SUMARIO

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 34 legisladores; por tanto, existe quórum para empezar la sesión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:28 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 9 de enero de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Baja California Sur, de Hidalgo, y de Morelos.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Oficio del Instituto Federal Electoral

Con el que remite el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, con fundamento en el artículo 79, numeral 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se nombra al consejero electoral Andrés Albo Márquez para asumir provisionalmente el cargo de consejero presidente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el presidente de la república nombró al ciudadano Arturo Hernández Basave embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. (Turno a Comisión)

Diez, con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.

Iniciativas

Con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango de ley la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición del pueblo, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Petróleo, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , a nombre del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Segunda Comisión, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional el 13 y 14 de enero de 2008 a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Édgar Eligio Garduño Sánchez, Rosalba Murcia Vázquez y Teresita Vergara Valderrama para prestar servicios a la Embajada de la República de Honduras en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de la República de Corea en México, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gabriela Frayre Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Mérida, Yucatán, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Cervantes Salinas, Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, Olaya Delgado Antillón, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Asís Abraham Daguer y Abelardo Vara Rivera para aceptar y usar las condecoraciones de la ``Orden del Cedro Nacional'', en grado de Comandante, y de la ``Orden de Dannebrog'', en grado de Caballero, que les otorgan los gobiernos de Líbano y del Reino de Dinamarca, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Patricia Zamarripa Portillo, Nicolás Torres Rodríguez, María de Lourdes Magaña Vázquez y Esperanza Salazar Ruiz Ibarguen para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sandra Paola García Jiménez, Isabel María Valdez Pérez, José Antonio Cosío Pérez y Belinda Frías Núñez para prestar servicios en las Embajadas de Japón y del Reino de Noruega en México, en la Delegación Especial de Palestina en México y en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia en México, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Luis Martínez y Hernández para aceptar y usar las condecoraciones de la ``Orden Jinete de Madara'', en Primer Grado, y de la ``Orden al Mérito de la República de Hungría'', en grado de Comendador (división civil), que le otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Bulgaria y de Hungría, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Selma Ancira Berny y Luis Maldonado Venegas para aceptar y usar las condecoraciones ``Medalla de Aleksandr Pushkin'' y de la ``Orden del Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que les otorgan los gobiernos de la Federación de Rusia y de Líbano, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Treviño Cantú para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De la Segunda Comisión de Trabajo, diez relativos a la ratificación de grados militares.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, a coordinarse en el ámbito de sus atribuciones y facultades para implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en esa localidad.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que explique los criterios con que fue elaborado el proyecto de reglas de operación para el programa especial concurrente.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que evite, mediante la Secretaría de Economía, la Profeco y la Condusef, cualquier tipo de abuso contra usuarios de servicios de casas de empeño.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar un informe detallado del total recaudado por los donativos para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a las dependencias y las entidades relacionadas con el despacho aduanero para que homologuen los horarios de trabajo en las aduanas del país.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un pronunciamiento general en materia de libertad de expresión.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al INEGI a fortalecer las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos de población vulnerables y otros especiales.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en la asignación de recursos del Fondo de Seguridad Pública se tome en cuenta la situación de inseguridad pública por la que atraviesa Baja California.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información a los directores generales de las Comisiones Federal de Electricidad, y Nacional del Agua.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a dar seguimiento puntual a las labores de rescate, así como al eventual traslado, desagüe o disposición final del trasbordador El Arcángel, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio integral sobre las repercusiones que la nueva Ley de Trabajadores Legales de Arizona tendrá para el país y --de manera inicial-- los municipios fronterizos de Sonora, a cargo del senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo que proponga formalmente a los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá la revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN, a cargo del senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, ``Medidas de Emergencia'', del TLCAN, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente hace un urgente llamado al gobierno federal para que instaure diversas acciones con relación al Capítulo Agropecuario del TLCAN, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán y reitera su enérgica condena a la violencia y al terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , en nombre de la Segunda Comisión. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros prioritarios, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente hace un llamado al Ejecutivo federal a fin de que --mediante las autoridades correspondientes-- vigile y detenga el alza de los productos básicos; y solicita la comparecencia de los titulares de la Sagarpa, de la Sedesol, de la SE y de la Profeco para que expliquen las acciones que realizará el gobierno federal con objeto de garantizar que se frene el deterioro del poder adquisitivo de las personas y de las condiciones de negocios de las empresas en el país, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con el pueblo de Ucrania y se suma al pronunciamiento del presidente de ese país para reconocer el Holodomor de los años 1932-1933 como un acto de genocidio contra dicha comunidad, a cargo de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer a la secretaria de Desarrollo Social para tratar el tema del alza de los productos básicos, a cargo del senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar mediante la Profeco el programa de vigilancia para evitar un alza injustificada de bienes y servicios derivada del incremento del precio del diesel y de la gasolina, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a publicar con la mayor brevedad el plan de manejo del área de protección de flora y fauna Campo Verde, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social y al director general de Petróleos Mexicanos a fin de que presenten informes respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y de los contratos otorgados a las empresas subcontratadoras en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar --mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con las autoridades estatales y las municipales de Sonora y de Chihuahua-- un programa emergente que atenúe las repercusiones del retorno de migrantes a territorio mexicano a causa de la Ley HB2779 en Arizona, Estados Unidos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las medidas necesarias para que los incrementos de los precios y las tarifas de bienes y de servicios no afecten la economía familiar, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la libertad de expresión, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos al precio de la canasta básica, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios acerca del clima antiinmigrante en Estados Unidos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el cuatro de enero de dos mil ocho, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 31 legisladores, a las 11 horas con 29 minutos del viernes 4 de enero de 2008, la Presidenta declara abierta la sesión.

La asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, que se aprueba en votación económica.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo del 101 Aniversario de la huelga de Río Blanco, que tendrá lugar el 7 de enero del presente. Se designa comisión de cortesía.

Se recibe de los congresos de los estados de:

Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados de:

Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Se recibe del Congreso del estado de Yucatán, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en noviembre de 2007. Se remite a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que:

Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

b) Diez, con los que remite hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

c) Veintidós, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

d) Doce, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

Se les concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, por los que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

Quedan de Primera Lectura.

La Secretaría da lectura a comunicación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la que solicita la sustitución de la diputada Aleida Alavez Ruiz por la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz como integrante de la Tercera Comisión y al acuerdo de la Mesa Directiva correspondiente. En votación económica, la asamblea la aprueba y se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Se les concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los legisladores:

La Secretaría da lectura a punto de acuerdo consensuado por los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con el propósito de analizar la conveniencia de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y establecer las medidas que permitan resolver la situación del sector agropecuario. En votación económica y alcanzando la mayoría calificada, la asamblea considera el asunto de urgente resolución. Se les otorga el uso de la tribuna a los diputados Salvador Barajas del Toro , del Partido Revolucionario Institucional y a Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Partido de la Revolución Democrática; a los senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia; al senador Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional y a los diputados Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo y Gregorio Barradas Miravete , del Partido Acción Nacional. En votación económica la asamblea considera el asunto suficientemente discutido y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Presidencia de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Carlos Alberto García González , del Partido Acción Nacional, a nombre de los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente reconoce y agradece el gesto de hermandad del Senado de la República de Chile que aprobó solicitar a la presidenta, que haga un firme reclamo al gobierno de los Estados Unidos de América por la construcción del muro en su frontera con México. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto de urgente resolución y aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 14 horas con 56 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 9 de enero de 2008 a las 11 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.--- XI Legislatura.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente.

En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del estado, aprobó un punto de acuerdo consistente en los siguientes resolutivos:

Primero. La XI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur se manifiesta para que el gobierno federal así como el Congreso de la Unión lleven a cabo las gestiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias, para cumplir con los compromisos firmados en el acuerdo nacional para el campo, con el objeto de proteger los intereses de los productores rurales nacionales, así como a hacer una revisión detallada de las políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional, comparadas con las realizadas por Canadá y Estados Unidos en el marco del TLC, para conocer el estado que guarda el campo mexicano con respecto de sus socios comerciales.

Segundo. Se exhorta al Congreso de la Unión, en su carácter de máximo órgano del Poder Legislativo y depositario de la soberanía nacional instrumente un debate público con todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, con el objeto de informar y explicar detalladamente a la sociedad mexicana los beneficios y perjuicios que enfrenta el agro mexicano, a unos meses de entrar en vigor el capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a las legislaturas del país para que, de considerar lo pertinente, se adhieran al mismo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

«Escudo del Estado.--- Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur.

Honorable Asamblea:

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presento ante esta asamblea el siguiente acuerdo económico de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en enero de 1994, es una iniciativa regional para la liberalización de las rutas comerciales y para permitir el libre tránsito de mercancías, bienes, servicios y capitales en el marco de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México; en un principio liberó el comercio de bienes y el flujo de fondos de inversión, y, a partir del 1 de enero de 2008, se inicia su última fase, con la ampliación de su radio de acción al sector agropecuario, particularmente en materia de maíz, fríjol y leche en polvo.

Una reciente evaluación del Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dado magros resultados en cuanto a acercar el nivel de vida de los mexicanos al que prevalece en Estados Unidos y Canadá, los otros dos socios en el acuerdo. A pesar de todos los recursos naturales y la riqueza petrolera con que cuenta nuestro país ``en el estudio México 2006-2012, creando los fundamentos del crecimiento equitativo, concluido a finales de junio pasado, el Banco Mundial reveló que en cuanto a los indicadores más generales de bienestar, los 13 años transcurridos desde la entrada en vigor del tratado han sido poco favorables para los mexicanos''.

De acuerdo a los datos del investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Alberto Arroyo Picard podemos afirmar que:

Exportar gente e importar comida ha sido el saldo primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como un avance hacia el fin de las soberanías alimentaría y laboral. Cada hora 30 campesinos se van a Estados Unidos y llegan 1.5 millones de dólares en alimentos; 50 por ciento de lo que comemos es comprado en el extranjero, y en los últimos 12 años se han perdido 2 millones de empleos rurales. El agro creció sólo 1.2 por ciento anual en el último cuarto de siglo, con una baja del 10 por ciento al 3.4 por ciento en la participación sectorial en el PIB entre 1981 y 2006. Acompañado de un decremento de la proporción de población rural de 40 por ciento a 30 por ciento en el mismo periodo; frente a una política pública federal que ha representado que, mientras el 13 por ciento de los recursos del Procampo se ha destinado a los agricultores pobres, el 33 por ciento del mismo lo ha sido a los productores más ricos, con la consecuencia de que tan sólo el 15 por ciento capitalizado de los agricultores recibe créditos productivos.

Como consecuencia de los datos antes asentados, podemos afirmar que cada vez más amplios sectores de la población se unen para plantear la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo otros parámetros o su derogación.

El libre comercio de América del Norte implementado por Carlos Salinas de Gortari desde su inicio fue un proceso viciado y contrario a los intereses de la nación, fueron excluidos del debate los sectores sociales, y sólo la elite burocrática y los sectores adheridos al corporativismo se manifestaron a favor del mismo. Con este tratado, se impuso una camisa de fuerza a la nación para que no interrumpiera el proceso de incorporación del país al modelo neoliberal que desde hacía doce años se venía implementando en México y que, dada la falta de resultados, la población rechazaba cada vez con mayor amplitud.

Mediante el Tratado de Libre Comercio, Salinas de Gortari y todos los presidentes que le sucedieron, entregaron la soberanía del pueblo mexicano a un proyecto ajeno e inútil para el país, niegan hasta hoy en día la oportunidad al pueblo mexicano de decidir sobre el proyecto de nación que desea. Por tanto, y siguiendo la voluntad de millones de mexicanos y de otras legislaturas del país, pongo a su consideración el siguiente

Acuerdo

Primero. La XI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur se manifiesta a favor de que el gobierno federal, así como el Congreso de la Unión, lleven a cabo las gestiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias para cumplir con los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo, con el objeto de proteger los intereses de los productores rurales nacionales, así como a hacer una revisión detallada de las políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional, comparadas con las realizadas por Canadá y Estados Unidos en el marco del TLC, para conocer el estado que guarda el campo mexicano con respecto de sus socios comerciales.

Segundo. Exhorta al Congreso de la Unión, en su carácter de máximo órgano del Poder Legislativo y depositario de la soberanía nacional, instrumente un debate público con todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, con el objeto de informar y explicar detalladamente a la sociedad mexicana los beneficios y perjuicios que enfrenta el agro mexicano, a unos meses de entrar en vigor el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a las legislaturas del país para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Educación, de la LIX Legislatura, emitieron un acuerdo económico, relativo al planteamiento realizado por el diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, con el tema Aplazar es una buena solución (la obligatoriedad del preescolar de tres años), mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

A los diputados Israel Martínez Rivera, Reyna Hinojosa Villalva, Pablo León Orta, Adelfa Zúñiga Fuentes y Defino Quiterio Rosas, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Educación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fue turnado el planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez, con el tema Aplazar es una buena solución (la obligatoriedad del preescolar de tres años). Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 78, fracción V y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, de acuerdo al siguiente:

Antecedente

Único . En sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2007, por instrucciones de la presidencia de la directiva, nos fue turnado el planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, con el tema Aplazar es una buena solución (la obligatoriedad del preescolar de tres años) mediante el cual exhorta al Congreso federal, para aplazar la obligatoriedad de cursar en tres años la educación preescolar y; de igual manera, pedirle a los congresos locales del país, se adhieran en su momento a la propuesta que formulen los legisladores hidalguenses.

Por lo anteriormente, y

Considerando

Primero . Que dentro del planteamiento de origen, el diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz menciona:

``Que el 12 de noviembre de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la adición al artículo tercero constitucional y sus fracciones tres, cinco y seis, que en lo medular establece, en su artículo quinto transitorio, que la educación preescolar será obligatoria para todos, en los siguientes plazos: en el tercer año, a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año a partir del ciclo 2005-2006 y lo complicado, a partir del ciclo 2008-2009, es decir dentro de 11 meses será obligatorio el primer año, el mismo artículo transitorio añade que en los plazos señalados, el Estado mexicano, habrá de universalizar en todo el país, con calidad la oferta de este servicio educativo y anticipa en su sexto transitorio, que los presupuestos federales, estatal y municipal incluirán los recursos necesarios para la ampliación, equipamiento e infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación preescolar, el séptimo transitorio puntualiza que los gobiernos estatales celebrarán con el gobierno federal, convenios de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar en los términos establecidos en los artículos anteriores. En correspondencia a estas modificaciones constitucionales, la Ley General de Educación, establece la reforma del 22 de junio del 2006, en su artículo 65, que la edad para ingresar a la educación básica, en el nivel preescolar es de tres años. Para llegar a la propuesta de que es necesario aplazar la vigencia de esta reforma constitucional partimos de tres realidades, de Hidalgo y del resto de los Estados. Primera. Los materiales físicos que tienen que ver con la infraestructura actual con que se cuenta, para dar cobertura total a este nivel de preescolar, son insuficientes. Segunda. En lo que se refiere a la calidad y cantidad de personal docente, capacitado parte atender este nivel, es también insuficiente, esto claro, sin poner en duda la capacidad de los maestros, sino la posibilidad de garantizar su salario. Tercera. Los efectos psicológicos negativos que se pueden dar en los niños que a tan temprana edad deban incorporarse obligatoriamente a la escuela''.

Segundo . Que los diputados de la comisión actuante coinciden con el planteamiento de la problemática en comento, en que se debe ampliar el plazo de la entrada en vigor del preescolar obligatorio para niños de tres años, hasta que se pueda fortalecer el modelo pedagógico para los niños de 4 y 5 años y dar tiempo para poder atender a todos los de 3 años. Por ende, se deben ampliar los plazos para la obligatoriedad del primer grado de la educación preescolar para los niños de 3 años de edad y que el primer grado de la educación preescolar sea optativo para los padres, además que se continúe ofreciendo este servicio en las entidades donde se cuenta con las condiciones para ello, ya que de acuerdo con la ley debe ser obligatorio a partir del ciclo escolar 2008-2009.

Tercero . Que en respuesta al oficio número 79/P.C.P.E./-Octubre/2007, con el que la comisión que suscribe solicitó información al licenciado Jorge Romero Romero, secretario de Educación Pública en el estado, referente a que vertiera sus comentarios sobre la importancia de la obligatoriedad de la educación preescolar, diagnóstico, implicaciones y perspectivas, específicamente que tan factible es ésta en el primer año de educación preescolar, éste informó:

1. Aulas pequeñas para el número de niños que la ocupan.2. Aulas con demasiado mobiliario lo que imposibilita un manejo y dominio del espacio por parte de los niños, incluso que puede provocar accidentes.3. Los sanitarios y lavabos no siempre son adecuados a la talla de los niños.4. En algunos casos, escalones altos y falta de barandales en escaleras.

Por lo que, atendiendo a todo lo expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política de Hidalgo, 133, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la comisión, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo Económico

Primero . Los diputados integrantes de la LIX Legislatura, interesados en la importancia que tiene la educación preescolar, nos adherimos al planteamiento del diputado José Guadalupe Rodríguez Cruz, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión a llevar a cabo la reforma necesaria a la Ley General de Educación a fin de aplazar la obligatoriedad de la educación preescolar, específicamente para niños de 3 años en el primer grado, pues de acuerdo con la ley debe ser obligatorio a partir del ciclo escolar 2008-2009.

Segundo. A efecto de lo anterior, gírese oficio al honorable Congreso de la Unión. Anexando copia del presente documento para los efectos precisados.

Tercero. Asimismo, gírese oficio a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dándoles a conocer el punto de acuerdo de esta soberanía, adjuntando copia de este acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud, de la Quincuagésima Novena Legislatura, emitieron acuerdo económico, relativo al oficio número 840, de fecha 29 de marzo de 2007, enviado por el Congreso de San Luis Potosí y el oficio número 743/07, de fecha 27 de septiembre del presente año, enviado por el Congreso de Quintana Roo, tuvieron a bien aprobar punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal a reformar los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, solicitando de ser pertinente la adhesión, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Primera Comisión Permanente de Salud de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

A los ciudadanos diputados María Guadalupe Muñoz Romero, Irma Beatriz Chávez Ríos y Julio César Hernández Jiménez, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2007, nos fueron turnados para los efectos procedentes, el oficio número 840, de fecha 29 de marzo de 2007, enviado por el Congreso de San Luis Potosí y el oficio número 743/07, de fecha 27 de septiembre del presente año, enviado por el Congreso de Quintana Roo, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 76, 78 fracción IX, 86 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de San Luis Potosí, en sesión ordinaria de fecha 29 de Marzo de 2007, tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo, presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a reformar los artículos 29, 39 y 31 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, solicitando de ser pertinente la adhesión al mismo.

Segundo. La Undécima Legislatura del Congreso de Quintana Roo, en sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2007, tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a reformar los artículos 29, 30, y 31 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, solicitando de ser pertinente la adhesión al mismo.

Por lo antes expuesto; y

Considerando

Primer. Que dentro del documento del Congreso de San Luis Potosí se desprende que de la investigación realizada por alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí sobre la problemática que existe entre la falta de difusión de los efectos del humo del tabaco en la salud y su falta de difusión total en la legislación existente.

Segundo. Que la nicotina es una de las drogas más adictivas que se conocen --de momento sólo le gana en capacidad de generar adicción el crack, que es un derivado de la cocaína--, cada cigarrillo posee alrededor de 1 miligramo de ella, en dosis elevadas es un veneno mortal, una dosis elevada para el ser humano es de 60 miligramos. Que es el equivale a tres cajetillas de cigarrillos.

Tercero. Que el humo del tabaco añade nuevas sustancias tóxicas, que no se hallan originalmente en el mismo, ni en el papel que lo envuelve, debidas a la reacción química producida por la combustión del mismo.

El cigarrillo desprende dos clases de humo, uno es el que sale de la punta encendida del mismo y otro es el que se traga directamente el fumador, ambos son sumamente tóxicos, pero lo es más el que pasa destinado a los vecinos del fumador, pues este no pasa por el pequeño filtro del cigarrillo.

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se desprende de la combustión, en el caso del cigarrillo, del tabaco y del papel que lo envuelve, reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, ya que viene a ocupar su lugar, fijándose en la hemoglobina.

Cuarto. Que de acuerdo al punto que antecede, puede considerarse que la Publicidad del tabaco tiene todas las características que la incluyen como ilícita, atenta contra el derecho a la salud y más contra los niños, la juventud y la mujer, ya que dicha Publicidad es manifiestamente engañosa y muchas veces sublimizada.

Quinta. Que asimismo de fecha 27 de septiembre de 2007, se adhiere el Congreso de Quintana Roo a todo lo anteriormente expuesto y es conveniente que sean reformados los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, para quedar como siguen:

Por lo que atendiendo al antecedente y consideraciones vertidas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 133, 134, 135 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión que suscribe se permite emitir el siguiente

Acuerdo Económico

Primero. Los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo consideramos de suma importancia la falta de difusión de los efectos del humo del tabaco, en la legislación existente en la materia, por lo que nos sumamos a las propuestas de punto de acuerdo a favor exhortar al Poder Ejecutivo federal, para reformar los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, enviadas por los Congresos de los estados de San Luis Potosí y Quintana Roo.

Segundo. Gírese atento oficio, anexándose copia del presente instrumento al honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos procedentes.

Tercero. Asimismo gírese oficio al honorable Congreso de San Luis Potosí, a efecto de darle a conocer la adhesión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Cuarto. A su vez gírese oficio al honorable Congreso de Quintana Roo, a efecto de darle a conocer la adhesión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud, de la LIX Legislatura, emitieron un acuerdo económico, relativo a la circular número 65/07, de fecha 21 de junio de 2007, enviado por el Congreso del estado de Chihuahua, relativo al acuerdo legislativo número 367/07 II. P.O., adhiriéndose a la iniciativa presentada por la senadora Amira Griselda González Tueme, la cual solicita al honorable Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, adicionando una fracción VI al artículo 61 de dicho ordenamiento, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

A los diputados María Guadalupe Muñoz Romero, Irma Beatriz Chávez Ríos y Julio César Hernández Jiménez, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria de fecha 8 de agosto de 2007, nos fue turnado para los efectos procedentes, la circular número 65/07, de fecha 21 de junio del presente año, enviado por el honorable Congreso de Chihuahua, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 76, 78 fracción IX, 86 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 19 de abril del presente año fue presentada una iniciativa con carácter de decreto por la senadora Amira Griselda González Tueme, quien solicita al honorable Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, adicionando una fracción VI al artículo 61 de dicho ordenamiento en los siguientes términos:

Segundo. Que la LXI Legislatura al Congreso de Chihuahua, en sesión verificada en fecha 21 de junio de 2007, tuvo a bien aprobar el acuerdo legislativo número 367/07 II P.O., presentado por el diputado Jesús Gámez Torres, a efecto de adherirse a la iniciativa formulada por la senadora Amira Griselda González Tueme, quien solicita al honorable Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, adicionando la fracción VI al artículo 61 de dicho ordenamiento.

Por lo anterior, y

Considerando

Primero. Que dentro del documento de origen, se menciona que después del nacimiento del bebé, por lo general, el cordón umbilical se desecha junto con la placenta. No obstante, los investigadores han comprobado que la sangre recuperada del cordón umbilical es una fuente rica de células estaminales, las cuales son células no especializadas que producen todas las demás células sanguíneas, incluidas las plaquetas coagulantes y los glóbulos rojos y blancos.

Al igual que la medula ósea donada, la sangre del cordón umbilical puede utilizarse para tratar diferentes trastornos genéticos que afectan la sangre y el sistema inmunitario, la leucemia, ciertos cánceres y algunos trastornos hereditarios bioquímicos. A la fecha, son más de 45 los trastornos que pueden tratarse con células madres de la sangre del cordón umbilical.

Segundo. Que el uso de la sangre del cordón umbilical puede hacer que los trasplantes de células madre estén disponibles más rápidamente para las personas que lo necesiten. Cada año se diagnostica a aproximadamente 30 mil personas que pueden tratarse con un trasplante de médula ósea. Aproximadamente, el 25 por ciento de las personas tiene un pariente cuyo tejido es compatible, si bien para muchas personas pueden ubicarse donantes adecuados a través de registros de médula ósea nacionales, el proceso puede llevar meses.

Tercero. Que los pacientes que sufren de enfermedades hematológicas, tanto malignas como no malignas pueden ser tratados con radiación o quimioterapia para destruir las células anormales, sin embargo, este proceso puede también destruir las células sanas del paciente, así como su medula ósea. Si ésta se destruye, un trasplante de células madre es necesario para regenerar las células perdidas.

Las enfermedades malignas que se pueden tratar con la sangre del cordón umbilical son:

Las enfermedades no malignas que se pueden curar con esta terapia son:

Cuarto. Que los integrantes de esta LIX Legislatura, coincidimos con el punto de acuerdo propuesto, toda vez que apoya medidas que van encaminadas a satisfacer la salud de todos los mexicanos, ya que consideramos pertinente mencionar que la propuesta de la senadora Amira Griselda González Tueme ofrece a los padres la posibilidad de asegurar la salud y la vida de sus hijos gracias al almacenamiento de la sangre del cordón umbilical que contiene, como se mencionó anteriormente, gran cantidad de células especializadas en la renovación permanente de las células de la sangre y que trasplantadas a pacientes, generalmente niños, cuya medula ósea no funciona, permite obtener éxitos terapéuticos prometedores.

Quinto. Cabe destacar que en México existen ya este tipo de centros, en donde se permite el almacenamiento de muestras sanguíneas procedentes del cordón umbilical, siendo estos centros, bancos privados de alto costo y que es a través de un contrato como garantizan a los padres que las células serán conservadas durante el tiempo fijado por ambas partes y que, de ser necesario, serán utilizadas como un posible tratamiento, única y exclusivamente para su hijo. Dichos costos varían desde los 10 mil pesos al contratar el servicio y 800 pesos más IVA por cada año de crioconservación, considerando que la mayoría de los mexicanos no se encuentra en condiciones pagar este alto costo.

Segundo . Con base en lo anterior, envíese oficio anexando copia del presente acuerdo económico al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa para los efectos señalados.

Tercero . También gírese oficio anexando copia del presente documento al honorable Congreso de la Unión para los efectos procedentes.

Cuarto. Asimismo gírese oficio anexando copia del presente documento al honorable Congreso de Chihuahua comunicando la adhesión de esta soberanía.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.

Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El diputado Jorge Malo Lugo, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura, propuso acuerdo económico, dentro del planteamiento con el tema: ``Exhorto'', mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual les estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- Gobierno del Estado de Hidalgo.Acuerdo Económico

Exhorto

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Honorable Asamblea:

El que suscribe, Jorge Malo Lugo, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México en la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en ejercicio de la facultad que me confieren los Artículos 25 Fracción IV y 134 Fracción I, y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía Popular, como asunto de urgente y obvia resolución, un Acuerdo Económico, bajo los siguientes:

Considerandos

1o. Las carreteras en el país son las vías de comunicación entre las personas, donde también son transportados; bienes y servicios, y sin duda alguna es aquí donde se logra el crecimiento económico y bienestar de una región. La red de autopistas en México cuenta con sistemas de carreteras de cuota, las cuales brindan a los usuarios ahorro en tiempo, menos recorrido y menor consumo de combustible y desgastes de los vehículos.

2o. No obstante ante el uso constante, los cambios climáticos y geográficos principalmente, estas carreteras sufren desgaste y deterioro constante, lo cual lo vemos reflejado en estadísticas oficiales que indican que cada año mueren en accidentes de tránsito decenas de miles de personas.

3o. En México tenemos los costos más altos de peaje carretero en todo el mundo, sin embargo los usuarios no tenemos otra más que utilizar estas vías de comunicación a pesar del estado en el que se encuentran, ya que no nos garantizan seguridad, muchas de las carreteras están en mal estado debido muchas veces a la baja calidad de los materiales usados en su construcción. Además en las autopistas mexicanas no existe un monto estándar de costo de kilómetro para todas.

4o. Según el análisis del Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública, en México las tarifas de los costos de peaje de carreteras de cuota, son más caras que el resto de América Latina. En México tienen un costo promedio de 1.12 pesos por kilómetro, superando a Argentina con 0.07 pesos por km, a Chile con 0.46, a España con 0.96 pesos por km, a Portugal con 0.68 pesos por km, a Francia con 1.01 pesos por km y a Rusia con 0.38 pesos por km.

5o. Las carreteras en México dejan mucho que desear, de acuerdo a informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los 42 mil kilómetros de red carretera federal libre de cuota existente en la República Mexicana, 34 mil 440 kilómetros, es decir el 82%, presentan baches y desniveles, y sólo los 7 mil 560 kilómetros restantes están en buenas condiciones. Del total de las carreteras, al 22% se le considera en una situación deficiente, según el apartado de infraestructura carretera, el cual fue dado a conocer por la Confederación Nacional Turística en julio de este año.

6o. La misma Confederación Nacional Turística indica que México enfrenta una infraestructura con grave rezago pues por cada 10 km. pavimentados que hay 1 km. tiene cuatro carriles y que la construcción de 4 o más carriles ha crecido 46% en los últimos 6 años rezagándolo con respecto a otros países.

7o. De datos del foro económico mundial reportan que de los 122 800 Km pavimentados que se tienen en México al 2006, solo el 12.1% son carreteras de cuarto o mas carriles, mientras que este porcentaje en Chile ronda, el 18%, en España el 42%, y en EUA el 65%. México ocupa el lugar 49 a nivel sectorial en carreteras.

8o. En esta administración se realizaron esfuerzos del gobierno actual por lograr crecimiento y progreso, hubo énfasis en la infraestructura, en este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió un presupuesto récord de 30 mil 136.9 millones de pesos para el sector carretero. Con lo que se han construido 45.8 kilómetros de carreteras y se han modernizado 175.5 kilómetros. Además se asignaron 4 mil 725 millones de pesos a la creación del Fondo Carretero, mecanismo para apoyar el desarrollo de autopistas de cuota y carreteras con corredores troncales según cifras del 1° Informe de Gobierno, pero aún es insuficiente.

9o. Se considera que cada año el país requiere de aproximadamente 55,000 millones de pesos para el mantenimiento, modernización y construcción de carreteras, de acuerdo con la investigación Infraestructura para el Futuro realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

10. Es ineludible disminuir el rezago en infraestructura carretera para evitar la desventaja ante los mercados internacionales, debemos contar con una red carretera de calidad ya que es de vital importancia para la actividad económica. Es impostergable que el costo de peaje refleje utilidad, calidad y seguridad del servicio.

11. Como es de nuestro conocimiento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes año con año se realiza aumentos en los costos de peaje en las carreteras de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y en Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), entrando en vigor los primeros meses del año. Para lo cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explica que este ajuste permite cumplir con los programas de modernización, conservación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura carretera en todo el país. En el año 2006 a partir del 16 de enero se tuvo un incremento promedio del 3.1% para las autopistas CAPUFE y un 2.8% para las de FARAC.

12. Este aumento se considera innecesario ya que se hace sin ningún fundamento considerando el pésimo estado de las carreteras de peaje, aunado a que no se cuenta con suficientes programas de difusión adecuados realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que permitan a la ciudadanía informase a tiempo.

13. La infraestructura carretera del país requiere urgentemente mantenimiento, ampliación y modernización. Pero sobre todo programas dedicados a una conservación periódica que permita rescatar nuestras carreteras existentes.

Ya que de no hacerlo nos veríamos en la necesidad de vivir el efecto dominó, es decir si se da el aumento en los costos de peaje, se refleja en la alza de costos de los mantenimiento de autos, el aumento de la gasolina, incremento de pasaje de transporte publico, y por lo consiguiente el crecimiento del precio de los bienes que impacta en último lugar al consumidor.

14. Como último punto que es nuestro compromiso abogar por los derechos de los usuarios, a no pagar cuotas tan caras en las autopistas concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y transportes, mejorando la calidad de la infraestructura carretera y otorgándoles una mayor seguridad al transportarse de un sitio a otro.

15. Que la Presidencia del Congreso, sometió a consideración del Pleno, la propuesta presentada por el ciudadano Diputado Jorge Malo Lugo, a efecto de que en la misma sesión, se discutiera y en su caso se aprobara el presente Acuerdo, misma que fue aprobada por unanimidad, con 24 votos, por lo que enseguida abrió el registro de oradores, apoyando el mismo, los ciudadanos Diputados: Irma Beatriz Chávez Ríos, Juan Ortiz Simón. Pablo León Orta y José Guadalupe Rodríguez Cruz y para hechos el ciudadano Diputado Jesús Taboada Rodríguez.

16. Que la ciudadana Diputada Irma Beatriz Chávez Ríos comentó que el exhorto dice que se conmine a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Permanente del Congreso de la Unión y al propio Ejecutivo del País, para que se evite el incremento del costo de peaje de las casetas de las carreteras al inicio del año dos mili ocho y solicitó que se agregara al Acuerdo Económico: durante el año dos mil ocho para que quede claro que durante todo el año dos mil ocho, nosotros proponemos que no se incremente el costo del peaje de las carreteras.

17. Que el Dip. Pablo León Orta, solicitó ubicar una modalidad para el aumento, basándose en el salario mínimo, cuando el salario mínimo se haya aumentado a partir de este momento en un seis por ciento, puede aumentarse en un cinco punto por ciento el alza de gasolina, menos no, porque cualquier otra medida es antipopular, va en contra de los intereses de nuestro pueblo, incluyendo la propuesta de que no sea en el dos mil ocho, que sea hasta que el salario mínimo se aumente, a partir de ese momento, tenga ese aumento del seis punto por ciento, menos no, porque golpearía terriblemente la economía de nuestro pueblo.

18. Que el Dip. José Guadalupe Rodríguez Cruz, pidió exhortar al Ejecutivo, particularmente insistió, a la Secretaría de Hacienda, la SCT, al Congreso, a que no haya aumento, no solamente durante el dos mil ocho, o solamente comparado con el aumento a los salarios mínimos, sino que no haya, mientras que en verdad no haya mejores condiciones de las propias autopistas, que de verdad sean autopistas, que sean carreteras que merezcan un pago, como el que se está teniendo y como el que se pretende incrementar.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo que establece el Artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y a los artículos 133, 134, 135,136, 137, 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos presentar el siguiente:

Acuerdo Económico

Primero. Los Ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, exhortamos respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de los titulares de la Secretaría de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), consideren la posibilidad de que no se incremente el precio del costo del peaje carretero durante todo el año 2008 dado que las carreteras en la actualidad se encuentran en deplorables condiciones. De la misma manera se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice un programa cuantioso para abocar a fondo la reconstrucción inmediata de las carreteras en nuestro país.

Segundo. Así mismo, envíese el presente Acuerdo al H. Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su adhesión al presente Acuerdo.

Tercero. A efecto de lo anterior, gírense los oficios a las Autoridades antes señaladas, para los efectos precisados.

ESTADO DE MORELOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Senadores secretarios de la honorable Cámara de Senadores.--- Presentes.

Por instrucciones de la diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, y por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el día de hoy, hago de su conocimiento que se aprobó el punto de acuerdo, mediante el cual se propone ante el Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud relativa a preservar el material genético proveniente del cordón umbilical.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

La quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, con los siguientes:

Antecedentes

Con fecha 23 de Octubre del año en curso, en cumplimiento al Acuerdo emitido en sesión de pleno efectuada en esa fecha y por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso Diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, fue turnado a esta Comisión de Salud, para la atención correspondiente el oficio No. 740/2007-P.O., de fecha 27 de Septiembre del año dos mil siete, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, Diputada Inés López Chan, mediante el cual remiten acuerdo aprobado por la Décima Primera Legislatura de esa Entidad Federativa, y en el que se propone ante el Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, respecto a preservar el material genético proveniente del cordón umbilical, para que si así lo considera procedente esta legislatura, adherirnos a los puntos proposititos del acuerdo referido.

En el Acuerdo en comento, se refiere lo siguiente: Se propone ante el Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, en lo relativo a preservar el material genético proveniente del cordón umbilical.

En términos del Artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión de Salud esta facultada para dictaminar sobre el presente asunto, y

Considerando

Que desde principios del siglo XX se sabe que las células hematopoyéticas progenitoras, es decir, las creadoras de las células sanguíneas, se forman en la medula ósea, sin embargo, desde principios de los noventa se descubrió que estas células también se encuentran en la sangre del cordón umbilical.

La sangre del cordón umbilical, que habitualmente se desechas, contiene un importante número de células progenitoras hematopoyéticas que dan origen a las células de la sangre. Este hecho ha motivado que dichas células contenidas en la sangre de cordón umbilical sean consideradas como una fuente de hematopoyesis, alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades que requieren trasplante de medula ósea.

En este sentido, el trasplante de célula de cordón umbilical constituye una invaluable oportunidad para aquellos pacientes, principalmente niños, que sufren diversas enfermedades hematológicas y genéticas, tales como: leucemias linfoides y mieloides, anemia de Fanconi, anemia a plástica, síndrome de Hunter, síndrome de wiskott-Aldrich, beta talasemias y neuroblastona.

El transplante de células de sangre de cordón umbilical abre una nueva posibilidad para el tratamiento de niños mexicanos con leucemia, linfomas y aplasia medular. Pero sobre todo para quienes no tienen un donador relacionado, lo cual ocurre en ocho de cada diez candidatos a trasplante de medula ósea.

Es por ello, que al realizarse la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, se sentarán las bases para esta investigación con fines terapéuticos y penas por la manipulación genética indebida, lo cual va generar que se preserve el material genético proveniente del cordón umbilical del recién nacido, para que esté en condiciones óptimas y se pueda utilizar en el tratamiento de trastornos de áreas del sistema inmunológico o cualquier afección que sea factible de poder atender con células madre, para lo cual, se propone asignar un folio que deberá incluirse en la cartilla de vacunación, dicho folio quedará a disposición de las personas compatibles que lo necesiten con urgencia y así esto permitirá a largo plazo que las instituciones de salud pública puedan contar con unidades de preservación de material genético.

Asimismo como se ha mencionado en párrafos anteriores, cabe destacar que la sangre contenida en el cordón umbilical es rica en células madre o células creadoras de vida. Estas células madre son idénticas a aquellas encontradas en la medula ósea y son la clave para combatir algunas enfermedades que pueden amenazar la vida de algunos niños, familiares o hijos.

Por tanto, el uso de las células primordiales de la sangre del cordón umbilical ofrece algunas ventajas importantes respecto de las tomadas de la medula ósea, ya que son mucho más fáciles de obtener y pueden tomarse de la placenta en el momento del parto.

En consecuencia, los Diputados que conformamos esta Comisión de Salud, nos adherimos a la propuesta de iniciativa presentada por la Senadora Amira Griselda Gómez Tueme, mediante la cual se pretende adicionar una fracción VI, al Artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se detalla.

Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

I a V. ...

VI.- Preservar el material genético proveniente del cordón umbilical del recién nacido, que se este en condiciones óptimas para coadyuvar en el tratamiento o curación de trastornos que afecten de ser tratada con células estaminales, asignándoles un folio que deberá incluirse en la cartilla de vacunación. Dicho material quedará a disposición de las personas compatibles que lo necesiten con urgencia.

El material genético a que se refiere la fracción anterior será utilizado preferentemente a favor del propio individuo al que le es extraído o sus familiares, quedando prohíbida su comercialización, toda transferencia nuclear, o su uso para fines experimentales.

Cabe destacar, que con la aprobación de dicha Iniciativa por parte del H. Congreso de la Unión, se continuará a la conformación del Patrimonio Nacional para la Salud, con la única finalidad de poner al alcance de todas las familias mexicanas que así lo requieran las bondades de los avances científicos.

Ahora bien, el Punto de Acuerdo enviado a esta Legislatura, por la Legislatura de Quintana Roo, coincide con la postura que esta Comisión ha expresado desde sus inicios en el sentido de apoyar todas aquellas medidas que vayan encaminadas a satisfacer directa o indirectamente, las necesidades de salud de la sociedad morelense: reflexión que nos motiva a mantener una postura de adhesión en torno a la iniciativa de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, se aprueba el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Quincuagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos, se adhiere al Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estad de Quintana Roo, mediante el cual se propone ante el Congreso de la Unión, reformar la Ley General de Salud, relativa a preservar el material genético proveniente del cordón umbilical.

Segundo. Remítase copia del Acuerdo al Honorable Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar.

Tercero. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo a la Legislatura Local solicitante así como a los demás Legislaturas de las Entidades Federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, para su conocimiento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MORELOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Senadores secretarios de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presente.

Por instrucciones de la diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, y por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el día de hoy, remito en copia simple el punto de acuerdo, aprobado por esta Quincuagésima Legislatura, por el que se le exhorta lleve a cabo las gestiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias para atenuar los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y proteger a los productores rurales, con políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional, comparando con lo realizado por Canadá y Estados Unidos, e implementar las acciones conducentes.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.

«Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

La quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y,

Considerando

De acuerdo a una reciente evaluación del Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dado escasos resultados en cuanto a acercar el nivel de vida de los mexicanos al que prevalece en Estados Unidos y Canadá, los otros dos socios en el acuerdo. A pesar de todos los recursos naturales y la riqueza petrolera con que cuenta nuestro país, los indicadores general de bienestar en los 14 años trascurridos desde la entrada en vigor del tratado, han sido poco favorables para los mexicanos.

En el sector agropecuario las diferencias con muy amplias en materia de subsidios, de productividad, de operación de mercados, nivel tecnológicos, fragmentación de la tenencia de la tierra, apoyo a los procesos productivos, nivel salarial, distribución del ingreso y muchos otros factores frente a dos economías de lo más desarrolladas en el mundo como son Estados Unidos y Canadá.

Por lo anterior, no se puede establecer una relación de mutuo beneficio entre partes que no son iguales, los mayores beneficios siempre corresponderán a quien disponga de mejores condiciones para producir.

A 14 años de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha observado que sus efectos sobre el sector agrícola mexicano han sido mixtos. Una agricultura dinámica y orientada a la exportación coexiste con obra de subsistencia. El TLCAN al reducir las protecciones, fortaleció la competitividad de la agricultura de Estados Unidos y debilitó aún más la competitividad de la agricultura mexicana.

Al TLCAN lo integran economías considerablemente asimétricas, por lo que debe existir un trato especial que reconozca el carácter de país en desarrollo de México.

La incapacidad de México para competir con Estados Unidos y Canadá en el sector agroalimentario, ha provocado la recurrente migración de los trabajadores del campo amenaza con extinguir la generación de reemplazo de los actuales campesinos.

Estados Unidos y Canadá son dos de los mayores y más eficientes exportadores de granos en el mundo, mientras México es un exportador competitivo de productos hortofrutícolas. Sin embargo esto no significa una complementariedad entre los sectores de la región. Para México la negociación implicaba un cambio en el patrón de cultivos.

El TLCAN implico sacrificar la producción de granos básico a cambio del acceso a mercados para la producción de hortalizas y frutas tropicales. La producción de granos básicos y oleaginosas y los productores que a ella se dedican son los perdedores netos del capítulo agrícola del Tratado.

En el 2006 las hortalizas, frutas y ganado, representaron el 76% de las exportaciones agropecuarias de México.

Las importaciones de productos básicos maíz, soya, oleaginosas, sorgo, trigo, arroz y algodón representaron el 60% de las importaciones agropecuarias. Las importaciones de maíz aumentaron exponencialmente a raíz del TLCAN. Dando como resultado que México importe: el 25% del maíz que consume, el 35% de sorgo, el 80% de arroz, el 55% de trigo, el 25% de leche, el 90% de soya. Por lo que se ve que el pueblo de México es altamente dependiente de los alimentos del exterior.

El día 1 de enero del 2008 se da la apertura total a lo negociado en el tratado de libre comercio respecto al capítulo agropecuario relativo a las importaciones de productos de Estados Unidos y Canadá hacia México, eliminando los arenceles que rigieron en el año 2007, para quedar a tasa cero en el 2008. En Maíz el arancel es 18.2%, en Frijol 11.8%, en Leche 11.8%, pierna y muslo de pollo 19%. En la azúcar el arancel es en base a dólares por tonelada, siendo 270.40 dólares de enero hasta el 08 de mayo del 2007, y del 09 de mayo en adelante 34.19 dólares.

Con toda esta eliminación de aranceles, el primero de enero del 2008, se observaran los ajustes de precios para equilibrar la oferta y demanda en el mercado domestico y se tendrá que ir ajustando a los precios internacionales por que se prevé un crecimiento de las importaciones de granos básico.

El paquete económico 2008, presentado por el Gobierno del Estado no responde a estas necesidades del sector agropecuario, ya que presupuesto menos que en el 2007.

Por lo anteriormente expuesto, se aprueba el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal, así como el Congreso de la Unión lleven a cabo las gestiones pertinentes dentro del marco de sus respectivas competencias para atenuar los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y proteger a los productores rurales, con políticas públicas de apoyo y fomento aplicadas a nivel nacional comparando con lo realizado por Canadá y Estados Unidos e implementar las acciones conducentes.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal junto con el Congreso de la Unión, instrumente un debate público con todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, para analizar los efectos de la apertura total del comercio de productos agrícolas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con relación al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 4 de octubre del presente año y por medio del cual se exhorta a los legisladores de todo el país, federales y locales, a suscribir el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, remitido con su oficio número D.G.P.L. 60-II-3-868, expediente número 1869, debo informarle que con fecha 3 de diciembre del presente año el gobernador del estado, doctor Marco Antonio Adame Castillo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Ricardo Rosas Pérez; y la que suscribe, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, nos adherimos y suscribimos el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, acompañándonos en la firma de adhesión, fungiendo como testigos de honor la ingeniera Norma Alicia Popota Sotelo, directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y la maestra Martha Mayela Alemán de Adame, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Morelos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo del Estado.--- Poder Legislativo.--- L Legislatura.--- 2006-2009.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Con relación al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 30 de octubre del presente año por medio del cual se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las reformas legislativas que consideren pertinentes a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, remitido con su oficio número D.G.P.L. 60 II-3-958, expediente número 3426, me es muy grato informarle que en sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre del presente año el Congreso de Morelos aprobó por unanimidad la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, ordenamiento que será considerado ley marco para el proceso de armonización legislativa con perspectiva de género, que repercutirá en aproximadamente 20 leyes estatales. No omito mencionarle que en la primera etapa de armonización, la Comisión de Equidad de Género ya analiza las reformas conducentes de los Códigos Penal y Familiar y sus respectivos códigos procesales, la Ley de Prevención y Asistencia contra la Violencia Intrafamiliar y la Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género, reformas que una vez aprobadas se harán de su conocimiento.

En anexo remito a usted ejemplar del Periódico Oficial ``Tierra y Libertad'' número 4573, de fecha 5 de diciembre del presente año, órgano de difusión del gobierno de Morelos, donde se publicó la mencionada ley.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L.60-II-6-1422, mediante el cual comunica los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en los que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 750.0 millones de pesos para aplicarlos a los beneficiarios de la lista en que aparecen 19 mil 80 ex braceros que cumplieron los requisitos establecidos en la ley y que están pendientes de pago, así como la petición para que esa soberanía asigne recursos suficientes a fin de cumplir el nuevo padrón de ex braceros que se integrará a partir de la publicación de la convocatoria respectiva, que arrojará una cantidad de braceros con derecho al apoyo social.

Sobre el particular, con fundamento en las atribuciones que confiere a esta dirección general el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito comunicar a usted que se toma nota del exhorto descrito en la consideración de que, como es de su conocimiento, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 ha procedido a determinar una previsión en el presupuesto asignado al Ramo 04, ``Gobernación'', para ese ejercicio fiscal, hasta por 700.0 millones de pesos, para otorgar el apoyo social a los ex trabajadores migratorios que conforme a los requisitos de elegibilidad que determina la Ley que Crea el Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, han sido acreditados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito remitir a usted copia certificada del acuerdo CG406/2007 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que, con fundamento en el artículo 79, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se nombra al consejero electoral Andrés Albo Márquez para asumir provisionalmente el cargo de consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobado por dicho órgano máximo de dirección en sesión extraordinaria el pasado 17 de diciembre de 2007; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Federal Electoral.--- Consejo Electoral.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que, con fundamento en el artículo 79, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se nombra al consejero electoral Andrés Albo Márquez para asumir provisionalmente el cargo de consejero presidente

Antecedentes

1. Mediante decreto publicado el 31 de octubre de 2003, en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión designó como conejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, al ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez.

2. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se reformó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la sucesión escalonada de los consejeros electorales. Asimismo, se determinó en el inciso a) del artículo cuarto transitorio del decreto citado, que en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor, la Cámara de Diputados procedería a integrar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, eligiendo a un nuevo consejero presidente.

3. Que el 13 de diciembre de 2007 se emitió la declaratoria de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y procedió a integrarse la Comisión Permanente.

4. Que en cumplimiento al transitorio citado, el 14 de diciembre de 2007, el ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez presentó, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en tanto máximo órgano de dirección, su renuncia al cargo de consejero presidente de dicho órgano.

5. Que el mismo 14 de diciembre, el ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez envío copia de la carta de renuncia presentada ante el Consejo General de este Instituto a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando se tuviera por reproducida ante dicho órgano para surtir lo efectos legales correspondientes.

Considerandos

1. Que el artículo 41, base V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley; y que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

2. Que el precepto constitucional referido en su párrafo segundo determina que el instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

3. Que en términos del artículo 41, base V, párrafo tercero, de la norma fundamental, el consejero presidente será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad; asimismo prevé que, de darse su ausencia absoluta, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

4. Que en términos del artículo 72 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los órganos centrales del instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

5. Que el artículo 73, numeral 1 del ordenamiento citado, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto.

6. Que el artículo 79, numeral 5, del mismo ordenamiento establece que, de producirse la ausencia definitiva del consejero presidente, los consejeros electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior a la Cámara de Diputados o, en su caso, a la Comisión Permanente, a fin de que designe al consejero presidente.

7. Que en términos del artículo 82, numeral 1, inciso y), del Código, el Consejo General tiene la facultad de nombrar, en caso de ausencia definitiva, de entre los consejeros electorales del Consejo General, a quien deba sustituir provisionalmente al consejero presidente e informarlo a la Cámara de Diputados o a la del Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.

8. Que para contribuir con el ejercicio de las atribuciones que el Código confiere al Consejo, los consejeros electorales están facultados para sustituir provisionalmente al consejero presidente en caso de ausencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, inciso g), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72, 73, numeral 1, 79, numeral 5, 82, numeral 1, incisos y) y z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 14, párrafo 1, inciso g), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se nombra al consejero electoral Andrés Albo Márquez para asumir provisionalmente el cargo de consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en tanto la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión elige a un nuevo titular en forma definitiva.

Segundo. El presente acuerdo surtirá efectos al momento mismo de ser aprobado por el Consejo General Federal Electoral.

Tercero. Con fundamento en los artículos 82, párrafo 1, inciso y), así como 89, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se instruye al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, a informar sobre el presente acuerdo a la del Congreso de la Unión para los efectos legales conducentes.

Cuarto. El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente me permito remitir a ustedes copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en que, en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la república tiene a bien nombrar al ciudadano Arturo Hernández Basave embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.

Lo hago de su conocimiento para los fines procedentes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

GRADOS MILITARES

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Jesús Rosario Almada Jaime (10528643), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Carlos Jesús Maza Lara (B-295686), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Enrique Rivera Gutiérrez (B-224803), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Antonio Melchor Ruiz (B-3828521), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Zapadores Víctor Manuel Munguía Randay (10561847), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Porfirio Fuentes Vélez (B-2149324), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez (B-3723561), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel de Caballería Miguel Torres Padilla (7264059), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares Diplomado de Estado Mayor Samuel Hernández Hernández (10543494), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la del Congreso de la Unión.--- Presentes.

El ciudadano Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ocupa el ciudadano Coronel Ingeniero en Transmisiones Militares Everardo Rolando Díaz Chávez (9442416), lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del hoorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL/2.- 1706 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. UR 120/UCE/CECU/1582/2007 suscrito por el C. Roberto Cruz Castro, coordinador de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Iniciativas de legisladores. Tiene la palabra la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Omeheira López Reyna: Con su venia, señora Presidenta.

Los crímenes de lesa humanidad son una catástrofe del humanismo. Son crímenes de alcance universal y de los cuales desafortunadamente se tienen múltiples datos históricos.

Cómo olvidar el ascenso de Adolfo Hitler como canciller del Partido Nazi y que de ahí se desencadenara una de las masacres más brutales y masivas del mundo, con el exterminio de todos los judíos europeos y de la población gitana europea.

Tampoco podemos olvidar los hechos atroces perpetrados en 1939 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la creación del Tribunal Internacional de Nuremberg y del proceso de líderes nacionales en el periodo de 1950 y 1987, los crímenes masivos siguieron ocurriendo, producto de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, por mencionar algunas.

El conflicto de Bosnia, las guerras de Yugoslavia, que dieron como resultado la muerte de 7 mil 800 personas, entre hombres y niños asesinados. A raíz de esta masacre se creó el Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia, en La Haya. Otro hecho devastador sufrido por la humanidad fue el conocido genocidio de Ruanda, que a su vez dio lugar a la creación del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda.

Es innegable que todos estos acontecimientos atroces no se pueden ignorar. Es así cómo la perpetración de múltiples hechos inhumanos hicieron inolvidables a personajes como Stalin, Mao, Franco, Salazar, Hirohito, Pol Pot, Kim, Nixon, Kissinger, Amin Dada, Mobutu, Somoza, Pinochet, Stroessner, Fujimori, entre otros, y Saddam, quienes valiéndose y abusando de la posición de que gozaban cometieron actos crueles e inhumanos.

Por tanto, tenemos la necesidad de emplear los mecanismos legales idóneos para evitar que se sigan repitiendo estas conductas criminales a través de la historia.

Como ya se mencionó, se han creado distintos órganos para juzgar y sancionar a otros individuos, cuyo comportamiento está catalogado como un crimen en contra de la humanidad y está regulado por el derecho internacional público.

Sin embargo, el punto débil del derecho internacional público es, curiosamente, el punto más fuerte y me refiero a la disposición y voluntad de los Estados, porque desde su perspectiva y en virtud de su voluntad se pueden lograr acuerdos, elaborar marcos jurídicos e instancias internacionales que tengan como función el respeto a los derechos humanos.

Pero de esa voluntad también pueden surgir problemas que si es el Estado en situaciones que se violen los derechos humanos, no permita la injerencia de organismos internacionales protectores de derechos humanos.

Aunque el Estado mexicano es parte del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, hay mucho por hacer para que este Sistema de Protección sea más eficaz, es decir, el Estado mexicano debe tener la capacidad suficiente para enfrentar las obligaciones derivadas de una firma o una ratificación de un instrumento internacional, como es el ejemplo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Este último, un instrumento que ratificó el 15 de marzo de 2002 y dispone en su artículo 1o. que los crímenes de guerra y lesa humanidad ---entre los que se menciona también el genocidio--- sean imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

El Estatuto de Roma en el numeral 29, señala que los crímenes de guerra de competencia de la Corte, no prescribirán. Aquí se menciona el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. México como Estado parte del Estatuto, está obligado a cumplir la imprescriptibilidad.

Por ello consideramos oportuno que dicha propuesta de imprescriptibilidad de esos crímenes deberá ser adoptada y clarificada por el Estado mexicano, elevándola a rango constitucional para que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, crímenes de guerra, sean imprescriptibles, fortaleciendo así la protección a la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de las personas; llevarlo a cargo constitucional en virtud de no encontrar una clara excepción al principio de imprescriptibilidad, además de que por ningún motivo podrá ser criticado este punto y menos sería declarado inaplicable por contravenir nuestra propia Constitución.

Al insertar la propuesta en el artículo 22 de la Constitución federal se dotaría armonía y congruencia, por tratarse esta propuesta de un régimen de excepción, características del contenido del artículo en comento.

Asimismo, a fin de destacar el respeto a los derechos humanos y humanitarios, por su trascendencia se anteponen a cualquier otro principio vigente en la Constitución federal, pues la protección de los valores fundamentales interesa a toda la comunidad internacional y al Estado mexicano como parte de su postura en la comunidad internacional.

Debemos pensar que nuestro país no está exento de sufrir estos males fatales. México ha pugnado siempre por un respeto irrestricto a los derechos humanos. Ésta no puede ser la excepción. Actuemos en forma responsable y solidaria.

No permitamos que la sociedad mexicana sea víctima de una mente perversa. No permitamos que la sociedad mexicana sea víctima, y convoquemos a la responsabilidad por estos crímenes. Y deben ser sometidos a instancias jurisdiccionales, internacionales o nacionales y se debe implementar un sistema firme que inhiba la comisión de tales atrocidades a la humanidad.

Por lo anterior, someto a su consideración el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en consecuencia los actuales párrafos segundo y tercero, para quedar como tercero y cuarto respectivamente, todos del artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.

Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, Omeheira López Reyna y Esmeralda Cárdenas Sánchez , diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62, 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten, a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los crímenes de lesa humanidad son una catástrofe del humanismo, son crímenes de alcance universal y de los cuales desafortunadamente se tienen múltiples datos históricos, pues como olvidar que en el año de 1933 con el ascenso de Adolf Hitler como canciller el partido nazi, surgió una de las masacres más brutales y masivas del mundo pues, tras su afán de reestructurar la composición étnica de Europa, realizó múltiples asesinatos para el exterminio de todos los judíos europeos y de la población gitana europea.

Tampoco podemos olvidar los hechos atroces perpetrados en 1939 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Acontecimientos seguidos por las acciones inhumanas denominadas ``crimen sin nombre'' que se perpetraron en 1941 como consecuencia de la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética.

Pese al avance que significó la creación del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg y el mensaje internacional que representó el procesamiento de líderes nacionales en el periodo de 1950 y 1987 se perpetuaron nuevamente crímenes masivos contra poblaciones civiles, producto de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, sin embargo, esos crimines no fueron castigados pese al compromiso adquirido por diversos países.

Dichas masacres continuaron hasta situarnos en las atrocidades que se dieron en las guerras de la ex Yugoslavia, mismas que se caracterizaron por los crímenes de guerra masivos y los crímenes contra la humanidad. El conflicto en Bosnia (1992-1995) produjo en Europa algunos de los peores enfrentamientos y masacres desde la Segunda Guerra Mundial. En un pueblo, Srebrenica, 7 mil 800 hombres y niños fueron asesinados por fuerzas serbias, creándose como consecuencia el Tribunal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia (TCIY) en La Haya.

Asimismo, otro de los hechos atroces sufridos por la humanidad fue el conocido genocidio en Ruanda, se asesinaron a más de 800 mil personas, fue un asesinato de escala, alcance y rapidez devastador. Lo que a su vez dio lugar a la creación del Tribunal Criminal Internacional de Ruanda.

Y finalmente en el 2004 las declaraciones del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Colin Powell donde reconoce que el genocidio ha sido cometido en Darfur y que el gobierno de Sudán y el Janjaweed llevan la responsabilidad.

Es innegable que todos estos acontecimientos atroces no se pueden ignorar, pues como olvidar hechos acontecidos en Auschwitz en donde niños y mujeres embarazadas fueron gaseados. En Ruanda donde los niños fueron sistemáticamente suprimidos, las mujeres embarazadas fueron a menudo eviscesaradas, se dice que cuando se atrapaba una mujer tuti embarazada primero se le perforaba el estómago con la hoja de un cuchillo con el despreciable objetivo de eliminar su raza. En Alemania, en 1934, se masacraron a los nacidos de uniones de soldados negros del ejército francés y a mujeres alemanas en la Primera Guerra Mundial. En Noruega, las autoridades experimentaban en los años cincuenta y sesenta drogas mortales en niños nacidos de padre alemán durante la guerra, convertidos en parias después de 1945, retirados de su familia y colocados en instituciones especiales con la etiqueta de enfermo mental.

Es así, como la perpetración de múltiples hechos inhumanos hicieron inolvidables a personajes como Stalin, Mao, Franco, Salazar, Hiro Hito, Pol Not, Kim, Nixon, Kissinger, Amin Dada, Mobutu, Hasan II, Hoffa, Cosescou, Somoza, Pinochet, Strossner, Videla, Medici, Trujillo, Fujimori, Pérez-Jiménez, Suharto, Saddam, quienes valiéndose y abusando de la posición de poder que gozaban cometieron actos sumamente crueles e inhumanos.

Debido a esta historia de masacres perpetradas por individuos desbordados que, valiéndose de una posición de poder en algún país, han realizado atrocidades contra la humanidad, en su mayoría impunes, han enseñado al mundo, que deben emplearse todos los mecanismos legales necesarios para evitar que se repita la historia.

Sin embargo, violaciones masivas y crueles a la humanidad, son realidades que importan a la comunidad internacional, para lo cual, como ya se mencionó, se fueron creando a lo largo de la historia distintos órganos para juzgar y sancionar, órganos e individuos cuyo comportamiento se encuentra regulado por las normas del derecho internacional público.

Por ello, nos regimos por un derecho internacional humanitario así como por el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales velan por el irrestricto respeto a la persona, su vida, su salud, su dignidad, de forma tal, que uno constituye el complemento del otro.

Sin embargo, el punto más débil, y a la vez el más fuerte, del derecho internacional público y en esto aplica al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, es que, en esta disciplina, la voluntad de los Estados es el principio y el fin de todo lo que puede lograrse en estos sistemas de protección de los humanos. Esto es, dependiendo de la perspectiva de donde se analice, pues hoy en día, en virtud de la voluntad de los Estados y su cooperación es que tenemos desde un marco jurídico hasta instancias jurisdiccionales internacionales, pero también por otro lado es que existen graves problemas, situaciones en que se violentan derechos humanos y nada puede hacerse pues el Estado no juzga y no permite injerencias de organizaciones o sugerencias de las comisiones de derechos humanos.

En este sentido, el Estado mexicano, es parte de ambos sistemas de protección; sin embargo, hay mucho que aún debe hacerse para lograr que fácticamente se apliquen; es decir, que ante situaciones de graves violaciones ya sea que ocurran o que el responsable se encuentre en el territorio del Estado mexicano, debe contar con la capacidad suficiente para enfrentar las obligaciones que derivan de nuestra firma y ratificación de los instrumentos internacionales.

Estos instrumentos internacionales, de los cuales derivan dichas obligaciones son precisamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que se ratificó el 15 de marzo de 2002 y la cual dispone en su artículo primero que los crímenes de guerra y de lesa humanidad que enumera, dentro de los que se halla el genocidio, son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido; el Estatuto de Roma cuyo numeral 29 señala que los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán, entre los cuales menciona al genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; en este rubro México respecto de la adopción del Estatuto de Roma tiene la obligación de cumplir con el principio de complementariedad, que implica el poder el juzgar estos crímenes con sus autoridades pero con base en leyes afines a lo contenido en el Estatuto de Roma, de no hacerlo así la Corte Penal Internacional podrá intervenir y juzgar a los individuos que no pudo juzgar el Estado mexicano.

Por ello, consideramos oportuno que dicha propuesta de imprescriptibilidad de hechos tan atroces, debe ser adoptada y clarificada por el Estado mexicano, a fin de impedir la impunidad en este ámbito, por ello se propone plasmar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sean imprescriptibles, fortaleciendo así la protección a la integridad, dignidad, libertad, y vida de las personas, que debe prevalecer en todo sistema jurídico de representación democrática, y ante todo no podemos permitir que estos crímenes queden impunes.

Otra de las razones por las cuales se propone que esta reforma sea a nivel constitucional es que nos encontrarnos ante una clara excepción a las disposiciones generales en materia de prescripción, por ello, la misma debe implementarse en nuestra Carta Magna a fin de que no pueda ser criticada o lo que sería peor, se declarase inaplicable por contravenir a la Constitución Federal, por ello al tratarse de un régimen de excepción se propone incluirla en el numeral 22 que se caracteriza por contener disposiciones de naturaleza similar, y así se lograría dotar a dicha propuesta de armonía y congruencia, en relación al texto vigente.

Asimismo, a fin de destacar que el respeto a los derechos humanos y humanitarios por su trascendencia se anteponen a cualquier otro principio vigente en la Constitución, pues la protección en los valores fundamentales interesa a toda la sociedad mundial, se propone plasmar la imprescriptibilidad de dichos crímenes, con base en interpretación progresiva y sistemática que consiste en adaptar los textos constitucionales a la dinámica de la comunidad internacional del presente, con independencia de la obligación que de ellos emana.

Por ello, la presente reforma representa la firme convicción de que México, comparte con la comunidad internacional la postura de que ciertos crímenes no pueden quedar sin castigo sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su comisión ni el rango o posición de sus perpetradores.

No omitimos mencionar que Ecuador, Paraguay, España, Francia, Venezuela entre otros, ante dicho compromiso internacional y motivados por la misma preocupación han modificado sus legislaciones, a efecto de prever la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, inclusive alguno de ellos prevén la imprescriptibilidad en el caso de secuestro, tortura, homicidio.

Por ello, señores legisladores, los conmino a que reflexionen sobre la trascendencia de la presente reforma, pues no podemos olvidar que fueron necesarias varias décadas de esfuerzos inalcanzables para que la lucha contra la impunidad quedara plasmada en un instrumento internacional vinculante y de alcance universal, que afirma de manera categórica que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.

Debemos de pensar que ningún país está exento de sufrir males fatales llevados a cabo por el desbordamiento de gobernantes quienes, abusando de su poder, han masacrado países, no podemos permitir que dichas atrocidades ocurran y mucho menos podemos permitir que queden impunes, por ello los invito a reflexionar sobre la gravedad y urgencia de este tema.

México ha pugnado siempre por un respeto irrestricto a los derechos humanos, esta no puede ser la excepción, actuemos de forma responsable y solidaria, no permitamos que la sociedad mexicana sea víctima de una mente perversa, que sea capaz de matar de forma cruel a nuestros niños, mujeres, ancianos y no sólo ello que cometa la peor de las bajezas antes de su muerte.

La responsabilidad por dichos crímenes debe ser sometida a la impartición de justicia por instancias jurisdiccionales internacionales o nacionales ante las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, no importa cual, importa que exista sanción y un sistema firme que inhiba la comisión de tales atrocidades a la humanidad.

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en consecuencia los actuales párrafos segundo y tercero, para quedar como tercero y cuarto, respectivamente, todos del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles.

...

...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Omeheira López Reyna.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa que reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señera Presidenta.

«Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango de ley la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición del pueblo.

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto decreto que reforma el párrafo cinco del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango de ley la obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición del pueblo de México bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la alimentación constituye uno de los aspectos cruciales de la reproducción de la especie humana, en concordancia con la necesidad de reproducir las condiciones materiales de la producción en general.

Por esa razón, los seres humanos necesitan producir simultáneamente no sólo los alimentos que le son consustanciales para su sobrevivencia, sino también fabricar los instrumentos de trabajo que les permitan producir más de lo que consumen día a día, porque es la única forma en que pueden ir más allá de sus necesidades inmediatas y acumular cosas o bienes.

Esto significa que la forma en que se organizan para producir y la base material que sustenta esa organización, son fundamentales para que consigan satisfacer plenamente sus necesidades materiales en todos los sentidos.

En este contexto cabría preguntarse, ¿por qué el sistema capitalista en nuestro país no logra producir desde hace ya varias décadas los alimentos necesarios que requiere el pueblo para que tengamos autosuficiencia alimentaria y una base soberana de decisión en esta materia?

La respuesta tiene varias aristas. Una de ellas es la modalidad de acumulación capitalista que hemos adoptado históricamente, consistente en la sobreprotección que han tenido, por parte del Estado mexicano, las diversas industrias que se han desarrollado en nuestra nación.

Parte de ese desarrollo fue paradójicamente, apalancado por el sector agrícola, con claras desventajas para este sector, que durante años fue el baluarte de nuestra industrialización y transfirió enormes recursos productivos hacia el ámbito industrial a costa de su propia subsistencia.

Conforme la industria mexicana evolucionó hacia la constitución de grandes monopolios y oligopolios, la agricultura fue abandonada a su suerte y descapitalizada en un contexto de mayores exigencias para abastecer al aparato industrial de las materias primas que demandaba.

Se abrió así una desarticulación entre ambos sectores que hasta nuestros días subsiste, sólo que ahora agravada por una feroz competencia mundial tanto en la industria como en la agricultura.

En lugar de apoyar a los productores agropecuarios para superar los graves rezagos estructurales, el Estado mexicano se abocó a promover la inserción de los grandes productores capitalistas del campo al mercado mundial, dejando en el abandono a los pequeños propietarios, comuneros y ejidatarios del campo.

El resultado final de este proceso, es que ahora tenemos graves deficiencias en la producción de alimentos y en general en casi todas las actividades agropecuarias.

Hoy somos grandes importadores de alimentos, así como de materias primas agrícolas, por carecer de una base productiva nacional que satisfaga los requerimientos del país.

Además, la creación de poderosos grupos empresariales en todas las actividades económicas, condujo a una severa concentración del ingreso nacional, que hace que hoy día, los dueños de México, sean solo cien familias, frente a millones de mexicanos que viven en la pobreza y carecen de poder adquisitivo para comprar los alimentos que requieren.

El INEGI documenta este hecho en su Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares Mexicanos, donde se destaca que el 30 por ciento de las personas ocupadas en la economía mexicana concentran el 70 por ciento de la riqueza nacional, mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos, no recibe más del 30 por ciento de ese ingreso.

El resultado de todo lo anterior se caracteriza, en que la mayoría de los mexicanos está mal alimentada y al mismo tiempo, sufre de aguda desnutrición, sobre todo los niños y las mujeres pobres del campo y la ciudad.

La Sedeso reconoce que actualmente en nuestra nación existen 30 millones de personas que padecen pobreza alimentaria, es decir, que no satisfacen sus necesidades primarias de alimentación.

De acuerdo con los datos del estudio efectuado por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, con datos del año 2000, plantea que a nivel nacional el 15 por ciento de la población padece desnutrición extrema y 34 por ciento está en una situación de desnutrición alta.

Por otra parte, la escalada de los precios de los bienes básicos en los últimos 5 años, han provocado un marcado descenso en el consumo de productos fundamentales para la nutrición de las familias como la carne, el huevo, el pollo, la tortilla, la leche, el atún, el arroz, el azúcar, harina de trigo, el pan, las pastas para sopa, las verduras y hortalizas, así como todas las frutas y una larga lista más.

Compañeras y compañeros legisladores: ¿Cómo queremos tener a la población trabajadora bien alimentada y apta para el trabajo, si estructuralmente no producimos los alimentos necesarios a bajo precio?

¿Cómo queremos que la fuerza laboral de este país, soporte la brutal sobreexplotación que significa la apertura de nuestra economía al mercado mundial, si al mismo tiempo se le recorta su poder adquisitivo con escalada de precios y salarios de miseria?

Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es necesario que el Estado mexicano, asuma su compromiso y responsabilidad frente a la sociedad mexicana de garantizar la producción de alimentos básicos y el derecho a la alimentación del pueblo.

Para ello, requerimos impulsar una nueva modalidad de acumulación que privilegie el papel de coordinación del Estado en el desarrollo económico.

También es necesario subordinar el papel de la banca múltiple a los requerimientos de la producción, porque hasta ahora, la banca privada sólo presta a quienes tienen capacidad de reflujo de los créditos, excluyendo a los micro, pequeños y medianos empresarios.

Necesitamos alentar la producción de las comunidades rurales y de los ejidatarios y pequeños propietarios, promoviendo la reconversión productiva de cultivos, la asociación de los productores, la vinculación con los centros de educación superior y la multiplicación de proyectos productivos, mediante esquemas cooperativos con los asalariados del campo.

Requerimos crear una banca de financiamiento público, para garantizar que los productores de este país, tengan acceso al crédito barato y sin restricciones.

Para garantizar que los productos del campo sean competitivos y suficientes, tenemos que garantizar una distribución que rompa con el intermediarismo, para lo cual se tiene que crear un organismo estatal que regule los precios y sea a su vez, un canal de abasto de estos productos.

Compañeras y compañeros legisladores: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo cinco del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el párrafo cinco del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

...

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Asimismo, el Estado mexicano tendrá la obligación de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada de las familias mexicanas; así como la obligación de instrumentar las políticas públicas necesarias que conduzcan a la salvaguarda del derecho a la alimentación, la nutrición y la autosuficiencia alimentaria del pueblo mexicano.

...

...

...

Transitorio

Artículo Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del senador Rubén Camarillo Ortega

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

En el siguiente punto del orden del día estaba inscrita iniciativa del diputado Carlos Alberto García González , la cual ha sido retirada por el propio proponente.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Tiene la palabra el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre de los senadores Ernesto Saro Boardman, Héctor Pérez Plazota, y del mío propio, presento la siguiente iniciativa.

La Organización Mundial de la Salud establece que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también una serie de elementos como la calidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la accesibilidad, que son determinantes para garantizar este derecho.

Sin embargo, en la práctica el derecho a la salud no siempre es una garantía, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, debido a que no en todas las ocasiones se cuenta con las especialidades médicas necesarias y el personal plenamente calificado, capaz de atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Esto, sin mencionar que muchas de las instituciones de salud no cuentan siquiera con la infraestructura o adecuaciones necesarias que permitan a estas personas acceder y transitar libremente.

Además, compañeras y compañeros, resulta inconcebible que en pleno siglo XXI y no sólo en el lenguaje ordinario, sino en las propias leyes, se sigan utilizando términos tan peyorativos para referirnos a las personas con discapacidad, y más aún, cuando estos términos están plasmados en un ordenamiento que tutela uno de los derechos más importantes para el ser humano, como lo es la salud.

Así es, compañeros legisladores, por increíble que parezca, la Ley General de Salud establece dentro de su articulado el término invalidez, refiriéndose a la discapacidad o a las personas con discapacidad, además de que únicamente contempla el hecho de prevenir la discapacidad, siendo necesario en algunos casos, que no sólo sea prevenible sino que hagan acciones en materia de habilitación y rehabilitación.

Ahora bien, no hay que olvidar que, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos comprometimos a realizar la armonización de las leyes nacionales a la referida convención, a través de la homologación de términos y conceptos, además de adoptar lo establecido en el mencionado ordenamiento internacional dentro del marco jurídico nacional, con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad.

Tal es el caso del derecho a la salud, garantizado por el Estado mexicano dentro del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que deben tener acceso todos los habitantes del territorio nacional por el simple hecho de serlo, sin importar cualquiera que sea su condición y al cual, según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, sólo tiene acceso 44.9 por ciento de los aproximadamente 10 millones de personas con discapacidad que viven en el país.

Por ello es urgente que trabajemos en pro al respeto al derecho de la salud de las personas con discapacidad, con la finalidad de materializar de una vez por todas uno de los derechos más importantes que tenemos como sociedad y que a través de los años no ha sido garantizado íntegramente, por lo que una vez más y seguro de contar con el apoyo de ustedes, los invito a que sigamos trabajando a favor de la promoción y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y, por ende, del respeto de los derechos de toda la sociedad.

Finalmente, me permito solicitar a la Presidencia que la presente iniciativa sea íntegramente insertada en el Diario de los Debates, así como que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria, ya que la original ---que ya fue publicada--- fue ligeramente adicionada. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman, senadores de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible, las cuales comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, viviendas adecuadas y alimentos nutritivos, por lo que elimina la errónea idea de que el derecho a la salud se limita a estar sano desde el plano físico solamente.

Este derecho a la salud se encuentra establecido dentro de diversos tratados internacionales, como por ejemplo:

Señala la OMS que para hacer operacionales las medidas establecidas en los diferentes instrumentos internacionales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en 2000 una Observación General sobre el Derecho a la Salud, la cual establece que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda apropiada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, además del acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud.

Según la Observación General, este derecho a la salud abarca los cuatro elementos siguientes:

Al mismo tiempo puntualiza que el derecho a la salud impone a los Estados Partes tres tipos de obligaciones, a saber:

La Observación General sobre el Derecho a la Salud, recuerda también que el derecho a la salud comprende obligaciones básicas referentes al nivel mínimo esencial del derecho. Aunque ese nivel no se puede determinar en abstracto porque es una tarea nacional para guiar el proceso de establecimiento de prioridades se enumeran los siguientes elementos fundamentales: atención primaria de salud esencial; alimentación esencial mínima nutritiva; saneamiento; agua limpia potable, y medicamentos esenciales.

Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; esa estrategia y ese plan deberán ser elaborados y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; que deberán prever indicadores y bases de referencia que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados, y prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.

Por último, para la OMS los Estados Partes deben adoptar medidas de conformidad con el principio de realización progresiva, lo que se traduce en la obligación de avanzar lo más expedita y eficazmente posible, tanto por sí mismos como con la asistencia y la cooperación internacionales, hasta el máximo de los recursos que dispongan.

2. En la práctica, el derecho a la salud no siempre es una garantía, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, debido a que no en todas las ocasiones se cuenta con la infraestructura o adecuaciones necesarias que permitan a estas personas acceder libremente a las instalaciones de salud; además de que las instituciones públicas adolecen de las especialidades médicas necesarias y del personal plenamente calificado, capaz de subsanar y atender las necesidades de las personas con discapacidad.

Al respecto, es preciso citar el artículo 4° Constitucional que a la letra dice:

Como se puede ver, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la impartición del derecho a la salud sin restricción alguna, por lo que el Estado no se basa ni puede hacerlo, en la condición que presente o pueda presentar cierta persona para otorgárselo o no.

3. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 25 lo siguiente:

Como se dijo anteriormente, la OMS considera a la accesibilidad como un elemento fundamental para garantizar el derecho a la salud. Concepto que no se limita a contar con los medicamentos y condiciones sanitarias aceptables, sino también a la inexistencia de barreras físicas que impiden a las personas con discapacidad desenvolverse con la mayor independencia posible. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece lo siguiente:

De esta forma la Convención garantiza y promueve íntegramente el derecho a la salud en el sentido más amplio y del cual deben gozar las personas con discapacidad, sin limitantes ni restricciones.

4. En cuanto a la legislación nacional interna, la Ley General de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 7, que las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral, para lo cual las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, diseñarán, ejecutarán y evaluarán programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y rehabilitación de las diferentes discapacidades.

Asimismo, establecerán los programas de educación para la salud, celebrarán convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas; implementarán acciones de capacitación y actualización dirigidos al personal médico y administrativo para la atención de la población con discapacidad; implementarán mecanismos para garantizar servicios de atención y tratamiento psicológicos; elaborarán y expedirán normas técnicas para la atención de estas personas; ofrecerán información, orientación y apoyo psicológico, tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares, y crearán programas de educación, rehabilitación y orientación.

Por su parte, el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la Secretaría de Salud el establecimiento y conducción de la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente.

También es la encargada de crear y administrar establecimientos de salubridad, asistencia pública y terapia social; planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud, y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud.

Asimismo, de conformidad con la Ley, la Secretaría de Salud propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema; determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes; dictará las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social; ejecutará el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de drogas y productos medicinales, y pondrá en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores.

A su vez, la Ley General de Salud, materia de la presente iniciativa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y se define como la ley que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Sin embargo, en lo que respecta a las personas con discapacidad nos encontramos con que la Ley General de Salud no cumple a cabalidad con los requisitos mínimos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que el trato que les da a ellas resulta despectivo y obsoleto.

En su articulado no se han realizado adecuaciones tan sencillas como cambiar el término ``invalidez'' por el de ``discapacidad'' o ``personas con discapacidad''. Al mismo tiempo, se estima necesario dar una atención más integral a la discapacidad, garantizando que esa condición no sea solamente prevenida, sino también habilitada y rehabilitada.

Al respecto, debemos tener claro que la rehabilitación es el conjunto de procedimientos médicos y psicológicos para que una persona con discapacidad alcance el más completo potencial físico, psicológico, etcétera, intentando con ello restaurar los efectos producidos por la discapacidad. Es así que la rehabilitación debe actuar tanto en la causa de la discapacidad como en los efectos que esta produce, en tanto que la habilitación se refiere a los procesos terapéuticos, educativos y sociales aplicados a individuos que han sufrido una discapacidad antes de adquirir una habilidad propia dentro de su desarrollo.

Resulta oportuno advertir que para el pleno funcionamiento de la habilitación y rehabilitación, es necesario que estos procesos estén coordinados en el desarrollo de las habilidades funcionales de cada individuo, a través de objetivos claramente establecidos que tengan como finalidad obtener el máximo nivel de independencia.

Es en este sentido que otra de las finalidades de la iniciativa es garantizar que las instituciones médicas o de salud cuenten con las adecuaciones necesarias que les permitan el libre acceso y tránsito a las personas con discapacidad dentro de estas.

Por último, es urgente que trabajemos en pro del respeto del derecho a la salud de las personas con discapacidad, con la finalidad de materializar de una vez por todas uno de los derechos más importantes que tienen estas personas, inherente a ellos por el simple hecho de serlo y que a través de los años no ha sido garantizado íntegramente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud

Artículo Único: Se reforman la fracción XIX del artículo 3o., la fracción III del artículo 6o., los artículos 46, 59, la fracción VI del artículo100, la fracción I del artículo104, la fracción III del artículo 112, el Título Noveno incluidos el artículo 167, las fracciones I, II y IV del artículo 168, los artículos 171 y 173, las fracciones I a VII del artículo 174 y los artículos 175, 177, 178 y 180, además de la fracción I del artículo 254, el artículo 300, la fracción I del artículo 326, y los artículos 332, 465 y 467, todos de la Ley General de Salud para quedar como siguen:

Artículo 3o . En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

Artículo 6o . El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

Artículo 46 . La construcción y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, se sujetará a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes, garantizando que estos establecimientos cuenten con las adecuaciones necesarias que permitan el libre acceso y tránsito a las personas con discapacidad.

Artículo 59 . Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad.

Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:

Artículo 104 . La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley de Información Estadística y Geográfica y con los criterios de carácter general que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

Artículo 112 . La educación para la salud tiene por objeto:

Título Noveno De la Asistencia Social y la Prevención, Habilitación y Rehabilitación de la Discapacidad

Artículo 167. Para los efectos de esta Ley, se entiende por Asistencia Social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las personas con discapacidad y personas en estado de necesidad o desprotección, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:

Artículo 171. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores, ancianos y personas con discapacidad, sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad aquella deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la sociedad, en igualdad de condiciones.

Artículo 174. La atención en materia de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad comprende:

Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad, además de que coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines.

Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de habilitación y rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas con discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

Artículo 178. El organismo del gobierno federal previsto en el artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de habilitación y rehabilitación, además de realizar estudios e investigaciones, en materia de discapacidad, así como participar en programas de rehabilitación y educación especial.

Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Artículo 254. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente:

...

Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

Artículo 332. La selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.

No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los representantes legales del menor.

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes legales del menor.

En el caso de las personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto descrito en este artículo y otras personas sujetas a interdicción, no podrá disponerse de sus componentes en vida ni después de su muerte.

Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la conducta se lleva a cabo con menores, personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto descrito en este artículo, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

Artículo 467. Al que induzca o propicie que menores de edad o personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto, consuman, mediante cualquier forma substancias, que produzcan efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, senador Tamborrel. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y publíquese en el sentido que el senador Tamborrel nos lo está haciendo llegar, en los términos, aquí a la Mesa Directiva.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte por favor la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que pueda ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de que asista a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala.

Con fundamento en los artículos 78 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116, 122, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y a partir del análisis de la iniciativa referida, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 4 de enero de 2008, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, remitió a esta soberanía oficio por el que solicita permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala, los días 13 y 14 de enero de 2008.

Esta solicitud responde a la invitación que le extendió el saliente presidente Óscar Berger Perdomo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país, y del propio ingeniero Álvaro Colom Caballeros, Presidente electo, que en la reunión que sostuvo con el Presidente Calderón, el pasado 16 de noviembre de 2007, lo hizo de manera directa.

La relación diplomática de México y Guatemala es de las más longevas de nuestro país. Desde hace 180 años establecimos relaciones de cooperación y diplomacia. Los lazos de unión de ambas naciones son muy significativos por nuestros rasgos culturales, sociales e históricos.

La relación bilateral de México y Guatemala es fundamental para ambas naciones. La frontera común de 967 kilómetros impone fuertes retos en materia de migración, seguridad fronteriza, combate a la delincuencia organizada, por mencionar algunos. Lo que hace necesario que se extiendan y se garantice esta relación con el pueblo guatemalteco para atender los asuntos de la agenda común bilateral.

Además, Guatemala en materia comercial reviste una gran relevancia para México. Ese país es la economía más grande de Centroamérica. El Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte suscrito en 2001, muestra el grado de integración comercial que existe entre ambos países, Guatemala es ahora el segundo socio comercial en importancia de esa región para nuestro país. En este contexto, la agenda económica de ambos lados de la frontera es primordial para nuestros países.

Adicionalmente, la Comisión Permanente, el pasado 4 de enero, reconociendo esta amistad y los lazos de interés mutuo que existe entre ambos pueblos, extendió una cordial felicitación al presidente electo de Guatemala, ingeniero Álvaro Colom Caballeros, por su próxima toma de protesta y, le deseó, al mismo tiempo, el mejor de los éxitos en su encargo.

Bajo esta tesitura, los integrantes de la Segunda Comisión estiman que es trascendental la asistencia del Presidente Felipe Calderón a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial en la República de Guatemala.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 17 de diciembre de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Édgar Eligio Garduño Sánchez, Rosalba Murcia Vázquez y Teresita Vergara Valderrama, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Honduras, en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de la República de Corea, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Édgar Eligio Garduño Sánchez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Honduras, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Rosalba Murcia Vázquez, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Embajada de la República de Honduras, en México.

Articulo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Teresita Vergara Valderrama, para prestar servicios como recepcionista, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de la República de Corea, en México.

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 17 de noviembre de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gabriela Frayre Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en los consulados de los Estados Unidos de América; en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco y en Mérida, Yucatán, respectivamente.

En la sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 4 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Frayre Muñoz, para prestar servicios como asistente de visas, en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Verónica Franco Vidaurri, para prestar servicios como secretaria en la sección consular, en el consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Nahum Nathanael Sears Travis, para prestar servicios como asistente en prevención de fraudes, en el consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Es de primera lectura.

* PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, Secretario. Se dispensa la segunda lectura. Entonces, proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de decreto.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Proyecto de decreto. Artículo único. Se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2008.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No habiendo quien haga uso de la palabra ni habiendo registro alguno de los señores legisladores, esta Presidencia le pide a la Secretaría que consulte a la asamblea si el artículo único del decreto se encuentra suficientemente discutido; lo que doy como tal, puesto que no hay legisladores inscritos.

Por tanto, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Recogeré la votación de viva voz:

El diputado Manuel Portilla (desde la curul): Por la negativa.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): A favor.

El senador Luis Walton Aburto (desde la curul): A favor.

El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): A favor.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): A favor.

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (desde la curul): Se abstiene.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (desde la curul): Se abstiene.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez (desde la curul): Se abstiene.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Abstención.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): A favor.

El diputado Joel Arellano Arellano (desde la curul): A favor.

El senador Héctor Pérez Plazola (desde la curul): A favor.

El diputado Gregorio Barradas Miravete (desde la curul): A favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): A favor.

La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): A favor.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): A favor.

La diputada Omeheira López Reyna (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto García González (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): A favor.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): A favor.

El senador Carlos Lozano de la Torre (desde la curul): A favor.

El senador Alfonso Elías Serrano (desde la curul): A favor.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): En pro.

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Abstención.

El senador Alejandro González Yáñez (desde la curul): Abstención.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): Abstención.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): A favor, Cuauhtémoc Velasco.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Portilla, a favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Senador Rueda, a favor.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Camarillo, a favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Se emitieron 26 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, Secretario.

Aprobado el proyecto de decreto por 26 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de la República de Guatemala. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales .

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo, relativos a las solicitudes de permisos de ciudadanos.

Consulte entonces la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 15 de noviembre de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, Israel Cervantes Salinas, Olaya Delgado Antillon, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América, en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América, en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del artículo 37 Constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, para prestar servicios como empleada de visas en la sección de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Israel Cervantes Salinas, para prestar servicios como asistente en pasaportes y servicios a ciudadanos en la sección consular, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Olaya Delgado Antillon, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jaime César García Hernández, para prestar servicios como chofer en el área ejecutiva, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano José María Rico Murrieta, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano José Jonathan Reyes Saucedo, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Asís Abraham Daguer y Abelardo Vara Rivera, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Líbano y del Reino de Dinamarca.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Asís Abraham Daguer, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Cedro Nacional'', en grado de Comandante, que le otorga el gobierno del Líbano.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Abelardo Vara Rivera, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden de Dannebrog'', en grado de Caballero, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado articulo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 26 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Patricia Zamarripa Portillo, Nicolás Torres Rodríguez, María de Lourdes Magaña Vázquez y Esperanza Salazar Ruiz Ibarguen, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en los consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua; y Guadalajara, Jalisco; respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 19 de diciembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los consulados de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Guadalajara, Jalisco, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del Apartado C), del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Patricia Zamarripa Portillo, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Nicolás Torres Rodríguez, para prestar servicios como auxiliar de limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Magaña Vázquez, para prestar servicios como auxiliar de limpieza, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Esperanza Salazar Ruiz Ibarguen, para prestar servicios como auxiliar en la sección consular, del Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 30 de octubre y 7, 8 y 30 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sandra Paola García Jiménez, Isabel María Valdez Pérez, José Antonio Cosío Pérez y Belinda Frías Núñez, puedan prestar servicios en las embajadas del Japón en México, del Reino de Noruega en México, en la Delegación Especial de Palestina en México y en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajadas del Japón en México, del Reino de Noruega en México, en la Delegación Especial de Palestina en México y en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia en México; serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del Apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Sandra Paola García Jiménez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Japón, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Isabel María Valdez Pérez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Noruega, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Cosío Pérez, para prestar servicios como chofer, en la Delegación Especial de Palestina, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Belinda Frías Núñez, para prestar servicios como asistente task force, en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia, en México.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Luis Martínez y Hernández, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Jinete de Madara, en primer grado y de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de comendador (división civil), que le otorgan los gobiernos de las repúblicas de Bulgaria y de Hungría, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado c), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Luis Martínez y Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Jinete de Madara, en primer grado y de la Orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de comendador (división civil), que le otorgan los gobiernos de las repúblicas de Bulgaria y de Hungría, respectivamente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Selma Ancira Berny y Luis Maldonado Venegas, puedan aceptar y usar la Medalla de Aleksandr Pushkin y la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de comandante, que les otorgan los gobiernos de la federación de Rusia y de Líbano, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado c), del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Selma Ancira Berny, para aceptar y usar la Medalla de Aleksandr Pushkin, que le otorga el gobierno de la federación de Rusia.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Maldonado Venegas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Cedro Nacional, en grado de comandante, que le otorga el gobierno de Líbano.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Está a discusión e dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra y para los efectos del artículo 134 de Reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de noviembre de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Javier Treviño Cantú, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 19 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará al gobierno de la República de Corea, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del Apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, la comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Javier Treviño Cantú, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interno. Por la afirmativa, su servidor. De viva voz:

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): A favor.

El diputado Gregorio Barradas Miravete (desde la curul): A favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Sí.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Villanueva Abraján (desde la curul): A favor.

El senador Luis Walton Aburto (desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): A favor.

El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): A favor.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): A favor.

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (desde la curul): A favor.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (desde la curul): A favor.

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Justiniano González Betancourt (desde la curul): A favor.

El diputado Joel Arellano Arellano (desde la curul): A favor.

El senador Héctor Pérez Plazola (desde la curul): Sí.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): En pro.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): A favor.

La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): A favor.

La diputada Omeheira López Reyna (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto García González (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): A favor.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): A favor.

El senador Alfonso Elías Serrano (desde la curul): A favor.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): En pro.

El senador Carlos Lozano de la Torre (desde la curul): A favor.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. Portilla, a favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: A favor.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: A favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Señor Presidente, se emitieron 33 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: ¿Treinta y tres?

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Treinta y tres.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Aprobados los proyectos de decreto por 33 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

GRADOS MILITARES

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: El siguiente punto en el orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Secretario.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: ¿Sí?

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): ¿Cuál es el asunto que estamos tratando? ¿En dónde está?

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Hay en el orden del día, señor senador, un grupo de dictámenes que se van a poner a discusión en la asamblea y lo que se está pidiendo es que se omita la lectura completa y que solamente se dé lectura al punto de acuerdo, al resolutivo. Así es, señor senador.

Continúo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Se autoriza, entonces. Se solicita a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel ingeniero industrial diplomado de Estado Mayor, Rolando Enrique García Rodríguez como coronel ingeniero industrial diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel ingeniero industrial diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel ingeniero industrial diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel ingeniero industrial diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rolando Enrique Garza Rodríguez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel médico cirujano, Abelardo Galindo Parra, como coronel medico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envío a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Abelardo Galindo Parra.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor Mario Castro Méndez como coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Mario Castro Méndez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Justicia Militar y licenciado José Raúl Celedon Lamas como coronel de Justicia.

Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión, envió a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte;

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Justicia Militar y licenciado, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Justicia Militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Justicia Militar y licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano José Raúl Celedon Lamas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007: por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, Esau Rodríguez Cuéllar como coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Esaú Rodríguez Cuéllar.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Juan Alfredo Montoya Valdés como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Montoya Valdés.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Justicia Militar y licenciado, José Carlos Beltrán Benites, como coronel de Justicia Militar y licenciado, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Justicia Militar y licenciado, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Justicia Militar y licenciado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se ratifica el grado de coronel de Justicia Militar y licenciado, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano José Carlos Beltrán Benites.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Rafael Ura Benseman como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rafael Lira Benseman.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Mario Alberto Escamilla Pérez como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión, envió a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Mario Alberto Escamilla Pérez.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión de Trabajo.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de infantería Efraín Escobar Juncos como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis dé los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Efraín Escobar Juncos.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Bien, entonces si no hay quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Entonces están aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentras publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, a coordinarse en el ámbito de sus atribuciones y facultades para implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en esa localidad

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicita al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, para que se coordinen, a fin de implantar el sistema de apertura rápida de empresas en esa localidad.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 19 de diciembre de 2007, el diputado Carlos Alberto García González , presentó un punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, para que se coordinen, a fin de implantar el sistema de apertura rápida de empresas en esa localidad.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 8 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

5. La propuesta que se analiza establece que tanto la Cofemer como el gobierno de Matamoros se coordinen, cada uno en el ámbito de sus atribuciones y facultades, a fin de que se implante un SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) en el municipio.

Considerandos

1. Actualmente la Cofemer cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, programa permanente de la administración pública, cuyo objetivo es el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo, facilitar su realización y promover su resolución ágil y expedita por medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la simplificación de trámites.

Programa que se dirige principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ya que este tipo de empresa es el que generalmente realiza actividades de bajo riesgo.

2. La apertura de nuevos negocios involucra a los tres órdenes de gobierno; por lo que resulta indispensable coordinar acciones para agilizar y reducir al mínimo los trámites correspondientes.

En gran parte, el éxito del SARE depende de su implantación en estados y municipios, ya que éstos establecen diversas regulaciones y trámites para que un nuevo negocio pueda constituirse e iniciar operaciones en su territorio.

En la mayoría de los estados y municipios para implantar un esquema de apertura rápida de empresas es fundamental la incorporación de los trámites de uso de suelo y licencia de funcionamiento.

3. Por ello una de las principales líneas de acción de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria es brindar asesoría a estados y municipios en el desarrollo de diversos proyectos, en los que se encuentra el Desarrollo de Sistemas de Apertura Rápida de Empresas.

4. La Cofemer, por medio de su Coordinación de estados y municipios, brinda asesoría y capacitación a los servidores públicos estatales y municipales, a fin de que se desarrollen de manera coordinada esquemas similares al SARE federal, en donde se minimicen y agilicen los trámites para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas de bajo riesgo, particularmente las Mipymes, impulsando la creación de ciudades competitivas.

5. La comisión dictaminadora reconoce y comparte la necesidad de establecer en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, un Sistema de Apertura Rápida de Empresas en virtud de ocupar el primer lugar entre las ciudades de Tamaulipas en importancia económica, como lo afirma el autor del punto de acuerdo. Actividad económica que se centra principalmente en la industria de la transformación.

6. Consideramos que Matamoros tiene la capacidad de potenciar el nacimiento y crecimiento de varias empresas, y en consecuencia la creación de nuevos empleos así como el desarrollo económico para el Municipio como para el Estado de Tamaulipas.

7. De las consideraciones que anteceden, se busca exhortar a la Cofemer y al Ejecutivo municipal, para que a través de las instancias correspondientes, se lleven a cabo las acciones y trámites en las instancias correspondientes, y así implantar el SARE en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, a que se coordinen en el ámbito de sus atribuciones y facultades, para implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el municipio.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no existe orador registrado, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que explique los criterios con que fue elaborado el proyecto de reglas de operación para el Programa Especial Concurrente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 19 de diciembre de 2007, el senador Adolfo Toledo Infanzón, presentó un punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 8 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

``Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente.''

Considerandos

1. La comisión dictaminadora reconoce la trascendencia de los hechos que dan sustento a la proposición que se examina, en virtud de tratarse de programas tan sensibles como los dirigidos a uno de los sectores más vulnerables del país, como lo es el campo.

Derivado de la aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en el que se destinan 204 mil millones de pesos al sector agropecuario, el Ejecutivo federal se comprometió a establecer nuevas reglas de operación, con la finalidad de aplicar dichos recursos de manera eficiente, transparente y oportuna.

El objetivo tanto de otorgar un mayor presupuesto al sector agropecuario, así como elaborar nuevas reglas de operación, radica en evitar entregar los recursos a destiempo, de manera desfasada, sin transparencia y no tener más un campo vulnerable, devastado y rezagado.

2. Por ello, el Congreso de la Unión ha realizado esfuerzos para que el gobierno federal, a través de las instancias competentes, reconsideren la elaboración de las Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente; a través de las siguientes acciones:

3. De las consideraciones que anteceden, se busca exhortar al gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, para que reconsidere de manera urgente los criterios adecuados para el rediseño de las Reglas de Operación del Programa Especial Concurrente, reglas que deben responder a los criterios de objetividad, transparencia y eficacia y apegadas a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.

4. Por ello esta comisión se suma al llamado que en días pasados hizo la Cámara de Diputados al secretario de la Sagarpa, para que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de Reglas de Operación para el Programa Especial Concurrente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente...

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Va a pasar?

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Sí.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputado, por favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Gracias, Presidenta.

A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional quiero argumentar por qué votamos el dictamen a favor de la comparecencia del secretario de Agricultura ante esta Comisión Permanente.

En principio, por la relevancia que tienen las reglas de operación para la competitividad y para el acceso de los recursos para los productores mexicanos, pero además por la coyuntura política, económica y social que en este momento se encuentra nuestro país derivado de la apertura comercial de los productos agrícolas y pecuarios dentro del Tratado de Libre Comercio.

Al comenzar este año 2008 nos encontramos ante un grave problema que requiere de toda nuestra sensibilidad, no sólo porque a mediano y largo plazos va en juego la estabilidad económica del país y su soberanía, sino porque de manera inmediata miles de familias mexicanas que viven del campo verán afectada su ya de por sí precaria economía. No podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que el Acuerdo Nacional para el Campo se ha incumplido y que no se han protegido a nuestros productores frente al desmantelamiento causado por la entada en vigor de varias disposiciones del Tratado de Libre Comercio, particularmente la liberación arancelaria de mil 100 productos, entre ellos el maíz, el frijol y la leche.

Debemos de recordar que el Acuerdo Nacional para el Campo no fue concebido como una dádiva presidencial, sino que fue creado como el primer convenio interinstitucional que involucró a todas las dependencias del gobierno federal en torno a los grandes problemas de la sociedad rural.

La trascendencia histórica y política del Acuerdo Nacional para el Campo nace de sus propios orígenes, surgió como resultado de la participación autónoma y democrática de las organizaciones campesinas en el contexto de la pluralidad democrática que promueve y respeta el gobierno, y que fue construido a partir de iniciativas y propuestas de la sociedad rural, privilegiando el diálogo y la negociación.

En los considerandos del Acuerdo Nacional para el Campo se establecía que la globalización de los mercados y la integración en bloques comerciales regionales son procesos mundiales de los cuales México no puede sustraerse, por lo que se requería de una participación activa y preactiva por parte de nuestro país.

En este acuerdo nacional se ubicaba al sector rural como un sector estratégico para la nación y parte fundamental de la soberanía y seguridad alimentaria del país, definiendo como prioridad para la sociedad mexicana su desarrollo y como imperativo de justicia social para reconocer que durante décadas aportó al desarrollo del país.

Dentro de los compromisos, como el del número 50 del Acuerdo Nacional para el Campo, establecía que el Ejecutivo federal, con base en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes respectivas, iniciaría de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, con el objeto de revisar lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para maíz blanco y frijol y convenir con las contrapartes, al sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones a cualquier otro equivalente que resguardara los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y la seguridad alimentaria, cosa que desgraciadamente el Poder Ejecutivo de la pasada administración federal no realizó y en lo que va de ésta tampoco se ha hecho.

La problemática anterior prevé un desmantelamiento brutal al agro mexicano y un retroceso social gravísimo, si tomamos en cuenta además los índices de desempleo, migración y pobreza. Cuando un país como el nuestro se encuentra en una brutal desventaja, la globalización y apertura de los mercados se convierte en un obstáculo más que en una oportunidad, particularmente si las políticas gubernamentales se niegan a reconocer la riqueza natural con que se cuenta, e insisten en la negativa de invertir recursos en aras de recapitalizar al sector agropecuario.

Bajo lo anterior, en este orden de ideas, es menester señalar con toda puntualidad y precisión que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor de los productores mexicanos, por lo que realizará las acciones conducentes a efecto de proteger sus derechos y su economía. Tan es así, que votamos a favor de la presencia y comparecencia del secretario de Agricultura.

Nos pronunciamos en contra de convertirnos en un país consumidor y desechar la oportunidad de convertirnos en un importante productor que nos permita transitar por los senderos económicos más firmes y tener una auténtica soberanía, incluyendo la alimentaria.

Rechazamos cualquier análisis simplista, como el que la Sagarpa y la Secretaría de Economía han venido haciendo a través de desplegados en la prensa nacional en donde, en síntesis, señalan que los mexicanos compraremos más barato; que el gobierno no ha abandonado a los productores; que Estados Unidos y Canadá compran más a nuestros productores y que estas medidas no generan más pobreza. Lo rechazamos tajantemente.

Además, porque faltan a la verdad o dicen una verdad a medias. La realidad es que los productores mexicanos no tienen el apoyo suficiente, el país dejará de producir y de generar riqueza; el campo mexicano perderá vigor y nuestra soberanía sufrirá una brutal embestida.

Es un buen paso la reducción de las tarifas eléctricas, pero no es suficiente. Para poder competir en igualdad de condiciones los campesinos mexicanos requieren de mayores insumos a precios razonables y de una decidida intervención del gobierno.

Por ello, estamos ciertos que el rumbo de nuestra nación no puede descansar en medidas coyunturales y desleales al pueblo de México; por el contrario, es necesaria una rectoría estatal eficiente, con visión federalista, capaz de diseñar e instrumentar políticas de fomento y postulados sociales para atemperar las desigualdades, erradicar la pobreza y enfrentar la insensibilidad de la economía internacional.

En este sentido, nos pronunciamos por la construcción de un nuevo equilibrio que signifique que, a más mercado corresponde un Estado con responsabilidad social, en aras de consolidar un sector productivo eficiente y competitivo que contribuya al desarrollo nacional, el cual debe participar en la definición de la política económica.

Es momento de tomar medidas eficientes, de expandir el mercado interno y de fomentar la inversión productiva, financiada con más ahorro nacional y en el desarrollo de una estructura productiva, acorde a nuestra disponibilidad de recursos naturales y su vocación productiva.

Es tiempo de preservar, fortalecer y crear nuevas instituciones para la adecuada gestión de la economía, en donde se contemple el otorgamiento de créditos a programas a largo plazo en regiones del país que no tienen acceso a la banca comercial y para la atención de sectores que no son sujetos de crédito.

Es evidente que el sector rural requiere aumento de su productividad, con nuevas tecnologías, mayor capitalización, financiamiento preferente, infraestructura y capacitación con esquemas de comercialización más eficientes, y redistribuirse de ingresos, con capacidad organizativa de los productores para defender sus precios y elevar sus rendimientos; incluyendo esquemas cooperativos y de asociación con industriales y comercializadores, y con mejor aprovechamiento de nuestra vocación productiva por regiones para ser competitivos en nuestra inserción en el mundo globalizado.

Por ello, señores, se requiere no sólo la solidaridad y la buena voluntad del Ejecutivo; se requiere también de toda su responsabilidad, eficiencia y capacidad de gobierno.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la finalidad de los tratados comerciales internacionales es facilitar el acceso a otros mercados y ofrecer oportunidades a plantear, desde luego, una mayor competencia.

Es por ello que el gobierno mexicano debe impulsar el de-sarrollo de las capacidades para competir de quien se encuentre en desventaja ante las nuevas condiciones de competencia internacional: persona, empresa, sector o región.

En este tenor es que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional demanda que se ejerzan a plenitud todos los mecanismos jurídicos de defensa de los productores nacionales, industriales y rurales, para salvaguardar los intereses nacionales.

No es negada la realidad de la grave situación que vive el campo mexicano, a través de desplegados o usando la cadena nacional. ¿Cómo podrán enfrentarse los retos que tiene el sector agrícola en nuestro país?

Hemos impulsado desde esta tribuna la generación de un espacio amplio para el análisis y discusión de la implicación del Tratado de Libre Comercio Agrícola, porque sabemos que se trata de un asunto de Estado y que el gobierno de nuestro país debe tener el respaldo del Congreso para discutir con los socios comerciales de México la revisión de este capítulo.

En este tema tan grave para el futuro y la viabilidad del país esperamos mayor sensibilidad, mayor seriedad y menos cuentas alegres, como es lo que ha venido realizando el secretario de Agricultura. Por eso votamos a favor su presencia en esta Comisión Permanente. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Salvador Barajas. Tiene el uso de la palabra el senador Silvano Aureoles.

El senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, Presidenta. Nosotros vamos a votar a favor del dictamen para que comparezca el secretario de Agricultura, porque el tema central, compañeras y compañeros, tiene que ver con las reglas de operación.

En materia de aplicación de los programas que tienen que ver con el campo, hemos ido de mal en peor. Se trabajó mucho, se discutió mucho después de la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que se integraran los espacios de discusión y de análisis de los temas centrales que tiene que ver con el campo.

Uno de ellos, por mandato de ley, es el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, que es el órgano máximo establecido por la ley, el espacio para discutir y aprobar las reglas de operación, porque además, ahí concurren también el resto de las once secretarías que integran la Comisión Intersecretarial. Ahí es donde se tiene que discutir el tema central de reglas de operación. También establece la ley que esta Comisión Intersecretarial la encabeza la Secretaría de Agricultura como cabeza del sector.

Pero es muy grave, compañeras, compañeros, es muy grave que en las últimas semanas del mes de diciembre, los integrantes del consejo mexicano decidieron que no podían continuar revisando el tema de reglas de operación en el marco del consejo, en virtud de que el titular de Agricultura se mantenía en una postura muy terca. Eso fue lo que vimos en los medios, esas fueron las expresiones de los productores. No se puede negociar nada con el secretario de Agricultura del país.

No tiene sentido, se rompe la interlocución y la discusión porque no hay sensibilidad, no hay interés, no hay compromiso del secretario de Agricultura. Eso fue lo que vimos en la prensa, en los medios.

Luego citaron a comparecer al titular de Agricultura a la Cámara de Diputados. Le dijeron de todo al secretario; que era cínico, inepto. Algo debe haber de eso. Le dijeron de todo al secretario y no hizo más que cambiar de color ---en el mejor de los casos---, pero al final del camino dijo: ``de todos modos voy a publicar las reglas de operación''. Las publicó el 31 de diciembre pasado sin importar propuestas, planteamientos, quejas. Nada, nada le importó al secretario y publicó las reglas de operación.

Y es cierto, como lo han dicho algunos funcionarios del gobierno federal, que es una facultad del Ejecutivo publicar sus reglas de operación de los programas; pero también la ley establece, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que esas reglas de operación se tienen que discutir en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, cosa que no sucedió.

Esto se ha encaminado por una ruta muy complicada, compañeros, porque ya no quieren hablar con el secretario de Agricultura los secretarios de Agricultura de los estados; suspendieron también el diálogo los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. No quieren saber nada del secretario.

También suspendieron el diálogo con el secretario todas las organizaciones de productores. Bueno, hasta sus aliados permanentes los han abandonado ahora, los del Consejo Nacional Agropecuario. Hasta ese organismo cupular del sector agropecuario ha dicho: ``no queremos nada con el titular del sector agropecuario del país, porque el secretario no ve, no oye, no siente, no nada''.

Y lo peor del caso es que hay un retroceso muy notorio, visible, de volver a retomar todos los mecanismos de instrumentación de los programas, a centralizarlos en la oficina del secretario de Agricultura.

Es un retroceso brutal el que hoy se está planteando en las nuevas reglas de operación, por eso nosotros aprobamos, vamos a apoyar que comparezca el secretario.

Pero también les adelanto que este funcionario federal trae la concha muy dura, trae como un suadero, como le llaman en el argot popular, trae un suadero muy grueso. Nada le conmueve.

Ah, pero eso sí, tiene unos spots en la tele en que dice la brillante deportista Lorena Ochoa que ha estado en muchos campos pero ninguno como el campo de México.

Qué ironía, queridos compañeros. Ése es el concepto que tiene el secretario de Agricultura del país, del campo mexicano. Eso nos habla de que el secretario del ramo confunde los campos de golf con los campos productivos. Ése es el brillante titular de Agricultura que tiene hoy el gobierno federal y de una vez yo plantearía, compañeros, que se pidiese formalmente al gobierno federal, que retiren ese spot del aire porque, por calificar lo menos, es ofensivo, lastima la dignidad de nuestros productores al lanzar esos spots al aire.

Nosotros respetamos a la deportista Lorena Ochoa, en ese terreno, pero no puede ser que ése sea el concepto que tiene el gobierno federal de los problemas del campo mexicano.

Por eso la fracción del PRD va a votar a favor, y de una vez les anticipo que no le van a sacar nada al secretario. Se va a poner verde, de todos los colores como hace 15 días que compareció, pero no se movió un milímetro de su postura de que quiere regresar al pasado, descentralizar todo, manipular todo y seguirle mintiendo a la opinión pública diciendo que el campo hoy tiene más dinero que nunca, de una vez para que sepan lo que va a decir. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Silvano Aureoles. Tiene el uso de la palabra el senador José Calzada, por favor.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa: Con su permiso, diputada Presidenta.

También en nombre del Grupo parlamentario del PRI, me permito tomar la palabra para apoyar la comparecencia, que se aprobó ayer, la comparecencia del señor secretario de Agricultura, ingeniero Alberto Cárdenas, para precisamente que comparezca, nos explique los criterios que utilizaron para la emisión de las reglas de operación de los programas agrícolas.

Hay muchas inquietudes en mi grupo parlamentario, que comparto plenamente con lo expresado por el senador Silvano Aureoles, en cuanto a la centralización de estos programas por una parte, pero también por otra parte a la obligación que se les está haciendo a las entidades federativas en materia del depósito de los recursos de pari passo para junio.

Es una situación sumamente delicada y preocupante, que inclusive algunos ejecutivos estatales ya también manifestaron su preocupación con respecto a esta acción completamente unilateral por parte de la secretaría o del Ejecutivo en materia de la publicación de las reglas. Es importante que venga con nosotros, nos explique cuáles fueron los criterios precisamente para la elaboración de dichas reglas.

Pero también en este momento, ayer lo platicábamos en la Tercera Comisión, en este momento el tema es el sector primario de México. En este momento el sector campesino, el sector agrícola reviste de una particular importancia que requiere de la plena solidaridad del Poder Legislativo, por supuesto, y de la comprensión del Poder Ejecutivo respecto al momento por el cual estamos atravesando.

El hecho de que tengamos hoy una desgravación plena respecto a los productos agropecuarios, el hecho de que más de 25 millones de mexicanos vivan en el sector rural y prácticamente se alimenten de manera escasa por tener pocos recursos para la producción, nos tiene que motivar y hacer reflexionar.

México no tiene por qué cumplir totalmente los acuerdos internacionales cuando tenemos nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que no lo hace. Hemos recibido muestras en este sentido. Tenemos un embargo del atún mexicano que data ---si no mal recuerdo--- de 1982, que no se ha podido librar; un embargo primario y un embargo secundario promovido por Estados Unidos, y no hay mecanismos comerciales que los hagan entender.

Tuvimos un embargo en materia de aguacate, creo que por 89 años, que acaba de fenecer, que, sin embargo, nos debe motivar a la reflexión de que ellos no cumplen los acuerdos comerciales que tienen firmados con nosotros, sino que obedecen a la protección de sus productores.

Me parece que es el momento en que México debe aplicar una política más nacionalista con respecto a nuestra población y con respecto a nuestros productores, de tal suerte que el diálogo que tendremos en próximos días con el secretario de Agricultura nos servirá precisamente para establecer una política que vaya de acuerdo a los intereses nacionales y no necesariamente a tratados internacionales que hoy permanecen estáticos.

Si nosotros modificamos y revisamos nuestra Constitución y revisamos nuestras leyes de manera permanente para adecuarlas a un contexto de las necesidades de la población mexicana, yo no veo por qué no podamos hacer un alto en el camino y revisar precisamente acuerdos comerciales que nos pueden hacer daño.

Precisamente por eso yo me sumo a este dictamen, para solicitar la comparecencia del señor secretario, el ingeniero Alberto Cárdenas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador José Calzada. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Barradas. E informo a la asamblea que están anotados el diputado Pablo Arreola, el diputado Cuauhtémoc Velasco y la senadora Yeidckol Polevnsky.

El diputado Gregorio Barradas Miravete: Con su permiso, Presidenta.

En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, para sumarnos ---como ayer lo hicimos en comisión, en la Tercera Comisión, que estuvimos en trabajo--- a esta comparecencia del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas.

Y sí puntualizar que el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional aprobó en el seno de estos trabajos, ayer, esta comparecencia. ¿Por qué? Porque también consideramos que el detallar reglas de operación, que ya están publicadas, es importante.

Yo creo que hay que ver también, bien, ¿cómo vamos a manejar esta comparecencia? ¿Qué impactos deben de tener? Y no dilucidar en otros temas que nos puedan perder en el abismo de esta polarización que muchos sectores intentan hacer en torno al campo mexicano.

Sí debemos conocer más el detalle de las reglas y también podamos conocer los diferentes programas que la Secretaría de Agricultura ha aplicado para el tema agropecuario, pero a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pedimos y solicitamos que si queremos discutir con responsabilidad las problemáticas del campo, saquemos del centro del debate el TLCAN, porque no tiene que ver, ni hay relación alguna entre el TLCAN y el problema emblemático del campo, que es un problema de antaño derivado de ese reparto agrario de minifundios establecidos en el país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Gregorio Barradas. Tiene el uso de la palabra, el diputado Pablo Arreola, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señora Presidenta.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo va a apoyar este punto de acuerdo, así como lo hizo el día de ayer en nuestra comisión correspondiente; nada más advirtiendo lo siguiente: la actitud del secretario Alberto Cárdenas ha sido demeritoria. La actitud que tomó en la última comparecencia aquí, en la Cámara de Diputados, dejó mucho que desear.

El PT ha manifestado ya en varias ocasiones, que él no debe ser el interlocutor de la política agropecuaria con las organizaciones campesinas y con todos los productores de México. Por eso nosotros volvemos a ratificar, el día de hoy, que debe renunciar el secretario.

Ante la soledad en que se encuentra actualmente, ante el aislamiento que tiene ya hasta de su grupo, de su grupo técnico que lo apoya en la Secretaría; debería renunciar. ¿Qué es lo que vemos nosotros atrás de esto? Y la importancia de que conozcamos cuál es la idea que tiene la Secretaría, respecto a cómo se van a ejecutar 204 mil millones de pesos, que es una cifra histórica que el campo de México no había tenido este apoyo como se dio de parte de los diputados para el 2008; de ahí que estas reglas de operación tienen aristas que tenemos que revisar.

Una de ellas es la centralización excesiva que tiene la Secretaría en las facultades para poder definir los programas estratégicos en el campo de México. Van hacia atrás, van como los cangrejos, dicen una cosa y hacen otra.

En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea como una estrategia fundamental en el campo la descentralización, la federalización bien entendida, no la centralización como lo está haciendo la Secretaría de Agricultura.

Por eso, nosotros vemos necesario que se lleve a cabo esta comparecencia, pero ojalá que fuera con otro secretario, con un nuevo secretario, alguien que tuviera más flexibilidad y más sensibilidad sobre los problemas del campo. A lo mejor él es muy amigo de la gente de los campos de golf, pero no de la gente del campo de México que se dedica a producir los alimentos que requerimos.

Se había comentado ayer, en el tenor de la discusión de nuestra comisión, la necesidad de hacerlo. Acción Nacional al inicio no planteaba la comparecencia, después de la abrumadora participación de todos y cada uno de los senadores y diputados y diputadas y senadoras para que se llevara a cabo esta comparecencia fue como accedieron.

Pero les decimos nosotros a los compañeros de Acción Nacional: deben tener una actitud más abierta, una actitud que nos permita ---como lo hicieron en la aprobación del presupuesto 2008--- transitar por mejores caminos, en este caso, sobre reglas de operación. A ustedes les conviene, a todos nos conviene que esas reglas de operación se puedan llevar en buenos términos. Como están ahorita hay problemas.

Por eso las organizaciones campesinas no quieren tener como interlocutor al secretario, y están pidiendo que sea a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.

Por eso nosotros, como Partido del Trabajo, vamos a participar fuertemente en esta comparecencia y ojalá que en estas reuniones de trabajo, que tengamos con la Secretaría, podamos hacer cambios sustanciales en la actitud de la Secretaría para este ejercicio que es importantísimo en nuestro país, de 204 mil millones de pesos.

Ratificamos nuestra decisión de que ojalá, en esta comparecencia, sea otro secretario el que esté con los diputados y lo senadores. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pablo Arreola. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco, por favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En esta tribuna ya hemos señalado anteriormente la visión del secretario de Agricultura, sobre el campo mexicano, pues que se refleja a través de esta campaña con Lorena Ochoa, sobre el campo mexicano. Que le apuestan a un campo ganador y que este campo es el campo al que debemos aspirar todos los mexicanos.

Esta visión, como aquí ha sido ya atinadamente señalada, pues es una visión distorsionada de lo que pasa realmente en el campo mexicano. Y es muy importante que nosotros señalemos esta visión, porque es una visión equivocada y la que está generando, pues que se tomen y que se den pasos que no son los más convenientes y los más recomendables para el país.

También Convergencia puntualizó en esta Comisión, la actitud inflexible e inclusive autoritaria del secretario de Agricultura. Lo dijimos con toda claridad anteriormente, y los hechos que hemos visto, las respuestas que hemos visto los últimos días, pues ponen en evidencia que continúa esta actitud de parte del secretario de Agricultura.

A pesar de que esta soberanía aprobó exhortar al secretario de Agricultura a establecer una mesa de negociación con las organizaciones campesinas, hemos visto en los últimos días una campaña de difusión, con desplegados en la prensa nacional, que ratifica nuestros señalamientos, y obviamente nuestras preocupaciones sobre esa visión, sobre esa actitud autoritaria. Se está queriendo una vez más subrayar y destacar que todo está bien, que el campo mexicano es un campo que apunta hacia un futuro maravilloso.

Y, por eso, es que a la luz de estas preocupaciones, es muy importante que nosotros comentemos la comparecencia aprobada por la Tercera Comisión del secretario en fecha próxima y que hoy está puesta a consideración del pleno de esta Comisión Permanente.

En la Comisión, obviamente ---como también ya se apunto aquí---, se preguntó si tenía sentido que volviera a comparecer cuando ya lo había hecho a finales de diciembre.

Y nosotros dijimos ---y queremos repetirlo--- que es de vital importancia, porque tienen que revisarse los criterios sobre los cuales se han construido esas reglas de operación, y revisarse en función de preocupaciones vivas, latentes, significativas para el campo mexicano, y para la vida del país.

A final de cuentas las reglas de operación son el instrumento que tiene, de que dispone el gobierno mexicano para traducir en hechos la atención o la solución de problemas a demandas específicas.

Tenemos nosotros que ver en función de lo que plantea el gobierno mexicano para el campo mexicano, por la culminación de la liberación comercial agropecuaria de estos cuatro productos que ya hemos reiteradamente señalado. Cómo se prevé atender la problemática respectiva consecuente en estas reglas de operación o cómo se piensa atender todo lo que tiene que ver con la desprotección en materia de capacidad de competencia que sufre el agro mexicano y que ahora se consolida con esta apertura; cómo a través de estas reglas de operación se va a atender y se va a tratar de subsanar o de corregir o de paliar o de enfrentar o de prever hacia el futuro.

Por eso es que para nosotros la comparecencia del secretario de Agricultura es básica y fundamental, pero también ---y con esto cierro la posición de Convergencia---, también es muy importante que insistamos en que debe de haber un cambio de actitud del Ejecutivo federal y del secretario de Agricultura en relación con el campo.

Ya aquí el senador Aureoles señalaba que de nada va a servir. Si no sirvió ésta tenemos que volver a citarlo y tenemos que, una vez más y otra vez más, alzar nuestra voz, porque no es posible que el gobierno federal, y en particular la Secretaría de Agricultura, permanezca con oídos sordos a las demandas de los campesinos de México y a los mayores intereses del pueblo mexicano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco. Tiene el uso de la palabra la senadora Yeidckol Polevnsky.

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz: Como diría León Felipe, nada más que en su caso decía: ``Me duele España''. A mí me duele el campo de México, y me duele México, y me duele más ver la insensibilidad profunda con la que se voltea a un campo con la problemática que tiene el campo mexicano.

En verdad resulta absolutamente paradójico encontrar ---y me da mucho gusto, además--- que el PRI reconoce las fallas que se tuvieron en el Tratado de Libre Comercio; que el PRI y las organizaciones campesinas reclaman un cambio a las políticas que se han llevado a cabo, porque las políticas que se han llevado a cabo hasta este momento no han dado los resultados, pero más paradójico me resulta que el PAN defienda un Tratado de Libre Comercio que no hizo, y que defienda políticas que no diseñó, cuando ni siquiera son de ellos.

Yo creo que de verdad esto es la locura total. No encuentro razón ni sentido. Me da muchísimo gusto, de verdad, ver que dentro del PRI haya sensibilidad y que esté en ese interés de defender al campo, porque el campo lo demanda, lo requiere, pero le pediría al PAN que no defiendan algo que ni siquiera hizo; que no defienda algo que es indefendible.

Sí, el Tratado de Libre Comercio ha dado buenos resultados, pero hay que ver a quiénes les ha dado esos buenos resultados. Sí tenemos empresas en el campo, exportadoras; desgraciadamente nada más son 8 por ciento de las empresas que están en el campo; 8 por ciento, no se equivoquen.

Entonces, cuando se habla de que... vale la pena aclarar: al campo lo podríamos dividir en tres grandes bloques.

Uno, de los grandes productores o grandes exportadores. Ellos han subsidiado siempre este país, subsidiaron la industrialización del país en la época de la revolución verde. Ellos eran productivos y rentables antes del Tratado de Libre Comercio, y claro que con el tratado han crecido; y qué bueno que hayan crecido, pero no son los únicos productores que tiene el campo.

Luego, tenemos otros dos grandes sectores. Uno, que es un sector de subsistencia al que hay que darle políticas distintas, porque es una economía y producción de subsistencia, de autoconsumo; pero en medio hay un gran número de productores que requieren y necesitan apoyo y respaldo, los cuales no han tenido.

¿A qué me refiero? Déjenme darles algunos datos. En 1993 el campo recibía 7 por ciento del crédito que se daba en este país, 7 por ciento es una miseria, pero hoy reciben menos. Para el 2004 el campo recibía 2.5 por ciento, o sea, la tercera parte del financiamiento que otorga este país. ¿Qué campo puede salir adelante con un financiamiento de 2.5 por ciento? Ninguno, y menos competir en una situación de ventaja con los países con los que tenemos tratado.

¿Ha llegado dinero al campo? Sí, claro que ha llegado dinero al campo, pero ¿cómo se ha distribuido ese dinero? Porque aquí el grave problema es cómo se ha operado, la ineficiencia de los programas, la ineficiencia en la forma en la que se han operado.

La inversión extranjera en el campo ha aumentado en forma importante, sí, se ha triplicado, pero la para la producción de agroindustria; para productos elaborados. Ahí, en lugar de que hubiera una política pública en México que permitiera vincular al sector primario con el sector secundario, porque el sector secundario de la industria alimentaria requiere del sector primario, dejaron solos a los dos sectores.

Entonces, en lugar de que se aprovechara, el sector secundario compra productos importados que podría estarle comprando al campo. Claro, se triplicó la inversión, pero en este tipo de productores.

Por otra parte los recursos, ¿que ha habido recursos? Sí, ha habido recursos, pero se han distribuido en una forma regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha apoyado más al que más requiere o al que más necesita, se ha apoyado más al que más tiene, al que menos necesita.

Esto quiere decir que a los productores que tienen más de 100 hectáreas se les han dado dos veces más recursos de Procampo, por ejemplo; nada más por dejar algunos datos. Mientras que, a los que menos tienen, a unos no se les ha dado nada, no se les ha apoyado y a otros se les han dado migajas.

¿Qué quiero dejar aquí claro? La revisión de las reglas de operación no es suficiente y aún el tema del tratado tampoco. Requerimos una nueva visión, necesitamos reinventar la política pública para el campo; pero con una visión no centralista como se esta teniendo, porque estamos viendo un retroceso en forma absurda al centralismo.

Necesitamos una nueva visión de política económica para el campo, necesitamos que se trabaje con los gobiernos de los estados y hacer una política diferenciada, por sector, por región y por tamaño de productor. No pueden ser ahí tratamientos a la ligera, son trajes a la medida lo que hoy requiere el campo mexicano.

¿Que lleva trabajo? Sí, sí lleva trabajo; pero yo quiero invitarlos a todos ustedes a que ese trabajo lo hagamos nosotros. A que nos sentemos a trabajar en forma conjunta con los secretarios de desarrollo agropecuario y con las diferentes instancias de gobierno para hacer un programa coordinado y plantear que no se trata sólo de reglas de operación.

Se trata de que exista una verdadera coordinación entre las diferentes dependencias del gobierno federal, pero también de los estados; se trata de no llegar a la centralización que está planteando el gobierno federal, porque ése es un absurdo y un retroceso que no podemos ni debemos permitir.

Se trata de invertirle más a la investigación y al desarrollo tecnológico para poder llevar al campo a ser productivo, a ser eficiente, que es lo que necesitamos; pero también se trata de que con esos recursos se apoye más a los que menos tienen y menos a los que ya no requieren o no necesitan este apoyo.

¿De qué otra cosa se trata? No de hacer más diagnósticos, porque creo que hemos gastado mucho dinero en diagnósticos. Hoy el Banco Mundial y el BID tienen diagnósticos acabados de hacer muy interesantes, de los cuales podemos aprovechar y, son hoy los organismos internacionales los que plantean que la política de México, y la política agropecuaria en específico, es un fracaso. No ha dado los resultados que debería haber dado.

Cuando lo medimos en el nivel macroeconómico de números parecería interesante. Y claro, ni tan interesante cuando quitemos lo que impacta, o lo que significa, el petróleo. Pero cuando vamos a los productores, vemos que es una desgracia.

Lo único que ha favorecido al campo han sido los recursos privados, han sido las remesas, no los programas que se han manejado hasta este momento. Existe una gran cantidad de programas, muy complicados todos ellos, cuando podría haber un diseño más flexible, más sencillo, más ágil, que sea de disposición de todos, si no, que tengan que hacer los productores un tartufo para poder tener acceso al financiamiento.

Nuestro pronunciamiento es por una revisión de fondo de la política agropecuaria, que va más allá del Tratado de Libre Comercio, que va más allá de reglas de operación y que plantea una nueva visión. Una nueva visión, con visión de Estado, con amor a México y con amor al campo mexicano para poder sacarlo adelante.

Y que trata también de dignificar a los productores del campo, a los cuales solamente se voltea a ver de reojo. Creo que hay que dignificarlos, creo que hay que sacarlos adelante y es un trabajo que podemos hacer en forma conjunta.

Pero, por favor, veamos al país en su conjunto con un poco de seriedad y de profundidad. No el campo de golf, no tampoco defender algo que ni siquiera hicieron. Vamos a verlo en forma conjunta con el compromiso que el campo mexicano requiere. Muchísimas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senadora Yeidckol Polevnsky. Tiene el uso de la palabra el senador Humberto Andrade.

El senador Humberto Andrade Quezada: Gracias, diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores. A mí me gusta mucho todo lo que se ha dicho en esta sesión y me quedaría con algunas de las frases al final pronunciadas. Yo creo que ese es el meollo del asunto.

Si vamos a hablar de políticas del campo, si vamos a hablar de políticas agropecuarias, entremos al fondo del asunto, no entremos a temas coyunturales. Yo entiendo los matices políticos y entiendo todo lo que se deba decir de campañas afortunadas o desafortunadas de publicidad que a mí en lo personal no me gustan tampoco y lo hemos dicho al interior.

Sin embargo, tratar de resumir una función de visión de política pública del campo en un comercial, a mí se me hace demasiado aventurado y tiene una connotación obviamente de visión. Sí, por supuesto. Pero yo les quiero decir que conozco al secretario de Agricultura y que si algo tiene es que no es un hombre frívolo, no es un hombre superficial. Es un compañero senador con licencia que, la verdad, se conduce con mucha seriedad.

Y conste que esto no implica si el campo en este momento tiene o no las mejores decisiones. Por eso digo que hay que rescatar las últimas líneas y luego entonces no tomar temas coyunturales como es el que estamos viviendo en este enero, donde se acaba de desgravar el TLC en lo que respecta al campo, que además es una desgravación gradual que viene dándose desde el 94 y que al día de hoy tenía prácticamente la última parte de la porción gravable en cuatro productos y, por lo tanto, no significa que en enero esté ocurriendo la apertura.

Qué bueno que se señale que la apertura total, la desgravación total, pueda evidenciar la vulnerabilidad del campo. Por supuesto que tenemos un campo vulnerable. Lo que yo no quiero es que si se cita a Luis Felipe, acabemos citando aquí a Samuel Beckett también y Esperando a Godot, en un teatro del absurdo, dando regreso a lo que ya vimos y a lo que no vimos.

Si estamos hablando de este punto, es porque todos estamos hablando a favor de la comparecencia del secretario que fue votado, además, por todos los grupos parlamentarios en comisión y que no hay ninguna duda de la necesidad de revisar lo que está pasando con políticas agropecuarias, con el campo mexicano, y de lo que tenemos que hablar es de la pobreza del campo y de lo que tenemos que hablar es de la desigualdad que tenemos en este país con el campo.

Si ustedes se fijan en cualquier política, en cualquier índice poblacional demográfico, sociodemográfico de este país, el campo se aparta de la realidad del resto de los mexicanos.

Y, ¿cuál tema quieren que toquemos?, ¿índices de natalidad?, ¿índices de fecundidad?, ¿alfabetización?, ¿desnutrición?, ¿mortalidad?, ¿empleo?, ¿escolaridad? El tema que me pongan por delante, el campo se aparta de la realidad mexicana. Y ése es un reto que tenemos como legisladores y es un reto que tienen todos los gobiernos de los estados.

No se trata de si el PRI implementó este programa, no se trata de si el PAN lo apoyó, se trata de que hablemos de un país y lo tomemos en conjunto, con lo que nos sucede.

Yo les preguntaría: ¿qué han hecho los gobernadores de algunos otros partidos cuando han estado en su función, en su administración? Y, ¿qué han hecho con respecto al tema del campo? Porque siempre criticamos la función, como si fuera producto de un solo actor.

¿Y qué sucede con los fenómenos migratorios en algunos estados, incluyendo el mío? Y, ¿qué sucede con los temas de aliento a la producción?

Luego entonces, no se trata de si el PRI lo implementó, o si el PAN lo apoyó, se trata de una política de Estado que debemos abordar y ésa es la circunstancia que tenemos ante esta coyuntura.

El TLC o el TLCAN no es el propiciador de todos los males del campo. Por supuesto que evidencia la vulnerabilidad del mismo. Hay que verlo en su totalidad y hay que ver los problemas estructurales que tenemos como país, y luego entonces, si queremos entrar a este ejercicio, vamos entrándole con seriedad.

Y si ya en comisiones se dijo que va a ser revisado el tema con el secretario, pues yo la verdad más bien creo que vale la pena prepararnos que estar machacando sobre tantas cuestiones que llevan la verdad a posiciones de absurdo.

Si ya la semana pasada se dijo que se abrieran mesas, pues hombre, hoy volvemos a dar marcha atrás y estamos proponiendo que se revise, que se renegocie. Vamos viendo qué resulta de las mesas, vamos viendo qué resulta de la discusión interna y vamos teniendo posicionamientos como institución. Yo creo que es muy válido.

Y si bien es cierto que son una atribución del Ejecutivo las reglas de operación, por supuesto que también son dadas y sujetas a revisión las opiniones que se hayan emitido con respecto a las mismas, y que luego entonces, podemos tener una opinión como Comisión Permanente.

El problema del campo es un problema estructural; el problema del campo implica dolor, implica desigualdad en este país. Abordémoslo en su realidad, veamos qué hagamos con nuestro campo fraccionado, veamos qué hagamos con las pocas hectáreas que tienen en propiedad nuestros campesinos y que todavía se reparten entre las familias, y que luego entonces multipliquen el valor de cosecha por el número de hectáreas o de metros que tengan de tierra. El resumen es muy sencillo: ¿quién puede ir con eso?

Entonces, ¿dónde está el reto? El reto está en impulsar compras colectivas, comercialización, almacenamiento, financiamientos, por supuesto; y veámoslo con un carácter global y totalizador.

Yo lo único que pediría, Presidenta, es que pudiéramos seguir adelante con este punto de acuerdo que se manifestó de manera muy plena en comisiones y que estamos de acuerdo; que estamos de acuerdo con esta apertura y que estamos de acuerdo, como PAN, en esta posición libre de interpretarlo, voluntaria, por supuesto, que no es una posición simplista; que es una posición de profunda preocupación por el país y que luego entonces, podamos dar curso a lo que venga, porque no se agota en la Permanente ni se agota en la apertura del TLC, sino que hay mucho trabajo por delante, como políticas públicas que tenemos que hacer con respecto a nuestro campo. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Humberto Andrade.

¿No hay algún orador más que se quiera inscribir para este punto?

Entonces lo daremos por suficientemente discutido y lo vamos a reservar para su votación económica en conjunto.

Si continúa la Secretaría con la hoja 3. Sí, por favor.

CASAS DE EMPEÑO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Economía, de la Profeco y de la Condusef evite cualquier tipo de abuso contra usuarios de casas de empeño

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a las autoridades correspondientes vigilen las casas de empeño para evitar abusos a las familias mexicanas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2008, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades correspondientes vigilen las casas de empeño para evitar abusos a las familias mexicanas.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 8 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. El autor de la propuesta señala la necesidad de las familias con menores ingresos de recurrir a las casas de empeño debido a la imposibilidad de acceder a otras formas de financiamiento. Sobre todo en festividades decembrinas en que demandan gastos extraordinarios.

Anteriormente, sólo existía el Monte de Piedad, que se fundó precisamente como una institución de beneficencia para auxilio de los más necesitados. Actualmente existen más de 50 firmas de casas de empeño en México con una expansión rápida en el mercado.

2. Las actividades de las casas de empeño se encuentran reguladas por la Ley de Protección al Consumidor y la normatividad para su operación se encuentra regulada por la Norma Oficial NOM-179-SCFI-2007 la cual establece los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria.

Así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios por parte de dichas casas de empeño.

3. Las autoridades relacionadas e involucradas con la actividad, así como la creación y aplicación de la Norma Oficial de las casas de empeño, corresponde a la Secretaría de Economía a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

4. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el autor de la propuesta en revisar los avances en la aplicación de la norma oficial a fin de evitar los abusos en el cobro de comisiones por la prestación de servicios de las casas de empeño especialmente en temporada de inicio de año.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión hace un atento llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía, Profeco y la Condusef, eviten cualquier tipo de abuso a los usuarios de los servicios de parte de las casas de empeño.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que remita un informe detallado respecto de los avances sobre la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 la cual regula los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo, y se ha inscrito para este caso, el senador Guillermo Tamborrel Suárez. Tiene el uso de la palabra, por tanto.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Hoy por hoy, compañeras y compañeros, se está cometiendo un verdadero atraco en plena luz del día en contra de las personas más necesitadas, ya que al no tener acceso al crédito bancario se ven en la penosa necesidad de acudir a una casa de empeño. Esto no sería grave si no existieran casas que cobran intereses anuales que van de 55 por ciento hasta 360 por ciento.

Pensábamos que ya habíamos visto todo con las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, sin embargo, los intereses y comisiones que obtienen algunas casas de empeño son todavía más insultantes.

Tengo a la mano un estudio de la Profeco que nos muestra que tan sólo en el Distrito Federal y en el área metropolitana las casas de empeño son la segunda fuente de financiamiento para solventar deudas inmediatas o necesidades inmediatas, después de los préstamos entre familiares y amigos.

Esto no sería tan grave si no fueran pocos los que se acercan a las casas de empeño, pero según esta encuesta casi 60 por ciento de la población empeñó alguna prenda al menos una vez en el último año; de esos usuarios 71 por ciento empeñó alhajas y 49 por ciento acudió, principalmente, a una casa de asistencia privada.

De acuerdo con los resultados de esa encuesta, el plazo más solicitado para el empeño es de tres meses; esto es el 38.7 por ciento. Al 30.3 por ciento, 3 de cada 10 de quienes empeñan, les prestaron solamente el 50 por ciento del avalúo, a los demás les prestaron bastante menos, y el 23.4 por ciento utilizó el préstamo para pagar deudas.

Es necesario destacar que aunque 73.6 por ciento firmó algún documento al empezar, 16.3 por ciento no recuperó su prenda, ello motivado en parte por defectos en el servicio, ya que 7.8 por ciento de los encuestados mencionó que tuvo algún problema, 24.7 de ellos afirmó que fue por cobros extras; por si fuesen pocos los intereses hay cobros extras y 37.9 por ciento se quejó de la casa de empeño.

Entre los principales motivos del descontento con estas empresas, por parte de los usuarios, destacan el incumplimiento en la entrega del bien, aunado a los intereses, cuando alguien se presenta, en ocasiones, no le devuelven su bien; servicio deficiente y hasta la negativa de la devolución que he mencionado.

Como se puede observar, estos son verdaderos negocios que están proliferando, por la imperiosa necesidad que tienen muchos de nuestros compatriotas de acudir a algún préstamo para solventar sus deudas o necesidades inmediatas.

Por todo lo anterior, no sólo debemos observar que se cumpla con la normatividad establecida sino trabajar para impedir que se sigan cobrando intereses ofensivos, y también tenemos que hacer énfasis en la supervisión de la licitud de los préstamos, a fin de que las casas de empeño no se conviertan en mecanismos que sirvan para el lavado de artículos robados, pues a excepción de vehículos e inmuebles, no se solicita demostrar la propiedad legal de la prenda.

Por ello, los invito nuevamente a aprobar este punto de acuerdo para tratar de evitar que los más vulnerables ---económicamente hablando--- sean explotados y sujetos de abusos y peor aún, al amparo de una normatividad laxa que así lo permite. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Guillermo Tamborrel Suárez.

No habiéndose inscrito más oradores en este punto, se da por suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Continúe, por favor la Secretaría.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar un informe detallado del total recaudado por los donativos para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva del Grupo Parlamentario de Convergencia, por el que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, envíen a esta soberanía un informe detallado del monto total recaudado por los donativos para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones a los estados de Tabasco y Chiapas.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2008, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, envíen a esta soberanía un informe detallado del monto total recaudado por los donativos para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones a los estados de Tabasco y Chiapas.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 8 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. Las inundaciones ocurridas en los estados de Tabasco y Chiapas motivaron que millones de personas, gobiernos e instituciones nacionales y extranjeras realizaran aportaciones millonarias en recursos y en cuyos montos totales e intereses no han sido conocidos en su totalidad.

2. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México los recursos captados por los bancos suman 262.9 millones de pesos por depósitos de clientes y de las propias instituciones.

La distribución de los recursos de acuerdo a la asociación fue de la siguiente manera: 106.5 millones canalizados a las zonas afectadas por medio de la organización Unidos por Ellos; 4.2 millones se destinaron a la Cruz Roja Mexicana; 31.6 millones al Gobierno de Tabasco; 10.4 millones al Gobierno de Chiapas; y 50 millones al Gobierno federal, con un total de 202 millones, sin embargo de los 60 millones restantes no se ha dado a conocer todavía. Cabe mencionar que al no ser entregados los recursos éstos seguirán generando intereses.

3. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se habían recibido 11 millones 200 mil dólares de ayuda internacional por 27 países y 16 organismos internacionales. Sin embargo, en algunos casos no se conoce el nombre o dirección de los receptores de la ayuda.

4. Por otra parte, la falta de legislación que permitiría conocer con transparencia los recursos donados en el estado, dificulta y hace entrar en un clima de desconfianza a la población.

5. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la propuesta. Ya que nos permitirá conocer puntualmente el monto total de los donativos y su destino final.

6.- Por otra parte, es necesario que nosotros como parte del Poder Legislativo, encargado de legislar, ponga atención en la materia y así evitar abusos en el futuro, en casos como el de Tabasco y Chiapas donde es primordial el beneficio para los ciudadanos.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus competencias, a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos, en un plazo no mayor de 15 días naturales.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envíe a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados por las instituciones bancarias destinados a mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas, destino de los mismo y monto de los intereses generados, en un plazo no mayor a quince días naturales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay ningún orador inscrito; por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto al final.

ADUANAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya a las dependencias y a las entidades relacionadas con el despacho aduanero para que homologuen horarios de trabajo en las aduanas del país

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Alberto García González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo en las aduanas del país.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2008, el diputado Carlos Alberto García González , presentó un punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero a que homologuen sus horarios de trabajo en las aduanas del país.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 8 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

4. La proposición en estudio sustenta lo siguiente:

Considerandos

1. La Comisión dictaminadora, reconoce que la propuesta en estudio es positiva y lleva la intención de mejorar los servicios aduaneros y aportar propuestas en materia de importación y exportación.

2. Es procedente la petición al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instancias involucradas, en la revisión de mercancías mantengan a funcionarios laborando en igualdad de horarios que las aduanas en las que sean designados.

3. Se considera adecuado dirigir dicho exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que las instancias involucradas en el despacho aduanero, mantengan personal activo durante los horarios de atención que tienen las aduanas del país.

4. Sin embargo, respecto al informe que se pretende solicitar cada tres meses, sobre el avance en los trabajos de coordinación entre las dependencias y entidades del Gobierno federal para la homologación de los horarios en las aduanas, consideramos conveniente en informar las acciones que se implementen para homologar los horarios entre las instituciones antes mencionadas y lograr atención eficiente y funcional en las aduanas del país.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero para que homologuen sus horarios de trabajo con las aduanas del país.

Segundo. Se solicita al titular de la Administración General de Aduanas a que informe sobre las acciones que se implantarán para la homologación de horarios y eficientar el servicio aduanero.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

Tampoco se ha inscrito ningún orador, por lo cual lo damos por suficientemente discutido y lo reservamos para su votación económica al final.

LIBERTAD DE EXPRESION

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un pronunciamiento general en materia de libertad de expresión

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la trayectoria profesional de la periodista Carmen Aristegui y su contribución cotidiana al desarrollo democrático de la sociedad mexicana, presentada por la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedente

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, la proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

II. Los integrantes de la comisión que dictamina manifestaron su complacencia y solidaridad con los principios y propósitos generales que orientan la proposición con punto de acuerdo en cuestión.

Sin embargo, advierten que la proponente no aporta elementos suficientes para conocer a cabalidad los hechos involucrados de manera tal que permitan sustentar y dictaminar favorablemente y en sus términos el punto de acuerdo con el texto que se propone.

Al respecto, el grupo de asesores de esta comisión de trabajo se dio a la tarea de investigar los hechos de referencia en los medios de comunicación, habiendo encontrado lo siguiente:

III. El análisis de la proposición con punto de acuerdo y los comentarios periodísticos antes mencionados arrojan la subsistencia de datos imprecisos y versiones múltiples, que no permiten hacer una declaración o reconocimiento particular.

En cambio, la comisión dictaminadora estima que el Poder Legislativo, en este caso por conducto de la Comisión Permanente, no debe soslayar la oportunidad que brinda la proposición que se dictamina para hacer un pronunciamiento general a favor de fortalecer el derecho de expresión, de impresión y de divulgación de las ideas y para ratificar el principio rector de que las garantías relacionadas con la libre expresión no deben subordinarse a los intereses económicos, de negocios, políticos o de cualquier otra índole de las empresas concesionarias, que no deben violar o limitar, bajo ninguna circunstancia, las libertades consagradas a favor de los comunicadores ni en el flujo de comunicación entre emisores y receptores.

La comisión dictaminadora estima que no es oportuno realizar la investigación que se propone en la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen, toda vez que no es procedente citar o solicitar información de empresarios privados, como son los grupos señalados como propietarios de la radiodifusora en cuestión y quienes adoptaron la decisión que se cuestiona; porque la Comisión Permanente cuenta con tiempos y calendario muy limitados de actividades para el desarrollo del primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, que deberá terminar a más tardar el 31 de enero próximo, y porque es del conocimiento público que la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la Cámara de Diputados ha invitado a la periodista Carmen Aristegui a acudir a esa instancia y analizar su salida de W Radio.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión expresa un reconocimiento a la labor profesional de la periodista Carmen Aristegui.

Segundo. La Comisión Permanente se pronuncia por el fortalecimiento del derecho de expresión, de impresión y de divulgación de las ideas y por ratificar el principio rector de las garantías relacionadas con la libre expresión.

Tercero. La Comisión Permanente reconoce que entre las facultades que le confiere la Constitución General de la República no se tiene el citar o solicitar información en materia laboral a empresas privadas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo, y se ha inscrito para este caso el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y también se ha inscrito el senador Eduardo Calzada Rovirosa.

¿Alguien más se va a inscribir en este punto? Perdón... el senador Francisco... A ver, ¿entonces cómo quedaría? El senador Francisco Fonseca y el diputado Eduardo Mota.

Entonces tendría el uso de la palabra el diputado Joel Arellano Arellano , y se prepara el senador Francisco Castellón Fonseca.

El diputado Joel Arellano Arellano: Gracias, señora diputada.

Con su venia, diputados y senadores. El pasado viernes 4 de enero a las 10 de la mañana, y luego de 5 años de transmisión ininterrumpida al aire, la periodista Carmen Aristegui cerró su ciclo frente a la edición matutina del noticiero Hoy por Hoy, que se transmite por la frecuencia del 96.9 de W Radio.

La salida de Carmen Aristegui de la frecuencia de W Radio, en voz de la periodista, se debe a una incompatibilidad de modelos en términos de dirección editorial, que deriva en la no renovación del contrato laboral que la periodista efectuaba año con año con el grupo radiofónico.

Como se ha dado en otras ocasiones, en otras fechas y con otros comunicadores, como el ejemplo es de Carlos Loret de Mola, Ezra Shabot y García Soto, por nombrar algunos.

Por otro lado, el grupo radiofónico expresó que la decisión de no renovar el contrato de la periodista Carmen Aristegui, le enmarca en un proceso de renovación, actualización y expansión de dicha empresa. W Radio remarcó que todos y cada uno de sus comentaristas han trabajado y trabajarán en absoluta libertad.

Para Acción Nacional, este caso entre particulares se ha tornado en un hecho social de interés cívico, que desafortunadamente nos muestra versiones parciales o verdades a medias. Por desgracia, también están los otros, los que guiados por sus respectivas convicciones políticas desvían un debate que enmarca una incompatibilidad entre particulares, llevándola al rumbo de la libertad de expresión o el conflicto entre intereses, sin tener una sola prueba de ello, ni siquiera de la voz propia de la periodista en cuestión.

Hablar de censura a estas alturas de la historia es negar la realidad. Como nunca, desde el 2000 se ha gozado de libertad absoluta de expresión y el mejor ejemplo son precisamente los casos que ha manejado Aristegui en su programa, tales como el caso de Zongolica, el caso Mario Marín, los Amigos de Fox, el proceso electoral de 2006, la Ley Televisa.

Hablar de atentar contra la libertad de expresión sin tener elementos suficientes sólo se puede explicar por dos orígenes: por la ignorancia o por la perversidad política. En el PAN no pretendemos confrontar absolutamente a nadie, pero por una plena satisfacción de todas las partes relacionadas hacemos un llamado para aclarar la ambigüedad en la que este caso ha caído, más allá de los debates huecos en torno a una supuesta censura o una violación grave a la libertad de expresión.

Hacemos un llamado para tratar el caso en su contexto y no trasladarlo por intereses particulares a círculos inadecuados, sin mayor prueba que el interés político. No partidicemos hechos ni hagamos libres interpretaciones. No adelantemos explicaciones de cuestiones que sólo pueden ser expresadas por las partes involucradas.

Si algo ha caracterizado a este conflicto es la ambigüedad en la que se ha desenvuelto, por eso solicitamos tratar el tema en su contexto y no contaminar un problema que de entrada indica es un conflicto comercial.

Compañeros legisladores, en México desde hace algunos años no sólo se vivía un presidencialismo exacerbado, sino también un centralismo absoluto en la toma de decisiones. En el pasado las voces disidentes eran acalladas y no escuchábamos salvo lo que querían que escucháramos. Hoy, los ciudadanos hemos consolidado una libertad de expresión que se respira en todos los espacios del país y en todos los ámbitos del quehacer ciudadano.

Para Acción Nacional la libertad de expresión ha sido siempre su condimento y gran parte de su razón de ser. Para Acción Nacional nunca estaremos dispuestos a dejarla ir, porque esa libertad de expresión de la que hoy gozamos es el resultado del esfuerzo ciudadano y los políticos precisamente somos quienes debemos ser los primeros en defender este derecho. Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Arellano Arellano. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Castellón Fonseca, por favor.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca: Gracias, Presidenta. Gracias.

Este tema es de la mayor importancia. No se trata de un tema privado, eso hay que tenerlo muy claro. No se está hablando de la decisión de una empresa para poder retirar o no dejar seguir un contrato que ya tenía. Éste es un asunto público y es un asunto que atañe tanto al derecho a la información, como también a la libertad de expresión.

Afortunadamente los grupos políticos representados en esta Cámara han planteado no solamente el reconocimiento a la periodista Carmen Aristegui, que se había convertido en un programa; el programa se había convertido en un programa de alto rating, sino también han reiterado su preocupación para que la libertad de expresión y el derecho a la información sigan vigentes en nuestro país, porque al principio de las discusiones se establecía que era un problema privado, cuando no lo es.

Quiero recordar ---porque estos problemas así tienen que ser--- que la Suprema Corte de Justicia ya perfiló, ya planteó el sentido público de los medios, y todo lo que ocurra en lo que se refiere no solamente a la transmisión de la información, sino a la utilización de los medios, tiene un sentido público, y no necesariamente se escribe en el ámbito de lo privado.

Yo quiero anotar no solamente los casos que había planteado el que me precedió en la palabra, el de Loret de Mola y el de otros periodistas. Nos hemos olvidado de los casos que existen en los estados de la república, ahí sí existen abusos de poder.

Algunos gobernadores ---yo no voy a hablar de otros estados, hablaré del mío--- han utilizado presiones políticas en contra de los medios de comunicación para que programas que eran incómodos a su política y a sus políticas y a su imagen pudieran haber desaparecido.

Dos gobernadores, uno, que era producto de una alianza y otro que es priista, utilizaron esos mecanismos. Uno de ellos, cuando termina un contrato de un programa de televisión de unos exitosos periodistas en Nayarit, solamente presionaron a los concesionarios del medio para que ya no renovaran el contrato, y jamás volvieron a hablar en televisión.

Otro recientemente presionó al dueño de una radio privada que tenía arrendada a un particular para que terminara el contrato de arrendamiento y terminara un programa de radio, de esos programas de radios públicos, de teléfono abierto, que también le era molesto al gobernador.

Yo quiero decirles que eso ha sucedido y seguramente sucede en muchos estados de la república. Y no necesariamente se sabe públicamente que hay una presión de parte de los hombres del poder político y económico para acallar la libertad de expresión.

Por eso saludo, saludo la decisión de todos los grupos políticos de mantener la libertad de expresión y el derecho a la información como preceptos que el Congreso también tiene que garantizar.

Quisiera hacer, entonces, una propuesta de modificación a nuestra Mesa Directiva del punto de acuerdo. Que el punto tercero habla ---a mi parecer--- de manera errónea sobre la naturaleza de este punto, de que la Comisión Permanente reconoce que entre las facultades que le confiere la Constitución General de la República no se tiene la de citar o solicitar información en materia laboral a empresas privadas.

El asunto de Carmen Aristegui no es un asunto laboral, para empezar, y dentro del considerando del punto de acuerdo se establece muy claramente el sentido de que no es oportuno ---así lo establece la comisión dictaminadora--- realizar la investigación que estableció la proponente para el objeto del presente dictamen.

Yo quiero retomar la naturaleza de esa propuesta y retirar el punto tercero. Ésa es mi propuesta; porque no es información en materia laboral, es un asunto contractual y es un asunto que supera la situación laboral en empresas privadas. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Francisco Castellón. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Mota.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, Presidenta. En la reunión de la Comisión de Gobernaciónque se celebró ayer hablamos bastante y ni siquiera podría decir que debatimos respecto del tema, y en mi grupo parlamentario queremos coincidir en tres aspectos que nos parece fundamental, ya que se ha abierto la oportunidad de hacerlo, de destacar y resaltar.

Primero diría que en el espíritu del punto de acuerdo basta y sobra señalar con el pase a tribuna que hizo la sesión pasada la senadora Yeidckol Polevnsky, para decir que ya hay un reconocimiento tácito implícito a la trayectoria de la periodista Carmen Aristegui. Y que desde el momento en que se ha hecho uso de la tribuna para tocar el tema, hay un reconocimiento a su trayectoria como mujer, como profesional de los medios y un reconocimiento a la participación que durante muchos años ha sostenido en los medios de comunicación. Por mucho, está logrado el objetivo que la senadora se propuso en ese momento.

Ya bastante se habló también en el seno de la Comisión de Gobernación y en la misma comisión nosotros dejamos por sentado que no tenemos empacho ni queremos cometer ninguna tacañería al reconocer la trayectoria de la periodista y la trayectoria de la misma significa ---y paso al segundo punto--- el reconocimiento a quienes hacen de los medios de comunicación su trabajo, proyectan masivamente la opinión, el criterio editorial en muchos de sus programas, y que mi grupo parlamentario quiere ratificar con mi intervención.

Es decir, en este segundo aspecto estaríamos reconociendo la libertad de expresión y apoyando ---desde luego--- a los compañeros de los medios de comunicación e incluso ratificando la posición del grupo parlamentario en la participación de la comisión que existe en esta Cámara de Diputados, relativo a algunos eventos que han tenido sobre todo en los últimos años periodistas de todo el país.

Atentados que nos hacen reconocer la importancia de la misma y reconocer este trabajo que han hecho de su profesión muchas mexicanas y mexicanos, y que Carmen Aristegui protagoniza por mucho en la vida política nacional con el criterio editorial y el manejo pulcro que ha venido haciendo.

También dijimos en el seno de la comisión ---y quiero subrayarlo y ya lo ha dicho bien el senador que me ha antecedido--- que la Cámara de los Diputados y de los Senadores en sesión permanente, de ninguna manera pudiera pretender forjarse o participar como una autoridad laboral. Eso obedece a otros términos, es un contrato que se da entre trabajador y patrón.

Y no han venido al caso ni al debate los términos en el que el contrato se ha dado, e incluso señala para cualquiera que sabe de derecho laboral, que la misma periodista ---al aire--- habría solicitado su retiro por consentimiento propio y esto hace que la materia laboral no esté a discusión. Por lo mismo, estaríamos coincidiendo en retirar el último párrafo del punto de acuerdo y le daría celeridad, certeza.

Creo que además conquistaríamos lo que sustancialmente estaría proponiendo la senadora desde el inicio, que es el reconocimiento a la periodista, el reconocimiento a los medios de comunicación y el cabal y puntual pronunciamiento de las Cámaras de los Diputados y de los Senadores en sesión permanente en conjunto a la libertad de expresión, a la libertad de expresar las ideas, a los criterios editoriales que si bien pertenecen a una empresa privada, tendría derecho cualquier comunicador a expresar su opinión, porque ésa es una conquista no de ahora. Recordemos a Flores Magón por traer un dato histórico con su periódico Regeneración, que mucho ha dado de qué hablar en las páginas de la historia. Por ende, nosotros señalaríamos ese reconocimiento.

Invocamos nuevamente a la libertad de expresión a todas las empresas que se dedican a los medios de comunicación, a la valoración de la trayectoria de la periodista y al valorarla a ella, en suma, a la valoración del trabajo de todos quienes se dedican a esta actividad que es muy honorable y que informa a cientos de miles, a millones de mexicanas y mexicanos en los temas de política, en los temas públicos y con el criterio editorial que invoca la propia preparación, el conocimiento de los datos y la objetividad periodística a la cual nosotros añoramos y creemos que es conveniente para un sistema democrático como el nuestro. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Mota.

Como ustedes habrán escuchado, el senador Francisco Castellón Fonseca presentó una propuesta por lo cual vamos a tener que votar su propuesta en este punto en este momento.

Él propuso que en el punto de acuerdo en la parte tercera, donde dice: ``la Comisión Permanente reconoce que entre las facultades que le confiere la Constitución General de la República no se tiene la de citar o solicitar información en materia laboral a empresas privadas'', se quite de este punto.

Se va a consultar, en votación económica, si la asamblea acepta que se retire esta parte del punto de acuerdo o permanezca. Entonces, por favor, le pido a la Secretaría que consulte en votación económica. Proceda y consulte a la asamblea.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidenta se le pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta del senador Castellón Fonseca. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.

En virtud de que se ha aprobado la modificación, se reserva para su votación económica en conjunto, con la modificación aprobada por esta asamblea. Continuamos, por favor.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al INEGI a fortalecer las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos de población vulnerables y otros especiales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al INEGI a que fortalezca las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos vulnerables y otros grupos especiales de población, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta primera comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedente

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, el proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

II. Los integrantes de la comisión de trabajo que dictamina coinciden plenamente con los planteamientos y objetivos señalados en la proposición con punto de acuerdo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y consideran sustancialmente procedente el punto de acuerdo que propone, tomando en cuenta que:

Consecuentemente, la comisión que dictamina considera pertinente y justificado que se exhorte respetuosamente al titular del INEGI a continuar y fortalecer las acciones para recabar y sistematizar la información estadística sobre grupos vulnerables.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para que en el ámbito de competencia de este órgano constitucional autónomo se continué y fortalezcan las acciones para recabar y sistematizar la información estadística sobre grupos vulnerables, incluyendo niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos especiales como el de mujeres e indígenas, particularmente en lo que se refiere a su dimensión, características y condiciones sociales, culturales y económicas en que se encuentran y sus relaciones con el total de la población nacional y con el resto de los grupos vulnerables.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

No se ha inscrito ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en la asignación de recursos del Fondo de Seguridad Pública se tome en cuenta la situación de inseguridad pública por la que atraviesa Baja California

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que se refuercen las acciones en materia de seguridad en Baja California y se le dote de recursos extraordinarios del Fondo de Seguridad para que pueda hacer frente de mejor manera a las acciones de la delincuencia organizada con el apoyo del Gobierno de la República, asimismo que se agilicen las investigaciones del atentado que sufrió el Titular de la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en Baja California, Jorge Eduardo Montero Álvarez, presentada por el senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedente

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de diciembre de 2007 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, el proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora realizaron el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coinciden sustancialmente con los objetivos de la misma:

Se reconoce la existencia de una situación grave o de emergencia en Baja California, con sustento en los hechos narrados por el proponente y que esa situación requiere de medidas extraordinarias.

Ahora bien, respecto al exhorto al Ejecutivo federal para que se asignen recursos extraordinarios del Fondo de Seguridad Pública al estado de Baja California, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, que en su parte conducente establece:

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades federativas el fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implantación de programas de prevención del delito; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate...''

En virtud de lo anterior, lo que corresponde en el caso, no es solicitar recursos extraordinarios, sino que dentro de los criterios de distribución de lo ya aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007, el titular del Poder Ejecutivo, con la participación que corresponda de los secretarios de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, tenga en cuenta la situación de emergencia, en cuanto a inseguridad pública, por la que atraviesa Baja California.

No procede ``conminar'' al titular del Poder Ejecutivo federal ``para que adopte acciones de inteligencia necesarias para restablecer el estado de derecho y se respalde decididamente a los gobiernos estatal y municipal de Rosarito para que se resuelva el reciente ataque armado en contra del director de Seguridad Pública de ese municipio'', en virtud de que este evento es un acto delictivo perpetrado en el territorio de Baja California y corresponde a la jurisdicción y competencia de los poderes de dicho estado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En todo caso, corresponde exhortar al Poder Ejecutivo para que promueva fórmulas de coordinación institucional en los términos que establece el artículo 21, último párrafo, de la Constitución, y la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública, para que en los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a que se refieren los tres párrafos primeros del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, se tome en cuenta la situación de emergencia, de inseguridad pública, por la que atraviesa Baja California, e instruya al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que promueva los convenios de coordinación institucional, con Baja California y el municipio de Rosarito de dicho estado, a efecto de prestarles el apoyo y asistencia necesarios para resolver el reciente ataque armado en contra del director de Seguridad Pública del municipio citado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

No habiéndose registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información a los directores generales de las Comisiones Federal de Electricidad, y Nacional del Agua

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua para que informen detalladamente sobre las acciones emprendidas al amparo del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedente

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de diciembre de 2007 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, la proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

Concluye la proponente, al señalar que los hechos anteriores, junto con las acciones que pudieron haber realizado u omitido las autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), justifican la necesidad y pertinencia de conocer al detalle cuál fue la actuación de la CFE respecto a las acciones de desfogue emprendidas en la presa Peñitas ubicada en Chiapas, en la parte más alta del sistema hidrológico de Tabasco.

II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y pudo precisar que, ante los hechos mencionados y los cuantiosos daños causados a diversas zonas de Tabasco, se justifica plenamente que el Congreso de la Unión cuente con información suficiente que le permita evaluar los eventos y determinar las recomendaciones u otras medidas que pueda adoptar el Poder Legislativo o cualquiera de las Cámaras que lo componen.

La comisión dictaminadora, conciente de que el presente dictamen será sometido a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el próximo 9 de enero del 2008 y que el presente periodo de receso terminará el 31 del mismo mes y año, por lo que resulta difícil proyectar, consensuar con los titulares de Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, organizar y obtener resultados prácticos, respecto de una serie de comparecencias a prepararse y desarrollarse en escasas tres semanas.

En cambio, se considera oportuno y viable, que se solicite atentamente a los titulares de las mencionadas comisiones, la información requerida en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, solicitándoles que la respuesta se presente, en reunión de trabajo con los integrantes de esta comisión, a la brevedad posible, en virtud de que esta Comisión Permanente cierra su ejercicio correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura el 31 de enero de 2008.

Se toma en cuenta que la competencia de esta comisión de trabajo para dictaminar en la materia, la determinan las implicaciones que los acontecimientos relatados tienen en cuanto se refiere a prevención de desastres y protección civil, que incide en el ámbito de Gobernación, pero no puede soslayarse que la temática planteada rebasa dicho ámbito y afecta materias más propias de recursos hidráulicos, agricultura y fomento, energía y obras públicas.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, en los términos del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, se sirvan informar a esta comisión, en reunión de trabajo, sobre las acciones que emprendieron en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva y las que se están llevando a cabo de manera coordinada para contener los eventuales efectos de inundación que aún enfrentan Tabasco y Chiapas.

El informe que se solicita, deberá incluir los criterios y programas de inversión en obras de infraestructura para atender y resolver los problemas de embalse y desfogue de las aguas del río Grijalva y contendrá una explicación detallada de los montos considerados y ejercidos para el cumplimiento de los programas necesarios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Confirmar si en este punto, como lo dictaminó la comisión, dice ``reunión de trabajo'', o sólo recabar información. Debe decir ``reunión de trabajo''.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Aquí la del Congreso de la Unión, en los términos del segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, que se sirvan informar a esta comisión, en reunión de trabajo, sobre las acciones que emprendieron en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva, y las que se están llevando a cabo de manera coordinada para contener los eventuales efectos de inundación que aún enfrentan Tabasco y Chiapas.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Sí, Presidenta, y que se invite a la reunión, si es tan amable de instruir eso, al Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Y todavía continúa el punto.

Único. El informe que se solicita deberá incluir los criterios y programas de inversión en obras de infraestructura para atender y resolver los problemas de embalse y desfogue de las aguas del río Grijalva, y contendrá una explicación detallada de los montos considerados y ejercidos para el cumplimiento de los programas necesarios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, la diputada Aleida, por favor. Le dan sonido... ¿No? ¿Ya? Bueno, retira la propuesta también el diputado Mota. El Presidente de la Comisión vendrá a la Permanente, pero no tiene ni voz ni voto en esta Comisión... bueno, pero no puede participar, pues.

Está a discusión el punto de acuerdo tal y como se le ha dado lectura por el Secretario.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno y se ha retirado la propuesta del diputado Mota, se considera suficientemente discutido. Consulte, entonces, la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban todos los puntos de acuerdo que aquí hemos estado exponiendo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban todos los puntos de acuerdo y los anteriores reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo con la modificación que la asamblea hizo a uno de ellos, comuníquense.

TRANSBORDADOR ``EL ARCANGEL''

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En el rubro de proposiciones tiene la palabra el diputado Gregorio Barradas Miravete, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat a dar seguimiento puntual a las labores de rescate, así como el eventual traslado, desagüe o disposición final del transbordador El Arcángel.

El diputado Gregorio Barradas Miravete: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tener de las siguientes consideraciones:

El 13 de octubre de 2007 se difundió por la prensa nacional la noticia de que el transbordador El Arcángel, después de romper las amarras en el muelle de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, había encallado en un banco de arena.

Este hecho no fue más que la culminación de una serie de irregularidades y problemas en un intento de poner en operación una embarcación chatarra con más de 30 años de antigüedad.

Enseguida transcribo algunos hitos de esta historia negra y que son del dominio público:

Marzo 22 de 2007. Los ejecutivos de la naviera San Miguel, SA de CV, anuncian que la dirección de Marina Mercante de la Coordinación General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio anuencia al transbordador El Arcángel para que preste servicio de transporte de carga en Cozumel, esto pese a que el barco tiene 31 años de haber sido construido.

Abril 13 de 2007. El Capitán Raymundo Mata Contreras, director general adjunto de Marina Mercante y otros funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvieron presentes en las maniobras de prueba de atraque del buque. Uno de los motores falló y el atraque se dificultó en condiciones meteorológicas favorables.

Abril 15 de 2007. El Arcángel estuvo a punto de encallar en dos ocasiones ese domingo: en el punto de atraque número tres contra las rocas y en la posición de atraque cuatro, donde las corrientes lo arrastraron hasta el balneario Playas Casitas, donde cientos de bañistas miraban atónitos la escena.

Mayo 8 de 2007. A las cinco de la mañana El Arcángel dio su viaje inaugural de Cozumel a Calica, luego de más de un año del anuncio de la creación de la naviera San Miguel la embarcación por fin entró en operaciones.

Junio 8 de 2007. Por más de una hora el transbordador de carga El Arcángel intentó atracar en el muelle de carga de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, sin éxito.

Los pasajeros entrevistados al descender afirmaron que el retraso se debió a una falla en los motores. Una fuente al interior del Sector Naval Militar mencionó que el barco, en menos de un mes que tiene operando, ha derramado aceite en el mar durante las travesías entre Calica y Cozumel.

Agosto 5 de 2007. El Arcángel preparaba su salida en el turno de las 19:00 horas y al momento de encender las máquinas sonó una alarma proveniente del motor estribor, lo que propició que los pasajeros y sus vehículos descendieran del navío. Ese mismo mes la Capitanía del Puerto de Cozumel emite una recomendación por escrito a la naviera.

Agosto 10 de 2007. Los ejecutivos de la empresa dan a conocer que enviarán el barco a reparar a Cuba.

Octubre 13 de 2007. Después de romper amarras el transbordador encalla en un banco de arena.

Desde esa fecha hasta hoy el transbordador sigue encallado y por la actitud de empresarios y autoridades todo parece indicar que la solución y el riesgo que representa para la vida marina y para el turismo van para largo. Cabe mencionar que la embarcación no hace honor a su nombre, toda vez que al parecer contiene en sus motores y tanques tanto aceite como combustibles, que en una operación de rescate mal llevada a cabo puede afectar la vida marina y las actividades productivas en una zona con un intenso de-sarrollo turístico como lo es Cancún.

Por otra parte, es necesario que las autoridades responsables, Semarnat y Profepa, verifiquen las condiciones de seguridad de su eventual traslado, desguace o disposición final, toda vez que se ha informado de la posible utilización de asbesto, material prohibido y peligroso, en su construcción.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que dé seguimiento puntual a las labores de rescate, así como al eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia para evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas, e informe de las medidas tomadas a esta honorable Cámara de Diputados.

Solicito con todo respeto a la Presidencia que se publique íntegramente el texto del presente punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias, Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a dar seguimiento puntual a las labores de rescate, así como al eventual traslado, desagüe o disposición final del trasbordador El Arcángel, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de octubre de 2007 se difundió por la prensa nacional la noticia de que el trasbordador El Arcángel, después de romper amarras en el muelle de Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, había encallado en un barco de arena.

Este hecho no fue más que la culminación de una serie de irregularidades y problemas en un intento de poner en operación una embarcación chatarra con más de 30 años de antigüedad. En seguida trascribo algunos hitos de esa historia negra y que son del dominio público:

Desde esa fecha hasta el día de hoy, el transbordador sigue encallado y, por la actitud de empresarios y autoridades, todo parece indicar que la solución y el riesgo que representa para la vida marina y para el turismo van para largo.

Cabe mencionar que la embarcación no hace honor a su nombre, ya que al parecer contiene en sus motores y tanques, aceite y combustibles que, en una operación de rescate mal llevada a cabo (y vaya que las han tenido), puede afectar la vida marina y las actividades productivas en una zona con un intenso desarrollo turístico como lo es Cancún.

Por otra parte, es necesario que la autoridad responsable (Semarnat y la Profepa) verifique las condiciones de seguridad en su eventual traslado, desguace o disposición final, toda vez que se tiene información de la posible utilización de asbesto, material prohibido y peligroso, en su construcción.

Por lo expuesto anteriormente, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dé seguimiento puntual a las labores de rescate, así como el eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, verificando el cabal cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia para evitar daños a los recursos naturales o a los ecosistemas, e informe de las medidas tomadas a esta honorable Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. En la Gaceta ya está publicado, me parece. ¿Sí, verdad? Lo tienen ahí.Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

INCREMENTOS DE PRECIOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se ha hecho un trueque de presentación de propuestas, por lo cual se van a presentar en una sola discusión los siguientes puntos: del Grupo Parlamentario del PRD, la propuesta del senador Silvano Aureoles Conejo. Con punto de acuerdo para citar a comparecer a lasecretaria de Desarrollo Socialpara tratar el tema del incremento de precios en productos básicos.

De la propuesta del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a través de la Profeco, a que refuerce el programa de vigilancia para evitar un aumento injustificado de precios y servicios, derivados del incremento al precio en el diesel y la gasolina.

El punto que presenta el diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal implante las medidas necesarias a fin de que los incrementos en los precios y tarifas de los bienes y servicios no impacte negativamente en la economía familiar.

Para este propósito tiene el uso de la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, para fundamentar los puntos relativos a este tema, que sería el incremento de precios de productos básicos y de bienes y servicios.

El senador Carlos Lozano de la Torre: Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, senador.

El senador Carlos Lozano de la Torre: Respetable asamblea, con el pretexto de la entrada en vigor del impuesto empresarial a tasa única, el nuevo gravamen a la gasolina y la posible alza en el transporte, nuevamente vemos que ante la tibieza de la autoridad, la especulación cobra forma y se despacha con la cuchara grande al tratar de detonarse una escalada de precios, que para nada corresponden en la misma proporción al incremento en los costos de producción y en el de los insumos.

Prueba de ello es el caso del mercado de la tortilla, en donde se ha hecho público un incremento mediático que puede representar hasta 15 pesos el kilo, que significaría un incremento de más de 60 por ciento que, por supuesto, supera por mucho el incremento de 4 por ciento al salario mínimo recientemente aprobado.

Desde el año pasado se esperaba un reapunte inflacionario para los primeros meses de 2008, pero no de la magnitud que estamos viviendo, la distorsión en el mercado es enorme con aumentos desproporcionados en muchos de los productos básicos indispensables para el sostenimiento de las familias mexicanas, principalmente de los que menos tienen.

Es hora de actuar porque el impacto podría ser mayor si consideramos que hay factores exógenos como la crisis hipotecaria en los Estados Unidos que ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados mundiales y que podrían afectar seriamente a nuestra economía.

Se debe actuar con firmeza para corregir la distorsión en los precios y para frenar el abuso de especuladores, que aprovechándose de las circunstancias buscan ganancias desmedidas a costillas del pueblo, incrementando los precios indiscriminadamente; o bien, crear un clima de incertidumbre política y sacar ventaja de las condiciones mundiales de los mercados.

En enero de 2007, cuando el precio de la tortilla llegó a rebasar los 10 pesos, los secretarios de Economía y Sagarpa acordaron impulsar la productividad y competitividad entre los agricultores mexicanos, a fin de mejorar el funcionamiento de los mercados y resolver problemas como el abasto y comercialización del maíz.

Todavía no sabemos qué pasó con aquella autorización que se dio de subsidio de la exportación de 125 mil toneladas de maíz blanco y qué nuevos criterios se han fijado para evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios por parte de Sagarpa.

Por otra parte, cabe preguntarnos: ¿dónde guardaremos las recientes cosechas de granos si ha sido desmantelado totalmente el sistema nacional de almacenamiento?

A un año de este fenómeno es necesario conocer qué es lo que se ha hecho al día de hoy, porque en la vida real, en el mercado, el precio de las tortillas podría incrementarse hasta muy por encima de los 8.50 que vale actualmente, pudiéndose dar incluso, prácticas desleales en que se utilice maíz transgénico o amarillo para el consumo humano, abaratando con ello los costos, en perjuicio de la salud y la nutrición del pueblo mexicano.

Además, de que no es claro qué papel está jugando la Secretaría de Desarrollo Social, con la red de tiendas Diconsa para frenar la escalada de precios, ni en el tema de la tortilla, ni muchos menos en el tema de la leche; no existe, por ejemplo, una definición en las políticas de subsidios aplicadas por el gobierno federal.

Lo mismo se subsidia una tortilla para la población más pobre, que una tortilla que se vende en restaurantes o en tiendas de autoservicios. Además, desde el Legislativo hemos advertido en repetidas ocasiones al Ejecutivo federal sobre la importancia de tomar medidas para disminuir los efectos que la entrada en vigor de la última fase del Tratado de Libre Comercio puede provocar en la oferta mexicana de productos del campo, particularmente en segmentos de alto valor agregado a nivel mundial como el de frutas y legumbres, donde nuestro país es sumamente competitivo.

De modo que es prioritario conocer la manera en que esta administración piensa apoyar al campo y a los campesinos de México, y no esperar a que las fuerzas libres del mercado, para disminuir los precios en nuestro país, nos vuelvan dependientes de los vaivenes y circunstancias globales en un tema vital para el desarrollo nacional: la seguridad alimentaria.

Por otra parte, en los primeros días de este año, los precios del acero subieron en promedio 5 por ciento, que contrasta enormemente con el 30 por ciento que pronosticó Altos Hornos de México, en diciembre pasado, por lo que la varilla se ha cotizado en el mercado a un precio que oscila entre 8 mil 500 y 8 mil 800 pesos por tonelada. Aunque este incremento no se explica en función de la demanda ya que de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Industria Mexicana del Acero enfrenta una sobreoferta de varilla de unos 2 millones de toneladas.

Pero más grave resulta que, ante la ausencia de la autoridad que vela por el interés de los consumidores, se dé en la práctica la competencia desleal entre los mismos fabricantes, cuando algunas varillas que se venden en el mercado son más delgadas y no cumplen con el diámetro establecido por la norma sin que se detecte y se sancione a quienes incumplen y engañan al consumidor.

De no intervenir oportunamente podría darse el caso de que la burbuja especulativa se concrete en un efectivo incremento del precio del acero de 30 por ciento que frenaría la producción de vivienda social y, en consecuencia, de la población menos favorecida, porque podría repercutir en el costo de la vivienda en un promedio de 15 por ciento, que variaría de empresa a empresa, dependiendo de la cantidad de acero que usen para la construcción.

Con la fuerte volatilidad que se vive en los mercados mundiales, no podemos darnos el lujo de que sea el propio Estado quien aliente la incertidumbre al emitir señales contradictorias al mercado, como ocurrió en el caso de las tarifas eléctricas que en los primeros días de enero se incrementaron en 8 por ciento para las de alta tensión y de 7 por ciento, y el día 7 de este mismo mes, de manera poco clara, se compensó el incremento mediante la reducción de tarifas eléctricas en horarios punta, con descuentos de hasta 50 por ciento y sobre la demanda incremental, y de 30 por ciento sobre la energía incremental consumida en dicho horario.

Es importante además, considerar que en este momento muchas familias mexicanas han visto reducida su capacidad de gasto al tener que destinar buena parte de sus ingresos al pago de créditos de consumo, por lo que una escalada de precios en este momento puede repercutir seriamente en el repunte de la tasa de crecimiento de la cartera vencida, sobre todo en el rubro de tarjetas de crédito que llegó, en septiembre del año pasado, a significar cerca de 19 mil millones de pesos y que representa un incremento anual de 84 por ciento.

Por ello, hay que prever no sólo las medidas pertinentes para que el sector financiero mantenga un equilibrio adecuado, sino sobre todo que no se asfixie a la gran mayoría de las familias mexicanas, hoy sobreendeudadas, porque es muy riesgoso por las consecuencias sociales que implica.

Compañeros legisladores, el país no puede ser entendido como una empresa sino en su capacidad de compromiso con sus habitantes, porque las distorsiones del mercado deben ser resueltas por el Estado, que al ejercer el mandato popular debe, por un lado, hacer que se cumpla la ley y evitar los abusos y atrocidades de los mercados y apoyar la conformación de cadenas productivas que eleven la riqueza nacional.

Y, por otra parte, debe fijar las tarifas de los bienes y servicios del sector público de manera responsable y clara, porque hay que señalarlo, es una mala señal para los mercados que la información que genera el sector público sea contradictoria o poco clara, porque es bien sabido que la información es un instrumento básico para la toma de decisiones de los distintos agentes económicos para protegerse de los riesgos, invertir sus remanentes o fijar sus políticas de precios, de empleo y hasta realizar su planeación fiscal.

Por ello sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. Ante algunos incrementos injustificados de los precios en los principales productos básicos y de los importantes insumos de producción, así como por la consecuente incertidumbre generada por diversos agentes de los mercados, la del Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza; y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez.

Se les cita a fin de que informen sobre el avance de las acciones conjuntas contempladas para mejorar las cadenas de producción de los productos básicos en el país que permitirán mejorar la competitividad y la productividad de los distintos sectores productivos, así como para detallar las acciones previstas en el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia 2008, de la Profeco, para frenar abusos de comerciantes, tortilleros, gasolineras, así como las diferentes medidas emprendidas para fortalecer la capacidad de verificación y control de precios.

A la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala Peniche, para que informe sobre las acciones establecidas para garantizar el abasto, calidad y precio en la red de tiendas de Diconsa, y frenar los incrementos injustificados de precios a productos básicos y proteger a la población más vulnerable. Todas las comparecencias en una sola sesión.

En suma, el Congreso de la Unión necesita saber sobre las acciones y los resultados concretos que se alcanzarán por las políticas que aplique el gobierno federal, a fin de garantizar que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las personas y de las condiciones de los negocios de las empresas de la nación.

Segundo. La del Congreso de la Unión hace nuevamente un llamado a las autoridades competentes en nombre de la sociedad que representa, ante la preocupación que el primer resolutivo expresa para el sano desempeño económico del país.

Señora Presidenta, en virtud de que el resolutivo presenta cambios respecto al que fue registrado, hago entrega a esta Mesa de la versión final de este documento.

Atentamente, senador Carlos Lozano de la Torre y diputado Alfonso Mota Hernández.

Igualmente, si me lo permite, Presidenta, solamente quisiera hacer un comentario de que, en función de la preocupación que ha establecido nuestro partido en torno a las casas de empeño, trabajaremos para que en el próximo periodo ordinario haya una propuesta de ley para la modificación que debe hacerse en estos temas, en los cuales hemos estado muy atentos como bancada de nuestro partido en defender los intereses de los que menos tienen y, en particular, en el caso de las casas de empeño.

No solamente en diciembre y enero, cuando se viene ---como lo comentaba el senador Tamborrel, con el cual coincidimos en sus planteamientos---, pero haremos una propuesta de una reforma para la ley, para tener los controles en este aspecto. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer a la secretaria de Desarrollo Social para tratar el tema del alza de los productos básicos, a cargo del senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, para efecto de que sea considerada como asunto de urgente u obvia resolución y puesta a discusión de inmediato, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión cita a la ciudadana Beatriz Zavala Peniche, secretaria de Desarrollo Social, a comparecer ante la Tercera Comisión de Trabajo de este órgano legislativo, para tratar los temas relativos al indiscriminado aumento de precios a productos básicos que se ha presentado desde los últimos meses de 2007, así como a las medidas que el gobierno federal implantará para detener esa escalada y para prevenir y corregir la especulación y el abuso con dichos productos.

Segundo. La del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a disponer con carácter urgente la formación de una reserva estratégica alimentaria, como medida para garantizar la soberanía alimentaria del Estado mexicano.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a reforzar mediante la Profeco el programa de vigilancia para evitar un alza injustificada de bienes y servicios derivada del incremento del precio del diesel y de la gasolina, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Pilar Ortega Martínez, y el senador Humberto Andrade Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, presentamos ante la Comisión Permanente de la LX Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a evitar un aumento injustificado de precios de productos y servicios, derivado del incremento al precio en el diesel y la gasolina, para ser considerado de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, el 21 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 9-CU y 9-N.

El artículo sexto transitorio del decreto que se refiere a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios estipula en sus fracciones I y II que en el mes calendario en que entre en vigor el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se aplicará una cuota de 2 centavos a cada litro de gasolina Magna, 2.44 centavos a cada litro de gasolina Premium UBA y 1.66 centavos a cada litro de Diesel. Y que las cuotas referidas se incrementarán mensualmente en 2 centavos, 2.44 centavos y 1.66 centavos, por cada litro de gasolina Magna, gasolina Premium UBA y Diesel, respectivamente, hasta llegar a las cuotas previstas en el artículo 2o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ¹.

Dichos incrementos son sin duda necesarios y precisamente por eso fueron aprobados por esta soberanía para que mediante una aplicación gradual se evitara mermar la economía familiar.

Sin embargo, como legisladores somos sensibles a las inquietudes de los consumidores y de las familias, conscientes que estas reformas fiscales reflejarán una mejora en los servicios que recibe la población de cada entidad federativa, creemos que la preocupación de que este incremento sea utilizado como pretexto para un aumento de precios descontrolado e injustificado es real, por lo que resulta necesario que el Ejecutivo actúe para evitar dichas acciones.

Como lo establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde a la Secretaría de Economía:

De igual forma, como lo señala el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores ².

Es necesario señalar que dentro de las atribuciones de la procuraduría, según el artículo 24 de la ley referida, se encuentran las siguientes:

Derivado de lo anterior, y conscientes de que el incremento a la gasolina y al diesel puede motivar un aumento excesivo de los precios de los productos y servicios por parte de especuladores en perjuicio de la población, consideramos necesario que la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor refuerce el sistema de vigilancia a fin de impedir una escalada injustificada de precios en productos y servicios, y proteger la economía del pueblo. Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar la aplicación de los procedimientos, medidas de apremio y sanciones en caso de incumplimiento, así como de las atribuciones y facultades que se la ley les confiere, para garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante la escalada de precios en diversos productos y servicios.

Notas: 1. Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Congreso de la Unión. 14 Septiembre 2007.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=50110942. Ley Federal de Protección al Consumidor. Congreso de la Unión. 24 Diciembre 1992.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/113.doc

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a implantar las medidas necesarias para que los incrementos de los precios y las tarifas de bienes y de servicios no afecten la economía familiar, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Motivos

Todos los mexicanos sabemos que a principio de cada año la escalada de precios de los bienes y servicios se presenta de manera automática, ello derivado de la propia dinámica de la economía mundial y los efectos que puede generar en nuestro País.

No debemos olvidar que desde hace más de 10 años la inflación, es decir, el incremento de los precios de los bienes y servicios, ha sido una de las variables económicas a la cual el Banco de México le ha dado una atención particular, ello con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El incremento en el salario mínimo, que para este año fue menor al 4 por ciento, no permite subsanar los efectos negativos que deben padecer los millones de trabajadores que perciben dicha remuneración, el monto de la percepción mínima es insuficiente para hacer frente a los gastos de una familia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los resultados de la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares señala que entre 2004 y 2006, el gasto corriente monetario de los hogares creció en 7.5 por ciento, a precios constantes; incrementándose los gastos relacionados con la salud, el vestido y la limpieza de la casa, así como en enseres domésticos.

Los principales componentes del gasto monetario tienen por destino la alimentación de los integrantes de los hogares (29.4 por ciento), el transporte (18.9 por ciento), la educación y el esparcimiento (15.5 por ciento), los cuidados personales (10.9 por ciento) y las erogaciones que se hacen en la vivienda (8.9 por ciento).

Estimaciones de realizadas por analistas financieros, con base en información de la Procuraduría Federal del Consumidor, señalan que el incremento de la canasta básica en el año 2007 fue del 35 por ciento, en tanto que, según el INEGI, el aumento del ingreso de las familias fue de 23 por ciento en promedio. Los productos que más se encarecieron a lo algo del año fueron: la lenteja, la harina de trigo, el frijol negro y los alimentos procesados para niños.

Lo mencionado anteriormente nos da una idea más clara de la forma en como resultan afectadas las familias debido a los incrementos de los precios, en relación a ello cabe mencionar que en varias entidades del país ya se han empezado a sentir los efectos del alza de los precios, principalmente en servicios como el transporte y en productos como el azúcar, la harina, el huevo, el aceite vegetal, la mantequilla, la leche y la tortilla.

El incremento de los precios es, por mucho, mayor al aumento de los salarios, asimismo, la diferencia salarial que existe en las entidades al ubicarse en diferentes zonas geográficas, agudiza el problema de la insuficiencia del poder adquisitivo.

Como representantes de la sociedad tenemos la obligación de procurar por que las familias mexicanas se desarrollen en un entorno favorable, que les permita tener una mejor calidad de vida y un nivel de ingreso que les sea suficiente para hacer frente a sus necesidades.

Es necesario insistir en señalar que el incremento en el precio de la gasolina que el Congreso de la Unión aprobó el año pasado se dará de manera gradual a lo largo del año, por ello no debe ser utilizado como una justificante para incrementar los precios de los bienes y los servicios.

Es prioritario que al inicio del presente año, se implanten las medidas necesarias que permitan subsanar los efectos que ocasiona el alza de los precios y tarifas de los bienes y servicios. No es suficiente con implantar mecanismos de compensación, aunado a ello es necesario sancionar de manera expedita y con apego a la ley todos los abusos que se pudieran presentar con el argumento del incremento natural de los precios.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones para que:

1. Implante las medidas necesarias que permitan, a las familias mexicanas, subsanar los efectos negativos del incremento de los precios de los bienes y servicios.

2. Se sancione, de manera inmediata y con fundamento en la ley, a los particulares e instituciones públicas que incurran en prácticas ilegales con el argumento del incremento de los precios de bienes y servicios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Carlos Lozano de la Torre. Si me hace favor de informarnos también el punto que presentó usted respecto a las comparecencias de los titulares de Sagarpa, Sedesol, Secretaría de Economía, y Profeco. Quedaría integrado también en este mismo punto. Entonces serían cuatro los que estamos resolviendo con esta exposición... para que quede claro a la asamblea.

Como ustedes escucharon, ha dado lectura al punto de acuerdo que resolvería estos cuatro puntos de acuerdo que ya no se van a presentar aquí en la plenaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, estando a discusión el punto, se han inscrito para el caso los siguientes legisladores: el senador Silvano Aureoles Conejo, el diputado Adolfo Mota Hernández, el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, el diputado Pablo Arreola Ortega, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el senador Carlos Lozano de la Torre y el diputado Ector Jaime Ramírez Barba.

Por tanto, tiene el uso de la palabra el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, por favor. ¿Sí? Salvador Ruiz.

Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Ruiz, por favor.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso, Presidenta.

Por supuesto que en este país son necesarias las comparecencias de los secretarios y las secretarias de Estado, pero es más necesaria la rectificación del rumbo de la política económica que este país necesita.

No se puede continuar con la orientación neoliberal, que lo que se ha comprobado es la generación de más pobreza. Nuestro país ya no está para seguir inventando y seguir improvisando políticas que han fracasado de forma histórica.

Requerimos que el Ejecutivo realmente se comprometa con el Poder Legislativo para poder diseñar un programa económico que permita resarcir los daños a la población. La población se concentra en la zona urbana prácticamente en 70 por ciento. El abandono del campo también es producto de esta concentración urbana, pero requerimos que se inicie la construcción de una política industrial.

En este país pueden cambiar muchas cosas, incluso podemos cambiar de régimen político; pero si no modificamos las condiciones para la mejora económica en este país las cosas pueden seguir igual, y lo que es peor, pueden seguir siendo más desfavorables para la mayoría de la población.

Nuestro Partido de la Revolución Democrática se suma, por supuesto, al llamado a la comparecencia, al resolutivo que votaríamos a favor. Pero estamos también encaminando esta orientación para que las cosas en este país cambien, que se tenga la voluntad.

Y nos preocupa mucho, porque no es el problema realmente que tenemos hoy con el Tratado de Libre Comercio. Es cierto que aun con la revisión de ese tratado, el campo seguiría efectivamente en el atraso, siendo totalmente no competitivo, porque no hay política para poder salvaguardar la producción en la parte agraria.

Nuestro partido sí está consciente de que requerimos hacer un programa, pero requerimos la voluntad del Ejecutivo para poder reorientar la política económica. Ésa es la parte más sustancial que tenemos que reconocer.

El desempleo en México es de los problemas más grandes que tenemos en el país, y si esto no mejora, por supuesto que va a seguir agravándose el problema de la delincuencia. El problema se circunscribe a una orientación que permita realmente implementar formas de que nuestra economía sea competitiva. La política que tenemos en la frontera no ayuda. El contrabando va mermando la política que se pueda tener en el desarrollo económico de este país.

Requerimos muchos cambios, pero fundamentalmente es pertinente que se tenga realmente una visión de Estado para poder atender el problema económico. Queremos tener efectivamente la opinión, queremos conocer cuál es la visión que tienen esos secretarios. Pero requerimos un compromiso mayor para que este país realmente reoriente su política económica. Es cuanto, señor Presidente.

Presidencia del senador Rubén Camarillo Ortega

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado Salvador Ruiz.

En la lista de oradores el siguiente turno corresponde al diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Con su permiso, Presidente.

La verdad es que cuando revisamos otras experiencias, en otras latitudes, confirmamos lo que hemos venido señalando desde que inició esta Comisión Política Permanente: que urge la articulación de los tres niveles de gobierno para encarar este tema.

Cuando observamos la experiencia de Chile o de Argentina nos damos cuenta de que existieron en su momento, conforme la crisis del alza de precios, vasos comunicantes entre los tres niveles de gobierno y, por supuesto, comunicación entre el Congreso y el Ejecutivo, que permitieron, con la fuerza y el poder del Estado, detener el alza de precios.

Nosotros entendemos desde nuestra óptica la posibilidad que tiene el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, con los mecanismos de control de precio y conforme el modelo económico que hasta ahora se ha venido manejando; que el control de la masa monetaria controla la inflación; que la emisión o no, de monedas conmemorativas, puede atraer masa monetaria y puede generar mecanismos macroeconómicos de control de la inflación.

Pero nosotros creemos también que lejos de una política de subsidios que obedece a otro modelo y que pareciera no estar en el ánimo del Ejecutivo federal, la mejor política pública es la política creíble, y es la que articula. Y hasta ahora nos hemos venido encontrando, como en los años cincuenta, aquella puesta en escena que se llamaba La comedia de las equivocaciones, en donde cada quien traía su discurso, planteaba sus posibilidades y preferencias, y causaba mucha risa al auditorio.

No podemos darnos el lujo de generar una comedia de equivocaciones en donde el Legislativo, desde el inicio, desde principios de año y antes en la instalación, ha venido sugiriendo la articulación de los tres niveles de gobierno en la agenda política y hay bocas que pronuncian un buen mensaje ---hay que reconocerlo--- del Ejecutivo federal, pero que en los hechos no se muestra un llamado a articular a los tres niveles de gobierno.

¿Por qué subrayamos en el Grupo Parlamentario del PRI a los tres niveles del gobierno? Porque lo mismo deteriora al bolsillo de un mexicano el impuesto predial ---que es de potestad municipal---, o el impuesto al agua ---según el espíritu del 115 constitucional---, o el impuesto del transporte público, o el impuesto de la tenencia vehicular ---sea en el margen de entidades federativas---, o un impuesto federal. Esto está destinado a la misma persona. Y la articulación de la misma y la generación de mecanismos de control de precio, a nuestro juicio, está haciendo falta.

No sería necesario, incluso, que la propuesta que hace el senador Lozano de atraer, que los funcionarios convenientes a este tema vinieran a la Cámara. Nosotros esperábamos desde la agenda política que motu proprio los funcionarios de Felipe Calderón se acercaran al Poder Legislativo para generar los vasos comunicantes y, luego entonces, entender la política pública, la política creíble de control de precios hasta este momento.

Por eso nosotros queremos llamar la atención de esto, desde luego lo plantearemos en las comparecencias a las que estamos llamando a los funcionarios, que tienen que ver con el tema.

Nos parece que no es suficiente, hasta el momento, estar llamando una serie de artículos y generar solamente vasos comunicantes con las tiendas de autoservicio cuando el poder del Ejecutivo federal debe ir más allá.

Nos pronunciamos por estimular bonos de productividad para los trabajadores, y hablando de la masa monetaria, que el Banco de México, que desde 2005 no ha revisado o aumentado el corto de 79 millones de pesos diarios, pudiera moverlo ante una medida contingente para los tres primeros meses; por exhortar a las cámaras industriales para que el incremento que tienen previsto para 2008 pueda entrar dentro de la gradualidad, que permita en la cuesta de enero salir adelante a millones de mexicanos.

Dar autonomía al INEGI para calcular el precio de los productos de la canasta básica, promover mejores mecanismos para que la Profeco... sean los propios ciudadanos los que vigilen y sancionen. Hacer uso de los medios de comunicación para señalar a las empresas... o los abusos que conformen la especulación... estén abusando de este tema. Y convocar, por supuesto, a todos los ciudadanos a inmiscuirse en esta articulación, que no pacto, por los antecedentes que ha generado el mismo y llamar la atención de los mismos.

Estaremos participando en estas comparecencias probables, no sin antes seguir llamando la atención respecto a que en esto intervienen todos los niveles de gobierno, participamos todos y esperamos una convocatoria seria que nos permita participar en los temas fundamentales de esta nación. Es cuanto, Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado Adolfo Mota Hernández .

Ahora tiene el turno el senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno: Con su venia, senador Presidente.

Señoras legisladoras y señores legisladores, estamos discutiendo la posibilidad de aprobar este punto de acuerdo y en su momento haremos nuestra decisión de estar en este mismo sentido.

Pero a mí me interesa en este momento participar en esta tribuna porque de lo que estamos hablando es de precios, el mandar un mensaje que afortunadamente a través de los medios de comunicación le llega a la sociedad, y que me parece muy importante.

En cuestiones de precios, todos los años, desde hace mucho tiempo, en nuestro país al principio del año suele haber impactos que se sufren ya sea porque se tuvieron costos adicionales en insumos, en materias primas, etcétera, y se impactan al empezar el año o bien por cuestiones de impactos salariales, de ajustes en impuestos o de precios y tarifas de los servicios públicos.

Pero esto y lo tenemos que decir desde aquí, no justifica de ninguna manera ajustes indebidos o aumentos indebidos de los precios de los productos básicos.

No es posible que se empiece a decir que sube un producto y se especula que porque posiblemente posteriormente subirá un insumo o la materia prima de ese producto. No se puede estar manejando en este sentido, sobre todo los precios de los productos básicos, porque esas especulaciones sobre lo que puede suceder, no han sucedido y sólo son estimaciones que se están haciendo y puras conjeturas.

Y como decía aquí la vez anterior, tenemos que transmitir con verdad y con pruebas lo que sucede, porque a la sociedad y a todos les digo que no es valido hacer afirmaciones alarmantes sin sustento, pues con eso lo único que lograremos es que se cometan abusos.

Veamos, se habla del incremento de las gasolinas y del diesel, y se le ha llamado ``el gasolinazo'', y se dice que su impacto es alto. Sólo para ilustrar voy a dar tres ejemplos.

Cuál es el impacto, en un camión de carga de 20 toneladas que transporta mercancías, 450 kilómetros, ¿cuál es el impacto de ese producto en el transporte de esas mercancías?

Por ejemplo, un torton de 20 toneladas, 20 mil kilogramos de maíz, vamos a ponerlo, recorre 450 kilómetros de un lugar a otro para entregar esa mercancía. Supongamos que está muy mal afinado y consume un litro por cada kilómetro, son exactamente 450 litros. Cargaba su tanque de diesel a 5.93 y hoy lo carga a 5.95, 9 pesos más. Pagó al cargar el tanque... dividido entre 20 mil kilos de maíz... ¿cuál es el impacto? No hay impacto.

Ahora, por otro lado, un transporte foráneo... radico en Puebla... 135 kilómetros... transporte foráneo de pasajeros... 44 personas en el autobús, ¿no? Vamos a decir que son 30 y que lo mismo recorre 135 kilómetros. Se gasta 135 litros, y entonces al cargar el tanque le costó nada más 2 centavos, por cada 135 litros 2.70, dividido entre 30 pasajeros, perdónenme, ni una centésima de centavo.

Les digo, un transporte urbano que circula de su base A, a su base B, vamos a poner que 12 kilómetros, se gastó 12 litros de diesel, consumiendo un litro por kilómetro, 12 litros de diesel, son 24 centavos más lo que pagó. ¿Por qué tiene que subir el transporte público de pasaje urbano? En ese sentido pagó eso nada más, únicamente.

Ah, ahora, ¿qué pasa? Puede haber tenido otros costos, pero entonces que no se diga que fue por concepto de la gasolina o del diesel, que además es un impuesto que se reparte entre los estados y que será del orden de 9 mil 900 millones durante el presente año y que ya está considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y esos dineros van a los estados y los estados los ocuparán en algunos de los programas más urgentes que tiene cada gobernador para poder atender las necesidades de la población.

En consecuencia, me parece que es absurdo que estemos hablando en términos de gasolinazo y de incrementos en precios de productos por ese concepto. Puede haber otros conceptos, eso no lo sé, pero de esto no.

Por ejemplo, si nos fuéramos a la parte final, cuando ya hayan pasado 18 meses, fíjense que nada más lo único que carga cualquiera de estos, el camión de carga, en lugar de 9 pesos, va a pagar 16 pesos más en la carga de 450 litros. El transporte de pasaje foráneo va a cargar 4 pesos 32 centavos más. Y el pasaje urbano va a cargar nada más 48 pesos más, pero suben 80 personas en el trayecto, ¿cuál es el impacto?

No podemos, entonces, especular en esta forma. Tenemos que ser muy serios y desde luego saber que además todos estos recursos se están yendo para otros programas que en cada estado, los gobernadores estarán interesados en diseñar, sobre todo, y destinar los asuntos de carácter social.

En consecuencia, no se justifican incrementos ni de fletes ni de tarifas, y consecuentemente tampoco de precios en las mercancías y en las tarifas de transporte. Pero aquí tenemos que ver que este impacto no puede estar en los costos y debe de quedar muy claro y a los ciudadanos les debe de quedar claro que no hay justificación por algún incremento de algunos productos. Podrá haberlos por otros, hay que discutirlos.

Entonces, por otro lado, por ejemplo, en el precio de la tortilla, en la apertura... hasta hoy no ha entrado ese maíz, pero si entrara y suponiendo que entrara sin arancel, entraría más barato... en consecuencia, en dónde está el impacto en el precio de la tortilla. Si en su caso hubiera ya entrado maíz sin el arancel, estaría entrando a menos valor por kilo, en consecuencia más barato.

No es cierto que esté entrando, porque en primera, en maíz blanco somos autosuficientes; en consecuencia, no se justifica tampoco el aumento en el precio de las tortillas, por ejemplo, porque no hay los elementos concretos y reales con los cuales se pueda justificar esto.

Y bueno, desde luego que nosotros, el Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario nuestro, está totalmente de acuerdo en que exhortemos precisamente al Poder Ejecutivo, para que las dependencias encargadas de estos temas, le den seguimiento, nos proporcionen información, en primer término; le den seguimiento y hagan las labores de vigilancia y, en su caso, de sanción, que correspondan contra aquellas personas que queriendo justificar, suben indebidamente los precios. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Le agradezco su participación, senador Jorge Andrés Ocejo Moreno. Ahora tiene el turno, el diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente.

Efectivamente, el asunto es de precios, como dice el senador Ocejo; pero también tiene que ver fundamentalmente el asunto de la especulación. Estamos viviendo ahorita un momento, un ambiente de especulación de parte de los grandes comercios en México en todo el país. Los datos reales que tenemos ahorita, a la fecha, del incremento en los precios de la canasta básica, ya va más de 40 por ciento a la fecha acumulado del año pasado.

¿Eso qué significa? Que con el incremento pírrico que se dio de dos pesos al salario mínimo para este año, no alcanza ni para comprar dos bolillos de los grandes, porque cuesta uno cincuenta cada uno de ellos; alcanza para dos bolillos pequeños, dos, con ese incremento pírrico.

Lo que estamos viviendo en este momento es una situación muy complicada y difícil. No se justifica el incremento de precios, como dijo el Senador, de manera acertada, pero se está haciendo desde el año pasado. En diciembre se registró un incremento de más de 5 por ciento en los productos de la canasta básica, únicamente en diciembre, en las tiendas de autoservicio.

¿A qué se debió esta situación? Se debe a las medidas incorrectas que toma este gobierno neoliberal, de dejar manos libres a la lumpemburguesía comercial de este país, para que haga del comercio un libertinaje.

El Estado mexicano tiene la capacidad, tiene los instrumentos legales que le da nuestra Constitución para que ahí se dé un control de precios: en los productos de primera necesidad para el pueblo de México.

¿Por qué no lo hace? ¿Por qué deja pasar todas estas situaciones y ahora quiere corregir con un convenio con las tiendas departamentales para controlar precios? Debe ser exigente, porque esto es como en la cancha de futbol: cuando el árbitro no se pone duro, cuando el árbitro no pone sanciones se le va el juego de las manos.

Así le está pasando al presidente y a este gobierno. Le está pasando a Calderón y le está pasando a sus funcionarios: como no ponen remedio de manera inmediata, cuando lo quieran hacer ya se incrementaron los precios de la canasta básica.

Por eso estamos de acuerdo nosotros, el Grupo Parlamentario del PT, en que comparezcan estos funcionarios y sepamos si van a utilizar esos instrumentos legales para que no únicamente se detengan los precios de la canasta básica y de los productos en general, sino también, si van a bajar esos precios.

Aquí, en México, no aplica la ley de la gravedad en los precios. Precio que se incrementa; nunca ha bajado en nuestro país. Por eso les pedimos a ustedes, a todos, que votemos a favor este punto de acuerdo, para que revisemos con mucha seriedad cuáles van a ser los instrumentos que se van utilizar para detener este incremento generalizado de precios. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Le doy las gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Y ahora tiene el turno el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del grupo de Convergencia.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, al gestionar un incremento en los combustibles en el Congreso y luego diferirlo por decreto, Felipe Calderón logró el peor de los resultados.

El gobierno federal no obtuvo la derrama económica que le proporcionaría gasolinas más caras de inmediato, y en cambio, la especulación incrementó los precios de los artículos de la canasta básica por segunda ocasión.

La postergación del aumento de la gasolina para enero de 2008 duplicó el impacto sobre los precios de los demás productos, porque el solo anuncio generó incrementos de precios y estos se han dado ya en este enero.

A diciembre de 2007, la mayoría de los productos de la canasta básica tuvieron importantes incrementos en sus precios: 87.5 por ciento del frijol, el huevo a 60.54 por ciento; 42.22 por ciento el kilo de carne molida; 30 por ciento el kilo de pollo; 29.49 por ciento a la leche, por citar algunos casos.

Y para la segunda semana de enero, el precio del huevo blanco pasó de 15 pesos el kilo a 17.50 pesos. El huevo rojo se elevó 19 por ciento. El kilogramo de pierna y muslo de pollo se incrementó 20 por ciento. El jitomate duplicó su precio al pasar de 8 pesos a 18 pesos por kilo. El limón pasó de 1.50 a 9.50 pesos, incrementándose en un 500 por ciento. La carne de res y de puerco se elevó de 68 a 75 pesos y de 58 a 68 pesos, respectivamente. El azúcar pasó de 15 a 17.50. En tanto, la tortilla en diversos lugares ha tenido un aumento de 20 por ciento. Y los productos agropecuarios, en general, se han incrementado. Esta situación ha generado un descontento general entre la población.

En México los abusos en los precios son evidentes. En parte porque existe un trato privilegiado hacia diversos grupos económicos. La política comercial ha privilegiado a esos grupos que, al buscar mantener y extender ese trato, ha logrado imponer estructuras de precios oligopólicos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo nacional, influyendo además en el diseño de las políticas públicas que han permitido el establecimiento de barreras a la libre competencia y con ello cancelado oportunidades para nuevas empresas.

El resultado de estos factores coloca al consumidor como cliente cautivo de grandes empresas, obligándolo a pagar precios más altos que los pagaría en otros países. Un ejemplo por demás ilustrativo es la diferencia abismal de precios de productos y servicios entre México y Estados Unidos.

Con datos de 2007, en México el servicio de teléfono celular tiene un costo de 23.5 centavos de dólar por minuto, mientras que en Estados Unidos es de 5.7 centavos de dólar. Es decir, 312.3 por ciento más alto en nuestro país.

La renta por el servicio telefónico de línea fija en México tiene un costo de 14.2 dólares al mes, en tanto que en Estados Unidos es de 8.6 dólares al mes; 65 por ciento más caro en nuestro país.

La electricidad residencial de alto consumo en México tiene un costo de 19.4 dólares por kilovatio, mientras que en Estados Unidos es de 8.97 dólares por kilovatio. Y traigo aquí una larga lista de precios que señala este trato privilegiado para muchas empresas y grupos económicos.

Sin duda consideramos que el incremento a las gasolinas y diesel va a generar un alto impacto inflacionario por esta conformación oligopólica de los mercados mexicanos que se está reflejando tanto en el ramo del transporte en los precios de las mercancías que son transportadas, y en general, en los costos de bienes y servicios.

En julio de 2007 la canasta básica se ubicó en mil 45 pesos, cuando ya se hablaba del gasolinazo y, para la primera quincena de octubre ascendía a mil 102 pesos, una vez oficializada la entrada en vigor en enero de 2008. Es decir, en ese lapso registró un aumento de 5.46, similar al incremento total que tendrá la gasolina.

Así pues, en Convergencia creemos que la difícil situación para la población en el año que comienza exige que el gobierno federal adopte las medidas necesarias para mitigar el impacto que la entrada en vigor del impuesto a las gasolinas traerá en la economía familiar de millones de mexicanos por el incremento de los productos y servicios, e informe de las acciones que han adoptado y emprenderá el gobierno federal para proteger el ingreso familiar.

De ahí que sea necesaria la comparecencia de los secretarios de Economía, Agricultura, Sedesol para atender este proceso inflacionario en marcha, para que nos expliquen qué medidas van a adoptar contra la especulación que de-sató el gasolinazo y el aumento de las tarifas eléctricas.

Es evidente que si nosotros hacemos las cuentas rigurosamente, como las ha hecho el senador Ocejo, no hay razón para que haya incrementos de precios sustanciales. Sin embargo, estos incrementos son reales, se dan y lastiman la economía de las familias mexicanas. Consecuentemente, se requiere tomar acciones para resolver esta situación.

Evidentemente que detrás de todo esto hay un proceso en la economía que fomenta este tipo de olas especulativas y genera este tipo de procesos inflacionarios, y no se le puede decir a la gente, señores... simplemente digan ustedes que no se justifica el incremento de precios, porque eso a final de cuentas no resuelve nada.

Por eso es muy importante que vengan aquí a la Cámara de Diputados y que nos expliquen qué es lo que se va a hacer, para que la Comisión Permanente tome cartas en el asunto y se involucre y propongamos y busquemos que estos incrementos no lastimen la economía de las familias mexicanas y que también es importante que nosotros cumplamos con nuestra tarea.

En Convergencia consideramos que en su oportunidad es importante que se apruebe la iniciativa de Ley de Precios Competitivos que el Frente Amplio Progresista presentó en el Senado de la República, con objeto de establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a establecer condiciones competitivas en los mercados nacionales e impedir los incrementos exagerados por parte de personas físicas o morales que tienen un poder sustancial en el mercado.

Mientras no se corrija la raíz de los abusos en materia de precios seguiremos atrapados en estos procesos que lastran la economía del país, castigan duramente el consumo social y favorecen la concentración de la riqueza en pocas manos, así como el desamparo creciente de la mayoría del pueblo mexicano.

Por eso es muy importante que nosotros tengamos estas comparecencias y que a partir de ahí, con esta coyuntura adversa para nuestro país y para México, adoptemos y pongamos en marcha las medidas que son necesarias para corregir coyunturalmente y de raíz esta problemática. Es cuanto, Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado Velasco Oliva. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. De igual forma, yo creo que al haber establecido este tema como una prioridad en esta agenda, podríamos también en el punto de acuerdo ---y es una postura del Grupo Parlamentario del PRD--- pedir que esta comparecencia sea ante el pleno de la Permanente, de tal forma que tengamos la manera de las diferentes comisiones, todos los integrantes de esta Permanente, hacer las observaciones pertinentes a todo lo que aquí ya se ha señalado.

En primer lugar, el que se haga valer esta parte de la enunciación de la facultad del Ejecutivo en el asunto de la regulación de los precios. Ésta es una facultad constitucional.

Nos referimos al artículo 28 constitucional, ahí se establece que las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.

La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Es un llamado constitucional del que nos tienen que informar los encargados actualmente en el Ejecutivo de qué medidas van a establecer.

Aquí se ha señalado que éstas son especulaciones y que el alza de precios es cotidiana, es costumbre. Entonces, ¿por qué no lo es también el incremento al salario mínimo? ¿Por qué sí el salario mínimo tiene un deterioro de 80 por ciento en su poder adquisitivo, a lo largo de 20 años? ¿Por qué sí el 17 por ciento solamente de la canasta básica se adquiere con el actual salario mínimo vigente?

Bastaría con dar una vuelta a cualquiera de las colonias aledañas a esta Cámara de Diputados para saber cómo sí ya se están incrementando los productos básicos.

Hablando de la tortilla, aquí en la Ciudad de México y en otros lugares del país también se están dando estos incrementos, hablando ya de hasta 15 pesos el precio de la tortilla, cuando éste es el producto básico en la alimentación del mexicano.

No nos hemos hecho cargo, y ése es un llamado también que tenemos que asumir como Legislativo, de la iniciativa y de la reforma constitucional sobre soberanía alimentaria. ¿Cómo protegemos la canasta básica y los productos que necesita, o necesitamos, más bien, como mexicanos, para nuestra nutrición?

Eso tendríamos que agendarlo en una prioridad en la materia de alimentación y nutrición, sobre todo si tenemos parada una iniciativa en el Senado de la República.

También es pertinente señalar que, como facultad del Ejecutivo, el control de precios, una facultad constitucional... no solamente nos podríamos quedar con esta información de las instituciones que ahora se llaman a comparecer, sino también de proyectos y alternativas muy concretas que se habiliten de medidas que se tomarán al respecto.

El cálculo que se hace aquí de los costos que implican las alzas en gasolina, en diesel y lo que estamos viviendo en el mercado actual ---ya lo señaló el diputado Velasco en la relación de precios--- de cómo se ha venido incrementando la canasta básica en 36 por ciento a lo largo del año pasado y cómo tenemos esa preocupación en todos los sentidos; porque hay productos que han subido hasta 100 por ciento o 120 por ciento, constituyendo parte de la canasta básica.

Sí me gustaría señalar que en algunos estudios en cuanto a cómo se va dando este comportamiento de los precios de los insumos básicos, hay señalamientos de que estas políticas de contención que se han habilitado o que se presumen no resuelven los problemas de crecimiento en los precios.

Porque, cuando el pacto o acuerdo que se intenta o se ha anunciado termina ---como lo que hicieron con el precio de la tortilla--- los incrementos resultan mucho mayores. Además de que se generan distorsiones en la operación del mercado y que es una larga lista la que tenemos de incremento de los precios... y de como tampoco estamos hablando de que con este Tratado de Libre Comercio ha habido mayor competitividad del país... solamente crecemos a 2 por ciento; solamente comparable a Haití.

Somos de las economías que menos crecen en América Latina y esto también se define en diferentes estudios en donde los factores que afectan la competitividad de las empresas están enunciados, enlistados en una falta de financiamiento, una cuestión de precios en los energéticos, de infraestructura, de políticas fiscales, de política industrial, laboral, de tipo de cambio, de tramitología, de inseguridad, de nivel educativo, de capacitación, estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas, vinculación con el sector académico, empresarial, capital de trabajo, recursos humanos.

Entonces, no se puede aquí venir a decir que con el Tratado de Libre Comercio estamos generando competitividad en el país; más aún cuando nuestro producto básico en la canasta básica de los mexicanos ha crecido desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 1100 por ciento. Estoy hablando del precio de la tortilla. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputada Alavez Ruiz. Entiendo, por su participación, que hace una propuesta de modificación al punto original expuesto por el senador Lozano de la Torre. Si es así, le suplicaría que me dejara por escrito su propuesta de modificación al punto, para que al final de la lista de oradores se someta a consideración de la asamblea si se autoriza o no dicho cambio en la propuesta que usted hace.

Tiene el uso de la palabra ahora el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Carlos Lozano de la Torre: Yo creo que estamos de acuerdo todos con lo que planteó el senador Ocejo. No hay una justificación para el alza de los precios; pero bueno, vemos hoy las ocho columnas de los periódicos ---las primeras planas--- y nos damos cuenta de que es un tema de percepciones, pero finalmente están los aumentos. Y el problema, efectivamente, es que no hay una justificación real para los aumentos.

Hace unos días los compañeros senadores del PRD establecían un planteamiento en torno del frijol. Tan sólo hay que ir a ver los precios, en los supermercados, que tiene el frijol, y el precio que se está pagando ---por ejemplo--- en Durango, en Zacatecas, en Nayarit, en los estados productores de frijol, donde con controles estatales no pueden lograr que se les pague a 5.50 la producción, y en las tiendas de autoservicio estamos viendo el frijol a 18 pesos, a 16 pesos.

En un escenario como ése... es la falta de profesionalismo y sensibilidad de la autoridad para atacar los problemas... que, por ejemplo, si vemos el caso diferente del maíz, donde estamos viendo que una cantidad importantísima de maíz que antes no se utilizaba para uso industrial, hoy en Estados Unidos un porcentaje sumamente importante se está yendo a la producción de etanol, y así lo veremos los próximos años: se va a seguirse utilizando cada vez más maíz para la producción de etanol. Y vamos a ver una presión sobre los precios que no tienen nada que ver con especulaciones en México, que tienen que ver con una realidad en los mercados internacionales.

En el caso del maíz, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es abocarse ---como decíamos en nuestra presentación--- a resolver el problema de los que realmente lo necesitan. No podemos entender que el precio que está subsidiando el gobierno mexicano ---porque finalmente lo estamos haciendo, lo hizo este año para poder sostener un precio bajo en las tortillas--- sea para todos los mexicanos, inclusive para los que tienen para pagarlo más caro.

El tema que se hace con la leche lo podríamos hacer perfectamente con las tortillas, como era el caso anterior del Tortibono. No hay que tenerle miedo a políticas que tuvieron éxito en su momento, y finalmente necesitamos otra vez seguir con ellas. No estamos planteando que se subsidie a los que tiene para pagarlo.

Es increíble, las tortillas que se hacen en un Sanborn´s o en cualquier restaurante de México tienen el mismo subsidio que les llega a la gente más necesitada de las colonias. Creemos que debe haber una política muy dirigida, un manejo muy sensible, porque efectivamente no hay una razón, y menos para que se suban en enero.

Creo que hay errores de percepción, como haber aumentado las tarifas eléctricas en los primeros días de enero, que dieron una señal también negativa. El hecho de que se postergó el aumento de las gasolinas que, efectivamente, como se plantea, no debería ser una razón de crecimiento de los precios; sin embargo, en las percepciones se da. Ahí es donde necesitamos que la autoridad haga lo que le corresponde.

Hace un año aquí estuvieron presentes los secretarios de Economía, de Sedesol y de Agricultura. A los senadores y diputados que nos tocó estar entonces... me acuerdo que se le hizo una pregunta a la secretaria de Sedesol de cuánto teníamos de reservas de maíz ---en ese momento se hablaba de un problema de reservas---, y se habló de 50 mil toneladas. ¿Saben lo que significa 50 mil toneladas para los consumos nacionales? Significa día y medio de consumo. Consumimos 333 mil toneladas diarias.

Corrijo un dato que se dio, de que no somos deficitarios en maíz blanco. También somos deficitarios en una cantidad de maíz blanco. Y más porque mucho del maíz blanco se está usando para uso animal, cuando debería destinarse para solamente uso humano, que finalmente es la cultura que tenemos del consumo de la tortilla.

Y un tema que hemos sostenido, en el que creo que todos estaremos de acuerdo: no debe pagar el campo mexicano el subsidio a la tortilla.

La primera vez en muchos años que los commodities están subiendo de precio, y yo creo que no debe haber una presión para que los agricultores mexicanos, los campesinos mexicanos sean los que carguen con el subsidio para que el precio del maíz sea más barato en el país. Presionar para que no tenga los precios internacionales, y que de esta manera este flujo que ahorita le corresponde al campo mexicano no lo reciba este precio que en este momento se está teniendo

Por eso el planteamiento es que haya una política seria de subsidios, que haya una política para los que lo necesitan, que haya una política clara para la producción e incentivar el campo mexicano.

El otro día, platicando con uno de los secretarios de Estado, le decía yo que este país pareciera como si fuéramos... si el aeropuerto fuera digamos el destino del proyecto estratégico de este país y que llegáramos al aeropuerto y le dijéramos: ``deme un boleto para donde usted quiera''.

Necesitamos saber adónde vamos y por eso necesitamos políticas claras y yo creo que es el planteamiento que estamos haciendo. Necesitamos saber adónde va a ir el país, cómo va a llegar. Y en el caso particular del sector agropecuario, yo creo que al igual que otros sectores en los que estamos trabajando como el energético y otros muchos, ya no soportan tiempo, hay que rápidamente darle respuestas al país. Muchas gracias.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, senador Lozano de la Torre.

Para cerrar la lista de oradores inscritos, le cedemos el uso de la palabra al diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Señor Presidente, muchas gracias, con su venia.

Compañeros diputados y compañeros senadores, después de muchas discusiones en las últimas semanas, el Partido Acción Nacional se adhiere a este punto de acuerdo. Y estaremos proponiendo una modificación al final de mi participación. Y estaremos de acuerdo por una simple razón, estamos haciendo política basada en evidencias. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los dichos se pueden decir y los hechos los podríamos analizar.

¿A qué evidencias quiero hacer referencia? La primera, que es indudable y ya la mencionaba hace un momento el senador: los medios de comunicación nos anuncian ---radio, televisión, medios impresos--- que sin duda hay incremento en los precios. Y ese hecho es innegable. Y esa evidencia es la que nos ha hecho que concurramos todos los partidos en este punto de acuerdo.

Ésta es una espiral, ésta estará fuera de control, esta sensibilidad percibida será una sensibilidad real. Y digo esto porque en medicina ocurre mucho que las urgencias, en los hospitales, en muchas ocasiones se llena de urgencias que son sentidas por la población. Nadie duda que son urgencias; sin embargo, desde el punto de vista médico no está en peligro la vida ni la función de la persona... una urgencia real y una urgencia sentida.

Los legisladores tenemos la obligación de estar muy sensibles a lo que pasa en la sociedad y en ese tenor nos queda claro que este tema, de vigilar y cuidar la economía de nuestros representados, forma parte sustancial. Por eso creo que para mejorar la calidad de vida nosotros, el año próximo pasado, aprobamos recursos adicionales para que el país tuviera muchos más recursos y con el último fin de que tuvieran una vida digna todos los mexicanos.

¿Cómo hacer mejores estándares de vida digna? Uno de ellos que aprobamos, es el incremento a la gasolina y al diesel, y de hecho lo aprobamos que fuera con incrementos mínimos y de manera mensual para evitar precisamente lo que ocurrió. Bueno, los medios el año próximo pasado, antes siquiera de entrar en vigor, ya manifestaban el censor, que había incrementos. Estos incrementos ¿serían justificados o injustificados? A nuestro juicio, injustificados, porque ni siquiera se había dado el incremento y sin embargo en este mecanismo social que tenemos, alguien debe poner freno.

¿Qué acciones tendríamos que hacer? Pues no mirar partido, sino el interés nacional y en las próximas comparecencias que se den realmente procuremos poner la evidencia real, pongamos la evidencia sentida y veamos hacia dónde vamos. Me ha llamado la atención en toda esta discusión de hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a venir, que nadie ha mencionado, por ejemplo, los estándares que hoy conducen a nuestro país. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un plan sectorial en el caso del manejo del campo, planes especiales a los cuales les hemos dedicado más de 200 mil millones de pesos, y ahí está hacia dónde vamos.

Y hemos participado, porque pareciera ser ahorita que solamente está, o en el lado del ciudadano que incrementa de manera injustificada, o en el lado del Poder Ejecutivo que no hace las cosas adecuadas, o en el lado del Legislativo que aprobamos impuestos insensiblemente ante la gente.

¿Qué ha hecho el Ejecutivo como un hecho? Bueno, pues ha implementado una serie de acciones, entre ellas poner un censor real con encuestas nacionales del precio de productos básicos como tortilla, pan y leche. Y en los supermercados, senador, no se vende en 15, se vende en 5.74. De forma tal que podemos tener esos censores de tortilla, pan y leche.

También, ¿cuál es el precio de cómo se han manejado en las centrales de abastos otros tipos de productos? ¿Y cuál es el resultado que nos ha entregado el Ejecutivo? Pues que son precios centrales y que no hay espiral inflacionaria.

Sin embargo, lo que nos muestra a los medios es otra cosa, por eso estamos obligados y por eso nos pusimos de acuerdo para solicitar que vinieran a decirnos cómo están las cosas. Hemos escuchado hasta el cansancio aquí que haya el abasto para el consumo humano en cantidades suficientes y a precios que no justificarían que se estén incrementando los precios como hoy se dan, por ejemplo, en el estado de Morelos que el precio se ha rebasado, de lo que está pasando en la nación.

El pan tiene comportamientos similares, el precio está estable. ¿Qué otros esquemas ha habido? Bueno, pues ha implementado el Ejecutivo, por ejemplo, el Programa Sectorial Alimentario que publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado y que permite la importación de partes, de componentes, de maquinaria y de equipo, para que todos los productores de las compañías azucareras, de los que trabajan lácteos y derivados, cárnicos y derivados, frutas, cereales y pesca, disminuyan sus costos.

La compañía azucarera, por cierto, ya entró y hoy tiene más de 88 fracciones arancelarias con arancel estacional del 0 por ciento, es decir, no hay justificación tampoco para que algunos compañeros ciudadanos estén incrementando los precios de manera injustificada.

Por último, cabe señalar que los precios de los alimentos se han incrementando en todo el mundo, porque luego, a veces queremos verlo con una óptica demasiado cerrada.

¿Qué factores conocemos hoy como hechos y como evidencias de este incremento de precios? Bueno, pues el empleo del maíz para otros usos, que conocemos bien: los energéticos, el incremento en el petróleo, pero les voy a decir, a pesar de eso México, por ejemplo, en 2007 presentó un incremento inflacionario en alimentos de 7.5 por ciento.

Y Chile, que ha sido un país muy traído a cuentas en este Congreso, tuvo un incremento del doble, de 15 por ciento en el precio de los alimentos. Es decir, las políticas, las evidencias marcan que hay algo que tendríamos que corregir... por ello, con la sensibilidad que debemos estar atendiendo a nuestros representados.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce que debemos de interactuar con el otro poder, con el Poder Ejecutivo, y nos adherimos, Presidente, solicitando que haya una modificación presentada de manera original al punto de acuerdo, en el cual la modificación sería la siguiente: citar a comparecer al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, en la que se acompañara de otros funcionarios de la Secretaría de Economía y de Desarrollo Social.

Yo los invito, compañeros legisladores, a que haciendo este eco y esta unión de responsabilidad nacional trabajemos intensamente durante la comparecencia y presentemos los datos y nuestras preocupaciones, para que México pueda tener ese destino que merecen todos: que vivamos todos mejor. Muchas gracias.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado Ector Jaime Ramírez Barba .

A fin de clarificar el sentido de la votación que tendremos a continuación, voy a solicitar a la Secretaría que nos ilustre con el punto original que fue presentado por el senador Carlos Lozano. Después de ahí le pediré a la Secretaría...

Voy a terminar el procedimiento y luego con mucho gusto, senador Lozano de la Torre. Después de esto pondremos a consideración la modificación que está sometiendo a esta Presidencia la diputada Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Y finalmente pediría a la Secretaría que someta a la consideración de la asamblea, para ver si es aceptado o no, el cambio que propone el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del PAN, para estar votando la versión final de lo que quedaría a consideración de la asamblea.

Sí, senador Lozano, tiene usted la palabra.

El senador Carlos Lozano de la Torre (desde la curul): Habíamos acordado la no modificación al punto de acuerdo para que fuera Acción Nacional, y estamos de acuerdo.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Así lo manifestarán en el momento en que pidamos la votación, cuando sea su turno.

Pido a la Secretaría que someta...

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Un momento, señor Secretario. Adelante, diputada Ortega.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Efectivamente, ya lo habíamos planteado y quedó debidamente acordado por nosotros. Nada más, la duda es cuando lo leyó el diputado Ector Jaime. Nada más que se clarifique que la idea es que se inserte esa comparecencia, en la que ya está acordada; para efecto de que se extienda también para revisar este tema y que para ese efecto se asesore.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Para facilitar el trabajo de la Secretaría, le suplicaría a la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN, que le haga llegar el párrafo en los términos en los que ustedes quieren que esté votada, que supongo que es el que tienen aquí y en esos términos lo someteremos para ver si es aprobado por la asamblea el cambio que está siendo propuesto por el diputado Ector Jaime Ramírez.

Dé lectura, por favor, en los términos en los que le pedí a la Secretaría. Primero, el punto de acuerdo original que hizo el senador Carlos Lozano, para que sepamos lo que estuvimos discutiendo desde el inicio. Después, someteré a consideración la modificación de la diputada Alavez Ruiz, para votarla, si es aceptada o no, y entonces, finalmente, someteremos la propuesta de modificación del diputado Ector Jaime Ramírez Barba .

Proceda la Secretaría, por favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Bien. El punto de acuerdo que propone el senador Lozano de la Torre es el siguiente:

Primero. Ante algunos incrementos injustificados de los precios en los principales productos básicos y de importantes insumos de producción, así como por la consecuente incertidumbre generada por diversos agentes en los mercados, la del Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que informen sobre el avance de las acciones conjuntas contempladas para mejorar las cadenas de producción de los productos básicos en el país, que permitirían mejorar la competitividad y la productividad de los distintos sectores productivos.

Así como para que detallen las acciones previstas en el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia 2008 de la Profeco, para frenar abusos de comerciantes, tortilleros y gasolineros, así como las diferentes medidas emprendidas para fortalecer la capacidad de verificación y control de precios.

Y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, para que informe sobre las acciones establecidas para garantizar el abasto, calidad y precio en la red de tiendas Diconsa, y frenar los incrementos injustificados de precios de productos básicos y proteger a la población más vulnerable. Todas las comparecencias en una sola sesión.

En suma, el Congreso de la Unión necesita saber sobre las acciones y los resultados concretos que se alcanzarán por las políticas que aplique el gobierno federal, a fin de garantizar que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las personas y de las condiciones de negocios de las empresas del país.

Y segundo, la del Congreso de la Unión hace nuevamente un llamado a las autoridades competentes, en nombre de la sociedad que representa, ante la preocupación que el primer resolutivo expresa para el sano desempeño económico de nuestro país.

Ése es el contenido del punto de acuerdo propuesto por el senador Lozano, Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor Secretario. Ahora proceda a dar lectura a la modificación que propone a este punto de acuerdo la diputada Aleida Alavez Ruiz , por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Adelante, diputada Aleida.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Bueno, en consulta con los diputados y senadores, en la que se me comenta que hubo un acuerdo en el sentido de juntar estas comparecencias para que expongan en esta reunión las informaciones sobre las reglas de operación y sobre la canasta básica, retiro entonces mi propuesta.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Y se le agradece a la señora diputada.

Entonces ahora a la Secretaria le pido que dé lectura al que sería el texto final, en caso de que fuera aprobado por la asamblea, incluida la modificación que hace el diputado Ector Jaime Ramírez Barba .

El secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Doy lectura al punto de acuerdo que propone el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , con firma de otros integrantes de esta Comisión Permanente:

Primero. Ante algunos incrementos injustificados de los precios en los principales productos básicos e importantes insumos de producción, así como por la consecuente incertidumbre generada por diversos agentes en los mercados, la del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, el que se acompañará de otros funcionarios de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, en el marco de la comparecencia aprobada por esta soberanía para la aclaración de las reglas de operación, a fin de que informen sobre el avance de las acciones conjuntas.

Señor Presidente, el resto del texto es idéntico al propuesto por el senador Lozano. En esa parte es en donde se contiene la modificación propuesta.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Bien, una vez hecha esta aclaración, y teniendo claros todos los señores legisladores y señoras legisladoras el cambio propuesto por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , les pregunto si es de aprobarse la modificación solicitada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba . Proceda la Secretaría.

El secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la modificación al punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor secretario. Ahora sí, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con los cambios hechos a la misma.

El secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con punto de acuerdo que fue leída y con la modificación aprobada. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Aprobada, comuníquese.

ORDEN DEL DIA

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Estamos prácticamente al margen y en la parte final de nuestra sesión, de acuerdo con estos acuerdos parlamentarios que se han tenido respecto a la conducción de estas sesiones, en donde está estipulado que la hora límite para terminar las sesiones son las tres de la tarde.

Pero para terminar una ronda de participaciones por cada uno de los grupos parlamentarios, solicitamos al senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que haga uso de la tribuna para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo que proponga formalmente a los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá la revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN...

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Senador Presidente...

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Dígame, diputado Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Vamos a hablar del mismo tema, pero en tres momentos diferentes. Yo creo que por cuestión de economía debería de conjuntar los tres puntos de acuerdo en uno solo, porque se habla sobre el TLCAN, y que se permita que al adicionarse los tres en uno solo se haga una relación final, como se ha hecho en sesiones anteriores. Eso nos obvia tiempo...

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Yo con mucho gusto lo haría, señor diputado, pero en este momento estamos cerrando los turnos justamente porque empezamos con el punto del PRI, PAN, PRD y terminamos.

He recibido una solicitud de Convergencia de que uno de los temas que tenía agendados pasará para la siguiente sesión. Por tanto, éste será el único tema que subirá, y obviamente le daré el trámite que ha solicitado el senador Aureo-les, que está solicitando, entiendo, por la redacción que tenemos aquí, de urgente u obvia resolución.

Si se da tal y esta asamblea aprueba esta urgente u obvia resolución, por supuesto que tendré que abrir la participación en el debate, de acuerdo con lo que marca nuestro reglamento, pero eso lo tendré que hacer en su momento, cuando termine la participación del senador Silvano Aureoles. Senador Luis Alberto Villarreal; después, le cedemos al diputado Samuel.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente, el acuerdo había sido que una vez que se había saltado el punto de acuerdo propuesto por el senador Elías para tocar el tema anterior, ése sería el último tema que se iba a tratar en esta sesión, y es una propuesta que se había acordado porque además en la redacción del punto de acuerdo participó el senador Silvano.

Me da la impresión, precisamente porque son dos temas distintos, que el acuerdo era no éste, sino el de Arizona.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Aclaro. Permítame un segundo. El diputado Samuel y luego con gusto usted tendrá el uso de la palabra.

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Gracias, Presidente.

Efectivamente, ése es el acuerdo que tenemos los grupos parlamentarios. Recordemos que en el orden del día estaba en segundo lugar originalmente el tema de migrantes y el tema de Arizona, que es el tema que traían los diferentes grupos parlamentarios. Lo que hicimos fue justamente unificarlos para que ese punto se tuviese en uno solo que sería presentado y será presentado por el senador Elías.

En virtud de que el tema de precios y economía daba prioridad, entonces en este sentido nosotros accedimos a que ése fuera tratado primero, pero el tema del senador Elías es el que sigue en el orden del día, pero aparte es un tema que tiene consenso también de la totalidad de los grupos parlamentarios, y obviamente por la actualidad del tema y la urgencia, le solicitamos atentamente que se toque ese tema.

El senador Silvano Aureoles Conejo: Presidente, aclaro la confusión. El tema al que hacen referencia los senadores es el tema de los migrantes. El punto que voy a leer tiene que ver con el TLC. Son dos cosas distintas.

Y el punto que voy a leer yo es un punto que está en el orden del día que tiene la Presidencia, en el que se invirtió el orden, porque el segundo punto del orden del día que correspondía a otro tema fue cedido para que el senador Lozano presentara el punto que habíamos consensuado en torno a los precios, la escalada de precios.

Inmediatamente después sigue el punto relativo al TLC que he planteado yo y que hay disposición del diputado Pablo Arreola de acompañar y de otros más, y luego sigue el punto de los migrantes, que además iremos junto con él. Eso ya lo hemos comentado.

No se preocupen por el tiempo, que podemos seguir después de las tres, que ésa es fundamentalmente ahorita la preocupación que escucho, que a las tres quieren dar por concluida la sesión.

No se apuren, podemos terminar a las cuatro o tres y media, para que pueda entrar el punto que esta planteando, efectivamente, el senador Alfonso Elías; que lo estamos apoyando también nosotros y se había dado el tema.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, senador. Esta Presidencia, una vez escuchados los argumentos de los diferentes legisladores, le pide que inicie su intervención en los términos en los que le fue otorgada la palabra. Adelante, señor senador.

El senador Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, senador Presidente.

Voy a conceder una petición aquí a mis compañeros, que estrictamente nos ciñamos a los cinco minutos por razones del tiempo, y tienen mucha razón. Yo voy a ser puntual en eso, Presidente, compañeros.

El punto que voy a leer, relativo al Tratado de Libre Comercio, es por demás urgente, queridos compañeros, porque todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, prácticamente todo es falso y podríamos citar algunos ejemplos.

Por ejemplo, valga la redundancia ---y yo les voy a pedir a mis compañeros de Acción Nacional que me ayuden en esta parte, porque necesitamos ir juntos para hacerle frente a este asunto---, no es cierto que no se pueda revisar el Tratado de Libre Comercio.

En la última etapa de esta legislatura hemos modificado cuatro veces anexos de distintos capítulos del Tratado de Libre Comercio, por lo menos en solicitudes muy puntuales que han hecho nuestras contrapartes en temas en los que México tenía ventajas competitivas, cuatro veces se han modificado los anexos del Tratado de Libre Comercio.

El otro tema que se ha manejado con mucha insistencia, que como nunca se destinaron 204 mil millones de pesos para el agro mexicano. Y aquí hay que reconocer a los diputados de esta legislatura porque, efectivamente, se aumentó sustantivamente el recurso, pero para el Programa Especial Concurrente.

Si nosotros revisamos de manera puntual qué recurso va para reconversión productiva, para investigación, para apoyo a la comercialización y otros conceptos muy precisos en materia de desarrollo agropecuario, no llega a 20 por ciento la cantidad.

La otra ---y públicamente se lo han dicho al secretario de Economía y al secretario de Agricultura---, lo otro incluye muchas cosas; entre ellas, rubros como la repatriación de cadáveres, por ejemplo. Eso está considerado dentro del Programa Especial Concurrente, que no tiene un impacto directo y muchos más. Estamos hablando de casi 180 programas distintos, que muchos no tienen nada que ver con el impacto directo en la productividad.

Y la otra, falso. Y ustedes también han escuchado de los grandes beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio. Yo retaría, lo retaría, compañeros legisladores, retaría al secretario de Economía, que es el que ha sostenido esta versión, a que nos demuestre en qué sectores nos ha ido bien con el TLC.

Porque si nosotros revisamos, prácticamente desde que se firmó el tratado ha habido una balanza deficitaria con México en todos los rubros. Que nos diga el secretario de Economía... que ahora se dedica a ser consejero de cocina: les dice a las amas de casa que hagan compras inteligentes, que se cuiden de esos comerciantes malos que venden más caro. ¿No lo escucharon ayer ustedes? Es consejero de cocina ahora el secretario de Economía.

Que nos demuestre en qué le ha ido bien a México con el TLC. Se incrementó la migración de manera alarmante, casi 650 mil mexicanos se han ido a Estados Unidos en los últimos años del tratado.

Se incrementó la marginación, la pobreza, la violencia y la inseguridad en el medio rural. ¿Dónde están los beneficios del tratado? Luego le vendieron a Calderón la idea de que también se lance a defender el Tratado de Libre Comercio, y miren qué paradoja: el tratado lo negociaron y lo firmaron los del PRI.

Pero ahora, en el gobierno, el PAN se ha aferrado tanto al tratado, que se ha convertido en un mito. No se puede tocar. No se puede tocar porque entonces los estadounidenses nos van a imponer sanciones y nos van a castigar en rubros en que somos competitivos. ¿En cuáles? Que nos digan en cuáles y entonces cambiaríamos nuestra posición respecto al planteamiento que aquí hemos hecho.

Por todo ello, compañeras y compañeros, sí un reto para los legisladores, pero es un reto para el Estado mexicano: que revisemos estos rubros donde, como país, somos muy vulnerables.

Ahorita vamos a votar a favor del punto de los migrantes. ¿Por qué tenemos tantos problemas con los migrantes? Porque han tenido que abandonar el país ante la falta de oportunidades, y 95 por ciento de ellos van del medio rural.

¿Eso les parece poco a los amigos del gobierno? A ustedes no, a los legisladores no, porque ustedes se han comportado de otra manera, han apoyado.

Pero a estos señores del gobierno no los defiendan. No se puede defender lo indefendible. ¿Cómo defienden a Cárdenas Jiménez? ¿Cómo defienden al consejero de cocina Eduardo Sojo?

Lo que sigue, Presidente---y termino---, es que vayamos juntos a la revisión del tratado. Y leo textualmente el punto, Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que proponga formalmente a los gobiernos de Estados Unidos de América y de Canadá la revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, para efecto de que sea considerada como asunto de urgente u obvia resolución y puesta a discusión de inmediato, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que proponga formalmente a los gobiernos de los Estados Unidos de América y de Canadá, la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de conformidad con lo establecido en el Capitulo XXII, artículo 2202, del propio texto del acuerdo trilateral.

Segundo. En tanto se lleva a cabo dicho proceso de renegociación, se exhorta al Poder Ejecutivo a aplicar las medidas bilaterales contempladas en el artículo 801, Capítulo VIII, del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Es cuanto, señor Presidente. Le ruego someterlo a la consideración de mis amigas legisladoras y mis amigos legisladores como de urgente u obvia resolución. Gracias.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Yo le agradezco a usted, senador Silvano Aureoles, su bonhomía y generosidad por haber cumplido lo del tiempo. Se lo agradezco profundamente.

Ahora yo le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si este punto de acuerdo se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se vota de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, senador Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Al no ser considerado de urgente u obvia resolución, entonces túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

LEY DE TRABAJADORES LEGALES EN ARIZONA

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Ahora, para cerrar nuestra sesión de hoy, voy a pedir al senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exponga el punto de acuerdo en relación con la Ley de Trabajadores Legales de Arizona.

El senador Alfonso Elías Serrano: Muchas gracias, Presidente.

Senadoras y diputadas, senadores y diputados, como ustedes saben, en junio de 2007 se aprobó en Arizona un nuevo ordenamiento, llamado ``Ley de Trabajadores Legales de Arizona'', que castiga rigurosamente a los patrones que empleen a inmigrantes indocumentados. Se estableció el día 1 de enero como fecha de inicio de su vigencia.

Existen varios juicios reclamando la inconstitucionalidad de esta ley, interpuestos por algunas organizaciones de empresarios y de ciudadanos estadounidenses que han aplazado la ejecución de este ordenamiento.

Sin embargo, ya ha causado pánico entre nuestros paisanos que radican en Arizona. Así lo hemos constatado en diversos medios de comunicación en entrevistas diversas que se les ha hecho a nuestros connacionales en ese estado. Y además ha causado alarma entre los municipios fronterizos de Sonora.

Y también esta llamada ``Ley de Sanciones a Empleadores'' obligará a las empresas a usar una base de datos en la que supuestamente se podrá verificar la legitimidad de la persona que solicita el trabajo.

La ley establece una primera infracción, que consiste en una multa y la suspensión de la licencia por 10 días; y una segunda, que generará la revocación definitiva de la licencia del establecimiento.

Este ordenamiento afectará en Arizona a más de mil 500 negocios y a más de 500 mil trabajadores indocumentados (de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Arizona), quienes constituyen aproximadamente 11 por ciento de la fuerza laboral de ese estado.

Por lo que la mencionada ley será un referente para el resto de la Unión Americana. Es decir, que Arizona está siendo un campo de pruebas de políticas antimigratorias en términos de cuánto puede soportar un estado de ese país políticas para deshacerse de una fuerza laboral carente de documentos.

Esto mismo que sucede en Arizona está pasando en otros estados, como es el de Tennessee.

La percepción en la sociedad estadounidense de que el gobierno de su país ha fallado en la implantación de una política migratoria integral y que no lo han podido lograr, ha originado un cúmulo de legislaciones locales en los diferentes estados de la Unión Americana, y muchas de ellas radicales.

Para que se den una idea, tan sólo en 2007 las legislaturas estatales estadounidenses produjeron mil 500 iniciativas de ley relacionadas con el tema de migración, que van desde la negativa de acceso a la educación a las personas inmigrantes sin documentos, a la salud, a la prohibición de renta de viviendas, hasta la prohibición de otorgarles licencias o permisos para prestar algunos servicios públicos básicos.

Arizona será el estado, al fin de cuentas, más afectado por estas medidas. Se estima que se perderán por lo menos 60 mil plazas de trabajo en ese estado; pero además se provocará una inmigración muy importante de indocumentados a otros estados.

Y los estados fronterizos mexicanos, entre ellos el que represento (Sonora), que concentra 45 por ciento del flujo total de migrantes, será de los que mayormente resentirán los efectos de este nuevo ordenamiento.

Por ello, las autoridades de los municipios fronterizos ya han comenzado a mostrar su desesperación ante el cúmulo de problemas sociales y económicos que se avecinan en dichas localidades ante el éxodo de nuestros connacionales procedentes de Arizona y de otros estados de la Unión Americana.

Y los gobiernos locales, con sus reducidos presupuestos, no están en disponibilidad de atender las necesidades de los nuevos pobladores, y es precisamente en este sentido que presento ante esta honorable Comisión Permanente, como de urgente resolución, con fundamento en los 59 y 60 del Reglamento Interior, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, exprese su apoyo y solidaridad a nuestros connacionales en Estados Unidos, y su rechazo a medidas antiemigrantes y discriminatorias; e implante los mecanismos necesarios para salvaguardar sus derechos fundamentales en esta entidad de la Unión Americana.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal...

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Un momento, senador Elías. Dígame, senador Luis Alberto Villarreal.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Nada más le pido una disculpa al orador, pero en el primero resolutivo que leyó no era en esa entidad, era en Estados Unidos de América, es decir, no sujetarla solamente a Arizona, sino a todos los estados de la Unión Americana.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Okey. Señor orador, usted tiene el uso de la palabra y es su propuesta, usted decide si toma el comentario en este momento, del senador Villarreal, o tendré que pedir que el senador Villarreal proponga una modificación. Es su opción.

El senador Alfonso Elías Serrano: Señor Presidente, si la directiva lo permite acepto la proposición del senador Villarreal.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Entonces, lo propondremos en los términos, con la adición que hizo, o la corrección que hizo el senador Villarreal, una vez que termine usted su exposición.

El senador Alfonso Elías Serrano: Muy bien. Muchas gracias. Voy a dar lectura al segundo resolutivo.

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos, del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Nacional de Población, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, realice un estudio sobre el impacto que tendrá para el país, y de manera especial para los estados y municipios fronterizos, la nueva Ley de Trabajadores Legales de Arizona, y en consecuencia establezca, conjuntamente con los estados y municipios fronterizos, un programa emergente que atienda y proteja a los mexicanos deportados, especialmente a los menores de edad.

Y tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analice la creación de una partida especial para municipios fronterizos que permita hacerle frente al crecimiento demográfico exponencial que éstos presentan por el flujo migratorio.

Señor Presidente, le solicito la inserción íntegra en el Diario de los Debates, así como la publicación en la Gaceta Parlamentaria, incorporando las modificaciones del punto de acuerdo publicado hoy. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio integral sobre las repercusiones que la nueva Ley de Trabajadores Legales de Arizona tendrá para el país y --de manera inicial-- los municipios fronterizos de Sonora, a cargo del senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El pasado mes de junio del 2007, se aprobó en el Estado de Arizona un nuevo ordenamiento llamado ``Ley de Trabajadores Legales de Arizona'' que castiga rigurosamente a los patrones que empleen a inmigrantes indocumentados, estableciéndose el 10 de enero del 2008 como fecha de inicio de su vigencia.

Existen varios juicios reclamando la inconstitucionalidad de la ley, interpuestos por empresarios y organizaciones civiles norteamericanas que han aplazado la ejecución de este ordenamiento.

Sin embargo, ya ha causado pánico entre nuestros paisanos que radican en el Estado de Arizona, y alarma en los municipios fronterizos del Estado de Sonora.

La también llamada ``Ley de Sanciones a Empleadores'' obligará a las empresas a usar una base de datos federal en la que supuestamente podrá confirmar la legitimidad de una persona para laborar.

La Ley establece que la primera infracción originará la suspensión de la licencia comercial por 10 días y una multa en la segunda generará la revocación definitiva de dicho permiso.

Este ordenamiento afectará en Arizona a más de 1 ,500 negocios y a más de 500 mil trabajadores indocumentados que, de acuerdo a la Universidad Estatal de Arizona, constituyen aproximadamente el 11 por ciento de la fuerza de trabajo local, por lo que la mencionada ley será el referente para el resto de la Unión Americana esta siendo un campo de pruebas a políticas antimigratorias en términos de cuánto puede soportar un estado en aras de deshacerse de una fuerza laboral carente de documentos.

La percepción en la sociedad estadounidense de que el gobierno de su ¡país no ha podido lograr una política integral de migración, ha originado un cúmulo de legislaciones locales, muchas de ellas radicales.

Tan sólo en el 2007, las legislaturas estatales estadounidenses produjeron poco más de 1 ,500 iniciativas ley relacionadas con el tema, que van desde la negativa de acceso a la educación y a la salud a personas indocumentadas, hasta la prohibición de rentarles viviendas, otorgarles licencias o permisos y prestarles servicios públicos básicos. Arizona será el más afectado. Perderá más de 60 mil empleos y migración de trabajadores a otros Estados.

Y los estados fronterizos mexicanos, entre ellos el que represento (Sonora, que concentra el 45 por ciento del flujo total de migrantes), serán los que mayormente resentirán los efectos de este nuevo ordenamiento, pues a través de ellos se da el tránsito de nuestros connacionales.

Por ello, las autoridades de los municipios fronterizos, han comenzado a mostrar su desesperación ante el cúmulo de problemas sociales económicos que se avecinan en dichas localidades ante el éxodo de connacionales procedentes de Arizona, quienes de acuerdo a la experiencia demandarán atención médica, educación y empleo, en tanto encuentran los medios para regresar a sus lugares de origen.

Y los gobiernos locales, con sus reducidos presupuestos, no están en posibilidades de atender las necesidades de los nuevos pobladores, mucho menos ante un incremento masivo como el que se anticipa como producto de la nueva ley arizonense. En este sentido es que presento ante esta H. Comisión Permanente, como urgente resolución con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresen su apoyo y solidaridad para con nuestros connacionales en Estados Unidos, su rechazo a medidas antiinmigrantes y discriminatorias, e implementen los mecanismos necesarios para salvaguardar sus derechos fundamentales en la Unión Americana. '

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos, El Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, realice un estudio integran sobre el impacto que tendrá para el país y, de manera inicial, para los Estados y Municipios fronterizos, la nueva ``Ley de Trabajadores Legales de Arizona'' y, en consecuencia establezca conjuntamente con los Estados y Municipios fronterizos un programa emergente que atienda y proteja a los mexicanos deportados, especialmente a los menores de edad.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la creación de una partida especial ``para municipios fronterizos'' que permita hacerle frente al crecimiento demográfico exponencial que estos presentan por el flujo migratorio.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, senador Elías Serrano, y que sea en los términos la inserción, en los que lo ha pedido el proponente.

El senador Alfonso Elías Serrano: Muchas gracias.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Ahora le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén la negativa sírvanse manifestarlo.

Hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Se considera de urgente resolución y, en consecuencia, está a discusión la proposición.

El senador Silvano Aurelos Conejo (desde la curul): Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Dígame, senador Silvano.

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Pido la palabra para hablar a favor del punto.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Tengo una lista de oradores en la que está usted incluido, senador. Entonces vamos a tener el gusto de tenerlo de nuevo en la tribuna. Le doy el uso de la palabra en estos términos, y lo digo en serio.

Le damos el uso de la palabra al diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo.

Les pediría que nos ajustáramos a los cinco minutos. Sé de la generosidad de ustedes, que así será.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Vamos a tratar de que sea menos de cinco minutos, Presidente.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya este punto de acuerdo por varias consideraciones, no únicamente por el problema de esta ley que se está aplicando en Arizona, sino por el ambiente que se está generando a lo largo y ancho de Estados Unidos de Norteamérica.

Hay varios ejemplos que nos pueden ayudar a darnos cuenta cómo una política antimigrantes se está dando en Estados Unidos.

Para el caso de California nos encontramos con el problema de la revisión exhaustiva que están haciendo de los estudiantes que no tienen documentos; es decir, de los estudiantes que en este estado de California se encuentran en una situación difícil, y que en estos momentos ya están siendo... los están quitando de las listas, los están quitando de las matrículas, de las escuelas de este estado de la Unión Americana.

La situación no es fácil para nuestros connacionales. Se encuentran en una disyuntiva un poco complicada, diríamos difícil; están entre dos fuegos. Una primera situación es la desigualdad, y la situación tan complicada que está en el campo de México, hace que miles, aproximadamente 500 mil gentes, emigren a Estados Unidos año con año. Y el número más importante de estos migrantes son del campo mexicano, también ya de las ciudades, pero fundamentalmente del campo.

Podemos encontrar ya municipios que están siendo deshabitados y que auténticamente son municipios fantasma, y les puedo poner el caso de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, y ya también de otros estados como Veracruz y Oaxaca. Y, por otro lado, están siendo arrojados del país vecino.

Qué va a pasar con esta situación tan difícil, social, que están enfrentando no miles, sino cientos de miles de mexicanos ahora con esta política que se está implantando en Estados Unidos.

Por eso nosotros creemos conveniente que se apruebe este punto de acuerdo y que vayamos más allá de exigirle al Ejecutivo de nuestro país, que también en ese famoso Tratado de Libre Comercio se vea la situación de la gente que a final de cuentas ellos consideran una mercancía, la gente que trabaja y que hace producir los campos de la Unión Americana; que se revise también esta situación.

Porque únicamente en el Tratado de Libre Comercio se revisa el libre movimiento de capitales y de mercancías, pero también se tiene que revisar la situación laboral de miles y miles de compañeros que se encuentran en Estados Unidos.

Por eso el Partido del Trabajo está de acuerdo en que aprobemos este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Le agradezco al diputado Pablo Arreola Ortega.

Y ahora le cedemos el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del grupo de Convergencia, sobre el mismo tema. Y tendremos también el gusto de tenerlo de nuevo en la tribuna. Diputado, gracias.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Las disposiciones del acta de empleo legal y justo son de carácter eminentemente discriminatorio, ya que lejos de regular la estancia y el trabajo de los inmigrantes excluye a una fuerza de trabajo importante para Arizona.

Las empresas tendrán que decidir entre despedir a inmigrantes, mudar operaciones a México o congelar sus planes de expansión, después de la promulgación de la nueva legislación.

El Colegio de la Frontera Norte estima que la aplicación de la normatividad traerá consigo una gran inestabilidad en Arizona y obviamente en la zona fronteriza con México, y afectará en mayor medida a la pequeña y mediana industria.

Las dos principales actividades que se verán afectadas por la legislación en Arizona son la actividad agrícola y la construcción que dependen de trabajadores indocumentados. Además de los daños que afectarán la economía de ese estado por la pérdida de empleos, enfrentará la pérdidas por la baja capacidad de compra, en virtud de que los inmigrantes hispanos realizaban compras cercanas a los 4 mil 300 millones de dólares al año; esto es, representan 13.4 por ciento del poder adquisitivo en ese estado.

Por otro lado, al incrementarse los costos de nómina se elevarán los precios de los productos terminados conforme al estudio del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Con todo, la legislación aún deberá superar el desafío judicial por parte de la Cámara de Comercio de Arizona y otros grupos empresariales por la decisión de un juez federal de programar una audiencia relacionada con una orden para restringir temporalmente la aplicación de la legislación que congelaría su instrumentación.

Desafortunadamente las medidas a favor de la presencia de inmigrantes indocumentados, como el intento fallido del gobernador de Nueva York para otorgarles licencias de conducir, han tenido una respuesta negativa.

Un estudio publicado a principios del año pasado por la University of Arizona concluyó que la producción económica caería 8.2 por ciento al año si se despidiera a los trabajadores extranjeros que no tienen la ciudadanía. Los investigadores estiman que cerca de dos tercios de los trabajadores están de manera ilegal en Arizona.

Así pues, Arizona se ha convertido en un laboratorio para los proyectos y las políticas orientadas a atacar la inmigración ilegal. En 2004 se aprobó una propuesta para evitar que los inmigrantes ilegales hicieran uso de los servicios estatales, como la educación para adultos y los servicios médicos que no son de emergencia. Y el año pasado se propuso un referéndum para negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de nacidos en Arizona, de inmigrantes ilegales.

Por su parte, los indocumentados deberán optar por el éxodo, y algunas familias de indocumentados deberán abandonar el estado o aceptar trabajos con salarios inferiores a los que recibían hasta antes de la entrada en vigor de la legislación.

A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha afirmado que la cancillería intervendrá, a través de sus Consulados en Phoenix, Tucson, Nogales, Douglas y Yuma, en toda situación que vulnere los derechos de los trabajadores mexicanos, independientemente de su calidad migratoria, en Convergencia tenemos seria preocupación no sólo por el impacto que tendría una posible migración de nuestros connacionales y su impacto en los municipios fronterizos, sino también por la tibia posición que el gobierno federal ha adoptado y el verdadero estado de indefensión en que se encuentran nuestros paisanos por los tratos discriminatorios, vejaciones, despidos, abusos y ataques que se han incrementado con estas disposiciones.

Arizona está criminalizando al indocumentado a través de leyes y medidas que en ningún otro estado, y busca restringir servicios a los mismos. La iniciativa de referencia constituye una andanada más de los sectores más radicales y conservadores de los Estados Unidos que representa la consolidación de una política de agresión que sistemáticamente ha venido aplicándose en contra de nuestros connacionales frente a la desafortunada pasividad del gobierno mexicano.

Por lo expuesto, Convergencia rechaza las medidas antiinmigrantes que ha adoptado el estado de Arizona, y expresamos nuestra más enérgica condena a toda iniciativa encaminada a restringir los derechos y garantías inherentes a los inmigrantes. Y obviamente apoya el punto de acuerdo a discusión. Muchas gracias.

El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Le agradecemos su participación al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva .

Ahora pedimos al senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que haga uso de la palabra hasta por cinco minutos.

El Senador Silvano Aureoles Conejo: Presidente, muchas gracias, va a ser por tres. Nosotros vamos a apoyar la propuesta, porque además, en la elaboración del resolutivo se incluyeron varios aspectos que nosotros planteamos y por una razón fundamental, compañeras y compañeros, es que esta medida tiene que ver con la violación de los derechos humanos.

Es un asunto fundamentalmente de derechos humanos, que atenta contra la dignidad, la integridad física de nuestros paisanos del otro lado y que a nuestro juicio, es una medida negativa, es una expresión de xenofobia de los vecinos de Arizona, de querer ahora endurecer sus leyes migratorias, pero yo creo que en el pecado van a llevar la penitencia, porque le están pegando a la economía de su país, a la economía de su estado.

Al aplicar medidas de esta naturaleza van a afectar directamente a las empresas que contratan una gran cantidad de trabajadores, fundamentalmente de los estados fronterizos, que van a enriquecer la economía de ese estado, pero ése es asunto de ellos, como también es asunto de ellos el hecho que hayan decidido endurecer las medidas antiinmigrantes con esta famosa Ley HB2779.

Pero también, compañeras, compañeros, reconociendo el derecho que tienen los norteamericanos a tomar las medidas que quieran, nosotros estamos asumiendo un papel, insisto, desde nuestra perspectiva tiene que ver fundamentalmente con un asunto de dignidad de los trabajadores migratorios, un asunto de derechos humanos, un asunto de garantías fundamentales, pero este debate entonces tendrá que centrarse en otro momento hacia otra parte, y no inconformarnos porque un estado de una nación vecina decide modificar sus leyes y entonces nos afecta o atenta, o lastima a nuestros paisanos allá, porque regresamos al mismo punto de la discusión anterior.

Primero los expulsamos, los echamos del país olímpicamente. Se fueron porque no hubo oportunidades de estar en México, fueron expulsados de su patria, pero ahora sí vamos a defenderlos para que no los maltraten allá. ¿No se les hace también paradójico esto?, que primero este país no ha podido, los gobiernos en turno no han podido responder a esa demanda creciente de empleo y de ingreso, de oportunidades para nuestra gente, pero una vez que los expulsamos nos rasgamos las vestiduras aquí, en esta tribuna, defendiendo para que no los maltraten allá, en contra de medidas del vecino del norte.

Ellos podrán hacer lo que quieran, por eso insisto en que fundamentalmente nuestra postura responde a un asunto elemental de derechos humanos y de respeto a la dignidad y la integridad física de nuestros hermanos indocumentados, pero que todo esto nos dé los elementos, la pauta para un análisis detenido, una reflexión profunda en torno a lo que habremos de hacer en los próximos años para generarles oportunidades en su país y, que no tengan que sufrir vejaciones y maltratos en un país ajeno. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Silvano Aureoles Conejo. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján.

La diputada Patricia Villanueva Abraján: Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, yo vengo a apoyar esta proposición con punto de acuerdo ---que muy bien precisada y clara expuso mi compañero senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Alfonso Elías Serrano--- sobre esta Ley de Trabajadores Legales en Arizona, porque, indiscutiblemente, yo creo que hay que analizar tres puntos muy importantes, tres puntos que él señala claramente.

Primero, no solamente esta Ley de Trabajadores Legales ---a la que se le denomina la ``HB2779'', y que indiscutiblemente afecta a nuestros compatriotas--- sino también la afectación, como se ha señalado, en la construcción y en el trabajo que los hombres y las mujeres migrantes realizan en Arizona; pero también el fenómeno del éxodo para los estados fronterizos cuando nuestros compatriotas sean deportados.

Por ello también propone que se tienen que hacer medidas preventivas, que tenemos que buscar la alternativa para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, promovido por la Secretaría de Gobernación, por la Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos, del Instituto Nacional de Migración, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenga la previsión del recurso económico que pueda dar el embate a ese fenómeno.

Y también tan acertadamente que se haya incluido a todos los estados de la Unión Americana, porque salimos muchísimos hombres y mujeres mexicanos; gente de Oaxaca, gente de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, de Guanajuato.

Cuántos migrantes y cuántos estados somos expulsores de compatriotas nuestros, y con el fenómeno de que no solamente son los hombres y las mujeres productivas de nuestro país, sino es también la familia completa; en este momento la familia completa.

Y tan triste es. Yo creo que no nos rasgamos las vestiduras diciendo de la violación de las garantías fundamentales de los derechos humanos... el no tener acceso a la salud, a la educación, a lo mínimo de calidad de vida; porque no hemos tenido capacidad como gobierno de hacer un acuerdo bilateral, de ponernos de acuerdo con nuestro país vecino y como consecuencia lograr los grandes alcances que nos permitan precisar qué cosas son los derechos de nuestros compatriotas y en qué condiciones ingresan a Estados Unidos de Norteamérica.

Y si no hemos tenido capacidades en una década de hacerlo, entonces tenemos que buscar alternativas. Que el gobierno federal provea de recursos a los estados fronterizos y a los estados que tengan este éxodo de compatriotas, para poder dar la respuesta y garantizar lo mínimo para ello en nuestro propio país, porque todos ellos son hombres y mujeres del campo, la gran mayoría.

También indiscutiblemente protestar, sí, protestar porque nos indigna, porque violan los derechos humanos, las garantías fundamentales y, como consecuencia, es otorgable a nuestro país. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Patricia Villanueva Abraján. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.

El senador Luis Alberto Villarreal García: Quisiera iniciar solicitándole a la Mesa Directiva, toda vez que Acción Nacional tenía en el penúltimo lugar del orden del día una propuesta similar y la misma fue consensuada con el proponente de este punto de acuerdo, el senador Elías, para que pudiéramos tener estos tres resolutivos...

Quisiera solicitar que el punto de acuerdo al que nos hemos ya desistido por estas circunstancias, de lo que estamos aquí discutiendo, pueda integrarse por completo a la versión estenográfica de esta sesión, toda vez que es una propuesta del diputado de Sonora, del Partido Acción Nacional, Luis Fernando Rodríguez Ahumada , y nos parece que en honor a la justicia, también tiene su aportación importante de lo que hoy vamos a concluir con esta aprobación de este punto de acuerdo.

Así que ésa es la propuesta inicial y, por supuesto, que a nombre del Grupo Parlamentario en esta Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, nosotros saludamos con gusto este punto de acuerdo consensuado que ha presentado el senador Alfonso Elías.

Lo celebramos con gusto, primero porque nos parece que más allá de esta medida de Arizona, las medidas xenofóbicas y antiinmigrantes que se han llevado a cabo en los últimos meses en la Unión Americana no solamente laceran, no solamente indignan a nuestro país, sino laceran y molestan a la humanidad. Lo que están haciendo los estadounidenses generando estas políticas de xenofobia y discriminación, cada días más en el mundo están siendo absolutamente rechazadas.

En consecuencia, como lo establece el primer numeral de los resolutivos de este punto de acuerdo, sí exigimos respetuosamente al Ejecutivo federal que exprese el rechazo absoluto del Estado mexicano a estas políticas y a estas medidas antiinmigrantes y discriminatorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos.

Nos parece que no solamente son estas leyes, como la de Arizona, sino una tendencia de la clase política estadounidense de los dos partidos que para poder ocultar el fracaso de la guerra que apoyaron todos en el Congreso estadounidense, y que para poder ocultar los malos resultados económicos que vive ese país, hoy han levantado una cortina de humo con una semilla de xenofobia que es muy fácil poder echar a andar y que cada día más divide a la Unión Americana, a los ciudadanos.

Y no solamente son las medidas que se aprueban en municipios o en estados o en el Congreso federal, son incluso algunos de los pronunciamientos de los propios precandidatos a la Presidencia de ese país que, hoy en la desesperación de ganar las primarias, hacen de la política antiinmigrante ---a costa de los mexicanos y de otras etnias que allá viven--- su manera de poder ganar algunos votos, y nos parece que también deben ser rechazados.

Acción Nacional, por supuesto, por supuesto que está en pro de que podamos solicitar al Ejecutivo que, cuanto antes, ponga en marcha este programa para atender a los miles de mexicanos que están siendo deportados mes con mes a nuestro país, y que llegan en condiciones verdaderamente lamentables; que vienen sin comer, vienen con enfermedades y vienen las familias completas o solamente los infantes.

Nos parece que en este esfuerzo tienen que entrarle los municipios, los estados fronterizos y también los estados expulsores, para que podamos recibir a quienes están siendo deportados todos los días a nuestro país, y los podamos recibir bien.

Finalmente, el tercer resolutivo que expresa este punto de acuerdo, el tercer resolutivo ---que es una preocupación sobre todo de los senadores fronterizos y de los diputados, como el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada --- es que ante este fenómeno migratorio y ante esta andanada de políticas discriminatorias de Estados Unidos que viene con expulsiones masivas, podamos analizar, o solicitar a la Secretaría de Hacienda que analice una bolsa especial para los municipios fronterizos.

¿Por qué? Porque, por ejemplo, se estima que en Tijuana ---por poner sólo una de las ciudades--- el año pasado se deportaron ---y entraron por Tijuana--- a 120 mil mexicanos. Y la mayoría ahí se quedan, no se regresan a sus estados de origen. Y esa mayoría que ahí se queda para ver cuándo vuelve a regresar, necesita servicios públicos, necesita vivienda, necesita infraestructura, para lo cual no están preparados los municipios de la frontera.

Y si a eso le sumamos que el flujo migratorio del sur y de los estados expulsores de nuestro país cruzan por la frontera y utilizan las ciudades fronterizas en lo que buscan la manera de pasar al otro lado, más la explosión demográfica natural de esos lugares, lo que hoy están viviendo los estados y los municipios fronterizos es un asunto verdaderamente inmanejable, es inmanejable porque los recursos que tienen son insuficientes.

Si en los municipios del resto del país que no tienen este fenómeno los alcaldes andan a las caiditas, pues ustedes imagínense el problemón que tienen los alcaldes y los ayuntamientos de estas ciudades fronterizas.

Por eso nosotros estamos en pro de que la Secretaría de Hacienda empiece a analizar este Fondo Especial para Municipios de la Frontera.

Pero nos parece también que éste es un asunto que el Congreso tiene que empezar no solamente a proponer en puntos de acuerdo, sino a analizar y a legislar, porque no le podemos hoy exigir al Ejecutivo que les envíe recursos a los municipios que no ha aprobado en su presupuesto la Cámara de Diputados. Y por ello también nos parece muy inteligente la propuesta que hace el senador Elías.

Yo termino y nada más quisiera decir que, por supuesto, como dijo el senador Silvano Aureoles, en el pecado van a llevar la penitencia.

Particularmente en Arizona hoy ya tienen un problema gigantesco para la organización del Super Bowl, el evento deportivo más caro del mundo, el evento deportivo que más televidentes tiene en el mundo, y no lo van a poder sacar adelante porque en Arizona no hay quien quiera hacer el trabajo para poder organizar un evento de estas características, porque el mexicano está asustando, y con justa razón, a partir de estas leyes que están aprobando allá. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar --mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con las autoridades estatales y las municipales de Sonora y de Chihuahua-- un programa emergente que atenúe las repercusiones del retorno de migrantes a territorio mexicano a causa de la Ley HB2779 en Arizona, Estados Unidos, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Luis Fernando Rodríguez Ahumada , en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

I. Consideraciones

Con el paso del tiempo, la política antiinmigrante de Estados Unidos se ha endurecido por leyes estatales y federales que se han extendido a diversas regiones de aquella nación.

Esta vez, la importancia del impacto que tendrá en nuestro país una medida llevada a cabo en Arizona podría considerarse perniciosa.

El 1 de enero del presente año culminó el proyecto que se elaboraba desde algunos meses atrás. Ese inevitable curso que se ha seguido para endurecer las leyes antiinmigrantes del otro lado de la frontera norte es inminente.

Miles de empresas que se encuentran en aquel estado se ven forzadas a dar el cumplimiento necesario a una controvertida ley que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de las personas que contraten a partir del primer día del presente año. Se denomina Ley HB2779, y las ulteriores repercusiones para nuestro país son vitales.

Dicha ley establece como principales sanciones las siguientes:

Esta medida no castiga de manera directa a los trabajadores indocumentados; sin embargo, obliga a las autoridades de Arizona a informar sobre ellos a los funcionarios de inmigración federales, lo que a todas luces puede resultar en la deportación.

Pese a que esta ley puede representar en el futuro un cierre masivo de compañías que no comprueben que sus nuevos trabajadores tienen permiso para laborar legalmente en Estados Unidos, las autoridades de ese país seguirán adelante, y es seguro que la deportación de mexicanos hacia nuestro territorio se llevará a cabo, lo que traerá consigo una alteración en la vida social y económica de Sonora y de otros estados fronterizos.

Más de medio millón de trabajadores indocumentados que laboran en aquel estado, que comparte 262 kilómetros de frontera, están en peligro de deportación y de que muy probablemente sus derechos sean violados en los próximos meses. Muchos de ellos regresarán con el ánimo de encontrar un trabajo temporal en los estados mexicanos fronterizos para intentar volver a Estados Unidos.

México debe contar con un programa emergente que ayude a nuestros paisanos y a las autoridades de los estados mexicanos receptores de migrantes --como Sonora-- a encontrar equilibrio para no alterar la vida económica y social de sus comunidades.

Para muestra del problema que puede causar esta ley en México, podemos argüir que en Nogales, por ejemplo, el impacto puede ser tal, que alteraría el crecimiento acelerado, y en términos reales dicho municipio no cuenta con los recursos necesarios para solventar ese impacto.

Es imperioso realizar un estudio que muestre de manera diáfana y pormenorizada el impacto real que tendrá la llegada masiva de migrantes a nuestro territorio, además de la elaboración ulterior de un programa que tenga como objetivo la coadyuvancia y coordinación con las autoridades estatales y con las municipales para crear las condiciones adecuadas hacia los mexicanos que regresan.

Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en coordinación con las autoridades estatales y las municipales de Sonora y Chihuahua, un programa emergente a fin de atenuar el impacto que tendrá el retorno de migrantes a territorio mexicano a causa de la Ley HB2779 en Arizona, Estados Unidos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Luis Alberto Villarreal García. Tal y como lo ha solicitado usted, se insertará íntegro el texto en el Diario de los Debates, de la propuesta del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades estatales y municipales de Sonora y Chihuahua, a elaborar un programa emergente a fin de atenuar el impacto del retorno de migrantes hacia territorio mexicano a causa de la Ley HB2779 en Arizona, Estados Unidos.

También pido a la Secretaría que pueda dar lectura al punto tal y como quedó, para que pasemos posteriormente a la votación.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: `` Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, exprese su apoyo y solidaridad a nuestros connacionales en Estados Unidos, y su rechazo a medidas antiinmigrantes y discriminatorias; e implante los mecanismos necesarios para salvaguardar sus derechos fundamentales en la Unión Americana.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de Migración, Población y Asuntos Religiosos, del Instituto Nacional de Migración, y del Consejo Nacional de Población, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, realice un estudio integral sobre el impacto que tendrá para el país, y de manera inicial para los estados y municipios fronterizos, la nueva Ley de Trabajadores Legales de Arizona, y en consecuencia establezca, conjuntamente con los estados y municipios fronterizos, un programa emergente que atienda y proteja a los mexicanos deportados, especialmente a los menores de edad.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analice la creación de una partida especial para municipios fronterizos que permita hacerle frente al crecimiento demográfico exponencial que éstos presentan por el flujo migratorio.''

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A ver si la asamblea está de acuerdo. Me decían aquí el secretario y el vicepresidente que ustedes habían hecho una observación de que no debería decir Ley de Trabajadores Legales de Arizona, sino de todo Estados Unidos, ¿o así quedó? ¿Así está bien? Correcto. Como se leyó. Okey.

No habiendo más oradores inscritos, se da por sentado que está suficientemente discutida la propuesta y, en votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con las modificaciones aceptadas anteriormente.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con las modificaciones hechas. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.

CARRETERAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Jorge Justiniano González Betancourt, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que asigne recursos para la modernización de los puestos de revisión carretera prioritarios.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros prioritarios, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jorge Justiniano González Betancourt , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, concluye que los conceptos de garantías individuales y seguridad no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente.

Al instalar los puestos de revisión carreteros, la Secretaría de la Defensa Nacional lo hace atendiendo una estrategia del Estado contra la delincuencia organizada. No tendría razón de ser la seguridad, si no se buscara crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el constituyente originario y el poder reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente, y siempre en el estricto marco del derecho, se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos.

Por ello, sería inadmisible interpretar la seguridad como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad, resulta inadmisible un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad, pudieran vulnerar las garantías individuales.

Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.

Para determinar cuáles son las funciones que puede desempeñar el Instituto Armado, es preciso atender las garantías individuales y en especial, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16, en cuanto a que no puede molestarse a las personas sino por autoridad competente; de lo que se sigue que toda autoridad, especialmente tratándose de seguridad, tiene dos claras limitaciones, a saber: no vulnerar dichas garantías y no rebasar las atribuciones que las leyes le confieren.

Dentro de este marco es preciso que la solución de ese problema se haga conforme a la aplicación del derecho y su estricto acatamiento, que deben respaldar todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, encontrando una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad interior.

El Ejército, Fuerza Aérea y Armada, si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la constitución y a las leyes.

Atendiendo lo anterior, la vigencia de los puestos de revisión carreteros es en función de los criterios para la seguridad. Existen porque son necesarios, han dado resultados efectivos y siguen siendo un referente social para la tranquilidad en las carreteras federales. Lo que se requiere es modernizarlos aplicando tecnología al servicio de los ciudadanos para que las revisiones a cargo del personal puedan ser ágiles y evitando en lo posible el menor tiempo posible de espera para los ciudadanos tanto a quienes circulan en automóviles particulares como quienes trabajan en el transporte público.

El proyecto, para iniciar su modernización, ya fue expuesto por la Subcomisión de Legislación Militar de la Comisión de Defensa nacional quienes se trasladaron en el mes de junio pasado, en gira de trabajo a Sonora al puesto de revisión militar ``Benjamín Hill'', cuyo informe fue aprobado por unanimidad al interior de este órgano legislativo. Dicha visita se realizó atendiendo una proposición con punto de acuerdo del diputado David Figueroa Ortega , del Partido Acción Nacional, cuyo dictamen elaborado por la Comisión de Defensa Nacional, también fue aprobado por este pleno.

Para el puesto de control de Benjamín Hill, se requiere una inversión superior a los 100 millones de pesos que se están gestionando por parte del gobierno del estado el cual ha aportado los terrenos para la construcción del punto de revisión inteligente en el municipio de Querobabi, a unos 15 kilómetros del actual punto de revisión de Benjamín Hill.

Por tanto, con esta proposición se pretende dejar claro nuevamente que no es la Secretaría de la Defensa Nacional la dependencia responsable de la modernización de estos puestos de revisión, sino que, como representantes populares, debemos insistir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus facultades destine los recursos necesarios para este fin.

Asimismo, en reciente visita al puesto de control de ``El desengaño'', en Sinaloa, de una delegación de diputados federales integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, se pudo constatar que la Secretaría de la Defensa Nacional, atendiendo los justos reclamos de diversos sectores de la sociedad, ha hecho un gran esfuerzo por adquirir una nueva tecnología que permita eficientar los procesos de revisión en los puestos de control como es el caso de los dispositivos de detección molecular.

Este puesto de revisión fue remodelado de manera integral gracias a una inversión superior a los 20 millones de pesos que dispuso directamente el gobierno del estado y dispone de una infraestructura de cuatro carriles, un módulo de revisión para tráileres con 4 fosas; un área de revisión de automóviles con ocho fosas; un área de revisión de autobuses con posibilidad de revisar cuatro autobuses al mismo tiempo y un área de descanso de pasajeros. El personal militar cuenta con un edificio entregado por las autoridades estatales en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional el cual dispone de oficinas, salón comedor, cocina, dormitorios, depósito de armamento, baños y un área de esparcimiento.

La pistola de detección molecular cuenta con una capacidad para almacenar hasta 12 tarjetas sensoras que detectan drogas, armas, dinero, psicotrópicos, explosivos y sustancias químicas, entre otros elementos prohibidos por las leyes mexicanas y sancionados en su comercio ilegal. En total, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió 66 equipos para todos los puestos de control estratégicos y se van a adquirir 60 más el próximo año. Estas pistolas moleculares no requieren baterías y funcionan con la energía estática del cuerpo, son muy sensibles y detectan el movimiento de las moléculas abarcando un radio de acción de hasta 300 metros. En este puesto de revisión, con fecha 2 de diciembre se recibieron 12 equipos de detección los cuales se encuentran desde ese momento al servicio del personal militar, obteniendo excelentes resultados y agilizando los tiempos de espera en las revisiones, sin embargo es necesario avanzar en la infraestructura de estos puestos y no sólo en los sistemas de detección.

Finalmente, dejo constancia en el presente punto de acuerdo que los puestos de control carreteros, considerados como prioritarios para el combate al narcotráfico y crimen organizado, los cuales deben considerarse prioritarios para ser modernizados son 10 a nivel nacional: Samalayuca, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tanque escondido, en Saltillo, Coahuila; La Coma, en el municipio de Cruillas, Tamaulipas; La estrella, en Frontera, Tabasco; Salina Cruz, en el municipio del mismo nombre en Oaxaca; Las Arsinas, en Trancoso, Zacatecas; El Atorón, ubicado en Acaponeta, Nayarit; El desengaño, en Los Mochis, Sinaloa; y, Benjamín Hill en Sonora, de los cuales ya me referí, y finalmente en el mismo estado de Sonora el de Cucapá, en el municipio de San Luis Río Colorado.

La inversión estimada actualmente para la modernización de un puesto de control ``tipo'' es de: $120.000,000.00 (ciento veinte millones de pesos). El material apropiado que debe tener un puesto de control ``tipo'', es el siguiente: señalamientos informativos, preventivos y restrictivos, ayudas para el control de tránsito, equipos tecnológicos y ayudas para la detección y revisión, cuatrimotos y vehículos ligeros todo terreno para patrullar las rutas alternas del servicio establecido, para evitar su evasión.

Un puesto de control ``tipo'', debe contar con las siguientes áreas: de equipos de rayos ``gamma'', de camiones de carga, anden para descarga de mercancías de camiones, inspección minuciosa de camiones, de autobuses, de entrevista de automovilistas, de revisión de automóviles, módulo de información, orientación, servicios sanitarios y alojamiento para el personal militar.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine recursos para la modernización de los puestos de revisión carreteros prioritarios, manteniéndolos en mejores condiciones de operación, como una estrategia del Estado mexicano en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

FLORA Y FAUNA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidasa publicar, a la mayor brevedad, el plan de manejo del área natural protegida, área de protección de flora y fauna, Campo Verde.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a publicar con la mayor brevedad el plan de manejo del área de protección de flora y fauna Campo Verde, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Portilla Diéguez y Guadalupe García Noriega, diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Tercera Comisión, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Comisión Permanente de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En reiteradas ocasiones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM hemos señalado en esta tribuna la responsabilidad que implica ser uno de los 12 países con mayor diversidad biológica del planeta. Una de las características de la megadiversidad es el elevado número de especies de flora y fauna silvestre, particularmente las endémicas.

De acuerdo con La diversidad biológica de México: estudio de país, estudio elaborado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ``el número total de especies conocidas en México es de 64 mil 878... La expresión 'especies conocidas' se refiere a las especies descritas o que cuentan con un nombre científico, y el número total se basa en la suma de especies por grupo para las que existen datos publicados. Al considerar el número de especies que se esperaría encontrar en los mismos grupos, la estimación del número total de especies en México es de 212 mil 932 especies, cantidad que seguramente se superará en la medida en que el conocimiento sobre dichos grupos y de otros se profundice''. ¹

Por lo que se refiere a las aves, en México se han identificado mil 54 especies, de las cuales 111 son endémicas. ``De las casi 10 mil especies de aves que se estiman para el mundo, al menos mil 54 se han registrado en México, es decir, casi 12 por ciento del total. Estas especies se distribuyen en 22 órdenes y 78 familias; los grupos de anátidos, troquílidos, tiránidos y emberízidos son los mejor representados''. ²

La diversidad biológica proporciona una importante gama de bienes y servicios que no siempre se valoran en su justa dimensión social, ambiental, económica y política. Sin embargo, ello no debe utilizarse como pretexto para descuidar su conservación y preservación. Tal es el caso de la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), un ave que pertenece a la familia de los psitácidos (Psittacidae). Su color es verde opaco, pero la frente es color rojo y las plumas en la parte interior de las alas son amarillas. El iris de los ojos es color pardo rojizo y alrededor de éstos se presenta una especie de anillo color amarillo en el que destaca la ausencia de plumas. La cola tiene forma puntiaguda y su color es oscuro. El pico es grueso, de color oscuro o negro, y las patas son grises. Llegan a medir entre 37 y 43 centímetros. ³

Destaca que aun cuando los psitácidos se encuentran en el trópico, el área de distribución de la cotorra serrana occidental se localiza en los bosques de pino de la Sierra Madre Occidental de Jalisco, Michoacán de Ocampo, Durango, Sonora y Chihuahua, que cubre una superficie de mil 200 kilómetros de largo por 200 kilómetros de ancho. ⁴

La cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), alguna vez presente también en el territorio de Estados Unidos de América, concretamente en Arizona, se localiza en una zona en la que convergen diferentes áreas prioritarias para la conservación: regiones hidrológicas prioritarias RHP 16, Río Yaqui-Cascada Basaseachic; RHP 20, Cuenca Alta de los Ríos Culiacán y Humaya; RHP 34, Lago Babícora; y RHP 37, Lago Bustillos, así como las regiones terrestres prioritarias RTP 34, Babícora; RTP 35, Cuenca del Río Chico-Sirupa; y RTP 44, Bavispe-El Tigre, además de las áreas de importancia para la conservación de las aves AICA NO-44, Baserac-Sierra Tabaco-Río Bavispe; AICA NO-46, Sierra del Nido; AICA NO-71, Mesa de Guacamayas; y AICA NO-77, Maderas Chihuahua, entre otras.

En esta amplia zona, el clima es predominantemente templado, semifrío con verano fresco largo. La temperatura media anual oscila entre 5° C y 12° C, con una temperatura mínima de -3° C y una máxima de 18° C. La precipitación media anual oscila entre 200 mm y mil 800 mm. ⁵

Además de la cotorra serrana occidental, ciertas especies igualmente importantes habitan en la zona; por ejemplo, oso negro (Ursus americanus); puma (Puma concolor); trogón orejón (Euptilotis neoxenus), amenazada y endémica; gavilán azor (Accipiter gentiles), amenazada; águila real (Aquila chrysaetos), amenazada; puercoespín del norte (Erethizon dorsatum), en peligro de extinción; jaguar (Panthera onca), en peligro de extinción; ocelote (Leopardus pardales), en peligro de extinción; ocelote margay (Leopardus weidii), en peligro de extinción; jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), en peligro de extinción; murciélago hocicudo mayor (Leptonycteris nivalis), en peligro de extinción; águila cabeza blanca (Haliaeetus leucocephalus), en peligro de extinción; guacamaya verde (Ara militaris), en peligro de extinción; gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), sujeta a protección especial; jilguero canario (Carduelis tristis); halcón peregrino (Falco peregrinus), sujeta a protección especial; búho manchado (Strix occidentales), amenazada; búho cornudo (Bubo virginianus), amenazada; tecolote bajeño (Glaucidium brasilianum); bolsero encapuchado (Icterus cucullatus); lagartija de collar común (Crotaphytus collares), amenazada; lagarto de gila (Heloderma suspectum), amenazada; galápago o tortuga del desierto (Gopherus agassizi), amenazada; culebra chirriadora común (Masticophis flagellum); culebra real común (Lampropeltis getula); culebra listonada del sur mexicano (Thamnophis eques), amenazada; culebra listonada manchada (T. marcianus), amenazada; culebra listonada cuello negro (T. cyrtopsis), amenazada; salamandra tigre (Ambystoma tigrinum); salamandra tarahumara (A. rosaceum); rana de Chiricahua (Rana chiricahuensis), amenazada''. ⁶ Ello refuerza cualquier argumento en favor de la conservación del hábitat de la cotorra serrana occidental.

Esta especie de ave en riesgo y, por tanto, prioritaria para la conservación se encuentra clasificada como en peligro de extinción en la norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Pertenece al anexo I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En la Lista Roja de la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), se encuentra clasificada como ``en peligro de extinción'' porque su población estimada es menor de 10 mil individuos adultos; todos pertenecen a un mismo subgrupo, cuyo número decrece en forma continua.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos de América (US Fish and Wildlife Service) la ha clasificado como una especie en peligro de extinción.

Como se mencionó, la Rhynchopsitta pachyrhyncha habita los bosques de pino de la Sierra Madre Occidental. En el AICA NO-77, Maderas de Chihuahua, situada entre los estados de Sonora y de Chihuahua se encuentra la zona más norteña de sitios de reproducción, que también es la segunda en importancia de anidación. ⁷ Algunos estudios llevados a cabo en el periodo 1995-1999 dan cuenta de la existencia de 218 nidos; sin embargo, este número debe ser tomado con cautela, pues a ciertos sitios de anidación no se puede acceder para llevar a cabo estudios por ser zonas donde el narcotráfico está presente.

En el AICA NO-77, Maderas de Chihuahua, pero concretamente en el municipio de Madera, la vegetación predominante es el bosque de coníferas de Pseudotsuga sp., Abies sp., pinos (Pinus arizona, Pinus Ayacahuite, Populus tremuloides). Dado que la cotorra serrana occidental construye sus nidos en los troncos de pinos huecos y se alimenta de semillas de pino, bellotas, brotes de coníferas y el néctar de algunas flores de maguey, se entiende por qué la especie en comento ha hecho de estos bosques su hábitat. ⁸

El 3 de enero de 1938 la administración del entonces presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto por el que se declaró la reserva forestal nacional y zona de refugio de la fauna silvestre Campo Verde en los terrenos de Madera y Casas Grandes, Chihuahua. La reserva tiene un área de 108.069 hectáreas de superficie, y fue recategorizada como área natural protegida, con carácter de área de protección de flora y fauna, el 26 de diciembre de 2002, con una aclaración de ésta del 29 de enero de 2003. Con ello se incorporó en las ANP el municipio de Nacori Chico, Sonora. A la fecha, como muchas otras ANP, Campo Verde carece de un plan de manejo.

Con fundamento en el artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las áreas de protección de la flora y la fauna ``se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.

``Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria.''

Tomando en cuenta lo anterior y toda vez que existe una declaratoria de ANP para los municipios de Madera y Casa Grandes, Chihuahua; y Nacori Chico, Sonora, la ausencia del plan de Manejo de esta ANP constituye una flagrante violación del artículo 60 de la ley en comento, ya que claramente establece:

Las medidas que el Ejecutivo federal podrá imponer para la preservación y protección de las áreas naturales protegidas serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la presente ley, las Leyes Forestal, de Aguas Nacionales, de Pesca, y Federal de Caza, y las demás que resulten aplicables.

La secretaría promoverá el ordenamiento ecológico del territorio dentro y en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, con el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional acordes con objetivos de sustentabilidad.''

Además de violentar la ley, la ausencia de un plan de manejo para esta ANP contribuye de modo abierto a la extinción de la cotorra serrana occidental y seguramente de otras especies prioritarias, como las referidas, toda vez que, como señala la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, las aves mexicanas tienen un ámbito de distribución restringido que, ⁹ además, está amenazado por la proliferación de explotación de madera: ``hay consenso entre expertos en que la especie ha tenido una disminución abrupta durante este siglo, debido principalmente a las actividades madereras... Si el bosque, que es el hábitat de esta ave no es aprovechado sustentablemente, su extinción está asegurada''.10

Por si lo anterior no fuese suficiente, otra amenaza contra la conservación de la cotorra serrana occidental es el tráfico ilegal. De acuerdo con un estudio apoyado por la Conabio, ``en la ultima década, la especie [Rhynchopsitta pachyrhyncha] ha estado sujeta también a una sustancial captura ilegal para el mercado de mascotas, con estimados de más de mil aves capturadas e introducidas ilegalmente en Estados Unidos. En diversas ciudades de México aparece con frecuencia en el mercado de mascotas, a pesar de estar prohibido su aprovechamiento''. ¹¹

A los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM sorprende que, no obstante que el director general de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas aparece como responsable de Status, distribución, ecología y conservación de las cotorras serranas (Rhynchopsitta pachyrhyncha y R. terrisi) en el norte de México, investigación que se llevó a cabo durante el periodo 1995-99, en el que se reconoce la necesidad de incluir más zonas para la protección de esta especie, éste no haya llevado a cabo las gestiones conducentes para publicar con la mayor brevedad el plan de manejo del ANP Campo Verde.

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para su estudio y dictamen:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, y de su reglamento, publique con la mayor brevedad el plan de manejo del área natural protegida área de protección de flora y fauna Campo Verde.

Notas: 1 Neyra González L. y Durand Smith L. (1998), ``Parte II 3. Biodiversidad'', en La diversidad biológica de México: estudio de país, Conabio, México, página 82. 2 Ídem, página 92. 3 Véase MVZ MSc. Abundio González González Oce y Heberto Cavazos Lliteras, Clasificación de la fauna (aves), en http://fmvz.uat.edu. mx/fauna/archivos/doc8.htm, página consultada el 4 de diciembre de 2007; y Acervo completo, en http://conabioweb.conabio.gob.mx/bancoimagenes/doctos/001_thumbs366-1.htm, página consultada el 4 de diciembre de 2007. 4 Véase Conabio (1998), Informe final del proyecto K016. Status, distribución, ecología y conservación de las cotorras serranas (Rhynchopsitta pachyrhyncha y R. terrisi) en el Norte de México, segunda fase, páginas 10 y 32. 5 Esta información se tomó por ser constante en las diferentes regiones prioritarias para la conservación en las que habita la cotorra serrana occidental. Para mayor información, véase http://www.conabio.gob. mx/regionalizacion 6 Conabio, ``RTP 44, Bavispe-El Tigre'', en http://www.conabio.gob. mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tlistado.html, página consultada el 5 de diciembre de 2007. 7 Conabio, ``Maderas Chihuahua; área de importancia para la conservación de aves AICA NO-77'', en http://conabioweb.gob.mx/aicas/ doctos/NO-77.html, página consultada el 4 de diciembre de 2007. 8 Véase Conabio (1999), Informe final del proyecto Q050 Status, distribución, ecología y conservación de las cotorras serranas (Rhynchopsitta pachyrhyncha y R. terrisi) en el norte de México, tercera fase, página 9. 9 G. Ceballos, H. Gómez de Silva y M. del Coro Arizmendi, ``Áreas prioritarias para la conservación de las aves de México'', en Biodiversitas, año 6, número 41, marzo de 2002. 10 Lanning y Shiflett (1981) y Collar, et al. (1992), citados en Conabio (1999), Informe final del proyecto Q050 Status, distribución, ecología y conservación de las cotorras serranas (Rhynchopsitta pachyrhyncha y R. terrisi) en el norte de México, tercera fase, página 11. 11 El nombre en corchetes es del promovente. Snyder y Wallace (1987), citados en Conabio (1997), Informe final del proyecto B116 Status, distribución, ecología y conservación de las cotorras serranas (Rhynchopsitta pachyrhyncha y R. terrisi) en el norte de México, página 9.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Continúe la Secretaría, por favor.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 16 de enero de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Dirección General de Petróleos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Edgar Eligio Garduño Sánchez, Rosalba Murcia Vázquez y Teresita Vergara Valderrama, para prestar servicios a la Embajada de la República de Honduras en México y en el centro de Comercio e Inversión de Corea, de la Embajada de la República de Corea en México, respectivamente.

De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gabriela Frayle Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, respectivamente.

Los asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se levanta la sesión [16:01 horas] y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 16 de enero a las 11: 00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 33 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 34 legisladores.
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 22PAN-9, PRD-5, PRI-6, Convergencia-1, PT-1
• Se recibió:
• 1 oficio del estado de Baja California Sur.
• 4 oficios del estado de Hidalgo.
• 3 oficios del estado de Morelos.
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• 1 oficio del Instituto Federal Electoral.
• 12 oficios de la Secretaría de Gobernación.
• 2 iniciativas del PAN.
• 1 iniciativa del PT.
• 6 puntos de acuerdo.
• Dictámenes de primera lectura:
• De la Segunda Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 13 y 14 de enero de 2008, a efecto de asistir a la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la República de Guatemala.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Édgar Eligio Garduño Sánchez, Rosalba Murcia Vázquez y Teresita Vergara Valderrama, para prestar servicios en la Embajada de la República de Honduras en México, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea y en la Embajada de la República de Corea en México, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gabriela Frayre Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis, para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, respectivamente.
• Dictámenes a discusión:
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Cervantes Salinas, Chilnta Eleni Vlachopoúlou Corona, Olaya Delgado Antillón, Jaime César García Hernández, José María Rico Murrieta y José Jonathan Reyes Saucedo, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Asís Abraham Daguer y Abelardo Vara Rivera, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Cedro Nacional en grado de Comandante y de la Orden de Dannebrog en grado de Caballero, que les otorgan los gobiernos del Líbano y del Reino de Dinamarca, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Patricia Zamarripa Portillo, Nicolás Torres Rodríguez, María de Lourdes Magaña Vázquez y Esperanza Salazar Ruiz Ibargüen, para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sandra Paola García Jiménez, Isabel María Valdez Pérez, José Antonio Cosío Pérez y Belinda Frías Núñez, para prestar servicios en las embajadas de Japón y del Reino de Noruega en México, en la Delegación Especial de Palestina en México y en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior de la Embajada de Italia en México, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Martínez y Hernández, para aceptar y usar las condecoraciones de la orden Jinete de Madara, en primer grado, y de la orden al Mérito de la República de Hungría, en grado de Comendador (división civil), que le otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Bulgaria y de Hungría, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Selma Ancira Berny y Luis Maldonado Venegas, para aceptar y usar las condecoraciones Medalla de Aleksandr Pushkin y de la orden del Cedro Nacional, en grado de Comandante, que les otorgan los gobiernos de la Federación de Rusia y del Líbano, respectivamente.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Treviño Cantú, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Corea en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
• De la Segunda Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto relativo a la ratificación de grados militares de los ciudadanos Rolando Enrique Garza Rodríguez, Abelardo Galindo Parra, Mario Castro Méndez, José Raúl Celederón Lamas, Esau Rodríguez Cuéllar, Juan Alfredo Montoya Valdés, José Carlos Beltrán Benítez, Rafael Lira Benseman, Mario Alberto Escamilla Pérez y Efraín Escobar Juncos.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoriay al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, a que se coordinen en el ámbito de sus atribuciones y facultades, para implantar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el municipio.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que explique los criterios con los que fue elaborado el proyecto de reglas de operación para el Programa Especial Concurrente.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Economía, la Profeco y la Condusef, evite cualquier tipo de abuso a los usuarios de los servicios de parte de las casas de empeño.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores dentro del ámbito de sus competencias a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades involucradas en el despacho aduanero para que homologuen sus horarios de trabajo con las aduanas del país.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanentehace un pronunciamiento general en materia de libertad de expresión.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al INEGI a que fortalezca las acciones relativas a la cuantificación precisa de los grupos vulnerables y otros grupos especiales de población.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que en la asignación de recursos del Fondo de Seguridad Pública se tome en cuenta la situación de inseguridad pública por la que atraviesa Baja California.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para solicitar información a los directores generales de las Comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilar Solís Samuel(PRI) Orden del día: 131
• Alavez Ruiz Aleida(PRD) Incremento de precios: 125
• Andrade Quezada Humberto (PAN) Programa Especial Concurrente: 89
• Arellano Arellano Joel(PAN) Libertad de expresión: 100
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Artículo 4o. constitucional: 47
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Programa Especial Concurrente: 86
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Incremento de precios: 122
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Orden del día: 131
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Ley de Trabajadores Legales en Arizona: 137
• Aureoles Conejo Silvano (PRD) Grados militares: 70
• Aureoles Conejo Silvano (PRD) Programa Especial Concurrente: 84
• Aureoles Conejo Silvano (PRD) Orden del día: 131
• Aureoles Conejo Silvano (PRD) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 132, 139
• Barajas del Toro Salvador(PRI) Programa Especial Concurrente: 82
• Barradas Miravete Gregorio(PAN) Programa Especial Concurrente: 86
• Barradas Miravete Gregorio(PAN) Transbordador El Arcángel: 110
• Calzada Rovirosa José Eduardo (PRI) Programa Especial Concurrente: 85
• Castellón Fonseca Guadalupe Francisco Javier (PRD) Libertad de expresión: 101
• Elías Serrano Alfonso (PRI) Ley de Trabajadores Legales en Arizona: 134
• González Betancourt Jorge Justiniano(PAN) Carreteras: 143
• López Reyna Omeheira(PAN) Artículo 22 constitucional: 43
• Lozano de la Torre Carlos (PRI) Incremento de precios: 113, 126, 129
• Mota Hernández Adolfo(PRI) Libertad de expresión: 102
• Mota Hernández Adolfo(PRI) Fenómenos meteorológicos: 110
• Mota Hernández Adolfo(PRI) Incremento de precios: 120
• Ocejo Moreno Jorge Andrés (PAN) Incremento de precios: 121
• Ortega Martínez María del Pilar(PAN) Incremento de precios: 129
• Polevnsky Gurwitz Yeidckol (PRD) Programa Especial Concurrente: 88
• Portilla Diéguez Manuel (PVEM) Flora y fauna: 146
• Ramírez Barba Éctor Jaime (PAN) Incremento de precios: 127
• Ruiz Sánchez Salvador(PRD) Incremento de precios: 119
• Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos (PAN) Ley General de Salud: 50
• Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos (PAN) Casas de Empeño: 93
• Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Programa Especial Concurrente: 87
• Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Incremento de precios: 123
• Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Ley de Trabajadores Legales en Arizona: 138
• Villanueva Abraján Patricia(PRI) Ley de Trabajadores Legales en Arizona: 139
• Villarreal García Luis Alberto (PAN) Orden del día: 131
• Villarreal García Luis Alberto (PAN) Ley de Trabajadores Legales en Arizona: 135, 140