deshogar durante las sesiones de acuerdo con el siguiente orden... Los grupos parlamentarios, cuando lo estimen conveniente, podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el orden del día, debiendo notificarlo a la Mesa Directiva, a los demás grupos parlamentarios, hasta 30 minutos después de iniciada la sesión. Posteriormente no podrá efectuarse ningún cambio en el orden de presentación, salvo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Artículo 20. Sólo por resolución del pleno a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Isidro Pedraza.

El diputado Isidro Pedraza Chávez(desde la curul): Gracias, Presidente. Compañeros diputados de las diferentes bancadas, el día de hoy el PRD está presentando un punto para manifestar una posición.

Yo llamo a que previo a que se abra ese tablero y a que se someta al procedimiento de votación pudiéramos contar con el respaldo de ustedes. Hay temas que no pueden pasar desapercibidos; hay temas que están en el ánimo de la sociedad; hay cosas que en este momento dividen y preocupan a México.

El poder externar en la tribuna posiciones en el sentido de esta violación, de este abuso que se ha cometido con una compañera indígena, obliga a que tengamos que ser un poco maduros y permitirnos la discusión en este Congreso.

Yo los llamo y los invito a que podamos llevar esta sesión en los términos planteados y si requiere que tengamos que validar este procedimiento por la votación, los invito a que su voto sea en sentido afirmativo. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Maricela Contreras.

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Presidente, es lamentable que demos estos espectáculos y que no seamos capaces de dar la discusión sobre temas tan sensibles. Yo quiero decirle que este punto de acuerdo está inscrito desde hace más de 30 días y es el día en que no hemos avanzado ni cuatro posiciones.

Yo hago un exhorto a este pleno para que los diputados y las diputadas realmente trabajemos y saquemos lo que tenemos en la agenda. Los puntos de acuerdo son en función de las demandas que las diputadas y los diputados tenemos de nuestros distritos y de los temas que trabajamos.

Yo exhorto a este pleno para que sea sensible y se permita la lectura de la proposición de este punto de acuerdo. Y exijo a la Mesa Directiva que usted preside, para que tome las medidas conducentes y que realmente los diputados y las diputadas podamos trabajar; no importa que nos vayamos a las 9, 10 u 11 de la noche, con tal de que saquemos la tarea para la que hemos sido contratados en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Diputada, he dicho que esta Presidencia ha hecho suya la solicitud de ustedes para que se agende. Como usted lo ha señalado, ese punto de acuerdo está en el lugar 79. La voluntad de la Asamblea está por encima de la voluntad del Presidente. Por eso someto a votación de esta Asamblea si se acepta cambiar el orden del día o no, en eso estamos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Martha Tagle y de Alma Lilia Luna.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez(desde la curul): Presidente y compañeros legisladores, quiero hacer un exhorto antes de que emitan su voto respecto a poder abrir el debate de este tema.

Y hago un exhorto a la sensibilidad política de los y las compañeras legisladoras, porque creo que como lo dice la diputada Valentina Batres, este recinto es precisamente para poder intercambiar ideas y poder debatir los diferentes puntos de vista que tenemos.

El tema de la violencia hacia las mujeres es un tema en el que todos los diputados aquí tenemos algo que decir. Los diferentes grupos parlamentarios deben de tener la oportunidad de expresarse al respecto y yo creo que si tenemos la disponibilidad para hablar del tema podemos en tribuna intercambiar las diferentes opiniones que tenemos al respecto. Por eso le solicito y en particular, a mis compañeras legisladoras, que su voto sea a favor de abrir un debate serio y responsable acerca del tema. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada. Sonido a la curul de la diputada Lilia Luna. Sonido a la curul de la diputada Alliet Bautista.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Señor Presidente, en el mismo sentido. Yo creo que éste es un recinto donde venimos a discutir y a exhortar a todas las compañeras y los compañeros de esta Cámara, para poder discutir este tema que está muy ventilado en los medios de comunicación y es por este medio que les pido, por favor, que pudiéramos discutirlo en este momento. Tenemos desde temprana hora, en la misma Junta de Coordinación, donde nuestro coordinador de igual manera les hizo extensiva esta invitación a que pudiéramos subir este punto en el orden del día.

Este punto ---como usted bien lo dijo--- ya tiene varias semanas y en la siguiente semana no vamos a sesionar. Por ello, es urgente que podamos discutir este tema el día de hoy. Llamo a la sensibilidad de los coordinadores de la fracción parlamentaria del PRI y del PAN, que podamos tener este punto de acuerdo y podamos discutirlo en este mismo momento. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Muchas gracias, diputado Presidente. Usted acaba de ordenar a la Secretaría dar lectura a un acuerdo parlamentario, pero ningún acuerdo parlamentario está por encima de la Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados y usted, diputado Presidente, tiene la facultad de ordenar los debates de esta Asamblea.

Es decir, no basta, no basta con que usted se adhiera a la voluntad de un diputado más, para que suba ese punto a discusión a debate el día de hoy. Usted tiene la facultad y usted lo sabe, de cambiar el orden del día y que podamos dar este debate de un tema tan grave y tan doloroso y que afecta, que afecta y lastima a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Le ruego que tome en consideración y haga uso de las facultades que usted tiene para incorporar este punto y que se dé el debate de una vez. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Quiero recordarle que los acuerdos con los que trabajamos en estas sesiones fueron votados por ustedes. He dicho que esta Presidencia hace suya la solicitud de quienes están pidiendo la modificación del orden del día, pero ni la voluntad del Presidente ni la de algunos diputados está por encima de la mayoría. Por eso estamos sometiendo a votación y que sea la mayoría en la Asamblea la que decida si se modifica o no el orden del día. Sonido a la curul de la diputada Holly Matus y del diputado Hernández.

La diputada Holly Matus Toledo(desde la curul): Sí, señor Presidente. No es posible que el derecho a expresar una opinión de las mujeres tenga que ser votado. No es posible que en este Congreso también por votación se nos restrinja el presupuesto a las mujeres. Yo apelo a la congruencia, por favor. El día de hoy votamos por unanimidad la necesidad de establecer un plan de igualdad entre hombres y mujeres. Es nuestra palabra, es nuestra voz y estamos exigiendo nuestro derecho a expresarnos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Hernández.

El diputado Sergio Hernández Hernández(desde la curul): Señor Presidente, muchas veces he subido a la tribuna y he llegado a votar incluso en contra de lo que la gran mayoría de mi partido ha hecho, porque lo hago consciente de que tengo aquí una obligación ante esta Cámara, más que cumplir un compromiso porque alguien me lo ordene.

Quiero decir aquí en esta Cámara, que ojalá cada uno de los diputados que está emitiendo su voto para que este asunto no se discuta, quisiera solamente preguntar: si no fuera una mujer indígena, si fuera la hija de un hombre prominente económicamente en nuestro país, si fuera la hija de un hombre... sí, sí, sí, no tengan doble moral, si así fuera, estoy seguro que se estaría discutiendo ese asunto, pero como es una mujer indígena, no tiene derecho esta mujer a que se discuta sobre su vida, sobre lo que posiblemente le hayan hecho.

Solamente quisiera terminar con esta pregunta. ¿Si fuera su hija, su esposa o su madre, actuarían igual? Eso es todo, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Maciel.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz(desde la curul): Sí, Presidente, para recordar que usted en un inicio de esta discusión ya había dado trámite para que se interviniera. Yo quisiera hacer un llamado a todos mis compañeros diputados del PAN y del PRI para que rectifiquen su votación. No es posible que en esta Cámara de Diputados se evite la discusión.

Hace una semana, para ser exactos, en Tijuana, en uno de los operativos militares mataron a un indigente también. Afortunadamente ya hubo testigos. Hoy que tenemos esta situación de la mujer que en Veracruz presumiblemente fue asesinada y violada por militares, aquí es necesario que lo discutamos; no podemos estar alejados los diputados, y de manera muy particular las diputadas, de estos acontecimientos. Yo pediría un cambio en la votación; que rectificaran las compañeras diputadas del PAN y del PRI, fundamentalmente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Aurora Cervantes, de la diputada Susana Monreal y por último, del diputado Alfonso Suárez del Real.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez(desde la curul): Señor Presidente, quisiera señalar que el hecho de mencionar este evento no es precisamente faltarle al respeto o no reconocer el valor que tiene el Ejército Mexicano; se trata más bien de señalar un hecho que nos lastima sobre todo a las mujeres. Es necesario que se haga justicia, es necesario que en los casos en que haya dudas respecto a la aplicación de la justicia, ésta sea abierta al conocimiento de las y de los ciudadanos.

Me parece que es sumamente inadecuado que en este Congreso, que es un espacio de diálogo, se cancele el diálogo y el debate con un avasallamiento de fracciones partidarias. No me parece democrático eso. Creo que tenemos que aprender a ser congruentes entre lo que hablamos y lo que practicamos. Es necesario tocar este tema que toca las fibras más íntimas de las mujeres y de la nación mexicana.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul de la diputada Monreal y finalmente el diputado Alfonso Suárez del Real.

La diputada Susana Monreal Ávila(Desde la curul): Señor Presidente, reconociendo su solidaridad, pero sobre todo dirigiéndome a todos mis compañeros diputados que hace apenas unos días nos estuvieron dando abrazos y besos de felicitación por el Día de la Mujer, aquí es donde deberían de respaldarnos, aquí es donde deberían de demostrar que están con nosotros. No se me hace extraño de la demagogia de esos diputados. Lo que se me hace extraño es la actitud de las diputadas. Eso sí se me hace extraño, que ellas mismas estén excluyendo un tema sobre una posición de otra mujer.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido en la curul del diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera(desde la curul): Gracias, señor Presidente, va en este mismo sentido de reconocer su solidaridad y a través de su conducto exhortar a mis compañeros legisladores y compañeras legisladoras que analicemos bien nuestro voto en este sentido de que éste es un asunto al que debemos de darle la cara, no negar la discusión en ésta que es la máxima tribuna de la nación.

Son millones de mujeres que están fuera, escuchando y esperando que sus representantes den la discusión acerca de esta situación tan ignominiosa que no ha quedado clara, y es por ello que llevamos a esta tribuna la propuesta de discutir a este respecto.

Se trata de una mujer de la tercera edad, se trata de una mujer indígena, se trata de una mujer marginada y por eso la pena de discutir qué fue lo que ocurrió y tratar de resolver las incógnitas que la sociedad tiene. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada María del Pilar Ortega Martínez.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez(desde la curul): Señor Presidente, nada más que quede asentado que la posición del Partido Acción Nacionalen este punto es no subir un debate que tiene como único objetivo denostar a una institución como es el Ejército mexicano, a pesar de que hay una serie de dictámenes que prueban, que demuestran que no hubo tal violación; por lo tanto, queremos que esto quede debidamente asentado y que se cierre la votación, porque creo que ha excedido muchísimo el tiempo y es urgente que prosigamos con el orden del día.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciérrese la votación. Ya he dado la palabra a más de 20 diputados, estamos en votación, diputado; ciérrese el sistema.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que se emitieron 119 votos en pro, 215 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de la misma.

LINEA AEREAS AZTECA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Proposición de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Profeco, para que dé inmediata atención a los pasajeros afectados por la suspensión de la línea área Azteca. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Profeco que den inmediata atención a los pasajeros afectados por la suspensión de Líneas Aéreas Azteca

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan el diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Rubén Aguilar Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Que se gire atento y respetuoso oficio al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la administración pública federal, y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que en el marco de sus responsabilidades puedan dar pronta solución a los dueños de los boletos de Líneas Aéreas Azteca para que los mismos puedan viajar a su destino o recuperar el monto de los boletos pagados con la mayor brevedad.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar una propuesta de reforma de la normatividad respectiva que incluya un fondo de contingencia para respaldar a los usuarios con boleto pagado afectados por este tipo de medidas.

Tercero. Que por conducto de la Comisión de Transporte se informe de los avances de la propuesta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2007.--- Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; Diputado Alejandro Chanona Burguete , Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 9 y 12 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marcos Romano Hassán, José Octavio Pérez Nava, Cynthia Patricia Garza García, Daniela Aguilar Treviño y Alejandro García García puedan prestar servicios en las embajadas de Austria y de Estados Unidos de América en México, y en los consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 20 de marzo de 2007 se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno extranjero serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Marcos Romano Hassán para prestar servicios como secretario en la Oficina Comercial, en la Embajada de Austria en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano José Octavio Pérez Nava para prestar servicios como investigador en la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza del Departamento de Seguridad Interna, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Patricia Garza García para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Daniela Aguilar Treviño para prestar servicios como empleada del Departamento de Visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro García García para prestar servicios como cajero clase S en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 21 de marzo de 2007.--- La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narcizo Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras , Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Maricela Contreras Julián , Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez , Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez , Francisco Javier Santos Arreola , Alberto Vázquez Martínez , Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Salud, y de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN) en la pasada legislatura.

En virtud del análisis y estudio del proyecto que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, párrafos 1 y 2, fracción XXI; 45, párrafo 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 58, 60, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la minuta del Senado de la República.

II. En el capítulo de ``Contenido de la minuta'' se exponen los motivos y alcances de las minutas en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'' la Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara ofrece los razonamientos económicos, jurídicos, sociales y demás que se desprenden de los argumentos realizados a la minuta por parte de la Cámara revisora y que sustentan la decisión de los diputados.

IV. En el capítulo ``Resolutivo'' se da cuenta a esta soberanía del fallo final que en el Pleno se expone.

Antecedentes

Primero. Iniciativa presentada por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN) en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 20 de abril de 2004.

Segundo. Dictamen de primera lectura presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 5, 7 y 12 de octubre de 2004.

Tercero. Dictamen a discusión presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de octubre del 2004 y aprobado en votación nominal por 383 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones.

Cuarto. Minuta presentada en sesión ordinaria del Senado de la República el 19 de octubre de 2004.

Contenido de la minuta

I. De la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, obligar al Instituto Mexicano de la Juventud para que elabore en coordinación con las dependencias y entidades federales, programas de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y salud reproductiva sensibles a las necesidades de la juventud.

Incluir dentro de la Ley General de Salud, como parte de la educación para la salud, la orientación y capacitación a la población en: adicciones, educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y Sida.

Y por último, establecer de forma permanente, la coordinación entre las instituciones para aplicar las acciones y programas de prevención de los problemas de salud a que están expuestos los jóvenes mexicanos.

Consideraciones

La Cámara revisora desechó en su totalidad los proyectos por no considerarlos viables, y atendiendo al artículo 72 constitucional, inciso d), si examinado de nuevo el proyecto de ley o decreto fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Para mayor abundamiento se transcribe el artículo en mención:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Las comisiones dictaminadoras coincidimos en que esta propuesta dirigida a la juventud mexicana, quienes por su dinámica poblacional adquieren características particulares, es considerada importante para otorgar la atención que este sector requiere.

Es importante necesario contar con los instrumentos jurídicos mínimos, que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales de la sociedad, aplicando diferentes políticas públicas que coadyuven al desarrollo de los jóvenes mexicanos.

El modificar la Ley General de Salud así como la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para otorgarle a éstas atribuciones especiales y obligar a dichas instituciones a realizar acciones y establecer programas de promoción y educación para la salud, dirigidos a los jóvenes mexicanos, podría provocar duplicidad en el desarrollo de acciones institucionales, que más bien podrían retardar y/o paralizar la coordinación que para estos asuntos ya tiene la Secretaría de Salud a su cargo.

Por ello, podemos concluir que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, resulta valiosa por su gran contenido social, pero claramente innecesaria, puesto que pretende regular aspectos normativos cuya coordinación en forma general lleva a cabo la Secretaría de Salud, lo cual podría provocar duplicidad en la realización de programas, además de que en lo específico, el IMJ ya cuenta con atribuciones para la atención y tratamiento de estos temas, tal y como lo establece su estatuto orgánico.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos resuelto desechar en sus términos las minutas que nos fueron enviadas por la Cámara revisora por lo cual sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea los siguientes:

Resolutivos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de fecha 7 de septiembre de 2005.

Segundo. Archivase el expediente como asuntos totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de diciembre de dos mil seis.

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), secretarios; Yerico Abramo Masso , Joel Arellano Arellano (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón , Alma Hilda Medina Macias (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez , Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán , Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Jesús Evodio Velásquez Aguirre, Rafael García Villicaña.»

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Están a discusión los puntos de acuerdo.

LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente del 31 de mayo de 2006, el diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. La Mesa Directiva turnó el 5 de junio de 2006 la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz propone reformar y adicionar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que el Consejo Directivo se integre con 20 consejeros, en lugar de 13.

Asimismo, la fracción I se modificaría para que en lugar de 7 consejeros representantes de la serie ``A'', de certificados de aportación patrimonial, se cuente con 10, al adicionar a los secretarios de Educación Pública, de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto, con la finalidad de que la institución cuente con mayores elementos de juicio para el análisis y la eventual aprobación de proyectos relacionados con la materia de cada una de esas secretarías, como son ampliación de la infraestructura educativa y de salud, así como promoción de la sutentabilidad ambiental, materias fundamentales para abatir los niveles de pobreza y desigualdad en el país.

Además, se propone reformar la fracción II del mismo artículo 17, para pasar de 6 a 9 consejeros de serie ``B'', de certificados de aportación patrimonial. En este punto, se incrementa el número de representantes del ámbito municipal, pasando de 2 a 6 presidente municipales, lo cual --consideramos-- es una medida inicial si se toma en cuenta que en el país hay 2 mil 480 municipios, la mayoría de los cuales requiere apoyos para infraestructura.

Finalmente, en el mismo artículo se propone adicionar el segundo párrafo de la fracción II, para establecer de manera puntual las consideraciones que se deben tener para la designación de los consejeros representantes de los estados y los municipios. Tomado en cuenta la heterogeneidad de la población y las diferencias tan marcadas que prevalecen en el territorio nacional, se establece que se designe a un gobernador del norte, uno del centro y otro del sur del país, pretendiendo darle con esto mayor sentido de equidad y buscando una visión de desarrollo regional en las decisiones del Consejo Directivo de la institución.

Por otra parte, se propone que los presidentes municipales que se designen para integrar el Consejo Directivo también representen la diversidad y heterogeneidad que privan en este ámbito de gobierno, por lo que se deberá integrar por lo menos un representante de las áreas urbana y rural, así como uno con población indígena significativa en su municipio. De igual forma, se designarán los otros tres alcaldes en función de los índices de pobreza que registren sus municipios, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión resulta competente para dictaminar la iniciativa del diputado Alfonso Nava Díaz, la cual estima improcedentes las consideraciones que se señalan, toda vez que con fecha 24 de junio de 2002 se modificó la composición del Consejo Directivo de esa institución, la cual es funcional, ya que por su conducto se toman todas las decisiones que le son inherentes en términos primordialmente de la Ley Orgánica, su reglamento, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de las demás leyes y normativa aplicable, atendiéndose adecuadamente las diversas peticiones que son propias al objeto de la institución sin distinción alguna por razones de ubicación urbana, rural o indígena; heterogeneidad de la población; índices de pobreza o filiación partidista de los estados o municipios requirentes de apoyo financiero por parte de esa institución, habiendo impulsado un importante número de proyectos dentro de su ámbito de competencia.

Asimismo, el 1 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso III Bis del artículo 6o. de la Ley Orgánica, facultando a la institución para ``promover programas de financiamiento para ampliar la cobertura de los servicios públicos y generar la infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas''.

Adicionalmente a lo expuesto, para el caso de llevar a cabo la reforma propuesta del artículo 17 de la Ley Orgánica, se tendrían que ajustar los artículos 18 de la misma ley y 16 de su reglamento orgánico, lo cual, en este último caso, es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En caso de llevarse a cabo la modificación propuesta, en el sentido de incrementar a 20 el total de consejeros miembros del Consejo Directivo de dicha entidad (10 por la serie ``A'' y 9 por la serie ``B''), se estaría fuera de los criterios establecidos en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativos a las mejores prácticas bancarias, en el cual se señala que el número preferente para integrar los consejos directivos se encuentra como mínimo 5 y máximo 15.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 5 de junio de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

Marzo 21 de 2007

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada el 27 de abril de 2006, el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

El 12 de mayo de 2006, la Mesa Directiva turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

En sesión ordinaria, los diputados integrantes de esta honorable Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la iniciativa antes enunciada, en la forma siguiente:

Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari propone reformar el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para otorgar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la facultad de verificar que no exista una afianzadora que pueda efectuar la operación solicitada por un promovente con el fin de permitir que una empresa que opera en otro país pueda ofrecer el servicio. A su vez, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sería la encargada de dar contestación al promovente en cualquiera de los dos sentidos.

Consideraciones de la comisión

La que dictamina estima improcedentes las propuestas que se señalan en la iniciativa sujeta a estudio, toda vez que en el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de comprobar esta circunstancia y, en su caso, de autorizar que la fianza se contrate con una empresa extranjera, directamente o a través de una institución de fianzas del país.

Al respecto el artículo en comento señala:

Artículo 4

Se prohíbe contratar con empresas extranjeras fianzas para garantizar actos de personas que en el territorio nacional deban cumplir obligaciones, salvo los casos de reafianzamiento o cuando se reciban por las instituciones de fianzas mexicanas como contragarantía.''

Las fianzas que en contravención a lo dispuesto en este artículo se llegaren a celebrar, no producirán efecto legal alguno.

Sin embargo, cuando ninguna de las instituciones de fianzas facultadas para operar en el país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de fianzas que se le hubiera propuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa comprobación de estas circunstancias, otorgará una autorización específica para que la persona que necesite la fianza la contrate con una empresa extranjera, directamente o a través de una institución de fianzas del país.

Se prohíbe a toda persona la intermediación en las operaciones a que se refieren el primer párrafo de este artículo y el artículo 3o. de esta ley.

Conforme al análisis de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideran que no es de aprobarse la iniciativa en cuestión, por lo que someten a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 12 de mayo de de 2005.

Segundo. En consecuencia, archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de marzo de 2007.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez , Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu Rivas , secretarios; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), José Antonio Almazán González , Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez , Ramón Ceja Romero , Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa , Javier Guerrero García , José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Raúl Alejandro Padilla Orozco , Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio , Faustino Soto Ramos , Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(a las 14:48 horas): En virtud de que no se permite la conducción de esta sesión, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 10 de abril a las 11: 00 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración: 3 horas 24 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 327 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 414 diputados
• Verificación de quórum: 345 diputados
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2
• Diputado suplente que se incorpora: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 44PAN-3, PRD-23, PRI-9, PVEM-1, Convergencia-4, PT-2 Alternativa-2
• Se recibio:
• 1 oficio del gobierno del estado de Tlaxcala;
• 1 oficio de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales;
• 1 comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva en relación a dictamen de la Comisión de Comunicaciones en sentido negativo de puntos de acuerdo presentados durante la LIX Legislatura;
• 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que propone cambios en la integración de la Comisión de Participación Ciudadana;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 1 oficio del Servicio de Administración Tributaria;
• 1 oficio de la Cámara de Senadorescon el que remite solicitud de excitativa del senador Rubén Fernando Velázquez López;
• 1 minuta con proyecto de decreto;
• 1 iniciativa del Ejecutivo federal;
• 2 iniciativas del PAN;
• 6 iniciativas del PRD;
• 9 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 1 iniciativa de Alternativa
• Dictámenes primera lectura:
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permisos a cinco ciudadanos, para prestar servicios en las Embajadas de Austria y de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente;
• 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Fernando Alberto Lázaro Serrano Migallón, para aceptar y usar la condecoración Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Amaro Corona, Alberto(PRD) Ley General de Salud: 107
• Arredondo Velázquez, Jesús(PAN) Artículo 8o. constitucional: 95
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 163, 165
• Bautista Bravo, Alliet Mariana(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 164, 166
• Biebrich Torres, Carlos Armando(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 148
• Camacho Quiroz, César(PRI) Artículo 22 constitucional: 137
• Carballo Bustamante, Andrés(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 103
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 167
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 163, 165
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 116
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: 37
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Artículos 41, 99 y 116 constitucionales - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 151
• De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio(Alternativa) Artículo 20 constitucional - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 85
• Del Río Virgen, José Manuel(Convergencia) Ley Federal de Juegos y Sorteos: 92
• Del Toro , Mario Enrique(PRD) Artículos 65 y 69 constitucionales: 125
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Artículos 74, 91 y 93 constitucionales - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 112
• González Martínez, Jorge Emilio(PVEM) Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados: 78
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 167
• Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando(PRI) Artículo 25 constitucional: 129
• Luna Munguía, Alma Lilia(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 164
• Maciel Ortíz, María Mercedez(PT) Ernestina Ascensio Rosario: 164, 167
• Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús(PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 82
• Matus Toledo, Holly(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 164, 166
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Artículo 127 constitucional: 132
• Monreal Ávila, Susana(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 167
• Montalvo Rojas, Victorio Rubén(PRD) Ley General de Salud: 99
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Código de Comercio: 89
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Ley del Registro Público Vehicular - Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 159
• Ortega Martínez, María del Pilar(PAN) Ernestina Ascensio Rosario: 168
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 165
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Artículo 123 constitucional - Ley Federal del Trabajo - Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 118
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Ernestina Ascensio Rosario: 164
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 167
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Verificación de quórum: 151
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Ernestina Ascensio Rosario: 164, 166
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Artículo 21 constitucional: 140
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Ernestina Ascensio Rosario: 166
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Artículo 3 constitucional: 135

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	OFICIAL COMISIÓN
3 Alcalde Virgen Moisés	OFICIAL COMISIÓN
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5Alcocer y Gazca Teresa de Jesús	ASISTENCIA
6 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
7 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
8 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
9 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
10 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
11Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
12 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
13 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
14 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
15 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
16 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
17 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
18 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
19 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
20 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
21 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
22 Borboa Becerra Omar Antonio	INASISTENCIA
23 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
24 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
25 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
26 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
27 Campos Galván María Eugenia	INASISTENCIA
28 Carbajal Méndez Liliana	INASISTENCIA
29 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
30 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
31 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	INASISTENCIA
32 Castaño Contreras Cristián	OFICIAL COMISIÓN
33Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
34 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
35Castro Romero Ma. Sofía	ASISTENCIA
36 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
37 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
38 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
39 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
40 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
41 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
42 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
44 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	PERMISO MESA DIRECTIVA
54 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	INASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	OFICIAL COMISIÓN
66Ramón Flores Domínguez Emilio	OFICIAL COMISIÓN
67 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
75 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	OFICIAL COMISIÓN
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	PERMISO MESA DIRECTIVA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	OFICIAL COMISIÓN
105 López Cisneros José Martín	INASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	OFICIAL COMISIÓN
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	OFICIAL COMISIÓN
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Maldonado González David	OFICIAL COMISIÓN
116Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
117Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
118 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
119 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
120 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
121 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
123 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
124 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
125 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
126 Minjares Jiménez José Manuel	OFICIAL COMISIÓN
127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
128 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
129 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
130 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
131Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
132 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
133 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
134 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
135 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
136 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
137 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
138 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
139 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
140 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
141Noriega Blanco Vigil María Elena	ASISTENCIA
142 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
143 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
144Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
145Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
146 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
147 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
148 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
149 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
150Parra Jiménez Dolores María del C.	OFICIAL COMISIÓN
151 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
152 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
153 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
154 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
155 Priego Tapia Gerardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
156 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
157 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
158 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
159 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
160 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
161 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
162 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
163 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
164 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
165 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
166 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	CÉDULA
167 Rodríguez Jiménez Ricardo	OFICIAL COMISIÓN
168 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
169 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
170 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
171 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
172 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
173 Romo Jiménez Martha Angélica	INASISTENCIA
174 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
175 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
176 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
177 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
178 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
179 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
180 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
181 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
183 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
184 Sánchez Trujillo José Víctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
185Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
186 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
187Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
188 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
189 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
190 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
191 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
192 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
193 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
194 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
195 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
196 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
197 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
198 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
199 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
200 Verástegui Ostos César Augusto	PERMISO MESA DIRECTIVA
201 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
202 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
203 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
204 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
205 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
206 Zermeño Infante Jorge	ASISTENCIA
Asistencias: 177
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 13
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 206

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	INASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	OFICIAL COMISIÓN
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	PERMISO MESA DIRECTIVA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	OFICIAL COMISIÓN
41 García Rodríguez Víctor Hugo	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	OFICIAL COMISIÓN
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	PERMISO MESA DIRECTIVA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	OFICIAL COMISIÓN
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	PERMISO MESA DIRECTIVA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	PERMISO MESA DIRECTIVA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	OFICIAL COMISIÓN
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	PERMISO MESA DIRECTIVA
117 Torres García Daniel	PERMISO MESA DIRECTIVA
118 Trejo Pérez Pablo	OFICIAL COMISIÓN
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	OFICIAL COMISIÓN
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 106
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	OFICIAL COMISIÓN
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	INASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	OFICIAL COMISIÓN
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29 Díaz Athié Antonio de Jesús	OFICIAL COMISIÓN
30 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
31 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
32 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
33 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
34 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
35 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
36 Estefan Chidiac Charbel Jorge	OFICIAL COMISIÓN
37 Flores Sandoval Patricio	PERMISO MESA DIRECTIVA
38 Fuentes Téllez Octavio	CÉDULA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	PERMISO MESA DIRECTIVA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	ASISTENCIA
42 Gloria Requena Tomás	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
45 González García Sergio	INASISTENCIA
46 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier	OFICIAL COMISIÓN
49 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
55Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
56 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
57 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
58Medina De la Cruz Rodrigo	ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	INASISTENCIA
61 Mendoza Cortés Mario	OFICIAL COMISIÓN
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
68 Murat José	ASISTENCIA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	OFICIAL COMISIÓN
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	OFICIAL COMISIÓN
75 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
81 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	OFICIAL COMISIÓN
89 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
90 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
91 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
92 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
93 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
94Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
95 Salas López Ramón	ASISTENCIA
96 Sánchez Hernández Eduardo	INASISTENCIA
97 Sandoval Paredes Sergio	ASISTENCIA
98 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
99 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
100 Toledo Luis Jorge	INASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 84
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 9
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 5
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	OFICIAL COMISIÓN
2 Castellanos Cortés Sara Isabel	ASISTENCIA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	PERMISO MESA DIRECTIVA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
8 González Macías Jesús	ASISTENCIA
9 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
10 Guerrero Rubio Pilar	ASISTENCIA
11 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
12 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
13 López Adame Antonio Xavier	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
15 Notholt Guerrero Alan	PERMISO MESA DIRECTIVA
16 Puente Salas Carlos Alberto	OFICIAL COMISIÓN
17 Velasco Rodríguez Verónica	CÉDULA
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	INASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	OFICIAL COMISIÓN
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
9 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
10 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
11 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
12 Vela González Joaquín Humberto	OFICIAL COMISIÓN
Asistencias: 11
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 12

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	OFICIAL COMISIÓN
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	OFICIAL COMISIÓN
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	OFICIAL COMISIÓN
3 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
4 García Méndez Armando	ASISTENCIA
5 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
Asistencias: 3
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Bermúdez Viramontes Andrés 2 Borboa Becerra Omar Antonio 3 Campos Galván María Eugenia 4 Carbajal Méndez Liliana 5 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto 6 Fernández Cabrera Adrián 7 López Cisneros José Martín 8 Romo Jiménez Martha Angélica Faltas por grupo: 8

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Almazán González José Antonio
2 Ríos Gamboa Raúl
Faltas por grupo: 2

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Alcántara Núñez Jesús Sergio
2 González García Sergio
3 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso
4 Sánchez Hernández Eduardo
5 Toledo Luis Jorge
Faltas por grupo: 5

CONVERGENCIA
Diputado
1 Abad De Jesús Juan
Faltas por grupo: 1